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sentencias-corte-cons-colombia-1992-2021

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T-377-95 Sentencia No Sentencia No. T-377/95 DERECHO A LA EDUCACION-Importancia/ESTADO SOCIAL DE DERECHO/ESTUDIANTE EN UNION DE HECHO La educación en un Estado Social de Derecho ha de propender porque cada uno de los actores del proceso educativo, especialmente los alumnos, se apropie e interiorice principios fundamentales para la convivencia humana, tales como la tolerancia, el respeto a la diversidad y la igualdad en la diferencia. No basta, por parte del ente educador, con el cumplimiento estricto de la mera labor de instrucción y con el desarrollo de un modelo pedagógico restringido, que simplemente pretenda homogenizar comportamientos y actitudes ante la vida, como, en este caso, equivocadamente lo cree el representante de los profesores en el consejo directivo, para quien el actual estado civil de  la actora "...no garantiza la igualdad del comportamiento que deben observar los estudiantes menores...", concepción ésta que va en contravía de los fundamentos mismos de las diversas escuelas de pensamiento que desarrollan la pedagogía moderna, las cuales rechazan cualquier modelo que propenda por la colectivización u homogenización del pensamiento de los individuos. AUTONOMIA ESCOLAR-Desbordamiento/ESTUDIANTE EN UNION DE HECHO-Pérdida del cupo Es claro que la medida adoptada por la demandada desborda los límites de la autonomía y la capacidad de autorregulación que se reconoce a las instituciones educativas, pues aún el evento de que se hubiere probado la comisión de alguna falta por parte de la actora, la sanción en ningún caso podría haber implicado la pérdida total del derecho. No es pues una decisión discrecional de la Rectoría autorizar o nó, año a año, la continuación de los alumnos que vienen adelantando sus estudios en el plantel, la cual solamente está condicionada por el cumplimiento de sus obligaciones académicas y disciplinarias. Mal puede entonces la demandada imputar a la actora el incumplimiento de uno de sus deberes, por omitir un requisito que no es exigible para el trámite de renovación de la matrícula, siendo inaceptable que se declare "sorprendida" por la realización de unos trámites  que están bajo su directa responsabilidad. PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Respeto/DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Decisiones personales/DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD/DERECHO A CONSTITUIR UNA FAMILIA/UNION MARITAL DE HECHO-Protección constitucional Las directivas del Colegio cuestionaron severamente la decisión de la actora, mujer mayor de edad, que decidió constituir de hecho su propia familia, la cual, valga decirlo, está amparada por la misma Constitución. En este caso, no sólo se repudió a la actora por su decisión, la cual se consideró inmoral, sino que se condicionó su permanencia en el colegio al cumplimiento de "un convenio", casarse o volver con sus padres, que desde cualquier punto de vista desconoce el debido respeto a la dignidad, como principio fundante del Estado, y viola sus derechos a la  a la intimidad, entendida como un estadio de la conciencia ajeno por completo al ámbito jurídico, y al libre desarrollo de la personalidad, la cual, según lo expresado por esta misma Corte, se entiende como "la libertad general de hacer o no hacer lo que se considere conveniente". Es entonces desde todo punto de vista cuestionable que la decisión de la actora se presente ante la comunidad académica como un hecho "bochornoso" con el cual se irrespeta el establecimiento, cuando en realidad se trata de una situación de su exclusiva incumbencia, que se originó en una decisión autonóma tomada por ella dada su capacidad para hacerlo, que la motivó a conformar un tipo de familia, que es reconocido por la misma Constitución. DERECHO A LA EDUCACION-Cancelación de matrícula/DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración por situación de inferioridad/DERECHO A LA AUTODETERMINACION El colegio demandado, al cancelar la matrícula de la actora, la colocó en condiciones de inferioridad respecto de sus compañeros, no sólo por someterla al cuestionamiento generalizado y al "escarnio público" por hechos presuntamente contrarios a la moral, sino por pretender condicionar su permanencia en la institución al cumplimiento, no solo de los requisitos académicos y disciplinarios que señalan la ley y el reglamento, sino de un "convenio" que desconoce el más mínimo respeto a la intimidad y a la autodeterminación. REF.: Expediente No. T-69298 Actor: PATRICIA PEÑA ACUÑA Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr.  VLADIMIRO NARANJO MESA Dr.   JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá D.C., agosto veinticuatro  (24)  de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala de Revisión de Tutelas, integrada por los H. Magistrados JORGE ARANGO MEJIA, VLADIMIRO NARANJO MESA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre el proceso de acción de tutela presentado por PATRICIA PEÑA ACUÑA contra el Colegio "Rafael Afanador Cadena" de la ciudad de Pamplona Departamento de Norte de Santander, representado legalmente por su rectora señora GLORIA LIGIA VALENCIA GOMEZ. 1.  ANTECEDENTES 1.  LA PRETENSION Y LOS HECHOS La señorita PATRICIA PEÑA ACUÑA, mayor de edad, quien fuera estudiante regular del Colegio RAFAEL AFANADOR Y CADENA de la ciudad de Pamplona hasta finales de 1994, interpuso acción de tutela contra la Rectora y Representante Legal de dicho establecimiento educativo, Licenciada GLORIA VALENCIA GOMEZ, con el objeto de proteger su derecho a la educación. Como hechos que sustentan su petición la demandante expuso los siguientes: - Desde el año 1992 y a partir del grado séptimo, la actora cursó estudios de bachillerato en el Colegio RAFAEL AFANADOR Y CADENA de la ciudad de Pamplona, siendo reconocida como una buena estudiante que nunca presentó problemas académicos ni disciplinarios, habiendo sido incluso objeto de distinciones tales como izar la bandera y ser designada monitora de su curso. - En septiembre de 1994, cuando cursaba noveno grado, la actora, ciudadana mayor de edad, decidió, "...por motivos personales", dejar su casa paterna y convivir con su novio, decisión que, según su declaración al juez de conocimiento de la acción de tutela, informó de manera inmediata a las directivas del colegio. No obstante, en las declaraciones rendidas por las directivas del dicho establecimiento, éstas manifestaron que en principio se enteraron por la madre de la alumna, quien no aceptaba la decisión de su hija, por otros alumnos y por padres de familia quienes se quejaron por considerar que "...la situación indicaba que no se le estaba dando la importancia debida al aspecto moral en la institución." - Informadas la Rectora, la Orientadora y la Coordinadora del colegio sobre la nueva situación familiar de la actora, éstas le manifestaron que podía culminar el año lectivo de 1994, pero que debía dejar de utilizar el uniforme y continuar asistiendo vestida de particular, medida que de acuerdo con lo declarado por dichas directivas, obedeció a su ánimo de proteger a la alumna, quien, creyeron, podría estar engañándolas y encontrarse embarazada. - Posteriormente, ya culminadas de manera satisfactoria las actividades académicas correspondientes al año lectivo de 1994, la actora preguntó a las directivas del colegio si tendría cupo para cursar el décimo grado durante el año de 1995, a lo que, según ella, se le respondió positivamente, por lo que procedió, el 9 de diciembre de 1994, a realizar los trámites de renovación de matrícula correspondientes, presentando como acudiente a la señora FLOR OLIVA PABON, vecina y amiga suya, ante la negativa de su señora madre, quien por no estar de acuerdo con su decisión se rehusó a continuar siendo su acudiente ante el colegio. - No obstante, según lo manifestaron las directivas de la institución  citadas por el juzgado de conocimiento para declarar, la aceptación de la alumna estaba condicionada al cumplimiento por parte de ella de un "convenio", al cual había llegado con la orientadora del colegio, en el sentido de que tendría que "arreglar su situación", bien regresando  a su casa y llevando como acudiente a su señora madre, o "casándose y asumiendo sus responsabilidades como persona con obligaciones", lo cual, según ellas, implicaba conseguir un trabajo para colaborar con su compañero y  estudiar en un colegio nocturno, para lo que le ayudarían a conseguir el cupo. - De acuerdo con el calendario académico establecido para el año de 1995, la actora se presentó en el colegio el día 7 de febrero de 1995 para iniciar su décimo grado; sin embargo, no se le permitió ingresar, y se le informó, a través de la coordinadora, que no podía continuar cursando allí sus estudios, por lo que debía buscar otro colegio y proceder a retirar sus documentos. Ante tal información, la actora le preguntó a la coordinadora si no tenía otra oportunidad, a lo que ésta le contestó que si, siempre y cuando regresara a su casa paterna, a lo cual la demandante se negó. - De manera inmediata la coordinadora y la orientadora del establecimiento demandado procedieron a gestionar ante el Rector del colegio CEMUP, de la misma ciudad, un cupo en jornada nocturna para la actora, devolviéndole a ésta la documentación y el 80% del valor de la matrícula que aquella había cancelado. No obstante, el rector del citado colegio le informó a la actora, que dado el sobrecupo que tenía en su establecimiento le era imposible recibirla. Las directivas del colegio demandado procedieron entonces a gestionar un cupo en la jornada nocturna del colegio para adultos ISER, el cual fue rechazado por la actora argumentando que le quedaba muy lejos de su casa. - La estudiante reiteró entonces su solicitud ante la demandada, insistiéndole en ser aceptada para cursar el grado décimo, a lo que ésta le respondió que sometería su caso a consideración del Consejo Directivo del establecimiento, organismo al cual no se había llevado no obstante haber tomado ya una decisión, por considerar que se trataba de una situación delicada que en lo posible debía mantenerse en reserva. Días después le informó que la decisión había sido no aceptar que continuara sus estudios en el colegio, pues dada su situación de convivencia con el novio ella debía estudiar en un colegio nocturno. La actora preguntó los motivos que originaban  esa decisión, teniendo en cuenta que en colegio había alumnas en la misma situación, a lo que la Rectora le contestó que de ser así tendrían que proceder a retirarlas; le señaló además que los motivos de la decisión del consejo directivo le serían comunicados por escrito, lo cual nunca  se produjo. - Con base en lo manifestado por la actora, el juzgado de conocimiento preguntó a las directivas del establecimiento demandado, si era verdad o no, que actualmente en el colegio cursan estudios "...alumnas casadas, con hijos o que vivan o tengan compañero permanente". La respuesta fue que existen, en grado once, dos alumnas que tienen hijos, producto de "embarazos accidentales"; no obstante, aclararon, ellas fueron aceptadas dado que ya no tienen ningún vínculo con quienes fueron sus novios, y que actualmente viven con sus padres, quienes son sus acudientes ante el colegio. - En la declaración rendida por la licenciada GLORIA VALENCIA GOMEZ, rectora del colegio demandado, ésta señaló, que los motivos que sustentaron la decisión de no aceptar la alumna accionante para cursar el grado décimo son: primero el no cumplir con los requisitos de matrícula al no haberse efectuado ésta previo el visto bueno de la rectoría según lo dispone el reglamento; segundo que la alumna no llevó como acudiente a sus padres o alguna persona vinculada como familiar con ella, circunstancia que no garantizaba el cumplimiento de las obligaciones que se adquirirían con el colegio, especialmente las económicas; y tercero, su actual estado civil contrario a la filosofía del colegio. La decisión, agrega, fue adoptada por el consejo directivo del colegio, máximo órgano de dirección, al cual, señala, le corresponde asumir la defensa y garantía de todos los derechos de la comunidad educativa. Dicho organismo al considerar una solicitud escrita de la actora, fechada el 14 de marzo de 1995, y de acuerdo con lo consignado en la respectiva acta, (Acta No. 02 de la misma fecha), decidió retirarla definitivamente del colegio, argumentando que su conducta atentaba contra la formación moral de los demás alumnos, la cual, dicen, está implícita en los fines de la educación; señalan además que su decisión buscó ante todo "hacer primar el bien común". - Expresó además la rectora que el comportamiento de la actora constituye "una influencia negativa" para los demás alumnos, la mayoría menores de edad, quienes, sostiene, tienen derecho al buen ejemplo y con su presencia se verían expuestos "a seguir su camino". Considera que para personas en la situación de la alumna demandante existen instituciones nocturnas, en las cuales puede compartir con personas de su edad sin generar experiencias negativas en sus compañeros. 2.    FALLO QUE SE REVISA El 3 de abril de 1995, el Juzgado Penal Municipal de Pamplona denegó la tutela impetrada por PATRICIA PEÑA ACUÑA, por considerar que la actuación del colegio RAFAEL AFANADOR Y CADENA, de esa ciudad, no vulneró ni amenazó su derecho a la educación. Dicho fallo no fue impugnado, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 fue remitido a la Corte Constitucional para su revisión. La sentencia proferida se fundamentó en los siguientes argumentos: 2.1    La Juez de conocimiento denegó la tutela impetrada por la actora, por considerar que la rectora del colegio demandado, no vulneró ni amenazó su derecho a la educación, "...toda vez que se realizaron las diligencias tendientes a que la alumna PEÑA ACUÑA, continuara sus estudios en  la jornada nocturna para no perjudicarla en su año lectivo 1995 (sic) en su décimo grado de secundaria, y habida razón que la tutela no puede ser utilizada para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior. (Art. 2o. Decreto 306 de 1992)". 2.2  En opinión del a-quo, la decisión adoptada por el colegio demandado se originó en el desconocimiento por parte de la actora de normas que rigen la institución, las cuales están consignadas en el reglamento interno o manual de convivencia. Entre ellas, no realizar el trámite de matrícula previo el cumplimiento de los requisitos establecidos, uno de ellos el visto bueno de la rectoría; no acreditar un representante o acudiente que tuviera vínculos familiares con ella y se responsabilizara ante el colegio, y no cumplir con el compromiso adquirido con las directivas de la institución, en el sentido de "arreglar su situación".  Destaca que la educación es un derecho-deber que implica para el alumno el cumplimiento estricto de sus obligaciones. 2.3 Señala la Juez de conocimiento que el caso de la actora fue considerado y decidido por el consejo directivo de la institución, el cual por unanimidad y con la intención de "proteger a los menores", decidió no permitir que la estudiante actora continuara en el colegio, señalando que su actual situación personal indica que ésta debe estudiar en un establecimiento nocturno en el cual no genere experiencias negativas para sus compañeros. En este punto el a-quo resalta la opinión expresada por la representante de los alumnos en el consejo directivo, en el sentido de que la actuación de la actora "es un acto bochornoso de irrespeto al colegio". 2.5 Resalta que la Ley General de Educación autorizó a los establecimientos educativos para expedir "un reglamento o manual de convivencia" en el cual se definen los derechos y obligaciones del estudiante, cuyo cumplimiento se presume es aceptado por los tutores y los educandos al firmar éstos la matrícula. 2.6    Acepta que la decisión tomada por la actora, de irse a vivir con su novio, en nada interesa a la institución o a los particulares; no obstante, afirma que dicha actitud repercute en el aspecto disciplinario y académico de la institución, pues su conducta se constituye en un mal ejemplo para los menores de edad afectando el desarrollo de su personalidad. 2.7    Enfatiza el margen de autonomía que se reconoce a las instituciones educativas, públicas o privadas, el cual, dice, les permite regir sus destinos con arreglo a sus propios objetivos y según el perfil educativo que las individualiza y distingue, "...cada institución es titular de atribuciones suficientes para fijar, de conformidad con las reglas aplicables a su funcionamiento, el cupo máximo para cada período académico y los criterios con arreglo a los cuales habrá de seleccionarse el personal que sea admitido en sus aulas. Los colegios, agrega, de acuerdo con lo expresado por la Corte Constitucional, "...no están obligados a mantener en sus aulas a quienes desconocen las directrices disciplinarias". El deber del estudiante radica desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres, atendiendo su esfera familiar y social." 3. COMPETENCIA Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la constitución Política, en armonía con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto-Ley 2591 de 1991, la Sala es competente para revisar la sentencia de la referencia. Su examen se hace por virtud de la selección que de las sentencias de tutela práctico la Sala correspondiente, y del reparto que se efectúo de conformidad con el reglamento de esta Corporación. 4. CONSIDERACIONES DE LA CORTE En reiteradas oportunidades esta Corporación ha manifestado la trascendencia e importancia, que en un Estado Social de Derecho, tiene la educación como derecho fundamental de las personas; sobre todo cuando ese estado se entiende en una de sus dimensiones esenciales: esto es, como una forma de orientación política dirigida a la construcción de una nueva concepción de libertad; así lo quiso destacar el constituyente a través, entre otros, del texto del artículo 67 de la C.P. : "La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. "La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente." Tal es su trascendencia, que generalmente su vulneración implica la vulneración concomitante de otros derechos fundamentales, pues su desarrollo y materialización están en íntima relación con la dignidad misma de la persona, con sus derechos a la igualdad, a la intimidad, a la autonomía y al libre desarrollo de su personalidad, e incluso con el derecho al debido proceso, en cuanto ésta es impartida en el seno de organizaciones especializadas regidas por la ley y por reglamentos específicos, que determinan los derechos y deberes de los miembros que conforman la comunidad académica. Esto significa la necesidad, al asumir la revisión del caso de la referencia, de detenerse en el análisis de dichos temas. 4.1 LA PROTECCION DEL DERECHO A LA EDUCACION Uno de los principales objetivos del proceso educativo es lograr que el educando, a tiempo que se desarrolla como individuo único y diferenciable, autónomo y libre, aprenda a socializar y armonizar sus comportamientos en relación con los demás, teniendo como presupuesto básico el reconocimiento y respeto del "otro" en cuanto sujeto que detenta los mismos derechos. La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, señala en su artículo quinto como uno de los fines de la misma, "El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico..." La educación en un Estado Social de Derecho ha de propender porque cada uno de los actores del proceso educativo, especialmente los alumnos, se apropie e interiorice principios fundamentales para la convivencia humana, tales como la tolerancia, el respeto a la diversidad y la igualdad en la diferencia. No basta, por parte del ente educador, con el cumplimiento estricto de la mera labor de instrucción y con el desarrollo de un modelo pedagógico restringido, que simplemente pretenda homogenizar comportamientos y actitudes ante la vida, como, en este caso, equivocadamente lo cree el representante de los profesores en el consejo directivo, para quien el actual estado civil de  la actora "...no garantiza la igualdad del comportamiento que deben observar los estudiantes menores...", concepción ésta que va en contravía de los fundamentos mismos de las diversas escuelas de pensamiento que desarrollan la pedagogía moderna, las cuales rechazan cualquier modelo que propenda por la colectivización u homogenización del pensamiento de los individuos. Al contrario, se trata desde la escuela básica de viabilizar el desarrollo del  individuo como fin en sí mismo, permitiéndole el acceso al conocimiento, a las artes y en general a las distintas manifestaciones de la cultura, en la perspectiva de que pueda desarrollarse, integral y equilibradamente, en un contexto social caracterizado por la coexistencia de paradigmas de vida, no solo diferentes, sino incluso antagónicos. Sólo así el individuo adquirirá la capacidad necesaria para ejercer su autonomía de manera racional, aceptando y respetando el derecho que asiste a los demás de hacer lo mismo; esto es, sin que ello implique vulnerar los valores, principios y derechos que para todos consagra la Constitución. Sobre este tema, ha dicho esta Corporación: "Como derecho de la persona, la educación no puede menos que permitir el acceso efectivo a los bienes y valores de la cultura con estricta observancia del principio de igualdad de oportunidades, tal como se desprende del texto y el espíritu de las diversas normas (arts, 13 y 67 a 71, entre otros) en que el constituyente quiso plasmar su voluntad. "En virtud de todo lo anterior, esta Corte reconoce y afirma que en Colombia ningún tipo de educación puede vulnerar los valores principios y derechos consagrados en la Constitución del 91." (Corte Constitucional, Sent. C-064, febrero 23  de 1993.  M.P.  Dr. Ciro Angarita Barón). Sobre estos presupuestos cabe entonces preguntarse, si la decisión adoptada por el colegio demandado, en el sentido de cancelar la matrícula de la actora e impedirle que curse allí su décimo grado, no obstante que hasta el año pasado fue una buena alumna, que siempre acreditó resultados académicos satisfactorios y un buen comportamiento disciplinario, por haber ésta decidido convivir con su novio y dejar la casa paterna, vulnera o no su derecho a la educación y otros derechos fundamentales. De conformidad con los argumentos expuestos por las directivas del colegio, llamadas a declarar en el proceso de tutela, la decisión adoptada obedeció al incumplimiento, por parte de la actora, de varios de los deberes a los que como alumna estaba obligada, según el reglamento o manual de convivencia. Así, dice la Rectora, la actora omitió la previa autorización o visto bueno de su despacho para proceder a la matrícula; no llevó como acudiente a uno de sus padres o alguna persona que tuviera vínculos familiares con ella, que se responsabilizara de las obligaciones económicas y académicas que se adquirían con el establecimiento, además de que "su actual estado civil es contrario a la filosofía del colegio". No obstante ser estos los motivos que esgrimió la demandada para justificar la decisión, la Juez de conocimiento no se detuvo en su análisis para corroborar si hubo o no incumplimiento, por parte de la alumna actora, de las obligaciones que le señalaba el reglamento estudiantil, y en caso afirmativo si se impuso la sanción correspondiente previo el desarrollo del proceso establecido en el mismo reglamento. Ello por cuanto consideró que la medida adoptada, cancelar la matrícula de la actora, no vulneró ni amenazó su derecho a la educación, "...toda vez que se realizaron las diligencias tendientes a que la alumna PEÑA ACUÑA, continuará sus estudios en la jornada nocturna para no perjudicarla en su año lectivo de 1995...". Equivocadamente el a-quo considera que una medida dirigida a resolver una situación que se genera por la vulneración, no de uno, sino de varios de los derechos fundamentales de la actora, como es diligenciar la obtención de un cupo en una institución que en opinión de la demandada si reúne las características que se ajustan a su situación personal, en la cual "no genere expectativas negativas para sus compañeros", (colegio nocturno para adultos), es suficiente para subsanar tal vulneración, cuando es claro que es inadmisible pretender que la materialización de un derecho fundamental, cualquiera sea, se pueda dar "sustituyendo" las condiciones para su realización, por otras, que en opinión de quien  lo vulnera son las apropiadas. Ha señalado esta Corte que siendo "...la educación un derecho constitucional fundamental, el incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder el estudiante a sus obligaciones académicas y al comportamiento exigido por los reglamentos, puede dar lugar a la sanción establecida en el ordenamiento jurídico para el caso  y por el tiempo razonable que allí se prevea, pero no podría implicar su pérdida total, por ser un derecho inherente a la persona." (Corte Constitucional, Sent. T-002 de mayo 8 de 1992. M. P. Dr. Alejandro Martínez Caballero). Así, es claro que la medida adoptada por la demandada desborda los límites de la autonomía y la capacidad de autorregulación que se reconoce a las instituciones educativas, pues aún el evento de que se hubiere probado la comisión de alguna falta por parte de la actora, la sanción en ningún caso podría haber implicado la pérdida total del derecho. Los estudiantes y en general todos y cada uno de los miembros de la comunidad académica, están obligados a acatar y cumplir las disposiciones de la ley y de sus propios reglamentos, siempre que éstos no contengan disposiciones que afecten o desconozcan sus derechos fundamentales; los titulares del derecho a la educación, en cuanto derecho-deber, soportan la exigencia de deberes que cumplir, no sólo con la comunidad de la cual hacen parte sino consigo mismos. 4.2 EL RESPETO A LA DIGNIDAD Y EL DERECHO A LA AUTONOMIA, A LA INTIMIDAD Y AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. Se aduce por parte de la demandada que la decisión de retirar a la actora del colegio, fue adoptada por el consejo directivo, máximo órgano de dirección, cuyo principal interés fue hacer "primar el bien común"; la medida se tomó dado el incumplimiento de varios de los deberes que para los alumnos consagra el reglamento o manual estudiantil; sin embargo, es tal la debilidad de algunas de las imputaciones que se le hacen a la actora, que se hace evidente la intención de "complementar" la justificación de la decisión adoptada, agregando motivos diferentes a los que verdaderamente la originaron. En primer lugar, según la demandada, la actora incumplió el reglamento al haber omitido el previo visto bueno de su despacho antes de proceder a la matrícula. Sobre el particular  es procedente considerar lo siguiente: el artículo segundo del manual del alumno, (su texto se incorporó al expediente como reglamento estudiantil vigente), establece: "Requisitos de Admisión: la admisión de los alumnos será autorizada por la Rectoría del Plantel en (sic) común acuerdo con el Consejo de profesores y el concepto de la oficina de orientación." En el caso de la referencia, la alumna que interpuso la acción de tutela no estaba solicitando admisión en el colegio demandado, eso lo había hecho tres años atrás al matricularse e ingresar como estudiante regular a séptimo grado; el trámite que adelantó ante la administración del colegio fue, de acuerdo con el artículo 95 de la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, el de renovación de la matrícula para cursar el grado décimo, para lo cual estaba habilitada dado que había aprobado el grado noveno. Dice la citada norma: "La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo. Se realizará por una sola vez, al ingresar el alumno a un establecimiento educativo, pudiendo establecer renovaciones para cada período académico." Ello implica que el proceso, tal como se efectuó, es válido de acuerdo con el reglamento del colegio, el cual establece la formalidad de la aceptación previa por parte de la Rectoría para la admisión, la cual se perfecciona con la matrícula, y no para su renovación. No es pues una decisión discrecional de la Rectoría autorizar o nó, año a año, la continuación de los alumnos que vienen adelantando sus estudios en el plantel, la cual solamente está condicionada por el cumplimiento de sus obligaciones académicas y disciplinarias. Mal puede entonces la demandada imputar a la actora el incumplimiento de uno de sus deberes, por omitir un requisito que no es exigible para el trámite de renovación de la matrícula, siendo inaceptable que se declare "sorprendida" por la realización de unos trámites  que están bajo su directa responsabilidad. Señala también la demandada, que la actora incumplió con uno de sus deberes al no presentar como acudiente a uno de sus padres o a otra persona ligada a ella por vínculos familiares, que pudiera responsabilizarse efectivamente de las obligaciones que se adquirían con el colegio; tal afirmación llama la atención, por cuanto apenas unos meses antes las mismas autoridades del colegio no consideraron tal situación como un impedimento para que la alumna demandante continuará con sus estudios, aceptando sustituir como acudiente a la señora madre de la actora, quien se negó expresamente a continuar siéndolo, por otra persona, precisamente la misma que firmó la matrícula cancelada. La tercera causa de incumplimiento a la cual se refirió la demandada para justificar la medida adoptada por la institución, es el actual estado civil de la actora, "...contrario a la filosofía del colegio", siendo éste, indudablemente, el verdadero motivo de la cancelación de la matrícula de la alumna, pues tanto las directivas del colegio, como los miembros del consejo directivo, consideran que la decisión de aquélla es contraria a la moral, y por lo tanto que su presencia puede constituir un mal ejemplo para sus compañeros, la mayoría menores de edad, por no corresponder a los principios y formalidades que orientan sus propias actuaciones. Estas apreciaciones y conceptos desconocen el contenido y filosofía misma de la Constitución y de la Ley General de Educación, la cual señala en su artículo primero: "La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes." Las directivas del Colegio cuestionaron severamente la decisión de la actora, mujer mayor de edad, que decidió constituir de hecho su propia familia, la cual, valga decirlo, está amparada por la misma Constitución: "La familia como institución básica. ...no existe un tipo único y privilegiado de familia sino un pluralismo evidente en los diversos vínculos que la originan, pues ellos pueden ser tanto de carácter natural como de carácter jurídico. También se le reconoce consecuencias a la voluntad responsable de conformar una familia. En estas condiciones, la familia legítima originada en el matrimonio es hoy uno de los tipos posibles;...b) es claro, de otra parte, que el constituyente, consagró un espacio a la familia de hecho en condiciones de igualdad con otros tipos, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 13 de la Carta vigente;" (Corte Constitucional, Sent. T-523, septiembre 18 de 1992. M.P. Dr. Ciro Angarita Barón). En este caso, no sólo se repudió a la actora por su decisión, la cual se consideró inmoral, sino que se condicionó su permanencia en el colegio al cumplimiento de "un convenio", casarse o volver con sus padres, que desde cualquier punto de vista desconoce el debido respeto a la dignidad, como principio fundante del Estado, y viola sus derechos a la  a la intimidad, entendida como un estadio de la conciencia ajeno por completo al ámbito jurídico, y al libre desarrollo de la personalidad, la cual, según lo expresado por esta misma Corte, se entiende como "la libertad general de hacer o no hacer lo que se considere conveniente". Sobre el particular también dijo esta Corporación: "...El fundamento último de la Constitución de 1991 es la dignidad de la persona, una de cuyas principales premisas es el desarrollo de la personalidad, el cual a su vez tiene como supuesto la intimidad" (Sent. T-011 de mayo 22 de 1992. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero). Ante la negativa de la actora de "arreglar su situación" en los términos que le exigían las directivas del Colegio, éstas le impusieron una sanción:  la cancelación de la matrícula, aún antes de que el Consejo Directivo conociera su situación, vulnerando con ello sus derechos fundamentales a la educación y al debido proceso. Al imputarle como un acto violatorio del reglamento estudiantil el haber decidido conformar su propia familia, el colegio demandado contradice los principios que lo rigen de acuerdo con lo consignado en su propio reglamento, en cuya introducción se lee: "El principio del respeto a la dignidad de la persona humana. Dignidad significa reconocimiento de su libertad de creer, de amar, de disponer de si mismo, de elegir sus relaciones, en una palabra (sic): ...el hombre no es cosa disponible por otros, manejable, esclavizable...". De otra parte, la actitud de las directivas  es contraria a los principios que deben fundamentar su quehacer dada su calidad de educadores: formar para el respeto y la tolerancia, para la aceptación de la pluralidad de credos e ideas, y para asumir la diferencia como condición esencial de la convivencia armónica. Es entonces desde todo punto de vista cuestionable que la decisión de la actora se presente ante la comunidad académica como un hecho "bochornoso" con el cual se irrespeta el establecimiento, cuando en realidad se trata de una situación de su exclusiva incumbencia, que se originó en una decisión autonóma tomada por ella dada su capacidad para hacerlo, que la motivó a conformar un tipo de familia, que como ya se ha señalado, es reconocido por la misma Constitución. El reto del educador en la sociedad moderna no está en transmitir los fundamentos de un modelo específico de vida, cualquiera sea el soporte ideológico y ético que lo sostenga, este es apenas uno de los componentes esenciales de su compromiso principal, el cual se sintetiza en la obligación que tiene de preparar a sus alumnos para que éstos se desarrollen autónomamente, aceptando la diferencia y la diversidad de ideas, y por ende la convivencia con otros paradigmas, sin desechar por ello sus propios principios. 4.3    EL DERECHO A LA IGUALDAD El artículo 13 de la Carta Política establece: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica". Es evidente que el colegio demandado, al cancelar la matrícula de la actora, la colocó en condiciones de inferioridad respecto de sus compañeros, no sólo por someterla al cuestionamiento generalizado y al "escarnio público" por hechos presuntamente contrarios a la moral, sino por pretender condicionar su permanencia en la institución al cumplimiento, no solo de los requisitos académicos y disciplinarios que señalan la ley y el reglamento, sino de un "convenio" que desconoce el más mínimo respeto a la intimidad y a la autodeterminación. De otra parte, cabe destacar, como al parecer el problema moral que plantean las directivas del colegio se reduce a que los alumnos asuman actitudes y formas de vida que coincidan externamente con esquemas puramente formales, pues no de otra forma se entendería que justifiquen la permanencia de otras alumnas que afrontan situaciones que no encajan con el "deber ser tradicional", madres solteras, por el hecho de que éstas "volvieron a ser hijas de familia" y a depender de sus padres. Con ello se entiende, que para la demandada estas alumnas "enmendaron" o corrigieron un comportamiento indebido, actitud inadmisible pues ni la maternidad, ni la conformación de familias de hecho, pueden constituir faltas disciplinarias o impedimentos para tener acceso a la educación; son decisiones que corresponden al fuero interno de las personas, mucho más si ellas son mayores de edad, adoptadas en ejercicio de su autonomía y como parte del proceso del libre desarrollo de su personalidad. A las instituciones de educación les corresponde orientar, informar y preparar para que esas decisiones se adopten en el momento más propicio y conveniente, lo que no quiere decir que cualquier acción que  desconozca  o no corresponda a esa orientación pueda ser cuestionada y calificada de inmoral. La Sala no comparte los criterios que fundamentaron  la decisión de la Juez de conocimiento  de denegar la acción de tutela interpuesta por la actora, por lo cual la revocará, procediendo a tutelar sus derechos fundamentales a la educación, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad,  a la igualdad y al debido proceso. En virtud de lo expuesto, la Sala Número Ocho de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE PRIMERO. REVOCAR el fallo proferido el 3 de abril de 1995 por el Juzgado Penal Municipal de Pamplona, por medio del cual se denegó la acción de tutela interpuesta por PATRICIA PEÑA ACUÑA, y en su lugar tutelar sus derechos a la educación, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y al debido proceso. SEGUNDO. ORDENAR a GLORIA VALENCIA GOMEZ, en su calidad de Rectora del Colegio RAFAEL AFANADOR Y CADENA de la ciudad de Pamplona, reintegrar en el término de veinticuatro (24) horas a la alumna PATRICIA PEÑA ACUÑA,  a fin de que continúe con sus estudios secundarios. TERCERO. COMUNIQUESE lo resuelto en esta providencia, por la vía más rápida, al Juzgado Penal Municipal de Pamplona, para que proceda a las notificaciones y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO.  ENVIESE copia de esta sentencia a la Personería Delegada para los Derechos Humanos de la ciudad de Pamplona. Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria Salvamento de voto a la Sentencia No. T-377/95 AUTONOMIA ESCOLAR-Desconocimiento/AUTONOMIA ESCOLAR-Selección de personal (Salvamento de voto) El fin pedagógico particularizado exige un régimen pedagógico proporcionado a dicho fin. Ahora bien, mientras no se vulnere el núcleo esencial del derecho a la educación, es decir, mientras no se obstaculice en forma plena la facultad de formación de una persona, nada impide -legítimamente actuando- que exista una autonomía en la selección del personal de alumnos y profesores por parte de las directivas de una institución, porque constituye una aplicación del principio de singularidad de las entidades educativas: no todas tienen que comportarse de manera idéntica, aunque todas se someten al interés general y deben buscar el bien común". MORAL-Objeto jurídico protegido/MORAL-Como fin educativo (Salvamento de voto) Respecto de la moral como objeto jurídico protegido, es preciso insistir en que este valor se halla consagrado constitucionalmente en normas como el artículo 44, que establece que los niños deben ser protegidos contra toda forma de violencia física o moral, el artículo 34 que castiga el deterioro de la moral social; el artículo 209, que consagra entre los principios que deben inspirar la función administrativa el de la moralidad y, en especial, el artículo 67, que señala entre los fines de la educación, el de la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. MATRIMONIO/UNION MARITAL DE HECHO/MORAL-Quebratamiento (Salvamento de voto) El suscrito magistrado es plenamente consciente de que la Constitución de 1991 en su artículo 42 homologó el matrimonio religioso o civil con la llamada unión libre  y que por tanto ambas situaciones quedaron reconocidas en un mismo pie de igualdad para efecto de los respectivos derechos y obligaciones de la pareja. Pero así mismo, como antes se señaló, la moral es un bien jurídico protegido por la Constitución, y siendo ello así un establecimiento educativo, en particular los de enseñanza primaria y secundaria, perfectamente pueden, en aras de la mejor formación moral de sus educandos rehusarse a admitir entre sus alumnos a quienes decidan cohabitar públicamente con un compañero o compañera, puesto que, como es evidente y no requiere de mayores explicaciones, esa conducta frente a personas menores puede inducirlos al mal ejemplo y al quebrantamiento de las normas morales que deben imperar en todo establecimiento de esta naturaleza. Ref.: Expediente No. T-69298 El suscrito, magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA, salva su voto en el proceso de la referencia, por no compartir la decisión de fondo de la Sala Séptima de Revisión del día 24 agosto de 1995, que tuteló el derecho a la educación de la señora Patricia Peña Acuña, en tutela interpuesta a la licenciada Gloria Valencia Gómez, rectora del Colegio RAFAEL AFANADOR Y CADENA de la ciudad de Pamplona, Norte de Santander. Considera el suscrito magistrado que en la Sentencia de la cual se aparta, se desconoce de manera  manifiesta , por una parte, la autonomía escolar que ha sido reconocida por esta Corte como adelante se señalará, y por otra el reconocimiento que la misma Corte ha hecho de la moral como objeto jurídicamente protegido. En efecto, respecto de la autonomía escolar, como antes se dijo, ya ésta había sido reconocida en la Sentencia T-473/93 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), al establecer: "Para educar con responsabilidad y poder proyectar los planes que se hacen con respecto a cada uno de los alumnos, así como la relación de los estudiantes entre sí y medir las fuerzas pedagógicas que operan para adquirir con ellos los resultados esperados, se necesita la selección, no para discriminar, sino para saber si determinado estudiante puede  ser formado por la institución particular o no, de acuerdo con su potencial pedagógico. (...). "Luego la selección es válida, siempre y cuando no se tome en discriminación, esto es, en negarle el derecho fundamental a la educación a una persona, o en inadmitirla sin una razón suficiente para ello. Es admisible el discernimiento  entre los candidatos, cuando se busca adquirir el elementos humano para el proceso educativo que en particular ejecuta determinada institución. Por ejemplo, si se trata de un establecimiento que se ha especializado en formar jóvenes con problemas graves -de conducta o de aprendizaje- o con especiales capacidades, o de un estilo con una vocación determinados, obviamente el fin perseguido por la institución exige que sólo unas personas determinadas sean los destinatarios de un tipo especial de formación, porque quien no esté apto para recibirla, no podrá beneficiarse de los métodos que se ofrecen en dicho plantel, por cuanto serían desproporcionados para con su modo de ser. En cambio, habría discriminación en el caso en que se rechaza sin razones lógicas y legítimas para descartarlo, a un aspirante que cumple las condiciones válidas para estar en un colegio". "Luego el fin pedagógico particularizado exige un régimen pedagógico proporcionado a dicho fin. Ahora bien, mientras no se vulnere el núcleo esencial del derecho a la educación, es decir, mientras no se obstaculice en forma plena la facultad de formación de una persona, nada impide -legítimamente actuando- que exista una autonomía en la selección del personal de alumnos y profesores por parte de las directivas de una institución, porque constituye una aplicación del principio de singularidad de las entidades educativas: no todas tienen que comportarse de manera idéntica, aunque todas se someten al interés general y deben buscar el bien común". Respecto de la moral como objeto jurídico protegido, es preciso insistir en que este valor se halla consagrado constitucionalmente en normas como el artículo 44, que establece que los niños deben ser protegidos contra toda forma de violencia física o moral, el artículo 34 que castiga el deterioro de la moral social; el artículo 209, que consagra entre los principios que deben inspirar la función administrativa el de la moralidad y, en especial, -para el caso que nos ocupa-, el artículo 67, que señala entre los fines de la educación, el de la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. En efecto, en la Sentencia T-503-94 se protegió el derecho a la moral, cuando expresó: "La moral personal implica la facultad del hombre hacia la posesión del bien que lo perfecciona en su racionalidad. Dicha facultad, en relación con los menores, es objeto de especial protección por  parte del Estado y de la sociedad, dentro del marco de la Constitución. En efecto, el artículo 44 superior protege al niño contra toda forma de violencia moral, y el art. 67 del mismo estatuto le asigna al Estado el deber de velar por el cumplimiento de la mejor formación moral de los educandos. Lo anterior debe armonizarse así mismo con la obligación constitucional que tienen la familia, la sociedad y el Estado de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral (Cfr. Art. 44, inciso segundo). "La moral, pues, constituye un derecho de los niños y un correlativo deber de los padres, quienes con su ejemplo deben orientar la conducta del menor hacia los hábitos morales. En otras palabras, los padres tienen la obligación de cumplir con el deber de formar moralmente a sus hijos. "......................................................................................................." En el caso concreto que fue objeto de la tutela a que se refiere este Salvamento de voto, se trataba de obligar a un establecimiento de educación secundaria a recibir entre sus alumnos a una joven que había decidido salirse de la casa de sus padres para hacer vida marital con un compañero. Enteradas de esta situación las directivas del colegio, le permitieron culminar el año lectivo, pero se negaron a aceptarla para el año siguiente, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que la propia madre de la alumna, por no estar de acuerdo con la decisión de ésta de irse a vivir con su novio, se rehuso a continuar siendo su acudiente en el colegio. Cabe anotar también que, según aparece en el expediente y en la Sentencia (págs. 3 y 4), la aceptación de la alumna "estaba condicionada al cumplimiento por parte de ella de un 'convenio', al cual había llegado con la orientadora del colegio, en el sentido de que tendría que 'arreglar su situación', bien regresando a su casa y llevando como acudiente a su señora madre, o casándose y asumiendo sus responsabilidades como persona con obligaciones', lo  cual, según ellas, implicaba conseguir un trabajo para colaborar con su compañero y estudiar en un colegio nocturno, para lo que le ayudarían a conseguir el cupo". Cabe también recordar que las directivas del colegio se encargaron de gestionar y conseguir ante las de otro colegio de la misma ciudad, el CEMUP,  un cupo para que estudiara en jornada nocturna, devolviéndole a ésta la documentación y el ochenta por ciento (80%) de la matrícula que había cancelado. Es decir, que en ningún momento a la accionante se le negó el derecho fundamental a la educación. Esta rechazó el cupo argumentando, según se dice en la sentencia "que le quedaba muy lejos de su casa". Ya la Corte ha sostenido en su jurisprudencia que cuando un estudiante no sea admitido en determinado centro educativo pero tenga la opción de hacerlo en otro de la misma población o ciudad donde vive, no se vulnera el derecho fundamental a la educación, en su núcleo esencial (Sentencia T-473/93). El suscrito magistrado es plenamente consciente de que la Constitución de 1991 en su artículo 42 homologó el matrimonio religioso o civil con la llamada unión libre  y que por tanto ambas situaciones quedaron reconocidas en un mismo pie de igualdad para efecto de los respectivos derechos y obligaciones de la pareja. Pero así mismo, como antes se señaló, la moral es un bien jurídico protegido por la Constitución, y siendo ello así un establecimiento educativo, en particular los de enseñanza primaria y secundaria, perfectamente pueden, en aras de la mejor formación moral de sus educandos (Art. 67 C.P.) rehusarse a admitir entre sus alumnos a quienes decidan cohabitar públicamente con un compañero o compañera, puesto que, como es evidente y no requiere de mayores explicaciones, esa conducta frente a personas menores -como es el caso de los alumnos del colegio Rafael Afanador y Cadena- puede inducirlos al mal ejemplo y al quebrantamiento de las normas morales que deben imperar en todo establecimiento de esta naturaleza. Debe advertirse que a través del relativismo moral que parece estar imperando en nuestra sociedad y cuyas graves consecuencias son notorias, se conduce a una mal entendida tolerancia que, en casos como éste, lleva a obligar a un establecimiento educativo a contrariar su filosofía encaminada a la sana formación de sus alumnos, y al Estado a incumplir la misión que le encomienda la Carta Política de velar por la mejor formación moral de los educandos. Decisiones como ésta afectan a los centros de enseñanza que procuran con plausible rigor que en ellos se mantengan los principios morales que deben inspirar todo el proceso de formación educativa. Todos los doctrinantes del derecho reconocen la diferencia entre norma legal y norma moral, es decir, entre los ámbitos de la ley y de la moral; hay que recordar el sabio principio de que "no todo lo lícito es honesto" (Non omne quod licet honestum est). Para el caso concreto, cabe anotar, como se ha dicho, que si por una parte está la norma constitucional que homologa la unión libre con el matrimonio religioso o civil, por otra está, como igualmente se ha dicho, la moral reconocida como bien jurídico protegido, sobre todo en materia de educación. No existe pues, discriminación alguna cuando en un establecimiento de educación se hacen prevalecer los principios morales frente a una situación como la que se plantea en el caso objeto de la Sentencia de la cual disiento. Fecha ut supra. VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado

T-378-95 Sentencia No Sentencia T-378/95 ACCION DE TUTELA CONTRA PERSONA NATURAL De la tutela no están excluídas las personas jurídicas, pues las cobijan también derechos fundamentales como el de asociación, el del debido proceso, el de la intimidad o el de la honra y el buen nombre, ha de resaltarse en esta ocasión que quienes pueden actuar en ejercicio de tal acción son todas las personas, sin que el Constituyente haya discriminado entre ellas, y que los sujetos en capacidad de violar o de amenazar los derechos fundamentales y contra quienes puede acudirse a los jueces en demanda de amparo no son exclusivamente entidades o personas jurídicas, públicas o privadas, sino las personas naturales, bien que actúen en representación o a nombre de un ente, ya que lo hagan por sí mismas y en procura de sus propias tendencias, intereses o apetitos. ACCION DE TUTELA CONTRA COMPAÑERA PERMANENTE Tratándose de materias como la ahora propuesta, que traducen una incontrastable situación de violencia en el seno del hogar, por la actitud de los esposos o compañeros permanentes, la acción de tutela, cuya procedencia en tales ocasiones ha sido aceptada por la doctrina constitucional, se instaura necesariamente contra personas naturales que pueden ser responsables de conflictos cuyo impacto real es la violación de los derechos fundamentales involucrados y la destrucción de la armonía familiar. CONFLICTO CONYUGAL-No hay subordinación En el caso de conflictos surgidos entre los miembros de la pareja, bien bajo el matrimonio o en unión permanente de hecho, no se configura la subordinación, dada la igualdad entre sus integrantes, según lo estatuído en los artículos 42 y 43 de la Carta. En cuanto a la indefensión, debe establecerse en cada caso, miradas las circunstancias que, de hecho, permiten afirmar que una persona se encuentra frente a otra imposibilitada de hacer algo para impedir que, con su conducta, le desconozca o amenace derechos fundamentales. Sería erróneo partir del supuesto de que la relación de indefensión parte necesariamente de la mayor fuerza física de uno de los individuos, ya que la situación de vulneración de derechos fundamentales puede estar conformada por elementos completamente ajenos a dicho elemento. Menos aún sería posible sostener que el poder suficiente para lesionar los derechos fundamentales y la indefensión ante él se hallen vinculados forzosamente al sexo al cual pertenezcan los sujetos comprometidos. Así, contra la idea generalizada de que es la mujer la que se encuentra indefensa ante el hombre, debe subrayarse que, en el campo muy amplio de los derechos fundamentales, puede acontecer, y no es extraño que acontezca, lo contrario. Por otra parte, en el seno del hogar en que hay desavenencias entre los cónyuges o compañeros, los que mayor grado de indefensión exhiben son los hijos menores, víctimas inocentes de los enfrentamientos, recelos y rencores entre sus padres. CONFLICTO FAMILIAR La Corte estima que el accionante podía en realidad alegar -en su nombre y en el de sus hijas- la indefensión frente a conductas de su compañera permanente que implicaban una efectiva violencia moral, en sí misma destructora de la armonía y unidad de la familia, como lo expresa el artículo 42 de la Constitución Política. VIOLENCIA ENTRE CONYUGES/DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE ELLA/DERECHOS DEL NIÑO/MALTRATO PSICOLOGICO La violencia, bien que asuma la forma de agresión material, ya que consista en ataques contra la integridad moral de las personas, constituye, un factor destructivo de la armonía y unidad de la familia que, por tanto, reclama censura y sanción. Los miembros de la familia están obligados al mutuo respeto y a la recíproca consideración. Cada uno de ellos merece un trato acorde no solamente con su dignidad humana -como todas las personas- sino adecuado a los cercanos vínculos de parentesco existentes. En el caso de los niños, el derecho constitucional preferente que les asiste, consistente en "tener una familia y no ser separados de ella", no radica en la subsistencia nominal o aparente de un grupo humano sino que implica la integración real del menor en un medio propicio para su desarrollo, que presupone la presencia de estrechos vínculos de afecto y confianza y que exige relaciones equilibradas y armónicas entre los padres y el pedagógico comportamiento de éstos respecto de sus hijos. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR La situación es todavía más grave cuando de la simple pendencia doméstica se pasa a la violencia física o moral, pues entonces se quiebran los moldes del debido respeto y el ámbito hogareño, que debería ser de paz por la alta misión que le compete, se convierte en motivo inevitable de zozobra, miedo y pérdida de los valores espirituales, con notorio daño para el proceso de formación personal de los niños y para el adecuado logro de los cometidos propios de la familia. De allí que los padres estén obligados a resolver sus eventuales diferencias de manera razonable, mediante el diálogo directo y franco, sin transmitir sus problemas a los hijos, quienes de ninguna manera deben resultar involucrados en las disputas conyugales, menos todavía si éstas degeneran en actos violentos. DESISTIMIENTO DE TUTELA-Improcedencia El desestimiento no es posible en materia de tutela cuando ya el asunto ha sido seleccionado por la Corte para revisión, dada la naturaleza de ésta. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-69736 Acción de tutela instaurada por JOSE BENITO INFANTE QUEVEDO contra ANA BEATRIZ RODRIGUEZ Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Santa Fe de Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisa el fallo proferido en el asunto de la referencia por el Juzgado Noveno de Familia de Santa Fe de Bogotá. I. INFORMACION PRELIMINAR Desde hace trece años, JOSE BENITO INFANTE QUEVEDO hace vida en común, en unión libre y permanente, con ANA BEATRIZ ORJUELA RODRIGUEZ, con quien tiene dos hijas, de once y ocho años respectivamente. Del hogar hacen parte también dos hijos de ANA BEATRIZ, habidos en su matrimonio anterior, cuyas edades son de veintiuno y diecinueve años. Manifestó el demandante que ejercía la acción de tutela contra su compañera, por cuanto ésta, en el curso de comportamientos paranoicos y esquizofrénicos, lo venía maltratando y vulnerando su integridad física y moral, al igual que la de sus hijas menores. El actor denunció conductas que atribuyó a la señora ORJUELA con las siguientes palabras: "1. Intento de homicidio en reiteradas oportunidades, cada vez que tenemos discusiones por algún reclamo que yo haga. 2. Insultos permanentes, utilizando expresiones de grueso calibre, en presencia de mis hijas menores. 3. Violación de correspondencia privada, al igual que de lugares donde sólo yo tengo acceso. 4. Acusaciones permanentes sin fundamento, lo que tipifica de alguna manera injuria y calumnia. 5. Destrucción y daño a algunos enseres del apartamento, de lo cual existen pruebas, cada vez que entra en mal humor. 6. Amenazas constantes dirigidas a causarle daño al inmueble (intento de provocar incendio). 7. Intento de suicidio. Amenaza de lanzarse por la ventana de un cuarto piso y, en ocasiones, de causarse daño con arma blanca". El demandante solicitó a la Juez de Familia que dirimiera los aludidos conflictos, "por cuanto considero que, de no aplicarse los correctivos en forma oportuna, podrían suceder hechos con consecuencias muy graves en el orden físico, moral y psicológico". Solicitó, además, que se le indicara cuáles son los procedimientos a seguir en caso de separación, tratándose de unión libre, y que también se le respondiera acerca de sus derechos en relación con las niñas y con los bienes adquiridos durante la unión. II. DECISION JUDICIAL Mediante fallo del 21 de abril de 1995, el Juzgado Noveno de Familia de Santa Fe de Bogotá negó el amparo solicitado, por cuanto la acción de tutela no puede intentarse contra personas naturales, según el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. De otra parte -manifestó-, "si lo que se pretende es que se modifique la conducta de una persona hacia otra, no existe nada más erróneo que acudir a esta acción para que aquellos propósitos se logren, pues la misma está determinada para proteger derechos netamente fundamentales, que al no tener otra vía deben resolverse mediante esta". También sostuvo que la ley policiva ha estipulado mecanismos legales para requerir a los particulares que por una u otra razón afecten los derechos de sus semejantes. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia Seleccionado y repartido como fue este proceso a la Sala Quinta de Revisión de tutelas, corresponde a ella el examen de la providencia en mención, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991. La acción de tutela contra personas naturales Motivo primordial para que se negara la protección judicial en este caso fue el de haberse incoado la acción por una persona natural contra otra. La Corte Constitucional estima equivocada la apreciación del Juzgado de instancia en tal sentido, pues así como su jurisprudencia ha sostenido en forma reiterada que de la tutela no están excluídas las personas jurídicas, pues las cobijan también derechos fundamentales como el de asociación, el del debido proceso, el de la intimidad o el de la honra y el buen nombre, ha de resaltarse en esta ocasión que quienes pueden actuar en ejercicio de tal acción son todas las personas, sin que el Constituyente haya discriminado entre ellas, y que los sujetos en capacidad de violar o de amenazar los derechos fundamentales y contra quienes puede acudirse a los jueces en demanda de amparo no son exclusivamente entidades o personas jurídicas, públicas o privadas, sino las personas naturales, bien que actúen en representación o a nombre de un ente, ya que lo hagan por sí mismas y en procura de sus propias tendencias, intereses o apetitos. En efecto, para que se configure una vulneración o amenaza a los derechos fundamentales de alguien, siempre se requiere de la intervención, activa o pasiva, de personas naturales, con independencia de si su actividad o negligencia, por motivos de representación, pueden ser imputados a una entidad con personería jurídica -la que haya de hacerse responsable por los daños causados y su reparación- o de si obedecen únicamente al propio y personal impulso. En últimas, es el ser humano el que obra de manera eficiente para producir efectos que puedan reputarse contrarios a los derechos de otras personas. Pretender que la acción de tutela no cabe contra personas naturales implica despojar al instrumento constitucional de toda virtualidad y concebir los fenómenos que dan lugar a su utilización exclusivamente como colisiones con personas morales, por conductas tan sólo a ellas imputables, sin participación del hombre, lo cual se opone de manera evidente a la realidad cotidiana. Tratándose de materias como la ahora propuesta, que traducen una incontrastable situación de violencia en el seno del hogar, por la actitud de los esposos o compañeros permanentes, la acción de tutela, cuya procedencia en tales ocasiones ha sido aceptada por la doctrina constitucional, se instaura necesariamente contra personas naturales que pueden ser responsables de conflictos cuyo impacto real es la violación de los derechos fundamentales involucrados y la destrucción de la armonía familiar. Así, pues, el motivo invocado por el fallador de instancia para negar la protección pedida no es de recibo a la luz de la Constitución. La indefensión del actor y de sus hijas ante la violencia moral desatada por la madre La Corte ha diferenciado con claridad la indefensión de la subordinación, como factores que hacen viable la acción de tutela contra particulares. En la Sentencia T-290 del 28 de julio de 1993, esta misma Sala destacó: " Entiende esta Corte que la subordinación alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación que también implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión). Ha afirmado la jurisprudencia que, en el caso de conflictos surgidos entre los miembros de la pareja, bien bajo el matrimonio o en unión permanente de hecho, no se configura la subordinación, dada la igualdad entre sus integrantes, según lo estatuído en los artículos 42 y 43 de la Carta. En cuanto a la indefensión, debe establecerse en cada caso, miradas las circunstancias que, de hecho, permiten afirmar que una persona se encuentra frente a otra imposibilitada de hacer algo para impedir que, con su conducta, le desconozca o amenace derechos fundamentales. Sería erróneo partir del supuesto de que la relación de indefensión parte necesariamente de la mayor fuerza física de uno de los individuos, ya que la situación de vulneración de derechos fundamentales puede estar conformada por elementos completamente ajenos a dicho elemento. Menos aún sería posible sostener que el poder suficiente para lesionar los derechos fundamentales y la indefensión ante él se hallen vinculados forzosamente al sexo al cual pertenezcan los sujetos comprometidos. Así, contra la idea generalizada de que es la mujer la que se encuentra indefensa ante el hombre, debe subrayarse que, en el campo muy amplio de los derechos fundamentales, puede acontecer, y no es extraño que acontezca, lo contrario. Por otra parte, en el seno del hogar en que hay desavenencias entre los cónyuges o compañeros, los que mayor grado de indefensión exhiben son los hijos menores, víctimas inocentes de los enfrentamientos, recelos y rencores entre sus padres. Así las cosas, la Corte estima que el accionante podía en realidad alegar -en su nombre y en el de sus hijas- la indefensión frente a conductas de su compañera permanente que implicaban una efectiva violencia moral, en sí misma destructora de la armonía y unidad de la familia, como lo expresa el artículo 42 de la Constitución Política. El mutuo respeto entre los miembros de la familia, un mandato constitucional La Constitución protege de manera especial a la familia como célula fundamental de la sociedad (artículos 5 y 42 C.P.), por lo cual todo atentado contra ella implica transgresión de las normas superiores, en especial cuando -como ocurre generalmente- están de por medio los derechos de los niños, que prevalecen sobre los derechos de los demás (artículo 44 C.P.). La Corte Constitucional debe reiterar en esta ocasión lo ya dicho al respecto: "Es claro que toda manifestación de violencia causa necesariamente un daño, casi siempre irreparable, en el seno del hogar, pues aparte de las consecuencias materiales que apareja el acto violento en lo que respecta a la integridad de las personas, lesiona gravemente la estabilidad de la familia, ocasiona rupturas entre sus miembros, interrumpe la paz y el sosiego domésticos y afecta particularmente el desarrollo sicológico de los menores, inoculando perniciosas tendencias hacia comportamientos similares. Es por ello que, a la luz de la Constitución, las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Los niños, según el artículo 44 de la Carta, tienen derecho a gozar de una familia, al cuidado, el amor y la educación, y a ser protegidos contra toda expresión de violencia física o moral. Los principios constitucionales en la materia resultan flagrantemente desconocidos cuando uno de los cónyuges o compañeros permanentes ataca físicamente al otro, pues ello no sólo significa agravio -el que ya de por sí, aunque fuera puramente verbal, quebrantaría la regla del recíproco respeto que se deben los esposos- sino que repercute en la esfera de la integridad física y moral de la persona atacada e inclusive pone en peligro su vida". "Debe insistirse en que el derecho a no ser agredido y el correlativo deber de no atacarse son reconocidos y exigidos simultáneamente a ambos cónyuges o compañeros, independientemente de su sexo, pues los artículos 42 y 43 de la Constitución proclaman la igualdad del hombre y la mujer en deberes y derechos. Lo propio puede afirmarse del tipo de unión -matrimonial o de hecho-, pues una y otra están igualmente bajo el amparo de la Constitución Política como formas lícitas de dar origen a la familia". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-487 del 2 de noviembre de 1994). Dijo también la Corte: "Los maltratos físicos al cónyuge, compañero o compañera permanente implican abierta violación del derecho a la integridad personal, en cuya virtud nadie será sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 12 C.P.). Pero, además, implican grave amenaza para el derecho a la vida de la persona objeto de los ataques. Por otra parte, es evidente el daño que tales comportamientos ocasionan a la familia, factor primordial de la convivencia y elemento social de primer orden, que merece la especial protección del Estado (artículos 5 y 42 C.P.). Como lo expresa la Carta, "cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-552 del 2 de diciembre de 1994). Se destaca en todo lo dicho que la violencia, bien que asuma la forma de agresión material, ya que consista en ataques contra la integridad moral de las personas, constituye, según la enfática afirmación del artículo 42 de la Carta, un factor destructivo de la armonía y unidad de la familia que, por tanto, reclama censura y sanción. Los miembros de la familia están obligados al mutuo respeto y a la recíproca consideración. Cada uno de ellos merece un trato acorde no solamente con su dignidad humana -como todas las personas- sino adecuado a los cercanos vínculos de parentesco existentes. En el caso de los niños, el derecho constitucional preferente que les asiste, consistente en "tener una familia y no ser separados de ella", no radica en la subsistencia nominal o aparente de un grupo humano sino que implica la integración real del menor en un medio propicio para su desarrollo, que presupone la presencia de estrechos vínculos de afecto y confianza y que exige relaciones equilibradas y armónicas entre los padres y el pedagógico comportamiento de éstos respecto de sus hijos. Cuando la tranquilidad del hogar se ve perturbada por las ofensas, los altercados, los insultos, los enfrentamientos verbales o las amenazas, el entorno que requieren los menores para su correcta formación resulta viciado y el núcleo primordial de sus derechos principia a comprometerse, a lo cual se une necesariamente un progresivo deterioro de su personalidad, de su estabilidad emocional y de su sana evolución psicológica. La situación es todavía más grave cuando de la simple pendencia doméstica se pasa a la violencia física o moral, pues entonces se quiebran los moldes del debido respeto y el ámbito hogareño, que debería ser de paz por la alta misión que le compete, se convierte en motivo inevitable de zozobra, miedo y pérdida de los valores espirituales, con notorio daño para el proceso de formación personal de los niños y para el adecuado logro de los cometidos propios de la familia. De allí que los padres estén obligados a resolver sus eventuales diferencias de manera razonable, mediante el diálogo directo y franco, sin transmitir sus problemas a los hijos, quienes de ninguna manera deben resultar involucrados en las disputas conyugales, menos todavía si éstas degeneran en actos violentos. Cuando los progenitores descuidan tan elemental obligación, que se desprende del compromiso contraído al procrear, afectan no solamente sus mutuas relaciones sino que perjudican de manera injustificada a los menores precisamente en el núcleo esencial de derechos fundamentales que, al tenor del precepto constitucional, prevalecen sobre los derechos de los demás (artículo 44 C.P.). Ha de tenerse en cuenta también que las responsabilidades al respecto no corresponden de modo exclusivo a uno de los cónyuges o compañeros sino a los dos, pues la igualdad que se prescribe en los artículos 42 y 43 de la Carta no solamente es aplicable a los derechos sino también a las obligaciones del hombre y la mujer. Así las cosas, tan obligado está el varón a abstenerse de ejecutar cualquier acto de violencia física o moral respecto de su esposa o compañera, como la mujer a guardar idéntica conducta. En el caso examinado se encuentra que, según las pruebas aportadas tanto en instancia como en sede de revisión, padre y madre, pero en especial ésta, han incurrido en conductas lesivas de los derechos de las menores en cuanto, con sus comportamientos, han ejercido una violencia moral que ha contribuído a deteriorar en grado superlativo el clima de buen entendimiento en el hogar y ha propiciado, por la pérdida del recíproco respeto, circunstancias que inclusive han puesto en peligro la vida de los compañeros permanentes. En efecto, la madre -quien se queja de malos tratos físicos por parte de su marido- ha querido suicidarse y ha intentado -dice el actor- incendiar el apartamento en el cual residen, a la vez que, en distintas formas, ha violado el derecho a la intimidad del accionante, pues escudriña su correspondencia y perturba su libertad de locomoción investigando a dónde se dirige. El varón, por su parte, en declaración rendida ante esta Corte (Fl. 41 del expediente), reconoce que la situación ha obedecido en buena parte a culpa suya, pues "de alguna forma he incitado a la mencionada señora (la demandada) a que se haya comportado en esa forma". Por ello, el actor quiso desistir, ya en el curso de la revisión, de la acción entablada, exigiendo a cambio "una especie de caución si continúan esos hechos de parte y parte". Respecto del desistimiento presentado cuando ya el asunto fue fallado en instancia y la Corte Constitucional revisa las providencias proferidas, debe reiterarse lo dicho en reciente fallo: "El desestimiento no es posible en materia de tutela cuando ya el asunto ha sido seleccionado por la Corte para revisión, dada la naturaleza de ésta. La acción de tutela, según el artículo 86 de la Constitución, únicamente tiene dos instancias: la que se tramita por el juez o tribunal ante el que ha sido incoada y la que tiene lugar ante el superior jerárquico de aquél si alguna de las partes ha impugnado el primer fallo. El papel que cumple la Corte Constitucional cuando aborda la revisión eventual consagrada en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Carta Política no es otro que el de unificar a nivel nacional los criterios judiciales en la interpretación y aplicación de las normas constitucionales, precisando el alcance de los derechos fundamentales, trazando pautas acerca de la procedencia y desarrollo del amparo como mecanismo de protección y efectividad de los mismos y estableciendo la doctrina constitucional..." (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-260 del 20 de junio de 1995). Pero, aparte de ello, debe la Corte relievar que su análisis le ha permitido corroborar que las perjudicadas han sido las menores hijas de la pareja en conflicto, por lo cual habrá de conceder la tutela a favor de ellas, a cuyo nombre actuó el accionante. El reconocimiento que éste ha hecho de su responsabilidad, concurrente con la de la madre, en el clima de violencia que se respira en el hogar, hace que la Corte no encuentre viable conceder el amparo a su favor, pues nadie puede invocar su propia culpa para obtener beneficio. Más todavía, la Corte también impartirá órdenes de obligatorio cumplimiento al actor, toda vez que quien ejerce la acción de tutela pone a disposición del juez su propia conducta, con el fin de que, si resulta ser ella la que, directa o indirectamente incide en la violación de derechos fundamentales, la resolución judicial -fundada en la justicia- introduzca los necesarios correctivos. El medio judicial alternativo Ha expresado la Juez de instancia que el accionante contaba con otro medio judicial que hacía improcedente la acción de tutela, consistente en el ejercicio de acciones policivas contra la demandada. Este punto ya fue dilucidado por la Corte en varios fallos, entre  ellos los distinguidos con los números T-487 de 1994 y T-552 del mismo año, acogiendo lo ya dicho en la Sentencia T-528 de 1992, en la cual se afirmó: "Como las acciones policivas no son judiciales sino administrativas y lo que pretende el Constituyente es crear y poner en favor de todas las personas una vía judicial específica, sumaria y preferente con objetivos y fines también específicos, no existe fundamento para enervar la procedencia de esta última por la presencia de aquéllas, que sólo son vías específicas. Por el contrario, el juez que conoce de la tutela puede ordenar a dichos funcionarios, con todo el carácter y la fuerza de una decisión judicial de inmediato cumplimiento, que con sus recursos y capacidades hagan viable y efectiva en un caso concreto la protección de aquellos derechos constitucionales que se hallan amenazados o vulnerados por la acción de un particular". La tutela procedía entonces en este caso. DECISION Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- REVOCAR, por las razones expuestas, la Sentencia dictada el 21 de abril de 1995 por el Juzgado Noveno de Familia de Santa Fe de Bogotá, que denegó de manera absoluta la protección solicitada. Segundo.- CONCEDESE la tutela de los derechos fundamentales que, por la conducta de mutua agresión entre sus padres, han sido vulnerados a las menores hijas de JOSE BENITO INFANTE QUEVEDO y ANA BEATRIZ ORJUELA RODRIGUEZ. Tercero.- En consecuencia, el Comando de Policía de Kennedy Estación 8 ejercerá vigilancia permanente y cercana sobre la pareja de compañeros permanentes en mención, con el objeto de impedir que continúen los actos de violencia señalados en la demanda. Cuarto.- ORDENASE a los compañeros permanentes JOSE BENITO INFANTE QUEVEDO y ANA BEATRIZ ORJUELA RODRIGUEZ abstenerse en el futuro de ejecutar actos de violencia física o moral entre sí o respecto de sus menores hijas. El incumplimiento de esta obligación dará lugar, por cada vez que en él incurran, a las sanciones previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, impuestas por el Juez de primera instancia en este proceso. Quinto.- DESE cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-379-95 Sentencia No. T-379/95 Sentencia No. T-379/95 DERECHO AL AMBIENTE SANO-Suministro de agua potable/DERECHO A LA VIDA/DERECHO A LA SALUD Siendo el agua un elemento esencial del ambiente, su preservación, conservación, uso y manejo está  vinculado con el derecho que tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano; aparte de que la conservación de la calidad de las aguas, su aptitud, disponibilidad y suficiencia para el consumo humano, se consideran esenciales para asegurar el goce y vigencia de los derechos fundamentales a la salud y a la vida y los demás que se derivan de estos. ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Sujeto colectivo/ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Pluralidad de personas afectadas La tutela igualmente constituye un mecanismo de protección contra las actuaciones arbitrarias de los particulares cuando, con ocasión de su acción o su omisión, vulneren o amenacen los derechos fundamentales de las personas, en las siguientes eventualidades: cuando el particular esté encargado de la prestación de un servicio público, o cuando su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, y cuando, respecto de tales particulares, el solicitante se halle en condiciones de subordinación o indefensión. Cuando la actividad privada afecta grave y directamente el interés colectivo y pone en peligro los derechos de un número plural aunque determinado de personas, la respectiva conducta se hace más perniciosa y repudiable, porque el daño es  potencialmente más nocivo en cuanto afecta o puede comprometer a un mayor número de víctimas, casi todas ajenas a los motivos que mueven al infractor, quien muchas veces obra por motivos innobles o fútiles. La Sala considera necesario precisar, además, que la pluralidad de personas, por sí misma, no identifica necesariamente un sujeto colectivo, de manera que la protección de los derechos fundamentales de aquéllas, mediante la tutela, resulta jurídicamente procedente en razón de que, si bien se considera un sujeto múltiple, no se valora como un sujeto indeterminado, al cual potencialmente se refiere el artículo 88 de la C.P. DERECHOS COLECTIVOS No obstante pertenecer el derecho agraviado a algunos de los previstos en el art. 88 puede ampararse por medio de la tutela, cuando la situación que origina su amenaza o violación se refiere especialmente a un grupo de personas identificadas concretamente y no, a un número indeterminado de ellas. Esta concepción responde a una razón superior de justicia, pues de no ser así el derecho de los afectados quedaría huérfano de protección, al no poderse encuadrar la situación  dentro del objeto de defensa propio de las llamadas acciones populares. Si bien la tutela no procede para proteger derechos colectivos, ello no obsta para que el titular solicite la tutela de sus derechos fundamentales amenazados o violados en concreto, en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos o, cuando se trate de impedir un perjuicio irremediable. CONCESION DE AGUAS-Uso abusivo/INDEFENSION/AGUAS DE USO PUBLICO/ABUSO DEL DERECHO Los peticionarios están colocados  en un estado de indefensión, si se tiene en cuenta que el demandado, como propietario de uno de los inmuebles atravesados por el mencionado canal, disfruta  de las aguas de uso público a su antojo y haciendo uso irregular de las potestades que el Estado le otorgó en su condición de concesionario. Cuando el concesionario, como sucede en el presente caso, hace un uso inadecuado o arbitrario de la concesión y, por consiguiente,  abusa de sus derechos, sin que la administración se lo impida y más bien se muestre tolerante, dada su conducta omisiva y negligente, frente a tales excesos, aquél ejerce poderes de hecho que lo colocan en una situación de supremacía frente a los demás usuarios, quienes no obstante tener derecho al aprovechamiento del recurso, como concesionarios o por ministerio de la ley, se han visto excluidos de su ejercicio y colocados en un estado de evidente indefensión. La tutela es procedente contra el mencionado particular, en atención a que su conducta es violatoria de los derechos fundamentales a la salud y a la vida de los peticionarios e igualmente de los demás concesionarios y usuarios de las aguas. Es decir, dicha conducta no sólo amenaza lesionar derechos fundamentales individuales, sino que igualmente afecta de manera directa y en forma grave un interés colectivo. REFERENCIA: Expediente T- 61500 PETICIONARIO: Pedro Rojas León y otros PROCEDENCIA: Juzgado Único Penal del Circuito. de Ciénaga. TEMA: La tutela como instrumento excepcional  de protección de los derechos a la salud y a la vida, cuando son amenazados por el uso abusivo de una concesión de aguas. MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO BARRERA CARBONELL. Santafé de Bogotá, D.C., agosto veintiocho (28) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el proceso de tutela promovido por los señores Pedro Daniel Rojas y otros contra Francisco Próspero de Vengoechea Fleury y demás herederos del señor Manuel de Vengoechea de Mier. I.  ANTECEDENTES 1. Hechos. Los demandantes son residentes en el conjunto los Alcatraces, situado en el K. 17 de la carretera que conduce de Santa Marta a Ciénaga. Desde hace más de veinte años los copropietarios de dicho conjunto habitacional y las personas que habitan en las residencias y edificios de la zona conocida como Piedra Hincada, localizado entre la quebrada del Doctor y el hotel Decamerón, al sur del Rodadero, se surten de las aguas del canal Nirvana, provenientes del río Toribio. Las aguas conducidas por el mencionado canal, atraviesan los predios de los herederos del señor Manuel de Vengoechea de Mier, luego entran a los terrenos de la Compañía Drummond y finalmente alimentan el "ojo de agua" del acueducto Inverhincada. Dicho acueducto suministra el agua a las residencias de los peticionarios y demás ubicadas en el sector. Actualmente (diciembre 16 de 1994) las referidas residencias no disponen de agua, porque "el ojo de agua" del acueducto Inverhincada ha bajado su nivel ostensiblemente, en razón de que no están recibiendo los caudales del río Toribio que le llegaban a través de dicho canal, porque éste ha sido obstruido por acciones imputables al señor Francisco Próspero de Vengoechea Fleury. 2. Pretensiones. Pedro Nel Rojas León y Gustavo de Jesús Duque Pineda promovieron acción de tutela contra Francisco Próspero de Vengoechea Fleury y demás herederos del señor Manuel de Vengoechea de Mier, propietario de la antigua hacienda Papare, hoy fincas la Bocatoma, los Toribios y la Bonga, situadas sobre la margen derecha del río Toribio al lado de la Carretera Troncal del Caribe que de Ciénaga conduce a Santa Marta, con el fin de obtener la protección del derecho fundamental a la vida y, para ello, demandan, en lo pertinente, lo siguiente: Que se destapone el mencionado canal "de tal forma que por lo menos fluyan 60 lts/seg. hacia los terrenos de la Drummond y de allí hacia el acueducto Inverhincada, para que la comunidad humana de la zona pueda contar con el preciado líquido y que se obligue al señor Francisco Próspero de Vengoechea Fleury y demás herederos del señor Manuel de Vengoechea de Mier no volver a obstruirlos, taponarlos o impedir el paso de agua". 3. Peticiones de tutela acumuladas. El 20 de diciembre de 1994 presentaron peticiones de tutela para amparar el derecho fundamental a la vida, que fueron acumuladas a las anteriores, Edgardo Gutiérrez de Piñeres y Clemencia de Cadena. II.  LOS FALLOS DE INSTANCIA. Primera instancia. Correspondió al Juzgado Segundo Penal Municipal de Ciénaga el conocimiento del proceso en primera instancia. Dicho despacho vinculó al proceso en debida forma al demandado Francisco Próspero de Vengoechea Fleury, no así "a los  demás herederos del señor Manuel de Vengoechea de Mier", personas indeterminadas, cuyas identidades no se establecieron, razón por la cual tampoco fueron vinculadas a la actuación procesal. En tal virtud, debe considerarse que la parte demandada únicamente está conformada por el citado de Vengoechea Fleury, como lo entendió el juzgado. Mediante auto del 23 de diciembre de 1994 el mencionado juzgado ordenó con fundamento en el art. 7o.  del decreto 2591 de 1991, la siguiente medida provisional: "Con el fin de evitar los daños ocasionados a la comunidad de usuarios del Canal Nirvana y para proteger el derecho fundamental cuya tutela se solicita, se dispone el destaponamiento total que sobre éste ocasiona la tranca denominada el concreto ubicada en los predios de la antigua hacienda Papare...." Posteriormente, el aludido juzgado mediante sentencia del 29 de diciembre de 1994 concedió la tutela invocada, con fundamento en las siguientes consideraciones: - El Canal Nirvana a través del cual se conducen las aguas que se utilizan en el conjunto residencial donde habitan los demandantes es de propiedad privada, como se establece de lo consignado en la resolución 684 del 3 de julio de 1993, de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena -CORPAMAG- mediante la cual se otorgó una concesión que tiene relación con el predio "ojo de agua". - Las aguas captadas del río Toribio y que corren por el referido canal, son aguas de uso público. Por lo tanto, su utilización tiene que ser controlada por el Estado, "de ahí que las resoluciones remitidas por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena mediante las cuales se otorgan concesiones, se resuelve lo pertinente a los porcentajes del caudal representados en litros por segundo a que tienen derecho los diferentes usuarios incluidos en los predios de los señores De Vengoechea que discurren por el Canal Nirvana". - "En el presente caso -agrega la sentencia- estamos en presencia de usuarios de aguas públicas captadas del "ojo de agua" alimentado por el canal tantas veces mencionado y que se han visto privado de ella (sic) por el comportamiento del demandado, quien no obstante su carácter de concesionario de esas aguas ha incumplido las obligaciones de que nos trata el Código de Recursos Naturales en su artículo 133, referentes a la no utilización de una mayor cantidad de agua que la otorgada, ya que se pudo constatar en la práctica de la inspección judicial que en el aforo a la bocatoma procedían del río Toribio 223 litros por segundo, y al llegar al tramo del canal que abandona los predios de De Vengoechea y que entran a los de la DRUMMOND, sólo circulaban y debido a filtración un hilillo de agua que no permitiría, según los peritos, practicar aforo alguno. Igualmente desconoció su obligación consagrada en la citada disposición, de evitar que las aguas se saliesen o derramasen de las obras que las deben contener, ya que en la misma inspección fueron detectadas una gran cantidad de vertederos, talanqueras que obstruían el normal decurso de las aguas y otras en tal mal estado que permitían cuantiosas filtraciones, y qué decir de aquéllas en donde se pudo apreciar que le fueron quitadas la gran mayoría de las tablas respectivas con fugas cercanas a los 160 litros, en fin, era la utilización total, en un ciento por ciento del caudal de las aguas por parte de un usuario e igualmente el taponamiento con bolsas de arena, majagua y barro en la denominada tranca el concreto" . - Concluye la sentencia señalando que "con el fin de evitar los daños ocasionados a la comunidad de usuarios del canal Nirvana o Marinca, deberá el señor Francisco Próspero de Vengoechea Fleury, no sólo abstenerse de ocasionar obstrucciones al canal, sino dar inmediato cumplimiento, en su carácter de concesionario de las aguas de uso público derivadas del río Toribio, dándole un aprovechamiento de manera eficiente y económica, la no utilización de mayor cantidad de agua que la otorgada, evitar que las aguas se derramen o salgan del cauce que las contiene, realizando las obras de reparación necesarias a su cargo, para lo cual dispondrá de un término de treinta días". Segunda instancia. El Juzgado Unico Penal del Circuito de Ciénaga, mediante sentencia del 23 de enero de 1995, revocó la sentencia de primera instancia, con fundamento en las siguientes consideraciones: La acción de tutela es procedente cuando el actor no dispone de otro medio alternativo de defensa, de manera que por definición es un instrumento esencialmente subsidiario "y por lo mismo, es errónea mirarla como una herramienta más de rango complementario, para proseguir lo que de otra manera no se consiguió o no se intentó conseguir. Esa es la regla general, excepcionalmente se le ofrece como mecanismo transitoria y alterno de otra vía judicial, entrando entonces a operar como un linaje eminentemente transitorio tratando de impedir un perjuicio que sea catalogado como irremediable". En tal virtud, el juzgado encuentra acciones ordinarias viables que podían instaurar los interesados, tales como la penal de usurpación de aguas a que alude el artículo 366 del Código respectivo, la civil "que establece a su favor una servidumbre de acueducto con respecto del predio donde circula el agua", y la administrativa frente a las autoridades que "están obligadas a los controles y a las prohibiciones a las actividades humanas que propicia su deterioro o impiden su disfrute y la remoción, incluso, si ello es posible a las causas naturales que concurren a desmejorarla". - Advierte finalmente que aunque el artículo 88 de la Carta reconoce las llamadas acciones populares en caso de daño subjetivo pero plural -acciones de grupo o de clase- por donde podría enfocarse en el presente caso la defensa de los intereses de las comunidades afectadas, es viable aun así la tutela si media una relación de causa a efecto entre la violación del derecho constitucional colectivo a gozar un medio ambiente sano y el derecho constitucional fundamental a la salud, situación que no se da en el presente caso. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. 1. Competencia. En atención a lo dispuesto por los artículo 86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía con los artículos 33 a 35 del decreto-ley 2591 de 1991, la Sala es competente para conocer de la revisión de las sentencias dictadas en el proceso de tutela. 2. Pruebas incorporadas al proceso. 2.1. Obran dentro del proceso las siguientes pruebas, allegadas y practicadas durante la primera instancia. a) Comunicaciones de fecha 13 de febrero de 1994, dirigidas a la Procuraduría Agraria del Magdalena y al señor Alcalde de Ciénaga por la presidenta de la Fundación de Usuarios y Consumidores de Bienes y Servicios de Uso Público - UCOSER, entidad sin ánimo de lucro, con personería jurídica, constituida con la finalidad de velar por la adecuada prestación de los servicios en la zona residencial y turística de Piedra Hincada, conformada por los condominios, urbanizaciones y hoteles Decamerón, Puesta del Sol, Los Alcatraces, Villa Tanga, Piedra Hincada, San Tropel y Cabo Antibes, en las cuales ponen en conocimiento la cesación del suministro de agua a las referidas propiedades, debido a la obstrucción por el señor Francisco de Vengoechea del canal que nutre de agua al "acueducto del señor Edgardo Gutiérrez de Piñeres". b) Oficio No. 18 del 25 de febrero de 1994, suscrito por el señor Secretario General de CORPAMAG y dirigido a la señora Presidenta de UCOSER, en el cual le manifiesta que dicha entidad "ha tomado las medidas pertinentes en relación con la obstrucción del libre discurrir de las aguas del río Toribio, a través del Canal Marinca o Nirvana, en predios de los señores DE VENGOECHEA, por lo que mediante Resolución No. 151 de febrero 14 del presente año, se ordenó la regulación de los caudales de las corrientes que discurren en este departamento, durante todo el período de estiaje, comisionándose, mediante auto de fecha 15 de febrero, a funcionarios competentes para realizar los aforos y medidas respectivas, con el fin de realizar la regulación y reparto equitativo del caudal existente entre sus usuarios, así como el destaponamiento de canales, retiro de trinchos y demás obstrucciones que se encuentren" Alude igualmente el referido oficio a un "Acta Compromisoria" de fecha 23 de febrero de 1994, que recoge lo acordado entre las partes involucradas en el problema del uso de las aguas del mencionado canal, como son: Francisco de Vengoechea Fleury, la Sociedad DRUMMOND LTDA. y UCOSER. c) Constancia del 15 de diciembre de 1994, de la queja presentada ante CORPAMAG por el señor Edgardo Víctor Gutiérrez de Piñeres contra el señor Francisco de Vengoechea Fleury, relacionada "con el impedimento y manipuleo de las aguas", de las cuales se provee la comunidad que habita en la zona antes mencionada. d) Plano de la Hacienda Papare, levantado en el año de 1962, de propiedad de Manuel de Vengoechea de Mier. e) Oficio 293 del 21 de diciembre de 1994, suscrito por el Jefe de la Oficina Jurídica de CORPAMAG, con el cual se envían varios documentos relativos a actuaciones cumplidas por está entidad, en relación con el uso de las aguas del canal Nirvana. El contenido de dichos documentos se refiere a los siguientes aspectos: 1. Otorgamiento por el Inderena y CORPAMAG, de concesiones a Manuel de Vengoechea, a Helena de Vengoechea, Francisco de Vengoechea, Juan Miguel de Vengoechea, a la Sociedad DRUMMOND LTDA., C.I PRODECO S.A y A.P.C.I., para el uso de aguas de los ríos Córdoba y Toribio. (Memorando 011 de febrero 10 de 1994). 2. Concesión de 40 lts. de agua a la FUNDACION DE USUARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARTA, "UCOSER", proveniente del canal Nirvana, para el servicio de las "construcciones, urbanizaciones y complejos turísticos de Piedra Hincada. (Resolución 168 de febrero 17 de 1994). 3. Otorgamientos de permisos y renovación de traspaso de aguas en relación con los predios el Nogal, Ojo de Agua, Los Manglares y Santa Clara, ubicados en el municipio de Ciénaga de propiedad de la sociedad Drummond Ltda. (Resolución 684 de junio 3 de 1993). 4. La práctica de una visita ocular al canal Nirvana, en el sector comprendido entre el "ojo de agua" y los diferentes predios de las personas que poseen concesiones, e igualmente aforos hechos en diferentes oportunidades en las referidas corrientes de agua, que permitieron establecer el deficiente mantenimiento del canal, la ausencia de obras para controlar la utilización de los caudales asignados e igualmente, la presencia de obstáculos o trinchos, presumiblemente colocados por orden del señor Francisco de Vengoechea y de sus hermanos, quienes alegan la propiedad del canal y "manipulan el caudal a su antojo mediante las siete o más derivaciones que existen a todo lo largo del canal, adicionándole las múltiples derivaciones que sólo los beneficia a ellos" (informes de comisión S.A. 044-visita ocular río Toribio febrero 17 de 1994, 11 de marzo de 1994, abril 11 de 1994, abril 19 de 1994, 2 de mayo de 1994, mayo 4 de 1994, septiembre 26 de 1994, 16 de diciembre de 1994, 17 de diciembre de 1994, memorando 043 de junio 20 de 1994, oficio 770 agosto 2 de 1994.) f) Inspección judicial con intervención de peritos, practicada el 29 de diciembre de 1994 por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ciénaga, sobre el canal Nirvana a partir del río Toribio, mediante la cual se pudo establecer la situación de abandono en que se encuentra dicho canal, la presencia de cantidades considerables de vertederos y fugas que propician la reducción de los caudales de las aguas y de una serie de trinchos y obstáculos en algunos sectores, que impiden que éstas corran libremente. En la misma diligencia de inspección se recepcionaron los testimonios de Edith Sofía Urieles Hernández y de Miguel Antonio Castillo Cantillo, quienes dan cuenta de la grave situación que atraviesan las gentes de la región por la falta de agua y asignan la responsabilidad de la situación al señor De Vengoechea Fleury. Dice el primero de los nombrados: "...aquí nunca tuvimos problemas con las aguas, aquí éstas se derramaban hacia la playa, pero da la circunstancia de seis años para acá hemos tenido problemas con las aguas que nos la pone día de por medio no todas las veces, mientras que en el sector de Papare la votan, uno aquí la necesita para el sostenimiento de su hogar ya que el agua es una necesidad, cuando no hay agua uno tiene que venir dos y tres veces exponiendo la vida al pasar la carretera con los niños, yo le pido al señor Francisco de Vengoechea encarecidamente que nos ponga este servicio porque lo estamos necesitando mientras que él la vota". Del interrogatorio del testigo Miguel Antonio Castillo y de sus respuestas se extrae lo siguiente: "PREGUNTADO. Sírvase decirnos que conocimiento tiene usted sobre la situación presentada en el ojo de agua, como fuente utilizada en esta región. CONTESTO. Muchas situaciones por lo menos con el consumo del agua que en estos momentos estamos viviendo una crisis que nunca la habíamos vivido, pero hace de seis años para acá. Mas que tengo más de quince años de estar viviendo y todo el tiempo esto permanecía lleno de agua, aquí el agua se votaba, los abuelos míos metían embarcaciones a cortar madera y muchas veces a pescar entre la laguna que se depositaba, así como le manifiesto desde hace seis años que no viene el consumo de agua para el sostén de nuestras familias los residentes en este sector. PREGUNTADO. Sírvase decirnos qué considera usted han sido los motivos para el cambio sufrido. CONTESTO. Los motivos son porque el señor Francisco Vengoechea tomó el cargo de la Hacienda, han sido estos problemas en el asunto del taponamiento de los canales que vienen hacia el ojo de agua que es de donde nosotros recibimos el sostén del consumo del agua para nuestro sostenimiento". 2.2. Según lo dispuesto en el auto del 17 de mayo de 1995 de esta Sala, se allegaron al proceso los siguientes documentos: a) Informe de Metroagua S.A. (junio 6 de 1995) sobre las obras llevadas a cabo por esta entidad y el Distrito de Santa Marta, consistente en la exploración y explotación de aguas subterráneas y su conducción y suministro mediante la construcción de la correspondiente infraestructura, "para dar solución al problema de suministro de agua potable en el sector turístico comprendido entre Pozos Colorados y la quebrada del Doctor", En el informe se señala el hecho de que el suministro de agua al mencionado sector entró a operar desde el 30 de diciembre de 1994. b) Informe de CORPAMAG, en el cual se deja constancia que la Fundación UCOSER no ha dado cumplimiento a las obligaciones impuestas en la resolución 168 de febrero 17 de 1994, necesarias para hacer uso de la concesión de aguas que le fue otorgada, entre otras, "la legalización de la servidumbre de aguas", pues viene utilizando la infraestructura del señor Edgardo Gutiérrez de Piñeres habilitada como acueducto, y advierte que declarará la caducidad de dicha concesión. Igualmente el informe de dicha Corporación, da cuenta que las referidas comunidades e industrias se abastecen "de las aguas provenientes del Río Toribio que circulan por predios del señor FRANCISCO DE VENGOECHEA FLEURY y hoy también de propiedad de DRUMMOND LTDA, por el llamado Canal Nirvana que van a dar al denominado "Ojo de Agua" mediante la infraestructura de propiedad del señor EDGARDO GUTIERREZ DE PIÑERES". c) Igualmente, conforme a lo ordenado por los autos de esta Sala de fechas 28 de junio y 21 de julio de 1995, CORPAMAG envió los siguientes documentos: - Copia de la resolución 2160 del 30 de junio de 1995, originaria de dicha Corporación, en la cual se amonestó al demandado "por obstaculizar el libre discurrir de las aguas del río Toribio que circulan por el Canal Nirvana, que atraviesa predios de su propiedad y de las cuales se abastecen comunidades asentadas en la parte baja de éste, para uso doméstico y comercial", se le impuso sanción pecuniaria consistente en multa por valor equivalente a un salario mínimo mensual y se le previno que en caso de comprobarse nuevos hechos constitutivos de violación de las normas legales pertinentes "CORPAMAG, procederá a efectuar la demolición de todas las obras que se hayan construido sobre el canal para impedir el libre discurrir de las aguas, a costas del infractor". - Escritura pública 4271 de diciembre 27 de 1990 de la Notaría Segunda del Circulo de Santa Marta (División material de la Hacienda Papare o Hacienda Santa Cruz de Papare) y folios de matrícula inmobiliaria relacionados con dicho inmueble. 3. El derecho al suministro de agua potable, como condición para preservar y asegurar los derechos fundamentales a la salud y a la vida. El agua en cualquiera de sus estados es un recurso natural que forma parte del llamado ambiente natural o entorno, el cual resulta insustituible para el mantenimiento de la salud y para asegurar la vida del ser humano, aparte de que es un elemento necesario para la realización de un sinnúmero de actividades útiles al hombre. Sobre este particular resultan significativas las valoraciones que en su oportunidad hizo la exposición de motivos al proyecto de ley de aguas española de 1985 (ley 29)[1], en donde se expresó: "El agua está presente en toda la actividad humana, por ello resulta lógico que a lo largo de la historia el hombre haya invertido gran parte de su tiempo en la búsqueda de soluciones para su aprovechamiento. El agua no sólo es indispensable para la vida, sino que también condiciona el desarrollo de los pueblos por ser necesaria en la mayoría de las actividades económicas. Es un recurso natural, escaso, limitado, aunque se renueve a través del ciclo hidrológico. No es ampliable y ha de ser considerado como un bien estimable cuya obtención y utilización debe ser optimizada y puesta al servicio de la comunidad. El agua debe ser un bien público" De igual modo, la Corte caracterizó el valor esencial del agua en su sentencia T-523 de 1994[2], cuando manifestó: "El agua siempre ha estado en el corazón de los hombres y en la base de las civilizaciones. Se puede pasar varios días sin comer, pero no sin beber es posible sobrevivir unos pocos. En el cuerpo humano el 96% de la linfa es agua, hay el 80% en la sangre, las dos terceras partes de los tejidos también contienen agua. Un proverbio usbeko enseña: que no es rico quien posee tierra sino quien tiene agua". El manejo del agua tiene, por lo demás, una indudable connotación ética, porque su aprovechamiento para diversos fines útiles refleja la conducta que asume el hombre frente a los demás y los valores sociales que motivan su comportamiento. El despilfarro del agua, por ejemplo, desconoce el valor social del recurso y de hecho constituye la negación de los fines superiores que mueven al Estado cuando otorga una concesión, al punto que tal conducta significa la consagración del abuso del derecho y una mezquina concepción de la solidaridad humana. Siendo el agua, como se ha dicho, un elemento esencial del ambiente, su preservación, conservación, uso y manejo está  vinculado con el derecho que tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano; aparte de que la conservación de la calidad de las aguas, su aptitud, disponibilidad y suficiencia para el consumo humano, se consideran esenciales para asegurar el goce y vigencia de los derechos fundamentales a la salud y a la vida y los demás que se derivan de estos. Todo ello hace que el Estado le otorgue una especial atención al manejo del recurso y le asigne, por lo mismo, especiales competencias y responsabilidades a las autoridades a cuyo cargo se encuentra su administración, que encuentran sustento en diferentes preceptos de la Constitución (arts. 2, 5, 6, 8, 58 inciso 2, 63, 79, 80, 121, 123 inciso 2 y 209, entre otros), y las autorizan para adelantar una serie de acciones positivas destinadas a garantizar, la preservación, mantenimiento, calidad y disponibilidad de las aguas  y la correcta realización de los usos permitidos por la ley. El Código Nacional de los recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (decreto 2811 de 1974) y su decreto reglamentario (1541 de 1978), contienen una serie de reglas y principios referidos al dominio de las aguas, de los cauces y las riberas, a los modos de adquirir el derecho al uso y aprovechamiento de estos bienes, al régimen jurídico de las concesiones, las declaraciones de reserva y agotamiento, las limitaciones a su uso a la constitución de servidumbres en interés público y en interés privado y a la utilización de ciertas categorías especiales de aguas (lluvias y subterráneas), etc., que conforman en el derecho nacional un sistema jurídico relacionado con el manejo y aprovechamiento de las aguas públicas y privadas, que consulta los más novedosos criterios formulados en la legislación y la doctrina modernas. La filosofía que inspiró al Código de 1974 fue la de recoger y someter a crítica toda la legislación de aguas vigente hasta entonces, actualizarla y complementarla, de modo que guardara armonía con su concepción ambientalista moderna que propugna la regulación normativa integral sobre los recursos naturales y la protección al ambiente, dado que aquéllos constituyen un elemento esencial de éste. El principio general, según los textos en referencia, es que las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles, "sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley". Del mismo principio participan los cauces y lechos que las contienen. Por excepción, son aguas de dominio privado, las que nacen y mueren en una misma heredad, es decir, aquellas que brotan naturalmente a la superficie de un predio y se evaporan o desaparecen bajo el suelo del mismo. Se da por entendido, bajo el criterio señalado, que son de dominio público y no privado, las aguas que nacen en un predio pero desembocan en otra corriente que fluye a través de diversos predios, como también las que derivadas de una corriente de uso público discurren por canales o acequias artificiales de propiedad de particulares. En el régimen jurídico nacional, la concesión de aguas constituye un acto de la administración mediante la cual, se autoriza el aprovechamiento de dicho recurso por un tercero, dentro de las restricciones de su disponibilidad y bajo los condicionamientos y exigencias que demanda su preservación, su utilización eficiente  y las prioridades señaladas para su uso. Dicho régimen impone al concesionario las siguientes obligaciones básicas: a) Aprovechar las aguas con eficiencia y economía, en el lugar y para el objeto previsto en la concesión, empleando sistemas técnicos de aprovechamiento. b) No utilizar mayor cantidad de agua que la otorgada. c) Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas. d) Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o salgan de las obras  que las deben contener. e) Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, caminos de vigilancia y demás obras e instalaciones comunes. f) Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos sobre los usos de las aguas (Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente, art. 133). A la autoridad administrativa se la ha dotado por la ley de amplias atribuciones que le permiten ejercer la administración y control del uso de las aguas, de modo integral, con el fin de lograr su aprovechamiento racional y técnico, su preservación y permanente disponibilidad (art. 155 ibídem). Dentro de las referidas atribuciones la administración cuenta, entre otras, con las facultades de controlar el aprovechamiento de las aguas y la ocupación y explotación de los cauces; reservar las aguas de una o varias corrientes cuando fuere necesario, redistribuir los caudales en época de estiaje, o para asegurar las prioridades en su uso, aunque medien concesiones y, ejercer inclusive, el control sobre el uso de las aguas privadas para evitar el deterioro ambiental o cuando medien razones de utilidad pública e interés social (arts.134, 135, 137 a 145 ibídem). 4. La tutela contra particulares cuya conducta afecta un interés colectivo y al mismo tiempo los derechos fundamentales de personas determinadas. La acción de tutela como instrumento de protección de los derechos fundamentales de las personas tiende esencialmente a evitar y conjurar los abusos de poder de las autoridades públicas, pues éstas son las que ordinaria y frecuentemente infringen los referidos derechos. No obstante, los particulares muestran también cierta proclividad a desconocer y quebrantar los referidos derechos, pese a lo cual no se habían institucionalizado, hasta la Constitución de 1991, los remedios normativos capaces de contener o superar tales atentados y violaciones. Es así como la tutela igualmente constituye un mecanismo de protección contra las actuaciones arbitrarias de los particulares cuando, con ocasión de su acción o su omisión, vulneren o amenacen los derechos fundamentales de las personas, en las siguientes eventualidades: cuando el particular esté encargado de la prestación de un servicio público, o cuando su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, y cuando, respecto de tales particulares, el solicitante se halle en condiciones de subordinación o indefensión. La constante que justifica la tutela en las circunstancias descritas es el quebrantamiento del principio del tratamiento igualitario que rigen en las relaciones entre particulares, en las cuales normalmente no se presenta una situación de supremacía con respecto a la otra. En tal virtud, cuando en razón de la actividad que desarrolla el particular o del otorgamiento de facultades excepcionales de las cuales actúa revestido en un momento dado, se coloca en una situación de dominio o superioridad frente a otras personas, opera la tutela como dispositivo de defensa frente a la amenaza o a la violación de los derechos fundamentales. Cuando la actividad privada afecta grave y directamente el interés colectivo y pone en peligro los derechos de un número plural aunque determinado de personas, la respectiva conducta se hace más perniciosa y repudiable, porque el daño es  potencialmente más nocivo en cuanto afecta o puede comprometer a un mayor número de víctimas, casi todas ajenas a los motivos que mueven al infractor, quien muchas veces obra por motivos innobles o fútiles. La Sala considera necesario precisar, además, que la pluralidad de personas, por sí misma, no identifica necesariamente un sujeto colectivo, de manera que la protección de los derechos fundamentales de aquéllas, mediante la tutela, resulta jurídicamente procedente en razón de que, si bien se considera un sujeto múltiple, no se valora como un sujeto indeterminado, al cual potencialmente se refiere el artículo 88 de la C.P. En este sentido se pronunció la Corte en pasada ocasión, así: "Sea lo primero advertir que en algunos eventos la acción o la omisión de un particular, así como la de la autoridad pública, puede afectar a un número plural de personas, todas ellas identificadas o identificables, en cuyo caso no se puede predicar una situación de "interés colectivo" que amerite la protección jurídica mediante la figura de las acciones populares de que trata el artículo 88 superior, sino que se trata de una circunstancia que puede protegerse o remediarse mediante instrumentos especiales como lo son las acciones consagradas en la legislación colombiana, o la acción de tutela en los términos definidos por el artículo 86 de la Carta Política".[3] Significa lo anterior, que no obstante pertenecer el derecho agraviado a algunos de los previstos en el art. 88 puede ampararse por medio de la tutela, cuando la situación que origina su amenaza o violación se refiere especialmente a un grupo de personas identificadas concretamente y no, como se dijo antes, a un número indeterminado de ellas. Esta concepción responde a una razón superior de justicia, pues de no ser así el derecho de los afectados quedaría huérfano de protección, al no poderse encuadrar la situación  dentro del objeto de defensa propio de las llamadas acciones populares. En atención a las apreciaciones anteriores la Corte pudo concluir en pasada ocasión en estos términos:[4] "Las anteriores consideraciones llevan a la Sala a concluir que no es posible afirmar que los instrumentos jurídicos para el amparo del interés colectivo -como es el caso de las acciones populares o acciones de clase- resulten aplicables por el simple hecho de que se afecte a un número plural de personas, o porque se trate de derechos enumerados en el artículo 88 de la Carta Política o en alguna otra disposición constitucional o legal". Conforme a lo expuesto, se tiene que si bien la tutela no procede para proteger derechos colectivos, ello no obsta para que el titular solicite la tutela de sus derechos fundamentales amenazados o violados en concreto, en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos o, cuando se trate de impedir un perjuicio irremediable. (Decreto 2551/91 art. 6 numeral 3). Sobre la idea de indefensión como condición de la tutela contra un particular la Corte ha tenido ocasión de pronunciarse repetidas veces, en el sentido de que es la ausencia de un medio físico o jurídico idóneo para superar o evitar el ataque de los derechos fundamentales de una persona por un tercero, pero advirtiendo que la ponderación de los hechos para deducir dicha indefensión es potestad del juez de tutela. 5. El asunto que se debate. Los hechos que dieron origen al presente proceso dan cuenta de la actitud asumida por el señor Francisco Próspero de Vengoechea Fleury, propietario del predio La Bonga, que hizo parte de la hacienda Papare y por donde cruza el canal Marinca o Nirvana, que se desprende del río Toribio y surte de agua a un acueducto particular en el sitio denominado el "ojo de agua", con la cual se beneficia no sólo la comunidad que habita en la zona turística de Piedra Hincada, sino la que se dedica a menesteres diversos. El manejo y protección de las aguas públicas en el sector del conflicto, es responsabilidad de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta, CORPAMAG, creada por la ley  28 de 1988, y organizada como un ente corporativo de carácter público, vinculado al Ministerio del Medio Ambiente, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio (ley 99 de 1993). Está acreditado en el proceso que el demandado utiliza la concesión de aguas que le fue otorgada con absoluto desconocimiento de la ley y por fuera de toda racionalidad. En efecto, no realiza el aprovechamiento de las aguas con eficiencia y economía sino con evidente despilfarro; las utiliza excediendo los aforos otorgados en la concesión, y ha obstruido por distintos  medios el cauce del canal, hasta el punto de dejar sin acceso al recurso al resto de los usuarios y concesionarios. Con su conducta, en la práctica, el demandado ha sustituido a la entidad administradora del recurso en el ejercicio propio de los poderes de disposición y regulación que tiene sobre éste, en razón de la negligencia de ésta en utilizar las facultades de que ha sido investida para asegurar su aprovechamiento en debida forma, según los mandatos legales. Estima la Sala, en consecuencia, que los peticionarios están colocados  en un estado de indefensión, si se tiene en cuenta que el demandado Francisco de Vengoechea, como propietario de uno de los inmuebles atravesados por el mencionado canal, disfruta  de las aguas de uso público a su antojo y haciendo uso irregular de las potestades que el Estado le otorgó en su condición de concesionario, para llevar a cabo su aprovechamiento, a ciencia y paciencia y hasta si se quiere con la complacencia de la entidad administradora del recurso, la cual tardíamente a través de la resolución  2160 del 30 de julio de 1995 le impuso unas tímidas sanciones tendentes a impedir el uso abusivo de la concesión. Cuando el concesionario, como sucede en el presente caso, hace un uso inadecuado o arbitrario de la concesión y, por consiguiente,  abusa de sus derechos, sin que la administración se lo impida y más bien se muestre tolerante, dada su conducta omisiva y negligente, frente a tales excesos, aquél ejerce poderes de hecho que lo colocan en una situación de supremacía frente a los demás usuarios, quienes no obstante tener derecho al aprovechamiento del recurso, como concesionarios o por ministerio de la ley, se han visto excluidos de su ejercicio y colocados en un estado de evidente indefensión. No cabe duda que el uso abusivo de una concesión de agua, como ocurre en el presente caso, tiende a degenerar en una situación de hecho, pues caracteriza una evidente usurpación de competencias de las autoridades públicas y por ende una sustitución del poder estatal. Según los planteamientos que se han hecho la Sala considera que la tutela es procedente contra el mencionado particular, en atención a que su conducta es violatoria de los derechos fundamentales a la salud y a la vida de los peticionarios e igualmente de los demás concesionarios y usuarios de las aguas. Es decir, dicha conducta no sólo amenaza lesionar derechos fundamentales individuales, sino que igualmente afecta de manera directa y en forma grave un interés colectivo. Se reitera, en consecuencia, el criterio jurisprudencial de la Corte señalado en la sentencia C-134 del 17 de marzo de 19945 , que en lo esencial advirtió: "la acción de tutela procede contra particulares cuando se trata de proteger un interés colectivo, esto es, un interés que abarca a un número plural de personas que se ven afectadas respecto de la conducta desplegada por un particular. Por lo demás, de acuerdo con los parámetros establecidos por el inciso del artículo 86 superior, en el caso en comento se requiere de la presencia concomitante de dos elementos: que se afecte grave y directamente el interés colectivo. Es decir, que la situación bajo la cual procede la acción de tutela contra el particular atente en forma personal e inmediata el interés de los perjudicados". La Sala debe precisar, además, que aún admitiendo la propiedad del demandado sobre todo o parte del canal Nirvana, no le asiste ningún derecho para hacer uso de la concesión en forma arbitraria e ilegal, ni para interrumpir u obstaculizar el curso de las aguas,  porque estas siguen siendo de uso público. La concesión simplemente le otorga a aquél el derecho al aprovechamiento limitado de las aguas, pero nunca el dominio sobre éstas. Por consiguiente, aun cuando la administración haya autorizado la concesión, sin embargo, conserva las potestades propias que le confiere la ley para garantizar el correcto ejercicio de ésta, así como la utilización eficiente del recurso, su preservación, disponibilidad y aprovechamiento de acuerdo con las prioridades que aquélla consagra. En resumen, la tutela se concede en el presente caso para proteger los aludidos derechos a los peticionarios, frente al estado de indefensión en que se encuentran con respecto al demandado, en consideración a la forma negligente como ha actuado la Corporación Autónoma Regional del Magdalena -CORPAMAG, la cual ha permitido que éste abuse de los poderes que le otorga la concesión en perjuicio de los demás usuarios de las aguas, pues como lo dijo esta misma Sala6 : "...en términos generales puede aceptarse, que se integra el núcleo esencial de cualquier derecho constitucional cuya efectividad se demanda, la pretensión de exigibilidad del ejercicio positivo y diligente de las competencias legales atribuidas a las autoridades administrativas, cuando su situación se juzga indispensable para proteger el bien jurídico que tutela el derecho, cuya omisión es susceptible de generar riesgos y peligros inminentes que la norma configuradora del derecho ha querido precisamente prevenir o evitar". Por lo demás los demandantes no disponen de un medio alternativo de defensa judicial idóneo y eficaz. En efecto, la acción penal a que alude el art. 366, no contribuye a remediar la grave situación que afrontan los demandantes, pues ella se dirigiría exclusivamente a determinar la responsabilidad penal del infractor y a lograr la indemnización de perjuicios; tampoco la acción a que alude el art, 993 del Código Civil tiene las propiedades anotadas  por las siguientes razones: La disposición dejó de tener aplicación jurídica plena, frente a la legislación existente en materia ambiental que le atribuyen a la autoridad administradora de las aguas la facultad de velar por su preservación, calidad y racional aprovechamiento, dado los intereses colectivos involucrados en su utilización. La norma aludida, simplemente regula la solución procesal para un conflicto exclusivo entre partes identificadas, sin trascendencia alguna en el interés de grupo o colectivo, y no fue diseñada para la protección de derechos constitucionales fundamentales. Además no se revela como idónea para impedir no sólo la violación o amenaza de transgresión de dichos derechos, porque la decisión del juez tiene limites concretos referidos exclusivamente al demandado en cuanto a que debe cesar en su conducta pero no se le puede imponer obligaciones adicionales para impedir que continúe con los actos constitutivos de violación de los referidos derechos ni mucho menos se le pueden trazar líneas de conducta a la administración como se hará en el presente caso. Aclara finalmente la Sala que la tutela se ha considerado procedente en el presente caso de manera excepcional, en razón de la palmaria inactividad de CORPAMAG en dar solución al problema de aguas de que dan cuenta los hechos, originado por la conducta abusiva del demandado, lo cual determinó que quedaran en absoluta desprotección los derechos de los demandantes. Ello es así, si se tiene en cuenta que los conflictos relativos a aguas tienen como mecanismos de solución tanto la vía administrativa como la judicial. De acuerdo con las consideraciones precedentes, se revocará la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Unico Penal del Circuito de Ciénaga y, en su lugar, se confirmará la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ciénaga, con la adición de prevenir al demandado de que en lo sucesivo se abstenga de ejecutar cualquier acto que implique menoscabo del derecho de los demandantes a realizar el aprovechamiento de las mencionadas aguas, e igualmente y con fundamento en el art. 23 del decreto 2591 de 1991 ordenará a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena -CORPAMAG que con el fin de prevenir situaciones como las analizadas en el presente caso proceda a expedir una reglamentación general actualizada sobre el aprovechamiento de las aguas del río Toribio, del Canal Nirvana y del llamado ojo de agua del Acueducto Inverhincada, la cual comprenderá la revisión de las concesiones o mercedes de aguas que se encuentran vigentes. IV.  DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO.  REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Unico Penal del Circuito de Ciénaga, Magdalena, del 23 de Noviembre de 1994, (sic), notificada personalmente al demandante el 23 de enero de 1995 y a los demandantes por edicto que se fijó el 26 de enero del mismo año, y en su lugar, confirmar la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ciénaga de fecha 29 de diciembre de 1994 en cuanto concedió la tutela impetrada, con la modificación de que los derechos tutelados son los de la vida y la salud y las adiciones que más adelante se señalan. SEGUNDO. PREVENIR al demandado de que en lo sucesivo se abstenga de ejecutar cualquier acto que implique menoscabo del derecho de los demandantes a realizar el aprovechamiento de las mencionadas aguas. TERCERO. ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena -CORPAMAG que en el término de seis (6) meses proceda a expedir una reglamentación general actualizada sobre el aprovechamiento de las aguas del río Toribio, del Canal Nirvana y del llamado ojo de agua del Acueducto Inverhincada, la cual comprenderá la revisión de las concesiones o mercedes de aguas que se encuentran vigentes. ENVIESE copia de esta sentencia a la referida Corporación. CUARTO. Por Secretaría General  háganse las comunicaciones de que trata el art. 36 del decreto 2591 de 1991. NOTIFIQUESE, COPIESE, PUBLIQUESE, INSERTESE EN LA GACETA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y CUMPLASE. ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado MARTHA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1]  Derecho de Aguas, Josep Quintana Petrus, Editorial Bosch, 1992, p. 113. [2]  M.P. Alejandro Martínez Caballero. [3]  Sentencia T-028/94, Sala Novena Corte Constitucional, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. [4]  Ibidem. 5 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 6 Sentencia T-112/94 .

T-382-95 Sentencia No Sentencia No. T-382/95 ACTO ADMINISTRATIVO-Ejecutoriedad/ACTO ADMINISTRATIVO-Ejecutividad La ejecutoriedad hace referencia a que determinado acto administrativo, cuya finalidad es producir determinados efectos jurídicos, se presume expedido con base en los elementos legales para su producción y en consecuencia es obligatorio para el administrado y la administración, razón por la cual puede ser ejecutado directamente por la administración, sin necesidad de la intervención de otra autoridad del Estado. ACTO ADMINISTRATIVO-Obligatoriedad Por obligatoriedad se entiende la necesidad de acatamiento de los efectos jurídicos que se generan a consecuencia del mismo. Abarca tanto a los terceros como al propio ente público y a los demás. Esta obligatoriedad, de manera alguna se restringe en cuanto a su aplicación a los administrados, por el contrario, tal exigencia se extiende a la administración. ACTO ADMINISTRATIVO-Estabilidad/REVOCACION DE ACTO ADMINISTRATIVO La estabilidad de los actos administrativos como carácter  básico en su estructura es siempre elemento a favor del administrado y en consecuencia  elemento primordial  en todo proceso de seguridad jurídica, por ello para no tener en cuenta las reglas señaladas en el artículo 73 del C.C.A, debe la administración distinguir que la revocación del acto no perjudique al administrado, ni a terceros que pudieron estar afectos al acto dictado por la administración. La figura de la revocación, como facultad propia de la administración para dejar sin efectos un acto administrativo de contenido particular pero que de manera alguna puede vulnerar derechos subjetivos adquiridos. Debe establecerse desde ya que esta posibilidad dada a la administración establece determinados limites, por cuanto debe la administración respetarlos y seguir unas reglas señaladas por el legislador. REVOCACION DE ACTO ADMINISTRATIVO/DECRETO REGLAMENTARIO-Inconstitucionalidad e ilegalidad Si un decreto reglamentario posterior permite suspender las situaciones jurídicas resultado de actos administrativos que no fueron debidamente impugnados, tal decreto se constituye en abiertamente violatorio de los derechos subjetivos, adquiridos por el administrador. Vemos entonces que la revocación de actos administrativos por parte de la administración, se constituye en una verdadera excepción. EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD/PRINCIPIO DE EJECUTIVIDAD La norma cuestionada permite al I.S.S. suspender una prestación social decretada legalmente. Pues bién, tal autorización deja SIN EFICACIA un acto administrativo, en otras palabras, atenta contra el principio de la ejecutividad. Adicionalmente el mencionado literal queda cuestionado por dos normas de la actual Constitución: el art. 238 que adscribe en la jurisdicción de lo Contencioso-adminsitrativo la facultad de suspender provisionalmente los efectos del acto administrativo (para el caso de esta tutela: el pago de la pensión) y el art. 83 que consagra el postulado de la buena fé (en el presente caso, como no cabe la revocatoria directa del acto administrativo porque no hay expreso y escrito consentimiento del titular, entonces, el literal b- del art. 42 del Decreto 2665/88, eludió tal situación y le quitó los efectos, siendo esto un ejemplo de ausencia de buena fé). Por estas razones hay que concluir que dicho literal es inconstitucional. COSA JUZGADA ADMINISTRATIVA/PENSION DE SOBREVIVIENTES Existe la protección a la cosa juzgada administrativa, en cuanto favorece al administrado. Para el caso concreto, la cosa juzgada administrativa se predica del acto adminstrativo que concedió la pensión. Y el acto posterior (suspensión de la pensión), hecho extemporáneamente, no tiene la fuerza suficiente para sostener la opinión de que adquirió la presunción de legalidad, porque la suspensión se ampara en una norma ilegal e inconstitucional. REVOCACION DE ACTO ADMINISTRATIVO-Improcedencia/INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES/SUSTITUCION PENSIONAL/PERJUICIO IRREMEDIABLE Creada una situación jurídica individual, como la que se configuró para la accionante en virtud de una Resolución emanada del Instituto de los Seguros Sociales, ésta es irrevocable unilateralmente por la administración, salvo que concurra el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho. PENSION DE SOBREVIVIENTES-Suspensión por un anónimo/DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL En conclusión, tanto las pruebas aportadas para la concesión de la prestación, como las allegadas años después demuestran que la demandante TENIA derecho a la sustitución pensional, luego la Resolución que la concedió no está afectada por causa legítima que la deje sin efecto (al menos por ahora) y, como se suspendió el pago de la prestación, que es muy escasa, salta a la vista que a esta mujer, modista de profesión, madre de 3 hijos, si se le está ocasionando un perjuicio irremediable. REF: Expedientes Nº68030 Peticionaria: Celia Monsalve de Parra. Procedencia: Juzgado Segundo Laboral de Cali. Temas: -Ejecutoriedad, ejecutividad, eficacia y estabilidad del acto administrativo. -Pensión de sobrevivientes. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá , D.C., agosto (31) de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela 68030, de Celia Monsalve de Parra contra el Instituto de Seguros Sociales, acumulado, por decisión de la Sala de Selección Nº 5, de 8 de mayo de 1995, al expediente 67761, pero luego se ordenó su desacumulación y por ello los fallos se pronuncian por separado. ANTECEDENTES 1. Elementos de juicio. Una vez recepcionada la prueba que la Corte decretó se puede afirmar lo siguiente: 1.1. Cecilia Monsalve contrajo matrimonio en Manizales con Jorge Aquileo Parra el 7 de agosto de 1959, fueron procreados varios hijos entre ellos Jorge Parra Monsalve. No existió separación legal de los cónyuges. 1.2. El 31 de diciembre de 1990, fallece en Cali el señor Parra. estando pensionado. Bajo juramento declaran María Grisales y Blanca Rendón que en tal fecha los cónyuges vivían bajo el mismo techo. 1.3. El 14 de junio de 1991, por Resolución 03094 se concede la sustitución pensional de su difunto esposo a Celia Monsalve de Parra, y al menor Jorge Parra Monsalve, representado por su madre. Posteriormente hay autorización de Celia Monsalve para que Clementina de Delgado cobre unas mesadas durante el año de 1992; autorización autenticada ante el Cónsul General de Colombia en Nueva York. Pero, en 1993 la señora Celia aparece haciendo peticiones en Cali, señala como su dirección: Carrera 14 Nº 3-42, y, precisamente en 1994, el I.S.S. la cita a tal dirección y ella se presenta de inmediato. 1.4. Celia Monsalve afirma que por la escasa pensión de su esposo y por unas calamidades domésticas ello necesitó antes y después de la muerte de Parra, buscar ingresos en Nueva York, colaborando en confección de "sueteres" y por tal razón se trasladaba durante algunos meses a dicha ciudad y regresaba con algún dinero para el sostenimiento de su familia. 1.51. Una carta SIN firma de quien dice llamarse Nancy Bermúdez, dirigida al Gerente del I.S.S., seccional Valle del Cauca, contiene estas afirmaciones: -Cecilia Monsalve ha vivido desde hace muchos años en Nueva York haciendo vida marital con Gilberto Sánchez. -Nancy Bermúdez era la compañera permanente de Jorge Aquileo Parra en el momento de su fallecimiento. A esta carta precedió un anónimo enviado también al I.S.S.. 1.5. Este informe motivó que el 6 de octubre de 1994 se citara a la oficina de Prestaciones Económicas del I.S.S. del Valle del Cauca a Celia Monsalve para decírsele que "se le iba a suspender el reconocimiento de la pensión que recibía por fallecimiento de su cónyuge", y, efectivamente, el 9 de diciembre de 1994, por Resolución 8302, se le suspendió "a partir del mes de noviembre de 1994, la sustitución pensional". 1.6.  La perjudicada agotó la vía gubernativa con resultados negativos. No fue tenida en cuenta su afirmación de que convivía con Parra cuando falleció y que no tiene ninguna relación sentimental con Gilberto Sánchez. 1.7. En la Resolución que suspendió la prestación se invoca por el I.S.S. el literal b del artículo 42 del Decreto 2665 de 1988 que dice: "El I.S.S., procederá a la suspensión inmediata de las prestaciones económicas y de salud en los siguientes casos....b) cuando se compruebe que conforme a los reglamentos del I.S.S. no se tenía derecho a ellos..." 1.8. En la Resolución 6558 de 1995, que resolvió la reposición interpuesta por Celia Monsalve, el I.S.S., Seccional Valle del Cauca, reiteró que la suspensión se debía a que la señora no convivía con el causante al momento del fallecimiento. En realidad, no hay prueba que sustente tal opinión. 19. En el mismo expediente que está en el I.S.S., la prueba demuestra que vivía doña Celia con su marido (declaraciones de María Grisales, Celia Rendón, Carlota Sánchez) y no existe ninguna prueba (a los anónimos no se les puede dar tal característica) que hagan sospechar que actualmente convive o se haya casado con alguien o que no conviviera con Jorge Aquileo Parra cuando éste murió. El hecho de que la señora viajara a Estados Unidos, esporádica y temporalmente, a conseguir algún dinero para sostener su familia no señala en forma alguna que se esté dentre de los causales de pérdida de la sustitución pensional. Además, la Resolución NO se refiere a motivos que hubieren surgido con posterioridad al fallecimiento de Parra. 2. Decisión de primera instancia, 24 de febrero de 1995. El Juzgado Segundo Laboral de Cali no tuteló porque dió por sentado que en el instante de fallecer Jorge Aguileo Parra, Celia Monsalve convivía con Gilberto Sánchez y que, además, la solicitante puede acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral. 3. Decisión de Segunda instancia, 24 de marzo de 1995. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, confirmó; considerando improcedente la acción porque se puede acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral puesto que está en discusión el derecho a disfrutar la sustitución pensional y el haber ocurrido la suspensión de dicha pensión no es un perjuicio irremediable. FUNDAMENTOS JURIDICOS A. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2ª y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. B. TEMAS JURIDICOS A TRATAR. Cuestión previa: 1.- Antes de entrar a plantear temas jurídicos importantes para decidir la presente tutela, hay que aclarar que el I.S.S. no se pronunció, en el acto administrativo que motiva esta acción de amparo, sobre la pérdida del derecho a la sustitución pensional (2º de la Ley 33 de 1973) por amancebamiento del cónyuge supérstite después del fallecimiento del pensionado, sino que la determinación la tomó por hipótesis existentes en el momento del fallecimiento. Y, con base en las mismas pruebas hubo dos pronunciamientos: uno en 1991 concediendo la pensión y otro en 1994 suspendiéndola. Como expresamente se sustenta la suspensión en el literal b- del artículo 42 del Decreto 2665/88, se analizará en primer lugar esta atribución frente a la Constitución y la ciencia administrativa, para después, apreciar el caso específico y ver que frente a pruebas CONCRETAS que hablan de convivencia entre cónyuges no se puede decir tres años después que no convivían. Hecha esta advertencia, se desarrolla el aspecto jurídico así: 2.- En variada jurisprudencia se ha indicado que la pensión es un derecho subjetivo[1], se ha dicho cuándo la sustitución pensional es derecho fundamental[2] y se ha analizado el literal b- del artículo 42 del Decreto 2665 de 1988. Un caso idéntico que dió origen a la sentencia T-355/95 de esta misma Sala de Revisión, obliga a reiterar lo expresado en tal jurisprudencia: "En 1988 se expidió: " El Decreto 2665 de 1988, artículo 42, literal b: permite suspender las prestaciones económicas y de salud, por parte del I.S.S., “cuando se compruebe que conforme a los Reglamentos del seguro, no se tenía derecho a ellas”[3]. Se trata de una norma  que suspende los efectos de un acto administrativo proferido con anterioridad y curiosamente incluida dentro de un decreto que expresamente dice en su artículo 103 que se aplicará analógicamente el Código Contecioso Adminsitrativo. Con posterioridad al Decreto 2665 de 1988 fue expedida la Ley 100 de 1993 (arts. 46 a 49): reafirma que se concede en forma vitalicia al "cónyuge supérstite,” la pensión de sobrevivientes. Además de variada, la legislación anterior y posterior a 1988 ha centrado el beneficio en el cónyuge sobreviviente. Cualquier duda que hubiere debe ser resuelta en favor del trabajador o del beneficiario, y, de todas maneras, la norma más favorable debe aplicarse.... 3.- EJECUTIVIDAD, OBLIGATORIEDAD Y EFICACIA DEL ACTO ADMNISTRATIVO Conviene establecer con meridiana claridad el significado  que comporta el valor de Eficacia, Obligatoriedad, Ejecutoriedad, Ejecutividad y Estabilidad del acto administrativo. La ESTABILIDAD constituye un CARACTER del acto administrativo,[4] o un PRINCIPIO del mismo.[5] Si la Administración expide una Resolución concediendo una sustitución de pensión, tal Acto administrativo adquiere estabilidad y por lo tanto ingresa al mundo jurídico. Otro carácter con categoría de principio, según CASSAGNE es la EJECUTORIEDAD; explica este tratadista: "Como un principio consubstancial al ejercicio de la función administrativa se halla la ejecutoriedad del acto administrativo, que consiste en la facultad de los órganos estatales que ejercen dicha función administrativa para disponer la realización o cumplimiento del acto sin intervención judicial, dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico".[6] Marienhoff dice: "La ejecutoriedad del acto administrativo significa que, por principio, la Administración misma y con sus propios medios lo hace efectivo, poniéndole en práctica."[7] O sea: si se profiere una Resolución decretando una pensión la misma entidad que profirió el acto administrativo debe ponerlo en práctica y unilateralmente no puede quitar o suspender los efectos. Esta diferencia trae consecuencias  de suma importancia en  el campo de la certeza jurídica propia de todo Estado de Derecho. Pero antes es necesario indicar que en la teoría administrativa se diferencian la ejecutoriedad de la ejecutividad: "En nuestra opinión la ejecutoriedad y la ejecutividad actúan en dos planos distintos: la primera hace a las facultades que tiene la Administración para el cumplimiento del acto administrativo, sin intervención judicial, utilizando excepcionalmente la coacción; la ejecutividad en cambio se refiere al título del acto en el plano procesal, siendo ejecutivo -conforme a todo nuestro ordenamiento jurídico procesal- aquel acto que, dictado con todos los recaudos que prescriben las normas legales, otorguen el derecho procesal de utilizar el proceso de ejecución. El título ejecutivo del acto administrativo, no es pues en nuestro país la regla o el principio, sino la excepción y debe hallarse fundado en norma legal. Por otra parte, a diferencia del derecho privado, donde la creación del título ejecutivo proviene dl obligado, la Administración Pública (cuando la norma legal la autoriza) es quien crea unilateralmente el título ejecutivo, siendo éste el rasgo fundamental que caracteriza la ejecutividad del acto administrativo."[8] La ejecutoriedad hace referencia a que determinado acto administrativo, cuya finalidad es producir determinados efectos jurídicos, se presume expedido con base en los elementos legales para su producción y en consecuencia es obligatorio para el administrado y la administración, razón por la cual puede ser ejecutado directamente por la administración, sin necesidad de la intervención de otra autoridad del Estado. En la doctrina moderna, la ejecutoriedad de manera alguna puede confundirse con la ejecutividad. La ejecutoriedad es propia de cualquier acto administrativo, en cuanto significa la condición del acto para que pueda ser efectuado. La ejecutividad equivale, a la eficacia que tal acto comporta, principio que no se constituye en una excepción, sino por el contrario es la regla general de todo acto administrativo, según García Trevijano .Constituyendose entonces  en real y efectiva  aplicación del contenido del mismo sin que se difiera su cumplimiento. “Este caracter de exigibilidad proviene del cumplimiento de todos los requisitos que hacen a la existencia del acto. Es distinto a la ejecutoriedad del acto, la cual determina que la administración, aplique el orden jurídico y ejecute por si misma el acto, con la posibilidad de acudir a diversas medidas de coerción para asegurar su cumplimiento.”[9] En algunas ocasiones se ha confundido el significado de tales expresiones, pero es claro que la doctrina  distingue la obligatoriedad de la efectividad que el acto administrativo produce. Diferenciación tambien establecida en el Código Contencioso Administrativo señalado en los artículos 48, 64, 65, y 66. La obligatoriedad  se constituye en elemento intermedio entre  la ejecutoriedad  y la ejecutividad del acto administartivo. La obligatoriedad como carácter presente en la formación de todo acto administrativo, se presenta como elemento fundamental  (retomada por el tratadista García Trevijano) en relación a lo que Laband denominó “la obligatoriedad del acto en sentido verdadero, es decir , en el negocio jurídico de Derecho público”.[10] Por obligatoriedad se entiende la necesidad de acatamiento de los efectos jurídicos que se generan a consecuencia del mismo. Abarca tanto a los terceros como al propio ente público y a los demás. Esta obligatoriedad, de manera alguna se restringe en cuanto a su aplicación a los administrados, por el contrario, tal exigencia se extiende a la administración.  En tal sentido debe comprenderse el principio antes citado. 4.- Visto lo anterior, se pasa a analizar los elementos que afectan el acto administrativo. La estabilidad de los actos administrativos como carácter  básico en su estructura es siempre elemento a favor del administrado y en consecuencia  elemento primordial  en todo proceso de seguridad jurídica, por ello para no tener en cuenta las reglas señaladas en el artículo 73 del C.C.A, debe la administración distinguir que la revocación del acto no perjudique al administrado, ni a terceros que pudieron estar afectos al acto dictado por la administración. Revisemos para los efectos del presente análisis la figura de la revocación, como facultad propia de la administración para dejar sin efectos un acto administrativo de contenido particular pero que de manera alguna puede vulnerar derechos subjetivos adquiridos. Debe establecerse desde ya que esta posibilidad dada a la administración establece determinados limites, por cuanto debe la administración respetarlos y seguir unas reglas señaladas por el legislador. Cabe recordar que expresamente el artículo 73 de C.C.A establece que “Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podra ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular”. Como vemos se trata de una renuncia por parte del administrado, que se constituye en una clara declinación por parte del interesado de los derechos que el acto le confiere. Es clara esta disposición  y en consecuencia resulta violatorio de toda la normatividad pretender desconocer lo que allí la norma prescribe. 4.- En el estudio del artículo 73 del C.C.A., el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 6 de mayo de 1992 expresó: "De manera pues, que si para lograr la expedición de un acto administrativo que reconoce un derecho individual se ha hecho uso de medios ilegales, el derecho no es digno de protección y en ese  caso opera el mandato contenido en el artículo 69 del C.C.A., según el cual "Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores..." porque indudablemente se da la primera de las causales que dan lugar a la revocatoria directa. A juicio de la Sala, esta interpretación consulta los principios constitucionales y además constituye una especie de sanción para quienes recurren a medios ilegales para obtener derechos. Obviamente sólo en el caso de los actos provenientes del silencio adminsitrativo positivo, cuando se dan las causales contempladas en el artículo 69 del C.C.A. y cuando el titular del derecho se ha valido de medios ilegales para obtener el acto, puede revocarse directament sin su contenido expreso y escrito; no cabe este proceder, cuando la administración simplemente ha incurrido en error de hecho o de derecho, sin que tenga en ello participación el titular del derecho. En ese caso, estará obligada a demandar su propio acto ante la imposibilidad de obtener el consentimiento del particular para revocarlo." 5.- Resulta procedente entonces señalar que si un decreto reglamentario posterior permite suspender las situaciones jurídicas resultado de actos administrativos que no fueron debidamente impugnados, tal decreto se constituye en abiertamente violatorio de los derechos subjetivos, adquiridos por el administrador. Vemos entonces que la revocación de actos administrativos por parte de la administración, se constituye en términos de Marienhoff, en una verdadera excepción. "La revocabilidad del acto administrativo no puede ser inherente a su esencia, ni puede constituir el "principio en esta materia. La revocación del acto administrativo es una medida excepcional, verdaderamente anormal. En suma, la estabilidad de los derechos es una de las principales garantías del orden jurídico, a tal punto que puede incluso sentarse un principio general en tal sentido, que sólo podría ser objeto de excepción en casos concretos y ante norma expresa[11]". Ha dicho nuestro más alto Tribunal en este sentido: "Que no existe ningún precepto de la ley que declare inestables, revisables, revocables o anulables los actos administrativos de cualquier naturaleza y en cualquier tiempo, dejando los derechos nacidos o, consolidados a su amparo a merced del arbitrio o del diferente criterio de las autoridades"[12] Conviene aclarar que la estabilidad del acto creador de derechos alcanza a toda la administración en el doble sentido de que el acto administrativo de cualquier órgano o ente administrativo pueda ser "cosa juzgada administrada", sea un ente autárquico, empresa del Estado, y de que en la medida en que se ha producido la estabilidad, el acto no puede ser revocado por el mismo órgano que lo dictó por un órgano administrativo superior; en otras palabras, que la limitación a la facultad de revocar, modicar o sustituir un acto no sólo al órgano o ente emisor del mismo, sino a toda la administración.[13] 6.- Esta apreciación tiene importancia para el caso que motiva esta tutela. En efecto, la norma cuestionada (literal b- del art. 42 del Decreto 2665/88) permite al I.S.S. suspender una prestación social decretada legalmente. Pues bién, tal autorización deja SIN EFICACIA un acto administrativo, en otras palabras, atenta contra el principio de la ejecutividad. Adicionalmente el mencionado literal queda cuestionado por dos normas de la actual Constitución: el art. 238 que adscribe en la jurisdicción de lo Contencioso-adminsitrativo la facultad de suspender provisionalmente los efectos del acto administrativo (para el caso de esta tutela: el pago de la pensión) y el art. 83 que consagra el postulado de la buena fé (en el presente caso, como no cabe la revocatoria directa del acto administrativo porque no hay expreso y escrito consentimiento del titular, entonces, el literal b- del art. 42 del Decreto 2665/88, eludió tal situación y le quitó los efectos, siendo esto un ejemplo de ausencia de buena fé). Por estas razones hay que concluir que dicho literal es inconstitucional. Se dirá que hay la posibilidad de que el Estado y las entidades públicas demanden sus propios actos, esto se denomina "acción de lesividad[14]". Esta acción es una figura que, al igual que la revocación, limita la estabilidad propia de todo acto administrativo, por lo tanto debe sujetarse a precisos parámetros señalados por el legislador. Por ello, esta acción tiene una caducidad de dos años. Se afirma lo anterior porque desde 1984 el Decreto 01 que modificó el Código Contencioso Administrativo (expedido con fundamento en facultades extraordinarias) estableció que tratándose de la acción de restablecimiento del derecho, (la única que se predica de "situaciones individuales y concretas"), si el demandante es una entidad pública, la caducidad "será de dos años" (disposición repetida en el Decreto 2304 de 1989, art. 23). Y, el artículo 73 (también vigente hoy) es riguroso. Disposición que venía desde el Decreto 2733 de 1959.[15] Quiere decir lo anterior que si trascurrió el año de 1986 (2 años después del Decreto 01 de 1984) y no se demandó por la Entidad pública, la acción caducó y NO podía después efectuarse la revocatoria directa sin el consentimiento expreso del titular. Y si un decreto reglamentario posterior permite desconocer las situaciones jurídicas concretas que resultaron de actos administrativos que no fueron oportunamente impugnados, tal decreto es violatorio de derechos adquiridos y por lo tanto sería inconstitucional e ilegal. Es decir, es restringida y sujeta a caducidad la posibilidad de dejar sin efectos un acto de la administración que establece situaciones jurídicas de carácter particular y concreto, y esta facultad excepcional le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa. Además, existe la protección a la cosa juzgada administrativa, en cuanto favorece al administrado. Este aspecto lo desarrolla CASSAGNE, así: "Hace mucho -aproximadamente hasta la segunda mitad de este siglo- se sostenía la existencia de un principio que caracterízaba al acto administrativo y lo tornaba diferente del acto del derecho privado: la regla de la revocabilidad. Tal principio es contemporáneo a la construcción de la teoría del acto administrativo como acto exclusivamente unilateral, donde al caracterizarlo como producto de un solo sujeto estatal dotado de prerrogativas de poder público, el mismo podía revocar el acto sin necesidad de obtener la conformidad del administrado. De esta manera, a diferencia de los actos de derecho privado -que eran en principio irrevocables como regla general puesto que la existencia de los contratos hacía imposible la aceptación del dogma de la revocabilidad- un sector de la doctrina ha sostenido que éste era de la esencia del acto administrativo. Sin embargo, como reacción contra el absolutismo que entrañaba la tesis del acto unilateral esencialmente revocable, surgió una suerte de protección contra la posibilidad de extinguir ciertos actos en la Administración Pública, dando origen a la institución de la denominada "cosa juzgada administrativa", a pesar, a pesar de que su régimen no fuera enteramente similar al de la cosa juzgada judicial. En efecto, la cosa juzgada administrativa se distingue de la cosa juzgada judicial por dos aspectos esenciales: a) se trata de una inmutabilidad estrictamente formal -no material- en el sentido de que nada impide que el acto que tiene estabilidad en sede administrativa sea después extinguido por el órgano judicial; y b) porque siempre se admite la revocación favorable al administrado. Pero lo cierto es que por influencia especialmente de los teóricos alemanes la tesis de la "cosa juzgada administrativa" fue ganando adeptos sin que se advirtieran mayormente las transformaciones que se operaban en forma contemporánea en el campo del derecho administrativo".[16] En la doctrina moderna, ha sido superado el concepto de Bielsa quien sostenía que "el acto administrativo es, por principio general, revocable" y hoy se admite la inmutabilidad formal que implica que la revocabilidad sólo procede en circunstancias de excepción y no procede cuando viola leyes superiores, como ya ha quedado explicado. Para el caso concreto, la cosa juzgada administrativa se predica del acto adminstrativo que concedió la pensión. Y el acto posterior (suspensión de la pensión), hecho extemporáneamente, no tiene la fuerza suficiente para sostener la opinión de que adquirió la presunción de legalidad, porque la suspensión se ampara en una norma ilegal e inconstitucional, según se dijo antes y se corrobora a continuación. 7.- El Decreto 2665 de 1988, es un DECRETO REGLAMENTARIO, expedido con invocación del numeral 3º del artículo 120 de la antigua Constitución. Este Decreto reglamentario, permitió la suspensión de las prestaciones sociales y de salud concretas cuando violaran el reglamento del I.S.S. Si el Decreto 2665 de 1988  se expidió con fundamento en el artículo 120 numeral 3º  de la anterior Constitución, ha debido respetarse lo dicho allí: que el decreto busca "la cumplida ejecución de la leyes". Pues bién, no se ajustó a la ley porque pasó por alto las normas del Código Contencioso Administrativo antes señaladas. Con mayor razón es inconstitucional hoy porque viola los artículos 1º, 2º, 58, 123 de la Constitución Política.  Los artículos 2º y 58 porque las autoridades de la República deben proteger los "bienes" (dentro de ellos están las pensiones) y garantizar "los derechos adquiridos" (una resolución que otorga una pensión crea un derecho). El 123 por cuanto los servidores públicos "ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, ley y el reglamento" y ocurre que el literal b- del artículo 42 del Decreto en mención consagró una suspensión que violaba normas del Código Contencioso. Y, por último, se desconoce el artículo 1º de la Carta que consagra el Estado Social de Derecho. Por consiguiente, no es justo que en 1995, veinte años después de decretada una sustitución pensional[17], venga a tomarse la decisión unilateral de suspenderla con la disculpa, muy discutible, de que en 1973, el cónyuge supérstite no tenía derecho a ella y con invocación de un decreto reglamentario al cual se le aplican las excepciones de inconstitucionalidad (art. 4º C.P.) y de legalidad; y con el desconocimiento de los principios, caracteres y consecuencias de todo acto administrativo. La determinación del I.S.S. al suspender la pensión de sobrevivientes, no sólo es susceptible de demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sino de tutela y ocasiona un perjuicio irremediable. Como esto último no fue bién comprendido por el ad-quem, se requiere repetir lo ya dicho por la Corporación en numerosos casos." En la citada sentencia la tutela prosperó, pero no sólo existe tal antecedente: 8.- En un caso similar[18] dijo la Corte Constitucional: "Al respecto, ha sostenido el H. Consejo de Estado[19] que tanto el artículo 24 del Decreto 2733 de 1959, como el inciso 1o. del 73 del C.C.A., tienen por finalidad, garantizar la protección de los derechos individuales y la firmeza de las situaciones jurídicas de carácter particular y concreto, para que no puedan ser revocados ni los unos ni las otras, en forma unilateral por la administración. Lo que se busca con la prohibición o restricción legal al ejercicio de la revocatoria por parte de la administración, se funda en la inmutabilidad de los actos administrativos que hayan consagrado un derecho subjetivo a favor de un particular -inmutabilidad que se sustenta en la necesaria seguridad jurídica que debe asistir a los administrados en sus relaciones con la administración-, los cuales gozan del principio de la irrevocabilidad por parte de la administración, a fin de evitar que ésta sea el juez de sus propios actos. En consecuencia, creada una situación jurídica individual, como la que se configuró para la accionante en virtud de la Resolución No. 011844 de 1992 emanada del Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Cundinamarca, ésta es irrevocable unilateralmente por la administración, salvo que concurra el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho. Contrario a lo dispuesto en el artículo 73 del C.C.A., el Instituto de los Seguros Sociales expidió la Resolución No. 08217 de junio 10 de 1994, por medio de la cual revocó la Resolución No. 011844 de 1992 -acto de carácter particular y concreto en virtud de la cual se reconoció la pensión para sobrevivientes en cabeza de la accionante y de sus hijos-, razón ésta que conduce a estimar el desconocimiento y la violación del ordenamiento legal citado, ya que el acto administrativo señalado que era irrevocable, fue revocado en forma unilaterial por la entidad accionada, sin consentimiento de la titular del derecho. Adicionalmente, no se cumplió el requisito previo que permitía legalmente la revocatoria del acto administrativo que le reconoció el derecho a la señora Mateus Cantor, cual era el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. Por el contrario, ésta controvierte la decisión injustificada de la administración que desconoce su derecho. En estos casos, lo procedente no es la revocatoria directa del acto administrativo creador de una situación jurídica individual y colectiva, sino la acción correspondiente ante la jurisdicción competente a fin de que se obtenga la nulidad de dicho acto por quebrantar preceptos superiores de derecho." C. EL CASO CONCRETO. Centrada la discusión en el literal b- del artículo 42 del Decreto 2665 de 1988, se tiene que, invocada la excepción de inconstitucionalidad del literal b- del artículo 42 del Decreto 2665 de 1988, esto implica también la excepción de inconstitucionalidad para la Resolución que suspendió la pensión, invocando tal Decreto reglamentario. Por supuesto que hay que recordar la aclaración ya hecha en esta sentencia: El principio de ejecutoriedad, en el caso de sustitución pensional, por parte de la cónyuge, tiene excepciones legales: cuando la cónyuge sobreviviente pasa a hacer vida marital. Pero no es el caso de esta tutela puesto que la Resolución 8302 de 9 de diciembre de 1994 que suspendió la sustitución pensional concedida 3 años antes, expresamente hace referencia al tantas veces citado numeral b- del artículo 42 del decreto 2665/88 que habla de que "NO SE TENIA DERECHO" a la prestación y por eso en la Resolución se dice que "la pensionada no convivía con el causante, al momento del fallecimiento" y se agrega que "se encontraba en Estados Unidos donde hace vida conyugal con el señor Gilberto Sánchez". Ocurre que cuando se concedió la prestación, el 14 de junio de 1991 (Resolución 3094), el I.S.S. dijo que: "se comprobó que la solicitud reune los requisitos legales exigidos para su otorgamiento", y, en efecto, se presentó y obra en el expediente del I.S.S.. -Registro Civil de matrimonio. -Procreó hijos con el trabajador fallecido. -En el seguro de invalidez, vejez y muerte, aparece el nombre de Celia Monsalve. -El 31 de enero de 1991, de conformidad con el inciso 3º del art. 1º del Decreto 1557 de 1989, declaran MARIA GRISALES y BLANCA RENDON que desde hace muchos años conocían a Celia Monsalve y les consta que estaba casada con Parra, "Con quien vivió bajo el mismo techo hasta el día de ser muerte ocurrido el 31 de diciembre de 1990 y de quien dependía económicamente". -El Instituto publicó el 15 de abril de 1991, en el periódico "Occidente" la lista de sus afiliados fallecidos para que quienes se creyeran con algún derecho se presentaran a reclamar en el término de 30 días hábiles. En el listado aparecía Parra y figuraba "Monsalve Castaño Celia" como única persona que se había presentado a reclamar para ella y su hijo. Pasaron los 30 días y como nadie más se presentó, la pensión se le adjudicó a la esposa y el hijo, como era lo legal; con base en estas mismas pruebas no se puede venir a decir después que el señor Parra no vivía con su esposa y que ésta vivía en otro país con un señor Sánchez. En ningún instante las pruebas han sido puestas en entredicho, no hay decisión judicial que les quite su valor, no hay investigación penal alguna contra los declarantes, entonces, por qué se revoca en la práctica una Resolución en firme? Por un anónimo que aparece 3 años después? Cuando el anónimo llegó al I.S.S., diciéndose que la compañera de Parra era Nancy Bermúdez, el mismo I.S.S. hizo 3 llamadas a la empresa donde trabaja Parra y allí no se le suministró ninguna información para ubicar a la Bermúdez. Y, el Instituto, en 1995, directamente le recibió declaración a Hugo Clávijo, quien frecuentaba al matrimonio Parra-Monsalve y expresa que no conoció a Nancy Bermúdez y por el contrario Celia y Parra"eran esposos, vivian en la misma casa"; y, en el mismo sentido se expresa Carlota Sánchez de Calderon, quien bajo juramento también dijo en el I.S.S.: "Ella (Celia) se queria mucho con Aquileo, y, además se que a ella lo que le interaba era trabajar y regresarse a ver a su esposo y a sus hijos y ayudar en la casa con la plata que conseguía allá (en EE.UU.)". En conclusión, tanto las pruebas aportadas para la concesión de la prestación, como las allegadas años después demuestran que Celia Monsalve TENIA derecho a la sustitución pensional, luego la Resolución que la concedió no está afectada por causa legítima que la deje sin efecto (al menos por ahora) y, como se suspendió el pago de la prestación, que es muy escasa, porque cuando se concedió en 1991 le correspondía a Celia Monsalve $25.860,oo (Resolución 3094), salta a la vista que a esta mujer, modista de profesión, madre de 3 hijos, si se le está ocasionando un perjuicio irremediable y su caso se ubica dentro de los parámetros tomados en las sentencias T-189, T-292 y T-355, todas de 1995. En mérito de lo expuesto, la Sala 7ª de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución RESUELVE: PRIMERO.- REVOCAR las sentencia de 24 de febrero de 1995 del Juzgado 2º Laboral de Cali y de 24 de marzo del mismo año de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, proferidas en la tutela de la referencia. SEGUNDO.- CONCEDER la tutela y, consecuencialmente, ORDENAR al Instituto de Seguro Sociales que en el término de 48 horas continúe pagando a Celia Monsalve de Parra la sustitución pensional que motivó la presente tutela y se le cancelen las mesadas debidas. TERCERO.- Líbrense por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO.- El Juzgado de 1ª Instancia vigilará el cumplimiento de este fallo. Notifíquese, comuníquese y cópiese, cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA. Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1]Ver sentencia T- 313/95, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero, T-181/93, Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara, T-355/95, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero, sentneica de la Corte Suprema de Justicia de 28 de febrero de 1946, Magistrado Ponente: Anibal Cardoso Gaitán. [2]Ver sentencia T-292/95, Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz. [3]Nótese que este caso es muy diferente a la suspensión de una pensión de invalidez cuando el pensionado no se somete a las revisiones médicas. [4]Ver Agustín Gordillo, Procedimiento y recursos administrativos. [5]Ver Juan Carlos Cassagne, El Acto administrativo. [6]Ibidem, pág. 331. [7]Marienhoff Miguel, Tratado de derecho administrativo, T. II, Pág. 374 [8]Ibidem, pág. 357. [9] Rodrigez Moro. La Ejecutividad del Acto Adminstrativo, Madrid, 1949 pág 32 [10] García Trevijano, Jose Antonio, los Actos Administrativos, Editorial Civitas S.A,Madrid 1986, Pág 108. [11]Gordillo Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Ediciones Macchi , Buenos Aires, 1979. [12]Idem. [13]Ibidem, Pág. 68. [14]"LESIVIDAD. En la definición de Vivancos, la cualidad que hace anulable, por los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, un acto de la administración que lesiona los intereses públicos, de orden económico o de otra naturaleza, dictado con antigüedad no superior a 4 años y aquejado de ilegalidad simple o no manifiesta. La declaración de lesividad corresponde: 1º cuando se trate de la administración estatal, al ministro del ramo por orden ministerial, o al Consejo de ministros, por orden acordada; 2º cuando se trate de una corporación local, por acuerdo del ayuntamiento en pleno o de la diputación provincial; 3º cuando se trate de un ente público institucional, por resolución del mismo conforme a sus normas vigentes." Diccionario enciclopédico de derecho usual, V. Pág. 130, Guillermo Cabanellas. [15]En el Decreto  2733 de 1959 la revocación directa podía ser en cualquier tiempo (art. 22), PERO "cuando el acto administrativo haya creado una situación jurídica individual, o reconocido un derecho de igual categoría, no podra ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular". [16]CASSAGNE, Juan Carlos, "El Acto Administrativo". Pág. 383 [17]La prescripción máxima es de 20 años. [18]Sentencia T-189/95, Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara. Tema: Revocatoria del reconocimiento de una pensión de sobrevivientes. [19] Cfr. Consejo de Estado, Sentencia de mayo 6 de 1992. Sección Segunda.

T-383-95 Sentencia No Sentencia No. T-383/95 LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA/ACCION DE TUTELA INTERPUESTA POR  CONYUGE/ACCION DE TUTELA-Informalidad La acción de tuela que se estudia tiene como presunta beneficiaria a la señora xx, de 28 años de edad, quien clínicamente está normal, en condiciones generales estables según el médico forense, luego es persona apta para acudir ante el Juez y solicitar el amparo. Sin embargo, impetra la tutela quien dice ser  su esposo. En verdad, carecería de personería sustantiva. SERVICIOS PUBLICOS/SERVICIO PUBLICO DE SALUD/PRINCIPIO DE CONTINUIDAD El servicio público se caracteriza por la continuidad  en la prestación del mismo. La atención a la salud es un servicio público a cargo de la entidad responsable. Por lo tanto, al ser la salud un servicio público no puede interrumpirse su prestación  por su carácter inherente a la existencia misma del ser humano y del respeto a su dignidad." En el presente caso, no se puede invocar la continuidad por la sencilla razón de que la señora ni siquiera había sido inscrita en el I.S.S.. PERJUICIO IRREMEDIABLE-Inexistencia/INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Inscripción/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL En este caso no hay peligro inminente y grave para la vida o integridad personal de la señora, luego no hay un perjuicio irremediable. Ella ha debido instaurar personalmente la tutela, por este aspecto. Si la señora cree que la no inscripción le ha ocasionado perjuicios, otra es la vía adecuada para reclamar (reparación directa ante lo contencioso-administrativo), pero no por tutela porque el perjuicio no es irremediable. REF:EXPEDIENTES T- 69556 Peticionarios: Orlando Velasco García Procedencia: Juzgados 3º Penal del Circuito de Santander (Cauca). Temas: -Mora en los aportes al I.S.S. -De la continuidad en el servicio público de salud. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. Santa Fe de Bogotá D.C., agosto (31) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-69556 adelantado por Orlando Velasco García a nombre de Elizabeth Montilla, al parecer su cónyuge, contra el "servicio de salud del Cauca", pero, en realidad es el Instituto de Seguros Sociales. I. ANTECEDENTES 1. Solicitud. La sentencia que se revisa, resume así la petición: Dice el quejoso que a pesar de que tiene un comprobante de afiliación al Instituto de los Seguros  Sociales, esa entidad le negó los servicios médicos a su señora esposa en razón a que el hospital de la localidad, quien hace las veces de empleador por laborar para él, se encuentra en mora, ya que no ha cancelado las cuotas de afiliación correspondiente, a pesar de que mensualmente se los deducen de su salario. Solicita el peticionario que se de una solución rápida al problema presentado por cuanto se señora esposa requiere de tratamiento urgente y por parte de médicos especialistas". 2. La actitud del I.S.S. es explicada dentro del fallo en los siguientes términos: "que a la fecha de la contestación de la demanda el Hospital Francisco de Paula Santander se encuentra en mora por no haber cancelado los aporte correspondientes entre el mes de junio de 1994 y el mes de enero de 1995; que dicho hospital, canceló el 4 de marzo del año en curso los aportes correspondientes al ciclo de cotización de febrero de 1995 y en dicha autoliquidación figura el señor Orlando Velasco García como trabajador al servicio de ese hospital y que en consecuencia, como todos los afiliados al seguro, al cotizar por el sistema general de seguridad social en salud, tiene cobertura familiar en los términos del artículo 163 de la Ley 100 de 1993, que incluye al cónyuge. Que la señora Elizabeth Montilla no ha sido inscrita como beneficiaria del señor Orlando Velasco García ante el Instituto de los Seguros Sociales y por tanto no ha sido usuaria de los servicios médicos que presta la institución; que el Instituto desconoce que tipo de enfermedad padece la mencionada señora y que demandó los servicios asistenciales a través de una llamada telefónica.-" 3.- Pruebas. Es de resaltar lo siguiente: Los Médicos Forenses envían la evaluación de estado de salud de la señora Elizabeth Montilla, advierten que no aparenta enfermedad aguda y que al momento del exámen se encuentra en aparentes condiciones generales estables y por lo tanto, no se puede hablar de que esté en inminente peligro. 4.- Sentencia del 7 de abril de 1995, Juzgado Tercero Penal del Circuito de Santander de Quilichao. El fallo de única instancia resolvió: "PRIMERO.- NEGAR la acción de tutela instaurada por el señor Orlando Velasco García en contra del Instituto de los Seguros Sociales  por considerar que no se ha violado el derecho invocado por cuanto le asiste razón en negar los servivios médicos a su señora esposa Elizabeth  Montilla, en razón a que no se encuentra inscrita como usuaria de ese Instituto y porque el empleador del peticionario está en mora en el pago de los aportes." "SEGUNDO.- Oficiar al señor Director del Hospital Francisco de Paula Santander de la ciudad en la urgente necesidad de que ese centro hospitalario cancele la deuda contraída con el Instituto de los Seguros Sociales en razón a lo aportes de los empleados que se afiliaron a esa empresa prestataria de salud y que fueron enviados a la Caja Nacional de Previsión Social". FUNDAMENTOS JURIDICOS A. COMPETENCIA. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación B. EL CASO CONCRETO FRENTE A LA TUTELA. 1. La acción de tuela que se estudia tiene como presunta beneficiaria a la señora Elizabeth Montilla, de 28 años de edad, quien clínicamente está normal, en condiciones generales estables según el médico forense, luego es persona apta para acudir ante el Juez y solicitar el amparo. Sin embargo, impetra la tutela quien dice ser  su esposo. En verdad, carecería de personería sustantiva. Pero, en gracia a la informalidad de la tutela, se entra a decidir la acción, recordando algunas jurisprudencias referentes al incumplimiento del empleador en el pago de cotizaciones al I.S.S. y a la continuidad en el servicio público de salud pero aclarándose que esto no significa que en el caso concreto prospera la acción, sino que se ratifican conceptos por pedagogía constitucional y porque es indispensable hacer tales precisiones frente a las consideraciones de la sentencia que se revisa. Esta Sala de Revisión en la sentencia T-406/93 se refirió a las incidencias de la mora en el pago de los aportes al I.S.S.: “Los inconvenientes que se presenten en el desarrollo del contrato entre la Institución de Seguridad Social y el patrono, no deben influir sobre la prestación del servicio médico, porque atenta contra los mas elementales derechos de la persona que la entidad obligada se desentienda de su responsabilidad -inherente al concepto y al sentido de la seguridad social-”. Y, la Sala 3ªde Revisión. T-287/95 dice: "Sobre las consecuencias del incumplimiento del empleador de afiliar a los trabajadores y cotizar oportunamente al seguro social según lo dispuesto en la ley y en sus reglamentos, la Corte ha sostenido lo siguiente: “La efectividad de este derecho no sólo corresponde al trabajador, quien tiene la obligación de afiliar a sus empleados al seguro social. Esto significa que la empresa no puede ser indiferente en relación con la suerte que corra el derecho a la seguridad social de los asalariados, por el contrario, el patrono tiene que velar porque ellos vean satisfecho este servicio de manera real y efectiva. “Ahora bien, en el evento de que el empleador no utilice el sistema de seguridad social estatal, la satisfacción del servicio le corresponde directamente, como resultado de un deber que jurídicamente le pertenece. La existencia del sistema de seguridad social no desplaza la obligación primaria redicada en cabeza del patrono”. Era, pues, obligación afiliar al trabajador al I.S.S.. Dado que, en el presente caso, Orlando Velasco se había retirado de la Caja Nacional de Previsión para ampararse bajo cobertura del I.S.S. tiene derecho de que su cónyuge también sea amparada; pero si no la ha inscrito, si dentro del expediente no hay prueba de que sea su esposo, no es posible bajo la tutela ordenar tal cobertura. Si no le correspondía, aún, al I.S.S. atender a la señora Montilla porque no estaba inscrita, menos aún si se estaba en un tránsito de cobertura y el I.S.S. no tenía, al menos en aquel entonces, la obligación de atender a alguien NO afiliado. Pero, esto no quiere decir que se ponga en tela de juicio el servicio público de salud, todo lo contrario, tal servicio se caracteriza por la CONTINUIDAD. La Corte dijo sobre este tópico, en la ya citada sentencia T-406/93: "De la continuidad en el servicio público de la salud. El artículo 365 de la Constitución Política  consagra que "los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional".  La finalidad social del Estado  frente a la prestación eficiente de los servicios públicos, surge del análisis de los artículos  2º,  que establece como uno de los principios fundamentales los fines esenciales del estado "asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado", del artículo 113  que se basa en el principio de la separación de poderes para la realización de los fines del Estado y del artículo 209  que se refiere al principio de eficacia en la función administrativa. Así pues, los servicios públicos son el medio por el cual el estado realiza los fines esenciales de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes constitucionales. Pero además,  el artículo 1º del Decreto 753 de 1956 trae la definición   del servicio público como toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas. En este orden de ideas, tanto de la Constitución como de la ley se extrae que los principios  esenciales comunes al servicio público se vinculan a las siguientes ideas: continuidad, adaptación a las nuevas circunstancias e igualdad. Para el caso que ocupa a esta Sala de Revisión,  el principio de la continuidad es el que genera  más  atención  en esta  sentencia . El servicio público responde por definición  a una necesidad de interés general; ahora bien, la satisfacción del interés general no podría ser discontinua; toda interrupción puede ocasionar problemas graves para la vida colectiva. La prestación del servicio público no puede tolerar interrupciones. La continuidad contribuye a la eficiencia de la prestación, pues sólo así ésta será oportuna y se da cumplimiento a la función administrativa consagrada en el artículo 209 de la Constitución Política. Pero la continuidad no siempre debe entenderse en sentido absoluto; puede ser relativa. Es una continuidad que depende de la índole de la necesidad a que se refiere el servicio: por eso es que en unos casos será absoluta y en otros relativa. Los servicios de carácter permanente o constante requieren una continuidad absoluta; es lo que ocurre por ejemplo con la asistencia médica, los servicios de agua, energía  etc; o relativa como el servicio de bomberos.  Lo cierto es que en ambos casos -absoluta o relativa-, existirá la pertinente continuidad requerida por el servicio público, pues él depende de la índole de la necesidad a satisfacer. Siempre que exista la necesidad o tan pronto  esta aparezca, el servicio público sea prestado de inmediato. A manera DE conclusión considera la Sala de Revisión que el servicio público se caracteriza por la continuidad  en la prestación del mismo. A su vez el  artículo 49 de la Constitución consagra que la atención a la salud es un servicio público a cargo de la entidad responsable. Por lo tanto, al ser la salud un servicio público no puede interrumpirse su prestación  por su carácter inherente a la existencia misma del ser humano y del respeto a su dignidad." Significa lo anterior que por el principio de CONTINUIDAD, no es válido invocar la excepción de contrato no cumplido, a menos que sea insoportable la situación, o porque, como en el presente caso, no se puede invocar la continuidad por la sencilla razón de que la señora ni siquiera había sido inscrita en el I.S.S.. Además, la prueba indica que no hay peligro inminente y grave para la vida o integridad personal de la señora, luego no hay un perjuicio irremediable. Ella ha debido instaurar personalmente la tutela, por este aspecto. Si la señora cree que la no inscripción le ha ocasionado perjuicios, otra es la vía adecuada para reclamar (reparación directa ante lo contencioso-administrativo), pero no por tutela porque el perjuicio no es irremediable. No obstante que la tutela no es procedente, de todas formas ha habido desidia por parte del empleador, precisamente el Hospital Francisco de Paula Santander de Santander de Quilichao, y esto no debiera ocurrir, luego se impone  informar a la autoridad respectiva para que adelante las investigaciones a que hubiera lugar por tal omisión; pero no el llamado a prevención que hizo el juzgado porque implica, en la forma como se redactó, una orden dada dentro de una tutela que no prosperó. En mérito de lo expuesto la Sala 7ª de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. RESUELVE: PRIMERO.- CONFIRMAR el numeral 1º de la sentencia que se revisa, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Santander de Quilichao, pero por las razones expuestas en el presente fallo. SEGUNDO.- REVOCAR el numeral 2º de dicho fallo. TERCERO.- Remitir copia de esta sentencia a la Superintendencia de Salud para que, si lo estime pertinente, se investigue al Hospital Francisco de Paula Santander de Santander de Quilichao por la mora en los aportes al I.S.S.. CUARTO.- Para efectos del art. 36 del Decreto 2591 de 1991, se oficiará al Juez de Primera instancia. Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta de La Corte Constitucional y cúmplase. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General.

T-384-95 Sentencia No. T-384/95 Sentencia No. T-384/95 REGLAMENTO UNIVERSITARIO-Aplicación irregular/DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración/DERECHO A LA EDUCACION-Vulneración por falta de pago/PLANTEL EDUCATIVO-Pago extemporáneo/ESTUDIANTE-Trato discriminatorio Es censurable bajo todo punto de vista la actitud adoptada por la Facultad de Derecho, al aplicar  drásticamente el reglamento al peticionario, cuando en la mayoría de los casos en que se autorizó el pago en forma extemporánea las directivas fueron laxas, e incluso llegaron a inaplicar sus estatutos, pues si se hubiese dado a todos el mismo tratamiento, la mayoría de las autorizaciones por las que se indagó en la ampliación del informe, habrían sido negadas. En otros casos, ni siquiera se encontró la solicitud escrita, requisito necesario según lo afirmó la directora financiera. Existiendo un manejo administrativo tan irregular, mal puede la Universidad aducir que la solicitud fue presentada extemporáneamente, ya que para hablar de extemporaneidad, se requiere de un término que efectívamente se cumpla, y en este caso no existe por culpa de la administración. REF.: EXPEDIENTES  T - 64252 y T- 72223 (acumulados) Acción de tutela contra la Universidad La Gran Colombia por violación del derecho a  la igualdad y el derecho a la autonomía universitaria. DEMANDANTE: JOSE VICENTE VARGAS ROJAS. MAGISTRADO PONENTE:   Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ. Santafé de Bogotá, D.C., Primero (1) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria Díaz, este último en calidad de ponente, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION, Procede a fallar en la revisión de sentencias de instancia dictadas en el trámite de los procesos de la referencia. ANTECEDENTES 1. ACUMULACION DE PROCESOS La Sala de Selección Número Seis (6), integrada por los Magistrados Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, en auto de junio 14 de 1995, resolvió acumular los expedientes T - 72223 y  T- 64252 por presentar unidad de materia. 2. EXPEDIENTE T- 64252 El ciudadano José Vicente Vargas Rojas interpuso acción de tutela contra la Universidad La Gran Colombia por los siguientes hechos: El actor cursó el octavo semestre de Derecho en esa Universidad durante el segundo periodo académico de 1994. Debido a  problemas económicos, generados por los gastos - según alega-,  del sepelio de uno de sus hermanos, y por su inestabilidad laboral, no pudo cancelar el valor de la matrícula correspondiente a dicho período, dentro de las fechas señaladas por la Facultad. Confiando en hacerlo, cursó y aprobó las materias correspondientes a su orden de matrícula. El 7 de diciembre, solicitó autorización a la oficina financiera para efectuar el pago en forma extemporánea, pero le fue negada. Sostiene el actor que a otros estudiantes les fue concedida similar autorización, aunque presentaron su petición con posteridad a la culminación del respectivo período académico. Considera vulnerado su derecho a la igualdad, solicita que se ordene a la Universidad autorizar el pago de la matrícula correspondiente al octavo semestre, y la expedición de la orden de matrícula para el siguiente periodo académico, a cursarse durante 1996, por el cambio de la programación académica de semestral a anual. 3. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Ochenta y Seis Penal Municipal de Santafé de Bogotá D.C., en fallo proferido el 20 de enero de 1995, concedió la tutela, para proteger los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, ordenó a la división financiera de la Universidad La Gran Colombia expedir la orden de pago correspondiente al octavo semestre en un término improrrogable de 48 horas, e igualmente ordenó a esa entidad conceder al actor la oportunidad de estar académicamente al día. El a-quo fundamentó su fallo en las consideraciones que a continuación se resumen: La Constitución Política de 1991 logró un significativo avance en materia de derechos y libertades, señalando que a través de la acción de tutela se logran hacer efectivos tales derechos en determinados casos. La aplicación del derecho a la igualdad, en las actividades en las que se ejerce otro derecho fundamental como el derecho a la educación, sirve para contrarrestar y neutralizar las arbitrariedades y discriminaciones a que pueden ser sometidos los individuos que están en "circunstancias de debilidad manifiesta". El argumento esgrimido por la división financiera de la Universidad, no justifica la determinación de negarle al actor la autorización de pago. De las pruebas recaudadas se infiere que hubo un trato discriminatorio, por cuanto la Universidad autorizó pagos de la matrícula correspondiente  a los estudiantes Eduardo Mancera R. y Benjamín Ortiz Torres el 22 de diciembre de 1994. La universidad no tiene un criterio fijo para decidir los casos de extemporaneidad en el pago; tal pauta normativa no puede ser laxa en algunos casos y rígida en otros, violando el derecho a la igualdad, como se  comprobó en este proceso. FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA El Juzgado Cuarenta y Siete Penal del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., mediante sentencia de febrero 14 de 1995, revocó íntegramente la decisión del a-quo y consecuentemente negó la  tutela, basado en las siguientes consideraciones: El actor no es estudiante regular del claustro universitario porque no cumplió con su parte en el contrato bilateral celebrado con la Universidad, para el período académico julio - noviembre de 1994. El alumno pretendido no se  matriculó. Si el estudiante tuvo problemas económicos, la Universidad brinda una modalidad de crédito que nunca fue requerida por el. Recalcó la condición de estudiante irregular del actor, puesto que no siguió una serie de trámites administrativos disponibles para legalizar su situación, razón por la cual no figuró en listas, y si a pesar de ello fue calificado su desempeño, lo fue por una actitud benevolente de los profesores, que en ningún momento generó un vínculo con la Universidad. Con respecto a los estudiantes que cancelaron en fechas posteriores, no se puede predicar la condición de igualdad, pues ellos iniciaron los trámites de la prórroga antes de terminar el periodo académico. 5. EXPEDIENTE T - 72223. El mismo ciudadano interpuso la segunda tutela contra la Universidad La Gran Colombia, alegando que nuevamente fue violado su derecho a la igualdad. Señala como  actual causa de queja, la expedición, por la entidad demandada, de la Resolución 016 de febrero 27 de 1995, mediante la cual se otorga un plazo a todos los estudiantes para legalizar su situación financiera, excepción hecha de las personas que hayan ejercido acciones contra la Universidad o la Facultad. Con tal excepción, otra vez se le impide pagar el semestre cursado y aprobado, pero ésta por haber demandado sus derechos judicialmente. Considera vulnerados sus derechos a la igualdad, la educación y al libre desarrollo de la personalidad. Solicita que se ordene a la Universidad aceptar el pago, registrar la matrícula y las calificaciones obtenidas y garantizar su permanencia en el programa académico. 5.1. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., en fallo de marzo 29 de 1995, concedió la tutela y ordenó  a la Universidad recibir los dineros correspondientes a la matrícula, para que el actor pueda continuar sus estudios de Derecho. La decisión judicial se basó en las siguientes consideraciones: La autonomía universitaria les permite a los centros de estudios superiores darse su propio reglamento y adecuarlo a sus necesidades, realizar actividades y seguir programas académicos acordes con su orientación, todo ello con miras a cumplir su misión social y su función institucional. Ello no implica para las universidades la autorización de una facultad normativa absoluta en su favor, ni les permite adoptar actitudes que sitúen a los estudiantes en estado de indefensión. Acudir a la administración de justicia en procura de solución a un conflicto entre la Universidad y el estudiante, no puede ser objeto de represalia académica. Tanto la universidad como los estudiantes son sujetos de derecho, y si no se logra un acuerdo entre las partes, es lógico y debido acudir al juez competente para solucionar la diferencia. El artículo 4 de la resolución en comento, viola el derecho a la igualdad, pues injustificadamente les niega la prorroga general a las personas que ejercieron su derecho fundamental de acudir ante la administración de justicia sin temeridad. 5.2. FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D.C. - Sala Civil-, mediante sentencia de mayo 18 de 1995 confirmó el fallo impugnado, en atención a las siguientes consideraciones: La resolución acusada vulnera no sólo el derecho a la igualdad, sino el derecho al libre acceso a la administración de justicia. Estima el Tribunal que el hecho de ejercer una acción judicial no es motivo válido para negarle a quien la interpuso la prorroga concedida a los demás estudiantes. Los derechos fundamentales a la igualdad, educación, libre desarrollo de la personalidad, y libre acceso a la administración de justicia, prevalecen sobre la autonomía universitaria. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. COMPETENCIA Esta Corte es competente para revisar los fallos en referencia de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241- 10 de la Constitución Política y en el Decreto 2591/91. 2. DERECHO A LA IGUALDAD. El actor alega que varios estudiantes de la Universidad demandada se encontraban en su misma situación de hecho: habían cursado uno o más semestres académicos, sin pagar previamente la suma correspondiente a matrícula. El y otros de los que se encontraban en esta situación solicitaron autorización para ponerse a paz y salvo; pero la administración le dio trato discriminatorio, pues al denegar su petición, dio aplicación a una norma restrictiva que no aplicó igualmente a los demás solicitantes. A su vez, la Universidad La Gran Colombia aduce ( y su alegato fue atendido por el juez de segunda instancia en el proceso T - 64252), que aplicó a todas las solicitudes la misma normatividad y que, si al actor - a diferencia de otros - le fue negada la autorización  para el pago, esto no constituye un acto de discriminación, pues obedece a una diferencia relevante en la situación de hecho: el actor presentó su solicitud después de terminarse el período lectivo, y cuando ya se habían calificado las materias del mismo, mientras los demás tramitaron la autorización de pago antes de que terminase. Al respecto - arguye-  debe insistirse en la doctrina expuesta en la sentencia C - 530 /93 - Magistrado Alejandro Martínez Caballero-, en la que se fijaron los siguientes lineamientos en la materia: l "El principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta permite conferir un trato distinto a diferentes personas siempre que se den las siguientes condiciones: - En primer lugar, que las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho; - En segundo lugar, que el trato distinto que se les otorga tenga una finalidad; - En tercer lugar, que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales; - En cuarto lugar, que el supuesto de hecho -esto es, la diferencia de situación, la finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga- sean coherentes entre sí o, lo que es lo mismo, guarden una racionalidad interna; - Y en quinto lugar, que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que la consecuencia jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican. Si concurren pues estas cinco circunstancias, el trato diferente será admisible y por ello constitutivo de una diferenciación constitucionalmente legítima; en caso contrario, el otorgar un trato desigual será una discriminación contraria a la Constitución". 3. DE LAS PRUEBAS Y LOS CASOS EN CONCRETO. Para mejor proveer, este despacho practicó una inspección judicial a las instalaciones de la Universidad la Gran Colombia el día 23 de junio de 1995; allí se encontraron solicitudes extemporáneas de pago correspondientes a  semestres y años anteriores, autorizadas por la administración universitaria en el mismo período en que fue denegada la petición del actor. Los casos más significativos fueron: - Libardo Laguna Maldonado quien pagó el 8 de noviembre de 1994 el primer semestre de 1994. - Edmundo Jiménez Valest quien pagó el 2 de diciembre de 1994 el primer semestre de 1989. - Hermes Téllez Quiroga quien pagó el 13 de diciembre de 1994 el primer semestre de 1990 y el primer semestre de 1991. - Nayibe Lozano Cruz quien pagó el 20 de diciembre de 1994 el primer semestre de 1994. Como según los testimonios del Rector, el Decano Emérito de la Facultad de Derecho, y la Directora Financiera de la entidad demandada, lo que diferencia al actor de los demás solicitantes es la oportunidad de la presentación de la solicitud, la Corte pidió a la Universidad una justificación para que se hubieran autorizado los pagos anteriormente citados, que no se acomodan a la aplicación de las normas aducidas en defensa de su proceder. En oficio fechado el 10 de julio, se respondió de la siguiente manera: Libardo Laguna Maldonado ..."El trámite de la matrícula 94 -I. obviamente, lo realizó antes de finalizar el año académico". Edmundo Jiménez Valest "Presentaba pasivos académicos con su ficha que una vez subsanados, se le ordenó la elaboración de la matrícula. El alumno en cuestión no pudo pagar la ordinaria ni la extraordinaria, correspondiente al periodo académico de 1994. Solicitó plazo de manera verbal para este pago la división financiera, que le autorizó para el día 2 de diciembre de 1994, de manera extemporánea (ver memorando 137 y copia de la orden de pago y certificación de la división financiera). La solicitud se hizo antes de terminar el semestre académico". Hermes Téllez Quiroga. "Presentaba pasivos académicos y fiancieros para el segundo período académico de 1990 y por consiguiente no le había sido expedida orden de pago de ese año de 1991. Superados estos inconvenientes, se le ordenó la elaboración de estas matrículas, que fueron expedidas el 6 de diciembre de 1994.... La solicitud se efectuó antes de terminar el semestre académico". Nayibe Lozano Cruz. "Por presentar pasivos académicos, no se le habían elaborado órdenes de matricula. ... La solicitud se efectuó antes de terminar el semestre académico". En declaración rendida por la Dra. Mariana Carlosama Mora, quien se desempeña como directora financiera de la Universidad, esta funcionaria aseveró " dentro del reglamento estudiantil se fijan tres clases de matrícula: la ordinaria, la extraordinaria y la condicional, y en el mismo reglamento se estipula el número de días para cada una de estas". Igualmente afirmó que en casos excepcionales autorizan el pago por fuera de esas fechas, siempre y cuando se presente petición escrita por una calamidad que la justifique y en las fechas pertinentes. Sostiene que ella es la encargada de dar las autorizaciones, o directamente el Rector si el estudiante acude a él. Claramente ve la Corte que el manejo dado a las solicitudes de matrículas extemporáneas en la Gran Colombia es totalmente irregular, pues si el reglamento prevé los eventos y el tiempo en que deben darse, las personas encargadas - Directora financiera y el Rector -  discrecionalmente hacen caso omiso de los términos fijados en el reglamento universitario. La Universidad La Gran Colombia no tiene parámetros fijos para la aceptación o rechazo de una solicitud de pago extemporáneo, pues si ellos son los aducidos por la parte demandada, no se explica la Corte la autorización de pagos de períodos anteriores, en el segundo semestre de 1994,  incluso de algunos cursados 5 años atrás y terminados de calificar en el interior. En conclusión, el centro universitario no justificó el trato preferencial dado a los casos aludidos, ni - específicamente- el trato, en consecuencia discriminatorio, dado a Vargas Rojas. Así, la Corte revocará en la parte resolutiva de esta providencia el fallo proferido por el Juzgado Cuarenta y Siete Penal del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., y en su lugar tutelará el derecho a la igualdad. Ahora bien: consecutivamente el actor presentó dos acciones de tutela contra la Universidad La Gran Colombia. En el primer caso -en el que se negó la autorización de pago-, es claro que la Universidad vulneró el derecho a la igualdad y de paso, los derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad del señor Vargas Rojas, pues al no autorizarle el pago como sí lo hizo con sus compañeros, la entidad educativa de manera discriminatoria afectó su permanencia en el sistema educativo. Una vez el ad-quem revocó el fallo de primera instancia del proceso T - 64252 el 14 de febrero de 1995, la Universidad La Gran Colombia, mediante resolución fechada el 3 del mismo año canceló la matrícula y anuló las calificaciones del actor. La resolución inmediatamente anterior a la que se acaba de hacer referencia expedida por la Universidad - Resolución 016 de febrero 27 de 1995 -. " por medio de la cual se concede un plazo para legalizar la situación financiera de aquellas personas que son o fueron estudiantes de la Facultad de Derecho", en los considerandos 3 y 5 señala: " 3. Que unas personas, sin autorización de la Facultad, cursaron períodos académicos anteriores al año de 1995, sin haber cancelado la respectiva matrícula." " 5. Que por reglamento no existen estudiantes asistentes; no obstante, algunas personas que habían tenido la calidad de estudiantes, cursaron semestres o años posteriores sin cancelar su matrícula." Aunque ciertamente no se nombra en esta resolución al señor Vargas Rojas, su situación sí corresponde a lo tenido en cuenta en los considerandos transcritos, y termina de ser descrita en el texto del artículo 4,para el sólo efecto de excluírlo de entre los beneficiarios del plazo de gracia allí concedido de manera general, inmediatamente después de cancelarle la matrícula y declarar la nulidad de sus calificaciones. Dice el artículo 4 de la norma en comento: "artículo 4.- Establecer que el plazo que se concede en esta resolución, no opera para aquellos estudiantes o personas que han demandado o ejercido acciones contra la universidad o la facultad". Con sobrada razón planteó entonces el señor Vargas Rojas la segunda tutela por la expedición de la resolución 016/95. No cabe duda de que en tal norma se ordena, ignorando el derecho y la equidad, dar un trato discriminatorio a las personas que han instaurado acción judicial contra la Universidad. De la declaración rendida por el rector José Galat N. se extracta al respecto: " ¿Conoce usted el contenido de la resolución 016 fechada el 27 de febrero de 1995 emitida por la decanatura de la Facultad de Derecho de la Universidad?. Contestó: Sí la conozco. Preguntado. ¿Fue consultado con antelación a la toma de las decisiones contenidas en dicho acto?. Contesto: Aunque no soy el autor de esa resolución, sin embargo, estoy enteramente de acuerdo con ella desde el punto de vista doctrinario. Sí, se me consultó al momento de tomar la decisión". Más adelante señaló: " ...El respeto profundo que una Facultad de Derecho profesa por el derecho, la llevó a establecer el artículo 4 porque de otra manera se estaría interfiriendo en la autonomía de los jueces y tribunales para fallar los casos sub - judice". No es de recibo para la Corte la justificación aducida por el rector, pues como bien lo afirmó el a- quo en el proceso T- 72223: " El derecho de acción como posibilidad de acudir al Estado en procura de solución judicial a las diferencias planteadas entre los asociados, es de orden público. Igualmente constituye un derecho fundamental el acceso a la administración de justicia, y ello hace injustificada cualquier forma de represalia académica por el hecho de entablar una demanda el estudiante contra su universidad, pues por sí mismo no permite inferir conducta ilegal, desleal o indecorosa que amerite sanción alguna. Por el contrario, acudir a un estrado judicial es una manifestación de sometimiento a la Constitución, a la ley, y a las autoridades públicas, es decir, es el acatamiento del deber ciudadano de ir al órgano jurisdiccional a que se definan los conflictos de intereses cuando no le fue posible obtenerlo de manera espontanea, extraprocesal con su contraparte." Es censurable bajo todo punto de vista la actitud adoptada por esta Facultad de Derecho, al aplicar  drásticamente el reglamento a Vargas Rojas, cuando en la mayoría de los casos en que se autorizó el pago en forma extemporánea las directivas fueron laxas, e incluso llegaron a inaplicar sus estatutos, pues si se hubiese dado a todos el mismo tratamiento, la mayoría de las autorizaciones por las que se indagó en la ampliación del informe, habrían sido negadas. En otros casos, ni siquiera se encontró la solicitud escrita, requisito necesario según lo afirmó la directora financiera. Existiendo un manejo administrativo tan irregular, mal puede la Universidad La Gran Colombia aducir que la solicitud fue presentada extemporáneamente, ya que para hablar de extemporaneidad, se requiere de un término que efectívamente se cumpla, y en este caso no existe por culpa de la administración. 6.3. AUTONOMIA UNIVERSITARIA. Consagrada constitucionalmente en el artículo 69, encuentra su concreción al permitir a los centros de educación superior una organización administrativa, financiera, y académica libre de interferencias, de tal forma que cada institución pueda dar una orientación característica a sus programas. No se trata de una facultad absoluta para el  manejo de la educación superior, pues dicha autonomía  -tanto en instituciones estatales como privadas-, debe ser ejercida dentro del marco normativo general impuesto por la Constitución y las leyes. Uno de los límites a los que está sometido su ejercicio es de orden constitucional, ya que el conjunto de reglamentaciones del centro de estudios superiores no puede en ningún caso contrariar la Carta Política - art. 4 C.N.; y el otro es de orden legal, pues las universidades pueden darse su propio reglamento, sólo dentro de los parámetros generales establecidos en la ley que regula la educación superior - art. 64 C.N. La autonomía se hace efectiva al permitir que cada institución se dé su propio reglamento, y académicamente tenga la libertad de enfocar su enseñanza conforme a los principios y políticas orientadores adoptados válidamente. La Corte Constitucional en la sentencia T -123/93 de la Sala Novena  de revisión, señaló al respecto: "La autonomía universitaria es un principio pedagógico universal que permite que cada institución tenga su propia ley estatutaria, y que se rija conforme a ella, de manera que proclame su singularidad  en el entorno, mientras no vulnere el orden jurídico establecido por la Constitución y las leyes.  Es el derecho de cada institución universitaria a ser lo que es, el derecho a su propia ley que la identifica como ente singular dentro del mundo universitario, de tal modo que puede autorregularse, pero nunca en contradicción con la legalidad y la conveniencia generales. La igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura, no significa que no se distingan la diversas situaciones en que, por su conducta, se hallen los estudiantes de una institución, sino que si el supuesto de hecho es igual, la oportunidad que le reconoce el Estado será también igual; lo contrario sería desconocer lo suyo de cada cual, propio de la justicia, según lo ha manifestado esta Corporación". Vale la pena precisar que si bien los particulares pueden concurrir a la prestación del servicio público de la educación superior fundando establecimientos educativos " la ley establecerá las condiciones para su creación y gestión " ( artículo 68 C.N., subraya fuera de texto). Y si la Carta Política garantiza la autonomía universitaria, " las universidades  podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley" (artículo 69 C.N., subraya fuera de texto). Así, dados los hechos probados en estos procesos, y puesto que al Gobierno  corresponde " ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley " (artículo 189 numeral 21 C.N.), en la parte resolutiva de esta providencia se ordenará remitir copia de la misma al Instituto Colombiano para El Fomento de la Educación Superior - ICFES- , a fin de que inicie la actuación administrativa correspondiente. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, RESUELVE: PRIMERO. REVOCAR el fallo del Juzgado Cuarenta y Siete Penal del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., del 14 de febrero de 1995. SEGUNDO. CONCEDER la tutela a José Vicente Vargas Rojas por considerar vulnerados sus derechos a la igualdad y a la educación. Se ordena en consecuencia a la Universidad La Gran Colombia autorizar a dicho señor el pago de la matrícula correspondiente al segundo semestre académico de 1994, validar las calificaciones obtenidas por él y autorizar su matrícula para cursar el noveno semestre en 1996. TERCERO. CONFIRMAR el fallo de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D.C. CUARTO. REMITIR copia de esta providencia al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior - ICFES -, para los fines que le incumben. Comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-385-95 Sentencia No. T-385/95 Sentencia No. T-385/95 JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL-Interposición de tutela Las juntas administradoras locales tienen como función “...mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local...”; pero, dados los hechos en los que se basa la presente acción -deterioro grave de un establecimiento educativo-, y las funciones que la Constitución asigna a tales juntas, el representante del barrio sólo está facultado para representar a la comunidad de este barrio ante autoridades administrativas, y sólo para la obtención de soluciones a mediano y largo plazo, a través de su participación “...en la elaboración de planes de desarrollo económico y social y de obras públicas...”, y en la formulación “...de propuestas de inversión ante las autoridades... municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión”. Así, el representante ante la Junta Administradora Local, no está legitimado para demandar en este proceso de tutela a nombre de la comunidad que lo eligió. LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA/JUNTA DE ACCION COMUNAL-Interposición de tutela El presidente de la junta de acción comunal del Barrio, está legitimado para representar, en este proceso de tutela a los residentes de ese barrio que vienen sufriendo una violación a su derecho fundamental a la educación, y una amenaza grave contra su derechos a la vida y a la salud, sin que se haga necesario que aquéllos le otorguen poder, pues, siendo la tutela una acción pública, el ordenamiento vigente le atribuye tal representación. Además, es claro que dentro de las personas del barrio afectadas en sus derechos fundamentales, se encuentran los niños que matriculados en la Escuela, y cualquier persona puede exigir de la autoridad competente que haga efectivo el ejercicio pleno de sus derechos. PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Acceso a documentos/DEMANDA DE TUTELA-Acceso a documentos Este es uno de los casos en los que la buena fe protege a quien ha obrado en virtud de una apariencia engañosa. No sería justo dejar desprotegido a quien ha demandado de acuerdo con la percepción errada de la realidad a la que le indujeron oficialmente las autoridades, traicionando la confianza que debe presidir las relaciones entre los particulares y los servidores públicos. Dejó de ser demandado el Distrito Turístico, porque la Sociedad Amor a Cartagena negó indebidamente a los actores el acceso a los convenios sucesivos que le entregaron la administración de la escuela, y se reservó esa prueba hasta la impugnación de la sentencia de primera instancia. SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION-Función social/DERECHO A LA VIDA-Derrumbe de escuela/DERECHO A LA SALUD-Derrumbe de escuela En el caso de la escuela, no se viene cumpliendo con la función social que la Constitución asigna a la educación, pues el servicio se viene prestando en condiciones que ponen en peligro la vida de educandos y educadores, ofenden la dignidad, y ponen en riesgo la salud de esas personas, ya que desde hace años avanza el derrumbe paulatino de la edificación y desaparecieron sus servicios sanitarios. No se puede educar a un grupo de niños “...en el respeto a los derechos humanos...”, cuando en el establecimiento donde se pretende impartirles esa formación, brilla por su ausencia tal respeto. PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Condiciones de educación/DERECHO A LA EDUCACION-Derrumbe de escuela/ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Cargas desproporcionadas Pretender que los alumos y profesores de la escuela, así como la comunidad a la cual pertenecen los primeros, deba seguir soportando la violación y amenaza de sus derechos fundamentales mientras tales relaciones se ajustan a las normas superiores vigentes, es imponerles una carga desproporcionada e injusta en un Estado Social de Derecho. Los padres de los alumnos, éstos, y sus profesores, tienen derecho a que las autoridades no les sometan a un riesgo grave para su vida y para su salud, así como tienen derecho a recibir la educación básica obligatoria en condiciones dignas. Ref.: Expediente T-70027 Demanda de tutela contra la Sociedad Amor a Cartagena por una presunta violación de los derechos de los niños, los de los adolescentes, y el de educación. Temas: - Representación de los miembros de una comunidad por los dignatarios de sus organizaciones cívicas y comunitarias. - La buena fé ampara a quien ha obrado de acuerdo con la apariencia engañosa que le presentó oficialmente la autoridad. - Los conflictos originados en contratos entre la entidad pública encargada de la prestación de un servicio y los particulares que concurren a ella, no tienen por qué redundar en la violación de los derechos fundamentales de los usuarios. Actor: Los Dignatarios de la Junta de Acción Comunal del Barrio República de Venezuela, y el representante del mismo barrio ante la Junta Administradora Local de la Comuna No. 19 de Cartagena de Indias. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz. Santafé de Bogotá D.C., Primero (1°) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, y Carlos Gaviria Díaz, este último en calidad de Ponente, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN, procede a dictar sentencia en el grado jurisdiccional de revisión. ANTECEDENTES 1. HECHOS. La Escuela República de Venezuela, ubicada en el barrio del mismo nombre de la Comuna 19 de Cartagena de Indias, se encuentra en grave estado de deterioro. Las organizaciones cívicas de la comunidad residente en ese barrio se dirigieron a las autoridades municipales para plantearles el hecho anterior y solicitarles que adoptaran las medidas correctivas correspondientes. En septiembre 28 de 1994, la Coordinadora de Escuelas de la Secretaría de Obras Públicas, en compañía del Delegado de la Alcaldía Menor de la zona Suroriental, visitaron la escuela a petición de los actores y “...detectamos que dicha institución representa amenaza para los estudiantes y profesores por el estado de deterioro debido a las fallas estructurales de su planta física. La solución para el mejoramiento de la misma, es demoler lo existente para construír una planta física sólida y adecuada, y se requiere un rediseño total de la Escuela” (folio 3 del expediente). Sin embargo, a renglón seguido dicha funcionaria observó a la Secretaria de Educación Distrital, y de paso a los demandantes: “Por información suministrada por la doctora Margarita Ricardo, las Escuelas SAC de Cartagena tienen un problema legal que aún no se ha definido y por lo tanto el Distrito no debe invertir en esas Instituciones” (folio 3 del expediente). Ante esa situación, que según las pruebas no ha cambiado mucho en los últimos quince años, los actores se dirigieron nuevamente a la Sociedad Amor a Cartagena -SAC-, administradora de la escuela y su aparente propietaria, y encontraron, como en oportunidades anteriores, que tal sociedad dice no contar con fondos para adelantar las reparaciones necesarias. 2. DEMANDA DE TUTELA. En representación de la comunidad del barrio República de Venezuela, el presidente y el secretario de la junta de acción cumunal, acompañados por el representante ante la junta administradora local, demandaron en vía de tutela la protección del derecho a la educación de los niños matriculados en la Escuela SAC 6 y 16, así como los derechos que la Carta Política les garantiza en los artículos 44 y 45. 3. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA. El Juzgado Noveno Penal Municipal conoció del proceso en primera instancia, practicó las pruebas que consideró pertinentes, y resolvió otorgar el amparo solicitado, ordenando que se trasladaran los estudiantes y los profesores a los planteles educativos vecinos -también administrados por la SAC-, en tanto esta sociedad procede a reconstruír la Escuela SAC 6 y 16. “Considera el despacho que muy a pesar, la orientación dada a la presente acción fue hacia la defensa del derecho a la educación, y es el derecho a la vida (Art. 11 de la Constitución Nacional), el que resulta amenazado o vulnerado por la omisión en que ha incurrido la Sociedad Amor a Cartagena”. “Bien ha sostenido nuestra Corte Constitucional ´es inexacto argumentar que el derecho a la vida se vulnera únicamente cuando se causa la muerte a una persona´, ya que en ese caso el perjuicio sería irremediable.- ´La vida del hombre debe ser digna, es decir íntegra y saludable´, debe proyectarse a la satisfacción de los fines racionales del ser humano como persona y tal como lo pudimos constatar en la diligencia de inspección judicial efectuada, son precarias y hasta miserables las condiciones en que aquellos menores guiados por sus padres y maestros, reciben anhelantes educación, sometidos al hecho de que en cualquier instante una pared o el techo caiga sobre ellos o que una epidemia se desate por la carencia de las mínimas condiciones de higiene, por lo tanto, la existencia de peligro para la salud o la integridad física, afecta directamente este derecho fundamental”. “De contera, el Despacho estima viable conceder la tutela requerida, para lo cual en su parte resolutiva ordenará la distribución temporal de alumnos y docentes de la Escuela Sociedad Amor a Cartagena # 6, ubicada en el Barrio República de Venezuela, en los colegios más cercanos, también bajo la administración de la SAC -Sociedad Amor a Cartagena-, en el término de un (1) mes, disposición ésta que deberá ser informada a la Secretaría de Educación Distrital, bajo cuya orientación se dará cumplimiento a esta orden judicial. Una vez vencido dicho término perentorio, empezará a correr otro equivalente a cinco (5) meses, lapso al final del cual la Sociedad Amor a Cartagena -SAC-, habrá culminado la reconstrucción de la mencionada escuela, que nuevamente será poblada por los estudiantes y docentes repartidos en las formas antes esbozadas”. “El incumplimiento de los términos antes señalados hará efectivas las sanciones de que trata el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991”. “Creemos que la presente es una difícil decisión por cuanto al tutelar un derecho tenemos que poner en peligro otro: el de la educación. Pretendemos que en ningún momento y bajo ninguna eventualidad estos menores derrochen un solo instante de las clases que reciben y es que el hecho de que superando los peligros que representan las precarias condiciones de deterioro en que se encuentra la parte locativa de la Institución, el fervor de los estudios de los menores, padres de familia y docentes, permanecieran, tocó nuestra más honda fibra.- Así las cosas estaremos atentos al cumplimiento de los términos y seremos implacables en la aplicación de las sanciones” (folios 40 y 41 del expediente). 4. IMPUGNACIÓN. La representante de la Sociedad Amor a Cartagena impugnó el fallo anterior, argumentando que el 9 de mayo de 1990 se firmó entre la citada sociedad y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias un convenio para la prestación de servicios educativos, que libera a la Sociedad mencionada de responsabilidad por el mantenimiento de la escuela origen de la demanda. Desde la perspectiva de la Sociedad Amor a Cartagena, todo se aclara si se tiene en cuenta que en virtud del parágrafo de la cláusula cuarta de tal convenio: “el Municipio a través de la Secretaría de Obras Públicas y Educación, deberá incluír en el programa anual de reparación y ampliaciones de la escuelas municipales, las necesidades locativas de las escuelas de la SAC, que vienen descritas en el presente convenio y hacer las reparaciones a que hubiere lugar en coordinación con la presidenta de la SAC”. Además, esa sociedad aportó una constancia de la directora de la Escuela SAC 6 y 16, según la cual los dineros recaudados por concepto de matrícula no son recibidos ni administrados por la SAC, sino por la escuela. 5. FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA. Conoció el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena, y resolvió revocar en todas sus partes la decisión del a-quo, pues encontró fundamento para ello en la impugnación. Consideró ese Despacho: “Empero, en esta segunda instancia se arrimó al informativo declaración bajo juramento sobre los hechos por certificación jurada del señor Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena doctor Guillermo Paniza Ricardo y copia auténtica del convenio que suscribió la Sociedad Amor a Cartagena con el Distrito de Cartagena, el cual se encuentra vigente”. “El señor Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena doctor Guillermo Paniza Ricardo en su declaración bajo juramento por certificación jurada como se dijo, manifestó tener conocimiento del convenio ya en referencia, e igualmente hizo una serie de explicaciones sobre el mismo (ver folio 94 y 95 cuaderno único)”. “Ahora conviene destacar que en el parágrafo de la cláusula 4a. del convenio plurimencionado suscrito entre la Sociedad Amor a Cartagena y el Distrito de Cartagena se dice: ´el municipio a través de la Secretaría de Obras Públicas y Educación, deberá incluír en el programa anual de reparación y ampliaciones de las escuelas municipales, las necesidades locativas de las escuelas de la SAC, que vienen descritas en el presente convenio y hacer las reparaciones a que hubiere lugar en coordinación con la presidenta de la SAC´. Por manera que aparece lo suficientemente claro en el texto del párrafo transcrito que es al Distrito de Cartagena a quien le incumbe el deber legal de cumplir con las reparaciones y ampliaciones de los susodichos establecimientos educativos, y no a la Sociedad Amor a Cartagena sobre la cual recayó la acción de amparo”. “De lo anotado en precedencia colígese que la acción se orientó contra la ´Sociedad Amor a Cartagena´, que presuntamente no violó o amenazó con violar el derecho fundamental, esto es a la que tenía el deber de velar por el mantenimiento y mejoras de los inmuebles donde funcionan las escuelas Sociedad Amor a Cartagena, y siendo ello así no puede conminarse a la Sociedad Amor a Cartagena accionada a que cumpla con un deber que ha sido omitido por quien tiene la obligación convencional de cumplir Distrito de Cartagena. Así las cosas, como la acción se enderezó contra quien carece de legitimación por pasiva, se revocará el fallo impugnado por cuanto en materia de tutela no puede haber duda de quién es la autoridad o persona contra quien se dirige la acción, porque de lo contrario se desnaturalizaría y conduciría a la inseguridad jurídica. Y es que en materia de legitimación, bueno es traer a colación lo que ha dicho la honorable Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Civil), quien ha sostenido que la “legitimación en causa ya sea por su aspecto activo o pasivo, o por ambos a la vez, no constituye un presupuesto procesal y por consiguiente su falta no conduce a fallo inhibitorio, ni vicia de nulidad la actuación, sino que trae como consecuencia la desestimación de la demanda y consiguiente absolución del demandado (CXXXIX, 170)”. “Las anteriores consideraciones moverán a este Despacho a revocar el fallo impugnado” (folios 111 y 112 del expediente). CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. COMPETENCIA. La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos en el trámite del presente proceso por el Juzgado Noveno Penal Municipal de Cartagena y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de la misma localidad, según los artículos 86 y 241 de la Constitución Política. A la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas le corresponde pronunciar la decisión, de acuerdo con el reglamento interno y el auto de la Sala de Selección Número Cinco del treinta (30) de mayo del presente año. 2. LEGITIMACIÓN. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena revocó la decisión del a-quo y negó la protección constitucional del derecho a la vida de 251 menores y 9 docentes que estudian y trabajan en la escuela del Barrio República de Venezuela, considerando que “...la acción se enderezó contra quien carece de legitimación...” En consecuencia, la Sala examinará inicialmente este asunto. 2.1. La legitimación activa. Los actores no laboran en la Escuela SAC 6 y 16, ni aducen ser padres o acudientes de alguno de los estudiantes de la misma, ni aportan poder alguno, ni alegan agencia oficiosa de los intereses de quien no está en condiciones de acudir por sí mismo ante el juez; así, la primera cuestión que debe resolver la Sala es si reconoce personería a los actores, quienes pretenden que sea suficiente, para tales efectos, su calidad de presidente y secretario de la junta de acción comunal del barrio República de Venezuela, y representante ante la Junta Administradora Local. Según el artículo 318 de la Carta Política, las juntas administradoras locales tienen como función “...mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local...”; pero, dados los hechos en los que se basa la presente acción -deterioro grave de un establecimiento educativo-, y las funciones que la Constitución asigna a tales juntas, el representante del barrio República de Venezuela sólo está facultado para representar a la comunidad de este barrio ante autoridades administrativas, y sólo para la obtención de soluciones a mediano y largo plazo, a través de su participación “...en la elaboración de planes de desarrollo económico y social y de obras públicas...” (numeral 1 del citado artículo 318), y en la formulación “...de propuestas de inversión ante las autoridades... municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión” (numeral 3). Así, el señor Abraham Mañeca Arrieta, como representante ante la Junta Administradora Local de la Comuna No. 19 del Distrito Turístico de Cartagena de Indias, no está legitimado para demandar en este proceso de tutela a nombre de la comunidad que lo eligió. No es ese el caso de los señores Arcadio Morales Castro -presidente de la junta de acción comunal del barrio-, y César Pernet -secretario de la misma-, si se tiene en cuenta el texto del inciso segundo del artículo 103 de la Constitución, donde se establece que “el Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan” (subrayas fuera del texto). Dentro de esos parámetros, debe entenderse la regulación expedida por el Gobierno para “orientar, auxiliar y coordinar las actividades de las organizaciones de desarrollo de la comunidad” y “Otorgar, suspender y cancelar la personería jurídica de las juntas, asociaciones, federaciones y confederaciones de acción comunal y de las corporaciones y fundaciones que desarrollan actividades relacionadas con las comunidades indígenas”; es decir, los literales e y f del artículo 1° del Decreto ley 126 de enero 26 de 1976, “por el cual se revisa la organización administrativa del Ministerio de Gobierno”, expedido por “el Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 28 de 1974, y previo concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado”. Para fijar sus orientaciones al desarrollo de la comunidad, el Gobierno expidió el Decreto 300 del 11 de febrero de 1987, “por el cual se reglamentan parcialmente los literales e y f del artículo 1° y artículos 7° y 8° del Decreto ley 126 de 1976, mediante el cual estableció que: 1) “La Acción Comunal, a través de sus organismos, tiene la representación de la comunidad ante las diferentes autoridades de la República, salvo lo que la ley disponga para las comunidades indígenas” (Inciso segundo del artículo 9); 2) “Los objetivos de las Juntas de Acción Comunal son:...k) Velar por la vida, la integridad y bienes de todos los miembros de la comunidad, haciendo conocer a las autoridades administrativas y judiciales las conductas violatorias de la ley o las que hagan presumir la comisión de hechos delictuosos o contravencionales” (artículo 11 del mismo Decreto). 3) “La representación legal de la Junta de Acción Comunal estará a cargo de su presidente...” (Artículo 17). Ante ese desarrollo del ordenamiento constitucional, resulta aplicable al caso la doctrina establecida por la Corte en la Sentencia T-079 del 24 de febrero de 1994, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell, según la cual: "La acción de tutela podía ser directamente instaurada por el Comité de participación comunitaria-puesto de salud de Caracolí (personería jurídica No. 2091 del 30 de septiembre de 1991), con el objeto de asegurar la protección de los derechos fundamentales de sus miembros. No puede resultar improcedente que el susodicho Comité, en representación de todos y cada uno de los habitantes de los barrios que lo conforman, afectados colectiva e individualmente, por una presunta violación de un derecho fundamental que les concierne directamente, delegue al Defensor del pueblo en el orden municipal la interposición de la respectiva acción de tutela. El referente de la acción de tutela entablada por el Personero está constituido por una parte plural integrada por cada uno de los intereses individuales que convergen en el Comité de participación que solicitó su intervención. Lo anterior no convierte a la acción de tutela en una acción colectiva. La acción u omisión de una autoridad pública puede poner en peligro o amenazar simultáneamente el derecho fundamental de un número plural de personas, las cuales pueden pertenecer a una misma familia, barrio o comunidad. Nada se opone a que individualmente cada agraviado inicie la respectiva acción de tutela o que todos, a través de un representante común, se hagan presentes ante un mismo juez con el objeto de solicitar la protección del derecho conculcado. La ofensa al derecho fundamental puede ser individual o colectiva y, en este último caso, no por ello el derecho fundamental violado - individualizable y, por tanto, no difuso - adquiere naturaleza colectiva, y menos todavía su defensa colectiva - que es posible e incluso recomendable por razones de economía procesal -, el carácter de acción de popular”. En conclusión, esta Sala acepta que el presidente de la junta de acción comunal del Barrio República de Venezuela, está legitimado para representar, en este proceso de tutela a los residentes de ese barrio que vienen sufriendo una violación a su derecho fundamental a la educación, y una amenaza grave contra su derechos a la vida y a la salud, sin que se haga necesario que aquéllos le otorguen poder, pues, siendo la tutela una acción pública, el ordenamiento vigente le atribuye tal representación. Además, es claro que dentro de las personas del barrio afectadas en sus derechos fundamentales, se encuentran los niños que matriculados en la Escuela SAC 6 y 16, y cualquier persona puede exigir de la autoridad competente que haga efectivo el ejercicio pleno de sus derechos (Inciso segundo del artículo 44 C.N.). 2.2. La legitimación pasiva. El ad-quem revocó la sentencia de primera instancia, y en su lugar denegó la tutela, aduciendo que se demandó equivocadamente a la Sociedad Amor a Cartagena -SAC-, cuando se debió dirigir la acción en contra del Distrito Turístico de Cartagena de Indias, quien es el obligado a proporcionar el mantenimiento requerido por la Escuela SAC 6 y 16. A la anterior conclusión se llega, sólo si se acepta que: 1) el convenio celebrado entre la entidad demandada y el Distrito Turístico de Cartagena de Indias, la exonera de toda responsabilidad por el mantenimiento de la escuela, pues hace recaer ésta sólo en cabeza del municipio; 2) la Sociedad Amor a Cartagena, entidad particular que concurre a la prestación del servicio público de la educación, actuó respecto de ese servicio público y en relación con los demandantes, acatando las normas sobre el derecho a la información y sobre la lealtad procesal entre las partes; y 3) el Distrito Turístico no indujo en error a los demandantes sobre el responsable del mantenimiento de la escuela. Pero, como se pasa a explicar, ninguna de esas premisas está presente en el caso sometido a revisión, porque: 1) ¿Quién es responsable por el mantenimiento de la escuela? Según el parágrafo de la cláusula cuarta del convenio antes mencionado: “El Municipio a través de la Secretaría de Obras Públicas y Educación, deberá incluír en el programa anual de Reparación y Ampliaciones de las Escuelas Municipales, las necesidades locativas de las escuelas de la SAC,  que vienen descritas en el presente convenio y hacer las reparaciones que hubiere lugar en coordinación con la Presidenta de la SAC” (folio 89, subrayas fuera del texto). Pero, según la misma cláusula cuarta: “El Municipio conviene a (sic) suministrar a la SAC, como contraprestación por este servicio educativo un auxilio mensual por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MENSUALES ($ 350.000.oo) sujeto al porcentaje de aumento establecido por el Código Fiscal para este tipo de Convenios, que se incluirá en los Acuerdos de Gastos mensuales a partir de la fecha en que quede debidamente perfeccionado el presente Convenio. Dineros que utilizará la SAC para el mantenimiento y seguridad educativa de los locales de las escuelas anteriormente referenciadas y el cubrimiento de los gastos menores que demande tal mantenimiento y vigilancia, tales como los transportes y combustibles del visitador y el personal administrativo de la SAC, a cuyo cargo quedará esta labor” (folios 88 y 89). Es claro entonces que el Distrito tiene responsabilidad en el mantenimiento del establecimiento, no sólo por la obligación contractual que adquirió, sino también porque no cabe duda sobre el carácter oficial del servicio que allí prestan una directora y nueve docentes, nombrados y pagados por el Distrito para impartir educación básica según los programas oficiales, y dentro de los parámetros de la Ley General de Educación. Además, el Alcalde Mayor es muy claro al reconocer en su informe que el Distrito contrató la administración del servicio educativo en el Barrio República de Venezuela, con la Sociedad Amor a Cartagena. Escapan a la Sala las razones que llevaron al ad-quem (pues éste no las consignó en su providencia), a revocar la sentencia de primera instancia basándose en el parágrafo de la cláusula cuarta del convenio entre la Sociedad Amor a Cartagena y el Distrito, e ignorando el texto igualmente claro de la cláusula citada, máxime cuando es indudable que en el caso sometido a su consideración existe una amenaza grave contra los derechos a la vida y a la salud de 251 menores y 9 adultos. Tampoco explicó el juez de segunda instancia porqué le reconoció oponibilidad frente a terceros a dicho convenio, cuando quien lo adujo en su favor no probó que hubiera sido debidamente publicado. 2) ¿Cumplió la SAC con las obligaciones constitucionales y legales que tenía frente a los actores? Según las pruebas que obran en el expediente -las que la SAC tuvo oportunidad de conocer y controvertir-, esa sociedad es la administradora del servicio público de la educación en el barrio República de Venezuela, al menos desde 1980, en virtud de sucesivos convenios firmados con las administraciones departamental y municipal. Sin embargo, violando los derechos de petición y de información de los actores desde el año 1986 -ver folio 4-, se abstuvo de informarles sobre el contenido de los convenios que le otorgan esa calidad de administradora del servicio público, hasta el momento de la impugnación del fallo de tutela -folios 46 a 51-, lo cual, aunado a la desinformación que les proporcionó el Distrito Turístico, es suficiente para explicar porque esta última entidad no fue demandada. Además, el proceder de la Sociedad Amor a Cartagena dentro del proceso de tutela fue desleal con la parte demandante, y ocasionó que el Distrito Turístico no fuera también inicialmente demandado. No otra cosa puede predicarse de la sociedad que, reservándose la prueba de la responsabilidad compartida sobre el mantenimiento de la escuela hasta la impugnación del fallo de primera instancia, obtuvo que el ad-quem revocara el fallo en el que se la condenaba a hacer las reparaciones que por su propia incuria no fueron ejecutadas antes. 3) ¿El Distrito Turístico indujo en error a los actores? Es indudable. Dentro del proceso obran las pruebas de que les informó que la escuela era propiedad de la SAC y que ese hecho le impedía atender la petición de reparar el local. Sólo después de la impugnación del fallo de segunda instancia, el Alcalde Mayor confesó en su informe que el Distrito sí suscribió el Convenio aducido por la SAC, en virtud del cual aquél se obligó a efectuar las reparaciones que coordinara la Presidenta de esa sociedad con la Secretaría de Obras Públicas -folios 86 a 103-, aduciendo en su defensa que algunas reparaciones parciales fueron hechas por la Alcaldía Menor correspondiente, y que la ejecución del convenio estaba suspendida por haberse encontrado que éste viola la Constitución actual. Sin embargo, el Distrito reconoció el convenio en virtud del cual se obliga al mantenimiento del establecimiento educativo y, a través de su representante legal, aceptó la titularidad de esa obligación. Además, aun sin la existencia del convenio, tampoco en los casos en los que los particulares concurren a la prestación del servicio de la educación básica, el Distrito puede desentenderse de las obligaciones constitucionales que le imponen los artículos 67, 315 numeral 3, 356, 365 y 366 de la Carta Política, como lo informó a esta Corte la Secretaria de Educación y Cultura Distrital: “Visitas realizadas a la Escuela República de Venezuela desde el 9 de mayo de 1990. En nuestros archivos no aparece informe alguno de visitas a esa escuela. Esta Secretaría sólo empezó a operar en ese año y no tenemos aún cuerpo de Supervisores. Consultada la Secretaría de Educación de Bolívar, tampoco tiene archivos al respecto” (folio 141). Con la cita anterior, se llega al punto nodal del problema constitucional planteado por los actores: el servicio público de la educación básica y obligatoria se viene prestando en el Barrio República de Venezuela, a través de un solo establecimiento, la escuela pública 6 y 16, cuya administración se le entregó a una entidad particular que no cumplió con las obligaciones que le correspondían, mientras el Estado omitió la inspección y vigilancia que le atañen, y ello llevó a que las condiciones en que se presta el servicio paulatinamente decayeran hasta llegar a la situación actual, en la que: 1) se está vulnerando el derecho a la educación, porque se está permitiendo que la escuela prácticamente desaparezca a la vista de quienes acuden a ella cotidianamente a estudiar; 2) se somete diariamente a alumnos y docentes a una amenaza grave contra su vida y su salud; 3) se atropella la dignidad humana de 260 personas que han de congregarse día a día sin contar con los servicios y las condiciones higiénicas mínimas; y 4) frente a la cual, las autoridades encargadas de garantizar la efectividad de los derechos y asegurar la prestación de los servicios a su cargo, deciden no proteger la vida, dignidad y derechos de los afectados, porque existe un problema legal entre el Distrito y la entidad administradora del servicio. Así, es claro para la Sala que no puede dejar de proteger y aplicar efectiva y prontamente derechos fundamentales y principios básicos como los comprometidos en este caso {vida e integridad personal (arts. 11 y 12 C.N.), dignidad humana (Preámbulo y art. 1 C.N.), función de las autoridades (art. 2 C.N.), derechos de los niños (art. 44 C.N.), derecho a la educación (art. 67 C.N.)}, absteniéndose de ordenar al Distrito Turístico que actúe inmediatamente para evitar que se prolongue la amenaza contra la vida de tantas personas, y mediatamente, provea a la escuela del Barrio República de Venezuela, como debe, de las condiciones mínimas para su funcionamiento. Es cierto que el Distrito Turístico no fue demandado en este proceso; pero no lo es menos que: 1) No lo fue porque sus funcionarios negaron a los actores que él tuviera la responsabilidad que constitucional y legalmente le corresponde. Parafraseando las sentencias T-231/94 y T-05/95 (Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz), éste es uno de los casos en los que la buena fe protege a quien ha obrado en virtud de una apariencia engañosa. No sería justo dejar desprotegido a quien ha demandado de acuerdo con la percepción errada de la realidad a la que le indujeron oficialmente las autoridades, traicionando la confianza que debe presidir las relaciones entre los particulares y los servidores públicos (Art. 83 C.N.). 2) También dejó de ser demandado el Distrito Turístico, porque la Sociedad Amor a Cartagena negó indebidamente a los actores el acceso a los convenios sucesivos que le entregaron la administración de la escuela, y se reservó esa prueba hasta la impugnación de la sentencia de primera instancia. Y no sería justo que tras padecer la violación a su derecho de petición, la desinformación proveniente de los funcionarios del Distrito, y el comportamiento desleal de la contraparte, deban ahora los actores, y la comunidad a la que representan, quedar limitados por una sentencia de tutela que no obligue al Distrito, y, por tanto, completamente ineficaz, pues basta la ya repetida excusa de que la Sociedad Amor a Cartagena carece de medios, para hacer que la violación de sus derechos fundamentales continúe. 3) Además, el Distrito no sólo conoció del proceso desde sus inicios, sino que informó sobre los hechos relativos al mismo y sobre su participación en ellos (por activa y pasiva), a ambos jueces de instancia y a esta Corte, reconociendo: que la escuela adolece de fallas estructurales y amenaza ruina; que conoce del problema hace años; que sí se obligó contractualmente a realizar el mantenimiento de la instalación; que la directora y los docentes hacen parte de la planta oficial; que el servicio cuya administración contrató con la Sociedad Amor a Cartagena es el de la educación pública; y que no ha cumplido con la inspección y vigilancia que le corresponde. De lo anterior se concluye: 1) La Sociedad Amor a Cartagena sí es responsable por el mantenimiento de la escuela del barrio República de Venezuela, cuando menos, en los términos de la cláusula cuarta del convenio que firmó con el Distrito Turístico. En consecuencia, la Corte debe revocar la sentencia de segunda instancia en la que indebidamente se absolvió a la SAC de toda responsabilidad. 2) El Distrito Turístico de Cartagena de Indias no fue demandado en este proceso; pero no lo fue por su culpa y por la de su contratista, la Sociedad Amor a Cartagena, entidad que cumplía temporalmente funciones públicas. Por tanto, ante la urgencia de evitar que continúe en grave riesgo la vida de muchas personas, es procedente que la Corte le ordene ocuparse prioritariamente de las medidas inmediatas y mediatas que debe ejecutar para proteger la vida de quienes concurren a la escuela del barrio República de Venezuela, y para que el servicio les sea prestado en condiciones dignas, así como para que las autoridades ejecutivas cumplan con la vigilancia e inspección de la educación que la Constitución ordena. 3. CONCURRENCIA DEL ENTE PARTICULAR A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. “La educación es... un servicio público que tiene una función social” (art. 67 C.N.), y a la prestación del cual pueden concurrir los particulares, ya sea con la fundación de establecimientos educativos (art. 68 C:N:), ya sea con la contratación de alguna de las actividades que comprende (art. 365 C.N.). Dentro de este marco normativo, es posible que el Estado, la sociedad y la familia, sean responsables de su prestación, y pueda mejorarse el servicio tanto en cubrimiento como en calidad. Sin embargo, en el caso de la escuela del barrio República de Venezuela, no se viene cumpliendo con la función social que la Constitución asigna a la educación, pues el servicio se viene prestando en condiciones que ponen en peligro la vida de educandos y educadores, ofenden la dignidad, y ponen en riesgo la salud de esas personas, ya que desde hace años avanza el derrumbe paulatino de la edificación y desaparecieron sus servicios sanitarios. No se puede educar a un grupo de niños “...en el respeto a los derechos humanos...” (Art. 67 C.N.), cuando en el establecimiento donde se pretende impartirles esa formación, brilla por su ausencia tal respeto. Dadas las pruebas aportadas al expediente, esta Sala encuentra que la Sociedad Amor a Cartagena, que aduce haber contratado con el Distrito Turístico su concurrencia a la prestación del servicio por medio de la administración del mismo, dejó de cumplir las obligaciones que presuntamente contrajo. También dan fe esas pruebas de que la entidad territorial cumplió con participar en la dirección, financiación y administración del servicio, proveyendo a la escuela de una directora y de la planta de docentes requerida, pero que se abstuvo -primero la Secretaría de Educación Departamental, y desde 1990 la Distrital-, de cumplir con el inciso quinto del citado Artículo 67 Superior, pues el estado actual de deterioro de la escuela no se habría presentado si se hubiese ejercido la necesaria “...inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos...”, garantizando el adecuado cubrimiento del servicio y asegurando a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. Pero el estado de anomia casi total en el que se viene prestando el servicio a la comunidad del barrio República de Venezuela, queda a la vista si se tiene en cuenta que la autoridad encargada de prestarlo contrató su administración en 1990, y el 14 de julio de 1995, no sabe si el contrato que celebró está perfeccionado, pues informó a esta Corte “que revisados los libros contentivos de las Gacetas Distritales de el (sic) año 1990 a 1992, se constató que no reposa en ellos Gaceta que contenga el Convenio para la prestación de un servicio educativo de fecha marzo 9 de 1990... debido a que las mismas no siguen numéricamente una secuencia por haber faltante de Gacetas, por lo tanto no es posible certificar si dicho convenio fue publicado a través de este medio” (folio 152). Así, ni el Distrito de Cartagena, ni la Sociedad Amor a Cartagena pueden válidamente aducir frente a terceros -y los actores lo son para el caso-, las cláusulas de un convenio que requería de su publicación para ser perfeccionado (ver cláusula decima quinta a folio 51), y que no se sabe si efectivamente apareció en la Gaceta Distrital. En consecuencia, es claro que el Distrito debe continuar la actuación administrativa, que según informó está en curso, para normalizar sus relaciones con la sociedad Amor a Cartagena. Pero, pretender que los alumos y profesores de la escuela 6 y 16, así como la comunidad a la cual pertenecen los primeros, deba seguir soportando la violación y amenaza de sus derechos fundamentales mientras tales relaciones se ajustan a las normas superiores vigentes, es imponerles una carga desproporcionada e injusta en un Estado Social de Derecho. Los padres de los alumnos, éstos, y sus profesores, tienen derecho a que las autoridades no les sometan a un riesgo grave para su vida y para su salud, así como tienen derecho a recibir la educación básica obligatoria en condiciones dignas. Por eso, a las autoridades Distritales, instituídas para garantizar el pleno ejercicio de esos derechos, se les ordenará en la parte resolutiva de esta providencia que actúen inmediatamente para corregir la situación que originó este proceso y para prevenir que se repita en el futuro. DECISIÓN En mérito de las consideraciones que anteceden, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena del 19 de abril de 1995; en su lugar, tutelar los derechos a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, y la dignidad humana de los 251 alumnos matriculados en la Escuela SAC 6 y 16 del barrio República de Venezuela, así como de la Directora, Ismenia García de Romero, y de los docentes Dilma Lucía Díaz de de Avila, Demetria Barraza de Borre, Elsa González Marrugo, Muriel Amor Olave, Sonia Ester Romero García, Marelvi Ayola de Marimon, Adalberto Suárez Marrugo, y Berenice García de Romero. SEGUNDO. Ordenar al Alcalde Mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias proceder, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, a adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la vida, la salud y el respeto por la dignidad humana de los alumos y docentes de la Escuela del Barrio República de Venezuela, sin que por ello se interrumpa la prestación del servicio público de la educación para esos menores, o se les imponga cargas que no tienen porque soportar. TERCERO. Ordenar al Alcalde Mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que culmine, a la mayor brevedad posible, la revisión del convenio celebrado por la entidad a su cargo y la Sociedad Amor a Cartagena, a fin de hacer cesar la situación de anomia en la que se abandonó el servicio público de la educación básica obligatoria en las escuelas cuya administración se contrató con dicha sociedad, y preveer que hechos como los que originaron este proceso vuelvan a presentarse. CUARTO. Comunicar la presente providencia al Juzgado Noveno Penal Municipal de Cartagena para los fines del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Comuníquese, notifíquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CARLOS GAVIRIA DÍAZ Magistrado Ponente JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-386-95 Sentencia No. T-386/95 Sentencia No. T-386/95 DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Alcance La Constitución, en su artículo 229, garantiza a las personas que se encuentran en el territorio nacional, cuando crean haber sido víctimas de una conducta delictiva, que podrán acudir ante un funcionario judicial que investigará los hechos, y si es del caso, acusará ante el juez competente al sindicado de la acción ilícita. Lo que no garantiza la Carta es que la decisión de este último acogerá las pretensiones de una de las partes y favorecerá sus intereses; se hace efectivo este derecho, garantizando a ambas partes su efectiva concurrencia al proceso en pie de igualdad ante la ley, sea cual fuere el resultado de la litis. ACTUACION JUDICIAL-Fundamento objetivo de la decisión/VIA DE HECHO-Inexistencia Cuando una autoridad estatal actúa manifiestamente en contra de la Constitución y la Ley, se puede afirmar que ese comportamiento carece de fundamento objetivo. El Juez podía resolver el recurso confirmando la sentencia de primera instancia, o mejorando la situación del condenado, incluso hasta el punto de absolverlo de todos los cargos, decisión ésta última por la cual optó. Ha de concluírse entonces que la actuación de la autoridad demandada sí tiene fundamento objetivo en la Constitución y la ley; y en lo relativo a este aspecto, no incurrió el Juez en una vía de hecho que haga procedente la tutela en su contra. DOCTRINA-Criterio Auxiliar El juez que en sus actuaciones decide no atender a este criterio auxiliar, o encuentra que en determinado caso debe decidir contradiciendo la opinión mayoritaria de los doctrinantes, no por eso incurre en una actuación de hecho. La presencia de un error doctrinario en la fundamentación de una decisión judicial no la convierte, per se, en el producto de una vía de hecho; ésta no se presenta si las pruebas aportadas y las normas aplicables al caso razonablemente avalan lo decidido sobre el derecho sustancial. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES/PRINCIPIO DE AUTONOMIA FUNCIONAL DEL JUEZ Es inapropiada la razón de la Sala Penal, porque implica un pronunciamiento del juez de tutela sobre la culpabilidad que está claramente fuera de lugar, pues sobrepasa la materia de decisión del proceso de amparo, y limita indebidamente la discrecionalidad de aquel a quien se ordena nuevamente considerar y decidir el recurso de apelación interpuesto. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES Teniendo a la doctrina como criterio de lo que en tal situación puede considerarse razonable, y dada la versión de los hechos a la que llegó el Juez que en el proceso penal no se cumplía con el requisito establecido en la última de las normas citadas para adoptar una sentencia condenatoria; en consecuencia, al optar por la absolución no obedeció a su mera voluntad o capricho, lo que descarta definitivamente la existencia de una vía de hecho. Ref.: Expediente No. 70837 Acción de tutela contra el Juez Promiscuo del Circuito de Socha (Boyacá), por una presunta violación de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Tema: La acción de tutela no procede contra providencias judiciales cuando no se incurre al proferirlas en una vía de hecho, y ningún derecho fundamental resulta violado o amenazado. Actor: Hugo Darío Perico Estupiñán Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz Santafé de Bogotá D.C., Primero (1°) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, y Carlos Gaviria Díaz, este último en calidad de ponente, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN, procede a dictar sentencia de revisión en el proceso de la referencia. ANTECEDENTES 1. HECHOS. El 7 de julio de 1992, Hugo Darío Perico Estupiñán transitaba en una bicicleta de su propiedad por las calles de Socha (Boyacá), cuando colisionó contra la volqueta de placas OP-32-90 perteneciente al Ministerio de Obras Públicas, y conducida por Jorge Iván Rodríguez Castillo (folio 1 del sumario). El 1° de agosto del mismo año, los médicos legistas fijaron la incapacidad provisional del señor Perico Estupiñán en cuarenta (40) días (folio 50 del sumario), razón por la cuál el proceso que tramitaba la Inspección Departamental de Policía de Socha, pasó al Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad (folio 53 del sumario). El 22 de noviembre de 1994, ese Despacho condenó a Jorge Iván Rodríguez Castillo, por el delito de lesiones personales culposas, a la pena principal de dieciocho (18) meses de prisión, multa de tres mil setecientos cincuenta pesos ($3.750,oo), y al pago de veinte gramos de oro por los perjuicios materiales causados; le concedió el beneficio de la condena de ejecución condicional con garantía prendaria, le suspendió por seis meses en el ejercicio de su oficio de conductor, y le impuso la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un período igual al de la condena principal (folios 109 a 123 del sumario). En la oportunidad legal, el defensor de oficio del señor Rodríguez Castillo impugnó esa sentencia condenatoria, y como apelante único adujo que “...la simple demostración de la conducta objetivamente considerada no puede dar lugar dentro de un proceso penal o de cualquier naturaleza, a la imposición de una sanción, porque sería menester la demostración del elemento subjetivo...” (folio 129 del sumario), y éste último no aparece claramente establecido en el proceso. El 16 de febrero de 1995, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha resolvió revocar la sentencia de primera instancia, y en su lugar, absolver al procesado de todos los cargos formulados en su contra. 2. DEMANDA DE TUTELA. El 27 de marzo del año en curso, Hugo Darío Perico Estupiñán presentó una demanda de tutela en contra del titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha, Dr. Rafael Humberto Aguirre Acevedo, alegando que éste, “...al conocer por apelación de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Socha, decidió de manera inexplicable absolver de los cargos al conductor de la volqueta, Jorge Iván Rodríguez, quien por su actuar culposo me ocasionó las lesiones dictaminadas por el médico legista, aduciendo la compensación de culpas, cuando la misma en el Derecho Penal nunca es constitutiva ni está contemplada como causal de inculpabilidad de un delito como el cometido por el procesado...” (folio 1 de expediente). Según el actor, con esa actuación el demandado le violó sus derechos de acceso a la administración de justicia, y al debido proceso, por lo que solicitó dejar sin efectos la providencia impugnada, y ordenar al Juez Promiscuo del Circuito dictar una nueva sentencia, así como remitir copias de lo actuado para que el órgano competente le exigiera la responsabilidad disciplinaria correspondiente. 3. FALLO DE PRIMERA Y ÚNICA INSTANCIA. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo decidió, el 7 de abril de 1995, tutelar el derecho al debido proceso de Hugo Darío Perico Estupiñán, ordenando que se dictara nuevamente la sentencia de segunda instancia en el proceso penal. Se abstuvo de remitir copias para fines disciplinarios, pues ya el interesado había presentado queja en contra del actuar del demandado. Esta sentencia se basó en las siguientes consideraciones: “Una revisión al proceso radicado en el Juzgado Promiscuo Municipal de Socha bajo el número 1.203 adelantado contra Jorge Iván Rodríguez Castillo por ´lesiones personales´ en Hugo Darío Perico Estupiñán, nos permite arribar a la conclusión de afirmar que en ese instructivo y causa se cumplieron las formas propias de cada juicio; en efecto, la investigación, calificación y fallo se hizo por juez competente; el procesado fue asistido por defensor de oficio quien estuvo atento a impugnar las decisiones que consideró adversas; la prueba aportada fue en audiencia pública controvertida y, las notificaciones se surtieron normalmente. Por manera que, a juicio de la Sala, en la tramitación del proceso a que hacemos alusión, no se vulneró el debido proceso como lo afirma el accionante. En consecuencia, por este aspecto no resulta dable tutelar tal derecho” (folio 37 del expediente). “Tampoco se le impidió al lesionado y hoy peticionario Hugo Darío Perico Estupiñán el acceso a la administración de justicia, si se tiene en cuenta que con fundamento en la denuncia que su hermano presentó ante la Inspección Departamental de Policía de Socha, se puso en actividad la función estatal y se le practicaron los reconocimientos médico-legales que el caso demandaba, luego por este otro aspecto la acción de tutela no está llamada a prosperar” (folio 38 del expediente). “Como bien puede apreciarse, el Juez Promiscuo del Circuito de Socha doctor Rafael Aguirre Acevedo, acepta en la motivación de su sentencia que en el proceso penal no es de recibo la compensación de culpas, como sí lo es en el derecho civil, y no obstante, con fundamento en que para el caso bajo su estudio y decisión se presentaba una compensación, acogió aquella tesis y resolvió absolver al procesado” (folio 39 del expediente). “Esta falta de objetivización o de soporte jurídico para absolver es lo que para el caso se considera una vía de hecho, toda vez que subjetivamente, pero sin respaldo en la doctrina, resolvió el juzgado de segunda instancia absolver al acusado, como si hubiera obrado inculpablemente”. “Diferente es, naturalmente, cuando se trata de CONCURRENCIA DE CULPAS, ésta sí aceptada en la doctrina penal como aminorante de la sanción pero no como eximente de culpabilidad, en la que la culpa del autor origina la culpa de la víctima y la primera es determinante de la segunda; o bien cuando el resultado lo determina la primera culpa, la de la víctima no excluye de responsabilidad. También puede ocurrir que la imprudencia sea cometida conjuntamente y se produce daño a uno de los autores. En este caso, la culpa de la víctima no excluye de responsabilidad al otro, precisamente porque la del primero es causa de un resultado previsible y evitable” (folio 40 del expediente). “Lo expuesto en precedencia permite a la Sala concluir que efectivamente la sentencia absolutoria que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha profirió a favor del acusado Jorge Iván Rodríguez Castillo contiene una vía de hecho y, por tanto, la acción de tutela por este aspecto impetrada, está llamada a prosperar” (folio 41 del expediente). Este fallo no fue impugnado. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. COMPETENCIA. La Corte Constitucional es competente para pronunciarse en el grado jurisdiccional de revisión sobre el fallo de instancia proferido en el trámite de este proceso, según los artículos 86 y 241 de la Carta Política. Corresponde proferir la decisión a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, de acuerdo con el reglamento interno y el auto adoptado por la Sala de Selección Número Seis el 14 de junio de 1995 (folios 160 a 166 del expediente). 2. ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El actor tuvo efectivo acceso a la administración de justicia desde el momento en que se produjo el accidente, pues minutos después se informó oficialmente sobre el insuceso a la Inspección Departamental de Policía, entidad que inició las averiguaciones del caso, recibió el denuncio de los hechos en la versión de un hermano de la víctima, ordenó los exámenes médico legales, y adjuntó al sumario los resultados de los mismos, así como los experticios y testimonios considerados pertinentes. Una vez los médicos legistas dictaminaron una incapacidad provisional de 40 días, el proceso pasó al conocimiento de un juez de la República, quien dictó sentencia de fondo, y también el juez de segunda instancia se pronunció sobre lo que fue objeto del recurso de apelación interpuesto por el sindicado. La Constitución, en su artículo 229, garantiza a las personas que se encuentran en el territorio nacional, cuando crean haber sido víctimas de una conducta delictiva, que podrán acudir ante un funcionario judicial que investigará los hechos, y si es del caso, acusará ante el juez competente al sindicado de la acción ilícita. Lo que no garantiza la Carta es que la decisión de este último acogerá las pretensiones de una de las partes y favorecerá sus intereses; se hace efectivo este derecho, garantizando a ambas partes su efectiva concurrencia al proceso en pie de igualdad ante la ley, sea cual fuere el resultado de la litis. Así, no es atendible la afirmación de que se denegó el acceso a la administración de justicia al señor Perico Estupiñán y, en consecuencia, no procede la acción de tutela instaurada para la defensa de un derecho que en ningún momento fue violado o amenazado por la actuación de la autoridad contra la cuál se dirigió la demanda. 3. DEBIDO PROCESO. Según la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, el Juez Promiscuo del Circuito de Socha incurrió en una vía de hecho, pues, a pesar de reconocer que en el proceso penal no es de recibo la compensación de culpas, basó en tal figura su decisión de absolver al procesado. “Esta falta de objetivización o de soporte jurídico para absolver es lo que para el caso se considera una vía de hecho, toda vez que subjetivamente, pero sin respaldo en la doctrina, resolvió el Juzgado de segunda instancia absolver al acusado, como si hubiera obrado inculpablemente” (folios 39-40 del expediente). En cambio, esta Sala encuentra que si se revisa ese fallo a la luz de la doctrina de la Corte Constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, resulta que la actuación del funcionario demandado tiene fundamento objetivo, no obedece sólo a su voluntad o capricho, y su consecuencia no es la violación de los derechos fundamentales del actor. Para mayor claridad sobre las razones que llevan a la Sala a adoptar tal juicio, se expone a continuación cada uno de los aspectos mencionados. 3.1. Doctrina sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales. La Sala Plena de esta Corporación fijó su doctrina sobre el punto que aquí interesa, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos 11, 12 y 25 del Decreto 2591 de 1991 en la Sentencia C-543 del 1° de octubre de 1992 (Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo); a partir de esa oportunidad, y en la revisión posterior de numerosas tutelas, la Corte ha sostenido: “De conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado.  En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias.  Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí  está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente.   En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia. Pero, en cambio, no está dentro de las atribuciones del juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en curso, adoptando decisiones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su función, quien lo conduce, ya que tal posibilidad está excluida de plano en los conceptos de autonomía e independencia funcionales, a los cuales ya se ha hecho referencia. De ningún modo es admisible, entonces, que quien resuelve sobre la tutela extienda su poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate en un proceso, o en relación con el derecho que allí se controvierte” (subrayas fuera del texto). 3.2. Fundamento objetivo de la actuación. De acuerdo con la doctrina de esta Corte, cuando una autoridad estatal actúa manifiestamente en contra de la Constitución y la Ley, se puede afirmar que ese comportamiento carece de fundamento objetivo. No es ese el caso del Juez Promiscuo del Circuito de Socha, ya que su actuación se redujo a conocer de un proceso por lesiones personales culposas, en virtud del recurso de apelación que válidamente interpuso el condenado, como apelante único, para que el superior se pronunciara sobre el fundamento probatorio del elemento subjetivo de tal delito, pues, en parecer del recurrente, las pruebas aportadas al proceso son insuficientes para sustentar una condena penal. Al respecto, establece el artículo 31 de la Carta Política: “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”. Ya que la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Socha no hace parte de ninguna de las excepciones consagradas legalmente, el Juez Promiscuo del Circuito de la misma localidad debía pronunciarse sobre el asunto que fue objeto de la apelación, respetando el límite de no agravar la situación del condenado. Así, tanto desde el punto de vista constitucional como del legal, el ad-quem debía tramitar la segunda instancia y proferir sentencia de fondo, pronunciándose en ella sobre el respaldo probatorio de la sentencia que condenó a Jorge Iván Rodríguez Castillo. Desde la perspectiva del artículo 31 Superior, y desde la que corresponde a los artículos 21 del Código Penal[1], y 247 del Código de Procedimiento Penal[2], el Juez Promiscuo del Circuito de Socha podía resolver el recurso confirmando la sentencia de primera instancia, o mejorando la situación del condenado, incluso hasta el punto de absolverlo de todos los cargos, decisión ésta última por la cual optó. Ha de concluírse entonces que la actuación de la autoridad demandada sí tiene fundamento objetivo en la Constitución y la ley; y en lo relativo a este aspecto, no incurrió el Juez Promiscuo en una vía de hecho que haga procedente la tutela en su contra. 3.3. Fundamentación fáctica y normativa de la decisión. Establecido como está que el Juez Promiscuo del Circuito de Socha era competente para adoptar la decisión absolutoria que originó el presente proceso de tutela, para saber si incurrió en una vía de hecho, ha de examinarse ahora si en el ejercicio de tal competencia obedeció a su mera voluntad o capricho, e ignoró las restricciones que le impone el mandato del artículo 230 de la Constitución, según el cual el funcionario debió actuar sometido al imperio de la ley. La Sala inicia la consideración de este aspecto, señalando que la razón expuesta por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Santa Rosa de Viterbo sobre el tema, es inapropiada e insuficiente para definir si el demandado incurrió o no en una vía de hecho. El juez de tutela consideró que el juicio proferido por el funcionario penal adolece de falta de objetivización o soporte jurídico para absolver (y por tanto se considera una actuación de hecho), “...toda vez que subjetivamente, pero sin respaldo en la doctrina, resolvió el Juzgado de segunda instancia absolver al acusado, como si hubiera obrado inculpablemente”. Esta apreciación del a-quo es inapropiada, porque el inciso segundo del artículo 230 Superior establece que “la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial” (subraya fuera de texto). Así, el juez que en sus actuaciones decide no atender a este criterio auxiliar, o encuentra que en determinado caso debe decidir contradiciendo la opinión mayoritaria de los doctrinantes, no por eso incurre en una actuación de hecho. También es inapropiada la razón de la Sala Penal, porque implica un pronunciamiento del juez de tutela sobre la culpabilidad del señor Rodríguez Castillo (“Esta falta de objetivización o de soporte jurídico para absolver... al acusado, como si hubiera obrado  inculpablemente”), que está claramente fuera de lugar, pues sobrepasa la materia de decisión del proceso de amparo, y limita indebidamente la discrecionalidad de aquel a quien se ordena nuevamente considerar y decidir el recurso de apelación interpuesto. Además, la consideración del Tribunal Superior resulta insuficiente, porque afirma la falta de respaldo jurídico para absolver al acusado, sin analizar si las pruebas válidamente aportadas al sumario, razonablemente permiten una decisión absolutoria en el marco de las normas vigentes; o, como lo planteó el defensor de Rodríguez Castillo en la sustentación de la apelación, si dentro de ese marco normativo es claramente irrazonable afirmar que: las pruebas aportadas no alcanzan para conducir al juez a la plena certeza sobre la responsabilidad del sindicado. Es claro que la contradictoria exposición de la compensación de culpas que hizo el Juez Promiscuo del Circuito en su fallo, ni es de recibo en materia penal, ni puede ser fundamento suficiente para absolver a Rodríguez Castillo. Pero, ¿acaso ése es el único fundamento de tal decisión? Más aún, ¿el error teórico en el que incurrió el juez, por craso que pueda considerarse, tiene entidad suficiente para hacer desaparecer las demás consideraciones sobre el derecho sustantivo que reclamó el condenado en su apelación? Esta Sala considera que no; que la presencia de un error doctrinario en la fundamentación de una decisión judicial no la convierte, per se, en el producto de una vía de hecho; ésta no se presenta si las pruebas aportadas y las normas aplicables al caso razonablemente avalan lo decidido sobre el derecho sustancial. Lo contrario vulnera claramente el mandato constitucional del artículo 228: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permenentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial...” (subraya fuera del texto). Frente a los mismos hechos, acreditados procesalmente por idénticos medios, el juez penal de primera instancia (folios 109 a 123), y el de segunda (folios 138 a 156), coinciden en juzgar la culpabilidad que puede corresponderle a Jorge Iván Rodríguez Castillo por las lesiones personales sufridas por Hugo Darío Perico Estupiñán, cuando éste último entrenaba para una competencia ciclística, sin el debido permiso, desplazándose por la carrera 9a. de Socha, y aquél cruzó dicha vía conduciendo una volqueta a la altura de la calle 5a., sin marcar parada al ingresar al cruce. También concuerdan las providencias de ambos funcionarios al decidir sobre la existencia de los siguientes tres elementos de la culpa: un error de conducta, un resultado dañoso, y la relación de causalidad entre el primero y el segundo. Uno y otro juez afirman que el sindicado y la víctima incurrieron en un error de conducta, pues al momento de los hechos ambos ejercían una actividad peligrosa y se encontraban transgrediendo el reglamento de tránsito que válidamente la regula: el sindicado cruzando una vía preferencial sin marcar parada, y la víctima entrenando con sus compañeros en el casco urbano sin el permiso previo que esa actividad requiere. Ambos funcionarios reconocen el resultado dañoso de la colisión de los vehículos en la integridad física de Perico Estupiñán, quien sufrió lesiones que lo incapacitaron por cuarenta días, y le dejaron como secuelas la perturbación funcional del órgano olfativo y una deformación física, ambas de carácter permanente. Difieren las providencias de los jueces penales de instancia, en el juicio sobre la relación de causalidad entre el error de conducta y el daño, y en consecuencia, en la decisión sobre la culpabilidad de Rodríguez Castillo. El Juez Municipal consideró la circunstancia de que tanto el ofendido como el ofensor contravenían el reglamento de tránsito al momento de los hechos; sin embargo, para él es determinante (ver el último párrafo del folio 117) que Rodríguez Castillo no sólo contravino la norma que le obligaba a parar al llegar al cruce, sino que además, “...de acuerdo al artículo 132 del Dcto. Ley 1344/70 segundo párrafo, cuando hay una intercepción no señalizada como en éste caso se debe realizar el respectivo pare, si dos vehículos llegan a la intercepción tiene prioridad de cruce el vehículo que se encuentra a la derecha, como en este caso tenía prioridad la bicicleta- la cual al momento de la intercepción se hallaba en la derecha” (folio 91 del sumario, informe del perito técnico del Instituto de Tránsito de Boyacá). El Juez de Circuito en cambio, no considera que Rodríguez Castillo haya desconocido la prioridad de cruce de las bicicletas, por la sencilla razón de que tanto los testimonios como el croquis, dan cuenta de que la volqueta llegó al cruce antes que las bicicletas, y que si una de éstas -eran tres que al momento transitaban una al lado de la otra-, alcanzó a chocar contra la parte trasera de la volqueta antes de que ésta terminara de cruzar la avenida, ello se debió, más que a la imprudencia de Rodríguez Castillo, a la velocidad propia del entrenamiento que cumplían los ciclistas, aumentada por la gravedad -pues la carrera 9a. desciende al llegar al cruce con la calle 5a-, y a la imprudencia o impericia de los deportistas, que vieron la volqueta desde que empezó a cruzar y continuaron transitando por el lado de la calzada por el cual se encontrarían con ella, cuando ya había atravesado más de seis (6) metros de los ocho con diez (8.10) que mide en ese tramo la avenida (folios 150 y 151 del sumario). Ante esa versión de los hechos, que indudablemente encuentra respaldo en el acervo probatorio -incluídos el testimonio de la víctima y los de sus compañeros de entrenamiento-, ¿es irrazonable que el juez que conoce del recurso de apelación, juzgue que no hay pruebas suficientes para afirmar la culpabilidad de Rodríguez Castillo? Teniendo a la doctrina como criterio de lo que en tal situación puede considerarse razonable[3], y dada la versión de los hechos a la que llegó el Juez Promiscuo del Circuito de Socha, es razonable que él haya juzgado (atendiendo al texto de los artículos 21 del Código Penal y 247 del Código de Procedimiento Penal -notas de pié de página 1 y 2-), que en el proceso penal no se cumplía con el requisito establecido en la última de las normas citadas para adoptar una sentencia condenatoria; en consecuencia, al optar por la absolución no obedeció a su mera voluntad o capricho, lo que descarta definitivamente la existencia de una vía de hecho. 3.4. Inexistencia de violación o amenaza a los derechos fundamentales. El tercer aspecto que según la doctrina de la Corte Constitucional debe examinarse para decidir sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales es, si de la actuación de la autoridad demandada se siguió una violación o amenaza a los derechos fundamentales del actor. Como se explicó ya ampliamente, ni el derecho al debido proceso, ni el de tener acceso a la administración de justicia, le fueron violados al señor Perico Estupiñán. Además, él reclama que la actuación del Juez demandado le privó de una indemnización a la que tiene derecho. Empero, lo cierto es que, a consecuencia de la decisión del juez penal de segunda instancia, ese derecho no ha nacido en cabeza del actor y éste, si aspira a que tal derecho se declare judicialmente como suyo, debe acudir ante la jurisdicción competente, y probar ante el funcionario competente que la culpa de Rodríguez Castillo en las lesiones que sufrió, es mayor que la suya. DECISIÓN En mérito de las consideraciones expuestas, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO: Revocar la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo el siete (7) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995), y en su lugar, denegar la tutela impetrada por Hugo Darío Perico Estupiñán contra el Juez Promiscuo del Circuito de Socha. SEGUNDO: Comunicar la presente providencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1] “Causalidad. Nadie podrá ser condenado por un hecho punible, si el resultado del cual depende la existencia de éste, no es consecuencia de su acción u omisión. Cuando se tiene el deber jurídico de impedir el resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo”. [2] “Prueba para condenar. No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza del hecho punible y la responsabilidad del sindicado. En los procesos de que conocen los jueces regionales no se podrá dictar sentencia condenatoria que tenga como único fundamento, uno o varios testimonios de personas cuya identidad se hubiere reservado”. [3] valga como ejemplo el texto de Fernando Velásquez Velásquez, Derecho Penal -Parte general- quien afirma “...que cuando el jurista emite un juicio de tipicidad, debe precisar si la acción es causa del resultado, apoyado en diversas teorías históricamente formuladas al respecto, aunque en la práctica solo subsisten tres de ellas, como se indica a continuación”. “La primera y más tradicional es la llamada Teoría de la equivalencia de las condiciones [conditio sine qua non] ...partiendo de un concepto de causalidad natural, todas las condiciones del resultado tienen idéntica y equivalente calidad causal... esta fórmula se puede utilizar siempre y cuando se apliquen diversos correctivos... es posible que una cadena causal, una vez puesta en movimiento, sea interrumpida por otra u otras (causalidad acumulativa o alternativa) que puede(n) generar el resultado. La segunda de las posturas imperantes en este ámbito es la conocida con el nombre de Teoría de la causalidad adecuada...según la cual no toda condición es causa, penalmente hablando, sino aquella que según la experiencia general habitualmente produce el resultado...como puede apreciarse, se introduce un criterio valorativo (el de la experiencia general) que permite el desplazamiento del dogma causal hacia terrenos normativos acudiendo a pautas gaseosas, no siempre verificables, que tampoco resuelven diversas hipótesis de la vida práctica. La tercera postura, que preside la discusión desde los años setentas del siglo XX: Teoría de la imputación objetiva... su máximo teórico es el primero en reconocerlo, sus resultados son aún inseguros...”.

T-387-95 Sentencia No. T-387/95 Sentencia No. T-387/95 ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Nuevos hechos La Corporación revocará el fallo proferido por el Juzgado y procederá a conocer de la tutela de los derechos de la menor que se consideran violados por la accionada, por cuanto existen hechos nuevos respecto del fallo inicialmente adoptado por el Juzgado, consistentes en el traslado de la residencia de la menor y su familia de esta ciudad a Barranquilla, y también la negativa del ISS de la capital del Departamento del Atlántico a dar el respectivo tratamiento médico y suministrar los medicamentos requeridos por la menor para preservar su salud y subsistencia. DERECHO A LA SALUD-Suministro de medicamentos/DERECHO A LA SALUD DEL NIÑO/DERECHO A LA VIDA-Suministro de medicamentos Se está poniendo en peligro la vida, la salud y la integridad física de la menor, de manera injustificada ya que, como quedó establecido en el primer proceso de tutela, tanto el tramiento médico como el suministro de los medicamentos son necesarios para preservar la vida de la menor, y mejorar sus condiciones de salud, para que pueda llevar una existencia normal. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Suministro de medicamento/INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Atención a nivel nacional No encuentra la Corte Constitucional ninguna justificación para que una entidad de carácter nacional como el ISS, aduciendo que el traslado de una persona que tiene derecho a gozar de los servicios que dicha entidad presta, la imposibilita para atenderla porque solamente la Seccional de la ciudad de Medellín está autorizada para dar la atención médica y suministrar los medicamentos a la paciente, y no la de Barranquilla. En el caso sub exámine, tal decisión ha podido ocasionarle desmejoras en su salud a la menor, e inclusive podido poner en peligro su vida, situación a la cual no puede ser ajeno el Juez de tutela, más aún teniendo en cuenta que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás. FALLO DE TUTELA-Incumplimiento/ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Inexistencia La accionante nuevamente debió acudir a este mecanismo de protección, a fin de lograr el amparo efectivo de los  derechos de su hija, que ya había sido ordenado por providencia judicial, y que, como consecuencia de la actitud del ISS de Barranquilla al no acatarlo en debida forma, volvió a vulnerar los mismos derechos de ésta, obligando a la demandante a acudir nuevamente a la presente acción de tutela, con claro fundamento legal frente al incumplimiento de la decisión judicial, que no dio lugar a una acción temeraria, sino por el contrario, a la defensa de los derechos de los niños reconocidos en sentencias ejecutoriadas y quebrantados en forma ostensible por la entidad nacional oficial citada. REFERENCIA: Exp. No. T- 76201 DEMANDANTE: GRACIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ ACOSTA EN REPRESENTACION DE SU HIJA MENOR GISELLA PAOLA ECHAVARRIA RODRIGUEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES DE LA VIA 40 (Barranquilla). PROCEDENCIA: Juzgado Trece Penal Municipal de Barranquilla. TEMA: Derecho a la salud, a la vida  y a la integridad física de los niños. MAGISTRADO PONENTE: Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA. Santa Fe de Bogotá, septiembre 05 de mil novecientos noventa y cinco (1995). Procede la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA, a revisar el fallo proferido por el Juzgado Trece Penal Municipal de Barranquilla el 22 de junio de 1995 en el proceso de tutela de la referencia. El expediente llegó al conocimiento de esta Sala por remisión que le hizo el Juzgado Trece Penal Municipal de Barranquilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Con fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política, y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Ocho (8) de la Corte Constitucional escogió, para efectos de revisión, la acción de tutela de la referencia. I. ANTECEDENTES. 1. Manifiesta la accionante que instaura la presente acción de tutela en  representación de su hija menor de nueve años GISELLA PAOLA ECHAVARRIA RODRIGUEZ, que nació con un tumor en la cabeza del que fue operada. Cuando la menor tenía dos años se le diagnosticó una enfermedad conocida con el nombre de "Diabetes Insípida", por la cual recibió la correspondiente atención médica a través del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en la ciudad de Medellín. 2. Cuando cumplió los seis años de edad, su madre presentó una acción de tutela en contra de ISS por negarle el derecho a la asistencia médica del cual venía gozando como consecuencia del tratamiento al cual se encontraba sometida. En esa oportunidad el Juzgado Vigésimo Penal Municipal de Medellín dictó sentencia el 23 de agosto de 1994 tutelando los derechos de la menor, y ordenando al Gerente del ISS en Medellín, que a través de la Coordinación de Pediatría se le suministrara la atención médica requerida y consecuentemente el medicamento denominado "Desmopresina" hasta que el tratamiento así lo exigiera. 3. Por problemas familiares, la madre de la menor, ésta y su familia debieron trasladarse a la ciudad de Barranquilla, y para seguir con el tratamiento de la menor, le solicitaron al ISS de Medellín una orden para que la niña fuera atendida en la Seccional de la capital del Departamento del Atlántico. Por su parte, la Subgerente de Salud de la entidad accionada, Flor Angela Pulido, le informó a la madre de la niña que la droga no podía ser suministrada porque no gozaba de ese derecho en la ciudad de Barranquilla sino en Medellín, vulnerando así los derechos a la asistencia médica y a la salud de la menor. PRETENSIONES Manifiesta la accionante que instauró la presente acción de tutela por considerar que "se está violando el derecho a la salud de los niños, ya que es lo primero, si la niña no toma la medicina se muere (sic), yo cuando gané la tutela en Medellín, dijeron que eso era de por vida, y la niña necesita la droga de por vida por la enfermedad que ella tiene. Pido a la señora Juez que se solucione el problema porque el remedio que tengo se me está acabando y la niña se puede morir". Manifiesta la madre de la menor que no tiene recursos económicos ni siquiera para viajar a Medellín a traer la droga. II. LA DECISION JUDICIAL QUE SE REVISA. Correspondió conocer de la nueva acción de tutela al Juzgado Trece Penal Municipal de Barranquilla, el cual dictó sentencia el 22 de junio de 1995, rechazándola de plano por considerar que la señora GRACIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ ACOSTA, instauró una tutela temeraria en favor de su hija menor GISELLA PAOLA ECHAVARRIA RODRIGUEZ por las siguientes razones: "El art. 38 del decreto 2591 de 1991 dice "ACTUACION - TEMERARIA. Cuando sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes..." Analicemos lo anterior aplicado al caso que nos ocupa: a) Que se instaure una acción de tutela en varias oportunidades: Este requisito se cumple totalmente en este caso, ya que con anterioridad la accionante instauró acción de tutela por los mismos hechos ante el Juzgado Vigésimo Penal Municipal de Medellín (Antioquia) la cual fue fallada a su favor mediante providencia de fecha agosto veintitres (23) de mil novecientos noventa y cuatro (1994). b) Que las diferentes acciones de tutela sean presentadas por la misma persona: En ambos casos ha sido la misma señora GRACIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ ACOSTA quien ha promovido las tutelas. c) Que la reiterada invocación de la tutela se realice sin motivo expresamente justificado. También se cumple a cabalidad este requisito, toda vez que la presente acción de tutela versa sobre los mismos hechos que ya fueron decididos en el proveído emanado del Juzgado Vigésimo Penal Municipal de Medellín (Antioquia) de 1994 (sic). De lo anterior colegimos que estamos ante una actuación temeraria toda vez que la misma accionante manifiesta que antes ha instaurado acción de tutela sobre los mismos hechos y que esta fue resuelta a su favor, de la cual aporta fotocopia, y al revisarla constatamos que efectivamente se trata de los mismos hechos y derechos que ya fueron reconocidos, por lo que se advierte que este Despacho LA RECHAZARA DE PLANO, con fundamento en el art. 38 del decreto 2591 de 1991". III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. 1. Competencia. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por el Juzgado Trece Penal Municipal de Barranquilla el 22 de junio de 1995. 2. La Materia. Encuentra la Sala que en el asunto sub exámine se debe determinar, en primer término, si la actual acción de tutela presentada por la señora GRACIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ ACOSTA en favor de su hija menor GISELLA PAOLA ECHAVARRIA RODRIGUEZ, es constitutiva o no de una actuación temeraria al tenor de lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, ya que esta fue la razón expresada por el Juez de instancia para rechazar de plano la demanda, y citó para el efecto el artículo 38 del referido Decreto. Una vez dilucidado este aspecto, procederá la Corporación a establecer, en el evento en que se desestime el rechazo de la tutela, a analizar el fondo del asunto, para determinar si la acción es procedente y si hay lugar o no al amparo de los derechos de la menor. a. Temeridad en el ejercicio de la acción de tutela. Tal como lo señaló el Juzgado Trece Penal Municipal de Barranquilla en la sentencia objeto de revisión, el Decreto 2591 de 1991 establece en el artículo 38 lo siguiente: "Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. (...)" La Corporación en el pasado ha tenido la oportunidad de establecer cuándo ocurre la presentación temeraria de una acción de tutela. Basta recordar sobre este aspecto lo señalado en la Sentencia No. T-007 de 1994 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero), en la que se dijo lo siguiente: "Para poder concluir acerca de si el peticionario ha incurrido o no en la acción temeraria de que trata el artículo 38 precitado, es necesario analizar si se reúnen en el caso concreto los presupuestos exigidos por la disposición, así: Primero, que una misma acción de tutela sea presentada en varias oportunidades: este requisito se satisface ampliamente en el negocio presente, pues en tres (3) ocasiones se ha intentado la misma acción de tutela. En algunos casos este mecanismo ha revestido leves matices, pero se han invocado los mismos hechos y derechos, ya reseñados en la primera parte de esta sentencia. Este justamente es el caso del interno Pedro Orlando Ubaque, quien ha puesto imprudente y temerariamente en movimiento una plétora de acciones de tutela cuya repetida presentación es objeto de sanción por la Ley. Segundo, que las varias tutelas sean presentadas por la misma persona o su representante: en todos los casos ha sido el mismo actor quien ha presentado personalmente las tutelas. Tercero, que la reiterada invocación de la tutela se realice sin motivo expresamente justificado: también se cumple a cabalidad este requisito, toda vez que las acciones de tutela se intentaron a partir del primer semestre de 1993, en tres oportunidades y sobre la sentencia condenatoria del Juzgado Penal del Circuito, también en las mismas tres oportunidades. Luego no ha habido acontecimientos sobrevinientes, súbitos nuevos o excepcionales, que justifiquen la presentación de nuevas tutelas." En el caso sub exámine encuentra la Corporación que la madre de la menor en el pasado presentó una acción de tutela en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en la ciudad de Medellín, lo cual implica una anterior actuación iniciada por la misma persona en contra de la misma entidad, entendiendo que el ISS es una sola entidad que opera en las distintas regiones del país a través de sus seccionales, con lo cual los dos primeros requisitos antes mencionados para que se configure una eventual temeridad en la instauración de dos o más acciones de tutela se presentan en el caso sub exámine. Sin embargo, respecto del tercer requisito señalado en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 al cual hizo referencia la citada decisión, observa la Corte que existe una justificación más que suficiente para instaurar una segunda acción de tutela, ya que el ISS de Barranquilla, de conformidad con los hechos expuestos en la demanda, ha incurrido en una nueva vulneración de los derechos de la menor al negarse a suministrarle los medicamentos que requiere para su tratamiento médico y subsistencia, tal como se explicará más adelante. De manera que la Corporación revocará el fallo proferido por el Juzgado Trece Penal Municipal de Barranquilla, y procederá a conocer de la tutela de los derechos de la menor que se consideran violados por la accionada, por cuanto existen hechos nuevos respecto del fallo inicialmente adoptado por el Juzgado Vigésimo Penal Municipal de Medellín de fecha 23 de agosto de 1994, consistentes en el traslado de la residencia de la menor y su familia de esta ciudad a Barranquilla, y también la negativa del ISS de la capital del Departamento del Atlántico a dar el respectivo tratamiento médico y suministrar los medicamentos requeridos por la menor para preservar su salud y subsistencia. b. Derechos a la salud, a la vida y a la integridad física de los menores. Debe la Corporación expresar su preocupación por la actuación adelantada por el ISS de Barranquilla al negarse la Subgerente de Salud de esa entidad a prestar los servicios médicos a la menor, responsabilizando al ISS de Medellín a que pague el valor del tratamiento, y el suministro de los medicamentos requeridos por ella, ya que de esa manera se está incumpliendo la decisión adoptada por el Juzgado Vigésimo Penal Municipal de Medellín el agosto 23 de 1994, en la acción de tutela presentada anteriormente por la accionante, a través de la cual se ordenó al Gerente del ISS de Medellín, que por intermedio de la Coordinación de Pediatría se le prorrogara a la paciente el suministro del medicamento denominado "Desmopresina" y se le practicaran los controles respectivos que el tratamiento médico exige. Además, porque con tal actuación se está poniendo en peligro la vida, la salud y la integridad física de la menor, de manera injustificada ya que, como quedó establecido en el primer proceso de tutela, tanto el tramiento médico como el suministro de los medicamentos son necesarios para preservar la vida de la menor, y mejorar sus condiciones de salud, para que pueda llevar una existencia normal. Para tutelar los derechos de la menor, basta recordar lo dicho por la Corporación acerca del amparo del derecho fundamental a la salud, en cuanto tenga conexidad con los derechos a la vida y a la integridad física de las personas. Ha dicho la Corte en el pasado: "Considera la Sala conveniente aclarar al fallador de instancia que la tesis sostenida por esta Corporación, sobre la existencia de "derechos fundamentales por conexidad", y que consiste en aceptar como  tales, aquellos que no siendo denominados de esta manera en la Constitución, "sin embargo se califican así en virtud de su íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueran protegidos en forma inmediata los primeros se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos", como por ejemplo, el derecho a la salud, que no siendo a primera vista fundamental, pasa a gozar de esta categoría cuando se pone en peligro la vida de las personas (sent. T-491/92); no era necesario recurrir a ella en el evento que es objeto de examen, pues en esta oportunidad el accionante al aclarar su petición, conforme a la solicitud que le hiciera el Juzgado del conocimiento, invocó, además del tantas veces nombrado artículo 47 constitucional, el 44 del mismo ordenamiento, en el que se enumeran claramente los derechos de los niños y se les asigna el carácter de fundamentales, como también su prevalencia sobre los derechos de los demás. Disposición a la que curiosamente no se refirió dicho despacho judicial, en el fallo que resolvió la presente acción." (Sentencia No. T-200/93 M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz) En esa misma oportunidad, la Corte hizo referencia al mandato constitucional de proteger los derechos fundamentales de los niños con primacía sobre los de los demás, de conformidad con el artículo 44 de la Carta Política, en relación con el derecho a la salud y a la seguridad social. Dijo la Corporación: "Pues bien, el artículo 44 de la ley suprema, consagra como derechos fundamentales de los niños, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a que se le suministre una alimentación equilibrada, a tener una familia y no ser separado de ella, a la educación, a la cultura, a la recreación, etc, derechos que el Estado, la familia y la sociedad, están obligados a amparar, y hacer que se conviertan en realidad, pues se crearon en favor de una parte de la población cuya indefensión y debilidad es manifiesta. Para el caso a estudio, a pesar de que el accionante no se haya referido en particular a alguno de los derechos enunciados en este mandato constitucional, ha de entenderse, por el contenido de su petición, que pretende se tutele el derecho que tiene su hijo a la salud. El derecho a la salud, en favor de los niños, a diferencia del que tienen las demás personas, por voluntad expresa del Constituyente, se instituyó en la Carta como fundamental, y a él tienen acceso, en forma gratuita, todos los niños menores de un (1) año, quienes deben ser atendidos en las instituciones de salud que reciban aportes del Estado, siempre y cuando el menor "no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social", al tenor de lo normado por el artículo 50 ibidem. Por otra parte el Estado tiene la obligación de adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados y de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, con el deber de sancionar los abusos y maltratos que contra éllas se cometan. (artículo 13 incisos 1 y 2 de la Const. Nal)., igualmente se le impone la obligación de adelantar políticas de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se les prestará la atención especializada que requieran. (art. 47 C.N.)" Como ya se advirtió, el Juez Vigésimo Penal Municipal de la ciudad de Medellín dictó sentencia el 23 de agosto de 1994, en el primer proceso de tutela ordenando la protección de los derechos de la menor, ya que quedó establecido después de la respectiva práctica de pruebas, que aquella padece de una enfermedad denominada HISTIOCITOSIS X de pronóstico bueno, pero a raíz de la enunciada enfermedad resultó con DIABETES INSIPIDA, catalogada de origen central, la cual sino se trata oportunamente a través del suministro del medicamento denominado "DESMOPRESINA NASAL" la paciente no puede concentrar la densidad urinaria baja, se deshidrata y puede morir, según lo manifestó el Coordinador de Pediatría del ISS, el doctor FELIPE RESTREPO NARANJO. (Fl.9). Además en esa ocasión el Juez de tutela comprobó, con base en la declaración del doctor RESTREPO NARANJO, que si dicho medicamento  se le suministra a la menor cotidianamente, la niña presentará una función renal normal y una BUENA CALIDAD DE VIDA, o sea que se podrá desempeñar como una persona normal y sana; el mencionado Doctor agregó que su tratamiento implica controles periódicos, para evaluar la evolución de la enfermedad. Como consecuencia de dicha decisión, el Juez de tutela ordenó al ISS de Medellín que prestara a la menor la asistencia médica necesaria y le suministre los medicamentos requeridos, para así evitar la deshidratación y por último su muerte. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional ha dicho: "El ser humano necesita mantener ciertos niveles de salud para sobrevivir y desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de enfermedades incurables y mortales afecta esos niveles, poniendo en peligro la propia subsistencia, no resulta válido pensar que el enfermo esté ineluctablemente abocado a abandonarse a la fatalidad, desechando cualquier tratamiento, por considerarlo inútil ante la certeza de un inexorable desenlace final; todo lo contrario, el paciente tiene derecho, mientras tanto, a abrigar esperanzas de recuperación, a procurar alivio a sus dolencias, a buscar, por los medios posibles, la prolongación de la vida amenazada, si así lo desea. En concordancia con lo anterior, la Sala estima pertinente subrayar que, con independencia de las polémicas desatadas alrededor de la fijación del momento de su iniciación y terminación, la vida humana, asumida como la existencia histórica de una persona, es un proceso que entraña cambios somáticos y psíquicos que definen las fases sucesivas que experimenta el sujeto viviente. Ese devenir en que consiste la vida  impide concebirla apenas como una realidad estática, y favorece, en cambio, su entendimiento como un continuo dinámico sobre el que se funda el derecho a disfrutarla de principio a fin; de manera que, a más de la vida efectivamente transcurrida el hombre tiene derecho a que se le repeten y protejan las fases que le resten para completar su ciclo vital". (Sentencia No. T-271 de 1995. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero) Es de saber que al derecho que atañe a la menor para pedir que se le suministre un medicamento que le produzca alivio a su enfermedad, y le permita desarrollar su vida en mejores condiciones, o se le prolongue el tiempo de su existencia, corresponde como correlativo el evitar toda conducta que le impida u obstruya el ejercicio y la satisfacción de ese derecho. Ahora bien, queda establecido que la utilización del medicamento solicitado por la madre de la menor, hace parte del tratamiento que el médico del ISS de la ciudad de Medellín consideró conveniente seguir en procura de la salud de la menor, y el mejoramiento de sus condiciones de vida. En relación con lo anteriormente expuesto, resulta necesario recordar lo dicho por esta Corporación en la citada sentencia No. T-271 de 1995, en la cual se estudió un asunto similar al sub exámine. Dijo la Corte: "La Sala observa que en el caso analizado se distinguen dos tipos de relaciones a saber: entre el médico y el paciente y entre el paciente y el Instituto de Seguros Sociales. El primer evento ha sido dilucidado y, según se sigue de lo hasta ahora expuesto, es diferente el vínculo entre el paciente y la entidad afiliadora, que se revela conflictivo en la medida en que el Instituto se niega a otorgar la totalidad del tratamiento prescrito al enfermo, tratamiento que incluye el suministro de una droga determinada. Con base en los argumentos expuestos esbosados con anterioridad, se tutelarán los derechos invocados, resolviendo la controversia en favor del actor." (subrayado fuera del texto) De manera que, con base en las consideraciones expuestas, no encuentra la Corte Constitucional ninguna justificación para que una entidad de carácter nacional como el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, que de conformidad con la Ley 100 de 1993, se convirtió en una empresa industrial y comercial del Estado, que como tal presta un servicio público que está "bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad" (artículo 48 de la Constitución Política), aduciendo que el traslado de una persona que tiene derecho a gozar de los servicios que dicha entidad presta, la imposibilita para atenderla porque solamente la Seccional de la ciudad de Medellín está autorizada para dar la atención médica y suministrar los medicamentos a la paciente, y no la de Barranquilla. En el caso sub exámine, tal decisión ha podido ocasionarle desmejoras en su salud a la menor, e inclusive poner en peligro su vida, situación a la cual no puede ser ajeno el Juez de tutela, más aún teniendo en cuenta que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás (artículo 44 de la Carta). Por lo demás, esta actitud, lejos de preservar las finalidades que corresponden a la naturaleza de la acción de tutela, lo que en últimas significa es el desconocimiento y desacato a una decisión judicial, al tenor de lo consagrado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, ya que en el caso de la menor GISELLA PAOLA ECHAVARRIA RODRIGUEZ, el Juez Vígesimo Penal Municipal de Medellín, mediante sentencia del 23 de agosto de 1994, tuteló los derechos de aquella. En el presente proceso, la accionante nuevamente debió acudir a este mecanismo de protección, a fin de lograr el amparo efectivo de los  derechos de su hija, que ya había sido ordenado por providencia judicial, y que, como consecuencia de la actitud del ISS de Barranquilla al no acatarlo en debida forma, volvió a vulnerar los mismos derechos de ésta, obligando a la señora GRACIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ ACOSTA a acudir nuevamente a la presente acción de tutela, con claro fundamento legal frente al incumplimiento de la decisión judicial, que no dio lugar a una acción temeraria, sino por el contrario, a la defensa de los derechos de los niños reconocidos en sentencias ejecutoriadas y quebrantados en forma ostensible por la entidad nacional oficial citada. No sería justo desconocer en esta oportunidad el beneficio que se ha producido en el país con la consagración de la acción de tutela, considerada como una de las instituciones democráticas más bien concebidas en la Constitución Política de 1991, para la protección inmediata de los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando desde luego ella se utiliza por éstos adecuadamente y se aplica por el juez en la forma debida. Muestra clara de la eficacia positiva de dicha institución es la de que frente a los abusos que frecuentemente se cometen por parte de las autoridades públicas, como en el presente asunto, o a través de los mismos particulares en los casos establecidos por el ordenamiento jurídico, pueden los ciudadanos víctimas de atropellos y arbitrariedades, cuando se lesiona gravemente nada menos que el derecho a la salud de una menor, con peligro inminente para su propia vida, acudir a este mecanismo para la protección inmediata de sus derechos fundamentales, decretada por la Corte Constitucional como máxima potestad jurisdiccional en materia de tutelas. Por todo lo anterior, la Corporación procederá a revocar el fallo proferido por el Juzgado Trece Penal Municipal de Barranquilla el 22 de junio de 1995, y en su lugar dispondrá conceder la tutela de los derechos a la salud por su conexidad con los derechos a la vida y a la integridad física de la menor GISELLA PAOLA ECHAVARRIA RODRIGUEZ, a fin de que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de Barranquilla preste la atención médica correspondiente al tratamiento que debe continuarse en beneficio de la mencionada niña, y le suministre los medicamentos que le garanticen unas condiciones de vida normales. Se ordenará así mismo compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación a fin de que investigue las razones por medio de las cuales el ISS-Seccional Atlántico con sede en Barranquilla se negó a acatar el fallo del Juzgado Vigésimo Penal Municipal de Medellín que dispuso que se suministrara la atención médica requerida a la niña GISELLA PAOLA ECHAVARRIA RODRIGUEZ y consecuentemente el medicamento denominado "Desmopresina" hasta que el tratamiento así lo exija. IV. DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional obrando en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución RESUELVE: PRIMERO. REVOCAR por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la sentencia proferida por el Juzgado Trece Penal Municipal de Barranquilla el 22 de junio de 1995, y en su lugar TUTELAR los derechos a la salud por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad física de la niña GISELLA PAOLA ECHAVARRIA RODRIGUEZ. SEGUNDO. ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de Barranquilla que suministre en forma inmediata, a partir de la fecha de la notificación del presente fallo, los medicamentos requeridos por la citada menor, incluido el denominado "DESMOPRESINA NASAL". Así mismo esa entidad deberá prestar la atención médica necesaria para continuar con el tratamiento que estaba adelantando el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -SECCIONAL MEDELLIN-. TERCERO. COMPULSAR copias de este proveído a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION a fin de que inicie la investigación a que haya lugar como consecuencia de la negativa del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -SECCIONAL ATLANTICO- con sede en la ciudad de Barranquilla a dar cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Vigésimo Penal Municipal de Medellín el 23 de agosto de 1994. CUARTO. LIBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-388-95 Sentencia No. T-388/95 Sentencia No. T-388/95 SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION-Límites El acceso y permanencia con respecto a la educación, está circunscrito a las regulaciones encaminadas a la formación moral, intelectual y física de los educandos, dentro de las disponibilidades presupuestales y físicas del servicio, pues es evidente que no es posible obligar al ingreso a éste, frente a los inconvenientes derivados de la falta de escuelas, de personal docente, de dificultades financieras o de la misma estructura y capacidad de cupos. DERECHO A LA EDUCACION-Falta de cupos y de docentes No observa la Sala, ánimo discriminatorio ni deseo de excluir injustamente al menor accionante de tutela del servicio educativo a que constitucionalmente tiene derecho; en las afirmaciones de la directora de la escuela pública accionada, y que obran dentro del expediente, se aprecia más bien un ánimo y deseo de colaboración y de búsqueda de soluciones alternativas ante la imposibilidad material de la falta de cupos. Dificultad material que tal como lo indica la misma funcionaria, se debe a la limitación de espacio y al escaso número de docentes con que cuenta la Escuela. DERECHO A LA IGUALDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO-Limitaciones/ESCUELA DE NIÑAS No existe en el presente asunto vulneración al derecho a la igualdad del menor actor, ya que por razones de fuerza mayor como lo son la limitación física y de espacio y el escaso número de docentes, las directivas del plantel educativo se vieron forzadas a restringir los cupos, optando para la selección de los alumnos, el criterio antes expuesto de darle prioridad a las niñas y el resto de cupos para los niños según sus méritos. REF.: Expediente No. T - 76.525 PETICIONARIO: Camilo Andrés Agudelo Sánchez contra la Directora de la Escuela Antonia Santos. PROCEDENCIA: Juzgado Promiscuo Municipal de El Aguila, Valle. TEMA: Derecho a la Educación. “El acceso y permanencia con respecto a la educación, está circunscrito a las regulaciones encaminadas a la formación moral, intelectual y física de los educandos, dentro de las disponibilidades presupuestales y físicas del servicio, pues es evidente que no es posible obligar al ingreso a éste, frente a los inconvenientes derivados de la falta de escuelas, de personal docente, de dificultades financieras o de la misma estructura y capacidad de cupos”. MAGISTRADO PONENTE: HERNANDO HERRERA VERGARA Santa Fé de Bogotá, Septiembre cinco (5) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados HERNANDO HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO y FABIO MORON DIAZ, procede a revisar el fallo proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Aguila el 10 de julio de 1995, en el proceso de tutela de la referencia. I.     ANTECEDENTES. El menor CAMILO ANDRES AGUDELO SANCHEZ acude a la acción de tutela con el objeto de obtener la protección de sus derechos a la igualdad y a la educación, vulnerados a su juicio por la docente Luz Alba Castaño Hernández y la licenciada Martha Moreno de Zapata, en su calidad de directora de la Escuela pública Antonia Sántos ubicada en la cabecera municipal de El Aguila, al negársele el cupo para el curso tercero elemental. Señala el menor accionante que cursó los años primero y segundo elemental en la escuela pública Antonia Santos, habiéndolos aprobado, y no obstante al momento de ir a asentar la matrícula en compañía de su progenitora para el curso tercero, le fue negado el cupo por parte de la docente Luz Alba Castaño, con el argumento de que estos se habían agotado pues el límite era de 35 alumnos, teniendo como prioridad para admisión a las niñas. Expresa que “yo me di cuenta luego, que a unos compañeritos míos los recibieron, los matricularon y a mí no me quieren recibir. Los recibieron a ellos porque les dieron medalla, diplomas; a mí no me han dado nada pero yo me he manejado bien en la escuela, por lo menos en el primer período me manejé mal, pero en los otros me manejé bien”. El menor señala que desea continuar sus estudios en ese plantel educativo, “porque tengo los mismos derechos de mis amiguitos y quiero tener los mismos amiguitos. Yo no he irrespetado a los profesores; cuando digo que me manejaba mal era porque molestaba, jugaba en el salón y cuando estaban explicando era entretenido, eso fue únicamente en el primer período. Yo quiero terminar allá hasta quinto en esa escuela, quiero mucho a los profesores de allá, a mis amiguitos y he aprendido mucho de ellos”. II. LA DECISION JUDICIAL QUE SE REVISA A.   Pruebas practicadas por el Juzgado. Previa a la decisión de rigor, el Juzgado Promiscuo Municipal de El Aguila, decretó la recepción de las siguientes pruebas: 1. Se escucharon los testimonios de la Licenciada Martha Moreno de Zapata, Jefe de Núcleo Educativo y Directora de la Escuela Antonio Santos, así como de la docente Luz Alba Castaño, quienes coincidieron en afirmar que el plantel educativo se constituyó orientado a la formación exclusiva de niñas, pero a partir de 1987-88, se autorizó recibir niños, aunque se debía dar prelación a las niñas, cosa que ha venido sucediendo hasta la fecha. Expresan igualmente, que se dispuso para el año lectivo 1995-1996 recibir en cada curso un máximo de 35 alumnos debido a la limitación de espacio y el número de docentes con que cuenta la escuela actualmente, teniendo en cuenta adicionalmente que para llenar los cupos que quedaran para los varones, se tendría preferencia por los estudiantes de mejor comportamiento, habiéndose informado de todo ello a los padres de familia en el acto de clausura. Conforme a lo anterior, señalan que para el curso tercero habían sido promovidos 38 alumnos, procediendo a matricular inicialmente a las niñas que en total fueron 28 y los restantes 7 cupos se otorgaron de la siguiente manera: 3 a los estudiantes que ganaron diploma, mención honorífica y medalla de comportamiento; 2 a los alumnos repitentes que por no haber cumplido los objetivos se les debe conservar los cupos, y los 2 restantes se sortearon entre los alumnos que habían participado en la rifa de la medalla que se otorga por mejor comportamiento. 2. Para verificar lo relativo a la restricción de espacio alegada como factor determinante para haber limitado el cupo de estudiantes, el Juzgado se trasladó a través de los funcionarios del despacho, a la planta física de la Escuela Antonia Santos, donde pudo establecer que el inmueble sólo cuenta con tres salones aptos para albergar estudiantes en buenas condiciones de espacio, visibilidad y comodidad; los demás no ofrecen las condiciones óptimas para que permanezcan allí durante un tiempo considerable. Finalmente, se indica por el Juzgado del conocimiento, que en el curso de la diligencia se amplió el testimonio de la Directora Encargada de la Escuela Pública, quien expresó que en la cabecera municipal existe otra escuela pública para varones de básica primaria donde actualmente quedan cupos para todos los cursos. B.   Decisión adoptada por el Juez de Instancia. El Juzgado Promiscuo Municipal de El Aguila, Valle, mediante sentencia proferida el 10 de julio de 1995, resolvió no conceder la tutela del derecho a la educación solicitada por el menor CAMILO ANDRES AGUDELO SANCHEZ, por no encontrar vulneración alguna a los derechos presuntamente vulnerados por la accionada. El Juzgado fundamentó su decisión en los siguientes argumentos: "No puede haber vulneración al derecho a la igualdad cuando, por razones de fuerza mayor como lo son el restringido espacio y el poco número de Docentes, las Directivas del plantel educativo se ven forzadas a limitar los cupos, optando por seleccionar los estudiantes varones por sus méritos para otorgar los pocos que quedaban, dada la orientación femenina del claustro. Téngase en cuenta que no sólo Camilo Andrés fue perjudicado con tal evento. En el caso concreto la discriminación no sería razonable si existiera en el Centro Docente Antonia Santos disponibilidad física de espacio y de docentes, pero lo anterior no ocurre, tal como se corroboró palmariamente a través de la respectiva Inspección Judicial, la prueba testimonial y la documental correspondiente. .... En el evento sub-lite, tampoco podría predicarse que existe vulneración al derecho constitucional fundamental a la Educación, por lo siguiente: 1.- Si bien es cierto el Estado no solo está obligado a brindar a los menores el acceso a la educación sino también la permanencia tanto en el sector público como en el privado, ello también “está condicionado a los límites de cobertura del sector educativo, porque no se puede obligar a hacer lo que por las condiciones físicas -falta de escuelas, falta de personal docente, falta de presupuesto-, no es posible realizar. No obstante, el Estado tiene que procurar suplir las necesidad educativa de las personas ya sea por medios directos -creación de planteles educativos oficiales- o indirectos -Fomento de Instituos de Enseñanza Privada-”. 2.- Ahora bien, al menor Agudelo Sánchez no se le ha negado su derecho Fundamental a la Educación, pues, como lo afirma la Jefe de Núcleo Licenciada Martha Moreno de Zapata, en la cabecera municipal existe otro Centro Docente para varones de carácter público denominado Escuela Simón Bolivar, en el cual aún existen cupos para todos los grados correspondiente a la Educación Básica Primaria. La pérdida de cupo en la Escuela Antonia Santos, más por limitación de infraestructura física y docente, que por factores de orden académico o de comportamiento, como se desprende del caudal probatorio arrimado al informativo, no constituye en sí misma vulneración al derecho protegido en el art. 44 de la Normatividad Superior, pues el afectado al igual que los otros niños que tampoco alcanzaron cupo en la tantas veces mencionada Escuela Pública, tiene la posibilidad de acudir al otro establecimiento para continuar en él sus estudios” (negrillas y subrayas fuera de texto). III.    CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Primera.       La competencia. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Aguila. Segunda.   El Problema Jurídico. En el asunto sometido a revisión, el accionante presenta demanda de tutela contra la directora de la Escuela Pública Antonia Santos, al haberle negado el cupo para cursar tercero de primaria, no obstante haber terminado debidamente el grado segundo. Debe proceder la Corte a efectos de examinar el asunto sometido a su revisión, hacer algunas consideraciones referentes al derecho a la educación, que tienen fundamento en la jurisprudencia emanada de esta Corporación, así como respecto a la procedencia del amparo invocado, teniendo en cuenta para ello las pruebas que obran dentro del expediente. Tercera.     El derecho a la Educación en la Constitución y la imposibilidad física de acceder a ella por falta de cupos. Los artículos 26, 27, 67, 68, 69 y 70 de la Carta, consagran y desarrollan el derecho a la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Carta Política, “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. .... El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica...”. De suerte que resulta perfectamente lógico que se imponga al Estado, a la sociedad y a la familia, la responsabilidad de la educación y el carácter obligatorio de la misma entre los 5 y los 15 años de edad, comprendiendo un año de preescolar y 9 de educación básica, factores estos últimos que combinan la edad y el tiempo de escolaridad. Como lo ha señalado esta Corporación[1], según el ordenamiento superior, el Estado no sólo esta obligado a brindar a los menores el acceso a la educación sino también la permanencia en el sistema educativo, tanto en el sector público como en el sector privado. Ello sin embargo está condicionado a los límites de cobertura que tienen las instituciones educativas y a un mínimo de cumplimiento por parte de los educandos de los deberes correlativos al derecho a la educación. De esta manera, entonces, el acceso y permanencia con respecto a la educación, está circunscrito a las regulaciones encaminadas a la formación moral, intelectual y física de los educandos, dentro de las disponibilidades presupuestales y físicas del servicio, pues es evidente que no es posible obligar al ingreso a éste, frente a los inconvenientes derivados de la falta de escuelas, de personal docente, de dificultades financieras o de la misma estructura y capacidad de cupos. Ello no implica el hecho de que el Estado esté obligado a buscar los medios para garantizar el adecuado cumplimiento del servicio público de la educación -artículo 67 CP.-. No observa la Sala, ánimo discriminatorio ni deseo de excluir injustamente al menor accionante de tutela del servicio educativo a que constitucionalmente tiene derecho; en las afirmaciones de la directora de la escuela pública accionada, y que obran dentro del expediente, se aprecia más bien un ánimo y deseo de colaboración y de búsqueda de soluciones alternativas ante la imposibilidad material de la falta de cupos, cuando señala que “en la cabecera municipal existe otro Centro Docente para varones de carácter público, en el cual aún existen cupos para todos los grados correspondientes a la Educación Básica Primaria”. Dificultad material que tal como lo indica la misma funcionaria, se debe a la limitación de espacio y al escaso número de docentes con que cuenta la Escuela (lo cual fue comprobado por el a-quo durante la diligencia de inspección judicial practicada a la planta física del centro escolar), lo que llevó a que para el año lectivo 1995-1996, sólo se recibieran en cada curso un máximo de 35 alumnos. Decisión ésta adoptada por la Directora de la Escuela, en asocio con los docentes y el Consejo de Profesores, estableciendo para el efecto una serie de pautas y medidas en orden a determinar cómo seleccionar ese número para cada curso. En el caso concreto de los estudiantes que finalizaban segundo elemental, entre ellos el actor, los padres de familia fueron enterados por la docente de ese curso en la última reunión así como en el acto de clausura, sobre el cupo para el grado tercero y los mecanismos que se tendrían en cuenta para la admisión a dicho curso, los siguientes aspectos: prioridad a las niñas y los cupos restantes a los estudiantes galardonados, el rendimiento académico y su comportamiento. Es del caso destacar que el total de alumnos que no fueron matriculados por razones de espacio físico y de docentes, fue de once, entre los cuales figura el menor peticionario de tutela, razón por la cual, además, de ser procedente la solicitud de amparo invocada por el actor, tendrían el mismo derecho los demás niños no admitidos por carencia de cupos para el nuevo año lectivo. Es apenas normal que, como ya lo ha reiterado esta Corporación[2], ante el déficit de cupos se imponga una selección de los aspirantes, evaluando una serie de factores de orden físico, presupuestal y académico, como así lo tiene establecido el mencionado plantel educativo en su reglamento académico o “manuel de convivencia”. Criterios que no resultan para esta Sala de Tutelas contrarios al derecho a la educación, y que obedecen a hechos que no pueden remediarse en una decisión judicial de tutela, para el caso concreto, pues obedecen a deficiencias estructurales, que al presente sobrepasan las posibilidades del servicio que por este aspecto, tiene un carácter asistencial, no resultando un derecho fundamental de los amparables por vía de tutela. Al respecto es pertinente resaltar como el mencionado Manual de Convivencia de la Escuela Antonia Santos contiene un capítulo destinado a la Admisión de estudiantes -capítulo I-, en el cual se dispone que: “Artículo 1o. Siendo este centro docente desde su fundación concebido como ESCUELA DE NIÑAS ANTONIA SANTOS, se dará prioridad para la admisión de estas. Artículo 2o.        Se establece que el cupo para cada grado será de 35 alumnos. .... Artículo 4o.        Parágrafo 1o. Si el cupo establecido para cada grado no es cubierto por niñas, se tendrá en cuenta niños que estén cursando en este establecimiento su educación básica, cumpliendo como requisito su rendimiento académico y su excelente comportamiento”. Con fundamento en lo anterior, no encuentra la Sala de Revisión que se le haya vulnerado el derecho a la educación al menor Camilo Andrés Agudelo, pues de una parte, como ya se indicó, si bien es cierto el Estado no sólo está obligado a brindar a los niños entre los cinco y los quince años el acceso a la educación, sino también la permanencia está condicionada a los límites de cobertura del sector educativo, porque no se puede obligar a hacer lo que por las condiciones físicas -falta de escuelas, de personal docente y de presupuesto-, no es posible realizar. Y de la otra, porque en la cabecera municipal de El Aguila existe otro centro docente para varones de carácter público denominado Escuela Simón Bolivar, en el cual aún existen cupos para todos los grados correspondientes a la educación básica primaria. Cuarta.      Inexistencia de violación al Derecho a la Igualdad. Un aspecto adicional se plantea en cuanto a la presunta violación del derecho a la igualdad por parte de la Directora de la Escuela Pública Antonia Santos, y que sugiere un trato discriminatorio, toda vez que según la declaración del menor, “quiero entrar allí porque tengo los mismos derechos de mis amiguitos, quiero tener los mismos amiguitos”. Sobre el particular, comparte esta Sala las apreciaciones del a-quo, en cuanto a que no existe en el presente asunto vulneración al derecho a la igualdad del menor actor, ya que por razones de fuerza mayor como lo son la limitación física y de espacio y el escaso número de docentes, las directivas del plantel educativo se vieron forzadas a restringir los cupos en 35, optando para la selección de los alumnos, el criterio antes expuesto de darle prioridad a las niñas y el resto de cupos para los niños según sus méritos. Así, se agrega, “en el caso concreto la discriminación no sería razonable si existiera en el Centro Docente Antonia Santos disponibilidad física de espacio y de docentes, pero lo anterior no ocurre, tal como se corroboró palmariamente a través de la respectiva inspección judicial, la prueba testimonial y la documental correspondiente”. En tales circunstancias, la libertad y el derecho que les es reconocida a los niños en la Carta Política (artículos 27, 44 y 67), y en el evento que se examina al menor Camilo Andrés Agudelo, se ven limitados por el propio derecho que le asiste a los otros alumnos que fueron admitidos en detrimento de los demás aspirantes que no pudieron serlo por falta de cupos -un total de 11 alumnos-; ya que en la selección no resultó favorecido. Como se anotó, limitan su derecho como se indicó atrás, circunstancias estructurales del servicio insuperables por vía de la tutela. Finalmente, no sobra destacar, que como lo señalara la directora de la Escuela Pública Antonia Santos, el derecho a la educación del menor accionante de tutela puede ser garantizado y concretizado acudiendo al otro centro educativo localizado en la misma cabecera municipal de El Aguila -Escuela Pública Simón Bolivar-, para continuar en él sus estudios, especialmente teniendo presente que como lo expresó la citada funcionaria, en la actualidad existen cupos para todos los cursos de primaria. En ese orden de ideas, es improcente la tutela instaurada por el menor Camilo Andrés Agudelo contra la directora de la Escuela Pública Antonia Santos por violación del derecho a la igualdad originado en la renuencia del mencionado centro educativo a matricularlo, debido a la falta física de cupos y de docentes en la institución educativa acusada y, por tanto, se confirma la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Aguila. IV.    DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional obrando en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Aguila, Valle, el 10 de julio de 1995, en relación con la acción de tutela promovida por CAMILO ANDRES AGUDELO SANCHEZ. SEGUNDO.  LIBRENSE por la Secretaría General de la Corte Constitucional, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO           FABIO MORON DIAZ Magistrado                                                Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1] Sentencia No. T-186 de 1993 [2] Sentencia No. T-441 de 1994.

T-389-95 Sentencia No. T-389/95 Sentencia No. T-389/95 CONCURSO DE MERITOS-Nombramiento de quien obtuvo el primer puesto Al comprender el proceso de selección varias etapas, los factores de calificación exigidos deben llenar y satisfacer la totalidad de los requerimientos señalados por el ente nominador, para que pueda conllevar a la escogencia de la persona más idónea para el correcto desempeño del cargo.  Esto implica que quien ocupe el primer lugar, es la persona que por sus méritos satisfizo de mejor manera los requisitos para entrar a ejercer el puesto y es a él a quien debe el nominador nombrar. SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Preexistencia de derechos constitucionales/DERECHOS FUNDAMENTALES-Aplicación permanente Estima la Sala que es del caso aclarar que independientemente de que la fecha de las sentencias que declararon la inexequibilidad de las disposiciones contentivas de la potestad discrecional que la entidad demandada alega sea posterior a la fecha del nombramiento que se hizo a persona distinta de la peticionaria, se concederá la tutela, pues los referidos pronunciamientos no tienen el efecto de constituir los derechos vulnerados, los que existían, con anterioridad a ellos, en cabeza de la actora y le fueron violados mediante comportamientos que, desde un principio, se colocaron en contradicción con la preceptiva constitucional que reconoce los derechos de los asociados. DERECHO AL TRABAJO-Nombramiento de quien obtuvo el primer puesto Ha debido el I.C.B.F., nombrar para el cargo al cual concursó, sin embargo, apartándose del riguroso orden de mérito establecido, de los fines esenciales de la carrera administrativa, del respeto a las distintas etapas del proceso de selección y de la confianza depositada por el aspirante en la administración pública, dicho establecimiento profirió la Resolución, nombrando a quien había ocupado el tercer lugar, vulnerando, en consecuencia, los principios fundamentales de la justicia y buena fe, como también, los derechos constitucionales a la igualdad y al trabajo. Este último, por cuanto se le niega arbitrariamente a la demandante un derecho adquirido, el cual se constituía en una obligación para la administración pública de nombrarlo en el cargo para el cual cumplió y satisfizo todos los requerimientos exigidos en el proceso de selección. MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL INEFICAZ-Nombramiento de quien obtuvo el primer puesto La acción de tutela se torna en el instrumento idóneo y eficaz para proteger estos derechos fundamentales, que al mantenerse su vulneración, merecen ser protegidos por esta Corporación. REF: Expediente No. T-74.081 Concurso abierto. Nombramiento a quien ocupe el primer puesto dentro de la lista de elegibles. Existencia de otro medio de defensa judicial. Ineficacia. Aplicación permanente de los derechos fundamentales. Actora: Alcira Eugenia Gómez de Peñaloza contra Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Atlántico, Barranquilla. Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr.  VLADIMIRO NARANJO MESA Dr.   JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá, D. C., septiembre cinco (5) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Octava de Revisión de Tutela de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Vladimiro Naranjo Mesa y Fabio Morón Díaz, decide  sobre el  fallo de tutela de fecha 14 de junio de 1995, proferido por la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena Laboral. I. ANTECEDENTES A. HECHOS La ciudadana Alcira Eugenia Gómez de Peñaloza, instauró acción de tutela contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Atlántico, invocando la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad, con base en los siguientes hechos: Mediante Convocatoria número 022 del 26 de julio de 1994, la Regional del I.C.B.F., llamó a concurso abierto para proveer el empleo de Profesional Universitario, Código 3020, Grado 04 del Centro Zonal No. 1 Prevención. Posteriormente, el 23 de septiembre de 1994, mediante Resolución número 862, se estableció en orden de mérito una lista de elegibles de seis personas, dentro de la cual la actora ocupó el primer puesto, con un puntaje de 77.7. Sin embargo, considera la demandante, por medio de Resolución 2645 del 26 de diciembre de 1994, la Dirección General de la entidad demandada, resolvió nombrar en período de prueba a la doctora Nellit Jiménez Fernández, persona que ocupo el tercer puesto con una calificación inferior de 73.7, contrariando así, normas superiores y jurisprudencia de la Corte Constitucional, que para el efecto establecieron los criterios para seleccionar a quien haya ocupado el primer lugar. En consecuencia, solicita la peticionaria se le nombre en el cargo para el cual concursó. Con la demanda se acompañó certificación del I.C.B.F., sobre el puntaje obtenido en las pruebas realizadas. B. ACTUACION PROCESAL El conocimiento de la demanda correspondió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala Laboral-, quien al avocarla dispuso solicitar a la entidad demandada información sobre los motivos que se tuvieron en cuenta para no nombrar en el cargo a la peticionaria.  Igualmente, se le requirió para que acompañara copias de las diligencias desarrolladas en el trámite del concurso. El I.C.B.F., manifestó que bajo la vigencia del Decreto 256 del 28 de enero de 1994, artículo 34, se ordenaba la provisión de los empleos, objeto de concurso, con una de las personas que se encontrara entre los tres primeros puestos de la lista de elegibles y conforme a esa facultad discrecional reconocida legalmente el nominador procedió, sin desconocer, el mérito que para efectos del concurso obtuvieron los aspirantes.  Para probar lo anterior, allegó copias de la resoluciones 000862 de 1994 y 2645 de 1994. C. DECISIONES JUDICIALES 1.      Primera instancia. Tribunal Superior -Sala Laboral- del Distrito Judicial de Barranquilla. En sentencia proferida el 11 de mayo del presente año, el a quo resolvió conceder la demanda de tutela, con fundamento en que si bien se consagraba una discrecionalidad para el ente nominador, la misma estaba instituida en la ley en favor de la administración y no podía ser arbitraria, sin mediar siquiera motivación para ello, conforme lo había señalado la sentencia de tutela número T-422 de 19 de junio de 1992, proferida por la Corte Constitucional. Observa entonces, el sentenciador, que el nominador actuó contrario a sus propias decisiones, puesto que la persona designada en período de prueba obtuvo un puntaje inferior, vulnerando así los derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad.  Por ello, ordenó al I.C.B.F., realizar las gestiones necesarias en el término de 48 horas, para nombrar a la señora Gómez de Peñaloza, en el cargo para el cual se presentó y ocupó el primer lugar. Notificadas las partes de la decisión por telegrama, la parte demandada, mediante apoderado judicial impugnó oportunamente la sentencia, considerando que el nombramiento se produjo cuando se encontraba vigente la normatividad que consagraba la facultad discrecional del nominador sobre los elegibles, situación que se permitía antes de que se profiriera la sentencia  de la Corte Constitucional número C-040 del 9 de febrero de 1995, que declaró inexequible dicho aparte y la cual tuvo efectos hacia el futuro.  Observó, igualmente, el impugnante que la peticionaria dispone de otro medio de defensa judicial, como es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo. 2.      Segunda instancia. Corte Suprema de Justicia -Sala Plena Laboral- El ad quem, en sentencia calendada 14 de junio del año en curso, revocó la decisión de primera instancia, argumentando que la sentencia C-40 de 1995, proferida por esta Corporación, no tiene carácter retroactivo y, en consecuencia, si el nombramiento se hizo cuando la norma establecida para el efecto se encontraba vigente, los actos administrativos expedidos gozan de la presunción de legalidad. En consecuencia, constituye la sentencia del a quo un desatino hermenéutico, cuando lo demostrado en el proceso es que el nominador actuó dentro de la potestad reglamentaria otorgada y aunque posteriormente fue declarado inexequible el aparte del artículo 9 del Decreto Ley 1222 de 1993, este acontecer jurídico no modifica los actos administrativos pretéritos expedidos durante su vigencia, por cuanto los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad se predican hacia el futuro, en virtud a que la Corte Constitucional no dispuso lo contrario. Seguidamente, pone de presente el fallador, la existencia de otro medio judicial de defensa como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, agregando por último, que si consideraba la actora que la violación era manifiesta podía solicitar la suspensión provisional del acto. En consecuencia, revoca la decisión del inferior negando el petitum y dispone la notificación a las partes de esta decisión. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL A. COMPETENCIA La Sala Octava de Revisión de esta Corporación, es competente para decidir el asunto sub-examine, en virtud de los artículos 86 inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. B. EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y LA CARRERA ADMINISTRATIVA Encuentra necesario esta Sala, determinar previamente si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es una entidad sometida al régimen de la carrera administrativa. En efecto, el I.C.B.F., fue creado por la Ley 75 de 30 de diciembre de 1968, como establecimiento público adscrito al Ministerio de Salud, cuyo objetivo es propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus derechos. Posteriormente, el Decreto número 1468 de junio 19 de 1979, vino a determinar la selección para el ingreso de personal a través de concurso abierto, con base exclusivamente en el mérito y exceptúa los cargos de libre nombramiento y remoción.  Igualmente, la Ley 10 de enero 10 de 1990, puntualizó ciertos aspectos sobre la carrera administrativa. Ahora, con la Constitución Política de 1991, los empleos en los órganos y entidades son de carrera, excepto los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.  Además, si el sistema de nombramiento no ha sido determinado por la Constitución o la ley, los funcionarios serán nombrados por concurso público.  Fue así como en desarrollo del artículo 125 de la Carta, el Congreso expidió la Ley 27 de 1992, la cual manifestó que el objeto de la carrera administrativa es garantizar la eficiencia de la administración pública, brindando igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la capacitación, la estabilidad en sus empleos y la posibilidad de ascender en la carrera.  Asimismo, se expidieron los decretos 1222 de 1993 y 256 de 1994. Al respecto, en sentencia C-195 del 21 de abril de 1994, con ponencia del Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, esta Corporación manifestó: “El sistema de carrera administrativa tiene como finalidad la realización de los principios de eficacia y eficiencia en la función pública, así como procurar la estabilidad en los cargos públicos, con base en estos principios y en la honestidad en el desempeño de los mismos.  Se busca que la administración esté conformada por personas aptas desde los puntos de vista de capacitación profesional e idoneidad moral, para que la función que cumplan sea acorde con las finalidades perfectivas que el interés general espera de los empleados que prestan sus servicios al Estado.  El elemento objetivo de la eficiencia es el determinante de la estabilidad laboral, por cuanto es su principio de razón suficiente.  No se trata de una permanencia en el cargo por razones ajenas a la efectividad de los buenos resultados, ni el ingreso al empleo sin una vinculación fundada en motivos diferentes a la capacidad.  Igualmente, el retiro se hará por hechos determinados legalmente, inspirados en la realidad de la eficiencia laboral. En definitiva, lo que se protege es el interés general”. Posteriormente, con argumentos similares se manifestó que la carrera administrativa “...comprende un conjunto de realidades llamadas a perfeccionar la dinámica del Estado que, en nuestros días, con el aumento de las tareas de distinta naturaleza a su cargo, requiere, ante las expectativas de resultados, los fines definidos en la legislación, los efectos de distinta índole y alcance producidos por su proceder, seleccionar adecuadamente a los servidores públicos, perfeccionar sus métodos y sistemas, mejorar la calificación técnica y moral de los trabajadores, y asegurar que no sean los intereses políticos, sino las razones de eficiente servicio y calificación, las que permitan el acceso a la función pública en condiciones de igualdad...”.  (Sentencia número C-356 de agosto 11 de 1994). Por ello, la Ley 27 de 1992, establece que la carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal. Podemos concluir así, que el I.C.B.F. es un establecimiento público bajo el régimen de la carrera administrativa. C. INGRESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA POR MERITOS Al pronunciarse esta Corporación sobre la constitucionalidad del artículo 9 del Decreto 1222 de 1993, en sentencia C-040 del 9 de febrero del presente año, con ponencia del Dr. Carlos Gaviria Díaz, se manifestó que la carrera administrativa se fundamenta única y exclusivamente en el mérito y la capacidad del funcionario público, debiendo seleccionar la administración al más destacado, a quien demostró la mejor preparación, conocimiento y competencia.  Se manifestó, además, que un apropiado sistema de carrera, garantizaría el derecho de todas las personas a formar parte de la administración pública en igualdad de condiciones y oportunidades, como también el derecho a una estabilidad en el cargo, siempre y cuando cumplan fielmente sus deberes, obteniendo así la transparencia, moralidad, imparcialidad y eficiencia. Seguidamente, esta sentencia enfatizó: “Para esta Corporación es claro, que un verdadero concurso de mérito es aquel en el que se evalúan todos y cada uno de los factores que deben reunir los candidatos a ocupar un cargo en la administración pública, dentro de una sana competencia para lograr una selección justa, equitativa, imparcial y adecuada a las necesidades del servicio público.  En consecuencia, la administración habrá de señalar un valor determinado a cada uno de los ítems, (condiciones profesionales, morales y personales) y, por consiguiente, el aspirante que obtenga el máximo puntaje es quien tiene derecho a ser nombrado en el cargo para el  que concursó.  Es que cuando se fijan en forma precisa y concreta cuáles son las condiciones que han de concurrir en los aspirantes y se establecen las pautas o procedimientos con arreglo a los cuales se han de regir los concursos, no existe posibilidad legítima alguna para desconocerlos y una vez apreciados éstos, quien ocupará el cargo será quien haya obtenido la mayor puntuación.”. Igualmente, la sentencia de constitucionalidad número C-041 proferida por esta Corporación, con ponencia del Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, expresó: “La finalidad del concurso es hacer que sean los mejores los que ingresen al servicio público; su idea-fuerza, en consecuencia, gira alrededor del mérito.  Para alcanzar este objetivo es indispensable que la sociedad y sus miembros respondan positivamente a la convocación y que el afán de servicio junto a la cultura y al saber concurran con miras a escoger a los más aptos y capaces”. D. DISCRECIONALIDAD DEL NOMINADOR VIOLATORIA DE DERECHOS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. OBLIGACION DE NOMBRAR A QUIEN OBTUVO EL PRIMER LUGAR Ha señalado esta Corporación que nuestra Carta Política no atribuyó al nominador poder discrecional alguno para nombramiento, en relación con los empleos sujetos a concurso público, por cuanto se parte de la premisa de que el interés público se sirve mejor acatando el resultado del concurso, careciendo así la administración de libertad para adoptar una decisión diferente al resultado obtenido. Y agrega:  “Prescindir del riguroso orden de mérito deducible del concurso público una vez verificado, equivale a quebrantar unilateralmente sus bases.  Establecer un concurso público y señalar un procedimiento que termina por no atribuir al vencedor el cargo o plaza objeto del mismo, elimina su esencia y lo despoja de estímulo.  Si en verdad se anuncia por el Estado que un empleo se va a nombrar por concurso y, en últimas se designa al tercero o al segundo mejores aspirantes, pero no al primero, se defrauda la confianza de este aspirante inducida en virtud de la convocatoria y, de este modo, igualmente, se asalta la buena fe de todos los restantes aspirantes que en teoría han emulado y se han presentado al concurso con miras a ser los primeros y así obtener en justa lid el premio a su mérito -socialmente comprobado-, representado en este caso, por el consecuente nombramiento con apego al resultado objetivo del concurso...La situación descrita viola abiertamente los principios de la justicia y de la buena fe.”. Sentencia número C-041 del 9 de febrero de 1995, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. Señala, además, la aludida sentencia que la falta de absoluta seguridad en el pronóstico que ningún sistema de nombramiento puede ofrecer, no se soluciona trastornando el concurso o desfigurando sus resultados mediante la facultad discrecional de nombramiento, sino a través del establecimiento de un período de prueba dentro del cual será objeto la persona de calificación. Concluye así, que la discrecionalidad otorgada vulnera el derecho a la igualdad de acceso a la función pública y para asegurarla es menester que las convocatorias sean generales y que los méritos y requisitos tengan suficiente fundamentación objetiva y reciban una valoración razonable y proporcional a su importancia intrínseca. Al respecto, la sentencia C-040 del 9 de febrero del presente año, con ponencia del Dr. Carlos Gaviria Díaz, adujo: “...considera la Corte que una de las formas de acabar con esta práctica, es precisamente incluir dentro de los factores de calificación, la idoneidad moral, social y física del candidato, pues el hecho de que el análisis en ese campo pertenezca a la subjetividad del nominador, no significa arbitrariedad, pues tales aspectos también han de ser apreciados y calificados, para evitar abusos.  De no ser así se desnaturalizaría la carrera administrativa y, por ende, se infringiría el artículo 125 Superior....Por tanto, quien ocupe el primer lugar, de acuerdo al puntaje obtenido, será el ganador y excluirá a los demás, en orden descendente.  Si se procede de otro modo, habría que preguntarse, como lo hace el demandante, para qué el concurso de méritos y calidades, si el nominador puede elegir al candidato de sus preferencias? De este campo, es preciso desterrar la arbitrariedad y, justamente, para ese propósito se ha ideado el concurso...”. Con base en lo transcrito, se declaró inexequible el aparte del artículo 9o. Del Decreto 1222 de 1993, que dice:  “...la provisión del empleo deberá hacerse con una de las personas que se encuentre entre los tres primeros puestos de la lista de elegibles...” por infringir los artículos 13, 40-7 y 125 de la Constitución Política. Por lo anterior, al comprender el proceso de selección varias etapas como son la convocatoria, el reclutamiento, la aplicación de pruebas o instrumentos de selección, la conformación de la lista de elegibles y el período de prueba; los factores de calificación exigidos deben llenar y satisfacer la totalidad de los requerimientos señalados por el ente nominador, para que pueda conllevar a la escogencia de la persona más idónea para el correcto desempeño del cargo.  Esto implica que quien ocupe el primer lugar, es la persona que por sus méritos satisfizo de mejor manera los requisitos para entrar a ejercer el puesto y es a él a quien debe el nominador nombrar. E. EXISTENCIA DE OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL. INEFICACIA Contempla el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, las causales de improcedencia de la tutela, señalando en el numeral primero la existencia de otros recursos o medio de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  Agrega que la existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante. A este respecto, cabe recordar, la sentencia número T-100 del 9 de marzo de 1994, con ponencia del Dr. Carlos Gaviria Díaz, la cual señaló: “En conclusión, la Corte mantiene su doctrina, reiterando que: el juez de tutela debe examinar en cada caso si el mecanismo alternativo de defensa judicial que es aplicable al caso, es igual o más eficaz que aquella. La Corte, empero, encuentra necesario hacer la siguiente precisión: cuando el juez de tutela halle que existe otro mecanismo de defensa judicial aplicable al caso, debe evaluar si, conocidos los hechos en los que se basa la demanda y el alcance del derecho fundamental violado o amenazado, resultan debidamente incluidos TODOS los aspectos relevantes para la protección inmediata, eficaz y COMPLETA del derecho fundamental vulnerado, en el aspecto probatorio y en el de decisión del mecanismo alterno de defensa. Si no es así, si cualquier aspecto del derecho constitucional del actor, no puede ser examinado por el juez ordinario a través de los procedimientos previstos para la protección de los derechos de rango meramente legal, entonces, no sólo procede la acción de tutela, sino que ha de tramitarse como la vía procesal prevalente.  Así como la Constitución no permite que se suplante al juez ordinario con el de tutela, para la protección de los derechos de rango legal, tampoco permite que la protección inmediata y eficaz de los derechos fundamentales, sea impedida o recortada por las reglas de competencia de las jurisdicciones ordinarias.”. En un caso similar al caso que nos ocupa, la Sala Séptima de Revisión presidida por el Dr. Alejandro Martínez Caballero, en sentencia número    T-325 de julio 26 del año en curso, trajo a colación su sentencia T-298 del 11 de julio pasado, la cual señaló: “Empero, esos otros medios judiciales deben tener, por lo menos, la misma eficacia de la tutela para la protección del derecho de que se trate.  Analizadas las circunstancias del caso concreto, se concluye que tales acciones no se revelan más eficaces que la tutela ya que, la decisión tardía del asunto deja, mientras tanto, intacta violaciones a los derechos a la igualdad y al trabajo, al primero, porque, tal como lo puso de presente la Corte, el aspirante merece un trato acorde con los resultados obtenidos en el concurso efectuado y si se ignora esa condición preferente, ubicándolo en la posición de quienes no participaron o de quienes habiéndolo hecho obtuvieron calificaciones inferiores, se contradice el artículo 13 constitucional y, al segundo, porque negar un nombramiento al que válidamente se tiene derecho impide laborar en condiciones dignas y justas. Fuera de lo anterior, la urgencia de brindar una protección inmediata se torna más patente si se tiene en cuenta que el término de validez de la lista de elegibles precluye en el mes de noviembre de este año.”. Igualmente, se manifestó en la sentencia número T-325, que: “Estas apreciaciones coinciden con las vertidas por la Sala Segunda de Revisión en la sentencia No. T-256 de 1995, conforme a las cuales mediante el ejercicio de las acciones que pueden impetrarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no se obtiene ‘el resultado deseado, cual es el de ser nombrado en el cargo correspondiente’. Esta Sala reitera ese pronunciamiento y en armonía con él advierte que no existe contradicción entre lo aquí decidido y el fallo S.U. 458 de 1993 ‘porque en esta oportunidad se consideró la situación especial generada en virtud de las sentencias C-040/95 y C-041/95 y además, que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no es el mecanismo idóneo para amparar los derechos fundamentales que le fueron violados a la peticionaria (M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell)’.”. En sentencia número T-286 de julio 4 del año en curso, el Dr. Jorge Arango Mejía, en relación con la demanda de tutela adelantada contra la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, señaló: “La Corte no se inmiscuye en el acto del nombramiento propiamente, sino que ordena que se surta, en debida forma, una etapa del proceso del concurso que la Universidad omitió, omisión que consistió en no notificar sobre los resultados del mismo. En relación con lo estimado por los jueces de instancia, sobre la no procedencia de esta tutela por contar el actor con otros medios de defensa judicial, específicamente, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la Sala no desconoce la posibilidad de que el demandante pueda hacer uso de tales acciones, pero la presente acción se concederá sin condicionarla a tal evento, pues se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 6o., numeral 1., del decreto 2591 de 1991, en cuanto dice: ‘...La existencia de dichos medios (de defensa judicial) será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.’. F. PERMANENCIA DE LOS HECHOS En asuntos semejantes al que nos ocupa, las sentencias 325 y 326 del 26 de julio del año en curso, con ponencia del Dr. Alejandro Martínez Caballero, señalaron: “...estima la Sala que es del caso aclarar que independientemente de que la fecha de las sentencias que declararon la inexequibilidad de las disposiciones contentivas de la potestad discrecional que la entidad demandada alega sea posterior a la fecha del nombramiento que se hizo a persona distinta de la peticionaria, se concederá la tutela, pues los referidos pronunciamientos no tienen el efecto de constituir los derechos vulnerados, los que existían, con anterioridad a ellos, en cabeza de la actora y le fueron violados mediante comportamientos que, desde un principio, se colocaron en contradicción con la preceptiva constitucional que reconoce los derechos de los asociados. Los argumentos que sirvieron de base a la declaratoria de inexequibilidad precisan en forma muy clara las causas de la vulneración pero de ningún modo convalidan situaciones que ya eran anómalas antes de que la Corte los expusiera, máxime si en la actualidad subsisten sus efectos nocivos.  La acción de tutela procede para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales y comprobada la vulneración de algunos de estos, por expreso mandato constitucional, debe brindarse el amparo pedido; una interpretación contraria conduciría a patrocinar su desconocimiento y a restarles la eficacia que la Carta pretende asegurarles. Es de anotar que en esta misma providencia se ha dejado en claro que aún partiendo del supuesto del ejercicio de la potestad discrecional la ausencia de una justificación objetiva y razonable para preferir a concursantes distintos del situado en primer lugar torna patente el carácter arbitrario de la medida tomada en perjuicio de la accionante.  Por lo demás, la Corte ha concedido la tutela en casos similares, sin que ello signifique que le esté otorgando efecto retroactivo a un fallo suyo. (Cfr. Sentencias T-256 y 298 de 1995).”. G. EL CASO SUB-JUDICE Como se ha indicado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es un establecimiento público adscrito al Ministerio de Salud, y sometido al régimen de la carrera administrativa.  Con base en lo anterior, llevó a cabo convocatoria número 22 del 26 de julio de 1994, para proveer el cargo de profesional Universitario, código 3020, grado 04 del Centro Zonal No. 1 Prevención, en donde la señora Alcira Eugenia Gómez de Peñaloza, participó y ocupó el primer puesto dentro de la lista de elegibles, según Resolución número 000862 de septiembre 23 de 1994. Teniendo en cuenta lo señalado en esta decisión, ha debido el I.C.B.F., nombrarla para el cargo al cual concursó, sin embargo, apartándose del riguroso orden de mérito establecido, de los fines esenciales de la carrera administrativa, del respeto a las distintas etapas del proceso de selección y de la confianza depositada por el aspirante en la administración pública, dicho establecimiento profirió la Resolución número 2645 del 26 de diciembre de 1994, nombrando a quien había ocupado el tercer lugar, vulnerando, en consecuencia, los principios fundamentales de la justicia y buena fe, como también, los derechos constitucionales a la igualdad y al trabajo. Este último, por cuanto se le niega arbitrariamente a la demandante un derecho adquirido, el cual se constituía en una obligación para la administración pública de nombrarlo en el cargo para el cual cumplió y satisfizo todos los requerimientos exigidos en el proceso de selección. Por ello, la acción de tutela se torna en el instrumento idóneo y eficaz para proteger estos derechos fundamentales, que al mantenerse su vulneración, merecen ser protegidos por esta Corporación. Se revocará la decisión calendada 14 de junio de 1995, proferida por la Corte Suprema de Justicia, y en su lugar se dispondrá conceder la demanda de tutela, por vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo. En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, R E S U E L V E : Primero:    Revocar la sentencia calendada 14 de junio de 1995, proferida por la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena Laboral-, con base en las consideraciones expuestas. Segundo:   Conceder la tutela impetrada y, en consecuencia, ordenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Atlántico, Barranquilla, para que en el término de un (1) mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a efectuar el nombramiento de la señora Alcira Eugenia Gómez de Peñaloza, en el cargo de Profesional Universitario, Código 3020, Grado 04, para el cual se presentó a concurso abierto habiendo ocupado el primer lugar. Tercero:     El Tribunal Superior -Sala Laboral- del Distrito Judicial de Barranquilla,  vigilará el estricto cumplimiento de lo ordenado en esta sentencia. Cuarto:      Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-390-95 Sentencia No. T-390/95 Sentencia No. T-390/95 DERECHO DE PETICION-Pronta resolución La Corte Constitucional ha sostenido que, en virtud del derecho de petición, los particulares se encuentran en la posibilidad de dirigirse a las autoridades públicas, en interés particular o general, para obtener, dentro del término legalmente establecido, una respuesta. Cuando la autoridad pública omite resolver o produce una decisión tardía sobre el asunto sometido a su consideración, conculca el derecho, cuyo núcleo esencial comprende  una "pronta resolución". CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL-Resolución de peticiones La Caja Nacional de Previsión Social dejó transcurrir los términos legales sin brindar a la peticionaria una respuesta. Ante esa omisión procede la acción de tutela para obtener el pronunciamiento que corresponda, mas no para fijar el contenido de la decisión que la autoridad administrativa puede adoptar, acogiendo o desechando las pretensiones del particular. SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO-Resolución de solicitudes El silencio administrativo no satisface las exigencias del derecho de petición y que, por el contrario, es la mejor prueba de que ha sido violado. La presunción de un acto demandable tiene por objeto permitirle al particular llevar su asunto a conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero de ninguna manera sustituye la obligación de resolver las peticiones que, por expreso mandato constitucional, atañe a las autoridades públicas. Lo que se debate ante la jurisdicción cuando se acusa el acto, expreso o presunto, proferido por la administración, alude al fondo de lo pedido, de manera independiente del derecho de petición como tal. Allí se discute la legalidad de la actuación administrativa o del acto correspondiente, de acuerdo con las normas a las que estaba sometida la administración, es decir que no está en juego el derecho fundamental de que ser trata sino otros derechos, para cuya defensa existen vías judiciales contempladas en el C.C.A. y, por tanto, respecto de ella no cabe la acción de tutela salvo la hipótesis del perjuicio irremediable. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Desacato Si bien la jurisprudencia no es obligatoria, las pautas doctrinales trazadas por esta Corte, que tiene a su cargo la integridad y supremacía de la Carta Política, indican a todos los jueces el sentido y los alcances de la normatividad fundamental y a ellas deben atenerse. Cuando la ignoran o contrarían no se apartan simplemente de una jurisprudencia -como podría ser la penal, la civil o la contencioso administrativa- sino que violan la Constitución, en cuanto la aplican de manera contraria a aquélla en que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad a través de la doctrina constitucional que le corresponde fijar. REF: Expediente No. 74541 Acción de tutela impetrada en contra de la Caja Nacional de Previsión Social. Actora: ELENA JOSEFINA LOPEZ DE MUSKUS Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ Ponente VLADIMIRO NARANJO MESA JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá D.C., septiembre cinco (5) de mil novecientos noventa y cinco 1995). La Sala de Revisión en asuntos de tutela, integrada por los Honorables Magistrados JORGE ARANGO MEJIA, VLADIMIRO NARANJO MESA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre la sentencia relacionada con la acción de tutela de la referencia, proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, el quince (15) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995). I.  ANTECEDENTES A. La solicitud La señora Elena Josefina López de Muskus presentó, mediante apoderado, una acción de tutela en contra de la Caja Nacional de Previsión social -CAJANAL- e invocó como derechos vulnerados los de petición, trabajo y seguridad social. Se refirió, asimismo, a los derechos de las personas de la tercera edad y a obtener el pago oportuno de las pensiones legales. Expuso la peticionaria que solicitó a la entidad demandada "el reconocimiento y pago de la reliquidación de su pensión de jubilación por los servicios prestados en calidad de docente y hasta la fecha no se le ha resuelto su petición". Indicó, además que "la demora en el reconocimiento de sus prestaciones pensionales atenta contra la dignidad humana, el derecho al trabajo, los derechos adquiridos, atenta igualmente contra la primacía de los derechos inalienables, contra la familia y desconoce la obligación del estado de proteger el trabajo y por ende los beneficios que de él se desprenden...". B. La sentencia que se revisa El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, mediante sentencia de quince (15) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995) resolvió negar la tutela impetrada. Consideró el despacho judicial lo siguiente: "..la acción de tutela, al amparo del derecho de petición, para una pronta decisión resulta impróspera, máxime cuando el código contencioso administrativo contempla el fenómeno de la ocurrencia del silencio administrativo negativo, si transcurrido el plazo señalado en la ley (3 meses), a partir de la presentación de la petición, sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que ésta es negada.- Puede entonces el interesado, ocurrir en acción en acción contencioso administrativa, para obtener la declaración de nulidad del acto administrativo negativo -presunto- contenido en el silencio administrativo, proveniente de la accionada, al no dar contestación a la solicitud formulada, dentro del término de ley; y en consecuencia deprecar el reconocimiento de la reliquidación de la pensión de jubilación.-". II. CONSIDERACIONES DE LA SALA A. La competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la sentencia proferida dentro del asunto de la referencia, de conformidad con lo establecido en el inciso 2o. del artículo 86 y en el numeral 9o. del artículo 241, ambos de la Carta Política, desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991, y en atención a la selección que se hizo en la oportunidad establecida en la ley y en el reglamento de la Corporación. B. La materia 1. Pese a que a la demanda de tutela no se acompañó prueba de la petición que la origina, el escrito del Coordinador de Asuntos Judiciales de la Caja Nacional de Previsión Social, en el que se refiere a la existencia del expediente y a un proyecto de resolución "por la cual se reliquida una pensión de jubilación", es suficiente para entender que la solicitud fue elevada y que no obtuvo oportuna respuesta, ya que  también se alude al cúmulo de trabajo como motivo justificante de la demora para resolver. 2. En diversos pronunciamientos la Corte Constitucional ha sostenido que, en virtud del derecho de petición, los particulares se encuentran en la posibilidad de dirigirse a las autoridades públicas, en interés particular o general, para obtener, dentro del término legalmente establecido, una respuesta. Cuando la autoridad pública omite resolver o produce una decisión tardía sobre el asunto sometido a su consideración, conculca el derecho contemplado en el artículo 23 superior, cuyo núcleo esencial comprende  una "pronta resolución". 3. En el asunto que ahora se examina, la Caja Nacional de Previsión Social dejó transcurrir los términos legales sin brindar a la peticionaria una respuesta. Ante esa omisión procede la acción de tutela para obtener el pronunciamiento que corresponda, mas no para fijar el contenido de la decisión que la autoridad administrativa puede adoptar, acogiendo o desechando las pretensiones del particular. 4. El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá estimó que el silencio administrativo negativo equivale a la resolución que la administración debe proferir y que, por lo tanto, existen otros medios de defensa judicial para controvertir esa decisión desfavorable a los intereses de la solicitante. En primer término debe advertirse, en armonía con la jurisprudencia constitucional, que el silencio administrativo no satisface las exigencias del derecho de petición y que, por el contrario, es la mejor prueba de que ha sido violado. La presunción de un acto demandable tiene por objeto permitirle al particular llevar su asunto a conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero de ninguna manera sustituye la obligación de resolver las peticiones que, por expreso mandato constitucional, atañe a las autoridades públicas. La Corte Constitucional ha expuesto  con absoluta claridad que "...no se debe confundir el derecho de petición -cuyo núcleo esencial radica en la posibilidad de acudir ante la autoridad y en obtener pronta resolución- con el contenido de lo que se pide, es decir con la materia de la petición. La falta de respuesta o la resolución tardía son formas de violación de aquel y son susceptibles de la actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de tutela, pues en tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental. En cambio, lo que se debate ante la jurisdicción cuando se acusa el acto, expreso o presunto, proferido por la administración, alude al fondo de lo pedido, de manera independiente del derecho de petición como tal. Allí se discute la legalidad de la actuación administrativa o del acto correspondiente, de acuerdo con las normas a las que estaba sometida la administración, es decir que no está en juego el derecho fundamental de que ser trata sino otros derechos, para cuya defensa existen vías judiciales contempladas en el Código Contencioso Administrativo y, por tanto, respecto de ella no cabe la acción de tutela salvo la hipótesis del perjuicio irremediable (art. 86 C.N.)". (Sentencia No. T-242 de 1993. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo). 5. El proyecto de resolución que, según el Coordinador del Grupo de Asuntos Judiciales de la Caja Nacional de Previsión Social reposa en el respectivo expediente tampoco puede asimilarse a la respuesta debida porque el sentido de ésta "trasciende el campo de la simple adopción de decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante" (Sentencia No. T-553 de 1994. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo). Así las cosas, resulta palmaria la violación del derecho de petición y, en consecuencia, se ordenará al Director General de la Caja Nacional de Previsión Social que, en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a resolver la petición de reliquidación de pensión de jubilación presentada por Elena Josefina López de Muskus ante esa entidad. 6. Por último, la Sala registra la actitud contumaz de la Juez Sexto Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, quien, persiste en sostener los erróneos criterios que le sirvieron de base para denegar, también en esta ocasión, la tutela solicitada, en abierto desacato a la jurisprudencia de la Corporación que su despacho ha conocido, como quiera que en numerosas oportunidades, diferentes salas de revisión de la Corte Constitucional han revocado pronunciamientos suyos, en los que, con idénticas palabras, y no pocas veces, valiéndose de formato preimpreso, persevera en sus equivocados planteamientos. Al respecto conviene recordar que "Si bien la jurisprudencia no es obligatoria (artículo 230 de la Constitución Política), las pautas doctrinales trazadas por esta Corte, que tiene a su cargo la integridad y supremacía de la Carta Política, indican a todos los jueces el sentido y los alcances de la normatividad fundamental y a ellas deben atenerse. Cuando la ignoran o contrarían no se apartan simplemente de una jurisprudencia -como podría ser la penal, la civil o la contencioso administrativa- sino que violan la Constitución, en cuanto la aplican de manera contraria a aquélla en que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad a través de la doctrina constitucional que le corresponde fijar." (Sentencia No. T-260 de 1995. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo). En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. REVOCAR en todas sus partes el fallo proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá el quince (15) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995) dentro de la acción de tutela de la referencia. SEGUNDO. CONCEDER la tutela solicitada, en consecuencia, se ordena al Director de la Caja Nacional de Previsión Social que, si todavía no lo ha hecho, resuelva u ordene a quien corresponda resolver, en el improrrogable término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, la petición de reliquidación de pensión de jubilación, presentada, ante esa entidad, por Elena Josefina López de Muskus. TERCERO. LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-391-95 Sentencia No. T-391/95 Sentencia No. T-391/95 MALTRATO CONYUGAL-Efecto en los niños Las manifestaciones de violencia en el seno de la familia afectan particularmente el desarrollo de los niños, quienes tienen derecho a gozar de una familia y asimismo, al cuidado y amor, a la educación y a ser protegidos contra toda forma de violencia física y moral MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL INEFICAZ-Casos de maltrato No son de recibo los argumentos de la Juez en cuanto remite a la peticionaria a formular su queja ante las autoridades de policía y los jueces de familia, ya que, en el primer evento no nos encontramos frente a un medio judicial de defensa y en el segundo caso, la actuación de los jueces no es inmediata y se ocupa de otros aspectos diversos del que debe dilucidarse en sede de tutela, cual es, la protección urgente de los derechos a la vida y a la integridad personal. REF: Expediente No. 74577 Derecho a la vida, a la integridad física y a la paz doméstica. Actora: Yenis del Carmen Morales Escorcia Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- VLADIMIRO NARANJO MESA JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá D.C.,  septiembre  cinco (5)  de mil novecientos noventa y cinco 1995). La Sala de Revisión en asuntos de tutela, integrada por los Honorables Magistrados, VLADIMIRO NARANJO MESA, JORGE ARANGO MEJIA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre la decisión judicial relacionada con la acción de tutela de la referencia y proferida por el Juzgado Trece Civil Municipal de Barranquilla el catorce (14) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995). I.  ANTECEDENTES A. La solicitud El día 30 de mayo de 1995, Yenis del Carmen Morales Escorcia presentó, ante el Juzgado Civil Municipal (reparto) de Barranquilla, una acción de tutela en contra del señor Juan José Polo Figueroa. Señaló la actora que acudía a ese instrumento de protección "como mecanismo transitorio" e invocó la violación de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y a la familia, al igual que los derechos de los niños. Informó la peticionaria que contrajo matrimonio con el demandado el 24 de septiembre de 1988 y que de esa unión nacieron los menores Yuri Estéfani y Elton Farid. Dice la actora que la relación matrimonial marchó bien hasta el momento en que informó a su marido que esperaba un nuevo hijo; fue entonces cuando comenzó a maltratarla físicamente y mediante la utilización de palabras obscenas, según informa la señora Morales Escorcia, para exigirle que abortara, a lo cual ella se negó rotundamente. Afirma la demandante que tuvo que empezar a trabajar para sufragar los gastos propios del embarazo y ayudar al sostenimiento del hogar porque "él todo lo que se ganaba era para tomárselo en ron". Narra la señora Morales Escorcia que después del parto la situación empeoró, que continuaron los maltratos físicos, que su esposo la obligaba a mantener relaciones sexuales delante de los niños y que la sometía a "escándalos públicos". Prosigue la actora manifestando que el señor Polo Figueroa "comenzó a presentarse en un estado de embriaguez agudo, a no dejar dinero para los alimentos de los niños y a faltar a dormir a la casa". El día 24 de abril de 1994 sostuvieron una discusión causada por la renuencia del demandado a comprar unas medicinas para su hijo enfermo, la golpeó y dice la actora que "la situación se agravó hasta el punto de que se fue de la casa". A partir de ese momento el señor Polo Figueroa abandonó las obligaciones para con sus hijos e inició en contra de su esposa un asedio telefónico y personal, al decir de la accionante presionándola "para que mantenga relaciones con él" bajo amenaza de no mandarle nada a sus hijos. Finalmente, la peticionaria afirma que el 19 de mayo de 1995 el demandado se presentó en su lugar de trabajo y que aprovechando que se encontraba sola la atacó y le exigió mantener relaciones sexuales con él. Ante la negativa indica la peticionaria que "empezó a golpearme me tiró al suelo y empezó a besarme, a pasarme su miembro viril erecto por todo el cuerpo, yo empecé a pedir ayuda pero no salía nadie, entonces me tapó la boca y con el brazo y una pierna suya me colocó en estado de indefensión y empezó a acariciarme bruscamente y a romperme la ropa que vestía, yo como pude me safe (sic) y logré salir y pedir auxilio...". B. La sentencia que se revisa El Juzgado Trece Civil Municipal de Barranquilla oyó en declaración a la señora Ruth Elena Girón Mendoza quien se refirió a aspectos relativos a los hechos en que se funda la acción de tutela y, mediante sentencia de catorce (14) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995) resolvió denegar la acción de tutela impetrada. Estimó el fallador que la declaración rendida por la señora Girón Mendoza no demuestra los maltratos físicos y que se trata tan sólo de un testimonio "de oídas". Consideró, además, que "la peticionaria no se encuentra en estado de indefensión frente a su agresor, ya que tiene otras vías más expeditas y eficaces como es el de acudir a la Inspección de Policía de la jurisdicción correspondiente y firmar una fianza de paz con el señor JUAN JOSE POLO FIGUEROA, o también puede formular demanda por conducto del defensor de familia ante el Juzgado de Familia de turno". II. CONSIDERACIONES DE LA SALA A. La competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la referencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 86 inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, éste examen se hace en virtud de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó en la forma establecida por el reglamento de la Corporación. B. La materia Los hechos que sirven de fundamento a la acción de tutela que ahora ocupa la atención de la Corte Constitucional, guardan similitud con los examinados a propósito de otras solicitudes de amparo que la Corporación ha conocido. En esas oportunidades se concedió la protección pedida, con base en consideraciones que  deben reiterarse. 1. Acerca de la indefensión que hace procedente la acción de tutela en contra de particulares la Corte apuntó: "Se trata en este caso concreto de un conjunto de relaciones de carácter doméstico en que el marido colocándose en situación de superioridad física, abusa de su presencia en el hogar y despliega la potencia de su habilidad adquirida para someter cualquier resistencia de la mujer; adviértase que esta situación se configura en el caso de la incapacidad material y física de detener por medios civilizados una agresión de tal índole que, como en el caso que se examina pone en grave peligro la vida y la integridad personal de la agredida. La indefensión a que hace referencia la norma que se cita está constituida precisamente por la falta de defensa física o por la carencia de medios físicos para repeler la ofensa contra la vida o la integridad producida por una persona natural a la que se debe respeto, afecto y consideración" (Sentencia T-529 de 1992. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz). Y en pronunciamiento posterior la Corporación dijo: "La indefensión en el presente caso debe analizarse, desde luego en el marco de la convivencia (...) entre la demandante y su agresor. Si bien es cierto que podría ella liberarse de estar expuesta en forma permanente a los malos tratos poniendo fin a la vida en común, no puede señalarse ésta como una salida eficiente dentro del contexto sociológico en medio del cual se mueve la pareja y consideradas las circunstancias de hecho que condicionan el desarrollo de su actividad. De las declaraciones rendidas por la accionante se desprende que ella considera tener derecho a permanecer en la sede del hogar y, a juicio de la Corte esa prerrogativa no se le puede desconocer a la luz del sistema jurídico colombiano. Pero, además, su convicción es la de que está obligada a sostener la relación en bien de la familia, aunque exige que, sobre esa base, le sean respetados sus mínimos derechos. Es esto precisamente lo que la Constitución le garantiza y para lograrlo no hay necesidad de acudir a la extinción de los vínculos familiares. La Corte estima que, mirada la situación desde el punto de vista fáctico, se tiene un verdadero estado de indefensión que hace viable la tutela por cuanto en el ámbito hogareño la quejosa está a merced de la fuerza física y la voluntad del varón, quien abusa de sus ventajas para ofenderla y maltratarla."(Sentencia No. T-487 DE 1994 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo). 2. En relación con la violación del derecho a la integridad personal y la amenaza del derecho a la vida, la Corte expuso: "Los maltratos físicos al cónyuge, compañero o compañera permanente implican abierta violación del derecho a la integridad personal, en cuya virtud nadie será sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 12 C.P.). Pero, además, implican grave amenaza para el derecho a la vida de la persona objeto de los ataques. Por otra parte, es evidente el daño que tales comportamientos ocasionan a la familia, factor primordial de la convivencia y elemento social de primer orden, que merece la especial protección del Estado (artículos 5 y 42 C.P.). Como lo expresa la Carta ´cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley´." (Sentencia T-552 de 1994 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo) También puntualizo la Corte que: "Los principios constitucionales en la materia resultan flagrantemente desconocidos cuando uno de los cónyuges o compañeros permanentes ataca físicamente al otro, pues ello no sólo significa agravio -el que ya de por sí, aunque fuera puramente verbal, quebrantaría la regla del recíproco respeto que se deben los esposos- sino que repercute en la esfera de la integridad física y moral de la persona atacada e inclusive pone en peligro su vida. Como lo ha advertido esta Corte, ´el respeto a la vida y a la integridad física de los demás, en un sentido moral y jurídicamente extenso que no se reduce sólo a la prevención policiva o a la represión penal del agresor, comporta el deber de no maltratar, ni ofender, ni torturar, ni amenazar a las personas, mucho menos a aquella con quien se comparte la unión doméstica de procreación y desarrollo de los hijos y de la familia, y la promesa de mutuo fomento material y espiritual´ (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-529 del 18 de septiembre de 1992 . Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz). Debe insistirse en que el derecho a no ser agredido y el correlativo deber de no atacarse son reconocidos y exigidos simultáneamente a ambos cónyuges o compañeros, independientemente de su sexo, pues los artículos 42 y 43 de la Constitución proclaman la igualdad del hombre y la mujer en deberes y derechos. Lo propio puede afirmarse del tipo de unión -matrimonial o de hecho-, pues una y otra están igualmente bajo el amparo de la Constitución Política como formas lícitas de dar origen a la familia". (Sentencia T-487 de 1994). 3. En lo referente a los otros medio de defensa judicial, la Corporación ha insistido en que, para que sea viable el desplazamiento de la acción de tutela, el medio que se aduzca debe ser eficaz e idóneo para la real protección del derecho comprometido,  lo cual no acontece en este caso: "De otra parte, la Corte encuentra que no asiste razón para aceptar el argumento sostenido por el Honorable Tribunal Superior de Pereira, según el cual la situación planteada por la petición se contrae a un asunto típicamente doméstico y familiar, para cuya resolución judicial están previstas las acciones correspondientes ante la jurisdicción de familia, lo cual en su opinión hace improcedente la acción de tutela; en efecto, los hechos narrados y probados muestran que el conflicto intrafamiliar fue desbordado con amplitud por las agresiones y los tratos indignos e inhumanos del marido, poniendo en grave peligro la vida de la mujer y violando ostensiblemente su derecho a la integridad personal. Así, el conflicto a que se refiere la sentencia que se revisa debe ser resuelto ante el juez competente de conformidad con las normas legales aplicables; empero, en la acción de tutela, se trata de otro asunto, el cual aun cuando está relacionado con aquel, es perfectamente autónomo para los fines del amparo constitucional. Cabe advertir que esta distinción fáctica debe estar en la base del examen de la procedencia de la acción de tutela, pues, como se advirtió, no es voluntad del constituyente refundir o confundir las acciones judiciales, ni mucho menos enervar las competencias ordinarias de los jueces. Así pues, la procedencia de la acción que es impetrada en sede de tutela en estos casos, debe medirse por la gravedad de la conducta violenta e inhumana y por su impacto sobre los derechos constitucionales fundamentales, que no pueden quedar desprotegidos en espera de una resolución judicial que se contrae a decidir en principio sobre el conflicto intrafamiliar, las obligaciones recíprocas de naturaleza económica y jurídica entre los cónyuges y sobre lo que resulte en torno de los hijos; ocurre que el juez de familia se ocupa fundamentalmente de otro objeto y no de la protección inmediata del derecho a la vida y a la integridad física de las personas afectadas de modo inminente y grave por la fuerza violenta, habitual e irresistible de otra, dentro de la unidad doméstica tradicionalmente marcada por algunas indeseables diferencias de sexo y por el sometimiento absurdo de una parte débil a otra más fuerte y abusiva, como es el caso que motiva estas actuaciones. Igualmente cabe señalar que tampoco es obstáculo para la procedencia de la acción de tutela la existencia de la vía penal que se surte también ante las autoridades judiciales especializadas, ya que estas actúan en cumplimiento de sus funciones públicas, como que son titulares de la acción correspondiente de carácter punitivo y represor; así, la jurisdicción penal conoce en este caso de las conductas específicas de lesiones personales o de las tentativas de homicidio, pero no de los específicos tratos inhumanos y degradantes a los que en este caso somete el marido a la mujer en el seno del hogar doméstico y familiar, y no conduce a su garantía inmediata y directa, que es el efecto directo de la orden de tutela. Obsérvese que la orden de amparo por vía de las actuaciones en sede de tutela, no enerva ni obstruye la competencia de las autoridades penales de la Rama Judicial, pues estas deben seguir el curso de las actuaciones que les asigna la función pública de que son titulares ante la comisión de un delito o de una conducta punible, e incluso pueden llegar a ordenar las reparaciones que sean procedentes por vía de la acción civil y dentro del marco de la correspondiente responsabilidad. Tutelar el derecho constitucional fundamental a la vida que se encuentra amenazado y el derecho a la integridad personal que ha sido violado por uno de los cónyuges que coloca al otro en condiciones de indefensión, no comporta en este caso la exclusión de las competencias de los jueces penales, pues, en juicio de la Corte Constitucional ambas vías judiciales buscan fines diferentes y no son incompatibles. En estos casos la vía judicial ordinaria no alcanza a garantizar los derechos constitucionales, que se pretenden proteger por vía de la acción de tutela. Por último el Honorable Tribunal de Pereira advierte que tampoco es procedente la acción de tutela por cuanto en su opinión la existencia de vías policivas para prevenir o precaver conductas como las que describe y prueba la peticionaria, excluyen la posibilidad de impetrar la acción de tutela; al respecto se observa que bien definida tiene la doctrina y la jurisprudencia la naturaleza de dichas acciones, que se surten ante las autoridades de policía a las que se les reconoce su carácter administrativo y no judicial; por tanto, se destaca que no asiste razón en este aspecto a la sentencia que se examina, mucho más cuando lo que señala la Constitución como hipótesis de improcedencia de la acción de tutela es la existencia de otras vías judiciales ordinarias erigidas para proteger los derechos constitucionales que resultan vulnerados o amenazados" (Sentencia T-529 de 1992). 4. Finalmente, cabe destacar que las manifestaciones de violencia en el seno de la familia afectan particularmente el desarrollo de los niños, quienes, según el artículo 44 superior, tienen derecho a gozar de una familia y asimismo, al cuidado y amor, a la educación y a ser protegidos contra toda forma de violencia física y moral; no resulta, entonces, irrelevante, constitucionalmente, la alusión que hace la actora al artículo 44 de la Constitución en su escrito de tutela. Los hechos que la peticionaria puso en conocimiento del juez de tutela, en procura de la protección de sus derechos violados y amenazados, y que, además, fueron corroborados por la señora Ruth Elena Girón Mendoza en la declaración que rindió ante el despacho judicial, ameritan, en razón de las consideraciones expuestas, la protección que brinda el instrumento de defensa de los derechos constitucionales fundamentales previsto en el artículo 86 de la Carta. No son de recibo los argumentos de la Juez Trece Civil Municipal de Barranquilla en cuanto remite a la peticionaria a formular su queja ante las autoridades de policía y los jueces de familia, ya que, como se anotó, en el primer evento no nos encontramos frente a un medio judicial de defensa y en el segundo caso, la actuación de los jueces no es inmediata y se ocupa de otros aspectos diversos del que debe dilucidarse en sede de tutela, cual es, la protección urgente de los derechos a la vida y a la integridad personal. Se destaca en la actuación surtida la falta de actividad probatoria enderezada a desentrañar todos los aspectos relativos a la situación planteada; se limitó la juez a recibir una declaración  a la que le restó importancia en su fallo por contener apenas "un testimonio de oídas" y en lo atinente a las otras pruebas pedidas indicó que "se citó a la señora MARTHA ELENA ACOSTA DE FREAY y al presunto infractor para que declararan sobre los hechos de la presente acción , la cual no comparecieron" (sic). Consta en el expediente un memorial, recibido el 6 de junio de 1995, en el que se le informa a la juez que la aludida señora no pudo comparecer en la fecha prevista inicialmente y, por ello, se le solicitaba a la funcionaria judicial "fijar nueva facha"; solicitud que no fue siquiera considerada y que, estima la Corte, ha debido serlo, si se repara en el carácter informal y protector de la acción de tutela y en el hecho de que la sentencia sólo vino a pronunciarse el día 14 del mismo mes y año. Además, en lo que tiene que ver con el accionado, su no comparecencia es un motivo adicional para tener por ciertos los hechos narrados y conceder el amparo impetrado. En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Trece Civil Municipal de Barranquilla el día catorce (14) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995), en el asunto de la referencia. SEGUNDO. CONCEDER la tutela de los derechos constitucionales fundamentales a la vida y a la integridad personal que Yenis del Carmen Morales Escorcia reclama en contra de su esposo Juan José Polo Figueroa. TERCERO. ORDENAR a Juan José Polo Figueroa abstenerse de ejecutar cualquier acto de violencia física o moral en contra de su esposa Yenis del Carmen Morales Escorcia. CUARTO. ORDENAR, por intermedio del Comandante del Departamento de Policía Atlántico, a las autoridades de policía con competencia en el lugar en donde habita y labora la actora, ejercer vigilancia permanente y cercana sobre la conducta del citado Juan José Polo Figueroa, para la efectiva protección de los derechos a la vida y a la integridad personal de Yenis del Carmen Morales Escorcia. QUINTO. ADVERTIR  a Juan José Polo Figueroa que el desacato a lo dispuesto en esta providencia le acarreará, cada vez que en él incurra,  las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO. CONFIAR al Juzgado Trece Civil Municipal de Barranquilla velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en este fallo. SEPTIMO. REMITIR copia del expediente y de esta providencia a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que inicie las diligencias orientadas a tomar las medidas de protección pertinentes para la defensa de los derechos de la señora Yenis del Carmen Morales Escorcia y de sus menores hijos. OCTAVO. LIBRENSE, por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-392-95 Sentencia No. T-392/95 Sentencia No. T-392/95 JUEZ DE TUTELA-Facultades/JUEZ DE TUTELA-Derechos invocados Es al juez a quien corresponde examinar y evaluar los hechos y, de conformidad con ese análisis serio y ponderado, resolver si concede o niega la protección, independientemente de que se haya o no expuesto un "concepto de la violación". Aún más, es posible que el actor realice una mención equivocada del derecho que estima violado o que omita hacer la referencia, sin que ello constituya obstáculo para acometer el estudio de la solicitud. La tarea del juez de tutela justamente estriba en escudriñar la situación que se le ha planteado y, como fruto de ese esfuerzo, puede otorgar la protección que se le pide, incluso por derechos no mencionados o en relación con los cuales el interesado haya dejado de indicar en qué consiste la vulneración que alega. Un entendimiento contrario al anterior implica resignar el importante papel que la Carta confiere a los jueces en materia de protección de los derechos constitucionales fundamentales, so pretexto de observar ritualidades extrañas a la acción tutela que, se repite, es, de suyo, informal. DERECHOS FUNDAMENTALES-Interpretación Se aparta la Sala del planteamiento del juez de primera instancia que limita los derechos fundamentales a los contemplados en los artículos 11 a 41 de la Constitución Política. A este respecto es oportuno recordar que los argumentos sede materiae y a rubrica son apenas criterios auxiliares en la labor de determinar la fundamentalidad de un derecho. DERECHO DE PETICION-Pronta resolución Se produjo la violación del derecho de petición pues las entidades demandadas superaron, con amplitud, el término en que  ha debido producirse una respuesta y pasaron por alto la obligación de mantener informadas a las peticionarias acerca del trámite de su petición. DERECHO DE PETICION-Alcance La protección del derecho de petición que otorga la acción de tutela se limita a ordenar a la autoridad que responda la solicitud, cuando a ello no ha procedido oportunamente, mas no se extiende a fijar el contenido de la decisión que la autoridad administrativa debe adoptar, que es lo que erróneamente pretende el apoderado de las actoras al pedir, en el escrito de impugnación, una respuesta favorable, consistente en el "reconocimiento del derecho". El eventual desacuerdo con lo decidido puede ventilarse en otras instancias y en ejercicio de otros medios de defensa judicial. REF: Expediente No. 74788 Acción de tutela en contra del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, del Fondo Educativo Regional de Cundinamarca y de la Fiduciaria La Previsora. Actores: EMMA STELLA DAZA DE CORTES y otras Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Dr. JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá D.C., septiembre cinco (5) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala de Revisión en asuntos de tutela, integrada por los Honorables Magistrados JORGE ARANGO MEJIA, VLADIMIRO NARANJO MESA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de la referencia, proferidas, en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda-Subsección B, el veinticinco (25) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995), y en segunda instancia por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera, el quince (15) de junio del mismo año. I.  ANTECEDENTES A. La solicitud El 15 de mayo de 1995, EMMA STELLA DAZA DE CORTES, MARIA MAYERLY GONZALEZ DIOSA, MYRIAM ALVARADO RODRIGUEZ, ELVIRA MARTINEZ DE PEÑA, MARIA LILIA ALDANA TEJEDOR, ANA GRACIELA GARAY DE AGUDELO, CELMIRA ALDANA TEJEDOR, GRACIELA ALDANA DE CORTES, MARIA MAGDALENA MELO DE CLAVIJO, BLANCA CECILIA MONTAÑO DE GOMEZ, YANETTE SEGURA Viuda de OLARTE, LAUDICE INES SANCHEZ VASQUEZ, LIBIA INES MENDOZA DE VILLAMIL, OLGA SANCHEZ VASQUEZ y FLOR ALBA SANCHEZ VASQUEZ, presentaron, mediante apoderado, una acción de tutela en contra del FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, DEL FONDO EDUCATIVO REGIONAL DE CUNDINAMARCA y de la FIDUCIARIA LA PREVISORA, con el fin de que se les ordene "dar respuesta a las peticiones que sobre reconocimiento y pago" de sus respectivas cesantías parciales elevaron las docentes mencionadas. Indican que habiendo cumplido la totalidad de los requisitos exigidos presentaron "la reclamación tendiente a obtener el pago de sus respectivas cesantías parciales, sin que a la fecha se les haya dado respuesta sobre ese particular". Señalan las accionantes que sus solicitudes tienen "un promedio de 18 meses", pues la primera de ellas se halla radicada bajo el número 931320 y fue presentada el 25 de agosto de 1993, en tanto que la última tiene la radicación número 932598 y se presentó el 22 de diciembre de 1993. Informan las demandantes que, por conducto de su apoderado, obtuvieron copia auténtica de una comunicación interna en la que se expone que "se ha establecido como política del Fondo del Magisterio, la negativa a reconocer cesantías parciales a docentes a los que ya se les efectuó un avance de cesantía parcial por el mismo Fondo ya que se requiere beneficiar al mayor número de docentes, especialmente a aquellos a los que el Fondo del Magisterio nunca les ha pagado cesantía parcial...". Estiman las actoras que esa comunicación es "ilegal, arbitraria, antijurídica y atentatoria contra sus derechos", toda vez que no contiene argumentos jurídicos válidos y que carece de todo sustento normativo. Además, sostienen que "no puede catalogarse de ninguna manera como una respuesta individual" a cada una de las solicitudes formuladas. En sentir de las demandantes, se ha violado el derecho de petición y con ello el derecho a obtener el pago oportuno de una acreencia laboral y también los derechos al trabajo y a una vivienda digna. B. La sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,  mediante sentencia de mayo veinticinco (25) de mil novecientos noventa y cinco (1995) resolvió tutelar el derecho de petición y en consecuencia, ordenó al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, al FONDO EDUCATIVO REGIONAL DE CUNDINAMARCA y a la FIDUCIARIA LA PREVISORA acatar lo preceptuado en el artículo 23 de la Constitución Política  "dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo", para lo cual otorgó un término de cuarenta y ocho (48) horas. En relación con el derecho al trabajo, consideró el Tribunal que las accionantes no expusieron el motivo de la violación, por lo que "no es del caso entrar a analizar este aspecto de la acción intentada". Los derechos contemplados en los artículos 51 y 53 de la Carta Política, en criterio del fallador de primera instancia, no son tutelables  porque "en aplicación de la Constitución Política sólo son tutelables los derechos fundamentales mencionados en los artículos 11 a 41". En cuanto al derecho de petición el Tribunal se refirió, en primer lugar, a la respuesta que, ante el requerimiento de esa Corporación, dio el Fondo Educativo Regional de Cundinamarca-Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio, comunicación en la que se informa que a las 15 solicitudes de anticipo de cesantías se les elaboró proyecto de resolución de reconocimiento que, en cada caso, se remitió a la Fiduciaria la Previsora, entidad que, por oficio fechado el 18 de octubre de 1994, los devolvió sin aprobarlos "en razón a que con anterioridad ya se les había reconocido anticipo de cesantías". Se informó, además, que por acuerdo del 11 de enero de 1995 el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio dispuso que los afiliados "sólo podrán solicitar nuevamente los avances de sus cesantías parciales cada tres años contados a partir de la fecha del último pago", confirmándose así la negativa decidida en 1994. Pese a lo anterior, a juicio del Tribunal, las entidades demandadas omitieron dar respuesta a las solicitudes ya que "están en la obligación de informar a las peticionarias sobre el trámite interno efectuado con respecto a su petición, sin embargo, esto no fue demostrado por parte de las entidades acusadas". C. La impugnación Dentro del término legal, el apoderado de las peticionarias impugnó el fallo de primera instancia y señaló, para tal efecto, que las respuestas dadas por las entidades en acatamiento a lo ordenado en la sentencia impugnada "se deben entender como una disculpa para no efectuar el pago de las prestaciones sociales solicitadas" . Añadió el memorialista que ese no fue el objeto de la acción impetrada porque "lo pedido en la misma se limita al reconocimiento del derecho" que es, justamente, lo que las demandadas están evitando. D. La sentencia de segunda instancia El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera, por sentencia de quince (15) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995) decidió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la cesación de la actuación impugnada. Consideró el Consejo de Estado que el reconocimiento y pago de las prestaciones solicitadas no es "viable a través de la tutela ya que para su satisfacción existe un medio de defensa judicial" y que, encontrándose acreditado que las demandantes obtuvieron la respuesta pedida "hay lugar a la aplicación del artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 en el sentido de declarar la cesación de la actuación impugnada, imponiéndose, en consecuencia, la revocatoria de la sentencia". II. CONSIDERACIONES DE LA SALA A. La competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la referencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 86 inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, este examen se hace en virtud de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada por el reglamento de la Corporación. B. La materia 1. Como cuestión preliminar, considera la Sala indispensable precisar que, tratándose de la acción de tutela, no es de recibo exigir a quien acude a ese mecanismo exponer, rigurosamente,  "el concepto de la violación" o invocar con exactitud el derecho que considera violado. El instrumento que el Constituyente de 1991 diseñó para la protección de los derechos constitucionales fundamentales difiere de otros procedimientos, caracterizados por la necesidad de observar determinada técnica o de cumplir estrictos presupuestos procesales, ya que, en la acción de tutela, predomina la informalidad en la medida en que de ella puede servirse "toda persona", con absoluta prescindencia de cualquier tipo de cualificación. Es evidente que el petente debe exponer las circunstancias fácticas que sirven de apoyo al amparo que pide y que, en cada caso concreto, el juez está llamado a desplegar la actividad necesaria para fijar los hechos, recurriendo, con ese objetivo, al mismo peticionario o a la autoridad demandada, en procura de obtener  los informes pertinentes;  pero de  ello no se sigue que sea viable extender el rigor propio de otras ramas del derecho al campo de la tutela. Es al juez a quien corresponde examinar y evaluar los hechos y, de conformidad con ese análisis serio y ponderado, resolver si concede o niega la protección, independientemente de que se haya o no expuesto un "concepto de la violación". Aún más, es posible que el actor realice una mención equivocada del derecho que estima violado o que omita hacer la referencia, sin que ello constituya obstáculo para acometer el estudio de la solicitud. La tarea del juez de tutela justamente estriba en escudriñar la situación que se le ha planteado y, como fruto de ese esfuerzo, puede otorgar la protección que se le pide, incluso por derechos no mencionados o en relación con los cuales el interesado haya dejado de indicar en qué consiste la vulneración que alega. Un entendimiento contrario al anterior implica resignar el importante papel que la Carta confiere a los jueces en materia de protección de los derechos constitucionales fundamentales, so pretexto de observar ritualidades extrañas a la acción tutela que, se repite, es, de suyo, informal. Aun cuando la Sala no encuentra razones para afirmar la violación del derecho al trabajo, en el evento que ahora ocupa su atención, no comparte el criterio prohijado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el cual no era del caso entrar a analizar este aspecto por no haber señalado las accionantes "en qué hacen consistir el motivo de la violación de dicho derecho fundamental...". 2. De otro lado, también se aparta la Sala del planteamiento del juez de primera instancia que limita los derechos fundamentales a los contemplados en los artículos 11 a 41 de la Constitución Política. A este respecto es oportuno recordar que los argumentos sede materiae y a rubrica son apenas criterios auxiliares en la labor de determinar la fundamentalidad de un derecho (Sentencia T-02 de 1992). Por fuera del Capítulo primero del título segundo de la Carta Política, el Constituyente hizo mención expresa de los derechos fundamentales de los niños (art. 44 C.P.) y la Corte Constitucional ha encontrado otros derechos fundamentales, tal como sucede por ejemplo con el acceso a la justicia contemplado en el artículo 229 superior. (Sentencia T-08 de 1992). Además, en relación con el derecho a la paz, consagrado en el aludido capítulo primero, el decreto 2591 de 1991 estableció que la acción de tutela es improcedente para su protección (Art. 6 numeral 3o.). También debe tenerse en cuenta que ciertos derechos de contenido económico y social y colectivos o del ambiente, pese a no ubicarse dentro de la categoría de los derechos fundamentales, en ocasiones, merced a las circunstancias de un caso específico, comparten la naturaleza de los fundamentales cuando su violación implica el desconocimiento de un derecho fundamental de aplicación inmediata, como sucede con la salud, la seguridad social o el medio ambiente en relación con la vida. Por último, cabe puntualizar que la Constitución, en su artículo 94 dispone que la enunciación de los derechos  contenidos en ella y en los convenios internacionales vigentes "no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos". 3. En cuanto atañe al derecho de petición, una vez más la Sala reitera que no se agota en la posibilidad de dirigirse a las autoridades, en interés particular o general, sino que abarca la resolución del asunto llevado a conocimiento de la autoridad pública respectiva. La Corte, por intermedio de sus diferentes salas de revisión, ha sido enfática en el sentido de precisar que la efectividad del derecho contemplado en el artículo 23 de la Carta más que en el primer momento, que supone la presentación de una solicitud, radica en un segundo instante que es el de la respuesta, de modo que el derecho de petición comporta la decisión real acerca de la inquietud formulada por el particular. Ahora bien, no basta que la autoridad administrativa decida. La resolución del asunto, para que sea tal, debe producirse dentro de los términos que la ley contempla. No sólo la falta de respuesta viola el derecho de petición, un pronunciamiento tardío también lo conculca. Siempre que la autoridad esté imposibilitada para brindar una respuesta rápida, según las voces del artículo sexto del Código Contencioso Administrativo, debe informarlo al peticionario con expresa referencia de los motivos que justifican la tardanza y del momento en que se adoptará la decisión. Tampoco es suficiente aducir cualquier argumento para entender que la autoridad ha acatado la obligación de resolver. La Corte Constitucional es clara en sostener que el derecho de petición entraña un concepto de decisión material y efectiva, de acuerdo con el cual la autoridad está avocada a abordar el fondo del asunto tratado, sin incurrir en respuestas evasivas que de nada sirven al peticionario. No significa lo anterior que en todo caso deban acogerse las pretensiones o inquietudes del solicitante adoptando una decisión necesariamente favorable a sus intereses; el pronunciamiento  puede ser negativo pero, en todo caso, orientado a la resolución material del asunto, de manera tal  que en verdad despeje la incertidumbre del solicitante. La comunicación entre el peticionario y la administración resulta indispensable y ha de encontrarse garantizada a plenitud. A quien se dirige a la administración le asiste el derecho a estar informado sobre el trámite impartido a su solicitud y una vez producida la respuesta la administración no tiene motivo alguno para reservar el sentido de lo decidido y por ende, está en la obligación de enterar al peticionario. Los proyectos de resolución o de respuesta no satisfacen los requerimientos del derecho de petición, porque la resolución verdadera es aquella que trasciende el ámbito de la autoridad y es puesta en conocimiento del solicitante. Con base en lo hasta aquí expuesto, la Sala estima que en el evento sub lite se produjo la violación del derecho de petición pues las entidades demandadas superaron, con amplitud, el término en que  ha debido producirse una respuesta y pasaron por alto la obligación de mantener informadas a las peticionarias acerca del trámite de su petición. Una respuesta concreta sólo se obtuvo como consecuencia de la sentencia de primera instancia que concedió la tutela para la protección del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Es acertada, entonces, la decisión del juez de primera instancia puesto que la protección del derecho de petición que otorga la acción de tutela se limita a ordenar a la autoridad que responda la solicitud, cuando a ello no ha procedido oportunamente, mas no se extiende a fijar el contenido de la decisión que la autoridad administrativa debe adoptar, que es lo que erróneamente pretende el apoderado de las actoras al pedir, en el escrito de impugnación, una respuesta favorable, consistente en el "reconocimiento del derecho". El eventual desacuerdo con lo decidido puede ventilarse en otras instancias y en ejercicio de otros medios de defensa judicial. 4. Llama la atención que el Consejo de Estado haya decidido revocar el fallo de primera instancia, aduciendo, para tal fin, la cesación de la actuación impugnada. La Sala estima que esa figura, prevista en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 no tiene operancia en este evento, y por lo tanto, es ineludible distinguir entre las cesación de la actuación impugnada que se genera durante el curso de la tutela y la cesación producida gracias a que la sentencia de primera instancia encuentra vulnerado un derecho y opta por conceder el amparo. La primera hipótesis corresponde cabalmente a la preceptiva del artículo en comento y, cuando ello ocurra, a esa preceptiva debe atenerse el juez. La segunda hipótesis no encaja dentro del supuesto de esa norma y, en consecuencia, frente a la sentencia favorable pronunciada en primera instancia, el fallador de segunda no cuenta con opciones distintas a modificarla y a confirmarla o revocarla total o parcialmente, según corresponda. El argumento del Consejo de Estado no es valedero y, si estaba de acuerdo, como parece estarlo, con lo decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha debido confirmar la sentencia impugnada, pues para proceder a revocarla, como lo hizo, se requerían razones diferentes a la que acogió, dado que el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 no era aplicable. Se revocará la sentencia de segunda instancia y recibirá confirmación la proferida en primera instancia, por las razones expuestas en esta providencia. En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera,  el quince (15) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995) y en su lugar CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y en cuanto concedió la tutela del derecho de petición, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda- Subsección B, el veinticinco (25) de mayo del mismo año, dentro del asunto de la referencia. SEGUNDO. LIBRENSE, por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase  e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-393-95 Sentencia No. T-393/95 Sentencia No. T-393/95 DERECHO DE PETICION-Pronta resolución Cuando se ha hecho uso de los recursos establecidos por la ley para controvertir directamente ante la administración sus decisiones, ella está obligada a resolver dentro de un término prudencial y acorde con la naturaleza misma del asunto, pues, en caso de no hacerlo, existirá vulneración del derecho de petición. Por tanto, en los casos donde no exista una pronta resolución, la acción de tutela será el mecanismo para exigir, y ordenar, a la administración una pronta decisión. La ocurrencia del silencio administrativo no hará improcedente la operancia de esta acción. REF: Expediente No. 76143 Acción de tutela presentada en contra del Instituto de Seguros Sociales. Actor: Magnolia Rico Paredes, en representación de su hija Maria Helena Martínez Rico. Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Dr. JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá D.C., septiembre cinco (5) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala de Revisión en asuntos de tutela, integrada por los Honorables Magistrados VLADIMIRO NARANJO MESA, JORGE ARANGO MEJIA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre la sentencia relacionada con la acción de tutela de la referencia, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, Sección Primera, el cinco (5) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995). I. ANTECEDENTES A. La solicitud El veintitrés (23) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995), la señora Magnolia Rico Paredes, actuando "en nombre y representación"  de su hija María Helena Martínez Rico  "quien sufre de fuerte retardo mental", instauró acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales para que se le ordene dar respuesta a un recurso de reposición interpuesto. La petente invocó, para tal efecto, los derechos a la igualdad y de petición. Informó la peticionaria que su esposo estaba afiliado al Instituto de Seguros Sociales y que falleció el 2 de julio de 1992, habiéndose presentado su hija a reclamar pensión de sobrevivientes que le fue negada, pese a su retardo mental, por resolución número 07925 de 1994, notificada el 2 de febrero de 1995. En contra de dicha resolución, el 8 de febrero de 1995,  se interpuso  recurso de reposición y en subsidio apelación y desde esa fecha han transcurrido cinco meses "sin haber obtenido pronta resolución como lo manda el artículo 23 de la Constitución...". B. La sentencia que se revisa El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, Sección Primera, mediante sentencia del cinco (5) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995), resolvió "rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada...". Estimó el Tribunal que "frente a la petición inicial hecha ante el ente público por la peticionaria, él se ha pronunciado a través de un verdadero acto administrativo la resolución No. 07925 de fecha 9 de diciembre de 1995, contra ella la ciudadana ha ejercido los recursos de vía gubernativa que al no darse respuesta y en los términos que señala la ley se configura el fenómeno del silencio administrativo que abre la posibilidad al administrado de acudir ante la jurisdicción administrativa". Señaló el Tribunal que la administración tiene dos meses para decidir el recurso y que si no lo hace el administrado puede esperar indefinidamente a que lo resuelva o acudir a la jurisdicción administrativa "alegando la operancia del silencio". Por último, indicó el fallador que "frente al caso concreto es claro que la peticionaria dispone de otro medio de defensa judicial, la acción establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, lo cual torna improcedente el amparo reclamado según lo establece el artículo 6, numeral 1 del decreto 2591 de noviembre de 1991". II. CONSIDERACIONES DE LA SALA A. La Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la sentencia correspondiente al asunto de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso segundo y 241, numeral noveno, de la Carta Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. Se procede a la revisión en virtud de la selección practicada por la Sala pertinente y del reparto efectuado en la forma señalada por el reglamento de la Corporación. B. La materia Se plantea en el presente evento la posibilidad de lograr, mediante el ejercicio de la acción de tutela, la resolución de los recursos interpuestos ante la administración, en la denominada vía gubernativa. En algunos pronunciamientos la Corte Constitucional ha abordado el tema. En esta oportunidad cabe reiterar los planteamientos acogidos por la Sala Primera de Revisión, en sentencia No. 304 de 1994, con ponencia del Magistrado Jorge Arango Mejía. 1. Sobre el derecho de petición se expuso: "La Corte, en múltiples fallos, ha señalado la importancia de este derecho, considerado como el instrumento que le permite al administrado estar en contacto con la administración. Es además, un mecanismo de participación, pues, a través de él, el administrado puede intervenir en la gestión que realizan los diferentes entes públicos, y, excepcionalmente, los de carácter privado. Este derecho implica otro: el derecho a la pronta resolución. Por esta razón, es claro que la realización de este derecho se da cuando, una vez formulada la correspondiente solicitud, la administración, dentro de los términos y parámetros previstos en la ley, da respuesta al solicitante, ya sea concediendo o negando lo pedido. El sentido favorable o desfavorable de la respuesta no es de la esencia de este derecho, y, por tanto, cuando la administración no accede a determinada solicitud, contrariando así los intereses del solicitante, no puede hablarse de un quebrantamiento o desconocimiento del derecho fundamental de petición. Por el contrario, si la administración, dentro de los términos establecidos en la ley, no emite pronunciamiento alguno, estaremos en presencia de la vulneración de este derecho, y por ende, de la procedencia de la acción de tutela, como único mecanismo para su inmediata y efectiva protección, por ser éste un derecho de rango fundamental, y por no existir dentro de nuestro ordenamiento jurídico, un mecanismo judicial expedito para su defensa". 2. Acerca de los recursos presentados ante la administración y de su relación con el derecho contemplado en el artículo 23 superior, se indicó: "El Código Contencioso Administrativo establece los términos con que cuentan las autoridades públicas para resolver las peticiones que a ellas se formulen, ya sean éstas de carácter general o particular. Igualmente, señala los recursos que proceden contra las decisiones que se adopten, recursos que tienen por objeto la aclaración, modificación o reforma de lo decidido. Es relevante establecer que el uso de los recursos señalados por las normas del Código Contencioso para controvertir directamente ante la administración sus decisiones, es desarrollo del derecho de petición, pues, a través de ellos, el administrado eleva ante la autoridad pública una petición respetuosa, que tiene por finalidad obtener la aclaración, la modificación o la revocación de un determinado acto. Siendo esto así, es lógico que la consecuencia inmediata sea su pronta resolución. El anterior aserto tiene fundamento en el hecho mismo de que el derecho de petición, por su esencia típicamente política, se convierte en el medio que permite al administrado controvertir los actos de la administración, por considerarlos ilegales o simplemente inconvenientes para sus intereses. No existe razón lógica que permita afirmar que la interposición de recursos ante la administración, no sea una de las formas de ejercitar el derecho de petición, pues, si él permite al sujeto participar de la gestión de la administración, así mismo, podrá como desarrollo de él, controvertir sus decisiones". 3. En referencia al silencio administrativo frente a recursos, en la sentencia citada se consideró lo siguiente: "El artículo 60 del Código Contencioso (...) señala que si transcurridos dos (2) meses desde que se ha interpuesto el recurso, la administración no lo resuelve, deberá entenderse negado, otorgando así, la posibilidad al recurrente de acudir ante la jurisdicción para que le defina sobre sus pretensiones, a través de las acciones que para ello se han establecido. En dicha norma se consagra una ficción, cuyo único objeto, se repite, es el de facilitar el acceso a la jurisdicción. Por tanto, mientras no se haga uso de las acciones ante lo contencioso, la administración sigue obligada a resolver, además de responder por los daños que pueda producir su inactividad. La ocurrencia del silencio administrativo, tal como lo ha señalado esta Corporación, no hace improcedente la acción de tutela, pues la única finalidad del silencio administrativo es facilitarle al administrado la posibilidad de acudir ante la jurisdicción para que ésta resuelva sus pretensiones y decida de manera definitiva sobre lo que debía pronunciarse la administración. (.....) Pero este efecto del silencio administrativo no equivale ni puede asimilarse, a la resolución del recurso, razón por la cual el derecho de petición, sigue vulnerado mientras la administración no decida de fondo sobre lo recurrido". Finalmente, la Corte concluyó que: "...cuando se ha hecho uso de los recursos establecidos por la ley para controvertir directamente ante la administración sus decisiones, ella está obligada a resolver dentro de un término prudencial y acorde con la naturaleza misma del asunto, pues, en caso de no hacerlo, existirá vulneración del derecho de petición. Por tanto, en los casos donde no exista una pronta resolución, la acción de tutela será el mecanismo para exigir, y ordenar, a la administración una pronta decisión. La ocurrencia del silencio administrativo no hará improcedente la operancia de esta acción". 4. En el asunto revisado, advierte la Sala que en contra de la resolución No. 07925 emanada del Instituto de Seguros Sociales -Nivel Nacional- y por la cual se negó la prestación para sobrevivientes solicitada por María Helena Martínez Rico, se interpuso, con fecha ocho (8) de febrero de 1995, el recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación. Al momento de instaurar la acción de tutela habían transcurrido más de cuatro meses desde la presentación del recurso sin que la administración hubiese emitido pronunciamiento alguno. Así las cosas, en armonía con los criterios prohijados por la Corporación y que ahora se reiteran, procede revocar la sentencia revisada y conceder la tutela por violación del derecho de petición, en consecuencia, se ordenará a la entidad demandada resolver el recurso presentado en el improrrogable término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional -Sala Octava de Revisión- administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, Sección Primera, el día cinco (5) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995), en el asunto de la referencia. SEGUNDO. CONCEDER la tutela solicitada y, en consecuencia, se ordena al Instituto de Seguros Sociales, resolver el recurso interpuesto por la petente, en su propio nombre y en representación de su hija María Helena Martínez Rico, en contra de la resolución No. 07925 de 1994, dentro del improrrogable término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia. TERCERO. LIBRENSE, por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-395-95 Sentencia No. T-395/95 Sentencia No. T-395/95 MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Venta de bien de uso público/DERECHOS COLECTIVOS-Protección del espacio público Los actores pretenden que se decrete la protección judicial específica y directa de unos derechos que no ostentan el carácter de derechos constitucionales fundamentales, sino simplemente el de derechos colectivos, en un caso, y el de intereses difusos, relacionados con el espacio público que, a su vez, es otro derecho colectivo, en otro. Para la protección de los derechos invocados en la demanda de la referencia existen en nuestra legislación otras acciones judiciales específicas y directas. PERSONA JURIDICA-Titularidad de derechos fundamentales/JUNTA DE ACCION COMUNAL-Protección de derechos fundamentales Las personas jurídicas están habilitadas por la Constitución para ejercer la acción de tutela, no sólo en procura de la protección judicial de sus derechos constitucionales fundamentales, sino además, pero en ciertos y precisos casos, en defensa de los mismos derechos de otras personas en cuyo nombre pueden actuar, como en el de las juntas de acción comunal, en el que aquéllas pueden reclamar la mencionada protección de los derechos constitucionales fundamentales de los vecinos del barrio o de la comunidad a la que representan. REF.: Expediente No. T-68416 Peticionario: JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CARVAJAL Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr.  VLADIMIRO NARANJO MESA Dr.   JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá D.C., Septiembre seis (6) de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala de Revisión de Tutelas, integrada por los H. Magistrados JORGE ARANGO MEJIA, VLADIMIRO NARANJO MESA y FABIO  MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado ponente, resuelve sobre las sentencias relacionadas con la acción de la referencia, proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala Civil- el diecisiete (17) de febrero de mil novecientos noventa y cinco y por la Corte Suprema de Justicia -Sala Civil-, el cuatro (4) de abril de  mil novecientos noventa y cinco (1995). Además, la presente actuación de revisión de las mencionadas providencias judiciales relacionadas con la acción de tutela de la referencia, se adelanta con la insistencia del señor Defensor del Pueblo, debidamente presentada dentro del término reglamentario. I.  ANTECEDENTES A.  LA DEMANDA DE TUTELA 1. El tres (3) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995), la Junta de Acción Comunal del Barrio Carvajal por conducto de su Presidente, presentó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala Civil-, un escrito mediante el cual ejerce la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales a la recreación, a la  integridad, a la vida digna de la niñez y de las personas que disfrutan de una zona verde de uso público en el Barrio Carvajal, que considera vulnerados por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Santafé de Bogotá, al decretar el embargo, secuestro y remate de un  bien de uso público. En este sentido, la peticionaria solicita que, por virtud de la correspondiente decisión que resuelva sobre la acción de tutela, se declare la nulidad del proceso ejecutivo y ,en consecuencia, se ordene al Juez demandado cesar el embargo y remate de la zona verde comunal de uso público del Barrio Carvajal. 2. Los fundamentos de hecho y de derecho que señala  la Junta de Acción Comunal del Barrio Carvajal, a través de su Presidente, como causa de la acción interpuesta, se resumen así: a.       El urbanizador del Barrio Carvajal de esta ciudad, cedió, mediante procedimiento "tipo A", el lote número 1 de la  manzana B4 del plano B16 / 4-24, entregado por Héctor Jiménez Olaya, como representante  legal de la Asociación Provivienda de Trabajadores, a la Procuraduría de Bienes del Distrito en acta  suscrita el 20 de marzo de 1986. b.      Previa autorización dada por la Alcaldía Menor de Kennedy,  la Junta de Acción Comunal del citado Barrio procedió al arreglo de la referida zona verde, para lo cual sembró árboles, construyó una cancha múltiple y "levantó un cerramiento en muro de ladrillo y malla, con sus respectivos accesos". c.       En el año de 1990 se dió inicio, en el Juzgado Octavo Civil Municipal de esta ciudad,  al proceso ejecutivo de Hernando Alfredo Lara contra Cesar Augusto Daza y Harvey Darío López, "en el cual el actor solicita  el embargo, secuestro y remate del lote ubicado en la calle 38 sur No. 63-04 - 08...el cual corresponde  a la mencionada zona verde comunal de uso público del barrio Carvajal". d.     Una vez enterada la Junta de Acción Comunal de la existencia del mencionado proceso, solicitó a la Procuraduría de Bienes del Distrito que interviniera en el mismo "a efecto de defender el derecho que tiene la comunidad  al disfrute  y goce de la mencionada zona de uso público", para cuyo efecto se solicitó al Juzgado la suspensión del remate, según súplica que fue desatendida toda vez que, en su lugar, se llevó a cabo la respectiva diligencia el 14 de abril  de 1993. e.       Para la diligencia de entrega fue comisionada la Inspección 8A de Policía, dependencia que la realizó el 25 de enero del corriente año "y durante la cual fueron demolidos los muros y la malla que rodeaban el predio". Afirma que el Juzgado demandado decretó el embargo del bien de uso público “con fundamento en títulos de propiedad que no son veraces ni reales”. B.  LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA Tras recaudar la documentación que consideró suficiente para esclarecer los hechos narrados en el escrito introductorio y efectuar diligencia de inspección judicial a la oficina de registro, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala Civil-, en sentencia de diecisiete (17) de febrero de mil novecientos noventa y cinco, resolvió conceder la acción de tutela invocada por la Junta de Acción comunal del Barrio Carvajal, en contra del Juzgado Octavo Civil Municipal de Santafé de Bogotá, con base en las siguientes consideraciones: Advierte que los bienes de uso público se distinguen por su afectación al dominio público, por motivos de interés general, relacionados con la riqueza cultural nacional, el uso público y el espacio público, y por estar sometidos a un régimen jurídico especial y por sus particulares características, no es válido exigírseles matrícula inmobiliaria para determinar su procedencia, pues su rango es directamente constitucional. - Establece el artículo 63 de la Carta Política, que los bienes de uso público, son inalienables, imprescriptibles e inembargables; por ello no son susceptibles de apropiación por particulares. En tal sentido, es ilícita la conducta de cualquier particular que pretenda apropiarse del todo o parte de ellos. Es por ello que corresponde al Estado, el deber de velar por la integridad de esos bienes de uso público, así como por la del espacio público y por su destinación al uso público, todo lo cual prevalece sobre el interés particular. Advierte que el juez demandado supo que el bien que había ordenado embargar, secuestrar y que posteriormente remataría, era un bien de uso público, pues así consta en las copias del proceso ejecutivo allegadas a la tutela; sin embargo asumió una actitud pasiva, de juez expectante, dándole un mayor valor al folio inmobiliario que mostraba la titularidad en cabeza de los particulares demandados. La actividad pasiva del juez demandado, dió prioridad al interés particular sobre el general, vulnerando el artículo 63 de la Carta Política. En la diligencia de inspección judicial practicada a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, el a-quo encontró que al predio objeto de esta tutela se le asignó inicialmente el número 0500473128, que por encontrar el registrador, que este número ya había sido asignado a otro predio, mediante resolución No. 281 de mayo 24 de 1990 se le asignó uno nuevo, el No. 050-40042331. Al examinar el folio respectivo, y compararlo con los libros radicadores se encontró, que el turno No. 77-11724 con el que se hizo la primera anotación, no corresponde a solicitud de inscripción de venta, sino a una solicitud de embargo hecho por el Juzgado 7o. Civil del Circuito (folio 83 cuaderno No. 1) o, que la escritura 963 del 1o. de junio de 1977 con la que se hizo la primera anotación, no contiene una venta como en la misma se anuncia, sino un testamento, y no es de la fecha mencionada, sino del 22 de abril de 1977 (folios 68 y 69 cuaderno 1). También se encontró que, en la anotación complementaria se dice que Daniel García Quiñones, adquirió por compra a la Asociación Provivienda de Trabajadores, según Escritura 2705 del 24 de mayo de 1960; esta escritura adjunta a la acción de tutela (folios 72 y 73 cuaderno 1) tampoco corresponde a una venta como allí se anuncia, sino a una cancelación de hipoteca y no es del 24 de mayo de 1960, sino del 10 de junio de 1960. - Por todo lo anterior, concluye el a-quo "que la titularidad del bien inmueble en cabeza de particulares, se encuentra en entredicho y por ello, merece una investigación penal". Solicita a la Fiscalía General de la Nación, investigue los posibles ilícitos de que da cuenta el folio de matrícula inmobiliaria hoy 05040042331, antes 0500-473128. Solicita a la Superintendencia de Notariado y Registro, investigue las irregularidades encontradas en el folio de matrícula mencionado, y además todos los casos en que la asignación de un nuevo número de matrícula evidencia irregularidades similares. - Considera igualmente, que la vulneración de los derechos fundamentales se dió por un vicio de carácter sustancial y no de procedimiento, razón por la cual, añadió, no era factible dejar sin efecto la actuación surtida por el juzgado denunciado, para ordenar, en cambio, la entrega inmediata del referido inmueble a la comunidad. Considera preciso mientras la justicia penal toma las determinaciones del caso, ordenar la inscripción de esta sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria No. 050-40042331, con el fin de darle la publicidad debida y evitar más perjuicios a la comunidad y a particulares incautos. C. LA IMPUGNACION La acción de tutela fue interpuesta en contra del juzgado que conoció del proceso ejecutivo, que ordenó, a su vez, el remate del bien inmueble referido, mas fueron el actor y el rematante dentro del susodicho proceso, quienes, impugnaron el fallo proferido en primera instancia, con los planteamientos que a continuación se resumen: 1. Hernando Alfredo Lara Benavides en su condición de demandante dentro del proceso ejecutivo mencionado arguye que la acción de tutela caducó, toda vez que habiéndose dirigido en contra de una sentencia judicial, aquella debió interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se profirió, y sucede que el fallo de seguir adelante la ejecución se emitió hace varios años y el que aprobó el remate hace "cerca de un año y medio o más". 2. Por su parte, Publio Hernando Zambrano Rodríguez, por conducto de apoderado, invocó su calidad de rematante y poseedor del bien inmueble en disputa, solicita se le proteja su condición de tercero de buena fe. Anota que de no respetarse su derecho, se estaría propiciando "un antecedente judicial grave de incredibilidad a la autoridad judicial", atentándose además contra la cosa juzgada y el patrimonio del Estado, que vendió en pública subasta. D.  LA DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA La Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil-, mediante sentencia de cuatro (4) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995), al resolver sobre la impugnación advertida, resolvió denegar la solicitud de tutela implorada por la Junta de Acción Comunal del Barrio Carvajal en contra del Juzgado Octavo Civil Municipal, con base en los siguientes razonamientos: - El ad-quem considera que existe cierta confusión en los términos empleados, no sólo por el actor en tutela sino también por el juzgador de primer grado, por cuanto la consecuencia de dejar sin efecto un proceso legalmente concluído en su aspecto formal, sólo habría de ser factible si se hubiese configurado una vía de hecho que convirtiera en arbitraria la decisión judicial cuestionada. Como esa debe ser la óptica con la cual corresponde examinar la cuestión, el ad-quem procedió a estudiar el diligenciamiento judicial controvertido, y concluyó que el aspecto formal del proceso agotó todas las etapas pertinentes, pero que en relación con él, se discute la licitud del objeto perseguido, y con ello la efectividad de las medidas cautelares practicadas en relación con un predio que, entonces, sería inembargable e inalienable. Establece que el punto a esclarecer no es ya propiamente el de la titularidad del predio, sino, el de la destinación del mismo, de tal suerte que, dadas las características especiales que rodean los bienes de uso público por destinación, el predio puede aparecer inscrito como de propiedad particular, mas prima sobre tal aspecto su nueva condición que lo torna en un bien de servicio a la comunidad, con ciertas peculiaridades sobre su dominio. - Advierte que los bienes de uso público pueden serlo por su naturaleza o por el destino jurídico que se les imprime, teniendo en ambos casos un perfil diferente al de los bienes fiscales, que son poseídos y administrados por el Estado como un particular, con un sentido acentuadamente patrimonial, del que carecen los primeros. Menciona que la jurisprudencia nacional reconoce la potestad del Estado o de las entidades públicas en relación con los bienes de uso público, sin asimilar esa vinculación al dominio civil, de tal suerte que las concibe como una categoría intermedia entre el dominio público y el privado, con características propias que lo singularizan como "dominio eminente" o "dominio sui generis". Respecto de los bienes de uso público, sostiene que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que "lo son por naturaleza o por destinación jurídica y que continúan con esa calidad especial mientras sigan vinculados a la finalidad pública y en los términos en que ésta así lo exija. Por consiguiente, el Estado, desde que adquiere un bien para satisfacer una necesidad pública o de uso público, tal bien queda adscrito como de uso público y, como tal, los terceros o particulares no pueden interferir ni contrariar esa destinación" (C.S.J. Sent. 28 julio 1987). Considera que, tratándose de bienes, que por su destinación especial en beneficio de la comunidad, se salen del comercio, transformándose, en bienes inembargables, imprescriptibles e inalienables, no cabe, ni remotamente, la posibilidad de que sobre ellos impere una actuación judicial que en tales condiciones es meramente aparente, toda vez  que carece de efecto alguno, por cuanto la condición de aquellos prima, como es apenas natural, sobre pretensiones particulares que, aunque reconocidas mediante procedimientos agotados, previo cumplimiento de las formalidades pertinentes, resultan inocuas para el fin perseguido. Siendo así las cosas, considera que no cabe la acción de tutela intentada, por cuanto la Ley 9 de 1989, en su art. 8, consagra la acción popular, de que trata  a su vez el artículo 1005 del Código Civil, como el medio de defensa apropiado para defender el espacio público y el medio ambiente, procedimiento de que dispone la Junta de Acción Comunal, para hacer respetar los derechos de la comunidad a la que representa. De otro lado, menciona que, el Distrito Capital, como ente de derecho público encargado de vigilar y custodiar el bien que se le cedió para ser destinado al beneficio común, cuenta con la acción prevista en el artículo 69 de la citada ley 9 de 1989 para que, ante las autoridades de policía, tramite el correspondiente lanzamiento directo de quienes por la ocupación de determinado predio, vulneran las normas de urbanismo y planeación de la localidad. En igual sentido, el art. 132 del Código Nacional de Policía, que se refiere en forma concreta a la restitución de bienes de uso público, determina que una vez establecido el carácter de uso público del bien ocupado, se procederá "a dictar la correspondiente resolución de restitución que deberá cumplirse en un plazo no mayor de 30 días", pronunciamiento contra el cual proceden, a su vez, los recursos de reposición y apelación en  la vía administrativa, y las  acciones correspondientes en la vía jurisdiccional. E.  LA INTERVENCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO En la oportunidad reglamentaria correspondiente, el despacho del Señor Defensor del Pueblo presentó un escrito de insistencia para que las decisiones con las que se resolvió la demanda de tutela de la referencia fuesen seleccionadas con fines de revisión; posteriormente y en virtud del mismo, dentro de las competencias de selección con fines de revisión eventual de las mencionadas providencias, el asunto fue atraído al conocimiento de esta sala, por lo cual se procede a resumir los argumentos de este funcionario. En el mencionado escrito el señor Defensor del Pueblo manifiesta que su petición tiene por objeto “..suscitar un pronunciamiento de esa Honorable Corporación -aclaración del alcance de un derecho- en torno al tema de la validez de los procesos judiciales culminados, el principio de la buena fe, los derechos de las personas que reciben la tradición de un inmueble a través de una autoridad judicial y los derechos de las personas que confiados en esa especial forma de tradición, adquieren el dominio de tales bienes”. En su opinión la Corte Suprema de Justicia se contradice en las consideraciones consignadas en el fallo de segunda instancia, ya que de una parte admite que se adelanten procesos de naturaleza civil sobre predios de uso público y de otra, reconoce, al mismo tiempo, que aquellas actuaciones jurisdiccionales son meramente aparentes; al respecto destaca que la Corte se inclina por el reconocimiento de los derechos del rematante mientras que la solución debía ser la de ordenar la entrega del mismo a la comunidad, pues el proceso judicial de remate es meramente aparente y en tal virtud ningún derecho podría adquirir el rematante. Sostiene que, es de interés público, de una parte, que el uso de los bienes de uso público se mantenga y, de otra, que los derechos adquiridos con buena fe por terceros, dentro de una actuación judicial, sean respetados. Sostiene, al respecto, que al tercero no le es exigible la ejecución de ninguna conducta tendiente a establecer la realidad jurídica del bien, la que no puede ofrecer dudas si proviene de una decisión judicial. Señala que, con la decisión de la Corte  Suprema de Justicia se desconoce la vigencia de "un principio de derecho  sustancial" contenido en el  artículo 63 de la Constitución y se expone a la comunidad al adelantamiento de procesos judiciales que pueden durar largo tiempo con unos resultados jurídicos no definidos, advirtiéndose la persistencia en el ámbito judicial de la cultura de la prevalencia de la ritualidad sobre el derecho sustancial, aspecto que se percibe en la decisión adoptada”. Además, observa que los medios señalados por la Corte Suprema  son propios para la defensa de bienes de uso público, pero con lo dispuesto en la sentencia mencionada se privaría a una comunidad de su espacio de recreación, y se afectaría en forma grave los intereses de orden general en detrimento de los intereses de la comunidad infantil. Por último, el Defensor del Pueblo manifiesta que la evaluación que haga la Corte “sobre los derechos del tercer adquirente de buena fe, bajo los supuestos que encierra el proceso de tutela, servirá de soporte para que en el futuro la prevalencia del derecho sustancial a que alude al artículo 228 de la Carta Política juegue un papel preponderante aun frente a las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales.” II.    CONSIDERACIONES DE LA CORTE Primera: La Competencia Esta Sala de Revisión es competente para decidir el asunto  sub examine, en virtud de los artículos 86 inciso segundo  y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. Segunda: La improcedencia de la tutela en este caso. La selección del expediente de la referencia y de las providencias judiciales en las que se resuelven las dos instancias correspondientes al trámite regular de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue decretada por las Corte Constitucional para definir específicamente sobre el aspecto de la procedencia de las peticiones formuladas en la demanda de tutela presentada en este caso, sin que se vaya a resolver de nuevo sobre aquella. Con la mencionada selección se define la competencia de esta Corporación para revisar las mencionadas providencias que ponen fin a las actuaciones de tutela y la Corte Constitucional adelanta su función precisando el alcance material de su fallo. En efecto,  la Corte encuentra que, con la demanda de tutela presentada en este asunto, los actores apenas pretenden que se decrete la protección judicial específica y directa de unos derechos que no ostentan el carácter de derechos constitucionales fundamentales, sino simplemente el de derechos colectivos, en un caso, y el de intereses difusos, relacionados con el espacio público que, a su vez, es otro derecho colectivo, en otro; por tal razón el juez de primera instancia debía denegar la tutela reclamada por improcedencia de la acción, en vez de conceder el amparo reclamado. En este sentido, no sólo se advierte, como lo hace la H. Corte Suprema de Justicia en la sentencia que se revisa y que habrá de confirmarse en todas sus partes, que para la protección de los derechos invocados en la demanda de la referencia existen en nuestra legislación otras acciones judiciales específicas y directas, como la prevista en el artículo 8o. de la Ley 9a. de 1989, en concordancia con el artículo 1005 del Código Civil, sino que, principalmente, los derechos invocados como fundamento de la mencionada actuación no son objeto de la acción de tutela judicial específica, directa y autónoma de los derechos constitucionales fundamentales, y porque la mencionada acción no puede utilizarse para propósitos distintos de la protección inmediata de otros derechos diferentes de aquéllos, como ocurre en el caso de la referencia. De otra parte, también es claro que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las personas jurídicas están habilitadas por la Constitución para ejercer la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta, no sólo en procura de la protección judicial de sus derechos constitucionales fundamentales, sino además, pero en ciertos y precisos casos, en defensa de los mismos derechos de otras personas en cuyo nombre pueden actuar, como en el de las juntas de acción comunal, en el que aquéllas pueden reclamar la mencionada protección de los derechos constitucionales fundamentales de los vecinos del barrio o de la comunidad a la que representan; por tanto, es claro que en este caso no se trata de desconocer la legitimidad activa de los demandantes en razón de su personalidad jurídica, sino de advertir que ésta no es la vía judicial adecuada para proteger los mencionados derechos a la recreación y al espacio público, y que ellos cuentan con los mecanismos judiciales especiales previstos para decretar el amparo judicial directo de aquél, las que bien pueden ser ejercidas por la Junta de Acción Comunal. En verdad, el interés jurídicamente relevante que manifiesta la mencionada junta de acción comunal en el reclamo de sus derechos constitucionales, también tiene rango constitucional,  pero es bien claro que la acción de tutela no esta prevista para el fin propuesto en este caso y, en consecuencia, los actores deben procurar una actuación diferente,  como lo advirtió la Corte Suprema de Justicia. En este sentido es preciso advertir que la sentencia de segunda instancia ha de ser confirmada en todas sus partes, ya que en ella aparece una solución correcta a los reclamos planteados por los actores. La revisión de las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela no es el camino para que esta Corporación judicial se ocupe de asuntos de mera doctrina y de la competencia jurisdiccional de otras instancias judiciales; por lo anterior, se advierte que no corresponde a ningún funcionario ni a ningún agente que actúe ante esta Corporación procurar la absolución de cuestiones doctrinarias que no se relacionen con la materia de la defensa de los derechos constitucionales fundamentales en un caso determinado. De otra parte es bien claro que en ausencia de una situación jurídica en la que se encuentren comprometidos aquellos derechos, no es dable a la Corte emitir conceptos y absolver dudas sobre hipótesis extrañas a dicha problemática de carácter judicial. En mérito de lo expuesto, esta Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.   Confirmar la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia el día cuatro (4) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995). Segundo.  Líbrense por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-403-95 Sentencia No. T-403/95 Sentencia No. T-403/95 LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Derechos ajenos Quien pidió la tutela evidentemente no tenía la titularidad de todos los derechos fundamentales reclamados, la jurisdicción constitucional no podría, sin perjuicio del debido proceso, proferir sentencia favorable a sus pretensiones, porque el interés subjetivo y específico en la resolución de la supuesta violación de los derechos constitucionales fundamentales reseñados en la demanda, corresponde a persona distinta que no intervino en el proceso.  Por lo tanto, por este aspecto, la Sala cree que el actor incurrió en un error insubsanable cuando pretendió, mediante tutela, defender varios derechos ajenos como si fueran suyos. DERECHO DE POSTULACION-Derechos ajenos La tutela, como mecanismo excepcional y subsidiario de defensa de los derechos fundamentales, es un proceso independiente, autónomo, de conocimiento de la jurisdicción constitucional, que como tal, en lo que atañe al derecho de postulación, requiere de la nítida representación judicial del interesado si éste no actúa por sí mismo. DERECHOS FUNDAMENTALES-Titularidad/SENTENCIA INHIBITORIA-Prohibición En materia de tutela, siempre que la parte actora no sea titular del derecho fundamental reclamado, el juez constitucional, en lo pertinente, deberá dictar sentencia desestimatoria, advirtiendo, claro está, que los efectos del fallo no se extenderán jamás a lo que sobre el mismo particular, eventualmente, pueda llegar a exigir quien sí tenga la titularidad del correspondiente derecho fundamental. DERECHO AL BUEN NOMBRE DE ABOGADO-Obligación de medio El buen nombre profesional no se vulnera, porque el abogado -cuyas obligaciones, cuando quiera que procede en procura de conductas o pronunciamientos de particulares o de funcionarios públicos, son de medio y no de resultado-, no es el responsable de la demora o la falta total de respuesta de aquellos a quienes acudió en desarrollo de sus compromisos. FALLO DE TUTELA-Fundamentación probatoria A la resolución no se le podía dar cumplimiento antes que la jurisdicción contencioso administrativa resolviera la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Pues bien, lo cierto es que sobre la existencia de tal acción, en el expediente no figura ninguna prueba. Revisado cuidadosamente todo el legajo, se encuentra que la mención del proceso sólo aparece en la parte motiva de la sentencia de segunda instancia. Este aspecto, que denota que se falló con base en el conocimiento privado, refuerza las discrepancias de la Sala con la sentencia revisada, y, además, conducirá a la misma a pedir que la conducta del juez sea investigada por la autoridad competente. Referencia: proceso T-67510. Actor: Pedro Antonio Turbay Salcedo. Procedencia: Juzgado Quince (15) Penal del Circuito de Barranquilla. Ponente: doctor Jorge Arango Mejía. Sentencia aprobada en sesión del once (11) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Primera (1a.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre la sentencia del Juzgado Quince (15) Penal del Circuito de Barranquilla, de fecha seis (6) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), (folios 3 a 16 del cuaderno del ad quem número 003), que revocó en su totalidad el fallo proferido por el Juzgado Quince (15) Penal Municipal de la misma ciudad, el día veintitrés (23) de enero del presente año, (folios 392 a 398 vto. del cuaderno del a quo número 032). Se observa que en este expediente se ventilan dos (2) asuntos diferentes, así: A. Tutela relacionada con la solicitud de nulidad del cierre del negocio de comidas rápidas denominado “Donde Oscar”. 1o. Antecedentes. a. Hechos. Vale la pena observar desde un principio que no obstante que el actor, doctor Pedro Antonio Turbay Salcedo, reconoce haber sido el abogado que representó al propietario del negocio anotado en la actuación administrativa previa que dio origen al presente negocio, la demanda de tutela, presentada el seis (6) de enero de este año, carente de apoderamiento o de la mención de ser una agencia oficiosa, fue formulada por aquél en su propio nombre, invocando su “condición de perjudicado”, (folio 1 del cuaderno 032). Además, en la declaración que el doctor Turbay rindió ante el Juzgado Quince (15) Penal Municipal de Barranquilla, el diecinueve (19) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995), (folio 171 ibídem), reiteró que procedía en su propio nombre, agregando, sin acreditarlo, que también lo hacía como“apoderado de los propietarios de los establecimientos de comercio DONDE OSCAR y DONDE YULI (...)”. Precisado lo anterior, cabe anotar que las autoridades demandadas en este expediente, todas ubicadas en la ciudad de Barranquilla, fueron la Alcaldía Distrital, la Secretaría de Gobierno Distrital, la Comisaría General de Policía Distrital, la Inspección Sexta (6a.) de Policía Distrital y la Inspección Permanente IV, turno I, (folio 1 ibídem). Como derechos fundamentales vulnerados o amenazados se mencionaron el de acceder “a una administración de justicia sujeta estrictamente  al imperio de la ley (CP arts. 121, 229 y 230), al debido proceso (CP art. 29), al comportamiento de las autoridades públicas conforme a derechos inalienables (CP art. 5), a la prevalencia del derecho sustancial (CP art. 228), al trabajo como un derecho y una obligación social (CP art. 25) y a presentar peticiones respetuosas y obtener pronta resolución (CP art. 23)”, (folio 1 ibídem). El demandante manifestó que, para oponerse al cierre indefinido del negocio que hiciera la Inspección Sexta (6a.) de Policía Distrital, recibió poder de Oscar Augusto Aguilar Marriaga, propietario del establecimiento, (folio 2 ibídem), y que en cumplimiento de su deber, (folio 3 ibídem), el diecinueve (19) de diciembre del año pasado, ante la citada Inspección, presentó “petición de nulidad de la diligencia de 17 de diciembre de 1994 por la cual se cerró indefinidamente el establecimiento de comercio denominado ‘Donde Oscar’, ubicado en la calle 85 No. 52-16”, (folios 27 a 33 ibídem). El treinta (30) de diciembre y, ya en este año, el tres (3) de enero, requirió “de las autoridades acusadas” la resolución del reclamo presentado, sin obtener, para la fecha de presentación de la tutela, resultado alguno, (folio 3 ibídem). En su opinión, este silencio lo colocó ante el “peligro inminente” de que su cliente le revocara el mandato, pues no podía mostrarle ningún resultado. Así, con su prestigio profesional expuesto, habría una amenaza, cuando no una vulneración, de los derechos constitucionales alegados, (folios 2 y 3 ibídem). Sin precisar sus pretensiones, el actor, a modo de medida provisional de protección, pidió la “suspensión” del cierre del restaurante. Y, a pesar de que, como ya se dijo, la demanda se refirió a dos (2) asuntos distintos,  también solicitó condena en costas y perjuicios -tasando los materiales en suma superior a quince millones de pesos ($15.000.000.oo), y los morales en más de trescientos (300) gramos oro-, sin especificar cómo habrían de repartirse las responsabilidades entre las diversas entidades demandadas, ni cuáles serían los montos para cada una de las dos (2) acciones acumuladas, (folios 1, 2 y 3 ibídem). Para mejor entendimiento, conviene recordar, además, que la Secretaría de Gobierno Municipal (folios 154 y 155 ibídem), por resolución número 2701 del seis (6) de agosto de mil novecientos noventa y tres (1993), había cancelado indefinidamente la patente de funcionamiento otorgada al establecimiento “Donde Oscar” el veintitrés (23) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992), porque, entre otras cosas, a pesar de que el negocio sólo estaba autorizado para vender perros calientes, se había convertido en restaurante. Mediante resolución número 3681 del diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos noventa y tres (1993), (folios 156 y 157 ibídem), se denegó el recurso de reposición interpuesto por Oscar Augusto Aguilar Marriaga contra la resolución número 2701. El veintisiete (27) de diciembre de mil novecientos noventa y tres (1993), con arreglo a la resolución número 1787, (folio 236 ibídem), la Alcaldía Distrital de Barranquilla, al resolver el recurso subsidiario de apelación, también confirmó en su totalidad la resolución número 2701 del seis (6) de agosto de mil novecientos noventa y tres (1993). Como quiera que posteriormente el actor controvirtió el cierre del establecimiento “Donde Oscar” -que se efectuó por la Inspección Sexta (6a.) de Policía de Barranquilla, (folio 335 ibídem), el veintidós (22) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994)-, el Alcalde, por medio de la resolución número 1116 del dos (2) de junio del mismo año, susceptible del recurso de reposición, (folios162 a 164 ibídem), decretó la nulidad de la medida, considerando que fue hecha definitivamente, debiendo haberlo sido sólo en forma indefinida; y así mismo, ordenó a la Inspección cumplir fielmente la resolución 2701 del seis (6) de agosto de mil novecientos noventa y tres (1993). Finalmente (folio 387 ibídem), el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), la Inspección Sexta (6a.) Distrital de Policía de Barranquilla procedió a efectuar la diligencia que dio origen a esta tutela, es decir, el cierre indefinido del establecimiento denominado “Donde Oscar”. De otra parte, por escritura pública número tres mil cuatrocientos ochenta y siete (3487) del veinticinco (25) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), de la Notaría Segunda (2a.) de Barranquilla (folios 210 y siguientes ibídem), el señor Oscar Augusto Aguilar Marriaga, a pesar de la cancelación que pesaba sobre su negocio, presentó para su protocolización, una serie de documentos entre los que se destaca una solicitud de licencia de funcionamiento para un establecimiento de comidas rápidas, dirigida a la Secretaría de Gobierno de Barranquilla, recibida el diecisiete (17) de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (1994), y radicada bajo el número 94-1890, (folios 36, 46 y 135 ibídem). Con este instrumento público se pretendió llenar los requisitos exigidos por el artículo 42 del Código Contencioso Administrativo para invocar un presunto silencio administrativo positivo, con base en lo dispuesto por el artículo 5o. del acuerdo cincuenta y cinco (55) del dieciocho (18) de diciembre de mil novecientos noventa (1990), del Concejo Municipal de Barranquilla. Dicha norma dice: “Si la solicitud de Licencia se ajustó a las disposiciones del artículo anterior, y si no se formularon oposiciones o las presentadas se rechazaron, el Alcalde concederá la Licencia de Funcionamiento y expedirá la patente correspondiente dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios que prevé el artículo 63 de la ley 9a. de 1989. En la misma Resolución se clasificará el establecimiento. Transcurridos los términos para resolver, sin que el Alcalde se pronuncie, operará el silencio administrativo positivo”. b. Los fallos de tutela. 1) El pronunciamiento del Juzgado Quince (15) Penal Municipal de Barranquilla. Este juzgado, excepto en lo atinente al derecho de petición -pues, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, ordenó a la Alcaldía Distrital de Barranquilla dar respuesta a las peticiones del diecinueve (19) y del treinta (30) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), así como a la del tres (3) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995)-, negó la tutela por improcedente. Para el a quo, (folio 397 ibídem), la acción no procedía pues el actor contaba con los medios de defensa  contencioso administrativos, amén de que no se presentaban los elementos de un perjuicio irremediable. Es importante anotar que, en cumplimiento de la orden impartida, (folios 414 a 417 ibídem), la Jefatura de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Gobierno Distrital de Barranquilla, mediante la resolución número cinco (5) del dos (2) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995), rechazó de plano la petición de nulidad propuesta por el señor Oscar Augusto Aguilar Marriaga, aclarando que contra tal determinación procedían los recursos de reposición y apelación. 2) La sentencia del Juzgado Quince (15) Penal del Circuito de Barranquilla. Como consecuencia de una impugnación formulada por la Alcaldía de Barranquilla, el señalado despacho judicial, el seis (6) de marzo del presente año, dictó una providencia por la cual revocó en su totalidad el fallo del a quo y, en su lugar, como mecanismo transitorio, dispuso tutelar todos los derechos fundamentales impetrados por la parte actora. Por consiguiente, previo envío de copias a la Procuraduría Departamental y a la Fiscalía General de la Nación, ordenó a todas las autoridades demandadas, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, proceder a reabrir el negocio denominado “Donde Oscar”, hasta “que culmine ejecutoriadamente el proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 8762”, (folios 3 a 16 del cuaderno del ad quem número 003). El fallo estimó que el cierre del diecisiete (17) de diciembre violó los artículos 41, 42 y 176 del Código Contencioso Administrativo; que, además, no existió ningún auto o ley que ordenara o justificara la diligencia en mención; que la Inspección vulneró el silencio administrativo positivo que asistía al actor; que la presencia de una demanda contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho -de cuya existencia la Sala debe decir que no hay prueba en el expediente- contra “las resoluciones afectadas en dichos procesos”, al quitarles la fuerza ejecutoria, les impedía “cualquier eventual cumplimiento”. c. Solicitud de la Defensoría del Pueblo. En escrito del veinticinco (25) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995), el Defensor del Pueblo, doctor Jaime Córdoba Triviño, solicitó la revisión del presente caso. La preocupación fundamental de este funcionario recae en la parte del fallo de segunda instancia que dijo que mientras la justicia contencioso administrativa no resuelve sobre la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, los correspondientes actos atacados no son de obligatorio cumplimiento. Según la Defensoría, esta tesis, fuera de ser ostensiblemente ilegal, vulnera la llamada presunción de legalidad de los actos administrativos. 2o. Consideraciones. a. Competencia. La Sala es competente para decidir, por lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991. b. Si el abogado no tiene la calidad de representante judicial, bien como apoderado o como agente oficioso, no es posible obtener la tutela de derechos individuales ajenos. Sobre este tema, que a pesar de su importancia no fue abordado por los juzgadores de instancia, la Sala considera que el actor presentó la demanda de tutela en su propio nombre. Esto se desprende de la propia demanda (folio 1 del cuaderno 032), pues en ella se consignó la opinión de que sólo el demandante tenía la “condición de perjudicado”. Si bien posteriormente -en la declaración del diecinueve (19) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995), visible al folio 171 ibídem-, el actor, reiterando que procedía en su propio nombre, agregó que también lo hacía como “apoderado de los propietarios de los establecimientos de comercio DONDE OSCAR y DONDE YULI (...)”, lo cierto es que no acreditó tal calidad de ningún modo y, sobre todo, no fue contundente en dar a entender que actuaba en nombre de otro, pues encuadró o vinculó el alcance de su afirmación a los motivos consignados en la solicitud de tutela, uno de los cuales fue precisamente el deseo de obtener la defensa de sus propios derechos. Al respecto, es ilustrativo recordar que el doctor Turbay Salcedo, cuando se le preguntó sobre la representación que tenía al demandar la tutela, textualmente dijo haber actuado en su propio nombre y representación, y en su “calidad de apoderado de los propietarios de los establecimientos de comercio ‘Donde Oscar’ y ‘Donde Yuli’ “, precisando luego que los dueños eran “OSCAR AUGUSTO AGUILAR MARRIAGA y FERNANDO CORONADO”, y que los motivos de la acción “son los que están consignados en la solicitud”. Esto último, a juicio de la Corte, hace que sea inevitable seguir entendiendo que la calidad en que intervino el actor en la tutela no varió con respecto a la expuesta inicialmente en la demanda, o sea que el demandante mantuvo el criterio de defender sus propios derechos. Así, pues, cuando el demandante declaró que representaba al señor Aguilar Marriaga, debe inferirse que únicamente se refirió a su intervención profesional en la petición de nulidad del cierre del diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), gestión para la cual sí contó con el poder correspondiente (folio 33 ibídem). Establecido, entonces, que el demandante no actuó en representación ajena (ni siquiera dijo ser agente oficioso) sino en causa propia, es menester ver si para los fines de esta acción ello fue o no acertado. Para dilucidar esta cuestión, debe recordarse que de todos los supuestos derechos fundamentales mencionados en la demanda -el de acceder a una administración de justicia sujeta estrictamente  al imperio de la ley (CP arts. 121, 229 y 230); el del debido proceso (CP art. 29); el de exigir que el comportamiento de las autoridades públicas esté conforme a derechos inalienables (CP art. 5); el de la prevalencia del derecho sustancial (CP art. 228); el del trabajo (CP art. 25) y el de presentar peticiones respetuosas y obtener pronta resolución (CP art. 23)-, sólo el del trabajo involucraba el interés personal del actor, tal como se examinará más adelante. En efecto, los demás derechos, cuya supuesta violación sería a consecuencia de la demora en responder la solicitud de nulidad, necesariamente estaban vinculados al interés de la persona que elevó la petición, o sea el señor Aguilar Marriaga. El titular del interés legítimo, el autorizado para exigir la declaración administrativa de la supuesta nulidad del cierre del establecimiento de comercio “Donde Oscar”, no podría ser, sin detrimento de la lógica jurídica, una persona distinta del dueño del negocio afectado por la medida de cierre. Y como la intervención del doctor Turbay Salcedo ante la municipalidad de Barranquilla fue, precisamente, en representación de su cliente, mal podría decirse que actuó en la defensa de su propio interés. Así, pues, como quien pidió la tutela evidentemente no tenía la titularidad de todos los derechos fundamentales reclamados, la jurisdicción constitucional no podría, sin perjuicio del debido proceso, proferir sentencia favorable a sus pretensiones, porque el interés subjetivo y específico en la resolución de la supuesta violación de los derechos constitucionales fundamentales reseñados en la demanda (excepto el caso del derecho al trabajo que se analizará más adelante), corresponde a persona distinta que no intervino en el proceso.  Por lo tanto, por este aspecto, la Sala cree que el actor incurrió en un error insubsanable cuando pretendió, mediante tutela, defender varios derechos ajenos como si fueran suyos. Dicho sea de paso, el error anotado quizás pueda provenir de la idea equivocada de que el poder otorgado para determinado proceso o actuación, también se extiende a la eventual acción de tutela que el asunto pueda merecer. La Sala previene contra tal enfoque. La tutela, como mecanismo excepcional y subsidiario de defensa de los derechos fundamentales, es un proceso independiente, autónomo, de conocimiento de la jurisdicción constitucional, que como tal, en lo que atañe al derecho de postulación, requiere de la nítida representación judicial del interesado si éste no actúa por sí mismo. De otra parte, la Sala cree que el criterio expuesto armoniza con lo que, en materia de legitimidad e interés para proponer la acción de tutela, disponen los artículos 86 de la Constitución y 10 del decreto 2591 de 1991, pues estas normas señalan que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, (...) la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”; y que la acción de tutela “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante” (negrillas por fuera de texto). La interpretación de estas disposiciones, en concordancia con el parágrafo del artículo 29 del decreto 2591 de 1991 -que ordena que el contenido de los fallos de tutela no puede ser inhibitorio-, conduce a la conclusión de que en materia de tutela, siempre que la parte actora no sea titular del derecho fundamental reclamado, el juez constitucional, en lo pertinente, deberá dictar sentencia desestimatoria, advirtiendo, claro está, que los efectos del fallo no se extenderán jamás a lo que sobre el mismo particular, eventualmente, pueda llegar a exigir quien sí tenga la titularidad del correspondiente derecho fundamental. En síntesis, como la prosperidad de la defensa de los derechos constitucionales objeto de esta tutela (excepto lo relativo al derecho al trabajo, pero sólo por las razones que se expondrán a continuación), requería de la presencia del señor Aguilar Marriaga como parte actora, presencia que nunca se dio porque el actor, abogado Pedro Antonio Turbay Salcedo, formuló la demanda en su propio nombre, la Corte Constitucional no tendrá otra opción que la de desestimar las pretensiones correspondientes. c. El silencio administrativo, que, como es bien sabido, incide negativamente sobre el derecho de petición, por el contrario no amenaza o viola ni el buen nombre ni el derecho al trabajo de los abogados que litigan en causa ajena. Como se recuerda, para el actor el silencio administrativo endilgado a la parte demandada, respecto de la falta de pronta resolución a la petición de nulidad de la diligencia del diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), por la cual se cerró indefinidamente el establecimiento de comercio denominado “Donde Oscar” (folios 27 a 33 ibídem), al ponerlo ante el “peligro inminente” de que su cliente le revocara el mandato -por no poder exhibir ningún resultado-, lo habría expuesto, por la vía del desprestigio profesional (una especie de afrenta al buen nombre), a la vulneración de su derecho al trabajo (folios 2 y 3 ibídem). Esta Corporación considera que la ausencia de pronta respuesta por parte de la administración, es una omisión que no obstante ser violatoria del derecho de petición, por su naturaleza no es susceptible de afectar el prestigio profesional o el derecho al trabajo de los abogados que litigan en causa ajena. ¿Por qué? Por lo menos por dos razones. Veamos. En primer lugar, el buen nombre profesional no se vulnera, porque el abogado -cuyas obligaciones, cuando quiera que procede en procura de conductas o pronunciamientos de particulares o de funcionarios públicos, son de medio y no de resultado-, no es el responsable de la demora o la falta total de respuesta de aquellos a quienes acudió en desarrollo de sus compromisos. Por el contrario, quienes sí están expuestos a deteriorar su buena imagen, son precisamente los morosos en el cumplimiento de su deber, es decir, los destinatarios de las correspondientes peticiones. El procurador judicial que se enfrenta al silencio administrativo -o al de los particulares- siempre está en la posibilidad (y en el deber) de informar a su cliente de tal situación. Y esta información, que bien puede ser puesta en conocimiento de terceros, es más que suficiente para despejar cualquier duda alrededor de la idoneidad del profesional. Si, en las circunstancias anotadas, el poderdante, que se presume de buena fe, no comparte las explicaciones de su abogado, simplemente dará con ello la medida de su ignorancia. En segundo término, el derecho al trabajo del abogado que representa intereses ajenos, respecto de los cuales se da la figura del silencio administrativo, no se quebranta, pues esa situación no es obstáculo para que siga defendiendo al agenciado, atienda nuevos clientes, continúe ejerciendo la profesión o explote otras actividades. Y como la omisión de la administración no le es imputable, siempre estará en capacidad de combatir cualquier amago de descrédito que gire alrededor de su nombre. Aplicando estas ideas al presente caso, habrá de declararse que al actor no le asistió la razón cuando planteó la tutela con base en la violación o amenaza de vulneración de su derecho al trabajo. d. Agotada la vía gubernativa, los actos administrativos en firme gozan de presunción de legitimidad y, en consecuencia, adquieren fuerza ejecutoria. La intervención de la Defensoría del Pueblo solicitó de la Corte un pronunciamiento sobre el tema de la presunción de legitimidad de los actos administrativos, teniendo en cuenta que el fallador de segundo grado adoptó una tesis heterodoxa consistente en afirmar que la resolución número 2701 del seis (6) de agosto de mil novecientos noventa y tres (1993), por la cual el municipio de Barranquilla canceló indefinidamente la patente de funcionamiento del establecimiento “Donde Oscar”, no tenía fuerza ejecutoria por haberse interpuesto contra ella una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Aunque para la resolución de la presente tutela la opinión requerida no es indispensable -porque la suma de los argumentos contenidos en los literales b. y c. son suficientes para denegar el amparo deprecado-, la importancia de lo planteado por la Defensoría amerita, al menos, una breve manifestación de la Sala. Sobre el particular, es evidente que la opinión del Juzgado Quince (15) Penal del Circuito de Barranquilla contradice las disposiciones vigentes sobre la materia. En efecto, el Código Contencioso Administrativo en sus artículos 62, 63, 64 y 66, instituye un sistema que, en resumen, permite que los actos administrativos sean ejecutados cuando estén en firme, lo que ocurre cuando se agota la llamada vía gubernativa, sin que la eventual actuación que se surta ante la jurisdicción contencioso administrativa les quite per se su fuerza ejecutoria. De las normas citadas se puede decir: - Que los actos administrativos son firmes cuando contra ellos no procede ningún recurso, o cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. (La resolución 2701, a juicio de la Sala, está en el último caso, puesto que frente a ella se esgrimieron, sin éxito, los recursos de reposición y apelación). - Que en los casos atrás señalados ocurre el agotamiento de la vía gubernativa. (Por lo tanto, tal cosa le sucedió a la resolución 2701). - Que salvo disposición en contrario y concluida la vía gubernativa, la administración puede proceder al cumplimiento de los actos que sean firmes. (Esto, precisamente, fue lo que aconteció con la diligencia de cierre del establecimiento “Donde Oscar”). - Que, salvo norma en contra, la fuerza obligatoria de los actos administrativos en firme no se mantiene si recae sobre ellos anulación o suspensión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo; si sus fundamentos de hecho o derecho han desaparecido; si después de cinco años la administración no ha realizado los actos que le corresponden para ejecutarlos; si se da la condición resolutoria que los grava, pierden su vigencia o, en los términos de la sentencia C-069 de 1995, se oponen manifiestamente a la Constitución. (Ninguna de estas alternativas tuvo ocurrencia en las resultas de la aplicación de la resolución 2701). Lo dicho se confirma con la existencia de la “suspensión provisional” de los actos administrativos, la cual, con arreglo al artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 31 del decreto 2304 de 1989,  puede efectuarse cautelarmente por el Consejo de Estado y los tribunales administrativos, con el objeto de desvirtuar la presunción de legitimidad de aquéllos y, en consecuencia, hacerlos inaplicables. Esta institución demuestra que para que los actos administrativos puedan “suspenderse”, es indispensable que éstos previamente tengan fuerza ejecutoria. De lo contrario, la “suspensión provisional” sería una figura carente de sentido. Pero, además, en esta tutela se presenta algo que la Sala no puede dejar pasar desapercibido. Se trata de la afirmación que hizo el ad quem, en el sentido de que a la resolución 2701 no se le podía dar cumplimiento antes que la jurisdicción contencioso administrativa resolviera la acción de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 8762. Pues bien, lo cierto es que sobre la existencia de tal acción, en el expediente no figura ninguna prueba. Revisado cuidadosamente todo el legajo, se encuentra que la mención del proceso 8762 sólo aparece en la parte motiva de la sentencia de segunda instancia. Este aspecto, que denota que se falló con base en el conocimiento privado, refuerza las discrepancias de la Sala con la sentencia revisada, y, además, conducirá a la misma a pedir que la conducta del juez sea investigada por la autoridad competente. Esta medida se estima necesaria, pues este juez promovió la investigación de las autoridades demandadas por parte de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación. En síntesis, la Corte, a diferencia de lo que dijo el Juzgado Quince (15) Penal del Circuito de Barranquilla, estima que la resolución 2701, a la luz de las normas anotadas y con arreglo a lo que aparece probado, nunca perdió su fuerza ejecutoria. B. Tutela relacionada con la solicitud de nulidad del cierre del negocio de comidas rápidas denominado “Donde Yuli”. 1o. Antecedentes. a. Hechos. El actor, en forma análoga a como lo hizo en el caso anterior, es decir, demandando la tutela en su propio nombre y no como agente oficioso procesal o en representación del interesado, que en esta oportunidad fue el señor Fredy Fernando Coronado Pizarro, planteó la violación de los mismos derechos constitucionales. En esta ocasión, la petición de nulidad cuya demora en resolverse supuestamente causó la vulneración de los derechos alegados, fue la dirigida contra el “acta de visita” del nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), emanada de la Inspección Distrital Permanente número cuatro (4), turno uno (1), de Barranquilla , (folio 6 del cuaderno 032). El acta anotada (folio 15 ibídem) ordenó el cierre indefinido del establecimiento de comidas rápidas “Donde Yuli”, propiedad del señalado señor Coronado Pizarro. Resumiendo, la presente acción, con excepción de lo atrás expuesto, en lo esencial es básicamente igual a la relativa al establecimiento “Donde Oscar”, pues, dirigida contra las mismas autoridades, pretende la obtención del amparo constitucional para prevenir el quebrantamiento de unos derechos constitucionales ajenos -dejando a salvo, también por los mismos motivos de la primera tutela, el derecho al trabajo del demandante-, todo a causa del silencio administrativo relacionado con la falta de resolución de la solicitud de nulidad por el cierre de un establecimiento de comercio. Y, además, debe señalarse (folio 129 ibídem) que la administración municipal, el seis (6) de enero del presente año, precisamente revocó el cierre indefinido del anotado negocio “Donde Yuli”, ordenando el levantamiento de los sellos impuestos. b. Los fallos de tutela. 1) El pronunciamiento del Juzgado Quince (15) Penal Municipal de Barranquilla. Esta autoridad (folios 392 y siguientes ibídem), el veintitrés (23) de enero del corriente año, negó la tutela considerando que, por estar el negocio “Donde Yuli” ya abierto al público, no se vulneró ningún derecho fundamental. 2) La sentencia del Juzgado Quince (15) Penal del Circuito de Barranquilla. En fallo ciertamente confuso, pues, entre otras cosas, el ad quem no separó con el rigor debido los dos casos involucrados, se revocó en su totalidad la decisión del a quo y, por tanto, con alcances ininteligibles -porque el restaurante “Donde Yuli” está en pleno funcionamiento-, se concedió la tutela. 2o. Consideraciones. a. Competencia. Como en el caso anterior, la Sala es competente para decidir, por lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991. b. Las consideraciones de la primera tutela, o sea la del establecimiento “Donde Oscar”, se aplican íntegramente al asunto del restaurante “Donde Yuli”. Se reitera, entonces, que la acción no puede prosperar porque, de una parte, fue propuesta para la defensa de derechos fundamentales ajenos, sin poder ni agencia oficiosa; y de otra parte, porque el derecho al trabajo del abogado que litiga en causa ajena, no se vulnera en razón del silencio administrativo. Además, como el cierre del establecimiento fue revocado por la municipalidad de Barranquilla, la Sala estima que desapareció el fundamento último de la tutela. C. Decisión. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Juzgado Quince (15) Penal del Circuito de Barranquilla, de fecha seis (6) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), que, a su vez, revocó en su totalidad el fallo proferido por el Juzgado Quince (15) Penal Municipal de la misma ciudad, el día veintitrés (23) de enero del presente año, y, en consecuencia, DENEGAR las dos (2) tutelas solicitadas por el doctor Pedro Antonio Turbay Salcedo, en relación con los establecimientos de comida rápida “Donde Oscar” y “Donde Yuli”. SEGUNDO. ENVIAR una fotocopia auténtica del proceso al Consejo Seccional de la Judicatura competente, a fin de que juzgue si el juez de segundo grado amerita algún tipo de sanción por el hecho de haber fallado con base en su propio conocimiento privado, en relación con la afirmación de que la jurisdicción contencioso administrativa estaba tramitando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho radicada bajo el No. 8762. TERCERO. COMUNICAR este fallo al Juzgado Quince (15) Penal Municipal de Barranquilla, para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte. JORGE ARANGO MEJÍA Magistrado ponente ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado MARTHA SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-404-95 Sentencia No. T-404/95 Sentencia No. T-404/95 _ DERECHO A LA HONRA-Interventoría en oficina de registro/CONDUCTA LEGITIMA DEL INTERVENTOR/DERECHO AL BUEN NOMBRE-Interventoría en oficina de registro Atentar contra la honra y el buen nombre de una persona mediante la divulgación de una información tendenciosa, ciertamente constituye una lesión injustificada a la posición del hombre en sociedad. Sin embargo, no pueden considerarse vulnerados estos derechos cuando se trata de informaciones originadas en conductas legítimas adelantadas por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, por tanto, se encuentran investidos del poder y el deber de comunicar a sus superiores la ocurrencia de actos que a su juicio, son delictuosos o irregulares. Obviamente, el ejercicio de esta función requiere de un máximo de discreción y buena fe por quienes suministran la información, lo cual redunda en el éxito de la labor y a su vez protege la integridad personal de los sujetos involucrados. INTERVENTORIA-Naturaleza de la información Cumplir con la labor de interventoría implica de suyo, necesariamente, involucrar a funcionarios que trabajan en dicha dependencia y que a criterio del interventor pueden estar vinculados con las actividades irregulares de la oficina intervenida. Por ello, este tipo de información, en principio, no constituye vulneración de derecho fundamental alguno, pues ésta no tiene el carácter de resolución o acto administrativo, ni constituye oficialmente sanción alguna que haya desconocido los derechos invocados por el actor. Se trata entonces, de un informe cuyas sugerencias son presentadas en ejercicio de la labor asignada, y que de manera alguna compromete a quien en definitiva tiene la potestad y el deber de tomar las decisiones e iniciar las respectivas investigaciones. EMPLEADO PUBLICO-Deber de informar/SERVICIOS PUBLICOS-Prestación irregular La obligación que le asiste al demandado para informar hechos delictuosos o irregulares en la prestación de un servicio público y señalar culpables, no se deriva única y exclusivamente de las funciones que le fueron asignadas, sino también de su calidad de empleado público, ya que la ley exige a éstos el deber de poner en conocimiento de la autoridad competente esta clase de hechos, como también el de informar a sus superiores todos aquellos actos irregulares que puedan afectar la administración pública y el servicio que ella presta. INFORME DEL INTERVENTOR-Objeto La información en sí misma no hace parte de proceso disciplinario alguno, sino que evidentemente se trata de una sugerencia en virtud de la cual se puede originar la respectiva investigación disciplinaria, pero cuya decisión, como se dijo, no depende del funcionario interventor sino de su superior, en asocio de la oficina de control interno de la respectiva dependencia. PROCESO DISCIPLINARIO-Objeto El proceso disciplinario, entendido como el conjunto de actos concatenados que conducen a la formación y expresión de la voluntad administrativa, tiene su desarrollo inicial en las llamadas diligencias preliminares, las cuales buscan establecer la veracidad de los hechos ocurridos o informados y a determinar la procedencia legal de la apertura del proceso disciplinario. DEBIDO PROCESO-Interventoría No existió proceso alguno y el simple informe es una declaración en la cual se plasma una apreciación de carácter subjetivo, resultado del deber impuesto al funcionario informador. REF:  Expediente No. T -70426 Peticionario: Pablo José López Lacouture Procedencia: Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil. Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Tema: Derecho al buen nombre y a la honra. Santafé de Bogotá, D.C., once (11) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela radicado bajo el número T-70.426, adelantado por Pablo José López Lacouture contra Alberto Torrente Fernández, Director de Intervención de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos y Privados, zona centro. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efecto de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión. 1. Solicitud El ciudadano Pablo José López Lacouture quien desempeña el cargo de auxiliar administrativo en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Bogotá Zona norte, interpuso ante el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, acción de tutela, con el fin de amparar sus derechos constitucionales fundamentales al buen nombre, a la honra, al trabajo y al debido proceso, consagrados en los artículos 15, 21, 25 y 29 de la Constitución Política. 2. Hechos Mediante resolución No.5779 de noviembre 3 de 1994, el señor Superintendente de Notariado y Registro, ordenó la intervención y manejo de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Bogotá Zona centro, para lo cual designó como director de intervención al doctor Alberto Torrente Fernández. Afirma el actor, que el funcionario interventor a través del oficio fechado el 5 de diciembre de 1994 y radicado con el número 4052, rindió informe al Superintendente de las actividades llevadas a cabo, así como también de la situación jurídico administrativa de la Oficina de Registro Zona centro. En la hoja No. 3 del citado informe, el funcionario demandado señaló: "De otra parte y con el fin de terminar o reducir las prácticas inescrupulosas en la oficina, es necesario declarar insubsistentes o trasladar, si están en carrera administrativa, a cualquier oficina de registro del país, (ahora se puede hacer porque existe planta global), a los siguientes funcionarios a quienes se señala reiteradamente como deshonestos: "(...) "PABLO LOPEZ LACOUTURE - Auxiliar Administrativo (...)" Considera el actor que la afirmación anterior, lo condena sin que haya sido sometido a juicio previo, además que "deja por el suelo" sus derechos a la honra y al buen nombre protegidos por la Constitución Política. Sobre el particular manifestó el doctor Torrente Fernández en declaración rendida ante el Juez de instancia, que lo afirmado en el oficio, obedeció al cumplimiento de sus funciones como director de intervención de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona centro y únicamente se limitó a trasmitirle al señor Superintendente las informaciones obtenidas de otros empleados de la dependencia intervenida, fundamentándolo además, con el Acta de visita firmada por quienes adelantaron dicha labor y en la cual, se cuestiona el desempeño del señor Lacoutore, quien en ese momento desempeñaba, en calidad de encargado, el puesto de almacenista. Con relación a las informaciones recibidas por el demandado, aparece en el expediente un Acta juramentada suscrita por Gloria Colombia Pérez quien se desempeñaba como jefe de la división operativa de la oficina intervenida, en la que manifiesta no haber participado en la elaboración del informe y tampoco haber calificado al actor como deshonesto. Sin embargo, admite que se le solicitó información sobre el personal que en su división observaba bajo rendimiento. Finalmente señaló el señor Torrente Fernández, que el informe objeto de la presente acción de tutela tenía el carácter de reservado, es decir, que sólo se elaboró para conocimiento del Superintendente, quien una vez lo valorara decidiría  o no la apertura de la investigación correspondiente, de manera que no era su intención darlo a conocer a persona diferente. Sin embargo, algunos funcionarios de la Superintendencia, en acto irregular, lo fotocopiaron y lo hicieron de público conocimiento. 3. Pretensiones Solicita el actor que como consecuencia del amparo de los derechos conculcados, se ordene, en primer lugar, al director de Intervención rectificar la información presentada al Superintendente de Notariado y Registro mediante oficio radicado con el No. 4052 y se condene a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos al pago de los perjuicios de carácter moral ocasionados con la información; en segundo lugar, ordenar que se compulsen copias de lo actuado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue los presuntos hechos punibles de injuria y violación a la libertad de trabajo; en tercer lugar, ordenar que se compulsen copias de lo actuado a la Procuraduría General y al señor defensor de Pueblo, para que se investigue la conducta temeraria del funcionario interventor. II. ACTUACION PROCESAL 1. Fallo de primera instancia El Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, mediante providencia de fecha ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), resolvió negar la acción de tutela interpuesta por el señor Pablo José López Lacouture, contra el señor Alberto Torrente Fernández, director de intervención de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona centro. Sobre el particular señaló el a-quo, que a pesar de que evidentemente se le imputó al actor la comisión de un hecho delictuoso, existen mecanismos judiciales diversos a la acción de tutela para salvaguardar a las personas de afirmaciones sobre hechos calumniosos o injuriosos. Dichos mecanismos que aparecen descritos en los artículos 313 y siguientes del Código Penal, incluyen además la posibilidad de una indemnización y el castigo pertinente por la conducta dañina. 3. Impugnación. Mediante memorial presentado el día quince (15) de marzo de 1995, el peticionario impugnó el fallo proferido por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Santafé de Bogotá. 4. Segunda instancia Mediante providencia de fecha veintiséis (26) de abril de 1995, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, resolvió revocar el fallo de primera instancia, y en su defecto accedió a tutelar los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, al debido proceso y al trabajo del actor, y ordenó al director de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados, no tener en cuenta el informe rendido por el interventor en lo que respecta al actor exclusivamente, además, que requirió a los directivos de la entidad para que se abstuvieran de tomar represalias. Consideró el ad-quem, que las afirmaciones hechas por el demandado no encuentran ningún tipo de soporte probatorio, permitiendo concluir la violación injustificada de los derechos fundamentales invocados por el actor, pues el funcionario interventor "sin el más mínimo recato y desconociendo todo procedimiento", consignó en el informe hechos dañinos a la honra y el buen nombre del demandante, sin que dichas afirmaciones estuvieran precedidas del resultado que arroja un proceso adelantado con tal fin. Igualmente según el despacho, por el hecho de que el traslado o el decreto de insubsistencia no se haya producido, no se puede hacer caso omiso de lo consignado en el informe, ya que eso repercute en el desarrollo normal de la relación laboral del actor con la administración. Finalmente afirmó el Tribunal que aun cuando el actor cuente con la correspondiente acción penal, tal medio de defensa judicial no tiene la misma efectividad que la acción de tutela, y por ello, no puede servir de base para su desestimación. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia. 2. La materia En el caso que ocupa la atención de esta Sala, la supuesta violación de los derechos a la honra, al buen nombre, al debido proceso, a la defensa y al trabajo del actor, se circunscribe a lo afirmado por el doctor Alberto Torrente Fernández en comunicación dirigida al Superintendente de Notariado y Registro (hoja No. 3), en la cual señaló: "De otra parte y con el fin de terminar o reducir las prácticas inescrupulosas en la oficina, es necesario declarar insubsistentes o trasladar, si están en carrera administrativa, a cualquier oficina de registro del país, (ahora se puede hacer porque existe planta global), a los siguientes funcionarios a quienes se señala reiteradamente como deshonestos: "(...) "PABLO LOPEZ LACOUTURE - Auxiliar Administrativo (...)" En relación con el derecho al buen nombre y a la honra, esta Corporación ha reconocido que se trata de derechos fundamentales consagrados por la Carta Política (arts. 15 y 21), los cuales hacen parte de la esfera personal del sujeto y que tienen como objetivo principal, mantener el respeto que a dichos valores, tan relevantes para el individuo y su familia, deben la sociedad, el Estado y los particulares. En relación con el tema ha sostenido la Corte Constitucional: "El derecho al buen nombre, o derecho que tiene toda persona a no ser difamada, esto es, a que por parte de la sociedad se tenga una buena calificación o juicio favorable de su comportamiento mientras no se le pruebe lo contrario, además de que se encuentra consagrado en el artículo 15 de la Carta Política como un derecho fundamental, ha sido considerado como tal, entre otras sentencias, en la T-480 de agosto 10 de 1992 (M.P.Jaime Sanín Greiffenstein). "El derecho a la honra, o derecho que tiene toda persona a no sufrir ataques que afecten la esfera externa de sus virtudes y valores, la cual socialmente le ha sido reconocida, además de que se halla dentro del Capítulo I del Titulo II de la Carta Política, esto es, se encuentra consagrado como un derecho fundamental, ha sido considerado de igual forma por esta Corporación, entre otras sentencias, por la T-577, de octubre 28 de 1992 (M.P.Eduardo Cifuentes Muñoz)." (Sentencia No. T-369 de 1993, M.P., doctor Antonio Barrera Carbonell) Así entonces, tanto el buen nombre como la honra tienen su basamento en el concepto del honor personal, y ambos suponen una valoración de la persona desde la perspectiva de su esfera externa, razón por la cual guardan una íntima relación. Atentar contra la honra y el buen nombre de una persona mediante la divulgación de una información tendenciosa, ciertamente constituye una lesión injustificada a la posición del hombre en sociedad. Sin embargo, no pueden considerarse vulnerados estos derechos cuando se trata de informaciones originadas en conductas legítimas adelantadas por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, por tanto, se encuentran investidos del poder y el deber de comunicar a sus superiores la ocurrencia de actos que a su juicio, son delictuosos o irregulares. Obviamente, el ejercicio de esta función requiere de un máximo de discreción y buena fe por quienes suministran la información, lo cual redunda en el éxito de la labor y a su vez protege la integridad personal de los sujetos involucrados. Frente al caso particular, para determinar si la conducta del demandante vulnera o no los derechos invocados en la presente acción, se hace necesario recordar las circunstancias que dieron origen al informe objeto de la supuesta violación. Ciertamente, con fundamento en las funciones de dirigir y coordinar la inspección, vigilancia y control de los servicios públicos del Notariado y del Registro de Instrumentos Públicos (Decreto 2158 de 1992), el señor Superintendente del ramo, mediante resolución No. 5779 de noviembre 3 de 1994,  ordenó la intervención de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona centro. Las razones que lo condujeron a tomar la decisión, se refieren a las serias irregularidades encontradas en dicha dependencia, tras varias visitas de la Superintendencia delegada para el Registro, en las que se pudo constatar un grave desorden jurídico-administrativo en la prestación del servicio y en la organización interna de la oficina, además de continuas y reiteradas quejas presentadas por los usuarios del servicio. Con base en lo anterior, el Superintendente nombró mediante Resolución No. 5820 de 1994 al doctor Alberto Torrente Fernández como director de intervención, asignándole la misión de vigilar el correcto funcionamiento de la oficina, revisar los procedimientos y actuaciones que conforman la actividad de registro, tanto en su parte jurídica como en los aspectos administrativos, y detectar los factores que obstaculizan la adecuada prestación del servicio. Sobre el particular es importante anotar, que cumplir con la labor descrita implica de suyo, necesariamente, involucrar a funcionarios que trabajan en dicha dependencia y que a criterio del interventor pueden estar vinculados con las actividades irregulares de la oficina intervenida. Por ello, este tipo de información, en principio, no constituye vulneración de derecho fundamental alguno, pues ésta no tiene el carácter de resolución o acto administrativo, ni constituye oficialmente sanción alguna que haya desconocido los derechos invocados por el actor. Se trata entonces, de un informe cuyas sugerencias son presentadas en ejercicio de la labor asignada, y que de manera alguna compromete a quien en definitiva tiene la potestad y el deber de tomar las decisiones e iniciar las respectivas investigaciones. Sobre el contenido del informe y sus efectos dijo el Superintendente de Notariado y Registro, en oficio presentado al Juez de primera instancia, lo siguiente: "Frente al informe rendido por el doctor ALBERTO TORRENTE FERNANDEZ, el día 5 de diciembre de 1994, debe señalarse que constituye una relación de las actividades que llevó a cabo en ejercicio de su encargo, así como de los requerimientos físicos que demanda el correcto funcionamiento de la Oficina intervenida, para finalmente, y en forma no oficial, transmitir una recomendación derivada de informaciones recibidas durante su gestión; recomendación que en forma alguna reviste el carácter de acto administrativo y que mientras no se recauden los medios probatorios que la sustenten, no puede tener más efecto que el de simple sugerencia." Asímismo, la actitud asumida por el interventor en cumplimiento de los principios de discreción profesional y obediencia jerárquica, buscaba poner en conocimiento de su superior la situación presentada en el despacho investigado, con carácter reservado, sin que su intención hubiera sido en ningún momento que otros funcionarios conocieran el informe. Cuestión distinta es, tal como lo señala el demandado, que "funcionarios de la Superintendencia de manera irregular procedieron a sacarle fotocopia al oficio y entregarlo a las personas que estaban relacionadas en dicho oficio". De manera que la supuesta violación de los derechos a la honra y al buen nombre, se presentaría no por parte del funcionario demandado, sino por quienes sustrajeron el documento y lo divulgaron. Así las cosas, esta conducta no es atribuible al demandado; ella debe ser investigada por el Superintendente de Notariado y Registro y no por el Juez de tutela. Por otra parte, el hecho de que se desconozca quién o quiénes hicieron pública una información de carácter reservado, hace ineficaz la presente acción de tutela; además, está por establecer, mediante proceso disciplinario, la veracidad o no de la acusación dirigida contra el actor. Ahora bien, la obligación que le asiste al demandado para informar hechos delictuosos o irregulares en la prestación de un servicio público y señalar culpables, no se deriva única y exclusivamente de las funciones que le fueron asignadas, sino también de su calidad de empleado público, ya que la ley exige a éstos el deber de poner en conocimiento de la autoridad competente esta clase de hechos, como también el de informar a sus superiores todos aquellos actos irregulares que puedan afectar la administración pública y el servicio que ella presta. Sobre el particular señala el artículo 5o., del Decreto 482 de 1985, por el cual se reglamenta el régimen disciplinario de los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público. "Del deber del empleado público de denunciar las faltas disciplinarias.- El empleado público que tenga conocimiento de la ocurrencia de un hecho o acto que pueda llegar a constituir falta disciplinaria deberá ponerlo en conocimiento del Jefe del Organismo o de la dependencia regional o seccional correspondiente, suministrando los informes y documentos de que tenga noticia, relacionados con la falta, sin perjuicio de la obligación consagrada en el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal si el hecho pudiera ser punible. "El incumplimiento del deber a que se refiere el inciso anterior constituye falta disciplinaria grave." La norma citada, no sólo confirma la legalidad de la conducta observada por el demandado, sino que, además, avala el hecho de que la información en sí misma no hace parte de proceso disciplinario alguno, sino que evidentemente se trata de una sugerencia en virtud de la cual se puede originar la respectiva investigación disciplinaria, pero cuya decisión, como se dijo, no depende del funcionario interventor sino de su superior, en asocio de la oficina de control interno de la respectiva dependencia. El proceso disciplinario, entendido como el conjunto de actos concatenados que conducen a la formación y expresión de la voluntad administrativa, tiene su desarrollo inicial (Decreto 482 de 1985, artículo 19) en las llamadas diligencias preliminares, las cuales buscan establecer la veracidad de los hechos ocurridos o informados y a determinar la procedencia legal de la apertura del proceso disciplinario. Frente al caso concreto, la etapa preliminar no se llevó a cabo, pues todo quedó en un simple informe, en el cual evidentemente se sugiere al director de la entidad tomar medidas correctivas tendientes a subsanar las irregularidades presentadas en la oficina intervenida, pero que en nada se relaciona con una sanción o acto administrativo que comprometa disciplinariamente al actor. Así, entonces, tampoco puede pensarse que el informe viola el debido proceso y el derecho de defensa, entendido el primero como el conjunto de garantías que buscan proteger al ciudadano sometido a cualquier proceso, asegurándole a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia. En efecto, tal como se señaló en el punto anterior, no existió proceso alguno y el simple informe es una declaración en la cual se plasma una apreciación de carácter subjetivo, resultado del deber impuesto al funcionario informador. No comparte esta Sala la afirmación hecha por el ad-quem,  en el sentido de que las declaraciones hechas por el demandado carecen de respaldo probatorio y desconocen todo procedimiento establecido, pues en primer lugar, para presentar el informe no era necesario agotar ningún procedimiento, y en segundo lugar, porque se ignora en esta apreciación el testimonio rendido por el acusado ante el Juez de primera instancia. En el testimonio mencionado, se pone de presente el hecho de que la sugerencia de traslado o declaratoria de insubsistencia del actor y otros funcionarios obedecía a informaciones obtenidas de los propios compañeros de trabajo (ver declaración juramentada de la doctora Gloria Colombia Pérez Romero, folio 93) y además, al contenido del Acta correspondiente a la visita realizada por la Superintendencia delegada para el registro entre el 3 de octubre y el 11 de noviembre de 1994. Dicha Acta, sirvió de fundamento a la resolución administrativa que ordenó la intervención, lo cual hace pensar, que se trata de un elemento probatorio de singular importancia, del que se pueden desprender no sólo los hechos irregulares que condujeron a la intervención, sino también los posibles funcionarios comprometidos en tales hechos. El acta mencionada, no ha sido controvertida ni el testimonio del demandado ha sido desmentido, de manera que no podría afirmarse que la acusación es infundada; solamente a través de la respectiva investigación disciplinaria -que analizará los elementos de prueba mencionados-, podrá la autoridad competente establecer la veracidad de lo dicho por el interventor y la posible responsabilidad de los involucrados en el informe. Por lo anterior, considera la Sala que la actitud del demandado no vulnera ninguno de los derechos constitucionales fundamentales invocados por el actor, pues su comportamiento fue producto de la labor que le fue asignada y del cumplimiento de la ley. En virtud de lo anterior, la Sala habrá de  Revocar el fallo de fecha 27 de marzo de 1995, proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR  el fallo de fecha 27 de Marzo de 1995, proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, mediante el cual se tutelaron los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, al debido proceso, a la defensa y al trabajo, en la acción de tutela interpuesta por Pablo José López Lacouture contra Alberto Torrente Fernández, Funcionario de la Superintendencia de Notariado y Registro. En consecuencia, CONFIRMAR el fallo de primera instancia en el cual se denegó la presente acción de tutela, pero por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR que por la Secretaría General de esta Corporación, se comunique esta providencia al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-408-95 Sentencia No. T-408/95 Sentencia No. T-408/95 ACCION DE TUTELA INTERPUESTA POR ABUELA La peticionaria está legitimada para interponer la acción de tutela en nombre de su nieta, si se tiene en cuenta que la acción se dirige en contra del padre de la menor, y la madre se encuentra recluida en la Cárcel, imposibilitada, por lo tanto, para defender los intereses de su hija. AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Menor de edad Cualquiera persona está legitimada para interponer acción de tutela en nombre de un menor, siempre y cuando en el escrito o petición verbal conste la inminencia de la violación a los derechos fundamentales del niño, o la ausencia de representante legal. Este último requisito se ha determinado con el fin de evitar intervenciones ilegítimas o inconsultas. La Sala considera perfectamente viable que la abuela materna de la menor haya interpuesto la acción de tutela, toda vez que la madre se encuentra en prisión y al padre se imputa la violación de sus derechos fundamentales. PRESUNCION DE INDEFENSION DEL MENOR Se presume la indefensión del menor que solicita la tutela. En el presente caso, la menor se encuentra indefensa frente a su padre, ya que de éste depende - única y exclusivamente - que la niña pueda ver a su madre en la cárcel. DERECHOS DEL NIÑO-Relaciones padres hijos /DERECHO DE DOBLE VIA-Relaciones padres hijos El derecho fundamental invocado (derecho a las relaciones personales entre padres e hijos) ha sido entendido por la Corte Constitucional como un derecho de doble vía. En efecto, tanto los padres como los hijos, en igual sentido e intensidad, tienen derecho a relacionarse de manera permanente. Los padres, con el fin de hacer efectiva su función de guías y educadores, y lograr su realización personal como progenitores. Los hijos, como parte de su proceso normal de desarrollo, crecimiento y afirmación de la personalidad. La unidad de la familia depende de la efectiva existencia de este vínculo vital que indica que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Concepto El denominado "interés superior" es un concepto de suma importancia que transformó sustancialmente el enfoque tradicional que informaba el tratamiento de los menores de edad. En el pasado, el menor era considerado "menos que los demás" y, por consiguiente, su intervención y participación, en la vida jurídica (salvo algunos actos en que podía intervenir mediante representante) y, en la gran mayoría de situaciones que lo afectaban, prácticamente era inexistente o muy reducida. INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Características La más especializada doctrina coincide en señalar que el interés superior del menor, se caracteriza por ser: (1) real, en cuanto se relaciona con las particulares necesidades del menor y con sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (2) independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres, en tanto se trata de intereses jurídicamente autónomos; (3) un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de los derechos del menor; (4) la garantía de un interés jurídico supremo consistente en el desarrollo integral y sano de la personalidad del menor. DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADO DE ELLA-Excepción/INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Prueba El derecho a tener una familia y a no ser separado de ella exige que cuando se esgrime el interés superior del menor, para exceptuarlo, se demuestre plenamente que este es real, independiente del criterio arbitrario de los padres, y necesario como garantía cierta del desarrollo sano de la personalidad del menor. En realidad, la regla general favorecerá siempre la relación permanente y estrecha de padres e hijos. La excepción a este principio está sometida, por lo tanto, a un estricto rigor probatorio, de modo que sólo resulta admisible cuando el daño que sufriría el menor y su gravedad sean manifiestos y exhiban una intensidad que la haga razonable e indispensable. INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Límites/VISITA DEL HIJO A MADRE INTERNA La Sala considera que, en principio, la especial protección del interés superior del menor no se extiende hasta justificar el comportamiento del padre que vulnera los derechos del hijo a través del ocultamiento de "verdades" determinantes acerca de su vida o relativas a personas con quienes sostiene una relación fundamental para su proceso de formación. En el caso que se estudia, el sigilo del padre, más que proteger un interés real y autónomo, que se desprenda de las necesidades emocionales y facultades mentales de la menor, sustentado en un genuino interés superior suyo, cercenó su autonomía y la independencia de su personalidad jurídica. La menor podía por sí misma decidir si visitaba o no a su madre en la cárcel. Para poder adoptar una determinación en uno u otro sentido, necesitaba estar al corriente de la situación jurídica de su progenitora, con el fin de sopesar tal hecho y determinar su incidencia en la decisión final que habría de adoptar. La capacidad de la niña para realizar un juicio con estas características, se puso en evidencia cuando declaró ante el Juzgado de tutela que deseaba ver a su madre, a pesar de que ésta se encontrara en la cárcel. DERECHOS DE LOS HIJOS-Relaciones filiales con los padres/DERECHO DE DOBLE VIA La Sala encuentra que el demandado vulneró el derecho fundamental de su hija a mantener su relación filial con su madre, al impedirle que tuviera contacto con ella, no obstante perseguir el fin loable de que su hija "no sufriera un trauma". Igualmente, lesionó el derecho de la progenitora a sostener relaciones materno-filiales con su hija. En ninguna parte del expediente aparece acreditado que tales relaciones afectaran negativamente la personalidad de la menor, hasta el punto de que la separación de su madre fuere necesaria. Septiembre 12 de 1995 REF: Expediente T-71149 Actor: INES FRANCO DE CAMARGO Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Tema: - Interés superior del menor: elementos esenciales La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela N° T-71149 promovido por la señora INES FRANCO DE CAMARGO contra el señor JORGE LUIS GARCIA FERNANDEZ. ANTECEDENTES 1. El 3 de abril de 1995, la señora Inés Franco de Camargo interpuso acción de tutela contra el señor Jorge Luis García Fernández, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Santa Marta, en nombre de la menor Piedad Antonia García Camargo, por considerar que se le había violado el derecho a no ser separada de su madre. 2. La señora Franco de Camargo manifestó que su nieta de 10 años, Piedad Antonia García Camargo, "desea y pide llorando tener la dicha de ver a su madre", Jacqueline Camargo Franco, que se encuentra recluida en la Cárcel Judicial de Santa Marta, sindicada del delito de incendio. La demandante aseguró que el padre de su nieta, Jorge Luis García Fernández, quien tiene a la niña bajo su cuidado, no permite que Piedad Antonia visite a su madre desde el mes de agosto de 1994. 3. El Juzgado Tercero Penal Municipal de Santa Marta recibió los testimonios de Jacqueline Camargo Franco, Jorge Luis García Fernández y Piedad Antonia García Camargo. En su declaración ante el Juzgado de tutela, Jacqueline Camargo Franco expresó que su ex-esposo - con quien no convive desde hace tres años -, Jorge Luis García Fernández, no permite que su hija la visite "ni antes cuando estaba en la casa ni ahora que estoy en la cárcel", a la cual ingresó el pasado 17 de febrero. De igual forma, manifestó que antes de ser privada de la libertad intentó infructuosamente, en repetidas oportunidades, comunicarse con su hija. Por su parte, Jorge Luis García Fernández, en su testimonio, puso en conocimiento del Juzgado que su ex-esposa se encuentra actualmente privada de la libertad, dado que el 5 de febrero pasado ésta intentó prender fuego a la casa donde él vive junto con sus padres y su hija Piedad Antonia. De igual forma, el señor García precisó que Jacqueline Camargo Franco ha intentado llevarse a la niña por la fuerza, incluso maltratándola físicamente, motivo por el cual se vió obligado a interponer una queja ante el Instituto de Bienestar Familiar. De otra parte, aclaró que no había llevado a la niña a la cárcel porque no quería traumatizarla, lo que a su juicio ocurriría de saber ésta que su madre se encontraba recluida. Por último, manifestó que la menor se había enterado de la situación jurídica de su madre cuando, contrariando su voluntad, la abuela materna la había esperado a la salida del colegio para llevarla al centro de reclusión. Por último, la niña Piedad Antonia García Camargo expresó al Juzgado Tercero Penal Municipal de Santa Marta que desea visitar a su madre en la cárcel, pero que en la casa de su padre nadie la puede llevar. La menor manifestó que no vivía con su madre, "porque ella me maltrataba mucho, entreveces me encerraba, eso fue cuando yo tenía 8 años". Preguntada por el Juzgado de tutela si deseaba seguir visitando a su madre en la cárcel, la niña respondió: "Sí la quiero seguir viendo, aún en la cárcel, es un lugar como cualquier otro". A continuación, la menor agregó que deseaba continuar viviendo con su padre, "pero ver a mi mamá. Quiero ver a mi mamá cada vez que haya visita para los niños". 4. El Juzgado Tercero Penal Municipal de Santa Marta, consideró que la separación de Piedad Antonia García Camargo de su madre, configuraba un trato discriminatorio. Por lo tanto, concedió la tutela solicitada y ordenó mantener "la relación de orden familiar" de Jacqueline Camargo Franco con su hija Piedad Antonia. Con esta finalidad, dispuso que se permitieran las visitas de la niña a su madre el primero y último sábado de cada mes, bajo la supervisión de una trabajadora social asignada para el efecto por la Dirección de la Cárcel Judicial de Santa Marta. La anterior decisión fue enviada a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, al ser seleccionada, correspondió a esta Sala su conocimiento. FUNDAMENTOS Procedencia de la acción de tutela 1. La Corte debe establecer si la señora Inés Franco de Camargo está legitimada para interponer la acción de tutela en nombre de su nieta, Piedad Antonia García Camargo, si se tiene en cuenta que la acción se dirige en contra del padre de la menor, y la madre se encuentra recluida en la Cárcel Judicial de Santa Marta, imposibilitada, por lo tanto, para defender los intereses de su hija. El artículo 44, inciso 2°, de la Constitución señala: "La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores". Sobre este particular, la Corte Constitucional se ha pronunciado en el sentido de que cualquiera persona está legitimada para interponer acción de tutela en nombre de un menor, siempre y cuando en el escrito o petición verbal conste la inminencia de la violación a los derechos fundamentales del niño, o la ausencia de representante legal. Este último requisito se ha determinado con el fin de evitar intervenciones ilegítimas o inconsultas. En este orden de ideas, la Corte ha expresado: "A juicio de la Corte, el artículo 44 de la Carta no tiene el alcance que el actor pretende darle. Ni la prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás, ni la facultad de exigir a la autoridad competente el cumplimiento de la obligación de asistirlo y protegerlo, tornan innecesaria la condición que la ley impone para agenciar derechos ajenos. El requisito de manifestar en la petición los motivos que imposibilitan al titular promover la defensa de sus derechos, pretende cerrarle el paso a actuaciones inconsultas o injustificadas en nombre de otro, y, en sí mismo, no representa una carga irracional o desproporcionada que impida al interesado interponer la correspondiente acción de tutela. La ausencia de los representantes legales del menor, o la inminencia del daño a sus derechos fundamentales, son circunstancias, entre otras, cuya mención en el escrito de tutela bastaría para habilitar el agenciamiento de sus derechos".[1] (se subraya) La previsión contemplada en el inciso segundo del artículo 44 de la Constitución, a cuyo tenor "cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores", cobra mayor significación en aquellos casos en los que la vulneración de los derechos fundamentales del menor proviene de la acción u omisión de uno de sus progenitores, dada la desprotección o indefensión del menor en estas circunstancias. En el caso  sub-lite, se ha invocado la protección del derecho de la menor Piedad Antonia García Camargo a no ser separada de su madre. La persona que presuntamente ha vulnerado el derecho fundamental invocado es el padre de Piedad Antonia, Jorge Luis García Fernández, al no comunicar a su hija la reclusión de su madre en la Cárcel Judicial de Santa Marta, y no permitir que la niña la visite. La Sala considera perfectamente viable que la abuela materna de la menor haya interpuesto la acción de tutela, toda vez que la madre se encuentra en prisión y al padre se imputa la violación de sus derechos fundamentales. 2. La situación de indefensión constituye uno de aquellos eventos en relación con los cuales el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, autoriza la procedencia de la acción de tutela en contra de particulares. Según el numeral 9° de ese artículo, se presume la indefensión del menor que solicita la tutela. En el presente caso, Piedad Antonia García Camargo se encuentra indefensa frente a su padre, ya que de éste depende - única y exclusivamente - que la niña pueda ver a su madre en la cárcel. El derecho fundamental de padres e hijos a mantener relaciones personales y contacto directo 3. La Corte reiteradamente ha señalado que la Constitución consagra un derecho fundamental de los hijos y padres a mantener relaciones personales estrechas. Sobre este punto, la Corte ha manifestado: "Un análisis de la preceptiva en cuestión lleva necesariamente a concluir, como lo hace esta Corte, que los mandatos constitucionales relativos a la familia consagran de manera directa y determinante el derecho inalienable de los niños - aún los de padres separados - a mantener relaciones personales y contacto directo con sus dos progenitores. La Corte no vacila en calificar de fundamental este derecho, aplicando la expresa referencia del artículo 44 de la Carta Política. (...) Obviamente, esta característica implica el deber correlativo y mutuo que tienen ambos padres en el sentido de no obstaculizar el uno al otro el ejercicio de su correspondiente derecho. Toda persona está obligada por la Constitución a respetar los derechos ajenos y a no abusar de los propios (art. 90), máxime si aquellos son los de los niños, que tienen preferencia ante los de otros (art. 44 C.N.); y lo están los cónyuges con mayor razón cuando viven separados si se tienen en cuenta las graves perturbaciones sicológicas que ocasionaría a los menores, en circunstancias de suyo difíciles, una conducta contraria a los normales sentimientos de amor filial"[2]. El alcance del derecho fundamental de los niños a no ser separados de su familia, se consagra en las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 (Ley 12 de 1991). Igualmente, se ha puesto de presente que la única excepción que admite este derecho fundamental es la que se origine en el interés superior del menor. Sobre este aspecto manifestó la Corte: "Uno de tales tratados, aprobado por el Congreso de Colombia mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991 y ratificado el 27 de febrero del mismo año, es la Convención sobre los Derechos del Niño, que se adoptó por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. En su artículo 9º establece: "Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en interés superior del niño.  Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando estos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño". (Subraya la Corte)"[3]. En suma, la Corte ha destacado, como principio general, la supremacía y el carácter fundamental del derecho de los niños a tener una familia y a no ser separados de ésta. Sin embargo, este principio general admite, como única excepción, la protección del interés superior del menor. 4. Cuando se separa al menor de uno de sus padres contra su propia voluntad o materialmente se impide su contacto, cabe preguntarse si sólo se compromete el derecho del niño o si, adicionalmente, la Constitución tutela el derecho de los padres a no ser separados de  sus hijos, con la salvedad, arriba expuesta, de la protección del interés superior del menor. Este asunto se suscita a raíz del fallo de instancia que decidió tutelar el derecho a la igualdad de Jacqueline Camargo Franco, en el sentido de considerar discriminatorio el trato consistente en desconocerle, frente a su hija, su calidad de madre, pese a que la solicitud de tutela sólo pretendía la protección del derecho de la menor[4]. El derecho fundamental invocado (derecho a las relaciones personales entre padres e hijos) ha sido entendido por la Corte Constitucional como un derecho de doble vía. En efecto, tanto los padres como los hijos, en igual sentido e intensidad, tienen derecho a relacionarse de manera permanente. Los padres, con el fin de hacer efectiva su función de guías y educadores, y lograr su realización personal como progenitores. Los hijos, como parte de su proceso normal de desarrollo, crecimiento y afirmación de la personalidad. La unidad de la familia depende de la efectiva existencia de este vínculo vital en el que se sustenta la declaración contenida en el artículo 42 de la Carta, que indica que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Sobre el particular, la Corte ha expresado: "No puede perderse de vista que el derecho en referencia es de doble vía, es decir que, si se reconoce a los hijos, de consiguiente existe para ambos padres en igualdad de condiciones, razón por la cual no puede admitirse que se entienda fundamental para los menores y accesorio para los mayores, entre otras razones porque semejante interpretación llevaría a desnaturalizar el concepto"[5]. Por lo anterior, de encontrar la Sala que en el caso sub-judice se vulneró el derecho fundamental señalado, tutelará tanto el derecho de Jacqueline Camargo Franco, como el de su hija Piedad Antonia García Camargo. 5. Si bien en la actualidad la niña Piedad Antonia García Camargo conoce la situación jurídica de su madre, el comportamiento del padre (que impidió a la menor visitar a su madre privada de la libertad) se fundamentó - según su propia declaración - en la protección del interés superior de su hija, pues quería evitar "traumatizarla" refiriéndole que su madre se encuentra recluida en prisión. Aunque, por lo visto, de manera fortuita la menor se enteró de que su madre se encuentra privada de la libertad y se halla recluída en un establecimiento carcelario, el problema que se sometió a consideración del juez de tutela y que, por consiguiente, la Corte debe resolver, se relaciona con la calificación constitucional de la conducta del padre - separado de facto y que tiene bajo su custodia y cuidado a la hija menor - consistente en no revelar a ésta la conducta y el paradero actual de su progenitora, según parece, a fin de evitarle el trauma sicológico que seguiría a su conocimiento. Cabe anotar que la circunstancia de la separación de sus padres y de que a raíz de la misma, durante períodos prolongados, la menor permanecía alejada de su madre, no permitieron que aquella inicialmente reaccionara, requiriendo la información necesaria sobre la aparente ausencia de su madre, lo que finalmente hizo a instancia de su abuela materna. Para resolver la cuestión planteada, es necesario definir el contenido y alcance del concepto de "interés superior del menor", con el fin de precisar si éste autoriza a uno de los padres a no revelar a sus hijos realidades esenciales acerca de la situación vital del otro progenitor, inclusive impidiendo u obstaculizando su contacto físico. 6. El denominado "interés superior" es un concepto de suma importancia que transformó sustancialmente el enfoque tradicional que informaba el tratamiento de los menores de edad. En el pasado, el menor era considerado "menos que los demás" y, por consiguiente, su intervención y participación, en la vida jurídica (salvo algunos actos en que podía intervenir mediante representante) y, en la gran mayoría de situaciones que lo afectaban, prácticamente era inexistente o muy reducida. Con la consolidación de la investigación científica, en disciplinas tales como la medicina, la sicología, la sociología, etc., se hicieron patentes los rasgos y características propias del desarrollo de los niños, hasta establecer su carácter singular como personas, y la especial relevancia que a su status debía otorgar la familia, la sociedad y el Estado. Esta nueva visión del menor se justificó tanto desde una perspectiva humanista - que propende la mayor protección de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensión -, como desde la ética que sostiene que sólo una adecuada protección del menor garantiza la formación de un adulto sano, libre y autónomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consistió en reconocerle al menor una caracterización jurídica específica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento quedó plasmado en la Convención de los Derechos del Niño (artículo 3°) y, en Colombia, en el Código del Menor (decreto 2737 de 1989). Conforme a estos principios, la Constitución Política elevó al niño a la posición de sujeto merecedor de especial protección por parte del Estado, la sociedad y la familia (artículos 44 y 45). La más especializada doctrina coincide en señalar que el interés superior del menor, se caracteriza por ser: (1) real, en cuanto se relaciona con las particulares necesidades del menor y con sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (2) independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres, en tanto se trata de intereses jurídicamente autónomos; (3) un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de los derechos del menor; (4) la garantía de un interés jurídico supremo consistente en el desarrollo integral y sano de la personalidad del menor. 7. En el caso que ocupa la atención de la Corte, el padre de la menor creyó defender su interés superior evitando que conociera la situación jurídica de su madre, lo que tuvo como consecuencia impedir que madre e hija tuvieran contacto alguno. Por encima de las desavenencias existentes entre los padres, éstos tienen el deber primordial de promover y proteger el derecho fundamental del menor a tener una familia y a no ser separado de ella. La única excepción al derecho de padres e hijos a mantener relaciones consiste en la protección del interés superior del menor. Sin embargo, para justificar la separación entre padres e hijos, no basta que el padre que tiene bajo su cuidado al menor, alegue el virtual daño que puede generar sobre su personalidad el contacto con el otro progenitor. El derecho a tener una familia y a no ser separado de ella exige que cuando se esgrime el interés superior del menor, para exceptuarlo, se demuestre plenamente que este es real, independiente del criterio arbitrario de los padres, y necesario como garantía cierta del desarrollo sano de la personalidad del menor. En realidad, la regla general favorecerá siempre la relación permanente y estrecha de padres e hijos. La excepción a este principio está sometida, por lo tanto, a un estricto rigor probatorio, de modo que sólo resulta admisible cuando el daño que sufriría el menor y su gravedad sean manifiestos y exhiban una intensidad que la haga razonable e indispensable. La Sala considera que, en principio, la especial protección del interés superior del menor no se extiende hasta justificar el comportamiento del padre que vulnera los derechos del hijo a través del ocultamiento de "verdades" determinantes acerca de su vida o relativas a personas con quienes sostiene una relación fundamental para su proceso de formación. En el caso que se estudia, el sigilo del padre, más que proteger un interés real y autónomo, que se desprenda de las necesidades emocionales y facultades mentales de la menor, sustentado en un genuino interés superior suyo, cercenó su autonomía y la independencia de su personalidad jurídica. Piedad Antonia García Camargo podía por sí misma decidir si visitaba o no a su madre en la cárcel. Para poder adoptar una determinación en uno u otro sentido, necesitaba estar al corriente de la situación jurídica de su progenitora, con el fin de sopesar tal hecho y determinar su incidencia en la decisión final que habría de adoptar. La capacidad de la niña para realizar un juicio con estas características, se puso en evidencia cuando declaró ante el Juzgado de tutela que deseaba ver a su madre, a pesar de que ésta se encontrara en la cárcel. El alegado interés superior de la menor expuesta a una experiencia eventualmente traumática, no resulta real, pues no se relaciona con las necesidades, emociones y facultades físicas y mentales de la niña. La familia, la sociedad y el Estado deben intentar, en la medida de sus posibilidades, la  reducción de las cargas y molestias que afectan a los menores, lo cual no significa, de ninguna manera, que la prevalencia del interés superior del menor deba ser entendida como la justificación de cualquier conducta que tienda a evitarle dolor o tristeza, aún a costa de que ella viole sus derechos fundamentales. Desde luego, tratándose de una información necesaria para el menor - la situación y la ubicación de la madre es un dato esencial al cual tiene derecho -, su revelación objetiva supone, a cargo del adulto la explicación racional y objetiva, acorde con su nivel de desarrollo emocional e intelectual, de suerte que, en lo posible, se evite la producción de efectos negativos y la generación de estados de ansiedad derivados de la distorsión de los mensajes transmitidos. La Sala encuentra que Jorge Luis García Fernández vulneró el derecho fundamental de su hija a mantener su relación filial con su madre, al impedirle que tuviera contacto con ella, no obstante perseguir el fin loable de que su hija "no sufriera un trauma" (fol.8). La conducta de Jorge Luis García, igualmente, lesionó el derecho de la señora Jacqueline Camargo Franco a sostener relaciones materno-filiales con su hija. En ninguna parte del expediente aparece acreditado que tales relaciones afectaran negativamente la personalidad de la menor, hasta el punto de que la separación de su madre fuere necesaria. D E C I S I O N En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de abril 25 de 1995, proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Santa Marta, en el sentido de conceder la tutela del derecho fundamental de padres e hijos a mantener relaciones filiales, por las razones expuestas en esta providencia, a la señora JACQUELINE CAMARGO FRANCO y a su hija PIEDAD ANTONIA GARCIA CAMARGO. SEGUNDO.- ORDENAR al Juez Tercero Penal Municipal de Santa Marta se sirva notificar la presente providencia a la peticionaria, en los términos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General (Sentencia aprobada por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) ). [1] Sentencia T-498 de 1994. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. Véase, también, la sentencia T-462 de 1993. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. [2] Sentencia T- 290 de 1993. MP. José Gregorio Hernández Galindo. En este mismo sentido véanse, también, las sentencias T-523 de 1992. MP. Ciro Angarita Barón y T-500 de 1993. MP. Jorge Arango Mejía. [3] Sentencia T- 290 de 1993. MP. José Gregorio Hernández Galindo. [4] La tutela se interpuso "contra JORGE LUIS GARCIA FERNANDEZ, por considerar que se ha violado el derecho a ser separado de su madre en el sentido de prohibírsele terminantemente de verla". A continuación se agrega, "Mi nieta, Piedad Antonia García Camargo, de 10 años de edad, desea y pide llorando tener la dicha de ver a su madre". [5] Sentencia T- 290 de 1993. MP. José Gregorio Hernández Galindo.

T-409-95 Sentencia No. T-409/95 Sentencia No. T-409/95 DERECHO A LA SALUD-Naturaleza prestacional El derecho a la salud, comprendido dentro del catálogo de los derechos sociales, económicos y culturales  tiene en la Constitución un contenido evidentemente prestacional, pues al deber correlativo que tiene toda persona de "procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad", se encuentra el del Estado de garantizar su cumplimiento, a través del correspondiente sistema de servicios, mediante el suministro de prestaciones concretas en materia de salud. Pero es de anotar que la cobertura y extensión del servicio de salud a los diferentes sectores de la comunidad y las condiciones y la eficiencia de su prestación, aun cuando son tareas prioritarias de la acción estatal, necesariamente dependen de las políticas globales y de desarrollo económico y social, las cuales se encuentran sujetas y limitadas a la disponibilidad de recursos. DERECHO A LA SALUD-Fundamental por conexidad El derecho a la salud no fue consagrado en la Constitución, salvo con respecto a los niños como un derecho fundamental. No obstante, la Corte ha sido reiterativa en el sentido de considerarlo como un derecho fundamental por conexidad, cuando en casos concretos debidamente sopesados y analizados por el juez de tutela, la protección de la salud involucre al mismo tiempo el amparo de la vida misma. DERECHO A LA SALUD-Uso de gafas La necesidad de dicha cirugía se encuadra dentro del ámbito meramente prestacional del derecho a la salud, porque ella no es necesaria para asegurar el derecho a la vida del peticionario; en otros términos, la demanda de la aludida cirugía no toca con lo que podría considerarse la esencia o el aspecto vital del derecho a la salud, cuando es considerado como fundamental. DERECHO A LA SALUD-Miopía/DERECHOS PRESTACIONALES-Improcedencia de la tutela No es la tutela el mecanismo idóneo para hacer efectivo el derecho pretendido por el actor, pues en la protección del derecho a la salud existe una esfera o ámbito que se vincula con el derecho a la vida y, por lo tanto, bajo este aspecto se le reconoce como un derecho fundamental. Pero igualmente, hay que considerar que en cuanto se salga de dicho ámbito el derecho a la salud resulta ser meramente prestacional y por consiguiente, regulado a través de las normas de rango legal y de las reglamentarias que rigen la prestación de los servicios de salud. En tal virtud, la protección del derecho a la salud en su consideración simplemente prestacional sólo puede ser exigida mediante la utilización de los mecanismos ordinarios de defensa judicial, porque no es posible constitucionalizar todo asunto atinente al derecho a la salud, con el fin de buscar su protección a través de la tutela. REFERENCIA: Expediente T- 63743. PETICIONARIO: Ricardo CastilIo Beltrán. PROCEDENCIA: Juzgado 83 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá. TEMA: La protección del derecho a la salud en su consideración simplemente prestacional sólo puede ser exigida mediante la utilización de los mecanismos ordinarios de defensa judicial, porque no es posible constitucionalizar todo asunto atinente al derecho a la salud, con el fin de buscar su protección a través de la tutela. MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO BARRERA CARBONELL Aprobada en Santafé de Bogotá D.C. a los 12  días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el proceso de la acción de tutela presentado por  Ricardo Castillo Beltrán contra La Caja Nacional de Previsión y la Organización Castillo & Asociados S.A. I. ANTECEDENTES. 1. Hechos. El peticionario en su calidad de afiliado de la Caja Nacional de Previsión Social ha acudido en diferentes oportunidades al servicio médico para ser atendido en razón de las dolencias que desde hace 5 años aproximadamente sufre en los órganos de la visión, pues aparte de que tiene una miopía muy avanzada y astigmatismo, ha presentado infecciones severas de conjuntivitis y blefaritis, que no le permiten usar lentes de contacto. En el mes de agosto de 1994 acudió al servicio médico de urgencias como consecuencia de una infección en los ojos y de allí fue remitido a un especialista, quien determinó que no podía continuar usando lentes de contacto y que debía usar gafas. Afirma el peticionario que para él resulta muy molesto e incómodo el uso de gafas y no ha podido adaptarse a ellas debido a su peso por el grosor del lente, aparte del aspecto negativo y antiestético que reflejan la utilización de ese tipo de lentes, los cuales no sólo desmejoran su apariencia personal, sino que representan un retroceso en el tiempo, porque la ciencia médica ha desarrollado procedimientos efectivos como la cirugía refractiva para corregir dichos defectos brindando la oportunidad a las personas que los sufren de recuperar su visión normal, sin que se afecte su imagen. Igualmente dice el peticionario que el médico de la Caja consideraba que dicha cirugía era viable y permitía corregir en casi un 100% su problema visual, pero por tener un carácter meramente estético la entidad no podía autorizarla. Sin embargo, si acudía a los médicos particulares la cirugía podía tener un costo aproximado de ochocientos mil pesos ($800.000). Finalmente agrega, que su nivel de visión es de un 5% sobre el 100% normal y que a su problema visual ha contribuido el hecho de trabajar permanentemente frente a un computador, desde hace varios años. 2. Derechos vulnerados y pretensiones. Considera el peticionario que la negativa de la Caja y del contratista de ésta, la Organización Castillo & Asociados S.A. a realizar la referida cirugía vulnera sus derechos a la vida a la salud y al libre desarrollo de la personalidad. En tal virtud, pide que se ordene a los demandados que, previa la realización de los exámenes médicos de rigor se le practique la cirugía refractiva que le permita corregir definitivamente los defectos en ambos ojos. 3. Fallos de instancia. 3.1. Primera instancia. El Juzgado 83 Penal Municipal, mediante sentencia del 6 de enero de 1995 accedió a la tutela de los derechos fundamentales a la vida, salud, seguridad social y libre desarrollo de la personalidad del peticionario y ordenó a los demandados practicar la aludida cirugía. El Juzgado luego de invocar la sentencia T-613 de diciembre 16 de 1992 de la cual fue ponente el Magistrado Alejandro Martínez Caballero y que alude a la temática de la seguridad social, de referirse a la resolución No. 02640 de septiembre 5 de 1984 la Caja Nacional de Previsión, por la cual se reglamentan los servicios médico asistenciales que presta esta entidad, y de acudir al concepto de diferentes médicos que rindieron testimonio en el proceso, concluyó que los demandados estaban obligados a practicar la referida cirugía. Dice en uno de sus apartes la sentencia del Juzgado: "De lo anterior se infiere que el petente se encuentra afectado por una serie de enfermedades que atacan su visión, las cuales le impiden un normal desarrollo en su actividad cotidiana, viéndose afectado física y sicológicamente  por razón de la limitación que le produce el utilizar gafas, que aún cuando le corrigen la mala visibilidad, le generan traumas a raíz del grosor de los lentes, situaciones que se subsanan en forma definitiva con la operación refractiva, de acuerdo al concepto emitido por el doctor BAQUERO TRUJILLO, quien además refiere; " Este es un buen caso para operar, porque existen la tecnología para esto aquí en el país ...." 3.2. Segunda instancia. El Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito al decidir la impugnación de la Organización Castillo & Asociados S.A. decidió revocar el fallo de primera instancia por considerar que el derecho a la salud en sí mismo no constituye un derecho fundamental, sino en la medida en que sea indispensable para salvaguardar y conservar la vida de las personas. El accionante tiene el derecho de exigir asistencia médica general y especializada ante la entidad demandada, pues ha demostrado que tiene una anomalía en sus órganos de la visión consistente en miopía y astigmatismo y que ha padecido de conjuntivitis papilar, lo cual le impide usar lentes de contacto. Sin embargo, no puede afirmarse que a una persona por el solo hecho de padecer las anotadas anomalías se la pueda calificar como enferma, ni que su vida esté en peligro, mas aún cuando  dispone de instrumentos técnicos para suplir su deficiencia visual. La experiencia indica que la corrección de la deficiencia visual, que experimentan algunas personas, ya sea por causas congénitas, accidentes, edad, etc., no depende en la mayoría de los casos del procedimiento quirúrgico, sino de la utilización de instrumentos técnicos. En cuanto a la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, consideró el Juzgado que el señor Castillo Beltrán cuenta con la edad de treinta años, lo que indica que debe tener una personalidad formada y madura, sobre todo por su formación académica y profesional. Siendo así, no se puede aceptar que la prescripción del uso de gafas para suplir su defecto visual le esté vulnerando el derecho al libre desarrollo de su personalidad, aparte de que su uso no constituye una disminución o degradación de la dignidad humana. 3.3. Intervención del Defensor del Pueblo. La decisión de revisión de la presente tutela se produjo a instancia del Defensor del Pueblo. Por considerarla útil para la decisión de fondo, se hacen las siguientes referencias concretas a la intervención de dicho funcionario: 1) Existe una relación directa entre el derecho a la salud y el principio de la dignidad humana (art. 1 C.P.), en el sentido de que la vida digna de las personas no se atiene solamente a la estricta supervivencia, sino a las condiciones de bienestar necesarias para el desarrollo de las personas. Igualmente la atención a la salud, constituye uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho. 2) Los sistemas de salud tienen la misión de mantener y mejorar el nivel de salud de las comunidades, con el fin de aumentar los años de vida útil de los individuos, por lo que no sólo a nivel jurisdiccional, sino en el contexto de las ciencias médicas se ha establecido el tipo de deberes y derechos que derivan de los textos constitucionales en cuanto el derecho a la salud, todo ello derivado directamente de los artículos 47, 48, 49, 50, 365 y 366 de la Constitución Política. 3) El concepto del oftalmólogo Edgar Alfonso Baquero Castillo es claro al establecer que el tratamiento quirúrgico disponible -cirugía refractiva-ofrece al petente el mas alto nivel de salud física, en la medida en que constituye una solución definitiva al problema. 4) La afirmación del juzgador de segunda instancia en el sentido de que la dolencia del petente no constituye una enfermedad, no tiene validez desde el punto de vista constitucional, porque atendiendo los conceptos médicos la afección del petente tiene el carácter de severa y, en tal virtud, su derecho a la salud conlleva naturalmente al de acceder al óptimo tratamiento disponible, cual es el de la intervención quirúrgica mencionada. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. 1. Competencia. En atención a lo dispuesto por los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto- ley 2591 de 1991, la Sala es competente para conocer en grado de revisión sobre el asunto materia de la referencia. 2. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno al derecho a la Salud, éste excepcionalmente tiene carácter de fundamental. Dentro del Estado Social de Derecho los servicios públicos son consustanciales o inherentes a la finalidad social del Estado, la cual impone a éste la asunción de una serie de cometidos de evidente contenido prestacional en beneficio de la comunidad en general, o de sectores o grupos humanos que por su situación de marginalidad, discriminación o sus condiciones económicas, sociales o culturales, requieren de la especial atención o apoyo del Estado. La atención de la salud constituye un cometido de carácter social a cargo del Estado, cuya realización le impone a éste la tarea concreta de organizar, dirigir y reglamentar, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, todo un sistema prestacional en materia de salud con la participación de entidades públicas y privadas, bajo la vigilancia y control de aquél, a través del cual se busca garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud y de saneamiento ambiental (arts. 49, 365 y 366 C.P.). El derecho a la salud, comprendido dentro del catálogo de los derechos sociales, económicos y culturales  tiene en la Constitución un contenido evidentemente prestacional, pues al deber correlativo que tiene toda persona de "procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad", se encuentra el del Estado de garantizar su cumplimiento, a través del correspondiente sistema de servicios, mediante el suministro de prestaciones concretas en materia de salud. Pero es de anotar que la cobertura y extensión del servicio de salud a los diferentes sectores de la comunidad y las condiciones y la eficiencia de su prestación, aun cuando son tareas prioritarias de la acción estatal, necesariamente dependen de las políticas globales y de desarrollo económico y social, las cuales se encuentran sujetas y limitadas a la disponibilidad de recursos. En la sentencia T-571 del 26 de octubre de 1992[1], la Corte se refirió a los derechos constitucionales de contenido prestacional en los siguientes términos: "La doctrina ha denominado a las obligaciones públicas del Estado "prestaciones constitucionales", una de cuyas manifestaciones principales son los derechos fundamentales de prestación. Los derechos prestacionales de rango constitucional tienen una estrecha relación con los derechos sociales, económicos y culturales del Capítulo 2o. Título II de la Constitución, pero no se identifican con ellos. También los derechos de libertad pueden tener un contenido prestacional. En términos generales el término prestacional de un derecho está dado por su capacidad para exigir de los poderes públicos y en ocasiones de los particulares, una actividad de hacer o dar, derivada del mismo texto constitucional. Si la prestación contenida en el derecho constitucional se identifica con el fin o valor de la igualdad perseguido por el derecho, aquella constituye un "derecho constitucional prestacional"; mientras que si el objetivo primordial del derecho es la simple abstención de los poderes públicos, los derechos correspondientes carecen de contenido prestacional. Y una de esas obligaciones públicas del Estado es la resultante del artículo 49 de la Constitución: "La atención de la salud... son servicios públicos a cargo del Estado". Concordante con esta disposición existe la obligación del Estado, en virtud de lo dispuesto en el inciso 3o. del artículo 13 de la Carta, de "proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta....". Esto genera consecuentemente el deber "prestacional" a cargo del Estado de brindar la atención de la salud, y el derecho en favor del particular de exigirlo dentro de unos lineamientos que la propia Constitución señala. De otra parte otros elementos integrantes de éste derecho le imprimen un carácter asistencial, ubicándolo dentro de las funciones del Estado Social de Derecho, donde éste adquiere un carácter de "Estado de prestaciones y de redistribución con fines de asistencia social obligatoria". Se producen importantes repercusiones en la relación Estado-ciudadano, fortaleciendo la condición de éste último frente al primero, por cuanto como se afirmaba anteriormente, su reconocimiento impone acciones concretas a fin de prestar el servicio público correspondiente, para asegurar de esa manera el goce y disfrute de los servicios de asistencia médica, hospitalaria, farmacéutica y de laboratorio". Aun cuando la conservación de la salud involucra una serie de situaciones, que comprenden obligaciones y acciones tanto de las personas como del Estado mismo, que en mayor o menor grado contribuyen a la subsistencia del ser humano, el derecho a la salud no fue consagrado en la Constitución, salvo con respecto a los niños (art. 44 C.P.) como un derecho fundamental. No obstante, la Corte ha sido reiterativa en el sentido de considerarlo como un derecho fundamental por conexidad, cuando en casos concretos debidamente sopesados y analizados por el juez de tutela, la protección de la salud involucre al mismo tiempo el amparo de la vida misma. Entre las innumerables sentencias en las cuales la Corte ha aludido al tema del derecho a la salud es pertinente destacar las siguientes: La sentencia T-484/92[2], en la cual se dijo: "El derecho a la salud conforma, en su naturaleza jurídica, un conjunto de elementos que pueden agruparse en dos grandes bloques:  el primero, que lo identifica como un  predicado inmediato del derecho a la vida, de manera que  atentar contra la salud de las personas equivale a atentar contra su propia vida.  Por estos aspectos, el derecho a la salud resulta un derecho fundamental.  El segundo bloque de elementos, sitúa el derecho a la salud con un carácter asistencial, ubicado en las referencias funcionales del denominado Estado Social de Derecho, en razón de que su reconocimiento impone acciones concretas. La frontera entre el derecho a la salud como fundamental y como asistencial es imprecisa y sobre todo cambiante, según las circunstancias de cada caso, pero en principio, puede afirmarse que el derecho a la salud es fundamental cuando está relacionado con la protección a la vida. Los derechos fundamentales, solo conservan esta naturaleza, en su manifestación primaria, y pueden ser objeto allí del control de tutela". La  sentencia T-491/92, en la cual expresó la Corte[3]: "Los derechos fundamentales por conexidad son aquellos que no siendo denominados como tales en el texto constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueron protegidos en forma inmediata los primeros se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos.  Es el caso de la salud, que no siendo en principio derecho fundamental, adquiere esta categoría cuando la desatención del enfermo amenaza con poner en peligro su derecho a la vida". Por lo demás, la jurisprudencia de la Corte ha hecho claridad en el sentido de que el concepto de vida en la Constitución rebasa el ámbito de lo meramente biológico, es decir, la mera idea de la subsistencia o supervivencia del ser humano, para situarlo en un ámbito distinto, como es el atinente a la reunión de unas condiciones mínimas, supeditadas no sólo al medio físico o entorno natural, sino al ambiente cultural creado por el hombre y a las circunstancias de orden social y económico, que le aseguren a la persona una especial calidad de vida. Como se dijo en la sentencia T-576/94[4]: "Así las cosas, sin perder su esencia, el derecho a la vida encierra aspectos colaterales y elementos afines que no pueden confundirse con la pura supervivencia y que deben ser asegurados por el Estado en procura de la dignidad humana. Por eso supone la integridad física y moral, la atención de necesidades primarias y la preservación de un ambiente sano y, por supuesto, los elementales cuidados de la salud en cuanto condición necesaria de subsistencia. Pero una cosa es admitir esa indudable relación, que confiere a la salud el carácter de derecho fundamental por conexidad, y otra muy distinta pretender que todo factor que la afecte o disminuya ponga en peligro la vida o menoscabe las condiciones necesarias para preservar su dignidad". 3. El caso en estudio. El demandante pretende que a través de la tutela se obligue a la Caja Nacional de Previsión y a la Organización Castillos & Asociados S.A. a practicarle una cirugía refractiva, con el propósito no sólo de recuperar su visión, sino con el fin de evitar las molestias físicas que implica para él el uso de gafas y de mejorar estéticamente su presencia física. Claramente se observa que la prescripción de gafas por el servicio médico de la Caja Nacional de Previsión, como medio de solución del problema de visión que presenta el peticionario, es el procedimiento corriente, usual y generalizado en estos casos; por consiguiente, no puede considerarse, en modo alguno, que con ello afecte su salud ni su dignidad como persona. La resolución 02640 del 5 de septiembre de 1994, que contiene el reglamento de los servicios médico asistenciales que presta la Caja Nacional de Previsión, el cual se encuentra acorde con las normas superiores contenidas en los artículos 14, 15 y 16 del decreto 3135 de 1969, y 8o y 9o del decreto 1848 de 1969, dispone en lo pertinente observar lo siguiente: "ARTICULO 1o. Corresponde a la Caja Nacional de Previsión Social  reconocer y suministrar a sus afiliados, las prestaciones económicas y Médico- asistenciales consagradas en la ley y sus reglamentos". "ARTICULO 5o. A la Caja Nacional de Previsión Social de acuerdo con las disposiciones legales vigentes corresponde el reconocimiento y pago a sus afiliados forzosos, de las siguientes prestaciones: a) Asistencia Médica-Quirúrgica y hospitalaria". "ARTICULO 21. La Caja Nacional de Previsión Social prestará asistencia médica, quirúrgica, por todo el tiempo que sea necesario, mientras dure la afiliación...". "ARTICULO 25. El afiliado afectado por enfermedad profesional... tendrá derecho a que la Caja Nacional de Previsión Social le suministre la correspondiente atención médica integral, sin limitación alguna y por todo el tiempo que fuere necesario, incluso el suministro de... y cirugía reparadora.....". La Sala considera que el peticionario de conformidad con las normas mencionadas y las disposiciones de los artículos 153-3-9 y 162 de la ley 100 de 1993 que aluden a la protección integral de la salud, posiblemente tenga derecho a exigir la práctica de la referida cirugía. Sin embargo, la necesidad de dicha cirugía se encuadra dentro del ámbito meramente prestacional del derecho a la salud, porque ella no es necesaria para asegurar el derecho a la vida del peticionario; en otros términos, la demanda de la aludida cirugía no toca con lo que podría considerarse la esencia o el aspecto vital del derecho a la salud, cuando es considerado como fundamental. A juicio de la Sala no es la tutela el mecanismo idóneo para hacer efectivo el derecho pretendido por el actor, pues en la protección del derecho a la salud existe una esfera o ámbito que se vincula con el derecho a la vida y, por lo tanto, bajo este aspecto se le reconoce como un derecho fundamental. Pero igualmente, hay que considerar que en cuanto se salga de dicho ámbito el derecho a la salud resulta ser meramente prestacional y por consiguiente, regulado a través de las normas de rango legal y de las reglamentarias que rigen la prestación de los servicios de salud. En tal virtud, la protección del derecho a la salud en su consideración simplemente prestacional sólo puede ser exigida mediante la utilización de los mecanismos ordinarios de defensa judicial, porque no es posible constitucionalizar todo asunto atinente al derecho a la salud, con el fin de buscar su protección a través de la tutela. En consecuencia, se estima que en el presente caso existe como mecanismo alternativo de defensa judicial la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que puede ser instaurada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, previo el agotamiento de la vía gubernativa. No siendo procedente, como se ha visto, la concesión de la tutela, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado 33 Penal del Circuito, que a su vez revocó la sentencia del Juzgado 83 Penal Municipal de la ciudad de Santafé de Bogotá que había accedido a la tutela impetrada. III. DECISION. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional -Sala Segunda de Revisión- administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. CONFIRMAR el fallo del 8 de febrero de 1995 proferido por el Juzgado 33 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, que a su vez revocó la sentencia del Juzgado 83 Penal Municipal de la ciudad, en virtud de la cual se había concedido la tutela impetrada. SEGUNDO. ORDENAR que por Secretaría General se comunique esta providencia en la forma y para los efectos previstos en el art. 36 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado Ponente. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado. MARTHA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General. [1]  . M.P. Jaime Sanin Greiffenstein. [2] . M.P. Fabio Morón Diaz. [3] . M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. [4] . M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

T-410-95 Sentencia No. T-410/95 Sentencia No. T-410/95 PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS EN PROCESOS DISCIPLINARIOS/DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver el recurso de apelación interpuesto por la peticionaria agravó la sanción que se le había impuesto en primera instancia. De esta manera violó flagrantemente el debido proceso y la no reformatio in pejus, si se tiene en cuenta que al desconocer la prohibición de la reformatio in pejus obviamente incurrió en la transgresión del derecho fundamental al debido proceso. VIA DE HECHO-Materia disciplinaria La violación palmaria del debido proceso y la no reformatio in pejus, en las circunstancias antes descritas, configura una verdadera vía de hecho, si se tiene en cuenta la significación y el valor que representa la prohibición de la reformatio in pejus en la garantía constitucional del derecho fundamental al debido proceso y que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, actúo con absoluta falta de competencia al decidir sobre un asunto -la agravación de la sanción- que escapaba a sus atribuciones. SENTENCIA DISCIPLINARIA-Nulidad por agravación de la pena Se declarará la nulidad de la sentencia dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto agravó la situación de la citada como apelante al imponer la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 30 días, y se ordenará a dicha corporación que proceda a resolver el recurso de apelación interpuesto adecuando su decisión en el sentido de no hacer mas gravosa la situación de la apelante. REFERENCIA: EXPEDIENTE No. T-72194 PETICIONARIO: NANCY LEMUS PRADA TEMA: Reformatio in pejus en sentencias de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO BARRERA CARBONELL Santafé de Bogotá, septiembre 12 de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y CARLOS GAVIRIA DIAZ, procede a revisar el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, subsección "B". I. ANTECEDENTES. 1. Hechos. Mediante sentencia del 29 de agosto de 1994 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, declaró responsable a la doctora Nancy Lemus Prada, Juez 1a. Civil Municipal de Pereira, de las faltas de tipo disciplinario descritas en los artículos 8 literal e) y 9 literal v) del Decreto 1888 de 1989, le impuso como sanción multa equivalente a 8 días de su sueldo básico actual, y la absolvió de los demás cargos formulados en su contra. Contra la referida sentencia la doctora Nancy Lemus Prada interpuso el recurso de apelación. Según sentencia del 19 de enero de 1995, el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria- resolvió el aludido recurso y dispuso: revocar la sentencia de primera instancia "en cuanto impuso una sanción de multa por la comisión de las dos faltas disciplinarias que describen los numerales e) del art. 8o. y v) del 9o. del decreto 1888 de 1989 a la doctora Nancy Lemus Prada....", sancionar a ésta con suspensión en el ejercicio del  cargo por el término de treinta (30) días, y confirmar la absolución impartida por los cargos que se le formularon con base en los arts. 8-g y 9-a del referido decreto. 2. Pretensiones. Por considerar violado su derecho fundamental al debido proceso, por desconocimiento del principio de la reformatio in pejus, la peticionaria promovió acción de tutela contra la sentencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura e impetró las siguientes declaraciones: "PRIMERO.- Que en el caso sometido a decisión de esta Sala, se ha demostrado a cabalidad la violación al derecho fundamental al debido proceso. Igualmente que se ha demostrado la violación al principio constitucional de LA REFORMATIO IN PEJUS". "SEGUNDO.-  Que como consecuencia de lo anterior ....., TUTELARA los derechos de la accionante, o peticionaria ORDENANDO QUE QUEDE EN FIRME LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA, o sea que la sanción sea de ocho días de SALARIO A TITULO DE MULTA QUEDANDO SIN EFECTO LO REFERENTE A LA SUSPENSION". "TERCERO.- Que se oficie de inmediato al TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA sobre la existencia de esta acción de tutela, para que por ahora, se abstenga de tomar cualquier decisión sobre suspensión, hasta tanto no se resuelva definitivamente esta acción". 3. Providencia que se revisa. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-sección "B", rechazó por improcedente la acción de tutela, con base en los  siguientes argumentos: Los actos que emite la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio del poder disciplinario, tienen el carácter de sentencias judiciales. Por lo tanto, contra ellos no es procedente la acción de tutela, de conformidad con lo sostenido en la sentencia de inexequibilidad de la Corte Constitucional C-543 del 1 de octubre de 1992, a no ser que se trate de casos excepcionales. Se refiere el tribunal a la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, en el sentido de que éste "...ha reiterado su posición adversa a considerar la acción de tutela contra decisiones judiciales, manifestando que debido a la propia naturaleza residual de la tutela impide ejercerla en los procesos judiciales puesto que ellos están regulados en forma tal que permite recurrir contra las decisiones que en el transcurso del proceso adopte el juez. Así como también por la autonomía funcional del juez reconocida por la Constitución, interferida por las órdenes de otro juez quien no sólo es ajeno al proceso sino de otra especialidad o jurisdicción. También se esgrime como argumento en contra de la procedencia de la acción de tutela en estos eventos el hecho del  principio de certeza judicial en que se sustenta la Institución de la cosa juzgada". Luego el tribunal, sin realizar examen alguno acerca de la posibilidad de que la tutela sea admisible como excepción en el caso que se sometió a su consideración, concluye que la acción de tutela es improcedente por tratarse de una sentencia judicial. II. COMPETENCIA. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2° y 241 numeral 9° de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. 1.- Sentencia SU-327 del 27 de julio de 1995 de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Mediante la Sentencia SU-327/95[1] la Corte unificó su jurisprudencia en torno a la aplicación del principio de la reformatio in pejus, contenido en el art. 31 de la Constitución Política Como sustento de la decisión que habrá de proferirse en este asunto se destacan los siguientes apartes de dicha sentencia que se juzgan relevantes: "El ejercicio del poder punitivo dentro de un Estado de Derecho debe estar sometido a los más estrictos controles, con el objeto de hacer efectivo el respeto de las garantías individuales y la seguridad jurídica. Esos controles se establecen a través del principio de legalidad, que traza  límites al ejercicio del poder tanto al momento de configurar los hechos punibles, como al de determinar las consecuencias jurídicas de los mismos (penas y medidas de seguridad), con lo que se excluyen la arbitrariedad y el exceso en el cumplimiento de la tarea de la represión penal". "El principio de legalidad entonces constituye, de un lado, una garantía de libertad y de seguridad para el ciudadano y, de otro, correlativamente, una autolimitación del poder punitivo que el Estado ejerce por medio de sus legisladores y jueces". "Entre las garantías procesales vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano está el principio de la no “reformatio in pejus” que, como señaló esta misma Corporación, “es un principio general de derecho procesal y una garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso (C.P. art. 29)”  (Sentencia T-474 de julio 29 de 1992. Ms. Ps. Drs. Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)". "De acuerdo con el principio de la no “reformatio in pejus”, cuando el recurso de apelación sea interpuesto exclusivamente por el procesado o su defensor, el juez de segunda instancia no podrá empeorar la situación del procesado, agravando la pena impuesta por el juez de primera instancia". "Es una manifestación del principio de congruencia, según el cual  las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo.  Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: “Tantum devolutum quantum appellatum”. Es decir, que para que el juez de segundo grado pueda pronunciarse, no sólo debe mediar un recurso válido, sino que él debe ser presentado por parte legítima, esto es, aquélla que padezca un perjuicio o invoque un agravio y persevere en el recurso". "En otros términos, la apelación siempre se entiende interpuesta en lo desfavorable, tanto que una alzada propuesta contra una decisión que de ninguna manera agravia, tendría que ser declarada desierta por falta de interés para recurrir, pues tal falta afecta la legitimación en la causa.  Por tanto, tratándose de apelante único, esto es, de un único interés (o de múltiples intereses no confrontados), no se puede empeorar la situación del apelante, pues al hacerlo se afectaría la parte favorable de la decisión impugnada, que no fue transferida para el conocimiento del superior funcional". (....) "2.2. Competencia restringida del ad quem. Si el juez de segundo grado adquiere competencia sólo en función del recurso interpuesto por el procesado y sólo para revisar la providencia en los aspectos en que pueda serle desfavorable (tal como se desprende del precepto constitucional) no puede so pretexto de que ha encontrado alguna irregularidad en el proceso o en la sentencia, cuya enmienda conduce a un empeoramiento de la situación del apelante, declararla si tal empeoramiento fatalmente habrá de producirse.  Eso equivaldría ni más ni menos, que a encubrir la violación de la norma superior". 2. El caso en estudio. La peticionaria alega que la sentencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura violó el principio relativo a la prohibición de la reformatio in pejus contenido en el artículo 31 de la Constitución, porque siendo apelante única se le agravó la sanción impuesta en la primera instancia. La prohibición de la reformatio in pejus es un principio básico del derecho procesal que fue constitucionalizado como una garantía del debido proceso; pero igualmente, se lo considera como una "garantía procesal fundamental del régimen de los recursos, a su vez contenido en el derecho de defensa y en el núcleo esencial del derecho al debido proceso. Al superior no le es dable por expresa prohibición constitucional empeorar la pena impuesta al apelante único, porque al fallar ex officio sorprende al recurrente, quien formalmente por lo menos no ha tenido posibilidad de conocer y controvertir los motivos de la sanción a él impuesta, operándose por esta vía una situación de indefensión" (sentencia T-474/92 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver el recurso de apelación interpuesto por la peticionaria agravó la sanción que se le había impuesto en primera instancia. De esta manera violó flagrantemente los arts. 29 y 31 de la Constitución, si se tiene en cuenta que al desconocer la prohibición de la reformatio in pejus obviamente incurrió en la transgresión del derecho fundamental al debido proceso. La competencia de dicha Sala para resolver el recurso de la peticionaria tenía un ámbito limitado al alcance y contenido del mismo, que no era otro el de que se produjera la revisión del superior del juzgador de primera instancia, única y exclusivamente en la parte de la decisión con respecto a la cual aquélla se encontraba inconforme. Dicho de otra manera, la referida competencia por ser estricta y limitada no le permitía a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del mencionado Consejo extender el ámbito de sus atribuciones hasta el punto de desnaturalizar el contenido propio del interés jurídico y de la pretensión del recurrente que se contraía a la impugnación de la sentencia de primera instancia en lo desfavorable. De esta forma la Sala comparte el criterio expuesto por los H. Magistrados  Leovigildo Bernal Andrade y Alvaro Echeverry Uruburu, pertenecientes a dicha Corporación, que salvaron el voto a la aludida sentencia. La jurisprudencia de la Corte ha sido constante en el sentido de que, en principio, es improcedente la tutela contra sentencias judiciales, salvo en los casos en que la decisión judicial constituya una vía de hecho. Es indudable que el presente caso la violación palmaria de los arts. 29 y 31 de la Constitución, en las circunstancias antes descritas, configura una verdadera vía de hecho, si se tiene en cuenta la significación y el valor que representa la prohibición de la reformatio in pejus en la garantía constitucional del derecho fundamental al debido proceso y que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, como se vio antes, actúo con absoluta falta de competencia al decidir sobre un asunto -la agravación de la sanción- que escapaba a sus atribuciones. En tal virtud, se revocará la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-sección "B" y, en su lugar, se tutelará el derecho al debido proceso de la peticionaria Nancy Lemus Prada, se declarará la nulidad de la sentencia dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto agravó la situación de la citada como apelante al imponer la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 30 días, y se ordenará a dicha corporación que proceda a resolver el recurso de apelación interpuesto adecuando su decisión en el sentido de no hacer mas gravosa la situación de la apelante. V. DECISION. Con fundamento en las consideraciones expuestas, Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-sección "B" de mayo 24 de mil novecientos noventa y cinco (1995), mediante la cual se denegó por improcedente la tutela impetrada por Nancy Lemus Prada. SEGUNDO. CONCEDER a la peticionaria Nancy Lemus Prada, la tutela del derecho fundamental al debido proceso que fue violado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la sentencia proferida el 19 de enero de 1995. TERCERO. DECLARAR nula por violación de los artículos 4, 29 y 31 de la Constitución Política, la sentencia proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, de fecha diecinueve (19) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995), en cuanto agravó la situación de la peticionaria de la tutela como apelante al imponer la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 30 días. En consecuencia se ORDENARA a dicha corporación que proceda a resolver el recurso de apelación interpuesto adecuando su decisión en el sentido de no hacer mas gravosa la situación  de la peticionaria con respecto a lo decidido en la primera instancia. CUARTO. COMUNICAR la presente providencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1] M.P. Carlos Gaviria Díaz.

T-411-95 Sentencia No. T-411/95 Sentencia No. T-411/95 NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA El criterio con que conoce un juez de tutela  competente  es "a prevención", lo que indica que  se excluye del conocimiento del asunto a los demás jueces aptos para resolverlo,  cuando  otro juzgador  se ha  anticipado en su conocimiento. Se concluyó que la competencia debía recaer en el Juzgado del lugar de la violación o amenaza del derecho vulnerado, por estimarse que la perturbación del derecho ocurre precisamente en el lugar donde "la persona es reconocida por la colectividad y donde necesariamente tiene la buena o la mala fama que la acredita", y que en el caso de la demandante  es en la ciudad de Bucaramanga por ser allí el asiento principal de sus negocios, el  sitio donde vive,  y la zona en donde se adelantó el proceso ejecutivo en  su contra;  razón por la cual  esta Corte definió como competente para resolver, al Juez de esa ciudad, a quien correspondió inicialmente el análisis de los hechos de esta acción de tutela y a quien fue remitido  nuevamente el expediente,   para su resolución en primera instancia y tramitación de la impugnación, si era del caso. DERECHO A LA HONRA-Mérito/DERECHO AL BUEN NOMBRE-Mérito Esta Corte ha sostenido, que los derechos al buen nombre y a la honra son derechos que se ganan de acuerdo  a las acciones realizadas por el individuo, sea que en virtud de ellas  pueda gozar del respeto y admiración de la colectividad como consecuencia de su conducta intachable, o sea que, por el contrario,  carezca de tal imagen y prestigio, en razón a  su indebido comportamiento social.   En este último caso difícilmente se puede considerar violado el derecho a la honra  de una persona, cuando es ella misma quien le ha imprimido el desvalor a sus conductas y ha perturbado su imagen ante la colectividad. DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Naturaleza El derecho a la intimidad es un derecho personalísimo, según inspiración constitucional relativa a la dignidad humana, que debe ser tutelado cuando, por la acción  de terceros, se produce una intromisión indebida en el ámbito personal o familiar del sujeto que conlleva  la revelación  de asuntos privados, el empleo de su imagen  o de su nombre, o la perturbación  de sus afectos o asuntos más particulares e íntimos relativos a su sexualidad o salud, con o sin divulgación en los medios de comunicación. DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Información comercial aspectos relativos al cumplimiento de las obligaciones con establecimientos de crédito y con el comercio, que tradicionalmente fueron protegidos con reserva frente a terceros por ser aparentemente información no relevante para la comunidad, hoy en día  no forman parte en estricto sentido del fuero íntimo  de   una persona,  cuando  necesariamente acarrean implicaciones sociales que deben ser conocidas  por los demás en aras  de proteger el interés general de la colectividad y minimizar al máximo  los riesgos inherentes a toda actividad económica concebida como de interés público.  Para precisar, las actividades entendidas como de interés público son aquellas que hacen referencia estrictamente a la  actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento  e inversión de los recursos captados del público. Las relaciones comerciales que no tienen las anteriores características  no se incluyen en este grupo. No es violatorio del derecho a la intimidad  la divulgación  de la situación financiera o crediticia de una persona dentro del  término de caducidad de los datos permitido por la jurisprudencia, cuando  ésta es  veraz, completa, legalmente obtenida, y es publicada o dada a conocer  mediante canales o medios que no lesionen  los derechos protegidos por el ordenamiento jurídico.  A juicio de ésta Corte tales canales o medios de difusión  son aquellos que permiten  un acceso restringido a esos conocimientos financieros, y constituyen una esfera cerrada, con un interés cierto  y  legítimo en ese tipo de información. DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Base de datos La información que en las Bases de Datos  se maneja debe ser, para no menoscabar los derechos al buen nombre, honra  e intimidad de las personas, veraz, imparcial, obtenida en forma legítima  o por medios lícitos y debe ser susceptible a ser rectificada, conocida y actualizada,  respetando por supuesto la caducidad del dato, o el tiempo legalmente permitido para que la información comercial de una persona se encuentre en pantalla. DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Deudor moroso/LISTA DE DEUDORES MOROSOS/CONJUNTO RESIDENCIAL-Deudor Moroso Tales publicaciones no menoscaban el derecho a la intimidad de los individuos porque la  información  que se desprende de esos comunicados tiene  relevancia económica para los demás miembros del conjunto,  quienes por formar parte de una comunidad tienen derecho a  conocer la situación financiera de la misma. Igualmente se consideró que la situación no era violatoria del derecho a la intimidad, en razón a que "la citada lista no fue divulgada al público en general sino que se circunscribió a los habitantes del edificio, quienes evidentemente tenían  interés en conocer  los nombres de aquellos  que, en perjuicio de la comunidad, venían incumpliendo sus obligaciones para con ella." JUSTICIA POR PROPIA MANO Quien actúa mediante  procedimientos  coercitivos o de  presión fuera de  los dispuestos por la jurisdicción,  con el fin de obtener  el resarcimiento de sus perjuicios o la obtención de sus derechos, actúa de forma arbitraria, abusa  y por consiguiente sus  actos  resultan inválidos e ilícitos a la luz del ordenamiento jurídico. No se puede recurrir a la presión  en contra de un deudor para obtener  el pago de las deudas  ya que para ello existen canales plenamente establecidos y de amplio conocimiento  por parte de  los juristas, que permiten obtener el cumplimiento de obligaciones comerciales sin menoscabar derechos fundamentales.  Si estos canales no se utilizan  o si utilizándolos se presiona al deudor para  que por medio de conductos ajenos a la ley cumpla sus obligaciones, nos encontramos ante un constreñimiento inaceptable, que bajo ningún aspecto puede ser tolerado por la jurisdicción constitucional. ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Aviso en prensa/INDEFENSION-Deudor moroso La accionante sostiene que la manifestación pública de su condición de deudora en el diario de mayor  circulación en el país, la coloca en situación de indefensión frente a la acción del particular, ya que en primera instancia no se contó con su consentimiento y, en segundo lugar, fue sorprendida por esa reiterada actuación  sin que pudiere esgrimir medios adecuados de defensa que permitieran desvirtuar o justificar en el mismo sentido, su condición de deudora. Resulta evidente la situación de indefensión de la demandante frente al particular, ya que se utilizaron canales extralegales  muy poderosos para esgrimir su situación,  que no permiten una fácil confrontación entre las partes y por el contrario pueden generar perjuicios superiores a los hechos que motivaron la publicación. MEDIOS DE COMUNICACION-Responsabilidad La publicación de avisos pagados por terceros en  la prensa,  cuando estos son ciertos, veraces y exactos, no comprometen de ningún modo  al medio informativo. Sin embargo, si la  información desconoce   esos principios,  "y afecta  en concreto los derechos enunciados de la persona mediante una comunicación, anuncio o aviso que no sea cierto, real, veraz o sea inexacto o erróneo, el medio de comunicación estará en la obligación de rectificar el aviso correspondiente",  en razón al ineludible deber que tiene tales medios de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, paralelamente al ejercicio de su libertad de prensa. DERECHO A LA HONRA-Aviso en prensa No ha habido violación alguna   del  derecho a la honra  de la accionante,  teniendo en cuenta que el contenido reseñado en  los  avisos de prensa solo describe una situación verídica de incumplimiento de obligaciones mercantiles de la demandante, sin hacer alusiones  deshonrosas o descorteses en contra de ella. El derecho a la honra exige como presupuesto indispensable el mérito de quien lo alega,  fundamentado en un estricto  cumplimiento de los deberes con el prójimo y respecto de  si mismo, ya que la veracidad afecta el calificativo de este derecho. DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Aviso en prensa La presunta violación del derecho a la intimidad, exige un análisis circunscrito al tema que motivó esta tutela: un aviso  de citación a pagar una deuda.   Este tema, no es exclusivo  de la solicitante;  no es de la reserva  de ella consigo misma,  ni tiene que ver con las relaciones de la peticionaria  con su familia.  Obedece a relaciones  de índole comercial que escapan entonces a la protección de la intimidad porque se tratan de relaciones comerciales al bien jurídico que se protege con ese derecho, dentro del cual hay una zona de reserva  donde la persona solo comparte  tal espacio con un núcleo muy cercano a ella, el familiar. Por esta razón,  la veracidad de la información no deshace el derecho a proteger la intimidad,  salvo el caso de quien está sometido a la opinión pública.  Pero en  presente caso,  no se afecta  la intimidad dentro del contexto señalado. DERECHO AL BUEN NOMBRE-Aviso en prensa Manifestar públicamente en el diario de más alta circulación en el país la condición de deudora de la demandante, sin permitirle recurrir a  mecanismos de defensa idóneos para lograr su desagravio, lesiona de manera fehaciente el  derecho fundamental  de la señora al buen nombre, que en otras circunstancias no sería el vulnerado,  precisamente porque  la divulgación de la situación comercial entre particulares trascendió a un ámbito general de conocimiento público e indiscriminado, que  permitió tergiversar con ello necesariamente la imagen pública de la peticionaria. La divulgación de la condición comercial de una persona, cuando no obedece a razones legales o a un interés claro de orden público,  en la prensa o en cualquier  medio de información dirigido  por naturaleza a un grupo ilimitado  e indiscriminado de personas, constituye un claro agravio en contra de  su buen nombre, ya que  esas condiciones financieras no tienen por qué  ser conocidas por toda la sociedad. De lo anterior se desprende que el representante legal de la Fábrica de Ropa y su apoderado,  vulneraron  claramente el derecho al buen nombre de la solicitante, extralimitándose en las facultades que tenían como acreedores para  el cobro de  una deuda comercial. DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Diferencias La explicación para distinguir el buen nombre de la honra se da especialmente en la dimensión donde es útil el concepto de buen nombre:  en las relaciones comerciales, desde que no estén  dentro de las actividades  del art. 335 de la constitución política.  Todo lo demás  queda bajo la protección de la honra. INDEMNIZACION DE PERJUICIOS-Vía ordinaria La accionante posee otro medio judicial suficientemente idóneo para obtener la indemnización, como es la acción de responsabilidad Civil extracontractual ante la jurisdicción  civil ordinaria. La  vía ordinaria  de responsabilidad civil extracontractual, es el mecanismo apropiado  para obtener la indemnización de perjuicios. REF: EXPEDIENTE No T-49272 ACTOR: Rosa Eugenia Serpa Rueda. PROCEDENCIA: Tribunal Superior de Bucaramanga. TEMAS: - Derecho al Buen Nombre. - Derecho a la intimidad y su relación con la                                                               Información comercial. - Competencia para indemnización de perjuicios. MAGISTRADO PONENTE: ALEJANDRO MARTINEZ  CABALLERO. Santa Fé de Bogotá, D.C  trece (13) de septiembre de    mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala  Séptima de Revisión  de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Martínez  Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el  proceso de tutela identificado con el número de radicación T- 49272, cuyo expediente llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo el Tribunal Superior de Bucaramanga, de acuerdo a lo ordenado  por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. I ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Carta Política  y 33 del decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente  de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela  T- 49272,  que fue asignada por reparto a la presente Sala de Revisión. Una vez estudiada la  acción  de la referencia,  esta Sala de la Corte Constitucional  profirió auto el 21 de marzo  de 1995, mediante el cual se declaró la nulidad de todo lo actuado en primera y segunda instancia ante el   Juez 7o Civil del Circuito de Cali y ante el Tribunal Superior de la misma ciudad,   por vicios de competencia. Se estimó  que  el  lugar de la violación o  amenaza del derecho al buen nombre y a la honra alegados   por   la   accionante, ocurrió en  la ciudad de Bucaramanga y no en Cali, como había considerado equivocadamente  el Juez 5o  Civil del Circuito de Bucaramanga a quien correspondió conocer inicialmente de la presente acción y quien por  razones de competencia, remitió  el expediente a Cali. En consecuencia, a través de la Secretaría General de  la Corte Constitucional  se devolvió el expediente al  Juez 5o Civil del Circuito  de Bucaramanga, para que ante tal despacho se surtieran de nuevo los trámites de notificación  a los intervinientes, resolución del proceso en primera instancia  y tramitación  de la impugnación si era del caso,  tal como se ordenó en el auto del 21 de marzo de 1995.   Agotadas las diligencias anteriores ante el Juez 5o Civil del Circuito y ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, regresó el expediente a esta Sala de Revisión para definir la tutela objeto de revisión. 1. SOLICITUD La señora  Rosa Eugenia Serpa de Rueda presentó ante el Juez  Civil del Circuito de Bucaramanga, acción de tutela  contra la Fábrica de Ropa el As y contra el apoderado de la misma, doctor Carlos Martinez Mantilla, por considerar vulnerados  sus derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad familiar y personal, a la honra, al debido proceso  y al juez natural, con base en los siguientes hechos: a)  La accionante contrajo una deuda con la Fábrica de Ropa el As por concepto de suministro de mercancías, que asciende a la suma de $ 1.455.244 pesos, garantizados mediante las facturas cambiarias No 1930 del 16 de junio de 1993 por valor de $854.525 pesos;  No   1940 del 16  de junio del mismo año, por  $ 466.169 pesos y la número  2012 del 1o  de julio de 1993 por $ 134.550 pesos; facturas que   no habían  sido canceladas al presentarse la tutela. b) Manifiesta que por dificultades económicas,  no ha podido cumplir  las obligaciones contraídas, pero ha estado dispuesta a hacerlo en la medida de sus capacidades, a pesar de que el acreedor se ha mostrado intransigente en concertar fórmulas de pago. c) Sostiene que presumiblemente, con el objeto de enlodar el nombre de su familia o el de su hermano Horacio Serpa,  la empresa  demandada incurrió en  constreñimiento público  para obligarla a realizar el pago de la deuda, teniendo en cuenta que adelantó en forma arbitraria en tres oportunidades - los días 3, 17, y 31 de julio de 1994-, la publicación de avisos resaltados en el periódico el Tiempo, que presentan el siguiente contenido: "ROSA EUGENIA SERPA DUARTE Favor   presentarse   a    pagar deuda    pendiente Fábrica   de   Ropa    el   As   donde el    doctor CARLOS MARTINEZ MANTILLA, carrera 12 No   34 - 47,   Oficina   506,    Tel.  30  -  71  - 61, Bucaramanga". d) A juicio de la petente la circunstancia  mencionada  la coloca en evidente situación de indefensión, ya que ante un cobro extraproceso, no puede ejercer el derecho de defensa ni las garantías que consagra el ordenamiento jurídico  para proteger sus derechos  a la intimidad familiar  y propia, a la honra y al buen nombre, presuntamente  vulnerados por la entidad demandada. e) Solicita que se le conceda la acción de tutela respecto a sus derechos constitucionales lesionados; que se ordene en abstracto, la indemnización del daño que le ha sido causado por los accionados,  y que se compulsen copias con destino  a la autoridad competente,  para que se investigue la violación de la ley 23 de 1991. En el expediente de Tutela obran como pruebas: -Los textos publicados en el periódico el Tiempo los días  3,  17 y 31 de julio de 1994. -Las copias de las facturas cambiarias  firmadas, y  de las remesas terrestres de entrega  de las   mercancías. -Copia de la orden de publicación  nacional del aviso clasificado en el diario el Tiempo,    adelantada  por el representante legal de la fábrica de  el As, Dr. Simón Seselovsky. -Base de Datos de Acolmoda, en donde figura la demandante. -Testimonios de la parte demandada. 2. DECISIONES JUDICIALES ANTERIORES Correspondió el conocimiento  de la tutela de la referencia al Juzgado 5o Civil del Circuito de Bucaramanga, que mediante providencia del 12 de agosto  de 1994, decidió abstenerse de proseguir con el estudio de tal acción, en razón de la competencia.  En efecto,  señaló el fallador,  que de acuerdo con el primer inciso del artículo  37 del decreto 2591 de 1991, son competentes a prevención, "los jueces o tribunales  con jurisdicción  en el lugar  donde ocurriere la violación  o la amenaza que motivare  la presentación de la solicitud". Sostuvo, por consiguiente,  que no era competente para  seguir  examinando ésta acción,  teniendo en cuenta que la violación que se pregona ocurrió "en la ciudad de Cali, donde  el representante de la  persona jurídica acreedora, elaboró  y mandó publicar  el aviso que aparece  en las ediciones del 3, 17 y 31 de julio de 1994". El expediente  fue enviado entonces, a los juzgados correspondientes  en Cali, y por  reparto, fue asignado  al Juez Séptimo Civil del Circuito de esa ciudad,  quien avocó conocimiento. Dentro del término, la apoderada judicial de la  sociedad Fábrica de Ropa el As Ltda, presentó memorial  explicando la  forma en que la tutelante, Rosa Eugenia Serpa, respaldó sus compromisos con la empresa, mediante tres cheques del Banco Unión Colombiano que no fueron pagados al cobro por insuficiencia de fondos. Manifiesta, que insistentemente  se le solicitó a la demandante la cancelación de los valores debidos "mediante llamadas telefónicas y requerimientos, a la única dirección conocida de la Señora"; situación que obligó a la empresa, ante el silencio de la accionante,  a conferirle poder al Dr.  Carlos Martínez Mantilla para que por los trámites  del proceso ejecutivo, obtuviera el cobro  del crédito; proceso que actualmente cursa en el Juzgado 4o Civil Municipal de Bucaramanga ".  Sin embargo, precisa la apoderada, que al llegar a la fecha del secuestro de bienes  se descubrió que la "deudora había cerrado el lugar de trabajo, pues en dicho lugar se encontraba otra persona con otro establecimiento de comercio y la ejecutada no había dejado tras de sí información alguna  de su ubicación; simplemente al parecer  se había trasladado a otra ciudad  a vivir y a trabajar". En consecuencia, explica que el único mecanismo  que les restaba para poder determinar la ubicación exacta  de la demandante era la publicación de un aviso, como el que se divulgó, para determinar el paradero de la misma. Mediante  sentencia del veinticuatro (24)  de agosto  de 1994, el juzgado 7o Civil del Circuito de Cali, CONCEDIÓ la tutela solicitada, argumentando violación a la reputación de la peticionaria, tanto en el aspecto genérico del buen nombre, como en el específico de la honra pues "el derecho subjetivo que posee al acreedor, tiene como límites los procedimientos legales   para lograr la efectividad de los mismos", razón  por la cual cualquier  "otro mecanismo que exceda el campo de la privacidad, pone en tela de juicio la credibilidad del individuo vulnerando el derecho al buen nombre, pues la administración de justicia está en manos del Estado  y por lo tanto no se puede avalar la actitud  de ejercer justicia  por la vía privada". La apoderada de la Fábrica de Ropa el As, IMPUGNÓ  la sentencia de Primera Instancia,  por estimar que el "hecho de manifestar  ante particulares o ante entidades públicas situaciones comerciales que no están basadas en hechos falsos, que responden a un criterio objetivo y corresponden de manera precisa a los hechos, se deben tener  como una información  exacta que en ninguna manera vulnera los derechos  al honor y al buen nombre".  Cuestiona igualmente la decisión, al señalar que  "de este modo abusa de la acción de tutela  quien desquiciando el objeto de la misma, pretende amparar lo que no es un derecho suyo sino precisamente aquello que pugna al orden jurídico y que apareja responsabilidad y sanción : la renuencia a  cumplir las obligaciones que contrae". El Tribunal Superior de Cali,  en sentencia proferida  el dieciséis (16) de septiembre de 1994, REVOCÓ  el fallo del juez A-Quo, por considerar  que no hay  vulneración al buen nombre o a la honra, teniendo en cuenta que éstos  derechos no son gratuitos, sino que se goza de ellos en virtud del mérito. Según el Tribunal, el aviso como tal no contiene juicios injuriosos ni escandalosos que permitan afirmar la existencia de un verdadero daño a la reputación de la persona. Tampoco, concluye, hay un ejercicio de la justicia por la vía privada, porque dentro de los procesos jurídicos  hay mecanismos de emplazamiento  similares a la citación  adelantada por los demandados. Una vez revisado el presente  expediente por ésta Sala de la Corte Constitucional, según ya se dijo,  decidió declarar la NULIDAD de todo lo actuado en  primera y segunda instancia en Cali,  en razón a la falta de competencia del Juzgado 7o Civil de esa ciudad para conocer la presente acción de tutela. En efecto, esta Corte manifestó mediante auto del  veintiuno (21) de marzo de 1995, que el criterio con que conoce un juez de tutela  competente  es "a prevención", lo que indica que  se excluye del conocimiento del asunto a los demás jueces aptos para resolverlo,  cuando  otro juzgador  se ha  anticipado en su conocimiento, tal  como ocurrió con el Juez 5 Civil  de Circuito de Bucaramanga,  quien recibió inicialmente el presente expediente. Se concluyó que la competencia debía recaer en el   Juzgado del lugar de la violación o amenaza del derecho vulnerado,  por estimarse que la perturbación del derecho al buen nombre o intimidad ocurre precisamente en el lugar donde "la persona es reconocida por la colectividad y donde necesariamente tiene la buena o la mala fama que la acredita", y que en el caso de la demandante  es en la ciudad de Bucaramanga por ser allí el asiento principal de sus negocios, el  sitio donde vive,  y la zona en donde se adelantó el proceso ejecutivo en  su contra;  razón por la cual  esta Corte definió como competente para resolver,  al Juez 5 Civil de Circuito de esa ciudad, a quien correspondió inicialmente el análisis de los hechos de esta acción de tutela y a quien fue remitido  nuevamente el expediente,   para su resolución en primera instancia y tramitación de la impugnación, si era del caso. Así, mediante sentencia de abril veintisiete (27) de 1995,  el  Juez 5o  Civil de Circuito de Bucaramanga    CONCEDIÓ la acción de tutela de la referencia,  por considerar que la publicación de los avisos mencionados "conlleva un constreñimiento público inaceptable que vulnera el buen nombre de la actora", teniendo en cuenta que el derecho subjetivo que tiene el acreedor para el cobro, tiene como límite  los mecanismos legales expresamente señalados en el ordenamiento jurídico.  Sin embargo, no se condena a indemnización de perjuicios a la empresa accionada ni al abogado Carlos Martínez Mantilla, porque no se pudo constatar una “causación” real del daño emergente, tal como lo exige el art. 25 del decreto 2591 de 1991. Luego de la IMPUGNACIÓN presentada por el Dr. Carlos Martínez Mantilla  en su propio nombre y como apoderado de la firma "el As Ltda” en contra de la decisión anterior,  el Tribunal Superior de Bucaramanga decidió, mediante sentencia del doce (12) de mayo de 1995, REVOCAR el fallo del juez A-Quo por considerar improcedente la acción de tutela, teniendo en cuenta  que  la accionante goza de  otro medio de defensa judicial ante la jurisdicción ordinaria, como es la posibilidad de obtener a través de un proceso por responsabilidad extracontractual, el pago de la indemnización que le corresponde  por el daño causado. Considera que la situación aquí descrita, constituye un claro ejemplo de abuso de derecho de quien puede perseguir el cobro de sumas adeudadas, pero concluye que no existe violación de los derechos a  la honra y al buen nombre de la señora Serpa porque  lo que se predica de ella es verdadero. II CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. De la competencia. Resulta competente esta  Sala  de  la  Corte  Constitucional   para  conocer  de   la acción de tutela de la referencia, con fundamento  en los artículos 86 numeral 2o y  241 numeral 9o de la Constitución  Política, en concordancia con lo dispuesto por los  artículos 2o,  33, 34, 35 y  36  del Decreto 2591 de 1991 .  Su examen se hace en virtud  de la selección que de dicha acción  practicó la Sala correspondiente,  y del reparto que se verificó en la forma señalada por el reglamento de  esta Corporación. El presente caso exige puntualizar aspectos ampliamente debatidos por esta Corte en materia de derechos al buen nombre, honra  e intimidad; su protección y su relación  con las publicaciones  adelantadas por el apoderado y representante de la Fábrica de Ropa el As, considerando la existencia de múltiples criterios de interpretación  que se han plasmado en los fallos judiciales anteriormente descritos.  En consecuencia se procede a resolver según las siguientes consideraciones. 2. Del derecho a la honra. La Constitución Política Colombiana en su artículo 2o inciso 2o reconoce  que "las autoridades de la República están  instituidas  para proteger  a todas las personas en su vida,  honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades". El art. 21 de la C.P. consagra  específicamente la protección del  derecho a la Honra, entendiendo por ella,  la estimación o deferencia  con la  que cada persona debe ser tenida  por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana.  Es  por consiguiente,  un derecho que debe  ser protegido  con el fin de no menoscabar el  valor intrínseco de los individuos  frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas  dentro de la colectividad. Al respecto, los artículo 17 del Pacto Internacional de  Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la ley  74 del 26  de diciembre de  1968, y el art. 11 de  la Convención Americana  sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", consagran también  el derecho a la honra;  lo que les otorga, debido a  su carácter de tratados prevalentes a nivel interno, la condición de criterios de interpretación de derechos fundamentales en virtud del artículo 93 de la Carta Magna.[1] Tradicionalmente esta Corte ha sostenido, que los derechos al buen nombre y a la honra son derechos que se ganan de acuerdo  a las acciones realizadas por el individuo, sea que en virtud de ellas  pueda gozar del respeto y admiración de la colectividad como consecuencia de su conducta intachable, o sea que, por el contrario,  carezca de tal imagen y prestigio, en razón a  su indebido comportamiento social.   En este último caso difícilmente se puede considerar violado el derecho a la honra  de una persona, cuando es ella misma quien le ha imprimido el desvalor a sus conductas  y ha perturbado su imagen ante la colectividad. Por esta razón, la Corte ha señalado en oportunidades anteriores,  que "no se viola el derecho al buen nombre y a la honra, si es la misma persona la que con sus acciones  lo está pisoteando y por consiguiente perdiendo el prestigio que hubiera conservado" si hubiera realizado el mas severo cumplimiento  de sus deberes respecto del prójimo y respecto de sí mismo.[2] 3. Del derecho al buen nombre. La defensa del derecho a la dignidad, por otra parte, involucra varios aspectos de  la reputación de las personas  que determinan necesariamente   una estrecha vinculación y conexidad  con el derecho al  "buen nombre" consagrado en el art. 15 de la C.P.  Doctrinariamente el  "derecho al buen nombre"  se define, como  la buena  opinión o fama   adquirida por un individuo en razón a la virtud y al mérito, como consecuencia  necesaria  de la acciones protagonizadas por él. En el mismo sentido, se ha considerado que "el derecho al buen nombre no es gratuito. Por su misma naturaleza exige como presupuesto indispensable el mérito, esto es, la conducta  irreprochable de quien aspira a ser su titular y el reconocimiento social del mismo. En otros  términos, el buen nombre se adquiere gracias al adecuado comportamiento del individuo, debidamente  apreciado en sus manifestaciones externas  por la colectividad".[3] Al analizar este derecho en el caso concreto, deben evaluarse entonces las situaciones particulares de  quien lo alega, para determinar, dado su carácter subjetivo, si existe o no una violación que perturbe la imagen de la persona, con el fin de determinar si puede ser objeto entonces de  protección legal. Son  atentados al derecho al buen nombre entonces, todas aquellas informaciones que contrarias a la verdad, distorsionen  el prestigio social que tienen una persona, sin justificación alguna.  Al respecto esta Corte ha señalado   que "se atenta contra este derecho, cuando sin justificación ni causa  cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan  entre el público -bien sea de forma directa o personal, o a través de los medios de comunicación de masas - informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionen el concepto público que se tiene del individuo y que por lo tanto, tienden a socavar el prestigio  o la confianza  de los que disfruta del entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general  para desdibujar su imagen". [4] 4. Del  Derecho a la Intimidad. Tradicionalmente se ha definido el derecho a la intimidad como  aquella esfera de la personalidad del individuo que éste ha decidido reservar para sí, ocultándola y liberándola de la injerencia  de los demás miembros de la sociedad. En efecto, es un ámbito en el que  la comunidad como distinta al individuo, no tiene más que un interés secundario en la información o realidad que existe en esa esfera, lo que le  permite al sujeto desarrollar libremente su personalidad y sustraerse de la llamada opinión pública, mediante reserva. Al respecto, la sentencia T- 412 de 1992  sostiene  que,  "como quiera que  existen artículos  expresos referentes al derecho a la vida, a los bienes, a la religión y creencias y   libertades de la persona humana,  se creyó conveniente consagrar normas que prescriban el deber del Estado y de los particulares  de proteger la esfera interna de las personas",  con el objeto de  aislar a las personas de la impertinencia de terceros y lograr igualmente, la protección de su imagen.[5] El art. 15  de la Constitución Nacional, en su inciso primero  hace alusión a él, cuando consagra  que "todas las personas tiene derecho  a la intimidad personal y  familiar y a su buen nombre, y el Estado debe  respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas". Es un derecho entonces, personalísimo, según inspiración constitucional  relativa a la dignidad humana, que debe ser tutelado cuando, por la acción  de terceros, se produce una intromisión indebida en el ámbito personal o familiar del sujeto que conlleva  la revelación  de asuntos privados, el empleo de su imagen  o de su nombre, o la perturbación  de sus afectos o asuntos más  particulares e íntimos relativos a su sexualidad o salud, con o sin divulgación en los medios de comunicación. Se ha considerado doctrinariamente,  que constituyen aspectos de la órbita privada,  los asuntos circunscritos a las  relaciones  familiares de la persona,  sus costumbres y prácticas sexuales,  su salud, su domicilio, sus comunicaciones personales, los espacios limitados y legales para la utilización  de datos a nivel informático, las creencias religiosas, los secretos profesionales y en general  todo "comportamiento del sujeto  que no es conocido por los extraños  y que de ser conocido originaría críticas  o desmejoraría la apreciación" que  éstos tienen de aquel. [6] No obstante, aspectos relativos al cumplimiento de las obligaciones con establecimientos de crédito y con el comercio, que tradicionalmente fueron protegidos con reserva frente a  terceros por ser aparentemente información no relevante para la comunidad, hoy en día  no forman parte en estricto sentido del fuero    íntimo de   una  persona,  cuando  necesariamente   acarrean  implicaciones  sociales que deben ser conocidas  por los demás en aras  de proteger el interés general de la colectividad y minimizar al máximo  los riesgos inherentes a  toda actividad económica concebida como de interés público.  Para precisar, las actividades entendidas como de interés público son aquellas consagradas en el artículo 335 de la  C.N, que hacen referencia estrictamente a la  actividad financiera, bursátil, aseguradora  y cualquier otra  relacionada con el manejo, aprovechamiento  e inversión de los recursos captados del público. Las relaciones comerciales que no tienen las anteriores características  no se incluyen en este grupo. Esto ocurre por ejemplo con las mencionadas Bases de Datos o listados electrónicos,  las cuales incluyen para consulta restringida de entidades financieras y establecimientos de crédito, la información comercial, - léase deudas, créditos y pagos-, de personas que realizando transacciones en el sector financiero hayan incumplido sus obligaciones económicas.  La información que en las Bases de Datos  se maneja debe ser, para no menoscabar los derechos al buen nombre, honra  e intimidad de las personas, veraz, imparcial, obtenida en forma legítima  o por medios lícitos y debe ser susceptible a ser rectificada, conocida y actualizada,  respetando por supuesto la caducidad del dato, o el tiempo legalmente permitido para que la información comercial de una persona se encuentre en pantalla. Algo similar sucede con la publicación en conjuntos cerrados o edificios, de listados de deudores morosos  en las áreas sociales. Ciertamente, durante algún tiempo se consideró violatorio de la intimidad de los directamente implicados en las deudas comunales,  la publicación de listados que consignaran la identidad de las personas que tenían esas deudas y las sumas correspondientes,  porque se pensaba que tal información solo interesaba a los deudores morosos y su revelación constituía una injerencia indebida en el fuero  íntimo de las personas.   Sin embargo, esta Corte en la  sentencia T-228 de 1994 consideró que tales publicaciones no menoscaban el derecho a la intimidad de los individuos porque la  información  que se desprende de esos comunicados tiene  relevancia económica para los demás miembros del conjunto,  quienes por formar parte de una comunidad tienen derecho a  conocer la situación financiera de la misma. Igualmente se consideró que la situación no era violatoria del derecho a la intimidad, en razón a que "la citada lista no fue divulgada al público en general sino que se circunscribió a los habitantes del edificio, quienes evidentemente tenían  interés en conocer  los nombres de aquellos  que, en perjuicio de la comunidad, venían incumpliendo sus obligaciones para con ella." [7] Al respecto debemos concretar, que no es violatorio del derecho a la intimidad  la divulgación  de la situación financiera o crediticia de una persona dentro del  término de caducidad de los datos permitido por la jurisprudencia, cuando  ésta es  veraz, completa, legalmente obtenida, y es publicada o dada a conocer  mediante canales o medios que no lesionen  los derechos protegidos por el ordenamiento jurídico.  A juicio de ésta Corte tales canales o medios de difusión  son aquellos que permiten  un ACCESO RESTRINGIDO A ESOS CONOCIMIENTOS FINANCIEROS, Y CONSTITUYEN UNA ESFERA CERRADA, CON UN INTERÉS CIERTO  Y LEGÍTIMO EN ESE TIPO DE INFORMACIÓN. En el caso  de las Bases de Datos el interés de las entidades financieras y bancarias que generalmente tienen acceso a esa información comercial es indiscutible y propio de su actividad mercantil. Además,  las redes de información que existen, operan  en un medio de circulación  restringido que no permite al público conocer  los datos comerciales que se manejan en su interior. Por tal razón, la vulneración del derecho a la intimidad en éstos casos, solo puede ser producto de una violación del  habeas data por el incumplimiento de los requisitos necesarios de veracidad, oportunidad y recolección legal de los datos, para las cuales   la legislación ha previsto mecanismos de defensa y rectificación  que permiten a los sujetos que se encuentran inscritos en las redes, actualizar y si es del caso, solicitar el retiro de la información.  Algo similar ocurre con las listas de deudores morosos en los edificios de apartamentos. En general los datos financieros,  al no pertenecer a la esfera mas intima  de las personas porque involucran relaciones comerciales con terceros,  no se someten a la protección del derecho a la intimidad,  salvo  en las circunstancias expresadas   anteriormente. 5. De la justicia ejercida por particulares El art. 229 de la Constitución Nacional determina que toda persona tiene derecho a  acceder libremente a la  administración de justicia, como última instancia  en la solución de los conflictos dentro de un Estado Social de Derecho. En los conflictos  civiles,  cuando hay incumplimiento en el pago de una deuda, el ordenamiento procesal establece una normatividad muy completa para los procesos de ejecución  y dentro de estos hay lugar  a publicaciones ordenadas por el juez competente, en los medios de difusión que éste autorice. Por lo tanto, en aras  de la justicia y el debido proceso, las actuaciones de la administración se adelantan en forma pública y permanente, ajustadas  a procedimientos específicos, para garantizar la igualdad y la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución,  por ser éstos fines esenciales de la actividad estatal. Al respecto, la Sentencia T-412 de 1992 sostiene que  "La administración de Justicia es una  función pública, cuyas decisiones son independientes  y cuyas actuaciones serán publicas y permanentes,  con las excepciones que fije la ley. Con el fin de evitar que los procedimientos sean  utilizados para  obstaculizar la administración de justicia, se  dispone que en las actuaciones prevalecerá el derecho sustancial. Así mismo,  se establece que en el art. 228 de la Carta los parámetros necesarios para que la justicia sea eficaz, al determinar que los términos procesales se  observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionable.  En consecuencia,  la solución coactiva, pero imparcial y pacífica,  de las controversias o conflictos, constituye el objeto propio de la función jurisdiccional. " [8] En ese orden de ideas,  resolver los conflictos económicos que no pudieron ser solucionados mediante el acuerdo de las partes, recurriendo a  la fuerza, la violencia, la presión o simplemente a canales diversos a los legales, constituye en el fondo un acto de venganza  privada, que el hombre contemporáneo ha buscado superar, con el fin de evitar la barbarie y permitir que la administración de justicia actúe y ofrezca alternativas jurídicas,  mediante el monopolio de la coerción. Por consiguiente, "cuando una persona es constreñida mediante una conducta ilícita a realizar el pago de una obligación,  se encuentra en una clara situación de indefensión, pues ante un cobro extraproceso, no puede ejercer el derecho de defensa ni las garantías  consagradas en el ordenamiento jurídico,  como si ocurre ante un juez, quien velará  por el respeto al debido proceso  como derecho constitucional fundamental". [9] Es así, que quien actúa mediante  procedimientos  coercitivos o de  presión fuera de  los dispuestos por la jurisdicción,  con el fin de obtener  el resarcimiento de sus perjuicios o la obtención de sus derechos, actúa de forma arbitraria, abusa  y por consiguiente sus  actos  resultan inválidos e ilícitos a la luz del ordenamiento jurídico.   "Esto fue precisamente  lo que quiso  prohibir el legislador al consagrar desde el Código Penal de 1837 el tipo penal  denominado "ejercicio arbitrario de las propias razones",  que hoy dejó de ser delito  y se convirtió en contravención especial.  El delito estaba consagrado en éstos términos:   < El que en lugar de recurrir a la autoridad y con el fin de ejercer un derecho,  se haga justicia arbitrariamente  por sí mismo, incurrirá en multa de un mil a cincuenta mil pesos.>"[10] 6. El caso  en concreto. a. De la acción de tutela contra particulares El art. 86 de la C.N  en su inciso primero, consagra  la potestad que tiene toda persona para ejercitar la acción de  tutela  y  "reclamar  ante   los  jueces,   en todo momento  y lugar, mediante  un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de  sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados  o amenazados  por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública." Igualmente, el mismo artículo determina que   " La ley establecerá  los casos en que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio  público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes  el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión". Al respecto, el art. 42 del decreto 2591 de 1991, que reglamentó el parágrafo anterior del art. 86 de la C.N,  en su numeral 4o  señala la viabilidad  de la acción de tutela en el evento de acciones u omisiones de particulares, cuando la "solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente  o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante  tenga una relación  de subordinación o indefensión  con tal organización".  Debe entenderse por subordinación e indefensión, para efectos de interpretación de este artículo,  aquella diferenciación  determinada  en la sentencia T-412 de 1992 [11] que señala lo siguiente: "Subordinación: Condición de una persona sujeta a otra o dependiente de ella. En el derecho laboral constituye  el elemento característico y el mas importante en el contrato  de trabajo, de tal manera que cuando existe, comienza  hacia esa relación contractual  la tutela del estado" "Indefensión: la indefensión  se produce cuando  una persona  sin culpa  de su parte  no ha podido defenderse  o defender sus derechos conforme a  las leyes que reglamentan su ejercicio". En el caso que nos ocupa, la accionante, no sin razón, sostiene que la manifestación pública de su condición de deudora en el diario de mayor  circulación en el país, la coloca en situación de indefensión frente a la acción del particular, ya que en primera instancia no se contó con su consentimiento y, en segundo lugar, fue sorprendida por esa reiterada actuación  sin que pudiere esgrimir medios adecuados de defensa que permitieran desvirtuar o justificar en el mismo sentido, su condición de deudora. Lo anterior no significa  que se le señale responsabilidad al medio periodístico en el que se publicó el aviso, teniendo en cuenta que la información contenida en los anuncios corresponde estrictamente a la verdad. Al respecto,  la Corte en oportunidades anteriores ha sostenido, que la  publicación de avisos pagados por terceros en  la prensa,  cuando estos son ciertos, veraces y exactos, no comprometen de ningún modo  al medio informativo. Sin embargo,  tal como lo advierte la sentencia  T-381 de 1994,  si la  información desconoce   esos principios,  " y afecta  en concreto los derechos enunciados de la persona mediante una comunicación, anuncio o aviso que no sea cierto, real, veraz o sea inexacto o erróneo, el medio de comunicación estará en la obligación de rectificar el aviso correspondiente",  en razón al ineludible deber que tiene tales medios de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, paralelamente al ejercicio de su libertad de prensa. "Esto además por cuanto corresponde a los medios de comunicación  corroborar las informaciones -incluso el contenido de  los avisos de publicidad-, estableciendo  la veracidad de las mismas, de manera que cuando amenacen derechos fundamentales, es procedente la solicitud de rectificación  por quien se dice afectado por la publicación.".[12] En consecuencia, luego de determinar la inexistencia de responsabilidad por parte del diario el Tiempo en el desarrollo del presente caso, teniendo en cuenta  el contenido de la publicación,  resulta evidente la situación de indefensión de la demandante frente al particular, ya que se utilizaron canales extralegales  muy poderosos para esgrimir su situación,  que no permiten una fácil confrontación entre las partes y por el contrario pueden generar perjuicios superiores a los hechos que motivaron la publicación.  Por consiguiente esta Sala de revisión consideró procedente el análisis de la tutela de la referencia como se desprende  del punto que sigue. b. De la violación de los  derechos fundamentales. En el caso sub-judice la accionante orienta su solicitud hacia la protección de los derechos al buen nombre, honra e intimidad  que estima vulnerados con la publicación de tres avisos en el diario El Tiempo que la describen como deudora de la Fábrica de Ropa  el As Ltda. De conformidad con el acervo probatorio  consignado en el expediente, es claro para esta  Sala de Revisión de la Corte Constitucional, que no ha habido violación alguna   del derecho a la honra  de la accionante,  teniendo en cuenta que el contenido reseñado en  los  avisos de prensa solo describe una situación verídica de incumplimiento de obligaciones mercantiles de la demandante, sin hacer alusiones  deshonrosas o descorteses en contra de ella. Como se  explicó anteriormente, el derecho a la honra exige como presupuesto indispensable el mérito de quien lo alega,  fundamentado en un estricto  cumplimiento de los deberes con el prójimo y respecto de  si mismo, ya que la veracidad afecta el calificativo de este derecho. Por consiguiente, difícilmente  puede la señora Serpa  alegar la violación de ese derecho si ella misma es quien  con su actitud  ha generado distorsión a la valoración pública que los demás tienen de ella, dados los incumplimientos reiterados de sus obligaciones, desdeñando por lo tanto el prestigio comercial que hubiere preservado si sus actuaciones hubieran sido diligentes en el ámbito mercantil al que pertenecía su negocio. Se repite que este es un derecho que se gana con las conductas irreprochables y que no se imputa indiscriminadamente  a toda la colectividad. De otro modo, la presunta violación del derecho a la intimidad, exige un análisis circunscrito al tema que motivó esta tutela: un aviso  de citación a pagar una deuda.   Este tema, no es exclusivo  de la solicitante;  no es de la reserva  de ella consigo misma,  ni tiene que ver con las relaciones de la señora Serpa  con su familia.  Obedece a relaciones  de índole comercial que escapan entonces a la protección de la intimidad porque se tratan de relaciones  comerciales al bien jurídico que se protege con ese derecho, dentro del cual hay una zona de reserva  donde la persona solo comparte  tal espacio con un núcleo muy cercano a ella, el familiar. Por esta razón,  la veracidad de la información no deshace el derecho a proteger la intimidad,  salvo el caso de quien está sometido a la opinión pública.  Pero en  presente caso,  no se afecta  la intimidad dentro del contexto señalado. Sin embargo,  las publicaciones adelantadas en  el diario El Tiempo por parte del representante y apoderado de  la Fábrica de Ropa el As Ltda, no constituyen tampoco  una conducta ajustada a derecho. En efecto, manifestar públicamente en el diario de más alta circulación en el país la condición de deudora de la demandante, sin permitirle recurrir a  mecanismos de defensa idóneos para lograr su desagravio, lesiona de manera fehaciente el  derecho fundamental  de la señora al buen nombre, que en otras circunstancias no sería el vulnerado,  precisamente porque  la divulgación de la situación comercial entre particulares trascendió a un ámbito general de conocimiento público e indiscriminado, que  permitió tergiversar con ello necesariamente la imagen pública de la señora Serpa. En este orden de ideas, tenemos que la divulgación de la condición comercial de una persona, cuando no obedece a razones legales o a un interés claro de orden  público, en la prensa o en cualquier  medio de información dirigido  por naturaleza a un grupo ilimitado  e indiscriminado de personas, constituye un claro agravio en contra de  su buen nombre, ya que  esas condiciones financieras no tienen por qué  ser conocidas por toda la sociedad. De lo anterior se desprende que el representante legal de la Fábrica de Ropa el As Ltda y su apoderado, vulneraron  claramente el derecho al buen nombre de la solicitante, extralimitándose en las facultades que tenían como acreedores para  el cobro de  una deuda comercial.  La explicación para distinguir el buen nombre (art. 15) de la honra (art. 21) se da especialmente en la dimensión donde es útil el concepto de buen nombre:  en las relaciones comerciales,  desde que no estén dentro de las actividades  del art. 335 de la constitución política.  Todo lo demás  queda bajo la protección de la honra. En el presente caso ya se indicó que no se violó la honra, pero si se violó el buen nombre, porque este es el criterio que los demás tienen de uno en la dimensión comercial. Es más,  con tales publicaciones  se ejerció realmente   una   presión indebida en contra de la petente  para obtener el pago  de la deuda con la compañía accionada, teniendo en cuenta que más allá de la simple  dirección de la solicitante, era posible, analizando el texto expreso de los avisos,  obtener el pago de las obligaciones pendientes por la señora Serpa como respuesta  a una divulgación  pública fuera de los canales estrictamente legales,  que por  naturaleza obliga a quien  la sufre a realizar los actos necesarios para acallar la situación.  De lo anterior se debe concluir  que la posibilidad que tiene un acreedor  para realizar un cobro, no puede desbordar los límites propios  de la ley.  Tampoco se puede recurrir a la presión  en contra de un deudor para obtener  el pago de las deudas  ya que para ello existen canales plenamente establecidos y de amplio conocimiento  por parte de  los juristas,  que permiten obtener el cumplimiento de obligaciones comerciales sin menoscabar derechos fundamentales.  Si estos canales no se utilizan  o si utilizándolos  se presiona al deudor para  que por medio de conductos ajenos a la ley cumpla sus obligaciones, nos encontramos ante un constreñimiento inaceptable, que bajo ningún aspecto puede ser tolerado por la jurisdicción constitucional. c)  De la indemnización de perjuicios. El artículo 25 del decreto 2591 de 1991, declarado exequible mediante la sentencia C-543 de 1992, consagra en términos generales la posibilidad que tiene el juez de tutela para decretar la indemnización de perjuicios, “ cuando se comprueba un daño que se deriva de una acción u omisión antijurídica” [13], en razón a la necesidad de restablecer la situación  jurídica de la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación de sus derechos fundamentales,  para asegurar así, el goce efectivo del mismo. Sin embargo, la Corte Constitucional ha precisado, “ que la acción de tutela no tiene por objeto  una determinación judicial  sobre indemnización de perjuicios”[14], motivo por el cual la aplicación del artículo 25 exige el cumplimiento de la totalidad de  los requisitos que lo constituyen. De este modo “ se requiere que la indemnización sea necesaria para  asegurar el goce efectivo  del derecho; que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial para obtener el resarcimiento del perjuicio; que la violación sea manifiesta y provenga de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria”[15], como requisitos que le permiten al juzgador “ realizar a plenitud la justicia en cada caso. [16]” En el caso que nos ocupa, esta Sala considera  que la accionante  posee otro medio judicial suficientemente idóneo para obtener la indemnización, como es la acción de responsabilidad Civil extracontractual ante la jurisdicción  civil ordinaria. El artículo 25 del decreto  2591 de 1991 expresamente señala  la potestad propia del juez de tutela para  ordenar en abstracto la indemnización  de un daño emergente causado a  el perjudicado , siempre y cuando  el afectado no disponga de otro medio judicial. En cumplimiento  de lo consagrado en el artículo 44 del Decreto 2591 de 1991 que dispone: Protección alternativa. “La providencia que inadmita o rechace  la tutela  deberá indicar el procedimiento idóneo para proteger  el derecho amenazado o violado. En este sentido , la Sala  procede a  determinar  el otro  mecanismo judicial, del que dispone la peticionaria  para obtener la imdemnización de los perjuicios causados en la violación de su derecho. LA ACCION DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL La acción de responsabilidad extracontractual  debe ser mirada a la luz de lo preceptuado constitucionalmente, y en tal sentido  el artículo 96 de la Constitución señala: “El ejercicio de las libertades públicas y derechos reconocidos en  esta constitución implica responsabilidades. Toda Persona esta obligada  a cumplir la Constitución y las Leyes . Son deberes de la persona y del ciudadano respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”. Esta norma debe ser entendida  en armonía , con lo preceptuado en el artículo 6 del Texto Constitucional que consagra: ”Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución   y las leyes..... Se constituyen así, las normas anteriormente citadas  en el soporte jurídico de la acción de responsabilidad civil extracontractual. Asi mismo, el fundamento  de dicha acción es ampliamente desarrollada a través  de  lo consagrado en la legislación que contempla normas, tanto de carácter sustantivo como procesal. En efecto el artículo 2341 del Código Civil, establece el fundamento de la acción de responsabilidad civil extracontractual, que en su tenor señala: ”El que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la Ley imponga  por la culpa o el delito cometido.” Se encuentran otras normas que, aunque referidas a la responsabilidad civil contractual, son aplicadas por analogía al campo de la responsabilidad civil extracontractual. Específicamente los artículos 1613 y 1614, referidos a los perjuicios materiales y morales que se pueden ocasionar con un daño. Por otra parte, el Código de Procedimiento Civil  en  su artículo 396  y siguientes establece, los trámites propios  de un proceso ordinario civil,  que para el presente caso ha de ser el utilizado por la peticionaria , con el fin de obtener  la indemnización  por los posibles  perjuicios causados en virtud de la vulneración  de su  derecho a la intimidad. El artículo antes citado, señala : “Se ventilará y decidirá en proceso ordinario todo asunto contencioso  que no esté sometido a un trámite especial”. Se concluye, entonces  que la  vía ordinaria  de responsabilidad civil extracontractual, es el mecanismo apropiado  para obtener la indemnización de perjuicios. En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión,  administrando justicia en el nombre del pueblo y por mandato de la Constitución : RESUELVE PRIMERO: Por las razones expuestas en este fallo de revisión se REVOCA la decisión tomada en segunda instancia el 12 de mayo de 1995, por el Tribunal  Superior de Bucaramanga, Sala Civil,  dentro de la acción de tutela  instaurada por la señora Rosa Eugenia Serpa de Duarte. SEGUNDO:  Se tutela el derecho Fundamental al buen nombre  de la accionante y en consecuencia se Ordena al representante  de la Fábrica de Ropa el As Ltda, y a su  apoderado Carlos Martínez Mantilla abstenerse en lo sucesivo de realizar el tipo de publicaciones descritas en la parte motiva de este fallo, en contra de la demandante. Para ello  se  exhorta al juez de conocimiento, a ejercer la vigilancia respectiva  sobre  el asunto. TERCERO: No procede la tutela respecto a los derechos a la intimidad y  a la honra, según se consignó en la parte resolutiva de esta sentencia. CUARTO:  No procede la indemnización de perjuicios, por las razones contempladas en la parte motiva de esta sentencia. QUINTO: Ordenar que por la Secretaria General de esta Corporación se comunique esta providencia al Juez de Primera instancia con el fin de que se hagan las notificaciones necesarias según  los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase  e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ  CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1] Fuera de las anteriores consideraciones, la protección de la honra también se manifiesta  internamente en los artículos 313 a 322 de nuestro Código Penal, que consagran como punibles los delitos de injuria y de calumnia. Se entiende por injuria, toda expresión  que busque imprimir deshonra, desprestigio o desprecio en contra de una persona, con el fin de desacreditar su buena reputación o valoración social, siempre y cuando  el hecho al que se refiera el agravio no sea esencialmente punible.  De ser así,  nos encontraríamos preferentemente  ante un delito de calumnia, definido generalmente  como la falsa imputación  en contra de un tercero de la comisión de  un delito o contravención, que somete al sujeto que la sufre no solo  a la censura pública sino a la investigación y acción de autoridades competentes. [2] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C- 063  de 1994. Magistrado Ponente:  Alejandro Martinez Caballero. [3]Cfr.  Corte Constitucional. Sentencia T- 229  de 1994.  Magistrado Ponente :José Gregorio Hernández. [4]Cfr.  Ibidem. [5] Cfr.  Corte Constitucional. Sentencia T- 412 de 1992. Magistrado Ponente: Alejandro Martinez Caballero. [6] Cfr. Corte Constitucional  S. U - 089 de 1995.  Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía. [7] Cfr.  Corte Constitucional. Sentencia T-228 de 1994.  Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández. [8]Cfr. Corte Constitucional.  Sentencia T- 412 de 1992.  Magistrado Ponente:  Alejandro Martinez Caballero. [9]Ibidem. [10]Ibídem. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T- 412 de 1992. Magistrado Ponente:  Alejandro Martinez Caballero. [11]Cfr. Corte Constitucional . Sentencia T-381 de 1994. Magistrado Ponente: Alejandro Martinez Caballero. [12]Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T- 381 de 1994.  Magistrado Ponente:  Hernando Herrera Vergara. [13]  Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 1994. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. [14] Ibidem. [15] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 1994. Magistrado Ponente : José Gregorio Hernández. [16] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia  C-543 de 1992.

T-412-95 Sentencia No. T-412/95 Sentencia No. T-412/95 MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO La Sala de Revisión ordena  provisionalmente suspender los efectos de la Sentencia proferida por el Juez, en consideración  a proteger el Derecho a la intimidad de la menor xx. Resultó claro para esta Sala, que la decisión adoptada por el Juez, al ordenar  dar la información pertinente a la ubicación de la menor xx a su progenitoria, ponía en serio peligro el derecho a la intimidad de la menor. DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Menor dado en adopción El Proceso de Adopción, en cuanto ha sido instituido como mecanismo alternativo de protección del menor, tendiente a dar al menor expósito  una nueva familia y en cuanto la Constitución en su artículo 44 consagra el derecho de todo niño a tener una familia  y a no ser separado  de ella, debe darse dentro de las máximas garantías  y mecanismos de protección posibles, que de manera alguna pueda vulnerar los derechos de los padres biológicos en tanto mantengan estos una relación de afecto y protección con respecto a sus hijos, pero también, y preferencialmente, hay que proteger la intimidad del menor y de sus padres adoptantes. Si se demuestra, como ocurre en el presente caso, que si hubo Sentencia de adopción, no puede buscarse por la acción de tutela sustraer al menor de sus padres adoptantes, ni tampoco darse información sobre quienes fueron las personas que adoptaron porque esta información atenta contra el derecho a la intimidad, protegido constitucionalmente. ACCION DE TUTELA-Vigencia Respecto a los trámites previos para la declaratoria de abandono, éstos se efectuaron antes de la Constitución de 1991, no son susceptibles de ser examinados en la acción de tutela. Las presuntas irregularidades  que pudieran haber ocurrido, no pueden calificarse mediante la tutela sino que podrían dar lugar a la revisión de  la Sentencia de adopción. PROCESO DE ADOPCION/INTERES SUPERIOR DEL MENOR/DECLARACION DE ABANDONO La adopción como mecanismo de protección socio-legal del niño abandonado, se constituye  en un acto de intervención estatal con miras  a proteger el interés superior del menor, pero de manera alguna  puede desconocer  las garantías procesales que atañen  a los  padres  biológicos. Dentro del proceso de adopción  y específicamente  en la decisión de carácter administrativo de declaratoria de abandono, como etapa  mediante la cual se define la situación del menor, se deben garantizar los principios de las garantías procesales y  no todo puede quedar al arbitrio  de los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues su actuación debe estar circunscrita  a lo que preceptuan la Constitución y las Leyes. DOCUMENTO RESERVADO-Trámite de adopción Hay una conducta legítima del ICBF al proteger documentación y la acción de amparo no suple  la exhibición de documentos cuando éstos no pueden ser observados  por personas diferentes a  autoridades públicas que los requieren como prueba. REF: Expediente Nº T69568. Accionante: Maria Mendoza Procedencia :Juzgado Tercero Penal Municipal de Barranquilla. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Temas: -Protección del Derecho a la Intimidad -La Tutela no puede retrotraerse a procedimientos anteriores a la Constitución de 1991. -El proceso de adopción,la declaratoria de abandono y el respeto a las garantías procesales -Reserva de Documentos  en aras de proteger un derecho fundamental Santa Fe de Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados doctores Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, quien la preside, en ejercicio  de sus competencias constitucionales y legales, y EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de la tutela 69568, de Maria Mendoza contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Regional Barranquilla). Y. ANTECEDENTES 1. Solicitud Maria Mendoza, representada por su abogado, instaura acción de tutela, contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Seccional Barranquilla). La accionante busca obtener el reintegro de su hija xxxx, señalando que fue dada en adopción contra su voluntad. Solicita a su vez la práctica de diligencias de inspección judicial, en las dependencias del hospital de Barranquilla  y centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  para efectos de establecer de un lado, el período de tiempo durante el cual la peticionaria estuvo recluida en dicha Institución, y de otra parte, lo ocurrido  a su hija en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a fin de establecer  el procedimiento administrativo por el cual la menor fue declarada en situación de abandono. Según la actora, el día cinco de julio de  1980  dió a luz a una niña  en el hospital general de Barranquilla. El 16 de febrero de  1981, a causa de heridas recibidas con arma blanca, fue internada en la misma clínica, y  en virtud de esto, decidió entregar a la menor al  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para su protección. Señala la peticionaria, que una vez restablecida de las heridas causadas, consiguió empleo en una casa de familia,  pero ante  una recaída en su estado de salud, debió ser internada de nuevo en la clínica. La accionante manifiesta que a comienzos de 1982, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizó una junta, con el fin de solicitarle la autorización para dar a la niña en adopción, a lo cual ella reiteradamente se negó, señalando que sin embargo su firma fue tomada a ruego por otras personas. Afirma la actora que ante la aparente suspensión de visitas, que regularmente debía efectuar a la menor, en el hogar sustituto determinado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para su protección, posiblemente se declaró  a la menor en situación de abandono. Para proceder así, a cumplir con los requisitos previos del proceso de adopción. Solicita la peticionaria, que se le entregue a su hija  y que se le muestren  los documentos que acrediten la regularidad en el proceso de adopción. ACERVO PROBATORIO DE PRIMERA INSTANCIA Antes de resolver la acción de tutela, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Barranquilla, mediante auto de 17 de febrero de 1995, ordenó la práctica de diligencias de inspección judicial, que habrían de efectuarse al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Centro Zonal) y  (Sede Barrio la Victoria). Así, como también se ordenó escuchar en declaración a las señora Maria Mendoza y a la trabajadora social de la Institución mencionada, señora Edilma Niebles. Practicada la primera inspección judicial el día 21 de febrero de 1995, en las dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Centro Zonal), se indicó por parte de la institución, que allí no reposaba ningún expediente o historia perteneciente a la niña xxx, por cuanto todos los archivos habían sido trasladados a un nuevo centro de protección especial. Señaló, a su vez la funcionaria Betty Maria Figueroa, que el centro mencionado por la señora Maria Mendoza, en el cual se había  recibido a su hija para protección había sido reemplazado por el Centro Zonal La Victoria. Ante estas circunstancias el Juez, no  pudo practicar la inspección judicial sobre el expediente de la menor. Ese mismo día, la señora Maria Mendoza, compareció a las instalaciones del Juzgado Tercero Penal Municipal de Barranquilla, y  procedió a rendir declaración, manifestando las condiciones  por las cuales  había dejado a su hija xxxxx en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para su protección. Prácticada la segunda diligencia de inspección judicial, el día 22 de febrero de 1995, en las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Sede la Victoria), y donde según declaraciones tomadas en la primera inspección judicial, se informó reposaba el expediente de la menor xxxxxx, los funcionarios allí presentes, indicaron nuevamente  que en las instalaciones visitadas, no reposaba tampoco el expediente. Señalando que debía estar en otra dependencia de la Institución, razón por la cual al Juez le fue nuevamente imposible  revisar la documentación concerniente a  la menor. Finalmente, dentro de las diligencias a practicar, el día 23 de febrero de 1995, se recibió el testimonio de la trabajadora social Edilma Niebles, quien manifestó haber tenido conocimiento del caso de la menor xxxxxxx, pero  no recordar totalmente las circunstancias en las cuales se había  desarrollado el proceso de adopción; esta funcionaria señala que no son ciertas las declaraciones de la señora Maria Mendoza, en cuanto a haberle entregado a ella la menor xxxxxxx para su protección, en virtud de que todo el proceso administrativo de protección de menores, era manejado por el Defensor de menores. La funcionaria Edilma Niebles manifiestó tambien, que el expediente correspondiente a la menor xxxx, debía reposar en la sede regional. Mediante auto de pruebas de 23 de febrero de 1995, el juez solicita el expediente de la menor, a la sede regional, señalando un término de 48  horas, bajo los apremios legales. Sin embargo a esta solicitud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no dió respuesta en el término señalado. DECISION DE PRIMERA INSTANCIA Surtido el trámite de la primera instancia, en sentencia proferida el primero (1)de marzo de 1995, el Juez Tercero Penal Municipal de Barranquilla, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Maria Mendoza, con fundamento en las consideraciones que se resumen  a continuación : -La accionante no se preocupó por el  paradero de la niña durante 14 años “en fin  pasaron muchos años y hasta ahora la señora Mendoza, reclama por el paradero de su hija..” -”El despacho realizó las diligencias tendientes a saber de la mencionada menor, pero estas diligencias, tales como inspecciones judiciales, declaraciones juradas no establecieron a ciencia cierta sobre la suerte de la niña xxxxx”. -La acción de tutela, argumenta el Juez, no fue creada para revivir términos prescritos, fue creada para estudiar vulneraciones de los derechos fundamentales que se estén dando, actuales, y según el sentir de ese despacho fundamentado en las pruebas allegadas la niña mencionada debido ser declarada en estado de abandono por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y para haber realizado el mencionado Instituto esto ha debido hacer un proceso que demora mas o menos un año, donde se hacen diferentes publicaciones, edictos, etc, para ver  quien se acerca a ese Instituto y reclama al niño  que va a ser declarado en ese estado, término que  la madre dejó pasar, dejó prescribir y ahora por medio de la acción de tutela no puede pretender que se le resuelva una situación en que ella misma incurrió por su omisión, pues no ve el despacho justificación alguna para haber dejado transcurrir tanto tiempo para ahora interesarse por el paradero de su hija. LA IMPUGNACION En virtud de tal determinación, el fallo fue impugnado tanto por el Defensor del Pueblo Regional Barranquilla, como por el apoderado  de la señora Maria Mendoza. A. El Defensor del Pueblo Regional Barranquilla, impugnó el fallo de primera instancia y, para tal efecto, expuso los planteamientos que se sintetizan, así: 1. El fallo no se determina sobre prueba fundamental, conducente a establecer el procedimiento que se llevó y que fue determinante para separar a la menor xxxxx, de su madre Maria Mendoza, por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”. 2. La sentencia se profirió sobre suposiciones del fallador de instancia al señalar “según el sentir de este despacho fundamentado en las pruebas allegadas la niña mencionada ha tenido que haber sido declarada en estado de abandono...”. 3. En el expediente de tutela examinado por este despacho, no se observa  el aporte ni estudio del proceso mediante el cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, haya decidido qué hacer con la menor Ingrid ni cómo hacerlo. Se observa sí que existen unas declaraciones basadas también en suposiciones, como la de la trabajadora Edilma Niebles Vasquez. A lo cual el fallador de tutela dá mucha preponderancia. Se atentaría  así contra el  derecho fundamental al DEBIDO PROCESO”. 4. A esta Defensoría le preocupa el hecho de que la madre nunca aceptó haber firmado documento alguno a pesar de la insistencia  que se le ejercía  para que firmara algo porque mantenía el temor de tratarse de una entrega de adopción de su hija; y este hecho no se investigó satisfactoriamente”. B. El apoderado de la señora Maria Mendoza, también impugnó la sentencia de primera instancia, aduciendo para tal efecto que era imposible tomarse una decisión, sin haberse conocido previamente el expediente. Elemento éste que de manera alguna podía desconocer el juez, por cuanto el estudio del expediente y la práctica de las inspecciones judiciales le permitirían  encontrar elementos de juicio, para proceder a proferir Sentencia. En virtud  de la impugnación ejercida tanto por el defensor del Pueblo  como  por el actor, conoció del proceso el Juzgado Trece Penal del Circuito de Barranquilla. ACERVO PROBATORIO DE SEGUNDA INSTANCIA El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de comunicación con fecha marzo 7 de 1995, manifestó no poder dar cumplimiento a lo solicitado por el juez de primera instancia  debido a la insuficiencia de datos aportados en el auto de pruebas, razón por la cual se hacía dificil la ubicación del  expediente relacionado con la menor xxxxx. Una vez el Juzgado Trece Penal del Circuito de Barranquilla conoció de la impugnación, mediante auto de pruebas  del 17 de marzo de 1995,determinó la importancia de obtener la información solicitada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  y ordenó nuevamente  dar respuesta al auto proferido  en primera instancia. A tráves de comunicaciones con fechas 17  y 24 de marzo, el Juzgado Trece Penal del Circuito reiteró la necesidad de que le fueran suministradas las informaciones decretadas por anteriores Providencias. En comunicación de 28 de marzo de 1995, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Unidad Local N°2 Hipódromo, informa que no puede dar cumplimiento a lo ordenado, por cuanto no reposa allí el expediente de la menor. Señala, que tal solicitud debe ser nuevamente  enviada a la Coordinadora de Protección , “para que le precise el Centro Zonal o unidad que atendió el caso y que debe suministrarle la información.” Mediante oficio, con fecha 5 de abril de 1995, el Juzgado Trece Penal del Circuito de Barranquilla, eleva una queja ante el Director del Instituto Colombiano de Bienestar, Regional Atlántico, por no dar cumplimiento a lo solicitado y ordena nuevamente   dar respuesta a lo requerido. Solicitud a la cual de manera reiterada el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no da cumplimiento. DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA Y RESPUESTA DEL ICBF En Sentencia  de segunda instancia proferida el 21 de abril de 1995, el Juez Trece Penal del Circuito de Barranquilla, resolvió revocar la decisión del  Juzgado Tercero Penal Municipal  de Barranquilla de marzo primero de 1995, y en consecuencia tutelar el derecho de la madre Maria Mendoza a conocer el paradero de su hija, así como obtener su reintegro. De igual manera ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Atlántico presentar ante el juzgado toda la documentación pertinente  acerca de la menor xxxxxx. Mediante comunicación de abril 26 de 1995, suscrita por  el Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Atlántico, Dr. Alonso Segundo  Macias Ospino y dirigida al Juez  Trece Penal del Circuito de Barranquilla, el funcionario manifiesta  tener en su poder el expediente, y precisa los documentos que  contiene. Pero señala que no puede enviar la documentación exigida en sentencia de Segunda Instancia de 21 de abril de 1995, sobre la base de dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 114 del Decreto 2737 de 1989 que dice: “Todos los documentos y actuaciones  administrativas o jurisdiccionales del proceso de adopción serán reservadas por el término de treinta (30)años; de ellos  solo se podrán expedir copias por solicitud que los adoptantes hicieran directamente, a tráves de su apoderado o del Defensor de Familia, del adoptivo que hubiere  llegado a la mayoría  de edad  o de la Procuraduría General de la Nación para efecto de las investigaciones a que hubiere lugar”. PRUEBAS APORTADAS EN LA REVISION Mediante auto de pruebas proferido por esta Sala Séptima de Revisión, de veintitres (23) de agosto de 1995, se ordena  provisionalmente suspender los efectos de la Sentencia proferida por el Juez Trece Penal del Circuito de Barranquilla del 21 de abril de 1995, en consideración  a proteger el Derecho a la intimidad de la menor xx, con base en lo dispuesto en el artículo 7° del decreto 2591 de 1991, que autoriza la adopción de medidas provisionales, dentro del procedimiento propio de la acción de tutela y que señala: ”Desde la presentación de la solicitud cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o lo vulnere”. Y, la parte final del mismo artículo: ”El Juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad  encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso. Resultó claro para esta Sala, que la decisión adoptada por el Juez Trece Penal del Circuito, en sentencia del 21 de abril de 1995, al ordenar  dar la información pertinente a la ubicación de la menor xxxxxx a la señora Maria Mendoza, ponía en serio peligro el derecho a la intimidad de la menor. De igual manera, determinado el incumplimiento reiterado por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a las solicitudes efectuadas por los Jueces tanto de primera como de segunda instancia, y a fin de dilucidar la presunta irregularidad seguida dentro del proceso de declaratoria de abandono llevada a cabo con la menor xxxxxx, y por cuanto ello constituía pieza probatoria de vital importancia  dentro del proceso objeto de revisión, por parte de la Corte Constitucional, se ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar remitir toda  la documentación que hiciera parte de la etapa previa a la demanda  de adopción, así como también, la información de si hubo o no Sentencia Judicial proferida por el Juez de Familia concediendo la adopción de la menor xxxxxx. Mediante comunicación de agosto 31 de 1995, remitida a esta Corporación, el Director de Bienestar Familiar Regional Atlántico, dió cumplimiento a lo ordenado en los numerales segundo y tercero  de Auto de pruebas  proferido  por esta Corporación. Examinado  el material probatorio enviado, se comprobó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue mas alla de lo solicitado, por ello se hace necesario entrar al estudio  que se hará sobre el aseguramiento de documentos reservados. De  tales  pruebas, lo no suceptible de reserva se sintetiza en lo siguiente: el 18 de enero de 1982 la menor fue colocada en un hogar amigo, el 28 de enero de 1982 hubo declaratoria de abandono, aparece una ratificación de la Defensora de Menores ante la Inspección  cuarta de Policía de Soledad, el 27 de enero de 1982 refiriéndose al presunto delito de abandono de menores y pocos días después se presentó la demanda de adopción. Como se aprecia la tramitación fue muy rápida. Informa el ICBF que SI hubo Sentencia de adopción y que se encuentra debidamente ejecutoriada. Estos son los informes que se pueden  explicitar, los demás  enviados a la Corte están sujetos a reserva. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS A) La Competencia Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir Sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2° y 241 numeral 9° de la Constitución política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35, y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el reglamento de esta Corporación. B.Temas Jurídicos a tratar Las pretensiones aducidas por la peticionaria, se circunscriben  de un lado a establecer si existió o no la Resolución de Declaratoria de abandono de la menor xxxxx, así como a la práctica de Inspecciones judiciales  con miras a detectar las irregularidades, que según la actora se presentaron  en el  proceso de adopción de la menor. Y, otra petición es la entrega de la menor adoptada a la madre biológica. La Sala Observa : El Proceso de Adopción, en cuanto ha sido instituido como mecanismo alternativo de protección del menor, tendiente a dar al menor expósito  una nueva familia y en cuanto la Constitución en su artículo 44 consagra el derecho de todo niño a tener una familia  y a no ser separado  de ella, debe darse dentro de las máximas garantías  y mecanismos de protección posibles, que de manera alguna pueda vulnerar los derechos de los padres biológicos en tanto mantengan estos una relación de afecto y protección con respecto a sus hijos, pero también, y preferencialmente, hay que proteger la intimidad del menor y de sus padres adoptantes. Si se demuestra, como ocurre en el presente caso, que si hubo Sentencia de adopción, no puede buscarse por la acción de tutela sustraer al menor de sus padres adoptantes, ni tampoco darse información sobre quienes fueron las personas que adoptaron porque esta información atenta contra el derecho a la intimidad, protegido constitucionalmente. En cuanto a la declaratoria de abandono, como trámite procesal previo  indispensable  dentro del proceso de adopción  que coloca al menor  en una nueva situación, y en consecuencia le permite al Estado entrar a buscar los medios  adecuados para preservar  el derecho fundamental a tener una familia, sí se produjó en el caso presente, ello está plenamente demostrado puesto que mediante  Resolución de 28 de enero de 1982, se colocó a la menor xxxxx en estado de abandono, procedimiento  sin el cual el Código del menor rechaza  cualquier mecanismo tendiente a continuar con un procedimiento de adopción, el cual finalizó con Sentencia. Respecto a los trámites previos para la declaratoria de abandono, éstos se efectuaron antes de la Constitución de 1991, no son susceptibles de ser examinados en la acción de tutela. Las presuntas irregularidades  que pudieran haber ocurrido, no pueden  calificarse mediante la tutela sino que podrían dar lugar a la revisión de  la Sentencia de adopción EL PROCESO DE ADOPCION, LA DECLARATORIA DE ABANDONO Y EL RESPETO A LAS  GARANTIAS PROCESALES Esta Sala considera de vital importancia retomar los criterios que informan el Proceso de adopción y  la intervención de carácter administrativo por parte del Estado en la declaratoria de abandono. Criterios   que deben  propender hacia la protección del menor  pero que no puede descuidar  el principio fundamental del Estado cuya finalidad es  amparar a la familia  como institución básica de la sociedad  y no desproteger al menor de su derecho a tener una familia. La adopción como mecanismo de protección socio-legal del niño abandonado, se constituye  en un acto de intervención estatal con miras  a proteger el interés superior del menor, pero de manera alguna  puede desconocer  las garantías procesales que atañen  a los  padres  biológicos . Dentro del proceso de adopción  y específicamente  en la decisión de carácter administrativo de declaratoria de abandono, como etapa  mediante la cual se define la situación del menor, se deben garantizar los principios de las garantías procesales y  no todo puede quedar al arbitrio  de los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues su actuación debe estar circunscrita  a lo que preceptuan la Constitución y las Leyes. Esta Corporación a tráves de la sentencia de tutela  de febrero 26 de 1993, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes, ya había señalado : “Aún cuando el móvil fundamental de la intervención estatal sea la protección del interés del menor, las autoridades públicas no pueden olvidar que toda decisión debe ser producto de un procedimiento respetuoso de las formas propias de cada juicio (C.Part 29). En el trámite de los procesos confiados a los defensores de familia es imperativa la sujeción a los principios generales del derecho procesal, en particular el respeto al derecho de defensa y el mantenimiento de la igualdad de las partes(C.P.C art.4) La declaración de esta  situación tiene como efecto la terminación de la patria potestad (C. del M art 60 ) La gravedad de esta decisión exige que los padres gocen de la plenitud de las garantías procesales establecidas en la Constitución y en la Ley. El legislador ha previsto diversas garantías para la protección de los derechos de las partes en el trámite de los procesos de declaración de abandono. En el auto que abre la investigación, el Defensor de familia  debe ordenar la práctica de pruebas y diligencias tendientes  a establecer  la existencia de la situación de abandono y, además la citación- mediante notificación personal- de las personas que de acuerdo con la Ley están llamadas  a asumir la crianza y educación del menor(C.del M.arts 37 y 38).En caso de hacerse presentes las personas citadas y solicitar pruebas, el mismo funcionario debe decretar  su práctica, para lo cual puede  ampliar el término de  la investigación. Las anteriores disposiciones tienen por objeto asegurar a los padres la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra.[1]” El respeto de las garantías procesales, dentro del trámite propio a la etapa de declaratoria de abandono, determina la posibilidad del menor, de encontrar una nueva familia con capacidad de brindar la estabilidad  de la cual carecía. Pero esto no obsta para señalar que ante la intervención judicial o administrativa  en la vida del menor y de su familia biológica, deben  respetarse los límites  establecidos por la Constitución y la Ley como ya se dijo. EL ASEGURAMIENTO DE DOCUMENTOS RESERVADOS En el Código del Menor (art. 114 del Decreto 2737 de 1989) se consagra una reserva legal por el término de 30 años respecto a actuaciones administrativas o jurisdiccionales en el proceso de adopción. Tal disposición armoniza con el artículo 13 de la Ley 57 de 1985 que también fija en 30 años la reserva legal y agrega que después de tal término los documentos  podrán ser consultados porque adquieren "carácter histórico". Pero esta reserva no es absoluta, así lo señaló esta la Corte Suprema de Justicia : “Precisado así el objeto de la  reserva legal establecida por el artículo 114 del Código del Menor, forzoso  es concluir que ésta, en manera alguna puede entenderse como inexpugnable, pues el propio legislador en esa norma legal estableció que ella puede ser levantada en los casos y para los fines allí señalados, esto es, para que los interesados, habiendo graves motivos, tuvieran la  oportunidad de conocer la realidad jurídica sustancial y procedimental (administrativa y judicial) de la adopción, y proceder si fuere el caso, a la  interposición y sustentación del recurso extraordinario de revisión para controvertir, allí y no en este incidente la justicia o injusticia de la sentencia de adopción. luego, los motivos graves que se aducen se encuentran dirigidos a levantar la reserva,más no a establecer la justicia o injusticia de la sentencia de adopción, porque ello habrá de ser objeto, si fuere el caso , del recurso de revisión extraordinario.[2] Los precisos límites de esta reserva , los determina tambien la  Ley 57 de 1985, en su artículo 20, cuando principia diciendo: "El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones". Por esto, la Sala de Revisión solicitó información a la Regional Atlántico del I.C.B.F.. Ya se indicó que la Regional Atlántico no sólo cumplió con lo pedido sino que fue poco mas allá y ambas circunstancias obligan a la Sala a hacer esta precisión: sólo podrá consignarse en la sentencia, como ya se hizo, la información que no es reservada: - Que sí hubo declaración de abandono, - Que sí hubo previa ubicación del menor en un hogar amigo, - Que si se informó del abandono a la autoridad policiva, - Que sí hubo demanda y sentencia de adopción. Como, además, la prueba inmediatamente llegó a la Corte fue remitida al Despacho del Magistrado, se cumplió con la protección legal. El problema radica en que la prueba forma parte de un expediente de tutela que una vez proferida la sentencia quedará a disposición de las partes. Ante esta situación, la Sala de Revisión, hace uso de la parte final del artículo 20 de la Ley 57 de 1985 que dice: "Corresponde a dichas autoridades (las que solicitaron el documento) asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo prescrito en este artículo". En desarrollo del mandato se le ordenará a la Secretaría de la Corporación que abra cuaderno separado a la documentación enviada por la Regional del Atlántico y que tal cuaderno no podrá ser observado sino por la Sala de Revisión y los funcionarios de la Corte encargados de asegurar la reserva. Este cuaderno del expediente protegido por reserva permanecerá en el archivo de la Corte hasta cuando se cumplan los 30 años de la reserva legal. En conclusión, la tutela  no puede  prosperar y al mismo tiempo hay documentación que debe  ser protegida. No prospera  por cuanto hay una conducta legítima del ICBF al proteger documentación y la acción de amparo no suple  la exhibición de documentos cuando éstos no pueden ser observados  por personas diferentes a autoridades públicas que los requieren como prueba. Si se considera que se trata de un derecho de petición respecto a la información de si hubo o no declaratoria de abandono y Sentencia de adopción, ya se dijo en este fallo que durante  la etapa de la revisión la información fue aportada, luego no hay necesidad de ordenarla. Y, por último, se repite que  no se puede dejar sin efecto una Sentencia de adopción  mediante el mecanismo de la tutela. En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia  de Segunda Instancia proferida por el Juzgado Trece Penal del Circuito de Barranquilla de veinte de abril de 1995, y CONFIRMAR la Sentencia de primera instancia del Juzgado Tercero Penal Municipal de Barranquilla de  Marzo primero de 1995, pero por las razones expuestas en este  fallo. SEGUNDO: ORDENAR que por Secretaría de esta Corporación se comunique esta Providencia al Juzgado tercero Penal Municipal de Barranquilla, a fin de que haga  las notificaciones y para los efectos  previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR que por Secretaría se proceda  hacer la respectiva reserva de los folios 1,2,3,4,15,16,18,20,21,22,25,26,27,y 28 de las pruebas aportadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Regional Atlántico), en aras de proteger el derecho a la intimidad de la menor  xxxxxx y  en consecuencia   elabore un cuaderno separado  con los folios anteriormente  mencionados, de acuerdo  con lo dicho en la parte motiva del presente fallo. CUARTO: Envíese copia  de esta Sentencia al Defensor del Pueblo (Regional Barranquilla), Notifíquese, cúmplase, comuníquese, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1] Cfr.Corte Constitucional.Sentencia  de tutela, febrero 26 de 1993.Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz. [2] .Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sentencia de tutela ,abril 30 de 1993, Magistrado Ponente Pedro Lafont Pianeta.

T-413-95 Sentencia No. T-413/95 Sentencia No. T-413/95 ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Suministro de agua potable Procede la tutela contra los particulares  que estén encargados de la prestación de servicios públicos domiciliarios, sin que sea indispensable demostrar la personería jurídica de la entidad que presta el servicio, la acción se puede dirigir contra el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO-Prioridad para consumo humano/DERECHO A LA VIDA-Suministro de agua potable El derecho al agua, para el uso de las personas, en cuanto contribuye a la salud, a la salubridad pública, y, en últimas, a la vida, SI es un derecho fundamental y que, por el contrario, NO lo es cuando se destina a la explotación agropecuaria o a un terreno deshabitado. Sin agua no se puede vivir, luego lo lógico es que un acueducto construido para uso domiciliario del líquido debe tener preferencialmente tal destinación. Lo razonable es atender primero las necesidades domésticas de las familias que son socias o usuarias del acueducto regional y, si hay un excedente de agua entonces si, de manera reglamentada, se puede aprovechar excepcionalmente para otros usos. Se deja en claro que la orden que se da en esta tutela obedece al presupuesto de que existe escasez de agua para uso doméstico de los usuarios del acueducto. FONTANERO-Operador del servicio público Lo razonable es atender primero las necesidades domésticas de las familias que son socias o usuarias del acueducto regional y, si hay un excedente de agua entonces si, de manera reglamentada, se puede aprovechar excepcionalmente para otros usos. REF: EXPEDIENTE T-71043 Peticionario: FERNANDO AGUSTIN DELGADO Procedencia: Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Agustín. Tema: -Servicios públicos domiciliarios -Agua potable (saneamiento ambiental) -Agua: Preferencia al consumo doméstico. -Fontaneros Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá D.C., Trece (13) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-71043, adelantado por Fernando Agustín Delgado contra la junta administradora del acueducto regional "La Cuchilla". I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. 1. Solicitud. Fernando Agustín Delgado Ordoñez es uno de los usuarios del acueducto  regional "La cuchilla" que existe en el perímetro rural de San Agustín, Huila, con una red central que tiene capacidad para 3 pulgadas. Dice el solicitante que el acueducto fue construido para el uso doméstico de 250 familias, pero que el tesorero de la junta administradora de tal acueducto, Benito Martínez, destinó el agua para lagos en predios de él, y, conjuntamente con el presidente de la junta le dieron la orden al fontanero de permitir que el agua también fuera utilizada para una fábrica de ladrillos, lavado de vehículos y bebederos de animales, por lo cual el agua en muchas ocasiones no llega a la casa de los usuarios. Considera que estas circunstancias afectan el servicio domiciliario de agua potable. 2. Pruebas. -El Tesorero Martínez aclara que el acueducto es para 120 familias, "era para el consumo doméstico, para las necesidades que había en la finca, para lavar el café, darle de tomar a los animales, nos dieron permiso para unos lagos"; reconoce que el se favorece con el agua para 8 lagos que hay en su predio, dice que por culpa del verano y daños en la tubería hay escasez del liquido. -En inspección judicial se constató que el tesorero Martínez tiene una finca, "El mirador" dentro de ella hay 8 lagos y un tanque de gran proporción de almacenamiento de agua, alimentados (lagos y tanque) con agua del acueducto de la vereda de la Cuchilla. Igualmente se comprobó que Luis Sambony destina aguas del acueducto para su fábrica de teja y ladrillo. - Sambony se considera "dueño" y afirma ser socio porque durante casi medio año aportó "semanalmente un jornal para bajar esas aguas a los servicios donde la necesitamos". -El fontanero Pedro Antonio Díaz, admite que el permiso era solamente para tener un lago, pero pasa luego a defender al tesorero Martínez diciendo que la interrupción del agua "no es de todos los días, el lago se lo llena y echa el pescado y nunca tiene que volverle a echar agua fría hasta los 4 meses que saque la cosecha." Pero,  el fontanero reconoce: "al abrir la llave don Benito para un lago pues no quedaría pasando nada para los demás usuarios". -Benito Martínez adjuntó al expediente un formato de "Reglamento" de juntas administradoras, de acueductos y alcantarillados, que no se refiere concretamente al acueducto regional "La cuchilla", es simplemente una guía, dentro de la cual se indica cuáles son los tipos de acueducto: "a-oficial y especial, b- doméstico, c-comercial, d-Industrial", en esa enumeración que aparece en el modelo, Benito Martínez sustenta el uso adicional que le da al agua en sus 8 lagos. 3. Providencias. 3.1. Del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Agustín. El 30 de marzo de 1995 se concedió la tutela, ordenándose la suspensión del servicio de agua "del acueducto de la Cuchilla para fines distintos de los domésticos, a toda aquella persona que tiene lagos y ladrilleras" y se le fijó al fontanero un plazo de 48 horas "para que cancele el servicio del agua en estos casos". Dice la Juez en sus considerandos que: "El acueducto de la Cuchilla fue construido para el servicio doméstico de decenas de familias establecidas en la región y no para otros fines como se ha venido haciendo dejando en un segundo plano el fin principal". 3.2. Del juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito. El 3 de marzo del presente año el ad-quem revocó la sentencia impugnada por cuanto el problema surgido "puede ser remediado por la asamblea general de usuarios", se puede recurrir a la jurisdicción ordinaria y porque la limitación en la prestación del servicio no constituye vulneración o amenaza de un derecho constitucional fundamental y cita como respaldo para esta afirmación la sentencia T-578/92 de esta Corte Constitucional. FUNDAMENTOS JURIDICOS A. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. B- LOS TEMAS JURIDICOS Y EL CASO CONCRETO. 1.- Antes que todo hay que recordar que procede la tutela contra los particulares  que estén encargados de la prestación de servicios públicos domiciliarios, sin que sea indispensable demostrar la personería jurídica de la entidad que presta el servicio, El artículo 13 del decreto 2591 de 1991 dice que la acción se puede dirigir contra el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. En el presente caso se encausó contra el Presidente y el Tesorero de la junta administradora del acueducto de "La Cuchilla", luego no hay inconveniente procesal alguno. 2.- Derecho fundamental a la vida. El fallo que se revisa invoca la sentencia T-578/92[1]. Es necesario aclarar que en aquel caso la tutela no prosperó porque la instauró una persona jurídica (concretamente una urbanizadora) que le solicitaba a una asociación de usuarios de un acueducto rural que se conectara el acueducto a los 78 predios de la urbanización de acuerdo con un contrato que celebraron entre ellos. La Corte consideró que a la persona jurídica no se le violó ningún derecho fundamental, entre otras cosas porque el lugar aún estaba deshabitado y porque resolver sobre el incumplimiento del contrato compete a la jurisdicción civil. Se trataba, pues, de un caso MUY DIFERENTE al del usuario del acueducto de La Cuchilla a quien se le restringe la recepción del agua porque su uso se distrae en menesteres diferentes al doméstico. Hecha la anterior aclaración, vale la pena resaltar que en la Sentencia T-578/92 se dijo precisamente lo siguiente: "En principio, el agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas (CP art. 11), la salubridad pública (CP arts. 365 y 366) o la salud (CP art. 49), es un derecho constitucional fundamental y como tal ser objeto de protección a través de la acción de tutela." Se hizo, pues, por el ad-quem una lectura sesgada de la sentencia de la Corte. 3. De los servicios públicos domiciliarios. El artículo 367 de la Constitución establece. "La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas". La ya citada sentencia T-578/92, explica así la anterior disposición: "Se consagra en esta disposición una categoría especial de servicios públicos, los llamados "domiciliarios", que son aquellos que se prestan a través del sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas. Son características relevantes para la determinación del servicio público domiciliario las siguientes,  a partir de una criterio finalista: a) El servicio público domiciliario -de conformidad con el artículo 365 de la Constitución-, puede ser prestado directamente o indirectamente por el Estado, por comunidades organizadas o por particulares, manteniendo éste la regulación, el control y la vigilancia de los servicios. b) El servicio público domiciliario tiene una "punto terminal" que son las viviendas o los sitios de trabajo de los usuarios, entendiendo por usuario "la persona que usa ciertos servicios, es decir quien disfruta el uso de cierta cosa". c) El servicio público domiciliario está destinado a satisfacer las necesidades básicas de las personas en circunstancias fácticas, es decir en concreto. Así pues, no se encuentran en estas circunstancias el uso del agua destinado a urbanizar un terreno donde no habite persona alguna. Igualmente no es derecho constitucional fundamental cuando el suministro de agua esté destinado a la explotación agropecuaria, casos en los que se trata del establecimiento de una servidumbre de acueducto de carácter privado cuya consagración es eminentemente legal y no constitucional." De la lectura se colige que el derecho al agua, para el uso de las personas, en cuanto contribuye a la salud, a la salubridad pública, y, en últimas, a la vida, SI es un derecho fundamental y que, por el contrario, NO lo es cuando se destina a la explotación agropecuaria o a un terreno deshabitado. Dentro de este criterio, la decisión del a-quo fue acertada, y no lo fue la del ad-quem. 4.- Importancia del agua. Esta Sala de Revisión, en el caso de la comunidad de los llanos de Cuivá desarrolló estas ideas: "El agua siempre ha estado en el corazón de los hombre y en la base de las civilizaciones. Se puede pasar varios días sin comer, pero sin beber es imposible sobrevivir unos pocos. En el cuerpo humano el 96% de la linfa es agua, hay el 80% en la sangre, las dos terceras partes de los tejidos también contienen agua. Un proverbio usbeko enseña: que no es rico quien posee tierra sino quien tiene agua. Todas las culturas están íntimamente ligadas al concepto del agua. En la Muisca, Bachúe surge en una de las ocho lagunas de Iguaque[2], sobre los páramos, a más de tres mil metros de altitud, lagunas pequeñas, expresión del nacimiento de una raza. Mas grandiosidad tiene el mito de Titikaka en los albores del imperio Inca."[3] Sin agua no se puede vivir, luego lo lógico es que un acueducto construido para uso domiciliario del líquido debe tener preferencialmente tal destinación. Por supuesto que si hay suficiente agua, es obvio que no hay problema alguno en que se destine para consumo agrícola, todo dependerá de la región, de la temporada de lluvia o de sequía, en fin, de factores objtivos que se verán en cada caso concreto. 5. Agua potable, ambiente sano. Se reitera lo ya dicho en la sentencia T-523/94: Es aspiración del ser humano superar el subdesarrollo. Uno de los factores que apuntan a este anhelo es el de vivir en un ambiente sano. Los elementos constitutivos de ese propósito son generalmente derechos tutelables porque se refieren a la vida y la salud, por lo mismo no son renunciables ni negociables. Con mayor razón tiene operancia este derecho al ambiente sano tratándose de campesinos porque el artículo 64 de la Constitución fija como deber del Estado mejorar el ingreso y calidad de vida de los trabajadores del campo... En principio, el acceso al agua potable es algo a lo cual tiene derecho una comunidad. El hecho de que el servicio sea desarrollado por la misma comunidad no excluye la posibilidad de tutela contra un particular que afecte la prestación eficaz del servicio." Surge de todo lo anterior que el Juez de segunda instancia se equivocó al no tutelar el derecho del ususario para recibir agua destinada al consumo doméstico, que antes recibía en cantidad suficiente y ahora se ha menoscabado porque el agua se emplea en otros menesteres. 6. A quién se le da la orden? Está demostrado dentro del proceso que el agua transportada por el acueducto regional "La Cuchilla" se destina además para una fábrica de ladrillo y para 8 lagos de un mismo predio y esto no es razonable porque restringe el agua que los usuarios requieren para su uso diario, para gozar de un ambiente sano, para su salud. Lo razonable es atender primero las necesidades domésticas de las familias que son socias o usuarias del acueducto regional y, si hay un excedente de agua entonces si, de manera reglamentada, se puede aprovechar excepcionalmente para otros usos. Esta Sala Séptima, en la Sentencia T-232/93, no solamente tuteló el derecho a la vida sino que ubicó en lugar secundario el uso industrial del agua y preferenció el uso para el consumo humano. "Frente a la segunda circunstancia, para la Corte Constitucional sí existe mérito para tutelar el derecho a la vida por cuanto el núcleo esencial de la amenaza, que es la inmediatez del daño, se percibe claramente en el caso concreto. En efecto, mediante inspección judicial la Corte Constitucional pudo comprobar directa y plenamente el agotamiento de la fuente Toma de San Patricio, entre otras razones, obedece al uso distinto al consumo humano. Así pues, esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional considera que frente a la falta de suministro de agua a las personas que habitan en el municipio de Funza, de la llamada Toma de San Patricio, se configura una amenaza del derecho fundamental a la vida consagrado en el artículo 11 de la Constitución. A pesar de existir expresa prohibición a través de las resoluciones de la C.A.R. sobre la utilización de las aguas del río Subachoque y de la Toma de San Patricio para la industria, esta Sala de Revisión considera que debe procederse de una manera efectiva en aras de proteger la vida." Para proteger diariamente el derecho al consumo humano del agua, cumplirá un papel muy importante el fontanero. Ocurre que el artículo 23 del decreto 2591/91 dice en uno de sus apartes: "Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material, o de una amenaza, se ordenará su inmediata cesación, así como evitar toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción." En el presente caso se ha restringido el uso doméstico del agua, al solicitante de la tutela y a los usuarios, porque los responsables de la junta administradora del acueducto de "La cuchilla" permitieron que al agua se le diera uso diferente al consumo doméstico, es por ello que la tutela se dirige, en principio, al Presidente de la junta, como representante legal. Sin embargo, hay algo más, la sentencia de primera instancia dió una orden práctica: "Ordenar al señor fontanero del acueducto para que cancele el servicio del agua en estos casos, en un término perentorio de 48 horas...". Podría pensarse que el fontanero no es parte en esta acción de tutela y que la determinación del a-quo sería asimilable  a una orden policiva. La Corte considera que esto es posible en la tutela, porque el artículo 86 C.P. habla de que "La protección consistirá en una orden", sin distinguir la característica de la orden, lo importante es la protección INMEDIATA de los derechos constitucionales fundamentales. Tratándose del agua, su vigilancia está generalmente bajo el cuidado de fontaneros[4] y su manejo ha sido objeto de usos y costumbres sabios y ancestrales, muy ligados a la cotidianidad. En la sentencia T-523/94 se recordó: "Antiguamente, antes de la Independencia de la Nueva Granada, agua y leña eran propiedad de los Municipios. Pertenecían a la célula municipal, a los ejidos. Precisamente agua y leña conformaban LOS PROPIOS de la Municipalidad. En los poblados pequeños realmente no se palpaba el problema porque la mayoría de las casas tenían su "solar" con pequeñas "manas". Y, no faltaba a la orilla de los caminos el "chorro de agua", sin que a nadie se le ocurriera pensar siquiera que el agua para el uso doméstico pudiera pertenecer a persona alguna. Esta realidad se mantuvo hasta mediados del presente siglo. Podrían existir problemas en cuanto a regadío y por eso en las escrituras públicas se insistía con frecuencia en la propiedad de la "tomas de agua" o "nacimientos de agua", de ahí las servidumbres de agua, pero fundamentalmente se referían a la propiedad inmobiliaria rural y al aprovechamiento del agua para fines agrícolas. Sobre agua potable no había discusión ." El fontanero es en muchos de nuestros municipios un empleado público, pero también es a veces asalariado al servicio de las juntas administradoras de acueductos regionales. El fontanero es en realidad, la persona que permanentemente está controlando la circulación del agua, esta circunstancia le da una importancia que está ligada a algunos de los deberes de la persona y del ciudadano, señalados en el artículo 95 de la Carta: - Respetar los derechos ajenos, -Impedir que no se abuse de los propios, -Obrar conforme al principio de solidaridad social, -Velar por la conservación de un ambiente sano. El fontanero es 1al mismo tiempo OPERARIO (en su relación laboral con una entidad pública o con una entidad privada) y OPERADOR de un servicio público. Por lo tanto, la efectividad de la orden que se dará en esta acción de tutela depende en un alto grado de la actividad del fontanero, como operador de un servicio público. Significa lo anterior que el fontanero en primer término debe cumplir la orden que se le dá en esta tutela como operador del servicio público: debe dar preferencia a la circulación del agua para el uso doméstico, orden que, ya en su condición de operario de la junta, no puede ser contradicha por la junta administradora del acueducto de "La Cuchilla". A dicha junta, corresponderá regular la distribución del agua que sobre después de cubrirse las necesidades humanas. Se deja en claro que la orden que se da en esta tutela obedece al presupuesto de que existe escasez de agua para uso doméstico de los usuarios del citado acueducto de "La cuchilla", se hace esta afirmación porque en el expediente hay prueba para llegar a tal conclusión. En mérito de lo expuesto la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución RESUELVE: PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado 2º Civil del Circuito de Pitalito, el 3 de mayo de 1995. SEGUNDO.- Conceder la tutela impetrada por Fernando Agustín Delgado Ordóñez, protegiéndole el derecho a la vida y por lo tanto a recibir agua para uso doméstico, del acueducto regional "La Cuchilla" de San Agustín. Consecuencialmente, la Junta Administradora de tal acueducto, representada por su Presidente, velará porque el agua sea primordialmente destinada al uso doméstico y regulará la distribución del agua que sobrare después de atender el uso doméstico adecuado; y el fontanero controlará la circulación del agua en tal forma que los usuarios la reciban en primer lugar y en forma debida para el consumo humano adecuado, y, por lo tanto la destinación del agua para lagos y fábricas solamente podrá ocurrir cuando haya exceso de liquido, previa autorización de la Asamblea General de los usuarios y siempre y cuando no restrinja el consumo domiciliario. En 48 horas se principiará a dar cumplimiento a las órdenes dadas en esta sentencia. TERCERO.- Comisiónese al Juez de 1ª instancia para el cumplimiento de lo ordenado en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO.- El Juez  de 1ª instancia velará por el cumplimiento del presente fallo. Notifíquese, comuníquese  y cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA. Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1]Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. [2] Por descuido del hombre han muerto varias de esas lagunas. [3]Sentencia T-523/94, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. [4]Además, en cuanto a los fontaneros, existe dentro de este oficio un aspecto histórico recogido aún en las definiciones del diccionario de la lengua española. FONTANERO: operario que encaña, distribuye y conduce las aguas para sus diversos usos. REAL FONTANERO: tiene que ver con real de agua. REAL DE AGUA: Medida antigua de aforo, correspondiente al líquido que corría por un caño cuya boca era del diámetro de un real de plata. En Madrid se fijó el gasto en tres pulgadas cúbicas por segundo, o en cien cubos al día, que se considera en el canal del Lozoya equivalente a treinta y dos hectolitros".

T-414-95 Sentencia No. T-414/95 Sentencia T-414/95 DERECHO DE PETICION EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS/DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO El derecho de petición tiene por finalidad hacer posible el acceso de las personas a la autoridad pública para que ésta, se vea precisada no solamente a tramitar sino a responder de manera oportuna las solicitudes elevadas por aquéllas en interés general o particular, pero no tiene sentido cuando la administración ha asumido de oficio una actuación que adelanta ciñéndose a los términos y requerimientos legales. En tales eventos las reglas aplicables para que se llegue a decidir sobre el fondo de lo solicitado son las que la ley ha establecido para el respectivo procedimiento, que obligan a los particulares involucrados tanto como a las dependencias oficiales correspondientes, de modo tal que -en la materia propia de la decisión final- no tiene lugar la interposición de peticiones encaminadas a que el punto objeto de la actuación administrativa se resuelva anticipadamente y por fuera del trámite normal. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Retención de vehículo La División de Fiscalización -Grupo Aduanas-, ha venido obrando en cumplimiento de sus funciones y dentro de los términos previstos en la ley, por lo cual no ha podido establecerse desconocimiento del debido proceso ni dilación injustificada en el trámite emprendido. El ciudadano, mediante apoderado legalmente constituido, viene siendo escuchado por la autoridad administrativa que adelanta la investigación en su contra. La entidad pública le ha notificado el contenido de las providencias que lo afectan y, además de interponer los respectivos recursos, el demandante ha podido controvertir las pruebas que lo comprometen como responsable así como aportar aquellas que lo favorecen. DERECHO DE PETICION-Reiteración de solicitudes/DERECHO DE PETICION-Casos en que se presenta abuso El derecho de petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite reiterar una respuesta dada por ella misma al solicitante. El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando éstas son idénticas a la inicial inquietud, ya satisfecha. DERECHO AL BUEN NOMBRE-Iniciación de proceso administrativo/DERECHO A LA HONRA-Iniciación del proceso administrativo Cuando, en ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas vinculan a una persona, en legal forma, a un proceso judicial o administrativo, quien resulta incurso en él carece de fundamento para reclamar violación del derecho al buen nombre, pues la organización estatal se encuentra legitimada para iniciar y llevar hasta su culminación los trámites que permitan establecer si el sindicado es responsable del comportamiento objeto de investigación. Los derechos a la honra y al buen nombre no significan la posibilidad de evadir los procesos e investigaciones que, de conformidad con el sistema jurídico, pueden y deben iniciar las autoridades públicas cuando tienen noticia acerca de una posible infracción. Antes de llegar a la definición judicial o administrativa, cuando el proceso o actuación apenas se halla en curso, nadie afirma ni puede afirmar que haya responsabilidad del investigado, por lo cual éste no puede deducir de la sola iniciación del proceso el desconocimiento de sus derechos a la honra y al buen nombre. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-69603 Acción de tutela instaurada por ZACARIAS SAHLI KHALIL contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Regional Norte -Barranquilla-. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). Revisa la Corte el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla al resolver sobre el asunto en referencia. I. INFORMACION PRELIMINAR La acción de tutela fue instaurada por ZACARIAS SAHLI KHALIL, por conducto de apoderado. El actor dijo ser propietario de un vehículo aprehendido el 4 de enero de 1995 por  el Grupo  de  Automotores de la SIJIN -Policía Nacional- de Barranquilla. Según la demanda, el 17 de enero la Policía Nacional resolvió poner el automotor a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, Regional Norte (Barranquilla). Allí la investigación correspondiente fue asumida por la División de Fiscalización -Grupo Aduanas-. El apoderado manifestó que desde el 26 de enero solicitó al Jefe de la División la entrega del vehículo, sin haber obtenido respuesta positiva o negativa. Volvió a elevar solicitud el 14 de febrero, en demanda de la "entrega inmediata e incondicional" del aludido bien, alegando que había sido aprehendido y retenido ilegalmente, sin que, hasta la fecha de instaurar la acción de tutela, hubiera recibido respuesta. Por tercera y cuarta vez pidió la devolución del carro mediante comunicaciones del 3 y el 9 de marzo. De acuerdo con su afirmación, no recibió respuesta. Sostuvo que, de parte de la DIAN, no ha habido un pronunciamiento sobre la autenticidad del documento público que ampara el vehículo. A su juicio, la aprehensión y retención de la camioneta, sin ningún fundamento de orden legal, así como la negligencia, el desinterés y el silencio ante las reiteradas peticiones vulneran los derechos de petición y debido proceso y causan grandes perjuicios de orden moral y económico al legítimo propietario. Además -expuso- se ha violado el derecho de propiedad de Zacarías Zahli Khalil, pues éste adquirió el vehículo en legal forma y de buena fe exenta de culpa, y, además, se afecta su honra y su buen nombre. Solicitó que, por la vía de la tutela, se dispusiera la entrega inmediata e incondicional del automotor varias veces mencionado y que se ordenara investigación disciplinaria contra el Jefe de la División de Fiscalización -Grupo Aduanas- de la DIAN Barranquilla, por el incumplimiento de sus obligaciones. II. DECISION JUDICIAL La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante sentencia del 7 de abril de 1995, resolvió denegar por improcedente la tutela instaurada, pues, según su análisis del material probatorio, ninguno de los derechos reclamados por el accionante fue conculcado. Consideró la Sala que el derecho al debido proceso no fue violado puesto que la DIAN había seguido y estaba siguiendo un proceso, ventilado conforme a las normas legales, dentro del cual el peticionario cuenta con mecanismos para salvaguardar sus intereses particulares. En cuanto al derecho de petición, el Tribunal invocó jurisprudencia de esta Corte en cuya virtud aquél no puede ser invocado para solicitar a un juez que haga o deje de hacer algo dentro de su función judicial, pues ella está gobernada por los principios y normas del proceso correspondiente. Los pedimentos que se formulen están sujetos a las oportunidades y formas que la ley señale. En lo relativo al derecho de propiedad, no fue desconocido según el Tribunal, toda vez que la DIAN actuó en uso de facultades legales, en especial las conferidas por los decretos 2117 de 1992 y 1800 de 1994, dentro de una investigación que tiene por fin determinar la legalidad de la adquisición del vehículo, de tal manera que, una vez culmine el respectivo proceso, se determinará la entrega del automotor a su dueño o el decomiso definitivo. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia en mención, con arreglo a los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y según el Decreto 2591 de 1991. Las reglas del debido proceso obligan a los particulares Ha destacado la Corte que "dentro del marco jurídico trazado por la Carta Política de 1991, ha perdido su razón de ser la discusión acerca de si el debido proceso es exclusivo de los trámites judiciales o si debe extenderse a los procedimientos y actuaciones que se surten ante la administración, pues el nítido tenor literal del artículo 29 de la Constitución no deja lugar a dudas: 'El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas'" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-460 del 15 de julio de 1992). Ello implica que las dependencias y funcionarios estatales, aunque no sean jueces, están obligados a respetar las garantías procesales y que tan sólo dentro de las reglas previamente determinadas por la ley pueden proferir decisiones que afecten a los particulares, en especial cuando se trata de actuaciones encaminadas a establecer si una persona o entidad ha incurrido en faltas que ameriten la imposición de sanciones. El debido proceso descansa sobre el supuesto de la presunción de inocencia, la cual tiene que ser desvirtuada por el Estado para que se hagan posibles el señalamiento del procesado como infractor y los castigos que, según la ley, merezca. Pero este principio no solamente obliga al Estado. También los particulares involucrados en un proceso, sea de naturaleza judicial o administrativa, están obligados a observar y a acatar las reglas que la legislación haya establecido. Los particulares quedan vinculados por la normatividad propia de cada juicio o actuación y no pueden, según su voluntad, admitir aquello que de las formas procesales, trámites y términos les beneficie y rechazar lo que les sea desfavorable. Tampoco les es permitido interrumpir o dilatar los procesos mediante el uso de peticiones o recursos ajenos a ellos y, por lo tanto, improcedentes, salvo los casos excepcionales en que cabe la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales. En lo referente a actuaciones judiciales debe reiterarse lo ya afirmado por esta Corte: "...resulta indudable que el derecho de petición puede ejercerse ante los jueces; que, en consecuencia, éstos se hallan obligados a tramitar y responder las solicitudes que se les presenten, en los términos que la ley señale, y que, si no lo hacen, vulneran la preceptiva constitucional. No obstante, el juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio (artículo 29 C.P.). Debe distinguirse con claridad entre aquellos actos de carácter estrictamente judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo el juez. Respecto de éstos últimos son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública, es decir, en la materia bajo análisis, las establecidas en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). En cambio, las actuaciones del juez dentro del proceso están gobernadas por la normatividad correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso. En ese orden de ideas, nadie podría alegar que el juez viola su derecho de petición cuando, principiando el proceso, presenta una solicitud orientada a obtener la definición propia de la sentencia y no se le responde dentro de los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo sino que se posterga la resolución hasta el momento del fallo. En tales circunstancias, ante eventuales actitudes morosas para resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado no es el de petición sino el del debido proceso". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-334 del 31 de julio de 1995). Por lo que atañe a la administración, el derecho de elevar peticiones respetuosas a las autoridades tiene una mayor amplitud, deducida de la norma constitucional que lo consagra, pero no puede olvidarse que cuando el objeto de una determinada solicitud tiene previstos en la ley ciertos trámites y requisitos, o cuando se han consagrado términos específicos para resolver sobre ella, el peticionario debe someterse a la normatividad respectiva, sin pretender, mediante peticiones relativas al fondo del mismo asunto que es materia de trámite, la modificación de lo ya reglado. El derecho de petición tiene por finalidad hacer posible el acceso de las personas a la autoridad pública para que ésta, obligada como está por el artículo 23 de la Constitución, se vea precisada no solamente a tramitar sino a responder de manera oportuna las solicitudes elevadas por aquéllas en interés general o particular, pero no tiene sentido cuando la administración ha asumido de oficio una actuación que adelanta ciñéndose a los términos y requerimientos legales. En tales eventos las reglas aplicables para que se llegue a decidir sobre el fondo de lo solicitado son las que la ley ha establecido para el respectivo procedimiento, que obligan a los particulares involucrados tanto como a las dependencias oficiales correspondientes, de modo tal que -en la materia propia de la decisión final- no tiene lugar la interposición de peticiones encaminadas a que el punto objeto de la actuación administrativa se resuelva anticipadamente y por fuera del trámite normal. Desde luego, lo dicho no implica que la existencia de normas procesales aplicables al proceso administrativo haga nugatorio el derecho de petición. Lo que significa es que su ejercicio debe supeditarse a reglas distintas de las ordinarias, propias para el trámite correspondiente. Obviamente el derecho de petición puede ser invocado, aun por fuera de esos preceptos especiales, cuando la administración incurre en mora de resolver dentro de los términos legales o cuando se trata de obtener la resolución de cuestiones incidentales que resultan pertinentes de acuerdo con la naturaleza propia de la actuación que se adelanta. En relación con los hechos que sirvieron de fundamento al accionante, la Sala encuentra que los actos adelantados por la Policía Nacional, SIJIN -División de Automotores-, y por la DIAN, Regional Norte (Barranquilla), cuentan con pleno soporte constitucional y legal, toda vez que cada una de estas autoridades ha cumplido, en el asunto que se revisa, con las funciones que el ordenamiento jurídico les impone. De acuerdo con el oficio número 00048 del 17 de enero del presente año, el Departamento de Policía Atlántico, Sección Policía Judicial -Unidad Automores-, dejó el vehículo aprehendido  a  disposición del  Administrador  de  la  DIAN -Regional Norte-, informando que "...fue inmovilizado en el peaje de Ponedera, cuando era conducido por el señor ADHAN HASSAN SAID (...), por presentar los sistemas de identificación adulterados" y por cuanto "la declaración de Saneamiento no reposa en esa dependencia". El estudio técnico que adelantó la Policía Judicial dió como resultado que la morfología, superficie y guarismos del motor y del chasis no eran originales de fabrica. Con base en los informes de la Policía Nacional, la DIAN, Regional Norte, mediante auto de apertura del 22 de marzo, inició el proceso correspondiente. El 3 de abril abrió pliego de cargos contra SAHLI KHALIL y dispuso el decomiso del automotor. Los actos adelantados por la autoridad aduanera encuentran fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 1o del Decreto 1800 del 3 de agosto de 1994, por medio del cual se unifican procedimientos en materia aduanera y se dictan otras disposiciones. La norma en mención establece: "Procedimiento para definir la situación jurídica de mercancías aprehendidas. (...) Surtidos todos los trámites de aprehensión, reconocimiento y avalúo de la mercancía, la división de fiscalización en el término de un (1) mes formulará el correspondiente pliego de cargos al declarante, al tenedor, a quien tenga derecho sobre la mercancía y/o a la empresa transportadora, según el caso. A su turno, el destinatario podrá presentar los respectivos descargos dentro del mes siguiente a la fecha de notificación del respectivo pliego. "Recibidos los descargos o cumplido el término otorgado para el efecto, la administración, a través de la División de Liquidación o de quien haga sus veces, dispondrá de tres (3) meses, prorrogabais por una sola vez y hasta por el mismo término, para decidir la situación jurídica de las mercancías. Contra el respectivo acto administrativo sólo procederá el recurso de reconsideración, el cual deberá interponerse dentro del mes siguiente a la fecha de su notificación. La administración contará con tres (3) meses para resolver dicho recurso a través de la División Jurídica o de quien haga sus veces" Atendiendo al acervo probatorio, para cuyo recaudo la Corte Constitucional ordenó la práctica de una inspección judicial al respectivo expediente y dispuso escuchar en declaración a varios de los servidores públicos que han participado en el proceso, se encuentra que la División de Fiscalización -Grupo Aduanas-, ha venido obrando en cumplimiento de sus funciones y dentro de los términos previstos en la ley, por lo cual no ha podido establecerse desconocimiento del debido proceso ni dilación injustificada en el trámite emprendido. De las diligencias ordenadas por la Corte Constitucional logró concluirse que  el  pliego  de  cargos  abierto por  la DIAN -Regional Norte- contra ZACARIAS SAHLI KHALIL, fue notificado por correo el 4 de abril del presente año, ante lo cual el investigado respondió mediante escrito radicado el día 20 del mismo mes. Al cotejar los actos de la DIAN -Regional Norte- con lo preceptuado en las normas reguladoras del respectivo proceso, puede percibirse que la autoridad aduanera ha adelantado las diligencias que le corresponden, por lo cual es infundada la afirmación del accionante en el sentido de que le fue vulnerado el derecho de defensa, pues, como se ha demostrado, el ciudadano ZACARIAS SAHLI KHALIL, mediante apoderado legalmente constituido, viene siendo escuchado por la autoridad administrativa que adelanta la investigación en su contra. La entidad pública le ha notificado el contenido de las providencias que lo afectan y, además de interponer los respectivos recursos, el demandante ha podido controvertir las pruebas que lo comprometen como responsable así como aportar aquellas que lo favorecen. Ante la carencia absoluta de fundamento jurídico en las pretensiones formuladas por el petente, quien alega violación del derecho al debido proceso, la Sala observa que no era pertinente el ejercicio reiterado del derecho de petición para resolver precisamente lo que se controvertía y que tampoco cabe la acción de tutela pues de lo actuado por la administración no se infiere violación del aludido derecho fundamental. El derecho de petición no resulta vulnerado cuando la autoridad omite reiterar una respuesta dada por ella misma al solicitante El derecho de petición no implica que, una vez la autoridad ha respondido al solicitante, deba repetir indefinidamente la misma respuesta frente a nuevas solicitudes cuando éstas son idénticas a la inicial inquietud, ya satisfecha. Sobre esta materia la Corte Constitucional ha señalado: "Así, pues, contestada una petición en sentido contrario al querido por el solicitante, no es razonable que éste pretenda vulnerado su derecho cuando la administración deja de responderle peticiones iguales sin haber cambiado la normatividad que gobierna el asunto y permaneciendo las mismas circunstancias consideradas al resolver en la primera oportunidad" (Cfr. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-121 del 21 de marzo de 1995). En el presente caso ha quedado demostrado que los representantes de la DIAN -Regional Norte- (Barranquilla), respondieron de manera rápida, oportuna y eficiente a las peticiones formuladas por diversas personas que manifestaron actuar a nombre del accionante. Distinto es que, luego de haber obtenido respuesta de la autoridad aduanera, mediante la cual le fue explicado el motivo de la retención del vehículo, el petente, conociendo el estado del proceso administrativo y los recursos legales que podía interponer, hubiera reiterado, en más de dos ocasiones, su pretensión de obtener la entrega inmediata e incondicional del automotor, decisión que la autoridad pública puede tomar o no, según el resultado de la correspondiente investigación. El derecho al buen nombre no resulta vulnerado por la vinculación de una persona a un proceso adelantado de conformidad con la ley De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de respetar y hacer respetar el derecho al buen nombre de las personas. Sin embargo, esta garantía, como todas las consagradas en la Carta, no es absoluta, pues encuentra límites en el interés social representado por las autoridades públicas, quienes, observando el ordenamiento jurídico, están facultadas para dar a conocer informaciones objetivas y veraces acerca del comportamiento de las personas que integran el conglomerado. Cuando, en ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas vinculan a una persona, en legal forma, a un proceso judicial o administrativo, quien resulta incurso en él carece de fundamento para reclamar violación del derecho al buen nombre, pues la organización estatal se encuentra legitimada para iniciar y llevar hasta su culminación los trámites que permitan establecer si el sindicado es responsable del comportamiento objeto de investigación. Los derechos a la honra y al buen nombre no significan la posibilidad de evadir los procesos e investigaciones que, de conformidad con el sistema jurídico, pueden y deben iniciar las autoridades públicas cuando tienen noticia acerca de una posible infracción. Bien se sabe que la sola circunstancia de la indagación no compromete ni define la licitud de la conducta del individuo y que tan sólo sobre la base de que aquélla culmine, de conformidad con la ley y habiendo sido garantizado el debido proceso, pueden desvirtuarse las presunciones de inocencia y buena fe. Así las cosas, antes de llegar a la definición judicial o administrativa, cuando el proceso o actuación apenas se halla en curso, nadie afirma ni puede afirmar que haya responsabilidad del investigado, por lo cual éste no puede deducir de la sola iniciación del proceso el desconocimiento de sus derechos a la honra y al buen nombre. Por lo anterior, considera la Sala que en este caso tales derechos no han sido quebrantados. Apenas acontece que contra el accionante se ha iniciado un proceso administrativo que puede concluir tanto en su condena como en su absolución. DECISION Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMASE el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante el cual se negó el amparo solicitado por ZACARIAS SAHLI KHALIL. Segundo.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-415-95 Sentencia No. T-415/95 Sentencia No. T-415/95 INSUBSISTENCIA-Improcedencia de la tutela La acción de tutela resulta improcedente cuando el peticionario cuenta con otros mecanismos de defensa judicial. En el presente asunto, el juez de tutela se encuentra frente a un acto administrativo, amparado por la presunción de legalidad, y ante el cual la persona interesada   puede ejercer la acción de nulidad. PERJUICIO IRREMEDIABLE-Inexistencia El hecho de que la actora tenga la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa con el fin de lograr la anulación del acto administrativo mediante el cual presuntamente se le violan sus derechos fundamentales, permite concluír que no se cumplen los elementos determinantes del perjuicio irremediable y, por tanto, no puede tenerse en cuenta dicho perjuicio para admitir la presente acción como mecanismo transitorio; así, la utilización de los mecanismos de defensa judicial al servicio de la interesada, hace que no exista el perjuicio irremediable. Además, dentro de un eventual proceso contencioso- administrativo, la peticionaria tiene la posibilidad de solicitar la suspensión provisional del acto que presuntamente vulnera sus derechos,  con lo cual se desvirtúa también la inminencia del perjuicio. Ref: Expediente T-69026 Peticionaria: María del Rosario Motta Escalante. Procedencia: Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva (Huila). Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Tema: Improcedencia de la acción de tutela- Santafé de Bogotá, D.C.,  dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el proceso de tutela radicado bajo el número T- 69026, adelantado por la señorita María del Rosario Motta Escalante, en contra del señor director del hospital regional de Pitalito (Huila), doctor Pedro León Reyes Gaspar. I. ANTECEDENTES De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente. 1. Solicitud La señorita María del Rosario Motta Escalante interpuso ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito (Huila), acción de tutela contra el señor director del hospital regional de Pitalito (Huila), doctor Pedro León Reyes Gaspar, con el fin de que se obligue al Estado a que garantice la efectividad y la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, a la libre escogencia de profesión u oficio, a la igualdad de oportunidades para los trabajadores y a la estabilidad laboral, consagrados en los artículos 2o., 25, 26 y 53, respectivamente,  de la Constitución Política. 2. Hechos La peticionaria manifiesta que el día primero (1o.) de agosto de 1994, tomó posesión del cargo de enfermera en servicio social obligatorio en el hospital regional de Pitalito (Huila), por el término de seis (6) meses, con el fin de cumplir con el requisito necesario para obtener la correspondiente licencia profesional. Sostiene que fue asignada a la sección de pediatría, y que su horario normal de trabajo era de siete (7) a.m. a doce (12) m y de dos (2) a cinco (5) p.m, de lunes a viernes, y que los sábados trabajaba de siete (7) a once (11) a.m: No obstante lo anterior, manifiesta que en repetidas ocasiones trabajó horas extras, pese a no encontrarse registrada como “disponible". Según los hechos narrados por la actora, el día catorce (14) de enero de 1995, el doctor Pedro Reyes Gaspar le ordenó que se preparara para viajar a la ciudad de Neiva, toda vez que se hacía necesario el traslado de un menor de edad a dicha ciudad, ya que éste  presentaba serios problemas de salud. Ante la orden impartida, afirma que le manifestó al director del hospital que le era imposible realizar dicho viaje, ya que debía cuidar a su hijo, menor de edad, y que en ese momento no contaba con ninguna persona para que se hiciera cargo del mismo. Posteriormente agrega: "Tampoco advertí que para este caso el paciente del cual se trataba (...) debería ser remitido bajo atención médica, según indicación del médico pediatra doctor Leonel Jávela, el cual verbalmente conceptuó que por las posibles complicaciones del menor, como la de un paro cardio - respiratorio, el paciente ameritaba ser remitido por un médico." Dice que de acuerdo con la información que le suministraron los doctores Polo Narváez y Alejandro Gómez, así como la auxiliar en enfermería Fanny Motta, el director del hospital, junto con el coordinador médico, estuvieron buscando al médico disponible, quién para ese día era el doctor Andrés García, pero como no lograron localizarlo, se tomó la decisión de enviarla a ella para que viajara a Neiva en compañía del menor. Así, afirma que al expresarle sus motivos al doctor Reyes Gaspar, éste le manifestó que no mezclara sus problemas personales con los asuntos laborales, y que si no quería viajar, debía conseguir un médico u otra persona que acompañara al menor que iba a ser remitido a Neiva. Dice que el doctor Reyes "me amenazó diciéndome que si el niño remitido se complicaba y le ocurría algo, yo debía responder penal y administrativamente, a pesar de que el pediatra conceptuaba que debería viajar en compañía de un médico, al prever la posibilidad de un paro cardiorespiratorio del menor, para lo cual una enfermera jefe no esta lo suficientemente preparada para manejarlo. Pocos minutos después llegó al hospital el médico Andrés García, el cual había recibido la comunicación que se necesitaba urgente en la institución. Personalmente le comuniqué lo que sucedía y de común acuerdo quedamos que él viajaría con el niño, cosa que le informó al director del hospital y así se hizo." Manifiesta la peticionaria que el día veinte (20) de enero recibió una comunicación suscrita por el director del hospital en la cual le solicitaba que le explicara por escrito las razones por las cuales se abstuvo de viajar a Neiva. Debido a motivos de trabajo afirma que no pudo dar respuesta a la solicitud del doctor Pedro Reyes antes del veintisiete (27) de enero, día en el cual recibió una comunicación en la que se le informaba que había sido declarada insubsistente. Al indagar por los motivos de dicha decisión, afirma que el doctor Reyes le manifestó que, dada su condición de director del hospital, tenía toda la libertad para proceder en tal sentido. En virtud de que únicamente le restaban cuatro días para cumplir con el tiempo de su servicio social obligatorio, la peticionaria afirma que le manifestó al director del hospital que estaba de acuerdo con su decisión de declararla insubsistente, pero que le expidiera el certificado de prestación del servicio, ante lo cual obtuvo una respuesta negativa, con el argumento de que no había cumplido a cabalidad con sus funciones. Manifiesta que al no obtener el certificado de prestación de servicio hace imposible la obtención de su licencia profesional, e implica que debería repetir nuevamente la prestación del servicio social obligatorio, esperando a que el Servicio Seccional de Salud o la Secretaría de Salud de Neiva la asignara a otra institución, situación en la cual tendría que vivir alejada de su esposo, quien se desempeña como médico en el Municipio de Acevedo, lo cual, a su juicio, traería serios perjuicios a la unidad familiar. 3. Pretensiones Solicita la peticionaria que se ordene al director del hospital regional de Pitalito (Huila) que la reintegre a sus labores como enfermera, por el término que le resta para cumplir con su servicio social obligatorio, y que una vez cumplido dicho término, se le expida el correspondiente certificado de prestación se servicios. III. LAS DECISIONES JUDICIALES 1. Primera instancia Mediante auto de fecha siete (7) de febrero de 1995, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito (Huila) asumió el conocimiento de la presente acción de tutela, y decretó y recolectó las pruebas que a continuación se relacionan: - Declaración de Leonel Jávela P. El declarante, quien manifestó ser médico pediatra del hospital regional de Pitalito, afirmó que a su cargo se encontraba el menor de edad, quien por recomendación suya fue trasladado a la ciudad de Neiva. De acuerdo con lo manifestado por el testigo, debido al delicado estado de salud en que se encontraba dicho menor, recomendó que el traslado se hiciera en compañía de un médico, debido a que se podía presentar un estado de crisis que solamente podía ser afrontado por una persona calificada. - Declaración de los doctores Héctor Alejandro Gómez y Polo Narváez. Los declarantes, quienes se desempeñan como médicos del hospital regional de Pitalito, coincidieron en afirmar que el despido de la peticionaria fue injusto, toda vez que el director del centro hospitalario ha debido oír en descargos a la afectada. Igualmente afirmaron que el traslado del menor a la ciudad de Neiva se debía hacer en compañía del médico disponible, quien para la noche del incidente que motivo el despido era doctor Andrés García. Además manifestaron que la enfermera María del Rosario Motta Escalante es una persona cumplidora de su deber, lo cual coincide con los testimonios rendidos por las enfermeras auxiliares Clotilde Nieto y Fanny Motta. - Declaración del señor Pedro León Reyes, director del hospital regional de Pitalito. El declarante, quien es la persona accionada en la presente tutela, afirmó que la enfermera María del Rosario Motta Escalante se ausentó de su trabajo en varias ocasiones,  y que además se abstuvo de acudir al llamado que se le hiciera desde el hospital, con el fin de que practicara un electrocardiograma, aduciendo que se encontraba con dolor de cabeza. Agrega que las afirmaciones hechas por la accionante son falsas, toda vez que existen documentos y personas que pueden atestiguar que se trataba de una funcionaria que no cumplía cabalmente con su deber. Afirma que la actora sabía que el fin de semana en que ocurrió el incidente que dio lugar a la declaratoria de insubsistencia se encontraba como disponible, lo cual, de acuerdo con la Resolución Ministerial No. 11632, la obligaba a atender cualquier llamado que se le hiciera. Sostiene también que el perjuicio que se le ha podido causar es producto del incumplimiento en sus deberes. - Declaración de la señora María del Rosario Motta Escalante. La peticionaria, además de ratificar los hechos expuestos en su demanda, afirmó que no era cierto que se hubiese ausentado de su trabajo; afirma que esos días en que no laboró se encontraba haciendo uso de los llamados "días compensatorios" a que tenía derecho. - Copia del oficio de fecha 21 de noviembre de 1994, suscrita por el doctor Julio Cesar Millán Villa, dirigida al doctor Abner Lozano. En dicho oficio, el doctor Millán pone en conocimiento del coordinador de urgencias del hospital regional de Pitalito el incidente ocurrido el día 20 de noviembre de 1994, cuando siendo la una de la mañana llamó a la enfermera María del Rosario Motta con el fin de que se hiciera presente en el centro médico, para que practicara un electrocardiograma, ante lo cual dicha enfermera se negó aduciendo que padecía de dolor de cabeza. "Es mi criterio -se lee en el oficio en comento- que este tipo de actitud denota franca negligencia por parte de la funcionaria, pues en el evento de que fuera cierta su excusa, lo más correcto debía ser comunicarse con el médico de turno, explicándole sus inconvenientes y solicitando el favor de tomar el E.C.G. Deseo que este tipo de comportamiento se sancione adecuadamente, pues si permitimos que se sigan presentando, lo único que lograremos es que los funcionarios que tratan de cumplir a cabalidad sus labores se desmotiven a seguir haciéndolo." - Copia del oficio de fecha 15 de diciembre de 1994, dirigida a la peticionaria y suscrita por Amanda Lucero Ordóñez, enfermera coordinadora regional. En el citado oficio, la enfermera coordinadora regional le informa a la peticionaria que, habiendo recibido su respuesta al oficio mediante el cual se le solicitó explicación por el incumplimiento a su turno de disponibilidad los días 3 y 4 de diciembre, y su ausencia en su trabajo el día 5 de diciembre de 1994, su excusa es inaceptable y su conducta es contraria a las normas y reglamentos del hospital, ante lo cual le hizo un llamado de atención ya que dichos hechos se constituyen en una causal de investigación disciplinaria. - Copia del oficio de fecha 28 de diciembre de 1994, suscrita por la enfermera coordinadora regional, dirigida a la doctora Rubiela Lozano Esteban, coordinadora técnica del Hospital Regional de Pitalito. A través del escrito en comento, la enfermera coordinadora regional informó a la coordinadora técnica del hospital regional de Pitalito que los días 27 y 28 de diciembre de 1994 la enfermera María del Rosario Motta Escalante no se presentó a su trabajo, sin la debida autorización. Además, afirma que "en Administración no aparece AP 1 autorizando la ausencia de dicha funcionaria. Le pregunté al doctor Leonel Jávela, coordinador de pediatría, y el me dijo que ella le había pedido permiso el 23 de diciembre el la fiesta que se hizo en Punto Verde; el doctor le preguntó si estaba autorizada por la jefe de enfermería y ella le dijo que no lo había encontrado para dicha autorización por lo tanto él le concedió el permiso." - Copia del oficio de fecha 20 de enero de 1995, suscrito por el director del Hospital Regional de Pitalito. A través del citado oficio, el director del hospital le solicitó a la peticionaria que "a la mayor brevedad posible me envíe por escrito las razones que justificaron su desacato a las órdenes impartidas por mi, el 14 de enero de 1995, donde se le solicitó se desplazara a la ciudad de Neiva, como enfermera acompañante del paciente hijo de Ana Murcia, remitido delicado de salud al Hospital General de Neiva, a las 9:30 p.m. Debo agregar además, su forma altanera y grosera como me respondió, faltándome al respeto como Director de la Institución." - Carta de fecha 23 de enero de 1995, suscrita por la señora María del Rosario Motta Escalante, dirigida al director del Hospital Regional de Pitalito. Dando respuesta a las explicaciones solicitadas por el director del hospital, la peticionaria afirmó que el desacato a sus órdenes se debió a que la noche del 14 de enero de 1995 no contaba con una persona que se hiciera cargo del cuidado de su hijo menor de edad. Además anotó que "como es de su saber nosotras las enfermeras no contamos con la preparación profesional suficiente para atender casos de emergencia, los cuales se preveían que pasará con el niño, como es complicaciones con un paro respiratorio (sic)." Además de manifestar que tenía entendido que para ese tipo de casos se debe contar con la intervención del médico disponible, manifestó que "aclarando el equívoco concepto acerca de ud. creer que mi forma fue altanera y grosera, considero que en ningún momento falte a su respeto ya que no soy una persona que se caracteriza por esos actos". La mencionada carta fue recibida el día 27 de enero de 1995 en la dirección general del hospital regional de Pitalito. - Copia del oficio de 27 de enero de 1995, suscrito por el directos del hospital regional de Pitalito, mediante el cual el director del hospital le informó a la peticionaria que, mediante resolución 0046 del 26 de enero de 1995, había sido declarada insubsistente en su cargo. - Copia de la resolución 0046 del 26 de enero de 1995, mediante la cual el director del hospital regional de Pitalito,  haciendo uso de las atribuciones que le confiere la ley 10 de 1990, declaró insubsistente a la enfermera María del Rosario Motta Escalante, a partir del 25 de enero de 1995. - Copias de las cartas de fecha 27 de enero y 8 de febrero de 1995, mediante las cuales varios funcionarios del hospital regional de Pitalito manifiestan que la enfermera María del Rosario Motta Escalante cumplía en forma eficiente, responsable y cumplida su trabajo, y además solicitan su reintegro, con el fin de que pueda terminar con su servicio social obligatorio. - Declaración de Nohra Liliana Montañez. La declarante, quien manifestó ser médica del hospital referido, afirmó que presenció el incidente ocurrido entre la peticionaria y el director del centro médico, y que, a su juicio, la actitud de la enfermera Motta Escalante fue inapropiada y descortés; además manifestó que dicho comportamiento es motivo suficiente para decretar el retiro de la funcionaria, "porque en estos casos se esta jugando con la vida del paciente". Es de anotar que el juzgado del conocimiento recibió otros testimonios de varios funcionarios del hospital regional de Pitalito, los cuales expresaron sus opiniones subjetivas acerca de los hechos de la presente acción de tutela. 2. Fallo de primera instancia. Mediante providencia de fecha catorce (14) de febrero de 1995, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito (Huila), resolvió "ORDENAR el restablecimiento inmediato de los siguientes preceptos fundamentales: de los fines esenciales del Estado (Art. 2o. C.N.). El trabajo como derecho y obligación del Estado (Art. 25 C.N.), la exigencia de títulos de idoneidad para el ejercicio de profesiones y oficios (Art. 26 C.N.), el derecho al debido proceso (Art. 29 C.N), la igualdad de oportunidades de los trabajadores, la remuneración proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, la estabilidad del empleo y las irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales (Art. 53 C.N.)." En virtud de lo anterior, el a-quo dispuso que, dentro del término de cuarenta y ocho horas, el director del hospital regional de Pitalito reintegrara a la enfermera María del Rosario Motta Escalante, por el término de seis (6) días, con el fin de que culmine su servicio social obligatorio, y que una vez ocurriera esto, expidiera la certificación de prestación de servicios. Luego de un análisis del acervo probatorio el Juez Primero Penal de Pitalito consideró que si bien es cierto que la peticionaria ha incurrido en algunas faltas en su trabajo, lo procedente era adelantar un proceso de tipo disciplinario, en el cual se escucharan los descargos de la funcionaria, se practicaran las pruebas pertinentes, para luego adoptar la sanción a que hubiere lugar. "En el presente caso -se lee en el fallo en comento- no se agotó el procedimiento disciplinario correspondiente. Pero más que eso. La declaratoria de insubsistencia es inmotivada, Lo que refleja un notorio desconocimiento de los procedimientos jurídicos que son aplicables a este tipo de conductas." 3. Impugnación. Mediante memorial de fecha 17 de febrero de 1995, el director del hospital regional de Pitalito impugnó el fallo de fecha 14 de febrero de 1995, con fundamento en los argumentos que a continuación se resumen: Afirma el impugnante que la señora María del Rosario Motta es una funcionaria de libre nombramiento y remoción, y por tanto, al declarar su insubsistencia, simplemente hizo uso de la facultad discrecional contenida en el artículo 26 del Decreto 2400 de 1968, que le permite obrar en tal sentido sin motivar su providencia. Así, afirma que "la insubsistencia de un nombramiento ordinario o provisional puede hacerse libremente y sin motivación. Los actos administrativos discrecionales dictados para declarar la insubsistencia de un nombramiento, no son causables ante la jurisdicción contencioso- administrativa por falta de motivación, ya que la ley faculta al nominador para no motivarlos." De otra parte el funcionario considera que en el presente caso la acción de tutela resulta improcedente, ya que la peticionaria puede acudir ante la jurisdicción contencioso - administrativa para solicitar la nulidad de la resolución mediante la cual se le declaró insubsistente en su cargo, y si es del caso, puede solicitar la suspensión provisional del referido acto administrativo. 4. Segunda instancia Mediante auto de fecha primero (1o.) de marzo de 1995, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva ordenó oficiar a la Secretaría de Salud Departamental del Huila para que informara sobre el tipo de empleado que es una  enfermera vinculada a dicha entidad para prestar el servicio social obligatorio, e indicara el régimen disciplinario aplicable a este tipo de funcionarios. Atendiendo la anterior petición, la Secretaría Departamental de Salud del Huila, mediante oficio de fecha 2 de marzo de 1995, informó que "el personal de enfermeras vinculado a los diferentes Hospitales del Departamento o Entidades de Salud, para la prestación del servicio social obligatorio, son empleados públicos nombrados por un período determinado, sujetos al mismo régimen disciplinario aplicable a los demás empleados de la Institución en que labora. (Ley 13 de 1984)." 5. Fallo de segunda instancia Mediante providencia de fecha veintiocho (28) de marzo de 1995, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva resolvió revocar el fallo proferido por el a-quo, y en su lugar rechazó por improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora María del Rosario Motta Escalante. El ad-quem consideró que la peticionaria cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para la defensa de sus derechos presuntamente vulnerados, cual es acudir a la justicia contencioso administrativa, si considera que la declaratoria de insubsistencia fue expedida en forma irregular o ilegal, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y que dentro del respectivo proceso puede solicitar la suspensión provisional del acto, si considera que su aplicación le puede causar un perjuicio irremediable. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución Política y 31 a 36 del decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia. 2. Prueba decretada por la Sala Novena de Revisión. Mediante auto de fecha nueve (9) de agosto de 1995, la Sala Novena de Revisión de esta Corporación ordenó que se oficiara al director general del hospital regional de Pitalito (Huila), para que informara si dicho hospital había expedido certificado alguno, que acreditara que la enfermera María del Rosario Motta Escalante ha cumplido con el tiempo de servicio social obligatorio. Dando cumplimiento a lo anterior, el director del mencionado hospital remitió copia del certificado de fecha catorce (14) de agosto del año en curso, que acredita que la actora cumplió con su servicio social obligatorio de seis meses. Igualmente, el funcionario remitió el oficio G-232 de 18 de agosto de 1995, en el cual afirma que, dando cumplimiento al fallo del juez de primera instancia, mediante resolución 0158 del 15 de febrero de 1995 fue revocada la resolución 0046 del 26 de enero del mismo año y se ordenó el reintegro de la peticionaria a partir del 16 de febrero, en virtud del cual laboró hasta el día 21 de febrero. 3. La materia. 3.1. Improcedencia de la acción de tutela. La Constitución Política de 1991, al consagrar en su artículo 86 la acción de tutela, previó en su inciso tercero lo siguiente: "Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable." En el mismo sentido, el artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, señala las causales de improcedencia de ésta. Así, el numeral primero del citado artículo dispone lo siguiente: "Artículo 6o. Causales de improcedencia de la acción de tutela. La acción de tutela no procederá: "1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante." Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado en forma reiterada que la acción de tutela no es el medio judicial procedente para obtener la satisfacción de una pretensión que bien puede lograrse a través del ejercicio de las acciones ordinarias consagradas en la legislación vigente. De ahí que la doctrina y la jurisprudencia constitucional hayan establecido que la subsidiaridad es una de las principales características de este mecanismo de protección de los derechos fundamentales. En ese orden de ideas, si una persona cuyos derechos fundamentales se encuentran presuntamente vulnerados o amenazados y existen a su alcance las acciones pertinentes para acudir a la justicia ordinaria e invocar su  protección, la acción de tutela debe resultar improcedente. Ahora bien, el único evento en el cual procede dicha acción, a pesar de que el interesado cuente con otros mecanismos de defensa judicial, es cuando se ejerza en forma transitoria, en aras de evitar un perjuicio irremediable. Sin embargo, en este evento la tutela no reemplaza los mecanismos ordinarios de protección de los derechos de los asociados; simplemente suspende un acto o una omisión que viole o amenace los mismos, hasta tanto no haya un pronunciamiento de fondo por parte de los jueces ordinarios. En este sentido, la Corte Constitucional, mediante Sentencia T- 036 de 1994 (M.P. Dr. doctor José Gregorio Hernández), se pronunció en la siguiente forma: "Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria. "La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto.  Tampoco puede afirmarse que sea el último  recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales." 3.2. El caso concreto En el presente caso, la señora María del Rosario Motta Escalante considera que el director del hospital regional de Pitalito (Huila ) ha violado los derechos fundamentales que invoca en la solicitud de tutela, mediante la expedición de la resolución No. 0046 del 26 de enero de 1995,  según la cual fue declarada insubsistente en el cargo de enfermera en servicio social obligatorio. Para la Sala resulta evidente que la pretensión de la actora al ejercitar la presente acción de tutela es dejar sin efectos el mencionado acto administrativo. Como se señaló en el acápite anterior, la acción de tutela resulta improcedente cuando el peticionario cuenta con otros mecanismos de defensa judicial. En el presente asunto, el juez de tutela se encuentra frente a un acto administrativo, amparado por la presunción de legalidad, y ante el cual la persona interesada -la señora Motta Escalante- puede ejercer la acción de nulidad, prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. De igual forma, debe advertirse que tampoco es procedente la presente acción como mecanismo transitorio, ya que no se demostró en el proceso, como tampoco lo observa la Sala, la existencia de un perjuicio irremediable. Para ello debe entenderse que es irremediable, de acuerdo con la jurisprudencia de ésta Corporación (Sentencia No, T-435 de 1994), aquel perjuicio que tiene las características de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad.  En el presente asunto, el hecho de que la actora tenga la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa con el fin de lograr la anulación del acto administrativo mediante el cual presuntamente se le violan sus derechos fundamentales, permite concluír que no se cumplen los elementos determinantes del perjuicio irremediable y, por tanto, no puede tenerse en cuenta dicho perjuicio para admitir la presente acción como mecanismo transitorio; así, la utilización de los mecanismos de defensa judicial al servicio de la interesada, hace que no exista el perjuicio irremediable. Además, dentro de un eventual proceso contencioso- administrativo, la peticionaria tiene la posibilidad de solicitar la suspensión provisional del acto que presuntamente vulnera sus derechos,  con lo cual se desvirtúa también la inminencia del perjuicio. Las anteriores consideraciones servirán de fundamento para confirmar el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante el cual se revocó el fallo de primera instancia, proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito, y en su lugar se denegó por improcedente la presente acción de tutela. Por lo demás, y como si lo anterior no fuese suficiente, aprecia la Sala que en cumplimiento del fallo de primera instancia, la peticionaria fue reintegrada a su cargo de enfermera en el hospital regional de Pitalito, cumplió con el término de servicio social obligatorio y obtuvo la certificación que acredita dicho servicio. Con ello, entonces, se superó el hecho que motivó el presente asunto de tutela, razón por la cual resultaría inocuo cualquier pronunciamiento adicional por parte de esta Sala de Revisión. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión  de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : CONFIRMAR el fallo de fecha veintiocho (28) de marzo de 1995, mediante el cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva resolvió denegar por improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora María del Rosario Motta Escalante en contra del director general del hospital regional de Pitalito (Huila) y se revocó el fallo de primera instancia, proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito. Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado Ponente JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Aclaración de voto a la Sentencia No. T-415/95 PERJUICIO IRREMEDIABLE-Declaración de insubsistencia/DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Declaración de insubsistencia (Aclaración de voto) La decisión de la Sala debió ser la de revocar la sentencia de segunda instancia y confirmar la de primera, que había concedido la tutela, pues en el presente caso se violó el derecho de defensa de la actora al acudirse a la figura de la declaración de insubsistencia del nombramiento en el cargo que ocupaba y no a la destitución, previo el trámite de un proceso disciplinario, con observancia del debido proceso. A pesar de que existía un mecanismo alternativo de defensa judicial, era procedente la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, si se tiene en cuenta el que se le causaba a la demandante al no poder cumplir el tiempo requerido para poder ejercer su profesión, dado que le faltaban 6 días para completarlo. Ref.: Expediente T-69026 Acción de Tutela de María del Rosario Motta Escalante, contra el Director del Hospital Regional de Pitalito (Huila) El suscrito Magistrado considera que no obstante haber votado favorablemente la sentencia proferida dentro del presente proceso, en el sentido de confirmar el falo del 28 de marzo de 1995, mediante el cual la Sal Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva resolvió revocar el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Primero Penal de Pitalito (Huila) y denegar por improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora María del Rosario Motta Escalante en contra del Director General del Hospital Regional de Pitalito, considera necesario aclarar su voto de la siguiente manera: En la primera instancia el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito concedió la tutela, porque consideró que a la demandante se le violaron, entre otros, sus derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad en el empleo y al debido proceso. A juicio del suscrito, la decisión de la Sala debió ser la de revocar la sentencia de segunda instancia y confirmar la de primera, que había concedido la tutela, pues en el presente caso se violó el derecho de defensa de la actora al acudirse a la figura de la declaración de insubsistencia del nombramiento en el cargo que ocupaba y no a la destitución, previo el trámite de un proceso disciplinario, con observancia del debido proceso. A pesar de que existía un mecanismo alternativo de defensa judicial, era procedente la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, si se tiene en cuenta el que se le causaba a la demandante al no poder cumplir el tiempo requerido para poder ejercer su profesión, dado que le faltaban 6 días para completarlo. No obstante, como la tutela concedida en primera instancia permitió a la actora completar el aludido tiempo de servicio, realmente de la confirmación del fallo de segunda instancia por la Sala, sin ordenar que las cosas volvieran al estado anterior, no se derivaba ninguna situación negativa en relación con los derechos fundamentales que le fueron vulnerados a la actora. De ahí, la razón por la cual quien suscribe la presente aclaración hubiera emitido su voto favorable a la decisión. Santafé de Bogotá, D.C. septiembre veinticinco (25) de mil novecientos noventa y cinco (1995). ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado

T-416-95 Sentencia No. T-416/95 Sentencia No. T-416/95 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES/VIA DE HECHO La Corte Constitucional determinó que, excepcionalmente, podría intentarse tal acción cuando se presentara la violación de un derecho fundamental, en tal forma que la actuación del funcionario judicial se convirtiera en una verdadera vía de hecho.  Sólo en esos casos excepcionales sería viable la demanda de tutela. En el presente caso no se presenta esta circunstancia.  Ni en la demanda de tutela ni en el fallo correspondiente se afirma la violación del debido proceso, pero ni siquiera se insinúa. DEBIDO PROCESO-Apreciación de pruebas En principio, la apreciación de las pruebas que haga un juez al fallar, dentro de su competencia, un proceso, pertenece al ámbito de su autonomía y no puede convertirse en causal de la acción de tutela, pues ella nada tiene que ver con la violación del principio del debido proceso.  Excepto, naturalmente, cuando se desconozcan las pruebas válidamente practicadas, y ese desconocimiento implique la violación del derecho de defensa. SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD-Ejecutoria formal/TENENCIA Y CUIDADO PERSONAL DEL NIÑO-Ejecutoria formal Las sentencias que se dictan en esta clase de procesos, sólo causan una ejecutoria formal, mientras subsistan los hechos que las determinaron.  Por esta razón, si en el futuro llegare a presentarse una causal de suspensión o de pérdida de la patria potestad, por hechos posteriores a la sentencia de que se trata, podrá volverse a presentar la correspondiente demanda. Del mismo modo, podrá en el futuro, si existieren causales fundadas, promoverse demanda ante los jueces competentes de la jurisdicción de familia, para que se modifique la decisión adoptada en relación con la custodia y el cuidado personal de los menores. DERECHO AL CUIDADO Y AL AMOR/PERJUICIO IRREMEDIABLE-Inexistencia En el proceso de suspensión de la patria potestad, se da por demostrado el amor que el demandado tiene a sus hijos, lo mismo que los cuidados que les brinda. Si los jueces competentes no encontraron prueba del supuesto abandono de los deberes de padre que justificara la suspensión de la patria potestad, no se ve cómo pueda el juez de tutela desconocer o dejar sin valor sus decisiones. No se ha demostrado que el no confiar la custodia y el cuidado personal de los menores a su abuela materna les cause un perjuicio irremediable.  Por el contrario: el alejarlos del ambiente en que han vivido puede ser benéfico, como lo dijeron los jueces en el proceso de suspensión de la patria potestad, y custodia de tales menores. REF:  Proceso T-67.692 Actora: Rosa María Parra de Martínez Demandados:  Juzgado Promiscuo de Familia de Málaga, Santander, y Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala de Familia. Procedencia:  Tribunal Superior de Bucaramanga. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía. Sentencia aprobada por la Sala Primera de Revisión, a los veinte (20) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), en Santafé de Bogotá. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bucaramanga,  en el proceso de tutela promovido por Rosa María Parra de Martínez contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Málaga, Santander, y el  Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala de Familia. El expediente llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala de Familia, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. I.  Antecedentes. Los antecedentes de la presente acción de tutela son los siguientes: Primero.-  Ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Málaga (Santander), la Defensora Promiscua de Familia del mismo municipio, obrando en representación de los menores impúberes Huberth Javier, Yelly Ximena y Carlos Herney Cáceres Martínez, presentó demanda contra el padre legítimo de los menores citados, Carlos Julio Cáceres, para que se decretara la suspensión de la patria potestad de éste, y se designara a Mariela Martínez Parra como tutora de los mismos menores.  Esta última es tía de los menores.  La demanda se presentó el 18 de noviembre de 1992. Segundo.-  El motivo alegado para demandar la suspensión de la patria potestad del padre, fue el supuesto abandono de sus deberes de tal.  Hay que anotar que la madre de los menores, María del Carmen Martínez de Cáceres, había fallecido el día 25 de octubre de 1992. Tercero.-  Carlos Julio Cáceres, quien ejercía la patria potestad sobre sus hijos, se opuso a las pretensiones de la demanda y afirmó no encontrarse "incurso en la causal de abandono de sus menores hijos". Cuarto.-  Tramitado el proceso, el Juzgado, en sentencia de diez y nueve (19) de octubre de 1994, resolvió "no suspender el ejercicio de la patria potestad que tiene Carlos Julio Cáceres sobre sus menores hijos Huberth Javier, Yelly Ximena y Carlos Herney Cáceres Martínez, por no haberse demostrado los hechos alegados en la demanda y constitutivos del abandono imputado al demandado...". Se dispuso, además, dejar a los menores mencionados bajo la custodia y el cuidado personal de la señora María Gerónima Cáceres Castellanos, hermana de su padre. Quinto.-  La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, en sentencia de fecha 23 de enero de 1995, confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia, al decidir el recurso de apelación interpuesto contra ésta.  Estimó el Tribunal que "la causal de abandono invocada por la accionante para deprecar la suspensión de la patria potestad no se encuentra demostrada".  Encontró acertada, además, la decisión de la juez de primera instancia de encomendar la custodia y el cuidado personal de los menores a su tía paterna María Gerónima Cáceres Castellanos, "quien ha demostrado ser una persona ecuánime, organizada, afectuosa con los menores y no ha puesto ningún reparo en hacerse cargo del cuidado de los citados menores...". Sexto.-  La demanda de tutela. La señora Rosa María Parra de Martínez, madre de María del Carmen Martínez de Cáceres, y abuela de los menores Cáceres Martínez, presentó demanda de tutela para que se suspendieran transitoriamente los efectos de las sentencias del Juzgado Promiscuo de Familia de Málaga y del Tribunal de Bucaramanga que se han mencionado, para tramitar otro proceso de custodia de los menores. La actora dice obrar en defensa de los siguientes derechos de los menores Cáceres Martínez: a)  El derecho a la salud física y psicológica; b)  El derecho a la libre expresión de su opinión; c)  El derecho a tener una familia y no ser separados de ella; d)  El derecho al cuidado y al amor. La demanda se presentó ante la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, contra ésta y contra el Juzgado de Málaga. Séptimo.-  Todos los magistrados de la Sala de Familia del Tribunal de Bucaramanga se declararon impedidos y el trámite del proceso de tutela correspondió a una sala de conjueces. Octavo.-  La demanda de tutela se basa en la crítica de los fallos del Juzgado y del Tribunal, por el aspecto probatorio.  Nada se dice en relación con el quebrantamiento de las reglas del debido proceso. Noveno.-  En sentencia de fecha marzo 22 de 1995, se concedió la tutela demandada, y en consecuencia se suspendieron los efectos de las sentencias referidas, para evitar "un perjuicio irremediable".  Se impuso a "los interesados" la obligación de promover otro proceso de custodia de los menores, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la sentencia del proceso de tutela. Décimo.-  La sentencia no fue impugnada, y llegó a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Décimo primero.-  Como la Sala Primera de Revisión de Tutelas, a la cual correspondió el trámite de la revisión, observara una nulidad saneable, ordenó ponerla en conocimiento de quienes podían alegarla, por auto de fecha junio 1o. de 1995.  Puesta en conocimiento, nadie la alegó, y, en consecuencia, se convalidó lo actuado. II.  Consideraciones. Procede la Corte Constitucional a dictar la decisión correspondiente a este asunto, previas las siguientes consideraciones. a)  La tutela contra sentencias:  cuándo procede excepcionalmente. Al declarar inexequible el artículo 40 del decreto 2591 de 1991, que permitía la acción de tutela contra "las sentencias y las demás providencias judiciales que pongan término a un proceso", la Corte Constitucional determinó que, excepcionalmente, podría intentarse tal acción cuando se presentara la violación de un derecho fundamental, en tal forma que la actuación del funcionario judicial se convirtiera en una verdadera vía de hecho.  Sólo en esos casos excepcionales sería viable la demanda de tutela. En el presente caso no se presenta esta circunstancia.  Ni en la demanda de tutela ni en el fallo correspondiente se afirma la violación del debido proceso, pero ni siquiera se insinúa. Todo se reduce a que el juez de tutela, es decir, la Sala de Familia del Tribunal de Bucaramanga, integrada por conjueces, ha apreciado las pruebas y llegado a una conclusión diferente de los jueces de primera y segunda instancia en el proceso de suspensión de la patria potestad. Es claro que, en principio, la apreciación de las pruebas que haga un juez al fallar, dentro de su competencia, un proceso, pertenece al ámbito de su autonomía y no puede convertirse en causal de la acción de tutela, pues ella nada tiene que ver con la violación del principio del debido proceso.  Excepto, naturalmente, cuando se desconozcan las pruebas válidamente practicadas, y ese desconocimiento implique la violación del derecho de defensa. Por este aspecto, en consecuencia, no está llamada a prosperar la demanda de tutela. A todo lo cual hay que agregar que las sentencias que se dictan en esta clase de procesos, sólo causan una ejecutoria formal, mientras subsistan los hechos que las determinaron.  Por esta razón, si en el futuro llegare a presentarse una causal de suspensión o de pérdida de la patria potestad, por hechos posteriores a la sentencia de que se trata, podrá volverse a presentar la correspondiente demanda. Del mismo modo, podrá en el futuro, si existieren causales fundadas, promoverse demanda ante los jueces competentes de la jurisdicción de familia, para que se modifique la decisión adoptada en relación con la custodia y el cuidado personal de los menores. b)  Inexistencia de un perjuicio irremediable. La existencia del supuesto perjuicio irremediable, se basa, tanto en la demanda de tutela como en la sentencia, en consideraciones relativas al posible bienestar de los menores Cáceres Martínez.  Pero no se ha demostrado que su padre los abandonara, o que los hiciera víctimas de malos tratos. También aquí la sentencia se basa en una diferente valoración de la prueba.  En el fallo de primera instancia, en el proceso de suspensión de la patria potestad, se da por demostrado el amor que Carlos Julio Cáceres tiene a sus hijos, lo mismo que los cuidados que les brinda.  Apreciación que compartió el Tribunal Superior de Bucaramanga al fallar en segunda instancia. En síntesis:  si los jueces competentes no encontraron prueba del supuesto abandono de los deberes de padre que justificara la suspensión de la patria potestad, no se ve cómo pueda el juez de tutela desconocer o dejar sin valor sus decisiones. Además, no queda duda en cuanto a la sensatez de los motivos aducidos en las sentencias de primera y segunda instancia, para confiar la custodia y el cuidado personal de los menores a la señora María Gerónima Cáceres Castellanos, hermana de su padre, quien vive en la ciudad de Cúcuta y ha manifestado su deseo de "atender y cuidar" a los menores.  Además, en el fallo se tiene en cuenta la conveniencia de que los menores vivan alejados del municipio de Concepción, para librarlos de las consecuencias nocivas de las disputas entre su padre y la familia de su madre. En conclusión:  no se ha demostrado que el no confiar la custodia y el cuidado personal de los menores a su abuela materna les cause un perjuicio irremediable.  Por el contrario: el alejarlos del ambiente en que han vivido puede ser benéfico, como lo dijeron los jueces en el proceso de suspensión de la patria potestad, y custodia de tales menores. c.) Intervención de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para garantizar, en lo posible, el bienestar de los menores Cáceres Martínez, se enviará copia de esta providencia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que adopte las medidas que crea necesarias. III.-  Decisión. Con base en lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.-  Revocar íntegramente la sentencia dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, con fecha marzo 22 de 1995, en el proceso de tutela promovido por Rosa María Parra de Martínez, contra sentencias dictadas por el Juzgado Promiscuo de Familia de Málaga y la Sala de Familia del Tribunal de Bucaramanga, de fechas 19 de octubre de 1994 y 23 de enero de 1995, respectivamente.  En su lugar, DENEGAR la tutela demandada por Rosa María Parra de Martínez contra las sentencias últimamente mencionadas. Segundo.- Por Secretaria General, ENVÍESE copia de esta sentencia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, I.C.B.F. Tercero.- COMUNÍQUESE la presente sentencia al Tribunal Superior de Bucaramana, Sala de Familia,  para que sea notificada a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-417-95 Sentencia No. T-417/95 Sentencia No. T-417/95 SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO-Resolución de solicitudes/DERECHO DE PETICION-Proyecto de resolución El silencio administrativo negativo no es respuesta adecuada para el derecho de petición; y ya ha habido pronunciamiento de esta Sala de Revisión respecto a que un proyecto de resolución tampoco es la forma de contestar al derecho de petición. Aún cuando a la solicitud elevada por el demandante se le impartió trámite a punto tal de existir un proyecto de resolución, no resulta acertado que, con base en ello, se dieran por satisfechas las exigencias del derecho. La respuesta, para que sea tal, debe ponerse en conocimiento del solicitante, de lo contrario, la administración patrocina la incertidumbre del administrado, con notable menoscabo de los principios de eficacia, economía, celeridad y publicidad. DERECHO DE PETICION-Pronta resolución El silencio administrativo negativo y el anuncio de existir proyecto de respuesta, no constituyen satisfactoriamente la PRONTA RESOLUCION. Por lo tanto, la violación del derecho fundamental ha ocurrido y debe ordenarse que, si la Caja Nacional de Previsión no lo ha hecho, se responda mediante la vía adecuada, a saber, expidiéndose la correspondiente Resolución, en los términos previstos por los procedimiento respectivos. REF: Expedientes Nº 71801 Peticionario: Andrés Garzón Procedencia: Juzgado Sexto Laboral de Santafé de Bogotá. Temas: -Derecho de Petición. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá , D.C., septiembre veinte (20) de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con El número de radicación T-71801 adelantado por Andrés Garzón. I. ANTECEDENTES A. Solicitud. Andrés Garzón, por intermedio de apoderado interpuso acción de tutela contra la Caja Nacional de Previsión para que le resuelvan su petición de reliquidación pensional. B. Sentencia de única instancia. La Juez 6ª Laboral de Santafé de Bogotá, en sentencia de 15 de mayo de 1995, denegó la acción de tutela y dijo: "Puede entonces el interesado, ocurrir en acción contenciosa-administrativa, para obtener la declaración de nulidad del acto administrativo negativo-presunto- contenido en el silencio administrativo....." C- Información dada por la Caja Nacional de Previsión. El Coordinador de asuntos judiciales indica: -Que ya hay un proyecto de resolución. -Que ese proyecto pasó a revisión, -"Que debido al cúmulo de solicitudes no había sido posible resolver la petición del accionante". II. FUNDAMENTOS JURIDICOS A. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2ª y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. B. Temas jurídicos. Ha sido jurisprudencia de la Corte Constitucional que el silencio administrativo negativo no es respuesta adecuada para el derecho de petición; y ya ha habido pronunciamiento de esta Sala Séptima de Revisión respecto a que un proyecto de resolución tampoco es la forma de contestar al derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la C.P. Es por ello que se reiterará jurisprudencia y, consecuencialmente, se revocará la sentencia que se revisa. Se repite, entonces, lo ya dicho en la sentencia de esta Sala, T-372/95: "Es abundante la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha producido acerca del derecho contemplado en el artículo 23 de la Carta Política. Para la solución del caso que ocupa la atención de la Sala, basta, en esta oportunidad, reiterar los criterios vertidos en la sentencia Nº 187 de 1995: ".... diversas Salas de Revisión de la Corte Constitucional han señalado, con toda claridad, que el derecho de petición no agota su contenido en la simple posibilidad de dirigirse a las autoridades públicas, en interés particular o general, sino que, adicionalmente, implica la obtención de una resolución que, según los términos de la Carta, debe ser pronta.... De acuerdo con la doctrina constitucional expuesta por la Corte, el derecho de petición "se concreta en dos momentos sucesivos, ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la solicitud: el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso de la persona a la administración para que ésta considere el asunto que se le plantea, y el de la respuesta, cuyo sentido trasciende el campo de la simple adopción de decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante. A la prontitud en atender las peticiones, que la norma constitucional contempla, se suma la ineludible resolución que entraña arribar a una respuesta que, de manera efectiva, aborde el fondo de lo demandado a la autoridad pública, en forma tal que corresponda a una verdadera solución, positiva o negativa, del respectivo asunto. Esta Corte ha puntualizado que el derecho contemplado en el artículo 23 superior "no tendría sentido si se entendiera que la autoridad ante quien se presenta una solicitud respetuosa cumple su obligación notificando o comunicando una respuesta apenas formal en la que no se resuelva sobre el asunto planteado. El derecho de petición lleva implícito un concepto de decisión material, real y verdadero, no apenas aparente. Por tanto, se viola cuando, a pesar de la oportunidad de la respuesta, en ésta se alude a temas diferentes de los planteados o se evade la determinación que el funcionario deba adoptar." Ahora bien, cuando quiera que resulte imposible contar con una decisión dentro de un término razonable no es el silencio actitud que contribuya a la observancia del derecho; para que éste resulte respetado la autoridad debe informar, oportunamente, de esa circunstancia al peticionario haciéndole saber de las dificultades presentadas y, en todo caso, indicándole el momento en que tomará la decisión pertinente o requiriéndole el momento en que tomará la decisión pertinente o requiriéndolo para que aclare o complete la solicitud o cumpla las exigencias legales del caso. Aún cuando a la solicitud elevada por el señor Andrés Garzón se le impartió trámite a punto tal de existir un proyecto de resolución, no resulta acertado que, con base en ello, se dieran por satisfechas las exigencias del derecho que el Constituyente plasmó en el artículo 23 superior. La respuesta, para que sea tal, debe ponerse en conocimiento del solicitante, de lo contrario, la administración patrocina la incertidumbre del administrado, con notable menoscabo de los principios de eficacia, economía, celeridad y publicidad, que, de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política, guían el desarrollo de la función administrativa. En un caso similar al revisado, la Corte dijo: "El examen de los expedientes demuestra fehacientemente que el FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL FAVIDI impartió trámite a las peticiones presentadas y en cada uno de los casos elaboró la liquidación correspondiente, así como la orden de pago de las sumas reconocidas por concepto de auxilio de cesantía, en favor de los peticionarios.  Sin embargo, no basta que la administración se ocupe de atender las solicitudes que ante ella se presentan para que por esa sola circunstancia se entiendan satisfechos los requerimientos propios del derecho de petición. Es evidente que la Administración se encuentra en el deber de resolver, esto es, de tomar una posición de fondo acerca del tema planteado, pero debe hacerlo dentro de los términos que la ley le señala y además tiene que enterar al administrado de esa decisión final, positiva o negativa, favorable o desfavorable a los intereses del particular.  No puede entonces la administración convertirse en una instancia inexpugnable, infranqueable o inescrutable porque la regla general que debe guiar su actuación en los estados de derecho como el nuestro es la publicidad de las actuaciones y no el secreto o la reserva acerca de las mismas; el silencio ante los requerimientos del interesado no se acomoda a las exigencias mínimas del respeto a la dignidad humana, ni a la observancia del derecho de petición y contradice los principios de igualdad, eficacia, economía, celeridad y sobre todo publicidad, con base en los cuales se desarrolla la función administrativa. Ese sometimiento del administrado a la incertidumbre sobre su derecho vulnera las garantías mínimas de quien acude a la administración en procura de una pronta resolución de las peticiones presentadas....". En el presente caso, el silencio administrativo negativo y el anuncio de existir proyecto de respuesta, no constituyen satisfactoriamente la PRONTA RESOLUCION de que habla el artículo 23 de la Constitución Política. Por lo tanto, la violación del derecho fundamental ha ocurrido y debe ordenarse que, si la Caja Nacional de Previsión no lo ha hecho, se responda mediante la vía adecuada, a saber, expidiéndose la correspondiente Resolución, en los términos previstos por los procedimiento respectivos. En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 15 de mayo de 1995, proferida por la Juzgado 6º Laboral del Circuito de Santa fe de Bogotá, en la acción de tutela de la referencia. SEGUNDO: Conceder la tutela impetrada por Andrés Garzón y ORDENAR que la Caja Nacional de Previsión Social, en el término de 6 días, si antes no lo ha hecho, de respuesta a la solicitud de Andrés Garzón, profiriendo Resolución referente al reajuste de pensión. TERCERO: Para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 el Juzgado de Primera Instancia hará las notificaciones y adoptará las decisiones necesarias. Cópiese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA. Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-424-95 Sentencia No. T-424/95 Sentencia T-424/95 SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Efectos Los fallos que dicte la Corte en ejercicio del control constitucional, cuyos efectos además puede determinar, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, en forma absoluta e irreversible, y ninguna autoridad puede reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsista en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución. ACCION DE TUTELA-Juez competente/JURISDICCION CONSTITUCIONAL EN TUTELA El conocimiento de las acciones de tutela corresponde a todos los jueces de la República, con observancia del principio de la doble instancia, y que éstos integran una particular jurisdicción constitucional desde el punto de vista material, sin que ello implique suspensión o ruptura de su relación con la jurisdicción a la cual cada uno de ellos están orgánica y funcionalmente vinculados de manera originaria, pues la intención del Constituyente no fue la de establecer una nueva estructura burocrática como soporte material y jurídico de la jurisdicción constitucional instituida para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales, sino aprovechar la infraestructura judicial existente. REVISION FALLO DE TUTELA-Discrecionalidad/SALA DE SELECCION DE TUTELA La Corte tiene la facultad discrecional de decidir acerca de la revisión de un fallo de tutela. La Corte no está obligada a realizar la revisión, pues ésta procede conforme a criterios elaborados según su leal saber y entender, que obviamente tienen en cuenta el valor de la justicia y la relevancia e importancia del asunto para la doctrina y la jurisprudencia constitucionales. La decisión del Tribunal ignora las normas de orden constitucional, legal y reglamentario, según las cuales la decisión de revisión del fallo de tutela pertenece a la competencia discrecional de aquélla. Por consiguiente, ni la petición de un Magistrado ni la del Defensor del Pueblo para que se revise un proceso de tutela obliga a la Sala de Selección, la cual autónomamente decide "sin motivación expresa y según su criterio". REVISION FALLO DE TUTELA-Improcedencia del derecho de petición En las actuaciones relativas a la revisión de tutelas no cabe el derecho de petición en cabeza de los interesados, pues ellas tienen un trámite constitucional, legal y reglamentario propio, aparte de que ninguna norma ha consagrado ni expresa ni tácitamente la realización de un acto procesal de esta naturaleza, ni mucho menos ha señalado reglas para su tramitación.  Tampoco es de recibo la orden que se imparte acerca de la decisión sobre la insistencia del defensor del Pueblo, porque ésta fue resuelta oportunamente de manera negativa mediante la providencia a que antes se hizo referencia. Cuando la sentencia señala al Presidente de la Corporación y a los aludidos Magistrados como los responsables directos de su ejecución, el Tribunal desconoce que aquél tiene unas funciones detalladas en el reglamento, entre las cuales no se encuentra la de tramitar ni de decidir peticiones de revisión de tutela de ninguno de los interesados, y que dichos Magistrados en la actualidad ya no hacen parte de la Sala de Selección de Tutelas, porque la labor de escogencia de los fallos para revisión es una labor eminentemente temporal. Por lo tanto, aun cuando fuera admisible lo ordenado en la sentencia del Tribunal, ello no podría ser cumplido y, por consiguiente, de antemano se colocaría a los destinatarios de la decisión en una posición de rebeldía o de desacato. SALA DE SELECCIÓN DE TUTELA-Naturaleza de su decisión/ACTO JURISDICCIONAL Se equivoca manifiestamente el Tribunal cuando califica como administrativas las actuaciones que la Corte realiza en ejercicio de la función constitucional de adoptar una determinación sobre la revisión de un fallo dentro de un proceso de tutela. En efecto, la negativa a la revisión constituye indudablemente una decisión jurisdiccional, en cuanto clausura una etapa procesal como es la posibilidad de una nueva decisión jurisdiccional, esto es, el respectivo fallo que la Corte debe pronunciar en el evento de que se decida por la revisión, y produce una situación de certeza con respecto a lo decidido en las instancias. La actividad de la Corte Constitucional es por esencia jurisdiccional, salvo en las actuaciones atinentes al nombramiento y remoción de personal y a lo que concierne con la organización y su funcionamiento interno. Es más, la decisión de no revisar un fallo de tutela, es desde el punto de vista constitucional una decisión jurisdiccional, si nos atenemos estrictamente a los mandatos de los artículos 86, inciso 2o y 241-9 de la Constitución que orgánica y funcionalmente adscriben a la Corte Constitucional la competencia para ordenar la revisión eventual de las sentencias de tutela. ACCION DE TUTELA CONTRA LA CORTE CONSTITUCIONAL Referencia: expediente T- 81489. Peticionario: Tutela de Alfonso José Antonio Juan Domingo Olaya Román contra la Corte Constitucional. PROCEDENCIA: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. TEMA: Improcedencia de la tutela contra las actuaciones de la Corte Constitucional relativas a la revisión de fallos de tutelas. Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL. Aprobada en Santafé de Bogotá D.C. a los veintiseis (26) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el proceso de la acción de tutela instaurada por el señor Alfonso José Antonio Juan Domingo Olaya Román contra la Sala de Selección número Uno de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa y Jorge Arango Mejía, con fundamento en la competencia que le asignan los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991. I. ANTECEDENTES. 1. La petición de tutela y los hechos. Alfonso José Antonio Juan Domingo Olaya Román promovió acción de tutela contra la Corte Constitucional, con el fin de obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales a la igualdad y de petición consagrados, en su orden, en los artículos 13 y 23 de la Constitución, impetrando de la autoridad judicial la decisión de que con base en la petición que elevó el 1o. de junio de 1995, se obligue a la Corte Constitucional a estudiar dicha petición "y decidir si decreta la revisión de la tutela que desde diciembre 14 de 1994 solicitó el Defensor del Pueblo en su oficio DRA 658". Los hechos que motivaron la referida acción se resumen así: a) Mediante escrito del 1o. de junio del año en curso el peticionario, en ejercicio del derecho de petición consagrado en el art. 23 de la Constitución Nacional solicitó "al Presidente y Sala Plena de la Corte Constitucional" la revisión de una acción de tutela que promovió y que fue fallada desfavorablemente por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá-Sala Penal, en primera instancia y por la Corte Suprema de Justicia-Sala Penal, en segunda instancia. b) Afirma el peticionario que su petición no fue estudiada ni decidida ni por el Presidente de la Corte Constitucional ni por los Magistrados que integran la Sala Plena, pero que recibió de la Secretaría General de la Corte Constitucional la información de que dicha tutela había sido excluida de revisión en uso de la facultad discrecional que posee dicha Corporación, desconociéndose el hecho de que la Defensoría del Pueblo, según oficio DRA 658 de diciembre 14 de 1994, en ejercicio de la facultad legal de insistir solicitó la revisión de la tutela, sin que hubiera mediado decisión con respecto a la petición de dicha Defensoría. c) A juicio del peticionario, "...debe la Corte estudiar mi solicitud y decidir si procede a la Revisión solicitada por la Defensoría del Pueblo en su oficio de Dic. 14/94, teniendo en cuenta que una es la facultad descresional (sic) a que alude la Secretaría de la Corte en su oficio PS- 091-95 de junio del año en curso, y otra la solicitud de revisión hecha por un Magistrado o por la Defensoría del Pueblo, que se me ocurre impone la obligación de hacerla" 2. Fallo de primera instancia. El Juzgado 20 Civil del Circuito mediante sentencia del 8 de agosto de 1995 resolvió denegar la acción de tutela, porque consideró que no se reunían los requisitos que para su procedencia señalan los arts. 86 de la Constitución y 6o. del Decreto 2591 de 1991 y, además, porque la Corte Constitucional goza de un absoluto poder discrecional para determinar si revisa o no un proceso de tutela. Dijo en lo pertinente el juzgado: "...vale la pena advertir que la ley procesal que rige el trámite de la tutela, ha consagrado un absoluto arbitrio a esa alta Corporación, como máximo Juez en materia de tutela, para que una vez se allegue un proceso o trámite de tutela, vea la necesidad de seleccionar un caso como revisable, cosa que deberá hacer, una vez examine la importancia del caso y cuando vea el trámite de rigor que se haya adelantado. Si ve que el caso amerita un examen riguroso, porque dada su naturaleza sirve de parámetros en casos similares o cuando ve alguna falta de procedimiento o de interpretación en los juzgadores de instancia, procederá entonces a seleccionar el caso como revisable, si eso no sucede, si no se presentan los lineamientos anteriores, tiene la Corte la potestad de no seleccionar el caso para su revisión". (...) "En este caso, no vemos cómo la conducta de la Corte Constitucional caiga dentro del calificativo de arbitrario o injusto, si tenemos que es la misma ley la que faculta a esa Corporación de que a buen criterio seleccione un caso para revisión, sin que esté atado a las sugerencias o peticiones que ante élla se presenten, bien sea por la Defensoría del Pueblo o el particular accionante mismo, tal como parece ser que ocurrió en el presente caso". 3. Fallo de segunda instancia. El Tribunal Superior de Santafé de Bogotá -Sala Civil, mediante sentencia de septiembre 19 de 1995, notificada las partes el día 21 de septiembre de 1995,  resolvió, en lo pertinente, lo siguiente: "1. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Veinte Civil del Circuito dentro del asunto de la referencia". "2. TUTELAR, en favor de ALFONSO JOSE ANTONIO JUAN DOMINGO OLAYA ROMAN identificado con la C. de C. No. 19.065.422 de Bogotá, el derecho constitucional fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política" "3. ORDENAR al Presidente de la H. Corte Constitucional, Doctor JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, y a los H. Magistrados VLADIMIRO NARANJO MESA y JORGE ARANGO MEJIA integrantes de la Sala de Selección Número Uno de la misma Corte que, dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo, resuelvan de manera concreta y expresa la petición elevada por el Señor OLAYA ROMAN el 1 de junio de 1995, y la insistencia de revisión presentada por el Defensor del Pueblo, respectivamente , en relación con la Tutela allí radica con el No. 51758, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia". Para adoptar su decisión el Tribunal adujo las siguientes razones: "1.2. Así entonces, puede ser sujeto pasivo de la acción de tutela cualquier autoridad pública, sin consideración a distingos de la Rama del Poder a la que pertenezca, ni el nivel jerárquico que, dentro de su estructura piramidal, ocupe; pues estando instituidas las autoridades de la República, para proteger a todas las personas y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado (art. 2 C.P.) sus actuaciones u omisiones son susceptibles de ser cuestionadas por vía de tutela". "1.2.1. En tratándose de Autoridades Judiciales, debe distinguirse que ellas actúan en el ámbito jurídico, de dos claras y diferenciadas maneras: Una, dentro de la función ontológica que, constitucionalmente, les corresponde como responsables de la administración de justicia que, la Soberanía del Estado, bajo el concepto de Jurisdicción en ellas ha residenciado, cuyas actuaciones están revistadas (sic) del carácter de providencias judiciales. Y otra, desplegada fuera de la órbita de los procesos jurisdiccionales que, como agentes de la administración, ejecutan con carácter instrumental a la función constitucional que cumplen, y cuyo desenvolvimiento está determinada por el régimen administrativo": "1.2.1.1. En tratándose de las primeras, reiteradamente, la Jurisdicción Constitucional ha dicho, que dichas actuaciones, por tener el carácter de decisiones judiciales y dada la autonomía con que deben actuar los funcionarios encargados de proferirlas, no pueden otros jueces, en sede tutela, impartirles órdenes a menos que, por contener protuberantes errores, sólo tengan de providencia judicial su aspecto formal o apariencia". "1.2.1.2. En cuanto a las actuaciones administrativas desplegadas por dichos funcionarios judiciales, claro es que, como autoridades públicas en general que son, quienes las ejecutan, están sometidas al control constitucional que inspira la acción de tutela, siempre y cuando - desde luego - se cumplan las exigencias previstas en las normas reglamentarias". 2. Visto lo anterior, entiende la Sala que la inconformidad del acá accionante respecto de la H. Corte Constitucional, no se refiere a acción u omisión alguna de esa Corporación, realizada en el ejercicio de su competencia jurisdiccional, sobre la acción de tutela radicada bajo el número T-51758; sino al silencio guardado en relación con la petición por él elevada respecto de la instancia, del Defensor del Pueblo, en ser revisada dicha acción de tutela". En efecto, afirma el impugnante, que la H. Corte Constitucional no ha dado respuesta a su petición de si procede o no la revisión de la tutela T-51578 insistida por el Defensor del Pueblo, mediante escrito de fecha Diciembre 14 de 1994; petición tal que, si bien es cierto, se refiere a dicha acción, el deber de dar contestación a esa petición no corresponde a la órbita jurisdiccional dentro de la que está comprometida la Corte como Juez Constitucional, sino a la que como autoridad pública, en general, tiene y en cuya virtud debe dar pronta respuesta, a riesgo de ser competida por vía de tutela". (....) "3.2 . En cuanto al segundo de los derechos invocados, previstos en la Carta en el artículo 23 y denominado derecho de petición, puntualiza la Sala que, elevada una petición ante autoridad pública, de inmediato surge para ella la obligación correlativa de dar respuesta en el sentido positivo o negativo que legalmente corresponda; respuesta tal, que debe guardar simetría y congruencia con la solicitud presentada, en cuanto tiene la autoridad que resolver respecto de los puntos sometidos a su consideración, no bastando la simple respuesta formal sobre la del pedimento". (....) "4. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, consta que el Señor ALFONSO JOSE OLAYA ROMAN elevó petición al "PRESIDENTE Y SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL" a fin de que se procediera a la revisión de la tutela T-51758, teniendo en cuenta entre otras, la insistencia elevada por el Defensor del Pueblo....". "4.1. Es evidente que la respuesta dada por la Secretaría General de la H. Corte Constitucional, no corresponde a la petición elevada por el señor OLAYA ROMAN, pues aquella se refiere a la no selección que, dentro de la facultad discresional, (sic) corresponde a la Corte por virtud del artículo 33 del Decreto 2591 de 1991; y la petición elevada por el acá accionante hacia referencia a la "insistencia" que hizo el Defensor del Pueblo luego de ser excluida, sobre lo cual nada le fue contestado ni resuelto". (.....) 5. De todo lo anterior, concluye la Sala que, le asiste razón al accionante al reclamar por el derecho constitucional fundamental de petición vulnerado, pues la Presidencia de la H. Corte Constitucional  no le dio respuesta de fondo, clara y precisa, sobre la suerte de la insistencia presentada por el Defensor del Pueblo, ni la Sala de Selección Número Uno se pronunció expresamente sobre la misma, desatendiendo de esa manera, dichas autoridades, la obligación de contestar, de manera concreta, las peticiones que le fueron elevadas....". II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. 1. La Jurisdicción Constitucional. La jurisdicción constitucional ha sido instituida como un mecanismo para asegurar la guarda de la integridad y de la supremacía de la Constitución como norma suprema que, a su vez, es condición de validez de todo el ordenamiento jurídico. Objetivamente, la justicia constitucional comprende el haz de funciones jurisdiccionales organizadas con la finalidad específica de garantizar la defensa de la Constitución y subjetivamente, los diversos órganos a los cuales se han asignado dichas funciones. La Corte Constitucional ha sido erigida como el órgano supremo y límite de la jurisdicción constitucional, al cual orgánica y funcionalmente se le ha confiado la misión de asegurar la integridad y supremacía de la Constitución, con arreglo a las competencias previstas en el art. 241. En tal virtud, los fallos que dicte la Corte en ejercicio del control constitucional, cuyos efectos además puede determinar,[1] hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, en forma absoluta e irreversible, y ninguna autoridad puede reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsista en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución. En diferentes sentencias la Corte Constitucional ha dejado expuesto su criterio en el sentido de que el conocimiento de las acciones de tutela corresponde a todos los jueces de la República, con observancia del principio de la doble instancia, y que éstos integran una particular jurisdicción constitucional desde el punto de vista material, sin que ello implique suspensión o ruptura de su relación con la jurisdicción a la cual cada uno de ellos están orgánica y funcionalmente vinculados de manera originaria, pues la intención del Constituyente no fue la de establecer una nueva estructura burocrática como soporte material y jurídico de la jurisdicción constitucional instituida para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales, sino aprovechar la infraestructura judicial existente. En punto a la problemática relativa a la jurisdicción constitucional la Sala Plena de la Corte mediante auto del 1 de septiembre de 1994[2] expresó lo siguiente: "La Corte considera, de conformidad con la importancia y prioridad que la Constitución otorga a los derechos fundamentales y a la defensa de los mismos, que en la integración de la jurisdicción constitucional de tutela, no existe ningún criterio conforme al cual ésta deba tenerse como inferior a las demás jurisdicciones. En otras palabras, no se ve fundamento alguno para afirmar que los jueces de tutela colaboran con la jurisdicción constitucional sólo desde un punto de vista material, es decir, atinente al contenido mismo de las causas sometidas a su conocimiento. Por el contrario, la misma revisión eventual de todas las decisiones de tutela -facultad privativa de esta Corte-, muestra el surgimiento de una organización judicial nueva que, en lo relativo a la tutela, optó, como suele suceder, por una estructura jerarquizada y un tribunal máximo. Ello, en sentir de la Sala, significa que en esta materia, todos los jueces, como eventuales inferiores jerárquicos de la Corte Constitucional,  también hacen parte de la jurisdicción constitucional orgánica y funcionalmente. Esto es muy claro si se piensa que, dada la libertad de escogimiento del juzgador, en últimas es indiferente que éste sea civil, laboral, penal o contencioso administrativo, pues lo importante es la adecuada y rápida defensa de los derechos fundamentales constitucionales. Lo expuesto se confirma al recordar un evento distinto: el de las providencias en que los jueces de las distintas jurisdicciones declaran excepciones de inconstitucionalidad. Como ellas no son revisables por la Corte Constitucional, no se puede decir que los respectivos jueces sean sus inferiores jerárquicos, y sean integrantes de la jurisdicción constitucional.  Esta diferencia fundamental entre las excepciones de inconstitucionalidad y las decisiones de tutela, es un argumento adicional que permite considerar que tales formas de control constitucional, por su heterogeneidad, pertenecen a jurisdicciones distintas, lo cual reafirma la adscripción de la tutela dentro de la jurisdicción constitucional." 2. El caso en estudio. La providencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, cuya revisión acomete la Sala conforme a lo ordenado por la Sala de Selección número Nueve, tuvo como fundamento la presunta violación por la Corte Constitucional del derecho de petición del señor Alfonso José Antonio Juan Domingo Olaya Román y la decisión negativa frente a la insistencia de revisión del Defensor del Pueblo. - En la sentencia T-334 del 31 de julio de 1995[3], la Corte analizó extensamente la improcedencia del derecho de petición en las actuaciones judiciales, en los siguientes términos: "Ha sido reiterada la jurisprudencia en lo atinente al derecho fundamental de petición, en cuya virtud toda persona puede dirigirse respetuosamente a las autoridades por motivos de interés general o particular, con la certidumbre de obtener un efectivo trámite respecto de sus solicitudes y una pronta resolución." "Con la expresión "autoridades" el Constituyente ha cobijado a quienes, dentro de la estructura del Estado o aun por fuera de ella -mediante habilitación temporal o especial (artículos 116, 123 y 272 C.P., entre otros)-, ejercen funciones públicas de jurisdicción o mando, capaces de afectar con sus determinaciones los intereses de los gobernados." "En cuanto a las autoridades que actúan dentro del aparato estatal como servidores públicos, la  Corte, en sentencias T-501 del 21 de agosto de 1992 y C-543 del 1º de octubre de 1992, dijo en torno a este concepto: "La autoridad, en términos generales y tomada en un sentido objetivo es la potestad de que se halla investida una persona o corporación, en cuya virtud las decisiones que adopte son vinculantes para quienes a ella están subordinados.  Esa autoridad es pública cuando el poder del que dispone proviene del Estado, de conformidad con las instituciones que lo rigen. Quiere decir esto que mientras las expresiones "servidores públicos" son adecuadas para referirse a todas las personas que laboran para el Estado en cualquiera de las ramas del poder, bien sea en los órganos centrales o en las entidades descentralizadas o por servicios, los términos "autoridades públicas" se reservan para designar aquellos servidores públicos llamados a ejercer, dentro del ordenamiento jurídico que define sus funciones o competencias, poder de mando o decisión, cuyas determinaciones, por tanto, afectan a los gobernados". "Si esto es así, resulta indudable que el derecho de petición puede ejercerse ante los jueces; que, en consecuencia, éstos se hallan obligados a tramitar y responder las solicitudes que se les presenten, en los términos que la ley señale, y que, si no lo hacen, vulneran la preceptiva constitucional." "No obstante, el juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio (artículo 29 C.P.)." "Debe distinguirse con claridad entre aquellos actos de carácter estrictamente judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo el juez. Respecto de éstos últimos son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública, es decir, en la materia bajo análisis, las establecidas en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984)." "En cambio, las actuaciones del juez dentro del proceso están gobernadas por la normatividad correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso." "En ese orden de ideas, nadie podría alegar que el juez viola su derecho de petición cuando, principiando el proceso, presenta una solicitud orientada a obtener la definición propia de la sentencia y no se le responde dentro de los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo sino que se posterga la resolución hasta el momento del fallo. En tales circunstancias, ante eventuales actitudes morosas para resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado no es el de petición sino el del debido proceso." "Por ello, el eventual ejercicio de la acción de tutela ante la mora del juez en decidir sobre un determinado asunto a su consideración dentro  del proceso judicial tendría fundamento -como ya lo ha expresado esta Corte- en que tal conducta, en cuanto desconozca los términos de ley y carezca de motivo probado y razonable, implica dilación injustificada, es decir, vulneración palmaria del debido proceso (artículo 29 C.P.) y obstáculo para el acceso de la persona a la administración de justicia (artículo 229 C.P.). El juez se ubica entonces en la hipótesis contemplada por el artículo 229 Ibídem: "Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado." - La Corte tiene la facultad discrecional de decidir acerca de la revisión de un fallo de tutela, como se deduce de lo siguiente: El inciso 2o del artículo 86 de la Constitución prevé que el fallo de tutela está sujeto a la eventual revisión de la Corte Constitucional; es decir, que la Corte no está obligada a realizar dicha revisión, pues ésta procede conforme a criterios elaborados según su leal saber y entender, que obviamente tienen en cuenta el valor de la justicia y la relevancia e importancia del asunto para la doctrina y la jurisprudencia constitucionales. El artículo 33 del decreto 2591 de 1991, que desarrolla el mencionado precepto dice: "Artículo 33. Revisión de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional designará dos de sus Magistrados para que seleccionen, sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier Magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no sean excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción, deberán ser decididos en el término de tres meses". Igualmente en el Acuerdo No. 05 de 1992, dictado con fundamento en el artículo 241- 11 de la Constitución, dictado por la Sala Plena de la Corte Constitucional se regula la materia de la siguiente manera: "Artículo 51. Insistencia. Además de los treinta días de que dispone la Sala de Selección y en virtud de lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, cualquier Magistrado Titular o el Defensor del Pueblo, podrá insistir en la selección de una o más tutelas para su revisión, dentro de los quince días calendario siguiente a: "1. La comunicación de la Secretaría General de la Corte al Despacho sobre decisión negativa de la Sala de Selección. "2. El recibo de dicha información por parte del Defensor del Pueblo". "Artículo 52. Trámite de la insistencia. Recibida la solicitud, la Sala de Selección de turno entrará a reexaminar en los términos y por las causales previstas en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, la tutela objeto de insistencia. Si encuentra procedente la selección, así lo hará y dispondrá su reparto. Si la decisión fuere negativa, se informará de ello al solicitante dentro de los tres días siguientes. Contra las decisiones de selección no procederá recurso alguno". La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia del 28 de julio de 1995[4], no accedió a decretar la nulidad de las disposiciones del referido Acuerdo que se han transcrito, por las siguientes razones: "No encuentra la Sala la pretendida violación por parte del acto demandado al precepto anteriormente transcrito, toda vez que el artículo 51 del Acuerdo simplemente reitera lo expuesto en el artículo 33, en el sentido de que el Defensor del Pueblo o cualquier Magistrado de la Corte Constitucional podrá solicitar que se revise un fallo de tutela cuando quiera que considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave". "De otra parte dicho artículo 33 crea la Sala de los dos Magistrados de la Corte Constitucional para en forma eventual y "sin motivación expresa y según su criterio" seleccionen las sentencias de tutela que deben ser revisadas". "De igual manera, de conformidad con la precitada disposición, la facultad para seleccionar los fallos de tutela corresponde a la Sala de Selección, quien es la que señala cuáles de ellos se hacen acreedores a la revisión, y no a "cualquier Magistrado de la Corte o al Defensor del Pueblo", como lo entiende el accionante. Cuestión distinta es que éstos últimos puedan solicitar la revisión de los fallos que consideran la ameritan, solicitud que en manera alguna puede calificarse como de obligatorio acatamiento por parte de la Sala de Selección". - La situación que motivó la decisión de tutela, según las actuaciones cumplidas ante la Corte, se puede resumir así: a) Mediante auto del 28 de noviembre de 1994, proferido por la Sala de Selección número Once se excluyó de revisión el expediente T-51758, en donde figura como peticionario Alfonso José Antonio Juan Domingo Olaya Román. Dicho auto se notificó por el estado No. 183 de diciembre 1o. de 1994 y la decisión en él contenida se comunicó el mismo día al Defensor del Pueblo y a los Magistrados integrantes de la Corte, para los efectos del derecho de insistencia. b) El Defensor del Pueblo según oficio DRA 658 de diciembre 14 de 1994 solicitó la revisión de la tutela de que da cuenta el referido expediente. c) Según auto del 11 de enero de 1995, dictado por la Sala de Selección número Uno, integrada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa y Jorge Arango Mejía no se aceptó la insistencia de revisión presentada por el Defensor del Pueblo para que se revisará el proceso de tutela T-51758. El referido auto fue notificado por el estado No. 3 del 18 de enero de 1995, y comunicado el mismo día al Defensor del Pueblo y a los Magistrados integrantes de la Corporación. d) En escrito del 1o. de junio de 1995, radicado en la Secretaría de la Corporación bajo el No. 005796, dirigido al Presidente y a la Sala Plena de la Corte Constitucional, el señor Alfonso José Antonio Juan Domingo Olaya Román solicitó la revisión de la tutela mencionada, la cual había sido excluida de revisión mediante los autos antes reseñados, los cuales se encontraban en firme. e) La Secretaria General de la Corporación, según oficio PS-091-95 de junio 5 de 1995, dio respuesta a la petición de Alfonso José Antonio Juan Domingo Olaya Román, informándole que la tutela radicada con el No. 51758 había sido excluida de revisión, con fundamento en la facultad discrecional consagrada en el artículo 33 del decreto 2591 de 1991. - La sentencia del Tribunal estimó procedente la tutela porque la Corte guardó silencio "en relación con la petición elevada respecto a la insistencia elevada por el Defensor del Pueblo, en ser revisada dicha  tutela" y, en tal virtud, era procedente la concesión de la tutela bajo el entendido de que en lo atinente a la decisión de si revisa o no una decisión de tutela, aquélla ejerce una función administrativa y no jurisdiccional. La decisión de la Sala Civil del Tribunal ignora las normas de orden constitucional, legal y reglamentario, según las cuales la decisión de revisión del fallo de tutela pertenece a la competencia discrecional de aquélla. Por consiguiente, ni la petición de un Magistrado ni la del Defensor del Pueblo para que se revise un proceso de tutela obliga a la Sala de Selección, la cual autónomamente decide "sin motivación expresa y según su criterio". La decisión de tutela que se revisa, ordena tanto al Presidente de la Corte como a los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa y Jorge Arango Mejía, que resuelvan de manera expresa y concreta la petición del señor Olaya Román y la insistencia de revisión presentada por el Defensor del Pueblo, cuando las determinaciones sobre la revisión fueron oportunamente adoptadas. Incurre el Tribunal en un error protuberante cuando considera que los aludidos Magistrados están obligados a resolver de modo expreso la petición del señor Olaya Román porque, como se explicó antes, en las actuaciones relativas a la revisión de tutelas no cabe el derecho de petición en cabeza de los interesados, pues ellas tienen un trámite constitucional, legal y reglamentario propio, aparte de que ninguna norma ha consagrado ni expresa ni tácitamente la realización de un acto procesal de esta naturaleza, ni mucho menos ha señalado reglas para su tramitación.  Tampoco es de recibo la orden que se imparte acerca de la decisión sobre la insistencia del defensor del Pueblo, porque ésta fue resuelta oportunamente de manera negativa mediante la providencia a que antes se hizo referencia. Se equivoca manifiestamente el Tribunal cuando califica como administrativas las actuaciones que la Corte realiza en ejercicio de la función constitucional de adoptar una determinación sobre la revisión de un fallo dentro de un proceso de tutela. En efecto, la negativa a la revisión constituye indudablemente una decisión jurisdiccional, en cuanto clausura una etapa procesal como es la posibilidad de una nueva decisión jurisdiccional, esto es, el respectivo fallo que la Corte debe pronunciar en el evento de que se decida por la revisión, y produce una situación de certeza con respecto a lo decidido en las instancias. Por lo demás, la actividad de la Corte Constitucional es por esencia jurisdiccional, salvo en las actuaciones atinentes al nombramiento y remoción de personal y a lo que concierne con la organización y su funcionamiento interno. Es más, la decisión de no revisar un fallo de tutela, es desde el punto de vista constitucional una decisión jurisdiccional, si nos atenemos estrictamente a los mandatos de los artículos 86, inciso 2o y 241-9 de la Constitución que orgánica y funcionalmente adscriben a la Corte Constitucional la competencia para ordenar la revisión eventual de las sentencias de tutela. Finalmente, cuando la sentencia señala al Presidente de la Corporación y a los aludidos Magistrados como los responsables directos de su ejecución, el Tribunal desconoce que aquél tiene unas funciones detalladas en el reglamento (art. 5o), entre las cuales no se encuentra la de tramitar ni de decidir peticiones de revisión de tutela de ninguno de los interesados, y que dichos Magistrados en la actualidad ya no hacen parte de la Sala de Selección de Tutelas, porque la labor de escogencia de los fallos para revisión es una labor eminentemente temporal. Por lo tanto, aun cuando fuera admisible lo ordenado en la sentencia del Tribunal, ello no podría ser cumplido y, por consiguiente, de antemano se colocaría a los destinatarios de la decisión en una posición de rebeldía o de desacato. Con fundamento en las anteriores consideraciones, se revocará la sentencia del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá -Sala Civil y, en su lugar, se confirmará el fallo de primera instancia. III. DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala revocará la sentencia del Tribunal y, en su lugar, confirmará la decisión de primera instancia. RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá de fecha septiembre 19 de 1995, en virtud de la cual se revocó el fallo de primera instancia y se concedió la tutela impetrada. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del Juzgado 20 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, proferida con fecha 8 de agosto de 1995 y mediante la cual se denegó la tutela solicitada. TERCERO: ORDENAR que por Secretaría se hagan las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Copiese, notifiquese y cúmplase ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado Ponente CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1] . Sentencia C-113/93 [2] . M.P. Jorge Arango Mejía. [3] . M.P. José Gregorio Hernández Galindo. [4] . Expediente No. 3006. Autoridades Nacionales. Actor: Hector Justino Jaramillo Ulloa. M.P. Yesid Rojas Serrano.

T-425-95 Sentencia No. T-425/95 _Sentencia No. T-425/95 PRINCIPIO DE LA UNIDAD CONSTITUCIONAL-Colisión entre normas constitucionales Las colisiones entre normas jurídicas de igual jerarquía constitucional deben solucionarse de forma que se logre la óptima eficacia de las mismas. El principio de la unidad constitucional exige la interpretación de la Constitución como un todo armónico y coherente, al cual se opone una interpretación aislada o contradictoria de las disposiciones que la integran. PRINCIPIO DE ARMONIZACION-Colisión entre derechos constitucionales El ejercicio de los derechos plantea conflictos cuya solución hace necesaria la armonización concreta de las normas constitucionales enfrentadas. El principio de armonización concreta impide que se busque la efectividad de un derecho mediante el sacrificio o restricción de otro. De conformidad con este principio, el intérprete debe resolver las colisiones entre bienes jurídicos, de forma que se maximice la efectividad de cada uno de ellos. La colisión de derechos no debe, por lo tanto, resolverse mediante una ponderación superficial o una prelación abstracta de uno de los bienes jurídicos en conflicto. Esta ponderación exige tener en cuenta los diversos bienes e intereses en juego y propender su armonización en la situación concreta, como momento previo y necesario a cualquier jerarquización o prevalencia de una norma constitucional sobre otra. El principio de armonización concreta implica la mutua delimitación de los bienes contrapuestos, mediante la concordancia práctica de las respectivas normas constitucionales, de modo que se asegure su máxima efectividad. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD-Límites al ejercicio de los derechos En este proceso de armonización concreta de los derechos, el principio de proporcionalidad, que se deduce del deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, juega un papel crucial. Los límites trazados al ejercicio de los derechos, en el caso concreto, deben ser proporcionales, esto es, no deben ir más allá de lo indispensable para permitir la máxima efectividad de los derechos en pugna. La proporcionalidad se refiere entonces a la comparación de dos variables relativas, cuyos alcances se precisan en la situación concreta, y no a la ponderación entre una variable constante o absoluta, y otras que no lo son. La delimitación proporcional de los bienes jurídicos en conflicto, mediante su armonización en la situación concreta, se hace necesaria cuando se toma en serio la finalidad social del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y se pretende impedir que, por la vía de la restricción injustificada de los derechos, termine por socavarse el contenido de uno o varios de ellos. PRINCIPIO DE PONDERACION-Colisión entre derechos constitucionales En el caso de colisión entre derechos constitucionales, corresponde al juez llevar a cabo la respectiva ponderación. Mediante ésta, se busca un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos enfrentados. La consagración positiva del deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, elevó a rango constitucional la auto-contención de la persona en el ejercicio de sus derechos. La eficacia constitucional de este deber, en consecuencia, exige de los sujetos jurídicos un ejercicio responsable, razonable y reflexivo de sus derechos, atendiendo a los derechos y necesidades de las demás y de la colectividad. LIBERTAD DE EMPRESA-Límites/ESTABLECIMIENTO COMERCIAL-Cercanía a estación de gasolina Si se toma en cuenta la cercanía del establecimiento comercial con la estación de gasolina, la venta de licor y cigarrillos para ser consumidos en el lugar, y el interés de la demandada en mantener su clientela, el ejercicio que ésta hace de sus derechos constitucionales no está exento de efectos hacia terceros. La actividad empresarial de la demandada genera un riesgo claro e inminente que amenaza no sólo el derecho a la vida del demandante, sino también otros bienes y derechos suyos, así como los de los demás miembros de la colectividad. El derecho a la libertad de empresa de la demandada, colisiona con el derecho a la vida, a la libertad de empresa y a la propiedad del demandante. En el ejercicio de su derecho a la libertad de empresa, la demandada genera un riesgo difuso e incontrolable, que traslada a su vecino y a la colectividad, consistente en suministrar bebidas alcohólicas y cigarrillos que son consumidos, sin las debidas precauciones, en un lugar cercano al depósito de combustibles, aledaño. Justamente, por la carencia de instalaciones adecuadas y las costumbres de su clientela. DERECHO A LA VIDA-Explosión de tanques de gasolina El riesgo de que se produzca una explosión de los tanques de gasolina - lo cual es altamente probable -,  y se vulneren los derechos a la vida, a la propiedad o a la empresa del demandante, de vecinos del sector e, incluso, de la misma demandada, es mayor que la posibilidad de una reducción de su clientela como consecuencia de la prohibición de consumir el licor y los cigarrillos en el lugar, dada la vecindad con la estación de gasolina y la existencia de las mencionadas prácticas. De conformidad con el principio de armonización concreta, se observa que  el derecho a la libertad de empresa - que de suyo tiene una función social y supone responsabilidades -, debe soportar una limitación, con miras a eliminar el riesgo que, para los derechos del actor y de otras personas, genera su ejercicio en las actuales circunstancias. ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Afectación del interés de la comunidad/INTERES COLECTIVO-Explosión de tanques de gasolina La generación y transferencia del riesgo de vender licor y cigarrillos con miras a su consumo inmediato al lado de una estación de gasolina, y la negativa a adoptar medidas razonables para controlarlo, constituyen una conducta que afecta grave y directamente el interés colectivo y que, por lo tanto, justifica la interposición de la acción de tutela en contra del particular responsable de dicha situación. INDEFENSION/AUTORIDAD DE POLICIA-Ineficiencia La inactividad de las autoridades administrativas de policía, consistente en no controlar el expendio y consumo de licor y cigarrillos en la vecindad de una estación de gasolina, pese al riesgo objetivo que esta situación representa para la seguridad y salubridad públicas, coloca al demandante en una situación de indefensión. NULIDAD PROCESAL POR FALTA DE NOTIFICACION-Saneamiento No obstante, la mencionada nulidad quedó saneada mediante la intervención oportuna en el proceso de la parte afectada. La señora interpuso recurso de apelación contra el fallo condenatorio de primera instancia, logrando su revocatoria en segunda instancia, razón por la cual no puede afirmarse que sus derechos constitucionales hayan sido vulnerados. Es evidente que la nulidad procesal por falta de notificación quedó saneada por la propia actuación de la demandada, por lo que no se justifica la declaratoria de nulidad del trámite de tutela en sede de revisión. SEPTIEMBRE 26 DE 1995 Ref.: Expediente T-72178 Peticionario: AUGUSTO VARGAS SAENZ Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Temas: -Principio de armonización concreta de derechos constitucionales -Libertad de empresa y abuso de los derechos constitucionales -Acción de tutela contra particulares -Condiciones de procedencia La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE  LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-72178, promovido por AUGUSTO VARGAS SAENZ contra ANAIS MORENO DE ALZATE. ANTECEDENTES 1. AUGUSTO VARGAS SAENZ, propietario de la estación de servicio "Esso" en la ciudad de Tunja, interpone acción de tutela contra ANAIS MORENO DE ALZATE, con el objeto de que le sean protegidos los derechos a la vida, a la paz y al trabajo (C.P., arts. 11, 22 y 25). Los siguientes son los hechos en que basa la presunta vulneración de sus derechos fundamentales: 1.1. La demandada ANAIS MORENO DE ALZATE tiene un establecimiento comercial denominado "SURTILICORES 24 HORAS", que colinda con la estación de servicio "ESSO" de propiedad del demandante. La mencionada señora, expende licores durante todo el día. 1.2. Los consumidores del licor vendido por la demandada tienen por costumbre, especialmente en horas de la noche, consumirlo enfrente del establecimiento comercial y al lado de la estación de gasolina. 1.3. Como grave e inminente amenaza contra sus derechos a la vida,  a la paz y al trabajo, así como los derechos de sus empleados, acusa el demandante: " ... la conducta de los compradores y consumidores de licor vendido por ANAIS MORENO DE ALZATE, consistente en utilizar el surtidor de "Bencina" y la zona aledaña, como baño u orinal junto al cual prenden cigarrillos, los fuman y apagan o dejan prendidos en el piso, poniendo en peligro no solamente al propietario sino a todos los moradores del sector, dado el altísimo grado de inflamabilidad de los surtidores ... " y la posibilidad de ocasionar una explosión con consecuencias impredecibles e incalculables”. En relación con la amenaza del derecho a la paz, manifiesta que los compradores y consumidores del licor vendido por la demandada escuchan música a alto volumen y protagonizan escándalos que han obligado a la intervención de la fuerza pública. Las agresiones verbales y físicas contra los operarios de la estación de servicio por parte de los compradores embriagados, atentan contra su derecho al trabajo. 1.4. Las autoridades de policía no han podido controlar la acción de los embriagados consumidores del licor que vende la demandada. 2. El actor pretende que se ordene a la señora ANAIS MORENO DE ALZATE abstenerse de suministrar licores y cigarrillos para ser consumidos en el andén ubicado frente al establecimiento de comercio "SURTILICORES 24 HORAS" y que corre paralelo a la estación de servicio "ESSO". 3. A petición del demandante, el Tribunal Administrativo de Boyacá, que asumió el conocimiento de la acción de tutela, recibió declaración juramentada a los señores CLEMENTE PIRACOCA GUTIERREZ y VICTOR JULIO QUINTERO FLOREZ, operarios de la estación de servicio "ESSO" de propiedad del demandante, quienes confirmaron la versión de los hechos presentada por éste. 3.1. En su declaración ante el juzgado de tutela, CLEMENTE PIRACOCA manifiesta que trabaja como expendedor de gasolina aproximadamente hace un año en la estación de servicio. Anota que “cuando hay harta gente por la noche el establecimiento vecino cierra a las cuatro o cinco de la mañana” (...). Los compradores de licor - afirma - "sacan la botella de aguardiente y se ponen a tomar ahí en los surtidores, y tomando, fuman cigarrillo, prenden los fósforos y no les importa nada, como si fuera cualquier parte". Sostiene que ya borrachos, vomitan y generan desorden, y cuando les llama la atención le regañan, diciéndole que ese sitio es público, y amenazan con pegarle. 3.2. Por su parte, VICTOR JULIO QUINTERO declara que labora igualmente en la estación de gasolina desde hace más de tres años. Expresa que se han venido presentando problemas con la señora de SURTILICORES, ya que los compradores de licor lo ingieren fuera de su establecimiento, ahí hacen sus necesidades físicas y fuman al lado del surtidor de bencina. Manifiesta que el dueño de la estación elevó queja ante la propietaria del local y le solicitó la colocación de un orinal en el establecimiento. Informa que bajo el suelo se encuentran enterrados cuatro tanques de aproximadamente cinco mil galones de gasolina cada uno. A su juicio, el riesgo de una explosión se incrementa porque no es sólo una persona la que fuma, sino que "son varios que llegan ahí a prender al lado del surtidor y al raspar el fósforo al lado del surtidor, y eso sí es peligroso". 4. El Comandante de la Primera Estación de Policía de Tunja, Capitán CESAR FERNANDO GRANADOS ABAUNZA, mediante oficio No. 046/YDTUN del 22 de marzo de 1995, dio respuesta a la solicitud de información sobre las actividades policivas adelantadas. En él precisa que ninguna operación relativa a "SURTILICORES 24 HORAS", aparece registrada en los libros de esa institución. 5. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Plena, mediante sentencia de marzo 28 de 1995, tuteló el derecho a la vida del peticionario y, en consecuencia, ordenó a la propietaria del establecimiento SURTILICORES 24 HORAS se abstuviera de vender licores que fueran a ser consumidos en las inmediaciones de su establecimiento. Adicionalmente, impuso a la autoridad de policía el deber de velar por el cumplimiento de lo ordenado. 5.1. El Tribunal de tutela considera procedente la acción de tutela por estar dirigida contra un particular cuya conducta afecta grave y directamente el interés colectivo (C.P., art. 86 inciso 5). En su concepto, para que proceda la acción de tutela ante una amenaza contra los derechos fundamentales, no es necesario que se presente un resultado dañino, sino simplemente que de ella pueda resultar un daño concreto a particulares. 5.2. Los hechos constitutivos de la amenaza al derecho a la vida del actor y de otras personas, según el Tribunal, están plenamente probados. La escasa distancia (aproximadamente 3 metros) que separa el local donde se expenden licores de la estación de gasolina, unido a la práctica de consumir licor y encender cigarrillos en las inmediaciones de los tanques de combustible - considera el Tribunal -, crean una situación de peligro de conflagración, que acarrearía una verdadera tragedia. 5.3 Con fundamento en la sentencia T-525 de 1992 de la Corte Constitucional, el fallador aduce que, desde una perspectiva constitucional, se vulnera el derecho a la vida por la realización de actos que ponen en peligro objetivo tal derecho. Dado que - continúa - el derecho penal reduce el ámbito de su aplicación sólo a ciertas conductas que justifican la imposición de una sanción penal, para el resto de violaciones, la ley ha consagrado otras soluciones alternativas, entre ellas la acción de tutela. En consecuencia, concluye el Tribunal, "se debe tutelar el derecho a la vida y ordenar a la propietaria o vendedora del establecimiento comercial 'SURTILICORES 24 HORAS', se abstenga de vender licores que vayan a ser consumidos en las inmediaciones de ese establecimiento". 6. La demandada, cuyo nombre correcto es DANNAY MORENO OSPINA, interpuso recurso de reposición y de apelación contra la anterior sentencia, y solicitó que fuera adicionada, en el sentido de ordenar al demandante que prohibiera el consumo de cigarrillos a los empleados y usuarios de la estación de gasolina. La impugnante sostiene que las normas urbanísticas y de policía determinan que las estaciones de gasolina deben estar situadas fuera del perímetro urbano. Manifiesta que su negocio - que no es una “tienda”, sino una distribuidora de licor al por mayor y al detal-, cuenta con las autorizaciones de rigor. Anota que de esta actividad depende el sustento suyo y de su familia. Considera que la conducta de las personas fuera de su establecimiento, escapa a su responsabilidad y, por consiguiente, la posible transgresión de las normas por su parte deberá sancionarse por las autoridades competentes. Aduce que los conductores de buses colectivos e intermunicipales, que utilizan los servicios de la estación, estando embriagados, fuman y son quienes crean el peligro de que se presente una explosión. Por último, pone de presente que no fue notificada de la acción de tutela interpuesta en su contra, lo que viola sus derechos de defensa y debido proceso. 7. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, mediante sentencia de mayo 17 de 1995, revocó la sentencia impugnada proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá. En su lugar, rechazó por improcedente la acción de tutela incoada por el demandante, ya que en el presente caso - según su criterio -, no se cumplía con ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 86 de la Carta Política. 7.1. El establecimiento de comercio dedicado al expendio de licores, afirma,  no presta un servicio público. 7.2 Estima, además, que esta actividad comercial, de interés eminentemente privado, no constituye "per se" una conducta que afecte grave y directamente el interés colectivo. Por un lado, el Estado autoriza la distribución o venta de licor por particulares. Por otro, no es suficiente que se afecte gravemente el interés colectivo para que proceda la acción de tutela, sino que la conducta del particular se dirija a ese objetivo. 7.3 Por último, el Consejo no encuentra que el actor esté en circunstancias de subordinación o indefensión frente a la demandada, como quiera que contra ella podría ejercer las acciones policivas señaladas en los artículos 34 y siguientes del Código Nacional de Policía. FUNDAMENTOS JURIDICOS Contexto de la actuación de tutela 1. La situación concreta que origina la controversia objeto de la presente acción de tutela, tiene relación con la escasa distancia - escasos tres metros - que separa, el expendio de licores de propiedad de la demandada, de la estación de gasolina. Esta circunstancia pasaría inadvertida, y sería indiferente jurídicamente, de no ser porque el negocio de licor se ha convertido, según el demandante, con la aquiescencia de la demandada, en una suerte de bar 'ad hoc', carente de infraestructura locativa y sanitaria mínima para atender a la clientela, lo que amenaza el derecho fundamental a la vida, por el peligro inminente que representa el consumo de cigarrillos en la zona aledaña a los surtidores del combustible. Las declaraciones formuladas por los empleados de la estación de gasolina coinciden en señalar que por las noches, especialmente los fines de semana, numerosos compradores de licor se reúnen en un lugar contiguo a la estación, y allí consumen aguardiente, prenden y apagan cigarrillos. Esto sucede, en gran medida, como se observa, por la falta de las instalaciones propias del establecimiento que vende el licor y los cigarrillos. En efecto, uno de los declarantes refirió que el propietario de la estación de gasolina solicitó a la demandada que colocara un orinal en el local, sin obtener respuesta alguna. 2. El actor señala que la policía de la localidad no ha sido capaz de controlar los disturbios y el inminente riesgo creado por la conducta de los consumidores de alcohol vendido por la acusada en las inmediaciones de la estación de gasolina. Por su parte, el Comandante de la Policía informa que en los libros no aparecen anotaciones sobre la intervención de la fuerza pública en el lugar. El análisis de la situación por parte de los jueces de instancia 3. Para el Tribunal de tutela, en primera instancia, la venta de licor y cigarrillos por la demandada y su consumo por parte de los compradores al lado de los tanques de combustible, son actos que ponen en peligro objetivo el derecho fundamental a la vida del actor y de los vecinos del lugar. Estima procedente la acción de tutela en contra de un particular, en este caso la expendedora del licor, porque su conducta "afecta grave y directamente un interés colectivo". 4. El Consejo de Estado, en segunda instancia, considera que no se cumple ninguna de las hipótesis consagrada en la Constitución y la ley para que proceda la acción de tutela contra un particular. En su concepto, la actividad comercial de la demandada es lícita - cuenta con autorización para la distribución o venta de licor - y, en sí misma, no afecta grave ni directamente el interés colectivo. Además, advierte que el actor no se encuentra en estado de subordinación o indefensión frente a la demandada, ya que cuenta con los medios establecidos en el Código Nacional de Policía para obtener que cesen las incomodidades que con la venta de licor se le ocasionan. Problemas jurídico-constitucionales que plantea la situación descrita 5. La misma situación fáctica, sintetizada en esta providencia, es apreciada por los jueces de tutela en forma diferente, asignándole, por consiguiente, diversas consecuencias jurídicas. Para el Tribunal Administrativo de Boyacá, se trata de una situación que objetivamente genera un peligro de explosión. La venta de los productos por la demandada y su consumo frente al local, en este orden de ideas, no es una situación que pueda apreciarse separadamente. Por el riesgo que genera - alta probabilidad de que un fósforo o cigarrillo encendido haga contacto con la gasolina o los vapores del combustible -, la venta y el consumo de licores y cigarrillos para ser consumidos en el lugar, en este contexto, representan una amenaza a los derechos fundamentales. Por el contrario, el Consejo de Estado individualiza las conductas de la venta y el consumo. Considera, en abstracto, que la demandada ejerce una actividad lícita de carácter comercial, la cual 'per se' no afecta grave y directamente el interés general. 6. El conflicto surgido entre el propietario de la estación de gasolina y la vendedora de licor y cigarrillos en el establecimiento adyacente, plantea el problema de establecer si la actuación de la demandada, dadas las circunstancias de vecindad y la naturaleza de las actividades descritas, constituye un ejercicio lícito de la libertad de empresa (C.P., art. 333) o, por el contrario, un abuso del derecho propio (C.P., art. 95-1) que amenaza el derecho a la vida (C.P., art. 11) u otros derechos del demandante. En caso de una respuesta afirmativa a este último interrogante, deberá establecerse la procedencia de la acción de tutela, teniendo en cuenta que ésta se interpuso contra un particular. Actividad comercial en abstracto y en concreto 7. Si bien el comercio, distribución y venta de licor y cigarrillos, constituye una actividad que se encuentra amparada por el derecho a la libertad de empresa (C.P., art. 333), su ejercicio debe desplegarse dentro del marco constitucional y legal (C.P., art. 95). Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se ejercita la actividad económica, son relevantes jurídicamente, en particular cuando se presentan conflictos con otros derechos y bienes colectivos. La afluencia nocturna, especialmente durante los fines de semana, de consumidores de licor y cigarrillos al establecimiento comercial de la demandada, no es fortuita. Se trata de una clientela formada en torno a su negocio, el cual tiene por objeto la "distribución de licor al por mayor y al detal", como ella misma asevera. No obstante, con el tiempo, la empresa comercial ubicada en ese sitio ha convocado un conjunto de personas que mantienen relaciones continuas de demanda de bienes y servicios con ''SURTILICORES 24 HORAS", lo que reporta un beneficio económico concreto para la señora Moreno Ospina. En efecto, para la vendedora no es indiferente que en las noches su clientela se reúna a departir frente a su comercio. Ello representa ingresos y un aumento inmaterial del valor de su negocio. La clientela, como situación de hecho producto de la oferta de bienes y servicios, es concomitante a la actividad comercial. Su formación se fomenta y se busca mantener y acrecentar por parte del comerciante, dentro de la lógica mercantil y de expansión en el mercado. Su disminución, por el contrario, acarrea un perjuicio económico que normalmente se pretende evitar. 8. Ahora bien, en el ejercicio de su actividad comercial, la señora Moreno Ospina no es ajena al comportamiento de la clientela. Aún cuando está dispuesta a suministrar licor y cigarrillos a los consumidores que demandan estos productos, no dispone del espacio para atenderlos dentro del local, como tampoco de los servicios sanitarios requeridos en establecimientos comerciales de expendio de licor para el consumo en el lugar, lo que ocasiona la situación denunciada por el actor como atentatoria de su derecho a la vida, dada la vecindad con la estación de gasolina. No puede entonces, como lo hace el Tribunal de segunda instancia, apreciarse la actividad de la demandada, independientemente de las circunstancias en que se ejerce el derecho a la libertad de empresa. De hecho, desde una perspectiva estrictamente legal, la licencia para la distribución de licor es diferente a la licencia para la instalación y funcionamiento de un bar o establecimiento comercial destinado a su venta y consumo. Por esta razón, no podía pasarse por alto la evaluación del riesgo generado por la venta de licor y cigarrillos, en un local sin dotación para atender a la clientela, situado en la proximidad a una estación de gasolina. Ejercicio de los derechos y principio de armonización concreta 9. La vida en sociedad impone la limitación - dentro de ciertos márgenes - de los derechos y bienes colectivos con el objeto de asegurar la coexistencia de intereses individuales y colectivos contrapuestos. El ordenamiento jurídico busca facilitar la coordinación de dichos intereses, mediante la resolución pacífica de las controversias que pueden surgir en el ejercicio de los derechos. A nivel constitucional, estos conflictos se traducen en colisiones de normas constitucionales que sirven de respaldo a los derechos enfrentados. Las colisiones entre normas jurídicas de igual jerarquía constitucional deben solucionarse de forma que se logre la óptima eficacia de las mismas. El principio de la unidad constitucional exige la interpretación de la Constitución como un todo armónico y coherente, al cual se opone una interpretación aislada o contradictoria de las disposiciones que la integran. 10. El ejercicio de los derechos plantea conflictos cuya solución hace necesaria la armonización concreta de las normas constitucionales enfrentadas. El principio de armonización concreta impide que se busque la efectividad de un derecho mediante el sacrificio o restricción de otro. De conformidad con este principio, el intérprete debe resolver las colisiones entre bienes jurídicos, de forma que se maximice la efectividad de cada uno de ellos. La colisión de derechos no debe, por lo tanto, resolverse mediante una ponderación superficial o una prelación abstracta de uno de los bienes jurídicos en conflicto. Esta ponderación exige tener en cuenta los diversos bienes e intereses en juego y propender su armonización en la situación concreta, como momento previo y necesario a cualquier jerarquización o prevalencia de una norma constitucional sobre otra. 11. El principio de armonización concreta implica la mutua delimitación de los bienes contrapuestos, mediante la concordancia práctica de las respectivas normas constitucionales, de modo que se asegure su máxima efectividad. En este proceso de armonización concreta de los derechos, el principio de proporcionalidad, que se deduce del deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios (C.P., art. 95-1), juega un papel crucial. Los límites trazados al ejercicio de los derechos, en el caso concreto, deben ser proporcionales, esto es, no deben ir más allá de lo indispensable para permitir la máxima efectividad de los derechos en pugna. La proporcionalidad se refiere entonces a la comparación de dos variables relativas, cuyos alcances se precisan en la situación concreta, y no a la ponderación entre una variable constante o absoluta, y otras que no lo son. La delimitación proporcional de los bienes jurídicos en conflicto, mediante su armonización en la situación concreta, se hace necesaria cuando se toma en serio la finalidad social del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (C.P., art. 2), y se pretende impedir que, por la vía de la restricción injustificada de los derechos, termine por socavarse el contenido de uno o varios de ellos. Abuso del derecho y ejercicio responsable del derecho 12. El abuso del derecho propio puede llevar al vaciamiento de otros derechos o bienes colectivos. Para evitarlo, la jurisprudencia constitucional ha procurado diseñar medios de control y evaluación de la constitucionalidad del ejercicio de un derecho o una facultad constitucional. La teoría del núcleo esencial del derecho, por ejemplo, es un primer intento de trazar una línea clara entre el ámbito intangible de un derecho - sin cuya protección absoluta el derecho específico se desnaturalizaría o perdería totalmente su efectividad -, y los contornos del mismo, los cuales sí pueden ser objeto de regulación o delimitación para permitir su coexistencia con otros derechos y bienes jurídicos particulares. En el caso de colisión entre derechos constitucionales, corresponde al juez llevar a cabo la respectiva ponderación. Mediante ésta, se busca un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos enfrentados. La consagración positiva del deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios (C.P., art. 95-1), elevó a rango constitucional la auto-contención de la persona en el ejercicio de sus derechos. La eficacia constitucional de este deber, en consecuencia, exige de los sujetos jurídicos un ejercicio responsable, razonable y reflexivo de sus derechos, atendiendo a los derechos y necesidades de las demás y de la colectividad. 13. En las relaciones intersubjetivas se revela el carácter dual de los derechos constitucionales. Estos constituyen verdaderos derechos o facultades subjetivas en cabeza de las personas - bien sea como derechos de resistencia contra el Estado u otros particulares (status negativo), de participación, o de prestación (status positivo) -, y , a la vez, representan valores objetivos del ordenamiento, los cuales prefiguran la vida de relación y exigen una actitud de solidaridad que asegure la convivencia pacífica de todos. La interpretación del contenido y alcance de los derechos a partir de los principios fundamentales de dignidad humana y de solidaridad social (C.P., arts. 1 y 95), permite la recuperación de la racionalidad a nivel del ejercicio práctico de los derechos. Sólo mediante un ejercicio razonable, esto es, reflexivo y responsable de los propios derechos, es posible superar la tensión individuo-sociedad y, con ello, la confrontación de intereses y necesidades que, de otra forma, se resolvería mediante la negación del otro y el envilecimiento de la propia condición humana. Armonización concreta de los derechos en conflicto 14. El Tribunal de segunda instancia, en abstracto, considera que una actividad económica autorizada por el Estado, por sí misma no afecta el interés colectivo. Esta apreciación, no obstante, otorga precedencia absoluta e irrestricta al derecho a la libertad de empresa sobre otros derechos constitucionales. En efecto, si se toma en cuenta la cercanía del establecimiento comercial con la estación de gasolina (1), la venta de licor y cigarrillos para ser consumidos en el lugar (2), y el interés de la demandada en mantener su clientela (3), el ejercicio que ésta hace de sus derechos constitucionales no está exento de efectos hacia terceros. La actividad empresarial de la demandada genera un riesgo claro e inminente que amenaza no sólo el derecho a la vida del demandante, sino también otros bienes y derechos suyos, así como los de los demás miembros de la colectividad. El derecho a la libertad de empresa de la demandada, en las circunstancias antes descritas, colisiona con el derecho a la vida, a la libertad de empresa y a la propiedad del demandante. Corresponde al juez constitucional realizar una armonización concreta, mediante la delimitación proporcional de los derechos contrapuestos, que permita su máxima efectividad. 15. La señora Moreno Ospina se ocupa de la venta de licor en un establecimiento comercial que ha logrado acreditar una clientela. El medio utilizado - actividad económica lícita - se adecua plenamente a la finalidad buscada, cual es la obtención de ingresos económicos para el sostenimiento de ella y de su familia. No obstante, en el ejercicio de su derecho a la libertad de empresa, la demandada genera un riesgo difuso e incontrolable, que traslada a su vecino y a la colectividad, consistente en suministrar bebidas alcohólicas y cigarrillos que son consumidos, sin las debidas precauciones, en un lugar cercano al depósito de combustibles, aledaño. Justamente, por la carencia de instalaciones adecuadas y las costumbres de su clientela. La manifestación de la demandada, según la cual ella no es responsable de lo que hagan los compradores en las afueras de su establecimiento, no es atendible si se tiene en cuenta que la permanencia de los consumidores de licor y cigarrillos en el lugar, le reporta un beneficio económico directo y obedece al fenómeno mismo de la clientela que aquélla alienta. El interés de vender sus productos en la misma forma y cantidad en que lo hace, sin necesidad de realizar una inversión económica adicional para habilitar un lugar destinado al consumo y un servicio sanitario, explica su reticencia a admitir el riesgo creado por su venta de licor y cigarrillos en las circunstancias en que se realiza. Esta actitud se revela abusiva y desproporcionada, ya que traslada la totalidad de las externalidades de su negocio a su vecino y a la colectividad en general, pese a que existen otras alternativas que si bien representan algún costo, no tiene la magnitud del riesgo generado a terceros. El riesgo de que se produzca una explosión de los tanques de gasolina - lo cual es altamente probable -,  y se vulneren los derechos a la vida, a la propiedad o a la empresa del demandante, de vecinos del sector e, incluso, de la misma demandada, es mayor que la posibilidad de una reducción de su clientela como consecuencia de la prohibición de consumir el licor y los cigarrillos en el lugar, dada la vecindad con la estación de gasolina y la existencia de las mencionadas prácticas. La señora Moreno Ospina tiene la alternativa de realizar una inversión económica tendente a adecuar la infraestructura de su establecimiento y, de este modo, responder a la clientela de consumidores que ha logrado consolidar. 16. De conformidad con el principio de armonización concreta, se observa que  el derecho a la libertad de empresa - que de suyo tiene una función social y supone responsabilidades (C.P., art. 333) -, debe soportar una limitación, con miras a eliminar el riesgo que, para los derechos del actor y de otras personas, genera su ejercicio en las actuales circunstancias. Esta armonización de los derechos en conflicto no conlleva la restricción o el sacrificio ilimitados de los mismos. Ambos establecimientos comerciales pueden seguir funcionando bajo el amparo de los respectivos permisos administrativos. No obstante, la posible disminución de la clientela ante la negativa de vender licor y cigarrillos para el consumo en el lugar, no es una medida desproporcionada que restrinja la libertad de empresa, sino una consecuencia necesaria del ejercicio de este derecho en las circunstancias varias veces mencionadas. Verificada la existencia de un ejercicio abusivo del derecho a la libertad de empresa, consistente en la generación y traslado de un riesgo grave al demandado y a la colectividad en general, la Sala se ocupará de la procedencia de la acción de tutela interpuesta contra un particular, como lo es la demandada. Procedencia de la acción de tutela contra particulares que afectan grave y directamente el interés público al crear situaciones de peligro 17. La Corte coincide con el Tribunal de tutela de primera instancia en el sentido de que la actuación de la demandada - mantenimiento de una clientela que le reporta un beneficio económico particular en las circunstancias de hecho anotadas -, afecta grave y directamente el interés colectivo, en este caso la supervivencia de la vecindad y la salubridad pública. La actuación de la demandada, como ya antes se dijo, no puede verse separadamente del ejercicio concreto del derecho que le sirve de fundamento. La generación y transferencia del riesgo de vender licor y cigarrillos con miras a su consumo inmediato al lado de una estación de gasolina, y la negativa a adoptar medidas razonables para controlarlo, constituyen una conducta que afecta grave y directamente el interés colectivo y que, por lo tanto, justifica la interposición de la acción de tutela en contra del particular responsable de dicha situación (C.P., art. 86). Situación de indefensión 18. El fallador de segunda instancia niega la existencia de un estado de indefensión, ya que el interesado tiene a su alcance "las acciones policivas señaladas en los artículos 34 y siguientes del Código Nacional de Policía para corregir las incomodidades ..." que se le vienen ocasionando. La Corte ha señalado que la indefensión se predica no sólo de situaciones en las cuales la persona se encuentra inerme o desamparada, es decir, sin medios físicos o jurídicos de defensa, sino también de aquellas en las cuales los medios y elementos disponibles se revelan insuficientes para resistir o repeler la agresión o la amenaza de vulneración de un derecho fundamental (ST- 161 de 1993). La situación de indefensión debe apreciarse en concreto, esto es, según los hechos y circunstancias que rodean el caso. Por otra parte, la Corte ha señalado que "la magnitud de una vulneración de los derechos fundamentales, que excede los beneficios pretendidos mediante una acción legal y hace inocuo su ejercicio, es un parámetro que permite establecer la existencia de una relación de indefensión" (ST-189 de 1993). En el presente caso, la inactividad de las autoridades administrativas de policía, consistente en no controlar el expendio y consumo de licor y cigarrillos en la vecindad de una estación de gasolina, pese al riesgo objetivo que esta situación representa para la seguridad y salubridad públicas, coloca al demandante en una situación de indefensión. Para éste, es imposible fáctica y jurídicamente controlar el consumo de licor y cigarrillos vendidos por la demandada. Por el contrario, a ella sí le corresponde ejercer responsablemente su derecho a la libertad de empresa dentro de los límites del bien común (C.P., art. 333). En consecuencia, este Sala estima que la acción de tutela incoada es procedente de conformidad con el artículo 86 de la Constitución y el numeral 9 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Ausencia de vulneración del derecho al debido proceso de la demandada 19. La demandada alega la vulneración de sus derechos de defensa y debido proceso por no haber sido notificada de la acción de tutela incoada en su contra, lo que le impidió ejercer la defensa durante el trámite de primera instancia. En repetidas oportunidades[1], la Corte ha advertido a los jueces de tutela sobre la obligación de ceñirse a los principios generales del proceso, particularmente a los principios de publicidad, defensa y contradicción (C.P., art. 29), en el trámite de la acción de tutela. "La naturaleza preferente y sumaria del proceso de tutela - ha sostenido la Corte - no tiene el alcance de anular los principios medulares del proceso. De llegarse a este extremo, se sacrificarían derechos constitucionales en aras de la protección de otros derechos de igual jerarquía, lo cual no sólo entraña un contrasentido sino que es contrario a la finalidad del proceso y al valor de la justicia" (ST-288 de 1995). El Tribunal de primera instancia ha debido notificar a la demandada la interposición de la acción de tutela. Por no hacerlo, incurrió en una irregularidad en el trámite judicial. No obstante, la mencionada nulidad quedó saneada mediante la intervención oportuna en el proceso de la parte afectada[2]. La señora Moreno Ospina interpuso recurso de apelación contra el fallo condenatorio de primera instancia, logrando su revocatoria en segunda instancia, razón por la cual no puede afirmarse que sus derechos constitucionales hayan sido vulnerados. Es evidente que la nulidad procesal por falta de notificación quedó saneada por la propia actuación de la demandada, por lo que no se justifica la declaratoria de nulidad del trámite de tutela en sede de revisión. Orden y definición de la conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela 20. La Corte procederá, en consecuencia, a confirmar el fallo de primera instancia, en el sentido de ordenar a la demandada abstenerse de vender licor para ser consumido en el lugar, lo que genera una amenaza clara e inminente contra los derechos del demandante y de los vecinos. Como se precisó anteriormente, la demandada abusa de su derecho a la libertad de empresa al convertir de facto su actividad de venta de licor al por mayor y al detal - licencia para la distribución de licor - en una de venta y consumo en el lugar - licencia para bar o cantina -. Las licencias administrativas para la distribución o para la venta y consumo, son de tipo diverso. Mientras que la primera autoriza sólo la venta pero no el consumo en el lugar, la segunda admite la venta y consumo del licor en el respectivo establecimiento. En este último evento, la expedición de la respectiva licencia está condicionada a la obtención de conceptos previos y favorables por parte de las autoridades de planeación, sanitarias y de bomberos, las cuales, en su orden, controlan el debido uso del suelo según el sector de la ciudad, la salubridad y seguridad del establecimiento. En consecuencia, la demandada deberá restringir el ámbito de sus negocios específicamente a la actividad autorizada en la licencia de distribución y evitar que su interés económico de mantener y acrecentar una clientela amenace los derechos del demandante y de los miembros de la comunidad en general. D E C I S I O N En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión, R E S U E L V E: PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de mayo 17 de 1995, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia de marzo 28 de 1995, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Plena, y ADICIONARLA, en el sentido de ORDENAR a la demandada DANNAY MORENO OSPINA que se abstenga de incurrir en conductas no autorizadas por la respectiva licencia de distribución de licor, como es la venta para el consumo de licor en el lugar, generando una amenaza a los derechos del actor y demás vecinos. TERCERO.- REQUERIR al Comandante de la Primera Estación de Policía de Tunja, para que se sirva tomar las medidas necesarias con el objeto de impedir el consumo de licor y cigarrillos en las inmediaciones de la estación de servicio "ESSO" que colinda con el establecimiento de comercio denominado "SURTILICORES 24 HORAS", localizado en la Calle 29A No. 10 de dicha localidad. CUARTO.- LIBRESE comunicación al mencionado Tribunal, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General (Sentencia aprobada por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) ). [1]Corte Constitucional. Sentencias T-146/93; AUTO SALA PLENA No 12 de 1995; T-206 de 1995; T-288 de 1995. [2]Corte Constitucional. Sentencia T-206 de 1995. MP JORGE ARANGO MEJIA

T-426-95 Sentencia No. T-426/95 Sentencia No. T-426/95 DERECHO A LA EDUCACION-Validación del año La culminación satisfactoria de un curso de educación media, al cual   se accedió sin el cumplimiento de los requisitos previos que para el caso exige la ley, no convalida tal irregularidad, ni genera para el estudiante derechos adquiridos. El menor se ha visto perjudicado por la actitud equivocada de sus padres, que suministraron información inexacta e incompleta al rector del colegio demandado, haciéndole creer que el niño estaba pendiente de una habilitación para concluir satisfactoriamente su grado sexto, cuando en realidad dicha habilitación ya se había realizado, arrojando resultados negativos para el estudiante, lo que necesariamente implicaba para éste la pérdida del año. MALA FE-Matrícula irregular/NEGLIGENCIA DE LOS PADRES-Suministro de información educativa Si bien, por descuido o negligencia del colegio demandado no se realizó el examen correspondiente a la habilitación, es claro que éste no procedía, por cuanto el actor ya había agotado esa posibilidad, en el Colegio de origen, no siendo posible, de acuerdo con la ley, la "rehabilitación". Se evidencia descuido y mala fe de los padres, quienes además de suministrar información inexacta al colegio que recibía a su hijo, nunca solicitaron, a lo largo de todo el año de 1993, que se procediera a la realización del examen, que según ellos, el menor tenía "pendiente". DERECHO A LA EDUCACION-Pérdida de año Si bien la repetición del año, por insuficiencia académica, no puede entenderse como una sanción, ella si constituye un requisito exigible para obtener el derecho a la promoción de un grado a otro. No hubo por parte del colegio demandado ninguna violación del derecho a la educación del menor, y que por el contrario éste, a través de su actual rectora, quiso ayudarle a legalizar la situación irregular que se originó en la pérdida del grado sexto, utilizando para ello los mecanismos que prevé la ley. NOTA DE RELATORIA: En igual sentido se puede consultar la sentencia T-562/93. Gaceta de la Corte Constitucional, Tomo 12, pp. 219 a 228. REF.: Expediente No. T-72011 Actor: MIRZA ESTHER MONTERO OÑATE Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr.  VLADIMIRO NARANJO MESA Dr.   JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá D.C., septiembre  veintisiete (27)   de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala de Revisión de Tutelas, integrada por los H. Magistrados JORGE ARANGO MEJIA, VLADIMIRO NARANJO MESA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre el proceso de acción de tutela presentado por MIRZA ESTHER MONTERO DE OÑATE en representación de su menor hijo LUIS OÑATE MONTERO, contra el colegio Santo Tomás de la ciudad de Villanueva, Departamento de La Guajira, representado legalmente por su rectora señora MARIANA MENDOZA GUERRA. 1. ANTECEDENTES LA PRETENSION Y LOS HECHOS. La señora MIRZA ESTHER MONTERO DE OÑATE, en representación de su menor hijo, LUIS OÑATE MONTERO, interpuso acción de tutela contra la Rectora y Representante Legal del colegio SANTO TOMAS de la ciudad de Villanueva, Guajira, señora MARIANA MENDOZA GUERRA, con el objeto de proteger el derecho fundamental del menor a la educación. Como hechos que sustentan su petición la demandante expuso los siguientes: - Durante el año lectivo de 1992, el menor LUIS OÑATE MONTERO cursó en el colegio ROQUE DE ALBA de la ciudad de Villanueva, Guajira, el grado sexto de educación básica, perdiendo el área de matemáticas y la correspondiente habilitación. - Para el año lectivo de 1993, el menor ingresó  al colegio SANTO TOMAS de la misma ciudad, para cursar el grado séptimo; sin embargo, el trámite de matrícula se realizó sin que se hubieran allegado los documentos que se requieren para el efecto: registro civil, certificado médico, y certificado de calificaciones de los años anteriores. - De acuerdo con las declaraciones tomadas por la Juez de primera instancia, al rector de la época se le informó parcialmente de la situación, pues en ningún momento se le dijo que el alumno ya había habilitado y reprobado la materia, por lo que autorizó la matrícula en séptimo grado, comprometiéndose a que en el transcurso del año se procedería internamente a efectuar la correspondiente habilitación. - El alumno cursó satisfactoriamente el grado séptimo, sin que se le hubiere realizado el mencionado examen de habilitación, aprobando todas las materias, tal como se aprecia en el reporte de calificaciones que reposa en el expediente. - Al iniciar el año lectivo de 1994, el colegio, a través de su nueva rectora, al no encontrar en el expediente los documentos que se debieron aportar para la realización de la matrícula, solicitó a los padres del menor la remisión del certificado correspondiente al grado sexto, pues no tenía conocimiento del compromiso adquirido por su antecesor, en el sentido de que el colegio a su cargo realizaría la correspondiente habilitación, ni podía concluir que existiera algún problema, pues como se anotó, en el expediente no reposaba ningún tipo de documentación que permitiera evidenciarlo . - Al conocer en detalle la situación y concluir que de conformidad con la normativa legal aplicable, el alumno habría perdido el grado sexto, no siendo posible una nueva habilitación, la Rectora solicitó autorización a la Secretaría de Educación Departamental, para proceder internamente a la validación del sexto grado, y superar con ello la irregularidad que se había presentado. El secretario de educación del Departamento de la Guajira, a través de oficio No. 12 de 16 de febrero de 1994, le informó a la Rectora que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o. del Decreto 2225 de 1993, los establecimientos de educación básica secundaria y media vocacional, sólo pueden practicar validaciones de grados completos cuando se trate de alumnos provenientes de planteles educativos no aprobados, pero que acrediten licencia de iniciación de labores, o de alumnos provenientes del exterior cuyos certificados no estén debidamente legalizados. Para el caso específico del actor, señaló el funcionario, "sólo es posible la validación a través del ICFES" - La Rectora informó de la situación al padre del alumno, a través de oficio No.29 de 21 de febrero de 1994, en el cual le manifestó que el niño podía seguir en el colegio cursando el grado octavo en calidad de asistente, mientras allegaba la documentación que se requería para legalizar la matrícula, esto es, mientras validaba el grado sexto en el ICFES, institución que por lo demás realiza este tipo de aplicaciones periódicamente. Ante la negativa de los padres, la rectora les propuso, como otra alternativa, que el niño cursara en el colegio el sexto grado y una vez lo aprobará se le expedirían los certificados correspondientes a sexto y séptimo. Esta opción tampoco fue aceptada por los padres y el menor fue retirado del colegio. - Con fecha 24 de agosto de 1994, la madre del menor solicitó por escrito a la Rectora del colegio demandado, la expedición del certificado de estudios del actor correspondiente al grado séptimo, cursado y aprobado durante el año lectivo de 1993. Dicha solicitud fue denegada por la rectora del colegio a través de oficio No. 76 de 27 de septiembre de 1994, en el cual le comunica la imposibilidad de expedir el certificado por no tener legalizada la documentación correspondiente al año precedente, esto es, al grado sexto, cursado durante 1992 en otro colegio, el Roque de Alba de la misma ciudad. - Dicha negativa sirvió de base a la madre y representante del actor, para interponer la acción de tutela, pues considera que con esa actitud el colegio Santo Tomás, a través de su rectora, está violando el derecho a la educación de su hijo. 2. FALLOS QUE SE REVISAN 2.1 PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Promiscuo Municipal de Villanueva, Guajira, mediante providencia de 27 de febrero de 1995, negó la tutela impetrada por MIRZA ESTHER MONTERO DE OÑATE en representación de su menor hijo LUIS OÑATE MONTERO. La sentencia proferida se fundamentó en los siguientes argumentos: 2.1.1  La Juez de primera instancia negó la tutela por considerar que la decisión de la demandada, de no expedir el certificado de estudios correspondiente al grado séptimo, cursado por el actor en el establecimiento a su cargo, argumentando que ello no es posible hasta tanto se legalice lo correspondiente al grado precedente, grado sexto, cursado y reprobado en otro colegio, no atenta contra el derecho fundamental a la educación del menor actor. 2.1.2 Analiza el a-quo la situación del actor, previa la práctica de varias pruebas, a la luz de las disposiciones que rigen lo relativo a la pérdida de asignaturas, específicamente la Resolución No. 17486 de 1984, concluyendo que si bien el colegio demandado incurrió en un error, por descuido o negligencia, al comprometerse a realizar la habilitación en el transcurso del año de 1994 y no hacerlo, y que además propició el trámite irregular de la matrícula al no exigir los documentos que para el caso deben aportar los alumnos que ingresan por primera vez al plantel, el actor tampoco tenía derecho a habilitar la materia pérdida, por cuanto ésta ya había sido habilitada y reprobada, según lo certificó el rector del colegio Roque de Alba al Despacho de conocimiento. - Señala, que teniendo en cuenta que la mencionada normativa sólo permite la habilitación por una vez, en el caso de pérdida de una o dos asignaturas, y que éstas deben ser aprobadas por el alumno para que pueda ser promovido al grado superior, pues no hay lugar a la "rehabilitación", lo único que procedía en el caso del actor era la repetición del grado sexto, o su validación en el ICFES. Luego, afirma, el colegio demandado con sus acciones no ha vulnerado el derecho a la educación del menor, no obstante haber incurrido en una conducta irregular que debe ser investigada por las autoridades competentes, a las cuales la Juez de primera instancia remitió la información correspondiente. 2.2 SEGUNDA INSTANCIA. El Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, Guajira, mediante sentencia del 21 de abril de 1995, resolvió confirmar en todas sus partes el fallo proferido en primera instancia, el cual fue impugnado por la actora. Las razones que expone el Juez de segunda instancia para su decisión son las siguientes: 2.2.1 Manifiesta el a-quem que de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, le corresponde como juez de segunda instancia estudiar el contenido de la impugnación y confrontarlo con el fallo y el acervo probatorio para tomar su decisión; no obstante, dice, en el caso analizado la impugnación se limita a la manifestación expresa de apelación del fallo, sin que se presenten nuevos argumentos o elementos adicionales que deban ser considerados. 2.2.2 Anota que durante el proceso se probó de manera plena que el actor cursó y reprobó el sexto grado en el colegio Roque de Alba, y que dicho grado no se repitió en el colegio Santo Tomás, como se desprende de los resultados de la inspección judicial ordenada por la Juez de primera instancia, por lo que no podía ser promovido al grado séptimo. 2.2.3 Destaca el Juez de segunda instancia que en el caso analizado lo que se encuentra es una situación irregular, previa a la actuación que se le cuestiona al colegio demandado, el cual, a través de su rectora se negó a expedir una certificación de estudios correspondiente al grado séptimo, hasta tanto se allegue la documentación que pruebe que el grado precedente, sexto, ha sido aprobado; dicha actuación, concluye, en nada afecta el derecho fundamental a la educación del actor. 2.2.4. Por último, enfatiza que la obligación de proteger y educar a los niños según la misma Constitución, no es solo del Estado, sino que se extiende a la sociedad y a la familia, por lo que no encuentra "encomiable" que la representante y madre del menor, pretenda, a través de una acción de tutela, que soporta en una presunta e inexistente violación del derecho a la educación de su hijo, obtener un determinado resultado, a sabiendas de que ello no es posible y de que el proceso de matrícula fue irregular. Con esa actitud, anota, antes que beneficios lo que origina para su hijo son perjuicios. 3. COMPETENCIA Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la constitución Política, en armonía con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto-Ley 2591 de 1991, la Sala es competente para revisar la sentencia de la referencia. Su examen se hace en virtud de la selección que de las sentencias de tutela práctico la Sala correspondiente, y del reparto que se efectúo de conformidad con el reglamento de esta Corporación. 4. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Esta Corporación ha manifestado en reiteradas oportunidades la trascendencia e importancia que en un Estado Social de Derecho tiene la educación como derecho fundamental de las personas, importancia que consignó de manera expresa el Constituyente en el artículo 67 de la Carta: "La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. "La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente." En el caso analizado, se trata de determinar si la negativa de la Rectora del colegio demandado, a expedir un certificado de estudios correspondiente al grado séptimo, cursado y aprobado por el actor en el establecimiento a su cargo, el cual lo recibió y matriculó enterado de que tenía pendiente la habilitación de matemáticas, pero no de que ésta ya había sido presentada y reprobada en colegio de origen, por lo que a través del rector de entonces se comprometió a realizarla en el transcurso del año 1993, vulnera o no el derecho a la educación del menor; la demandada considera que no le es posible expedir el mencionado certificado, hasta tanto el actor legalice dicha situación, para lo cual ella le informó de las alternativas  jurídicamente viables, validación del grado sexto o repetición del mismo, ofreciéndole la colaboración del colegio. Al efecto, es pertinente desarrollar algunos temas que en principio sustentarían una reiteración de jurisprudencia. 1. La culminación satisfactoria de un curso de educación media, al cual   se accedió sin el cumplimiento de los requisitos previos que para el caso exige la ley, no convalida tal irregularidad, ni genera para el estudiante derechos adquiridos. Si bien el texto contentivo de la acción de tutela presentado por la madre del actor, se limita a reclamar la protección del derecho fundamental a la educación de su hijo, por considerar que la no expedición del certificado solicitado lo vulnera, su petición se soporta, tal como puede apreciarse en la declaración rendida ante el Juzgado de primera instancia, en el siguiente presupuesto: tratándose de un problema que se generó en el incumplimiento, por negligencia o descuido, de un compromiso adquirido por la administración del Colegio demandado, dado que el Rector de la época autorizó la matrícula comprometiéndose a efectuar la habilitación, la responsabilidad de resolverlo es exclusiva de dicho establecimiento, al cual le exige una solución. Al parecer, la demandante considera, que la omisión y el incumplimiento que le atribuye al colegio demandado, por no haber realizado éste la habilitación que según ella su hijo tenía "pendiente", permitiendo que el niño continuara cursando el séptimo grado, el cual culminó satisfactoriamente, implican por parte del plantel, una convalidación tácita del grado sexto, por lo que exige la entrega del certificado correspondiente al curso que aprobó, séptimo, olvidando que la validez del mismo está condicionada a que el alumno acredite, no sólo que cursó el grado inmediatamente anterior, sino que lo aprobó, bien anexando el correspondiente certificado expedido por el respectivo establecimiento educativo, o recurriendo al mecanismo de validación para obtenerlo. Sobre el particular ha dicho esta Corporación: "...la promoción de un estudiante al grado siguiente, sin el lleno de los requisitos, comporta una irregularidad que, pese a no haberse originado en este último, no genera un derecho adquirido a su favor. El procedimiento de validación que ofrece la ley (Decreto 2225 de 1993), persigue garantizar que el Estado compruebe los conocimientos, habilidades y destrezas del estudiante y que éste, de otra parte disponga de una oportunidad para consolidar la situación precaria en la que eventualmente pueda encontrarse como consecuencia de la inobservancia de la ley. La validación, desde esta perspectiva, no puede contemplarse como una sanción, sino como un remedio que se brinda a la persona que ha sido perjudicada con las violaciones a la ley patrocinadas por un tercero, pero que no puede pretender del Estado que convalide integralmente la acción irregular, lo cual solo se dará cuando el estudiante acredite el grado de formación y aprendizaje que la ley asocia a los diferentes niveles y títulos. (Corte Constitucional, Sentencia T-218, mayo de 1995, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). En este caso el menor se ha visto perjudicado por la actitud equivocada de sus padres, que suministraron información inexacta e incompleta al rector del colegio demandado, haciéndole creer que el niño estaba pendiente de una habilitación para concluir satisfactoriamente su grado sexto, cuando en realidad dicha habilitación ya se había realizado, arrojando resultados negativos para el estudiante, lo que necesariamente implicaba para éste la pérdida del año. 2. La improcedencia del derecho a la "rehabilitación". La normativa vigente en la época en que se sucedieron los hechos, contenida en la resolución 17486 de 1984, emanada del Ministerio de Educación Nacional, actualmente vigente, establece como condición necesaria para efectos de la promoción de un alumno a un grado superior, que dicho alumno haya cursado y aprobado el grado precedente. Así, el artículo 14 de la citada norma establece: "Artículo 14. El estudiante se promueve al grado superior o al diploma de bachiller cuando apruebe todas las áreas o cuando, promediadas las calificaciones de todas las áreas de formación, comunes y propias, arrojan una nota mínima de siete (7.0), siempre que el alumno no haya perdido más de un área y ésta no esté calificada con una nota inferior a cuatro (4.0). En este caso el estudiante no está obligado a habilitar el área perdida." Si el alumno reprueba una o dos asignaturas tiene derecho, por una sola vez, a habilitarlas, si las reprueba se entiende perdido el año el cual debe repetir; sobre el particular establece el artículo 17 de la resolución citada: "Artículo 17. Solo se permite la habilitación cuando el alumno no ha perdido sino una o dos áreas. Este debe habilitarlas y aprobarlas para ser promovido al grado superior o para obtener el diploma de bachiller, excepto en el caso contemplado en el artículo 14. En ningún caso se permite la rehabilitación." (El destacado se incluye). En cuanto a quién debe efectuar la habilitación de una materia pérdida, la resolución 19700 de 1985 que aclara el parágrafo 1o. del artículo 17 de la ya citada resolución 17486 de 1984, permite que el alumno o sus representantes elijan si la presenta en el colegio en el que adelantó el respectivo curso, que fue lo que ocurrió en este caso, o si la presenta en el plantel en el cual va a continuar sus estudios, alternativas que, obviamente, son excluyentes. Dice el mencionado artículo: "artículo 2o. Las habilitaciones correspondientes a los grados de educación básica y las del décimo grado de educación media vocacional, podrán presentarse en el instituto docente donde el alumno terminó el grado correspondiente, o aquel donde vaya a ingresar. En este último caso el alumno deberá presentar certificación expedida por el colegio de procedencia, en donde conste que no ha presentado dicha habilitación." (El destacado se incluye). En el caso analizado, el alumno perdió la asignatura de matemáticas, la cual, según lo certifica el rector del colegio Roque de Alba, habilitó y volvió a perder, de donde se concluye que debía repetir el año. Sin embargo, todo indica que al colegio demandado, en el cual laboraba por entonces el padre del actor, se le suministró una información incompleta e  inexacta, pues se le dijo al rector de entonces que el estudiante tenía "pendiente" la habilitación de una materia. El rector, acogiendo las alternativas que brinda la normativa legal vigente, se comprometió entonces a realizar la habilitación en el transcurso del año que se iniciaba, lo cual, sin embargo, no lo releva de la responsabilidad que le asiste al haber autorizado una matrícula irregular, pues omitió la exigencia de los documentos que para el caso el alumno debía allegar. Si bien, por descuido o negligencia del colegio demandado no se realizó el examen correspondiente a la habilitación, es claro que éste no procedía, por cuanto el actor ya había agotado esa posibilidad, en el Colegio de origen, no siendo posible, de acuerdo con la ley, la "rehabilitación". Se evidencia descuido y mala fe de los padres, quienes además de suministrar información inexacta al colegio que recibía a su hijo, nunca solicitaron, a lo largo de todo el año de 1993, que se procediera a la realización del examen, que según ellos, el menor tenía "pendiente". Ahora bien, en el supuesto de que efectivamente el actor hubiera tenido derecho a presentar el examen de habilitación, y que por descuido o negligencia del colegio éste no se hubiera realizado, tampoco sería exigible el certificado solicitado, pues tal situación no relevaba al menor de la obligación de aprobar el grado precedente, en su caso, por las circunstancias que se habían dado, recurriendo al mecanismo de la validación; dicho requisito, no podía entenderse soslayado por el incumplimiento por parte del Colegio, pues como lo ha dicho esta Corporación: "...los requisitos establecidos en la ley y normas reglamentarias, cuyo cumplimiento es necesario para considerar que un grado o nivel educativo ha sido aprobado, no pueden soslayarse, pues normalmente  con ellos el Estado aspira a garantizar la formación integral de los educandos y la calidad de la enseñanza." (Sentencia Corte Constitucional, T-218 de mayo de 1995, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). La negativa de la rectora demandada obedece a su decisión de cumplir estrictamente con las disposiciones de la ley, pues es consciente de que la validez del certificado solicitado por la madre del actor, el de séptimo grado, está sujeta a la legalización del grado precedente, el grado sexto, el cual, definitivamente, tal como se demostró en el proceso, fue reprobado por el alumno. Con dicha actitud la Rectora asumió la responsabilidad que le asiste al plantel que dirige, por cuanto él mismo con sus omisiones contribuyó a generar una irregularidad que perjudica gravemente al alumno. La actuación de la rectora demandada fue diligente y prudente en todo momento, pues al conocer la situación, su intención fue darle una solución inmediata y directa; por eso, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 2225 de 1993, norma que reglamenta el proceso de validación de grados correspondientes a educación básica y media, solicitó la autorización de la Secretaría de Educación de su Departamento para proceder a la validación del grado sexto del actor; tal autorización. Sin embargo, le fue denegada por cuanto la misma norma, como se señaló antes, de manera expresa establece las situaciones en las que es viable tal procedimiento: para la situación del actor, dicho decreto establece que el proceso de validación se debe efectuar a través del ICFES, describiendo de manera expresa las situaciones en las cuales él es procedente: "Artículo 3o. Los programas de validación se ofrecen para quienes se encuentren  entre otras, en las siguientes situaciones: a)... b) Quienes por cualquier circunstancia no hayan aprobado un grado; c) Quienes por un error administrativo hayan sido promovidos al grado siguiente, sin el lleno de los requisitos; d)... e)..." Es claro que la situación del actor configura los eventos descritos en los literales b y c de la norma citada, pues de una parte, el alumno reprobó el grado sexto, y de otra, la administración del colegio demandado incurrió en error, al aceptar, por intermedio del rector de la época, efectuar un examen de habilitación al cual ya no tenía derecho el actor, dando lugar a una matrícula irregular a la cual no se aportaron los documentos necesarios, con los cuales, valga decirlo, se hubiera constatado que el menor había perdido el grado sexto y en consecuencia que no podía ser promovido al grado séptimo. En cuanto a la actitud de la rectora demandada, es clara su disposición y su interés de colaborar con el alumno para que éste legalizara la situación y pudiera continuar con sus estudios; de manera inequívoca se prueba que la rectora adelantó varias diligencias tendientes a establecer cuáles eran las acciones procedentes en este tipo de casos, las cuales propuso a los padres, por considerar que configuraban alternativas viables jurídicamente, y que además evitaban perjuicios al menor, siempre bajo el presupuesto de que éste continuara en el plantel, lo cual desvirtúa cualquier posibilidad de violación al derecho fundamental a la educación, que genera para las personas que quieran ejercerlo la obligación de cumplir las condiciones establecidas para el efecto. " ...siendo la educación un derecho constitucional fundamental, el incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder el estudiante a sus obligaciones académicas y al comportamiento exigido por los reglamentos, puede dar lugar a la sanción establecida en el ordenamiento jurídico para el caso y por el tiempo razonable que allí se prevea, pero no podría implicar su pérdida total , por ser un  derecho inherente  a  la persona." (Corte Constitucional, Sentencia T-002 de mayo de 1992, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero). Si bien la repetición del año, por insuficiencia académica, no puede entenderse como una sanción, ella si constituye un requisito exigible para obtener el derecho a la promoción de un grado a otro; en el caso propuesto, la demandada exigió el cumplimiento de ese requisito esencial, ateniéndose a las disposiciones de la ley, para poder promocionar al alumno de un grado a otro; su actitud, sin embargo, no se limitó a exigir un documento, sino que se extendió a establecer primero y proponer después a los padres de alumno, las alternativas que legalmente permitían solucionar la situación irregular, que se originó en la pérdida del grado sexto por parte del menor, las cuales respetaban su derecho a permanecer en el plantel recibiendo el servicio educativo que éste brinda; quienes retiraron al menor del colegio fueron sus padres, que no aceptaron ninguna de las opciones que la directora del colegio les propuso, prolongando con dicha actitud la irregularidad, e impidiendo la utilización de los instrumentos que la misma ley prevé para solucionar ese tipo de situaciones. Se concluye entonces, que no hubo por parte del colegio demandado ninguna violación del derecho a la educación del menor, y que por el contrario éste, a través de su actual rectora, quiso ayudarle a legalizar la situación irregular que se originó en la pérdida del grado sexto, utilizando para ello los mecanismos que prevé la ley. En consecuencia, se confirmarán los fallos de primera y segunda instancia que se revisan, los cuales negaron la tutela. En virtud de lo expuesto, la Sala No. ocho de revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR las sentencias relacionadas con la acción de la referencia, proferidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Villanueva, Guajira, el 27 de febrero de 1995 y por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, Guajira, de 21 de abril de 1995. SEGUNDO. ORDENAR que por Secretaría General de esta Corporación, se comunique esta providencia al Juzgado Promiscuo de Villanueva Guajira, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiesese, notífiquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-427-95 Sentencia No. T-427/95 Sentencia No. T-427/95 DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Actuación disciplinaria/SANCION DISCIPLINARIA-Expulsión/SANCION DISCIPLINARIA-Cambio de horario de clases La Corporación demandada violó el derecho al debido proceso de la actora y de su compañero sancionado, al imponerles una sanción disciplinaria -a uno de ellos la expulsión-, sin permitirles ejercer su derecho de defensa, y sin la participación de la comunidad educativa, tal como lo ordena el Estatuto Superior. RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICULARES ANTE LAS AUTORIDADES/DERECHO A LA EDUCACION-Cambio de horario de clases/DEBIDO PROCESO-Cambio de horario de clases/VIA DE HECHO POR IMPOSICION DE SANCION EDUCATIVA A la actora no se le impuso la sanción disciplinaria por un hecho propio, cuya autoría y culpabilidad hubieran estado plenamente establecidos, sino en previsión de un hecho ajeno, futuro, e incierto, con lo cual la Corporación demandada violó el principio según el cual: “los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes”. Al imponer a la actora un cambio de horario forzoso, la institución educativa no sólo actuó injustamente e incurrió en una clarísima vía de hecho, sino que le violó su derecho a la educación, pues no existía causal que válidamente permitiera separarla del grupo que seleccionó para matricularse, precisamente por ser el que se adecuaba a su horario de trabajo, y al tiempo y medios disponibles para transportarse cotidianamente entre su sitio de estudios, el de trabajo, y su lugar de residencia. Ref.: Expediente T-72841 Acción de tutela en contra de la Corporación Colombiana de Formación Empresarial -COCFE- por una presunta violación de los derechos a la educación, al trabajo, y al debido proceso. Temas: -Derecho al debido proceso. -Derecho a la educación y derecho al trabajo. Actora: Nelly Edit Riveros Bernal Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz En Santafé de Bogotá D.C., a veintisiete (27) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, y Carlos Gaviria Díaz, este último en calidad de ponente, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN, procede a dictar sentencia de revisión en el proceso de la referencia. ANTECEDENTES 1. HECHOS. Nelly Edit Riveros Bernal se encuentra matriculada en la Corporación Colombiana de Formación Empresarial -COCFE-, donde cursa computación II en horario nocturno ya que, según manifiesta, durante el día debe trabajar para atender a su sustento. Sin que conste en el expediente desde cuándo, la actora mantuvo una relación sentimental con uno de sus compañeros de curso, José Miguel Melan Hoyos, la cual dió por terminada el 20 de abril del presente año. Rápidamente formalizó una nueva relación sentimental con otro compañero de curso, William Alexander Cano Suarcha -quien tuvo “mucho que ver en el problema en que nosotros, Miguel y yo hubiéramos terminado nuestro noviazgo” (folio 22)-. El día 25 de abril, mientras el grupo se encontraba trabajando en el salón de computación, José Miguel llamó afuera a Willian Alexander para tratar un asunto; éste último acudió al llamado ignorando las advertencias y el llanto de la actora, y aquél le agredió produciéndole una pequeña lesión en el pómulo izquierdo. Inmediatamente después de producida la agresión, el lesionado fue atendido y denunció el hecho ante la Unidad Judicial de la Sijin correspondiente al barrio Restrepo. Las directivas del plantel suspendieron por tres días a los contrincantes y a la actora, y el 28 de abril se reunió el comité de disciplina para estudiar el problema. Dicho comité decidió expulsar al agresor, e imponer a la dama objeto de la discordia un cambio forzoso de horario y, por tanto, de grupo. La actora solicitó al Director de la institución educativa que se reconsiderara su situación, pues existía incompatibilidad horaria entre su trabajo y los demás cursos, pero sólo logró que la Corporación buscara para ella un cupo en otro plantel, oferta que la actora rechazó porque el otro establecimiento queda muy retirado, y por considerar injusto el cambio forzoso. 2. DEMANDA DE TUTELA. Ante los hechos narrados, y la insistencia de las directivas en mantener su decisión, Nelly Edit acudió ante el juez de tutela para solicitar que se le ampararan los derechos al trabajo, la educación, y el debido proceso. “Para ello solicito se ordene a la CORPORACIÓN COLOMBIANA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL ´COCFE´ que me permita continuar con el horario de estudios de 7:00 a 9.00 p.m. que siempre he tenido, de modo que me sea posible continuar con mi trabajo y mi capacitación personal simultáneamente” (folio 5). 3. EL FALLO QUE SE REVISA. Al Juzgado Noveno de Familia de este Distrito Capital le correspondió por reparto conocer de la demanda, y el 26 de mayo del año en curso decidió negar el amparo solicitado con base en las siguientes consideraciones: “Estudiemos a continuación si efectivamente a la accionante se le ha torpediado (sic) su derecho a la educación” “Observemos primeramente que con la medida tomada por el centro educativo se deja en claro la protección que el director de aquél quiso asumir con respecto al estudiante agredido, lo que desde todo punto de vista y respetando la autonomía que toda institución tiene, es plausible por (sic) este Despacho, pues al fin y al cabo correspondía a dicho centro velar por la integridad, normalidad, pacificidad (sic), cordura y disciplina del estudiantado”. “De otro lado, es importante observar y detallar sin premura, que los derechos que toda persona tiene, terminan donde empiezan los de los demás, y en el caso de análisis no puede vulnerarse el derecho que le asiste al agredido para reclamar ante la institución académica, ni ante la justicia, aunque de manera taxativa, la protección a su propia vida, pues no podemos escudarnos en que aquél no sea el accionante para dejar de lado un derecho que podría ser mucho más fundamental que el alegado por la quejosa (el de la vida), pues ya la demostración agresiva del expulsado mostró las intenciones de aquél contra éste, de manera tal que no es para la suscrita juez una simple riña, sino que la misma en un momento dado puede constituirse en un agravante serio que perjudique la integridad física del afectado”. “De otro lado, no se juzga acertado someter las normas disciplinarias que por hechos como el acaecido deben adoptarse a las necesidades o conveniencias particulares de un alumno, como tampoco restringir o coartar la autonomía de las autoridades de un plantel educativo cuando están encaminadas a la protección de quienes en un momento dado puedan quedar en indefensión”. “Teniendo en cuenta entonces, que el centro contra el cual se ha dirigido la presente acción de tutela ha facilitado los medios y ha ofrecido las mejores posibilidades a la estudiante para que pueda continuar sus estudios sin interrumpir su actividad laboral, y principalmente porque corresponde a aquél proteger el buen nombre del plantel salvaguardando los derechos de los más desprotegidos, es que se recomienda a la accionante reorganice su calendario a fin de que continúe cursando sus estudios, sin que ello emplique el abandono de su trabajo”. “Por las someras consideraciones esta oficina denegará la acción incoada, respetando con ello las determinaciones acogidas por el centro educativo y dejando en libertad los principios que rigen al mismo” (folios 30 y 31). El anterior fallo no fue impugnado. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. COMPETENCIA. La Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia de instancia proferida en el presente proceso, en virtud de los artículos 86 y 241 de la Carta Política. Corresponde pronunciar la decisión a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, de acuerdo con el reglamento interno, y con el auto proferido por la Sala de Selección Número Siete el 5 de julio de 1995. 2. DERECHO AL DEBIDO PROCESO. El Constituyente de 1991 precisó en el artículo 29 de la Carta, que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. Y es cierto, como lo hace resaltar la jueza de instancia en su providencia, que también consagró el derecho de los establecimientos educativos de carácter privado a diseñar un currículo que distinga a sus egresados de los de los demás de su misma clase, de tal manera que se haga posible el ejercicio del derecho de los padres a “escoger el tipo de educación para sus hijos menores” (Art. 68 inciso 4). Pero la relativa autonomía que esto implica no es, ni mucho menos, completamente discrecional; el mismo artículo 68 Superior señala, en su inciso primero, que la ley “establecerá las condiciones para su creación y gestión”, dentro de las cuales, el legislador ha de desarrollar las limitaciones constitucionales a la autonomía de las instituciones educativas. Una de esas limitaciones constitucionales es consecuencia del inciso segundo del artículo en comento: “La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación”. Sin embargo, esta Sala no puede dejar de hacer notar que, según la copia del acta # 40, que obra a folio 2 del expediente, con el fin de considerar “la sanción disciplinaria de los alumnos que se pelearon en el salón de computación”, se reunieron “los profesores de comerciales... y el Director General”, pero sin la presencia del representante de los estudiantes, y el de los padres de familia (a quienes no se citó), para una deliberación de 15 minutos en la que se acordó imponer la sanción de expulsión a José Miguel Melan Hoyos, y la de cambio forzoso de grupo a la actora. Otra limitación constitucional se desprende del ya citado texto del artículo 29 de la Carta: no existe debido proceso administrativo en una actuación disciplinaria en la cual no se permite el ejercicio del derecho de defensa. Ahora bien: el Director General de la institución demandada se limitó a justificar la actuación disciplinaria de la misma, remitiendo al juzgado del conocimiento a la citada copia del acta # 40 (ver folio 20). Según ese documento, ni los estudiantes objeto de sanción estuvieron representados en la reunión, ni tuvieron oportunidad de participar en la misma personalmente. Así, esta Sala no puede dejar de concluír que la Corporación Colombiana de Formación Empresarial violó el derecho al debido proceso de la actora y de su compañero sancionado, al imponerles una sanción disciplinaria -a uno de ellos la expulsión-, sin permitirles ejercer su derecho de defensa, y sin la participación de la comunidad educativa, tal como lo ordena el Estatuto Superior. En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia se revocará el fallo de instancia, y se ordenará remitir copia al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES-, a fin de que se sirva investigar lo de su competencia en un caso como el sub lite. 3. DERECHO A LA EDUCACIÓN Y DERECHO AL TRABAJO. Nelly Edit Riveros Bernal solicitó en su demanda amparo constitucional para estos derechos fundamentales, en contra de la sanción disciplinaria que le impuso la Corporación Colombiana de Formación Empresarial, pues con tal actuación la entidad educativa la colocó frente a la alternativa de escoger entre el ejercicio de sus derechos a la educación y al libre desarrollo de su personalidad, compatibles con su derecho al trabajo, o renunciar a los primeros en beneficio del último, situación ésta planteada injustificadamante por quienes dirigen la institución. Frente a ese cargo, el representante legal de dicha entidad se limitó a responder a la jueza de instancia: “Me permito ratificar como argumento para trasladar de horario a la alumna Nelly Edit Riveros Bernal el acta # 40 que se encuentra en su despacho” (folio 20). En dicha acta, lo único que se dice respecto de la actora es: “Como sanción disciplinaria el comité disciplinario de profesores decidió: 1- Sancionar con expulsión al joven José Miguel Melan Hoyos. 2- Sanción para la señorita Riveros Bernal Nelly Edit, con un traslado obligatorio a otro curso con un horario diferente” (folio 2). No aparece allí mención alguna de la falta por la cual se impuso la sanción, de las normas del reglamento que presuntamente vulneró, o de las pruebas en las cuales se basa el comité para imponer el castigo. En su declaración, el Director de la institución precisó: “A ella la estamos cambiando de horario y de salón para evitar una nueva gresca y proteger a William” (folio 23). Así, es forzoso concluír que a la actora no se le impuso la sanción disciplinaria por un hecho propio, cuya autoría y culpabilidad hubieran estado plenamente establecidos, sino en previsión de un hecho ajeno, futuro, e incierto, con lo cual la Corporación Colombiana de Formación Empresarial violó el principio fundamental consagrado en el artículo 6 de la Carta Política, según el cual: “los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes”. Al imponer a la actora un cambio de horario forzoso, la institución educativa no sólo actuó injustamente e incurrió en una clarísima vía de hecho, sino que le violó su derecho a la educación, pues no existía causal que válidamente permitiera separarla del grupo que seleccionó para matricularse, precisamente por ser el que se adecuaba a su horario de trabajo en la empresa Rodamonel Ltda. (ver folio 3), y al tiempo y medios disponibles para transportarse cotidianamente entre su sitio de estudios, el de trabajo, y su lugar de residencia. DECISIÓN En mérito de las consideraciones que anteceden, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. Revocar el fallo proferido por el Juzgado Noveno de Familia de Santafé de Bogotá el 26 de mayo de 1995; en su lugar, tutelar los derechos al debido proceso y a la educación de Nelly Edit Riveros Bernal, violados por la Corporación Colombiana de Formación Empresarial -COCFE- como quedó expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Ordenar a la Corporación Colombiana de Formación Empresarial -COCFE- que  se abstenga de aplicar, y tenga como nula para todos los efectos, la sanción disciplinaria impuesta a Nelly Edit Riveros Bernal en clara violación de las normas constitucionales. En consecuencia, le permitirá continuar sus estudios en el horario para el cual se matriculó. TERCERO. Ordenar que por medio de la Secretaría General se remita copia de esta providencia al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES-, a fin de que proceda a investigar lo de su competencia. CUARTO. Advertir a las directivas de la Corporación Colombiana de Formación Empresarial -COCFE-, que deben proceder a actualizar sus estatutos e introducir los correctivos necesarios en su actuación administrativa, para que no vuelvan a incurrir en violaciones de los derechos fundamentales de los estudiantes similares a las que originaron el presente proceso, so pena de las sanciones contempladas en el Decreto 2591 de 1991 para el desacato. QUINTO. Comunicar la presente providencia al Juzgado Noveno de Familia de Santafé de Bogotá, para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Comuníquese, notifíquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CARLOS GAVIRIA DÍAZ Magistrado Ponente JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-428-95 Sentencia No. T-428/95 Sentencia No. T-428/95 ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Contaminación por ruido/INDEFENSION-Pasividad de la autoridad pública Parecería, aunque no hay prueba de ello, que el ruido ocasionado en el establecimiento constituiría la causa principal de la molestia. Tratándose de este tema, la Corte ya ha considerado que la persona se encontraría en estado de indefensión frente a quien contamina por medio de ruido. No está dirigida la solicitud contra la autoridad pública, sin embargo, conforme se citó anteriormente, la indefensión surge, si hay pasividad de tal autoridad. ACCION DE TUTELA CONTRA EL RUIDO-Nivel de tolerancia Si se supera el nivel de los decibeles fijados para zona comercial, hay un abuso que no es tolerable y se estaría violando un derecho fundamental, el de la salud, y, por lo tanto habrá que dar una orden para que no ocurra la violación. Como no está técnicamente probado que se haya superado el nivel de los decibeles, pero hay indicios de que sí ha ocurrido tal circunstancia, entonces, la determinación será la de exigirle al dueño o responsable del establecimiento que no supere el nivel permitido. Y, sí lo hiciere, el Juez de tutela, en cumplimiento de la sentencia, y una vez demostrada la violación, procederá a ordenarle a la Alcaldía Local de Santafé la cancelación de la licencia de funcionamiento. DERECHO A LA SALUD-Contaminación por ruido Prospera la tutela en cuanto hay protección al derecho a la salud, puesto que hay amenaza de violar ese derecho fundamental si ocurren ruidos contaminantes, por encima del nivel permitido en esa zona comercial. FALLO DE TUTELA-Competencia para el cumplimiento Como es el Juez de primera instancia quien hace cumplir el fallo de tutela y quien además mantiene la competencia hasta cuando "esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza", entonces, será dicho juez constitucional el competente para determinar, mediante providencia, la eliminación de la causa de la amenaza, si esta se produce con posterioridad a este fallo, ordenando al Alcalde Local que en el término de 48 horas cancele la licencia de funcionamiento. Es obvio que para tomar tal determinación, debe actuar con fundamento en las pruebas o en las informaciones pertinentes que le envién las autoridades policivas, y, si éstas son renuentes a prestar esa obligatoria colaboración, se aplicarán las sanciones respectivas; y, también es justo que, si el mismo interesado presenta prueba que le de al juez de tutela el convencimiento respecto de la situación litigiosa se haría también efectiva la orden de cancelarse la licencia. REF: Expediente Nº 59220 Procedencia: Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá. Peticionario: CAMILO SATIZABAL Temas: -Tutela contra particulares. -Tranquilidad subjetiva de los asociados. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá , D.C., veintisiete (27) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y la Conjuez Susana Montes de Echeverri. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-59220 adelantado por Camilo Satizabal, contra Pedro Jaramillo. Inicialmente le correspondió por reparto al Magistrado Hernando Herrera Vergara, quien se declaro impedido aceptándosele el impedimento el 12 de mayo de 1995, sorteándose como Conjuez a la doctora Susana Montes de Echeverri, quien se posesionó el 30 de mayo de este año, y, la ponencia correspondió al Magistrado Martínez Caballero, dentro de la misma Sala Sexta de Revisión. ANTECEDENTES 1. Solicitud. Camilo Satizabal Parra pide que "se restablezcan los derechos constitucionales fundamentales para el normal y tranquilo transcurrir de la vida, la intimidad, el trabajo, la tranquilidad y la paz de mi esposa y la mía." Se deduce de lo escrito que la tutela que instaura la dirige contra Pedro Jaramillo, propietario del establecimiento "Pedro Rimales" ubicado en la calle 19 Nº 4-71, cuarto piso, que colinda con el apartamento del peticionario. Presenta la acción en razón de que: En el dicho establecimiento se originan escándalos, ruidos, ensordecedores, de diferentes tipos y simultáneos: Los producidos por un inmenso aparato de sonido que supera los decibeles tolerables por el ser humano; el ruido por el taconeo o escobilleo sobre un entarimado, probablemente de numerosas parejas, y por los gritos estentóreos o muy fuertes de un individuo a través de un micrófono o alta voz, el cantinero que estimula a las personas del escobilleo, y alternando estas acciones con una retahila, a todo grito, de injurias, ofensas, insultos y agravios con palabras impublicables extraídas del arsenal de vulgaridades usadas por gentes de los bajos fondos. Estas sartas de injurias el sujeto del micrófono además de dirigirlas al supuesto grupo de clientes de ese establecimiento a manera de intermedio, las repite cuando los ha visitado la policía a la que llamo en la noche a las 9, a las 11, a la 1 y que dicho sea de paso no es nada eficaz y por el contrario se arrecia el escándalo. Cómo conciliar sueño con escándalo donde concurren tantos factores, y así estamos en las últimas cuatrocientas tormentosas noches. Todo este infernal escándalo comienza a las cinco de la tarde y termina a las tres de la mañana del día siguiente durante todos los días de la semana, exceptuando el domingo, desde el mes de julio de 1993." Agrega que pidió al Alcalde Menor de Santafé que revocará la licencia concedida a la cantina y que el funcionario le respondió justificando su determinación en el decreto 1042 de 1987 que, según Camilo Satizabal, viola la Constitución Política. 2. Pruebas. Obre en el proceso la respuesta que a Satizabal le dirigió el Alcalde Local de Santafé, diciéndole que el referido decreto 1042 de 1987 clasifica el establecimiento como de "uso principal permitido para el sector", que existen otros 20 establecimientos dedicados a la misma actividad y que fueron puestos muros en ladrillo, pisos en tableta y recubiertos en madera y esteras en las paredes que aminoraban el ruido. -La matrícula sanitaria del establecimiento. -La licencia de funcionamiento expedida por Resolución 1376 del 28 de junio de 1994. 3. Decisión  del juez de tutela. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá profirió sentencia el 16 de diciembre de 1994, negando la tutela, con base en estos argumentos: "Del análisis de la disposición legal transcrita (art. 42, num. 9, decreto 2591/91) se tiene, que para que sea procedente la tutela impetrada es necesario que el petente se encuentre en "situación de subordinación o indefensión", circunstancia ésta no predicable del señor CAMILO SATIZABAL PARRA respecto de señor PEDRO JARAMILLO pues de un lado, del escrito de tutela no se infiere tal circunstancia y, del otro, no se observa una inminente vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, aducidos por el actor, que permita la utilización de la acción de tutela como mecanismo transitorio. Es más, el art. 45 del decreto 2591 de 1991 establece que: "No se podrá conceder la tutela contra conductas legítimas de un particular". Si se tiene presente lo anterior y, vista la licencia de funcionamiento que obra a folio 27 del cuaderno de tutela y la comunicación suscrita por el Alcalde Local de esta ciudad, aportada a esta acción por el mismo petente, en el sentido de constatar positivamente las condiciones en que funciona el referido establecimiento de propiedad del accionado y no observando al rompe violación de derechos fundamentales por la actividad desarrollada en dicho local, fuera igualmente desestimar la tutela deprecada, pues ciertamente el señor PEDRO JARAMILLO está desarrollando una actividad comercial catalogada como legítima, según las probanzas allegadas. De otro lado, pertinente es señalar que si lo que intenta el accionante mediante el escrito de tutela propuesto es la "revocatoria del permiso o licencia de funcionamiento de la cantina "pedro rimales", ...... De esta forma, la petición así considerada no es factible de tener acogida en sede de tutela, pues una orden en este sentido está por fuera del marco jurídico constitucional que instruye la acción de tutela. A tal conclusión se allega si se tiene presente que nos encontramos ante una resolución administrativa, Resolución Nº 1376 del 28 de junio de 1994 suscrita por el Alcalde Local de Santafé de Bogotá que otorga licencia de funcionamiento al establecimiento denominado "La Tienda de Pedro Rimales" (fl. 27), que por su naturaleza es perfectamente demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo ya por razones de inconstitucionalidad o por razones de ilegalidad, si así lo considera el petente de la tutela, mediante las precisas acciones contempladas en el Código Contencioso Administrativo. Aún más, en comunicación suscrita por el alcalde local de esta ciudad de fol. 3 del cuaderno de tutela y aportado por el mismo petente donde se hace constar visita ocular practicada al establecimiento en mención, se lee: "...El negocio se encuentra en un centro comercial donde existen 21 tabernas, y discoteca, así mismo el concepto de uso es: Area de actividad múltiple, con tratamiento de rehabilitación Centro Uno, (AMRC1) comercio tipo B, grupo 2, K, 1 (taberna) 2, F, 1 (Restaurante) 1, B, 2, a (cafetería). El Artículo 60 del Decreto 1042- de 1987, lo clasifica como uso principal permitido para el sector. Además si cumple con el horario señalado en la licencia Nº 1376 del 28 de junio/94 vigente: domingo a Jueves de 8 a.m. a 1 a.m. del día siguiente, Viernes, Sábado y víspera de festivos, hasta las 3 a.m.. Respecto del ruido, se constató que los ventanales de la fachada del local, fueron sustituidos por muros en ladrillo (bloque 5). Los pisos en tableta y recubiertos en madera. A las paredes se les  colocó esteras en todo el negocio. Si bien es cierto que funciona éste negocio, existen otros 20 establecimientos dedicados a la misma actividad." II. FUNDAMENTOS JURIDICOS A. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. 1. Sujeto pasivo de la presente tutela. Está, en principio, dirigida contra un particular porque con su actividad afectaría la paz y el sosiego. Parecería, aunque no hay prueba de ello, que el ruido ocasionado en el establecimiento constituiría la causa principal de la molestia. Tratándose de este tema, la Corte ya ha considerado que la persona se encontraría en estado de indefensión frente a quien contamina por medio de ruido. En efecto, la Sala Séptima de Revisión en la sentencia T-357/95 explicó por qué hay indefensión: "Uno de los supuestos dentro de los cuales cabría una tutela contra particulares es la indefensión del afectado en relación con la persona que comete la conducta acusada (inciso 5º art. 86 C.P.). Ciertamente, en la sociedad existen algunos factores de hecho no provenientes del Estado con capacidad de constreñir al particular en el ejercicio de sus derechos fundamentales. La existencia de tales factores a veces es inducida ilegítimamente por la negligencia en el actuar del Estado. Es así como es posible configurar la indefensión como resultado de la pasividad de una autoridad pública. Al respecto la Corporación manifiesta que: "La situación de indefensión es una circunstancia empírica, no normativa, que coloca a la persona en la imposibilidad real de ejercer sus derechos fundamentales por motivos ajenos a su voluntad. Pese a que, in abstracto el ordenamiento jurídico dispone de medios de defensa judicial para la protección de los derechos e intereses, en la práctica, diversos factores de hecho, entre ellos la inacción de las autoridades públicas, pueden dar lugar a la desprotección y consecuente indefensión de una persona frente al poder o a la supremacía de otro particular. En estos casos, al juez de tutela corresponde verificar si efectivamente se configura una situación o relación de indefensión en la que esté en juego algún derecho fundamental que deba ser tutelado." (negrillas fuera de texto)[1] "La existencia o no de medios jurídicos de defensa del afectado frente a la persona acusada debe ser analizada bajo el prisma de la efectividad de los mencionados mecanismos, en el caso en concreto. "Por otro lado, uno de los supuestos dentro de los cuales se puede dar la tutela contra un particular es cuando la conducta de éste afecte grave y directamente el interés colectivo, esto es, "un interés que abarca un número plural de personas que se ven afectadas por la conducta nociva desplegada por un particular"[2].  En efecto, un particular puede superar el ámbito de ejercicio de sus derechos transgrediendo ilegítimamente un derecho colectivo. Sin embargo, no siempre que hay un interés colectivo éste es difuso, sino que también es posible que pueda ser individualizable. En conclusión, si es viable tramitar esta tutela contra el particular a quien se le dirige, y, se verá luego, si asiste o no razón en los pedimentos. Es importante aclarar: No está dirigida la solicitud contra la autoridad pública, sin embargo, conforme se citó anteriormente, la indefensión surge, si hay pasividad de tal autoridad. En el presente caso está probado que hay una licencia de funcionamiento, se le respondió al interesado que reglamentariamente el edificio donde habita está autorizado para que allí funcionen establecimientos públicos, luego, como lo dijo la sentencia de primera instancia: es una conducta legítima del particular contra quien se dirige la acción, y, no cabria la tutela por el simple hecho de funcionar. Pero, otra cosa diferente es el problema del ruido. Por supuesto que, en la sentencia T-357/95 también se dijo: "La vida en sociedad genera para el ser humano ciertas cargas propias de la interacción social. Este es el caso del ruido. Ciertamente, la vida social supone la tolerancia de la existencia de la alteridad, es decir, del otro. Esa otra persona tiene derecho a ser y, en consecuencia, a ejecutar todas sus manifestaciones de existencia como la producción de su propio ruido, obviamente limitado por los derechos de los demás y el orden jurídico (art. 16 C.P.). "Ahora bien, surge una pregunta: ¿el ejercicio abusivo de la producción de ruido podría llegar a vulnerar o amenazar un derecho fundamental?. La respuesta es afirmativa. Como primera medida, el ruido es reconocido como agente contaminante del medio ambiente, tanto por la legislación nacional (Decreto No. 2811 de 1974) como por la jurisprudencia de esta Corporación[3].  Así mismo, la Corte Constitucional ha reiterado en múltiples sentencias que el medio ambiente no es derecho fundamental por naturaleza, sin embargo, cuando existe una violación de un derecho fundamental, como la salud o la vida, es posible que proceda la tutela probándose la relación causal entre la actividad que vulnera el medio ambiente y el daño al derecho fundamental respectivo. En ese orden de ideas, es posible que el ruido llegue a niveles en los cuales viole o amenace violar un derecho fundamental como el de la salud, en cuyo caso pueda ser tutelado, en tanto y en cuanto, se logre comprobar el nexo entre la conducta acusada violatoria del medio ambiente y el daño o amenaza al derecho fundamental. "Es decir, si no se rebasa la escala sonora, no hay abuso. Dentro de los parámetros de la sentencia T-357/95 se reitera: "El nivel de tolerancia social del ruido está condicionado, principalmente, por la situación espacial y temporal en la cual se produce. En efecto, el Ministerio de Salud Pública expidió la Resolución No. 8321 de 1983, por la que "se dictan normas sobre protección y conservación de la audición de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos". En su artículo 17, la Resolución citada determina los niveles de ruido máximos permisibles según el lugar y la hora en que se produzca su emisión: Artículo 17.- Para prevenir y controlar las molestias, las alteraciones y las pérdidas auditivas ocasionadas en la población por la emisión de ruido, se establecen los niveles sonoros máximos permisibles incluidos en la siguiente tabla: TABLA NUMERO I Zonas receptoras Nivel de presión sonora de dB (A) Período diurno     Período nocturno 7:01a.m.-9p.m. 9:01p.m.-7a.m. Zona I residencial                 65                              45 Zona II comercial                  70 60 Zona III industrial                 75                              75 Zona IV de tranquilidad        45                              45 Parágrafo 1º - Para efectos del presente artículo la zonificación contemplada en la Tabla número I, corresponde a aquella definida o determinada por la autoridad competente en cada localidad y para cada caso. (...) Así mismo, el artículo 21 del precitado acto normativo reitera, en general, la obligatoriedad del artículo 17 ibídem, al establecer lo siguiente: Artículo 21.- Los propietarios o personas responsables de fuentes emisoras de ruido, están en la obligación de evitar la producción de ruido que pueda afectar y alterar la salud y el bienestar de las personas, lo mismo que de emplear los sistemas necesarios para su control con el fin de asegurar niveles sonoros que no contaminen las áreas aledañas habitables. Deberán proporcionar a la autoridad sanitaria correspondiente la información que se les requiera respecto a la emisión de ruidos contaminantes. Luego, la Resolución mencionada, en su artículo 22, determina el respeto a la intimidad en su componente de tranquilidad auditiva específicamente en las relaciones entre vecinos, sin atender a la actividad que desempeñen, estableciendo que "ninguna persona permitirá u ocasionará la emisión de cualquier ruido, que al cruzar el límite de propiedad del predio originador pueda exceder los niveles establecidos en el Capítulo II de la presente resolución". Claramente, la norma prohibe la intromisión arbitraria de un vecino al predio de otro, a través del ruido que sobrepase los niveles permitidos. En el artículo 23 ibídem, se les exige a los establecimientos, locales y áreas de trabajo el estricto cumplimiento de los niveles sonoros permisibles. En el artículo 25 ibídem, así mismo, a las actividades de diversión, como discotecas,  se les prohibe la emisión de sonidos capaces de perturbar a los habitantes de las zonas próximas. En ese orden de ideas, se vincula al cumplimiento de una determinada contención en el sonido tanto a los comerciantes como a las personas comunes. Así, las personas que tengan fuentes productoras de sonido que rebasen las escalas sonoras antes citadas están ejerciendo en forma abusiva su derecho a producir ruido." El solicitante afirma que ha habido alta emisión de ruido. Indudablemente, si se supera el nivel de los decibeles fijados para zona comercial, hay un abuso que no es tolerable y se estaría violando un derecho fundamental, el de la salud, y, por lo tanto habrá que dar una orden para que no ocurra la violación. Como no está técnicamente probado que se haya superado el nivel de los decibeles, pero hay indicios de que sí ha ocurrido tal circunstancia, entonces, la determinación será la de exigirle al dueño o responsable del establecimiento que no supere el nivel permitido. Y, sí lo hiciere, el Juez de tutela, en cumplimiento de la sentencia, y una vez demostrada la violación, procederá a ordenarle a la Alcaldía Local de Santafé la cancelación de la licencia de funcionamiento. En conclusión, prospera la tutela en cuanto hay protección al derecho a la salud, puesto que hay amenaza de violar ese derecho fundamental si ocurren ruidos contaminantes, por encima del nivel permitido en esa zona comercial. Para que se cumpla con el principio de la eficacia (art. 3º, decreto 2591/91), se establecen estos efectos del fallo para el caso concreto (art. 23, ibidem): Como es el Juez de primera instancia quien hace cumplir el fallo de tutela y quien además mantiene la competencia hasta cuando "esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza" (art. 27 ibidem), entonces, será dicho juez constitucional el competente para determinar, mediante providencia, la eliminación de la causa de la amenaza, si esta se produce con posterioridad a este fallo, ordenando al Alcalde Local que en el término de 48 horas cancele la licencia de funcionamiento. Es obvio que para tomar tal determinación, debe actuar con fundamento en las pruebas o en las informaciones pertinentes que le envién las autoridades policivas, y, si éstas son renuentes a prestar esa obligatoria colaboración, se aplicarán las sanciones respectivas; y, también es justo que, si el mismo interesado presenta prueba que le de al juez de tutela el convencimiento respecto de la situación litigiosa (art. 22 decreto 2591/91) se haría también efectiva la orden de cancelarse la licencia. En cuanto al menoscabo de la paz y la armonía ya dijo esta Sala: Es menester definir si se presenta violación o amenaza de un derecho fundamental por la ocurrencia de la conducta acusada. En lo que atañe a la presunta violación de los derechos a la paz y a la armonía social, "sería un desconocimiento del verdadero significado de la paz, suponer que siempre que a una persona le perturbe el efecto del que hacer de otra, se lesione por ello el derecho fundamental a la paz; no hay que confundir la paz constitucional con la tranquilidad subjetiva de uno de los asociados"[4]. No se trata, pues, de una violación a la paz, sino de la posible violación de la tranquilidad. Esta a su vez, se deriva del derecho a la vida digna y es un componente del derecho a la intimidad, en la medida en que éste supone un ambiente reposado, sosegado, cuya serenidad sólo puede modificar, precisamente, el propio titular del derecho. En el presente caso, no se puede hablar de violación a la paz, ni hay prueba de que se afectara la dignidad del solicitante o su intimidad. En mérito de lo expuesto la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución RESUELVE: PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia materia de revisión. Y, en su lugar, tutelar el derecho a la salud del solicitante, ordenándole a Pedro Jaramillo o a quien lo represente, que no podrá emitirse ruido en su establecimiento "Pedro Rimales" en niveles sonoros superiores a los 70 decibeles en el período diurno y 60 en el nocturno, los establecidos para zona comercial; y si ello llegare a acontecer, con la prueba que se le aduzca a la Sala Laboral del Tribunal de Santafé de Bogotá, de la manera como se indicó en la parte motiva, dicha Sala le ordenará al Alcalde Local de Santafé de esta ciudad, que en el termino de 48 horas, cancele la licencia de funcionamiento del aludido establecimiento, según lo indicado en la parte motiva de este fallo. SEGUNDO.- El Tribunal de Santafé de Bogotá, Sala Laboral, también vigilará el cumplimiento de la integridad de este fallo. TERCERO.- Comuníquese lo resuelto en esta providencia a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá para las notificaciones y efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. CUARTO.- Enviése copia de este fallo a la Alcaldía Local de Santafé, en este Distrito Capital. Cópiese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado SUSANA MONTES DE ECHEVERRI Conjuez [1]Corte Constitucional. Sentencia No. T-210 del 27 de abril de 1994. M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. [2]Corte Constitucional. Sentencia No. T-226 del 25 de mayo de 1995. M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz. [3]Corte Constitucional. Sentencias Nos. T-411/92, T-308/93, T-025/94 y T-226/95, entre otras. [4]Corte Constitucional. Sentencia No. T-028 del 31 de enero de 1994. M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

T-433-95 Sentencia No. T-433/95 Sentencia No. T-433/95 DERECHO A LA IGUALDAD-Nombramiento de quien obtuvo el primer puesto/DERECHO AL TRABAJO-Nombramiento de quien obtuvo el primer puesto/CONCURSO DE MERITOS-Nombramiento de quien obtuvo el primer puesto se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo del peticionario por parte de la Gobernación y la Secretaría de Educación, al omitir el nombramiento del actor quien obtuvo el primer lugar en el concurso efectuado para la provisión del cargo de Director, pues habiendo adquirido en forma válida y legítima el derecho a ocupar el puesto, se le niega el ejercicio del derecho, consistente en ser llamado a laborar en dicho cargo, y también el derecho a ejercer cargos públicos -artículo 40 numeral 7o. de la CP.-, por cuanto se le impide el acceso a la plaza para la cual concursó. Si la carrera administrativa se fundamenta única y exclusivamente en el mérito y la capacidad del funcionario público, a la administración pública no le queda otro camino que seleccionar al más destacado, o sea, quien ha demostrado una mejor preparación y competencia para el cargo que debe desempeñar. REF.: Expediente No. T - 77.473 PETICIONARIO: Jose Adelio Quinto Martínez contra la Gobernacion y la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Chocó. PROCEDENCIA: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó-Chocó, Sala Dual Civil-Laboral. “En un concurso de méritos quien ocupa el primer puesto por los puntajes obtenidos, debe ser nombrado para el cargo que concursó, sin que esté permitido a la administración alegar causales que no clarificó detalladamente en la convocatoria de reclutamiento”. MAGISTRADO PONENTE: HERNANDO HERRERA VERGARA Santa Fe de Bogotá, Septiembre veintinueve (29) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados HERNANDO HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO y FABIO MORON DIAZ, procede a revisar los fallos proferidos por el Juzgado Unico Laboral del Circuito de Quibdó, el 7 de junio de 1995 y por el Tribunal Superior de Quibdó, el 11 de julio del mismo año. I. ANTECEDENTES. El ciudadano JOSE ADELIO QUINTO MARTINEZ formula acción de tutela contra la Gobernación y la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Chocó, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición y a la igualdad, en razón de la discriminación de que fue objeto en la realización de un concurso que se llevó a cabo en la ciudad de Quibdó para llenar las vacantes denominadas “Directores de Núcleo de Desarrollo Educativo”, cargo para el cual concursó y ocupó el primer puesto entre los 29 concursantes. Manifiesta el accionante que mediante circular No. 005 del 13 de enero de 1994, expedida por la Secretaría de Educación y Cultura Departamental, se convocó a CONCURSO ABIERTO para Directores de Núcleo con el fín de llenar las vacantes existentes en el departamento, proceso que se inició en el mes de enero y culminó en mayo del mismo año, bajo la coordinación del Centro Experimental Piloto. Indica que cumplió con los requisitos exigidos en la Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 5284 del 28 de septiembre de 1993, por lo que pudo participar en el concurso, ocupando el primer puesto entre los concursantes. Expresa que una vez conocidos los resultados del concurso, la Secretaría de Educación cambió el carácter abierto del concurso para convertirlo en cerrado, colocando como condición para tener derecho a ser nombrados, que los elegibles debían estar vinculados como docentes en el Departamento del Chocó, cuando la norma solo exige estar vinculado como docente directivo en el sector oficial, independientemente de la región o entidad territorial en donde esté ejerciendo la docencia, tal como sucede en su caso al estar vinculado en el departamento de Antioquia. Señala que dicha situación la puso oportunamente en conocimiento del Gobernador del Departamento del Chocó con el objeto de que se aplicara el correctivo, y la respuesta obtenida del Jefe Administrativo de la Secretaría de Educación de ese mismo departamento, fue que “yo no tenía derecho a ser nombrado en ese cargo porque no era docente en servicio, desconociendo así la veracidad de los documentos expedidos por la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia”. Aduce que el Gobernador y la Secretaria de Educación del Chocó mediante Decreto 1167 del 29 de diciembre de 1994, nombró a (....) de la lista de elegibles del concurso, “sin tener en cuenta el orden de los puntajes con clara demostración discriminatoria entre los concursantes y violatoria de la normatividad, pues se nombró a quienes ocuparon los puestos 4o., 5o., 8o. y 9o., desconociendo el derecho de quienes ocupamos los puestos 1o., 2o. y 3o.”. Manifiesta además, que este hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades del departamento mediante comunicaciones de fechas 11, 12 y 19 de enero del presente año, sin que se haya obtenido respuesta alguna, pues el Secretario de Educación sólo se ha limitado ha expresar verbalmente unas buenas intenciones pero sin hechos concretos. Concluye manifestando "que el concurso ya cumplió su primer año y las vacantes sin llevar (sic)". Con fundamento en los hechos expuestos, el peticionario solicita que se haga el nombramiento a que tiene derecho como Director de Núcleo de Desarrollo Educativo, por haber ocupado el primer puesto entre los 29 concursantes. II. LAS DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN A. Sentencia de Primera Instancia. El Juzgado Unico Laboral del Circuito de Quibdó decidió mediante sentencia del 7 de junio de 1995, conceder al señor José Adelio Quinto Martínez la tutela de su derecho a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas y justas, de conformidad con el Decreto 1222 de 1993 expedido por el Gobierno Nacional, con fundamento en las siguientes razones: “El sentido común enseña que si una de las personas que presentó todos los documentos requeridos por la administración y allega los requisitos necesarios, debe aparecer en la lista de admitidos sin que posteriormente se le venga a cambiar las reglas del juego a excepción de que se pierda el examen de conocimiento u otro instrumento de selección. Pasando este obstáculo necesariamente debe aparecer en la lista de ganadores del concurso y con las cuales se conformará una lista de elegibles en estricto orden de mérito, tal como lo ha señalado últimamente la Corte Constitucional al declarar exequible el artículo 9o. del Decreto 1222 de 1993, excepto la parte que dice: "la provisión del empleo deberá hacerse con una de las personas que se encuentran en los tres primeros puestos de la lista de elegibles". Así las cosas debemos decir que en un concurso de méritos quien ocupa el primer puesto por los puntajes obtenidos, debe ser nombrado para el cargo que concursó, sin que se esté permitiendo a la administración pública alegar causales que no clarificó detalladamente en la convocatoria en el reclutamiento, eso sería tanto como jugar con cartas escondidas en perjuicio de la parte más débil como es el aspirante a un trabajo en condiciones dignas y justas. Sería totalmente injusto por ejemplo, salirle a un concursante que aprobó todas las etapas del concurso y además ocupa el primer lugar de los elegibles, conque (sic) no se puede nombrar porque no llena los requisitos para el cargo que concursó. Habrase visto semejante exabrupto?. En este orden de ideas, el caso que nos ocupa nuestra atención, es evidente que el peticionario aprobó el concurso y ocupó el primer lugar, por lo tanto el Departamento del Chocó, por intermedio de la Secretaría de Educación debe nombrar al accionante para el cargo que concursó u otro de igual categoría, puesto que si la carrera administrativa se fundamenta única y exclusivamente en el mérito y la capacidad del funcionario público, a la administración pública no le queda otro camino que seleccionar al más destacado, o sea quien ha demostrado una mejor preparación y competencia para el cargo y que debe desempeñar, sin importar para nada que el candidato preste los servicios en otro Departamento como es el caso en estudio, puesto que si no se indicó en la convocatoria ese requisito o se le excluyó en el proceso de reclutamiento, no se le puede asaltar olímpicamente en la buena fe del concursante, pues ya se sabe los sacrificios que se deben afrontar para llegar a esa meta. .." B. La Impugnación. El Gobernador del Chocó por estar en desacuerdo con la decisión adoptada por el a-quo, la impugnó a través de apoderado judicial, argumentando que "la administración departamental por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, mediante circular No. 005 del 13 de enero de 1994, convocó a concurso para docentes laborando al servicio del Departamento del Chocó, como un "estímulo para los profesores que han demostrado algunas capacidades de liderazgo y responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes"; que resulta fácilmente que el objeto del concurso estaba dirigido a estimular con el "ascenso al cargo de Directores de Núcleos Educativos a maestros que a la fecha estuviesen activos trabajando al servicio del Departamento del Chocó". C. Sentencia de Segunda Instancia. El Tribunal Superior de Quibdó, a través de la Sala Dual Civil-Laboral, resolvió mediante sentencia del 11 de julio de 1995, revocar la providencia impugnada y en consecuencia denegar la acción de tutela instaurada, por las siguientes razones: "Teniendo en cuenta las razones reseñadas por el accionante, lamentablemente la justicia ordinaria a través de la institución denominada tutela, no está revestida de competencia para ordenar inmediatamente el restablecimiento del derecho que presuntamente le ha sido conculcado mediante el acto administrativo de nombramiento de Directores de Núcleo llevado a cabo por el ex-Gobernador y su ex- Secretaría de Educación, al omitir la designación del actor, puesto que de los cuatro (4) nombramientos efectuados por ministerio de la ley debieron nombrar al docente JOSE ADELIO QUINTO MARTINEZ, dado que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9o. del Decreto 1222 de 1993, el susodicho concursante estaba ubicado dentro de los tres (3) primeros puestos de la lista de elegibles, norma ésta que se encontraba vigente para la época que se hicieron las designaciones en referencia. Decimos que lamentablemente no se abre paso la pretensión invocada a través de la tutela, habida cuenta que el peticionario dispone de otro recurso o medio de defensa judicial para reclamar ante la autoridad competente la nulidad y restablecimiento del derecho, expresamente establecido en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo". III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Primera. Competencia De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional, a través de la Sala Sexta de Revisión de Tutelas, es competente para revisar el fallo proferido por el Tribunal Superior de Quibdó. Segunda. Problema Jurídico. Se observa que de lo que se trata en el presente asunto es de la protección del derecho fundamental a la igualdad del accionante, así como del trabajo en condiciones dignas y justas, presuntamente vulnerados por los accionados al haber desconocido que el peticionario aprobó el concurso para ascenso al cargo de Director de Núcleo Educativo en el Departamento del Chocó, y que además ocupó el primer lugar en el mismo, no siendo designado en el cargo. Expresa que a pesar de ello, fueron nombrados quienes ocuparon los puestos 4o., 5o., 8o. y 9o., desconociendo en forma abierta las normas que regulan lo concerniente a los concursos para cargos de carrera administrativa. El demandante sostiene en su escrito de demanda, que se desconocen los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo, pues el nominador estaba legal y constitucionalmente en la obligación de escoger a quien había ocupado el primer lugar en el concurso, argumento que fue compartido por el juez de primera instancia, pero rechazado por el de segunda, quien adujo la existencia de otros medios judiciales de defensa para negar la tutela instaurada por el señor JOSE ADELIO QUINTO. Agregó en su líbelo el actor, que una vez fueron conocidos los resultados del concurso, la Secretaría de Educación Departamental cambió el carácter de abierto del concurso para convertirlo en cerrado, poniendo como condición para tener derecho a ser nombrado, que los elegibles deberían estar vinculados como docentes en el Departamento del Chocó, cuando según él, la norma sólo exige estar vinculado como docente directivo en el sector oficial. Tercera. Procedencia de la Tutela en el caso concreto con fundamento en la jurisprudencia constitucional. De manera reiterada se ha pronunciado esta Corporación en relación con la provisión de cargos de carrera administrativa por concurso en asuntos similares, cuyos criterios jurisprudenciales deben ser reiterados en esta oportunidad. a) Modificación de las bases del concurso. Sobre el particular, ha tenido oportunidad de sostener esta Corporación[1], que: "Esta Sala de Revisión tuvo ocasión de recordar que "la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática en precisar que los concursos, cuya finalidad sea el acceso a la función pública,deben sujetarse estrictamente a los procedimientos y condiciones fijados de antemano y que las reglas que los rigen son obligatorias, no sólo para los participantes sino también para la administración que, al observarlas, se ciñe a los postulados de la buena fe(C.P.art.83), cumple los principios que según el artículo 209 superior guían el desempeño de la actividad administrativa y respeta el debido proceso (C.P.art.29), así como los derechos a la igualdad (C.P.art.13) y al trabajo (C.P: art. 25) de los concursantes. Una actitud contraria defrauda las justas expectativas de los particulares y menoscaba la confianza que el proceeder de la administración está llamado a generar". En idéntico sentido, en la sentencia T-256 de 1995, se expuso: "Al señalarse por la administración las bases del concurso, estas se convierten en reglas particulares obligatorias tanto para los participantes como para aquélla, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo que no puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección. Por consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce las reglas del concurso ... incurre en violación de los principios que rigen la actividad administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el proceder irregular de aquélla". b) Designación de quien obtiene la mejor calificación en el concurso. En relación con la designación de una persona que ha participado en un concurso público y ha obtenido el primer puesto, ha señalado esta Corporación lo siguiente: "En el evento que ahora se examina, la Sala advierte que efectivamente la peticionaria obtuvo la mejor calificación en el concurso y que el nominador al proveer el cargo público llamó en primer término al aspirante que ocupó el tercer puesto quien declinó el nombramiento,  siendo entonces llamado el segundo en la lista de elegibles. Esta sola circunstancia es suficiente para comprobar el quebrantamiento unilateral de las bases del concurso porque, como bien lo precisó la Corte: "...Establecer un concurso público y señalar un procedimiento que termina por no atribuir al vencedor el cargo o plaza objeto del mismo, elimina su esencia y lo despoja de su estímulo. Si en verdad se anuncia por el Estado que un empleo se va a nombrar por concurso y, en últimas se designa al tercero o al segundo mejores aspirantes, pero no al primero, se defrauda la confianza de este aspirante inducida en virtud de la convocatoria y, de este modo, igualmente, se asalta la buena fe de todos los restantes aspirantes que en teoría han emulado y se han presentado al concurso con miras a ser los primeros y así obtener en justa lid el premio a su mérito -socialmente comprobado- representado en este caso, por el consecuente nombramiento con apego al resultado objetivo del concurso. Si, en estas condiciones, el nombramiento recae en quien no es el primero en orden de méritos, ello será así en virtud de la libre voluntad del nominador que habrá transformado el sistema de vinculación a la función pública establecido en la Constitución y en la ley, asignándole en la práctica al empleo objeto del concurso el carácter de empleo de libre nombramiento y remoción". (Sentencia No. C-041 de 1995). ...... 8. En cuanto al derecho a la igualdad, se dijo: "Pero, además de lo anterior, en abierta violación del principio de justicia se le negó a la ganadora el nombramiento que legítimamente le corresponde otorgándoselo a quienes no tenían mejor título que ella para obtenerlo, lo que a su vez, comporta violaciones al derecho a la igualdad, ya que, tal como lo puso de manifiesto la Corte, mereciendo la peticionaria un trato acorde con los resultados obtenidos en el concurso se ignoró esa condición preferente y se la ubicó "en igual posición a la de quienes no participaron o, habiéndolo hecho, obtuvieron calificaciones inferiores" (Sentencia No. T-046 de 1995 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo). Con fundamento en la jurisprudencia enunciada, observa esta Sala que en el asunto que se revisa, se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo del peticionario por parte de la Gobernación y la Secretaría de Educación del Departamento del Chocó, al omitir el nombramiento del actor quien obtuvo el primer lugar en el concurso efectuado para la provisión del cargo de Director de Núcleo Educativo, pues habiéndo adquirido en forma válida y legítima el derecho a ocupar el puesto, se le niega el ejercicio del derecho, consistente en ser llamado a laborar en dicho cargo, y también el derecho a ejercer cargos públicos -artículo 40 numeral 7o. de la CP.-, por cuanto se le impide el acceso a la plaza para la cual concursó. No sobra destacar, que el Juzgado Laboral del Circuito de Quibdó concedió la tutela, por cuanto según indicó, en un concurso de méritos quien ocupa el primer puesto por los puntajes obtenidos, debe ser nombrado para el cargo que concursó, sin que esté permitido a la administración alegar causales que no clarificó detalladamente en la convocatoria de reclutamiento. En este orden de ideas, se reafirma que en el caso que nos ocupa es evidente que el peticionario aprobó el concurso y ocupó el primer lugar, por lo tanto el Departamento del Chocó, por intermedio de la Secretaría de Educación debe nombrar al accionante para el cargo que concursó u otro de igual categoría, puesto que si la carrera administrativa se fundamenta única y exclusivamente en el mérito y la capacidad del funcionario público, a la administración pública no le queda otro camino que seleccionar al más destacado, o sea, quien ha demostrado una mejor preparación y competencia para el cargo que debe desempeñar, sin importar para nada que el candidato preste los servicios en otro Departamento como es el caso en estudio, puesto que si no se indicó en la convocatoria ese requisito o se le excluyó en el proceso de reclutamiento, “no se le puede asaltar olímpicamente en la buena fe del concursante, pues ya se sabe los sacrificios que se deben afrontar para llegar a esa meta...", como bien lo expresó el Juzgado Laboral del Circuito de Quibdó, cuya decisión ésta Corporación comparte y prohija. Finalmente, en relación con los argumentos del a-quo para denegar la tutela, que se fundamentan en la existencia de otros medios de defensa judicial, debe manifestarse, como ya lo ha hecho en otras oportunidades esta Corporación[2], que: "la acción de tutela es un mecanismo protector de los derechos constitucionales fundamentales, de carácter subsidiario, por lo cual su procedencia se hace depender de que no existan otros medios de defensa a los que pueda acudir el interesado. Empero, esos otros medios judiciales deben tener, por lo menos, la misma eficacia de la tutela, para la protección del derecho de que se trate. Analizadas las circunstancias del caso concreto, se concluye que tales acciones no se revelan más eficaces  que la tutela, ya que, la decisión tardía del asunto, deja mientras tanto, intactas violaciones a los derechos a la igualdad y al trabajo..." (Sentencia No. T-298 de 1995). .... Estas apreciaciones coinciden con las vertidas por la Sala Segunda de Revisión en la sentencia No. T-256 de 1995, conforme a las cuales mediante el ejercicio de las acciones que pueden impetrarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no se obtiene "el resultado deseado, cual es el de ser nombrado en el cargo correspondiente". .... la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no es el mecanismo idóneo para amparar los derechos fundamentales que le fueron violados a la peticionaria" (M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell) (negrillas y subrayas fuera de texto). Cuarta. Conclusión. En razón a las consideraciones anteriores, esta Sala de Revisión revocará la sentencia que se revisa, proferida por el Tribunal Superior de Quibdó-Chocó, y en su lugar confirmará el fallo del Juzgado Unico Laboral del Circuito, en el sentido de conceder la tutela de los derechos al trabajo y a la igualdad del señor JOSE ADELIO QUINTO MARTINEZ, ordenando al Gobernador del Departamento del Chocó en asocio con la Secretaría de Educación Departamental, que en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a designar al peticionario en el cargo para el cual se presentó a concurso público, ocupando el primer lugar, o en otro de igual o superior categoría y remuneración. IV.      DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional obrando en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución R E S U E L V E : REVOCAR por las razones expuestas, la providencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, el 11 de julio de 1995, y en su lugar se dispone: PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Unico Laboral del Circuito de Quibdó el 7 de junio de 1995, en el sentido de CONCEDER al señor JOSE ADELIO QUINTO MARTINEZ la tutela de sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas y justas. SEGUNDO. ORDENAR al Gobernador del Departamento del Chocó, que en el término de un (1) mes, contado a partir de la notificación de ésta providencia, proceda a efectuar el nombramiento del señor JOSE ADELIO QUINTO MARTINEZ en el cargo para el cual se presentó a concurso público, habiendo ocupado el primer lugar, o en otro de igual o superior categoría y remuneración. TERCERO. El Juzgado Unico Laboral del Circuito de Quibdó vigilará el estricto cumplimiento de lo ordenado en esta providencia. CUARTO. Líbrense por Secretaría General de la Corte Constitucional, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO             FABIO MORON DIAZ Magistrado                                                  Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. T-325 de 1995. MP. Dr. Alejandro Martinez Caballero. [2] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. T-298 de 1995. MP. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

T-434-95 Sentencia No. T-434/95 Sentencia No. T-434/95 DERECHO DE PETICION-Alcance Cuando se solicita protección al derecho constitucional de petición, el juez de tutela tiene competencia únicamente para ordenar a la administración que responda las solicitudes respetuosas que han sido elevadas por los particulares, ya sea positiva o negativamente, cuando es evidente que los términos han vencido y esa respuesta no se ha producido. La orden no debe dirigirse a que la petición sea resuelta en tal sentido porque de ser así implicaría una intromisión indebida en las otras ramas del poder, lo cual no solamente desconocería el principio de la seguridad jurídica, sino también el de la separación de poderes. Significa lo anterior que al juez de tutela le está vedado señalar si determinado egresado cumple o no los requisitos para homologar el trabajo de investigación dirigida o la tesis de grado, por la judicatura, y simplemente debe limitar su actividad a la protección del derecho fundamental de petición: es decir, a determinar si se le brindó respuesta oportuna y eficaz a la solicitud formulada ante autoridad pública. MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Reconocimiento de la judicatura Para cuando fue presentada la acción de tutela, ya la administración había expedido el acto administrativo negando la homologación solicitada, por lo que se satisfizo el derecho del actor. Es decir, para esa fecha el derecho de petición no se encontraba vulnerado por lo que la acción de tutela carecía de objeto. Como la respuesta resultó adversa al solicitante, ya que se le negó la solicitud de Judicatura, a éste no le queda otra alternativa que agotar los recursos procedentes en la vía gubernativa, y, si es del caso, demandar el acto expedido o el que se expida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Si lo que se persigue es la discusión o controversia en relación con la aplicación de las normas legales que regulan lo concerniente a la aprobación de la Judicatura, la tutela no es procedente como lo ha dicho esta Corporación. JUEZ DE TUTELA-Incompetencia para reconocimiento de derechos La acción de tutela no es el mecanismo adecuado para obtener el reconocimiento del derecho que la demandante pretende, pues, en relación con el derecho de petición, esta Corte ya tiene establecido que la competencia del juez constitucional consiste sólo en ordenar que la autoridad defina prontamente la solicitud formulada, en cualquier sentido: positivo o negativo. De lo contrario, estaría invadiendo una órbita funcional que no le pertenece. REF.: Expediente No. T - 78.496 PETICIONARIO: FRANCISCO MARTINEZ CORTES contra el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. PROCEDENCIA: Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. “En relación con el derecho de petición, esta Corte ya tiene establecido que la competencia del juez constitucional consiste sólo en ordenar que la autoridad defina prontamente la solicitud formulada, en cualquier sentido: positivo o negativo”. MAGISTRADO PONENTE: DR. HERNANDO HERRERA VERGARA Santafé de Bogotá, D.C., Septiembre veintinueve (29) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, procede a revisar los fallos proferidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fé de Bogotá, Sala Civil, el cuatro (4) de julio de 1995, y por Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el diez (10) de agosto del mismo año, en el proceso de tutela de la referencia. I. ANTECEDENTES. Solicita el peticionario se le protejan sus derechos constitucionales fundamentales de petición, trabajo e igualdad, ordenando al Ministerio de Justicia y del Derecho expida en un plazo prudencial perentorio, el acto administrativo en virtud del cual se le apruebe la judicatura. Señala para fundamentar su petición, que como estudiante de la Universidad Externado de Colombia, culminó sus estudios en la facultad de derecho el 26 de junio de 1993, y por resolución número 333 de 1994 del Consultorio Jurídico de la mencionada Universidad, desempeñó el cargo de monitor con carácter de asistente docente entre el 2 de septiembre de 1994 y el 17 de marzo de 1995 (6 meses y 15 días). Hace alusión a que el Decreto 3200 de 1979 en su artículo 20 establece como requisito previo para obtener el título de abogado, el “trabajo de investigación dirigida” o la tesis de grado, o la posibilidad de que sea compensado dicho requisito con la práctica o el servicio profesional en uno de los cargos a que se refiere el numeral 1o. del artículo 23 del decreto ibídem por un lapso contínuo o discontínuo. Destaca entre los cargos, el de monitor de consultorio jurídico nombrado para una jornada completa de trabajo, con el carácter de asistente del Director, “en la realización de las prácticas del plan de estudios”. Señala que la Ley 48 de 1993 -que regula el servicio de reclutamiento y movilización-, concedió prerrogativas a quienes hubiesen terminado estudios universitario. Al tenor de la ley, quienes terminen estudios universitarios y sean reservistas, tendrán una rebaja del 50% del tiempo del servicio social obligatorio de acuerdo con el respectivo programa académico, “para la refrendación del título profesional, con autorización del organismo competente”. Por lo anterior, señala el actor que en su calidad de reservista de primera clase y como monitor del Consultorio Jurídico, cumplía con los requisitos legales para que se le reconociera su derecho a la Judicatura, razón por la cual elevó el 31 de marzo de 1995 ante el Ministerio de Justicia solicitud en ese sentido. Señala que no obstante de conformidad con el artículo 8o. de la Resolución No. 2001 de 1984, el Ministerio de Justicia cuenta con 10 días hábiles para resolver la solicitud formulada, al no obtener respuesta, elevó el 8 de mayo de año en curso una carta dirigida al Secretario General del Ministerio, insistiendo en la petición, la que repitió el 30 del mismo mes, pero en esta ocasión apoyado en el derecho de petición (art. 23 CP.), a fin de que se informara acerca del resultado de la solicitud de su JUDICATURA, pero agrega, “el Ministerio siguió guardando silencio al respecto”. Por último, afirma que no cuenta con otros medios de subsistencia económica diferente al digno ejercicio de su profesión, que ha podido desempeñar hasta ahora, gracias a la licencia temporal que está próxima a caducar -el 26 de junio del año en curso-, “por lo que me veré en la obligación de abandonar por culpa de una omisión de la Administración Pública mi carrera profesional”. En razón de los hechos expuestos, solicita al Ministerio accionado que expida a la mayor brevedad, el acto administrativo que apruebe su judicatura, para así desempeñarse en el ejercicio de la abogacía. II.    LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE SE REVISAN. A.     Sentencia de Primera Instancia. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fé de Bogotá, Sala Civil de Decisión, mediante providencia del 4 de julio de 1995, negó la tutela instaurada por el accionante, con fundamento en que para la fecha de la presentación de la demanda, el Ministerio de Justicia y del Derecho ya había expedido el acto administrativo denegando la solicitud de aprobación de la judicatura. Señaló el citado Tribunal para fundamentar su decisión, lo siguiente: “Se ha reafirmado por la doctrina constitucional que aquel derecho -el de petición- involucra no sólo la posibilidad de acudir ante la administración, sino que supone además, un resultado de ésta, que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución. Sin este último elemento el derecho de petición no se realiza, pues esencial al mismo. Es por ello por lo que haya advertido la Corte Constitucional que “la omisión en que incurre la autoridad al no responder las peticiones con la necesaria prontitud, acarrea la consiguiente responsabilidad disciplinaria. Aunque ello genera, por otra parte, la ocurrencia del fenómeno jurídico del silencio administrativo -que se concreta en un acto ficto o presunto demandable ante la jurisdicción- no por eso queda relevada la administración del deber que se le impone de resolver la solicitud, pues sería inaudito que precisamente la comprobación de su negligencia le sirva de pretexto para continuar violando el derecho” (Sent. T-242 de 1993). (...) Es palmar, de este breve antecedente, que cuando el peticionario acudió a la acción de tutela -la que fuera presentada al Tribunal el 22 de junio- el acto administrativo estaba expedido y, por consiguiente, el derecho de petición formulado era improcedente por extemporáneo. Si la acción de tutela, de otro lado, se consagró como mecanismo tendiente a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, su prosperidad debe concretarse en una orden impartida con el fin de lograr la efectiva protección del derecho o la restauración del que se haya amenazado o violado. Si, por consiguiente, desaparecen los supuestos de hecho que fundamentaran la acción por haber cesado la conducta violatoria si es que efectivamente existió, evidentemente desaparecen las razones en que el juez en sede de tutela pudiera ampararse para impartir una orden, ya que en el supuesto de expedirse quedaría sin piso por sustracción de materia. El término, en fin, para brindar la respuesta oportuna se superó con creces, y solo cuando se acudió al derecho de petición el Ministerio procedió a dar respuesta. Esta circunstancia, en fin, permite aseverar que por parte del Ministerio se incurrió en omisión, por lo que habrá de requerirse a fin de que en lo futuro se abstenga de observar esa conducta, so pena de incurrir en sanciones disciplinarias”. B. De la Impugnación. El peticionario impugnó oportunamente el precitado fallo, porque consideró que lo que demandó de la administración fue la expedición de un acto administrativo donde se le reconociera un derecho adquirido por ley, y no uno cualquiera como el que se expidió para negarle la aprobación de la judicatura. Por ello, insiste en que el derecho de petición ha debido ser tutelado para que así recibiera protección igualmente el derecho al trabajo y a la igualdad, derechos sobre los cuales el Tribunal omitió pronunciarse, no obstante haberse indicado desde el comienzo que el único requisito que le faltaba para obtener el título de abogado es la resolución de aprobación de la judicatura. C. Sentencia de Segunda Instancia. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, mediante providencia del diez (10) de agosto de 1995 resolvió CONFIRMAR el fallo impugnado. En relación con los argumentos de la impugnación, sostuvo la Corte Suprema de Justicia, que: “Son varios los derechos fundamentales cuya protección se solicita en el caso concreto (petición, trabajo e igualdad). Con todo, pese a que evidentemente el Tribunal omitió pronunciarse sobre los dos últimos, ello realmente no se hacía necesario por cuanto su presunta vulneración no deviene de manera inmediata. La omisión de la autoridad administrativa en expedir la resolución de la judicatura, es lo que, según el petente, amenaza el derecho al trabajo y el de igualdad. Su aducción en este preciso proceso es una simple conjetura del petente como conclusión a la omisión de la administración en expedir el acto administrativo que resuelva sobre la solicitud de la judicatura. Ello muy seguramente porque no alcanzó a entender que la solicitud no necesariamente debe resolvérsele favorablemente”. Respecto del derecho de petición, sostuvo la misma Corte Suprema, lo siguiente: “Ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación, en el sentido de señalar que cuando se solicita protección al derecho constitucional de petición, el juez de tutela tiene competencia únicamente para ordenar a la administración que responda las solicitudes respetuosas que han sido elevadas por los particulares, ya sea positiva o negativamente, cuando es evidente que los términos han vencido y esa respuesta no se ha producido. La orden no debe dirigirse a que la petición sea resuelta en tal sentido porque de ser así implicaría una intromisión indebida en las otras ramas del poder, lo cual no solamente desconocería el principio de la seguridad jurídica, sino también el de la separación de poderes. Significa lo anterior que al juez de tutela le está vedado señalar si determinado egresado cumple o no los requisitos para homologar el trabajo de investigación dirigida o la tesis de grado, por la judicatura. Si no puede hacer ese análisis es apenas obvio que tampoco puede ordenar al organismo administrativo competente para que profiera la decisión en tal sentido. Desde luego que para que el derecho sea conculcado por la administración, la pronta respuesta que de la misma se exige, debe ser adecuada con la solicitud planteada, ya sea, se repite, negativa o afirmativamente. No se cumple por ende el derecho de petición cuando la respuesta de la administración se desvía del objeto preciso de la solicitud. En el caso concreto es intrascendente computar el término de los diez días que tenía el Ministerio de Justicia y del Derecho, para resolver la solicitud de resolución de la judicatura a partir de una cualquiera de estas tres fechas: 31 de marzo, 8 y 30 de mayo de 1995. Lo cierto es que la solicitud de amparo del derecho de petición fue presentada el 22 de junio y la administración se pronunció el 20 de junio, mediante la expedición del acto administrativo correspondiente. Lo anterior indica que para cuando fue presentada la acción de tutela, ya la administración había expedido el acto administrativo negando la homologación solicitada. Es decir, para esa fecha el derecho de petición no se encontraba vulnerado por lo que la acción de tutela carecía de objeto. Como a esta conclusión arribó el Tribunal, no le queda otra alternativa a la Corte que confirmar el fallo impugnado. Con todo, al revisar el acto administrativo expedido pudo comprobarse que si bien no lo fue dentro de los términos de ley, la respuesta sí se avino al tema planteado. En efecto, la negativa a aprobar la judicatura tuvo como motivo dos hechos trascendentales: el primero porque la judicatura no tiene el carácter de servicio social obligatorio a que hace alusión el artículo 40 literal C) de la Ley 48 de 1993. Y el segundo porque el cargo de Monitor de Consultorio Jurídico con el carácter de Asistente Docente, no se desempeñó por el término mínimo exigido en la ley. Lo anterior denota que la respuesta de la administración fue adecuada con lo solicitado, vale decir, el derecho de petición no fue vulnerado en cuanto a su contenido. De consiguiente, como la respuesta resultó adversa al solicitante, a éste no le queda otra alternativa que agotar los recursos procedentes en la vía gubernativa, tal como se señaló en el numeral segundo de la parte resolutiva de la resolución, y, si es del caso, cuestionar el acto expedido o el que se expida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Primera. La competencia. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar la sentencia proferida en el proceso de la referencia por la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, el 10 de agosto de 1995. Segundo. Problema Jurídico. La demanda de tutela que ocupa la atención de esta Corporación se dirige a obtener la protección de los derechos de petición, trabajo e igualdad, presuntamente vulnerados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en cuanto no le ha resuelto su solicitud tendiente a que se expida el acto administrativo que apruebe la judicatura para así poder desempeñarse en el ejercicio de la abogacía. Según el Tribunal Superior de Bogotá que conoció en primera instancia de la tutela, el Ministerio accionado ya expidió el acto administrativo denegando la solicitud de aprobación de la judicatura, por lo que la acción formulada no es procedente. Impugnada por el peticionario la anterior decisión, con el argumento de que lo que demandó de la administración fue la expedición de un acto administrativo donde se le reconociera un derecho adquirido por ley y no uno cualquiera como el que se expidió para negarle la aprobación de la judicatura, la Corte Suprema de Justicia resolvió confirmar la providencia de primera instancia, señalando para el efecto que la respuesta de la administración fue adecuada con lo solicitado, “vale decir, el derecho de petición no fue vulnerado en cuanto a su contenido. De consiguiente, como la respuesta resultó adversa al solicitante, a éste no le queda otra alternativa que agotar los recursos procedentes en la vía gubernativa”. Tercera. Breve justificación para confirmar la providencia que se revisa. Teniendo en cuenta que el derecho que se dice vulnerado es el de petición, “por la no expedición del acto administrativo en virtud del cual se apruebe la judicatura”, debe la Sala de manera previa, examinar el contenido de la Resolución proferida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, y con fundamento en ella, reiterar de conformidad con la jurisprudencia emanada de esta Corporación, lo expuesto por la H. Corte Suprema de Justicia en el fallo que se revisa, en relación con el núcleo esencial y el contenido del artículo 23 de la Carta Política. A. De la Resolución emanada del Ministerio de Justicia y del Derecho dando respuesta a la petición del accionante. En primer lugar, debe hacerse referencia a la respuesta que el Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho dió al peticionario en relación con su solicitud de aprobación de la judicatura, mediante Resolución No. 1320 del 20 de junio de 1995, en la cual se expresó lo siguiente: “CONSIDERANDO Que el señor FRANCISCO MARTINEZ CORTEZ (....), egresado de la Universidad Externado de Colombia (...) solicitó a esta Secretaría le sea acreditada su práctica profesional. .... Que como fundamento de su petición, el interesado presenta a estudio su desempeño como, MONITOR DEL CONSULTORIO JURIDICO DE LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA EN SANTAFE DE BOGOTA, D.C. DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1994 AL 17 DE MARZO DE 1995. Que de acuerdo al estudio realizado a la situación del peticionario en relación con la alternativa indicada, se establece que su labor como monitor del Consultorio Jurídico de la Universidad Externado de Colombia en Santafé de Bogotá no puede tenerse en cuenta para efectos del reconocimiento de la judicatura, por las siguientes razones: .... Que efectuado el estudio del tiempo laborado por el peticionario en el cargo de monitor del Consultorio Jurídico de la Universidad Externado de Colombia en Santafé de Bogotá por el término de seis (6) meses, se establece que no reúne el requisito mínimo de tiempo exigido para el reconocimiento de la Judicatura. Además, referente a la aplicación del beneficio contemplado por el literal C del artículo 40 de la Ley 48 de 1993 (...), esta no es procedente, pues debe tenerse en cuenta que la Judicatura como requisito para obtener el título profesional de abogado, no tiene el carácter de servicio social obligatorio a que hace alusión la citada norma, para efectos de eximir del cincuenta por ciento (50%) del tiempo respectivo, a quienes hubieren prestado el servicio militar obligatorio. Que en consecuencia, el peticionario no cumple con los requisitos exigidos para que sea acreditada su practica profesional. Por lo expuesto y siendo competente este despacho, RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- Negar la solicitud de Judicatura presentada por el señor FRANCISCO MARTINEZ CORTES, identificado (...) ARTICULO SEGUNDO.- Contra la presente Resolución proceden los recursos de la vía gubernativa interpuestos dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su notificación”. B. Inexistencia de violación del derecho de petición. Con fundamento en la resolución transcrita, por medio de la cual se le da respuesta al peticionario, en relación con su solicitud de Judicatura, no observa esta Sala violación o amenaza alguna a sus derechos fundamentales de petición, trabajo e igualdad. El Ministerio de Justicia, en atención a la petición que se le formuló por parte del señor Francisco Martinez Cortes, examinadas las pruebas acompañadas a la misma y las normas legales que rigen la Judicatura, determinó que no llenaba con los requisitos exigidos para el efecto, con lo cual se le dió respuesta en los términos constitucionales -artículo 23-, a la solicitud presentada, y que ahora es objeto de tutela. Por lo tanto, estima la Corte, que no existe justificación alguna que permita inferir la procedencia de la acción de tutela, como en el mismo sentido lo señaló la Corte Suprema de Justicia en la providencia que se revisa, por cuanto se reitera, no se vulneró el derecho de petición del actor. Sobre el particular, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el sentido de señalar que cuando se solicita protección al derecho constitucional de petición, el juez de tutela tiene competencia únicamente para ordenar a la administración que responda las solicitudes respetuosas que han sido elevadas por los particulares, ya sea positiva o negativamente, cuando es evidente que los términos han vencido y esa respuesta no se ha producido. La orden no debe dirigirse a que la petición sea resuelta en tal sentido porque de ser así implicaría una intromisión indebida en las otras ramas del poder, lo cual no solamente desconocería el principio de la seguridad jurídica, sino también el de la separación de poderes. Significa lo anterior que al juez de tutela le está vedado señalar si determinado egresado cumple o no los requisitos para homologar el trabajo de investigación dirigida o la tesis de grado, por la judicatura, y simplemente debe limitar su actividad a la protección del derecho fundamental de petición: es decir, a determinar si se le brindó respuesta oportuna y eficaz a la solicitud formulada ante autoridad pública, como efectivamente aparece demostrado que sucedió en el presente caso, en que el Ministerio de Justicia y del Derecho respondió mediante Resolución No. 1320 del 20 de junio de 1995 la petición del actor respecto de su Judicatura. Al respecto cabe reiterar lo que sobre el derecho de petición ha expresado esta Corporación: “El derecho de petición tiene como titular a toda persona, nacional o extranjera. Por medio de él, se permite acudir ante las autoridades o ante las organizaciones privadas en los términos que defina la ley, con el fin de obtener una pronta resolución a las solicitudes que se hayan presentado. No significa esto que deban responderse las peticiones en una determinada forma; lo que se exige es un pronunciamiento oportuno. El ejercicio de este derecho se hace tal vez más evidente en determinadas situaciones, donde el pronunciamiento de la entidad permite al particular definir una expectativa, que a su vez es fundamento para la protección de algunos de sus derechos fundamentales.” (Sentencia No. T-124 de 1993. MP. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa). En este sentido, y como lo señalara la Corte Suprema de Justicia en la providencia que se revisa, para cuando fue presentada la acción de tutela, ya la administración había expedido el acto administrativo negando la homologación solicitada, por lo que se satisfizo el derecho del actor. Es decir, para esa fecha el derecho de petición no se encontraba vulnerado por lo que la acción de tutela carecía de objeto. En este sentido, concluye la Sala que la respuesta de la administración fue adecuada con lo solicitado, vale decir, el derecho de petición no fue vulnerado en cuanto a su contenido. Por lo tanto, como la respuesta resultó adversa al solicitante, ya que se le negó la solicitud de Judicatura, a éste no le queda otra alternativa que, como lo dispuso la Resolución No. 1320 del 10 de junio de 1995, emanada del Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho en su artículo segundo, agotar los recursos procedentes en la vía gubernativa, y, si es del caso, demandar el acto expedido o el que se expida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Si lo que se persigue es la discusión o controversia en relación con la aplicación de las normas legales que regulan lo concerniente a la aprobación de la Judicatura, la tutela no es procedente como lo ha dicho esta Corporación, al expresar que “la acción de tutela no fue organizada por el constituyente para amparar derechos de rango legal. Lo que implica que el juez de tutela se encuentra sin competencia para abordar la revisión de la titularidad de los derechos reconocidos en la ley, haciendo adecuaciones normativas de los supuestos de hecho en que se encuentra el interesado, o evaluando las pruebas que para determinar los mismos, presente quien aspire a la declaración de su derecho” (Sentencia No. T-054 de 1994. MP. Dr. Fabio Morón Diaz). Por lo tanto, estima la Sala que un pronunciamiento orientado a dar cabal satisfacción a las pretensiones del peticionario, rebasa el ámbito de la competencia del Juez de Tutela, pues fuera de carecer de competencia para ello, no cuenta con los elementos de juicio indispensables a la finalidad de resolver sobre los derechos por cuyo reconocimiento y efectividad se propende. Es necesario reiterar que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para obtener el reconocimiento del derecho que la demandante pretende, pues, en relación con el derecho de petición, esta Corte ya tiene establecido que la competencia del juez constitucional consiste sólo en ordenar que la autoridad defina prontamente la solicitud formulada, en cualquier sentido: positivo o negativo. De lo contrario, estaría invadiendo una órbita funcional que no le pertenece. Conforme a lo anterior, se confirmará el fallo que se revisa, proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. IV.    DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, obrando en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO. CONFIRMAR el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 10 de agosto de 1995, dentro del proceso de tutela instaurado por FRANCISCO MARTINEZ CORTES. SEGUNDO.  Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO   FABIO MORON DIAZ Magistrado                                 Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-435-95 Sentencia No. T-435/95 Sentencia No. T-435/95 FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Controversia sobre régimen salarial/DERECHOS DE RANGO LEGAL-Controversia sobre régimen salarial El conflicto planteado en el caso sub examine en cuanto a la naturaleza de la controversia, no es de carácter constitucional, sino tipicamente legal, que se resume en la aplicación de normas jurídicas relativas al régimen salarial de algunos empleados de la Fiscalía General de la Nación y sus posibles interpretaciones. MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Controversia sobre régimen salarial Sobre la improcedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de derecho litigiosos de rango legal, la Corporación ha manifestado reiteradamente que "Un pronunciamiento orientado a dar cabal satisfacción a las pretensiones del peticionario, rebasa el ámbito de la competencia del Juez de tutela, ...pues fuera de carecer de competencia para ello, no cuenta con los elementos de juicio indispensables a la finalidad de resolver sobre los derechos por cuyo reconocimiento y efectividad se propende.  En este sentido los fallos emitidos en materia de acción de tutela no tienen virtualidad para declarar derechos litigiosos, menos aún cuando de éstos se predica su carácter legal." REF.: Expediente No. T-74249 Actor: MIGUEL MANJARRES IBARRA Y OTROS Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr.  VLADIMIRO NARANJO MESA Dr.   JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá D.C.,  septiembre veintinueve (29) de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Corte Constitucional, Sala de Revisión No. Ocho,  integrada por los Magistados JORGE ARANGO MEJIA, VLADIMIRO NARANJO MESA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a revisar las sentencias relacionadas con la acción de tutela de la referencia, proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Marta de fecha 24 de abril de 1995 y Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, de fecha 9 de junio de 1995. I.    ANTECEDENTES Los ciudadanos Miguel Manjarres Ibarra, Clara Celis Sanchez, Pedro Hernandez Pomares, Irasema Noguera Labarces, Jose Eddie Cotes Blanco, Marina Rosado Cantillo, Gladys Cotes Laurens, Sonia Albus Diazgranados, Alirio Antonio Noche Munive, Melva Rincones de Rivas, Gloria Cantillo Pertuz, Nuris Ureche Acosta, Carlos Pertuz Rua, Luis Diazgranados Gual, Mirian de Andreis Pardo, Leonor Caviedes Constante, Alicia Gomez  Fernandez,  Luz Maria Castro Castellanos, Gloria Amaris Cuentas, Carlos Tinoco Arnedo, Pedro Polo Robles, Melba Richardson de Cuba, Saturnino Pedrozo Torres, mediante apoderado presentaron acción de tutela contra la doctora Nohora Mendoza Hoyos, Directora Seccional  Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación, de la ciudad de Santa Marta, con el fin de que se tutelen sus derechos fundamentales a la vida, igualdad, trabajo y dignidad humana, igualmente para que mediante sentencia judicial se ordene la cancelación de salarios y prestaciones sociales correspondientes al año de 1993, con base en lo previsto en el Decreto 52 de 1993 (sic) a partir del 1o. de enero de 1993; los salarios y prestaciones sociales correspondientes al año de 1994, con base en lo contenido  en el Decreto 84 de 1994, a partir del primero de enero de 1994; los salarios y prestaciones sociales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 1995 de acuerdo a lo ordenado en el Decreto 50 de 1995. Además se les pague retroactivamente las diferencias entre los salarios y prestaciones cancelas irregularmente por  indebida aplicación del régimen laboral. II.   LOS HECHOS DE LA DEMANDA Los peticionarios manifestaron que son funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, creada y reglamentada por el Decreto 2699 de 1991, afirman pertenecer a la categoría de servidores públicos que no se acogieron al nuevo régimen regulado en el mencionado decreto, régimen salarial de la Fiscalía, ya que optaron por continuar en el régimen salarial ordinario que tenían como funcionarios de los juzgados de instrucción criminal, según la facultad consagrada  en el artículo 64, parágrafo 3o. del mencionado decreto. Los actores argumentan que la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación de Santa Marta, no aplicó el contenido del decreto 52 de 1993, sino el previsto en el Decreto 51 del mismo año, y la aplicación del Decreto 84 de 1994 y no el 104 de 1994 y en cuanto a este año, la aplicación del Decreto 50 de 1995 y no el 47 de 1995. III.    LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado 2o. Civil Municipal de Santa Marta, asumió el conocimiento del proceso y dispuso  oficiar al funcionario demandado para que informara los motivos que lo llevaron a no dar aplicación a las normas invocadas y al régimen legal laboral aplicable de los peticionarios; mediante sentencia de abril 24 de 1995, tuteló transitoriamente los derechos al trabajo, a la dignidad humana y a la igualdad de los demandados y ordenó a la Fiscalía Seccional de Santa Marta que en el término de 48 horas realizara todas las gestiones encaminadas a la cancelación de los incrementos salariales tal como lo ordenaron los Decretos 52 de 1993, 84 de 1994 y 50 de 1995, causados a partir del 1o. de enero de 1993.  Igualmente advirtió a los petentes que dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación del fallo, debían iniciar las acciones contencioso administrativas ordinarias so pena de cesar los efectos de la decisión. Consideró el juez de tutela de primera instancia que: "1o.  Con el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación  (Decreto 2699 de 1991), todo el personal de funcionarios y empleados que venían laborando en los distritos órganos, pasaron a ser parte de la Fiscalía General de la Nación. Para tal efecto el artículo 64 de tal disposición legal, permitió que tales funcionarios pudieran escoger libremente entre el  régimen salarial ordinario heredado de la Rama Judicial y el nuevo régimen  salarial consagrado en el artículo 54 de la obra ejusdem. "Es así que para cobijar el año de 1993, el ejecutivo central, con base en la ley marco, cuya nomenclatura es "Ley 4a. de 1992, dictó los Decretos 51, 52, 53 y 57 de 1993 siendo el móvil de tales normas sectorizar a los funcionarios que continuaban con el régimen salarial ordinario cuyos derechos adquiridos, tales como prima de antigüedad, ascencional, etc., se les continuará pagando.   Y los servidores que optaron únicamente por el régimen especial sin derecho a tales prerrogativas. "En este orden de ideas, tenemos que el Decreto 52 de 1993, en su artículo 13, establece de manera pragmática y sin equívoco alguna sería aplicado a los servidores que no opten por el régimen salarial establecido en desarrollo del artículo 14 de la Ley 4a. de 1992.  En acato del artículo en cita se crea el Decreto 53 de 1993, que para ese año establece el régimen salarial especial de carácter optativo para los servidores  ya vinculados  a la Fiscalía, disponiendo entre otros casos, que quienes no optaron por tal régimen antes del 28 de febrero de 1993, continuaban rigiéndose por las normas legales vigentes a la fecha. "De cara al Decreto 52 de 1993, tenemos que el 51 del mismo año, quien en su artículo 3o. estatuye que tal norma sería aplicable de manera especial para quienes se vinculen a la Fiscalía con posterioridad al año de creación de tal ley; es decir, para los servidores vinculados posteriormente al año de 1993. "Si lo anteriormente expuesto, lo trasladamos al caso subjudice y lo cotejamos con las pruebas visibles a folio 1o. al 29 del cuaderno número y folio 1 al  28 del cuaderno No. 3, salta a la vista sin mayor esfuerzo, que si los señores Miguel Manjarrés y otros decidieron por única vez, acogerse al régimen salarial imperante en sus antiguos cargos, resulta que el régimen aplicable para todos ellos es el consagrado en el Decreto 52 de 1993. "2.  De manera similar al año de 1993 en el  año de 1994, se les permite a los servidores de la Fiscalía General de la Nación, optar por una parte, lo estatuído    en el Decreto 84 de 1994; esto es, para aquellos funcionarios que no  optaron por el régimen especial establecido en el Decreto 53 de 1993, y por  otra parte, tenemos que el Decreto 108  de 1994, por el cual se consagra un régimen especial para los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, quienes en su oportunidad se acogieron a las disposiciones del Decreto 53 de 1993. "Para determinar qué régimen salarial les es aplicable a los accionantes, nos toca hacer el mismo raciocinio utilizado en el item anterior,  y para ello se hace necesario confrontar el acervo  probatorio  recaudado en el presente proceso." "... "Por otra parte, es el caso acotar, que para los petentes no es aplicable el art. 1o. del Decreto 306 de 1992, que establece que no existe perjuicio irremediable cuando el interesado puede solicitar a la autoridad  competente el restablecimiento o protección del derecho y no lo es, porque en el proceso está claramente determinada la no existencia de ningún acto administrativo susceptible de ser atacado por los mecanismos ya citados. "De igual manera, es del caso tener presente de que a pesar que el artículo 2o. del Decreto 306 de 1992 impide utilizar la acción de tutela para hacer respetar derechos que sólo tienen rango legal, o para hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, o cualquier otra norma de rango inferior, la Corte Constitucional en reiteradas  jurisprudencias ha inaplicado esa norma por ser  incompatible con el artículo 86 de la C.N., a cuyo tenor la acción de tutela  protege los derechos constitucionales fundamentales 'cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad". IV.   LA IMPUGNACION El apoderado de los peticionarios presentó escrito ante el Juez Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, en el que solicita la confirmación del fallo impugnado. Sostiene el apoderado de los peticionarios favorecidos con la decisión judicial de tutela que: "Sea lo primero indicar que el apelante a pesar de que presenta varias disquisiciones y hasta maltrata de palabras al fallador de primer grado  cuando señala que 'su decisión no tuvo suficiente estudio y análisis', que es un 'funcionario incompetente' y que 'dió una aplicación contraria a derecho', tal como quien dice que prevaricó, no toca el ilustre abogado apelante el verdadero meollo planteado, que a nuestro juicio, resulta claro: la vigencia o revocatoria del artículo 64 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía. Pues, si la norma estableció que los empleados de dicho órgano judicial podían optar por el régimen salarial que presentaba y el que traían, está vigente, es obvio que los empleados de la Fiscalía que no optaron por su régimen salarial deben devengar los sueldos y prestaciones establecidos por la Rama Judicial.  En cambio, si tal norma fue derogada, no tiene por qué aplicarse a empleados de la Fiscalía régimen salarial de la Rama, pues éste tiene sus propios regímenes, como lo señaló  en su oportunidad el Jefe de la Oficina Jurídica de la Fiscalía General de la Nación, doctora PATRICIA OLIVEROS LAVERDE, para negar a los empleados el famoso 2.5% que se aumentó a la Rama Judicial en el Decreto 57 de 1993:" Agrega también el apoderado de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, afirmando que: "Para  1993, dado que el mismo Estatuto Orgánico estableció la autonomía presupuestal y administrativa de la Fiscalía, el Gobierno Nacional derogó tácitamente el famoso artículo 64 del Estatuto, que nos mandaba a los  antiguos salarialmente a la Rama, y dictó dos decretos, el 53 que en su  artículo 1o. definió su aplicación 'para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo" (decreto) y quienes ya vinculados quisieran acogerse a él; precisando en ese mismo artículo que 'los servidores  públicos que no opten por el régimen establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha. Y el 52, que naturalmente ya estaba vigente como quiera que había nacido antes que el 53, era su hermano mayor, que estableció también en su artículo 13, que 'las normas contenidas en este Decreto se aplicarán a los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación que no opten por el régimen especial establecido en desarrollo del artículo 14 de la Ley 4a.  de 1992'.  En otras palabras, el Decreto 52 se aplica a quienes no se acogieron al Decreto  53, pues éste se dictó, según su explicación de motivos, 'En uso de las facultades legales y en especial a las contenidas por el artículo 14 de la Ley 4a. de 1992". Continúa el apoderado, afirmando que: "Ellos con argumentos absurdos, expresan que aún los empleados de la Fiscalía que no se acogieron al Decreto 53 de 1993 se rigen por los Decretos salariales de la Rama, cuando por otro lado han sostenido que la Fiscalía es autónoma legal, administrativa y presupuestalmente. Con tal posición han mantenido sin aplicación durante estos dos largos años el Decreto 52 de 1993, el 84 de 1994 y el 50 de 1995. Pues, no es como extrañamente lo afirma el ilustre abogado apelante, que a los funcionarios y empleados de la Fiscalía se le han venido aplicando los tres decretos mencionados; ello es falso, pues a unos se les han aplicado los Decretos 53 de 1993, 108 de 1994 y 49 de 1995, y a los otros se nos han aplicado los decretos vigentes para los juzgados, 51 de 1993, el 104 de 1994 y 47 de 1995. Es decir, han dejado en un extraño limbo jurídico los decretos mencionados; 52, 84 y 50." Igualmente el actor Francisco A. Baquero, coadyuva la posición de apoderado de los otros actores y solicita la confirmación de la decisión, con argumentos semejantes. Finalmente el Director  Administrativo y financiero de la Fiscalía General de la Nación, apeló, dentro del término establecido, la sentencia de primera instancia, exponiendo las siguientes razones para respaldar el recurso: "Al crearse la Fiscalía se definieron dos grandes grupos: Uno el de quienes trabajaban en entidades que fueron incorporadas y prefirieron  mantener el régimen salarial y prestacional que les venía cobijando en la Rama Judicial; Otro, el de  quienes: o se vincularon como 'nuevos' a la Fiscalía, o venían trabajando en las entidades incorporadas y escogieron el régimen salarial especial creado para la Fiscalía, D.L. 2699/91, Art.  54 y Art. 64 Parágrafo 1). "Así, en 1992 se aplicó el D. 903/92 para 'Los de Rama Judicial' y el 900/92 para 'los  de Fiscalía', como en la práctica se han identificado. "Las diferencia fundamental entre los dos regímenes es que el de Rama Judicial reconoce una prima de antigüedad del 10% sobre el sueldo básico por cada dos años de servicio, mientras que el de Fiscalía establece un sueldo básico mucho más alto pero sin prima de antigüedad (ni otras como ascensional y por capacitación). El D.  2699 dijo expresamente, Art.  64 parágrafo 1:  'Las personas que se vinculen por primera vez o se acojan a la escala salarial prevista en el artículo 54, sólo tendrán  derecho al sueldo que corresponda al cargo según la nomenclatura y escala de  salarios aquí señalados; no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación u otras especiales que estuvieren percibiendo antes de su incorporación a la nueva planta'. "Enseguida dió la oportunidad, en el numeral 3o. del mismo Parágrafo para que después de seis meses de estudios y cálculos cada funcionario incorporado escogiera voluntariamente y por una sola vez entre esos dos regímenes. "Los accionantes escogieron quedarse con el de la Rama, pero ahora quieren que se les aplique el básico más las primas de la Rama Judicial. "En 1993 se expidieron los D. No. 51 para la 'Rama Judicial' y el No. 52 para 'la Fiscalía', manteniendo las misma estructura que se había creado desde 1991. "Pero adicionalmente en este año 1993 el Gobierno introdujo una iniciativa de reordenamiento salarial, en todas y cada una de las entidades del sector, en cumplimiento de la Ley marco 4a. de 1992, dándole a cada grupo la posibilidad de cambiar la retroactividad de cesantías congeladas en un Fondo y una mejora salarial. "Así a los funcionarios de la 'Rama Judicial' les ofreció quedarse con el D. 51/93, o pasarse al D.57/93, si efectivamente trabajaban en la Rama, o al 53/93 si trabajaban en la Fiscalía. "Y a 'los de Fiscalía' les ofreció quedarse con lo normado por el D. 52/93 o pasarse al D. 53/93. "En consecuencia, quienes mantuvieron voluntariamente su régimen  salarial y prestacional que traían de la entidad donde prestaban sus servicios, se rigieron durante 1993 por el Decreto 51, si no optaron por el 53/93, y a quienes se acogieron al régimen de Fiscalía, D.L. 2699/91, se les aplicó el Decreto 52/93. "En 1994 para el aumento normal de salarios el Gobierno expidió el D. 104/94 para los servidores de la Rama Judicial, y el 84/94 para los de Fiscalía, que no se hubieron acogido al nuevo manejo de cesantías según Decretos 57/93 y 53/93, respectivamente. "El Gobierno volvió a dar la oportunidad de que en cada grupo quienes lo desearan se pasaran al régimen de Cesantías congeladas y giradas a un fondo; para la Rama Judicial, escogiendo el D. 106/94; y para  la Fiscalía, escogiendo el D. 106/94; y para la Fiscalía, escogiendo el D. 108/95. "Por lo tanto, a quienes conservaron el régimen de Rama Judicial, si no se acogieron antes del 28 de febrero de 1994 al Decreto 108/94 (único optativo), se les aplicó el régimen salarial y prestacional contenido en el Decreto 104 del 13 de enero de 1994. 'Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial prestacional de la Rama Judicial, del Ministerio Público'. "Y a quienes ya estaban en régimen de Fiscalía si no se acogieron antes del 28 de febrero de 1994 al Decreto 108/94, se les aplicó el régimen del Decreto 84 de 1994, por la cual se fijó la escala de asignación básica para los empleos de la Fiscalía General de la Nación. "Para 1995, con el normal reajuste de sueldos, el Gobierno expidió el D. 47/95 para la Rama Judicial, y el D. 50/95 para la Fiscalía, sin nuevas opciones de cambio de régimen, de modo que cada uno debe recibir lo de su propio régimen, y no lo bueno  de uno y lo bueno  del otro como pretenden los petentes. "De las argumentaciones expuesta se deduce la secuencia exacta de la normatividad vigente aplicable para cada caso en concreto en materia salarial, resultando en consecuencia apartada de la realidad jurídica la providencia impugnada, tutelando los derechos inicialmente referenciados." Finalmente argumenta el impugnante, que la acción de tutela es improcedente a la luz del artículo 2o. del Decreto 306 de 1992, que impide su utilización para hacer respetar derechos de rango legal inferior. V.  EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, en sentencia de  9 de junio de 1995, revocó la decisión impugnada, con base en los siguientes razonamientos: "Resulta claro, luego de revisar la actuación que los solicitantes pretenden con esta acción se les aplique una determinada escala de  salarios contenida en los Decretos 52, 84 y 50 de 1993, 1994 y 1995 respectivamente. La Corte Constitucional dejó sentado que el 'reconocimiento de derechos legales litigiosos, en este caso, el  derecho a un incremento salarial adicional y a una específica escala  de salarios, debe, por tanto, plantearse ante los jueces ordinarios competentes'. Y sobre la no cabida de la acción de tutela para reconocer derechos litigiosos de rango legal, dijo la misma Corporación: 'Un pronunciamiento orientado a dar cabal satisfacción a las pretensiones del peticionario, rebasa el ámbito de la competencia del juez de tutela,...pues fuera de carecer de competencia para ello, no cuenta con los elementos de juicio indispensables a la finalidad de responder sobre los derechos por cuyo reconocimiento y efectividad se propende.  En este  sentido los fallos emitidos en materia de acción de tutela no tienen virtualidad para declarar derechos litigiosos, menos aun cuando de éstos se predica su carácter legal". "El artículo 2o. del Decreto 306 es claro al señalar la improcedencia de la acción de tutela que tiene rango legal y no ser puede tampoco invocar para tratar de hacer cumplir las leyes,  decretos, reglamentos o norma alguna de rango inferior;  la acción de tutela está instituída estrictamente para proteger derechos constitucionales fundamentales. "No existe duda alguna que estamos ante un evento cuyo conocimiento es de la jurisdicción contenciosa administrativa y se le dió  cabida por considerarse que se estaba ante un perjuicio irremediable, de allí que procedió ante el funcionario de primera instancia como mecanismo transitorio, al respecto basta observar los fundamentos tenidos por la Corte Constitucional en su sentencia 564 de 1994, desechando precisamente la utilización como mecanismo transitorio en estos eventos al considerar que los empleados de la Fiscalía venían percibiendo sin el indicado incremento el cual si bien puede ser injusto y contrario a la ley no se está ante un perjuicio inminente." "..... "En consecuencia para este despacho no se podrá acceder a tutelar los derechos impetrados por cuanto lo que se pretende es que el juez  de tutela  disponga la aplicación de una norma de carácter legal  y para ello esta vía no es la adecuada sino el proceso ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en resumen la acción de tutela no cabe cuando se dispone  de otros medios de defensa judicial y no resulta evidente que deba concederse como mecanismo transitorio ya que el perjuicio ante el cual se dice  estar no es de los denominados irremediables." En consecuencia, a juicio del juez de segunda instancia, la acción de tutela es improcedente porque: "El artículo 2o. del Decreto 306 es claro al señalar la improcedencia de la acción de tutela que tiene rango legal y no se puede tampoco invocar para tratar de hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos o normas alguna de rango inferior; la acción de tutela está instituida estrictamente para proteger derechos constitucionales fundamentales. No existe duda alguna que estamos ante un evento cuyo conocimiento es de la jurisdicción contenciosa administrativa y se le dió cabida por considerarse que se estaba ante un perjuicio irremediable, de allí que procedió ante el funcionario de primera instancia como mecanismo transitorio, al respecto basta observar los fundamentos tenidos por la Corte Constitucional en su sentencia 564 de 1994, desechando precisamente la utilización como mecanismo transitorio en estos eventos al considerar que los empleados de la Fiscalía venían percibiendo sin el indicado incremento el cual si bien puede ser injusto y contrario a la Ley no se está ante un perjuicio inminente." Por último, afirma el juez que: "En consecuencia para este despacho no se podrá acceder a tutelar los derechos impetrados por cuanto lo que se pretende es que el juez de tutela disponga la aplicación de una norma de carácter legal y para ello está vía no es la adecuada sino el proceso ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en resumen la acción de tutela no cabe cuando se disponga de otros medios de defensa judicial y no resulta evidente que deba concederse como mecanismo transitorio ya que el perjuicio ante el cual se dice estar no es de los denominados irremediables." VI.   CONSIDERACIONES DE LA CORTE A.  La Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de las decisiones correspondientes al asunto de la referencia, de conformidad con lo establecido en el inciso 2o. del artículo 86 y el numeral 9 del artículo 241, ambos de la Carta Política desarrollados en los artículos 33 y 34, del Decreto 2591 de 1991, y en atención a la selección que se hizo  en la oportunidad establecida en el reglamento de la Corporación. B.  La Materia Los peticionarios mediante apoderado judicial plantean un debate  normativo que refleja una controversia jurídica relacionada con la determinación del régimen salarial aplicable a un grupo de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que no se acogió al régimen salarial  del Decreto 2699 de 1991, ni a las normas especiales desarrolladas en virtud de las facultades de la Ley 4a. de 1992, de lo cual depende la cuantía de sus salarios y el pago de algunos reajustes salariales y prestaciones sociales. Dado lo anterior y en este orden de ideas se reiterará la sentencia No. 564/94 pronunciada por esta Corporación en un caso análogo al estudiado por esta Sala de Revisión. Sea lo primero advertir, que el conflicto planteado en el caso sub examine en cuanto a la naturaleza de la controversia, no es de carácter constitucional, sino tipicamente legal, que se resume en la aplicación de normas jurídicas relativas al régimen salarial de algunos empleados de la Fiscalía General de la Nación y sus posibles interpretaciones. Sobre el particular la Corte sostuvo que: "Los peticionarios atribuyen al conflicto salarial carácter constitucional, debido a su estrecha relación con los derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad. A su juicio, la no aplicación de los Decretos 057 de 1993 y 084 de 1994, vulnera su derecho constitucional fundamental a obtener oportunamente la remuneración legal correspondiente al trabajo desempeñado y los discrimina injustificadamente, pues a los restantes funcionarios de la Fiscalía y a los servidores públicos de la Rama Judicial, sí se les reconocen plenamente sus derechos laborales. "2. La verificación de una presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, subsistencia y trabajo, requiere que se defina previamente la naturaleza de la situación planteada. La Corte ha señalado algunos criterios que permiten precisar la naturaleza constitucional o legal de un determinado asunto: 'La necesidad de distinguir cuándo un asunto o materia es de orden constitucional, y cuándo es de orden legal, hace necesario establecer claros criterios de interpretación que permitan al juez de tutela el cabal cumplimiento de su función protectora de los derechos fundamentales. Algunos de estos criterios son los siguientes: 'a.  El juez constitucional debe apreciar si el caso concreto involucra la posible vulneración de uno o varios derechos fundamentales, independientemente de que las actuaciones públicas se viertan en actos jurídicos. En materia de control constitucional, las acciones u omisiones de la autoridad pública o del particular, con prescindencia de su denominación dogmática o legal, constituyen hechos empíricos o datos externos deducibles del respectivo contexto fáctico que deben ser examinados a la luz de los derechos fundamentales. 'b.      La conducta de la autoridad pública o del particular sólo debe ser objeto de juicio constitucional si ella vulnera o amenaza directamente un derecho fundamental. La lesión indirecta de un derecho fundamental, como consecuencia de la violación de la ley que lo regula o desarrolla, no es fundamento suficiente para tutelar el derecho, salvo de manera temporal para evitar un perjuicio irremediable. La acción de tutela, por lo tanto, no es procedente en este evento por tratarse de una cuestión de derecho ordinario cuyo control corresponde a otros jueces y tribunales. 'c. La mediatez o inmediatez de la vulneración o amenaza de un derecho constitucional sólo puede apreciarse en las circunstancias concretas del caso. De la índole de la lesión de los derechos depende, a su vez, la aptitud de los mecanismos de defensa judicial existentes para protegerlos (D. 2591 de 1991, art. 6-1º). El juez constitucional deberá, en consecuencia, ponderar los intereses en juego y apreciar si la aducida violación es producto de una lesión directa de derechos fundamentales - la acción sería, por regla general, procedente -, o de la violación de la ley por una interpretación errónea o una aplicación indebida que, en caso de demostrarse judicialmente, conllevaría sólo a una infracción indirecta de la Constitución - hipótesis en la que la acción debe en principio rechazarse por improcedente - (...)". (Sentencia T-098 de 1994 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). 2. Improcedencia de la acción de tutela como  vía principal Sobre la improcedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de derecho litigiosos de rango legal, la Corporación ha manifestado reiteradamente que "Un pronunciamiento orientado a dar cabal satisfacción a las pretensiones del peticionario, rebasa el ámbito de la competencia del Juez de tutela,...pues fuera de carecer de competencia para ello, no cuenta con los elementos de juicio indispensables a la finalidad de resolver sobre los derechos por cuyo reconocimiento y efectividad se propende.  En este sentido los fallos emitidos en materia de acción de tutela no tienen virtualidad para declarar derechos litigiosos, menos aún cuando de estos se predica su carácter legal." (Sentencia T-279/93 M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara). Así mismo, en lo que atañe a la eficacia de la tutela como mecanismo transitorio, es necesario reiterar por esta Sala de Revisión, la sentencia 564 de 1994, la cual dispuso que: "El Juez de primera instancia asume que los peticionarios interponen la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ya que reconocen la existencia de otros medios de defensa judicial, pero aducen que no son tan eficaces. La inminencia, urgencia y gravedad del perjuicio irremediable -requisitos exigidos para que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio-, están plenamente demostradas, a juicio del fallador, en virtud del carácter alimentario de los derechos salariales reclamados, cuya efectividad sería "ficticia" de verse obligados  a esperar hasta la finalización de un proceso ordinario: "La inminencia del perjuicio que podrían sufrir los peticionarios, debido a la omisión de la autoridad pública de cancelarles el incremento salarial adicional del 2.5% según el D. 057 de 1993 y de ajustarles el salario según la escala salarial dispuesta en el D. 084 de 1994, no es de ninguna manera evidente.  Estos perciben desde hace dos años una remuneración sin el indicado incremento adicional, lo cual, si bien puede ser injusto e ilegal, no representa un perjuicio inminente, menos aún, si la existencia de un derecho al mencionado porcentaje es de suyo incierto y depende, precisamente, de la definición judicial respectiva. "La urgencia de la intervención del Juez de tutela para evitar el daño a los peticionarios tampoco es manifiesta.  La relación que se entabla entre la necesidad  del reconocimiento inmediato de los derechos legales y el derecho fundamental a la subsistencia, dado el "carácter alimentario" del salario básico, proyecta la idea que de no autorizarse el aumento respectivo, los actores se verían compelidos a la  indigencia, situación hipotética que parece más un exceso retórico que una realidad fáctica y jurídica.  Actualmente los actores no reciben el mayor salario a que dicen tener derecho, y  no por ello están en peligro los medios materiales  mínimos que les posibilitan una existencia digna (derecho a la subsistencia).  Tampoco es posible afirmar que se les imparte un trato discriminatorio, ya que pueden existir razones legales compatibles con el orden constitucional -factores salariales y prestacionales- que expliquen la diversidad de trato entre los  diferentes servidores públicos vinculados a la Fiscalía, y de éstos y los funcionarios de la Rama Judicial que no se acogieron al régimen especial dictado en desarrollo de la Ley 4a. de 1992".  (Cfr. Sentencia Corte Constitucional T-546/94. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). 3.   El caso sub examine Los peticionarios de la presente tutela se encuadran dentro de los supuestos de hecho y de derecho de la jurisprudencia reiterada T-564 de 1994, en consecuencia esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la ciudad de Santa Marta de fecha 9 de junio de 1995. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero. Confirmar el fallo proferido el  día 9 de junio de 1995 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, el cual revocó el fallo de  fecha 24 de abril de 1995 dictado por el Juzgado Segundo Civil Municipal de  Santa Marta, que concedió la tutela a los señores MIGUEL MANJARRES IBARRA, CLARA CELIS SANCHEZ, PEDRO HERNANDEZ POMARES, IRASEMA NOGUERA LABARCES, JOSE EDDIE COTES BLANCO, MARINA ROSADO CANTILLO, GLADYS COTES LAURENS, SONIA ALBUS DIAZGRANADOS, ALIRIO ANTONIO NOCHE MUNIVE, MELVA RINCONES DE RIVAS, GLORIA CANTILLO PERTUZ, NURIS URECHE ACOSTA, CARLOS PERTUZ RUA, LUIS DIAZGRANADOS GUAL, MIRIAN DE ANDREIS PARDO, LEONOR CAVIEDES CONSTANTE, ALICIA GOMEZ  FERNANDEZ,  LUZ MARIA CASTRO CASTELLANOS, GLORIA AMARIS CUENTAS, CARLOS TINOCO ARNEDO, PEDRO POLO ROBLES, MELBA RICHARDSON DE CUBA y SATURNINO PEDROZO TORRES, contra la directiva Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General  de la Nación en esa ciudad. Segundo.-  Líbrese la comunicación prevista en el artículo  36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria

T-436-95 Sentencia No. T-436/95 Sentencia No. T-436/95 ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Maltrato físico/INDEFENSION-Maltrato físico/DERECHO A LA VIDA-Maltrato físico/DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL-Maltrato físico/MALTRATO CONYUGAL Se trata de proteger a una persona que ha sido puesta por el ejercicio de la fuerza reiterada y habitual, dentro de su hogar de residencia y en el ámbito familiar, en condiciones de indefensión respecto de quien se interpuso la acción, como quiera que se trata de un conjunto de relaciones de carácter familiar doméstico en el que el marido  colocándose en situación de superioridad física abusa de su presencia en el hogar, desplegando su fuerza habitual para maltratar físicamente a su cónyuge, poniendo en peligro la vida e integridad  física  y personal de la agredida; el concepto de indefensión a que hace referencia la norma que se cita, está constituída precisamente por la falta de defensa física o por la carencia de medios físicos para repeler la ofensa contra la vida producida por una persona natural a la que se le debe respeto, afecto y consideración. Para esta Sala de Revisión, las pruebas contenidas en el expediente demuestran que la actora corre peligro en cuanto a su derecho a la vida, así como en su integridad personal por los tratos degradantes proscritos por la Carta, y permanentemente violados por la conducta habitual y continuada del demandado y por tanto se hace necesaria la tutela de aquellos derechos. REF.: Expediente No. T-74953 Actor: LUZ MARINA MONTOYA Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr.  VLADIMIRO NARANJO MESA Dr.   JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá D.C.,  septiembre veintinueve (29) de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala de Revisión de Tutelas No. Ocho, integrada por los Honorables Magistrados JORGE ARANGO MEJIA, VLADIMIRO NARANJO MESA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado ponente, resuelve sobre las sentencias relacionadas con la acción de tutela de la referencia, proferidas por los Juzgados  81 Penal  Municipal de Santafé de Bogotá, de fecha mayo 27 de 1995 y 33 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, calendada el día 16 de junio de 1995. I. ANTECEDENTES A.  La Petición El  día 15 de marzo de 1995 la señora Luz Marina Montoya, presentó acción de tutela en nombre propio contra su esposo Marco A. Castiblanco ante el Juzgado 81 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, con el fin de obtener la protección judicial a sus derechos fundamentales a la vida  e integridad personal y la honra que considera vulnerados por su esposo en virtud a las reiteradas y constantes agresiones físicas y  morales, así como  a las amenazas de muerte que explícitamente ejerce el cónyuge en forma permanente con lo cual lesiona su patrimonio moral. B.  Los hechos de la demanda La peticionaria Luz María Montoya, manifiesta que desde el año de 1965 contrajo matrimonio por el rito católico con el demandado, unión dentro de la cual nacieron sus hijos Luz Stella, Luz Dary, Luís Humberto, William Antonio, Edwin y Freddy Ernesto. Durante su vida marital ha sido víctima de violaciones, maltratos físicos y morales, amenazas de muerte, que han motivado en múltiples ocasiones y circunstancias tentativas de suicidio ante la situación de angustia y desesperación. El trato otorgado por su cónyuge, ha puesto en peligro la vida de la actora y la de sus hijos. Relata igualmente que en varias ocasiones ha acudido a la Comisaría de Familia y al Instituto de Medicina Legal para denunciar el maltrato físico que le ha dado el demandado. Por último manifiesta que inició acción judicial de separación de cuerpos amparada en la ley civil, y que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá la declaró el día 19 de mayo de 1987. Al respecto anexa abundantes documentos para acreditar los hechos expuestos. II.   LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado  81 Penal  Municipal de Bogotá, en sentencia de fecha 27 de mayo de 1995 concedió la acción de tutela contra el demandado, ordenando a las autoridades de policía con jurisdicción en el sitio de residencia de la peticionaria, ejercer dentro de sus competencias legales vigilancia permanente sobre la conducta de Marco Antonio Castiblanco para la efectiva protección de los derechos constitucionales a la Vida e integridad personal de la petente, con base en las siguientes consideraciones: "Tanta trascendencia tienen estos derechos que perfectamente encuadran dentro de las prescripciones del numeral noveno del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que preceptúa la procedencia de la acción tratándose de particulares como sujetos accionados. Así mismo jurisprudencialmente, se ha considerado los alcances del derecho a la vida como el primero de los derechos fundamentales, como el presupuesto para el ejercicio de los demás derechos. "En este orden de ideas, también la afectación gradual del derecho a la vida que se contrae del mismo, ha sido objeto de definición jurisprudencial. Una amenaza contra la vida puede  tener niveles de gravedad diversos, puede ir desde la realización de actos que determinen un peligro adicional mínimo para alguien, hasta la realización de actos de los cuales se derive  la inminencia de un atentado...'El Estatuto Fundamental protege el derecho a la vida y dicha protección tiene lugar cuando quiera que se afecte  el goce del derecho, no importa el grado de afectación.'"  (Sentencia T-525 sept. 18/92. M.P. Dr. Ciro Angarita Barón). Agregó el Despacho que: "Y es que no parece atendible desde ningún punto de vista, aceptar cómo una persona llegue a creerse dueña de la vida, de la integridad y de la honra de otra, por el hecho de haber contraído matrimonio, y por darle dinero y hacerle un mercado cada ocho días para el mantenimiento de sus hijos menores. Debe entenderse que  el vínculo matrimonial da derecho  a exigir determinados comportamientos, pero jamás a disponer, abusar de los mismos. "La violencia nunca podrá sustituir las vías legales en ninguna sociedad, y mucho menos en un país demoliberal como el nuestro, la falta de ilustración y el analfabetismo, tampoco deben servir de excusa para admitir el desenfreno de las pasiones, la brutalidad en el trato de los semejantes, pues el ser humano lleva intrínseco el valor del amor, su capacidad de darlo y de recibirlo, esto no lo cambia la falta de saber leer y escribir, sino la idiosincracia que ha permitido que impere la ley del más fuerte, lo cual afortunadamente quedó proscrito en nuestra CARTA MAGNA. "Y es que el Despacho no puede ocultar el sentimiento de pesar que le inundó cuando recibió la declaración de William Antonio, hijo de este escalabrado hogar y transcribió personalmente estas dolorosas frases: 'yo me siento en lo oscuro, nunca me ha gustado nada, yo no tengo alegría de ir a bailar'; como quiera que  las mismas dejan entrever la necesidad de amor de atención  y de efecto que siente este joven y la absoluta carencia de razones  que le hagan encontrar sentido a la vida y esto sólo  es ocasionado, por el desvanecimiento de las ideas de una familia, por la imposición de la ley del más fuerte, por los contínuos temores a que se ven abocados los menores quienes no tienen una  verdadera orientación, pues si no se proyectan en la dominación brutal de la fuerza física y de las palabras ofensivas y destructoras, se proyectan en el juzgamiento de una madre que cuando era golpeada salía corriendo, y que busca en otra personas la protección que de por sí se espera del hombre con quien contrajo matrimonio." Por último advierte el Juez de primera instancia que: "De otra parte sobre el asunto tratado, no puede dejar de recordar a las partes, algunas consideraciones que constituyen la base, para tutelar el derecho aclamado, que fueron  expresadas por la máxima autoridad en la decisión de las acciones de tutela, cuando trato un caso como el hoy estudiado; 'Así el respeto a la vida y a la integridad física de los demás en un sentido moral y jurídicamente extenso que no se reduce sólo a la prevención policiva o la represión penal del agresor, comporta el deber de no maltratar, ni ofender, ni torturar, ni amenazar a las personas,  mucho menos a aquella con quien  se comparten la unión doméstica de procreación y desarrollo de los  hijos y de la familia, y la promesa de mutuo fomento material y espiritual. '.....Se trata en este caso de un conjunto de relaciones de carácter doméstico en que el marido colocándose en situación de superioridad física, abusa de su presencia en el hogar despliega la potencia de su habilidad adquirida para someter cualquier resistencia de la mujer,....La indefensión a que hace referencia la norma que se cita está constituída precisamente por la falta de defensa física o por la carencia de medios físicos para repeler la ofensa contra la vida o la integridad producida por una persona natural a la que se debe respeto, afecto y consideración' ". III.   LA IMPUGNACION El demandado, al momento de proceder a la notificación personal respectiva del fallo, apeló en forma oral la sentencia, por su condición de analfabeta, argumentando no estar de acuerdo con el fallo en su contenido. IV.  LA DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA El Juzgado 33 Penal del Circuito  de Santafé de Bogotá, al resolver la impugnación advertida, se pronunció sobre la sentencia de primera instancia y resolvió revocar la misma, el día 16 de junio de 1995, con base en los siguientes razonamientos: "Como elemento esencial, la supracitada norma constitucional, exige la existencia de transgresión a los derechos fundamentales o amenaza de su  conculcación. En el caso particular de la peticionaria se reclama protección a la vida e integridad personal y a la honra, frente a las amenazas de muerte y actos ofensivos y ultrajantes que recibe reiteradamente del accionado, su ex-cónyuge de quien se separó legal e indefinidamente de cuerpos mediante sentencia del 19 de Mayo de 1987 proferida por la Sala Civil del tribunal Superior de Bogotá. Tanto la petente como el declarante Francisco Eliseo Gómez Salazar (fl. 25 ss.) han hecho alusión a la amenaza del derecho fundamental de la vida de Luz Marina Montoya de Castiblanco por parte de Marco Antonio Castiblanco, quien pese a que no admite haber proferido dichas amenazas, sí reconoce haber maltratado a su ex-esposa por haberla sorprendido en la vía pública con otro hombre. Se configuraría la vulneración del derecho fundamental circunscrito en el artículo 11 de la Carta, pero en razón a que esas amenazas no revisten gravedad tal que pongan en serio peligro la vida y la integridad física de la demandante atendiendo que prácticamente aquella es cabeza de familia y todo parece indicar que con ocasión del conflicto conyugal derivado de las continuas fricciones entre los esposos Castiblanco-Montoya y la separación legal e indefinida de cuerpos, constituye el drama familiar que se comenta. Y es que ni siquiera los hijos de demandante y la accionante dieron cuenta en lo relativo a las amenazas de muerte de que hace mención la señora Luz Marina Montoya, tres de ellos declararon en esta acción y sobre el particular nada dijeron, sólo se limitaron a explicar acerca de las constantes disputas de sus padres, mientras que los dos restantes se abstuvieron de deponer". En lo que respecta a la existencia de otros medios de defensa judicial sostiene que: "Como mecanismo transitorio la acción tampoco resulta procedente por la existencia de otros medios de defensa judicial. En efecto, no siendo la amenaza una cuestión de grado tal que permita colegir un peligro extremo, latente para la vida de la peticionaria y que como consecuencia se haga imperiosamente necesario protegerle ese derecho fundamental, desde ahora se le hace saber que cuenta con distintos medios de defensa judiciales que desplazan la tutela por ser este instrumento subsidiario, para impetrar el reconocimiento de sus derechos presumiblemente conculcados por el demandado.  Son esos medios:  La Defensoría de la Familia, la Fiscalía General de la Nación --donde puede poner en conocimiento posible transgresión al artículo 279 del C.P.-- y la Comisaría Distrital de Familia de carácter policivo a fin de sentar diligencia de amonestación respecto de su ex-cónyuge. "El artículo 86 de la Carta establece que la acción de tutela procede contra acciones u omisiones de particulares en los casos determinados por la ley cuando éstos estén encargados de la prestación de un servicio público o su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se encuentre en estado de subordinación o indefensión. El artículo 42, numeral 9o. del Decreto 2591 de 1991, a su vez señala que la tutela procede contra particulares "cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quienes se encuentren en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción... "En el asunto sometido a valoración, la tutela es impetrada por la señora LUZ MARINA MONTOYA DE CASTIBLANCO contra su ex-esposo MARCO ANTONIO CASTIBLANCO, a fin de obtener protección de su vida y honra, frente a las agresiones verbales y por las vías de hecho que le ha infligido el demandado. En este sentido, el requisito indispensable de la subordinación o indefensión no se configura en el caso concreto, pues por una parte los cónyuges trabados en conflicto no hacen vida marital en común merced a la separación legal e indefinida de cuerpos y, en segundo lugar la petente no se encuentra completamente desamparada, porque tiene a su alcance los mecanismos legales a los cuales acudir y además cuenta con el apoyo -de alguna forma- de sus hijos, quienes por  más desnaturalizados que puedan parecer no van a permitir que su progenitora sea objeto de graves amenazas de muerte y que tal despropósito llegue a consolidarse." V. CONSIDERACIONES DE LA SALA A.  La Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de las decisiones correspondientes al asunto de la referencia, de conformidad con lo establecido en el inciso 2o. del artículo  86 y el numeral 9o. del artículo 241, ambos de la Carta Política desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991, y en atención a la selección que se  hizo en la oportunidad establecida en la ley y en el reglamento de la Corporación. B.   El Derecho a la  Vida e Integridad Personal debe ser respetado y Garantizado En primer término encuentra la Sala que la peticionaria solicita  por virtud del ejercicio de la acción de tutela la protección del derecho constitucional a la vida y a la integridad física que se garantiza por el artículo 11 de la Carta Fundamental, de modo complementario, la peticionaria invoca la protección de otros derechos de carácter constitucional como la honra. En concepto de la Corte, la cuestión planteada se contrae específicamente a que se decrete por vía judicial la protección  inmediata de su derecho fundamental a la vida e integridad física y esta circunstancia no enerva la procedencia de la acción, ni impide que se decrete la tutela de aquellos derechos de carácter fundamental, ya que esta es de la esencia de este instrumento fundamental. En un detenido examen del escrito presentado se encuentra que la actora hace radicar la acción en la permanente situación de peligro e indefensión en que se encuentra, por el hecho de compartir la misma vivienda con su esposo, y, por el necesario vínculo familiar que conserva con sus hijos. También se observa que el Despacho judicial de segunda instancia que  atendió la impugnación de la sentencia del Juez 81 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, revocó la decisión en consideración a que la procedencia de la acción de tutela no cumple con los requisitos judiciales entre particulares en virtud de la ausencia de los presupuestos de subordinación e indefensión, así como que existen vías judiciales para la protección del derecho a la vida  y la integridad  personal. Esta Corporación ha reiterado permanentemente que la acción de tutela es procedente para proteger la vida e  integridad personal.  Es así como, en sentencia T-529/92, señaló que: "a.  Uno de los fundamentos de toda organización jurídico constitucional de naturaleza demoliberal es el de la disposición de las funciones públicas que le son propias, para asegurar a los asociados el respeto a sus vidas y a sus bienes; sin este presupuesto de carácter doctrinario dicha sociedad no tiene Constitución, y así lo expresan las primeras declaraciones de derechos propias del mundo moderno y occidental. En nuestro sistema constitucional esta característica aparece garantizada categóricamente desde el propio Preámbulo de la Carta, que señala que ella se decreta, sanciona y promulga, entre otros fines, para asegurar la vida a los integrantes de la Nación; igualmente, en ésta se señala como uno de los principios doctrinarios fundamentales del Estado el del respeto de la Dignidad Humana que, en juicio de la Corte Constitucional, comprende en sus amplias dimensiones,  tanto a la Vida como la Integridad de todas las personas naturales, sin distingo alguno. Además, en el artículo segundo de la Carta se señala que 'las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares'. También, en el Capítulo I del Título II de la Carta, se asegura como el primero de los derechos constitucionales fundamentales el Derecho a la Vida con carácter de inviolable y se proscribe la pena de muerte; igualmente, y con la misma jerarquía, el artículo 12 de la Carta establece como otro de aquellos derechos constitucionales fundamentales, el de la integridad de la persona humana al establecer que 'nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes'". (Sentencia  No. T-529/92. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz). Ahora bien, como la acción de tutela procede contra particulares en los casos previstos en la ley, el artículo 86 de la Carta, y el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 42, prevé diversas hipótesis en las que es admisible su ejercicio y entre ellas, para el caso de los estados de subordinación e indefensión en relación con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, los que determinen los tratados internacionales (94 C.N.) y los que reconozcan la Corte Constitucional, al realizar la correspondiente revisión de los fallos de tutela, teniendo en consideración la naturaleza del derecho y el caso concreto (C-134/94). En este orden de ideas, entonces la acción de tutela es viable frente a particulares cuando se intente proteger dentro de las tres situaciones fácticas que contempla la norma constitucional cualquier derecho constitucional fundamental, sin discriminación alguna, como en este caso la vida e integridad personal. Esta Sala encuentra que en el caso que se examina, existe plena adecuación entre el artículo 42 del Decreto 2691/91 y los hechos objeto de la petición formulada, puesto que se trata de proteger a una persona que ha sido puesta por el ejercicio de la fuerza reiterada y habitual, dentro de su hogar de residencia y en el ámbito familiar, en condiciones de indefensión respecto de quien se interpuso la acción, como quiera que se trata de un conjunto de relaciones de carácter familiar doméstico en el que el marido  colocándose en situación de superioridad física abusa de su presencia en el hogar, desplegando su fuerza habitual para maltratar físicamente a su cónyuge, poniendo en peligro la vida e integridad  física  y personal de la agredida; el concepto de indefensión a que hace referencia la norma que se cita, está constituída precisamente por la falta de defensa física  o por la carencia de medios físicos para repeler la ofensa contra la vida producida por una persona natural a la que se le debe respeto, afecto y consideración. Para esta Sala de Revisión, las pruebas contenidas en el expediente demuestran que la actora corre peligro en cuanto a su derecho a la vida, así como en su integridad personal por los tratos degradantes proscritos por la Carta, y permanentemente violados por la conducta habitual y continuada del demandado y por tanto se hace necesaria la tutela de aquellos derechos. En efecto, de las diligencias de declaración rendidas tanto por la peticionaria, como por el propio demandado así como por los hijos de éstos, dentro del trámite de tutela se desprende la existencia de permanentes maltratos físicos y sicológicos, como golpes, insultos; es más, en la propia versión rendida por el demandado (folio 29 del expediente), éste confiesa que: "Eso si paque pues yo si la maltraté pero ella volvió conmigo porque cada vez que ella pelea con los mozos; ella vuelve conmigo". Igualmente, se puede extraer de las referidas declaraciones que la repetición de los maltratos no quedó en el pasado, ya que según el testimonio del hijo mayor del matrimonio Luis Humberto Castiblanco, su padre agrede a su progenitora aproximadamente "dos veces por mes". Igualmente obra en el expediente (folios 7 y 8) denuncias por lesiones personales elevadas por la peticionaria ante algunas Comisarías de Familia de Bogotá, contra el demandado; por ejemplo, los días 22 de mayo de 1979, diciembre 24 de 1984, noviembre 9 de 1993, sin que la autoridad administrativa hubiere hecho algo para evitar permanentemente las agresiones; finalmente, el juez de tutela deja constancia en el contenido de la versión rendida por la peticionaria, dentro del trámite de la acción, de secuelas permanentes en el cuerpo, como una cicatriz a nivel de la línea media del cuello de aproximadamente cuatro centímetros en forma horizontal, producto de una golpiza (pag. 20 del expediente), así como diversas huellas de maltrato físico en la boca, la cual tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. De otra parte, la Sala de Revisión encuentra, que no asiste razón para aceptar el argumento sostenido por el Juzgado de segunda instancia, según el cual, la situación planteada por la actora se contrae a un asunto  típicamente familiar y doméstico, eliminado parcialmente por el hecho de haberse decretado una separación de cuerpos judicialmente en firme, para cuya resolución judicial están previstas las acciones correspondientes ante la jurisdicción de familia y la vía penal, lo cual en su opinión hace improcedente la acción de tutela; pero ocurre que, de los hechos narrados y las pruebas que obran en el expediente, se desprende que el conflicto interfamiliar fue desbordado con amplitud, por las agresiones y los tratos indignos e inhumanos del ex cónyuge, que ponen en grave peligro la vida de la mujer, violando obstensiblemente sus derechos a la integridad física y honra. En consecuencia, si bien es cierto que, el conflicto a que se refiere la sentencia que se revisa, debe ser resuelto ante los jueces competentes de conformidad con las normas legales aplicables, también lo es que la acción de tutela es procedente para los fines del amparo constitucional solicitado. En este sentido es necesario reiterar la sentencia No. T-529 de 1992, en donde la Corporación sostuvo que: "El respeto a la vida  y a la integridad física de los demás es un asunto moral y jurídicamente externo que no se reduce a la prevención policiva o  la represión penal del agresor, comporta el deber de no maltratar, ni ofender ni torturar ni amenazar a las personas, mucho menos a aquella con quien se comparte la unión doméstica de procreación y desarrollo  de los hijos y de la familia, y la primera de mutuo fomento material y espiritual...". En este mismo sentido, la Corte ha considerado que cuando la vida y la integridad personal se encuentran amenazadas por la conducta de uno de los cónyuges que coloca al otro en condiciones de indefensión, no comporta en este caso, la acción de tutela una exclusión de las competencias de los jueces penales, ni de familia pues, ambas vías judiciales buscan fines diferentes y no son incompatibles; en estos casos, la vía judicial ordinaria no alcanza a garantizar los derechos constitucionales que se pretenden proteger por la vía de la acción de tutela en razón a su eficacia e inmediatez. En este orden de ideas, la Sala de Revisión No. Ocho de la Corte Constitucional revocará la sentencia del Juzgado 33 Penal del circuito de Santafé de Bogotá y en su lugar confirmará la decisión del Juzgado  81 Penal Municipal de Santafé de Bogotá de fecha 26 de mayo de 1995. En mérito de lo expuesto, esta Sala de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.  REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 33 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá de fecha junio 16 de 1995 y en consecuencia, confirmar la decisión del Juzgado 81 Penal Municipal de Santafé de Bogotá de fecha mayo 26 de 1995, en el sentido de tutelar el derecho a la vida e integridad personal, ordenando a las autoridades de policía con jurisdicción en el sitio de residencia de la peticionaria, ejercer dentro de sus competencias legales vigilancia permanente sobre la conducta de Marco Antonio Castiblanco para la efectiva protección de los derechos constitucionales a la Vida e integridad personal de la señora Luz Marina Montoya. Segundo.  Líbrense por Secretaría las comunicaciones de que trata  el artículo 36 del decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-437-95 Sentencia No. T-437/95 Sentencia No. T-437/95 DERECHOS DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Pago oportuno de pensiones/MESADA PENSIONAL-Pago oportuno/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL INEFICAZ-Pago oportuno de mesadas pensionales/DERECHO A LA SUBSISTENCIA-Pago oportuno de pensiones El demandante, cuenta con 67 años de edad, fue desvinculado por llegar a la edad de retiro forzoso, sostiene una familia compuesta por once miembros, ocho de los cuales son menores de edad, hechos ante los cuales el juez de tutela no puede ser indiferente, puesto que se trata de la situación de un pensionado que merece una protección especial debido a las condiciones  y circunstancias que lo colocan en una posición de debilidad manifiesta, que se agrava por ser una persona de la tercera edad; además, ponderadas las condiciones específicas del caso, someter al accionante, a los dilatados trámites de un proceso ejecutivo, implicaría la prolongación de sus circunstancias desfavorables al pleno y cabal disfrute de sus derechos. La inidoneidad de los otros medios de defensa judicial es incuestionable, en razón a la imposibilidad en que se halla el actor para dedicarse a trabajar, pues es mayor de 67 años de edad, la penuria por la que atraviesa él y  su numerosa familia, hacen  que la mesada pensional sea un recurso que contribuiría a otorgarle una existencia digna.  Todos estos aspectos comprueban la vigente e inaplazable necesidad de su protección. ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto Si la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva del derecho fundamental violado o amenazado, pierde su razón de ser, cuando el motivo de la violación  o amenaza ha desaparecido, en tales casos se ha restablecido el derecho sin necesidad de la intervención judicial,  con lo cual opera el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto. DERECHO DE PETICION-Pronta Resolución El de petición es un derecho constitucional fundamental susceptible de ser tutelado, pues este ha sido consagrado en su núcleo esencial para acudir ante la autoridad y obtener pronta resolución de ésta. De acuerdo con lo expuesto, no sería adecuado  ordenarle a la Caja  que reliquide la pensión del interesado, ya que tal reclamación escapa a la órbita y finalidad de la acción de tutela, pero sí dirigir el pronunciamiento judicial a la entidad a fin de que profiera  una pronta respuesta al peticionario sobre dicha solicitud. El derecho de petición no se agota  en la simple posibilidad de dirigirse a las autoridades, sino que, dentro de su núcleo esencial, comprende la resolución real y efectiva de la cuestión planteada, respuesta que, de acuerdo con la letra de la  norma superior, debe ser "pronta"; así pues, tanto la falta de contestación como las decisiones tardías vulneran este fundamental derecho. REF.: Expediente No. T-75054 Actor: GUIDO MIGUEL LENTINO NAVAS Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr.  VLADIMIRO NARANJO MESA Dr.   JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá D.C., septiembre veintinueve (29) de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala de Revisión en asuntos de tutela integrada por los Honorables Magistrados JORGE ARANGO MEJIA, VLADIMIRO NARANJO MESA y  FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado ponente, resuelve sobre las sentencias relacionadas con la acción de tutela de la referencia, proferidas por la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral de fecha 29 de junio de 1995 y por el Tribunal Superior de Cartagena Sala Laboral de fecha 6 de junio de 1995. I.   ANTECEDENTES A.  La Petición El ciudadano  GUIDO MIGUEL LENTINO NAVAS, inició acción de tutela ante el Tribunal Superior  de Cartagena, Sala Laboral, contra la Caja Nacional de Previsión, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida, petición, protección y la asistencia de las personas de la tercera edad a los servicios de la seguridad social previsto en el artículo 48 de la Carta, que considera vulnerados por la entidad demandada, igualmente solicita la reliquidación del monto de su pensión, en virtud a que la  Caja de Previsión Social incurrió en un error en cuanto al cálculo del valor de su mesada pensional ante lo cual interpuso recurso de reposición contra la resolución  número 11045 con efecto desde el 1o. de mayo de 1991; en igual sentido pide que "se ordene a la Caja Nacional de Previsión Social que se me haga efectivo el pago de  mis mesadas, se le ordene dar respuesta al recurso de reposición interpuesto y además se reliquide el monto de  la pensión de jubilación y se le condene  al pago de los perjuicios  ocasionados por su omisión...". B.   Los Hechos de la Demanda El peticionario  Guido Miguel Lentino Navas, manifiesta que prestó servicios al Estado por tiempo superior a los 20 años, por lo que en el año de 1991, solicitó a la  Caja Nacional de Previsión Social, el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, el 10 de mayo de 1993,  la entidad accedió a reconocerla mediante resolución No. 11045, con efectos desde el 1o. de mayo de 1991, pero  como el valor reconocido no era el correcto, interpuso recurso de reposición, continuó laborando en la Registraduría Nacional del Estado Civil, como fotógrado código 408501 de la Registraduría Municipal de San Jacinto (Bolívar) hasta el mes de agosto de 1994, fecha en la cual fue despedido por llegar a la edad de retiro forzoso, por lo anterior solicitó la reliquidación del monto de su pensión sin que hasta la fecha le hayan contestado, como tampoco resuelto el recurso de reposición que interpuso contra la resolución que le reconoció la pensión, causándole un grave perjuicio económico, puesto que tiene 67 años de edad, sostiene una familia  compuesta  por once miembros, ocho de los cuales son menores de edad, actualmente se encuentra sin ocupación y no ha recibido  una sola mesada pensional de la entidad demandada. II. LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Laboral, en sentencia de 6 de junio de 1995, y sobre el  asunto de la referencia, resolvió negar la  tutela reclamada por el actor, en contra de la Caja Nacional de Previsión; con base en las siguientes consideraciones: -        El Tribunal negó la tutela por considerar que para el pago de las mesadas pensionales adeudadas, el accionante cuenta con otros  medios de defensa judicial, como es el  proceso ejecutivo laboral a través de la jurisdicción contencioso administrativa. Advierte el sentenciador de primera instancia que la entidad no desconoció el derecho de petición, en razón  a que en la "documentación que reposa a folio 8 no aparece constancia alguna de que él hubiera presentado  la petición de reliquidación de su pensión a la  Caja Nacional de Previsión, motivo por el cual mal puede estimar la Sala que se le haya vulnerado el derecho de petición...".  De otra parte, el juez  dispuso la remisión de copias de las diligencias a la Procuraduría General de la Nación, para que adelante  la investigación que corresponda, dado que la Subdirectora de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social no respondió la solicitud que le formuló la Sala mediante marconigrama de fecha  8 de mayo  de 1995, de acuerdo con el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991. III.   LA IMPUGNACION En el escrito de impugnación el peticionario reitera la violación de sus derechos constitucionales y solicita  insistentemente en su protección. IV.   LA DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA La Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-, mediante sentencia de junio 29 de 1995, al resolver la impugnación, confirmó la decisión judicial de primera instancia de 6 de junio de 1995 del Tribunal Superior de Cartagena, contra la Caja Nacional de Previsión, con base en los siguientes razonamientos: -        Considera que, insistentemente la Sala  de Casación Laboral ha dicho que: "...conforme a los parámetros previstos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela es improcedente en aquellos casos en que los afectados dispongan de otro medio judicial de defensa, excepto cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. "Por  ello, se ha estimado que no es viable su ejercicio si se pretermiten las acciones judiciales ordinarias o especiales que las leyes han consagrado como los mecanismos más idóneos para que las personas puedan lograr el reconocimiento de sus derechos cuando consideren que los mismos han sido vulnerados, pues es de su naturaleza el carácter subsidiario o supletorio. "En el asunto examinado, es indudable que para cobrar las mesadas pensionales que, el peticionario afirma, le adeuda la Caja Nacional de Previsión Social cuenta con otro medio de defensa judicial, cual es el de acudir, si lo desea, en demanda efectiva ante los jueces laborales del circuito. En ese orden, la tutela resulta improcedente conforme a la norma constitucional y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, sin que de otro lado, se esté en presencia de un perjuicio irremediable, dado que junto al pago de las mesadas puede pedir el reconocimiento y pago de los intereses causados por la mora en su cancelación. "Importa recordar que sobre el aspecto comentado esta Corporación ha precisado que por la naturaleza misma de la acción de tutela y los objetivos  que persigue su utilización no es viable para lograr la cancelación de una deuda, no solo por el hecho de ser discutible que el pago de una obligación revista el carácter de derecho constitucional fundamental sino porque, en el evento de que procediera este excepcional mecanismo de protección, ocurriría que de no ser cumplido el fallo de tutela, a quien lo desacatara le traería como consecuencia la privación de la libertad, conforme a lo dispuesto  por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, con lo cual se violaría el artículo 28 de la Carta que prohíbe la detención, la prisión o el arresto por deudas." En  relación con la petición de que se ordene a Cajanal que le resuelva el recurso de reposición que interpuso contra el acto administrativo de reconocimiento de la pensión de jubilación, anota que "éste no es viable dado que dentro de las diligencias obra copia de la resolución No. 035866, con constancia de la notificación y, mediante la cual  la accionada desató el recurso." Finalmente, agrega la H. Corte Suprema de Justicia que: "A juicio de la Sala no sería adecuado ordenarle a la Caja que reliquide la pensión del interesado, pues al ser tal reclamación un derecho de carácter legal, descarta la utilización de este excepcional mecanismo, ya que éste únicamente protege derechos constitucionales fundamentales y no aquellos de rango legal,  o para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualesquiera otra norma de rango inferior, según los términos previstos por el artículo 2o. del Decreto 306 de 1992." V.  CONSIDERACIONES DE LA SALA A.  La Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de las decisiones judiciales correspondientes al asunto de la referencia, de conformidad con lo establecido en el inciso 2o. del artículo 86 y el numeral 9o. del artículo 241, ambos de la Carta Política desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991, y en atención a la selección que se hizo en la opotunidad establecida en la ley y en el reglamento de la Corporación. B.  La Materia Según se desprende del examen del expediente el peticionario pretende que se ordene a la entidad demandada hacer efectivo el pago de las mesadas  pensionales, se le ordene dar respuesta al recurso de reposición interpuesto y se conteste la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación y el pago de los perjuicios ocasionados por la omisión de la entidad. 1.  Procedencia de la acción de tutela para lograr el pago de las mesadas pensionales Al respecto de la procedencia de la acción de tutela para lograr el pago de las mesadas pensionales, la Corporación ha sostenido lo siguiente: "Es claro y diáfano el mandato contenido en el inciso tercero del artículo 53 de la Carta, en virtud del cual el Estado tiene a su cargo el deber de garantizar el derecho de los pensionados al pago oportuno de sus mesadas pensionales, para efectos de lo cual está en la obligación de adelantar las gestiones y adoptar los mecanismos que hagan efectivo el derecho. El Estado adquiere pues, el compromiso de garantizar el pago oportuno de las pensiones, para lo cual debe proveer en los respectivos presupuestos del orden nacional, departamental, distrital y municipal las partidas necesarias para atender de manera cumplida y satisfactoria su obligación constitucional, especialmente cuando quienes se ven afectados por el incumplimiento o la desidia de las autoridades estatales, son personas de la tercera edad, a quienes en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 constitucional, el Estado debe concurrir con la sociedad y la familia a su protección y asistencia, así como a garantizarles los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. "Estas personas requieren del pago oportuno de sus mesadas pensionales en orden a garantizar su subsistencia y las condiciones mínimas para su existencia digna. Se trata además, de personas quienes legítimamente tienen el derecho a un pago oportuno y cumplido, teniendo en cuenta que han prestado sus servicios al Estado y esperan de él como mínima retribución, que se les paguen sus mesadas pensionales. "En tal virtud, cuando no se atiende en forma oportuna el pago de las pensiones legales por parte de las entidades del Estado, deben adoptarse los mecanismos correspondientes y adecuados en orden a hacer efectiva la garantía constitucional plasmada en el artículo 53 de la Carta, especialmente cuando están de por medio los derechos fundamentales a la vida y a la salud de las personas de la tercera edad. "Por lo tanto, el pago de las pensiones legales cuando éstas han sido ya reconocidas legalmente mediante el respectivo acto administrativo emanado de la entidad de previsión, deben mantener un nivel de eficiencia aceptable para dar respuesta a las necesidades sociales, en orden a la realización de los fines sociales del Estado, a la justicia social y a promover frente a los demás pensionados, una igualdad real y efectiva. "Más aún, habiéndose dado al Estado colombiano por el constituyente de 1991 un carácter social, se hace indispensable que acometa acciones positivas en favor de la comunidad. En este contexto, el pago cumplido de las pensiones legales es una de tales actuaciones positivas a las que está obligado el Estado. "Por ello, es para la Sala fundamental que las autoridades del orden nacional, departamental, distrital y municipal adopten de manera prioritaria las medidas encaminadas a que se incluyan en los proyectos de presupuesto las partidas suficientes en orden a que los pensionados, en particular los de las entidades de previsión, reciban en forma oportuna el pago de sus mesadas."  (Cfr.  Sentencia No. T-147 de abril 4 de 1995. M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara). En este orden de ideas, el Tribunal de primera instancia y la Corte Suprema de Justicia negaron la pretensión del actor, al considerar que las mesadas pensionales adeudadas a éste por parte de la entidad debían ser reclamadas mediante otro medio de defensa judicial, valga decir, el proceso ejecutivo laboral mediante la acción contencioso administrativa pertinente. No obstante lo anterior, esta Sala de Revisión, se aparta de dicha consideración ya que reiteradamente esta Corporación ha entendido que en lo relativo a la eficacia del otro medio de defensa judicial para el cobro de mesadas pensionales, lo siguiente: "En cuanto a la eficacia que deben tener los medios alternativos de defensa judicial llamados a "sustituir" la tutela, es claro que el otro medio de defensa judicial debe poseer necesariamente, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza tiene la acción de tutela. En el caso de las pensiones de jubilación, la acción ejecutiva laboral ha resultado inoperante para la defensa efectiva de los derechos de los pensionados, debido a la existencia de la norma legal que prohibe la inembargabilidad de los bienes y rentas del presupuesto. En este sentido, son improcedentes los argumentos sobre el "otro mecanismo de defensa". El Juez de tutela no puede ser indiferente ante la situación de los pensionados y no puede por tanto, dejar de considerar las condiciones específicas de debilidad en las que se encuentran las personas de la tercera edad y la protección especial que los Convenios Internacionales y la Constitución les conceden. El simple reconocimiento de las pensiones no implica que el derecho haya sido satisfecho en debida forma. Para ello es indispensable en aras de darle eficacia material, que al pensionado no sólo se le reconozca su derecho al cumplir con los requisitos legales, sino que adicionalmente, se le cancelen las mesadas atrasadas o futuras a que tiene derecho. Obligación que debe hacerse efectiva dentro de los términos legales previstos para ello, en aras a no afectar ni desmejorar los derechos ni la calidad de vida de los pensionados."  (Sentencia T-184 de abril 18 de 1994. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero). El actor de la presente acción de tutela se ajusta a los supuestos de la  jurisprudencia reiterada, en efecto, el señor Guido Miguel Lentino Navas, cuenta con 67 años de edad, fue desvinculado por llegar a la edad de retiro forzoso, desde el mes de agosto de 1994, donde se desempeñaba como fotógrafo código 408501 de la Registraduría Municipal de San Jacinto (Bolívar), sostiene una familia compuesta por once miembros, ocho de los cuales son menores de edad, hechos ante los cuales el juez de tutela no puede ser indiferente, puesto que se trata de la situación de un pensionado que merece una protección especial debido a las condiciones  y circunstancias que lo colocan en una posición de debilidad manifiesta, que se agrava por ser una   persona de la tercera edad; además, ponderadas las condiciones específicas del caso, someter al accionante, a los dilatados trámites de un proceso ejecutivo, implicaría la prolongación de sus circunstancias desfavorables al pleno y cabal disfrute de sus derechos. La inidoneidad de los otros medios de defensa judicial es incuestionable, en razón a la imposibilidad en que se halla el actor para dedicarse a trabajar, pues es mayor de 67 años de edad, la penuria por la que atraviesa él y  su numerosa familia, hacen  que la mesada pensional sea un recurso que contribuiría a otorgarle una existencia digna.  Todos estos aspectos comprueban la vigente e inaplazable necesidad de su protección. 2.  El derecho de petición y el caso concreto De acuerdo con la demanda, GUIDO MIGUEL LENTINO NAVAS, interpuso recurso de reposición contra la resolución No. 11045 "por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión  mensual vitalicia de jubilación", con efectos desde el 1o. de mayo de 1991 y hasta el momento de ejercer la acción de tutela, la autoridad pública no  había resuelto el mencionado recurso; no obstante lo afirmado por el actor en su demanda, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, para la Sala, es claro que la Caja Nacional de Previsión Social sí agotó el derecho de petición, ya que mediante la resolución No. 035866 del 6 de septiembre de 1993, resolvió acerca del recurso de reposición procediendo a revocar el acto impugnado y a reconocer el nuevo valor de la jubilación en favor del actor, tomando en cuenta otros factores salariales;  en consecuencia, no tendría sentido que el juez de tutela impartiera una decisión judicial cuando la autoridad administrativa ya ha producido el acto administrativo de respuesta; en tal sentido lo entendieron en su momento, los jueces de tutela de la instancias de rigor; en esta misma dirección, reiteradamente la Corte lo ha expuesto, si la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva del derecho fundamental violado o amenazado, pierde su razón de ser, cuando el motivo de la violación  o amenaza ha desaparecido, en tales casos se ha restablecido el derecho sin necesidad de la intervención judicial,  con lo cual opera el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto de la acción de tutela. No obstante lo anterior, si bien el amparo solicitado por el actor no tiene ya necesidad, la Sala recomienda, sin embargo para evitar la ineficiencia administrativa de la Caja Nacional de Previsión, que los servidores públicos responsables de que el recurso interpuesto haya sido resuelto después de varios meses, durante los cuales el derecho de petición del actor fue vulnerado por omisión, no vuelvan a incurrir en conductas semejantes, contrarias a los propósitos de un estado social de derecho. Finalmente, observa la Sala, en cuanto a la petición que formula el actor, en el sentido de que se ordene a la Caja Nacional de Previsión Social, que le reliquide el monto de su pensión de jubilación, con fundamento en  que, después de habérsele reconocido su pensión de jubilación mediante resolución No. 11045, con efectos desde el 1o. de mayo de 1993, continuó prestando sus servicios a la Registraduría Nacional del Estado Civil, como fotógrafo de la Registraduría Municipal de San Jacinto, Bolívar, hasta el mes de  agosto de 1994, cuando fue desvinculado mediante resolución No. 0360 del día 11 de ese mes y año, y como consecuencia de ello envió una solicitud de reliquidación del monto de su pensión, la cual tiene fecha de presentación 11 de  octubre de 1994, sin que hasta la fecha de presentación de la acción de tutela haya sido contestada por parte de la entidad pública demandada; observa la Sala que del texto del artículo 23 de la Carta,  se desprende el derecho de toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivo de interés particular y a obtener pronta resolución, lo que implica que la Administración  no puede sustraerse del cumplimiento de un deber constitucional y  excusarse de resolver las peticiones que se le formulen, tal como lo ha expresado esta Corporación en su jurisprudencia (T-242 de 1993); que el de petición es un derecho constitucional fundamental susceptible de ser tutelado, pues este  ha sido consagrado en su núcleo esencial para acudir ante la autoridad y obtener pronta resolución de ésta. De acuerdo con lo expuesto, encuentra la Sala que no sería adecuado ordenarle a la Caja  que reliquide la pensión del interesado, ya que tal reclamación escapa a la órbita y finalidad de la acción de tutela, pero sí dirigir el pronunciamiento judicial a la entidad a fin de que profiera  una pronta respuesta al peticionario sobre dicha solicitud; en este orden de ideas, la tutela  no puede consistir en una orden judicial que resuelva el fondo de las pretensiones contenidas en la demanda, en este caso, la reliquidación de la mesada pensional, pues para ello el ordenamiento jurídico prevé los procedimientos, pero sí  el de ordenar a la entidad de previsión que produzca una pronta respuesta a la solicitud formulada por el peticionario, en virtud a que el derecho de petición no se agota  en la simple posibilidad de dirigirse a las autoridades, sino que, dentro de su núcleo esencial, comprende la resolución real y efectiva de la cuestión planteada, respuesta que, de acuerdo con la letra de la  norma superior, debe ser "pronta"; así pues, tanto la falta de contestación como las decisiones tardías vulneran este fundamental derecho; por las razones expuestas, esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, revocará los fallos proferidos por la  H. Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, y el Tribunal Superior de Cartagena. En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE: Primero. Revocar la sentencia proferida por la H. Corte Suprema de Justicia de fecha veintinueve (29) de junio  de 1995, que confirmó el fallo judicial del Tribunal Superior de Cartagena -Sala Laboral-, de fecha junio seis (6) de mil novecientos noventa y cinco (1995). Segundo.  Conceder la tutela impetrada, y en consecuencia, se ordena a la Caja Nacional de Previsión, a través de su Director, que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes  a la notificación de esta providencia, proceda a cancelar al señor Guido Miguel Lentino Navas, las mesadas pensionales adeudadas. Tercero.   Conceder la tutela impetrada, y en consecuencia, se ordena a la Caja Nacional de Previsión contestar la petición sobre la reliquidación pensional presentada por el ciudadano Guido Miguel Lentino Navas el día 11 de octubre de 1994, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la notificación de esta providencia. Cuarto.  El Tribunal Superior de Cartagena -Sala Laboral-, vigilará el cumplimiento de lo ordenado en esta providencia. Quinto.- Comunicar la presente decisión en los términos del artículo 36 del  Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-438-95 Sentencia No. T-438/95 Sentencia No. T-438/95 DERECHOS DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Pago oportuno de pensiones/MESADA PENSIONAL-Pago oportuno/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL INEFICAZ-Pago oportuno de mesadas pensionales/DERECHO A LA SUBSISTENCIA-Pago oportuno de pensiones Los demandantes ostentan la calidad de pensionados del municipio, cuya remuneración es el único sustento, dado su estado avanzado de edad, lo cual los coloca  en condiciones de debilidad manifiesta, además ponderadas las condiciones específicas del caso, someter a los actores a dilatados trámites de procesos ejecutivos laborales implicaría la prolongación de sus circunstancias desfavorables al pleno y cabal disfrute  de sus derechos adquiridos a gozar de una pensión vitalicia de jubilación y a negarles temporalmente una existencia digna. Es necesario brindar a los peticionarios una protección plena de sus derechos fundamentales a la vida, dignidad, igualdad y protección a la tercera edad. Así como el derecho a la seguridad social. REF.: Expediente No. T-76382 Actor: FRANCISCO AVELINO CORONA-DO PALENCIA Y OTROS Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr.  VLADIMIRO NARANJO MESA Dr.   JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá D.C.,  septiembre veintinueve (29) de mil novecientos noventa y cinco (1995) Procede la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados JORGE ARANGO MEJIA, VLADIMIRO NARANJO MESA Y FABIO MORON DIAZ, a revisar los fallos de tutela  proferidos por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal, de fecha catorce (14) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995) y del Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil Laboral de decisión, de fecha 10 de julio del mismo año y  adelantado por los ciudadanos FRANCISCO AVELINO CORONADO, ELIGIO CONTRERAS Y JULIO CESAR ESPINOSA PETANO, contra el municipio de Corozal (Sucre). El expediente llegó a conocimiento de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional por la vía ordinaria de remisión que hizo la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, en virtud de lo ordenado por el artículo  31 del Decreto 2591 de 1991. Conforme a los artículos 86 de la Constitución Política  y 33 del Decreto 2591 de 1991,  y 49 del Acuerdo  05 de 1992, la Sala de Selección de la Corporación eligió para su revisión la presente acción de tutela. I.  ANTECEDENTES A.   Los Hechos Según obra en el expediente, los hechos que motivan la presente acción de tutela se contraen a lo siguiente: -        Los ciudadanos FRANCISCO AVELINO CORONADO, ELIGIO CONTRERAS Y JULIO CESAR ESPINOSA PETANO, interpusieron acción de tutela contra el Municipio de Corozal (Sucre), argumentando violación de sus derechos fundamentales a la vida, dignidad, igualdad  y protección a la tercera edad, en razón a que el ente territorial se encuentra en mora de cancelarles las mesadas de jubilación correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 1995, situación que se agrava en virtud de que carecen de los recursos económicos necesarios para su mantenimiento y el de sus familias, así como por su estado avanzado de edad. En vista de la vulneración afirmada, solicitan por vía de tutela que se ordene el pago de las mesadas pensionales. II.      LAS DECISIONES JUDICIALES MATERIA DE REVISION A.    Sentencia de Primera Instancia Por reparto correspondió este proceso al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal (Sucre), despacho que por sentencia de  junio 14 de 1995, resolvió conceder la tutela, con base en las siguientes consideraciones: -        Luego de practicar las pruebas de rigor y de constatar la calidad de pensionados de los peticionarios y de verificar la mora en el pago  de las mesadas pensionales de los meses de marzo, abril y mayo de 1995, por parte del Municipio demandado, sostuvo que el ente territorial violó el derecho de igualdad consagrado como fundamental en el artículo 13 de la Carta Constitucional, así como también los derechos de las personas  de la tercera edad (art. 46), respaldando esta conclusión con pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, concluyendo que: "...por otra parte, que no se diga que los  accionantes disponen de otros recursos o medios de defensa judicial, puesto que en casos como el  que se estudia, ha  dicho la H. Corte Constitucional en sentencia T-011 de enero 18 de 1993, que aceptar que en estos eventos el afectado dispone de otro instrumento judicial, ...'obedece a un razonamiento general y dogmático de las disposiciones constitucionales y legales y no a un  razonamiento axiológico constitucional aplicado al caso concreto, que considere la edad del peticionario, los documentos por él aportados, la edad de retiro forzoso, la operancia y negligencia del Estado y principalmente   el respeto de la dignidad humana.'  Y trae la H. Corte en apoyo de su tesis lo dicho por la misma Corporación en sentencia T-414 de junio 16 de 1992, cuando, manifestó:  Siendo esto así es claro entonces que el otro medio de  defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata  de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza, tiene la acción de tutela; de no ser así, se estaría haciendo una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del constituyente.'  " B.  Impugnación El Alcalde Municipal de Corozal, dentro de la oportunidad procesal impugnó la anterior sentencia. En escrito de censura manifiesta que en manera alguna la administración violó derechos fundamentales y que no comparte el contenido de la providencia judicial. C.   Sentencia de Segunda Instancia El Tribunal Superior de Sincelejo, Sala Civil-Laboral, resolvió el día 10 de julio de 1995, revocar el fallo de primera instancia  del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal con base en los siguientes razonamientos: La acción de tutela no es la vía para  reclamar el pago de mesadas pensionales atrasadas, en razón a que el juez de tutela tiene limitaciones con relación a materias o procesos de que conocen los jueces ordinarios, lo cual le permite entonces a los interesados, con la misma eficacia, obtener el derecho pretendido que para estos casos brinda la ley. En efecto, expresa el Tribunal en segunda instancia que: "En el caso de autos, no hay duda, que existe un mecanismo efectivo por el cual los peticionarios pueden obtener el pago de sus mesadas atrasadas como es la acción ejecutiva laboral.  En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 del Código de Procedimiento del Trabajo, puede exigirse ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial arbitral firme. "Algo similar estatuye el artículo 488 del C. de P.C., según el cual, pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él. "Como puede observarse, en las disposiciones mencionadas anteriormente, se exige que la obligación conste en un documento, como requisito indispensable para que preste mérito ejecutivo.  Ese documento que sirve de título ejecutivo  no es otro que el acto administrativo que reconoce o liquida una determinada prestación. Así entonces, con las resoluciones de reconocimiento de pensiones que deben tener en su poder los accionantes y el último recibo de pago, fácil resulta a ellos integrar el título ejecutivo que le permita por la vía coercitiva frente a jueces ordinarios obtener el pago de las mesadas atrasadas con tanta efectividad como la acción de tutela, pues el proceso ejecutivo laboral es un juicio sencillo, rápido y sin erogaciones que es el que corresponde adelantar frente a situaciones como la presente. "Y no se diga ahora que en el caso de las pensiones de jubilación, la acción ejecutiva laboral resulta inoperante para  la defensa de los derechos de los pensionados, debido a la existencia de norma legal que prohibe la  inembargabilidad de los bienes y rentas del presupuesto, como en alguna ocasión lo dijo la Corte Constitucional, porque si bien ello fue así en algún momento, a partir de la sentencia C-546, de octubre  1o. de 1992 que estimó conforme a constitución la regla general de la inembargabilidad  de las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación, allí mismo dicha Corte hizo consideraciones relativas a la no aplicación de ese ordenamiento en cuanto se trate de crédito laborales, como sin duda lo constituyen las mesadas de jubilación." III.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE Primera.  La Competencia De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 inciso 3o. y 241 numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591, esta Sala de revisión es competente para revisar las sentencias que resolvieron la acción de tutela de la referencia. Segunda.  La Materia Según se desprende del examen del expediente, los peticionarios  pretenden se le ordene  al municipio  demandado hacer efectivo el pago de las mesadas pensionales que se les adeuda por concepto de los meses  de marzo, abril y mayo de 1995. Procedencia de la acción de tutela para lograr el pago de las mesadas pensionales atrasadas o en mora por parte de las entidades públicas. Sobre el particular esta Corporación ha sostenido reiteradamente que: "Es claro y diáfano el mandato contenido en el inciso tercero del artículo 53 de la Carta, en virtud del cual el Estado tiene a su cargo el deber de garantizar el derecho de los pensionados al pago oportuno de sus mesadas pensionales, para efectos de lo cual está en la obligación de adelantar las gestiones y adoptar los mecanismos que hagan efectivo el derecho. El Estado adquiere pues, el compromiso de garantizar el pago oportuno de las pensiones, para lo cual debe proveer en los respectivos presupuestos del orden nacional, departamental, distrital y municipal las partidas necesarias para atender de manera cumplida y satisfactoria su obligación constitucional, especialmente cuando quienes se ven afectados por el incumplimiento o la desidia de las autoridades estatales, son personas de la tercera edad, a quienes en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 constitucional, el Estado debe concurrir con la sociedad y la familia a su protección y asistencia, así como a garantizarles los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. "Estas personas requieren del pago oportuno de sus mesadas pensionales en orden a garantizar su subsistencia y las condiciones mínimas para su existencia digna. Se trata además, de personas quienes legítimamente tienen el derecho a un pago oportuno y cumplido, teniendo en cuenta que han prestado sus servicios al Estado y esperan de él como mínima retribución, que se les paguen sus mesadas pensionales. "En tal virtud, cuando no se atiende en forma oportuna el pago de las pensiones legales por parte de las entidades del Estado, deben adoptarse los mecanismos correspondientes y adecuados en orden a hacer efectiva la garantía constitucional plasmada en el artículo 53 de la Carta, especialmente cuando están de por medio los derechos fundamentales a la vida y a la salud de las personas de la tercera edad. "Por lo tanto, el pago de las pensiones legales cuando éstas han sido ya reconocidas legalmente mediante el respectivo acto administrativo emanado de la entidad de previsión, deben mantener un nivel de eficiencia aceptable para dar respuesta a las necesidades sociales, en orden a la realización de los fines sociales del Estado, a la justicia social y a promover frente a los demás pensionados, una igualdad real y efectiva. "Más aún, habiéndose dado al Estado colombiano por el constituyente de 1991 un carácter social, se hace indispensable que acometa acciones positivas en favor de la comunidad. En este contexto, el pago cumplido de las pensiones legales es una de tales actuaciones positivas a las que está obligado el Estado. "Por ello, es para la Sala fundamental que las autoridades del orden nacional, departamental, distrital y municipal adopten de manera prioritaria las medidas encaminadas a que se incluyan en los proyectos de presupuesto las partidas suficientes en orden a que los pensionados, en particular los de las entidades de previsión, reciban en forma oportuna el pago de sus mesadas."  (Cfr.  Sentencia No. T-147 de abril 4 de 1995. M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara). En este orden de ideas, es equivocada la sentencia del Tribunal Superior de Sincelejo Sala Laboral, al considerar que las mesadas pensionales adeudadas a los peticionarios por parte del Municipio de Corozal (Sucre), debían ser reclamadas mediante otros medios de defensa judicial como el proceso ejecutivo ante la justicia laboral, en virtud de lo preceptuado en el artículo 100 del Código de Procedimiento  del Trabajo. En efecto, esta Corte ha entendido que en lo relativo a la eficacia del otro medio de defensa judicial para el cobro de mesadas pensionales, las sentencias T-017/94, T-229/94 y T-399/94, pero especialmente en la sentencia T-184/94 precisó lo siguiente: "En cuanto a la eficacia que deben tener los medios alternativos de defensa judicial llamados a "sustituir" la tutela, es claro que el otro medio de defensa judicial debe poseer necesariamente, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza tiene la acción de tutela. En el caso de las pensiones de jubilación, la acción ejecutiva laboral ha resultado inoperante para la defensa efectiva de los derechos de los pensionados, debido a la existencia de la norma legal que prohibe la inembargabilidad de los bienes y rentas del presupuesto. En este sentido, son improcedentes los argumentos sobre el "otro mecanismo de defensa". El Juez de tutela no puede ser indiferente ante la situación de los pensionados y no puede por tanto, dejar de considerar las condiciones específicas de debilidad en las que se encuentran las personas de la tercera edad y la protección especial que los Convenios Internacionales y la Constitución les conceden. El simple reconocimiento de las pensiones no implica que el derecho haya sido satisfecho en debida forma. Para ello es indispensable en aras de darle eficacia material, que al pensionado no sólo se le reconozca su derecho al cumplir con los requisitos legales, sino que adicionalmente, se le cancelen las mesadas atrasadas o futuras a que tiene derecho. Obligación que debe hacerse efectiva dentro de los términos legales previstos para ello, en aras a no afectar ni desmejorar los derechos ni la calidad de vida de los pensionados."  (Sentencia T-184 de abril 18 de 1994. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero). Los peticionarios de la presente acción de tutela se ajustan a los supuestos de la jurisprudencia reiterada; en efecto, los ciudadanos FRANCISCO AVELINO CORONADO PALENCIA, ELIGIO CONTRERAS CONTRERAS y JULIO  CESAR ESPINOSA PETANO, ostentan la calidad de pensionados del municipio de Corozal (Sucre), cuya remuneración es el único sustento, dado su estado avanzado de edad, lo cual los coloca  en condiciones de debilidad manifiesta, además ponderadas las condiciones específicas del caso, someter a los actores a dilatados trámites de procesos ejecutivos laborales implicaría la prolongación de sus circunstancias desfavorables al pleno y cabal disfrute  de sus derechos adquiridos a gozar de una pensión vitalicia de jubilación y a negarles temporalmente una existencia digna.  Por todos estos aspectos, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional considera que es necesario brindar a los peticionarios una protección plena de sus derechos fundamentales a la vida, dignidad, igualdad y protección a la tercera edad.  Así como el derecho a la seguridad social. En mérito de lo expuesto la Sala Octava de revisión de la Corte Constitucional, R E S U E L V E : Primero.  Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Sincelejo -Sala Laboral-, de fecha julio   diez (10) de 1995. Segundo.  Tutelar los derechos fundamentales a la vida, dignidad, igualdad y protección a la tercera edad, de los peticionarios FRANCISCO AVELINO CORONADO PALENCIA, ELIGIO  CONTRERAS y JULIO CESAR ESPINOSA PETANO; en consecuencia se ordena al Alcalde Municipal de Corozal, Sucre, la cancelación dentro de los quince  (15) días siguientes a la notificación de esta providencia de toda suma de dinero debida a los peticionarios por concepto de las mesadas pensionales de jubilación, causadas hasta la fecha, así como el pago oportuno de las mismas en el futuro. Tercero.   El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal, vigilará el estricto cumplimiento de lo ordenado en esta providencia. Cuarto.   Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591  de 1991. Cópiese, notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-439-95 Sentencia No. T-439/95 Sentencia No. T-439/95 DERECHOS FUNDAMENTALES-Principales por naturaleza Cabe recordarle a la autoridad renuente que la Constitución, que juró cumplir y defender al tomar posesión del cargo que hoy ocupa, funda la organización republicana del Estado colombiano  en "el respeto de la dignidad humana", consagra como fin estatal la efectividad de los derechos y encarga a las autoridades de "proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades...". Así las cosas, el ejercicio de un derecho no puede, bajo ninguna circunstancia, estimarse por una autoridad, vinculada a la Constitución y a las leyes,  como un asunto accesorio y de escasa o nula trascendencia porque, son, precisamente, las autoridades de la república las llamadas a velar, de manera primordial, por la efectividad de las prerrogativas reconocidas a los asociados. DERECHO DE PETICION-Pronta resolución Tratándose del derecho de petición lo que la Carta impone es una solución pronta y cuando la autoridad deja vencer el término previsto legalmente sin generarla, desatiende una obligación de raigambre constitucional e incurre en la violación del derecho, que se torna más evidente en la medida en que avanza el tiempo y la autoridad persiste en desconocer el requerimiento del particular. La Corte estima que “el silencio administrativo es la mejor demostración de que se ha conculcado el derecho de petición y el fundamento más claro para proceder a su tutela”. REF: Expediente No. 76383 Acción de tutela presentada en contra del alcalde municipal de Purísima (Córdoba) Actor: Senen Antonio Valencia Montenegro Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Dr. JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá D.C., septiembre veintinueve (29)  de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala de Revisión en asuntos de tutela, integrada por los Honorables Magistrados VLADIMIRO NARANJO MESA, JORGE ARANGO MEJIA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre las sentencias relacionadas con la acción de tutela de la referencia, proferidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Purísima (Córdoba) el treinta (30) de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en primera instancia,  y por el Juzgado Penal del Circuito de Lorica (Córdoba) el diez (10) de julio del mismo año, en segunda instancia. I. ANTECEDENTES A. La solicitud El dieciséis (16) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995), actuando mediante apoderado, el señor Senen Antonio Valencia Montenegro presentó una acción de tutela ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Purísima (Córdoba), en contra del señor Gecsy Casarrubia Arteaga, alcalde municipal, con el fin de que se le ordene resolver una petición que el actor presentó el día veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). Señala el actor que, en la última fecha, solicitó al señor alcalde municipal el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales sin que la autoridad haya producido la respuesta que el artículo 23 de la Constitución dispone. Indica el peticionario que,  según el Decreto 797 de 1994, los contratos de trabajo entre el Estado y sus servidores se consideran suspendidos por el término de noventa (90) días, contados a partir de la fecha en que se haga efectivo el despido o el retiro del trabajador, término dentro del cual las respectivas entidades deberán efectuar el reconocimiento y pago de los correspondientes salarios, prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar. B. Actuación procesal El Juzgado Promiscuo Municipal de Purísima (Córdoba) oyó en declaración al señor Gecsy Casarrubia Arteaga, quien manifestó no tener conocimiento de la petición porque en la fecha en que fue presentada no desempeñaba el cargo de alcalde municipal. En diligencia de Inspección judicial practicada en la Secretaría de la Alcaldía Municipal se verificó la existencia de los decretos 024 de junio 30 de 1992 y 104 de noviembre 4 de 1994, por medio de los cuales se nombró y se declaró insubsistente, respectivamente, al señor Senen Antonio Valencia Montenegro en el cargo de Director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica (UMATA). La Secretaria de la Alcaldía Municipal certificó, a solicitud del Juzgado, que "la petición formulada por el señor SENEN VALENCIA MONTENEGRO, fechada en diciembre 29 de 1994, no fue contestada por el Alcalde en ese entonces Dr. Jaime Anaya Llorente". C. Sentencia de primera instancia El Juzgado Promiscuo Municipal de Purísima (Córdoba), mediante sentencia de mayo treinta (30) de mil novecientos noventa y cinco (1995), decidió tutelar el derecho fundamental de petición y ordenó al Alcalde de ese municipio resolver la petición presentada, en el término de cuarenta y ocho (48) horas. Se refirió el despacho judicial al derecho de petición y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el mismo y luego de analizar las pruebas recaudadas concluyó que el alcalde municipal omitió la respuesta debida a la solicitud formulada por el actor. Consideró el fallador de primera instancia que no es procedente la acción de tutela para ordenar el reconocimiento y liquidación de las prestaciones reclamadas por existir, en el caso concreto, otro medio de defensa judicial ya que "el accionante puede recurrir a las acciones civiles pertinentes (proceso ejecutivo) para conseguir que se le cancelen las prestaciones sociales..." D. La impugnación El alcalde municipal de Purísima (Córdoba) impugnó el fallo de primera instancia y para tal efecto sostuvo que la petición no fue resuelta por las "razones sencillas y obvias de estar apenas recibiendo la administración y como se sabe es difícil avocar en forma inmediata el conocimiento de situaciones que para entonces eran secundarias". Consideró el demandado que en este caso ha operado el silencio administrativo negativo "por lo que se deduce que el accionante debió ejercer la acción administrativa correspondiente ante el Tribunal respectivo y no ante su despacho como acción de tutela". Según el impugnante la orden proferida por el Juzgado de primera instancia se produjo "a cuatro meses de cumplida la condición del artículo 6 del Código Contencioso administrativo, por lo que a la fecha mayo 30, antecediendo cuatro meses (abril a enero) no se ve el peligro o la inminencia de violentar un derecho constitucional fundamental por las razones ya expuestas en su fallo y argumentada en el decreto 2591 de 1991 de contar con procedimientos y vías contenciosas expeditas en materia administrativa laboral". E. La sentencia de segunda instancia El Juzgado Penal del Circuito de Lorica (Córdoba), por sentencia de julio diez (10) de mil novecientos noventa y cinco (1995),  resolvió revocar "en todas y cada una de sus partes el proveído atacado de fecha mayo treinta de la presente anualidad por el Juzgado Promiscuo Municipal de Purísima...". Estimó el despacho judicial que "El A-quo después de un desprevenido análisis de la petición prestacional social decidió acertadamente no allanarse a ese petitum atendiendo a que existía la vía contencioso administrativa para el incoamiento de dicha petición". En cuanto al derecho de petición el fallador de segunda instancia consideró que la xeroscopia no autenticada de la solicitud, que obra en el expediente, carece de valor probatorio. Señaló el juzgado que las copias tienen el mismo valor probatorio del original "cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez"; cuando "sean autenticadas por notario público, previo cotejo del original o la copia autenticada que se le presente", o "cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa". Así pues, en sentir del juzgador de segunda instancia "mal podríamos acolitar el criterio del A-quo avalando el documento en comento, por carecer, repetimos, de la autenticación de rigor". II. CONSIDERACIONES DE LA SALA A. La competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de las decisiones correspondientes al asunto de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso segundo, y 241, numeral noveno de la Carta Política, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 33, 34, 35 y 36 del decreto 2591 de 1991. Se procede a la revisión, en virtud de la selección practicada por la Sala correspondiente y del reparto efectuado en la forma señalada por el reglamento de la Corporación. B. La materia 1. El asunto a cuya revisión se procede, permite a la Sala reiterar la doctrina jurisprudencial que la Corte ha expuesto en múltiples pronunciamientos relativos al derecho de petición. En sentencia No. T-054 de 1994 la Corporación se refirió al derecho contemplado en el artículo 23 de la Carta Política y puntualizó que: "....comprende la posibilidad democrática de toda persona para presentar peticiones respetuosas a  las autoridades por motivos de interés general o particular, y de obtener de aquellas pronta resolución. Tiene bien determinada la jurisprudencia de la Corte los alcances del derecho de petición, los cuales se concretan en dos sentidos: el uno consistente en la facultad otorgada a la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, mayor o menor, para formular sus peticiones ante las autoridades públicas y ahora, en el nuevo régimen constitucional, ante las organizaciones privadas para obtener la garantía de sus derechos fundamentales; y el otro, el de obtener de los destinatarios de la petición una pronta respuesta a la misma..."(M.P. Dr. Fabio Morón Díaz). Y en reciente pronunciamiento, la Corte indicó: "La posibilidad de presentar peticiones atañe a toda persona y es el presupuesto indispensable para obtener la pronta resolución del asunto sometido al conocimiento y a la decisión de la autoridad pública. Esta Corporación, en reiterados pronunciamientos, ha señalado que el derecho de petición no queda satisfecho con la simple recepción de las solicitudes y que su relevancia, como mecanismo que permite la comunicación entre los particulares y  el poder público, no deriva primordialmente de esta etapa inicial sino de la solución que se brinde a la cuestión planteada. La respuesta que le otorga verdadera eficacia al derecho de petición es aquella que, además de producirse oportunamente, aborda el fondo del asunto de que se trate; no es otro el sentido de la preceptiva constitucional que se refiere a la pronta resolución, indicando así que no basta un pronunciamiento que tocando de manera apenas tangencial las inquietudes del peticionario omita el tratamiento del problema, la duda o la dificultad expuestos en cada caso. Lo anterior no significa que en toda circunstancia la decisión deba acoger las pretensiones del solicitante; lo que se busca es que, cualquiera sea su sentido, la respuesta desate la materia de la petición" (Sentencia No. T-299 de 1995. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero). 2. En el caso que ahora se analiza, Senen Antonio Valencia Montenegro formuló una petición al Alcalde Municipal de Purísima (Córdoba) orientada a lograr el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales. La solicitud fue elevada por el actor el 29 de diciembre de 1994 y al momento de impetrar la acción de tutela habían transcurrido más de cuatro meses sin que la autoridad llamada a responder hubiese emitido el pronunciamiento que el artículo 23 superior exige. La Corte Constitucional ha puesto de presente, en armonía con lo dispuesto en el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que "cuando quiera que resulte imposible contar con una decisión dentro de un término razonable no es el silencio actitud que contribuya a la observancia del derecho; para que éste resulte respetado la autoridad debe informar, oportunamente, de esa circunstancia al peticionario haciéndole saber las dificultades presentadas y, en todo caso, indicándole el momento en que tomará la decisión pertinente o requiriéndolo para que aclare o complete la solicitud o cumpla las exigencias legales del caso" (Sentencia No. T-187 de 1995. M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara). En el supuesto de que la autoridad a la que se dirigió la petición no sea competente para tramitarla y resolverla deberá trasladarla a quien corresponda y enterar de ello al peticionario. Empero, la Corporación también ha sido enfática en rechazar ciertas razones que la administración suele aducir para justificar la desatención del deber de brindar oportuna respuesta. Las deficiencias de personal, el volumen de los expedientes, el orden de las solicitudes o la reestructuración de los sistemas no son, en sentir de la Corte, motivos razonables, capaces de eximir a las autoridades de la obligación de resolver con prontitud que, por expreso mandato constitucional, a ellas atañe. Aducir, como lo hace al actual alcalde municipal de Purísima (Córdoba), que la falta de respuesta obedece a que la petición se elevó durante el período del burgomaestre anterior y que, por lo mismo, no tuvo tiempo de asumir en forma inmediata el conocimiento de situaciones que, según sus palabras, al posesionarse "eran secundarias", lejos de justificar la negligencia en que incurre, constituye prueba palmaria de la violación que el actor alega y del escaso interés que le merecen al demandado los derechos del administrado, considerados, por él, como cuestiones apenas "secundarias". Cabe, entonces, recordarle a la autoridad renuente que la Constitución, que juró cumplir y defender al tomar posesión del cargo que hoy ocupa (art. 122 C.P.), funda la organización republicana del Estado colombiano  en "el respeto de la dignidad humana" (art. 1 C.P.), consagra como fin estatal la efectividad de los derechos y encarga a las autoridades de "proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades..." (art. 2 C.P.). Así las cosas, el ejercicio de un derecho no puede, bajo ninguna circunstancia, estimarse por una autoridad, vinculada a la Constitución y a las leyes,  como un asunto accesorio y de escasa o nula trascendencia porque, son, precisamente, las autoridades de la república las llamadas a velar, de manera primordial, por la efectividad de las prerrogativas reconocidas a los asociados. Nada justifica, en consecuencia, que el alcalde municipal de Purísima (Córdoba) después de una demora de cinco meses, transcurridos durante su período, pretenda restarle importancia al derecho ejercido por el ciudadano Valencia Montenegro argumentando, en el escrito de impugnación, que el paso del tiempo es indicativo de la ausencia de vulneración. En contra de lo que cree el demandado, tratándose del derecho de petición lo que la Carta impone es una solución pronta y cuando la autoridad deja vencer el término previsto legalmente sin generarla, desatiende una obligación de raigambre constitucional e incurre en la violación del derecho, que se torna más evidente en la medida en que avanza el tiempo y la autoridad persiste en desconocer el requerimiento del particular. El simple paso del tiempo no convalida la afectación del derecho ni reduce sus efectos nocivos, sino que los agrava y corrobora la violación cometida que tampoco resulta saneada merced al silencio administrativo en el que pretende escudarse el burgomaestre. Al respecto es oportuno recordar el criterio de la Corte: "De acuerdo con lo manifestado, la obligación del funcionario u organismo sobre oportuna resolución de las peticiones formuladas no se satisface con el silencio administrativo. Este tiene el objeto de abrir para el interesado la posibilidad de llevar el asunto a conocimiento del contencioso administrativo, lo cual se logra determinando, por la vía de la presunción, la existencia de un acto demandable. Pero de ninguna manera puede tomarse esa figura como supletoria de la obligación de resolver que tiene a su cargo la autoridad, y menos todavía entender que su ocurrencia excluye la defensa judicial del derecho de petición considerado en sí mismo. De acuerdo con lo atrás expuesto, no se debe confundir el derecho de petición -cuyo núcleo esencial radica en la posibilidad de acudir ante la autoridad y en obtener pronta resolución- con el contenido de lo que se pide, es decir, con la materia de la petición. La falta de respuesta o la resolución tardía son formas de violación de aquél y son susceptibles de la actuación protectora del Juez mediante el uso de la acción de tutela, pues en tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental. En cambio, lo que se debate ante la jurisdicción cuando se acusa el acto, expreso o presunto, proferido por la administración, alude al fondo de lo pedido, de manera independiente del derecho de petición como tal. Allí se discute la legalidad de la actuación administrativa o del acto correspondiente, de acuerdo con las normas a las que estaba sometida la administración, es decir, que no está en juego el derecho fundamental de que se trata sino otros derechos, para cuya defensa existen las vías judiciales contempladas en el Código Contencioso Administrativo y, por tanto, respecto de ella no cabe la acción de tutela salvo la hipótesis del perjuicio irremediable (artículo 86 C.N.) (Sentencia No. T-242 de 1993. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo). La Corte estima que "el silencio administrativo es la mejor demostración de que se ha conculcado el derecho de petición y el fundamento más claro para proceder a su tutela". Pese a que de lo hasta aquí esbozado se deduce con absoluta claridad que la petición que motivó la acción de tutela fue presentada y que no obtuvo respuesta, ya que fuera de la afirmación del actor constan en el expediente las manifestaciones de la autoridad demandada que, al pretender excusar su propia incuria, admite no haber considerado la solicitud, el juez de segunda instancia, consideró que no procedía conceder el amparo pedido porque la fotocopia de la petición elevada carece de la autenticación que, en su sentir, es imprescindible. Omitió el señor  Juez Penal del Circuito de Lorica (Córdoba) la apreciación conjunta de todos elementos que obran en autos y con base en una estimación parcial desechó, en forma errónea, la tutela impetrada. Un examen cuidadoso de la totalidad del material conduce a demostrar, fehacientemente y sin el mayor esfuerzo, que la solicitud fue presentada y que pasados cinco meses no había sido resuelta; así lo afirma el alcalde municipal en el escrito de impugnación y así se desprende del material probatorio que el fallador de primera instancia acopió y dentro del cual aparece la constancia expedida por la secretaria de la alcaldía, el día treinta de mayo de 1995, en la que se certifica que "...la petición formulada por el señor SENEN VALENCIA MONTENEGRO, fechada diciembre 29 de 1994, no fue contestada por el Alcalde en ese entonces Dr. Jaime Anaya Llorente". El señor Juez Penal del Circuito de Lorica contaba con suficientes pruebas demostrativas de la vulneración del derecho, debido a que los hechos estaban demostrados, entre otras pruebas, por la afirmación de la propia autoridad demandada. Por último, la Sala considera acertado el criterio del juez de primera instancia al no acceder a la solicitud del actor enderezada a obtener el pago de las prestaciones que, según afirma, se le adeudan. Sobre el particular la Corte ha dicho que "La acción de tutela no fue organizada por el constituyente para amparar derechos de rango legal. Lo que implica que el juez de tutela se encuentra sin competencia para abordar la revisión de la titularidad de los derechos reconocidos en la ley, haciendo adecuaciones normativas de los supuestos de hecho en que se encuentra el interesado, o evaluando las pruebas que para determinar los mismos, presente quien aspire a  la  declaración  de su derecho  (Sentencia  No. T- 054 de 1994. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz). Previas las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión de Tutelas, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Lorica (Córdoba) el diez (10) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995) y en su lugar CONFIRMAR la proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Purísima (Córdoba) el treinta (30) de mayo del mismo año, por medio de la cual se tuteló el derecho fundamental de petición al señor SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO y se ordenó al Alcalde Municipal de Purísima (Córdoba) que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas procediera a dar contestación "al escrito de fecha 29 de diciembre de 1994". SEGUNDO. LIBRENSE, por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. FABIO MORON DIAZ Magistrado Ponente VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-440-95 Sentencia No. T-440/95 Sentencia No. T-440/95 DERECHO A LA PROPIEDAD-Fundamental por conexidad El derecho de propiedad en cabeza del peticionario, en las circunstancias y condiciones en que aparece alegado, no aparece vinculado con un derecho fundamental; por lo tanto, en el caso concreto no tiene este carácter. DERECHO A LA IGUALDAD-Protección constitucional No todo problema originado en la supuesta vulneración del derecho a la igualdad debe ser dilucidado y solucionado a través de la acción de tutela, pues ésta exige fundamentalmente que el asunto tenga raigambre e importancia constitucional. Frecuentemente se presentan problemas atinentes al derecho a la igualdad que tienen su origen o fundamento en la violación de la ley, la convención o el contrato que no debe resolver el juez constitucional de la tutela, sino el juez ordinario mediante el mecanismo de las acciones procesales ordinarias. ACCION DE TUTELA CONTRA JUNTA DIRECTIVA CONDOMINIO CAMPESTRE EL PEÑON-Improcedencia No procede la tutela contra la Junta Directiva del Condominio Campestre "El Peñón", no sólo por existir otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, sino porque el peticionario no se encuentra frente a dicha Junta en un estado de subordinación. Tampoco se halla en un estado de indefensión, porque como lo ha repetido en muchas oportunidades la Corte, éste supone la carencia en cabeza del peticionario de medios físicos, materiales o jurídicos idóneos y efectivos para amparar sus derechos fundamentales, situación  que en el caso subjudice no se da, toda vez que dicho peticionario dispone del aludido medio alternativo de defensa judicial. REF.: Expediente T- 65963. ACTOR: Rafael Garzón Ballesteros. DEMANDADO: Junta Directiva del Condominio Campestre "El Peñón". PROCEDENCIA Juzgado 22 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá. TEMA: No todo problema relativo a la igualdad debe ser resuelto a través de la tutela. Improcedencia de la tutela para dirimir controversias sobre propiedad horizontal. MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO BARRERA CARBONELL. Santafé de Bogotá D.C., octubre dos (2) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el proceso de la acción de tutela instaurada por Rafael Garzón Ballesteros contra la Junta Directiva del Condominio Campestre El Peñón, con fundamento en la competencia que le asignan los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991. I. ANTECEDENTES. 1. Hechos y derechos presuntamente vulnerados. La Junta Directiva del Condominio Campestre el Peñón le ha negado al peticionario el derecho de construir las obras necesarias para realizar el proyecto denominado "Helda María", que consta de ocho apartamentos en dos pisos, con piscinas y áreas comunales. El anteproyecto de dichas obras fue presentado ante el Comité de Construcciones del mencionado condominio el día 27 de agosto de 1993, y fue aprobado por éste, como consta en la comunicación del 15 de septiembre del mismo año. Dicha aprobación quedaba condicionada a que el peticionario solucionara lo concerniente a las redes de servicios públicos, lo cual en efecto cumplió. Posteriormente, el 15 de diciembre de 1993 el demandante presentó el correspondiente proyecto ante la Junta Directiva para su aprobación definitiva. La Junta negó dicha aprobación con el argumento de que la Asamblea General de Copropietarios llevada a cabo durante los días 28 y 29 de septiembre de 1993 había prohibido la construcción de multifamiliares. Estima el peticionario que la decisión de la Junta vulnera su derecho a la igualdad, porque al negarse su proyecto para la construcción de los aludidos multifamiliares no se le dio el mismo tratamiento que se le había dispensado al señor Juan Pablo Jaramillo a quien si se le aprobó un proyecto urbanístico de similares características y que se había presentado al igual que el del actor, ante el Comité de Construcciones, para la época en que aún no existía la mencionada restricción. Igualmente considera, que se ha afectado su derecho de propiedad porque no existe justificación de orden fáctico, legal o estatutario, que autorice a la Junta para impedir la realización de su proyecto. 2. Pretensión. Pretende el actor que se ordene a la Junta Directiva del Condominio Campestre el Peñón autorizar la construcción del proyecto arquitectónico "Helda María", por haber cumplido con todos los requisitos establecidos en el reglamento de copropiedad del mencionado Condominio. 3. Los fallos que se revisan. Según providencia del 30 de enero de 1995, el Juzgado Sesenta y Cuatro Penal Municipal de Santafé de Bogotá resolvió no acceder a la petición de tutela por considerar que no habían sido vulnerados los derechos a la propiedad y a la igualdad. Anotó que no hubo quebrantamiento del derecho a la propiedad, porque  cuando el peticionario presentó ante la Junta Directiva el proyecto definitivo, ya se había prohibido por la Asamblea General la construcción de multifamiliares. Y que tampoco existió la vulneración del derecho a la igualdad, en razón de que a Jaramillo ya se le había aprobado por la Junta Directiva el proyecto preliminar desde el 11 de abril de 1990, mientras que el peticionario presentó su proyecto sólo hasta el 15 de diciembre de 1993. Observó el juzgado, que Jaramillo tenía una ventaja frente al actor, consistente en que su proyecto preliminar había sido aprobado por la Junta Directiva y no por el Comité de Construcciones, órgano aquél que tiene la competencia para aprobar de manera definitiva los nuevos desarrollos urbanísticos. Además de considerar que el peticionario no tenía un derecho adquirido y que no hubo un trato discriminatorio, el juzgado estimó que aquél tiene un medio alternativo de defensa judicial como es el proceso verbal sumario de que trata el título XXIII, Sección primera del libro 3o. del C.P.C. El Juzgado Veintidós Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, mediante sentencia del 28 de febrero de 1994 confirmó el fallo de primera instancia, reproduciendo en lo esencial los mismos argumentos contenidos en éste. II. CONSIDERACIONES. 1. Pruebas allegadas al proceso. Dentro del informativo obran las siguientes pruebas: - Oficio de fecha agosto 27 de 1993, firmado por Rafael Garzón Ballesteros, y dirigido al Comité de Construcciones del Condominio Campestre "El Peñón", mediante el cual presentó un anteproyecto arquitectónico para la construcción de un conjunto de apartamentos en los lotes 08-09-10 y 11 de la zona 372 del  segundo sector. - Acta No. 45, de fecha septiembre 14 de 1993, en donde consta que el Comité de Construcciones consideró que el aludido anteproyecto se encontraba ajustado a la reglamentación que para la época regía en el Condominio y que el proyecto definitivo debía ser sometido a la consideración de la Junta Directiva, para su aprobación, previo establecimiento de las redes de servicios públicos. - Cinta magnetofónica del acta No. 15, correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria del Condominio Campestre "El Peñón" celebrada durante los días 28 y 29 de septiembre de 1993, que da cuenta de la reforma del reglamento de la copropiedad y de la prohibición de la construcción de multifamiliares, con la salvedad de los que ya estuvieran aprobados o en proceso de construcción. - Comunicación de fecha 15 de diciembre de 1993 suscrita por el actor, mediante la cual sometió a la Junta Directiva la aprobación del proyecto arquitectónico "Helda María". - Acta No. 50 del Comité de Construcciones del 15 de diciembre de 1993 en la cual consta que los anteproyectos de los arquitectos Juan Pablo Jaramillo y Rafael Garzón, relacionados con el desarrollo de construcciones en los lotes 219 primer sector y 08-09-10 y 11 de la zona 372 del segundo sector, en su orden, se encuentran ajustados al reglamento de construcción del Condominio. - Documentos en los cuales consta, exigencias de reformas a los anteproyectos arquitectónicos de Garzón y Jaramillo, la presentación de planos por éste y las aprobaciones dadas por la Junta para la realización de su proyecto (actas 144 del 11 de abril de 1990, 180 de febrero 20 y 200 de julio 16 de 1994 de la Junta Directiva y 53 de mayo 8 y 56 de junio de 1994 del Comité de Construcciones). - Documentos que dan noticia de la insistencia del actor para que se definiera la suerte de su proyecto y de la negativa de la Junta Directiva a aprobarlo (comunicaciones de octubre 4 de 1994 y de noviembre 24 de 1994). - Inspección judicial. Dentro de la inspección judicial ordenada por la Sala durante la etapa de revisión se allegaron algunos de los documentos ya mencionados y se constató, entre otras cosas, lo siguiente: En los lotes 8, 9, 10 y 11 de la zona  372 segundo sector de propiedad del peticionario no se encontraron construcciones. Tampoco existen éstas en el lote de la zona 219 del primer sector que corresponde al proyecto de Jaramillo; únicamente se halló en dicho lote una valla con propaganda alusiva a la venta de apartamentos en un conjunto residencial denominado "Balcones del Mediterráneo". 2. La cuestión de fondo. De acuerdo con lo señalado y alegado por el peticionario y lo que muestra el acervo probatorio, la Sala debe analizar la naturaleza de los derechos que se dicen vulnerados, la índole de la relación jurídica existente entre el demandante y el demandado y, por consiguiente, la determinación de la procedencia de la acción de tutela contra el particular la Junta Directiva del Condominio Campestre "El Peñón, y la existencia de otro medio de defensa judicial de que pueda disponer el peticionario para salvaguardar sus derechos. - El derecho de propiedad sólo excepcionalmente, esto es, cuando se lo vincula directamente a un derecho fundamental, es posible considerarlo como un derecho fundamental por conexidad. Sobre el punto la Corte ha expresado lo siguiente: "La posibilidad de considerar el derecho a la propiedad como derecho fundamental depende de las circunstancias específicas de su ejercicio. De aquí se concluye que tal carácter  no puede ser definido en abstracto, sino en cada caso concreto. Sólo en el evento en que ocurra una violación del derecho a la propiedad que conlleve para su titular un desconocimiento evidente de los principios y valores constitucionales que consagran el derecho a la vida a la dignidad y a la igualdad,  la propiedad adquiere naturaleza de derecho fundamental y, en consecuencia, procede la acción de tutela. Dentro de este marco general, el reconocimiento  de la propiedad, entendido como un derecho fundamental se presenta siempre que sea ejercido dentro de los límites que imponen las leyes y el orden social. No puede alegarse la violación de un derecho, en este caso la propiedad, cuando existe duda sobre la adquisición o la licitud del objeto que se busca amparar". (Sentencia T-506/92. M.P. Ciro Angarita Baron). "Si bien el carácter de fundamental del derecho a la propiedad privada es relativo, la Corte Constitucional ha reconocido que, en los casos en los que su desconocimiento conduzca a la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad y a la dignidad humana, éste adquiere el carácter de derecho fundamental". (Sentencia No. T-125/94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). "El derecho a la propiedad, sólo puede tutelarse cuando de su violación se desprenda claramente que también se vulnera otro derecho fundamental -vida, salud, seguridad social, etc-, cuya efectividad debe restablecerse con urgencia, pues de lo contrario, los efectos de la conculcación incidirían desfavorablemente en la supervivencia del afectado y sus legitimarios o en las condiciones que la hacen digna". (Sentencia T-483/94. M.P. Carlos Gaviria Diaz). En el caso concreto considera la Corte que el derecho de propiedad en cabeza del peticionario, en las circunstancias y condiciones en que aparece alegado, no aparece vinculado con un derecho fundamental; por lo tanto, en el caso concreto no tiene este carácter.  En tal virtud, no es posible que el peticionario pueda demandar su protección a través de la tutela, mecanismo que ha sido instituido para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales. En tales circunstancias, es obvio que sobra cualquier análisis de la Sala tendente a determinar sí en el caso concreto existió o no violación de dicho derecho. - Alega el peticionario que la Junta Directiva le ha vulnerado el derecho fundamental a la igualdad, porque el 16 de abril de 1994 le fue aprobado a Jaramilllo un proyecto de construcción en la zona de reserva 219 y, en cambio, el presentado por él en idénticas circunstancias no fue aprobado. No todo problema originado en la supuesta vulneración del derecho a la igualdad debe ser dilucidado y solucionado a través de la acción de tutela, pues ésta exige fundamentalmente que el asunto tenga raigambre e importancia constitucional. Frecuentemente se presentan problemas atinentes al derecho a la igualdad que tienen su origen o fundamento en la violación de la ley, la convención o el contrato que no debe resolver el juez constitucional de la tutela, sino el juez ordinario mediante el mecanismo de las acciones procesales ordinarias. Por lo tanto, en cada caso concreto es necesario precisar si el asunto debe resolverse bajo la órbita estrictamente constitucional o por el contrario dentro del ámbito meramente legal o reglamentario. La inexistencia del medio de defensa judicial, o en caso de existir éste, la falta de idoneidad, efectividad o eficacia del mismo en un caso concreto o la evidencia de la ocurrencia de un perjuicio irremediable, son determinantes en cada evento sometido a estudio del juez de la procedencia o improcendencia de la tutela como mecanismo definitivo o transitorio, cuando se viola el derecho a la igualdad. Estima la Sala que para efectos de determinar la alegada violación del derecho a la igualdad en el presente caso, necesariamente tendría que abordar un análisis complejo que escapa del ámbito constitucional y que no se circunscribiría sólo al campo legal y reglamentario, sino al ámbito estatutario que contiene el conjunto de reglas particulares relativas al régimen de copropiedad a que se encuentra sometido el conjunto residencial Condominio Campestre "El Peñón". En efecto, para alcanzar dicha finalidad la Sala tendría que dilucidar, entre otros,  aspectos y elementos atinentes a: 1. La naturaleza especial del régimen de propiedad horizontal adoptado en el Condominio Campestre "El Peñón", con fundamento en las leyes 182 de 1948 y 16 de 1985. 2. Los derechos que conforme a la ley y al reglamento de copropiedad se derivan para los titulares de las unidades individuales de dominio. 3. El alcance de las facultades y atribuciones de los órganos directivos y administrativos. 4. Las limitaciones o restricciones válidas que dichos órganos pueden establecer en relación con las referidas unidades. 5. La validez, en el caso concreto, de la prohibición establecida por la Asamblea General para la construcción de multifamiliares. 6. La determinación acerca de si los señores Garzón y Jaramillo tenían o no un derecho adquirido con arreglo al reglamento de copropiedad para desarrollar proyectos de construcción en los lotes en cuestión. 7.  La delimitación técnica y jurídica, a la luz del aludido reglamento entre anteproyecto, proyecto preliminar y proyecto definitivo de construcción y los órganos competentes para aprobarlos en cada caso, según las circunstancias particulares en que se encontraba tanto Garzón como Jaramillo. Como puede observarse del anterior planteamiento, el problema que debe resolver la Sala no tiene relevancia constitucional y requiere por su magnitud, complejidad y su naturaleza estrictamente legal y convencional, de un debate amplio en las instancias de la vía ordinaria; por consiguiente, el mecanismo que se debe utilizar para su solución no es la acción de tutela sino la vía procesal ordinaria prevista en la ley. De acuerdo con la normatividad sobre propiedad horizontal, las diferencias que surjan entre propietarios y entre éstos y la administración, con motivo del ejercicio de sus derechos o el cumplimiento de sus obligaciones, como propietarios de los bienes de dominio exclusivo o particular, al igual que las diferencias que surjan sobre la obligatoriedad y alcance del reglamento de copropiedad y de las decisiones de los órganos administrativos y directivos, deberán dirimirse a través del proceso verbal sumario a que alude el artículo 435, parágrafo 1o., numeral 1 del Código de Procedimiento Civil, según el cual al trámite de dicho proceso se somete a las "controversias sobre la propiedad horizontal de que tratan el artículo 7o. de la Ley 182 de 1948 y los artículos 8o. y 9o. de la Ley 16 de 1985". Por lo demás, no procede la tutela contra la Junta Directiva del Condominio Campestre "El Peñón", no sólo por existir otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, sino porque el peticionario no se encuentra frente a dicha Junta en un estado de subordinación. Tampoco se halla en un estado de indefensión, porque como lo ha repetido en muchas oportunidades la Corte, éste supone la carencia en cabeza del peticionario de medios físicos, materiales o jurídicos idóneos y efectivos para amparar sus derechos fundamentales, situación  que en el caso subjudice no se da, toda vez que dicho peticionario dispone del aludido medio alternativo de defensa judicial . Tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, porque aun cuando éste ha sido alegado no se encuentra acreditado. En efecto, no existen en el expediente elementos de juicio que permitan establecer y valorar las inversiones que el peticionario alega haber realizado, al igual que sus presuntos asociados en el desarrollo del proyecto urbanístico en referencia, ni la existencia de operaciones comerciales con terceros interesados en la adquisición de los apartamentos que conformarían el conjunto habitacional proyectado, de las cuales pueda deducirse el aludido perjuicio. De otra parte, el alegado perjuicio no se presenta puesto que el derecho de propiedad del peticionario sigue incólume y puede ser objeto de uso, disfrute y disposición. Además, las mejoras realizadas por el peticionario consistentes en la prolongación de las redes de acueducto y alcantarillado y con respecto al servicio de  energía, no sólo aumentan del valor venal de la propiedad, sino que en concepto de aquél pueden utilizarse para construcciones de viviendas unifamiliares o multifamiliares en el futuro. Finalmente advierte la Corte que este caso no es igual al de la sentencia T-333/95, proferida por la Sala Primera de Revisión[1], porque en esa oportunidad se estimó que el caso tenía relevancia constitucional y no legal dado que la Junta Administradora del Conjunto Residencial Montana, con evidente abuso de poder, impuso a los actores de la tutela, contra su voluntad, la obligación de recibir el servicio de TV Cable en sus apartamentos, violándose sus derechos a la libertad y a la intimidad. En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de tutelas, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Nacional, RESUELVE: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 28 de febrero de 1994 del Juzgado Veintidós Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, por medio de la cual se confirmó el fallo proferido por el Juzgado Sesenta y Cuatro Penal Municipal de la misma ciudad, que denegó la tutela interpuesta por Rafael Garzón Ballesteros contra la Junta Directiva del Condominio Campestre "El Peñón". SEGUNDO. Comunicar la presente decisión al Juzgado Sesenta y Cuatro Penal Municipal de Santafé de Bogotá, con el fin de que proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, publíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General. [1] M.P. Antonio Barrera Carbonell.

T-441-95 Sentencia No. T-441/95 Sentencia No. T-441/95 ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES-Control poblacional/DERECHO A LA EDUCACION-Límite por control poblacional/DERECHO A LA FAMILIA-Límite por control poblacional No existe en expediene prueba alguna que permita afirmar que la Oficina de control de circulación y residencia haya violado o amenazado los derechos fundamentales de la actora y su hermana. Antes bien, el acervo probatorio indica que fue el comportamiento ilegal e injustificado de la madre de las menores, el que las puso en la situación de sufrir el perjuicio de una interrupción abrupta de sus estudios. Así, la acción de tutela no es procedente, aún siendo invocada por una menor para la protección de sus derechos prevalentes, cuando la amenaza contra los mismos se deriva directamente de la situación irregular en la que su madre insiste en mantenerla. ABUSO DEL DERECHO POR LOS PADRES-Control poblacional/ACCION DE TUTELA TEMERARIA/COSTAS La progenitora viene irrespetando los derechos de la comunidad raizal que la ha tratado solidariamente; también dan cuenta esos medios de que la señora insiste en abusar de los propios derechos, con lo cual claramente sigue violando el deber ciudadano. Además, existen varios indicios de que la señora está usando a sus hijas para, de manera consciente, violar la ley. La buena fé que debe presidir sus relaciones con las autoridades, y que éstas han honrado, no rige el comportamiento de la coadyuvante en esta causa. En la parte resolutiva de esta sentencia se condenará a la representante de la actora y coadyuvante en el presente proceso, al pago de las costas ocasionadas por el mismo. DERECHOS DEL MENOR-Protección/DERECHOS DEL NIÑO-Prevención a los padres Es indudable que la actora y su hermana menor requieren de protección para sus derechos constitucionales, no en contra de la actuación de la entidad demandada, sino de las consecuencias dañinas de la situación irregular en que su madre insiste en mantenerlas. Por tanto, la Corte ordenará que se les permita culminar el actual período académico en los planteles donde estudian, pero prevendrá a los representantes legales de esas instituciones, que no deben renovar tal vinculación para el año 1996, so pena de las sanciones contempladas en la ley para el desacato; además, prevendrá a la progenitora, sobre las consecuencias que puede ocasionar su obstinación en desatender la orden legítima de la Oficina de Control de Circulación y Residencia, y el daño que puede ocasionar a las menores y a su familia, si continúa usándolas para burlar la ley. Ref.: Expediente No. T-75409 Acción de tutela contra la Oficina de Control de Circulación y Residencia del Departamento de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina por la presunta violación de los derechos a la educación y a la familia. Tema: La acción de tutela no es procedente, aún siendo invocada por una menor para la protección de sus derechos prevalentes, cuando la amenaza contra los mismos se deriva directamente de la situación irregular en la que su madre insiste en mantenerla. Actor: A Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz Santafé de Bogotá D.C., dos (2) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, y Carlos Gaviria Díaz, este último en calidad de ponente, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN, procede a dictar sentencia de revisión en el proceso de la referencia. ANTECEDENTES 1. HECHOS. Según la declaración jurada que rindió la madre de la actora, María Magdalena Silva de Riquett, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de la Isla de Providencia el 9 de mayo del presente año (folio 8), los hechos relevantes para la revisión del presente proceso son: La señora Silva de Riquett es separada y tiene cinco hijos, dos de los cuales viven actualmente con ella en el Departamento Archipiélago -la actora, A, y su hermana B-. Su esposo y los otros hijos viven en Barranquilla. En el mes de febrero de 1993, la señora Silva de Riquett se trasladó al Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde se estableció con sus dos hijas menores, sin adelantar trámite alguno para regularizar su permanencia en el Archipiélago. Mediante la Resolución No. 061 del 30 de Marzo de 1994, la Oficina de Control de Circulación y Residencia -OCCRE- la declaró en situación irregular y le ordenó abandonar el territorio del Departamento; tal resolución le fue notificada y quedó en firme sin que en su contra se interpusiera recurso alguno. La señora Silva de Riquett abandonó el Departamento por un mes, dejando a las dos menores bajo el cuidado de otra de sus hermanas y de una vecina, para regresar subrepticiamente y permanecer residiendo de manera irregular en el sector de Pueblo Viejo. Requerida nuevamente (8 días después de su regreso), para que abandonara el territorio departamental, acudió a los buenos oficios del Personero Municipal de San Andrés, quien intercedió para que se le autorizara a permanecer hasta terminar el año académico, a fin de no perjudicar a las dos menores que se encontraban matriculadas en colegios locales. Como consta a folio 12, la Oficina de Control de Circulación y Residencia accedió a permitir la estadía hasta el 1° de diciembre de 1994, sólo en consideración a la situación de las menores, y advirtiendo que no admitiría más dilaciones. Sin embargo, la madre de la actora abusó de esa condescendencia de las autoridades, y de manera irregular permaneció en el Archipiélago, logrando matricular nuevamente a sus hijas menores para el período escolar correspondiente a 1995. La Oficina de Control de Circulación y Residencia verificó el hecho anterior, y nuevamente exigió a la señora Silva de Riquett abandonar el territorio departamental. 2. DEMANDA DE TUTELA. El 8 de mayo del presente año, la menor A presentó ante el Juzgado Promiscuo Municipal de la Isla de Providencia una demanda de tutela en la que se presentan los hechos de la manera siguiente: “Mi madre MARIA SILVA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 22´432.843 expedida en Barranquilla, fue notificada de una Resolución de la Oficina de la OCCRE, mediante la cual se le conmina para que abandone el Territorio del Departamento, por no llenar presuntamente los requisitos establecidos en el Decreto 2762 del 13 de Diciembre de 1991. Como usted entenderá ésta decisión acarrea como consecuencia, que yo y mi hermana menor tengamos que suspender nuestras labores escolares a esta altura del año académico en el que es imposible nuestra reubicación en otro Plantel Educativo; e igualmente se me coarta el derecho a permanecer con mi familia, ya que al momento de respetar el Derecho a la Educación se me separaría de mi madre. Es por ello que al ser amenazado uno de los Derechos Primordiales de todo menor, acudo ante usted con la certeza y convicción de que se me respetará el Sagrado Derecho a la Educación y la Familia” (folio 1). 3. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA. El Juzgado Promiscuo Municipal de la Isla de Providencia dictó sentencia de primera instancia el 15 de mayo del año en curso, amparando los derechos de la menor, y ordenando a la Oficina de Control de Circulación y Residencia “abstenerse de hacer que la señora María Silva, abandone el Departamento Insular hasta cuando las menores; A y B, culminen sus estudios correspondientes al año 1995” (folio 30). Basó su decisión el Juzgado de instancia en la consideración del trauma que sufriría la actora con la interrupción de su año escolar y posterior adaptación a otro establecimiento educativo. 4. IMPUGNACIÓN. La autoridad demandada impugnó la anterior sentencia insistiendo en la irregularidad de la residencia de la señora Silva de Riquett y sus dos hijas en el Archipiélago, haciendo notar que la dicha señora ya había gozado de un permiso excepcional -precisamente basado en la consideración de las autoridades por los derechos aducidos por la actora-, y que la dicha señora abusó de tal condescendencia. 5. FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA. El Juzgado Civil del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina conoció de la impugnación y decidió, el 28 de junio de 1995, confirmar parcialmente el fallo de primera instancia, como aparece explicado en la transcripción siguiente: “Este despacho estima, que YA ES UNA REALIDAD que las menores están cursando el año de 1995 en los Colegios Ayacucho de San Felipe y el Junin, y sería UN DESASTRE para ellas que se les interrumpiera sus estudios”. “Pero no se debe seguir permitiendo a la señora MARIA SILVA que siga violando la Legislación Especial de estas Islas, mediante NUEVAS MATRICULAS EN PROXIMOS AÑOS”. “Por tanto, este despacho deberá confirmar el fallo de tutela, pero, será ampliado en el sentido de que se deberá oficiar a los dos colegios donde están estudiando las menores, para que se abstengan para el año de 1996 de matricular a las menores.---Y se deberá hacer una CIRCULAR para el resto de colegios de la Isla de Providencia en igual sentido.---” “Además el Despacho ampliará el fallo de tutela, en el sentido de permitir a la señora MARIA SILVA y a sus dos hijas menores, una estadía extra de tres meses después de la culminación del año educativo de 1994 (sic), a fin de que puedan efectuar todas las gestiones de terminación de contratos de arrendamientos, y demás aspectos de vinculaciones con la Isla de Providencia” (folios 47 y 48). CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. COMPETENCIA. La Corte Constitucional es competente para pronunciarse en el grado de revisión sobre los fallos proferidos en el trámite del presente proceso, en virtud de los artículos 86 y 241 de la Carta Política. Corresponde adoptar la decisión a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, según el reglamento interno de la Corte, y el auto de la Sala de Selección Número Ocho del 2 de agosto de 1995. 2. USO DE MENORES PARA VIOLAR LA LEY. La señora María Magdalena Silva de Riquett, interrogada por la Jueza de primera instancia, manifestó libremente y bajo la gravedad del juramento, que “sí, puedo constituírme en su representante (de la menor actora) para esta acción de tutela, igualmente coadyuvo lo dicho por mi hija en la acción interpuesta” (folio 8). Por tanto, esta Sala considerará inicialmente su participación en los hechos que dieron origen al presente proceso. En 1993 la señora Silva de Riquett se trasladó con dos de sus hijas al Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde se estableció, ignorando las disposiciones que sobre control poblacional en esa entidad territorial estableció el Decreto 2762 de 1991. En 1994 la Oficina de Control de Circulación y Residencia, luego de verificar la irregularidad de su residencia en el Archipiélago le ordenó abandonar el territorio departamental, entendiendo que las menores seguirían a su madre como lo hicieron antes (folio 38). Es sabido que no fue así; la señora Silva de Riquett regresó, y ante la insistencia de la OCCRE, acudió a la intervención del Personero Municipal para que no se interrumpiera el año escolar de las menores; atendiendo a esa razón, y velando por la eficacia de los derechos fundamentales alegados por la actora, la entidad demandada le otorgó un permiso temporal de residencia, sometido a las condiciones que constan a folio 13: 1) hasta el 1° de diciembre de 1994, 2) sólo para permanecer con las menores, y 3) “Esta autorización no es prorrogable por lo cual no podrán matricularse para el año 1995 sin el lleno de la totalidad de los requisitos exigidos para la expedición de la tarjeta de residencia temporal a su nombre y el de sus dependientes”. Cumplido el plazo, la señora Silva de Riquett tampoco cumplió con la orden de abandonar las islas; según adujo (folio 8 vuelto): “...se me presentó una emergencia con la otra hija que estaba aquí, tuve que hacer gastos para médico, y no tenía plata para viajar”.  Sin embargo, la representante de la actora no acudió a la Oficina de Control de Circulación y Residencia para que se considerara esa presunta calamidad doméstica; en lugar de ello, decidió prolongar indefinidamente su permanencia irregular y, meses después, matricular nuevamente a las dos menores, en abierta y clara violación de las condiciones que la autoridad legítimamente le había impuesto, y del artículo 5 del Decreto 2762 de 1991. De nuevo requerida por la autoridad competente para que abandonara el territorio insular, la señora Silva de Riquett no adujo en defensa de su comportamiento ilegal razón alguna; pero la menor actora impetra el amparo constitucional de sus derechos fundamentales, y su señora madre la representa y ¡coadyuva la causa!. Al respecto, esta Sala debe hacer las siguientes precisiones: No existe en el expediente prueba alguna que permita afirmar que la Oficina de Control de Circulación y Residencia haya violado o amenazado los derechos fundamentales de la actora y su hermana. Antes bien, el acervo probatorio claramente indica que fue el comportamiento ilegal e injustificado de la madre de las menores, el que las puso en la situación de sufrir el perjuicio de una interrupción abrupta de sus estudios. Así, la acción de tutela no es procedente, aún siendo invocada por una menor para la protección de sus derechos prevalentes, cuando la amenaza contra los mismos se deriva directamente de la situación irregular en la que su madre insiste en mantenerla. En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia se revocarán las decisiones de instancia, pues esta Corte encuentra que la Oficina demandada ni violó ni amenazó los derechos de la actora. Esas mismas pruebas dan fe de que la señora Silva de Riquett viene irrespetando los derechos de la comunidad raizal que la ha tratado solidariamente; también dan cuenta esos medios de que la dicha señora insiste en abusar de los propios derechos, con lo cual claramente sigue violando el deber ciudadano consagrado en el numeral 1 del artículo 95 de la Constitución. Además, existen varios indicios de que la dicha señora está usando a sus hijas para, de manera consciente, violar la ley. La buena fé que debe presidir sus relaciones con las autoridades (art. 83 C.N.), y que éstas han honrado, no rige el comportamiento de la coadyuvante en esta causa. Así, dando aplicación al inciso tercero del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, en la parte resolutiva de esta sentencia se condenará a la representante de la actora y coadyuvante en el presente proceso, al pago de las costas ocasionadas por el mismo. 3. NECESIDAD DE PROTEGER A LAS MENORES DE LAS CONSECUENCIAS DE UNA ACTUACIÓN IRREGULAR DE SU MADRE. Encuentra esta Sala que la versión parcial y temeraria de los hechos que fue consignada en la demanda, no obedece a mala fé de la actora, sino a la circunstancia de que ella conoce de las relaciones entre su madre y las autoridades, sólo a través de la versión de su progenitora. Además, tanto ella como su hermana se encuentran bajo la guarda materna, y no se puede asegurar que comprenden que se las está usando para violar la ley, ni que pueden evitarlo. Así, es indudable que la actora y su hermana menor requieren de protección para sus derechos constitucionales, no en contra de la actuación de la entidad demandada, sino de las consecuencias dañinas de la situación irregular en que su madre insiste en mantenerlas. Por tanto, la Corte ordenará que se les permita culminar el actual período académico en los planteles donde estudian, pero prevendrá a los representantes legales de esas instituciones, que no deben renovar tal vinculación para el año 1996, so pena de las sanciones contempladas en la ley para el desacato; además, prevendrá a la señora María Magdalena Silva de Riquett, sobre las consecuencias que puede ocasionar su obstinación en desatender la orden legítima de la Oficina de Control de Circulación y Residencia, y el daño que puede ocasionar a las menores y a su familia, si continúa usándolas para burlar la ley. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el 28 de junio de 1995; en su lugar, denegar la tutela impetrada por una menor -cuyo nombre se ordena no revelar en las publicaciones sobre este fallo-, en contra de la Oficina de Control de Circulación y Residencia, por hallar que ésta entidad ni violó, ni amenazó los derechos constitucionales de la actora. SEGUNDO. Ordenar a la Oficina de Control de Circulación y Residencia de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que, para proteger a la actora y a su hermana de las consecuencias dañinas del comportamiento irregular de su madre, les permita terminar el año académico que está por culminar, antes de hacer efectiva la orden para que la señora María Magdalena Silva de Riquett y su familia abandonen el territorio del Archipiélago. TERCERO. Condenar a la señora María Magdalena Silva de Riquett al pago de las costas que se hubieren ocasionado en el trámite del presente proceso, por darse la circunstancia prevista en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991. Procederá a liquidarlas de acuerdo con la ley, el Juzgado Promiscuo Municipal de la Isla de Providencia. CUARTO. Prevenir a la señora María Magdalena Silva de Riquett, representante legal de la actora y coadyuvante en esta causa, para que se abstenga de seguir usando a sus hijas menores y sus derechos constitucionales, con el fin de violar la ley que regula la residencia en el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, so pena de las sanciones contempladas en el Decreto 2591 de 1991 para el desacato. QUINTO. Ordenar a los representantes legales de la Escuela Ayacucho de San Felipe y del Colegio Junín de la Isla de Providencia, abstenerse de matricular para el período académico de 1996 a las menores A y B. SEXTO. Comunicar la presente sentencia al Juzgado Promiscuo Municipal de la Isla de Providencia, para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Comuníquese, notifíquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CARLOS GAVIRIA DÍAZ Magistrado Ponente JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-442-95 Sentencia No. T-442/95 Sentencia No. T-442/95 DERECHO A LA EDUCACION-Retiro voluntario por embarazo/ESTUDIANTE EMBARAZADA Se ha dicho que no se puede retirar de un colegio o universidad a la estudiante embarazada porque esto atenta contra la autonomía de la futura madre. Pero otra cosa muy distinta es cuando la propia progenitora de la alumna solicita y firma la cancelación de la matrícula de su hija, días antes de instaurar la acción de amparo. REF: Expediente Nº72938 Peticionario: Sofía Ortiz Lancilla Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de la Plata (Huila). Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá , D.C., tres (3) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En la acción de tutela radicada bajo el Nº72938, interpuesta por Emma Sofía Ortiz Lamilla contra el Rector del Colegio Cooperativo Mixto de la Plata. ANTECEDENTES 1. Solicitud. Dice la peticionaria que está embarazada (7 meses de gestación cuando presentó la tutela el 12 de mayo de 1995) y que por tal circunstancia "la rectoría del colegio me hizo cancelar mi matrícula" y desea seguir estudiando. 2. Relato de lo ocurrido. -Octubre de 1994: la joven Emma Sofía Ortiz Lamilla, informa en la acción de tutela que en tal mes quedó embarazada. -18 de enero de 1995: se matrícula y niega estar embarazada. Dice la misma Emma Sofia Ortiz en declaración juramentada: "Ese convencimiento (de que no estaba embazada) fue tanto de mi mamá como del Rector y Coordinador, porque yo les mentí con el fin de que me recibieran la matrícula". -26  de abril de 1995: Según la misma Emma Sofía, el Rector "me dijo que no podía seguir en el colegio hasta que mi mamá no fuera a hablar". Según el Rector: "me vi abocado a la necesidad de citarla a usted (a la madre) como responsable de la formación y cuidado de la alumna, para informarle oficialmente acerca de la situación por la cual atravesaba su hija". Esto se halla consignado en una comunicación del Rector a la madre de Emma Sofía Ortiz. La fecha 26 de abril de 1995 se deduce de que la misma Emma Sofía habla de un miércoles, dos semanas después de semana Santa. -3 de mayo de 1995: según la misma alumna el Rector les dijo a ella y a la madre que "yo no podía seguir en la Institución porque le habíamos mentido"; según el Rector, la reclamación no fue por el embarazo, no hubo expulsión y se le recomendó cambiar de colegio. - 5 de mayo de 1995: la propia madre María Emma Lamilla, acude al Colegio (el Rector no se hallaba presente) y en la Secretaría del Colegio Cooperativa, en la hoja de matrícula hace escribir que "cancela la matrícula por retiro voluntario". Y firma la madre, de su puño y letra. La funcionaria del Colegio, María Hernández, declara que la madre de la solicitante de la tutela se presentó en la Secretaría, expresó que retiraba a su hija del Colegio para pasarla a otro establecimiento y que cancelaba la matrícula en esa fecha para no tener que pagar el mes de mayo. -8 de mayo de 1995: la madre de la joven Ortiz  le pide al Rector que explique por escrito por qué "destituyo" a su hija. -9 de mayo de 1995: El Rector responde que en ningún momento se ha expulsaba a la joven. Y, evidentemente, en ningún momento hubo expresión. 12 de mayo de 1995: se instaura la tutela. Se colige de lo anterior: a- El colegio no expulsó a la alumna, b- La propia madre fue quien protocolizó la cancelación de la matrícula de la joven, y lo hizo antes de presentar la acción de tutela. c. La misma Emma Sofía Ortiz Lancilla, en su declaración reconoce que ella dejó de asistir al Colegio y que "en absoluto" ha habido animadversión o mal querencias del Rector o los profesores para con ella. d- Los directivos del Colegio han expresado que recibirían nuevamente a la alumna. 3. Decisión del Juez 2º Penal del Circuito de la Plata, 26 de mayo de 1995. No concedió la tutela. Explica así su determinación: "Sin embargo consideramos que en éste caso de acuerdo a lo que se logró probar con las diligencias que hemos relacionado anteriormente no se vulneró ninguno de los derechos invocados por la estudiante Emma Sofía Ortíz Lamilla puesto que como lo sostenía el rector y los docentes que rindieron declaración en éste asunto, el colegio dentro de su potestad educativa y de formación de sus estudiantes creyó conveniente informarle a la señora María Emma Lamilla de la situación que planteaba con su hija debido al estado de gravidez de ésta llamándole la atención por haber faltado a la verdad en el momento de la matrícula y de ahí que por el tanta veces mencionado engaño le insinuara que cambiara de Institución, sin entrar a tomar decisiones que implicaban un acto administrativo en el evento de que se hubiera optado por su expulsión, lo cual no sucedió, sino por un mal entendido razonamiento de la madre representante de la estudiante ésta creyó equivocadamente que las Directivas del colegio le habían exigido el retiro definitivo del plantel cuando como se sabe para que esto ocurra tiene que mediar como lo índica el manual de convivencia una resolución rectoral que se le comunica a los interesados y sin éste requisito a motu propio procedió a cancelar la matrícula. Por manera que de acuerdo a lo analizado anteriormente, el Despacho no tutelará los derechos impetrados en su demanda por la estudiante Emma Sofía Ortíz Lamilla, pues como se dijo el Rector del Colegio Cooperativo no infringió ninguno de esos mandatos Constitucionales y dentro de la armónica relación que debe existir entre Directivos del Colegio, padres de familia y educandos como lo explicara el demandado a pesar de la cancelación de la matrícula se tiene la posibilidad que Emma Sofía continúe asistiendo a sus labores académicas para que finalice normalmente su año lectivo como quiera que en el espíritu de las Directivas del Colegio encabezadas por el Rector está el de proceder de acuerdo con la ley en la de contribuir con la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en el Código del Menor." II. FUNDAMENTOS JURIDICOS A. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. II. CASO CONCRETO. La Corte constitucional, en numerosas oportunidades, ha dicho que no se puede retirar de un colegio o universidad a la estudiante embarazada porque esto atenta contra la autonomía de la futura madre. Pero otra cosa muy distinta es cuando la propia progenitora de la alumna solicita y firma la cancelación de la matrícula de su hija, días antes de instaurar la acción de amparo. La presente tutela ha sido dirigida contra el Rector del Colegio Cooperativo Mixto de la Plata (Huila). Dicho funcionario no ha expulsado ni retirado del colegio a Emma Sofía, por el contrario le facilita su regreso a las aulas pese a que la madre suscribió la cancelación y la hija, por una conducta apresurada, no regresó al colegio. No se dan, entonces, los presupuestos fácticos (no hubo expulsión, fue la madre quien retiró a su hija) luego no puede prosperar la acción y se aceptan por razonables y ciertos los considerandos y decisión de fallo de primera instancia. En mérito de lo expuesto la Sala Séptima de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandamiento de la Constitución. RESUELVE: PRIMERO: Confirmar la sentencia de 26 de mayo de 1995 proferida en la tutela de la referencia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la Plata (Huila). SEGUNDO: Comuníquese lo resuelto en esta providencia al Juez de primera instancia para las notificaciones y efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado MARTHA SACHICA MONCALEANO Secretaria General

T-443-95 Sentencia No. T-443/95 _Sentencia No. T-443/95 PRINCIPIO NEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDINEM ALLEGANS El demandante reconoce ser cierto lo afirmado por su inisual defensor: El Personero. Es decir, acepta su reconocida y publicitada conducta lasciva, especialmente con sus compañeras de colegio, rechaza el cambio de jornada que las directivas le fijaron para que pudiera trabajar, alega que "mucho menos se lo puede obligar a buscar trabajo" y reconoce ser el autor del embarazo de una de las estudiantes. Luego lo que ha debido hacer el personero era buscar la protección del niño por nacer y no pretender darle piso legal a la irresponsabilidad del progenitor y a su propósito de no quedar socialmente comprometido con el trabajo. La conducta del personero va ciertamente en contravía de la tutela y le falta razón a la solicitud que formula. ACCION DE TUTELA INTERPUESTA POR PERSONERO Hay que recordar que en algunas ocasiones la legitimidad para instaurar tutela le corresponde al Defensor del Pueblo, cuando cualquier persona se lo solicite o esté en situación de desamparo o indefensión. Esta facultad se puede delegar en los Personeros. Y por Resolución 01/92 el Defensor del Pueblo delegó en los Personeros Municipales la facultad para interponer tutela pero con las condiciones de que se lo solicite la persona agraviada o que esté en situación de indefensión. DERECHO A LA EDUCACION-Conducta sexual/DERECHO AL TRABAJO-Conducta sexual/DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Conducta sexual/LIBERTAD DE ESCOGER PROFESION U OFICIO-Conducta sexual/DEBIDO PROCESO-Conducta sexual No ha habido violación al derecho a la educación porque el demandado puede continuar sus estudios en el mismo plantel educativo y fue benévola la decisión de cambiarlo de jornada. No se puede afirmar que ello atenta contra el derecho al trabajo porque tanto el Personero como el demandado reclaman por todo lo contrario: que no haya trabajo. Menos aún hay violación a la intimidad porque los reiterados comportamientos del demandado son de público conocimiento, y más importante que esto es proteger al que está por nacer. Respecto a la presunta violación de la libertad a escoger profesión u oficio, como lo afirma el Personero, o al debido proceso, como alega el demandado, no son de recibo puesto que facilitar que haya tiempo para que busque profesión u oficio está precisamente coadyuvando a que el artículo se cumpla; y, la determinación de cambiar de jornada, tomada por el Consejo Directivo del Colegio, es razonable y no se vé por dónde se puede colegir que se violó el debido proceso, máxime cuando el demandado confiesa que los hechos son ciertos, aunque, con desparpajo, los justifica. ABUSO DEL DERECHO POR PERSONERO La Constitución protege el derecho al trabajo y el Personero protesta porque al demandado se lo pasa a jornada que le permita trabajar. La Constitución protege al que está por nacer, y el Personero defiende al padre irresponsable; la Constitución le da especial protección a la mujer embarazada y el Personero olímpicamente la desprecia para "proteger" al seductor. La Constitución establece como deberes el respeto de los derechos ajenos y el no abuso de los propios, el demandado hace todo lo contrario del deber que tiene como persona frente a quien embarazó y a sus compañeras de colegio, y el Personero lo respalda. DEMANDA DE TUTELA-Objeto El Constituyente creó la tutela para proteger al oprimido, al violentado, al amenazado. En el presente caso las afectadas son un buen número de alumnas de un colegio de provincia, y el Personero olvidando sus deberes y su compromiso con la región, presenta tutela, sin tener justificación para ello, NO a nombre de las niñas o jóvenes seducidas por el demandado sino a nombre de éste. Esta actitud inconcebible del Personero es un ultraje para quienes, en toda la República, han depositado en la acción de tutela la esperanza de que sea el real mecanismo para defender los derechos fundamentales. ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Concepto/COSTAS-Competencia para tasarlas La parte final del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, no establece en forma paralela las costas Y la temeridad, sino que identifica ésta con aquellas, así debe ser la lectura de tal norma porque, entre otras cosas, dicha interpretación es coherente con el carácter público, informal, gratuito de la tutela. Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurrió en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresión del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fé se instaura la acción. Y quien tasa las "costas" es el Juez de tutela porque el inciso final del artículo 25 del decreto 2591/95 se refiere a él (algo muy distinto ocurre en la situación consagrada en el primer inciso del mismo artículo en el cual lo principal son los perjuicios). Fuera de la temeridad no puede existir otro factor cuantificable en la liquidación de estas costas y hubiera sido más apropiado emplear la expresión multa por temeridad, puesto que, en la moderna ciencia procesal las "costas" responden a factor objetivo y la temeridad a lo subjetivo. ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Operancia Dentro de la trascendencia que se le dá al término TEMERIDAD, como elemento calificador y al mismo tiempo como único elemento cuantificable, se deduce que tal condena sólo opera en casos excepcionales, cuando, como en el evento de esta tutela, es ostensible el abuso cometido por el Personero instaurando una tutela de manera injustificada, desprotegiendo a quien ha debido proteger y defendiendo posiciones injustas y contrarias a la Constitución como ya se ha explicado, lo cual conlleva, además, una desvalorización de la tutela, lo cual es imperdonable. ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Responsabilidad El personero con su extralimitación responde directamente y no es el Municipio quien debe ser condenado, puesto que la responsabilidad se predica en este caso de la persona natural que hace ejercicio indebido de sus funciones. Por otro aspecto, si se ha dicho que en realidad lo que se castiga es la temeridad, entonces es coherente aceptar que estas "costas" son más multa que cualquier otra cosa y ante esta interpretación es el aparato judicial el afectado por la temeraria tutela instaurada porque lo desgasta en todo sentido, luego será la administración de justicia quien recibirá el monto de las "costas" que el Juez competente señalará, dentro de los parámetros del artículo 73 del C. de P.C.: 10 a 20 salarios mínimos mensuales, QUANTUM que fijará el Juez de Tutela porque la Corte es Juez de Revisión. REF: Expediente Nº72998 Procedencia: Juzgado Unico Penal Municipal de Ataco. Peticionario: Alexander Tovar (Personero de Ataco). Tema: - Costas y temeridad. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá , D.C., tres (3) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En la acción de tutela radicada bajo el Nº72998, interpuesta por el Personero Municipal de Ataco, contra el Instituto Nacional Martín Pomala del municipio de Ataco. ANTECEDENTES 1. Hechos que motivaron la intervención del Personero. Cuenta Alexander Tovar el personero de Ataco, que el estudiante Nelson Bocanegra "ha tenido relaciones sexuales con varias mujeres", algunas de ellas compañeras de estudio, embarazando a una, pero que esta no es razón para que a Bocanegra se lo hubiera trasladado de la jornada diurna a la nocturna, en el colegio Martín Pomala. Pide que se reintegre al alumno a la jornada diurna y considera violado el artículo 26 C.P. porque "al señor Bocanegra no se lo puede obligar a trabajar". aunque dice hablar a nombre de Bocanegra, no está autorizado expresamente por éste para instaurar la tutela, ni hay prueba alguna del que el alumno esté en situación de desamparo o indefensión, por el contrario, proclama el Personero con no disimulado "machismo" que "es de público conocimiento que el señor en mención, en su calidad de hombre se inclina por las mujeres y haciendo uso de su miembro viril ha tenido relaciones sexuales" y pone esta circunstancia dentro de las argumentaciones, buscando que el colegio no le cambie la  jornada de clases. 2. Información que obra en el expediente. 2.1. Nelson Bocanegra es mayor de edad, (21 años). Al declarar ante el Juez admite que son ciertos los hechos que cuenta el Personero, invoca en su favor el debido proceso y el derecho a la intimidad, luego dice que es de la banda de músicos del Municipio y que "los contratos y los servicios de la banda son de noche" y remata diciendo que no hay ninguna ley según la cual "por el hecho de haber embarazado a una compañera lo obligan a cambiarse de jornada y mucho menos obligarlo a buscar trabajo". 2.2. El Consejo Directivo del Colegio, informa sobre el asedio sexual de Bocanegra a alumnas, el haber embarazado a una de ellas y explica el traslado a la jornada nocturna para que principie a trabajar y "responda por su condición de padre". 2.3. La Rectora del Colegio afirma que Bocanegra embarazó en 1992 a una alumna, en 1995 a otra, asedia a varias; advierte que el cambio de jornada es una determinación viable y bondadosa y protesta porque el Personero ha ido al Colegio a calificar como abuso del poder el traslado de Bocanegra a la jornada nocturna. 2.4. Una alumna le confesó a la Consejera de la institución educativa que había tenido relaciones íntimas con Bocanegra quien le daba pastillas para planificar. Otra alumna también le narró lo mismo. Una tercera le afirmó que "se le entregó a Nelson por aburrida" aunque lo quiere. Y Bocanegra protesta porque" se están ya metiendo en mi vida personal y privada". 3. Sentencia de 16 de mayo de 1995 del Juzgado Unico Penal Municipal de Ataco. Negó la tutela con fundamento en estas consideraciones: "En primer término, en ningún momento se le ha vulnerado el derecho a la educación, toda vez, que en ningún momento se le ha coartado su estadía en el establecimiento educativo pluricitado, sino que por el contrario se le ha brindado la oportunidad de continuar sus estudios en diferente jornada, con las mismas facultades y oportunidades que tiene y posee cualquier alumno del instituto Martín Pomala. En segundo término, no se le ha vulnerado el derecho al debido proceso alegado por el alumno, por cuanto aparece probado dentro del proceso, en realidad la autoridad que determinó el cambio de jornada del tutelista fue el consejo Directivo del plantel académico, como se puede apreciar al folio 3, que desvirtúa por completo la aseveración del tutelista, y ello, sin entrar en consideración alguna sobre la benignidad o no de esta decisión. Por último de igual manera que las consideraciones anteriores, se considera que no se le esta vulnerando el derecho a la libertad de escoger profesión u oficio, toda vez que, como se dejo anotado anteriormente, en ningún  momento se le esta coartando el derecho a la educación, culturización o demás aspectos inherentes a la formación personal y académica de las personas residentes en la república de Colombia, máxime que se le esta brindando la oportunidad de prepararse, para que dentro de la oportunidad que le dará la vida, con esa formación impartida por el claustro educativo, escoja libremente el rumbo que le quiere dar a su vida." II. FUNDAMENTOS JURIDICOS A. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. B. Temas Jurídicos frente al caso concreto. 1. En este caso, hay que principiar diciendo que existe un principio jurídico que dice: Nemo auditur propiam turpitudinem allegans (nadie puede ser escuchado si invoca su propia inmoralidad). El señor Nelson Bocanegra reconoce ser cierto lo afirmado por su inisual defensor: El Personero. Es decir, acepta su reconocida y publicitada conducta lasciva, especialmente con sus compañeras de colegio, rechaza el cambio de jornada que las directivas le fijaron para que pudiera trabajar, alega que "mucho menos se lo puede obligar a buscar trabajo" y reconoce ser el autor del embarazo de una de las estudiantes. Causa extrañeza que el Personero no acude en defensa de las jóvenes sino de su seductor y que pida para éste que se le permita seguir siendo desocupado porque no de otra forma se explica la extraña solicitud de que "no se lo puede obligar a trabajar". Es insólito que el representante del Ministerio Público ubique a Bocanegra como agraviado por el hecho de que se le facilita el acceso al trabajo, olvidando que el trabajo es una obligación social (art. 25 C.P.). Hay que recordar que desde el mismo momento de la concepción, hay responsabilidad compartida de los padres respecto del nasciturus (preámbulo y art. 11 C.P. lo dijo la Corte en la sentencia T-197/93, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero), luego lo que ha debido hacer el Personero era buscar la protección del niño por nacer y no pretender darle piso legal a la irresponsabilidad del progenitor y a su propósito de no quedar socialmente comprometido con el trabajo. La conducta del personero va ciertamente en contravía de la tutela y le falta razón a la solicitud que formula; el cambio de jornada, lo sustenta en argumentos insólitos: no se puede obligar a trabajar, el comportamiento sexual de Bocanegra que según el personero es aceptado "por parte de los actores" no ha dado lugar a denuncia penal, los correctivos del plantel y el deseo de que Bocanegra cambie de actitud "esto no significa que sea de obligatorio cumplimiento", el Consejo Directivo no puede tomar la decisión de cambiar al alumno de jornada, en fin, son posiciones adoptadas irresponsablemente porque el mismo Personero dice actuar con fundamento en el numeral 17 del artículo 178 de la Ley 136/94 que se refiere a la interposición de tutela "por delegación del defensor del pueblo" y tal delegación según el artículo 3º de la Resolución 01/92 de la Defensoría  se ejerce cuando se haya violado o amenace violar derechos fundamentales y el cambio de jornada de estudio no es violación del derecho a la educación, no afecta "conocimientos académicos" como dice el Personero, ni menos atenta contra el artículo 26 C.P.. Hay que recordar que en algunas ocasiones la legitimidad para instaurar tutela le corresponde al Defensor del Pueblo, (art. 282 C.P.), cuando cualquier persona se lo solicite o esté en situación de desamparo o indefensión (art. 46 decreto 2591/91). Esta facultad se puede delegar en los Personeros. Y por Resolución 01/92 el Defensor del Pueblo delegó en los Personeros Municipales la facultad para interponer tutela pero con las condiciones de que se lo solicite la persona agraviada o que esté en situación de indefensión. En el presente caso el Personero dice actuar a nombre de Nelson Bocanegra por eso instaura tan curiosa tutela. Y causa perplejidad, por decir lo menos, que Bocanegra sea el indefenso que requería de la protección del Personero y que éste se aparte de su sagrada misión y se ubique en una grotesca posición seudo-legal. Es obvio que un disparate no puede obligar a un Personero a presentar tutela y si lo hace, en los términos como está escrita la solicitud en el presente caso, indica más un abuso que el ejercicio de una misión. El Personero, al actuar como delegado del Defensor del Pueblo en la presentación de una tutela, sólo lo puede hacer en desarrollo del principio constitucional establecido en el artículo 282 de la Carta: "El Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones: ...interponer las acciones de tutela." (subraya propia). 2. Se podría pensar, en gracia de discusión, que Bocanegra le comentó al Personero y enterado éste acudió a la justicia, pero qué pidió? que no se lo cambie de jornada y que no se lo obligue a trabajar. Es esto defender los derechos humanos? No ha habido violación al derecho a la educación porque Bocanegra puede continuar sus estudios en el mismo plantel educativo y fue benévola la decisión de cambiarlo de jornada. No se puede afirmar que ello atenta contra el derecho al trabajo porque tanto el Personero como Bocanegra reclaman por todo lo contrario: que no haya trabajo. Menos aún hay violación a la intimidad porque los reiterados comportamientos de Bocanegra son de público conocimiento en Ataco, y más importante que esto es proteger al que está por nacer. Respecto a la presunta violación del artículo 26 de la Constitución, como lo afirma el Personero, o al debido proceso, como alega Bocanegra, no son de recibo puesto que facilitar que haya tiempo para que busque profesión u oficio está precisamente coadyuvando a que el artículo 26 se cumpla; y, la determinación de cambiar de jornada, tomada por el Consejo Directivo del Colegio, es razonable y no se vé por dónde se puede colegir que se violó el debido proceso, máxime cuando Bocanegra confiesa que los hechos son ciertos, aunque, con desparpajo, los justifica. 3. Lo que se aprecia en esta tutela es la total falta de seriedad por quien la instauró y esto no puede pasar desapercibido. La Constitución protege el derecho al trabajo (preámbulo, art. 1º, 25 C.P.) y el Personero de Ataco protesta porque a Bocanegra se lo pasa a jornada que le permita trabajar. La Constitución protege al que está por nacer, (art. 1º, 11 C.P. Preámbulo) y el Personero de Ataco defiende al padre irresponsable; la Constitución le da especial protección a la mujer embarazada (art. 43 C.P.) y el Personero de Ataco olímpicamente la desprecia para "proteger" al seductor. La Constitución establece como deberes el respeto de los derechos ajenos y el no abuso de los propios (art. 95.1 C.P.), Bocanegra hace todo lo contrario del deber que tiene como persona frente a quien embarazó y a sus compañeras de colegio, y el Personero de Ataco lo respalda. El Constituyente creó la tutela para proteger al oprimido, al violentado, al amenazado. En el presente caso las afectadas son un buen número de alumnas de un colegio de provincia, y el Personero de Ataco, olvidando sus deberes y su compromiso con la región, presenta tutela, sin tener justificación para ello, NO a nombre de las niñas o jóvenes seducidas por Bocanegra sino a nombre de éste. 4. Esta actitud inconcebible del Personero es un ultraje para quienes, en toda la República, han depositado en la acción de tutela la esperanza de que sea el real mecanismo para defender los derechos fundamentales. Este abuso de Alexander Tovar González, Personero de Ataco, merece ser investigado por la Procuraduría. Además, empleándose una pena que excepcionalmente se usa, se condenará en costas a Tovar por prestarse como Personero para que Bocanegra no sea responsable ante la sociedad y ante la mujer que embarazó, por su falta de seriedad en el planteamiento de la acción, y, proviniendo esto de un Agente del Ministerio Público hace más fácil deducir su temeridad. 5. Temeridad y costas El artículo 25 del decreto 2591 de 1991 habla en dos partes de "costas". En el primer inciso se refiere al fallo que concede la tutela, cuando la violación que motivó ha sido clara e indiscutiblemente arbitraria; en este evento se ordena EN ABSTRACTO "el pago de las costas del proceso". En el último inciso se contempla la situación diametralmente opuesta: cuando la tutela es rechazada o denegada, en este caso el Juez "condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad".[1] Es decir, que si no hay temeridad no hay costas, esta circunstancia obliga a profundizar en este tema procesal. 5.1. Hay que decir que, tratándose de la tutela, la condenación en costas no obedece a un carácter disuasivo porque el Constituyente consagró la tutela como una acción pública, es de su esencia la gratuidad, está íntimamente ligada al derecho de las personas de acceder a la justicia, luego un señalamiento de costas no puede verse como algo que desestima la presentación de esta acción. Pero, otra cosa muy diferente es que se abuse dolosamente de su ejercicio, entonces, la conducta abusiva perjudica la administración de justicia, impide, obstaculiza que el acceso a la justicia de OTROS se desarrolle normalmente. La Corte Suprema de Justicia, al declarar inexequible el inciso 2º de la regla 2ª del ordinal 199 del artículo 1º del Decreto 2282/89 que modificó el Código de Procedimiento Civil, dijo: "Las que deben impedirse son las actuaciones dolosas o temerarias que por constituir un verdadero abuso del derecho lesionan los intereses legítimos de la otra parte y le causan perjuicios indemnizables y entraban, contrariando el bien común, la recta y pronta administración de justicia..."[2] 5.2. Esas actuaciones signadas por la temeridad en la acción, nos remiten a los albores de la culpa aquiliana, siendo las costas una forma de pena civil contra quien sin razón alguna instauraba una acción o temerariamente se oponía a ella, ocasionándose un daño injusto que debía ser reparado. En Colombia, la teoría de la culpa aquiliana fué adoptada desde antes de la Constitución de 1886 (Código Judicial de la Nación) en 1872, reformado en 1873, editado en 1874 y adoptado por el artículo 1º de la Ley 57 de 1887; se consagró en el artículo 575 de la Ley 105 de 1931 que habló de temeridad maliciosa. Se decía que quien procedía con temeridad era el "improbus litigator" de que hablaba Justiniano ("contendiente deshonesto", "pleitista de mala fé", quien promueve un juicio sin derecho y con mala intención).[3] El elemento de temeridad consistía, según la doctrina, en la conciencia plena de la injusticia o en el reconocimiento de su propia falta de razón. En 1951 (decreto 243, artículo 2º) se dejó de lado la culpa aquiliana, criterio subjetivo, y fué reemplazado por el criterio objetivo del litigante vencido en juicio como sujeto que paga costas. Este criterio objetivo permanece en el actual Código de Procedimiento Civil (art. 392 y siguientes), sin embargo, paralelamente a las costas y dentro del esquema de la responsabilidad patrimonial de las partes, el mismo Código, artículo 72, establece: "Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales, temerarias o de mala fé, causa a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el Juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida..." 5.3. El artículo 73 castiga la temeridad con multa de diez a veinte salarios mínimos mensuales, el artículo 74 establece los casos de temeridad o mala fé uno de ellos es "cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal", y la Corte Suprema[4] señala que si el Juez encuentra temeridad o mala fé "puede fulminar contra el litigante temerario o doloso o contra su apoderado, la sanción mencionada "y establece como OBLIGACION del juzgador pronunciar la condena de los artículos 72 y 73 del C. de P. C. cuando el caso concreto da lugar a ello. 5.4. Tratándose de la tutela, la parte final del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, no establece en forma paralela las costas Y la temeridad, sino que identifica ésta con aquellas, así debe ser la lectura de tal norma porque, entre otras cosas, dicha interpretación es coherente con el carácter público, informal, gratuito de la tutela. Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurrió en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresión del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fé se instaura la acción. Y quien tasa las "costas" es el Juez de tutela porque el inciso final del artículo 25 del decreto 2591/95 se refiere a él (algo muy distinto ocurre en la situación consagrada en el primer inciso del mismo artículo en el cual lo principal son los perjuicios). Fuera de la temeridad no puede existir otro factor cuantificable en la liquidación de estas costas y hubiera sido más apropiado emplear la expresión multa por temeridad, puesto que, en la moderna ciencia procesal las "costas" responden a factor objetivo y la temeridad a lo subjetivo. Dentro de la trascendencia que se le dá al término TEMERIDAD, como elemento calificador y al mismo tiempo como único elemento cuantificable, se deduce que tal condena sólo opera en casos excepcionales, cuando, como en el evento de esta tutela, es ostensible el abuso cometido por el Personero Tovar instaurando una tutela de manera injustificada, desprotegiendo a quien ha debido proteger y defendiendo posiciones injustas y contrarias a la Constitución como ya se ha explicado, lo cual conlleva, además, una desvalorización de la tutela, lo cual es imperdonable. Se considera que Alexander Tovar con su extralimitación responde directamente y no es el Municipio quien debe ser condenado, puesto que la responsabilidad se predica en este caso de la persona natural que hace ejercicio indebido de sus funciones. Por otro aspecto, si se ha dicho que en realidad lo que se castiga es la temeridad, entonces es coherente aceptar que estas "costas" son más multa que cualquier otra cosa y ante esta interpretación es el aparato judicial el afectado por la temeraria tutela instaurada porque lo desgasta en todo sentido, luego será la administración de justicia quien recibirá el monto de las "costas" que el Juez competente señalará, dentro de los parámetros del artículo 73 del C. de P.C.: 10 a 20 salarios mínimos mensuales, QUANTUM que fijará el Juez de Tutela porque la Corte es Juez de Revisión. 6. Igualmente es necesario que el Defensor del Pueblo conozca el uso indebido que se le ha dado a la delegación para presentar tutela y compruebe si se cumplió o nó el artículo 7º de su Resolución 001/92 que obliga a los Personeros Municipales a informar "en un plazo no mayor de diez días al Defensor del Pueblo las acciones de tutela que hayan interpuesto, los fallos proferidos y las impugnaciones realizadas". En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución RESUELVE: PRIMERO.- Confirmar la decisión que denegó la tutela de la referencia, ADICIONADA en los siguientes aspectos: a) Se condena en "costas" a Alexander Tovar González, por haber incurrido en temeridad al instaurar la presente tutela, liquidación que hará el Juzgado de tutela de primera instancia teniendo como único factor para valorar la TEMERIDAD, la ponderación entre los límites que establece el artículo 73 del C. de P.C. (diez a veinte salarios mínimos mensuales). Cifra que una vez tasada y cuando haya quedado en firme se consignará a nombre del Consejo Seccional de la Judicatura en Ibagué en la oficina y cuenta respectiva. b) Se ordena remitir copia de esta sentencia al Consejo Seccional de la Judicatura en Ibagué en relación con las costas indicadas en el literal anterior. c) Se remitirá copia de esta providencia al Procurador Regional, con jurisdicción en Ataco, para lo que estime pertinente. SEGUNDO.- Comuníquese lo resuelto en esta providencia al Juzgado Unico Penal Municipal de Ataco para las notificaciones y efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO.- Envíese copia de este fallo al Defensor del Pueblo para lo que estime pertinente. Cópiese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1]El artículo 25 se declaró exequible mediante sentencia C-543/93, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández. [2]Magistrado Ponente: Pablo Cáceres Corrales, Gaceta Judicial CCIX, #2448, págs. 213 y ss. Demanda presentada por Alvaro Tafur. [3]Diccionario de expresiones y frases latinas, Victor José Herrero. [4]Magistrado Ponente: Germán Giraldo Zuluaga, 17 marzo /81.

T-453-95 Sentencia No. T-453/95 Sentencia No. T-453/95 DERECHO DE PETICION-Alcance Las respuestas de las autoridades a las peticiones respetuosas elevadas por las personas en interés privado o general no solamente deben ser oportunas sino sustanciales, es decir, deben resolver, en la medida de la competencia del organismo o servidor público correspondiente, sobre el asunto planteado en la solicitud, si bien es claro que la resolución no tiene que ser favorable al solicitante. Si la administración requiere elementos de juicio para decidir acerca del objeto de una petición, el solicitante no le puede exigir una resolución inmediata, pues ésta se supedita a los resultados de las diligencias preliminares necesarias, desde luego siempre que éstas se lleven a cabo de manera oportuna, es decir dentro de los términos legales, y eficiente, atendiendo a los criterios de la economía procesal. ACCION DE TUTELA-Interés particular La tutela carece de todo sentido si se orienta únicamente a la búsqueda de fines puramente colectivos, -derechos e intereses relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia y otros de similar naturaleza-, para los cuales ha sido previsto un mecanismo diferente a la acción de tutela, como es el de las acciones populares. DERECHOS FUNDAMENTALES-Coexistencia frente al ruido Todo individuo y su familia tienen derecho a un ámbito propio e inviolable dentro del cual ha de desenvolverse su vida privada en forma tranquila y pacífica y el de que la convivencia impone, por su misma naturaleza, ciertas restricciones que hagan posible a cada uno el ejercicio de sus derechos sin interferir los de otros. Ello se traduce necesariamente en el reconocimiento de que los derechos, por no ser absolutos, deben coexistir, sin que por fuerza tenga uno de ellos que eliminar o anular otro u otros. JUEZ DE TUTELA-Competencia No corresponde al juez de tutela sustituir a la autoridad administrativa en el ejercicio de las competencias que le son propias, ni mucho menos presentar soluciones concretas a la problemática originada por la comercialización de un sector residencial. La Corte, por ello, se limita a verificar lo referente a posibles transgresiones de la normativa constitucional en materia de derechos fundamentales, lo que implica que deba desecharse la solicitud de la accionante en el caso de autos en lo relativo a aspectos que exceden ese ámbito puramente individual. ACCION DE TUTELA CONTRA EL RUIDO-Cigarrería en zona residencial/DERECHO A LA SALUD-Vulneración por ruido/DERECHO A LA TRANQUILIDAD-Vulneración por ruido Es claro el nexo causal existente entre el funcionamiento cercano de la "CIGARRERIA" y el daño mental producido en la demandante, lo que, por la persistencia e intensidad de las conductas denunciadas y probadas, atribuíbles al propietario y empleados del establecimiento y a su clientela, constituye una violación al derecho de aquélla a la salud y a la tranquilidad. Lo anterior sería suficiente para conceder la protección solicitada, si no fuera por el hecho de que el señor Alcalde, mediante Resolución, resolvió REVOCAR la licencia de funcionamiento expedida para el establecimiento. INDEMNIZACION DE PERJUICIOS-Procedencia Solicita la peticionaria que se le indemnice en abstracto el daño emergente comoquiera que es necesario para asegurar el goce efectivo de sus derechos. La tutela no es, en principio, el mecanismo judicial idóneo para obtener esta clase de pretensiones. Ellas, por cuanto no se reúnen los requisitos previstos en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, deben hacerse valer ante la justicia ordinaria. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-71019 Acción de tutela instaurada por MARCOLINA PEREZ DE GRIMALDOS contra el Alcalde de la Zona Décima de Engativá y la Comandancia de la Estación de Policía de Bachué 10º. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los cinco (5) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisan los fallos proferidos en el asunto de la referencia por el Juzgado 17 Penal del Circuito y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá. I. INFORMACION PRELIMINAR Actuando en su propio nombre, en el de su familia y en el de los vecinos del barrio Quirigua en Santa Fe de Bogotá, la accionante, MARCOLINA PEREZ DE GRIMALDOS, narró que en varias ocasiones se habían dirigido en forma verbal y escrita a la Alcaldía Local de Engativá -Zona Décima-, para que en los sectores residenciales se prohibiera el funcionamiento de establecimientos de comercio. Adujo que el Alcalde había dado muestras de ostensible debilidad en cuanto a su deber de hacer cumplir las normas de urbanismo y de las leyes que regulan la propiedad horizontal y los reglamentos de copropiedad, pues jamás adoptó medidas eficaces con el aludido fin y se ha limitado a la adopción de medidas transitorias. Dijo que el Alcalde no se había esforzado por imponer las sanciones previstas en el artículo 66 de la Ley 9a. de 1989. Por ello, estimó violado su derecho de petición y expuso que ella y sus vecinos carecían de otro medio de defensa judicial. También sostuvo que se vulneraban sus derechos a la tranquilidad (que, a su juicio, se infiere del Preámbulo de la Constitución), a la paz (artículo 22 C.P.) y a la intimidad (artículo 15 C.P.). Se quejó de que la situación planteada amenazaba sus derechos a la vida y a la integridad personal en el aspecto psíquico, "debido a la afectación de la tranquilidad en mi medio habitacional". Una vez expuesto lo anterior, la actora presentó su propio caso, consistente en la existencia de una cigarrería en el piso inmediatamente inferior al de su apartamento en el aludido barrio. Dicha cigarrería -señaló- fue adecuada como una cantina dentro de la cual se comercializan toda clase de licores, se juega "rana" y se escucha música estridente todos los días de la semana y hasta altas horas de la madrugada. Se organizan, además, fiestas populares y verbenas, con lo cual resulta alterada la tranquilidad del sector. Manifestó que todo ello le ocasionó una neurosis de angustia y pánico, según certificado psiquiátrico que adjuntó a la demanda. Indicó, por otra parte, que el propietario del establecimiento la amenazó de muerte, así como a su familia. Concluyó expresando que contínuamente han llamado a la policía pero sin obtener resultado alguno. Reconoció que las autoridades de policía habían sellado el establecimiento pero que el dueño de éste hizo caso omiso de ello, abrió las puertas del negocio y todo siguió igual. Pidió al juez ordenar la revocación de las licencias expedidas para el funcionamiento de establecimientos de comercio en la zona y clausurar en forma inmediata todos los que estuvieran localizados cerca de su vivienda. Pidió también que las órdenes anteriores se hicieran extensivas a la totalidad del barrio Quirigua, para evitar que allí funcionaran bares, cantinas, tabernas, discotecas y expendios de licores, así se enmascarasen presentándose como cigarrerías, salsamentarias, tiendas, cafeterías, heladerías, droguerías o misceláneas. Solicitó que se ordenara al Alcalde local aplicar con absoluto rigor las normas vigentes sobre usos del suelo, lo que -a su juicio- suponía la prohibición radical, total e inmediata de conceder o renovar cualquier tipo de licencia de funcionamiento para establecimientos de comercio cuyas actividades fueran incompatibles con el uso residencial del sector. Con la acción de tutela buscaba, además, que se ordenara a la fuerza pública remover inmediatamente las casetas, carpas y construcciones similares o carretas que invaden el espacio público en el barrio. Pidió, por otra parte, que se ordenara a la Personería Distrital, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y a "otras autoridades que resulten competentes" investigar al Alcalde local y a los funcionarios de policía de la Estación de Bachué, por las omisiones que dieron lugar a la acción de tutela. II. LAS DECISIONES JUDICIALES MATERIA DE REVISION Sobre la acción instaurada falló en primera instancia el Juzgado 17 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, mediante providencia del 21 de marzo de 1995, por la cual se declaró improcedente la tutela impetrada. Estimó el fallador que, por tener la acción de tutela un alcance individual, particular y concreto, no podía acceder a peticiones tales como la de revocar todas las licencias de establecimientos comerciales ubicados en el barrio en el que la peticionaria habita. En cuanto a la situación específica de la accionante, consideró que, teniendo en cuenta el recaudo probatorio efectuado, en verdad se vió amenazado su derecho fundamental a la vida, en cuanto éste implica la protección contra cualquier tipo de injusticia, sea ésta de índole particular o institucional, y la posibilidad de poseer todos aquellos medios sociales y económicos que le permitan a la persona vivir conforme a su propia dignidad. Citó al respecto la Sentencia T-102 del 10 de marzo de 1993, proferida por esta Corporación. Dedujo el juzgado que los derechos a la paz y a la tranquilidad emanan del supremo derecho a la vida, cuya existencia es indispensable para ejercerlos, pero tuvo en cuenta que en el período de tiempo transcurrido entre la presentación de la demanda de tutela y su resolución, el Alcalde Local de Engativá revocó la licencia de funcionamiento de la cigarrería que mortificaba a la demandante. Por tanto -concluyó- ha desaparecido la amenaza al derecho fundamental a la vida, la paz y la tranquilidad de la actora y, entonces, no se encuentra razón para brindarle protección judicial. En cuanto al derecho de petición, el juzgado consideró que no fue vulnerado en el caso de la petente, pues el Alcalde Local de Engativá resolvió sobre sus solicitudes con agilidad y prontitud. Impugnado el fallo, fue confirmado integralmente por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá. Según la providencia de segunda instancia, la materia propia de la acción, en lo relacionado con la cigarrería ubicada en el piso inferior al que habita la peticionaria, halló solución a través del acto administrativo que profirió la Alcaldía de Engativá revocando la correspondiente licencia de funcionamiento, pues no sólo se decretó el cese de la actividad del establecimiento sino que se ofició a la Estación de Policía para que se hiciera respetar la orden, con todo lo cual se puso punto final al problema planteado. El derecho de petición se respetó, pues las inquietudes de la accionante fueron respondidas de manera oportuna. Ahora bien, para el Tribunal, el desvío de la acción hacia una de carácter popular para protección de derechos e intereses colectivos del barrio, con el fin de evitar la desvalorización de los apartamentos por la proliferación de la actividad comercial, es aspecto que repugna a la filosofía de la acción de tutela, puramente individual y concreta. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia Esta Corte es competente para revisar los indicados fallos, según lo disponen los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991. Derecho de petición y diligencias preliminares Adujo la accionante que su derecho de petición había sido violado por la Alcaldía local debido a la demora de ésta en adoptar medidas concretas relativas a su caso. La doctrina de esta Corte en torno a los alcances del derecho fundamental plasmado en el artículo 23 de la Constitución se ha orientado en el sentido de que las respuestas de las autoridades a las peticiones respetuosas elevadas por las personas en interés privado o general no solamente deben ser oportunas sino sustanciales, es decir, deben resolver, en la medida de la competencia del organismo o servidor público correspondiente, sobre el asunto planteado en la solicitud, si bien es claro que la resolución no tiene que ser favorable al solicitante. Esto implica que las respuestas de la administración no pueden ser simplemente formales, como ya lo dijo la Sala en Sentencia T-553 del 2 de diciembre de 1994: "El artículo 23 de la Constitución estatuye que toda persona tiene derecho, no únicamente a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular, sino a obtener pronta resolución. De la norma constitucional ha de resaltarse en esta ocasión que el derecho se concreta en dos momentos sucesivos, ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la solicitud: el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso de la persona a la administración para que ésta considere el asunto que se le plantea, y el de la respuesta, cuyo sentido trasciende el campo de la simple adopción de decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante. El aspecto últimamente enunciado tiene una especial importancia desde el punto de vista constitucional, en cuanto la respuesta tan sólo goza de ese carácter si está garantizada la comunicación entre la entidad estatal y la persona interesada, en tal forma que ésta se entere a plenitud sobre lo resuelto. Lo contrario significa que la administración, al reservarse el sentido de su determinación -así en efecto la haya adoptado- se ha abstenido de responder, violando por consiguiente el derecho, si se tiene en cuenta el fundamento constitucional del mismo, que radica en asegurar que el Estado atiende a los gobernados dentro de un criterio de efectividad". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión). También dijo la Corte: "Cabe advertir que la administración está obligada a 'resolver', esto es, a dar contestación sustantiva a las peticiones formuladas por los particulares y no, simplemente, a responder sin referirse de manera directa a lo solicitado. Los pronunciamientos evasivos o meramente formales encubren una actuación omisiva que compromete la responsabilidad del servidor público y del Estado (C.P. arts. 6º y 90) y vulneran o amenazan los derechos fundamentales. La jurisprudencia constitucional ha rechazado determinadas razones esgrimidas por la administración -deficiencias de personal, volumen de expedientes, orden de las solicitudes, reestructuración de sistemas de trabajo- para justificar la desatención del deber de resolución oportuna". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-392 del 6 de junio de 1994. M.G.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz) No obstante, es necesario advertir que cuando la autoridad requiere adelantar diligencias previas a la resolución, no vulnera el derecho de petición si comunica oportunamente al peticionario cuál es el estado del trámite que se sigue y cuándo habrá de resolverse, tal como lo dispone el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo, que dice: "...Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición (...), se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta." Considera la Corte que, si la administración requiere elementos de juicio para decidir acerca del objeto de una petición, el solicitante no le puede exigir una resolución inmediata, pues ésta se supedita a los resultados de las diligencias preliminares necesarias, desde luego siempre que éstas se lleven a cabo de manera oportuna, es decir dentro de los términos legales, y eficiente, atendiendo a los criterios de la economía procesal. En el caso presente, como lo dijeron los jueces de instancia, ningún motivo existe para asegurar que el derecho de petición fue quebrantado por la Alcaldía local, pues ésta adelantó de manera oportuna todas las gestiones a su cargo encaminadas a responder a la peticionaria, dispuso lo concerniente a la búsqueda de elementos de juicio necesarios para resolver, decretó y practicó las pertinentes pruebas y, en una actuación que tomó en total un lapso de treinta días, profirió resolución mediante la cual retiró la licencia de funcionamiento de la cigarrería que molestaba a la accionante. No tenía, por tanto, ningún fundamento el ejercicio de la acción de tutela por el expresado motivo. El interés en la acción de tutela La petente en este caso no llegó solamente hasta solicitar que se actuara administrativa y judicialmente para lograr el cierre del establecimiento de comercio instalado en el piso inferior a su sitio de vivienda -objetivo que finalmente alcanzó- sino que extendió su petición y la acción de tutela instaurada al propósito de erradicar prácticamente todo negocio o actividad comercial del área entera del barrio en el que habita. La Corte Constitucional estima que semejante pretensión no podía ser despachada favorablemente por los jueces de instancia -como en efecto no lo fue-, pues resultaba del todo improcedente tratándose del excepcional instrumento consagrado en el artículo 86 de la Carta Política. No puede olvidarse que el ejercicio de la acción de tutela tan sólo tiene por objeto y justificación en nuestro sistema jurídico la protección cierta, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de la persona, cuando han sido violados o son amenazados por la acción u omisión de autoridades públicas o de particulares. No puede haber amparo sin el presupuesto indispensable de algún derecho fundamental probadamente vulnerado o en peligro. Por tanto, el procedimiento preferente y sumario que tiene lugar a partir de la demanda de tutela únicamente puede fundarse en el alegato y posterior probanza de que el solicitante o aquel a nombre de quien actúa está siendo afectado o puede serlo de modo inminente y grave. Quien acude al juez en demanda de defensa constitucional tiene acceso a la administración de justicia en tanto en cuanto sus derechos fundamentales estén de por medio y solamente por ello. Si bien es cierto que -como lo ha expresado la jurisprudencia de esta Corte- cabe el amparo aun cuando con la decisión queden cobijados y favorecidos los derechos de una colectividad (Cfr., Corte Constitucional, diferentes salas de revisión de tutela, sentencias T-437 de 1992, T-67, T-254, T-320,  T-366,  T-376, T-539, T-551 y T-552 de 1993; T-354 de 1994, entre otras), ello únicamente acontece sobre la base insustituible de que exista una conexidad entre el motivo que venía generando el daño colectivo y el perjuicio individual que, para sus derechos fundamentales, invoca la accionante. Así las cosas, la tutela carece de todo sentido si se orienta únicamente a la búsqueda de fines puramente colectivos, como los indicados en el artículo 88 de la Constitución -derechos e intereses relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia y otros de similar naturaleza-, para los cuales ha sido previsto un mecanismo diferente a la acción de tutela, como es el de las acciones populares. El ámbito propio de la protección judicial de los derechos esenciales aparece, entonces, desbordado cuando se intentan acciones de tan amplios alcances como la examinada en este caso, mediante la cual se ha pretendido alcanzar unos efectos generales sobre un vasto sector de la población urbana sin que pueda establecerse una relación lógica y razonable con la situación alegada por la demandante. La Corte Constitucional ya señaló en proceso similar: "...la tutela surge como una acción subjetiva de carácter personal y concreto, cuyo titular es la persona agraviada o amenazada en sus derechos fundamentales, quien tiene el deber de iniciarla directamente o por medio de representante, salvo los casos señalados en el decreto 2591 de 1991 que permiten hacerlo al defensor del pueblo o a un personero municipal o distrital. Ahora bien, tanto en el artículo 86 de la Constitución Nacional, como en la normatividad legal que lo desarrolla (decreto 2591 de 1991), el fin o propósito específico de la acción de tutela, aparece claramente determinado, y  no es otro que el de brindar a la persona afectada, óigase bien, única y exclusivamente a ésta, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales que le han sido vulnerados o amenazados, por parte de una autoridad pública o de un particular. En consecuencia el juez a quien compete resolver la citada acción, no puede pronunciarse en forma general,  impersonal y abstracta, pues su función se limita a ordenar para el caso particular y específico, puesto en su conocimiento, las medidas necesarias para garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho y, si es pertinente, volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. Cuando lo impugnado sea la denegación de un acto o una omisión, el fallo debe ordenar que se lleve a cabo o efectúe la actuación correspondiente o se desarrolle la acción adecuada en el plazo señalado por la ley. Si se trata de la ejecución de una conducta o la realización de una actuación material o de una amenaza, se ordenará la inmediata cesación, así como la orden de evitar toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-321 del 10 de agosto de 1993. M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz). En el caso materia de análisis resulta evidente que las pretensiones colectivas de la demanda desvirtuaban el alcance y el fundamento de la acción de tutela instaurada, razón por la cual lo procedente era excluírlos de plano, como en efecto se hizo en las instancias, y resolver únicamente sobre la posible violación de los derechos fundamentales de la petente. Es verdad que la Corte Constitucional en casos concretos, como el considerado en la Sentencia T-112 del 11 de marzo de 1994 (M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell), ha ordenado a las autoridades administrativas de una zona residencial impedir el funcionamiento de establecimientos comerciales carentes de licencia y abstenerse de expedir nuevos permisos en cuanto su destinación no fuera compatible con el uso residencial, pero no es menos cierto que ello encontró justificación válida en la acreditada violación de derechos fundamentales de la peticionaria por virtud de una perturbación anormal o extraordinaria que excedió los límites de la tolerancia. La situación llegó en ese evento al punto de que se puso en peligro las vidas de aquella y de sus familiares por cuanto el vidrio de una de las alcobas de su casa de habitación fue perforado mediante bala, debido a que en la mayoría de los establecimientos comerciales del sector se vendía y consumía droga. Derecho a la tranquilidad y tolerancia En el proceso que se menciona, la Corporación tuteló los derechos a la vida, a la tranquilidad y a la intimidad de la solicitante, pero en esa misma providencia la Corte puso de presente que "por el hecho de vivir en sociedad, esto es, por encontrarse dentro de un grupo de personas, con unidad distinta y superior a la de sus miembros individualmente considerados, el ciudadano debe tolerar algunos obstáculos y molestias resultantes de actividades que sean socialmente convenientes e imprescindibles", si bien "esos inconvenientes sólo deben soportarse cuando (...) no rebasan lo que es considerado normal, habitual y común". La Corte estima necesario ratificar en esta ocasión los dos criterios, ambos emanados de la Carta Política: el de que todo individuo y su familia tienen derecho a un ámbito propio e inviolable dentro del cual ha de desenvolverse su vida privada en forma tranquila y pacífica y el de que la convivencia impone, por su misma naturaleza, ciertas restricciones que hagan posible a cada uno el ejercicio de sus derechos sin interferir los de otros. Ello se traduce necesariamente en el reconocimiento de que los derechos, por no ser absolutos, deben coexistir, sin que por fuerza tenga uno de ellos que eliminar o anular otro u otros. Así, el juez constitucional debe conciliar, en situaciones como la aquí descrita, los derechos a la tranquilidad y a la intimidad de la solicitante con el derecho al trabajo de los propietarios de los establecimientos comerciales cercanos a su residencia, sujetos ellos -claro está- a las exigencias legales, reglamentarias y policivas correspondientes. Respecto del asunto objeto de examen, la Corte Constitucional entiende que la peticionaria, toda vez que no tuvo en cuenta los específicos alcances constitucionales de la acción de tutela, no podía pedir que mediante ella se forzara a las autoridades locales a adoptar decisiones administrativas de índole general inherentes a su gestión. Se reitera lo afirmado por la Sala Segunda de Revisión, mediante Sentencia T-268 del 7 de junio de 1994, en el sentido de que no corresponde al juez de tutela sustituir a la autoridad administrativa en el ejercicio de las competencias que le son propias, ni mucho menos presentar soluciones concretas a la problemática originada por la comercialización de un sector residencial. La Corte, por ello, se limita a verificar lo referente a posibles transgresiones de la normativa constitucional en materia de derechos fundamentales, lo que implica que deba desecharse la solicitud de la accionante en el caso de autos en lo relativo a aspectos que exceden ese ámbito puramente individual. Análisis del caso concreto. Según obra en el expediente T-71019 ( folio 15), en ejercicio del derecho de petición, la señora MARCOLINA PEREZ DE GRIMALDOS, se dirigió al Alcalde Local Zona Décima Engativá, con el fin de que se decretara el cierre definitivo del establecimiento comercial que funcionaba en el Conjunto Multifamiliar de Ciudad Quirigua Central, propiedad del señor Rubén Gómez, el cual opera como una CANTINA, perturbando la tranquilidad de quienes habitan el Bloque 129 de dicho Conjunto. La accionante acompañó a su solicitud un certificado médico de la Secretaría Distrital de Salud, a nombre de Marcolina Pérez, en el cual consta que ella presenta "neurosis de angustia y pánico, la cual es exacerbada por la presencia de ruidos en su medio ambiente habitacional" (folio 71, Exp. 71019). La Juez 17 Penal del Circuito de la ciudad, a quien correspondió conocer en primera instancia de la acción de tutela, remitió a la peticionaria a una valoración siquiátrica en el Instituto de Medicina Legal a fin de que allí se determinara si la crisis nerviosa que padece aquélla puede atribuírse a los ruidos producidos en la cigarrería que funcionaba en su edificio, o si el insomnio presentado desde hace dos años evidenciaba ya desordenes mentales anteriores. A folios 120 a 125 del Expediente 71019 se encuentra el informe rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de fecha 15 de marzo del año en curso, en cuyas conclusiones se lee: "CONCLUSION 1.- Examinada el día 14 de marzo de 1995 encontramos que la señora MARCOLINA PEREZ presenta una neurosis de angustia con ataques de angustia. Que las enfermedades mentales son multicausas pero que el desencadenamiento y el cuadro agudo o sea los ataques de angustia se presentan en concomitancia con la situación del ruido producido por la cigarrería. Es decir dicho hecho que parece banal (sic), no lo es para el psiquismo de la señora Pérez y se convirtió en una preocupación." Para esta Sala es claro el nexo causal existente entre el funcionamiento cercano de la "CIGARRERIA GLASS" y el daño mental producido en la señora Marcolina de Grimaldos, lo que, por la persistencia e intensidad de las conductas denunciadas y probadas, atribuibles al propietario y empleados del establecimiento y a su clientela, constituye una violación al derecho de aquélla a la salud y a la tranquilidad. Lo anterior sería suficiente para conceder la protección solicitada, si no fuera por el hecho de que el señor Alcalde Local de Engativá, mediante Resolución No. 014 del quince (15) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), resolvió REVOCAR la licencia de funcionamiento expedida para el establecimiento denominado "CIGARRERIA GLASS", de propiedad del señor Rubén Gómez. Lo anterior fue corroborado por esta Corporación mediante la diligencia de inspección judicial que llevara a cabo la Magistrada Auxiliar del Despacho del Magistrado Ponente, doctora María Claudia Rojas Lasso, en la cual se verificó el cierre de dicho establecimiento comercial, como consta en el escrito que obra a folios l92 y 193 del Expediente 71019. Allí aparece que tal negocio fue cerrado desde el pasado 22 de julio, lo cual hace que la tutela carezca de fundamento actual. Indemnización de perjuicios por vía de tutela. Solicita la peticionaria que se le indemnice en abstracto el daño emergente como quiera que es necesario para asegurar el goce efectivo de sus derechos. Sobre el particular debe reiterarse lo afirmado por esta Corporación en el sentido de que la tutela no es, en principio, el mecanismo judicial idóneo para obtener esta clase de pretensiones. Ellas, por cuanto no se reúnen los requisitos previstos en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, deben hacerse valer ante la justicia ordinaria. En Sentencia T-403 de 1994 expresó esta Corporación: "Debe subrayarse, sin embargo, que, no es la indemnización el objetivo primordial de la tutela pues la razón de ésta reside en la protección inmediata de los derechos fundamentales. Conviene recordar que, como lo ha enseñado la jurisprudencia, "la indemnización sólo es posible decretarla si se concede la tutela, razón por la cual la prosperidad de la acción en esta materia -que, por ende, resulta ser accesoria- únicamente puede darse si prospera la pretensión principal, es decir, si el juez ha encontrado aquélla procedente y, además, ha concluido que las razones de hecho y de derecho por él evaluadas dan lugar a impartir una orden de inmediato cumplimiento en cuya virtud se realicen, en el caso específico, los postulados constitucionales".(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-095 del 4 de marzo de 1994). (...) "En otros términos, la indemnización por la vía de la tutela es excepcional. Para que proceda es indispensable que el afectado no disponga de otro medio judicial. Esta exigencia no se refiere a la defensa del derecho fundamental invocado sino a la obtención del resarcimiento del perjuicio, como ya lo resaltó esta Corte en el fallo últimamente mencionado. En consecuencia, si, consideradas las circunstancias del caso, el accionante tiene posibilidad de intentar la acción ordinaria enderezada a la indemnización de los daños que se le han causado, no es la tutela el medio judicial idóneo para ello, pese a haber prosperado".  (Cfr. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-403 de 1994). De lo anterior se desprende con claridad que si la señora Marcolina Pérez de Grimaldos pretende ser indemnizada por los perjuicios que le pudo haber ocasionado el establecimiento comercial denominado "CIGARRERIA GLASS", de propiedad del señor Rubén Gómez, debe acudir a la justicia ordinaria civil. DECISION Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMAR el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá el día veinticuatro (24) de abril del año en curso, mediante el cual se confirmó el proferido en primera instancia, al resolver sobre la acción de tutela instaurada por la señora MARCOLINA PEREZ DE GRIMALDOS contra el señor Alcalde Local de Engativá y la Estación Décima de Policía y, en consecuencia, denegar la protección solicitada. Segundo.- Por Secretaría líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-454-95 Sentencia No. T-454/95 Sentencia No. T-454/95 LIBERTAD DE CULTOS-Límites a su difusión En el específico caso del ejercicio de un determinado culto, en éste sólo se puede producir sonido hasta el límite espacio-temporal fijado. La anterior limitación de magnitud parte de la existencia de un ámbito de acción permitido para el mencionado derecho, en el cual su despliegue no causa violación o amenaza de los derechos de los otros, porque se encontraría dentro de la carga que comporta la vida en sociedad, pero si supera el marco fijado vulnera el contenido esencial del derecho a la intimidad de la persona que soporta la injerencia sónica arbitraria.  Así mismo, la razón de ser de la mencionada tabla es la determinación de niveles de sonido que el oído humano está en condiciones de soportar sin afectar su salud. En ese orden de ideas, la transgresión de los límites señalados constituye una amenaza al derecho fundamental de la salud del que lo sufre. ACCION DE TUTELA CONTRA EL RUIDO-Difusión de cultos/DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Vulneración por ruido/DERECHO A LA SALUD-Vulneración por ruido En cuanto a la transgresión del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, la Comunidad se ha estado excediendo en la emisión del ruido, pues hay varios indicios que en su conjunto conducen a concluir que los fieles que conforman tal Comunidad realizan una injerencia arbitraria contra los vecinos. Se está presentando una extralimitación por parte de un particular en el ejercicio del derecho de libertad de cultos, pues se están transgrediendo los límites dentro de los cuales se pueden desplegar el derecho citado y con ello violando el derecho a la intimidad de los vecinos, en este caso actores en la presente tutela. Así mismo, se amenaza el derecho a la salud de los peticionarios pues se emiten sonidos fuera de los niveles admitidos para preservar la salud de las personas. DERECHO DE PETICION-Obligación de comunicar trámite La conducta que desplegó el Alcalde a fin de cumplir la orden dada por el Juez de tutela se ajusta a derecho pues carecía de competencia para realizar un proceso policivo de perturbación de la tranquilidad y lo remitió a una de sus oficinas, la cual tiene a su vez dependencias que sí pueden llevar a cabo el proceso en mención, con el cual se tomarían las medidas pedidas en la petición de los actores. Sin embargo, el Alcalde en mención falló al no comunicarle a las personas que suscriben la petición, la actuación administrativa que realizó al percibir que no era competente para contestar, más no se ordenará que se realice la acción omitida pues los accionantes ya están enterados. MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL INEXISTENTE-Ruido En cuanto a la violación de la intimidad y la salud, los actores no tiene otro medio de defensa judicial, pues los medios jurídicos con los cuales se puede defender de la conducta de los particulares acusados son de carácter administrativo. ACCION DE TUTELA CONTRA EL RUIDO-Procedencia frente a particulares La tutela se encuadra también dentro de uno de los supuestos de tutela contra particulares, el cual es la afectación grave y directa de un interés público. REF: EXPEDIENTE T-71249 Peticionarios: Miguel Angel García Barbosa, Antonio Melo y otros. Procedencia: Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta-. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Temas: - El ruido como trangresor de los derechos fundamentales a la intimidad y a la salud. - El derecho de petición. Santa Fe de Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero -Presidente de la Sala-, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-71249. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a la Sala Séptima de Revisión. 1. Solicitud. Miguel Angel García y otros, impetran acción de tutela contra la Comunidad Carismática Cristiana con fundamento en los siguientes hechos: a) Los accionantes, junto con sus familias, residen en el barrio Interlaken de la ciudad de Ibagué, específicamente en el sector comprendido entre la Avenida Octava y la carrera 8º y la calle 19 hasta la calle 16. b) En el mismo barrio, en la Avenida 8º No. 16-56, funciona un templo de la Comunidad Carismática Cristiana, en el cual se realizan los cultos. c) Según los accionantes, los mencionados cultos producen un ruido exagerado pues los fieles cantan, aplauden y pisotean, acompañados por instrumentos musicales con elevado sonido. Así mismo, se realizan diariamente sin tener horario definido. Por otro lado, en el templo en mención se han realizado construcciones sobre pared medianera de uno de los accionantes, sin su consentimiento y constituyendo una servidumbre de vista. Los peticionarios sostienen que el comportamiento antes descrito vulnera sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 15 (intimidad) y 92 (solicitud de aplicación de sanciones penales y disciplinarias para autoridades públicas) de la Constitución Política, como también las normas urbanísticas. 2. Fallos. 2.1. Tribunal Administrativo del Tolima. Sentencia del 7 de abril de 1995. El Tribunal de primera instancia indicó que la tutela es procedente, sosteniendo que la libertad religiosa es un derecho fundamental de expresión individual y colectiva pero se debe desplegar sin perturbar la intimidad de las otras personas. Es así como no se puede forzar a los habitantes que rodean un templo a escuchar las "manifestaciones religiosas mediante altoparlantes o ruidos originados por instrumentos musicales con elevado sonido, pues no solamente perturba la conciencia sino la tranquilidad y más cuando no se pertenece a esa iglesia". Por otro lado, expresó que existió una violación del derecho fundamental de petición, porque "el director de la administración del ente territorial no ha dado solución a las peticiones para evitar lo anterior -se refiere a la perturbación sonora-, y además en este trámite guardó silencio respecto a la no contestación de los reclamos recibidos en su Despacho de fechas 13 de septiembre y 8 de noviembre de 1994". En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo del Tolima concedió la tutela solicitada por Miguel Angel García y otros debido a la violación de los derechos fundamentales de petición e intimidad. 2.2. Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta-. Sentencia del 12 de mayo de 1995. El Consejo de Estado revocó parcialmente la sentencia del A-quo, denegando la acción en cuanto a la violación de derecho a la intimidad y confirmando todo lo restante. El Consejo manifestó, inicialmente, que son dos aspectos los que originan la presente acción de tutela: a) el ruido que presuntamente producen las reuniones de culto de la Comunidad Carismática Cristiana, sin que el Alcalde, a quien le solicitaron la solución del problema, les respondiera; y b) la violación por parte de la misma Comunidad, de las normas municipales de construcción al efectuar la edificación del templo, aspecto también puesto en conocimiento de la Alcaldía y Planeación Municipal. El Consejo de Estado explicó que: Aunque la Sala entiende que la parte solicitante lo que quiere es la suspensión de la obra y el ruido que considera se produce en las reuniones de culto de la Comunidad Carismática Cristiana, por las razones anotadas, no es posible mediante esta acción de tutela acceder a tales peticiones, que constituyen el fondo del asunto y que, ni por los derechos que se alegan violados ni por razón de la tutela del derecho de petición es procedente, porque si hay solicitud ante el Alcalde debe esperarse su respuesta, que es lo ordenado en esta oportunidad. En relación con el derecho de petición, el Consejo entendió que la afirmación de los solicitantes en cuanto a que no obtuvieron respuestas a sus quejas, esto fue corroborado por el silencio de la Administración, al ser inquirida al respecto, por tanto se violó el derecho de petición. Seguidamente, respecto al segundo aspecto, se expresó que la Oficina de Planeación Municipal oportunamente contestó manifestando que inicialmente se había sellado la construcción por no cumplir los requisitos legales y que una vez cumplidos los mismos se produjo la resolución que otorgó el permiso, "es decir, existe un acto administrativo que puede ser discutido por al vía judicial sin que haya lugar a pronunciamiento alguno mediante la acción incoada". En ese orden de ideas, el Consejo de Estado sólo tuteló el derecho de petición, denegando la tutela en lo relacionado con el derecho a la intimidad. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS Competencia. 1- Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto No. 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dichas acciones practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. Temas a tratar. 2- Los accionantes fundamentan la presente acción sobre la presunta violación de sus derechos fundamentales por las altas emisiones de ruido que protagoniza la Comunidad Carismática Cristiana en la realización de sus cultos, entonces, la Corte estudiará el ruido como transgresor del derecho a la intimidad y factor contaminante. 3- Por otro lado, los peticionarios se quejan de la falta de respuesta de las peticiones dirigidas a la administración municipal para solucionar el entuerto.  Así, esta Sala abordará también el tema del derecho de petición. El ruido como transgresor de los derechos fundamentales a la intimidad y a la salud. 4- La acusación de los peticionarios gira alrededor de la presunta transgresión del derecho a la intimidad por parte de Comunidad en cuestión, por el uso desmedido del sonido producido en la ejecución de sus ceremonias religiosas, por consiguiente, la Sala analizará el tema del ruido como transgresor de los mencionados derechos fundamentales. 5-  Esta misma Sala ha señalado que: La vida en sociedad genera para el ser humano ciertas cargas propias de la interacción social. Este es el caso del ruido. Ciertamente, la vida social supone la tolerancia de la existencia de la alteridad, es decir, del otro. Esa otra persona tiene derecho a ser y, en consecuencia, a ejecutar todas sus manifestaciones de existencia como la producción de su propio ruido, obviamente limitado por los derechos de los demás y el orden jurídico (art. 16 C.P.). [1] El ruido puede llegar a constituirse en una injerencia arbitraria en la intimidad de una persona. En relación con lo anterior, la Corte ha expresado que: El derecho fundamental a la intimidad asegura a la persona y a su familia un reducto o espacio físico inexpugnable, ajeno a los otros, en el que puede resguardarse, aislándose del tumulto de la vida moderna, gozar del recogimiento necesario y proyectar tranquilamente su personalidad, alejado y libre de las intromisiones o contactos que el sistema social normalmente acarrea. En su versión tradicional, el derecho a la intimidad ha sido identificado con la protección al domicilio y a la correspondencia frente a intervenciones indeseadas y arbitrarias de personas ajenas. A nivel penal, el allanamiento del domicilio o la interceptación de las comunicaciones, sin orden judicial que las autorice, son conductas punibles que atentan contra la inviolabilidad de la habitación y del sitio de trabajo (Título X, Capítulo IV del Código Penal) y contra la reserva de las comunicaciones y documentos privados (Título X, Capítulo V del Código Penal). Sin embargo, una interpretación del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia (CP art. 93), exige entender comprendido en su núcleo esencial la interdicción de ruidos molestos e ilegítimos. En efecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) establece: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques". La prohibición que recae sobre las injerencias arbitrarias en la vida privada de la persona, su familia, su domicilio o su correspondencia, no sólo garantiza a la persona frente al ingreso injustificado de personas o agentes públicos al espacio físico de su exclusivo control, sino también la ampara contra las invasiones que penetran la esfera de intangibilidad de su vida personal o familiar, mediante aparatos electrónicos o mecánicos, en este caso ya no tan sólo en forma directa e intencional. La amplitud del concepto de "injerencia", contenido en el derecho a no ser molestado que, a su vez, hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad personal o familiar, incluye los ruidos ilegítimos, no soportables ni tolerables normalmente por la persona en una sociedad democrática.[2] En conclusión, el ruido excesivo también puede vulnerar un derecho fundamental, la intimidad personal y familiar (art. 15 C.P.), cuando se presenta una injerencia arbitraria, o sea, niveles de ruido que no se tiene la carga de soportar, en ese reducto exclusivo y propio de la persona. 6- Por otro lado, el ruido es reconocido como agente contaminante del medio ambiente, tanto por la legislación nacional (Decreto No. 2811 de 1974) como por la jurisprudencia de esta Corporación[3]. Así mismo, la Corte Constitucional ha reiterado en múltiples sentencias que el medio ambiente no es derecho fundamental por naturaleza, sin embargo, cuando existe una violación de un derecho fundamental, como la salud o la vida, es posible que proceda la tutela probándose la relación causal entre la actividad que vulnera el medio ambiente y el daño al derecho fundamental respectivo. En ese orden de ideas, es posible que el ruido llegue a niveles en los cuales viole o amenace violar un derecho fundamental como el de la salud, en cuyo caso pueda ser tutelado, en tanto y en cuanto, se logre comprobar el nexo entre la conducta acusada violatoria del medio ambiente y el daño o amenaza al derecho fundamental. 7- El nivel de tolerancia social del ruido está condicionado, principalmente, por la situación espacial y temporal en la cual se produce. En efecto, el Ministerio de Salud Pública expidió la Resolución No. 8321 de 1983, por la que "se dictan normas sobre protección y conservación de la audición de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos". En su artículo 17, la Resolución citada determina los niveles de ruido máximos permisibles según el lugar y la hora en que se produzca su emisión: Artículo 17.- Para prevenir y controlar las molestias, las alteraciones y las pérdidas auditivas ocasionadas en la población por la emisión de ruido, se establecen los niveles sonoros máximos permisibles incluidos en la siguiente tabla: TABLA NUMERO I Zonas receptoras Nivel de presión sonora de dB (A) Período diurno     Período nocturno 7:01a.m.-9p.m. 9:01p.m.-7a.m. Zona I residencial                 65                              45 Zona II comercial                  70 60 Zona III industrial                 75                              75 Zona IV de tranquilidad        45                              45 Parágrafo 1º - Para efectos del presente artículo la zonificación contemplada en la Tabla número I, corresponde a aquella definida o determinada por la autoridad competente en cada localidad y para cada caso. (...) Así mismo, el artículo 21 del precitado acto normativo reitera, en general, la obligatoriedad del artículo 17 ibídem, al establecer lo siguiente: Artículo 21.- Los propietarios o personas responsables de fuentes emisoras de ruido, están en la obligación de evitar la producción de ruido que pueda afectar y alterar la salud y el bienestar de las personas, lo mismo que de emplear los sistemas necesarios para su control con el fin de asegurar niveles sonoros que no contaminen las áreas aledañas habitables. Deberán proporcionar a la autoridad sanitaria correspondiente la información que se les requiera respecto a la emisión de ruidos contaminantes. Luego, la Resolución mencionada, en su artículo 22, determina el respeto a la intimidad en su componente de tranquilidad auditiva específicamente en las relaciones entre vecinos, sin atender a la actividad que desempeñen, estableciendo que "ninguna persona permitirá u ocasionará la emisión de cualquier ruido, que al cruzar el límite de propiedad del predio originador pueda exceder los niveles establecidos en el Capítulo II de la presente resolución". Claramente, la norma prohibe la intromisión arbitraria de un vecino al predio de otro, a través del ruido que sobrepase los niveles permitidos. En el artículo 23 ibídem, se les exige a los establecimientos, locales y áreas de trabajo el estricto cumplimiento de los niveles sonoros permisibles. Así las cosas, las personas que tengan fuentes productoras de sonido que rebasen las escalas sonoras antes citadas están ejerciendo en forma abusiva su derecho a producir ruido. 8- Ahora bien, en el específico caso del ejercicio de un determinado culto (art. 19 C.P.), en éste sólo se puede producir sonido hasta el límite espacio-temporal fijado por la tabla del artículo 17 antes citado. La anterior limitación de magnitud parte de la existencia de un ámbito de acción permitido para el mencionado derecho, en el cual su despliegue no causa violación o amenaza de los derechos de los otros, porque se encontraría dentro de la carga que comporta la vida en sociedad, pero si supera el marco fijado vulnera el contenido esencial del derecho a la intimidad de la persona que soporta la injerencia sónica arbitraria.  Así mismo, la razón de ser de la mencionada tabla es la determinación de niveles de sonido que el oído humano está en condiciones de soportar sin afectar su salud. En ese orden de ideas, la transgresión de los límites señalados constituye una amenaza al derecho fundamental de la salud del que lo sufre. Es preciso tener en cuenta que los límites de los derechos no siempre están positivizados, sino por el contrario obedecen a la cláusula del artículo 16 constitucional que señala la relatividad de la frontera del derecho a partir de los derechos de los demás y el orden jurídico. La Corte ha sostenido que: El conflicto surgido entre el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de cultos y de religión (CP art. 19) y el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar (CP arts. 15 y 28), debe resolverse de conformidad con los principios de mayor efectividad de los derechos fundamentales y de armonización de las normas constitucionales. El intérprete debe garantizar el mayor radio de acción posible al ejercicio de los derechos fundamentales y preferir la solución que, en la sopesación de valores o derechos constitucionales contrapuestos, no sacrifique su núcleo esencial, atendidas la importancia y la función que cada derecho cumple en una sociedad democrática. (...) El ámbito de la vida privada, ajeno a las intervenciones de los demás, garantiza a la persona su libertad. Quien se ve compelido a soportar injerencias arbitrarias en su intimidad sufre una restricción injustificada de su espacio vital, de su autonomía y de sus posibilidades de libre acción. Esto sucede especialmente cuando el contenido del derecho es significativamente recortado por las exigencias o cargas impuestas al mismo como resultado de la interrelación con otros derechos fundamentales. (...) La proporción o justa medida del ejercicio legítimo de un derecho constitucional está determinada por los efectos que, sobre otros derechos igualmente tutelados por el ordenamiento, pueden tener los medios escogidos para ejercer el derecho. La imposición de cargas o exigencias inesperadas e ilegítimas a terceras personas revela un ejercicio desproporcionado de un derecho o libertad. El empleo abusivo de las facultades emanadas de un derecho puede desembocar, en la práctica, en el recorte arbitrario de los derechos ajenos. (...) En el plano estrictamente constitucional, el impacto negativo a los derechos ajenos por el exceso de ruido, atendido el lugar y la hora en que se produce al igual que los instrumentos empleados, constituye un ejercicio abusivo de la libertad de cultos. El núcleo esencial del derecho a la intimidad personal y familiar, entendido como el derecho a no ver o escuchar lo que no se desea ver o escuchar, se vería vulnerado de permitirse el ejercicio de la libertad de cultos fuera del parámetro ofrecido por un comportamiento razonable de las personas en determinadas circunstancias espacio-temporales - en un sector residencial durante las horas de la noche -. El ejercicio de las libertades de religión y de cultos, en determinadas circunstancias espacio-temporales, que sea excesivo, por la medida del ruido que produce, impide el libre desenvolvimiento de la vida privada y constituye, por lo tanto, una injerencia arbitraria que vulnera el derecho a la intimidad personal y familiar[4]. En ese orden de ideas, las prácticas de un culto religioso deben realizarse de forma razonable a fin de no interferir abusivamente en la intimidad de las personas vecinas y mucho menos amenazar o vulnerar el derecho a la salud. El derecho de petición. 9- El otro aspecto de la tutela de la referencia es la omisión de la administración municipal en dar contestación a una petición de los accionantes exigiendo solución al problema del ruido. A continuación, entonces, se abordará el tema del derecho de petición. 10- El derecho fundamental de petición (art. 23 C.P.) es aquel que le confiere la facultad a cualquier persona de entrar en comunicación con el Estado, quedando éste en la obligación de responder en forma oportuna. El contenido de la respuesta debe ser coherente con lo solicitado y "referirse al fondo de la materia sometida a análisis por parte de los interesados. No se haría efectiva la facultad de suscitar la intervención oficial en un asunto de interés general o particular, si bastara a la administración esgrimir cualquier razón o circunstancia para dar por respondida la petición"[5]. Así mismo, se requiere que el funcionario al cual vaya dirigida la petición tenga competencia para contestar correctamente la solicitud del caso. Esto no quiere decir que el servidor público incompetente no tenga cargas respecto de la petición. Es más, el artículo 33 del C.C.A. lo obliga a informar la situación al peticionario y en el caso de que la petición fuere escrita, enviar el libelo al competente. Sin embargo, el derecho de petición esta limitado por la materia que aborde, pues, a manera de ejemplo, es posible que se encuentre bajo reserva o se exija la motivación de un acto que no la necesite. En conclusión, el derecho de petición no genera sólo un deber de respuesta, sino también una contestación acorde con lo preguntado, con la competencia de la entidad y con el asunto bajo examen. El caso en cuestión. 11- Inicialmente, es menester definir si se presenta violación o amenaza de un derecho fundamental por la ocurrencia de la conducta acusada. En cuanto a la transgresión del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, la Comunidad Carismática Cristiana se ha estado excediendo en la emisión del ruido, pues hay varios indicios que en su conjunto conducen a concluir que los fieles que conforman tal Comunidad realizan una injerencia arbitraria contra los vecinos, a saber: a) el representante legal de la mencionada Comunidad señala que antes de octubre de 1994 los vecinos tenían razón en sus reclamos (folio 104), aunque agrega que en la actualidad no se presenta tal conducta, sea lo que fuere es un indicio de comportamiento; b) El señor Antonio Melo Salazar, accionante en la tutela de la referencia, sostuvo que el 16 de septiembre del año en curso la Comunidad había alterado significativamente el descanso y la paz de su hogar a través del ruido excesivo en una reunión (folio 103), aserto que no desmintió específicamente el representante legal de la Comunidad acusada (folios 104 a 106); y c) El mismo Secretario de Gobierno Municipal de Ibagué, en la inspección judicial y en presencia del Pastor Jaime Román (folio 101), se refiere a las reflexiones que le ha hecho al Pastor para que controle las emisiones de ruido.  Todo lo anterior lleva a la Sala a deducir que la Comunidad acusada ha producido ruido que viola la intimidad de los vecinos y que la amenaza de que vuelva a ocurrir es factible. En ese orden de ideas, se está presentando una extralimitación por parte de un particular en el ejercicio del derecho de libertad de cultos, pues se están transgrediendo los límites dentro de los cuales se pueden desplegar el derecho citado y con ello violando el derecho a la intimidad de los vecinos, en este caso actores en la presente tutela. Así mismo, se amenaza el derecho a la salud de los peticionarios pues se emiten sonidos fuera de los niveles admitidos para preservar la salud de las personas. Es necesario acotar que esta Sala se separa de los fundamentos de la primera instancia para conceder la tutela, en cuanto al derecho a la intimidad, pues ésta radica la violación en las "manifestaciones religiosas mediante altoparlantes o ruidos originados por instrumentos musicales con elevado sonido, pues no solamente perturba la conciencia sino la tranquilidad y más cuando no se pertenece a esa iglesia" (negrillas fuera de texto). Para la Corte, como ya se señaló, la vida en sociedad crea para el elemento social ciertas propias de la interacción con los demás. El respeto de la dignidad humana del otro (art. 1º C.P.) comporta el deber de toda persona de tolerar las manifestaciones existenciales de los otros individuos. Tales manifestaciones tienen como límite el derecho de los demás y el orden jurídico. En este caso, los accionantes soportan la carga de tolerar el ejercicio del culto de los fieles de la Comunidad Carismática Cristiana hasta cierto término; transgredido éste se presenta un ejercicio abusivo del derecho, que genera las violaciones de los derechos a la intimidad y a la salud. Como en el lugar donde se realizan el culto de la Comunidad acusada se están realizando adecuaciones arquitectónicas para el control del sonido, la orden que se dará tiene mucha relación con lo que en el futuro ocurra por la circunstancia anotada. 12- Respecto del derecho de petición, el Consejo de Estado concedió la tutela argumentando que la administración municipal al haber sido requerida, no había concurrido a explicar o desvirtuar el dicho de los accionantes en cuanto a la falta de respuesta de la petición recibida el 8 de noviembre de 1994. Ciertamente, al no contestar oportunamente el requerimiento del Juez de tutela el Alcalde de Ibagué se colocó en los supuestos del artículo 20 del Decreto No. 2591 de 1991, el cual señala que si el informe pedido por el Juez de tutela no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrá por ciertos los hechos, por tanto, en este caso obra la presunción de veracidad de la afirmación de los accionantes. Siendo así las cosas, se confirmará la decisión en este sentido. Es de mérito señalar que la primera instancia consideró que la otra petición de los accionantes, recibida el 13 de septiembre de 1994 y dirigida a la Secretaría de Planeación Municipal no fue contestada, sin embargo, en el expediente obra contestación de la antes citada petición (folios 24 y 25). Por otro lado, el Alcalde de la localidad a fin de cumplir los fallos descritos dió traslado de las comunicaciones a la Secretaría de Gobierno y ésta a su vez, la envió a la Inspección Primera Urbana de Ibagué para iniciar un proceso policivo por perturbación de la tranquilidad. A juicio de la Corte, la conducta que desplegó el Alcalde a fin de cumplir la orden dada por el Juez de tutela se ajusta a derecho pues carecía de competencia para realizar un proceso policivo de perturbación de la tranquilidad (artículo 18 del Código de Policía del Tolima, según folio 103) y lo remitió a una de sus oficinas, la cual tiene a su vez dependencias que sí pueden llevar a cabo el proceso en mención, con el cual se tomarían las medidas pedidas en la petición de los actores. Sin embargo, el Alcalde en mención falló al no comunicarle a las personas que suscriben la petición, la actuación administrativa que realizó al percibir que no era competente para contestar (art. 33 C.C.A.), más no se ordenará que se realice la acción omitida pues los accionantes ya están enterados. Es menester aclarar que en este caso el derecho de petición se convierte en el procedimiento administrativo policivo de perturbación a la posesión. La carta petitoria inicia la querella y su contestación es la decisión del inspector, bajo los procedimientos especiales establecidos para tal efecto. 13-  En el presente caso, en cuanto a la violación de la intimidad y la salud, los actores no tiene otro medio de defensa judicial, pues los medios jurídicos con los cuales se puede defender de la conducta de los particulares acusados son de carácter administrativo, como se ha señalado anteriormente. 14- En lo referente a las servidumbres legales de medianería y de vista, existe otro medio de defensa judicial, pues tales asuntos son ventilados en la jurisdicción civil a través del proceso abreviado establecido en los artículos 408 y siguientes del C.P.C.. Por consiguiente, NO se podrá ordenar mediante tutela suspender las construcciones, ni menos el cierre del lugar destinado al culto. 15- La tutela de la referencia se encuadra también dentro de uno de los supuestos de tutela contra particulares, el cual es la afectación grave y directa de un interés público, pues esta Corporación ha establecido que: La acción de tutela contra el particular que afecta grave y directamente el interés colectivo es consagrada sobre el supuesto de que la persona -natural o jurídica- a la cual se sindica de vulnerar los derechos fundamentales haya desbordado los límites del comportamiento normal de los particulares, llevando a cabo actos positivos o asumiendo actitudes negativas que repercuten de manera protuberante, grave y directa en el ámbito público, con menoscabo, lesión o amenaza de los intereses comunes. Es claro para la Corte que la congregación religiosa demandada no se ha limitado a ejercer el culto en un ámbito privado dentro del cual se desenvuelvan las ceremonias para la exclusiva audiencia de sus integrantes, sino que, por el contrario, mediante el uso de altoparlantes y equipos de sonido, invade espacios ajenos, penetra en las residencias aledañas, se hace sentir ruidosamente en horarios nocturnos y en días de descanso, forzando la participación de los vecinos en su devoción. Por lo tanto, el interés colectivo sí está comprometido, de manera grave en lo que atañe a los señalados derechos, por lo cual es procedente la acción de tutela para demandar su protección.[6] 16- En ese orden de ideas, se concederá la acción de tutela presentada por Miguel Angel García y otros en contra de la Comunidad Carismática Cristiana, dada la violación de los derechos a la intimidad y a la salud de los actores. Así, tomando en consideración que el Estatuto Urbano de Ibagué clasifica la zona en que se desarrollan los hechos como un centro de actividad múltiple, y a éste se le da tanto uso residencial como comercial, se ordenará a la Comunidad acusada no emitir ruido que supere en niveles sonoros los 65 decibeles en el período comprendido entre las 7:01a.m. a las 9 p.m., y los 45 decibeles en el período comprendido entre las 9:01 p.m. a las 7 a.m., aplicando el nivel de presión sonora correspondiente a lo resindencial porque el mismo Estatuto ubica las capillas que "normalmente se encuentran mezclados con el uso residencial". Así mismo, se confirmará la concesión de la presente tutela por la violación del derecho de petición de los peticionarios por parte de la administración municipal al no contestar una petición de los accionantes, recibida el 8 de noviembre de 1994, de acuerdo a lo expresado por el Consejo de Estado. 17- Como es el Juez de primera instancia quien hace cumplir el fallo de tutela y quien además mantiene la competencia hasta cuando "esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza" (art. 27 ibidem), entonces, será dicho juez constitucional el competente para determinar, mediante providencia, la eliminación de la causa de la amenaza, si esta se produce con posterioridad a este fallo, ordenando al Alcalde Municipal que en el término de 48 horas tome las rápidas medidas policivas pertinentes. Es obvio que para tomar tal determinación, debe actuar con fundamento en las pruebas o en las informaciones que le envién las autoridades policivas, y, si éstas son renuentes a prestar esa obligatoria colaboración, se aplicarán las sanciones respectivas; y, también es justo que, si los mismos interesados presenta prueba que le de al juez de tutela el convencimiento respecto de la situación litigiosa (art. 22 decreto 2591/91) se haría también efectiva la orden de tomar las rápidas medidas pertinentes, todo esto sin perjuicio del proceso policivo en curso. En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional RESUELVE PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE las sentencias materia de revisión. Y, en su lugar, TUTELAR los derechos a la intimidad y a la salud de los solicitantes, ordenándole a la Comunidad Carismática Cristiana o a quien la represente, que no podrá emitirse ruido en su lugar de culto, ubicado en la Avenida 8º No. 16-56 de la ciudad de Ibagué, en niveles sonores que superen los 65 decibeles en el período comprendido entre las 7:01a.m. a las 9 p.m., y los 45 decibeles en el período comprendido entre las 9:01 p.m. a las 7 a.m.. Si ello llegare a acontecer, con la prueba que se le aduzca al Tribunal Administrativo del Tolima, de la manera como se indicó en la parte motiva, dicho Tribunal le ordenará al Alcalde de Ibagué que tome las rápidas e inmediatas medidas policivas pertinentes. SEGUNDO: CONFIRMAR las decisiones de primera y segunda instancia respecto al derecho de petición, según se explicó en la parte motiva del presente fallo. TERCERO: COMISIONAR al Tribunal Administrativo del Tolima para que vigile el debido y estricto cumplimiento de esta sentencia. CUARTO: Comuníquese lo resuelto en esta providencia al Tribunal Administrativo del Tolima para las notificaciones y efectos previstos en el artículo 36 del Decreto No. 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese, publíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA. Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1]Corte Constitucional. Sentencia No. 357/95. M.P. Dr.: Alejandro Martínez Caballero. [2]Corte Constitucional. Sentencia No. T-210/94. M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. [3]Corte Constitucional. Sentencias Nos. T-411/92, T-308/93, T-025/94 y T-226/95, entre otras. [4]Ibídem. [5]Corte Constitucional. Sentencia No. T-125/95. M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñóz. [6]Corte Constitucional. Sentencia No. T-003/95. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

T-455-95 Sentencia No. T-455/95 Sentencia No. T-455/95 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA LABORAL-Responsabilidad subsidiaria Si la denominación del Ministerio ha cambiado, ello no es justificación para eludir una obligación laboral, máxime cuando la demanda se dirigió contra la Nación. ACCION DE TUTELA PARA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS-No reintegro/DERECHO AL TRABAJO-Vulneración por no reintegro/DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Vulneración por no reintegro/REINTEGRO AL CARGO-Incumplimiento Se afirma que el demandante no ha sido reintegrado. Su reinstalación obedece a una sentencia judicial. No puede eludirse la determinación de los jueces de las dos instancias que han creado no sólo un derecho adquirido sino que hacen viable otros derechos fundamentales: el acceso a la justicia y el derecho al trabajo. Aquí se protege el núcleo esencial de la persona a una ubicación laboral concreta, señalada y adquirida por decisión  jurisdiccional que surge del acceso a la justicia y por eso se ordenará que la Nación y concretamente el Instituto Nacional de Vias reintegre al trabajador según lo ordenó la jurisdicción ordinaria laboral y, el acceso a la justicia incluye el cumplimiento de lo ordenado. REF: Expediente Nº71078 Peticionario: Ricardo García Procedencia: Juzgado Quinto Laboral de Santafé de Bogotá. Tema: -Derecho al trabajo -Cumplimiento de sentencias -Obligación solidaria Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá , D.C., nueve (9) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA Dentro del expediente radicado bajo el número 71078 y que corresponde a la acción de tutela que mediante apoderada instauró Ricardo García Santamaría contra la Nación (Ministerio de Transporte e Instituto Nacional de Vías). ANTECEDENTES 1. Solicitud. Dice la doctora Olga Lizarazo Galvis que el trabajador oficial Ricardo García obtuvo en el Juzgado 1º Civil del Circuito de Vélez una sentencia laboral favorable por cuanto se ordenó reintegrarlo al cargo que tenía y al pago de salarios, primas y demás reivindicaciones convencionales y legales dejadas de percibir, decisión confirmada en el Tribunal de San Gil. Agrega la abogada: Con base en los anteriores fallos judiciales debidamente ejecutoriados, mi representado formuló el 3 de octubre de 1994 solicitud de reintegro y liquidación de los emolumentos dejados de devengar ante la Subdirección Transitoria del Instituto Nacional de Vías, la que fue radicada bajo el Nº ST-26601. Por virtud de los Decretos de Modernización del Estado, y más concretamente del Decreto N º 2171 de 1992 se reestructuró el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el Fondo Vial Nacional y como resultado de esa reestructuración surgen el actual Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, entidades estas entre las que se repartieron las funciones que desempeñaba el desaparecido Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Por una parte y por la otra. El Decreto mencionado en su artículo 66 crea la Subdirección Transitoria dependiente del Instituto Nacional de Vías cuya función entre otras es la de resolver las situaciones administrativas relacionadas con el personal vinculado a los Distritos de Obras Públicas que con la reestructuración desaparecieron. Teniendo en cuenta que el señor García Santamaría formaba parte de uno de los Distritos, se presentó la solicitud ante la mencionada Subdirección. Mediante Oficio ST-15957 del 7 de octubre de 1994 la Subdirectora Transitoria remitió toda la documentación presentada a la Subdirección de Recursos Humanos del Ministerio de Transporte manifestando que "... El proceso laboral que adelantó el señor García Santamaría contra el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, fue atendido por abogados de esa institución y bajo la supervisión de la Subdirección a su cargo, quienes deberán proveer al reintegro y a sus efectos económicos, por el amplio conocimiento que de los antecedentes del caso tienen." La Subdirección de Recursos Humanos del Ministerio solicitó concepto a su Oficina Jurídica mediante oficio RP 001847 de 2 de noviembre de 1994 el que fue emitido a través de oficio MJ-1141 de noviembre 22 de 1994. El 16 de diciembre de 1994 con oficio RP. 29679, se me comunicó por parte del Subdirector de Recursos Humanos del Ministerio de Transporte que "...atendiendo concepto emitido por la Oficina Jurídica de esa entidad, se ha dado traslado al Instituto Nacional de Vías de su petición de reintegrar al señor RICARDO GARCÍA SANTAMARIA, con la finalidad de que se sirvan dar cumplimiento a las sentencias proferidas por la jurisdicción ordinaria laboral." También se me informa sobre el particular deberé solicitarla a la mencionada dependencia. En respuesta verbal de la Doctora Luz Eneida Torres Pinto, Subdirectora Administrativa del Instituto Nacional de Vías manifestó compartir el criterio de su oficina jurídica en el sentido de que el reintegro debe ser responsabilidad del Ministerio por cuanto en la planta de personal del Instituto no existe cargo disponible para el mismo. Hasta el momento no hay respuesta oficial de esa dependencia; pero como se puede observar de los sucedido en estos 5 meses no hay voluntad de parte de la Administración de dar cumplimiento a las sentencias judiciales, pues las diferentes dependencias no ha hecho más que trasladarse la responsabilidad entre ellas vulnerado con su actuar los derechos fundamentales del trabajador GARCIA SANTAMARIA, como son el Derecho al Trabajo, el Derecho de petición y el Derecho de pago oportuno y reajuste de sus emolumentos laborales." Solicita protección al trabajo, al pago oportuno de los emolumentos laborales, al derecho de igualdad y de petición, y, pide que se lo reintegre al cargo y se haga liquidación de lo debido. Respalda sus pedimentos en la providencia T-537/94 de la Corte Constitucional. 2. Pruebas. Obran en el expediente, autenticadas, las sentencias laborales: de primera instancia de 1º de marzo de 1994 y de segunda instancia de 29 de julio de 1994  que corroboran lo dicho en la solicitud de tutela. - Aparecen copias de diversas solicitudes a la Subdirección Transitoria del Instituto Nacional de Vías, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio del Transporte. - Hay una respuesta del Ministerio de Obras Públicas y Transporte diciendo que la solicitud de cumplimiento de la sentencia laboral se trasladó al Instituto Nacional de Vías y una comunicación de dicho Instituto al Ministerio del Transporte remitiendo las peticiones. 3. Decisiones de tutela. 3.1. Del a-quo, fallo de 24 de marzo de 1995. Concedió la tutela, ordenó a la Nación-Ministerio de Transportes-Instituto Nacional de Vías que en 48 horas expidiera el Acto Administrativo que contuviera el reintegro del trabajador y fijó en 4 meses el plazo para que García instaurara el proceso ejecutivo laboral. 3.2. Del ad-quem, fallo de 8 de mayo de 1995. Revocó el de primera instancia, denegó la tutela con este argumento: "Pues bien, respecto al cumplimiento de sentencias, esta Sala de Decisión comparte en un todo los planteamientos esgrimidos constantemente por la H. Corte Suprema de Justicia que hacen precisa alusión, a que tales acciones sólo son procedentes a través de las vías judiciales ante la justicia ordinaria por los procedimientos correspondientes y no a través de la acción de tutela como mecanismo paralelo o sustitutivo, pues lo contrario sería usurpar claramente funciones y atribuciones (judiciales) precisamente consagrados y amparados por la misma Constitución Política. 4. Actitud del Instituto Nacional de Vías Por intermedio de apoderado, le solicita al juez de tutela: “eximir al Instituto Nacional de Vias de cualquier obligación generada por el cumplimiento de las sentencias que motivaron la acción de tutela interpuesta por  el señor Ricardo García Santamaría” Fundamenta su opinión en que el Instituto Nacional de Vias fue creado en uso de las atribuciones del artículo 20 Transitorio de la Constitución, que las sentencias laborales condenan es al Ministerio de Obras Públicas y Transporte y que el Instituto  Nacional de Vías no cuenta con vacantes. Adjunta el Decreto 2171/92 “Por el cual se reestructura el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte” y dentro del decreto está la reestructuración del Fondo Nacional que pasa a ser Instituto Nacional de Vías. Pero, se recuerda, fue el propio Ministerio de Transporte quien remitió  al Instituto Nacional de Vias para que resolviera lo del reitegro (la comunicación 29679/94 dirigida a la doctora Olga Lizarazo hace referencia de lo anterior). II. FUNDAMENTOS JURIDICOS A. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. B. Temas jurídicos Se reiterará jurisprudencia sobre dos temas. 1. Prevalencia de la acción de tutela para obtener el cumplimiento de una sentencia que ordena el reintegro de un trabajador. Es la sentencia T-537/94, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell; dice: “"La acción de tutela impetrada tiene como finalidad obtener el cumplimiento de una sentencia contra la administración. El ordenamiento jurídico está inspirado en la idea de asegurar, entre otros, el valor de la justicia (CP Preámbulo). Para su consecución, el Constituyente estableció entre los fines esenciales del Estado el de "asegurar la vigencia de un orden justo", condición indispensable para la convivencia pacífica (CP art. 2). Los derechos o intereses de las personas reconocidos o declarados en una sentencia, no serían efectivos sin la obligación correlativa de la administración de cumplir las sentencias judiciales". "El obligado cumplimiento de lo resuelto por los jueces y tribunales es una garantía institucional del Estado de Derecho y, al mismo tiempo, un derecho fundamental de carácter subjetivo que se deduce de los artículos 29 y 58 de la Constitución". "La obligación de toda persona de cumplir la Constitución y las leyes (CP art. 95) se realiza - en caso de reticencia - a través de la intervención del poder judicial. No es posible hablar de Estado de Derecho cuando no se cumplen las decisiones judiciales en firme o cuando se les atribuye un carácter meramente dispositivo". "La ejecución de las sentencias es una de las más importantes garantías de la existencia y funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho (CP art. 1) que se traduce en la final sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución. El incumplimiento de esta garantía por parte de uno de los órganos del poder público constituye un grave atentado al Estado de Derecho". "El sistema jurídico tiene previstos diversos mecanismos (CP arts. 86 a 89) para impedir su autodestrucción. Uno de ellos es el derecho fundamental al cumplimiento de las sentencias comprendido en el núcleo esencial del derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas consagrado en el artículo 29 de la Constitución (CP. Preámbulo, arts. 1, 2, 6, 29 y 86)". "Los derechos procesales fundamentales no restringen su efectividad a la existencia de un proceso. Ellos incluyen tanto el derecho a acceder a la justicia1 (CP art. 228) como el derecho a la ejecución de las sentencias en firme (CP arts. 1, 2 y 29). Lo contrario llevaría a restarle toda fuerza coercitiva a las normas jurídicas, convirtiendo las decisiones judiciales y la eficacia de los derechos en ellas reconocidos, en formas hueras, carentes de contenido". "La capital importancia que para el interés público tiene el cumplimiento de las sentencias obliga a los jueces y tribunales adoptar las medidas necesarias y  adecuadas para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales, lo mismo que a la autoridad condenada al cumplimiento oportuno". 2. La solución al problema que surge cuando una entidad estatal desaparece o es reemplazada o entra en liquidación y se pregunta: quien asume el cumplimiento de las obligaciones laborales?. Esta inquietud fue resuelta en la sentencia T-313/95, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero, así: “El art. 1º de la Ley 151 de 1959 establece: "Las empresas y establecimientos públicos descentralizados, cualquiera que sea la forma de administración adoptada, son parte de la administración pública; sus bienes y rentas, por su origen, son desmembración del patrimonio público, y están afectados a la prestación de servicio público, culturales o sociales....." El decreto 1050 de 1968 dice en su artículo 6º que las empresas industriales y comerciales del Estado tienen "capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de impuestos, tasas o contribuciones de destinación especial." Significa lo anterior que el patrimonio de esas empresas y su justificación jurídica emanan del Estado, y, éste debe acudir solidariamente en su respaldo cuando se trate del pago de obligaciones laborales. Por esta razón es explicable que la Ley 1º de 1991 ordene atender por cuenta de la Nación los pasivos Sociales de Colpuertos. Esta actitud no está  desligada de la teoría administrativa moderna. Aunque allí se habla de responsabilidad subsidiaria y no solidaria. Miguel Marienhoff[1] al hablar de la responsabilidad de las Entidades autárquicas dice: "Normalmente, la entidad misma hará frente a su responsabilidad, utilizando para ello los fondos o bienes de afectación de que dispone. Pero puede ocurrir que el ente autárquico no pueda hacer efectiva su responsabilidad, por insuficiencia o falta de activo. ¿Quién responde en tal supuesto? La doctrina -cuyas conclusiones comparto- halláse conteste en que, en tales eventos, responde el "Estado" creador del ente, ello por aplicación de los principios sobre responsabilidad "indirecta", que en nuestra legislación aparece contemplada en el artículo 1113 del Código Civil, cuyo texto dice así: "La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia o por las cosas que se sirve, o que tiene a su cuidado". En la especie, el ente autárquico sería el "dependiente" y el Estado el "principal". Trátase de una adaptación del supuesto contemplado en el artículo 1113 del Código Civil, al caso de responsabilidad del Estado por obligaciones    -cualquiera sea su origen- de una entidad autárquica, adaptación que juzgo plausible, no sólo por la similitud de situaciones, sino especialmente porque la propiedad de los bienes que la entidad autárquia tiene "afectados" par a el cumplimiento de sus fines, le pertenece al Estado. De manera que, en última instancia, la responsabilidad del ente autárquico debe ser cubierta por el Estado. Si bien en derecho privado los autores consideran que el responsable indirecto es solidario con el responsable directo, y que en ese orden de ideas el principal es deudor solidario de lo que resulte adeudar su dependiente, estimo que esa solidaridad no rige ni puede aceptarse en el supuesto de responsabilidad indirecta del Estado por una obligación de un ente autárquico, pues en este caso el principio de la responsabilidad indirecta no surge expresamente de ley alguna -como ocurre, en cambio, en el derecho privado-, sino que se recurre subsidiariamente a él al solo efecto de llenar  un vacío del ordenamiento jurídicolegal administrativo. En materia de patrón y dependiente la responsabilidad indirecta de aquél surge de texto "expreso"; de ahí que, como lo sugiere la doctrina, glosando los textos del derecho privado, la responsabilidad de patrón y dependiente sea solidaria. Pero eso no ocurre respecto a la responsabilidad del Estado por obligaciones de una entidad autárquica: de ahí que no pueda hablarse de responsabilidad "solidaria", y que sólo deba hablarse de responsabilidad "subsidiaria" del Estado por la obligación del ente autárquico. El Estado es responsable, pero no en forma solidaria, sino en forma subsidiaria, o sea únicamente cuando el ente autárquico efectivamente no pueda hacer frente a su responsabilidad con los fondos o bienes que le fueron afectados para el cumplimiento de sus fines. El acreedor del ente autárquico no puede, por el solo hecho de serlo, requerirle el pago directamente al Estado. La de éste es una obligación "subsidiaria", no una obligación solidaria." Si lo anterior se predica de institutos públicos descentralizados, con mayor razón de ministerios. Si la denominación del Ministerio ha cambiado, ello no es justificación para eludir una obligación laboral, máxime cuando la demanda se dirigió contra la Nación y la parte resolutiva determina: “Ordenar al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, representado por el Ministro Doctor Jorge Iván Bendeck Olivella o quien haga sus veces, a reintegrar al señor Ricardo García Santamaría al cargo que venía desempeñando al momento del despido o a una igual o superior categoría....” Tal cargo era: “Capataz VI en el Distrito Nº 15 -Bucaramanga- Seccional Barbosa” Este cargo hacen parte de los Distritos de Obras Públicas que orgánicamente están, según el artículo 6º del Decreto 2664/93, dentro del Instituto Nacional de Vias, con la misma determinación de Distrito Nº 15 (Bucaramanga) y con 12 capataces (hojas 14, 12, 52 del decreto 2664/93). Frente a los hechos y según estas dos jurisprudencias habrá esta determinación. C. El caso concreto Se afirma que García no ha sido reintegrado. Su reinstalación obedece a una sentencia judicial. No puede eludirse la determinación de los jueces de las dos instancias que han creado no sólo un derecho adquirido sino que hacen viable otros derechos fundamentales: el acceso a la justicia y el derecho al trabajo. Por consiguiente, la orden será la misma que dió el a-quo, con fundamento en las jurisprudencias que se reiteran en el presente caso. En cuanto a la liquidación de las sumas debidas, algo diferente al reintegro, la vía adecuada es el juicio ejecutivo laboral, por consiguiente no puede ordenarse por la tutela. Es que una cosa es la obligación de hacer (reintegro) y otra la de dar sumas de dinero. Aquí se protege el núcleo esencial de la persona a una ubicación laboral concreta, señalada y adquirida por decisión  jurisdiccional que surge del acceso a la justicia y por eso se ordenará que la Nación y concretamente el Instituto Nacional de Vias reintegre al trabajador según lo ordenó la jurisdicción ordinaria laboral y, el acceso a la justicia incluye el cumplimiento de lo ordenado. En mérito de lo expuesto la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución RESUELVE PRIMERO Revócase la sentencia de segunda instancia materia de revisión y en su lugar, concédase la tutela por violación al derecho al trabajo y consecuencialmente ordénase al Instituto Nacional de Vias que en el término de 48 horas hábiles dé cumplimiento  a las sentencias  de la jurisdicción ordinaria laboral en cuanto se determinó el reintegro del Ricardo García Santamaria al cargo que venía desempeñando al momento del despido o uno de igual o superior categoría. No se tutela en cuanto a los otros pedimentos. SEGUNDO Comuníquese al Juez de primera instancia para las notificaciones y efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2191 de 1991. TERCERO  El Juez de primera instancia vigilará el cumplimiento de este fallo. Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA. Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-431 del 24 de junio de 1992. [1]Tratado de Derecho Adminsitrativo, T.I., pág. 440 yss.

T-456-95 Sentencia No. T-456/95 Sentencia No. T-456/95 ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Inexistencia por diferentes actores/ACCION DE TUTELA INTERPUESTA POR MENOR Respetándose la autonomía de la peticionaria, se entrará a estudiar la presente tutela así hubiere un fallo anterior, pero con diferentes solicitantes. Además, por el número de la tarjeta de identidad se deduce que la joven nació en 1979, luego es una niña consciente de sus actos, sin que para hacer respetar sus derechos fundamentales deba acogerse a la patria potestad. Cualquier persona puede instaurar la tutela, sin distingo de edad. COMPETENCIA DEL JUEZ DE TUTELA-Licencia de establecimiento En cuanto a si por medio de la tutela se puede ordenar cancelación de la licencia de funcionamiento a establecimientos ubicados en zonas residenciales, se puede decir que es un tema propio del procedimiento policivo, pero el Juez de tutela en algunos casos puede ordenar a la autoridad policiva la cancelación de la licencia. Hay que aclarar que el juez constitucional no puede dar la orden de cancelar la licencia de funcionamiento porque los locales comerciales expendan bebidas al público, esto será dilucidado por la autoridad policiva, ni porque estén en la parte baja de un edificio que permita que haya locales comerciales, esto lo definen los copropietarios, lo que puede hacer el Juez Constitucional es examinar si se afecta o no un derecho fundamental. Y, dentro de este contexto, el juez de tutela puede dar la orden a la autoridad policiva de proceder a dicha cancelación si el ruido contaminante supera el nivel permitido para las zonas residenciales. Mediante la acción de tutela no se puede dictar órdenes generales como la pedida por la solicitante, para que la Alcaldía no de licencias para "establecimientos públicos ruidosos", si perturban la tranquilidad de los copropietarios de un edificio de propiedad horizontal. La Alcaldía, tiene entre sus funciones la de expedir licencias de funcionamiento, sometiéndose, claro está, a las normas que regulan esta materia y su determinación, si es ilegal, es demandable. Pero, no puede, a priori, ordenarse que no cumpla tal función. ACCION DE TUTELA CONTRA EL RUIDO-Límite de decibeles/DERECHO A LA TRANQUILIDAD-Vulneración por ruido/DERECHO A LA SALUD-Vulneración por ruido/DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Vulneración por ruido En este aspecto incide el reglamento de propiedad horizontal puesto que si la zona es comercial y residencial habrá que calificar el volumen del ruido según la caracterización que se le dé al edificio, otra cosa muy diferente sería que el edificio estuviera destinado preferencialmente para establecimientos comerciales. ACCION DE TUTELA CONTRA EL RUIDO-Prevención Ha llegado de la Alcaldía información en el sentido de que los establecimientos ya fueron retirados del edificio. Esto implica que la orden a dar será como llamado de prevención. REF: Expediente Nº 71817 Procedencia: Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio. Peticionario: Natalia Camacho Temas: -El ruido como factor contaminante. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá , D.C., nueve (9) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-71817 adelantado por Natalia Camacho contra la Alcaldía de Villavicencio. ANTECEDENTES 1. Solicitud. En su primera parte la petición es general: "Que se le prohiba a la Alcaldía de Villavicencio conceder licencias para establecimientos públicos ruidosos que perturban la tranquilidad de los copropietarios en un edificio de propiedad horizontal". En su segunda parte, ya es concreta, en cuanto pide protección para los residentes en el edificio "El Raudal" ya que allí, en el primer piso, funcionan la "Tienda guasca, música y guaro" y la "Tienda guascarrilera" que con sus ruidos afectan a los inquilinos del edificio, especialmente a la solicitante quien ve perturbado su sueño y tranquilidad, alterado su derecho a la intimidad, paz y sosiego, afectado su tiempo de preparación de tareas escolares. Se dirige la tutela, NO contra los productores del ruido sino contra el Municipio porque éste no ha sido eficiente en el control de establecimientos y de restricción al ruido. La tutela fue instaurada el 31 de marzo de 1995 y obran en el expediente: -Peticiones a la alcaldía sobre el mismo tema, el 29 de septiembre de 1994, 12 de octubre de 1994, 21 de marzo de 1995, diciembre 19 de 1994, el 3 de febrero de 1995, firmadas por quien al parecer es la madre de la solicitante. -Informes de la policía sobre reclamos de los vecinos por reiteradas faltas de los establecimientos mencionados por permanecer abiertos hasta las 4-50 de la madrugada y por alterar la tranquilidad del sector. Estos informes tienen fechas distintas y hablan de reiteración en las violaciones. -La administración municipal se limitó a informar: a- los requisitos para expedir las licencias de funcionamiento. b- Las medidas  que ha tomado para impedir la invasión de espacio público. c- Indicaciones sobre licencias en trámite de los establecimientos relacionados en esta tutela. d- y, RESPECTO DEL RUIDO, se dice en unas "Actas de visita" que en el momento de practicarse, era el "normal para la clase de establecimiento". 2. Fallo de 16 de mayo de 1995, Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio. Concedió la tutela, ordenándosele al Alcalde que de inmediato cancelara la licencia de funcionamiento de los dos establecimientos: Tienda guasca y Tienda guascarrilera, o no concediera la licencia y, que se impida instalar otros establecimientos que no sean compatibles con el uso residencial del sector. La orden  no fue impugnada. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS A. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. B. Temas Jurídicos frente al caso concreto. 1. Antes que todo es preciso aclarar dos temas: 1.1. Al parecer, sobre el mismo aspecto había instaurado tutela Marisela Brochero Ospina y hubo pronunciamiento desfavorable a sus pretensiones. La Corte, dijo, en otro caso donde se presentó esta circunstancia, lo siguiente: "Para que exista acción temeraria a la luz de la mencionada norma, es indispensable que, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea instaurada 'por la misma persona o su representante' ante varios jueces o tribunales, lo que evidentemente no acontece cuando quienes actúan son personas naturales o jurídicas diversas, empeñadas cada una en la defensa de sus propios derechos fundamentales, así los hechos que dan origen a la acción sean los mismos y las pretensiones idénticas. En este aspecto debe atenderse al principio de la autonomía del interés para accionar en cuanto, como lo ha repetido la Corte, la acción de tutela ha sido introducida en nuestro derecho para la protección cierta de derechos fundamentales subjetivos, individuales, sin que para su procedencia se haga indispensable conformar consorcio procesal alguno entre quienes pretenden acudir a ella".[1] Significa lo anterior que, respetándose la autonomía de la peticionaria: Natalia Carolina Camacho, se entrará a estudiar la presente tutela así hubiere un fallo anterior, pero con diferentes solicitantes. Además, por el número de la tarjeta de identidad se deduce que la joven nació en 1979, luego es una niña consciente de sus actos, sin que para hacer respetar sus derechos fundamentales deba acogerse a la patria potestad. Cualquier persona puede instaurar la tutela, sin distingo de edad. 1.2. Se trata de saber si la contaminación por ruido se considera violación a un derecho fundamental y si por medio de la tutela se puede ordenar cancelación de licencia de funcionamiento a establecimientos ubicados en zonas residenciales. En cuanto a lo primero, ello es posible si se afecta un derecho fundamental, por ejemplo el derecho a la salud. En cuanto a lo segundo, se puede decir que es un tema propio del procedimiento policivo, pero el Juez de tutela en algunos casos puede ordenar a la autoridad policiva la cancelación de la licencia. 2. Queda entonces claro que, en lo que respecta al caso que motiva esta tutela, se le puede dar a la solicitante protección ante la posible violación por el exceso en el ruido producido por los establecimientos ubicados en el edificio donde ella vive, porque hay derecho a no ser contaminado por el ruido, pero hay que aclarar que el juez constitucional no puede dar la orden de cancelar la licencia de funcionamiento porque los locales comerciales expendan bebidas al público, esto será dilucidado por la autoridad policiva, ni porque estén en la parte baja de un edificio que permita que haya locales comerciales, esto lo definen los copropietarios, lo que puede hacer el Juez Constitucional es examinar si se afecta o no un derecho fundamental. Y, dentro de este contexto, el juez de tutela puede dar la orden a la autoridad policiva de proceder a dicha cancelación si el ruido contaminante supera el nivel permitido para las zonas residenciales. Si la licencia ya fue cancelada, o si no fue otorgada, o si los establecimientos  fueron retirados, de todas formas se hará el llamado a prevención a la autoridad correspondiente previniéndola para que en ningún caso se vuelva a repetir que el ruido supere los niveles sonoros máximos permisibles, de lo contrario, se hará acreedora dicha autoridad a las sanciones correspondientes, de acuerdo con el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. Se recalca, mediante la acción de tutela no se puede dictar órdenes generales como la pedida por la solicitante, para que la Alcaldía no de licencias para "establecimientos públicos ruidosos", si perturban la tranquilidad de los copropietarios de un edificio de propiedad horizontal. La Alcaldía, tiene entre sus funciones la de expedir licencias de funcionamiento, sometiéndose, claro está, a las normas que regulan esta materia y su determinación, si es ilegal, es demandable. Pero, no puede, a priori, ordenarse que no cumpla tal función. 3. En cuanto a la molestia que algunas actividades pueden ocasionar a los asociados, esta Corte Constitucional ha dicho: "La vida en sociedad genera para el ser humano ciertas cargas propias de la interacción social. Este es el caso del ruido. Ciertamente, la vida social supone la tolerancia de la existencia de la alteridad, es decir, del otro. Esa otra persona tiene derecho a ser y, en consecuencia, a ejecutar todas sus manifestaciones de existencia como la producción de su propio ruido, obviamente limitado por los derechos de los demás y el orden jurídico (art. 16 C.P.)."[2] 4. Hechas las anteriores precisiones, y continuando con la sentencia T-357/95, allí se formuló la respuesta jurídica a la perturbación por ruido excesivo: "Ahora bien, surge una pregunta: ¿el ejercicio abusivo de la producción de ruido podría llegar a vulnerar o amenazar un derecho fundamental?. La respuesta es afirmativa. Como primera medida, el ruido es reconocido como agente contaminante del medio ambiente, tanto por la legislación nacional (Decreto No. 2811 de 1974) como por la jurisprudencia de esta Corporación[3].  Así mismo, la Corte Constitucional ha reiterado en múltiples sentencias que el medio ambiente no es derecho fundamental por naturaleza, sin embargo, cuando existe una violación de un derecho fundamental, como la salud o la vida, es posible que proceda la tutela probándose la relación causal entre la actividad que vulnera el medio ambiente y el daño al derecho fundamental respectivo. En ese orden de ideas, es posible que el ruido llegue a niveles en los cuales viole o amenace violar un derecho fundamental como el de la salud, en cuyo caso pueda ser tutelado, en tanto y en cuanto, se logre comprobar el nexo entre la conducta acusada violatoria del medio ambiente y el daño o amenaza al derecho fundamental. Es decir, si no se rebasa la escala sonora, no hay abuso. Dentro de los parámetros de la sentencia T-357/95 se reitera: "El nivel de tolerancia social del ruido está condicionado, principalmente, por la situación espacial y temporal en la cual se produce. En efecto, el Ministerio de Salud Pública expidió la Resolución No. 8321 de 1983, por la que "se dictan normas sobre protección y conservación de la audición de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos". En su artículo 17, la Resolución citada determina los niveles de ruido máximos permisibles según el lugar y la hora en que se produzca su emisión: Artículo 17.- Para prevenir y controlar las molestias, las alteraciones y las pérdidas auditivas ocasionadas en la población por la emisión de ruido, se establecen los niveles sonoros máximos permisibles incluidos en la siguiente tabla: TABLA NUMERO I Zonas receptoras Nivel de presión sonora de dB (A) Período diurno     Período nocturno 7:01a.m.-9p.m. 9:01p.m.-7a.m. Zona I residencial                 65                              45 Zona II comercial                  70 60 Zona III industrial                 75                              75 Zona IV de tranquilidad        45                              45 Parágrafo 1º - Para efectos del presente artículo la zonificación contemplada en la Tabla número I, corresponde a aquella definida o determinada por la autoridad competente en cada localidad y para cada caso. (...) Así mismo, el artículo 21 del precitado acto normativo reitera, en general, la obligatoriedad del artículo 17 ibídem, al establecer lo siguiente: Artículo 21.- Los propietarios o personas responsables de fuentes emisoras de ruido, están en la obligación de evitar la producción de ruido que pueda afectar y alterar la salud y el bienestar de las personas, lo mismo que de emplear los sistemas necesarios para su control con el fin de asegurar niveles sonoros que no contaminen las áreas aledañas habitables. Deberán proporcionar a la autoridad sanitaria correspondiente la información que se les requiera respecto a la emisión de ruidos contaminantes. Luego, la Resolución mencionada, en su artículo 22, determina el respeto a la intimidad en su componente de tranquilidad auditiva específicamente en las relaciones entre vecinos, sin atender a la actividad que desempeñen, estableciendo que "ninguna persona permitirá u ocasionará la emisión de cualquier ruido, que al cruzar el límite de propiedad del predio originador pueda exceder los niveles establecidos en el Capítulo II de la presente resolución". Claramente, la norma prohibe la intromisión arbitraria de un vecino al predio de otro, a través del ruido que sobrepase los niveles permitidos. En el artículo 23 ibídem, se les exige a los establecimientos, locales y áreas de trabajo el estricto cumplimiento de los niveles sonoros permisibles. En el artículo 25 ibídem, así mismo, a las actividades de diversión, como discotecas,  se les prohibe la emisión de sonidos capaces de perturbar a los habitantes de las zonas próximas. En ese orden de ideas, se vincula al cumplimiento de una determinada contención en el sonido tanto a los comerciantes como a las personas comunes. Así, las personas que tengan fuentes productoras de sonido que rebasen las escalas sonoras antes citadas están ejerciendo en forma abusiva su derecho a producir ruido." 5. Natalia Camacho plantea, además del exceso de ruido, una inquietud: que en las zonas residenciales no puedan funcionar establecimientos que produzcan ruido excesivo. Ya se dijo en esta fallo que se protege la alteridad y que mediante la tutela no se pueden producir prohibiciones para todos los casos. Pero, es importante agregar otra inquietud que surge de lo planteado por Natalia Camacho: si la zona es tanto residencial como comercial[4], cuál será el límite de decibeles permitido en el edificio "El Raudal"? Razonablemente tiene que ser el fijado para zona residencial porque el estatuto de propiedad horizontal de tal edificio le da a éste la categoría de edificio residencial. En este aspecto incide el reglamento de propiedad horizontal puesto que si la zona es comercial y residencial habrá que calificar el volumen del ruido según la caracterización que se le dé al edificio, otra cosa muy diferente sería que el edificio estuviera destinado preferencialmente para establecimientos comerciales. 6. Otro aspecto a tratar es el de la efectividad de la orden que se dé en la sentencia de tutela. En principio será la Alcaldía quien le hará cumplir, pero, en un caso semejante la Sala Sexta de Revisión, fijó una medida adicional: "Para que se cumpla con el principio de la eficacia (art. 3º, decreto 2591/91), se establecen estos efectos del fallo para el caso concreto (art. 23, ibidem): Como es el Juez de primera instancia quien hace cumplir el fallo de tutela y quien además mantiene la competencia hasta cuando "esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza" (art. 27 ibídem), entonces, será dicho juez constitucional el competente para determinar, mediante providencia, la eliminación de la causa de la amenaza, si esta se produce con posterioridad a este fallo, ordenando al Alcalde Local que en el término de 48 horas cancele la licencia de funcionamiento. Es obvio que para tomar tal determinación, debe actuar con fundamento en las pruebas o en las informaciones pertinentes que le envién las autoridades policivas, y, si éstas son renuentes a prestar esa obligatoria colaboración, se aplicarán las sanciones respectivas; y, también es justo que, si el mismo interesado presenta prueba que le de al juez de tutela el convencimiento respecto de la situación litigiosa (art. 22 decreto 2591/91) se haría también efectiva la orden de cancelarse la licencia."[5] Pero ocurre que ha llegado de la Alcaldía de Villavicencio información en el sentido de que los establecimientos "Tienda Guasca y Tienda Guascarrilera" ya fueron retirados del edificio. Esto implica que la orden a dar será como llamado de prevención. 7. Respecto a la paz y la armonía, se reitera jurisprudencia: "Es menester definir si se presenta violación o amenaza de un derecho fundamental por la ocurrencia de la conducta acusada. En lo que atañe a la presunta violación de los derechos a la paz y a la armonía social, "sería un desconocimiento del verdadero significado de la paz, suponer que siempre que a una persona le perturbe el efecto del que hacer de otra, se lesione por ello el derecho fundamental a la paz; no hay que confundir la paz constitucional con la tranquilidad subjetiva de uno de los asociados"[6]. No se trata, pues, de una violación a la paz, sino de la posible violación de la tranquilidad. Esta a su vez, se deriva del derecho a la vida digna y es un componente del derecho a la intimidad, en la medida en que éste supone un ambiente reposado, sosegado, cuya serenidad sólo puede modificar, precisamente, el propio titular del derecho. En el presente caso, no se puede hablar de violación a la paz, ni hay prueba de que se afectara la dignidad del solicitante o su intimidad." En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO.- MODIFICAR la decisión del Tribunal Superior de Villavicencio, Sala Penal, proferida en la tutela de la referencia. En su lugar hacer un llamado a prevención para que en el futuro si llegaren a funcionar tales establecimientos en el edificio El Raudal, no produzcan ruido en niveles superiores a los establecidos: 65 decibeles en el período diurno y 45 en el nocturno, adoptando las medidas indicadas en la parte motiva de este  fallo. SEGUNDO.- Comuníquese lo resuelto en esta providencia a la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio para las notificaciones y efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. TERCERO.- Envíese copia de este fallo al Defensor del Pueblo. Cópiese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaría General [1]T- 014/94, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernandez . [2]T-357/95, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. [3]Corte Constitucional. Sentencias Nos. T-411/92, T-308/93, T-025/94 y T-226/95, entre otras. [4]En el expediente existe constancia de la Secretaría de Planeación Municipal que dice: "De acuerdo con el Código de Urbanismo existente y con los usos del suelo actual, la zona donde se encuentra ubicado el edificio es una zona de Actividad Comercial y Residencial"..... "Para la actividad comercial son permitidos los comercios tipo 1 y 2. En el comercio tipo 2 están contemplados la venta de servicios locales, los cuales comprenden los siguientes: clubes y sedes sociales, cafés conciertos, bolos, cines, tabernas y discotecas". [5]Sentencia Nº T-  /95, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. [6]Corte Constitucional. Sentencia No. T-028 del 31 de enero de 1994. M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

T-457-95 Sentencia No. T-457/95 Sentencia No. T-457/95 ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Disgustos entre vecinos Tratándose de particulares, la tutela sólo es admisible en los casos del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 y, sólo remotamente pudiera pensarse en la circunstancia del numeral 9º de tal artículo, pero en el presente caso se trata de personas de edad, sin relación alguna de subordinación ni de indefensión entre ellos, luego no cabe la acción. Además, la petición hecha por la solicitante se orienta a lograr que las autoridades policivas ejerzan una vigilancia permanente sobre Jiménez y ocurre que la tutela no se dirigió contra dichas autoridades. DERECHO A LA VIDA-Disgustos entre vecinos Por el hecho de vivir en sociedad las personas deben respetar los principios de convivencia y no es una carga admisible la de soportar consuetudinariamente los insultos de un vecino. Por supuesto que las autoridades policivas deben estar pendientes de la protección a la vida de las personas y para evitar que los incidentes lleguen o vayan más allá de una contravención, es necesario reclamar de las autoridades policivas una mayor diligencia en la prevención de cualquier infracción y en la corrección de las alteraciones a la tranquilidad de los asociados. REF: Expediente Nº73405 Peticionario: Indira Lucía Sanjuán Padilla Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla Tema: Disgustos entre vecinos. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá , D.C., nueve (9) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En la acción de tutela radicada bajo el Nº73405 interpuesta por Indira Lucía Sanjuán Padilla. ANTECEDENTES 1. Solicitud. Indira Lucía Sanjuán Padilla, mayor de edad, instauró acción de tutela contra el particular Oscar Rafael Jiménez porque: "Desde hace aproximadamente 5 años, el señor OSCAR RAFAEL JIMENEZ NARVAEZ, ha tenido una persecución contra mí familia, que por tal motivo, nos tocó firmar fianza ante la Inspección Once de Policía Municipal de esta ciudad, en septiembre 1991. En vista que el señor OSCAR RAFAEL JIMENEZ NARVAEZ cada vez que llega embriagado, éste señor, es decir cuando llega borracho por la casa, enseguida comienza su ataque contra mí familia, a mí mamá la trata de coya, puta, cachona, etc, a mí papá lo trata de "marica, sádico, enfermo" y a la suscrita me trata de "cachona, que no la he comido o mamado porque no he querido" igualmente me trata de puta, hija de puta, también nos tiene amenazados de muerte a todos en la casa. También lanza los envases de licor contra la terraza de la casa, poniendo en peligro nuestras vidas. Para el mes de enero de este año, también comenzó su ataque contra nosotros, con los mismos términos y amenaza de muerte, hasta el punto de tener nosotros de mantenernos encerrados en la casa, cada vez que este señor llega borracho, nuevamente tuvimos que recurrir ante la Inspección Once de Policía Distrital, para que ellos tomaran la decisión de controlar a este señor  RAFAEL JIMENEZ NARVAEZ. Hoy en día mí familia vive en una situación de nerviosismo, de inseguridad, ya que tememos que en cualquier momento este señor nos ataque, y sabemos también que nuestra vida corre peligro con este señor OSCAR RAFAEL JIMENEZ NARVAEZ, ya ni siguiera podemos salir a la puerta de la casa, porque tememos por nuestras vidas, por eso ruego a la justicia tomar una decisión sabía en esta situación, que si no se decide algo favorable es probable que más tarde no existamos alguno de mí familia." Solicita que se le ordene a las autoridades de policía vigilancia permanente sobre Jiménez. 2. Elementos de juicio. Se trata de un disgusto entre vecinos. De las diferentes versiones se puede hacer este relato: se comenta que el padre de la solicitante, señor William Sanjuán, en alguna o algunas oportunidades observó subrepticiamente a la esposa de Oscar Jiménez cuando ella, en el patio de la casa, estaba desvestida. Por tal razón Jiménez le formó problema, lo calificó de mórbido, luego le agregó el calificativo de homosexual. Es particularmente escandalosa la conducta de Oscar Jiménez cuando se embriaga y esto es de público conocimiento y significa alteración a la armonía que debe existir entre vecinos. Con el paso del tiempo los insultos ya no fueron solo contra William sino contra su esposa e hija. Es esta última quien precisamente instaura la tutela. Las pruebas indican que evidentemente hay permanentes disgustos entre Jiménez y Sanjuán y desde septiembre de 1991 están caucionados por la Inspección 11 de Policía Municipal. 3. Decisión del Juzgado. El 5 de junio de 1995, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla denegó la tutela, porque no hay peligro para la vida de la solicitante y dice que se debe acudir ante la justicia ordinaria por los insultos que entrañan señalamientos deshonrosos. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS A. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. II. CASO CONCRETO. Según se desprende de los elementos de juicio relacionados, el consuetudinario estado de hostilidad desplegado por Oscar Jiménez contra la familia Sanjuán significa una alteración a la forma de vivir de la solicitante. No es prudente que esto continúe ocurriendo, el juez de primera instancia insinúa una querella por calumnia e injuria, en el expediente aparece copia de una diligencia de caución que aún está vigente, la pregunta será si la definición de este conflicto puede darse mediante sentencia de tutela. Tratándose de particulares, la tutela sólo es admisible en los casos del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 y, sólo remotamente pudiera pensarse en la circunstancia del numeral 9º de tal artículo, pero en el presente caso se trata de personas de edad, sin relación alguna de subordinación ni de indefensión entre ellos, luego no cabe la acción. Además, la petición hecha por la solicitante se orienta a lograr que las autoridades policivas ejerzan una vigilancia permanente sobre Jiménez y ocurre que la tutela no se dirigió contra dichas autoridades y además que la solicitante no ha hecho gestión alguna para que la caución contra Jiménez sea efectiva. No obstante lo anterior, la Corte observa que por el hecho de vivir en sociedad las personas deben respetar los principios de convivencia y no es una carga admisible la de soportar consuetudinariamente los insultos de un vecino. Por supuesto que las autoridades policivas deben estar pendientes de la protección a la vida de las personas y para evitar que los incidentes lleguen o vayan más allá de una contravención, es necesario reclamar de las autoridades policivas una mayor diligencia en la prevención de cualquier infracción y en la corrección de las alteraciones a la tranquilidad de los asociados y por eso se considera conveniente remitir copia del presente fallo al Inspector Once de Policía de Barranquilla para que se informe de lo que está ocurriendo en el asunto que él conoció y por el cual caucionó. En mérito de lo expuesto la Sala Séptima de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandamiento de la Constitución. RESUELVE: PRIMERO.- Se confirma la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla, en la tutela de referencia, el 5 de junio de 1995, por las razones expuestas en este fallo. SEGUNDO.- La autoridad de policía de la localidad, Inspección Once de Barranquilla, será informada, mediante remisión de la copia de este fallo, para que tome las medidas pertinentes. TERCERO.- Comisionar al Juez de primera instancia para que notifique la sentencia a las partes y adopte las decisiones necesarias señaladas en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA MONCALEANO Secretaría General

T-458-95 Sentencia No. T-458/95 Sentencia No. T-458/95 ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Padre alcohólico/INDEFENSION-Padre alcohólico Para los hijos la indefensión se presume y para la esposa se deduce del consuetudinario estado de embriaguez en que vive el demandado, lo cual ha significado una alteración en la forma de vivir de la solicitante y sus hijos, hay disfuncionalidad del hogar y hasta el mismo hecho de que la demandante y sus hijos vivan donde la familia del cónyuge y esta familia no se aguante la conducta de su hijo, es indicativo de que es muy tensa la situación. DERECHO A LA VIDA-Padre alcohólico/DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL-Padre alcohólico Es particularmente amenazante la conducta del demandado cuando constata que su esposa no se encuentra en la casa de sus familiares, de lo cual deduce el cónyuge que ella se encuentra con otros hombres. No puede esta presunta conducta de la esposa justificar una actitud violenta de quien por su embriaguez habitual convirtió su hogar en algo que no funciona. Por eso se estima prudente ordenarle al demandado, que no continúe en su estado de irresponsabilidad ni que formule amenaza alguna contra su cónyuge, ni menos agredirla. Las autoridades policivas deben estar pendientes de la protección a la vida de las personas, pero, también el Juez de tutela, ante la situación de indefensión, debe pronunciarse y la acción cabe en el presente caso puesto que la causa de la intranquilidad perjudica a seres humanos situados en condiciones de indefensión frente a quien se instauró el amparo y, por tanto, deben darse las órdenes que impidan la repetición de actos que atentan contra derechos fundamentales. REF: Expediente Nº73929 Peticionario: Lucelys Ballesteros González Procedencia: Tribunal Superior de Cartagena, Sala de Familia. Tema: Padre alcohólico. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá , D.C., nueve (9) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En la acción de tutela radicada bajo el Nº 73929, interpuesta por Lucelys Ballesteros González y otros con número de radicación 73929. ANTECEDENTES 1. Solicitud. La señora Lucelys Ballesteros González en nombre propio y en el de sus hijos menores Alexander, David, Richard y Cristian instauró acción de tutela contra su cónyuge Amaury Vega Ruiz. Dice ella: "por medio del presente escrito me permito presentar ante su despacho Acción de Tutela de los derecho fundamentales a la vida, integridad, al cuidado, al amor, consagrados en el Artículo 44 de la Constitución Nacional, los cuales están siendo gravemente violados por su padre alcohólico, señor AMAURY VEGA RUIZ, debido a sus acciones totalmente agresivas, vulgares e irresponsables, ya que éste me agrede delante de ellos, al niño mayor le dice que yo estoy preñada de varios hombres porque me la paso C---------------o; también le dice a sus padres y hermanos que son unos alcahuetas porque me tienen recogida en su casa con mis hijos, le tira piedras a la casa y parte objetos dentro de ella. Todos estos escándalos son delante de la colectividad y menores de edad. He asistido al ICBF, allí nos hicieron terapia a los dos pero él asistió una sola vez, fuimos a Alcohólicos Anónimos, asistimos a varias reuniones y después me dijo que él no seguiría asistiendo a ninguna Mo--a. También asistí a la Inspección de Policía de Tacarigua, comuna 20 para que lo citaran a firmar una fianza de paz y en ningún momento ha querido asistir. Deseo que mis hijos y yo tengamos paz y tranquilidad, que cesen las amenazas y vulgaridades del padre de ellos y se les brinde total e inmediatamente protección al igual que a su familia, ya que al menos mis dos hijos mayores están presentando fuertes traumas, pues el mayor se la pasa llorando en el colegio y el segundo de escasos 9 años me dice que yo hable con la Policía para que lo maten y de esta forma poder descansar de él. El señor AMAURY VEGA RUIZ, vive en el barrio Los Calamares, 5º Etapa, quiosco de Cocacola. Sus padres DONEMIL VEGA y CONCEPCION RUIZ; su hermano DIXON VEGA RUIZ, la esposa de éste PRISCILIANA VARGAS sus hijas MARIA CONCEPCION, SUSANA, DELCY, el otro hermano de AMAURY, JOSE GREGORIO RUIZ, vivimos en el barrio Los Calamares, 5º Etapa, M-90, Lote 11 de Cartagena". El Juez de tutela fue particularmente acucioso en la recolección de la prueba y es bastante preciso el resumen que hace de ella: "III. Diligencias y pruebas ordenadas en este estrado: 1. Declaración de Concepción Ruíz de Vega, fol. 14, quien dice que Amaury Vega cuando está bueno y sano es buena persona, cariñoso, llama a sus hijos y  quiere estar con ellos pero cuando toma, cuando está borracho, es distinto, va a la casa a decir groserías y vulgaridades a LUCELYS y a ella, a la declarante la trata de alcahueta, cuando sus hermanos van a reclamarle sale corriendo; cuando toma también le dice groserías a sus hijos. Lucelys lo ha acompañado a Alcohólicos Anónimos y ha asistido con él a la religión evangélica, a Bienestar Familiar, pero él no sigue el tratamiento, hoy Amaury no vive en su casa porque lo echaron sus hermanos; que promete enmedarse pero a los dos días lo olvida y vuelve a insultarla; fol. 14 y 15. Concepción es la madre de Amaury, vive con Lucelys, los menores hijos y con los hermanos de Amaury y; que Amaury cada vez que consigue plata se la lleva a Lucellys para el sostenimiento de ella y de sus hijos. 2. Amaury Vega, bajo juramento, fol. 26 y 29 afirma, haber hecho hasta tercero de bachillerato, vive en un kiosco de la Cocacola que queda como a seis casas de distancia de donde vive Lucelys con sus hijos, que a sus hijos los cuida su mamá Concepción porque Lucelys la mayoría de las veces está en la calle, tanto de día como de noche que él sostiene a sus hijos, cuando no trabaja Lucelys presta plata que él paga posteriormente, durante varios días han estado comiendo de lo que gana David, el segundo de sus hijos que trabaja como esparring en una buseta. No vive con Lucelys porque le dió a guardar una plata y ella se la prestó a Prisciliana, la esposa de su hermano y cuando le cobró lo golpearon y lo echaron de la casa. No trabaja desde el 5 de mayo, cuando quiere hablar con sus hijos los manda a buscar, esto sucede todos los días, mantiene con ellos un trato normal, toma cada 8 días, cuando tiene plata. Con Lucelys se "comporta cruel, porque la mayoría de las veces que yo llego con tragos la encuentro en la calle y eso me da rabia", el mas allegado de sus hijos es Alexander que vive con él en el kiosco. Todos los niños ven cuando trata de manera cruel a Lucelys, y el resto de la familia también se da cuenta pero no le dicen nada a Lucelys porque se la pasa en la calle. No trata mal a sus hijos, pues cuando está borracho ellos le quitan mas plata. Confirma haber estado en Bienestar Familiar donde le dieron el lado a Lucelys, a quien trata mal porque vive en la calle, en el turno de los buses y a ningún hombre le gusta "que a su mujer le estén cruzando el brazo otros machos y sobándola por el cuello, por eso es que yo soy cruel con ella, a veces yo llego a la casa y no me había hecho la comida por estar en la calle". 3. Priscila Vargas, fue citada a declarar fols. 8 y 12, apareciendo constancia de su no comparecencia al fol. 20. 4. El señor Inspector de Policía de la Comuna #20 envía la boleta de citación que le fue dirigida a Amaury Vega para la firma de una fianza de paz con Lucelys, sin que comparecieran ambos, fol. 22 a 24. 5.  La Coordinadora del Centro Zonal Sociolegal 1050 nos remitió el estudio socio-familiar efectuando en el hogar de los menores Vega Ballesteros, para verificar la situación en que se encuentran los menores, así: La pareja se encuentra separada a consecuencia de la enfermedad que padece Amaury Vega, como adicto al Alcohol, quedando los menores al cuidado de la madre quien vive con sus menores hijos en la casa de propiedad de un tío paterno, con un total de 6 personas adultas más, y 7 niños; que la separación se produce a consecuencia del alcoholismo, pues en ese estado Vega adopta comportamiento violento. Afectando a los niños. La conclusión es la de que se carece de unidad familiar para afrontar el problema de alcoholismo y darle apoyo a Lucelys con sus cuatro hijos". Se adjuntaron al expediente los registros civiles de los hijos, ellos son menores, nacieron: Alexander el 27 de octubre de 1983, David el 27 de marzo de 1986, Richard el 17 de marzo de 1988 y Cristian el 3 de junio de 1990. 3. Decisión del Tribunal. El 9 de junio de 1995, el Tribunal Superior, Sala de Familia de Cartagena denegó la tutela, porque: "no obstante que los hechos acusados a su autor, el destinatario de la acción, sean ciertos y a que el trámite de la acción sea viable, porque aún tratándose de tutela contra particular, así lo permita el art. 42-9 del Decreto 2591 de 1991, la Sala examinará, la aplicabilidad de lo descrito en el inciso 3 de la norma constitucional sobredicha. Y en ese orden, se tiene que bajo los auspicios del Código del Menor, los hijos de Amaury y Lucelys, padecen una situación irregular, pues no se ejerce sobre ellos una verdadera potestad parental, (patria potestad), custodia y cuidado por quienes biológicamente asumen la condición de padres, al no darse por ellos el verdadero cumplimiento de los deberes de padres, esto es, afecto de orden personal y patrimonial, una verdadera educación, cuidado, orientación dentro de un ambiente de ética y de respetabilidad para lograr su establecimiento en la comunidad. Los menores padecen una de las situaciones específicadas en el numeral 1º del Art. 30 del C. del Menor al reflejar una situación de peligro moral, en que se encuentran aquellos menores que conviviendo con sus progenitores y hallándose bajo su cuidado están en grave peligro moral o físico porque ellos no sólo, no cumplan las obligaciones respectivas de crianza, educación y cuidado, sino porque sus comportamientos constituyan un mal ejemplo. La misma compilación señalada contempla esas condiciones en que se desarrollan los menores, en el art. 31 como una típica situación de abandono en su numeral 2º, estando atribuida al I.C.B.F., por sus Defensores de Familia, la competencia y procedimiento para que tomen las medidas inmediatas necesarias para su protección, ya que la versión creíble de Amaury señala además, que "...duramos varios días comiendo de David Vega Ballesteros el segundo de mis hijos que se desempeñaba como esparring en una buseta", fol. 27, numeral 8 del artículo 3, este menor tiene hoy 9 años de edad, fol. 3º. Eso hace que la acción principal  que hay que agotar primeramente la tengan por mandato del art. 32 los Defensores de Familia del lugar mas cercano y en su defecto la autoridad de policía. Y ratifica esta necesidad de protección a los menores la falta de unidad familiar a que alude el informe social. En cuanto a la situación de Amaury y Lucelys, por la conducta del primero, es la autoridad policiva la que tiene la manera de controlar el exceso conocido por las reclamaciones extremadas del primero, o la Comisaría de Familia a la que pertenece el sitio de residencia de ellos. En esas condiciones habrá de negarse la tutela enviando copia de la sentencia como de la actuación al ICBF para los efectos que señala la norma del art. 32 del C. del Menor." II. FUNDAMENTOS JURIDICOS A. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. II. CASO CONCRETO. Según se desprende de los elementos de juicio relacionados en este fallo, la solicitante y sus hijos se encuentran en estado de indefensión respecto a Amaury Vega cónyuge de Lucelys Ballesteros y padre de: Alexander, David, Richard y Cristian Vega Ballesteros. Para los hijos la indefensión se presume y para la esposa se deduce del consuetudinario estado de embriaguez en que vive Vega, lo cual ha significado una alteración en la forma de vivir de la solicitante y sus hijos, hay disfuncionalidad del hogar y hasta el mismo hecho de que Lucelys y sus hijos vivan donde la familia de Vega y esta familia no se aguante la conducta de Amaury Vega, es indicativo de que es muy tensa la situación. Si bien es cierto no habitan en la misma casa, sin haber separación legal entre los cónyuges, la verdad es que ni la madre ni los familiares del mismo Amaury Vega se expresan bien de éste por sus momentos de alcoholismo no superado. Y Vega, se ha instalado en un quiosco, donde duerme, a pocos metros de la casa de los familiares. Es particularmente amenazante la conducta de Amaury Vega cuando constata que su esposa no se encuentra en la casa de sus familiares, de lo cual deduce el cónyuge que ella se encuentra con otros hombres. No puede esta presunta conducta de la esposa justificar una actitud violenta de quien por su embriaguez habitual convirtió su hogar en algo que no funciona. Por eso se estima prudente ordenarle a Amaury Vega, que no continúe en su estado de irresponsabilidad ni que formule amenaza alguna contra su cónyuge, ni menos agredirla. El derecho a tener un hogar es algo natural, está protegido constitucionalmente, luego Amaury Vega debe hacer esfuerzos para que sus pequeños hijos no se conviertan simplemente, como ocurre en el presente caso, en quienes con su trabajo en buses le dan a veces de comer al padre. En este sentido le asiste razón al Tribunal cuando solicita la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero esta Institución será particularmente cuidadosa porque no es patente que los menores estén en grave abandono, hay prueba de que la abuela, la madre, los tíos velan por ellos obviamente dentro de la pobreza en que viven. Por supuesto que las autoridades policivas deben estar pendientes de la protección a la vida de las personas, pero, también el Juez de tutela, ante la situación de indefensión, debe pronunciarse y la acción cabe en el presente caso puesto que la causa de la intranquilidad perjudica a seres humanos situados en condiciones de indefensión frente a quien se instauró el amparo y, por tanto, deben darse las órdenes que impidan la repetición de actos que atentan contra derechos fundamentales. En mérito de lo expuesto la Sala Séptima de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandamiento de la Constitución. RESUELVE: PRIMERO: REVOCASE el numeral primero de la sentencia de primera instancia proferida por la Sala de Familia del Tribunal de Cartagena el 9 de junio de 1995 y en su lugar se tutela el derecho a la integridad personal de la solicitante y sus hijos y el derecho al amor que tienen derecho los menores Alexander, David, Richard y Cristian Vega Ballesteros y se le ordena a Amaury Vega que en lo sucesivo se abstenga de realizar todo acto que ponga en peligro la integridad física y la tranquilidad de la accionante  y de sus hijos. Las autoridades de policía de la localidad ejercerán especial vigilancia sobre la conducta de Amaury Vega en relación con el presente asunto. SEGUNDO: Se confirma el numeral 2º, remisión de copia de este fallo al ICBF, con la advertencia hecha en la parte motiva. TERCERO: Comisionar al Juez de primera instancia para que notifique la sentencia a las partes y adopte las decisiones necesarias señaladas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA MONCALEANO Secretaría General

T-462-95 Sentencia No. T-462/95 Sentencia No. T-462/95 MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Suplantación de persona/PARTIDA DE BAUTISMO-Suplantación de persona Como el peticionario de la tutela no se encuentra conforme con el pronunciamiento de la Fiscalía sobre el particular, le asiste el derecho de solicitar la revocación de la resolución inhibitoria, y obtener que se produzca resolución acusatoria y que se tramite el juicio penal correspondiente, que conduzca no solamente a establecer la responsabilidad de los que resulten culpables del ilícito, sino a lograr, consecuentemente, la cancelación de la inscripción en su partida de bautismo. Es de competencia de la justicia penal ordinaria de manera autónoma e independiente y no de la jurisdicción eclesiástica, definir si hechos como los narrados, relativos a la utilización fraudulenta de una partida de bautismo y a la suplantación de una persona en el acto de celebración de un matrimonio, son o no constitutivos de delito, y en caso de que lo sean, declarar la correspondiente responsabilidad y el restablecimiento del derecho. El peticionario tiene como medio alternativo de defensa judicial, el de acudir ante la autoridad eclesiástica para que previo el trámite del correspondiente proceso se declare la nulidad del referido matrimonio y se cancele la inscripción de la nota marginal que afecta su partida de bautismo. NULIDAD DE MATRIMONIO-Procedimiento No es admisible que se utilice la acción de tutela como instrumento para actuar una pretensión del actor relativa a la declaratoria de nulidad de un matrimonio y a la cancelación de su inscripción en los registros de las autoridades eclesiásticas, cuando la Constitución, el Concordato y la ley, han instituido tanto la acción como los trámites apropiados para alcanzar dicho propósito. Además, si ello fuera posible, se propiciaría la invasión por el juez de tutela de la competencia asignada a las autoridades de otras jurisdicciones. REFERENCIA: Expediente T-65568. PETICIONARIO: Jorge Villada Betancur. PROCEDENCIA: Tribunal Superior Distrito Judicial de Manizales- Sala Civil. TEMA: Improcedencia de la tutela para cancelar la nota marginal referente a un matrimonio en la partida de bautismo. MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO BARRERA CARBONELL. Aprobada en Santafé de Bogotá D.C. a los doce (12) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el proceso de la acción de tutela presentada por el señor JORGE VILLADA BETANCUR contra el Presbítero Jorge Henao Gómez, Delegado Arzobispal de las Causas de Partidas de la Arquidiócesis de Manizales, con arreglo a la competencia asignada por los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 33, 34 y 35 del Decreto-Ley 2591 de 1991. I. ANTECEDENTES. 1. Los hechos. Manifiesta el accionante, que nació en el corregimiento de San Bartolomé del municipio de Pácora (Caldas), en cuya parroquia fue bautizado el día 10 de diciembre de 1950, según consta en el libro 6 de bautismos, folio 177, número 416. En los últimos 22 años ha vivido en el municipio de Zarzal (Valle) y desde hace 20 se encuentra vinculado laboralmente con el ingenio Riopaila. Anota que en el año de 1991 decidió casarse por el rito católico con la señora Esperanza Borrero Copete, lo cual fue imposible, debido a que un tercero utilizó su partida de bautismo y contrajo matrimonio el 24 de diciembre de 1978, en la parroquia del Carmen de la ciudad de Armenia, con la señora Marleny Villalobos. Por la circunstancia descrita, inició las diligencias pertinentes ante el Presbítero Augusto Ramírez, Vicario Judicial de la Diócesis de Armenia, con el fin de que se dejara sin efecto la aludida inscripción. El señor obispo de Armenia, Monseñor Roberto López Londoño, a través de la comunicación de marzo 20 de 1992, dirigida al Presbítero Jorge Henao Gómez, Delegado Arzobispal de las Causas de Partidas de la Arquidiócesis de Manizales, se pronunció sobre dicha situación en los siguientes términos: "Concluidos así los pasos que se pudieron dar y lograr, en nuestro deseo de servir al interesado, es por lo que acudo a sus buenos oficios, para si lo considera pertinente, obrar en concordancia, ya que es un asunto relacionado con la Nota Marginal de su partida de bautismo y no es de nuestra competencia definir". Por su parte, el citado Delegado en comunicación de abril 7 de 1992, expresa al señor Obispo, en lo pertinente: "No puede esta Delegación disponer la anulación de una anota matrimonial, ya que ella procede como consecuencia de un matrimonio celebrado y reportado conforme a derecho. O sea, en sana lógica, la nota matrimonial es accesoria frente a la partida de matrimonio; por ende, para que desaparezca lo accesorio debe desaparecer primero lo principal, pues corren la misma suerte. Para el caso que contemplamos, en la documentación que me envía su Excelencia, no aparece prueba de que la partida de matrimonio haya sufrido alguna modificación, que afecte la nota marginal del documento del señor Villada; en consecuencia no puede pronunciarse esta Delegación en favor de la solicitud pues carece de soporte jurídico para dictar un decreto anulativo". Ante la imposibilidad de obtener solución a su problema a través de las autoridades eclesiásticas, el peticionario formuló denuncio penal ante la Fiscalía General de la Nación, Seccional Armenia, por el presunto delito de falsedad en documento. La investigación correspondiente fue adelantada por la Fiscalía Tercera Unidad Previa y Permanente de Armenia. Dicha Fiscalía, con fecha 17 de junio de 1992, profirió resolución inhibitoria, por considerar que la conducta era atípica. Sin embargo, ordenó a las autoridades eclesiásticas y concretamente al Pbro. Jorge Henao Gómez, Delegado Arzobispal para las Causas de Partidas, cancelar o declarar nula la nota marginal que sobre el referido matrimonio aparece en el registro eclesiástico bautismal del señor Jorge Villada Betancur. Finalmente, aduce el peticionario que el Delegado Arzobispal para las Causas de Partidas de Manizales no cumplió lo ordenado por la Fiscalía, porque consideró que sólo mediante la declaración de la nulidad del matrimonio podía hacerse efectiva la cancelación de la inscripción. Sin embargo, no entiende la razón por la cual debe promover la nulidad de un matrimonio que no ha contraído. 2. Pretensión. Pretende el actor la tutela de sus derechos constitucionales fundamentales consagrados en los artículos 15 y 29 de la Constitución y, en tal virtud, que se ordene al Presbítero Jorge Henao Gómez, Delegado Arzobispal de las Causas de Partidas de la Arquidiócesis de Manizales cancelar la inscripción del matrimonio que aparece en su partida de bautismo. 3. Los fallos que se revisan. 3.1. Primera instancia. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, mediante providencia de febrero 9 de 1995, negó la tutela impetrada. Como fundamento de su decisión, alude el juzgado al régimen jurídico relativo al registro civil de las personas con anterioridad a la vigencia de la ley 92 de 1938 y con posterioridad a dicha ley, y a la competencia de las autoridades eclesiásticas para decidir autónomamente sobre la cancelación de la inscripción del matrimonio en la partida de bautismo del demandante. En efecto dijo el juzgado: "Para los nacidos antes de 1938 los documentos eclesiásticos constituyen plena prueba de su estado civil, así por ejemplo, para probar el nacimiento bastará la partida eclesiástica, pero los nacidos con posterioridad a esa fecha lo acreditarán mediante la intervención del funcionario del Registro civil (Notario) para levantar el acta". "Aquí radica la diferencia, hay actos de la autoridad eclesiástica que producen efectos civiles por si solos y otros actos que no los generan. En el primer caso serán actos eclesiásticos con efectos administrativos objeto de garantías procesales, en el segundo serán canónicos sometidos a las regulaciones internas de la Iglesia Católica". "...la partida eclesiástica de bautismo del peticionario, con nota marginal de matrimonio para que surta efectos civiles requiere su inscripción ante el funcionario competente, por si sola no prueba el vinculo, constituyendo tal anotación un acto canónico no susceptible de ser modificado por el Juez de tutela". "La Iglesia Católica es autónoma e independiente de la potestad civil, tal condición le fue reconocida por la Ley 20 de 1974 aprobatoria del Concordato entre la república de Colombia y la Santa Sede". "Resulta improcedente que en asuntos que son de su exclusiva competencia un funcionario ajeno a esa autoridad eclesiástica como el juez de tutela, invada esa esfera haciendo ordenamientos que sólo a ella competen". 2.2. Segunda instancia. El Tribunal Superior Distrito Judicial de Manizales - Sala Civil, mediante fallo calendado el día 24 de febrero de 1995, dispuso confirmar el proveído de primera instancia, entre otros argumentos, con los siguientes: "Si bien es cierto, el accionante dice encontrarse en estado de subordinación o indefensión ante la autoridad eclesiástica (Arquidiócesis de Manizales), ello lo es o en esa condición está, exclusivamente por razón de su credo religioso, ámbito en el que no pueden incursionar para nada la autoridad jurisdiccional. En efecto, la anotación marginal obra en la partida o Acta Bautismal del peticionario, documento que en nada incide para que pueda darle vida jurídica a un matrimonio válido ante las leyes del Estado Colombiano. El impedimento se le presenta para celebrar ese acto en el marco del culto eclesial, es decir, dentro de las normas de su fe en las cuales se matriculó por razón del enunciado Sacramento". "Pues bien, el Estado a través de su régimen legal gobernará aquéllos actos que tengan incidencia en el Estado Civil de las Personas, más no los que conciernan al aspecto espiritual o de credo religioso. Así por ejemplo, las partidas eclesiásticas relativas a actos o hechos sucedidos con anterioridad a la Ley 92 de 1938 sirven para demostrar la condición civil de los habitantes del Estado Colombiano; entonces para aquéllos casos si impera la Ley Nacional y deben estar sujetos a los formalismos y condicionamientos en ella prescritos. Mas no ocurre lo mismo con los acaecidos con posterioridad, pues ellos tienen una validez netamente espiritual, propia para los católicos, sin ningún efecto ante la Ley Civil. Pues bien, en cuanto a la forma y en cuanto a las modificaciones de estos últimos no puede el Estado a través de su poder jurisdiccional intervenir en manera alguna". "En el sub-judice se trata precisamente de una partida eclesiástica correspondiente a un nacimiento sucedido el día 4 de diciembre del año de 1950, registrado en la Parroquia Católica de San Bartolomé en el municipio de Pácora. Es entonces un documento desprovisto de efectos civiles, con trascendencia exclusiva en el campo religioso, y que por tanto no puede ser tocado por los jueces civiles. Esa situación de la nota marginal, su corrección o supresión es del resorte exclusivo de las autoridades eclesiásticas; se repite aquí, que cuando la autoridad eclesiástica inscribió ese nacimiento no actúo con delegación de la potestad civil ni en cumplimiento de una función pública como si ocurría para los actos anteriores al año de 1938". "Al actor Jorge Villada Betancur no le queda más remedio que insistir ante los funcionarios eclesiásticos para que se subsane la irregularidad que advierte, si es que desea contraer matrimonio católico, pues para celebrarlo por los ritos civiles no tiene impedimento alguno según lo deja entrever en el escrito de petición propuesto". III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. 1. Hechos acreditados durante el proceso. Dentro del proceso aparecen acreditados claramente los siguientes hechos: a) El peticionario de la tutela es persona diferente de aquélla que contrajo matrimonio, utilizando su partida de nacimiento. b) Según la Fiscalía, no existe suplantación de personas ni falsedad documental, porque la persona que puso la nota marginal en el registro eclesiástico de nacimiento del actor lo hizo de buena fe, pues no pudo percatarse de la homonimia. Es evidente, dice la Fiscalía, que no se presenta falsedad documental, por cuanto en la Registraduría Nacional del Estado Civil de Bogotá reposan las cartillas biográficas y decadactilares correspondientes a las dos cédulas expedidas por ésta y que corresponden a las siguientes personas: JORGE VILLADA BETANCOURT. Casado. C.C. No. 8.316.025 de Medellín. Fecha  nacimiento: 4 de diciembre de 1950. Lugar de nacimiento: San Bartolomé- Pácora (Caldas). Padre: Marco Fidel Villada. Madre Ana María Betancourt. Profesión: Vendedor ambulante. JORGE VILLADA BETANCUR. Soltero. C.C. No. 2.461.816 Andalucía -Valle. Fecha  nacimiento: 4 de diciembre de 1950. Lugar de nacimiento: Pácora (Caldas). Padre: Marco Fidel Villada. Madre: Rosa María Betancur. Profesión: Mecánico Automotriz. Anota, además, la Fiscalía, las siguientes observaciones: las huellas dactilares, las fotografías, los números de las cédulas y las firmas de cada una de los citados son diferentes, pero uno tiene bigote y el otro no. c) El peticionario, pese a que realmente no se encuentra casado, sufre las consecuencias de la inscripción irregular, en su partida de bautismo, del matrimonio de Jorge Villada Betancourt. d) La persona que corresponde al nombre de Jorge Villada Betancourt aparece casado con la señora María Marleny Villalobos Arango. En efecto, ésta al rendir declaración ante la Fiscalía y exhibírsele las fotografías que obran en el expediente de la investigación previa adelantada por ésta, a folios 45, 46 y 47, manifestó que su esposo no es el peticionario sino Jorge Villada Betancourt. 4. Existencia de otros medios alternativos de defensa judicial. Como puede observarse, en el caso sometido a la consideración de la Sala, se utilizó la misma partida bautismal -no se ha demostrado que existan dos partidas diferentes- para la tramitación de los documentos de identidad Nos. 2.461.816, expedida en Andalucia -Valle y 8.316.025 expedida en Medellín Antioquia. Igualmente, dicha partida sirvió como documento eclesiástico  para la celebración del matrimonio del portador de éste último documento, es decir, Jorge Villada Betancourt. La Sala deduce de lo anterior, que en la celebración del aludido matrimonio se suplantó a la persona del peticionario. No obstante, la Fiscalía ya se pronunció al respecto, considerando que la conducta en el caso que se analiza resulta atípica, por las razones ya expuestas. Como el peticionario de la tutela no se encuentra conforme con el pronunciamiento de la Fiscalía sobre el particular, le asiste el derecho de solicitar la revocación de la resolución inhibitoria, conforme lo prescribe el artículo 328 del C.P.P., y obtener que se produzca resolución acusatoria y que se tramite el juicio penal correspondiente, que conduzca no solamente a establecer la responsabilidad de los que resulten culpables del ilícito, sino a lograr, consecuentemente, la cancelación de la inscripción en su partida de bautismo, con fundamento en lo previsto en el artículo 14 del C.P.P. que dice: "Restablecimiento del derecho. Cuando sea posible, las autoridades judiciales deberán adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión del hecho punible y las cosas vuelvan a su estado anterior de modo que se restablezcan los derechos quebrantados". Considera la Sala, que en el presente caso, la vía del proceso penal constituye, en principio, un medio alternativo de defensa judicial idóneo y eficaz. Es de competencia de la justicia penal ordinaria de manera autónoma e independiente y no de la jurisdicción eclesiástica, definir si hechos como los narrados, relativos a la utilización fraudulenta de una partida de bautismo y a la suplantación de una persona en el acto de celebración de un matrimonio, son o no constitutivos de delito, y en caso de que lo sean, declarar la correspondiente responsabilidad y el restablecimiento del derecho. Lo anterior, no implica que la Sala avale el proceder de la Fiscalía cuando de una parte dicta resolución inhibitoria por atipicidad de la conducta, y por otra, incurriendo en una evidente vía de hecho, resuelve ordenar al Delegado Arzobispal para las Causas de Partidas la cancelación de la nota marginal puesta en la partida de bautismo del actor, alusiva a dicho matrimonio, pues para que la decisión de cancelar la inscripción sea válida y obligue a la autoridad eclesiástica se requiere que ella sea adoptada en la sentencia que ponga fin al proceso penal, con fundamento en la norma antes transcrita. Por lo demás, el peticionario tiene como medio alternativo de defensa judicial, el de acudir ante la autoridad eclesiástica para que previo el trámite del correspondiente proceso se declare la nulidad del referido matrimonio y se cancele la inscripción de la nota marginal que afecta su partida de bautismo. En efecto: El artículo 42 de la Constitución , en lo pertinente, señala: "También tendrán efectos jurídicos las sentencias de nulidad de los matrimonios relegiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley". Igualmente el inciso primero del artículo VII de la ley 20 de 1974, dispone: "Las causas relativas a la nulidad de los matrimonios canónicos, son de competencia exclusiva de los tribunales eclesiásticos y congregaciones de la Sede Apostólica".[1] Dentro de la misma dirección, el artículo 3o de la ley 25 de 1992, establece: "El Estado reconoce la competencia propia de las autoridades religiosas para decidir mediante sentencia u otra providencia, de acuerdo con sus cánones y reglas, las controversias relativas a la nulidad de los matrimonios celebrados por la respectiva religión". Si como se ha expresado antes, es viable que el actor haga uso de la acción de nulidad del matrimonio en referencia ante los tribunales eclesiásticos, no resulta procedente la acción de tutela presentada. La afirmación de la competencia de las autoridades eclesiásticas para pronunciarse sobre el asunto relativo a la nulidad de dicho matrimonio, responde a la independencia y autonomía que se les reconoce, según el artículo II de la ley 20 de 1974, aprobatoria del Concordato celebrado entre República de Colombia y la Santa Sede, en el cual se dispone: "La Iglesia Católica conservará su plena libertad e independencia de la potestad civil y por consiguiente podrá ejercer libremente toda su autoridad espiritual y su jurisdicción eclesiástica, conformándose en su gobierno y administración con sus propias leyes". La referida disposición se complementa con lo dispuesto en el artículo VII de dicha obra, que dice: "El Estado reconoce plenos efectos civiles  al matrimonio celebrado de conformidad con las normas del derecho canónico. Para la efectividad de este reconocimiento la competente autoridad eclesiástica transmitirá copia auténtica del acta al correspondiente funcionario del Estado quien deberá inscribirla en el registro civil". No es admisible que se utilice la acción de tutela como instrumento para actuar una pretensión del actor relativa a la declaratoria de nulidad de un matrimonio y a la cancelación de su inscripción en los registros de las autoridades eclesiásticas, cuando la Constitución, el Concordato y la ley, han instituido tanto la acción como los trámites apropiados para alcanzar dicho propósito. Además, si ello fuera posible, se propiciaría la invasión por el juez de tutela de la competencia asignada a las autoridades de otras jurisdicciones. Tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, porque a juicio de la Sala éste no se configura en el caso en estudio, atendiendo a los criterios definidos por la jurisprudencia de esta Corporación. Las consideraciones precedentes llevan a la Sala a confirmar el fallo proferido por el Tribunal Superior Distrito Judicial de Manizales -Sala Civil, con fecha 24 de febrero de 1995, el cual, a su vez, confirmó el proveído de primera instancia. III. DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de fecha 24 de febrero de 1995, proferido por el Tribunal Superior Distrito Judicial de Manizales -Sala Civil, mediante el cual se confirmó la sentencia de primera instancia. SEGUNDO. COMUNICAR, el contenido de dicho fallo al Juzgado Civil del Circuito de Manizales para que proceda a hacer las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. COPIESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, INSERTESE EN LA GACETA CONSTITUCIONAL Y CUMPLASE. ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado CARLOS GAVIRIA DIAZ. Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1] . En sentencia C-027/93 M.P. Simón Rodriguez, se declaró exequible el artículo VIII del artículo 1o. de la ey 20 de 1974, salvo en el aparte de su inciso 1° que dice "...o la disolución del vínculo.. incluidas las que se refieren a la dispensa del matrimonio roto y no consumado"  y además el aparte del inciso 2° que dice "...al Tribunal Superior del Distrito Judicial territorialmente competente". Lo anterior precisando que la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico por divorcio, en los términos del artículo 42 de la Constitución, no rompe el vínculo matrimonial eclesiástico.

T-463-95 Sentencia No. T-463/95 Sentencia No. T-463/95 PENSION DE JUBILACION PARA EXCONGRESISTA-Norma aplicable De conformidad con la ley, a partir de 1992 los excongresistas pensionados y los que accedan a dichos derechos o los sustituyan, devengarán una mesada que no puede ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto perciba el congresista, y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal; pero además, también es claro que el reajuste de la mesada de los pensionados no puede resultar inferior para cada año, al  mismo 75% y que su liquidación debe hacerse teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio, que por todo concepto devenguen los Representantes y Senadores en la fecha en que se decrete el reajuste. PENSION DE JUBILACION PARA EXCONGRESISTA-Efectos/DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA-No reajuste pensional/DERECHO A LA IGUALDAD-No reajuste pensional La ley elevó a partir de su vigencia el monto de las pensiones de los excongresistas, y cualquier acto administrativo o reglamentario que pretenda darle efectos diferidos o aplazar su vigencia, o reducir su extención y monto, resulta abiertamente contrario a la Constitución; por lo mismo, ha de entenderse, en consecuencia que los efectos fiscales de las disposiciones administrativas que regulan el reajuste y que disponen que se aplican a partir de 1994, se refieren exclusivamente a la oportunidad de la apropiación presupuestal y de su pago, pero en ningún caso pueden diferir los efectos prestacionales y pensionales de la ley  ni reducir su monto. De otra parte, el régimen de   pensiones y sustituciones, creado por la ley 4a. de 1992 se viene aplicando a partir de su vigencia para los nuevos pensionados, mientras que para los ya pensionados sólo se aplica desde 1994 en abierta contradicción de la Constitución Política; así, resulta evidente que no existe justificación alguna para que el Fondo omita la aplicación de la misma para los Congresistas ya pensionados, mucho menos cuando media solicitud expresa en sentido contrario por el interesado; en este sentido, la omisión flagrante en que viene incurriendo el Fondo de Previsión Social  del Congreso de la República,  vulnera el derecho a la igualdad y a la dignidad humana, consagrados como derechos fundamentales en la Carta Política. ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-No reajuste pensional Frente a las disposiciones que hacen referencia a los reajustes pensionales, principalmente del “reajuste especial”, que debiera permitir a quienes no se les aplican directamente los beneficios del nuevo régimen pensional, la Corte encuentra que se produce una evidente violación a la garantía del derecho a la igualdad lo cual, en el estado de avanzada edad del pensionado, se constituye en una modalidad de perjuicio irremediable, que debe ser tutelado como mecanismo transitorio en el caso concreto, mientras se demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio de la acción judicial que corresponda. INDEXACION-Competencia El actor adicionó su solicitud en cuanto al amparo de su derecho en el sentido de que se tuviera en cuenta el aspecto de la indexación de la pensión que le corresponda; empero la Sala se abstiene de pronunciarse sobre esta materia, pues considera que ella pertenece al ámbito de competencia de los jueces de instancia, según lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia de la Corte y es ante aquéllos donde se debe formular la demanda pertinente. REF:    Expediente No. T-73418 Actor: OSCAR VELEZ MARULANDA Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ Santafé de Bogotá, D.C.,  octubre  diecisiete (17) de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala de Revisión en asuntos de tutela integrada por los Honorables Magistrados, Dr. FABIO MORON DIAZ, Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA y Dr. GASPAR CABALLERO como Conjuez, en reemplazo del Magistrado Dr. AJEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, quien se declaró impedido para actuar en este asunto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre la decisión judicial relacionada con la acción de la referencia, proferida por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, el día ocho (8) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995). I.   ANTECEDENTES A. La peticiOn El 24 de mayo de 1995, el señor Oscar Vélez Marulanda presentó un escrito de demanda, cuyo conocimiento correspondió por reparto al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, mediante el cual ejerce acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Nacional, dirigida a obtener el amparo directo, autónomo y específico de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 13, 53 y 58 de la Carta Política, para que mediante la correspondiente orden judicial que se debe dirigir contra el Fondo de Previsión  Social del Congreso de la República, se reconozca y disponga el pago de lo que corresponde y falta por pagar para los años 1992 y 1993 del reajuste pensional del 75 % del ingreso que por todo concepto reciba un congresista, al que, en su opinión, tiene derecho en su condición de pensionado en aquella entidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 y parágrafo de la ley 4a. de 1992. Considera el peticionario que aquella decisión es la que corresponde proferir en virtud de la naturaleza de la acción de tutela y en atención  a su petición de amparo y protección de sus derechos constitucionales fundamentales; además, el actor hace expresa manifestación de que ejerce la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en atención a su edad, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional según la sentencia No. T-456 del 21 de octubre de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero.)[1] Los fundamentos de hecho y de derecho que señala el peticionario como causa de la acción que dice ejercer se resumen como sigue: -        En primer término el demandante advierte que al efecto de mejorar las condiciones de los congresistas pensionados como tales con anterioridad a su vigencia, y de regular el monto de las pensiones de los nuevos pensionados en dicha condición, la ley 4a. de 1992 estableció el nuevo régimen pensional para aquellos servidores públicos, fijó el nuevo monto de la pensión, y, especialmente, definió el régimen de reajustes y pensiones para aquellos que tuvieran reconocida su pensión, y pudieran acudir al reajuste, o a las demás personas que conforme a la ley tuvieran derecho a las sustituciones. En este sentido, y como fundamento jurídico de su acción, el actor resalta lo dispuesto por el artículo 17 y parágrafo de la mencionada ley y advierte que a partir de la vigencia de ésta, las pensiones y las sustituciones de las mismas para los representantes y senadores no podrán ser inferiores al 75% del ingreso promedio que durante el último año y por todo concepto perciba el congresista, y se aumentará en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal; además, señala que, sin duda alguna, el parágrafo del mismo artículo dispone que la liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los representantes y senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste o  la sustitución respectiva, lo cual ha sido desconocido de modo arbitrario por el Fondo en violación de los derechos constitucionales que menciona. En este sentido, manifiesta que en su favor se halla consagrado el derecho constitucional a la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, según los términos del artículo 53 de la Constitución Política, lo cual le hace rechazar la liquidación arbitraria del Fondo por la que se le desconoce una parte del monto de su pensión, que es un derecho mínimo irrenunciable. Destaca que con la misma conducta de la entidad contra la que dirige su acción, se desconoce el derecho constitucional fundamental al respeto de los derechos adquiridos de conformidad con las leyes civiles, los cuales ni siquiera pueden ser desconocidos por leyes posteriores; en efecto, indica que en su condición de congresista adquirió su derecho a la pensión de jubilación, la que con arreglo a la  ley fue definida en el 75% del promedio de lo que reciba por todo concepto un congresista en funciones, como último ingreso mensual en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste o la sustitución respectiva, y no se le ha reconocido de esta manera por puro capricho y abuso del Fondo, que alega razones administrativas y reglamentarias, desde luego violatorias de sus derechos constitucionales fundamentales. - Considera el peticionario que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, no  puede vulnerar garantía constitucional alguna al aplicar la ley 4 de 1992 y el decreto 1359 de 1993, pues si en su función pública aplicó las normas en un sentido determinado para ciertas personas, pero en otro opuesto a otras, que guardaban la misma condición fáctica, se genera una situación discriminatoria que rompe la garantía prevista en el artículo  13 de la Carta Política. Además, indica que el Decreto 1359 de 1993 que desarrolló lo dispuesto por el mencionado artículo 17 y Parágrafo de la Ley 4a. de 1992, estableció un "reajuste especial"  a las pensiones de senadores y representantes pensionados con anterioridad a  la ley 4 de 1992,  que como correspondía a los efectos de una ley que define el monto de un derecho de carácter prestacional, se reconoció a varios  congresistas pensionados, a partir del 1 de enero de 1992, dentro de las condiciones señaladas por la misma Ley 4 de 1992, mientras que en su calidad de pensionado del Congreso de la República, contraviniendo lo dispuesto por la Constitución, le fue reconocido el reajuste pensional, sólo a partir de 1994, a pesar  de encontrarse en las mismas condiciones de quienes disfrutaron por reconocimiento legal el reajuste y las pensiones o las sustituciones pensionales, a partir de 1992. En este sentido el actor considera que, en su caso, se ha desconocido el derecho constitucional fundamental a la igualdad en los términos previstos en el artículo 13 de la Constitución Política, que declara que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva; en su opinión esta actuación del Congreso establece una particular modalidad de desconocimiento de aquel derecho, que debe remediarse en su caso ordenando que el reajuste sea completo y efectivo desde la creación del nuevo monto de la prestación y no a partir de su pago; por ello, no encuentra razón distinta de la arbitrariedad para diferir administrativamente el reconocimiento del nuevo monto de la prestación y hacerlo efectivo desde una fecha no fijada en la ley desconociendo los derechos de los pensionados. En su escrito, el demandante presenta una, lista de congresistas que en su concepto fueron beneficiarios del nuevo régimen pensional, a quienes se les reconoció el reajuste desde el momento en el que se les fijo un nuevo monto de la pensión, lo cual le sirve para ilustrar la desigualdad que se crea con la discriminación decretada en su caso por el fondo. - Advierte que a pesar de existir otro medio de defensa judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa, considera que, apreciadas en concreto las condiciones del caso "ésta no es eficaz, teniendo en cuenta que un proceso de esta naturaleza duraría mínimo 7 u 8 años", lo que le causaría un perjuicio irremediable atendiendo a su avanzada edad y su delicado estado de salud; al respecto acompaña copia de su certificado de nacimiento en la que aparece que tiene más de setenta años de edad y advierte que, por su  condición general de salud, no podrá disfrutar del derecho que le confiere la ley a que al momento del reajuste se decrete reconociendo lo que le corresponde por los años que transcurren desde la definición del nuevo monto pensional hasta su pago. B.  La DECISION DE INSTANCIA El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, mediante sentencia de ocho (8) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995), resolvió: "Negar la acción de tutela instaurada por el doctor Oscar Vélez Marulanda", con base en las siguientes consideraciones: - Señala el juzgador que la pretensión del actor va dirigida a obtener el reconocimiento del reajuste prestacional creado por la Ley 4a. de 1992, en la misma forma en que se reconoció a otros excongresistas, es decir, a partir de 1992. -        Advierte que el peticionario  cuenta con otros medios de defensa judicial para hacer valer su derecho prestacional creado con la Ley 4a. de 1992, por vía administrativa, y a través de revocatoria directa la resolución por medio de la cual le fue reconocido su reajuste tan sólo en un 50% y sólo para el año de 1994. - En relación con el perjuicio irremediable, señala el juzgador que éste no se configura, y en consecuencia no procede acción de tutela como mecanismo transitorio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 306 de 1992, artículo 1. - Advierte de otra parte, que el peticionario no ha ejercido la acción administrativa pertinente para la defensa de sus derechos; por el contrario por vía de acción de tutela quiere evitar hacer uso de ella, dada su avanzada edad y la mora que en dicha jurisdicción se presenta, por tanto la prosperidad de la acción no tendría respaldo, pues sería indefinida, y no como lo exige la ley, en forma transitoria, y hasta tanto la jurisdicción competente resuelva. II.   CONSIDERACIONES DE LA SALA A.   La competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la referencia en atención a lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral 9o. de la Constitución Política en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, este examen se hace en virtud de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada por el reglamento de la Corporación. B.   La materia del asunto que se resuelve La Corte Constitucional se ocupa en esta oportunidad de definir si de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, y dentro del marco de las regulaciones legales correspondientes, procede o no la tutela específica, autónoma y directa de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, a la no discriminación y a la dignidad y a los derechos adquiridos de carácter laboral  y prestacional-pensional en el caso de la indebida liquidación del reajuste de una pensión de jubilación reconocida por la ley, respecto de una persona de la tercera edad que alega deficientes condiciones de salud física. Al  respecto, la Sala encuentra que asiste razón al demandante en su reclamo de tutela, básicamente si se atiende, como corresponde a su estado de pensionado y de persona de la tercera edad, a quien se le han desconocido sus derechos pensionales en el acto de liquidación del reajuste de su mesada pensional.  Para arribar a esta solución la Sala tiene en cuenta la sentencia de la Corte que advierte lo siguiente: "De otra parte, conviene afirmar que el Juez de tutela no puede ser indiferente ante la situación de los pensionados y no puede dejar de considerar las condiciones específicas de debilidad en las que se encuentran las personas de la tercera edad y la protección especial que la Constitución y los convenios internacionales les conceden en el artículo 46. Así, se busca que el Estado promueva y garantice en la medida de sus posibilidades, las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (CP. artículo 13), y nada más apropiado para ello que se proteja efectivamente a los ciudadanos de la tercera edad, quienes por sus condiciones constituyen un sector de la población que merece y requiere una especial protección por parte del Estado -como obligación constitucional- y de la sociedad, dentro del principio de la solidaridad social en que éste se cimienta (CP. artículo 48). "En consideración a lo anterior, esta Corporación estima que las conductas omisivas de las entidades encargadas de la seguridad social (Caja Nacional de Previsión Social, Instituto de los Seguros Sociales) en atender y cumplir debida y prontamente con sus obligaciones frente a los pensionados atenta contra el principio fundamental que rige nuestro Estado social de derecho y que constituye uno de sus fines esenciales, consistente en la eficacia real y no formal de los derechos fundamentales de los asociados. "En efecto, el simple reconocimiento de las pensiones no implica que el derecho haya sido satisfecho en debida forma. Para ello es indispensable en aras de darle eficacia material, que efectivamente al pensionado se le cancelen cumplidamente las mesadas futuras y atrasadas, y que se le reconozca en aquellos casos que así se solicite, obviamente si se dan los presupuestos legales, la reliquidación o reajuste de la pensión a que tiene derecho. Obligación que debe hacerse efectiva dentro de los términos legales previstos para ello, en aras a no afectar ni desmejorar los derechos ni la calidad de vida de los pensionados."  (Sentencia  T-181 de mayo 7 de 1993. M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara). De otra parte, en el presente asunto también se examina la relación que puede existir entre la mencionada situación de desconocimiento del alcance y del monto de una prestación social de carácter pensional, definidos en una ley de la República, y la actitud omisiva de la administración en admitir y acatar los efectos jurídicos y económicos de la ley que reconoce prestaciones laborales de carácter pensional, en el caso de una persona que reclama, de manera directa y explícita, su reconocimiento; sobre este tema esta Corporación también definió su jurisprudencia en relación con el punto de la procedencia de la acción de tutela, especialmente en estos casos, en las sentencias T-243 y T-364 de 1995, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz, en las cuales se ordenó el reajuste y el reconocimiento de las diferencias sobre el monto de la mesada pensional entre quienes gozan del mismo derecho, en atención al status jurídico, ante la misma prestación y bajo el mismo régimen jurídico. Cabe destacar, además, que el peticionario se refiere a la conducta abiertamente arbitraria de la entidad administradora de los recursos prestacionales, que desconoce la vigencia de la ley que dispuso elevar el monto de la pensión no sólo para los excongresistas que adquirieran su derecho prestacional después de la vigencia de la misma, sino para quienes bajo los mismos supuestos normativos y, dentro del marco constitucional del derecho a la igualdad, ya habían accedido al derecho. Como se vió en la parte de antecedentes en el presente asunto, resulta que señor Oscar Vélez Marulanda en su condición de pensionado del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, manifiesta que ha sido objeto de discriminación por parte del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República,  al no reconocérsele el reajuste pensional a que considera tener derecho, por los años 1992 y 1993, en los términos del artículo 17 de la Ley 4a. de 1992, dado que aquel fondo, alegando la vigencia de una disposición reglamentaria, sólo lo reconoció con dicho monto a partir de 1994, mientras que a otros ex-congresistas, les fue reconocida la prestación pensional por aquel monto desde 1992 y a partir de la vigencia de la mencionada ley. Resulta que el mencionado fondo dice actuar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto reglamentario No. 1359 de 1993, modificado por el artículo 7o. del Decreto 1293 de 1994, en los que se dispone que el reajuste especial surte efectos fiscales a partir del 1o. de enero de 1994, y en el que se decreta, de otra parte,  para los años 1992 y 1993, un reajuste especial cuyo monto sólo alcanza al 50% del mismo tipo de ingreso previsto en la Ley 4a. de 1992, como base para la liquidación de la pensión. Cabe observar que el peticionario, Oscar Vélez Marulanda, obtuvo el reconocimiento de su pensión de jubilación por parte del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, a través de la resolución No. 0130 de Febrero 26 de 1992, veintidós días antes de la entrada en vigencia de la ley que aumentó el monto global de la mesada pensional fijándolo en el 75 % de lo que reciba un congresista como promedio mensual de sus ingresos por todo concepto, y que el reajuste ordenado en su favor, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la mencionada ley 4a de 1992 fue decretado por resolución  No. 1530 del 29 de diciembre de 1994, con efectos fiscales a partir del primero de enero de ese año, bajo el entendido de acatar lo dispuesto por los decretos reglamentarios 1359 de 1993 y 1293 de 1994; lo cual produce la violación advertida en contra de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, al trato digno y a los derechos adquiridos de carácter prestacional y pensional. En esta última decisión, no obstante existir definición judicial de la interpretación constitucional del artículo 17 parágrafo de la ley 4a. de 1992 proferida expresamente por esta Corporación, en otro caso similar[2], como efectivamente lo reconoce la entidad contra la que se dirige la acción de tutela, y a pesar de haber sido invocada dicha interpretación  por el pensionado dentro de la solicitud de la liquidación del reajuste ordenado presentada el 17 de noviembre de 1994, se decretó el reajuste de la mesada pensional por un porcentaje equivalente al 75% del ingreso mensual promedio que devengaba un congresista, pero únicamente a partir del 1o. de enero de ese año y no como corresponde, según la ley, es decir a partir de la vigencia de la ley 4a. de 1992, o lo que es igual desde 1992 inclusive, año a partir del cual ni la pensión ni la sustitución de la misma puede ser inferior al ingreso mensual promedio que por todo concepto recibió el Congresista en el último año. Esta ley, en su artículo 17, señaló en relación con los miembros del Congreso lo siguiente: "Artículo 17.  El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los representantes y senadores. Aquellas y éstas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el Congresista, y se aumentarán  en el mismo porcentaje, en que se reajuste  el salario mínimo legal. PARAGRAFO. La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los Representantes y Senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva.” Para esta Sala no asiste duda de la interpretación constitucional que debe aplicarse en este caso, que es la misma que se pronunció en el caso de sentencia T-456 de 1994, varias veces citada en esta decisión y que consiste en que, de conformidad con la ley, a partir de 1992 los excongresistas pensionados y los que accedan a dichos derechos o los sustituyan, devengarán una mesada que no puede ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto perciba el congresista, y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal; pero además, también es claro que el reajuste de la mesada de los pensionados no puede resultar inferior para cada año, al  mismo 75% y que su liquidación debe hacerse teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio, que por todo concepto devenguen los Representantes y Senadores en la fecha en que se decrete el reajuste. En efecto, esta sala en ningún momento puede admitir semejante violación que crea la Resolución 1530 de 1994 y que se basa en la aplicación de una disposición reglamentaria, que parece desconoce los lineamientos generales fijados por la ley 4a. de 1992, que es la ley marco del régimen prestacional de los miembros del Congreso de la República, mucho menos cuando el inciso final del artículo 48 de la Carta Política, dispone que la ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante y cuando el artículo 53, inciso tercero, dispone a su vez que el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. El Gobierno Nacional en desarrollo del marco de la Ley 4a. de 1992, en especial de su artículo 17, expidió el decreto 1359 de julio 12 de 1993, estableciendo el régimen de reajuste pensional en franca contradicción: “Artículo 17.  Reajuste Especial. Los Senadores y Representantes que se hayan pensionado con anterioridad a la vigencia de la ley 4 de 1992, tendrán derecho a un  reajuste en su mesada pensional, por una sola vez, de tal manera que su pensión alcance un valor equivalente al 50 % del promedio de las pensiones a que tendrían derecho los actuales Congresistas.” Desde luego, el reajuste especial que debía decretar el Gobierno sobre la pensión de los miembros del Congreso en desarrollo de la ley marco, no podía en ningún caso ser inferior al monto de la misma prestación que se ha previsto para aquellos funcionarios; en este sentido es abiertamente ilegal e inconstitucional y no halla razón de ser el haber fijado aquel monto del 50% que se pretende aplicar para los ya pensionados, y aplicar el monto del 75% para los que se pensionen a partir de la vigencia de la ley. En decisión de 21 de octubre de 1994,  sentencia T-456 de 1994, esta Corporación se pronunció en relación con el régimen de reajuste creado por la ley 4 de 1992 y el decreto 1359 de 1993, y en ella advirtió lo siguiente: “ 2- Reajuste Especial: Con  posterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991, la ley 4 de 1992 diferenció entre los dos reajustes: por un lado el automático, oficioso y anual y por otro lado, un REAJUSTE ESPECIAL para actualizar las pensiones DE LOS MIEMBROS DEL CONGRESO. Es más, el artículo 17 de la ley califica como REAJUSTE al especial, exige para éste el que se decrete (parte final de parágrafo), mientras que al oficioso y anual lo denomina como AUMENTO (parte final del primer inciso). El reajuste especial se reconoce en 1992, pero ya no es para todos los jubilados en entidades de derecho público, sino exclusivamente para los Representantes y Senadores, fijándose el parámetro de que no podría ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los congresistas en la fecha en que se decrete el reajuste.  Se concatena este trato preferencial a los congresistas con la determinación tomada en el artículo 8 de la misma ley 4 según la cual el ejecutivo fijará “la asignación mensual de los miembros del Congreso Nacional, a partir de la cual se aplicará el artículo 187 de la Constitución Política. Tan es cierto que se trata de un REAJUSTE ESPECIAL, que así lo califica el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993, artículo que insiste en que este reajuste se hará “POR UNA SOLA VEZ”, luego, los ex -Congresistas que gozaban de la pensión de jubilación el 18 de mayo de 1992 (fecha en la cual se publicó y empezó a regir la ley 4 de tal año) ADQUIRIERON EL DERECHO al reajuste especial y, posteriormente, para los años siguientes operará el aumento, ordinario y anual, equivalente al reajuste del salario mínimo legal, así como para el sueldo de los Congresistas inicialmente lo fijó el Gobierno por una sola vez y de ahí en adelante será como lo señala el artículo 187 de la Carta. 3-) El reajuste especial en el decreto 1359 de 1993. El decreto 1359 de 1993 en su capítulo primero contiene unas normas generales.  El Capítulo Segundo, el Tercero y el Cuarto se refieren específicamente a las pensiones de jubilación, invalidez y sustitución. El quinto incluye los dos reajustes enunciados así: a- El aumento anual, inmediato, directamente en la nómina, equivalente al aumento en el salario mínimo legal mensual (artículo 16 del decreto). b- El reajuste especial anunciado en la ley 4 de 1992 ( de lo contrario el decreto no podía establecerlo) y que necesariamente debe acondicionarse a los objetivos y criterios de la Ley. .... De la lectura del artículo 17 de Decreto surge: a- Dice el Decreto que el reajuste especial  es para los pensionados con anterioridad a la vigencia de la ley 4 de 1992. b- Dice el decreto que no puede haber PENSIONES inferiores al 50% de las pensión de los actuales Congresista. Estas dos determinaciones deberían ser irrelevantes porque la pensión se le reajusta a quien ya la adquirió y porque en verdad no hay contradicción entre el reajuste del 75% y pensiones no inferiores al 50% de la de los actuales congresistas. El problema radica en que para el caso de las tutelas que motivan esta sentencia el Fondo ha hecho esta distinción que ni la ley ni el Decreto establecen: que a quienes se les liquide la pensión con posterioridad al 18 de mayo de 1992 se les aplicará el 75% y que los pensionados antes de  tal fecha tendrán un reajuste del 50%. Este tratamiento no solamente contradice al artículo 17 de la ley 4 de 1992 (que puso en igualdad de condiciones la liquidación de la pensión y el reajuste), sino que también es abiertamente contrario al artículo 6 del mismo decreto 1359 de 1993 que perentoriamente indica que el REAJUSTE ESPECIAL, “en ningún caso podrá ser inferior al 75%” ...el promedio para la pensión de jubilación será el 75% del ingreso mensual de Representantes y Senadores en la fecha en que se decrete la jubilación. Y este mismo parámetro se refiere al reajuste especial.  Quedando prohibido, so pena de carecer de todo efecto, alterar este régimen prestacional. Tratándose del reajuste especial  la ley 4 de 1992 también acudió al 75% como porcentaje y es el sueldo y no la pensión de otros la referencia  para la liquidación; y estos criterios tiene su respaldo en la Constitución, la cual orienta la lectura de las normas.” La decisión transcrita permitió establecer con claridad los términos que la ley señaló para el reconocimiento de los reajustes pensionales que se aplicaran a Senadores y Representantes a la Cámara, entre ellos el reajuste especial dirigido a quienes fueron pensionados  con anterioridad a la ley 4 de 1992; por ello el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, sin atender el sentido de la decisión de la Corte  Constitucional, a que se hizo referencia, pese a estar reunidos  los requisitos de ley, sólo reconoció al peticionario el  reajuste especial de su pensión de jubilación,  consagrado en el artículo 17 del decreto 1359 de 1993, mediante resolución  número 1530 de diciembre 29 de  1994, lo cual genera en contra del peticionario un grave perjuicio, que dadas las condiciones especiales del caso resultaría irremediable si no se concede la tutela reclamada. En este sentido, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado al respecto así: "Ha señalado en reiteradas oportunidades esta Corporación, que para la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio, es indispensable que exista con certeza la posibilidad de que se produzca el perjuicio, para lo cual el fallo de tutela se presenta en este caso, como el medio idóneo de protección inmediata y transitoria de los derechos fundamentales del afectado, mientras el juez competente se pronuncia de manera definitiva"[3] Pero además sobre este punto cabe advertir que la Corte ha señalado que en determinados casos, es preciso examinar las condiciones concretas del asunto para hacer que la protección de los derechos fundamentales sea efectiva y real, así: "... será necesario evaluar si los hechos que se ponen en conocimiento de la autoridad judicial son inminentes y graves, frente a lo cual resultaría necesario adoptar una solución en forma urgente e impostergable. Debe en este punto establecer esta Sala de Revisión, que no todo perjuicio que de por sí acarrea un menoscabo físico, psíquico o patrimonial puede calificarse como irremediable. Diariamente los asociados se enfrentan a situaciones que pueden resultar perturbadoras, inquietantes, e incluso alarmantes, pero que no ameritan, a través de la acción de tutela, todo el dezplazamiento inmediato del aparato judicial para remedair el problema; es decir, se trata de circunstancias que no reúnen los elementos del "perjuicio irremediable" definidos anteriormente, y, que, por tanto, pueden ser solucionadas mediante el uso de las acciones ordinarias ante las jurisdicciones competentes".[4] Además, la decisión de la Corte, que se ha venido citando, señaló adicionalmente en relación con el reajuste especial, que “El objetivo de este reajuste, fue el de equilibrar la cuantía de las mesadas pensionales con el sueldo de los congresistas.  En realidad, debido al aumento de sueldos que el mismo parlamento permitía para Congresistas, se aumentaba la desproporción entre el sueldo y la pensión.  Esta en el caso de los ex-congresistas sufrió comparativamente una marcada devaluación, lo cual explica en parte la necesidad del reajuste especial” Si con el reajuste especial creado en desarrollo de la ley 4a. de 1992, por virtud de lo dispuesto en los mencionados decretos reglamentarios, se busca  solucionar en cierta medida la desproporcionalidad que se presenta con el monto de las pensiones, entre quienes fueron pensionados con un régimen anterior, y los ingresos de los congresistas en ejercicio y el monto de las pensiones de los nuevos pensionados a partir de la vigencia de aquélla, no resulta conforme a la Constitución que dicho reajuste  se aplique sólo a partir de la vigencia, ni que con aquel se reduzca retroactivamente el monto de la pensión como lo hacen los mencionados decretos y el acto de liquidación contra el que se dirige el accionante, en abierta contradicción con las garantías constitucionales al poder adquisitivo de aquella prestación; es más, la ley misma advierte que en ningún caso las pensiones pueden ser inferiores al 75% de los mencionados ingresos de los congresistas, lo cual presupone que en ningún caso el reajuste a decretar por el Gobierno en ejercicio de sus competencias reglamentarias sea inferior a dicho porcentaje. Para esta Sala de la Corte Constitucional, la ley elevó a partir de su vigencia el monto de las pensiones de los excongresistas, y cualquier acto administrativo o reglamentario que pretenda darle efectos diferidos o aplazar su vigencia, o reducir su extención y monto, resulta abiertamente contrario a la Constitución; por lo mismo, ha de entenderse, en consecuencia que los efectos fiscales de las disposiciones administrativas que regulan el reajuste y que disponen que se aplican a partir de 1994, se refieren exclusivamente a la oportunidad de la apropiación presupuestal y de su pago, pero en ningún caso pueden diferir los efectos prestacionales y pensionales de la ley  ni reducir su monto. De otra parte, el régimen de   pensiones y sustituciones, creado por la ley 4a. de 1992 se viene aplicando a partir de su vigencia para los nuevos pensionados, mientras que para los ya pensionados sólo se aplica desde 1994 en abierta contradicción de la Constitución Política; así, resulta evidente que no existe justificación alguna para que el Fondo omita la aplicación de la misma para los Congresistas ya pensionados, mucho menos cuando media solicitud expresa en sentido contrario por el interesado; en este sentido, la omisión flagrante en que viene incurriendo el Fondo de Previsión Social  del Congreso de la República,  vulnera el derecho a la igualdad y a la dignidad humana, consagrados como derechos fundamentales en la Carta Política. Como se advirtió, la ley 4a. de 1992 reconoce el nuevo monto de la pensión y el derecho a un reajuste de las pensiones reconocidas con anterioridad a la vigencia de la misma;  sin embargo, éste sólo se hace efectivo por parte del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, a partir de 1994 para los pensionados con anterioridad a la ley, como  es el caso del señor Oscar Vélez Marulanda. Ahora bien, frente a las disposiciones que hacen referencia a los reajustes pensionales, principalmente del “reajuste especial”, que debiera permitir a quienes no se les aplican directamente los beneficios del nuevo régimen pensional, la Corte encuentra que se produce una evidente violación a la garantía del derecho a la igualdad lo cual, en el estado de avanzada edad del pensionado Vélez Marulanda, se constituye en una modalidad de perjuicio irremediable, que debe ser tutelado como mecanismo transitorio en el caso concreto, mientras se demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en ejercicio de la acción judicial que corresponda. Ahora bien, no hay lugar en el caso que ocupa la atención de la Sala en esta oportunidad a un debate probatorio detallado sobre las actuales condiciones económicas del peticionario, porque, para los efectos de la tutela de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y al trato digno relacionados con el pago de una prestación social de naturaleza pensional, ni la Constitución ni la ley que regulan la acción  prevista en el artículo 86 de la Carta, lo exigen, mucho menos teniendo en cuenta su carácter preferente y sumario.  Lo cierto es que en el expediente y en el proceso que se surtió con ocasión de la petición de la referencia no se han cuestionado dichas condiciones y, por el contrario, aparece completamente acreditado el estado de avanzada edad de quien reclama una justa y legal liquidación de los reajustes pensionales que le corresponden; lo que no existe en el proceso no existe para el juez y en este caso lo único probado como realidad concreta es la mencionada edad del peticionario y el hecho evidente de que con él se ha cometido un acto flagrante de discriminación y ofensa a sus derechos constitucionales. La apreciación de las circunstancias del caso a que se refiere el numeral 1o. del artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, debe hacerse objetivamente y de acuerdo con la realidad que se demuestre y aparezca plenamente probada en la actuación procedimental de  la tutela; por ello, y de acuerdo con la realidad que aparece en el expediente que se examina, en esta oportunidad, está plenamente acreditada la edad avanzada del peticionario y el desconocimiento del derecho a disfrutar en integridad su pensión de jubilación. Por último, cabe advertir que el actor adicionó su solicitud en cuanto al amparo de su derecho en el sentido de que se tuviera en cuenta el aspecto de la indexación de la pensión que le corresponda; empero la Sala se abstiene de pronunciarse sobre esta materia, pues considera que ella pertenece al ámbito de competencia de los jueces de instancia, según lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia de la Corte y es ante aquéllos donde se debe formular la demanda pertinente. En mérito de lo expuesto, esta Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO.  REVOCAR la sentencia  proferida por el Juzgado Diecisiete  Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, el 8 de junio  de 1995 en el proceso de la referencia. SEGUNDO. CONCEDER como mecanismo transitorio, la tutela reclamada por el señor Oscar Vélez Marulanda, en favor de sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, al trato digno y al goce de sus derechos pensionales.  En consecuencia ordena al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, que reajuste la liquidación hecha y pague efectivamente los derechos pensionales que le corresponden al peticionario por los años 1992 y 1993, de conformidad con la Ley 4a. de 1992, hasta completar el 75% del promedio de lo que por todo concepto percibieron los Representantes y Senadores de la República como ingreso  mensual  en el año de la liquidación correspondiente. TERCERO.  Comunicar la presente decisión en los términos del artículo 36 del  Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado GASPAR CABALLERO SIERRA Conjuez MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Salvamento de voto a la Sentencia No. T-463/95 PERJUICIO IRREMEDIABLE-Inexistencia (Salvamento de voto) Es evidente en la acción de tutela de la referencia, que el actor no está en situación urgente de ser socorrido ante la inminencia de un mal  irreparable y grave, que pueda ser considerado como perjuicio irremediable, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación. Por el contrario, se deduce que es una persona que no se encuentre en estado de extrema necesidad, razón por la cual no hay mérito para invocar la tutela como mecanismo transitorio. De admitir que el actor, con el monto por él devengado, está en extrema necesidad, se deduciría que casi todos los colombianos estarían en dicho estado, toda vez que la cifra recibida por un ex congresista corresponde a una de las más elevadas dentro de los pensionados de la Nación. MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-No reajuste pensional (Salvamento de voto) El actor no se encuentra desprovisto de defensa, pues sus pretensiones puede hacerlas valer por medio de la jurisdicción contencioso administrativa, solicitando la revocatoria de la resolución que le reconoce sólo un 50% y por el año de 1994. DERECHOS FUNDAMENTALES-Núcleo esencial (Salvamento de voto) No todo lo que toca indirectamente y por derivación un derecho fundamental, es susceptible de la acción de tutela, porque en ese orden de ideas, todas las contravenciones al régimen legal serían aptas para ser ventiladas, no por la jurisdicción ordinaria, sino por la vía de la tutela, de suerte que el mecanismo especial pasaría a ser general, lo cual sería un contrasentido y un desorden. REF.: Expediente No. T-73418 El suscrito magistrado, VLADIMIRO NARANJO MESA, comedidamente salva su voto en el proceso de la referencia, por no compartir la decisión de la Sala Séptima de Revisión por las siguientes razones: Encuentra el suscrito magistrado  que en el caso específico, no hay motivo para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto no se configura en este caso la situación de perjuicio irremediable. Cabe señalar que no cualquier perjuicio reviste la forma de irremediable, ya que para ello deben concurrir varios requisitos, tales como la gravedad, la inminencia, la vigencia, la irreversibilidad y la necesidad de una compensación equitativa, como única manera de retribución ante la imposibilidad de una estricta reparación en justicia. Así, para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener encuenta, la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como son la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por superar la situación de perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa, para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionen o que se encuentren amenazados. Con respecto al término "amenaza" es conveniente manifestar que, como la Corte lo ha establecido, no se trata de la simple posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de manera injustificada; la amenaza requiere un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o menoscabo material o moral[5]. Ahora bien, es evidente en la acción de tutela de la referencia, que el actor no está en situación urgente de ser socorrido ante la inminencia de un mal  irreparable y grave, que pueda ser considerado como perjuicio irremediable, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación. Por el contrario, se deduce que es una persona que no se encuentre en estado de extrema necesidad, razón por la cual no hay mérito para invocar la tutela como mecanismo transitorio. De admitir que el actor, con el monto por él devengado, está en extrema necesidad, se deduciría que casi todos los colombianos estarían en dicho estado, toda vez que la cifra recibida por un ex congresista corresponde a una de las más elevadas dentro de los pensionados de la Nación. En segundo lugar, el actor no se encuentra desprovisto de defensa, pues sus pretensiones puede hacerlas valer por medio de la jurisdicción contencioso administrativa, solicitando la revocatoria de la resolución que le reconoce sólo un 50% y por el año de 1994. Siendo ello así, no hay razonamiento válido para no acudir a la jurisdicción apropiada para el caso específico, sobre todo cuando no se está ante la inminencia de un perjuicio irremediable, según se explicó. Esta Corporación ha sido reiterativa en el sentido de afirmar que la acción de tutela no es un mecanismo paralelo a la jurisdicción ordinaria, ni una alternativa a elegir por el actor. No. Se trata de una vía residual y subsidiaria, que opera ante la vulneración del núcleo esencial de un derecho fundamental, siempre y cuando no existan otros medios de defensa judicial, de suerte que de no tutelarse el derecho fundamental, el lesionado quede en evidente estado de indefensión. Finalmente, se advierte que en el asunto sub examine no se está violando el núcleo esencial de un derecho fundamental. Como lo ha sostenido la Corte en varias oportunidades, no todo lo que toca indirectamente y por derivación un derecho fundamental, es susceptible de la acción de tutela, porque en ese orden de ideas, todas las contravenciones al régimen legal serían aptas para ser ventiladas, no por la jurisdicción ordinaria, sino por la vía de la tutela, de suerte que el mecanismo especial pasaría a ser general, lo cual sería un contrasentido y un desorden. Por las anteriores consideraciones, el suscrito magistrado salva su voto en la Sentencia de la referencia. Santafé de Bogotá, D.C., 23 de octubre de 1995. VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado [1]Expediente T-38844, José Rafael Escandón Bucheli contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. [2] Cfr. Sentencia T-456 de 1994 M.P. Alejandro Martinez Caballero, expediente 38844, Actores José Rafael Escandon Buchelli y otros contra el Fondo de Previsión Sociual del Congreso de la República. [3]Sentencia T- 52/94, Ponente doctor HERNANDO HERRERA [4]  Sentencia T-253/94. M.P. Dr.  Vladimiro Naranjo Mesa [5] Cfr. T-225/93. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

T-464-95 Sentencia No. T-464/95 Sentencia No. T-464/95 DERECHO DE PETICION-Notaría/ACCION DE TUTELA CONTRA NOTARIO-Deber de responder Si se considera que los notarios son autoridades, es clara la obligación de responder, pues es el primer evento que contempla el artículo 23 de la Constitución. Si se los considera como simples particulares que prestan un servicio publico, también están en la obligación de resolver las peticiones, pues encajan en la situación prevista en el inciso final del artículo 86 de la C.P., sobre la procedencia de la acción de tutela contra particulares encargados de un servicio público. La reclamación de índole laboral de que ellos tratan, la Corte comparte en su integridad lo expresado por los jueces de instancia, cuando señalaron que es un asunto que debe ser resuelto por la justicia ordinaria; que sobre tal tema no puede decidir el juez de tutela; y, que, para su protección, existen otros medios de defensa judicial. RE: EXPEDIENTE T-74754 Demandante: Nadin Ospina Morales. Demandada: Beatriz Sanín de Wills. Procedencia: Consejo de Estado. Magistrado ponente: JORGE ARANGO MEJÍA. Aprobada en sesión de la Sala Primera de Revisión, celebrada en la ciudad de Santafé de Bogotá, a los diez y siete (17) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre la providencia proferida  por el Consejo de Estado, en el proceso promovido por NADIN OSPINA MORALES contra BEATRIZ SANÍN DE WILLS, quien, actualmente,  es Notaria 35 del Circulo de Santafé de Bogotá. El expediente llegó a la Corte Constitucional, por remisión que hizo el  Consejo de Estado, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. I.-      ANTECEDENTES. El actor presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, acción de tutela, el 9 de mayo de 1995, por las siguientes razones: a) Hechos. El actor dirigió a la demandada dos memoriales, uno, el 31 de marzo y el otro, el 19 de abril de 1995. Sin embargo, la Notaria no ha dado respuesta a sus escritos. En sus peticiones, el actor solicita a la hoy Notaria 35, a nombre de los correspondientes beneficiarios, el seguro al que, en su concepto, tienen derecho los herederos del señor Wilmar Vicente Parra Vargas, quien falleciera cuando era empleado de la Notaría 47 y la demandada titular de tal despacho. b) Derecho fundamental vulnerado. El actor considera que la demandada ha vulnerado su derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución. c) Pretensiones. Se le ordene a la demandada dar respuesta a los citados memoriales. d) Sentencia de primera instancia. Una vez avocado el conocimiento, el Tribunal ordenó a la demandada que en el término de dos días informara sobre el tramite y la respuesta que le ha dado a las peticiones del actor. En sentencia de 19 de mayo de 1995, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió la tutela solicitada y ordenó a la Notaria 35 dar respuesta concreta y precisa a la petición de reconocimiento y pago del seguro por muerte de los beneficiarios del empleado fallecido. Para su cumplimiento, fijó el término de 48 horas, contado a partir de la notificación personal de la sentencia. En sus considereciones, el Tribunal distinguió dos aspectos: a) Por una parte, el derecho reclamado por el demandante en sus comunicaciones, derecho al seguro por muerte del empleado fallecido a favor de sus beneficiarios, que es un derecho de rango legal, no constitucional, y, por consiguiente, no es objeto de acción de tutela. Además, se deriva del derecho al trabajo y a la seguridad social, artículos 25, 46, 48 y 53 de la C.P., los cuales no son de aplicación inmediata, al tenor del artículo 85 de la Constitución, pues requieren de ley que los desarrolle. Y, para su protección, existen otros medios de defensa judicial. b) Pero, en cuanto a la falta de respuesta a los memoriales del actor, el Tribunal estimó que el derecho de petición sí fue vulnerado por la demandada al no suministrar respuesta, y por este aspecto, concedió la tutela. e) Impugnación. Con el escrito de impugnación, la demandada presentó un memorial independiente, dirigido al Tribunal, en el que responde en forma negativa la solicitud de pago del seguro por muerte, aduciendo que no existe ninguna clase de obligación por su parte de cancelar suma superior a los $20´000.000,oo  que se le entregó a la esposa del empleado fallecido, con ocasión del accidente en el que él murió. Advierte la demandada que el accidente “no ocurrió en día ni hora laboral, más aún, el occiso SUSTRAJO  mi automóvil ese domingo 17 de octubre de 1993, contrariando expresamente la orden de inmovilizar el vehículo que, desde el mes de septiembre, cuando yo viajé al exterior, le había dado a la Doctora Liliana Sanín, Notaria 47 encargada, precisamente porque el señor PARRA VARGAS no había querido terminar de hacerse sus exámenes médicos. Además, como si fuera poco, ese trágico domingo se dedicó en forma irresponsable a ingerir alcohol, tal como quedó plenamente establecido en la diligencia de necropsia. “ . . .”  La señora AIDEE PARRA HERNÁNDEZ recibió en audiencia judicial de conciliación el valor total de la indemnización correspondiente, razón por la cual mal puede pretender recibir un nuevo pago.” (Las mayúsculas corresponden al texto original) La demandada, a través de apoderado, impugnó la sentencia del Tribunal. Señaló que su representada no fue notificada de la iniciación de esta tutela; en el expediente aparece sólo copia de un telegrama de fecha 10 de mayo de 1995, que fue recibido el 19 de mayo, y que en dicha fecha ella procedió a contestar. Pero, el mismo 19 de mayo se profirió la sentencia de tutela, sin que la demandada hubiera sido “oída y vencida en juicio”. También controvierte la interpretación del Tribunal de considerar a los notarios como “autoridad”, interpretación, en su concepto errada, y que fue la base para conceder la tutela. Al respecto, el impugnante dice que el notario no es una autoridad ni una organización privada, es una persona natural. No tiene la calidad de servidor público. Es un profesional del derecho que presta el servicio de dar fe pública. Las notarías no son personas jurídicas, y para todos los efectos civiles, penales, disciplinarios, tributarios, es siempre el notario el que responde. Señala que en este sentido ha habido pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, no procede el derecho de petición ante una persona natural, pues no existe fundamento constitucional para hacerlo. Las cartas enviadas por el demandante son cartas de un particular a otro particular. f) Sentencia de segunda instancia. En fallo de 16 de junio de 1995, el Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal. El Consejo compartió la decisión del a quo sobre la procedencia de esta tutela por la vulneración del artículo 23 de la Constitución. En relación con lo afirmado por el impugnante sobre si los notarios son autoridad o no, señaló: “Llama la atención de la sala, la afirmación del apoderado de la parte demandada en el sentido de establecer que los notarios no constituyen autoridad, pues a juicio de esta corporación cuando el artículo 2o. del decreto 960 de 1970 se refiere a que la función notarial es incompatible con el ejercicio de autoridad o jurisdicción, se entiende que está haciendo alusión al ejercicio coetáneo de otro tipo de autoridad y no a la que él mismo ejerce como funcionario público. En consecuencia es erróneo suponer que las solicitudes que eleven los empleados de las notarías no justifican el ejercicio del derecho de petición en consideración a su régimen laboral, ya que el ejercicio se fundamenta en al función pública que indiscutiblemente presta el notario.” Por otra parte, el Consejo señaló que la demanda de tutela sí fue notificada en la forma prevista en el artículo 16 del decreto 2591 de 1991. Advirtió, finalmente, que la respuesta enviada al Tribunal por la demandada no cumple el cometido de la sentencia, pues ella debe ser dirigida al demandante. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Primera.-   Competencia. La Corte Constitucional es competente en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución. Segunda.-  Breve justificación de esta sentencia El artículo 35 del decreto 2591 de 1991, establece que "Las decisiones de revisión que revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general de las normas constitucionales deberán ser motivadas. Las demás podrán ser brevemente justificadas." (Se resalta). Por consiguiente, se procederá a hacer sólo una breve referencia a algunos aspectos  de este expediente, pues esta sentencia no va a modificar o revocar el fallo del Consejo de Estado, ni unificará jurisprudencia constitucional, ni el expediente bajo examen permite aclarar normas constitucionales. El impugnante controvierte la decisión del Tribunal que concedió la tutela por vulneración del derecho de petición, pues, en su opinión, la demandada no se encuentra en ninguna de las dos posibilidades que establece el artículo 23 de la Constitución, no es autoridad ni es una organización privada, y, por consiguiente, las cartas enviadas por el demandante son cartas de un particular a otro particular, y su respuesta no es objeto de protección a través de la acción de tutela. Sobre este asunto, en primer lugar, veamos qué dice el artículo 23 de la C.P.: “Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.” Para efectos de esta sentencia de tutela, no es necesario determinar si el notario es autoridad, si es un particular encargado de funciones públicas, si es un funcionario público o no, etc., aunque resulta a todas luces importante la interpretación  que del artículo 2o. del decreto 960 de 1970 hace el Consejo de Estado en este proceso, interpretación transcrita en los antecedentes, y en la que concluye que cuando la norma dice que la función notarial es incompatible con el ejercicio de autoridad o jurisdicción, es porque se está ejerciendo otro tipo de autoridad. Basta, pues, ubicar el presente asunto en el servicio público que prestan los notarios. Carácter que tiene rango constitucional. Dice el artículo 131 de la Carta: “Artículo 131. Compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarías, con destino a la administración de justicia. (se resalta) “. . .” La ley, sobre el servicio público que prestan los notarios, dice: “Art. 1o. El Notariado es un servicio público que se presta por los notarios e implica el ejercicio de la fe notarial.” (Ley 29 de 1973, artículo 1o.) Y el decreto 2148 de 1983: “Art. 1o. El Notariado es un servicio público e implica el ejercicio de la fe notarial.” Para la protección de los derechos fundamentales, según el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser dirigida contra la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o contra particulares. En este último evento, cuando se presentan una o algunas de las siguientes situaciones: que el particular esté encargado de un servicio público; o cuando su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo; o respecto de quienes el solicitante es halle en estado de subordinación o indefensión. De esta manera, si se considera que los notarios son autoridades, es clara la obligación de responder, pues es el primer evento que contempla el artículo 23 de la Constitución. Si se los considera como simples particulares que prestan un servicio publico, también están en la obligación de resolver las peticiones, pues encajan en la situación prevista en el inciso final del artículo 86 de la C.P., sobre la procedencia de la acción de tutela contra particulares encargados de un servicio público. En relación con el presente asunto, es preciso hacer la siguiente distinción: es claro que el objeto de esta tutela no hace referencia a asuntos propios de la fe pública que prestan los notarios. El asunto corresponde a una solicitud de respuesta a una reclamación laboral, que, para la fecha de interponer la tutela, no había sido suministrada. Y que en razón de las razones expresadas, también debe ser resuelta. En cuanto al objeto de los memoriales del demandante, es decir, la reclamación de índole laboral de que ellos tratan, la Corte comparte en su integridad lo expresado por los jueces de instancia, cuando señalaron que es un asunto que debe ser resuelto por la justicia ordinaria; que sobre tal tema no puede decidir el juez de tutela; y, que, para su protección, existen otros medios de defensa judicial. III.- DECISIÓN. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia del Consejo de Estado, del 16 de junio de 1995. En consecuencia, se concede la tutela demandada por el señor NADIN OSPINA MORALES, en cuanto hace relación al derecho de petición. Segundo.- COMUNÍQUESE la presente decisión al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que sea notificada a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JORGE ARANGO MEJÍA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-465-95 Sentencia No. T-465/95 Sentencia No. T-465/95 PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA La acción de tutela no se estableció para desconocer las decisiones válidamente adoptadas por los jueces dentro de los procesos que conducen en ejercicio de sus competencias. Y, por lo mismo, no puede pretenderse que ella sea otra instancia para conseguir lo que no se logró en el trámite normal de un debido proceso. Sostener lo contrario implicaría atentar contra la seguridad jurídica, una de las finalidades del derecho. DEBIDO PROCESO-No uso del recurso/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-No uso del recurso/RECURSO DE APELACION-Declaración de desierto por no pago de copias Si se analiza la demanda de tutela, se advierte que los argumentos en que ella se funda son los mismos que debieron esgrimirse al intentar el recurso de queja, para conseguir que el superior concediera el de apelación que el inferior había declarado desierto. El no haber intentado ejercer el recurso de queja, no puede remediarse ahora por la vía de la tutela, como si el juez hubiera quebrantado el debido proceso, cuando se limitó a aplicar el artículo 356 del Código de Procedimiento Civil, que ordena declarar desierto el recurso de apelación si no se suministra oportunamente el valor de las copias. ABOGADO-Deberes Es deber del abogado, entre otros, "atender con celosa diligencia sus encargos profesionales". Esa "celosa diligencia" es la que se echa de menos en el trámite del frustrado recurso de apelación contra la providencia que decidió el incidente de liquidación de perjuicios, lo mismo que en el trámite de todo el proceso.  Más aún, tratándose de un negocio de tan elevada cuantía: pues si todos los encargos profesionales debe atenderlos el abogado "con celosa diligencia", es claro que ella debe extremarse cuando están en juego grandes sumas de dinero, como aquí acontecía. Además, en el proceso está demostrado que el actor en esta demanda de tutela tuvo conocimiento oportuno de los hechos que condujeron a que se declarara desierto el recurso de apelación. Ref.:  Expediente T-79.183 Demanda de tutela instaurada por el Banco Comercial Antioqueño S.A. contra el Juez Segundo Civil del Circuito de Barranquilla. Procedencia: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Magistrado ponente: DR. JORGE ARANGO MEJIA. Santafé de Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Primera de Revisión de la  Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz,  decide sobre el fallo de fecha 18 de agosto de 1995, de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, que confirmó parcialmente  la sentencia del 11 de julio del mismo año, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil de Decisión, que denegó la demanda de tutela. I.       ANTECEDENTES. A.      Hechos. El doctor Gabriel R. Diago García, como apoderado del Banco Comercial Antioqueño de la ciudad de Barranquilla, presentó demanda de tutela contra el Juez Segundo Civil del Circuito de dicha ciudad, por lo siguiente: En mayo de 1982, el Banco Comercial Antioqueño S.A. inició proceso ejecutivo contra el señor Julio Calderón de Sola, proceso cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla. Al desatarse la segunda instancia dentro del proceso ejecutivo, la Sala Civil del Tribunal Superior, confirmó la decisión que había declarado probada la excepción de prescripción y condenado en perjuicios a la entidad bancaria. Tramitado incidente de liquidación de perjuicios, éste se resolvió en providencia de 27 de febrero de 1995, revocada parcialmente por auto de 6 de abril, que incrementó el monto del perjuicio en contra de Bancoquia, a la suma total de 1.689.200.298,64. Además, este auto dispuso conceder la apelación propuesta por las partes, en el efecto diferido, para lo cual, debían aportar las expensas necesarias para compulsar las copias requeridas, so pena de declararse desierto. Junto con un escrito, el apoderado del Banco, parte demandante en esta tutela, suministró la suma de $55.000.oo, para las copias, señalando que si esa cantidad resultaba insuficiente, ello se le hiciera saber. En el informe rendido por la secretaria al juzgado, se señaló que la suma aportada por Bancoquia resultó insuficiente, por cuanto el valor de cada fotocopia es de $50.oo. Lo anterior, llevó a que en providencia de 28 de abril de 1995, se declarara desierto el recurso de apelación interpuesto por las partes. Contra esta providencia, se interpuso por la entidad bancaria, reposición y, en subsidio, apelación; sin embargo, el juzgado mantuvo su decisión, negando los dos recursos, por auto del 2 de junio. Considera la parte demandante en esta tutela, Bancoquia S.A., que la suma de $55.000.oo aportada, excedía los valores fijados para las copias requeridas en auto de 27 de febrero de 1995, por cuanto la ley establece la suma de $5.oo por copia y en la calle no cuesta más de $35.oo. En consecuencia, la suma de $50.oo, señalada por la secretaria del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla, es arbitraria. Igualmente, considera el apoderado del Banco, que ha debido informársele sobre la insuficiencia del dinero y, tener en cuenta, además, que el pago de los gastos es a prorrata. Por lo anterior, Bancoquia considera vulnerado su derecho fundamental del debido proceso, específicamente, el de defensa. Respecto del recurso de queja que pudo haber interpuesto el Banco, para el actor resulta ineficaz comparado con la acción de tutela. Por último, solicitó el demandante, como medida cautelar dentro de la tutela, la suspensión de la aplicación de la providencia de fecha 27 de febrero de 1995, que condenó en perjuicios a la entidad bancaria, porque de cumplirse la misma, resultaría inocuo el fallo que habría de pronunciar el juez de tutela, al tiempo que se le causarían mayores perjuicios. Acompañó con la demanda el poder para actuar; copias de las decisiones judiciales mencionadas en estos hechos y copias de algunos escritos. B.      Juez de primera instancia. La Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al asumir el conocimiento de la demanda de tutela, resolvió denegar la medida cautelar solicitada por la parte demandante. Notificado en legal forma el juez demandado en tutela, se practicó inspección judicial sobre el proceso ejecutivo y se escuchó en declaración a la secretaria y al oficial mayor de dicho despacho. La inspección judicial verificó el trámite procesal adelantado por el juzgado demandado y las declaraciones aportaron nuevos hechos, tales como los múltiples requerimientos realizados por el juzgado de Barranquilla al apoderado de Bancoquia, a través de su auxiliar, para que suministrara la suma faltante. Además, en tres lugares del mismo edificio donde está ubicado el juzgado, el valor de cada fotocopia es de $50.oo. Con base en estas pruebas, el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Civil, profirió sentencia de fecha 11 de junio del presente año, denegando la presente demanda de tutela, por considerar que en atención a la autonomía funcional, el juez interpreta y decide las diferencias que ocurran en el proceso, teniendo en cuenta la falta de normas que regulen el valor de las fotocopias. Sin embargo, ordenó en el numeral segundo de su fallo, no expedir copias autenticadas de la decisión objeto de estudio, por estar sujeto el fallo a impugnación y eventual revisión, pudiendo ser modificado. La parte demandante, Bancoquia, impugnó. C.      Juez de segunda instancia. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 18 de agosto del año en curso, confirmó la decisión que denegó la demanda de tutela y revocó su segundo numeral al no encontrar justificación legal para mantener la medida provisional, ya que no se presenta violación de derechos. No encontró la Corte, vía de hecho alguna que lesione el derecho fundamental al debido proceso, como quiera que si no se sufragaron oportunamente y en su integridad, las expensas necesarias para la expedición de las copias, se impone la declaración de deserción.  Agrega que el  apoderado del Banco tuvo conocimiento oportuno de la insuficiencia del dinero, por conducto de su auxiliar.   Y, tampoco, encontró, norma procesal que disponga el pago de las expensas a prorrata de los apelantes. Considera que el trámite dado al incidente está dentro de los parámetros establecidos en la legislación procesal civil, no existiendo vulneración de derecho fundamental alguno. Recibido el presente asunto en esta Corporación, la Sala de Selección de Tutela número nueve, en providencia del 13 de septiembre del presente año, decidió escoger el presente asunto y repartirlo a este despacho. II.      CONSIDERACIONES. Procede la Corte Constitucional a dictar la decisión que corresponde a este asunto, previas las siguientes consideraciones. Primera.- Competencia. La Corte Constitucional es competente para conocer de este proceso, de conformidad con lo establecido por los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución. Segunda.- Lo que se debate. Pretende el actor que se declare sin valor el auto que declaró desierto el recurso de apelación interpuesto contra el que puso fin al incidente de liquidación de los perjuicios causados por la tramitación de un proceso ejecutivo. Tal recurso de apelación se declaró desierto de conformidad con el artículo 356 del Código de Procedimiento Civil. Habrá, en consecuencia, que examinar la procedencia de la acción de tutela en relación con las providencias dictadas en otros procesos judiciales. Tercera.- La acción de tutela contra "las sentencias y las demás providencias que pongan término a un proceso". Cuando la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 40 del decreto 2591 de 1991, que permitía el ejercicio de la acción de tutela contra las sentencias y las demás providencias que pusieran término a un proceso, sostuvo que, excepcionalmente, tal acción podría intentarse cuando la actuación del juez violara un derecho constitucional fundamental, y la violación fuera de tal gravedad que convirtiera esa actuación en una verdadera vía de hecho. En síntesis, que el trámite judicial, bajo la apariencia del debido proceso, encubriera una manifiesta violación de un derecho fundamental. De otra parte, es evidente que la procedencia de la acción de tutela exige que dentro del mismo proceso no existan recursos, por no estar consagrados en la ley procesal o por haberse ejercido sin remediar la vulneración del derecho fundamental. La acción de tutela no se estableció para desconocer las decisiones válidamente adoptadas por los jueces dentro de los procesos que conducen en ejercicio de sus competencias. Y, por lo mismo, no puede pretenderse que ella sea otra instancia para conseguir lo que no se logró en el trámite normal de un debido proceso. Sostener lo contrario implicaría atentar contra la seguridad jurídica, una de las finalidades del derecho. Cuarta.- ¿En el presente caso se desconoció el debido proceso? En el presente caso, sostiene el demandante que al declararse desierto el recurso de apelación, se vulneró el debido proceso, en perjuicio de la parte que representaba en el proceso ejecutivo. ¿Existió esa vulneración? A juicio de a Corte Constitucional, no, por las siguientes razones. Si se analiza la demanda de tutela, lo mismo que otros escritos que el mismo actor ha presentado en el curso de este proceso, se advierte que los argumentos en que ella se funda son los mismos que debieron esgrimirse al intentar el recurso de queja, para conseguir que el superior concediera el de apelación que el inferior había declarado desierto. El no haber intentado ejercer el recurso de queja, siguiendo el trámite previsto por los artículos 377 y 378, no puede remediarse ahora por la vía de la tutela, como si el juez hubiera quebrantado el debido proceso, cuando se limitó a aplicar el artículo 356 del Código de Procedimiento Civil, que ordena declarar desierto el recurso de apelación si no se suministra oportunamente el valor de las copias. Esa negligencia, evidente al no interponer el recurso de queja, se suma a la que se observa en la omisión que condujo a que el recurso de apelación se declarara desierto. Para no hablar de la que existió en la falta de notificación del mandamiento de pago, que originó la declaración de prescripción en el proceso ejecutivo. De conformidad con el artículo 47 del decreto 196 de 1971, estatuto del ejercicio de la abogacía, es deber del abogado, entre otros, "atender con celosa diligencia sus encargos profesionales". Esa "celosa diligencia" es la que se echa de menos en el trámite del frustrado recurso de apelación contra la providencia que decidió el incidente de liquidación de perjuicios, lo mismo que en el trámite de todo el proceso.  Más aún, tratándose de un negocio de tan elevada cuantía: pues si todos los encargos profesionales debe atenderlos el abogado "con celosa diligencia", es claro que ella debe extremarse cuando están en juego grandes sumas de dinero, como aquí acontecía. Además, en el proceso está demostrado que el actor en esta demanda de tutela tuvo conocimiento oportuno de los hechos que condujeron a que se declarara desierto el recurso de apelación.  Así se manifiesta en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia: "...lo cierto es que ninguna línea de su extenso escrito pone de manifiesto que ignorase que la suma suministrada por él para la expedición de las copias no cubría la totalidad de las que debían expedirse para que se surtiera el recurso de apelación, independiente de la inactividad que desplegara la incidentante en  el trámite de la liquidación de perjuicios, para que sufragara las suyas, pues ninguna norma procesal dispone que en casos de apelaciones concedidas a las partes, en el efecto devolutivo o diferido, pueda sufragarse a prorrata de los apelantes, como se deduce de los preceptos que regulan el trámite de dicho recurso ordinario. Así las cosas, es decir, acreditado el hecho de que el actor de esta tutela tuvo conocimiento oportuno de la insuficiencia del dinero suministrado para la expedición de las aludidas copias, y que en lugar de completarlo, recurrió a otra clase de argumentos, como los aquí expuestos, emerge una razón adicional suficiente y bastante, para establecer la improcedencia de esta acción...". En síntesis: como se dijo en los fallos de primera y segunda instancia que ahora se revisan, en la actuación que originó la acción de tutela no se quebrantó el debido proceso. Y acertó, además, la Corte Suprema de Justicia al revocar la decisión del Tribunal Superior de Barranquilla en relación con la prohibición de expedir copias "de la providencia que condenó en perjuicios". En el momento de dictar la sentencia de primera instancia ya no era procedente dar aplicación al artículo 7o. del decreto 2591.  ¿Por qué? Porque, en unas circunstancias diferentes, al admitir la demanda de tutela podría haberse justificado suspender los efectos del auto que declaró desierto el recurso.  Pero, tramitado el proceso, y habiendo llegado el Tribunal a la conclusión de negar la tutela demandada, era ilógico negarla y, en la práctica, concederla al mismo tiempo. Quinta.- Conclusión. Por lo expuesto, se confirmará la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de fecha agosto 18 de 1995, que a su vez había confirmado la del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que denegó la acción de tutela interpuesta por el Banco Comercial Antioqueño     S. A. - Bancoquia -, contra el Juez Segundo Civil del Circuito de Barranquilla. IV.    DECISION. Por las anteriores razones, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero:    CONFIRMASE la sentencia de fecha 18 de agosto de 1995, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la demanda de tutela presentada por el Banco Comercial Antioqueño S. A.           contra el Juez Segundo Civil del Circuito de Barranquilla. Segundo:   COMUNICAR este fallo a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ponente ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-467-95 Sentencia No. T-467/95 Sentencia No. T-467/95 DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Campo de aplicación En lo que se refiere a las actuaciones administrativas, éstas deben ser el resultado de un proceso donde quien haga parte del mismo, tenga oportunidad de expresar sus opiniones e igualmente de presentar y solicitar las pruebas que demuestren sus derechos, con la plena observancia de las disposiciones que regulan la materia, respetando en todo caso los términos y etapas procesales descritas. El debido proceso se vulnera cuando no se verifican los actos y procedimientos establecidos en la ley y los reglamentos. Se entiende que esta obligación no sólo cobija a las autoridades públicas sino también a los particulares, en forma tal que estos últimos también quedan obligados por las reglas o reglamentos que regulan el juicio o la actuación, sin que puedan, de conformidad con su propio criterio, acatar y respetar aquellos términos o procedimientos que los beneficien, y desconocer o ignorar aquellos que les sean desfavorables. PRESUNCION DE INOCENCIA-Trámite administrativo El debido proceso reposa sobre el supuesto de la presunción de inocencia, la cual necesariamente debe ser desvirtuada por las autoridades para que produzca efectos el señalamiento del procesado como infractor y se haga acreedor a las sanciones previstas en las normas. Ello implica necesariamente que se permita, por parte de quienes intervienen en las actuaciones, el normal desarrollo de las mismas, de manera que se respeten sus etapas y pueda llegar a su fin con la respectiva decisión de fondo, susceptible ésta de los recursos consignados en la ley. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-Internación de vehículo El hecho de que la tarjeta de internación presentada por el actor ante las autoridades de policía no corresponda al vehículo de su propiedad, y por tanto se presuma su falsedad, faculta a la DIAN seccional Arauca, en cumplimiento de las normas, a retener el automotor, iniciar la correspondiente actuación administrativa y a interponer la correspondiente denuncia penal, como efectivamente ocurrió en el presente caso. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Permanencia de vehículo Los actos adelantados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se ajustan plenamente a las disposiciones constitucionales y legales que regulan la permanencia ilegal en el país de vehículos de matrícula extranjera -introducción y circulación de mercancía extranjera en territorio colombiano-. Por tanto, no puede afirmarse que la actitud asumida por la administración obedezca a un comportamiento arbitrario o contrario a derecho. El documento de aprehensión le daba oportunidad al actor para que, dentro del término estipulado en la ley, demostrara la legalidad de la introducción y circulación del vehículo al país; hecho éste que de haberse probado, habría traído como consecuencia la entrega de la mercancía. Sin embargo, el demandante en una actitud negligente y despreocupada, hizo caso omiso de dicho término y no presentó respuesta alguna ni manifestó su intención de hacerlo. ACTUACION ADMINISTRATIVA-Sin apoderado En cuanto a la afirmación hecha por el actor y avalada por el a-quo, sobre la posible vulneración de su derecho al debido proceso, y consecuentemente el derecho a la defensa, al no haberle nombrado la DIAN defensor de oficio, o en su defecto curador ad-lítem, se permite la Sala aclarar que las actuaciones adelantadas ante las autoridades administrativas de oficio o a petición de parte, no requieren de abogado inscrito, salvo en aquellos casos en que la propia ley lo diga. DERECHO DE PETICION-Proceso administrativo Cuando el objeto de la solicitud hace parte determinante de un procedimiento especial, previamente regulado en la ley y sujeto a ciertos trámites, requisitos y términos específicos, el peticionario está en la obligación de someterse a dicho trámite, sin que la administración se vea obligada a resolver el asunto de fondo a través de la petición requerida. La Administración no está obligada a contestar y, por el contrario, debe el actor someterse al procedimiento establecido en la ley, sin que ello signifique que la existencia de disposiciones procesales aplicables al caso concreto, dejen sin efecto el derecho de petición ejercido por el actor, ya que simplemente se trata de que su ejercicio debe someterse a unas reglas que distan de las ordinarias. El derecho de petición puede ejercerse aun existiendo los procedimientos especiales, en aquellos eventos en que la administración se encuentre en mora de resolver dentro de los términos señalados o simplemente cuando se trate de asuntos que no pretendan definir el fondo del asunto -cuestiones accesorias-, situación que no es la que se presenta en este caso. REF:  Expediente No. T - 72394 Peticionario: Jaime Bayona Benítez. Procedencia: Juzgado Laboral del Circuito de Arauca. Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Tema: Debido proceso administrativo. Santafé de Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela radicado bajo el número T-72.394 adelantado por Jaime Bayona Benítez contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), seccional Arauca. 1. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efecto de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión. 1. Solicitud El doctor Omar Córdoba Sabogal, actuando como apoderado del señor Jaime Bayona Benítez, interpuso ante el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca, acción de tutela, con el fin de amparar los derechos fundamentales de petición, debido proceso y trabajo de su representado, consagrados en los artículos 23, 25 y 29 de la Constitución Política. 2. Hechos Afirma el actor que en el mes de febrero de 1993 compró a la señora Rosalba Vega Murillo, el vehículo Toyota Land Cruiser de placas Venezolanas LBH 247, modelo 1985, color gris oscuro. Sostiene, que la vendedora a su vez lo había adquirido en el año de 1987 por venta que le hizo la señora Ana Isabel Martínez de Rojas, hermana del señor José Angel Martínez González: Este último, figuraba en la tarjeta de propiedad del automotor al momento en que el mismo fue comprado por el actor, y por tanto fue quien, frente a las autoridades venezolanas, transfirió el dominio del mismo. Igualmente sostiene el demandante, que cuando la señora Vega Murillo adquirió el automotor éste tenía tarjeta de internación temporal expedida el 11 de febrero de 1986 y con vencimiento en agosto de 1990. Así, una vez caducado el documento, dicha señora tramitó una nueva tarjeta, de manera que cuando el demandante adquirió el vehículo en el año de 1993, éste se le entregó con la  nueva tarjeta de internación temporal que vencía en el año de 1994. Una vez caducó la segunda tarjeta de internación, el actor, atendiendo los llamados de la DIAN, seccional Arauca, para que se actualizaran las tarjetas vencidas, acudió a sus oficinas con el propósito de obtener el nuevo documento, para lo cual se le exigió, entre otros requisitos, que el vehículo fuera revisado por la unidad de automotores de la SIJIN del Departamento de Policía Arauca. Realizada la revisión, asegura el actor que al carro no se le encontró problema alguno; sin embargo, se observó que la segunda tarjeta de internación había sido adulterada, razón por la cual, la autoridad de policía retuvo el automotor y lo puso a disposición de la DIAN seccional Arauca, la cual de inmediato formalizó la aprehensión del vehículo y procedió a tramitar la correspondiente investigación aduanera, a través del expediente No. DA9595001. A su vez la directora de la DIAN en Arauca, presentó ante la Fiscalía seccional denuncia penal por falsedad en averiguación de responsables. Como consecuencia de la retención del vehículo, el actor se dirigió a la directora de la DIAN solicitándole su devolución, y además la verificación de autenticidad de las dos tarjetas de internación temporal, frente a lo cual afirma no haber obtenido respuesta alguna. Sin embargo, las decisiones que fueron tomadas con motivo de la correspondiente investigación administrativa, de acuerdo con los documentos aportados al proceso, le fueron notificadas legalmente al actor. 3. Pretensiones Solicita el apoderado del actor que, como consecuencia del amparo de los derecho conculcados, se ordene a la directora de la DIAN, seccional Arauca, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas se le haga entrega del vehículo aprehendido a su representado. II. ACTUACION PROCESAL 1. Primera instancia Mediante auto de fecha 22 de mayo de 1995, el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca, resolvió tutelar los derechos fundamentales de petición, trabajo y debido proceso del actor, y ordenó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, seccional Arauca, la entrega del vehículo en el término de cuarenta y ocho (48) horas, concediéndole al accionante, un plazo amplio y suficiente para que tenga la oportunidad de presentar los documentos y cumplir los requisitos, de acuerdo con las normas de internación. Sostuvo el despacho que frente a la presunta adulteración o falsedad de la tarjeta de internación No. 4183, extendida a nombre de José Angel Martínez González, el actor es un auténtico poseedor de buena fe, el cual convencido de la presunta autenticidad y legalidad de la tarjeta que portaba, no dudó en ningún momento, atendiendo los llamados de la DIAN, acudir a la correspondiente renovación de la tarjeta del carro que pasó a ser de su propiedad. Asimismo, continúa el ad quem, en el presente caso no se ha discutido jamás la procedencia y propiedad del vehículo, de lo cual se deduce que éste no ha sido mal habido, y en consecuencia debe obrar en favor del accionante el principio de la presunción de inocencia, pues debe hacerse claridad en el sentido de que lo que se discute es la permanencia irregular del vehículo con base en una tarjeta de internación tildada de falsa cuya responsabilidad recae, en primer lugar, en la propia entidad para formular la denuncia penal y luego en la Fiscalía General, entidad encargada de investigar los delitos; en cuanto al actor se refiere, la denuncia no se ha dirigido en su contra. También señaló el Juzgado, que el vehículo Toyota venezolano no se introdujo al país como mercancía extranjera sin el lleno de los requisitos, tal como se aduce en el pliego de cargos, ya que la expedición de la tarjeta de internación No. 00001915 de fecha febrero 11 de 1986, sobre cuya legalidad y legitimidad no existe duda, demuestra que el señor José Angel Martínez, quien figuraba como propietario, cumplió con todos los requisitos legales de internación. Finalmente indicó el despacho, que una cosa es la internación, otra la importación y otra la permanencia irregular de mercancía extranjera por vencimiento de la tarjeta de internación, siendo este último el caso específico que se presenta. 2. Impugnación Mediante memorial presentado el día treinta (30) de mayo de 1995, la directora de la DIAN, seccional Arauca, impugnó el fallo proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca. Sin embargo, el mismo no fue considerado por haberse presentado fuera de término. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia. 2. El debido proceso administrativo El debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio. El artículo 29 del ordenamiento constitucional lo consagra expresamente "para toda clase de actuaciones judiciales o administrativas". Así entonces, las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de proceso, requieren de una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley o los reglamentos. Sobre el particular ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación: "Todo proceso consiste en el desarrollo de particulares relaciones jurídicas entre el órgano sancionador y el procesado o demandado, para buscar la efectividad del derecho material y las garantías debidas a las personas que en él intervienen. "La situación conflictiva que surge de cualquier tipo de proceso exige una regulación jurídica y una limitación de los poderes estatales, así como un respeto de los derechos y obligaciones de los individuos o partes procesales." (Sentencia No. T-521 de 1992. Magistrado Ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero). En lo que se refiere a las actuaciones administrativas, éstas deben ser el resultado de un proceso donde quien haga parte del mismo, tenga oportunidad de expresar sus opiniones e igualmente de presentar y solicitar las pruebas que demuestren sus derechos, con la plena observancia de las disposiciones que regulan la materia, respetando en todo caso los términos y etapas procesales descritas. Sobre el particular, el artículo 35 del C.C.A. señala lo siguiente: "Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares." (...) Así, el debido proceso se vulnera cuando no se verifican los actos y procedimientos establecidos en la ley y los reglamentos. Se entiende que esta obligación no sólo cobija a las autoridades públicas sino también a los particulares, en forma tal que estos últimos también quedan obligados por las reglas o reglamentos que regulan el juicio o la actuación, sin que puedan, de conformidad con su propio criterio, acatar y respetar aquellos términos o procedimientos que los beneficien, y desconocer o ignorar aquellos que les sean desfavorables. Igualmente, el debido proceso reposa sobre el supuesto de la presunción de inocencia, la cual necesariamente debe ser desvirtuada por las autoridades para que produzca efectos el señalamiento del procesado como infractor y se haga acreedor a las sanciones previstas en las normas. Ello implica necesariamente que se permita, por parte de quienes intervienen en las actuaciones, el normal desarrollo de las mismas, de manera que se respeten sus etapas y pueda llegar a su fin con la respectiva decisión de fondo, susceptible ésta de los recursos consignados en la ley. 3. El caso concreto Resulta claro que lo que se ha pretendido a través de la presente acción de tutela, es la restitución del vehículo Toyota Land Cruiser, con placas venezolanas No. LBH 247, de propiedad del actor, retenido por la SIJIN, seccional Arauca y puesto a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- de la misma seccional. De esta situación el actor deduce la violación de sus derechos de petición, debido proceso y trabajo, toda vez que, según él, la autoridad administrativa desconoció los términos de la investigación y los procedimientos, como también hizo caso omiso a las solicitudes de devolución del vehículo, el cual es utilizado por él como medio de trabajo. Sobre el particular es importante anotar que el Decreto 1944 de 1984 acomodó a las regulaciones aduaneras una costumbre que se venía presentando de tiempo atrás con los vehículos automotores y motocicletas de matrícula extranjera, los cuales circulaban libremente y sin restricciones en algunos municipios y regiones fronterizas de Colombia. El citado Decreto, exigió a los propietarios nacionales o extranjeros residentes en la zona, presentar sus vehículos con matrícula extranjera ante la Administración de Aduanas de la jurisdicción (hoy DIAN) y solicitar, previo cumplimiento de ciertos requisitos, el permiso de internación temporal del automotor (tarjeta de internación) que tiene una vigencia de cinco (5) años prorrogables, legalizando en esta forma la internación o introducción de automotores y su circulación dentro del territorio nacional. Igualmente, el Decreto 2351 de 1989, en concordancia con del Decreto 1909 de 1992, delegó en la Dirección de Aduanas Nacionales hoy Dirección de Impuestos y Aduanas, la competencia para adelantar las investigaciones y desarrollar los controles necesarios con el fin de asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras. Al respecto, el inciso final del artículo 61 del Decreto 1909 dispone que "la única autoridad competente para verificar la legalidad de la importación de las mercancías que se introduzcan o circulen en el territorio nacional, será la Dirección de Aduanas Nacionales." Así, frente al caso bajo examen, el hecho de que la tarjeta de internación presentada por el actor ante las autoridades de policía no corresponda al vehículo de su propiedad, y por tanto se presuma su falsedad, faculta a la DIAN seccional Arauca, en cumplimiento de las normas citadas y de lo estipulado en los artículo 1o., 2o. y 3o. del Decreto 2352 y 1o, 2o del Decreto 1800 de 1994, a retener el automotor, iniciar la correspondiente actuación administrativa y a interponer la correspondiente denuncia penal, como efectivamente ocurrió en el presente caso. En lo que se refiere al desarrollo del proceso administrativo identificado con el No. DA-9595000 (cuya copia hace parte del expediente de tutela), encuentra la Sala que los actos adelantados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, seccional Arauca, se ajustan plenamente a las disposiciones constitucionales y legales que regulan la permanencia ilegal en el país de vehículos de matrícula extranjera -introducción y circulación de mercancía extranjera en territorio colombiano-. Por tanto, no puede afirmarse que la actitud asumida por la administración obedezca a un comportamiento arbitrario o contrario a derecho. Así, de acuerdo con el oficio "No. 159 SIJIN GRAUT DEARA C/997", se observa que el vehículo fue  inmovilizado por la SIJIN el 28 de diciembre y puesto a disposición de la DIAN Arauca el 29 de diciembre del año inmediatamente anterior. Posteriormente, en cumplimiento de lo señalado en el Decreto 2352 de 1989, se dictó el auto de apertura de la investigación, se ordenó la práctica del avalúo físico de la mercancía y se elaboró el documento de aprehensión, notificado el 26 de enero de 1995 mediante correo certificado, planilla de correo No.014. Dicho documento fuera de legalizar la aprehensión, le indicaba al actor lo siguiente: "El interesado podrá demostrar la legalidad de la introducción de los bienes al País, en el término de diez (10) días ARTICULO 10o. DEL DECRETO 2352 DE OCTUBRE 17 DE 1989." (negrillas fuera de texto) Se observa, que el documento de aprehensión le daba oportunidad al actor para que, dentro del término estipulado en la ley, demostrara la legalidad de la introducción y circulación del vehículo al país; hecho éste que de haberse probado, habría traído como consecuencia la entrega de la mercancía. Sin embargo, el demandante en una actitud negligente y despreocupada, hizo caso omiso de dicho término y no presentó respuesta alguna ni manifestó su intención de hacerlo. Al respecto, el artículo 12 del Decreto 2351 de 1989 dispone: "En el momento en que se demuestre la legal importación, el administrador de la aduana, ordenará mediante providencia motivada la entrega de la mercancía." (...) (negrillas fuera de texto). Así entonces, no habiendo demostrado el actor la legalidad de la mercancía, la autoridad administrativa expidió el respectivo pliego de cargos de conformidad con lo estipulado en el artículo 1o., inciso 2o., del Decreto 1800 de 1994. Presentados los descargos dentro del mes siguiente a la notificación del pliego (notificado el día 17 de febrero de 1995), la administración de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3o., del artículo 1o. del Decreto 1800, tenía tres meses para resolver de fondo el asunto; sin embargo el actor no esperó a que se venciera dicho término y procedió a interponer la presente acción de tutela, quedando por definir la situación administrativa en relación con el vehículo, objeto de dicha actuación. En cuanto a la afirmación hecha por el actor y avalada por el a-quo, sobre la posible vulneración de su derecho al debido proceso, y consecuentemente el derecho a la defensa, al no haberle nombrado la DIAN seccional Arauca defensor de oficio, o en su defecto curador ad-lítem, se permite la Sala aclarar que las actuaciones adelantadas ante las autoridades administrativas de oficio o a petición de parte, no requieren de abogado inscrito, salvo en aquellos casos en que la propia ley lo diga. Así lo señala expresamente el artículo 35 del Decreto 196 de 1971, e igualmente se deduce de las disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo, que desarrollan el procedimiento administrativo. Sobre el tema, el artículo 35 del Decreto 196 de 1971 dispone: Artículo 35.- Salvo los casos expresamente determinados en la ley, no se requiere ser abogado para actuar ante las autoridades administrativas; pero si se constituye mandatario, éste deberá ser abogado inscrito." (negrillas fuera de texto). Igualmente, el artículo 52 del C.C.A., refiriéndose a quienes están legitimados para interponer los recursos en la vía gubernativa y en que oportunidad, señala lo siguiente: Art. 52.- Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido; (...) (negrillas fuera de texto). Frente al caso que se debate, no se observa que las disposiciones que regulan la introducción y circulación de mercancías extranjeras dentro del territorio colombiano, exijan respecto de las personas que puedan verse involucradas en dichas actuaciones, que éstas deban estar representadas por apoderado judicial, de manera que carece de fundamento la afirmación del actor a este respecto. En lo que tiene que ver con la violación del derecho de petición, se hace necesario aclarar que efectivamente el artículo 23 de la Constitución Política, faculta a las personas para presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Sin embargo, cuando el objeto de la solicitud hace parte determinante de un procedimiento especial, previamente regulado en la ley y sujeto a ciertos trámites, requisitos y términos específicos, el peticionario está en la obligación de someterse a dicho trámite, sin que la administración se vea obligada a resolver el asunto de fondo a través de la petición requerida. Sobre el tema la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido: "El derecho de petición tiene por finalidad hacer posible el acceso de las personas a la autoridad pública para que ésta, obligada como está por el artículo 23 de la Constitución, se vea precisada no solamente a tramitar sino a responder de manera oportuna las solicitudes elevadas por aquéllas en interés general o particular, pero no tiene sentido cuando la administración ha asumido de oficio una actuación que adelanta ciñéndose a los términos y requerimientos legales. En tales eventos las reglas aplicables para que se llegue a decidir sobre el fondo de lo solicitado son las que la ley ha establecido para el respectivo procedimiento, que obligan a los particulares involucrados tanto como a las dependencias oficiales correspondientes, de modo tal que -en materia propia de la decisión final- no tiene lugar la interposición de peticiones encaminadas a que el punto objeto de la actuación administrativa se resuelva anticipadamente y por fuera del trámite normal." (Sentencia No. T-414 de 1995, Magistrado Ponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo). Así entonces, frente al caso concreto, si las peticiones del demandante se dirigían a la recuperación del vehículo y a solicitar pruebas que reconocieran el debido ejercicio de sus derechos, es obvio que las mismas pretendían definir el fondo de la actuación iniciada por la administración, cual es establecer la legalidad o ilegalidad en la introducción y circulación del vehículo dentro del territorio colombiano. De manera que en este caso, la Administración no está obligada a contestar y, por el contrario, debe el actor someterse al procedimiento establecido en la ley, sin que ello signifique que la existencia de disposiciones procesales aplicables al caso concreto, dejen sin efecto el derecho de petición ejercido por el actor, ya que simplemente se trata de que su ejercicio debe someterse a unas reglas que distan de las ordinarias. Ciertamente, el derecho de petición puede ejercerse aun existiendo los procedimientos especiales, en aquellos eventos en que la administración se encuentre en mora de resolver dentro de los términos señalados o simplemente cuando se trate de asuntos que no pretendan definir el fondo del asunto -cuestiones accesorias-, situación que no es la que se presenta en este caso. Así entonces, habiendo quedado plenamente establecido que la actuación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, seccional Arauca se ajustó a los procedimientos señalados en la ley, no puede afirmarse que de alguna de las medidas adoptadas por ella como la retención del vehículo, se derive vulneración de derecho fundamental alguno incluyendo el derecho al trabajo. Cuando las autoridades públicas, en ejercicio de sus funciones, vinculan a las personas o algunos de sus bienes en una actuación judicial o administrativa iniciada en forma legal, quienes se vean afectados, carecen de autoridad para argumentar la violación de los derechos, cuyo ejercicio resulte legítimamente limitado por la naturaleza misma del proceso. La razón, es que las entidades del Estado están legitimadas para adelantar los procesos y establecer responsabilidades, respetando los trámites señalados en las normas, sin que la invocación de los derechos fundamentales hecha por los afectados, implique la posibilidad de evadir los procesos y actuaciones que de acuerdo con  la Constitución y ley deben adelantar las autoridades. En virtud de lo anterior, considera la Sala que los derechos alegados no han sido vulnerados, razón por la cual se habrá de revocar el fallo de fecha 22 de mayo de 1995, proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE : PRIMERO: REVOCAR el fallo de fecha 22 de mayo de 1995, proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Arauca y en su lugar NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor Jaime Bayona Benítez. SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, seccional Arauca, continuar con el proceso administrativo No. DA95950001, iniciado el 6 de enero de 1995, suspendido por la decisión del Juez de primera y única instancia. TERCERO: ORDENAR que por la Secretaría General de esta Corporación, se comunique esta providencia al Juzgado Laboral del Circuito de Arauca, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-473-95 Sentencia No. T-473/95 _Sentencia No. T-473/95 DERECHO A LA SALUD DEL INTERNO/PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA DEL INTERNO No resulta conforme con las disposiciones constitucionales sobre derechos fundamentales, el tratamiento dado al interno, quien como persona humana goza de una serie de derechos reconocidos directamente por la Carta Política, como el derecho a la salud, el derecho a la dignidad humana e incluso el derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros; es claro, pues, que la pena impuesta a determinada persona por su accionar delictivo tiene unas funciones entre otras de resocialización y rehabilitación; y que si el interno desea, por ejemplo aprender un oficio y trabajar, y así rehabilitarse, mal podría hacerlo sufriendo la enfermedad mencionada. Por ello se revocará la sentencia de primera instancia, al encontrar injustificada la dilación en la atención médica debida al interno, atribuíble únicamente a los diferentes trámites administrativos, y al hecho de la privación de libertad del demandante, quien por tal razón, obviamente no puede dedicarse a la realización de las diligencias tendientes a lograr la atención médica. Ya lo ha expresado la Corte Constitucional, que el hecho de la privación de libertad no implica de manera alguna la privación del derecho a la salud. Esta Sala revocará el fallo revisado y ordenará a la Cárcel del Distrito Judicial, la prestación adecuada y oportuna de los servicios médicos que el interno pueda requerir, en el sentido de que le sea practicada la ecografía ocular que determine el diagnóstico de la pertinencia de la intervención quirúrgica. NOTA DE RELATORIA: En similar sentido se puede consultar la sentencia T-522/92, publicada en la Gaceta de la Corte Constitucional, tomo 5 de 1992, página 258. REF: EXPEDIENTE T-74104 Peticionario ALCIDES DE JESUS BEDOYA ESCOBAR. Procedencia: Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín. Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ. -Ponente- Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA. Dr. JORGE ARANGO MEJIA Santa Fe de Bogotá D.C., octubre diecinueve (19) de mil novecientos noventa y cinco (1995). 1.   INFORMACION PRELIMINAR Procede la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados FABIO MORON DIAZ, VLADIMIRO NARANJO MESA Y JORGE ARANGO MEJIA a revisar el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Penal, el día ocho (8) de junio de 1995, en el proceso de la referencia. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional asumió el conocimiento de la mencionada decisión por la vía de la remisión que hizo el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, por virtud de lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 y de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, permitieron a la Sala Séptima de Selección de la Corte, escogerla para efectos de su revisión. 2. LOS HECHOS Los hechos que motivaron la formulación de la acción correspondiente, se sintetizan a continuación. El peticionario ALCIDES DE JESUS BEDOYA ESCOBAR se encuentra privado de la libertad en la Cárcel del Distrito Judicial de Medellín. En 1989 sufrió una lesión en uno de sus ojos, motivo por el cual está perdiendo la vista. Considera el peticionario vulnerado su derecho a la salud toda vez que el servicio médico de la Cárcel del Distrito Judicial de Medellín se ha limitado a recetarle unas medicinas, pero no ha dispuesto intervenirlo quirúrgicamente, no obstante existir un dictamen médico que así lo aconseja. Acudió entonces a la acción de tutela en procura de la protección constitucional de su derecho a la salud. 3. LA DECISION JUDICIAL QUE SE REVISA Correspondió conocer de la acción a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, despacho que, luego de agotar los trámites legales resolvió rechazar la tutela incoada contra el médico al servicio del establecimiento carcelario “Bellavista”, con base en la existencia de otros medios de defensa judiciales y además, atendiendo al criterio según el cual, como la ley no ha señalado los términos en los cuales la atención básica de la salud sea gratuita y obligatoria para todos los habitantes del país, no existe derecho qué reclamar por esta vía. Al respecto, observó el fallador de instancia: "... “Si ciertamente el relativo a la salud ha sido considerado como un derecho fundamental por la H. Corte Constitucional, ello ha sido cuando bajo el entendimiento de su conexidad con el primordial derecho fundamental, cual es la vida. En consecuencia, cuando el trastorno de salud obedece a un tráuma (sic) que en forma alguna pone en peligro la vida, no puede ubicarse la salud -salvo en los niños- como derecho fundamental. Menos en casos en que no puede derivarse un peligro de contagio ni consecuencias graves en otros campos. “No es que se quiera decir que por no ser la salud en este caso un derecho fundamental, como un derecho social se tenga que quedar sin aplicación. Lo que pasa es que su ejercicio y aplicación no debe buscarse mediante el ‘procedimiento preferente y sumario’ que consagra el art. 86 de la Constitución, ya que, de otra parte obviamente se dispone de diversos medios para aquél tenga cabal cumplimiento”. ..." En la parte motiva de la providencia, el fallador puntualiza al peticionario, que haciendo uso del artículo 23 de la Carta, puede solicitar al Estado por medio de los respectivos órganos, que se le conceda la atención necesaria. 4.  REMISION DEL EXPEDIENTE A LA CORTE  CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION No habiendo sido impugnada la anterior decisión, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional, para que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente, procediera a decidir acerca de su eventual revisión, lo cual se ordenó por la Sala Séptima de Selección, la que, por medio de auto de fecha 19 de julio del año en curso, repartió el negocio al Magistrado Ponente y surtidos los trámites legales procede la Corte, previo el estudio de la Sala Octava de Revisión, a revisar la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. 5.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE Primera.   La Competencia Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia en relación con el fallo dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Nacional, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. Segunda.    El derecho a la salud El derecho a la salud, es uno de los derechos fundamentales de los que mayor importancia reviste, toda vez que con él, se relacionan otros derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la vida, a la dignidad humana, y a la integridad física, entre otros. Como lo ha sostenido esta Corporación, “El derecho a la integridad física comprende el respeto a la corporeidad del hombre de forma plena y total, de suerte que conserve su estructura natural como ser humano. Muy vinculado con este derecho -porque también es una extensión directa del derecho a la vida- está el derecho a la salud, entendiendo por tal la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica o funcional de su ser. Implica, por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento, lo que conlleva a la necesaria labor preventiva contra los probables atentados o fallas de la salud. Y esto porque la salud es una condición existencial de la vida humana en condiciones de plena dignidad:  al hombre no se le debe una vida cualquiera, sino una vida saludable.  La persona humana requiere niveles adecuados de existencia, en todo tiempo y en todo lugar, y no hay excusa alguna para que a un hombre no se le reconozca su derecho inalienable a la salud”. (Sentencia T-494 de 1993, Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa). En efecto, recientemente en cuanto a los derechos de los internos a la salud y a la dignidad humana, esta Corporación puntualizó: “Tal persona a pesar de tener suspendido su derecho a la libertad física, aún es titular y ejerce sus otros derechos fundamentales, los cuales sólo pueden ser restringidos en menor o mayor magnitud debido a su nexo con la reclusión, pero permanecen intactos en su núcleo esencial. En efecto, el ser humano recluido en un panóptico tiene solamente en suspenso el derecho fundamental de la libertad física y, como consecuencia de ésto, se presentan ciertas limitaciones en el ejercicio de otros derechos fundamentales, las cuales obedecen a las circunstancias especiales de seguridad que se deben mantener en una cárcel. Es así como se presentan restricciones como en las visitas íntimas, en la posesión y circulación de material pornográfico, en las comunicaciones, en la posesión de dinero en efectivo, etc (artículo 112 del Código Penitenciario y Carcelario); tales restricciones afectan la esfera de la igualdad, del libre desarrollo de la personalidad, de la intimidad.”. (Sentencia T-065 de 1995, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero). Tercera. El caso concreto. Las consideraciones expuestas sirven de base para analizar el caso que ocupa la atención de la Sala. En el presente caso BEDOYA ESCOBAR acudió a la acción de tutela para que por medio de la intervención del aparato judicial fuera atendido quirúrgicamente, como consta en un dictamen médico visible a folio 30 del expediente de tutela, cuya fecha es de 31 de mayo del año en curso, esto es, 1995. Sin embargo, observa la Sala que a folio 32 del expediente, se encuentra la autorización del señor Director de la Cárcel del Distrito Judicial de Medellín, para que se efectúe el traslado del recluso BEDOYA ESCOBAR al Hospital “Marco Fidel Suárez” de Bello, bajo estrictas medidas de seguridad, documento  que está fechado mayo 31 del año pasado, es decir, 1994. Debe señalar la Sala que no se encontró en el expediente evidencia ninguna de la que pudiese colegir que el señor BEDOYA ESCOBAR haya sido intervenido quirúrgicamente o que no lo haya sido, por ello, fué necesario oficiar al Centro Penitenciario, para que certificara la situación de la salud visual  actual del demandante. En respuesta al requerimiento de la Sala, el Director de la Cárcel y el médico interno del Centro Penitenciario expresaron que al interno BEDOYA ESCOBAR no le ha sido practicada ninguna cirugía ocular y justifican tal situación en el hecho de que sólo es posible determinar la viabilidad de la intervención, mediante la práctica de una ecografía ocular, la que tampoco se ha verificado. En cuanto a la cirugía ocular, manifiestan tales sujetos que han acudido al Hospital “San Vicente de Paul” de la ciudad de Medellín, el cual ha informado que hasta tanto no sea cancelado el valor de la totalidad de los gastos, ella no puede realizarse. Sostienen también que acudieron al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC en procura de los fondos correspondientes, y tal entidad no ha respondido sus requerimientos. Para la Sala, no resulta conforme con las disposiciones constitucionales sobre derechos fundamentales, el tratamiento dado al señor BEDOYA ESCOBAR, quien como persona humana goza de una serie de derechos reconocidos directamente por la Carta Política, como el derecho a la salud, el derecho a la dignidad humana e incluso el derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros; es claro, pues, que la pena impuesta a determinada persona por su accionar delictivo tiene unas funciones entre otras de resocialización y rehabilitación; y que si BEDOYA ESCOBAR desea, por ejemplo aprender un oficio y trabajar, y así rehabilitarse, mal podría hacerlo sufriendo la enfermedad mencionada. Por ello se revocará la sentencia de primera instancia, al encontrar injustificada la dilación en la atención médica debida al interno, atribuíble únicamente a los diferentes trámites administrativos, y al hecho de la privación de libertad del demandante, quien por tal razón, obviamente no puede dedicarse a la realización de las diligencias tendientes a lograr la atención médica. Ya lo ha expresado la Corte Constitucional, que el hecho de la privación de libertad no implica de manera alguna la privación del derecho a la salud, así: "... el régimen jurídico especial al que se encuentran sometidos los internos en ocasiones, resulta incompatible con ciertos derechos, aún fundamentales, cuyo ejercicio, en consecuencia, se suspende para tornar a él luego de que haya expirado el término de la pena, o según las condiciones fijadas en la Ley o en la Sentencia.  Esto sucede, en primer lugar, con la libertad y además con derechos tales como los políticos, el de reunión, locomoción etc., en tanto que otros derechos no se ven especialmente afectados y se conservan en su plenitud; piénsese por ejemplo en el derecho a la vida y a la integridad, en la libertad de conciencia y de cultos; un tercer grupo de derechos está integrado por aquellos que deben soportar limitaciones, las más de las veces previstas en la Constitución o en la Ley, tal como acontece con la conmoción oral, escrita o telefónica que, previos los requisitos del caso resulta restringida.  Además, de la específica condición de recluso surgen ciertos derechos, contenidos especialmente en la ley penitenciaria y que tienen que ver con la alimentación, la salud, la seguridad social, etc., y que, como contrapartida constituyen deberes a cargo del Estado".  (Sentencia No. T-424 de 1992, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).Subrayas fuera del texto. De conformidad con las consideraciones hechas, esta Sala revocará el fallo revisado y ordenará a la Cárcel del Distrito Judicial de Medellín, la prestación adecuada y oportuna de los servicios médicos que el interno ALCIDES DE JESUS BEDOYA ESCOBAR, pueda requerir, en el sentido de que le sea practicada la ecografía ocular que determine el diagnóstico de la pertinencia de la intervención quirúrgica, de todo lo cual se informará al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario a fin de que tome las medidas conducentes al cumplimiento de este fallo; además, resulta pertinente comisionar al despacho que profirió la sentencia revisada para que realice el seguimiento de dicho cumplimiento y verifique el resultado del mismo. Por último, para la Sala es importante que la Defensoría del Pueblo, conozca el presente asunto, ya que por mandato constitucional le corresponde velar por la guarda, promoción y el ejercicio de los derechos  humanos (artículo 282 C.P), para lo cual deberá enviársele copia de este proveído, a la dependencia de la regional de Antioquia. En virtud a lo anterior, habrá de revocarse el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, como así se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia. Cuarta. Decisión En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, actuando en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero. REVOCAR  la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, por las razones expuestas en el presente fallo. Segundo. CONCEDER la tutela incoada por el señor ALCIDES DE JESUS BEDOYA ESCOBAR. Tercero. En consecuencia, ORDENAR al Médico Interno de la Cárcel del Distrito Judicial de Medellín la prestación adecuada y oportuna de los servicios médicos que el interno ALCIDES DE JESUS BEDOYA ESCOBAR pueda requerir, y además que le sea practicada la ecografía ocular a costa de los servicios médicos de la Cárcel, para diagnosticar la pertinencia de la intervención quirúrgica, de todo lo cual informará al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario a fin de que tome las medidas conducentes al cumplimiento de este fallo. Cuarto:  COMISIONAR a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, para que realice el seguimiento del cumplimiento de este fallo e informe a esta Corporación el resultado del mismo o su desacato. Quinto. ENVIAR copia de esta sentencia a la Regional de Antioquia de la Defensoría del Pueblo para lo de su competencia. Sexto: Por la Secretaría, líbrense las comunicaciones de que trata el Artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y cúmplase. FABIO MORON DIAZ Magistrado Ponente VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-474-95 Sentencia No Sentencia No. T-474/95 PERSONA JURIDICA-Titularidad de derechos fundamentales Queda establecida la legitimación de las personas jurídicas para acudir al mecanismo de protección de los derechos constitucionales fundamentales previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y, tal como aparece en los antecedentes de esta providencia,  las sociedades actoras persiguen evitar que se realicen asambleas generales de copropietarios que no sean convocadas por el administrador o por la junta administradora legalmente inscrita ante la alcaldía. CENTRO COMERCIAL GALERIAS-Copropietarios/ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS-Convocatoria irregular/DERECHO DE ASOCIACION DE COPROPIETARIOS/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL INEFICAZ-Copropietarios/ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Copropietarios Es claro que a las sociedades actoras y al coadyuvante les asiste la posibilidad de procurar que, por un medio expedito como la acción de tutela, procedente frente a violaciones o amenazas de vulneración de los derechos fundamentales, se impida la realización de una asamblea convocada por quienes carecen de título jurídico para hacerlo. Una interpretación diversa dejaría a los peticionarios enfrentados a dos alternativas, ambas conculcadoras del derecho de asociación: concurrir, en contra de sus convicciones, a una asamblea que consideran reñida con el ordenamiento jurídico o dejar de hacerlo, sometiéndose, mientras tanto, a las decisiones tomadas sin la participación que legítimamente les corresponde, ya que, se repite, los medios judiciales ordinarios operan con posterioridad. Obró bien el Tribunal Superior al prohibir cualquier asamblea convocada por personas distintas a las inscritas; tal decisión lejos de atentar contra el derecho de asociación le otorga vigencia, porque evita la usurpación de  funciones jurídicamente atribuidas a quienes cumplen los requisitos previstos por el ordenamiento. REF: Expediente No. T- 75.118 Actor: GONZALO CORDOBA GOMEZ en representación de ACREEDORES UNO S.A. y ACREEDORES DOS  S.A. Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Dr. JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá, D.C., Octubre diecinueve  (19 ) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Honorables Magistrados VLADIMIRO NARANJO MESA, JORGE ARANGO MEJIA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a revisar las sentencias relacionadas con la acción de tutela de la referencia, proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala Laboral- el treinta (30) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995), en primera instancia, y por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el veintiocho (28) de junio del mismo año, en segunda instancia. I. ANTECEDENTES A. La solicitud El ciudadano GONZALO CORDOBA GOMEZ, obrando en nombre de "las personas jurídicas de derecho privado denominadas ACREEDORES UNO S.A. y ACREEDORES DOS S.A.", de las cuales dice ser representante legal, ejerció la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política, dirigida a obtener "que se profiera sentencia impidiendo que la persona jurídica denominada GALERIAS CIUDADELA COMERCIAL (...) realice por las vías de hecho la ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS que aparece convocada para mayo 23 de 1995 o junio 13 de 1995 por los señores HERIBERTO HERNANDEZ QUINTERO, quien se atribuye la calidad de ´Administrador General´ que jurídicamente no tiene y por MANUEL OSPINA CRUZ, quien se atribuye la calidad de ´Presidente Junta Administradora´ que tampoco tiene jurídicamente, a fin de tutelar, respecto a ACREEDORES UNO S.A. y ACREEDORES DOS S.A., y respecto a las demás personas que coadyuven esta acción de tutela, el derecho constitucional fundamental de libertad de asociación y de participación, derechos cuya violación es inminente de no concederse la tutela, ya sea como mecanismo transitorio o como acción plena". Los hechos que sirven de fundamento al amparo reclamado, los expone el peticionario CORDOBA GOMEZ de la siguiente manera: 1. GALERIAS CIUDADELA COMERCIAL es una persona jurídica de derecho privado, domiciliada en Santafé de Bogotá, y "su existencia, actividades, organización, miembros que la integran, derechos y deberes, funciones de la asamblea general, funciones de la junta directiva, formas de convocatoria a las reuniones ordinarias de la asamblea general y demás estipulaciones reguladoras de su existencia y actividades están consignadas en el REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL elevado a escritura pública...". 2. "Conforme al artículo SEXAGESIMO del reglamento mencionado las Asambleas Generales deben ser convocadas por ´el Administrador´ o ´en su defecto por la junta administradora´". 3. "HERIBERTO HERNANDEZ QUINTERO y MANUEL OSPINA CRUZ no tienen las calidades de ´administrador´ y de ´presidente de la Junta administradora´ que se atribuyen en el documento citatorio (...). De consiguiente, obran por las VIAS DE HECHO". 4. "La verdadera JUNTA ADMINISTRADORA, integrada por las personas que se relacionan en la certificación expedida por la Alcaldía de Teusaquillo que se acompaña, NO HAN CONVOCADO A REUNION ALGUNA de la asamblea general". 5. "La verdadera JUNTA ADMINISTRADORA me designó ädministrador´ pero como mi nombramiento debe ser inscrito en la Alcaldía Local de Teusaquillo y tal inscripción se encuentra en trámite, NO HE PROCEDIDO A REALIZAR CONVOCATORIA ALGUNA". 6. "Mi antecesora, señora MARIA ESPERANZA DIAZ HERNANDEZ,  quien figura aún inscrita como ´administradora´, tampoco ha convocado reunión alguna de la asamblea general". 7. "Resulta evidente entonces, que los sujetos HERIBERTO HERNANDEZ QUINTERO y MANUEL OSPINA CRUZ, por las ´vías de hecho´ se atribuyen calidades que no tienen y también por las ´vías de hecho´ están convocando a la Asamblea General de Copropietarios". 8. "Frente a tales vías de hecho, como no podemos acudir a vías de hecho para impedir lo que ellos están haciendo, no existe ningún otro mecanismo judicial o administrativo que pudiéramos ejercitar para impedir la reunión de que se trata" y debido a ello existe una "verdadera situación de indefensión". 9. Finalmente, apunta el señor CORDOBA GOMEZ que, en caso de efectuarse la reunión de la asamblea general, las personas a quienes jurídicamente corresponde la verdadera representación de GALERIAS CIUDADELA COMERCIAL serían suplantadas, impidiéndoseles de ese modo "ejercer el derecho a convocatoria  y presidir la reunión, y a la vez, a los integrantes de la Asamblea General, dentro de los cuales se encuentran ACREEDORES UNO S.A. y ACREEDORES DOS S.A. se les vulneraría el derecho a participar, elegir y ser elegidos", argumento que "es válido respecto a los demás miembros de GALERIAS CIUDADELA COMERCIAL representados en la junta directiva legalmente inscrita en la Alcaldía Local de Teusaquillo". Mediante escrito presentado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, el señor FABIO GUTIERREZ VARGAS, en su calidad de "copropietario de GALERIAS CIUDADELA COMERCIAL y también como presidente de la junta directiva de esa entidad", coadyuvó la tutela presentada y manifestó, para tal efecto, que "Los señores HERIBERTO HERNANDEZ QUINTERO, quien se atribuye el carácter de administrador general, sin serlo, y el señor MANUEL OSPINA CRUZ, quien se atribuye el carácter de presidente de la junta administradora, sin serlo, no están habilitados para convocar a ninguna reunión ordinaria ni extraordinaria de copropietarios de GALERIAS CIUDADELA COMERCIAL", pese a lo cual lo están haciendo "y no disponemos de ningún mecanismo legal que nos permita impedir que los suplantadores convoquen y realicen tal asamblea". B. La sentencia de primera instancia El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala Laboral-, mediante sentencia de mayo treinta (30) de mil novecientos noventa y cinco (1995) resolvió "CONCEDER LA TUTELA solicitada y en consecuencia PROHIBIR cualquier asamblea de copropietarios de la persona jurídica GALERIAS CIUDADELA COMERCIAL que sea convocada por una Junta Directiva, un administrador o un Revisor Fiscal distinto a los inscritos". Estimó el Tribunal, con fundamento en la doctrina fijada por la Corte Constitucional en sentencia No. T-03 de 1994, que los interesados en impedir la realización de la asamblea de copropietarios no disponían de un mecanismo jurídico que los facultase para impedir por la fuerza la reunión y que, por otra parte, la legislación procesal civil no establece un mecanismo idóneo, rápido y efectivo para suspender el encuentro, toda vez que el procedimiento ordinario para impugnar actos de asambleas opera ex post facto. Así las cosas, para el a-quo es clara la indefensión de los peticionarios y procede a conceder la acción de tutela reclamada. Señaló el Tribunal que el actor demostró que las personas en contra de quienes dirige la acción, "alegando la calidad de administrador general y presidente de la junta administradora, convocaron a una asamblea general ordinaria de copropietarios de la sociedad Galerías Ciudadela Comercial", hecho que no niegan los demandados, como tampoco niegan que "la alcaldía local de Teusaquillo inadmitió la solicitud de registro y certificación sobre la administración y representación legal solicitada por el señor Heriberto Hernández Quintero por incumplimiento de algunos artículos del reglamento de propiedad horizontal en la elección de los miembros de la Junta Directiva realizada en la asamblea general extraordinaria del 23 de septiembre de 1994". Según el Tribunal, lo anterior indica que "la convocatoria realizada lo fue en forma contraria a las disposiciones del reglamento de propiedad horizontal, es decir, ilegalmente, ya que ni la junta directiva ni el administrador cumplen con los requisitos del reglamento ni fueron inscritos" y cuando se presenta una situación de esta índole "se amenaza el derecho de asociación", amenaza que en este caso "resulta más evidente ante la pretensión de quienes realizan la convocatoria de elegir directivas sin tener en cuenta el coeficiente de propiedad expresamente establecido en el reglamento". C. La impugnación El señor Heriberto Hernández Quintero impugnó el fallo de primera instancia que, en su criterio, protegió un derecho inexistente porque a la asamblea general "pueden asistir todos los propietarios", de manera que no se impide la presencia del peticionario y pese a que "sus mandantes están en mora desde hace ocho años , se les permite ingresar a la asamblea con voz pero sin voto y esto se aplica a su representante". Adujo el impugnante que existen mecanismos  para evitar que se lleven a cabo asambleas "o una vez realizadas los copropietarios pueden impedir para que estas no cumplan con su cometido". Señaló que existe una clara extralimitación de funciones por parte de los magistrados ya que el fallo implica la violación del reglamento de propiedad horizontal que impone una reunión anual de la asamblea, además, al impedir la convocatoria se coarta la libertad de asociación "de los 388 copropietarios restantes". Manifestó el impugnante que el fallo "atenta contra la buena fe de los copropietarios que eligieron a la junta administradora actual", la cual no necesita ser inscrita por no contemplarlo así ni el reglamento de propiedad horizontal ni la ley; además, en su opinión, la tutela no opera en contra de particulares, por no encontrarse dentro de los casos especialmente previstos. D. La sentencia de segunda instancia La Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, por sentencia de veintiocho (28) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995), resolvió "Revocar el numeral primero de la sentencia impugnada en cuanto concedió la tutela solicitada por las empresas Acreedores Uno S. A. y Acreedores Dos S.A., representadas legalmente por Gonzalo Córdoba Gómez, en su lugar, negarla por improcedente". Consideró la Corte Suprema de Justicia, en primer término, que las personas jurídicas no están legitimadas para ejercitar la acción de tutela y que el reconocimiento de la primacía de los derechos inalienables de la persona, dispuesto por el artículo 5o. superior, debe entenderse limitado a los seres humanos; éstos no cobijan a los entes creados por el hombre para su uso y provecho, pues la Constitución sólo ampara por vía de la acción de tutela prevista en el artículo 86, los derechos inherentes a la persona humana, según se desprende además, del artículo 94 de la Carta. Para dicha Corporación, el Constituyente tuvo el propósito de "acomodar nuestra Carta Política a los tratados internacionales que han venido regulando la protección de los derechos humanos". Así pues, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se ocupó de otorgar garantías a las personas jurídicas; "en términos aún más precisos" la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre identifica varios derechos como "inherentes a los seres humanos" y lo propio ocurre con la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica que, en su artículo primero, define a la persona como "todo ser humano". De una parte, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia considera que carece de lógica y fundamento constitucional afirmar que las personas jurídicas tienen derecho a la personalidad jurídica y, de otra, estima que tampoco es posible sostener que "tengan el derecho fundamental a la vida del cual, estrictamente, dependen todos los demás". El derecho a la igualdad, por ejemplo, "sólo puede predicarse de los seres humanos. Equiparar los hombres a las cosas que ellos crean, para efecto de reconocerles los mismos derechos fundamentales, constituye una afrenta a la condición y a los más altos valores de la especie humana y una degradación del nivel que el Derecho Internacional le ha reconocido por medio de los principios y normas que, en buena parte, vinieron a ser acogidos por la Constitución Colombiana de 1991". Además, la Corte Suprema de Justicia indica que "la circunstancia de que el artículo 92 constitucional hubiera facultado a las personas jurídicas para solicitar la aplicación de sanciones penales o disciplinarias derivadas del incumplimiento de los deberes propios de las autoridades públicas no significa que esas personas morales sean titulares de los derechos fundamentales que la Carta y los Tratados Internacionales reconocen a los seres humanos. Bien al contrario, una adecuada hermenéutica de la disposición permite concluir que el Constituyente otorgó esa facultad -que desde luego no es por sí misma un derecho fundamental- por igual a los seres humanos y a las personas jurídicas mediante una extensión específica que no admite otras ampliaciones o analogías". En lo referente al debido proceso estimó la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral que "por no ser un fin en sí mismo, el dicho debido proceso sólo podrá considerarse como garantía fundamental en la medida que constituya el medio idóneo de protección de los derechos inherentes a la persona humana". En relación con este aspecto, finalmente, puntualizó la Corte que "las personas jurídicas en general, y de manera específica los sindicatos de trabajadores, pueden valerse de la acción de tutela, no con el propósito de defender sus propios intereses patrimoniales, sino con la finalidad de amparar los derechos fundamentales de los seres humanos, individualmente considerados, que integran dichas entidades o que estén representados por ellas". Pese a lo anterior, la H. Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el asunto debatido, en lo atinente a la posible vulneración de los derechos fundamentales del coadyuvante. Sobre el particular, consideró que "de la confrontación de las pruebas reseñadas se establece que existen dos Juntas Administradoras y dos Administradores Generales, situación que no es viable resolver por vía de tutela y menos decidir cuál de las juntas o cuál de los administradores tiene el derecho a convocar la Asamblea General de Copropietarios, porque esa función está atribuída, en primer término, a un tribunal de arbitramento, (cláusula quincuagésima séptima del reglamento de propiedad horizontal) según lo preceptuado por los estatutos de Galerías"  y, en segundo, a la justicia ordinaria de conformidad con el artículo 8o. de la ley 16 de 1985 que prevé el trámite de un proceso verbal para ventilar controversias de esta índole. En criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral "de los hechos narrados no se deriva ningún perjuicio irremediable" y la acción intentada también está llamada a fracasar porque se dirige contra un particular que no se encuentra en ninguna de las eventualidades consagradas por el artículo 42 del decreto 2591 de 1991. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA A. La competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer la revisión de la referencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 86, inciso segundo, y 241, numeral noveno, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del decreto 2591 de 1991; además, este examen se hace por virtud de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada en el reglamento de esta Corporación. B. La materia Esta misma Sala de Revisión de la Corte Constitucional, tuvo oportunidad de referirse a la posición manifestada por la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia en relación con la titularidad de los derechos constitucionales fundamentales y la legitimación de las personas jurídicas para ejercer la acción de tutela, en los términos que ahora se reiteran: "1o. La Corte Constitucional, en varias de sus decisiones suficientemente conocidas y difundidas, ha venido insistiendo con absoluta claridad, nitidez y precisión en que el artículo 86 de la Constitución Política, legitima a todas las personas, incluyendo, desde luego, a las  jurídicas y aun, pero con bastantes y suficientes restricciones a las de derecho público, para el ejercicio de acción de tutela, en los casos de amenaza o vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales, o en los casos de violación o de amenaza de violación de los mismos derechos de otras personas, inclusive de los miembros, socios o asociados de las mismas, en atención a que aquellas también son titulares de derechos constitucionales fundamentales, según su propia naturaleza social y según el derecho de que se trate. Esto se ha sostenido, no sólo porque la Carta Política de 1991 no distingue el ámbito subjetivo de los titulares de la mencionada acción, de directo origen y de inicial regulación constitucional, sino porque, sin esfuerzo de erudición alguno, y sin romper con las disposiciones constitucionales vigentes, la noción contemporánea de los derechos constitucionales fundamentales, admite que ellos, según su contenido,  la materia de que se ocupen y los  ámbitos subjetivos precisos a los que se refieran, de conformidad con la naturaleza de unos y de otras, y salvo restricción normativa expresa o delimitación específica en casos determinados, también son predicables de las personas jurídicas y de grupos de personas reconocidas por el ordenamiento jurídico, sean gremiales, con ánimo de lucro, o con fines sociales y altruistas. En este sentido, la Corte Constitucional ha reiterado, con suficiente extensión, que los mencionados derechos no sólo son predicables en modo exclusivo de la persona humana, y que no  pueden examinarse como si fuesen únicamente derechos humanos. En efecto, la Corte ha sostenido que pese a que las personas jurídicas no sean titulares de todos los derechos constitucionales fundamentales, sí lo  son de aquellos que le correspondan según su naturaleza social y siempre en atención a la definición constitucional de los derechos de que se trate, como se verá enseguida, y que, además, algunos de los derechos constitucionales fundamentales sólo son predicables de ciertas personas naturales, como es el caso de los derechos constitucionales fundamentales de los niños, el de la no extradición de nacionales y el de los derechos políticos entre otros; inclusive, en este mismo sentido, y bajo las reservas doctrinarias y dogmáticas respectivas, se ha concluído que algunos derechos constitucionales fundamentales no son predicables de todos los individuos en general, como el caso de los derechos políticos que, en principio, sólo corresponden a los ciudadanos y el de asociación sindical que es sólo predicable de trabajadores y empleadores, y se proscribe para los miembros de la fuerza pública, entre otros. Pero además, la complejidad terminológica de estos asuntos impone aceptar que algunos derechos constitucionales fundamentales, como es el caso de los derechos políticos, sólo son predicables de los ciudadanos y no de todos seres humanos, y que otros también se reconocen en su proyección colectiva, como en el caso de la libertad de cultos y de profesión religiosa, que se regulan de conformidad con el artículo 19 de la Carta, no sólo como un asunto de la persona humana, sino de grupos o de colectividades, que, inclusive, en algunas de sus manifestaciones, no ostentan personería jurídica alguna. 2o.  En la jurisprudencia de esta Corporación sobre el tema, que al ser reiterada de modo unánime alcanza la condición de doctrina constitucional vigente, se advierte que en muchos casos se hace necesario definir, con la correspondiente ponderación y con el respectivo análisis, los verdaderos alcances y el contenido de las disposiciones constitucionales que se ocupan de aquellas materias, para no incurrir en equivocaciones de fondo como suele ocurrir en estos casos a la hora de poner en marcha una nueva normatividad constitucional de profundas repercusiones en la vida del derecho y la cultura en una sociedad. En verdad, esta Corte ha reconocido que buena parte de los derechos constitucionales fundamentales, por su propia naturaleza y definición,  se atribuyen al individuo, y sugieren una titularidad individual predicable de la persona humana, no porque la Constitución establezca un elemento indisponible y rígido de exclusión en sus definiciones, sino porque así puede resultar de la naturaleza de las cosas, y del origen histórico de la noción o de la definición concreta de cada derecho, como bien se advierte en algunos pasajes de la providencia que se examina, sin que esto signifique una rotunda exclusión de las eventuales hipótesis de su extensión legislativa y jurisprudencial, por vía de la asimilación conceptual de sus elementos. En principio, es cierto que buena parte de aquellos derechos tienen su origen en esa categoría histórica  y filosófica del derecho  y en especial del derecho natural en sus diversas corrientes, y en su evolución moderna y contemporánea, pero también es cierto que el derecho constitucional ha desarrollado un concepto más amplio y complejo de derechos constitucionales que los de libertades públicas, derechos civiles o derechos públicos subjetivos; además, ha reconocido otros nuevos que sólo se desarrollan en las últimas décadas, y ha incorporado a esta categoría varios tipos de relaciones entre las personas, que no quedan comprendidos por aquellas clasificaciones históricas. Naturalmente, en tan decantada y repetida jurisprudencia, que ahora se desconoce por la honorable Corporación de la jurisdicción ordinaria cuya sentencia relacionada con la acción de tutela se revisa en este estrado de jurisdicción constitucional, esta Corporación no ignora que el tema de la titularidad de los derechos fundamentales no puede ser resuelto con carácter general y absoluto, ni con aproximaciones mecánicas, ni siquiera con reflexiones globales y definitivas, pero tampoco se acepta que por el mérito histórico de la disciplina de los derechos humanos, por su importancia para la evolución contemporánea del derecho público, la noción de derechos constitucionales fundamentales quede reducida a la anterior clasificación. 3o. Desde este punto de vista no resulta conforme con la Constitución de 1991, la respetable reflexión que ilustra a la Honorable Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia según la cual, lo positivo de los derechos humanos contrarresta lo positivo de la nueva categoría de los derechos constitucionales fundamentales, y alcanza a reducirlas a una sola noción; se trata de una interpretación que resta valor, fuerza y vigor jurídico a una nueva y más generosa categoría de derechos constitucionales por el mérito de otras anteriores, cuya vigencia también encuentra un nuevo y preciso ámbito de relaciones especiales, reforzado con la existencia de declaraciones internacionales vertidas en instrumentos jurídicos de pleno vigor ecuménico, con la creación de las jurisdicciones internacionales de derechos humanos y con el reconocimiento de instrumentos procesales de acceso a  la justicia internacional de los derechos humanos. 4o. Así las cosas, la Corte Constitucional ha entendido que, con la incorporación de esta nueva noción en el derecho constitucional colombiano, se trata del reconocimiento de una nueva categoría de relaciones de la sociedad, cuyo contenido debe ser regulado constitucionalmente para asegurar la vigencia del orden social y democrático de derecho y del Estado mismo, y que estas relaciones no sólo vinculan a los poderes públicos y principalmente al legislador, sino a los particulares en sus relaciones dentro de todo el tráfico jurídico. Estas consideraciones propias del Estado Social de Derecho contemporáneo, se erigen para garantizar la consecución del orden jurídico pluralista y democrático y de las bases mínimas para la convivencia social y, en todo caso, presuponen la conservación de un orden coactivo basado en el respeto de la libertad y del derecho. Este nuevo ámbito de relaciones fundamentales para la sociedad no corresponde sólo a las necesarias garantías y límites para asegurar la integridad física, económica y espiritual del ser humano, ni para garantizar su supervivencia física; comprende, además elementos relacionados con derechos políticos, procesales, religiosos y educativos, considerados como sustanciales e indispensables para la sociedad, con un núcleo esencial que no puede ser objeto de supresión ni de limitaciones. Las definiciones constitucionales y la jurisprudencia constitucional, permiten su delimitación conceptual, su ponderación y el encuentro o la definición armónica con otros derechos, y, en todo caso, la naturaleza sustancial y el carácter indisponible de estos derechos, permite entender con suficiente claridad esta noción. Se concluye entonces que el precepto superior  (artículo 86 C.N.), establece que la acción de tutela podrá ser ejercida por toda persona para la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y de los particulares en los casos señalados en la ley, y no excluye a las personas jurídicas para su ejercicio. En consecuencia éstas se encuentran legitimadas para solicitar el amparo correspondiente cuando los derechos fundamentales de que son titulares resulten vulnerados o amenazados. (.....) En conclusión, para esta Corporación es claro que algunos de los mencionados derechos de la persona humana no se extienden a todos los individuos, ni se aplican de la misma manera  a todos los casos, y que nada se opone a que algunos derechos constitucionales fundamentales que se prediquen y apliquen en favor de la persona humana también se prediquen y apliquen en favor de la persona jurídica y de otras personas o sujetos o grupos de personas naturales, jurídicas, nacionales, extranjeras, de conformidad con las precisas disposiciones de la Constitución". (Sentencia No. T-133 de 1995. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz). 5o. En los términos expuestos queda, entonces, establecida la legitimación de las personas jurídicas "Acreedores Uno S.A." y "Acreedores Dos S.A." para acudir al mecanismo de protección de los derechos constitucionales fundamentales previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y, tal como aparece en los antecedentes de esta providencia,  las sociedades actoras persiguen evitar que se realicen asambleas generales de copropietarios de la "Galerías Ciudadela Comercial" que no sean convocadas por el administrador o por la junta administradora legalmente inscrita ante la alcaldía de Teusaquillo, solicitud que es coadyuvada por el señor Fabio Gutiérrez Vargas, quien manifiesta ser copropietario y presidente de la junta administradora de la mencionada ciudadela comercial. Aducen el representante legal de las actoras y el coadyuvante, que los señores Heriberto Hernández Quintero y Manuel Ospina Cruz usurpan las calidades de administrador general y presidente de la junta administradora de "Galerías Ciudadela Comercial" que, jurídicamente no les corresponden y que, en consecuencia, están imposibilitados para convocar la asamblea de copropietarios. El artículo sexagésimo del reglamento de propiedad horizontal indica que la asamblea "deberá reunirse ordinariamente una vez al año, dentro de los primeros tres meses de cada año, en las dependencias de la copropiedad, previa convocatoria que hará el administrador o en su defecto, el presidente de la junta administradora...". Tal como lo puso de presente la Honorable Corte Suprema de Justicia, de la confrontación de las pruebas surge que existen dos juntas administradoras y dos administradores generales. En efecto, "del examen del acta No. 10 de la Asamblea General de copropietarios de la Ciudadela Comercial, celebrada el 22 de septiembre de 1994, se desprende que en desarrollo de la misma se eligió junta administradora para el período de 1994 a 1995 (folio 84), y que en la lista No. 1 de candidatos a la citada junta aparece el nombre del señor Heriberto Hernández. Al someterse a votación la mencionada lista fue aprobada por 64 votos de los 112 que estuvieron en la asamblea, en la que además con el accionante Fabio Gutiérrez, intervino y deliberó en el desarrollo de la misma, según constancia que allí figura (folios 54 y 55), amén de que Gonzalo Córdoba, una vez postulado para presidente, sólo obtuvo 17 votos frente a 38 de Gonzalo Bustos." (Folio 46). Prosigue la Corte Suprema de Justicia señalando que, "En los folios 22 a 25 se encuentra el acta 01 de 1995 de la junta administradora, (elegida antes del 22 de septiembre de 1994) celebrada el 10 de abril del mismo año en la que se declaró vacante el cargo de administrador general de Galerías Centro Comercial como consecuencia de la dejación del mismo por parte de María Esperanza Díaz y se designó al señor Gonzalo Córdoba Gómez". No puede perderse de vista que mediante oficio fechado el 16 de marzo de 1995, el demandado, señor Heriberto Hernández Quintero, solicitó a la alcaldía local de Teusaquillo se le certificara como representante legal de "Galerías Ciudadela Comercial", solicitud que fue respondida por el alcalde local pidiéndole que adjuntara "el acta debidamente autenticada de la asamblea de copropietarios en la cual tuvo lugar la elección correspondiente" dado que "los nombres que aparecen en el acta No. 149 de la junta administradora de la Ciudadela y que usted adjunta no corresponden a los nombres de los miembros principales y suplentes inscritos debidamente ante este despacho". Aportada el acta con la autenticación correspondiente, la alcaldía resolvió "Inadmitir la petición de registro y certificación sobre la administración y/o representación legal solicitada por el señor Heriberto Hernández Quintero.." porque, los miembros elegidos según consta en acta No. 10 "no cumplieron con lo estatuído en el reglamento de propiedad horizontal (...), artículos: 57, 61 y 62 de la misma norma, en consecuencia no se reúnen los requisitos exigidos en el numeral 7o. del decreto 1365 de 1986 reglamentario de la ley 16 de 1985..". (folios 19 y 20). Cabe también anotar que el día 11 de abril de 1995 el señor Gonzalo Córdoba Gómez solicitó, ante la alcaldía local de Teusaquillo, su inscripción como administrador general y las de Fabio Gutiérrez Vargas y Hernán Valencia Salazar como presidente y vicepresidente, respectivamente y, según lo manifiesta Córdoba Gómez en el escrito de tutela "tal inscripción se encuentra en trámite, no he procedido a realizar convocatoria alguna". Fuera de lo anterior, registra la Sala que en relación con el acta No. 10 de la Asamblea de Copropietarios de Galerías Ciudadela Comercial, correspondiente a la sesión realizada el  22 de septiembre  de 1994, durante la cual  se produjo la elección de los demandados en la presente acción, la Secretaria de la Junta, doctora María Esperanza Díaz Hernández, efectuó algunas observaciones así:  el acta corresponde a dos sesiones, efectuadas durante los días 22 de septiembre y 9 de noviembre, y "a primera vista se lee que la Asamblea se inició  y se finiquitó el día 22 de septiembre de 1994"; el  quorum en cada ocasión fue diferente "y el acta tal como está pretende presentar como si el quorum hubiera sido exactamente igual en asistencia de propietarios y/o delegados en ambas sesiones"; no consta la hora de culminación de la sesión del primer día referido ni la de iniciación de la efectuada el 9 de noviembre; no aparecen los nombres de algunos delegados, tampoco el de personas que asistieron; se incluyó el nombre de una persona que falleció antes del 22 de septiembre como si hubiera asistido en calidad de representante; es  indispensable establecer si quien asistió a las reuniones fue el propietario o un delegado y en el caso de las personas jurídicas quién las representó (folios 24, 25 y 26). Por los anteriores motivos, la doctora Díaz Hernández devolvió el acta sin firmarla y no consta que se hayan  subsanado las irregularidades anotadas.  Lo cierto es que el artículo septuagésimo primero del reglamento de propiedad horizontal dispone que "La Asamblea podrá nombrar uno o más copropietarios para que en su nombre aprueben el Acta que les presente el Secretario de la Asamblea,  para lo cual deberán estampar su firma en señal de aprobación, junto con las del Presidente y Secreario de la Asamblea. Dichas Actas debidamente autenticadas, prestan plena prueba de los hechos y actos contenidos en ellas y sus copias autenticadas ante Notario presentan mérito legal, conforme a la ley y al presente reglamento" (Subrayas fuera del texto). De lo expuesto se desprende que por medio de dicha acta no es posible acreditar las calidades que los demandados pretenden haber adquirido válidamente. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Laboral, al decidir la acción de tutela, en primera instancia, consideró que la convocatoria a reunión de la asamblea general de copropietarios, hecha por los demandados, Heriberto Hernández Quintero y Manuel Ospina Cruz "lo fue en forma contraria  a las disposiciones del reglamento de propiedad horizontal, es decir, ilegalmente, ya que ni la junta directiva ni el administrador cumplen con los requisitos del reglamento ni fueron inscritos" La Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia estimó que la controversia escapa al ámbito de la acción de tutela y que según las voces del artículo 8o. de la ley 16 de 1985 debe ventilarse "mediante el trámite del proceso verbal de que trata el título XIII, sección primera del libro tercero del Código de Procedimiento Civil"; enfatizó, además, la Corte Suprema que es posible acudir a un tribunal de arbitramento previsto por los estatutos  y que, el presente evento no encaja dentro de los supuestos que autorizan la acción de tutela en contra de particulares. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional no comparte los criterios prohijados por el juez de segunda instancia y acoge los planteamientos vertidos en la sentencia No. T-03 de 1994, emanada de la Corporación, por juzgarlos aplicables a la situación examinada. En la sentencia citada, acerca de la procedencia de la acción de tutela en contra de particulares y de la eficacia del otro medio de defensa judicial se dijo: "En el presente caso, de una parte es evidente que los interesados, en uso de una especie de legítima defensa no podían oponerse a la celebración de la asamblea ordinaria de socios por sus propios medios, porque el ordenamiento jurídico no faculta a ningún particular para impedir por la fuerza la reunión de un grupo de asambleístas; y, de otra parte, la Sala no ve que la legislación procesal civil haya previsto un procedimiento idóneo, de naturaleza rápida y preventiva, para la suspensión de encuentros de socios de clubes sociales y, en general de asociaciones o corporaciones. El procedimiento ordinario para impugnar actos de asambleas opera, evidentemente, ex post facto. En consecuencia, ante la clara ausencia de medios de defensa que, para la protección del derecho de asociación, impidan la celebración de asambleas ordinarias de miembros de corporaciones civiles, la indefensión de los peticionarios es patente y, por tanto, la procedencia de la acción resulta incuestionable". Sobre el derecho de asociación la Corte puntualizó: "En primer lugar la Sala comparte la preocupación de los actores, toda vez que considera que la libertad de asociación no se reduce a la simple posibilidad ciudadana de crear o disolver organizaciones o personas jurídicas, o acceder a ellas sin derecho de participar en las decisiones a través de las asambleas por medio del voto. No. Este derecho es más amplio. Y esta idea tiene asidero en la noción misma de la asociación, como en la extensión que de esta libertad consagró el artículo 38 de la Constitución, respecto del cual es notable la falta de limitaciones expresas. Así, las ventajas que para unos y otros individuos tiene el aunar capitales y esfuerzos, solamente están limitadas por el respeto al derecho ajeno y la propia licitud de las actividades en común. De esta suerte, como lo afirma el conocido juspublicista, profesor de la Universidad de Buenos Aires, RAFAEL BIELSA: ´El derecho de asociación también se viola, no ya cuando se la impone coactivamente, en forma directa o en forma indirecta -como acabamos de advertirlo-, sino cuando, por el contrario, se impide o traba la asociación arbitrariamente. Es este un principio elemental, y por eso fundamental. Un derecho se viola cuando su ejercicio se impide sin causa jurídica y también cuando se compele a que se ejercite contra la voluntad del titular". (Estudios de Derecho Público. IV Derecho Administrativo, Fiscal y Constitucional, Depalma, Buenos Aires, 1962, pág. 8)." (M. P. Dr. Jorge Arango Mejía). Así las cosas, es claro que a las sociedades actoras y al coadyuvante les asiste la posibilidad de procurar que, por un medio expedito como la acción de tutela, procedente frente a violaciones o amenazas de vulneración de los derechos fundamentales, se impida la realización de una asamblea convocada por quienes carecen de título jurídico para hacerlo. Una interpretación diversa dejaría a los peticionarios enfrentados a dos alternativas, ambas conculcadoras del derecho de asociación: concurrir, en contra de sus convicciones, a una asamblea que consideran reñida con el ordenamiento jurídico o dejar de hacerlo, sometiéndose, mientras tanto, a las decisiones tomadas sin la participación que legítimamente les corresponde, ya que, se repite, los medios judiciales ordinarios operan con posterioridad. No es del caso aducir que las sociedades actoras se encuentran en mora y que por lo tanto no pueden votar, porque ello no convalida la convocatoria ilegal  y fuera de esto, de conformidad con el reglamento, pueden asistir a la asamblea con voz, circunstancia que demuestra que el voto no es la única forma de participar y que debe garantizárseles el correcto ejercicio de las prerrogativas que su concreta situación les permite disfrutar y, a partir de ellas, la posibilidad de aportar y controvertir lo que estimen indispensable. La Corte Constitucional considera que la pretensión de las sociedades actoras y del coadyuvante está llamada a prosperar, en la medida en que, según se infiere de las comunicaciones y decisiones proferidas por la alcaldía local de Teusaquillo, hay dignatarios inscritos válidamente y esa inscripción no ha sido desplazada por aquellos que, infructuosamente, aspiraron a ser inscritos y reconocidos. No otra cosa se deduce de la respuesta dada por la Alcaldía a la petición del señor Heriberto Hernández Quintero, calendada el 30 de marzo del año en curso, en la cual se indica que los nombres que aparecen en el acta No. 149 "no corresponden a los miembros principales y suplentes inscritos debidamente ante este despacho..". Para la Corte resulta en claro que obró bien el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá al prohibir cualquier asamblea convocada por personas distintas a las inscritas; tal decisión lejos de atentar contra el derecho de asociación le otorga vigencia, porque evita la usurpación de  funciones jurídicamente atribuidas a quienes cumplen los requisitos previstos por el ordenamiento. Se revocará, por tanto, el fallo de segunda instancia y se confirmará el de primera. En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia el veintiocho (28) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995), y, en su lugar, CONFIRMAR la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Laboral, el treinta (30) de mayo del mismo año, dentro del asunto de la referencia. SEGUNDO. LIBRENSE, por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. FABIO MORON DIAZ Magistrado Ponente VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Auto No. 012/96 NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Procedencia y causales Tanto en los procesos de constitucionalidad, como en los de tutela, sometidos a la revisión de la Corte Constitucional, es procedente alegar la nulidad, antes de que se profiera el fallo, "cuando ocurran irregularidades que impliquen violación del debido proceso". Pero también esta Corporación ha admitido que es procedente proponer la nulidad, cuando se ha adoptado una sentencia por una Sala de Revisión, que implica un cambio de jurisprudencia, sin la intervención de la Sala Plena. NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Galerías ciudadela comercial La circunstancia de no haberse invocado expresamente como causal de nulidad de la sentencia la violación de la jurisprudencia de la Corporación, que sería la que formalmente procedería, daría pie para rechazar sin mayores argumentos su petición. Mas aún, si se tiene en cuenta que a través de la petición de una nulidad no se puede revivir el debate propio de las instancias.  No obstante, la Corte con un criterio amplio procede a examinar y considera que no se ha violado la jurisprudencia de la Corporación. SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Carencia de interés para peticiones Los citados, por no ser parte dentro del proceso de tutela, carecen de interés jurídico para intervenir en el. Ni siquiera a través del derecho de petición pueden los citados intervenir en dicho proceso, porque éste no tiene cabida cuando se trate del ejercicio de actos procesales que tienen su propia regulación en las normas procesales y que sólo pueden ser realizados por las partes o terceros debidamente legitimados. CORTE CONSTITUCIONAL-Incompetencia respecto de consultas e interrogatorios Dentro de la competencia que le ha sido asignada a la Corte, no se encuentra la de absolver consultas ni la de responder interrogatorios como los propuestos por los interesados. Ref.: Solicitud de nulidad de la sentencia T-474 de octubre 19 de 1995. Expediente T-75118. Peticionario: Heriberto Hernández Quintero, en su alegada condición de Administrador General de Galerías Ciudadela Comercial. Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL. Aprobado en Santafé de Bogotá, D.C., el día nueve (9) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996). Heriberto Hernández Quintero, quien intervino en el proceso de tutela T-75118, con el interés que deriva de su presunta condición de Administrador General de Galerías Ciudadela Comercial, ha solicitado a la Corte la nulidad de la sentencia T-474 de fecha del 19 de octubre de 1995, proferida por la Sala Octava de Revisión. En tal virtud procede la Sala Plena de la Corte a resolver lo que en derecho corresponde, previas las consideraciones que se consignan a continuación. I. ANTECEDENTES. 1. La acción de tutela promovida por Acreedores Uno S.A. y Acreedores Dos S.A. contra Galerías Ciudadela Comercial y otros. 1.1. Gonzalo Córdoba Gómez, obrando en representación de las sociedades Acreedores Uno S.A. y Acreedores Dos S.A., instauró acción de tutela con el fin de obtener "que se profiera sentencia impidiendo que la persona jurídica denominada GALERIAS CIUDADELA COMERCIAL (...) realice por las vías de hecho la ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS que aparece convocada para mayo 23 de 1995 o junio 13 de 1995 por los señores HERIBERTO HERNANDEZ QUINTERO, quien se atribuye la calidad de `Administrador General´ que jurídicamente no tiene y por MANUEL OSPINA CRUZ, quien se atribuye la calidad de `Presidente Junta Administradora´ que tampoco tiene jurídicamente, a fin de tutelar, respecto a ACREEDORES UNO S.A. y ACREEDORES DOS S.A., y respecto a las demás personas que coadyuven esta acción de tutela, el derecho constitucional fundamental de libertad de asociación y de participación, derechos cuya violación es inminente de no concederse la tutela, ya sea como mecanismo transitorio o como acción plena". Los hechos que dieron origen a dicha acción fueron, en síntesis, los siguientes: La persona jurídica de derecho privado denominada "Galerías Ciudadela Comercial" se encuentra domiciliada en Santafé de Bogotá, y "su existencia, actividades, organización, miembros que la integran, derechos y deberes, funciones de la asamblea general, funciones de la junta directiva, formas de convocatoria a las reuniones ordinarias de la asamblea general y demás estipulaciones reguladoras de su existencia y actividades están consignadas en el REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL elevado a escritura pública...". "Conforme al artículo SEXAGESIMO del reglamento mencionado las asambleas generales deben ser convocadas por él administrador o en su defecto por la junta administradora". No obstante, se ha hecho una convocatoria irregular de la Asamblea General de Galerías Ciudadela Comercial como se desprende de lo siguiente: Los demandados, señores "HERIBERTO HERNANDEZ QUINTERO y MANUEL OSPINA CRUZ no tienen las calidades de administrador y de presidente de la Junta administradora que se atribuyen en el documento citatorio (...). De consiguiente, obran por las VIAS DE HECHO". "La verdadera JUNTA ADMINISTRADORA, integrada por las personas que se relacionan en la certificación expedida por la Alcaldía de Teusaquillo que se acompaña, NO HAN CONVOCADO A REUNION ALGUNA de la asamblea general". La verdadera Junta Administradora designó al peticionario como  administrador, pero como su nombramiento debe ser inscrito en la Alcaldía Local de Teusaquillo y tal inscripción se encuentra en trámite, no ha procedido a realizar convocatoria alguna. Es su antecesora, María Esperanza Díaz Hernández, quien figura aún inscrita como administradora, la cual tampoco ha convocado a reunión alguna de la asamblea general. "Resulta evidente entonces, que los sujetos HERIBERTO HERNANDEZ QUINTERO y MANUEL OSPINA CRUZ, por las vías de hecho se atribuyen calidades que no tienen y también por las vías de hecho están convocando a la Asamblea General de Copropietarios". En caso de efectuarse la reunión de la asamblea general, las personas a quienes jurídicamente corresponde la verdadera representación de Galerías Ciudadela Comercial serían suplantadas, impidiéndoseles de ese modo "ejercer el derecho a convocatoria y presidir la reunión, y a la vez, a los integrantes de la asamblea general, dentro de los cuales se encuentran ACREEDORES UNO S.A. Y ACREEDORES DOS S.A. se les vulneraría el derecho a participar, elegir y ser elegidos". 1.2. Coadyuvancia. La acción de tutela fue coadyuvada por FABIO GUTIERREZ VARGAS, en su calidad de "copropietario de GALERIAS CIUDADELA COMERCIAL y también como presidente de la junta directiva de esa entidad". 1.3. Sentencia de primera instancia. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D.C., a través de la sentencia del día 30 de mayo de 1995, concedió el amparo solicitado, ordenando prohibir cualquier asamblea de copropietarios de la persona jurídica "Galerías Ciudadela Comercial", que sea convocada por una junta directiva, un administrador o un revisor fiscal distintos a los inscritos en la alcaldía de Teusaquillo. 1.4. Sentencia de segunda instancia. La Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, mediante fallo del 28 de junio de 1995, revocó el fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, a que se hizo referencia antes y, en su lugar, negó la tutela impetrada. 1.5. La sentencia de la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional. La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, profirió la sentencia T-474 del 19 de octubre 1995, y decidió revocar la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, confirmar la dictada en primera instancia. Los fundamentos de dicha sentencia se sintetizan de la siguiente manera: De conformidad con las disposiciones constitucionales, nada se opone a que algunos derechos constitucionales fundamentales que se reconocen en favor de la persona humana también se prediquen y apliquen en favor de la persona jurídica. En consecuencia, las personas jurídicas "Acreedores Uno S.A." y "Acreedores Dos S.A." podían acudir a la tutela, para evitar que se realicen asambleas generales de copropietarios de "Galerías Ciudadela Comercial" que no sean convocadas por el administrador o por la junta administradora legalmente inscrita ante la alcaldía de Teusaquillo, solicitud que fue coadyuvada por el señor Fabio Gutiérrez Vargas, quien manifiesta ser copropietario y presidente de la junta administradora de la mencionada ciudadela comercial. En cuanto a la procedencia de la acción de tutela en contra de particulares adujo que es evidente que los interesados no podían oponerse a la celebración de la asamblea ordinaria de socios por sus propios medios, porque el ordenamiento jurídico no faculta a ningún particular para impedir por la fuerza la reunión de un grupo de asambleístas. Y en lo que atañe a la eficacia del otro medio de defensa judicial se dijo que no se ve que la legislación procesal civil haya previsto un procedimiento idóneo, de naturaleza rápida y preventiva, para la suspensión de encuentros de socios de clubes sociales y, en general de asociaciones o corporaciones, pues el procedimiento ordinario para impugnar actos de asambleas opera, evidentemente, ex post facto. Sobre el derecho de asociación la Corte compartió la preocupación de los actores, toda vez que consideró que éste se vulnera no sólo cuando coactivamente se impone la asociación sino cuando, por el contrario, se impide o traba la asociación arbitrariamente. Al respecto anotó que a las sociedades actoras y al coadyuvante les asiste la posibilidad de solicitar se impida la realización de una asamblea convocada por quienes carecen de título jurídico para hacerlo, ya que una interpretación diversa dejaría a los peticionarios enfrentados a dos alternativas, ambas conculcadoras del derecho de asociación: concurrir, en contra de sus convicciones, a una asamblea que consideran reñida con el ordenamiento jurídico o dejar de hacerlo,  sometiéndose, mientras tanto, a las decisiones tomadas sin la participación que legítimamente les corresponde, ya que, como se dijo, los medios judiciales ordinarios operan con posterioridad. No es del caso aducir que las sociedades actoras se encuentran en mora y que por lo tanto no pueden votar, pues además de que ello no convalida la convocatoria ilegal, de conformidad con el reglamento, pueden asistir a la asamblea con voz, circunstancia que demuestra que el voto no es la única forma de participar y que debe garantizárseles el correcto ejercicio de las prerrogativas que su concreta situación les permite disfrutar y, a partir de ellas, la posibilidad de aportar y controvertir lo que estimen conveniente. La pretensión de las sociedades actoras y del coadyuvante prospera, en la medida en que, según se infiere de las comunicaciones y decisiones proferidas por la alcaldía local de Teusaquillo, hay dignatarios inscritos válidamente y esa inscripción no ha sido desplazada por aquellos que, infructuosamente, aspiraron a ser inscritos y reconocidos. En efecto, no otra cosa se deduce de la respuesta dada por la Alcaldía a la petición del señor Heriberto Hernández Quintero, calendada el 30 de marzo del año en curso, en la cual se indica que los nombres que aparecen en el acta No. 149 "no corresponden a los miembros principales y suplentes inscritos debidamente ante este despacho..". 2. Solicitud de nulidad de la sentencia T-474/95 proferida por la Sala Octava de Revisión. La petición de nulidad de la sentencia T-474/95, elevada por Heriberto Hernández Quintero, tiene su fundamento en lo siguiente: La sentencia proferida por la Corte Constitucional ha desfavorecido notablemente a la copropiedad Galerías Ciudadela Comercial, como a cada uno de sus copropietarios, toda vez que la ley 16 de 1985, su decreto reglamentario 1365 de 1986 y el reglamento de propiedad horizontal formalizado mediante escritura pública N°. 1570 de 1986, no obligan a la copropiedad inscribir a todos sus órganos de gobierno para poder convocar a asamblea general de copropietarios. Es así que el artículo 7° del Decreto 1365 de 1986 expresa: "El registro y certificación sobre la existencia y representación legal de las personas jurídicas que se crean por ministerio de la ley 16/85 corresponden al Alcalde del municipio donde se encuentran el o los inmuebles afectados a propiedad horizontal. En el Distrito Especial de Bogotá, tal función corresponderá al Alcalde mayor de la ciudad o a su delegado ". "En los casos de cambio de representante legal deberá presentarse a la Alcaldía para su registro y certificación el acta correspondiente, con las firmas del presidente y secretario". Como puede observarse, no se ordena registrar ni a las juntas administradoras ni a los revisores fiscales. Dicha sentencia ha impedido que la Junta Administradora de Galerías Ciudadela Comercial, elegida legalmente de conformidad al Reglamento de Propiedad Horizontal (art. 75 numeral 16), convoque a Asamblea General de Copropietarios a través de su Administrador General (art. 76 numeral 4°. y 5°), ocasionando con ello que los órganos de gobierno por mandato estatutario no se modifiquen ni informen a los copropietarios sobre la marcha de la copropiedad, y que no sea posible aprobar el presupuesto anual y fijar las expensas comunes a cargo de los copropietarios. 3. Memorial presentado por los señores Hugo Toro Londoño y Gustavo Cristo Saldivia. Hugo Toro Londoño y Gustavo Cristo Saldivia, quienes afirman ser miembros del Comité de Vigilancia y Control de Galerías Ciudadela Comercial, invocando el derecho de petición, presentaron un escrito en el cual cuestionan la sentencia T-474/95, afirmando que ésta "ha dejado en el aire el Régimen de Propiedad Horizontal", modificado la normatividad vigente sobre la materia "pasando por encima del órgano legislativo competente para modificar las leyes", y reformado el reglamento de copropiedad de Galerías Ciudadela Comercial, y seguidamente piden a la Corte se conteste o absuelva un extenso interrogatorio, que se refiere a aspectos concernientes a la procedencia de la acción de tutela contra particulares, a las facultades de los jueces de tutela, y a la responsabilidad que les corresponde a éstos, incluyendo a los Magistrados de la Corte que dictaron el fallo cuya nulidad se reclama. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. 1. Procedencia de la nulidad contra sentencias de la Corte Constitucional. El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 dispone lo siguiente: "Contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno". "La nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo. Solo las irregularidades que impliquen violación al debido proceso podrán servir de base para que el Pleno de la Corte anule el proceso." Por su parte, el Acuerdo No. 05 de 1992, mediante el cual se recodificó el Reglamento de la Corte Constitucional expresa, en lo pertinente, lo siguiente: "ARTICULO 34. DECISION EN SALA. Los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte, previo registro del proyecto de fallo correspondiente". "ARTICULO 53. CAMBIO DE JURISPRUDENCIA. En caso de cambio de jurisprudencia, la Sala de Revisión tomará las medidas necesarias para que la Sala Plena disponga de un término razonable para tomar su decisión". Con fundamento en las disposiciones mencionadas, tanto en los procesos de constitucionalidad, como en los de tutela, sometidos a la revisión de la Corte Constitucional, es procedente alegar la nulidad, antes de que se profiera el fallo, "cuando ocurran irregularidades que impliquen violación del debido proceso". Pero también esta Corporación ha admitido que es procedente proponer la nulidad, interpretando sistemáticamente las disposiciones transcritas, cuando se ha adoptado una sentencia por una Sala de Revisión, que implica un cambio de jurisprudencia, sin la intervención de la Sala Plena. 2. El caso concreto. Como puede observarse del contenido del escrito del peticionario, la nulidad no se impetra por violación del debido proceso ni por haberse producido irregularmente un cambio de jurisprudencia, esto es, sin la intervención de la Sala Plena de la Corporación, sino por motivos diferentes, fundados en una inconformidad total con lo decidido por la Sala Octava de Revisión, por haber desatendido, según aquél, los mandatos contenidos en la ley 16 de 1985 y en el decreto reglamentario 1365 de 1986, y desconocido el reglamento de la copropiedad Galerías Ciudadela Comercial. La circunstancia de no haberse invocado expresamente por el peticionario como causal de nulidad de la sentencia la violación de la jurisprudencia de la Corporación, que sería la que formalmente procedería, daría pie para rechazar sin mayores argumentos su petición. Mas aún, si se tiene en cuenta que a través de la petición de una nulidad no se puede revivir el debate propio de las instancias.  No obstante, la Corte con un criterio amplio procede a examinar si con el fallo de la Sala Octava de Revisión pudo haberse desconocido dicha jurisprudencia. La Sala, luego de revisar y sopesar los argumentos expuestos en la sentencia T-474/95, considera que no se ha violado la jurisprudencia de la Corporación. En efecto: La Sala Octava de revisión en la referida sentencia, mostrando su desacuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral, que denegó la tutela por haber sido interpuesta por personas jurídicas, reiteró la abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de que éstas, como titulares de ciertos derechos fundamentales, pueden ejercitar la acción de tutela, e incluso citó como apoyo de su argumentación la sentencia T-133/95[1]. Igualmente en dicha sentencia se analizó la procedencia de la acción de tutela contra particulares, al considerar que los peticionarios se encontraban en un estado de indefensión, pues para el caso concreto se estimó que el otro medio de defensa judicial -el proceso verbal de que trata el título XIII, sección primera del libro tercero del Código de Procedimiento Civil- no resultaba idóneo ni eficaz, con fundamento no solamente en la argumentación antes reseñada, sino en la propia jurisprudencia de la Corporación sentada, entre otras, en las sentencias T-03/94[2], T-233/94[3], T-333/94[4], T-019/95[5]. En tal virtud, estimó que si era procedente la tutela contra las personas particulares demandadas. Considera, en consecuencia, la Sala que no procede la declaración de nulidad solicitada, porque al dictarse la sentencia T-474/95 la Sala Octava de Revisión no desconoció la jurisprudencia de la Corporación, por el contrario, la aplicó estrictamente. 3. La petición de los señores Hugo Toro Londoño y Gustavo Cristo Saldivia. En relación con el derecho de petición ejercitado por los señores Hugo Toro Londoño y Gustavo Cristo Saldivia, considera la Corte lo siguiente: Los citados, por no ser parte dentro del proceso de tutela T-474/95, carecen de interés jurídico para intervenir en el mismo en defensa de los intereses de Galerías Ciudadela Comercial (arts. 13 y 31 del decreto 2591 de 1991). Ni siquiera a través del derecho de petición pueden los citados intervenir en dicho proceso, porque la Corte ha sostenido que éste no tiene cabida cuando se trate del ejercicio de actos procesales que tienen su propia regulación en las normas procesales y que sólo pueden ser realizados por las partes o terceros debidamente legitimados. (Sentencias T-334/95[6] y T-424/95[7]). Además, dentro de la competencia que le ha sido asignada a la Corte por el art. 241 de la Constitución Política no se encuentra la de absolver consultas ni la de responder interrogatorios como los propuestos por los interesados. Por lo anterior, la Corte se abstendrá de pronunciarse en relación con el memorial presentado por los señores Hugo Toro Londoño y Gustavo Cristo Saldivia. III. DECISION. En mérito de lo expuesto la Sala Plena de la Corte Constitucional, RESUELVE: PRIMERO. NO ACCEDER a la declaración de nulidad pedida por el señor Heriberto Hernández Quintero en la alegada condición de administrador de Galerías Ciudadela Comercial. SEGUNDO. ABSTENERSE de resolver el memorial presentado por los señores Hugo Toro Londoño y Gustavo Cristo Saldivia, invocando el ejercicio del derecho de petición. TERCERO. COMUNICAR el contenido del presente auto a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., quien conoció en primera instancia de la acción de tutela interpuesta por el señor Gonzalo Córdoba Gómez. COPIESE, NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y PUBLIQUESE EN LA GACETA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. CARLOS GAVIRIA DIAZ Presidente JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado SUSANA MONTES DE ECHEVERRY Conjuez FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado MARTHA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General. [1]   M.P. Fabio Morón Díaz. [2]  M.P. Jorge Arango Mejía. [3]  M.P. Carlos Gaviria Díaz. [4]  M.P. Antonio Barrera Carbonell. [5]  M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. [6]  M.P. José Gregorio Hernández. [7]  M.P. Antonio Barrera Carbonell.

T-475-95 Sentencia No. T-475/95 Sentencia No. T-475/95 CONCURSO DE MERITOS-Nombramiento de quien obtuvo el primer puesto Al comprender el proceso de selección varias etapas como son la convocatoria, el reclutamiento, la aplicación de pruebas o instrumentos de selección, la conformación de la lista de elegibles y el período de prueba; los factores de calificación exigidos deben llenar y satisfacer la totalidad de los requerimientos señalados por el ente nominador, para que pueda conllevar a la escogencia de la persona más idónea para el correcto desempeño del cargo.  Esto implica que quien ocupe el primer lugar, es la persona que por sus méritos satisfizo de mejor manera los requisitos para entrar a ejercer el puesto y es a él a quien debe el nominador designar. SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Preexistencia de derechos constitucionales Estima la Sala que es del caso aclarar que independientemente de que la fecha de las sentencias que declararon la inexequibilidad de las disposiciones contentivas de la potestad discrecional que la entidad demandada alega sea posterior a la fecha del nombramiento que se hizo a persona distinta de la peticionaria, se concederá la tutela, pues los referidos pronunciamientos no tienen el efecto de constituir los derechos vulnerados, los que existían, con anterioridad a ellos, en cabeza de la actora y le fueron violados mediante comportamientos que, desde un principio, se colocaron en contradicción con la preceptiva constitucional que reconoce los derechos de los asociados. DERECHO A LA IGUALDAD-Nombramiento de quien obtuvo el primer puesto/DERECHO AL TRABAJO-Nombramiento de quien obtuvo el primer puesto Ha debido el I.C.B.F., nombrarla para el cargo por el que concursó, sin embargo, apartándose del riguroso orden de mérito establecido, de los fines esenciales de la carrera administrativa, del respeto a las distintas etapas del proceso de selección y de la confianza depositada por el aspirante en la administración pública, dicho establecimiento profirió la Resolución, nombrando a quien había ocupado el tercer lugar, vulnerando, en consecuencia, los principios fundamentales de la justicia y buena fe, como también, los derechos constitucionales a la igualdad y al trabajo. Este último, por cuanto se le niega arbitrariamente a la demandante un derecho adquirido, que por su parte se constituía en la obligación para la administración pública de nombrarla en el cargo para el cual cumplió y satisfizo todos los requerimientos exigidos en el proceso de selección. MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL INEFICAZ-Nombramiento de quien obtuvo el primer puesto La acción de tutela se torna en el instrumento idóneo y eficaz para proteger estos derechos fundamentales, que al mantenerse su vulneración, merecen ser protegidos por esta Corporación. REF.:   Expediente No. T-78478 Concurso abierto. Nombramiento a quien ocupe el primer puesto dentro de la lista de elegibles. Existencia de otro medio de defensa judicial. Ineficacia. Aplicación permanente de los derechos fundamentales. ACTORA:    Emperatriz Josefa Castro Cantillo contra Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Atlántico, Barranquilla. Magistrados: Fabio Morón Díaz. -Ponente Vladimiro Naranjo Mesa. Jorge Arango Mejía. Santa Fe de Bogotá, D. C., octubre  diecinueve (19) de mil novecientos noventa y cinco (1995). I.       ANTECEDENTES. La Sala Octava de Revisión de Tutela de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Vladimiro Naranjo Mesa y Fabio Morón Díaz, decide sobre el fallo de tutela de fecha 2 de agosto de 1995, proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional asumió el conocimiento de la mencionada decisión por la vía de la remisión que hizo el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, y por virtud de lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 y de conformidad con lo establecido por los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, permitieron a  la Sala Octava de Selección de la Corte, escogerla para efectos de su revisión. II.      LA DEMANDA DE TUTELA. La ciudadana Emperatriz Josefa Castro Cantillo, instauró acción de tutela contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Atlántico, invocando la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad, con base en los siguientes hechos. Mediante convocatoria número 019 del 23 de septiembre de 1994, la Regional del I.C.B.F., llamó a concurso abierto para proveer el empleo de Profesional Universitario, Código 3020, Grado 04. Realizado el respectivo concurso, le correspondió a la peticionaria el primer puesto. No obstante lo anterior, la Dirección General de la entidad demandada resolvió nombrar a otra persona contrariando normas superiores y jurisprudencia de la Corte Constitucional, que para el efecto establecieron los criterios para seleccionar a quien hubiere ocupado el primer lugar. En consecuencia, solicita la peticionaria se le nombre en el cargo para el cual concursó. III. LA DECISION JUDICIAL QUE SE REVISA. Correspondió conocer de la acción al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, despacho que, luego de agotar los trámites legales resolvió denegar la tutela incoada contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con base en que la normatividad imperante al momento de la provisión de los cargos de Profesional Universitario era el Decreto 1222 de 1993 el cual en su artículo noveno permitía designar en un cargo de carrera a una de las tres personas que hubieren ocupado los tres primeros puestos de la lista de elegibles, y de acuerdo con las necesidades del cargo. Por tal razón, el Juez dedujo que no se vulneró ningún derecho fundamental a la peticionaria. Consideró entonces, el despacho de instancia que la provisión de los empleos, objeto de concurso, con una de las personas que se encontrara entre los tres primeros puestos de la lista de elegibles tenía fundamento legal al momento de producirse el nombramiento, según la facultad discrecional reconocida al nominador. No habiendo sido impugnada la anterior decisión, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional, para que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente, procediera a decidir acerca de su eventual revisión, lo cual se ordenó por la Sala Octava de Selección, la que, por medio de auto de fecha seis (6) de septiembre del año en curso, repartió el negocio al Magistrado Ponente; surtidos los trámites legales procede la Corte, previo el estudio de la Sala Octava de Revisión, a revisar la sentencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla. IV.    CONSIDERACIONES DE LA SALA. Primera.              La Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia en relación con el fallo dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Nacional, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. Segunda.             El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Carrera Administrativa. Encuentra necesario esta Sala, determinar previamente de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F., es una entidad sometida al régimen de la carrera administrativa. En efecto, el I.C.B.F., fue creado por la Ley 75 de 30 de diciembre de 1968, como establecimiento público adscrito al Ministerio de Salud, cuyo objetivo es propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus derechos. Posteriormente, el Decreto número 1468 de junio 19 de 1979, vino a determinar la selección para el ingreso de personal a través de concurso abierto, con base exclusivamente en el mérito y exceptúa los cargos de libre nombramiento y remoción.  Igualmente, la Ley 10 de enero 10 de 1990, puntualizó ciertos aspectos sobre la carrera administrativa. Ahora, con la Constitución Política de 1991, los empleos en los órganos y entidades son de carrera, excepto los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.  Además, si el sistema de nombramiento no ha sido determinado por la Constitución o la ley, los funcionarios serán nombrados por concurso público.  Fue así como en desarrollo del artículo 125 de la Carta, el Congreso expidió la Ley 27 de 1992, la cual manifestó que el objeto de la carrera administrativa es garantizar la eficiencia de la administración pública, brindando igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la capacitación, la estabilidad en sus empleos y la posibilidad de ascender en la carrera.  Asimismo, se expidieron los Decretos 1222 de 1993 y 256 de 1994. Al respecto, en Sentencia C-195 del 21 de abril de 1994, con ponencia del Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, esta Corporación manifestó: “El sistema de carrera administrativa tiene como finalidad la realización de los principios de eficacia y eficiencia en la función pública, así como procurar la estabilidad en los cargos públicos, con base en estos principios y en la honestidad en el desempeño de los mismos.  Se busca que la administración esté conformada por personas aptas desde los puntos de vista de capacitación profesional e idoneidad moral, para que la función que cumplan sea acorde con las finalidades perfectivas que el interés general espera de los empleados que prestar sus servicios al Estado.  El elemento objetivo de la eficiencia es el determinante de la estabilidad laboral, por cuanto es su principio de razón suficiente.  No se trata de una permanencia en el cargo por razones ajenas a la efectividad de los buenos resultados, ni el ingreso al empleo sin una vinculación fundada en motivos diferentes a la capacidad.  Igualmente, el retiro se hará por hechos determinados legalmente, inspirados en la realidad de la eficiencia laboral. En definitiva, lo que se protege es el interés general”. Posteriormente, con argumentos similares se manifestó que la carrera administrativa “...comprende un conjunto de realidades llamadas a perfeccionar la dinámica del Estado que, en nuestros días, con el aumento de las tareas de distinta naturaleza a su cargo, requiere, ante las expectativas de resultados, los fines definidos en la legislación, los efectos de distinta índole y alcance producidos por su proceder, seleccionar adecuadamente a los servidores públicos, perfeccionar sus métodos y sistemas, mejorar la calificación técnica y moral de los trabajadores, y asegurar que no sean los intereses políticos, sino las razones de eficiente servicio y calificación, las que permitan el acceso a la función pública en condiciones de igualdad...”.  (Sentencia C-356 de agosto 11 de 1994). Por ello, la Ley 27 de 1992, manifiesta que la carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal. Podemos concluir así, que el I.C.B.F. es un establecimiento público bajo el régimen de la carrera administrativa. Tercera.     Ingreso a la Carrera Administrativa por méritos. Al pronunciarse esta Corporación sobre la constitucionalidad del artículo 9 del Decreto 1222 de 1993, en Sentencia C-040 del 9 de febrero del presente año, con Ponencia del Dr. Carlos Gaviria Díaz, se concluyó que la carrera administrativa se fundamenta única y exclusivamente en el mérito y la capacidad del funcionario público, debiendo seleccionar la administración al más destacado, a quien demostró la mejor preparación, conocimiento y competencia.  Se manifestó, además, que un apropiado sistema de carrera, garantizaría el derecho de todas las personas a formar parte de la administración pública en igualdad de condiciones y oportunidades, como también el derecho a una estabilidad en el cargo, siempre y cuando cumplan fielmente sus deberes, obteniendo así la transparencia, moralidad, imparcialidad y eficiencia. Seguidamente, esta sentencia enfatizó: “Para esta Corporación es claro, que un verdadero concurso de mérito es aquél en el que se evalúan todos y cada uno de los factores que deben reunir los candidatos a ocupar un cargo en la administración pública, dentro de una sana competencia para lograr una selección justa, equitativa, imparcial y adecuada a las necesidades del servicio público.  En consecuencia, la administración habrá de señalar un valor determinado a cada uno de los items, (condiciones profesionales, morales y personales) y, por consiguiente, el aspirante que obtenga el máximo puntaje es quien tiene derecho a ser nombrado en el cargo para el  que concursó.  Es que cuando se fijan en forma precisa y concreta cuáles son las condiciones que han de concurrir en los aspirantes y se establecen las pautas o procedimientos con arreglo a los cuales se han de regir los concursos, no existe posibilidad legítima alguna para desconocerlos y una vez apreciados éstos, quien ocupará el cargo será quien haya obtenido la mayor puntuación.”. Igualmente, la sentencia de constitucionalidad C-041 proferida por esta Corporación, con Ponencia del Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, expresó: “La finalidad del concurso es hacer que sean los mejores los que ingresen al servicio público; su idea-fuerza, en consecuencia, gira alrededor del mérito.  Para alcanzar este objetivo es indispensable que la sociedad y sus miembros respondan positivamente a la convocación y que el afán de servicio junto a la cultura y al saber concurran con miras a escoger a los más aptos y capaces”. Cuarta. Discrecionalidad del nominador violatoria de derechos y principios constitucionales. Obligación de nombrar a quien obtuvo el primer lugar. Ha señalado esta Corporación que nuestra Carta Política no atribuyó al nominador poder discrecional ninguno para nombramiento, en relación con los empleos sujetos a concurso público, por cuanto se parte de la premisa de que el interés público se sirve mejor acatando el resultado del concurso, careciendo así la administración de libertad para adoptar una decisión diferente al resultado obtenido. Y agrega:  “Prescindir del riguroso orden de mérito deducible del concurso público una vez verificado, equivale a quebrantar unilateralmente sus bases. Establecer un concurso público y señalar un procedimiento que termina por no atribuir al vencedor el cargo o plaza objeto del mismo, elimina su esencia y lo despoja de estímulo.  Si en verdad se anuncia por el Estado que un empleo se va a nombrar por concurso y, en últimas se designa al tercero o al segundo mejores aspirantes, pero no al primero, se defrauda la confianza de este aspirante inducida en virtud de la convocatoria y, de este modo, igualmente, se asalta la buena fe de todos los restantes aspirantes que en teoría han emulado y se han presentado al concurso con miras a ser los primeros y así obtener en justa lid el premio a su mérito -socialmente comprobado-, representado en este caso, por el consecuente nombramiento con apego al resultado objetivo del concurso...La situación descrita viola abiertamente los principios de la justicia y de la buena fe”. (Sentencia C-041 del 9 de febrero de 1995). Señala, además, la aludida sentencia que la falta de absoluta seguridad en el pronóstico que ningún sistema de nombramiento puede ofrecer, no se soluciona trastornando el concurso o desfigurando sus resultados mediante la facultad discrecional de nombramiento, sino a través del establecimiento de un período de prueba dentro del cual será objeto la persona de calificación. Concluye así, que la discrecionalidad otorgada vulnera el derecho a la igualdad de acceso a la función pública y para asegurarla es menester que las convocatorias sean generales y que los méritos y requisitos tengan suficiente fundamentación objetiva y reciban una valoración razonable y proporcional a su importancia intrínseca. Al respecto, la Sentencia C-040 del 9 de febrero del presente año, con Ponencia del Dr. Carlos Gaviria Díaz, estableció: “...considera la Corte que una de las formas de acabar con esta práctica, es precisamente incluir dentro de los factores de calificación, la idoneidad moral, social y física del candidato, pues el hecho de que el análisis en ese campo pertenezca a la subjetividad del nominador, no significa arbitrariedad, pues tales aspectos también han de ser apreciados y calificados, para evitar abusos.  De no ser así se desnaturalizaría la carrera administrativa y, por ende, se infringiría el artículo 125 Superior....Por tanto, quien ocupe el primer lugar, de acuerdo al puntaje obtenido, será el ganador y excluirá a los demás, en orden descendente.  Si se procede de otro modo, habría que preguntarse, como lo hace el demandante, para qué el concurso de méritos y calidades, si el nominador puede elegir al candidato de sus preferencias? De este campo, es preciso desterrar la arbitrariedad y, justamente, para ese propósito se ha ideado el concurso...”. Con base en lo transcrito, se declaró inexequible el aparte del artículo 9o. Del Decreto 1222 de 1993, que dice:  “...la provisión del empleo deberá hacerse con una de las personas que se encuentre entre los tres primeros puestos de la lista de elegibles...” por infringir los artículos 13, 40-7 y 125 de la Constitución Política. Por lo anterior, al comprender el proceso de selección varias etapas como son la convocatoria, el reclutamiento, la aplicación de pruebas o instrumentos de selección, la conformación de la lista de elegibles y el período de prueba; los factores de calificación exigidos deben llenar y satisfacer la totalidad de los requerimientos señalados por el ente nominador, para que pueda conllevar a la escogencia de la persona más idónea para el correcto desempeño del cargo.  Esto implica que quien ocupe el primer lugar, es la persona que por sus méritos satisfizo de mejor manera los requisitos para entrar a ejercer el puesto y es a él a quien debe el nominador designar. Quinta.                Existencia de otro medio de defensa judicial. Ineficacia. Contempla el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, las causales de improcedencia de la tutela, señalando en el numeral primero la existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  Agrega que la existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante. A este respecto, cabe recordar, la sentencia T-100 del 9 de marzo de 1994, con Ponencia del Dr. Carlos Gaviria Díaz, la cual señaló: “En conclusión, la Corte mantiene su doctrina, reiterando que: el juez de tutela debe examinar en cada caso si el mecanismo alternativo de defensa judicial que es aplicable al caso, es igual o más eficaz que aquella. “La Corte, empero, encuentra necesario hacer la siguiente precisión: cuando el juez de tutela halle que existe otro mecanismo de defensa judicial aplicable al caso, debe evaluar si, conocidos los hechos en los que se basa la demanda y el alcance del derecho fundamental violado o amenazado, resultan debidamente incluidos TODOS los aspectos relevantes para la protección inmediata, eficaz y COMPLETA del derecho fundamental vulnerado, en el aspecto probatorio y en el de decisión del mecanismo alterno de defensa. Si no es así, si cualquier aspecto del derecho constitucional del actor, no puede ser examinado por el juez ordinario a través de los procedimientos previstos para la protección de los derechos de rango meramente legal, entonces, no sólo procede la acción de tutela, sino que ha de tramitarse como la vía procesal prevalente.  Así como la Constitución no permite que se subplante al juez ordinario con el de tutela, para la protección de los derechos de rango legal, tampoco permite que la protección inmediata y eficaz de los derechos fundamentales, sea impedida o recortada por las reglas de competencia de las jurisdicciones ordinarias”. En un caso similar al caso que nos ocupa, la Sala Séptima de Revisión presidida por el Dr. Alejandro Martínez Caballero, en Sentencia T-325 de julio 26 del año en curso, trajo a colación su Sentencia T-298 del 11 de julio pasado, la cual señaló: “Empero, esos otros medios judiciales deben tener, por lo menos, la misma eficacia de la tutela para la protección del derecho de que se trate.  Analizadas las circunstancias del caso concreto, se concluye que tales acciones no se revelan más eficaces que la tutela ya que, la decisión tardía del asunto deja, mientras tanto, intacta violaciones a los derechos a la igualdad y al trabajo, al primero, porque, tal como lo puso de presente la Corte, el aspirante merece un trato acorde con los resultados obtenidos en el concurso efectuado y si se ignora esa condición preferente, ubicándolo en la posición de quienes no participaron o de quienes habiéndolo hecho obtuvieron calificaciones inferiores, se contradice el artículo 13 constitucional y, al segundo, porque negar un nombramiento al que válidamente se tiene derecho impide laborar en condiciones dignas y justas.  Fuera de lo anterior, la urgencia de brindar una protección inmediata se torna más patente si se tiene en cuenta que el término de validez de la lista de elegibles precluye en el mes de noviembre de este año”. Igualmente, se manifestó en la Sentencia T-325, que: “Estas apreciaciones coinciden con las vertidas por la Sala Segunda de Revisión en la sentencia No. T-256 de 1995, conforme a las cuales mediante el ejercicio de las acciones que pueden impetrarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no se obtiene ‘el resultado deseado, cual es el de ser nombrado en el cargo correspondiente’. Esta Sala reitera ese pronunciamiento y en armonía con él advierte que no existe contradicción entre lo aquí decidido y el fallo S.U.458 de 1993 ‘porque en esta oportunidad se consideró la situación especial generada en virtud de las Sentencias C-040/95 y C-041/95 y además, que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no es el mecanismo idóneo para amparar los derechos fundamentales que le fueron violados a la peticionaria’ (M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell)”. En Sentencia T-286 de julio 4 del año en curso, con Ponencia del Dr. Jorge Arango Mejía, en relación con la demanda de tutela adelantada contra la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Corte señaló: “La Corte no se inmiscuye en el acto del nombramiento propiamente, sino que ordena que se surta, en debida forma, una etapa del proceso del concurso que la Universidad omitió, omisión que consistió en no notificar sobre los resultados del mismo. “En relación con lo estimado por los jueces de instancia, sobre la no procedencia de esta tutela por contar el actor con otros medios de defensa judicial, específicamente, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la Sala no desconoce la posibilidad de que el demandante pueda hacer uso de tales acciones, pero la presente acción se concederá sin condicionarla a tal evento, pues se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 6o., numeral 1., del decreto 2591 de 1991, en cuanto dice: ‘...La existencia de dichos medios (de defensa judicial) será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante’. ...”. Sexta. Permanencia de los hechos. En asuntos semejantes al que nos ocupa, las Sentencias 325 y 326 del 26 de julio del año en curso, con Ponencia del Dr. Alejandro Martínez Caballero, señalaron: “...estima la Sala que es del caso aclarar que independientemente de que la fecha de las sentencias que declararon la inexequibilidad de las disposiciones contentivas de la potestad discrecional que la entidad demandada alega sea posterior a la fecha del nombramiento que se hizo a persona distinta de la peticionaria, se concederá la tutela, pues los referidos pronunciamientos no tienen el efecto de constituir los derechos vulnerados, los que existían, con anterioridad a ellos, en cabeza de la actora y le fueron violados mediante comportamientos que, desde un principio, se colocaron en contradicción con la preceptiva constitucional que reconoce los derechos de los asociados. Los argumentos que sirvieron de base a la declaratoria de inexequibilidad precisan en forma muy clara las causas de la vulneración pero de ningún modo convalidan situaciones que ya eran anómalas antes de que la Corte los expusiera, máxime si en la actualidad subsisten sus efectos nocivos.  La acción de tutela procede para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales y comprobada la vulneración de algunos de estos, por expreso mandato constitucional, debe brindarse el amparo pedido; una interpretación contraria conduciría a patrocinar su desconocimiento y a restarles la eficacia que la Carta pretende asegurarles. Es de anotar que en esta misma providencia se ha dejado en claro que aún partiendo del supuesto del ejercicio de la potestad discrecional la ausencia de una justificación objetiva y razonable para preferir a concursantes distintos del situado en primer lugar torna patente el carácter arbitrario de la medida tomada en perjuicio de la accionante.  Por lo demás, la Corte ha concedido la tutela en casos similares, sin que ello signifique que le esté otorgando efecto retroactivo a un fallo suyo. (Cfr. Sentencias    T-256 y 298 de 1995).”. Esta misma Sala de Revisión, al resolver un caso similar al que ahora se estudia, mediante la Sentenica T-389 de este año, reiteró la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, en cuanto a que la acción de tutela es el instrumento idóneo y eficaz para proteger los derechos de quien, ocupando un primer puesto en un concurso de méritos, no es nombrado para el cargo correspondiente; en este mismo sentido se resolverá, por ende, el presente asunto. Séptima.    El caso sub-judice. Como se ha indicado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es un establecimiento público adscrito al Ministerio de Salud, y sometido al régimen de la carrera administrativa.  Con base en lo anterior, llevó a cabo convocatoria número 22 del 26 de julio de 1994, para proveer el cargo de profesional Universitario, código 3020, grado 04 del Centro Zonal No. 1 Prevención, en el cual  la señora Emperatriz Josefa Castro Cantillo, participó y ocupó el primer puesto dentro de la lista de elegibles, según Resolución número 000862 de septiembre 23 de 1994. Teniendo en cuenta lo señalado en esta decisión, ha debido el I.C.B.F., nombrarla para el cargo por el que concursó, sin embargo, apartándose del riguroso orden de mérito establecido, de los fines esenciales de la carrera administrativa, del respeto a las distintas etapas del proceso de selección y de la confianza depositada por el aspirante en la administración pública, dicho establecimiento profirió la Resolución número 2645 del 26 de diciembre de 1994, nombrando a quien había ocupado el tercer lugar, vulnerando, en consecuencia, los principios fundamentales de la justicia y buena fe, como también, los derechos constitucionales a la igualdad y al trabajo. Este último, por cuanto se le niega arbitrariamente a la demandante un derecho adquirido, que por su parte se constituía en la obligación para la administración pública de nombrarla en el cargo para el cual cumplió y satisfizo todos los requerimientos exigidos en el proceso de selección. Por ello, la acción de tutela se torna en el instrumento idóneo y eficaz para proteger estos derechos fundamentales, que al mantenerse su vulneración, merecen ser protegidos por esta Corporación. Se revocará la decisión calendada 2 de agosto de 1995, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, y en su lugar se dispondrá conceder la tutela, por vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo. En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, R E S U E L V E : Primero:    Revocar la sentencia de fecha 2 de agosto de 1995, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, con base en las consideraciones expuestas. Segundo:   Conceder la tutela que se reclama, en consecuencia, ordenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Atlántico, Barranquilla, para que en el término de un (1) mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a efectuar el nombramiento de la señora Emperatriz Josefa Castro Cantillo, en el cargo de Profesional Universitario, Código 3020, Grado 04, para el cual se presentó a concurso abierto habiendo ocupado el primer lugar. Tercero:     El Tribunal Superior -Sala Laboral- del Distrito Judicial de Barranquilla,  vigilará el estricto cumplimiento de lo ordenado en esta sentencia. Cuarto:      Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. FABIO MORON DIAZ Magistrado Ponente VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-476-95 Sentencia No. T-476/95 Sentencia No. T-476/95 DERECHO A LA EDUCACION-Finalidad Las finalidades que guían la misión educativa, no deben, entonces, resultar sacrificadas en aras de la represión de ciertos comportamientos, que bien pueden ser accidentales al propósito esencial que se pretende mediante la educación, y, además ser perfectamente aceptables como objeto de las garantías constitucionales y del amparo judicial de un determinado derecho constitucional fundamental. Es más apropiado recurrir a los métodos de la pedagogía para encauzar una conducta en un sentido determinado, que tener a la represión por instrumento único; así se lograría, conciliar el respeto que merecen los derechos de los educandos con los criterios que, según los educadores, deben buscarse mediante su tarea. DERECHO A LA EDUCACION-Presentación personal/DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Corte de cabello Privar a un estudiante de la posibilidad de continuar recibiendo las clases que constituyen el pénsum por negarse a llevar el cabello "arreglado y peluqueado normalmente sin ningún tipo de moda", bajo el entendido de que prevalece "lo colectivo sobre lo individual", es una sanción que no guarda la debida proporcionalidad frente a las metas primordiales inspiradoras del proceso educativo, y que se basa en una concepción que desconoce las prerrogativas que asisten al educando para desarrollar libremente su personalidad en un aspecto que, por ser, como se anotó, accidental, carece de las repercusiones que las autoridades académicas y los jueces de instancia le atribuyen en este caso. No es posible, en el caso examinado, dar por agotada la cuestión aduciendo que los hechos quedaron inexorablemente en el pasado; es todo lo contrario, obra en el expediente constancia de que los estudiantes debieron firmar un compromiso en virtud del cual fueron obligados a dejarse el cabello "normalmente, sin moda", situación que corrobora la persistente violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y demuestra una amenaza de violación al derecho fundamental a la educación, pues basta el simple incumplimiento del compromiso para que los actores se vean enfrentados a una situación semejante a la que motivó el ejercicio de la acción de tutela. DEBIDO PROCESO-Suspensión de alumno/DEMANDA DE TUTELA-Hecho consumado/DEMANDA DE TUTELA-Prevención Las sanciones disciplinarias han de tener "el debido miramiento por los derechos constitucionales fundamentales de los educandos" y en su aplicación no puede estar ausente el debido proceso; imponerlas, con base en un manual de convivencia que no había entrado en vigencia, como aconteció en este evento, conculca el derecho contemplado en el articulo 29 de la Constitución Política, empero, como lo observaron los jueces, en ambas instancias, se trata de un hecho consumado y, por ello, la Corte prevendrá al rector del establecimiento educativo para que en la institución a su cargo, no se vuelva a incurrir en acciones de esta índole. REF: Expediente No. T-78872 Acción de tutela presentada en contra del rector del Colegio Nacional Simón Bolívar de Arauca. Actores: DAVID GUILLERMO MENCO ZAFRA VLADIMIR PARADA SALAS CESAR SUAREZ RAUL FERNANDO GALVIS TORO Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Dr. JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá, D.C., Octubre  diecinueve  (19 ) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Octava de Revisión en asuntos de tutela, integrada por los Honorables Magistrados VLADIMIRO NARANJO MESA, JORGE ARANGO MEJIA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre las sentencias relacionadas con la acción de la referencia, proferidas por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Arauca, el veintidós (22) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995), en primera instancia, y por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Arauca, el tres (3) de agosto del mismo año. I. ANTECEDENTES A. La solicitud El ocho (8) de junio del año en curso, los estudiantes DAVID GUILLERMO MENCO ZAFRA, VLADIMIR PARADA SALAS, CESAR SUAREZ y RAUL FERNANDO GALVIS TORO quienes cursan sus estudios de educación media vocacional en el Colegio Nacional Simón Bolívar de Arauca, impetraron, ante el Juez Promiscuo Municipal de esa ciudad, acción de tutela en contra del señor Roberto Antonio Melo Padilla, rector del establecimiento educativo mencionado, para que "declare tutelado nuestro derecho fundamental a la educación media vocacional a la vez que al desarrollo de la libre personalidad y ordene, se tomen las medidas necesarias para garantizarlo ". Los actores adujeron como fundamento de su acción los siguientes hechos: 1. "Los días 24, 25 y 26 de abril nos informó el Coordinador de Disciplina, señor José Luis Botía, que por orden de Roberto Antonio Melo Padilla, Rector del Colegio Nacional Simón Bolívar no podíamos ingresar a clases hasta tanto habláramos con el Rector". 2. "En el transcurso de estos tres días mientras dialogábamos con el señor Rector sobre el corte de cabello perdimos las primeras horas de clases". 3. "En los tres días anteriormente nombrados, nuestros representantes, padres de familia y acudientes, solicitaron por escrito nos dejaran asistir a clases con el corte de cabello que lucíamos". 4. "El Reglamento que ha venido rigiendo no contempla la necesidad de mantener el corte de cabello que exige el Señor Rector por lo cual como se enuncia anteriormente nuestros padres de familia y acudientes solicitaron formalmente nos dejaran asistir a clase con el corte que poseíamos". 5. "Estas solicitudes fueron desatendidas ya que el día veintisiete de abril no se nos permitió la entrada al establecimiento negándonos el derecho a la educación y al desarrollo de la libre personalidad estipulados en el reglamento que actualmente nos rige y en la Constitución Nacional". 6. "El reglamento que actualmente está en estudio, para hacer parte del proyecto educativo institucional, no ha sido aprobado por el Consejo Directivo por lo cual no encontramos base para el impedimento que se nos ha hecho...". 7. "En caso de que esta fuera considerada, por parte del colegio, como una falta al reglamento, no se tomaron acciones que siguieran el conducto regular establecido en cualquiera de los dos reglamentos sobre suspensiones". El actor CESAR AUGUSTO SUAREZ OVIEDO desistió de la acción, en memorial presentado el doce (12) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995). B. La sentencia de primera instancia El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Arauca, mediante sentencia de junio veintidós (22) de mil novecientos noventa y cinco (1995), resolvió negar la tutela solicitada y admitió el desistimiento que de la acción hizo el menor CESAR AUGUSTO SUAREZ OVIEDO. Estimó el fallador de primera instancia que la exigencia de mantener un corte de cabello normal, acorde con la filosofía del centro educativo y que permita la uniformidad en el estudiantado, "en modo alguno priva al estudiante de su derecho de acceso y permanencia a la educación, pese a que se les ha impuesto una sanción leve que no trascendió en la realidad y que era meritoria". Según el juez, el derecho al libre desarrollo de la personalidad no puede confundirse con el libertinaje y admite las limitaciones que le impone el orden jurídico "enmarcado dentro del reglamento estudiantil, donde se exige la buena presentación del alumno, sea en el antiguo o en el nuevo (proyecto) de manual de convivencia del establecimiento. No actuar como lo hizo el Colegio Nacional Simón Bolívar, sería tanto como permitir que una alumna comenzara por asistir con minifalda al plantel. Que un estudiante acudiera allí por simple capricho sin uniforme o que cualquier alumno saliera en horas de clase del plantel, simplemente porque no puede ser sancionado en la medida en que con ello se vulnera el derecho a la educación, al libre desarrollo de su personalidad o porque sus derechos, tratándose de los niños, prevalecen sobre los de los demás". Admite el despacho que este tipo de expresiones propias de la adolescencia no deben tener un tratamiento tan drástico que genere la vulneración de derechos fundamentales y que, ameritan, precisamente, una mejor educación. Prosigue el juzgado afirmando que "si bien es cierto que se les aplicó a los alumnos el proyecto de manual de convivencia  que aún no ha entrado en vigencia al no encontrarse aprobado por el Consejo Directivo del plantel con lo cual en un determinado evento se puede quebrantar el derecho constitucional fundamental del debido proceso (...) en la medida en que nadie puede ser sancionado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa y con observancia de las formas propias de cada juicio, también es cierto que sólo se trató de una equivocada actuación del plantel al acudir en su procedimiento a un manual de convivencia y no al reglamento antiguo, en el cual, se repite, también se encuentra la prohibición (buena presentación personal) y la sanción de suspensión aquí impuesta, pero ello en modo alguno implica que deba tutelarse pues el centro educativo está facultado para actuar en la forma en que lo hizo". La sanción de suspensión por un día de clases -señala el despacho judicial- quebrantó el debido proceso, pero no amerita la tutela por haberse consumado el daño. En cambio, el derecho al libre desarrollo de  la personalidad no se conculca por exigir a los actores que su corte de cabello sea el normal que se les exige a los demás estudiantes pues éste derecho tiene como limitaciones precisamente, el mismo derecho que se le exige a todo el plantel (..) y tampoco se quebranta la educación en sus facetas de acceso o permanencia....". C. La sentencia de segunda instancia Según constancia secretarial, fechada el treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995), los peticionarios impugnaron el fallo de primera instancia dentro del término previsto en el Decreto 2591 de 1991; de otra parte, al desatarse la impugnación, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Arauca, como despacho de segunda instancia, decidió confirmar la providencia impugnada, de conformidad con las siguientes consideraciones: "En ocasiones el disfrute de un derecho se ve reprimido o limitado cuando su ejercicio conculca intereses colectivos. He ahí el caso que nos ocupa. Si bien es cierto que las personas tienen derecho a usar, o lucir, en tratándose de cosas de esta índole un tanto superficiales, el traje o corte de cabello que más les plazca, también es cierto que hay ocasiones en que la compostura se impone y más si se trata de adolescentes que asisten a un colegio en donde las edades y las condiciones son disímiles y el ejemplo cunde en detrimento del empeño que el colegio se ha impuesto en aras de la formación integral de los menores. Y es que hay ocasiones en que un simple corte de cabello tiene connotaciones anárquicas y en la interpretación de estos que pudiéramos llamar símbolos son expertos los jóvenes, y cosa curiosa, muy proclives a la imitación. De ahí que la disciplina deba ser exigente y que los padres deban colaborar decididamente en el colegio para que el orden se imponga, razón ésta para que esté justificada la prohibición en el reglamento escrito u oral pero de todas formas conocido por los estudiantes. La Constitución es cierto que reconoce y garantiza los derechos individuales, colectivos y sociales, pero al tiempo sienta las bases sustanciales de la convivencia, de manera que el titular de un derecho debe evitar que el disfrute del suyo conculque el derecho ajeno. Si como es cierto y en esto comparte plenamente el despacho el concepto del Juez de primera instancia, la sanción conculcó el debido proceso cuando se remitió a una norma aún no aplicable, también es cierto que la tutela sólo procede cuando el daño aún no se hubiere consumado. En el caso de autos, la tutela se impetró tiempo después de que la sanción hubiera sido aplicada por lo que el daño traducido en la imposibilidad de asistir a clase ya se había agotado y por el contrario reinaba en el ambiente la normalidad académica como lo confirman las pruebas provenientes de los alumnos involucrados en la acción como los señores rector y coordinador de disciplina". II. CONSIDERACIONES DE LA SALA A. La competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones correspondientes al asunto de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso segundo, y 241, numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. Se procede a la revisión en virtud de la selección practicada por la Sala correspondiente y del reparto efectuado en la forma prevista en el reglamento de la Corporación. B. La materia Los actores dentro de la acción de tutela, que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala, invocaron la vulneración del derecho constitucional fundamental a la educación que consideran lesionado, porque el rector del establecimiento en el que cursan  los estudios correspondientes a la formación media vocacional les impuso la sanción de suspensión por un día, como consecuencia de haberse presentado a clases luciendo un corte de cabello que las directivas del plantel juzgaron inadecuado y reñido con el deber de observar una "buena presentación personal". Los despachos judiciales de primera y de segunda instancia coincidieron en afirmar que la vulneración alegada no se configura ya que, de una parte, los alumnos asisten a clases normalmente, de modo que al momento de ejercerse la tutela, los hechos ocurridos durante el mes de abril del presente año, estaban consumados y, de  otra, porque la actuación del rector es acorde con la filosofía del Colegio Nacional Simón Bolívar de Arauca y con los propósitos que orientan la labor educativa que les ha sido encomendada. Ahora bien, para resolver en este caso es preciso tener en cuenta que en reciente pronunciamiento, la Corte se refirió a la protección del derecho a la educación en los términos que se transcriben a continuación: "Uno de los principales objetivos del proceso educativo es lograr que el educando, a tiempo que se desarrolla como individuo único y diferenciable, autónomo y libre, aprenda a socializar y armonizar sus comportamientos en relación con los demás, teniendo como presupuesto básico el reconocimiento y el respeto del ´otro´ en cuanto sujeto que detenta los mismos derechos. La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, señala en su artículo quinto como uno de los fines de la misma, "El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico...". La educación en un Estado Social de Derecho ha de propender porque cada uno de los actores del proceso educativo, especialmente los alumnos, se apropie e interiorice principios fundamentales para la convivencia humana, tales como la tolerancia, el respeto a la diversidad y la igualdad en la diferencia. No basta, por parte del ente educador, con el cumplimiento estricto de la mera labor de instrucción y con el desarrollo de un modelo pedagógico restringido, que simplemente pretenda homogeneizar comportamientos y actitudes ante la vida (...), concepción ésta que va en contravía de los fundamentos mismos de las diversas escuelas de pensamiento que desarrollan la pedagogía moderna, las cuales rechazan cualquier modelo que propenda por la colectivización u homogenización del pensamiento de los individuos. Al contrario, se trata desde la escuela básica de viabilizar el desarrollo del individuo como fin en sí mismo, permitiéndole el acceso al conocimiento, a las artes y en general a las distintas manifestaciones de la cultura, en la perspectiva de que pueda desarrollarse, integral y equilibradamente, en un contexto social caracterizado por la coexistencia de paradigmas de vida, no sólo diferentes, sino incluso antagónicos. Sólo así el individuo adquirirá la capacidad necesaria para ejercer su autonomía de manera racional, aceptando y respetando el derecho que asiste a los demás de hacer lo mismo; esto es, sin que ello implique vulnerar los valores, principios y derechos que para todos consagra la Constitución". (Sentencia No. T-377 de 1995. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz). Las finalidades que guían la misión educativa, no deben, entonces, resultar sacrificadas en aras de la represión de ciertos comportamientos, que bien pueden ser accidentales al propósito esencial que se pretende mediante la educación, y, además ser perfectamente aceptables como objeto de las garantías constitucionales y del amparo judicial de un determinado derecho constitucional fundamental. En efecto, privar a un estudiante de la posibilidad de continuar recibiendo las clases que constituyen el pénsum por negarse a llevar el cabello "arreglado y peluqueado normalmente sin ningún tipo de moda", bajo el entendido de que prevalece "lo colectivo sobre lo individual", es una sanción que no guarda la debida proporcionalidad frente a las metas primordiales inspiradoras del proceso educativo, y que se basa en una concepción que desconoce las prerrogativas que asisten al educando para desarrollar libremente su personalidad en un aspecto que, por ser, como se anotó, accidental, carece de las repercusiones que las autoridades académicas y los jueces de instancia le atribuyen en este caso. Estima esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional que no es posible, en el caso examinado, dar por agotada la cuestión aduciendo que los hechos quedaron inexorablemente en el pasado; es todo lo contrario, obra en el expediente constancia de que los estudiantes debieron firmar un compromiso en virtud del cual fueron obligados a dejarse el cabello "normalmente, sin moda" (Folio 26), situación que corrobora la persistente violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y demuestra una amenaza de violación al derecho fundamental a la educación, pues basta el simple incumplimiento del compromiso para que los actores se vean enfrentados a una situación semejante a la que motivó el ejercicio de la acción de tutela. En estas circunstancias, es claro que el derecho a educarse pende de una condición que, conforme a lo dicho, no es susceptible de ser comparada con las metas que persigue la educación, merced a las cuales, es más apropiado recurrir a los métodos de la pedagogía para encauzar una conducta en un sentido determinado, que tener a la represión por instrumento único; así se lograría, conciliar el respeto que merecen los derechos de los educandos con los criterios que, según los educadores, deben buscarse mediante su tarea; este es el sentido que ha dado la Corte Constitucional al conflicto planteado y así lo manifestó en sentencia No. T-065 de 1993 en los siguientes términos: "Dentro de la perspectiva de estimular razonables conductas que favorezcan la asimilación de valores educativos tales como el orden, la obediencia, las exigencias propias de la vida comunitaria, las posibilidades y límites de la libertad y el acendrado sentido de responsabilidad, la presentación personal de los alumnos de establecimientos educativos  -particularmente en aquellos casos en que por su edad y condiciones personales requieren aún de orientación clara conducente a su formación-,  puede ser uno de los instrumentos a través de los cuales se difunde el mensaje educativo. Aceptado lo anterior, es claro también que la presentación personal no puede convertirse en un fin per se que haya de perseguirse con todos los instrumentos del autoritarismo hasta el punto que aquellos renuentes a aceptarlo, como ocurre en el presente caso con la pauta concerniente a la longitud de los cabellos, autorice su marginamiento de los beneficios de la educación y, de consiguiente del mismo derecho constitucional fundamental del alumno. La longitud de los cabellos es pauta que puede tener alguna explicación en instituciones educativas cuyo principio fundamental sea la práctica de la obediencia estricta, tal como ocurre en las de carácter militar. Pero el sentido y función de dicha pauta en instituciones educativas ordinarias tiene, desde luego, una incidencia menor de tal naturaleza que no puede autorizar la exclusión de los beneficios del derecho fundamental a la educación o que se la convierta en condición sine qua non para su ejercicio. Más aún cuando -como en este caso concreto- la conducta de uno de los peticionarios, no solo no atenta contra los derechos de los demás ni contra el orden jurídico, sino que es expresamente permitida por los miembros de su propia familia, responsable también, como quedó dicho, del éxito del proceso educativo. En consecuencia, si la institución considera que sus alumnos deben llevar sus cabellos a una longitud determinada, los instrumentos más adecuados para lograr este propósito son naturalmente los propios de la educación, así sus resultados sean más lentos y en ocasiones casi nulos. El verdadero educador no puede renunciar al uso de ellos sin desvirtuar el nobilísimo sentido de su misión" (M.P. Dr. Ciro Angarita Barón). Además, en la sentencia que se acaba de citar, la Corte produjo algunas consideraciones referentes a los reglamentos educativos, así: "Un reglamento que consulte las nuevas realidades del educando no debe ser simplemente un instrumento de autoritarismo irracional llamado a reprimir expresiones de conducta que bien pueden ser opciones abiertas por la propia Carta como formas alternativas de realizar la libertad de vivir que no otra cosa es el libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 16 de la Carta vigente. (...) "En otros términos, los reglamentos de las instituciones educativas no podrán contener elementos, normas o principios que estén en contravía de la Constitución vigente como tampoco favorecer o permitir prácticas entre educadores y educandos que se aparten de la consideración y el respeto debido a la privilegiada condición de seres humanos tales como tratamientos que afecten el libre desarrollo de la personalidad de los educandos, su dignidad de personas nacidas en un país que hace hoy de la diversidad y el pluralismo étnico, cultural y social principio de praxis general. Por tanto, en la relación educativa que se establece entre los diversos sujetos, no podrá favorecerse la presencia de prácticas discriminatorias, los tratos humillantes, las sanciones que no consulten un propósito objetivamente educativo sino el mero capricho y la arbitrariedad". De otra parte, la Corporación advirtió que las sanciones disciplinarias han de tener "el debido miramiento por los derechos constitucionales fundamentales de los educandos" y en su aplicación no puede estar ausente el debido proceso; imponerlas, con base en un manual de convivencia que no había entrado en vigencia, como aconteció en este evento, conculca el derecho contemplado en el articulo 29 de la Constitución Política, empero, como lo observaron los jueces, en ambas instancias, se trata de un hecho consumado y, por ello, la Corte prevendrá al rector del establecimiento educativo para que en la institución a su cargo, no se vuelva a incurrir en acciones de esta índole; por lo demás, y de conformidad con las razones anotadas, es procedente conceder el amparo constitucional pedido. En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. REVOCAR las sentencias proferidas en el asunto de la referencia por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Arauca el tres (3) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995) y por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Arauca el veintidós (22) de junio del mismo año. SEGUNDO. CONCEDER la tutela reclamada en favor de los derechos constitucionales fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la educación y al debido proceso de los peticionarios y, en consecuencia, PREVENIR al señor rector del Colegio Nacional Simón Bolívar de Arauca para que en el futuro se abstenga de incurrir en las acciones que dieron mérito para que se concediera la tutela y de aplicar sanciones disciplinarias por fuera de las condiciones y requisitos establecidos en la Constitución, la ley y el reglamento vigente. TERCERO. LIBRENSE, por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-477-95 Sentencia No. T-477/95 Sentencia No. T-477/95 NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACION DE TUTELA-Iniciación de la acción Cuando una tutela se dirige contra particulares, el juez debe informarles a éstos que se ha iniciado un proceso en su contra y que pueden hacer uso de las garantías que la Constitución Política les otorga.  El no hacerlo genera una nulidad de lo actuado por violación al debido proceso, dado el carácter relevante de la omisión. READECUACION DE SEXO DEL MENOR/CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE-Cambio de sexo/TEORIA DE LA INFORMACION-Cambio de sexo La obligación contractual o extracontractual del médico respecto del ser humano a quien va a tratar, buscando su CURACION es una prestación de servicios que produce obligaciones de medio y no de resultado, enmarcada en el CONSENTIMIENTO, entendiendo por tal el acuerdo de voluntades sobre un mismo objeto jurídico. El problema del consentimiento adquiere relevancia jurídica cuando, como en el asunto que motiva esta sentencia, está en juego algo demasiado importante como es el sexo de una persona. Por lo tanto, habrá que afirmar que en este caso el consentimiento debe prevenir personalmente del propio paciente, con capacidad plena y aún con el lleno de algún formalismo como sería el consentimiento por escrito. En el asunto sometido a esta acción de tutela el acuerdo sólo podría ser celebrado entre el médico que ofrecía el tratamiento de readecuación de sexo y el sujeto pasivo con capacidad para aceptar esa POLICITACION. Al recibir la oferta el paciente, principia a formarse la concurrencia de voluntades, y, dada la gravedad del asunto a tratar, sólo cuando el policitante recibe la aceptación del policitado puede decirse que se ha consumado el proceso volitivo. (Esto ha sido llamado desde hace mucho tiempo TEORIA DE LA INFORMACION). En la teoría de la información, vista desde el lado del enfermo, como policitado, la respuesta que el médico debe recibir a su ofrecimiento particularmente importante (caso de la readecuación de sexo) debe ser no solo expresa sino por escrito para que no quede la menor duda  de que el paciente ha consentido. Por supuesto que se parte de la base de que es plenamente capaz el paciente y que su consentimiento  no esta viciado. CONSENTIMIENTO INFORMADO-Cambio de sexo/RELACION MEDICO PACIENTE Dada la distancia científica que generalmente existe entre el médico y el enfermo, lo mínimo que se le puede exigir a aquél es que anticipadamente informe el paciente sobre los riesgos que corre con la operación o tratamiento o las secuelas que quedarían, con la debida prudencia, sin minimizar los resultados pero sin alarmar al enfermo en tal forma que desalentaría el tratamiento; es un equilibrio entre la discreción y la información que sólo debe apuntar a la respuesta inteligente de quien busca mejorar la salud, superar una enfermedad o mitigar el dolor. Esto se ha llamado el CONSENTIMIENTO INFORMADO; no es otra cosa  que la tensión constante hacia el porvenir que le permite al hombre escoger entre diversas opciones. Es la existencia como libertad: tomar en sus manos su propio devenir existencial. CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE-Prescindencia en caso de urgencia Prevista la urgencia por el propio legislador, el médico tiene la obligación de actuar en defensa de la vida y la integridad de la persona, siendo sustituido el consentimiento del paciente por la realidad objetiva de una intervención necesaria para preservar la vida de la persona, sobre esto no hay la menor duda. La discusión puede surgir en la explicación que se le de al calificativo “integridad de la persona”, esto exige una apreciación rigurosa, objetiva, muy ligada al requerimiento de atención inmediata para evitar un perjuicio irremediable, y en ningún caso debe responder al deseo del médico de efectuar experimentos científicos por publicitados que sean. En el caso que motiva la presente acción de tutela, hubo dos operaciones: una inicial, la “meatotomía” practicada un mes y diez días después de la mutilación, y, la segunda, de “readecuación de sexo”, seis años después. Luego el calificativo de atención inmediata no vendría al caso, no puede hablarse de una situación de urgencia que pusiera en peligro la vida y que sustituyera el consentimiento del paciente. Y tan es así que los médicos buscaron una previa “autorización” de los padres y sólo después de que por escrito ellos la dieron se procedió a operar. Jurídicamente habrá, entonces, que entrar a estudiar lo que firmaron unos padres de escasa cultura y semianalfabetos: que autorizaban “cualquier tipo de tratamiento (incluyendo el cambio de sexo) que conlleve a mejorar la situación actual de nuestro hijo”. TRATAMIENTO MEDICO DEL MENOR-Límites En principio los padres pueden tomar ciertas decisiones en relación con el tratamiento médico de sus hijos, incluso, a veces, contra la voluntad aparente de éstos. Sin embargo, ello no quiere decir que los padres puedan tomar, a nombre de su hijo, cualquier decisión médica relativa al menor, por cuanto el niño no es propiedad de sus padres sino que él ya es una libertad y una autonomía en desarrollo, que tiene entonces protección constitucional. ¿Cuáles son entonces los límites de decisión de los padres en relación con los tratamientos médicos de sus hijos menores de edad? La Corte considera que precisamente estos límites derivan de una adecuada ponderación, frente al caso concreto, de los principios en conflicto, esto es, entre el principio de la autonomía, según el cual el paciente debe consentir al tratamiento para que éste sea constitucionalmente legítimo, y el principio paternalista, según el cual el Estado y los padres deben proteger los intereses del menor. Y para ello es necesario tomar en consideración múltiples factores, por lo cual es muy difícil, como esta Corte ya lo había indicado, establecer reglas generales simples y de fácil aplicación para todos los casos médicos. CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE MENOR DE EDAD-Elementos La Corte considera que hay tres elementos centrales a ser considerados en situaciones de esta naturaleza, y que son: a) de un lado, la urgencia e importancia misma del tratamiento para los intereses del menor; b) De otro lado, la intensidad del impacto del tratamiento sobre la autonomía actual y futura del niño.  Así la doctrina ha establecido una distinción, que esta Corporación ha aceptado, entre intervenciones médicas ordinarias, que no afectan el curso cotidiano de la vida del paciente, e intervenciones  extraordinarias, que se caracterizan porque es "notorio el carácter invasivo y agobiante del tratamiento médico en el ámbito de la autonomía personal", de suerte que se afecta "de manera sustancial el principio de autodeterminación personal". Esto incluye obviamente una ponderación de los posibles efectos irreversibles de ciertas intervenciones médicas, por cuanto los tratamientos que tienen tal carácter predeterminan, en muchos aspectos, la vida futura del menor; c) Y, finalmente, la edad misma del menor, puesto que no es igual la situación de un recién nacido y la de un adolescente que está a punto de llegar a la mayoría de edad. En ese orden de ideas, un análisis combinado de esos criterios, nos permite identificar casos extremos. READECUACION DE SEXO DE MENOR-Autorización del paciente/LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Cambio de sexo del menor/DERECHO A LA IDENTIDAD SEXUAL NO es posible la “readecuación de sexo,” sin la autorización directa del paciente, por las siguientes razones: Los niños no son propiedad de nadie: ni son propiedad de sus padres, ni son propiedad de la sociedad. Su vida y su libertad son de su exclusiva autonomía. Desde que la persona nace está en libertad y la imposibilidad física de ejercitar su libre albedrío no sacrifica aquélla. La tragedia del niño a quien un perro o alguien le cercenó sus genitales externos acerca y no aleja la libertad y el consentimiento. La condición en la cual quedó el menor no destruye sino por el contrario hace más fuerte “la presencia en mi” (frase de Mounier) porque en el fondo de cada existencia hay un núcleo inaccesible para los demás y el sexo forma parte de ese núcleo o cualidad primaria o esencia. El sexo constituye un elemento  inmodificable de la IDENTIDAD de determinada persona y sólo ella, con pleno conocimiento y debidamente informada puede consentir en una readecuación de sexo y aún de “género” (como dicen los médicos) porque el hombre no puede ser juguete de experimentos despersonalizados ni tampoco puede su identidad ser desfigurada para que el contorno dentro del cual vive se haga a la idea del “género” que unos médicos determinan con la disculpa de que era lo “menos malo”. En la identidad de las personas no cabe determinismo extraño. Si cupiera, habría que concluir que el infante que nació varón y a quien la decisión paternalista de un grupo médico lo ubica en la sociedad como mujer, tendría necesariamente  que convertirse en un ser sumiso y cobarde frente a lo que otros  decidieron y tendría que permanecer en el reposo que le señaló una conceptualidad científica extraña y ello desvirtuaría el libre desarrollo de la personalidad que en este aspecto sólo él puede señalarse y por consiguiente cualquier autorización escrita de los padres no es más que un simple juego de palabras. En conclusión, los padres no pueden permitir que se altere la IDENTIDAD (EN LO SEXUAL) DE SU HIJO. Y los médicos no podían basarse en esa autorización paterna para hacer el tratamiento. DERECHO A LA IDENTIDAD La significación del derecho a la identidad, contiene una idea de persona como portadora  de derechos subjetivos, la cual y en virtud de elementos inherentes a su naturaleza, requiere su eficaz protección. De otra parte se establece que: “La condición de persona es la calidad que distingue al hombre de todos los demás seres vivientes”. Tal  significado, comporta  la concepción de persona en un sentido  amplio, dirigido al ámbito que resalte la dignidad de la persona humana. Son todos estos derechos asignados a la persona humana, algo propio  en razón de su naturaleza. El derecho a la identidad, en su estrecha relación con la autonomía, identifica a la persona como un ser que se autodetermina, se autoposee, se autogobierna, es decir es dueña de sí y de sus actos. Solo es libre quien puede autodeterminarse en torno al bien porque tiene la capacidad de entrar en sí mismo, de ser consciente en grado sumo de su anterioridad, de sentirse en su propia intimidad. La  persona humana  es dueña de si misma  y de su entorno. El derecho a la identidad personal es un derecho de significación amplia, que engloba   otros derechos. El derecho a la identidad  supone un conjunto de atributos, de calidades, tanto de carácter biológico, como los referidos a la personalidad que permiten precisamente la individualización de un sujeto en sociedad. Atributos que facilitan decir que cada uno es el que es y no otro. El derecho a la identidad, en cuanto determina  al ser como una individualidad, comporta un significado de Dignidad humana y en esa medida es un derecho a la Libertad; tal reconocimiento permite  la posibilidad de desarrollar su vida, de obtener su realización, es decir, el libre desarrollo de su personalidad. DERECHOS DEL NIÑO-Cambio de sexo/INTERES JURIDICO SUPERIOR DEL MENOR Es así como el respeto al  derecho a la identidad, en cuanto  forma parte de ese interés jurídico superior, determina lo que es el actual y posterior desarrollo de la personalidad. En efecto, el derecho a la identidad como manifestación de la dignidad humana es siempre objeto de ese interes jurídico del menor, y en virtud de tal  tratamiento”resulta explicable que respecto de los menores de edad  siempre exista una relación entre el interés jurídico superior de éstos y/o los intereses jurídicos de otros (que pueden ser  los padres o los extraños, la sociedad en general o el Estado, evento en el cual aquél será superior). Es decir ese interés jurídico del menor es siempre superior, porque al estar vinculado con otros intereses, se impone el predominio de aquél.” PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA EN LA IDENTIDAD SEXUAL Al defenderse la individualidad del menor, o en otros términos, su identidad, como un interés jurídico superior, es necesario afirmar que cualquier intromisión efectuada sin su consentimiento, constituyó  una vulneración de sus derechos fundamentales. Pues  la superioridad  que contiene la naturaleza de este derecho fue precisamente establecida en favor del desarrollo de su personalidad  y protección a su dignidad como ser humano. Otro aspecto sobre el que es indispensable hacer claridad, es que si bien el menor  en virtud de su condición estaba sometido a la patria potestad de sus padres, y aún  a la de los intereses del propio Estado, no podía condicionarse tal situación, como un menoscabo de su derecho a la identidad, en cuanto éste es un interés jurídico superior ampliamente protegido frente a los intereses de aquellos. El derecho a la  identidad, y mas específicamente a la identidad sexual, presupone la existencia de un derecho constitucional a la Dignidad. Este derecho “Opera  aún cuando caduquen los demás derechos  personales emergentes  de la Constitución”. El derecho a la dignidad, se constituye a su vez  en fuente de otros derechos. Razón por la cual, toda  violación al derecho a la identidad, es a su vez  una vulneración al derecho a la dignidad Humana. PREVALENCIA DE TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS Corresponde entonces tratándose de una materia de interés vital como los Derechos del Hombre, dar la eficacia jurídica a los Tratados Internacionales. Esto nos permite desarrollar, que el contenido de distintos preceptos vinculantes en tratados internacionales determinaban desde ya, la plena protección del Derecho a la identidad, manifestación a su vez de la dignidad humana y garantía del libre desarrollo de la personalidad. TRATADO DE DERECHOS HUMANOS-Fuerza vinculante La fuerza vinculante de los tratados de derechos humanos,está garantizada por el control que  sobre su efectividad  ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya sea por iniciativa de cualquier Estado, o  a solicitud de la Comisión Interamericana de derechos Humanos, previa evaluación de las denuncias de cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización. ESTADO SOCIAL DE DERECHO/PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD Hay un salto cualitativo cuando la seguridad jurídica ya no es el centro de gravedad de las instituciones sino que se ve desplazada por el valor de la justicia como realidad social. Es la superación de la retórica por lo pragmático. Y, dentro de este contexto se puede afirmar que el Estado Social de Derecho hunde sus raíces en el principio de solidaridad. El reconocimiento a la solidaridad puede ser estudiado en la tutela. READECUACION DE SEXO DE MENOR-Tratamiento permanente La proteccion especial a disminuidos, consagrada en el artículo 47 de la Constitución, razonablemente no se puede suspender cuando N. N.  llegue a los 18 años, sino que el tratamiento médico que se iniciare y el sicológico que ya está en curso (con la aceptación del paciente) se continuara hasta cuando un dictámen de un grupo interdisciplinario lo considere pertinente. Lo que se le ordena al I.C.B.F. es que mantenga la continuidad en la readecuación y tratamiento integral del menor que instauró la presente tutela. REF: EXPEDIENTE T-65087 Peticionario: Menor N.N. Procedencia: Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia. - Los niños no son propiedad de nadie: ni son propiedad de sus padres, ni son propiedad de la sociedad.Su vida y su libertad son de su exclusiva autonomía. TEMAS: - El consentimiento informado del paciente. - El Derecho a la identidad. Debe respetarse por el Juez en los procesos de jurisdicción voluntaria y por los médicos que no pueden hacer “readecuación de sexo o transformación de órganos sexuales” sin autorización personal del paciente. - La fuerza vinculante de los Tratados de Derechos Humanos durante la vigencia de la Constitución Nacional de 1886 y 1991. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá D.C. veintres (23) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-65087, adelantado por el Personero Municipal de A. A.,quien actuó en representación del menor N. N., contra el médico que le hizo una operación al niño “readecuándole” el sexo, contra  el Hospital Universitario San Vicente de Paúl donde se practicó la operación, contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que contribuyó a que la readecuación  de sexo se efectuara y contra los padres del menor quienes autorizaron la operación de su hijo. CAPITULO I ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. RESUMEN DE LOS HECHOS 1. Episodios  que motivaron la acción. De la prueba aportada en la instancia y de la recepcionada por la Corte se puede hacer este relato: 1.1. Según versión de los padres del menor N.N., cuando éste tenía 6 meses, sus progenitores lo dejaron encerrado con una perra pequeña, a la cual "apenas le estaban naciendo los dientes"; al regresar, el padre de su parcela y la madre de recoger leña, encontraron al animal con sangre en el hocico y el niño tenía cercenados el pene y los testículos. Los padres del menor emasculado son campesinos semi-analfabetas, habitantes de una región alejada y subdesarrollada. Los crudos episodios en la forma como los narraron los padres son calificados diez años después, en informe interno al I.C.B.F., como fantasía simbólica, y de acuerdo con un concepto de medicina legal, hecho meses después de la época de la mutilación, la herida se produjo posiblemente con instrumento cortopunzante, lo cual trajo como consecuencia la "emasculación con cercenación de sus genitales externos (castración) del menor”. Dentro del expediente aparece copia íntegra del proceso penal (que finalizó con auto declarando que no se observa que el hecho constituyera delito) y no hay el menor indicio de que los padres fueran los autores, por el contrario, al día siguiente del lamentable episodio, a las 7 de la mañana, ellos iniciaron una caminata para llevar al niño desde la montaña hasta el poblado a donde arribaron a las cuatro de la tarde. 1.2 El incidente ocurrió el 10 de marzo de 1981 y el 11 de marzo el menor fue trasladado del hospital del municipio al Hospital  Universitario San Vicente de Paúl de Medellín, institución donde se le practicó una operación de "meatotomía", el 21 de abril de 1981. Previamente, el 1º de abril, los padres, dibujan su firma en un escrito que autoriza "cualquier tipo de tratamiento (incluyendo el cambio de sexo) que conlleve a mejorar la situación actual de nuestro hijo", en realidad, no surge de la prueba que los padres fueran conscientes de la trascendencia del “cambio de sexo”, por el contrario, antes, el 16 de marzo de 1981 en la historia clínica se insinuó por el médico un estudio genético "con fines netamente académicos" y "planear el cambio de sexo en este niño, pues está en la edad adecuada y no es posible en la actualidad reconstruir genitales funcionales”, es decir, primero se proyectó por los médicos el cambio de sexo y luego se obtuvo el permiso de los padres. Parecería que la pobreza de la familia, la ignorancia de los padres, el ambiente social atrasado y un ser humano de escasos seis meses, no ofrecían contratiempo alguno al tratamiento que los médicos iban a practicar y que según se dice se ha repetido en numerosos casos y ha sido defendido por los galenos como lo más adecuado. El propio médico que practicó esta primera operación la califica como REASIGNACION DE SEXO, dentro de la cual, según el médico relata, estos eran los pasos a dar, estos los resultados que se buscaban y la causa (según él) para el fracaso del experimento: “... a) explicación exhaustiva a los padres en términos que ellos pudieran entender de que no había recurso médico posible para restituir sus órganos genitales externos. b) Se les explicó igualmente, en términos sencillos, que el niño podía crecer y desarrollarse en el sexo femenino, pero que requeriría una cirugía posterior cuando sus tejidos lo permitieran . c) Se habló con Bienestar Familiar para que si fuere necesario le diera un hogar sustituto a este niño, ya que sus padres eran personas que vivían lejos de cualquier centro urbano y analfabetas (el padre). d) Igualmente se consultó al Departamento de Siquiatría y se presentó el caso ante el grupo multidisciplinario del Hospital que estudia  los pacientes que consultan por ambigüedad de  sus órganos genitales. E) Una vez conseguida la opinión unánime del grupo se instruyeron los padres sobre la necesidad de cambiar los documentos en la notaría de A. A.  y en el despacho parroquial. El niño siguió bajo control en la consulta interna y los padres en el departamento de  siquiatría que el proceso de identificación sexual femenino progresaba normalmente se le remodelaron quirúrgicamente sus órganos genitales femeninos. F) En las revisiones posteriores al procedimiento quirúrgico que se hicieron en consulta externa se encontró que la evolución era satisfactoria aunque la comunicación con el paciente era siempre difícil, por lo cual en alguna ocasión los siquiatras pensaron que había algún factor autista (trastorno de la personalidad que le dificulta al paciente comunicarse con el medio). Posteriormente supimos  que el paciente había sido ubicado en un albergue de monjas de A. A. Una vez reasignado el sexo, cambiado los documentos de identificación, el proceso de identificación genérica depende en gran parte del medio ambiente donde crezca y se desarrolle el niño. En algunas consultas pudimos captar que en el centro donde estaba el paciente había cierta ambivalencia en el trato que estaba recibiendo, ambivalencia de tipo genérico, pues en algunas ocasiones lo llamaban N. N. Retrospectivamente pensamos que este ambiente inadecuado en el cual vivió el paciente una buena parte de sus años fue el factor causal de su mala identificación con el sexo asignado” Salta a la vista que fueron los médicos del Hospital quienes propusieron, impulsaron y desarrollaron la reasignación de sexo que, en sentir de ellos, era lo pertinente. No era la primera vez que hacían tal clase de experimento; uno de los médicos declaró bajo juramento: “Desde el año mil novecientos setenta y cinco y como Profesor del Departamento de Ginecología y Obstetricia me ha tocado participar en diferentes grupos con el Dr. Bernardo Ochoa resolviendo problemas de reasignación de género en niñas y en adultas con genitales ambiguos, principalmente en casos de hiperplacia suprarenal congénita, testículos feminizante y recientemente en casos de transexuales. Es por ello que el problema de este niño atañe a un grupo interdisciplinario de médicos” Para este médico, se trataba de un niño asexuado, “... sin posibilidades de producir en un futuro hormonas masculinas  (testosterona) que es la hormona encargada de desarrollar los caracteres sexuales secundarios masculinos desde el principio de la adolescencia, alrededor de los nueve o diez años de edad. Por las características expresadas, este niño estaba condenado a ser una persona con ambigüedad sexual y sabiendo  que la identidad sexual de un niño se inicia  desde el año y medio a dos años en adelante, es lógico pensar que era necesario tomar una decisión con respecto a su reasignación de su sexo.” 1.3  Retomando la historia: Desde septiembre de 1981 hasta el 28 de julio de 1986, el menor fue depositado en la “Casa del Niño Dios”, albergue de monjas. Allí aprendió el niño a caminar, se le dió la orientación propia de una niña, sin que mostrara curiosidad por el sexo, entre otras cosas  porque a los infantes se los bañaba solos y se les cubría con una toalla para que nadie los observara. No obstante las rígidas reglas, a las religiosas les causaba extrañeza que el infante “tenía comportamientos de varón en la postura para la micción y en algunos juegos”. La caridad cristiana fue la constante en este tiempo. Entre tanto, los padres hacían correr la voz de que el niño había muerto. 1.4 En julio de 1987 se tramita con gran rapidez un proceso de jurisdicción voluntaria que finaliza en septiembre con decisión del Juzgado Promiscuo del Circuito autorizando cambiar el nombre N.N. del menor por el nombre femenino de X.X. Surge del expediente que este aspecto formal de respaldar el sexo en una partida notarial es lo central para algunos funcionarios judiciales y administrativos. Mientras para la familia lo fundamental era que en la fé de bautismo figurara como niña, lo lograron y en tal condición hizo la primera comunión. 1.5 Antes de tramitarse ese proceso judicial, el 6 de mayo de 1986, el I.C.B.F. abre historia integral al menor porque la hermana Emilia, directora de la Casa del Niño Dios, se presentó al Centro Zonal debido a que la menor “X.X era varón y le fueron cercenados sus órganos genitales y requiere de  tratamiento especial para que quede como una niña". La Defensora de Menores decreta la ubicación "de la menor" en un hogar sustituto en el barrio Manrique de Medellín, considerando que la menor X.X., requiere la continuación del proceso de remodelación de sus genitales, de conformidad con la evaluación realizada por un cirujano, adscrito al hospital San Juan de Dios de Antioquia, por ello, se hacía necesaria la ubicación del menor en la ciudad de Medellín, para ser intervenido quirúrgicamente y continuar su tratamiento. Así se escribió en la Resolución de 28 de julio de 1986 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pasa, entonces, del cuidado de las monjas al hogar sustituto. Pero antes de que se profiriera la Resolución, el I.C.B.F., el 4 de julio de 1986 busca para el menor una cita médica en el hospital San Vicente de Paúl en Medellín, se señala para el 10 de julio y el galeno conceptúa que “cuando se ubique en Medellín se iniciará el proceso quirúrgico de remodelación de sus órganos genitales”. No obstante,  el 23 de agosto de 1986 se deja constancia por el I.C.B.F. que "según el equipo médico del hospital infantil a la menor aún no se le puede hacer la operación, ya que hay que esperar a que llegue a la etapa de la adolescencia, pero está en la sicoterapia". Entre tanto, el hogar sustituto continúa cumpliendo su específica función: facilitar la disponibilidad del infante para la nueva operación. 1.6 El 7 de abril de 1987 se le practica una segunda operación, de remodelación de genitales externos femeninos y se dice por los médicos que adquirió un “fenotipo femenino”. Según el Hospital, hubo “reasignación de género”. Los médicos  siempre sostuvieron que ésto era lo que había que hacer y resaltan que “En este proceso, jugó papel importante el I.C.B.F. al facilitarle todos los medios al menor para su ubicación en centros y hogares sustitutos, que le permitiera esa continuidad, autenticidad, y coherencia para su adaptación a su género (femenino)”. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace la anotación de que los padres del niño dieron la autorización, pero, no hay nada por escrito diferente a lo que suscribieron en 1981; sólo aparece en 1987 una fotocopia borrosa que se refiere a si se autoriza o no la necropsia y  si se autoriza o no la extracción de órganos para transplante. Al solicitársele al hospital que remitieran a la Corte Constitucional fotocopia de la autorización, enviaron la que los padres habían firmado el 1º de abril de 1981. 1.7 Ya se dijo que en 1987 el menor estaba bajo el cuidado de la familia sustituta. El I.C.B.F. había hecho entrega del menor el 4 de febrero de 1987 y “durante todo el tiempo requerido para tal proceso (operatorio)”. Egresó el menor del hogar Sustituto y fue entregado nuevamente a sus padres biológicos, el 25 de septiembre de 1989. Hay que decir que, el 15 de abril de 1987 después de la operación, el menor es dado de alta y el Hospital le efectúa esporádicos controles el 23 de abril de 1987, el 3 de diciembre de 1987, el 7 de julio de 1988, el 15 de diciembre de 1988, el 8 de octubre de 1990. La sicóloga que hoy lo atiende dice que ella encontró que el caso estaba “como archivado”. Quienes lo operaron y luego sostienen alejados controles, curiosamente se extrañan del fracaso de la “identificación con el SEXO asignado”. El 7 de julio de 1988 se escribió en la historia clínica: “Lo mejor es dejar crecer más a esta paciente y al rededor de la pubertad cuando se induzca su feminización hormonal se corrigen los defectos remanentes” Y  el 15 de diciembre de 1988 se consignó: “la vagina está muy baja, esto se puede  acercar a uretra, procedimiento que se realizará en edad mayor”. En octubre de 1986 se inicia el tratamiento médico-siquiátrico para acondicionar la conciencia del menor a fin de que se adaptara como mujer. Debe anotarse que comenzó a surgir rechazo de parte del menor. Aparecen los sicólogos, una de ellas, muy importante en este caso, Lucila Amparo Céspedes, afirma: “Le apliqué diferentes pruebas sicológicas en las que pudo observarse que tenía una identificación masculina”. Y comienza a respetársele por ella y luego por los funcionarios del I.C.B.F. tal condición. No tienen el mismo parecer los médicos quienes protestan por la posición de la sicóloga, defienden su proceder en la “reasignación del sexo”. El Director del hospital de Medellín, lamenta que: “Todas las actividades desarrolladas por el Hospital Universitario San Vicente de Paúl y el I.C.B.F. tendientes a la obtención de la aceptación del nuevo género reasignado al menor, fallaron por razón del ambiente en que debió vivir el menor una vez fue reubicado en su familia ... la infortunada intervención de terceros hizo que este paciente perdiera todo el trabajo realizado, teniendo hoy una persona sin una identidad sexual”. En el mismo sentido se pronunció otro médico del hospital: “Creo que en este caso hubo una falla de la sociedad”. “Fuerzas extrañas a la actividad médica (la sociedad, la familia y las instituciones donde fue educado) no consiguieron construir esa personalidad femenina”. y pronostica las “dificultades tan grandes que le trae asumir el sexo masculino”. Hoy el menor tiene miedo de lo que pudieran continuar haciéndole los médicos. “A él le da temor de la anestesia o que le pueda pasar algo, pero él  quiere tener su pene” (declaración de la sicóloga). La actitud del menor se traduce también en el rechazo a los medicamentos, aunque hay que anotar que son los médicos del hospital quienes consideran que no se le deben aplicar hormonas masculinas. La hipótesis que manejan los galenos, es esta: “Hubiera funcionado mucho mejor como mujer” “La alternativa menos mala es asignarle el sexo femenino”. Dentro  de este criterio, lo lógico era que se lo vistiera de mujer y asumiera comportamientos de tal, incluso cuando el menor llegó a la pubertad se le suministró medicamentos que le permitirían formar pectorales femeninos. Y, como teoría, el Director del hospital dice: “La fuerzas Biológicas: En los mamíferos el estado de base es femenino, y el sexo masculino sólo se produce si se sobreañade la acción androgénica siendo muy probable que los andrógenos sean necesarios para cada especie, con el fin de que el cerebro se organice en la dirección de la masculinidad, es decir, se configura la conducta masculina. “Pero de la observación se ha concluido  que en la medida en que se asciende en la escala zoológica, la regla general de conducta consiste en una mayor flexibilidad de respuesta ante  los estímulos ambientales, y no hay ninguna especie diferente a los humanos que infrinja tan a menudo las reglas en virtud de la cual la masculinidad es propia del varón y la femenidad ligada a la hembra. Así las cosas, las fuerzas ambientales contribuyen en grado sumo al desarrollo de la masculinidad y la femineidad. “En la consolidación de la identidad genérica se plantea el concepto de la identidad genérica  nuclear que sirve de base para el proceso de identificación y que se desarrolla en los primeros  18 meses de vida del niño,...... éste como un período crítico para las decisiones con respecto a la reasignación de géneros posteriores a esa edad, crean muchos problemas en el joven al cual se le práctica, excepto en las cirugías de trans-sexuales que tienen un comportamiento diferente a su género y a su sexo dado por los órganos genitales externos. Ubica el género dentro de un espacio sociológico: “En resumen, la identidad genérica puede definirse entonces como el sentido de masculinidad o femineidad que tiene un individuo, la convicción de que pertenece al sexo masculino o femenino. Se trata de un estado sociológico de una parte de identidad personal que no es exactamente sinónimo de pertenecer a un sexo determinado sino que, además, incluirá la convicción de esta pertenencia y en los casos de equivocaciones, en la asignación de sexo, la identidad genérica depende más del sexo asignado que el estado biológico real. “Todos los autores consideran que el desarrollo de la identidad sexual está relacionada con la posibilidad de los poderes para adoptar el sexo asignado con continuidad, autenticidad, coherencia y adaptación a las necesidades del niño; por esta razón la recomendación que obra en la historia clínica dada por el doctor Bernardo Ochoa A. es la de aceptación por parte de la familia y nueva ubicación de la familia si fuere necesario”. Así piensan los médicos del Hospital San Vicente de Paúl en Medellín. 1.8. Con el paso del tiempo, la naturaleza del menor comenzó a rebelarse contra los “roles” que le habían impuesto los tratamientos médicos, así narra el niño esa situación: “A mi me operaron cuando estaba pequeñito, me operaron la vagina dizque para ponerme mujer, pero uno grande ya tiene mas pensamiento y decide.  Yo decidí ser un hombre, porque hombre era yo desde chiquitico.  Yo decidí ser hombre, porque uno es hombre como nació.” El maestro cuenta que el menor le decía: “Por qué no esperaron a que yo estuviera grande para yo saber lo que me iban a hacer y hasta poder escoger, pero como uno estaba chiquito, hacían lo que querían con uno”. El menor se rebeló y exigió el cambio de trato social, de ropa, se negó a tomar las pastillas para aumentar los senos, propició el cambio de denominación entre sus amigos y maestros, aspecto que de acuerdo con los últimos conceptos psicológicos allegados al expediente, permitió el cambio de actitud del menor, “era menos agresivo, se relacionaba con los otros niños, quería jugar con ellos, incluso era el portero del equipo de fútbol...”, por cuanto según una funcionaria del I.C.B.F. el niño “tiene una identidad sexual masculina definida”. Es en este momento cuando el menor se presenta ante el Personero. “Yo estuve donde él porque me llevaron de Bienestar para allá y conversé con él” y agrega el menor: “el me dijo a mí que si usted quiere ser hombre vamos a ver si de pronto podemos” y se presentó la tutela. 2. Fallo inicial de primera instancia (anulado posteriormente) Presentada la acción ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia, se profirió  sentencia el 24 de febrero de 1995, habiendo prosperado la tutela. Por tal razón se ordenó que el Hospital  conformara un grupo interdisciplinario que buscara implantar un pene al menor si fuere posible, se determinó expedir copias para que la Fiscalía investigara si hubo a no ilícito penal y se ordenó la corrección del registro civil y la atención sicológica por parte del I.C.B.F. El grupo se conformó, la partida se cambió y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acudió a una figura: El hogar sustituto especial biológico, o sea, mantener al menor bajo la custodia de su familia biológica y para no desamparar al niño se lo subsidia con una mensualidad para alimentación, transporte al hospital de Medellín, gastos médicos y alguna ropa. 3. Declaratoria de nulidad Habiendo sido seleccionado el expediente para su revisión en la Corte Constitucional, la Sala Séptima advirtió que en la primera instancia se había llegado al fallo sin que las Entidades Oficiales (I.C.B.F., Juzgado que ordenó el cambio de sexo, Notario que corrigió la partida) se hubieran al menos informado de la existencia de la tutela, como tampoco se notificó a los particulares contra quienes también se dirigía (el médico que practicó la operación, el hospital y los padres del menor). Por esta razón, siguiéndose el criterio adoptado en casos similares se procedió a declarar la nulidad de lo actuado. Dijo la Sala, en Auto de 20 de abril de 1995: El procedimiento de tutela tiene como característica fundamental y esencial la de ser un procedimiento especial y breve que garantiza la protección ágil y cierta de derechos y libertades que la Constitución Política le reconoce a todas las personas. Procedimiento éste que debe regirse bajo principios expresamente consagrados en el artículo 3 del Decreto 2591 de 1991, como el de prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad, eficacia y publicidad.  Esto quiere decir que el juez de tutela so pretexto de decidir una solicitud de protección de derechos fundamentales a través de un procedimiento que tiene un carácter sumario e informal, no puede atentar contra derechos que también son amparados por la Constitución. Como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuando una tutela se dirige contra particulares, el juez debe informarles a éstos que se ha iniciado un proceso en su contra y que pueden hacer uso de las garantías que la Constitución Política les otorga.  El no hacerlo genera una nulidad de lo actuado por violación al debido proceso, dado el carácter relevante de la omisión.  Ha dicho la Corte Constitucional: "Cuando la tutela es contra particulares hay que hacerles saber a los acusados que el proceso contra ellos se ha iniciado.  No se puede argumentar que como en la acción de tutela no es indispensable que haya auto avocando el conocimiento, entonces no hay nada para notificar.  Hay que acudir a cualquier medio expedito, esto hace parte del principio de la publicidad.  Y, si no se hacen las diligencias para la notificación, se viola el principio de derecho de defensa."[1] Debe hacerse claridad que la acción del juez no está encaminada a exigírsele un resultado a través de la notificación, debido a que su obligación es de medio, esto quiere decir que cuando no puede notificarse personalmente pese a que se acude a un medio expedito y eficaz, se continuará la tramitación, así lo explicó la Sala Primera de Revisión, trátese o no de tutela contra particulares: "La Sala considera pertinente descartar que si tratándose de acciones de tutela dirigidas contra una autoridad pública, las notificaciones deben realizarse por el medio que el juez considere más expedito y eficaz, este principio opera con mayor razón cuando la acción está dirigida contra un particular.  El ideal, lógicamente, consiste en la notificación personal de la providencia que admite la demanda de tutela y ordena tramitarla.  Pero si esta notificación personal no es posible, en razón de la distancia y el angustioso término de diez (10) días fijados en la Constitución impide el emplazamiento de la persona demandada, tal notificación deberá hacerse por el medio que, siendo expedito y eficaz, asegure o garantice que el demandado tenga un conocimiento real del comienzo del proceso.  El juez debe ser especialmente cuidadoso para garantizar el derecho de defensa del particular.  Pues una acción de tutela tramitada sin que éste tenga conocimiento real de su existencia, jamás se ajustará al debido proceso."[2] 4. Nuevo fallo de primera instancia Subsanados las irregularidades anotadas, recepcionadas algunas declaraciones y aportada prueba documental importante, se profirió  sentencia el 23 de mayo de 1995, por el Tribunal de Antioquia, siendo esta providencia el objeto de la presente revisión. Principia el fallo por resaltar, en forma categórica, pero en abstracto, la defensa de los derechos del menor; dice que se debe respetar la dignidad de las personas, quienes no pueden ser objeto  de trato degradante; explica el concepto de autonomía y defiende el libre desarrollo de la personalidad; agrega un extenso estudio sobre la personalidad jurídica y su derecho a tener una identidad; explica cuáles son los derechos del paciente frente a las intervenciones quirúrgicas; hace varias citas de tratadistas, entre ellas una que dice que es irrelevante e ineficaz la autorización en varios casos como la eutanasia, el aborto, la modificación de sexo, y otra que dice que en el mundo sólo hay 5 ordenamientos jurídicos que permiten “después de cumplir muchos requisitos la adecuación sexual”, y remata con un capítulo sobre “El médico y el respeto a la dignidad humana” de la cual se deduce que el cuerpo humano no puede estar sometido a vejámenes y si el médico lo hace viola el juramento Hipocrático, la Declaración de Ginebra y el Código Internacional de Etica Médica. Tan juicioso estudio, que parecía indicar que prosperaría la tutela, termina concretamente en una resolución que la DENIEGA. Denegar, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, es no conceder lo que se pide o solicita. Para llegar a tal negativa, el Tribunal hace este juicio de valor: “ ... concluye la Sala que por el contrario, el Hospital actuó con suma diligencia y cuidado y puso a disposición del menor todos los recursos técnicos y humanos de que disponía en ese momento para darle a su caso la mejor solución, o la menos gravosa que a la sazón la medicina le podía brindar. Se dice lo anterior, porque no se le podían reimplantar los órganos genitales masculinos que le habían sido cercenados al menor. De haber seguido indefinidamente sin ninguna clase de órganos, se le hubieran presentado las dificultades a que hizo alusión el cirujano  Ochoa Arismendi. Tampoco se podía esperar hasta la edad de la pubertad para la operación de readecuación de sexo que se le hizo a los siete años, por los traumas que el mismo cirujano narró en su declaración. En síntesis, el proceso menos traumático para el desarrollo de la personalidad e identidad futura del menor fue el que se inició en el año  novecientos ochenta y uno, y que a la postre fracasó, por razones no propiamente atribuibles al Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad, que no es del caso traer a colación. Por lo demás, el procedimiento utilizado en el caso del menor no fue precipitado, sino que por el contrario, se llevó a efecto con todo rigor científico que requería, que desde luego, estaba supeditado al éxito o al fracaso según circunstancias externas que se presentaran. Como colofón de lo que se ha venido exponiendo, concluye la Sala que la acción de tutela no procede contra el Hospital San Vicente de Paúl, ni contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues con su actuación no violaron los derechos fundamentales del menor, sino que por el contrario, estas entidades procuraron su bienestar, tanto físico como sicológico.” También exonera de toda responsabilidad a los padres porque: “Al llegar al Hospital de San Vicente de Paúl se encontraron ante un diagnóstico o recomendación de un grupo interdisciplinario de esta institución, según  el cual, lo más adecuado científicamente para el desarrollo futuro de la vida del menor, era la readecuación del sexo. Situados en esta encrucijada, no sólo estas (ignorantes y de bajo  estrato social), sino cualquier persona, de cualquier nivel social y cultural hubiera pensado en forma similar, pues se trataba de escoger lo menos perjudicial para el desarrollo íntegro de la vida del menor hacia un futuro y se contaba con un respaldo científico” Paradójicamente, aunque la tutela no prosperó se ordenó la corrección de la partida de nacimiento, registrándose al menor como varón y se solicitó al Hospital Universitario de San Vicente de Paúl que conformará un grupo interdisciplinario con el fin de que estudie y desarrolle un tratamiento tendiente a obtener lo que pretende el menor porque: “Se considera que la sociedad, a través del Hospital, debe seguir prestando la asistencia que requiere el menor”. Esta es la curiosa situación: se le pide a los médicos de un Hospital y en quienes el menor no confía, que hagan todo lo contrario de lo que aquellos científicamente sostienen y ello con base en una sentencia que negó las pretensiones del menor porque el fallador creyó que los médicos habían hecho lo mejor, es decir, lo que el menor precisamente rechaza. 5. Pruebas practicadas por la Corte Constitucional Consideró la Sala Séptima de Revisión, mediante auto de 8 de agosto de 1995, que por la trascendencia humana de este caso, los Magistrados integrantes de la Sala de Revisión y el magistrado Auxiliar, se trasladaran al Municipio donde habita el menor para apreciar el contorno social y escuchar al niño y a las personas más cercanas a él. También se creyó necesario contar con opiniones de médicos, sexólogos y de la sicóloga. 5.1 Diligencias practicadas en el Municipio donde vive el menor En el municipio donde habita el menor y su familia, los Magistrados que conforman la Sala Séptima de Revisión de tutelas, observaron y escucharon las versiones que consideraron pertinentes para mejor proveer dentro de la tutela del menor N.N. En el acta respectiva se hicieron estas apreciaciones: El contorno social dentro del cual se ha desarrollado la vida del menor se puede describir así: dentro del casco urbano, transcurrieron seis años del menor en un albergue regentado por monjas, caracterizado por espíritu de caridad; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar critica la escasa atención al mantenimiento de la unidad familiar de los niños que allí se atienden. En los últimos años el menor ha vivido en el campo, pero ha acudido regularmente a las instalaciones del I.C.B.F., en el casco urbano, porque ahí se le brinda la confianza debida y se le presta una colaboración económica a la familia (aproximadamente $70.000.oo mensuales) dentro de un programa calificado como “hogar sustituto especial”. Hoy el ambiente en general es de respeto hacia el menor, cuyo problema es conocido de todos. En los años que ha vivido el menor en su vereda, primero lo hizo en la casa de sus padres, ahora donde un hermano, en una pequeña pieza de adobe que solamente tiene la cama y una radio prestada; el menor ve con buenos ojos su habitación por ser expresión de su independencia. Tanto la casa paterna como  las de los hermanos del menor se hallan muy cercanas, dentro de un predio rural de aproximadamente diez fanegadas, en ladera, con escasos siembros de café y maíz, predio que al parecer pertenece al padre y la abuela del menor. Se trata de una región subdesarrollada, sin mayores fuentes de trabajo;en ella es notorio  el maltrato a los niños. Sólo ahora tiene una vía de penetración en construcción que llega a la escuela, donde el menor no ha pasado del primer año, no obstante ser inteligente. En los últimos meses ha sido costumbre del menor no asistir a clases. Se trata igualmente de una región no alejada de zonas de conflicto. Para trasladarse al casco urbano hay un precario sistema de transporte, en terreno quebrado proclive a los derrumbes, y para llegar a la casa donde vive el menor, hay que transitar, además, un  trayecto a pie. Los comisionados conversaron extensamente con el menor y pudieron observar con atención su personalidad y situación actual. Se trata de un adolescente con presencia , ademanes y voz de hombre, lógico en sus respuestas, que rechaza los tratos que se le han dado como mujer, insiste en alejarse del medio donde conocen su problema, le tiene temor a que continúen los médicos con el tratamiento de readecuación de sexo, dice  tener amigas, aspira ser profesor, en cierta forma critica a sus padres pero no desea perder el contacto con ellos, aunque expresa que le han hecho pasar hambre y en ocasiones ha sido objeto de maltrato físico. La madre presenta problemas de comunicación y parece estar afectada de mudez temporal; tiene temperamento fuerte; trajo por escrito un reclamo por haber inconvenientes en la entrega del dinero que les da el I.C.B.F.; aparentemente este es el punto que más la preocupa. El padre no se expresa correctamente, siendo difícil entender lo que dice. Tanto él como ella admiten que su hijo es un hombre. Los maestros veredales expresan que la permanente conducta del menor se orienta a afirmar su hombría a través de agresividad cuando se lo trata como mujer, hostilidad al medio, expresiones de venganza y anhelos de solucionar pronto, así sea parcialmente, el trauma sufrido. Cuentan que el menor repite: “ya me dañaron”. La sicóloga formuló apreciaciones muy completas. Principia afirmando que sólo la lógica humana del menor le ha permitido sobrevivir frente al trauma. Dice que el menor maneja mucho temor y prevención, tiene deseo de venganza pero sueña con tener casa y familia, aunque lo domina el sentimiento de soledad; siempre ha confiado en que le pueden implantar un órgano masculino. No se trata de un caso de hermafroditismo, por el contrario, se reafirma su condición masculina y podría aprender a vivir con la amputación; esto último se dificulta en el medio en el cual vive, porque ha sido objeto de curiosidad y la familia del menor es “disfunsional”. Por años (cuando el menor estuvo donde las monjas y en Medellín) los padres decían  que el niño había muerto y el nombre de mujer que se le dio lo escogió una enfermera. Objeta el tratamiento dado por los médicos, se alarma porque los médicos piensan que “les dañaron el experimento” y, llama la atención ante el peligro de que se esté atendiendo psiquiátricamente al menor para tratar de rescatar el tratamiento que ellos iniciaron. Agrega que han hecho operaciones médicas con otros niños en parecido sentido, “no se sabe cómo están esas personas”. Igualmente es de tener en cuenta que en la Notaría Unica de la localidad se modificó el registro civil de nacimiento, primero se registro como de sexo masculino, luego como de sexo femenino por orden judicial, y, últimamente, por fallo de tutela, volvió al registro original, como varón. Similar situación ocurrió respecto al libro de bautismos llevado en la parroquia: el 31 de octubre de 1980 fue bautizado como hombre y figura así en la partida, pero en 1987 aparece en la partida que el 31 de octubre de 1980 fue bautizado como si fuera de sexo femenino, con nombre de mujer. 5.2 Criterios científicos 5.2.1. De la Academia  de Medicina, en lo que tiene que ver con la solución a la mutilación que sufrió el niño. “La pérdida del pene en cualquier momento de la vida tiene consecuencias devastadoras. Aún los niños más pequeños saben que ya no son normales  y tendrán miedo acerca de su futuro. En el adulto, la pérdida de actividad sexual puede tener consecuencias catastróficas. En los últimos 15 años se ha producido un gran cambio en la reconstrucción del pene  a partir de las técnicas antiguas de Gillies y de Borgoraz “de un tubo dentro de un tubo”,  pasando por el uso de colgajos musculocutáneos, colgajos de ingle y del área genital hasta las transferencias de colgajos  con técnicas microvasculares y con la posibilidad de efectuar la anastomosis nerviosa del nervio  sensitivo del colgajo al nervio pudendo, siendo posible asi reconstruir el pene y mantener su sensibilidad. “El uso de un pigmento tatuado, implantado en la porción distal del pene, para simular el color normal del glande ha sido de utilidad en algunos casos. La apariencia estética del pene es importante para el paciente y el uso de un colgajo de antebrazo ha permitido resultados finales aceptables. La fístula uretral y las estenosis parecen ser las complicaciones más frecuentes que ocurren en la reconstrucción del pene. El sitio del antebrazo que se utiliza para el colgajo es aún un problema desde el punto de vista estético: Muchos pacientes aceptan fácilmente esta deformidad pero se les debe mostrar fotografías de otros pacientes sometidos a este procedimiento, para que conozcan en el preoperatorio la cicatriz que presentará. La búsqueda de un mejor neopene o pseudopene continúa, pero se ha hecho un gran progreso hasta el presente, y este procedimiento en un solo tiempo quirúrgico con resultados predecibles puede ser ofrecido con garantía al paciente cooperador. El neopene debe tener sensibilidad tanto táctil como erógena y un volumen suficiente para tolerar la inserción de un endurecedor protético. Debe crearse una neouretra adecuada y competente que permita la evacuación de pie. La apariencia estética del neopene no es perfecta, pero sí bastante aceptable. Los avances en la recostrucción del pene han cambiado la idea de la asignación en los casos de sexo indeterminado al nacimiento o de traumatismo en pacientes de corta edad. En el pasado, a los hombres que sufrían la pérdida del pene por trauma y a los pacientes cuyo sexo no estaba definido científicamente o no era determinable, era fácil recomendarles que se convirtieran en mujer . Con los nuevos resultados de la reconstrucción de pene en la actualidad , estas decisiones deben evaluarse en profundidad debido que es posible construír un neopene adecuado para estos pacientes”. 5.2.2. Del sexólogo Alonso Acuña Cañas. Está en contraposición con la anterior opinión de la Academia de Medicina: “La hormonas tenidas como prototípicas de uno de los dos sexos, han resultado ser determinantes -tal como se ha venido a conocer  en la última década- en ambos sexos. Tal sucede con la TESTOSTERONA que se ha tenido siempre  como patrimonio del sexo masculino y determinante  de todas sus conductas. Pues sucede que esto no es así. Por ejemplo,  la testosterona influye en el deseo sexual POR IGUAL en hombre y en mujeres, y aunque el hombre tenga tasas 12 veces superiores en cantidad a las de la mujer, sin embargo no por ello se podría afirmar que todos los hombres tengan el deseo sexual docenas de veces más intenso que las mujeres pues esto no correspondería a la realidad. Un ejemplo de muchos que indica la relatividad de los hechos científicos que no por ciertos son exactos. “Los homosexuales hombres, son individuos que tiene sexo cromosómico XY, sexo morfológico y gonadal masculino y sin embargo muchas de sus conductas y comportamientos son francamente afeminados. Entonces cabe preguntar por qué si estos individuos tienen impregnación testosterónica en su cuerpo y en su cerebro, tienen cromosomas masculinos XY y tienen sexo gonadal y morfológico masculino, sin embargo sus comportamientos son los relativos al sexo femenino? Ni la genética, ni la biología, ni la neurología han podido aun contestar con exactitud esta pregunta, y solo la sociología trata de demostrarse como válida al proponer la enorme influencia de la crianza. “La experiencia en transexualismo ha mostrado que tratamientos quirúrgicos y hormonales y psicoterapéuticos pueden conseguir resultados biológicos, psicológicos y sexuales, de tal manera que la estructuración biológica no es ineluctablemente determinante en los comportamientos  psicosexuales de las personas de tal manera que no puede desconocerse la influencia del factor social. Transexuales y homosexuales tienen sexos cromosómicos definidos, así como gonadales, y sin embargo sus comportamientos psicosexuales no están acordes a estas características. “En ausencia de testículos, la función endocrina (hormonal) se puede reemplazar, pero la reproductiva es imposible. La construcción de un pene morfológico y fisiológico es un imposible técnico. Nadie lo ha logrado en la historia de la cirugía urológica ni plástica.  En veces, remedos ridículos antiestéticos y antifuncionales altamente frustrantes han sido presentados en casos esporádicos luego de cirugías respectivas y engorrosas  con los más pobres resultados estéticos, y mínimos o ningunos funcionales erectivos y/o miccionales... “En la identificación masculina existe el fenómeno denominado “imprinting” que en su mejor traducción sería la de impregnación y/o imprimación. En la parte referente a la relación de la testosterona y el imprinting, aún no se sabe con plena exactitud  el momento preciso y exacto en que esto se efectúa. Hasta el momento lo que distinguidos especialistas de fama mundial han determinado y tenido como verdad para sus actuaciones quirúrgicas en los caso de intersexo para definir el sexo más apropiado, han estimado que la mejor época para llevar a cabo las operaciones para asignar el sexo morfológico definitivo es la anterior a los 18 meses de edad, pues según estos expertos, el imprinting testosterónico que determina la masculinidad se efectúa luego de esta edad. Y relatan los mejores resultados  ulteriores cuando estas operaciones se han efectuado antes de estas edades, lo cual les sirve como un argumento mas a sus aseveraciones al respecto. El endocrinólogo sexólogo doctor John Money preconizó -secundado por muchos autores de fama como los cirujanos urólogos y pediatras Panayotis Kelalis, Lolwel L. King y Barry Belman- que el “cambio de sexo” en los estados intersexuales debe hacerse antes de los 18 meses de edad para que se pueda anticipar un buen resultado... “En el caso que nos ocupa, y con los conocimientos y tendencias de las escuelas quirúrgicas especializadas en vigilancia, este niño fué castrado y emasculado por un animal a los 6 meses, cuando por tanto venía a ser valida a la luz de los conocimientos actuales la conducta quirúrgica asumida. Conducta que la inmensa mayoría -si no todos-  los cirujanos urólogos pediatras y cirujanos pediatras, prefieren asumir al sexo femenino, ya que es bien sabido que quirúrgicamente es inmensamente más viable construír una vulva y vagina funcionales que un pene antiestético y antifuncional. 5.2.3 Otros aspectos: El cirujano plástico Felipe Caiffman considera que sí es posible reconstruir un órgano parecido al pene,  sin que ello ocasione secuelas colaterales. Y se adjuntó al expediente un informe científico donde se dice que en Cuba se han efectuado 99 implantes de pene con resultados positivos. 5.2.4.  De la sicóloga Lucila Amparo Céspedes “Se inició nuevamente un proceso  de evaluación donde se le aplicaron pruebas psicológicas tales como Test de la figura humana (Machover), Test de la familia, Test Proyectivo (Test de Apercepción Temática, T.A.T.). Bender Clínico (Test de Inteligencia), dibujo libre, y entrevistas clínicas donde se encontró y pudo comprobarse que N.N. se identificaba con el rol masculino, a pesar de lo que el medio externo le imponía. En las pruebas apreciaron  frases como “el está triste porque le cortaron un brazo y lo quieren convertir en mujer y quiere ser un hombre como lo que fue desde que nació”. “Este es mi hijo menor, el mayor y, mi mujer aquí vamos pa la casa”. “Este soy yo N.N”. (Nombre de varón). “Además pudo observarse que el paciente tiene una capacidad intelectual superior que le ha permitido aprender, razonar y entender su historia personal y tomar decisiones respecto a el mismo y a su vida. Así como sobrevivir al maltrato recibido y a lo que el medio le ha impuesto... “Después del diagnóstico correspondiente, el trabajo psicológico ha estado dirigido a que N.N afirme la identidad masculina que asume en todos los roles que desempeña y que siempre manifiesta y desea tener “Yo quiero ser un hombre, si uno hubiera sido mujer cuando nació, como mujer se comportaría, pero yo nací hombre”. “Cuando yo era chiquito me daba miedo hablar y decir lo que pensaba, pero ahora que soy grande y pienso: Yo quiero ser hombre”. “Uno ya puede decidir, cuando uno es chiquito los otros deciden por uno, es muy duro estar así sin “eso” pero “Yo soy un hombre y qué puedo hacer”. “El paciente siempre se ha referido a la operación que le van a hacer con temor e incertidumbre de que le pueda pasar algo con la anestesia, esperando que le van a “poner eso”, también es consciente de que “Yo no puedo tener hijos, pero me puedo casar y adoptarlos, no se si una mujer me quiera así, pero yo quiero casarme”. 6. Decisión de reserva La Sala  de Revisión determinó que, con la finalidad de proteger la intimidad del menor no se podrá citar, ni en este fallo ni por quien desee hacer referencia  a él, el nombre del menor, ni de sus padres, ni del municipio donde viven. Por lo tanto, los informadores a la opinión pública y quienes aspiren efectuar investigaciones científicas al respecto (jurídicas, médicas, sicológicas, fisiológicas, sociológicas o de cualquier otra índole) deberán respetar la reserva durante la vida de la persona cuya situación se analiza en este fallo, salvo que aquella, al llegar a la mayor edad lo autorice expresamente. Es de resaltar que esta medida surge de la protección a la intimidad y del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Asamblea General de las Naciones Unidas. CAPITULO II ASPECTOS JURIDICOS 7. Competencia Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto No. 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. 8. Temas jurídicos El gran interrogante para absolver en esta tutela es: Fue o es legítima la conducta de las autoridades y de los particulares que participaron en el proceso de readecuación de sexo del menor, a la luz de los artículos 20 de la anterior Constitución, artículo 6º de la actual y, en el caso concreto de los particulares, del artículo 45 del Decreto 2591 de 1991? Para responder tal pregunta es necesario analizar diferentes aspectos jurídicos: En primer término, y en lo que tiene que ver con la “readecuación de sexo” o mas propiamente “transformación de órganos sexuales”[3] se estudiará lo concerniente al debido y personal consentimiento que debe dar el paciente a los tratamientos siquiátricos y quirúrgicos,  salvo las situaciones  de urgencia que pongan en peligro la vida. Luego, se analizará la situación concreta del menor, especialmente  en lo referente a la autorización que los padres dieron sobre readecuación de sexo. A continuación cabe preguntar: es permitido o no que alguien diferente al paciente autorizara la mutación?. Viene entonces otro interrogante: Los hechos que motivaron esta acción constituyen violación al derecho a la identidad, a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad?. Se concluirá, para darle piso a algunas de las órdenes que se darán, que la solidaridad es expresión del Estado Social de Derecho que conlleva búsqueda de soluciones para este caso particularmente, que el Estado dará a través de la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, todo ello enmarcado dentro de las características de la tutela: la eficacia de las órdenes y la  protección a los indefensos. A. CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE 9. Para que surja una relación con proyección jurídica entre el médico y su paciente se requiere acuerdo de voluntades hacia una prestación de servicios. La obligación contractual o extracontractual del médico respecto del ser humano a quien va a tratar, buscando su CURACION [4] es una prestación de servicios[5] que produce obligaciones de medio y no de resultado, enmarcada en el CONSENTIMIENTO, entendiendo por tal el acuerdo de voluntades sobre un mismo objeto jurídico. Por supuesto que el tema ha sido controvertido; se ha afirmado que la tradición jurídica latina se inclina por la decisión discrecional “paternalista” del médico, mientras que la doctrina anglo-norteamericana le da relevancia al consentimiento del paciente, no pudiendo realizarse el tratamiento sin la aceptación del usuario, criterio que tiene su antecedente remoto en el propósito de John Locke de fundamentar teóricamente el nuevo ordenamiento social, enunciando que nadie puede dañar a otro en su vida, salud, libertad y propiedad, señalando como cualidades primarias las inseparables del cuerpo (entre ellos la “figura”) diciendo que en  las alteraciones que el cuerpo sufre, esas cualidades se mantienen como son.Este fundamento propio del empirismo-materialista  ha ganado terreno en el tema que nos ocupa: el consentimiento del paciente; y este criterio también fue absorbido por el materialismo francés, de ahí que el “consentiment eclaire” o consentimiento aclarado brota del manantial teórico del SANO SENTIDO COMUN (bon sens) propio de Locke. En el ordenamiento constitucional colombiano, el primitivo concepto que reconocía el “respeto de los derechos naturales” (art. 19 de la Constitución de 1886) fue suprimido por el Constituyente de 1936 (art. 9º, convertido luego en artículo 16), no obstante en el Preámbulo de la Constitución Nacional de 1886 se determina que los poderes públicos están constituídos para asegurar los valores materiales de la justicia, libertad y la paz, concepto que fue adoptado como principio fundante en la Constitución Política de 1991. 10. El proceso volitivo En el terreno jurídico la problemática del consentimiento entre el médico y el paciente no ofrece dificultad alguna en las actitudes cotidianas del acercamiento del enfermo hacia quien hará la curación. Hay en estos eventos un consentimiento rápido e implícito que permite la actuación del médico. El problema del consentimiento adquiere relevancia jurídica cuando, como en el asunto que motiva esta sentencia, está en juego algo demasiado importante como es el sexo de una persona. Por lo tanto, habrá que afirmar que en este caso el consentimiento debe prevenir personalmente del propio paciente, con capacidad plena y aún con el lleno de algún formalismo como sería el consentimiento por escrito. En esta situación especial entran en juego todos los elementos del proceso volitivo, el móvil determinante del servicio requerido y hay que tener en cuenta también las situaciones que enturbian o excluyen el consentimiento. Aunque el tema  del consentimiento en la relación médico-paciente había sido especialmente estudiada por los tratadistas de Derecho penal, ahora habrá que darle una dimensión constitucional, porque están de por medio derechos fundamentales. En el asunto sometido a esta acción de tutela el acuerdo sólo podría ser celebrado entre el médico que ofrecía el tratamiento de readecuación de sexo y el sujeto pasivo con capacidad para aceptar esa POLICITACION. Al recibir la oferta el paciente, principia a formarse la concurrencia de voluntades, y, dada la gravedad del asunto a tratar, sólo cuando el policitante recibe la aceptación del policitado puede decirse que se ha consumado el proceso volitivo. (Esto ha sido llamado desde hace mucho tiempo TEORIA DE LA INFORMACION). Anteriormente se consideró que se presumía el consentimiento del paciente cuando el médico actuaba en beneficio de aquél, se llegó al extremo de creer que el consentimiento era irrelevante y el médico debería intervenir aún con la oposición del paciente porque estaba de por medio el deber del socorro. Este criterio fue revisado a fondo y hoy se acepta que en todo  caso debe haber aceptación del paciente. En la teoría de la información, vista desde el lado del enfermo, como policitado, la respuesta que el médico debe recibir a su ofrecimiento particularmente importante (caso de la readecuación de sexo) debe ser no solo expresa sino por escrito para que no quede la menor duda  de que el paciente ha consentido. Por supuesto que se parte de la base de que es plenamente capaz el paciente y que su consentimiento  no esta viciado. Jean Penneau dice que solo el consentimiento del enfermo permite la actuación del médico[6]. 11. El consentimiento informado Dada la distancia científica que generalmente existe entre el médico y el enfermo, lo mínimo que se le puede exigir a aquél es que anticipadamente informe el paciente sobre los riesgos que corre con la operación o tratamiento o las secuelas que quedarían, con la debida prudencia, sin minimizar los resultados pero sin alarmar al enfermo en tal forma que desalentaría el tratamiento; es un equilibrio entre la discreción y la información que solo debe apuntar a la respuesta inteligente de quien busca mejorar la salud, superar una enfermedad o mitigar el dolor. “Antonio V, Gambaro pone de relieve en relación con el consentimiento  que tanto el ordenamiento francés como el  ordenamiento americano reconocen la exigencia de que los actos  médicos sólo se lleven a cabo en relación con el cuerpo del paciente después de que haya sido informado de las finalidades e ilustrado sobre las ventajas y riesgos de la terapia y, en fin exista el consentimiento expreso. Incluso la terminología con que esta exigencia viene expresada es análoga, se habla de ´informed consent´ en U.S.A. y de ´consentement eclairé´ en Francia. También las excepciones a la regla  del consentimiento del paciente son tan obvias que resultan similares. aparece así mismo homólogo el punto de partida de la problemática del consenso cuya base se encuentra, tanto en Francia como en Estados Unidos, con la antigua idea jurídica y civil de que todo individuo es titular de un derecho exclusivo sobre el propio cuerpo, por lo que  cualquier manipulación del mismo sin consentimiento del titular  del derecho constituye una de las más típicas y primordiales formas de lo ilícito”[7] Esto se ha llamado el CONSENTIMIENTO INFORMADO; no es otra cosa  que la tensión constante hacia el porvenir que le permite al hombre escoger entre diversas opciones. Es la existencia como libertad: tomar en sus manos su propio devenir existencial. 12. La urgencia en el tratamiento En muchas ocasiones el médico se encuentra ante hechos de especial gravedad que convierten en urgente un tratamiento. En nuestra normatividad, el artículo 3 del Decreto 3380 de 1981 (reglamentario de la Ley 23 del mismo año) establece: “Para señalar la responsabilidad médica frente a los casos de emergencia o urgencia, entiéndese por ésta, todo tipo de afección que ponga en peligro la vida o la integridad de la persona y que requiera atención inmediata de acuerdo con el dictamen médico”. Prevista la urgencia por el propio legislador, el médico tiene la obligación de actuar en defensa de la vida y la integridad de la persona, siendo sustituido el consentimiento del paciente por la realidad objetiva de una intervención necesaria para preservar la vida de la persona, sobre esto no hay la menor duda. La discusión puede surgir en la explicación que se le de al calificativo “integridad de la persona”, esto exige una apreciación rigurosa, objetiva, muy ligada al requerimiento de atención inmediata para evitar un perjuicio irremediable, y en ningún caso debe responder al deseo del médico de efectuar experimentos científicos por publicitados que sean. En el caso que motiva la presente acción de tutela, hubo dos operaciones: una inicial, la “meatotomía” practicada un mes y diez días después de la mutilación, y, la segunda, de “readecuación de sexo”, seis años después. Luego el calificativo de atención inmediata no vendría al caso, no puede hablarse de una situación de urgencia que pusiera en peligro la vida y que sustituyera el consentimiento del paciente. Y tan es así que los médicos buscaron una previa “autorización” de los padres y sólo después de que por escrito ellos la dieron se procedió a operar. Jurídicamente habrá, entonces, que entrar a estudiar lo que firmaron unos padres de escasa cultura y semianalfabetos: que autorizaban “cualquier tipo de tratamiento (incluyendo el cambio de sexo) que conlleve a mejorar la situación actual de nuestro hijo”. B. CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO MEDICO EN EL CASO DE MENORES 13. No pueden los médicos practicar la readecuación de sexo de un  menor, justificando su actuación con la autorización de los padres del infante. Dice el Código Civil. Artículo 34.- “Llámase infante o niño, todo el que no ha cumplido siete años; impúber el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto el que ha dejado de ser impúber...” N.N. nació en septiembre de 1980, se le practicó la primera operación a los seis meses, la segunda a los seis años y medio, en ambos casos era un infante. Ya se dijo que etimológicamente no era dable calificar de urgente la operación. Sin embargo, los médicos opinan que tratándose de readecuación de sexo la mejor época es la anterior a los 18 meses de edad. Sea lo que fuere, la pregunta es: Podían los padres autorizar ese tratamiento que se dice era conveniente hacerlo antes de que el niño cumpliera los 18 meses de edad? El principio general es que el médico, en un Estado social de derecho, debe contar con el consentimiento informado de su paciente para adelantar tratamientos terapéuticos, ya que éstos pueden afectar la dignidad humana de éste último. Esto significa que la labor médica no puede orientarse únicamente por la búsqueda de resultados que la ciencia médica considere óptimos, sino que debe respetar la dignidad y la autonomía de los pacientes, tal y como esta Corte ya lo ha reconocido en diversos fallos[8]. Sin embargo, este principio -que tiene fundamento en la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad (CP arts. 1º y 16)- puede entrar en colisión con otros principios constitucionales igualmente importantes, que son relevantes en el caso sub iudice, como es la protección que la familia, la sociedad y el Estado deben brindar al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos (CP art. 44). En efecto, ¿qué sucede cuando la persona no está en capacidad de manifestar su consentimiento informado por tratarse de un menor de edad? ¿Pueden en tales eventos decidir los padres por sus hijos, en función de los intereses de estos últimos? Esta situación muestra que si bien la Constitución opta en principio por un tipo de Estado que es profundamente respetuoso de la dignidad y la autonomía individual, ello no significa que estén totalmente proscritas de nuestro ordenamiento jurídico las llamadas medidas paternalistas, entendiendo "paternalismo" en el sentido filosófico riguroso del término, esto es, como "la interferencia en la libertad de acción de una persona justificada por razones que se refieren exclusivamente al bienestar, al bien, a la felicidad, a las necesidades, a los intereses o a los valores de la persona coaccionada"[9]. En efecto, en casos determinados, es legítimo que los padres y el Estado puedan tomar ciertas medidas en favor de los menores, incluso contra la voluntad aparente de estos últimos, puesto que se considera que éstos aún no han adquirido la suficiente independencia de criterio para diseñar autónomamente su propio plan de vida y tener plena conciencia de sus intereses. Esto es lo que justifica instituciones como la patria potestad o la educación primaria obligatoria, pues si los menores no tienen capacidad jurídica para consentir, otros deben y pueden hacerlo en su nombre y para proteger sus intereses. Por ello, en principio los padres pueden tomar ciertas decisiones en relación con el tratamiento médico de sus hijos, incluso, a veces, contra la voluntad aparente de éstos. Sin embargo, ello no quiere decir que los padres puedan tomar, a nombre de su hijo, cualquier decisión médica relativa al menor, por cuanto el niño no es propiedad de sus padres sino que él ya es una libertad y una autonomía en desarrollo, que tiene entonces protección constitucional. Como dice Carlos Nino, "la autonomía de los padres no es la de los hijos", por lo cual la patria potestad "debe estar dirigida a la formación en el grado máximo posible de la autonomía de los menores, pero no a que esa autonomía sea ejercida de una u otra manera"[10]. ¿Cuáles son entonces los límites de decisión de los padres en relación con los tratamientos médicos de sus hijos menores de edad? La Corte considera que precisamente estos límites derivan de una adecuada ponderación, frente al caso concreto, de los principios en conflicto, esto es, entre el principio de la autonomía, según el cual el paciente debe consentir al tratamiento para que éste sea constitucionalmente legítimo, y el principio paternalista, según el cual el Estado y los padres deben proteger los intereses del menor. Y para ello es necesario tomar en consideración múltiples factores, por lo cual es muy difícil, como esta Corte ya lo había indicado, establecer reglas generales simples y de fácil aplicación para todos los casos médicos[11].  Con todo, la Corte considera que hay tres elementos centrales a ser considerados en situaciones de esta naturaleza, y que son: - de un lado, la urgencia e importancia misma del tratamiento para los intereses del menor. - De otro lado, la intensidad del impacto del tratamiento sobre la autonomía actual y futura del niño.  Así la doctrina ha establecido una distinción, que esta Corporación ha aceptado, entre intervenciones médicas ordinarias, que no afectan el curso cotidiano de la vida del paciente, e intervenciones  extraordinarias, que se caracterizan porque es "notorio el carácter invasivo y agobiante del tratamiento médico en el ámbito de la autonomía personal", de suerte que se afecta "de manera sustancial el principio de autodeterminación personal"[12]. Esto incluye obviamente una ponderación de los posibles efectos irreversibles de ciertas intervenciones médicas, por cuanto los tratamientos que tienen tal carácter predeterminan, en muchos aspectos, la vida futura del menor. - Y, finalmente, la edad misma del menor, puesto que no es igual la situación de un recién nacido y la de un adolescente que está a punto de llegar a la mayoría de edad. En ese orden de ideas, un análisis combinado de esos criterios, nos permite identificar casos extremos. Así, hay tratamientos ordinarios, esto es de poco impacto para la autonomía del niño, y de evidentes beneficios médicos para  el mismo. En estos eventos, es claro que los padres pueden decidir por el hijo. Así, ninguna objeción constitucional se podría hacer al padre que fuerza a un niño de pocos años a ser vacunado contra una grave enfermedad. En efecto, a pesar de la incomodidad relativa que le puede ocasionar al infante la vacuna, los beneficios de la misma para sus propios intereses son evidentes. Por ello es razonable concluir que no se vulnera la autonomía del niño, a pesar de que éste se oponga de momento a la vacuna, por cuanto es lícito suponer que en el futuro, al llegar a la edad adulta, el hijo reconocerá la corrección de la intervención paternal. Se respeta entonces la autonomía con base "en lo que podría denominarse consentimiento orientado hacia el futuro (un consentimiento sobre aquello que los hijos verán con beneplácito, no sobre aquello que ven en la actualidad con beneplácito)"[13]. En cambio, en la hipótesis contraria, no sería admisible constitucionalmente que un padre forzara a su hijo, que está a punto de cumplir la mayoría de edad, a someterse a una intervención médica que afecta profundamente su autonomía, y que no es urgente o necesaria en términos de salud, como una operación de cirugía plástica por mera razones estéticas. En efecto, en este caso el padre está usurpando la autonomía de su hijo y modelando su vida, pues le está imponiendo, de manera agobiante y permanente, unos criterios estéticos que el menor no comparte. En este caso, la medida deja de ser "paternalista" para convertirse en lo que la filosofía ética denomina "perfeccionismo", esto es, en la imposición coactiva a los individuos de modelos de vida y de virtud contrarios a los que ellos profesan, lo cual obviamente contradice la autonomía, la dignidad y el libre desarrollo de la persona, fundamentos esenciales de nuestro ordenamiento jurídico (CP arts 1º, 5 y 16). Como es obvio, entre estos extremos, encontramos múltiples situaciones intermedias que deben ser analizadas, en concreto, para determinar si los padres pueden tomar legítimamente decisiones médicas que afecten a sus hijos. Con base en tales elementos, entra entonces la Corte a analizar si los padres podían autorizar, en este caso concreto, la llamada readecuación  de sexo de su hijo. La respuesta categórica es: NO es posible la “readecuación de sexo,” sin la autorización directa del paciente, por las siguientes razones: 13.1. Los niños no son propiedad de nadie: ni son propiedad de sus padres, ni son propiedad de la sociedad. Su vida y su libertad son de su exclusiva autonomía. Desde que la persona nace está en libertad y la imposibilidad física de ejercitar su libre albedrío no sacrifica aquélla. La tragedia del niño a quien un perro o alguien le cercenó sus genitales externos acerca y no aleja la libertad y el consentimiento. La condición en la cual quedó el menor no destruye sino por el contrario hace más fuerte “la presencia en mi” (frase de Mounier) porque en el fondo de cada existencia hay un núcleo inaccesible para los demás y el sexo forma parte de ese núcleo o cualidad primaria o esencia. El sexo constituye un elemento  inmodificable de la IDENTIDAD de determinada persona y sólo ella, con pleno conocimiento y debidamente informada puede consentir en una readecuación de sexo y aún de “género” (como dicen los médicos) porque el hombre no puede ser juguete de experimentos despersonalizados ni tampoco puede su identidad ser desfigurada  para que el contorno dentro del cual vive se haga a la idea del “género” que unos médicos determinan con la disculpa de que era lo “menos malo”. En la identidad de las personas no cabe determinismo extraño. Si cupiera, habría que concluir que el infante que nació varón y a quien la decisión paternalista de un grupo médico lo ubica en la sociedad como mujer, tendría necesariamente  que convertirse en un ser sumiso y cobarde frente a lo que otros  decidieron y tendría que permanecer en el reposo que le señaló una conceptualidad científica extraña y ello desvirtuaría el libre desarrollo de la personalidad que en este aspecto sólo él puede señalarse y por consiguiente cualquier autorización escrita de los padres no es más que un simple juego de palabras. En conclusión,  los padres no pueden permitir que se altere la IDENTIDAD (EN LO SEXUAL) DE SU HIJO. Y los médicos no podían basarse en esa autorización paterna para hacer el tratamiento. 13.2. En el mismo Derecho Romano donde los infantes eran “alieni juris” y era tan arraigado el concepto de PATRIA POTESTAD, se valoraba el consentimiento del infante para hacer su condición mejor (major infantia). Ante la situación en la cual se encuentra el menor N.N. sólo él, hoy como menor adulto, puede indicar si acepta o no una intervención quirúrgica que supere o mitigue el destino trágico en que fuerzas extrañas lo ubicaron. Ni los médicos, ni el juez, unilateralmente, pueden decidir que sea hombre o mujer, que tenga o no pene. Si el menor aspira a ser hombre por encima de las  dificultades es libre para tomar en sus manos su propio devenir. Y sus padres no pueden ni podían autorizar que unos médicos, que en cierta forma se aprovecharon de la ignorancia de unos campesinos y de circunstancias que posibilitan un experimento, preferenciaran el sexo femenino (que no era el natural del niño) sobre la identidad propia del infante, afectada  por una mutilación pero NO destruida en su totalidad; y tan es cierto  esto que LA NATURALEZA DEL MENOR SE REBELO y por eso rechazó el tratamiento médico que se le daba y acudió ante el Estado mediante el mecanismo de la acción de tutela para que le amparara su identidad de hombre. No hubo, era culturalmente difícil que la hubiera, una visión lúcida de los padres para comprender que ellos no podían autorizar la renuncia a una  identidad sexual de su hijo. Y al hacerlo propiciaron ese optimismo trágico de los médicos que significó en últimas  la violación a la dignidad y a la dimensión ética del hombre. 13.3. Otro importante punto es el de saber hasta cuándo se proyectaba en el tiempo la inconstitucional y desdichada “autorización de los padres”, porque ocurre que los médicos dicen haber  efectuado la segunda operación en 1987 con el respaldo de la “autorización” dada en 1981 antes de primera operación. Hay que recordar que el menor fue retirado de sus padres y puesto bajo el cuidado de un hogar sustituto con el propósito deliberado de facilitar el experimento de la readecuación de sexo efectuada en 1987. Hubo con esta actuación un abuso de la modalidad del “Hogar Sustituto”; se esquivó así la obligación que tenían los padres de retractarse, se prolongó más allá de lo razonable tan peregrina “autorización” y con un simple papel se contribuyó a desfigurar la identidad de un ser humano, se le impuso  una determinación  que violaba su dignidad y se soslayó una edad en la vida donde ya es posible  tener algunos elementos serios de discernimiento[14]. Entonces, hacer valer la “autorización” de 1981 seis años después demuestra más una sospechosa disculpa que un consentimiento jurídicamente serio. 13.4. Además, el paso del tiempo permitía que libremente se escogieran el médico y los siquiatras que de todas maneras requería el menor, puesto que éste no estaba eternamente ligado a la asistencia profesional de los especialistas del hospital San Vicente de Paúl de Medellín. Este derecho también fue conculcado. Como el tratamiento efectuado en 1987 ocurrió bajo la vigencia de la anterior Constitución, viene al caso recordar la sentencia del 19 de octubre de 1984 que declaró inexequibles los artículos 27 y 30 de la Ley 23 de 1981 que dictó normas en materia  de ética médica[15]. Dijo la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena: “Esta disposición (el artículo 30 de la Ley 23/81) cuyo propósito de evitar la competencia desleal y los conflictos entre colegas es claro, no tiene tampoco, sin embargo,  fundamento constitucional, pues en aras de esas metas, aunque deseables, pone en peligro la salud y la vida misma del paciente y el derecho constitucional  que éste tiene a una y otra. La misma ley, en efecto,  garantiza al enfermo el derecho de escoger su médico y de procurase la asistencia profesional a su voluntad, pues el artículo 4º prescribe que ´la asistencia médica se fundamentará en la libre elección del médico, por parte del paciente´ y el  artículo 8º ordena que ´el medico respetará la libertad del enfermo para prescindir de sus  servicios´ nada de lo cual podría cumplirse a cabalidad si no pudiese el que sufre obtener opiniones divergentes”. (Subrayas propias). Salta a la vista el desconocimiento de la libertad del paciente y aún de sus padres en este y otros temas que es necesario ver frente al ordenamiento constitucional integrado con la citada ley 23 de 1981, para concluir que el fallo que se revisa debe ser sustancialmente cambiado. 14. Derechos fundamentales violados Se desarrollarán dentro de este acápite aspectos constitucionales que respondan a las inquietudes que arroja el caso que motiva esta tutela. En primer término, se planteará si hubo o no violación  al derecho a la IDENTIDAD, específicamente en lo que tiene que ver con el sexo. Si hubo o no violación a la dignidad o al libre desarrollo de la personalidad. Este caso plantea por otro aspecto, complejas situaciones objetivas derivadas del tiempo. Por un lado, está lo efectuado en la década pasada cuando la actitud de los médicos, del I.C.B.F., de los funcionarios judiciales, de las religiosas de la caridad, de la comunidad y aún de los mismos padres se orientaron para darle al menor un trato de mujer; aunque esto ocurrió antes de la Constitución de 1991 cuando no existía la acción de tutela, los efectos de la “readecuación de sexo” continúan proyectándose a través del tiempo. El otro aspecto se patentiza en la presente década cuando la naturaleza del menor se rebela y lucha por su identidad masculina y hay que decir que en esta etapa el menor principia a contar con la aceptación de la comunidad y de sus padres (con las limitaciones obvias del subdesarrollo tan marcado de esa remota  región campesina), de los funcionarios judiciales (en cuanto a la identidad jurídica) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -I.C.B.F.- en lo referente al trato sicológico como hombre. Sólo los médicos que trataron a N.N. se mantienen hoy en su posición de creer como lo más adecuado que sea mujer. Todas estas conductas hay que examinarlas a la luz de la Constitución Política de la República de Colombia porque se trata de una acción de tutela donde hay que cotejar los hechos frente a los derechos y deberes fundamentales. C- DERECHO A LA IDENTIDAD, A LA DIGNIDAD HUMANA Y AL  LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 15.  El derecho a la identidad A continuación de modo singular se aborda el tema del derecho a la identidad, como manifestación del derecho a la dignidad inherente a toda persona humana y que cobra su mayor relevancia  en el caso concreto, toda vez que el derecho vulnerado hace parte tambien de derechos garantizados por los pactos internacionales, desde antes de la Constitución de 1991. Son derechos fundamentales “que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados”.[16] 15.1. La significación del derecho a la identidad, contiene una idea de persona como portadora  de derechos subjetivos, la cual y en virtud de elementos inherentes a su naturaleza, requiere su eficaz protección. De otra parte se establece que: “La condición de persona es la calidad que distingue al hombre de todos los demás seres vivientes”. Tal  significado, comporta  la concepción de persona en un sentido  amplio, dirigido al ámbito que resalte la dignidad de la persona humana. Son todos estos derechos asignados a la persona humana, algo propio  en razón de su naturaleza . El derecho a la identidad, en su estrecha relación con la autonomía, identifica a la persona como un ser que se autodetermina, se autoposee, se autogobierna, es decir es dueña de sí y de sus actos. Solo es libre quien puede autodeterminarse en torno al bien porque tiene la capacidad de entrar en sí mismo, de ser consciente en grado sumo de su anterioridad, de sentirse en su propia intimidad[17]. La  persona humana es dueña de si misma  y de su entorno. El derecho a la identidad personal es un derecho de significación amplia, que engloba   otros derechos. El derecho a la identidad  supone un conjunto de atributos, de calidades, tanto de carácter biológico, como los referidos a la personalidad que permiten precisamente la individualización de un sujeto en sociedad. Atributos que facilitan decir que cada uno es el que es y no otro. El derecho a la identidad, en cuanto determina  al ser como una individualidad, comporta un significado de Dignidad humana y en esa medida es un derecho a la Libertad; tal reconocimiento permite  la posibilidad de desarrollar su vida, de obtener su realización, es decir, el libre desarrollo de su personalidad. Son todos estos “Derechos naturales o propios de la persona humana, que revisten carácter de fundamentales, en el sentido de primarios o indispensables. La fundamentalidad coincide, con la inherencia  a la naturaleza humana”.[18] Es de aclarar que la conclusión de Bidart Campos al hablar de derechos inherentes a la naturaleza humana  está fundamentada en el artículo 33 de la Constitución Argentina y en el artículo 29 literal  c) del Pacto de San José de Costa Rica, similares al consagrado hoy  en el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia. La manifestación del derecho a la identidad, en cuanto hace parte de la dignidad del hombre, exige que en su naturaleza esten presentes los elementos de esta última. En tal sentido Bidart Campos  señala también: “Hay que admitir que ella es inherente a su ser , a su esencia o naturaleza. O sea, hay que dar por verdad filosófica que el hombre es un ser, que tiene ser, esencia o naturaleza”[19]. 16. El derecho a la identidad y el   interés jurídico superior del menor La Asamblea Nacional Constituyente fue particularmente cuidadosa del interés jurídico superior del menor: “ Cuando se dice que los ´derechos del niño están primero que los derechos de los demás´  y que cualquier persona puede exigir su cumplimiento, se está por primera vez reconociendo el derecho de los vecinos a proteger los niños de su comunidad, denunciando discreta o abiertamente esa enorme cantidad de casos de maltrato que se escuchan y se ven aún sin quererlo, y que hoy no se pueden evitar porque los derechos del niño no han sido reconocidos o priorizados. Muchas violaciones o atentados sexuales, mutilaciones o destrozos físicos o sicológicos se podrán evitar en el futuro gracias a la resuelta determinación de reconocer que la sociedad debe rodear y salvar a los niños, si pretende mejorar sus futuras generaciones...”[20] El interés jurídico del menor se manifiesta como aquella utilidad jurídica que es otorgada a un menor con el fin de darle un tratamiento preferencial, su naturaleza jurídica está integrada por elementos que de manera alguna pueden desconocerse. Estos elementos constituyen un concepto de aplicación superior que establece elementos de coercibilidad  y obligatoriedad  de estricto cumplimiento o acatamiento  por todos. El interés superior del menor, en cuanto otorga un tratamiento especial de obligatorio acatamiento por todos, comporta una naturaleza que la lleva a ser determinada “Como una instrumentación jurídica con bases científicas y, por lo tanto flexible y adaptable a su desarrollo, así como idónea para la organización de un tratamiento digno y protector del menor. Lo que a su vez, permite distinguirla de la tradicional naturaleza jurídica formal de la institución del menor, la cual por lo tanto generaba desajustes con la realidad  y, por consiguiente retroceso y perjuicio a los menores de edad , y consecuencialmente a los mayores de edad del mañana”[21]. Es así como el respeto al  derecho a la identidad, en cuanto  forma parte de ese interés jurídico superior, determina lo que es el actual y posterior desarrollo de la personalidad. En efecto, el derecho a la identidad como manifestación de la dignidad humana es siempre objeto de ese interes jurídico del menor, y en virtud de tal  tratamiento”resulta explicable que respecto de los menores de edad  siempre exista una relación entre el interés jurídico superior de éstos y/o los intereses jurídicos de otros (que pueden ser  los padres o los extraños, la sociedad en general o el Estado, evento en el cual aquél será superior). Es decir ese interés jurídico del menor es siempre superior, porque al estar vinculado con otros intereses, se impone el predominio de aquél.”[22] Por consiguiente, al defenderse la individualidad del menor, o en otros términos, su identidad, como un interés jurídico superior, es necesario afirmar que cualquier intromisión efectuada sin su consentimiento, constituyó  una vulneración de sus derechos fundamentales. Pues  la superioridad  que contiene la naturaleza de este derecho fue precisamente establecida en favor del desarrollo de su personalidad  y protección a su dignidad como ser humano. Otro aspecto sobre el que es indispensable hacer claridad, es que si bien el menor  en virtud de su condición estaba sometido a la patria potestad de sus padres, y aún  a la de  los intereses del propio Estado, no podía condicionarse tal situación, como un menoscabo de su derecho a la identidad, en cuanto éste es un interés jurídico superior ampliamente protegido frente a los intereses de aquellos. 17. El derecho a la identidad  y su fundamento la dignidad humana El derecho a la identidad, y mas específicamente a la identidad sexual , presupone la existencia de un derecho constitucional a la Dignidad. Este derecho “Opera  aún cuando caduquen los demás derechos  personales emergentes  de la Constitución”.[23]El derecho a la dignidad, se constituye a su vez  en fuente de otros derechos. Razón por la cual, toda  violación al derecho a la identidad, es a su vez  una vulneración al derecho a la dignidad Humana. Es bajo tal presupuesto que lo consagrado en el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece  la idea de que los derechos humanos fundamentales  tienen su raíz en la dignidad y el valor de la persona humana (arts 1º  y 5º), inherentes a su naturaleza . Como se ve, en el derecho a la identidad la persona es un ser autónomo, con autoridad propia, orientado a fines específicos, que ejerce un claro dominio de su libertad y en consecuencia ninguna decisión tomada sin su consentimiento se torna valida. Tal autonomía, implica a la persona  como dueña de su propio ser. La persona  por su misma  plenitud, es dueña de si, es el sujeto autónomo y libre. En otros términos, el  distintivo de ser persona y el fundamento de la dignidad de la persona es el dominio de lo que quiere ser. Este criterio, nos conduce a señalar cómo la estrecha relación presente entre el derecho a la identidad y el interés autónomo, es garantizado constitucionalmente con una protección distinta y superior a los demás en cuanto al derecho de los niños se refiere y consagrado de manera expresa en la Constitución de 1991. La dignidad humana supone unos valores básicos, en donde se reconoce  que  “En el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, cualquiera sea el ordenamiento jurídico, político, económico y social, y cualquiera que sean  los valores prevalentes en la colectividad histórica”. En tal sentido también afirma Peces -Barba “Se trata del derecho  a ser considerado, como persona, es decir, como ser de eminente dignidad.”[24] La dignidad, base del derecho a la identidad, le otorga entonces su verdadero sentido, por cuanto establece sus contenidos y alcances lo cual implica una comprensión amplia  de su  naturaleza. 18.  El Reconocimiento Jurídico del Derecho a la Identidad a  la luz de los Tratados Internacionales  y su  incorporación en el orden  interno Efectuado el análisis anterior, entraremos a revisar en primer término, cómo el Derecho a la Identidad,se encontraba plenamente garantizado durante la vigencia de la Constitución de 1886 y de igual manera en los preceptos constitucionales que inspiraron la filosofía de la Constitución de 1991. A partir de 1928 la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia  otorgó un valor prevalente a los tratados Internacionales sobre el ordenamiento jurídico legal.Normas estas últimas de naturaleza internacional,que por  voluntad del Estado Colombiano entraron a formar parte del ordenamiento jurídico con carácter supralegal. Estableciéndose así la fuerza coercitiva  de preceptos a los cuales el Estado firmante, tiene el deber de garantizar su plena efectividad.Valor supralegal expresamente contenido  en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia y que también tenían pleno valor supralegal,como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia : “ Agregáse a ello -continúa-que esa superioridad ha sostenido como doctrina invariable que “es principio de Derecho Público, que la Constitución y los Tratados Públicos son la ley suprema del país  y sus disposiciones prevalecen sobre las simplemente legales que les sean contrarias aunque fuesen posteriores”.[25](Subrayas no originales). Por otra parte el derecho a la identidad en la Constitución de 1886, debe ser mirado  a la luz de los bienes” justicia, libertad y paz” ampliamente protegidos por el preámbulo, principios fundantes que coinciden con los valores y principios de los tratados internacionales  sobre derechos humanos. El préambulo se constituye entonces en un sistema de carácter normativo, con fuerza vinculante. Concepto aceptado por un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que sobre la fuerza vinculante del  preámbulo dijo en una ocasión : .....Las Constituciones no tienen su fin en sí mismas; son instrumentos para la realización de los valores que una comunidad considera estimables y,entre ellos, el máximo es la justicia;de modo que,cuando se plantea una cuestion de constitucionalidad, el problema no solo es de legalidad formal,de validez lógica, sino esencialmente de justicia, de equidad pues las normas jurídicas solo existen y sirven en tanto permitan hacer vivos esos valores.” ”Si se quiere , por otra, parte vivificar la Constitución, ello exige entender que ella no sólo esta conformada por las normas positivas en que se expresa, sino por los principios implícitos en las mismas y por los valores enunciados como objetivo de su preceptiva;estas son instancias supra, aunque no extraconstitucionales, a las cuales es necesario referir toda intrepretación y aplicación de las normas positivas, y su desconocimiento debe acarrear invalidez, inconstitucionalidad, pues todo lo que sea contrario al derecho, y un control de constitucionalidad que no tenga este enfoque es incompleto y carece de eficacia[26]” En otra oportunidad : “Pues bien, ..... debe recordarse que la estructura de la norma jurídica no se da en los ordenamientos siempre en esa forma tan simple y ejemplar, pues su mundo es más complejo y abigarrado, es decir, que la simple morfología de una expresión no es suficiente para realizar el juicio de identificarla como normativa ni para negarle dicho carácter, en efecto, en el derecho positivo hay verdaderas constelaciones de normas cuyo contenido de mandato, prohibición, permisión o condena no se conoce en si misma sino por referencias adicionales a otras normas que determinan la sanción correspondiente, para usar los términos del nuestro Código Civil. Aplicando este concepto al asunto que nos ocupa, se tiene que la invalidación de  normas inferiores por ser contrarias a las normas del Preámbulo, sería consecuencia más que suficiente para dar a esta el carácter de norma jurídica, así esta consecuencia no haga parte de la expresión en que consiste dicho Preámbulo sino que resulta de su integración al todo de la Constitución.”[27] La Corporación desde sus primeras Sentencia señalo: “Esta Corte,estima indispensable reivindicar la concepción jurídica según la cual el Derecho no se agota en las normas y, por ende, el Constitucional no está circunscrito al limitado campo de los artículos que integran una Carta Política. El Preámbulo de la Constitución incorpora, mucho más allá de un simple mandato específico, los fines hacia los cuales tiende el ordenamiento jurídico; los principios que inspiraron al Constituyente para diseñar de una determinada manera la estructura fundamental del Estado; la motivación política de toda la normatividad; los valores que esa Constitución aspira a realizar y que trasciende la pura literalidad de sus artículos. El Preámbulo da sentido a los preceptos constitucionales y señala al Estado las metas hacia las cuales debe orientar su acción; el rumbo de las instituciones jurídicas. Lejos de ser ajeno a la Constitución, el Preámbulo hace parte integrante de ella.  Las normas pertenecientes a las demás jerarquías del sistema jurídico están sujetas a toda la Constitución y, si no pueden contravenir los mandatos contenidos en su articulado, menos aún les está permitida la transgresión de las bases sobre las cuales se soportan y a cuyas finalidades apuntan. Considera la Corte que la preceptiva constitucional ha sido enderezada por el propio Constituyente a la realización de unos fines, al logro de unos cometidos superiores ambicionados por la sociedad, que cabalmente son los que plasma el Preámbulo y que justifican la creación y vigencia de las instituciones.  Quitar eficacia jurídica al Preámbulo, llamado a guiar e iluminar el entendimiento de los mandatos constitucionales para que coincida con la teleología que les da sentido y coherencia, equivale a convertir esos valores en letra muerta, en vano propósito del Constituyente, toda vez que al desaparecer los cimientos del orden constitucional se hace estéril la decisión política soberana a cuyo amparo se ha establecido la Constitución. Juzga la Corte Constitucional que el Preámbulo goza de poder vinculante en cuanto sustento del orden que la Carta instaura y, por tanto, toda norma -sea de índole legislativa o de otro nivel- que desconozca o quebrante cualquiera de los fines en él señalados, lesiona la Constitución porque traiciona sus principios. Si la razón primera y trascendente del control constitucional no es otra que la de garantizar la verdadera vigencia y supremacía de la Constitución, ese control deviene en utópico cuando se limita a la tarea de comparar entre sí normas aisladas, sin hilo conductor que las armonice y confiera sentido integral, razonable y sólido al conjunto.”[28] 18.1 Determinado el rango supraconstitucional de los pactos internacionales ratificados por el Congreso, se  concluye que es deber del Estado colombiano garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. En efecto, esta disposición de orden constitucional, encuentra sustento en los contenidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos artículo 2º ord.2º, y  del Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica artículo 2º. "Este principio de efectividad encuentra perfecta correspondencia con la normatividad internacional en materia de derechos humanos y, en particular, con los deberes de respeto y garantía que los Estados tienen en este campo. En efecto, la Convención Interamericana y los Pactos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señalan que es deber de los Estados no sólo respetar los derechos civiles y políticos sino, además, garantizar, sin discriminación alguna, su libre y pleno goce a toda persona sujeta a su jurisdicción (Convención Interamericana art. 1º; Pacto de derechos civiles y políticos art. 2º ord 1º). Por ello, estos pactos, que han sido todos ratificados por Colombia y por ende prevalecen en el orden interno (CP art. 93), señalan que los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, "las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos (subrayas no originales)" los derechos humanos (Convención Interamericana art. 2º; Pacto de Derechos Civiles y Políticos art. 2º ord 2º). Ahora bien, la Corte Constitucional, en acuerdo con una doctrina muy autorizada en este campo, considera que entre las medidas "de otro carácter" deben incluirse las sentencias de los jueces, y muy particularmente las decisiones de esta Corporación, pues la rama judicial es uno de los órganos del Estado colombiano, y éste se ha comprometido a tomar las medidas que sean necesarias para hacer efectivos los derechos de las personas."[29] El artículo 2º del Pacto de San José de Costa Rica, aprobado en la Conferencia de los Estados Americanos de San José de Costa Rica el 23 de noviembre de 1969, y de carácter vinculante en el orden Jurídico Interno de Colombia a través de la ley 16 de 1972, hace explícita la obligación estatal de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, dándole a estos rango directamente  constitucional. Tal disposición señala: “Artículo 2º.-  Deber de adoptar disposiciones del Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarios para hacer efectivos tales derechos y libertades.” Las obligaciones que corresponden al Estado son en efecto múltiples, lo cual implica un compromiso colectivo de respeto y garantía de la dignidad humana. “Las obligaciones que asumen son complejas: reconocer tales derechos, garantizarlos frente al propio Estado y particulares, crear las condiciones de goce de una plena  titularidad jurídica del ser humano. Dar cumplimiento a una obligación compleja sólo podrá realizarlo el Estado, si está inmerso en el sistema interno de normas y garantías legales, con publicidad, obligatoriedad y alcance general”.[30] “Una segunda consideración de su valor y obligatoriedad intrínseca de la naturaleza y contenido del convenio se trata de valores objetivos y vivos que se imponen por la dignidad de la persona humana y cotas progresivas de su personalización social y jurídica”.[31] Hay que adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos humanos. Por consiguiente, las sentencias de los jueces -como medidas de otro carácter diferentes a las leyes- deben buscar hacer efectivos los derechos reconocidos por los pactos de derechos humanos. Es pues legítimo que los jueces, y en particular la Corte Constitucional, integren a la normatividad, al momento de tomar sus decisiones, los derechos reconocidos en la Constitución y en los Pactos.[32] En tal sentido Bidart Campos señala: "La Corte tiene la posibilidad de modular de muy diversas maneras los efectos de sus sentencias, pues la Constitución le permite adoptar la modalidad de sentencia que mejor le permite asegurar la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución misma”.[33] Corresponde entonces tratándose de una materia de interés vital como los Derechos del Hombre, dar la eficacia jurídica a los Tratados Internacionales. Esto nos permite desarrollar, que el contenido de distintos preceptos vinculantes en tratados internacionales determinaban desde ya, la plena protección del Derecho a la identidad, manifestación a su vez de la dignidad humana y garantía del libre desarrollo de la personalidad. D-  LA RELACION VINCULANTE DE LOS PACTOS INTERNACIONALES Aquí es importante tener en cuenta que toda la humanidad,en la Declaración de Teherán, suscrita por todos los países del mundo determinó la autovinculación de los Estados para hacer efectivo los derechos humanos y consagró: “Artículo 6º.- Los Estado deben reafirmar su firme propósito de aplicar de modo efectivo los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en otros instrumentos internacionales en relación con los derechos humanos y libertades fundamentales”. Así mismo, el artículo 29 del pacto de San José de Costa Rica suscrita el 22 de noviembre de 1969, aprobada mediante la ley 16 de 1972, con depósito del instrumento de ratificación el 31 de julio de 1973 y entrada en vigor el 18 de julio de 1978, establece un criterio amplio de interpretación, en cuanto a los efectos vinculantes que puedan tener otros actos de igual naturaleza. Es en este sentido, que la disposición anota: Artículo 29. Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de: ....... c) Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano, o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.(Subrayas no originales). Hoy, en la Constitución de 1991, tal contenido quedó recogido en el artículo 94 que expresamente preceptua: “La enunciación de los derechos y garantías contenidas en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana no figuren expresamente en ellos.” De un lado, el artículo 29 inciso c) nos permite comprender el efecto vinculante de otros derechos que aun cuando no fueron expresamente recogidos por los pactos internacionales ratificados por Colombia, quedaron implícitamente garantizados en virtud de tal disposición. En igual forma, el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos  Humanos al consagrar en su numeral 1 “Toda persona tiene deberes respecto de la Comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”, así como lo preceptuado en el artículo 29 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, quedan expresamente garantizados por el literal c) del artículo 29 del Pacto de San José de Costa Rica. La disposición contenida en el  literal c) del artículo 29 establece de un  lado la expresa      prohibición de excluir los derechos inherentes  al ser humano y por otra parte otorga un   amplio sentido de interpretación, de los derechos inherentes a la persona, tal significación permite  considerar al derecho a la identidad  consagrado de manera implícita  en todos los pactos o convenios de carácter internacional, y en consecuencia objeto de protección jurídica. Esta consideración, nos permite afirmar  que  el derecho a la identidad  como derecho inherente a la persona humana  para la época de ocurridos los hechos estaba plenamente garantizado, por cuanto la fuerza vinculante de pactos internacionales así lo determinaba al igual  que la consagración  del derecho a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. En igual sentido, dentro de la protección a la dignidad humana, es de suma importancia  retomar lo preceptuado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 22000 del 16 de diciembre de 1966, y que entró en vigor  en el orden interno del Estado Colombiano el 26 de marzo de 1976. Artículo 7º.- “Nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”.(subrayas no originales). Así mismo el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 5 consagra: 1. Toda  persona tiene derecho a que se respete  su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni apenas o tratos crueles inhumanos o degradantes..... Toda persona...... será tratada con el respeto debido a la dignidad humana. La prohibición de la tortura, los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes y la experimentación médica o científica sin el libre consentimiento de la persona, es la manifestación más concluyente de la comunidad internacional por la defensa y conservación de la integridad física y moral  del ser humano. “Esta prohibición no sólo está  presente en todos los instrumentos sobre derechos humanos, sino que además, no puede ser derogada nunca de los mismos, ni siquiera en caso de emergencia pública.”[34] De la afirmación anterior se colige que  es en virtud del  principio ius cogens como se determina la inderogabilidad  de normas de carácter internacional .Así lo determina  el artículo 64 de la Convención de Viena  y el artículo 2 numeral 3 de la Carta de Naciones Unidas. Artículo 64. Aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general (“ius cogens”). Si surge una nueva norma  imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición  con esa norma  se convertirá en nulo y terminará.” Visto lo anterior, resulta de vital interés, revisar cómo el derecho a la identidad del menor, es tambien expresamente garantizado  por la Convención de los Derechos del Niño, que atendió los criterios recogidos por la Declaración  de los Derechos Humanos, y la Declaración de los Derechos del Niño proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 que estableció: Principio 6: El niño, para el pleno  y armonioso desarrollo de su personalidad necesita de amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; En igual forma  los distintas preceptos, determinados en la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, establece en  su preámbulo: Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto mas amplio de la libertad. Reconocimiento que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la declaración universal de derechos humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos, que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la asamblea general el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño. Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el Niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento". Artículo 8. 1. Los Estado Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el hombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin ejercidas ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. La fuerza vinculante de los tratados de derechos humanos,está garantizada por el control que  sobre su efectividad  ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya sea por iniciativa de cualquier Estado (artículo 62 Pacto de San José de Costa Rica), o  a solicitud de la Comisión Interamericana de derechos Humanos, previa evaluación de las denuncias de cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización (art.44 Pacto de San José de Costa Rica). La decisión de la Corte Interamericana en la protección de los derechos humanos,puede consistir en ordenar que se garantice al lesionado en el goce de sus derechos o libertad conculcados ; disponiendo, si ello fuera procedente que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos  y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Y en caso de extrema gravedad y urgencia , y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.(artículo 63 del Pacto de San José de Costa Rica). E. EFICACIA DE LA TUTELA EN DEFENSA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. 19. La protección de los derechos fundamentales se expresa en ordenes para que la persona o entidad contra quien se dirige "actúe o se abstenga de hacerlo", indica el artículo 86 de la C.P. Pero ya desde antes, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se estipuló que para defenderlos “los miembros se comprometen a tomar medidas”. Es importante hacer referencia a ello porque varios de los hechos que motivan esta tutela ocurrieron antes de la Constitución de 1991. Ya se examinó que en el presente caso se violaron normas del bloque constitucional  en 1981 y en 1987 (fechas de las operaciones al niño  y del cambio de partida). Habrá entonces que justificar las órdenes a dar, debido a que un buen número de las violaciones fue anterior a la Nueva Constitución. Hay que distinguir dentro de la decisión que se tomará , en primer lugar, el alcance y fundamento de la orden que se le dará al I.C.B.F. y en segundo lugar, la proyección de la orden hacia el Notario que cumplió lo determinado en el proceso de jurisdicción voluntaria. Y en cuanto a las personas naturales y jurídicas contra quienes también se orientó la tutela (médico, padres del menor, hospital) habrá una orden de  abstención, ya decidida provisionalmente en auto de 29 de agosto de 1995, y esto se ratificará en la presente sentencia, convirtiéndose en definitiva la orden de que NO se continúe el tratamiento de readecuar el sexo hacia lo femenino porque esto no ha sido consentido por N. N., todo lo contrario, él insiste en su derecho a una entidad masculina, y, obviamente no permanecerá el menor bajo control de los médicos del hospital San Vicente de Paúl y de sus padres, aunque respecto de éstos, no perderán la patria potestad, se mantendrán las relaciones familiares, pero como lo primordial es el tratamiento integral que debe dársele a N. N. y ello es imposible lograrlo en el ambiente donde los padres están, hay que buscar otros horizontes porque los derechos del menor están por encima de los derechos de los demás. Tanto en las órdenes como en la determinación de abstención es imperioso resaltar que el menor interpuso tutela para que se le respete su condición de hombre, figure en el registro con su original nombre de varón, no se lo continúe maltratando y "quiere ser lo que siempre ha sido desde que nació”. Como la eficacia y la legitimidad de lo que se determine debe tener un respaldo jurídico, eso se desarrollará a continuación. 20. La solidaridad en el estado social de derecho, y los DEBERES en la antigua y nueva Constitución. Al menor se le debe prestar solidaridad, esto se infiere del inciso 2º del artículo 44 de la Constitución actual que dice: ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Además, la Convención del Niño se pronuncia en el mismo sentido, pero tanto ésta como la Constitución de 1991 son posteriores a varios de los hechos que motivan la presente tutela, entonces, se repite lo dicho antes: se acude a normas internacionales que por voluntad del Estado Colombiano entraron a formar parte de la normatividad interna. Continuando con lo de los DEBERES: la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 29 reza: “Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”. Nótese como se unen los deberes con el derecho al libre desarrollo de la personalidad y como tal determinación fue el consenso de diferentes corrientes de pensamiento (dentro de ellas la Católica); hay que concluir que no hay contradicción alguna entre los postulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los preámbulos de la Carta del 86 y el Plebiscito de 1957. Aunque sobre el tema de los deberes no hay problema interpretativo porque el artículo 9º de la Reforma Constitucional de 1936 (codificado como artículo 16 de la antigua Constitución) ordena a las autoridades “asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares”. Menos dificultad interpretativa existe hoy cuando se habla de la solidaridad como principio fundante del Estado Social de Derecho. 20.1. La Corte Constitucional ha dicho: "Dichas asistencia y protección, corresponden en primer término a la familia, como núcleo esencial de la humana convivencia; pero corresponden también a la sociedad, en general, y al Estado, en particular, como ente rector de aquella cuando está organizada política y jurídicamente. Es claro que si el niño carece de una familia que lo asista y proteja, bien porque haya sido abandonado por sus padres, bien porque carezca de ellos, o bien porque éstos o, en su defecto, sus abuelos, hermanos mayores, u otros parientes cercanos, no cumplan con ese sagrado deber, la asistencia y protección incumbe directa e insoslayablemente a la sociedad y, a nombre de ésta, al Estado, a través de los organismos competentes para ello. Con esto se configura la intervención subsidiaria del Estado, a falta de una familia que cumple con las obligaciones antes señaladas. El bienestar de la infancia, es una de las causas finales de la sociedad -tanto doméstica como política-, y del Estado; por ello la integridad física, moral, intelectual y espiritual de la niñez, y la garantía de la plenitud de sus derechos son, en estricto sentido, asunto de interés general. Son fin del sistema jurídico, y no hay ningún medio que permita la excepción del fin. Pero no basta con el deber de asistencia, porque la Constitución obliga al Estado, a la sociedad y a la familia también a proteger al niño. Esta protección implica realizar las acciones de amparo, favorecimiento y defensa de los derechos del menor. Por ello el artículo 44 superior, concluye en su último inciso: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás"; lo cual está en consonancia con el inciso tercero del artículo 13 de la Constitución que señala: "El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta (...)".[35] 20.2 La solidaridad social es inherente al Estado Social de Derecho (arts. 1º, 2º, 95-2 y Preámbulo de la C.P.): "Este deber de prestar solidaridad es una muestra de que sí hay diferencia entre el Estado Social de Derecho y el viejo esquema del Estado de Derecho. En otras palabras, la Nueva Constitución difiere bastante de la 1886. Recientemente la Corte Constitucional dijo: "Con la evolución del Estado liberal y su tránsito al Estado Social de Derecho, el valor jurídico de los deberes ha variado de manera radical. Su incorporación en los textos constitucionales modernos, paralelamente a la idea de la Constitución como norma jurídica, son transformaciones políticas que otorgan una significación diferente a los deberes de la persona. La concepción social del Estado de Derecho, fundado en la solidaridad, la dignidad, el trabajo y la prevalencia del interés general (CP art. 1), se traduce en la vigencia inmediata de los derechos fundamentales, pero también en la sanción constitucional al incumplimiento de los deberes constitucionales. El artículo 1º de la Constitución erige a la solidaridad en fundamento de la organización estatal. Los nacionales y extranjeros tienen el deber de acatar la Constitución y la ley, y son responsables por su infracción (CP arts. 4 y 6). De esta forma, los deberes consagrados en la Carta Política han dejado de ser un desideratum del buen pater familias, para convertirse en imperativo que vinculan directamente a los particulares y de cuyo cumplimiento depende la convivencia pacífica. La Constitución, además de fijar la organización política básica del Estado y garantizar los derechos y las libertades públicas, constituye un marco general de conducta que vincula directamente a los particulares.[36] Este criterio es el desarrollo de lo expresado en la sentencia de 5 de junio de 1992: "La fórmula del artículo primero de la Constitución, ampliada y respaldada a través de todo el texto fundamental, según la cual Colombia se define como un estado social de derecho, es de una importancia sin precedentes en el contexto del constitucionalismo colombiano. Esta importancia amerita un pronunciamiento de la Corte sobre el alcance de este concepto y sobre su sentido e interpretación, no sólo en el contexto internacional -del cual sin duda alguna se nutrió la Asamblea Nacional Constituyente- sino en la Constitución misma, vista como una norma autónoma. Para ello ninguna ocasión tan oportuna como la que se refiere a la definición de los derechos económicos sociales y culturales y a su relación con el derecho de tutela. A.  Origen y delimitación conceptual 1. Lo primero que debe ser advertido es que el término "social", ahora agregado a la clásica fórmula del Estado de Derecho, no debe ser entendido como una simple muletilla retórica que proporciona un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del derecho y del Estado. Una larga historia de transformaciones institucionales en las principales democracias constitucionales del mundo, está presente para dar testimonio de la trascendencia de este concepto. 2. La incidencia del Estado social de derecho en la organización sociopolítica puede ser descrita esquemáticamente desde dos puntos de vista: cuantitativo y cualitativo. Lo primero suele tratarse bajo el tema del Estado bienestar (welfare State, stato del benessere, L'Etat Providence) y lo segundo bajo el tema de Estado constitucional democrático. La delimitación entre ambos conceptos no es tajante; cada uno de ellos hace alusión a un aspecto específico de un mismo asunto. Su complementariedad es evidente. a. El estado bienestar surgió a principios de siglo en Europa como respuesta a las demandas sociales; el movimiento obrero europeo, las reivindicaciones populares provenientes de las revoluciones Rusa y Mexicana y las innovaciones adoptadas durante la república de Weimar, la época del New Deal en los Estados Unidos, sirvieron para transformar el reducido Estado liberal en un complejo aparato político-administrativo jalonador de toda la dinámica social. Desde este punto de vista el Estado social puede ser definido como el Estado que garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad (H.L. Wilensky, 1975). b. El Estado constitucional democrático ha sido la respuesta jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha respuesta está fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico  en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la consagración de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política. 3. Estos cambios han producido en el derecho no sólo una transformación cuantitativa debida al aumento de la creación jurídica, sino también un cambio cualitativo, debido al surgimiento de una nueva manera de interpretar el derecho, cuyo concepto clave puede ser resumido de la siguiente manera: pérdida de la importancia sacramental del texto legal entendido como emanación de la voluntad popular  y mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos. Estas características adquieren una relevancia especial en el campo del derecho constitucional, debido a la generalidad de sus textos y a la consagración que allí se hace de los principios básicos de la organización política. De aquí la enorme importancia que adquiere el juez constitucional en el Estado social de derecho. 4. La complejidad del sistema, tanto en lo que se refiere a los hechos objeto de la regulación, como a la regulación misma, hace infructuosa la pretensión racionalista que consiste en prever todos los conflictos sociales posibles para luego asignar a cada uno de ellos la solución normativa correspondiente. En el sistema jurídico del Estado social de derecho se acentúa de manera dramática el problema -planteado ya por Aristóteles- de la necesidad de adaptar, corregir, acondicionar la aplicación de la norma por medio de la intervención del juez. Pero esta intervención no se manifiesta sólo como el mecanismo necesario para solucionar una disfunción, sino también, y sobre todo, como un elemento indispensable para mejorar las condiciones de comunicación entre el derecho y la sociedad, es decir, para favorecer el logro del valor justicia (de la comunicación entre derecho y realidad), así ello conlleve un detrimento de la seguridad jurídica..."[37] En resumen, hay un salto cualitativo cuando la seguridad jurídica ya no es el centro de gravedad de las instituciones sino que se ve desplazada por el valor de la justicia como realidad social. Es la superación de la retórica por lo pragmático. Y, dentro de este contexto se puede afirmar que el Estado Social de Derecho hunde sus raíces en el principio de solidaridad. El reconocimiento a la solidaridad puede ser estudiado en la tutela. Ha dicho la Corte: "La solidaridad como modelo de conducta social permite al Juez de tutela determinar la conformidad de las acciones u omisiones particulares según un referente objetivo, con miras a la protección, efectivo de los derechos fundamentales"[38] En conclusión, es principio fundandante de la Nueva Constitución la solidaridad. Lo era desde 1936, luego, hay via libre para tomar determinaciones en la tutela que motiva este fallo. 20.3. En el caso concreto del menor N. N., la sociedad en general y el Estado en particular tienen que convertir la solidaridad en realidades para las cuales el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es la Entidad que posee la infraestructura y la posibilidad jurídica de contribuir con soluciones que respalden el derecho de N. N. a reafirmar, en la medida de lo posible, su IDENTIDAD solicitada en la tutela, pedida por escrito en su declaración dentro del expediente y explicitada ante esta Sala de Revisión en la diligencia que para tal efecto se practicó. En la contribución a la solución hay que partir de estos soportes normativos, adicionales a las normas de rango constitucional: -El artículo 3º del Código del Menor (decreto 2737/89) dice que: "Cuando los padres o las demás personas legalmente obligadas a dispensar estos cuidados no estén en capacidad de hacerlo, los asumirá el Estado con criterio de subsidiaridad" (se refiere a los derechos para un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social). -El artículo 23 ibídem define al Bienestar Familiar como un servicio público a cargo del Estado uno de cuyos objetivos es tutelar los derechos de quienes integran la familia. -El artículo 30 del mismo Código contempla los casos en los cuales un menor se halla en "situación irregular" dentro de ellos está el peligro físico o moral y la falta de atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas. En el caso de esta acción de tutela el menor está discapacitado, no ha podido avanzar en sus estudios, está disminuida su capacitación ante la vida y requiere de urgente ayuda por parte del Estado. -La medida de protección no siempre debe ser declararlo en situación de abandono o darle un "hogar sustituto" (medidas excepcionales y que exigen una justa ponderación) puede ser otra, como por ejemplo "la atención integral en un centro de protección especial" (arts. 82 y s.s. del Código del Menor), que en su más amplia acepción se aplicará en el presente caso. El criterio antes expuesto no se puede convertir  en una camisa de fuerza para el I.C.B.F.puesto que al cumplir este fallo hay que darle a las normas del Código del Menor una lectura de acuerdo con la efectiva protección a los derechos fundamentales, y, por lo tanto,  si lo mejor que puede hacer el I.C.B.F. es atender al menor en un Centro de Protección Especial ello debe ir de la mano con la eficaz protección al menor discapacitado (arts. 222 y s.s. del Código del Menor) y con los demás instrumentos teóricos y prácticos que contribuyan a una real solución  o acercamiento en lo posible a esa solución, inclusive, buscándose tratamiento médico en el exterior, si es del caso proyectando la capacitación laboral dentro del país, manteniendo el modelo de vida que el menor ha tenido como campesino que es, respetando su vocación, ideales y proyecciones, en fin, respetándosele su dignidad que es lo más importante. Como este es un DEBER del Estado y como el I.C.B.F. facilitó en el año de 1987 la operación de “readecuación de sexo”, dándosele cobertura al propósito de los médicos y ubicando al menor en un hogar sustituto para que fuera factible la operación, entonces, LA PROTECCION  ESPECIAL A DISMINUIDOS, consagrada en el artículo 47 de la Constitución, razonablemente no se puede suspender cuando N. N.  llegue a los 18 años, sino que el tratamiento médico que se iniciare y el sicológico que ya está en curso (con la aceptación del paciente) se continuara hasta cuando un dictámen de un grupo interdisciplinario lo considere pertinente. Lo que se le ordena al I.C.B.F. es que mantenga la continuidad en la readecuación y tratamiento integral del menor que instauró la presente tutela. Sería injusto e ilógico que la urgente atención médica iniciada en el I.C.B.F.  en estos casos excepcionales se viera interrumpida. Además, el mismo Código del Menor tiene proyecciones más allá de los 18 años, por ejemplo, pedir  la prórroga de la patria potestad para los deficientes mentales (art. 232 Código del Menor): “Cuando el menor sufra de severa deficiencia mental permanente, sus padres o uno de ellos o el Defensor de Familia deberán promover el proceso de interdicción antes de cumplir aquél la mayoría de edad, para que a partir de ésta prorroga indefinidamente su Estado de sujección a la patria potestad por ministerio de la ley” O la adopción de mayores de edad (inciso 2º del art. 92  Código del Menor): “Con todo, también podrá adoptarse al mayor de esta edad cuando el adoptante hubiere tenido el cuidado personal del adoptante antes de que éste cumpliera 18 años”. Si ésto lo permite la ley, con mayor razón debe protegerse al discapacitado más allá de los 18 años cuando el I.C.B.F. lo ha venido tratando de tiempo atrás y cuando la protección es de rango constitucional. 21. Apreciaciones frente al cambio de nombre autorizado en un proceso de jurisdicción voluntaria. El 10 de julio de 1987, el padre del menor otorgó poder "para que sea cambiado su sexo y nombre (de su hijo N. N.)" y en forma acelerada, el Juzgado que conoció el proceso de jurisdicción voluntaria consideró que: "ha quedado plenamente establecida la necesidad de sustituir el nombre que se había fijado al menor, antes de sexo masculino, por otro que coincida con su sexo que ha pasado a ser femenino". Y se ordenó que en la Notaría se hiciera la corrección. 21.1 Hay que decir que el padre no podía otorgar poder para que se cambiara el sexo de su hijo, porque, se insiste, tal decisión sólo corresponde a la persona que quiere que su cuerpo tenga la mutación, significa lo anterior que el poder contiene un OBJETO ILICITO, puesto que viola derechos fundamentales, como ya se demostró; y, el Juez no podía avocar el conocimiento sin el poder directo del interesado, faltaba un presupuesto procesal y al hacerlo incurrió en una vía de hecho, y por este grave error terminó autorizando una sustitución de registro civil por presunto cambio de sexo, cuando el sujeto pasivo de ese "cambio" ni había autorizado que se le modificara su condición de hombre ni tampoco que de ahí en adelante se lo considerara como mujer sin serlo. En este aspecto, el ser humano, es libre de escoger su propio camino y un Juez no puede torcérselo por petición de otra persona. 21.2 Hay que resaltar que los actos relativos al estado civil (como el de modificación de nombre en una partida) son en sí actos administrativos aunque requieran la actividad del juez, mediante el llamado proceso de jurisdicción voluntaria. Por eso los constitucionalistas Fix Zamudio y Cappelletti los califican como simple acto administrativo. El propio Calamandrei considera como  equívoca la calificación de jurisdicción que se le da a la jurisdicción voluntaria. Y, Hernando Morales, aunque habla de la semejanza a la jurisdicción, recuerda: “Tales actos se denominan de jurisdicción voluntaria o graciosa, palabra ésta derivada de la jurisdicción que en forma de gracia ejercía el Pretor en Roma  y que posteriormente  pasó a los Cónsules, quedando aquél con la jurisdicción contenciosa. La jurisdicción voluntaria, una parte de los autores opina que no constituye propiamente actividad jurisdiccional sino administrativa confiada a autoridades judiciales, pues sus resoluciones tienen un valor precario y no hacen cosa juzgada”[39] Si el llamado proceso de jurisdicción voluntaria, propiamente no es un proceso judicial, entonces, es difícil ubicar la decisión  dentro de las no susceptibles de tutela. Y si la decisión en la “jurisdicción voluntaria” es precaria, es posible que mediante tutela se den órdenes que alteren el fallo en la “jurisdicción voluntaria” siempre y cuando estén  de por medio los derechos fundamentales. 21.3 Hay que aclarar, no obstante, este aspecto ya estudiado en esta Sala: "La corrección del registro civil de las personas tiene dos caminos, ya sea a través del funcionario responsable del registro o acudiendo a la justicia ordinaria, como se verá a continuación. La función registral, en relación con la corrección del estado civil, se encuentra dividida en comprobaciones declarativas como fórmula general y comprobaciones constitutivas excepcionalmente, tomando en cuenta que siempre se presenta una comprobación, mas no una valoración, pues esta última implica la indeterminación de lo examinado. Así el artículo 89 del Decreto No. 1260 de 1970, modificado por el artículo 2º del Decreto No. 999 de 1988, establece que "las inscripciones del estado civil, una vez autorizadas, solamente podrán ser alteradas en virtud de decisión judicial en firme o por disposición de los interesados". Esta disposición autoriza la alteración de la inscripción, ya sea por sentencia judicial o por disposición de los interesados, sin brindar elementos que distingan claramente la competencia del juez y del funcionario responsable del registro civil respecto de la corrección del estado civil. La interpretación de la norma anterior, de acuerdo a lo expuesto, llevaría a pensar que el trámite de corrección notarial sólo debe corresponder a la confrontación de lo empírico con la inscripción para de este modo lograr que la situación jurídica del solicitante  responda a la realidad.. Es de mérito anotar que el simple cambio de nombre, no significa el cambio de sexo[40], debido a que el nombre a pesar de ser un elemento indicativo del sexo, no tiene poder definitorio respecto a este último. Es que no tiene explicación procesal alguna que un tercero se presente a pedirle a la justicia que se reconozca el cambio de sexo de "otro" que nunca ha consentido en ello, y, si un Juez acepta pretensión "contra natura" habrá que concluir que actuó dentro de una clásica vía de hecho susceptible de enmendarse mediante la tutela. Antes de entrar a las órdenes a dar es necesario resaltar situaciones que gravitan sobre este caso: CAPITULO III DETERMINACIONES a. El I.C.B.F., en la actualidad, es la única entidad en la cual el menor tiene confianza, por los servicios de asistencia que viene prestando. b. El menor se encuentra hoy en un medio donde es difícil adecuar la cultura para lograr su identidad sexual. Aunque tampoco desea un rompimiento con su familia, de todas maneras ésta no ofrece el clima adecuado  para tan compleja terapia. c. En el presente caso  quien interpuso la tutela no deja la menor duda de que el menor es varón. Si no se está ante la presencia de un transexual, bisexual, hermafrodita o seudo hermafrodita, hay que respetar la VERDAD NATURAL Y PERSONAL. Un caso fortuito, completamente extraño a la persona, ajeno a su voluntad no tiene la causa suficiente para alterar esa verdad, esa naturaleza. Cuando la mutilación se presenta, el paciente tiene posibilidad de decidir. Si no lo hizo antes lo puede hacer ahora que tiene uso de razón. Es inhumano que si el pene y los testículos fueron cercenados, la solución sea volver a la víctima mujer. Este es un trato denigrante. Aclarado lo anterior, se concluye: - El expreso consentimiento informado del propio paciente es indispensable para cualquier tratamiento médico de readecuación del sexo. Como esto no ocurrió y la tutela se instauró para proteger el derecho a la identidad según se explicó anteriormente, properará no solo por tal violación sino por afectar la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. - La investigación sobre la conducta profesional de los médicos que propiciaron e hicieron el tratamiento de readecuación de sexo o transformación de órganos sexuales corresponde adelantarla al Tribunal de Etica Médica. - La presunta responsabilidad civil que implicaría una indemnización de perjuicios se tramita mediante proceso ordinario, luego no se condenará en perjuicios en esta tutela, ya que le queda al joven una via para acudir a la jurisdicción ordinaria; como se trata de un menor desprotegido para adelantar esa posible acción reparatoria, se le solicitará al Defensor del Pueblo la asistencia jurídica para que, si el menor lo acepta, se inicie y adelante el correspondiente juicio de responsabilidad civil. - Y, en cuanto lo principal: la orden para hacer real la solidaridad que merece el menor por la vulneración de sus derechos fundamentales, ésta se dará al I.C.B.F. según ya se ha explicado. - Por último, se ratificará la orden dada al Notario de mantener en el Registro Civil el nombre de varón que identificó inicialmente a quien instauró la tutela. En mérito de lo expuesto la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución RESUELVE PRIMERO: REVOCANSE los numerales primero y tercero de la sentencia del 23 de mayo de 1995 proferida por el Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil, fallo materia de revisión. SEGUNDO: CONCEDASE la tutela al menor cuya identificación aparece en la solicitud y por lo tanto se le protegen los derechos fundamentales a la identidad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. TERCERO: ORDENASE al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , representado por su Director, que le preste a la persona vulnerada  a cuyo nombre se instauró la tutela, la protección adecuada consistente en el tratamiento integral físico y sicológico requerido para la readecuación del menor, previo consentimiento informado, y en relación con la mutilación sufrida y a la cual se ha hecho referencia en este fallo. Este tratamiento integral podrá tener continuidad más allá de los 18 años siempre y cuando un grupo científico interinstitucional lo considere conveniente. El mismo grupo interinstitucional, junto con el correspondiente Defensor de Menores, hará el seguimiento al tratamiento. CUARTO: CONFIRMASE el numeral segundo de la sentencia de revisión en cuanto ordenó la corrección del registro civil de nacimiento. QUINTO: ENVIESE copia  de esta sentencia al Tribunal de Etica Médica para lo que estime pertinente. SEXTO: ENVIESE copia de este fallo a la Defensoría del Pueblo para que, si el menor lo acepta, se designe por el Defensor del Pueblo un abogado que inicie el correspondiente juicio de responsabilidad civil por el daño sufrido por el menor debido a la “readecucación de sexo” o “transformación de órganos sexuales”, practicada sin su consentimiento. SEPTIMO:  El  Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil, que conoció en primera instancia, VIGILARA el cumplimiento de esta sentencia. OCTAVO: El correspondiente defensor de menores mantendrá informado al Tribunal de Antioquia sobre el cumplimiento de lo ordenado. NOVENO: COMUNIQUESE este fallo al Tribunal Superior de Antioquia, Sala Civil, para la notificación y efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. DECIMO: GUARDESE la reserva expresada en la parte motiva. Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA. Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1]Auto de abril 15 de 1994. Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero. Expediente T-27441. [2]Auto Septiembre 14 de 1993.  Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía. Expediente T-16617. [3] En la medida que genéticamente se continúa teniendo el género original. [4] La Corte Constitucional, ha entendido por CURACION no solo la derrota de la enfermedad, sino el alivio de la misma. [5]Para el profesor José Alejandro Bonivento, “Los Principales Contratos Civiles”, pág 448, esta forma de prestación de servicios profesionales está colocado dentro de lo estatuido en el artículo 2144 C.C. y es mandato. [6] JEAN PENNEAU, la responsabilidad medicale, p. 68. [7] Derecho a la Salud y Constitución Española: Problemática del consentimiento y derecho de rechazo al tratamiento en el ordenamiento jurídico sanitario. ANTONIO PEDREIRA ANDRADE. Conferencia. [8]Ver sentencias T-548/92. MP Ciro Angarita Barón; T493/93 MP Antonio Barrera Carbonell; T-401/94 MP Eduardo Cifuentes Muñoz. [9]Gerald Dwoekin. "El parternalismo" [10]Carlos Santiago Nino. "La autonomía constitucional" en Cuadernos y Debates. No 37. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992, p 67. [11]Ver sentencia T-401/94, fundamento jurídico 3.3 [12]Sentencia T-401/94, fundamento jurídico 3.3 [13]Gerald Dworkin. Op-cit, p 156. [14] “El querer me pertenece” decía San Pablo. Se hace esta cita porque cuando se efectuó la operación en 1987, el Estado  reconociía a la religión católica como la de la Nación. [15] Magistrados Ponentes: Jaime Sanin Greffeinstein y Jairo Duque Pérez [16] Ver Truyol y Serra Antonio, Los Derechos Humanos, Editorial Tecnos , 1984, pág 11. [17] Ver,Ilva Myriam Hoyos ,El Concepto de persona y los derechos humanos Universidad de la Sabana, 1991,Pág 128. [18] Ver,Bidart Campos, German J,Teoría General de los derechos humanos, Editorial Astrea, 1991 Pág 4. [19] Ibidem, pág 72. [20] Ponencia de la Subcomisión Primera, presentada a la Comisión V en la asamblea Nacional Constituyente. [21] Laffont Pianetta Pedro, Compilación legislativa , Doctrinaria y de jurisprudencia relacionada con el menor,1994 ,Pág [22] Ibidem,pág 25. [23] OP. Bidart Campos, pág [24] Ibidem,pág 73. [25] Ver, Sentencia de la Corte Suprema de Justicia,Noviembre diez y ocho de mil novecientos treinta Magistrado Ponente Enrique A. Becerra. [26] Ver, Sentencia N° 51 de la Corte Suprema de Justicia, Mayo diez y nueve de mil novecientos  noventa y ocho.Magistrados Ponentes Hernando Gómez Otalora y Jaime Sanín Greiffenstein . [27] Ver, Salvamento de Voto de los Magistrados Fabio Morón Diaz, Jaime Sanín Greiffenstein, Gustavo Gómez Velásquez, Jairo E. Duque Peréz,Lisandro Martínez Zuñiga de la Sentencia N° 51de mayo diecinueve de mil novecientos ochenta y ocho. [28] Sentencia N° C-479 /95, Magistrados Ponentes Doctores Alejandro Martinez Caballero y José Gregorio Hernandez Galindo. [29]Sentencia C-109/95, Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero, Pág. 27. [30] Ver.Espada Luisa Maria Ramos, El efecto directo y los tratados internacionales suscritos por España.pág 1204. [31] Ibidem. [32] Sentencia C-109/95, Magistrado ponente Dr. Alejandro Martinez Caballero, Pág 27. [33] Bidart Campos , Germán,Revista  El derecho , Universidad Católica, Argentina Buenos Aires, pág.1 , julio 6 de 1995. [34] Karel Vasak, La dimension Internacional de los derechos humanos.serbal/Unesco pág 126. [35]Sentencia T-29/94, Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. [36]Sentencia T-125, de 14 de marzo de 1994, Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. [37]Sentencia T-778/92, Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón. [38]Sentencia T-125/94, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. [39] Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General, 10a. Edición, p.30. [40] Corte Constitucional. Sentencia No. T-594 del 15 de dieciembre de 1993. M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

T-478-95 Sentencia No. T-478/95 Sentencia No. T-478/95 DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONA DISMINUIDA PSIQUICAMENTE La propia Constitución, bajo una fórmula programática, compromete al Estado en la ejecución de una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos psíquicos, prestándoles la atención especializada que requieran. Ahora bien, actualmente a ésta última disposición superior, el legislador le ha creado ciertas condiciones de eficacia, las cuales pueden generar, con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma citada, derechos subjetivos en cabeza de las personas cuya condición mental es deficiente. Así, el artículo 157 ibídem señala que existen dos tipos de afiliados al sistema general de seguridad social, los del régimen contributivo y los afiliados a través del régimen subsidiado. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Régimen subsidiado Aquellos beneficiarios del Régimen subsidiado que por sus condiciones de salud o necesidades de ayudas de diagnóstico y tratamiento, requieran de servicios de una complejidad mayor que la brindada por la institución prestadora de servicios que los haya atendido, deberán ser referidos por ésta, de acuerdo con los protocolos vigentes, a los hospitales públicos del subsector oficial de salud o a los privados con los cuales el Estado tenga contrato de prestación de servicios. Esto quiere decir que existirán casos en los cuales por las condiciones de salud y las necesidades de diagnóstico y tratamiento que necesita el afiliado, la cobertura señalada por el Decreto No. 1895 de 1994 puede ser superada, en atención a la situación excepcional del mencionado afiliado. El disminuido psíquico tendrá un sistema de seguridad social que le debe brindar el tratamiento especializado que necesita: el régimen subsidiado. Así mismo, en situaciones excepcionales, se le atenderá actualmente. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Contenido obligacional La peticionaria hace girar la violación de los derechos fundamentales en la negativa del Hospital San Pablo de Cartagena en darle a sus hijos tratamiento asilar, o sea, una atención de carácter permanente, sin embargo, dentro del contenido obligacional del mencionado centro hospitalario no se encuentra la  prestación del precitado tratamiento. La accionante podría inscribir a sus hijos en el régimen subsidiado dentro del sistema general de seguridad social, para que, atendiendo a su situación excepcional, se evalúe si es factible suministrar las atenciones debidas. REF: EXPEDIENTE T-73893 Peticionaria: Elizabeth Lans Blanco. Procedencia: Juzgado 4º Penal del Circuito de Cartagena. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Tema: - El derecho a la seguridad social en los disminuidos psíquicos. Santa Fe de Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero -Presidente de la Sala-, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-73893. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a la Sala Séptima de Revisión. 1. Solicitud. Elizabeth Lans Blanco, a través del Personero Distrital de Cartagena, Dr. José David Ramírez Barakat, impetra acción de tutela contra el Hospital San Pablo de Cartagena, representada legalmente por el Dr. Guillermo Valencia Abdala, con fundamento en los siguientes hechos: a) La accionante está afectada de Tuberculosis pulmonar y en razón de tal enfermedad le fué practicada una neumonectomía parcial a fin de que se le salvara su vida. Actualmente debe asistir al Hospital San Pablo de esta ciudad a fin de someterse a un tratamiento de control de mal que la aqueja. Por lo anterior, el rendimiento laboral es mínimo. b) Según certificado expedido por el Hospital San Pablo de Cartagena, sus hijos, Roberto, José Ignacio y Josefina Padilla Lans, requieren de tratamiento médico y asilar permanente, pues padecen de enfermedades mentales crónicas, las cuales les impiden desenvolverse tanto social como laboralmente. Los problemas mentales de los antes citados los lleva a tomar actitudes agresivas que han desembocado en ataques físicos contra las personas que los rodean, inclusive a su madre. c) Ante las circunstancias anteriores, el Personero Distrital de Cartagena, Dr. José David Ramírez Barakat, previa solicitud de la peticionaria, el día 1º de marzo del año en curso, se dirigió al Director del Hospital San Pablo con el fin de obtener el asilamiento de los hijos de dicha señora en tal centro asistencial. d) A través de comunicación fechada el 31 de marzo del presente año, la dirección del Hospital San Pablo, luego de especificar que tanto a la accionante como a Roberto y José Ignacio Padilla Lans se les ha prestado la atención del caso, señala que: En cuanto se refiere al diagnóstico expedido por esta Institución, le confirmamos, requieren seguimiento médico y asilar permanente. La entidad que represento es un Hospital de II nivel de carácter regional por lo cual atendemos una alta población de la Costa Atlántica, atendiendo pacientes con patologías agudas y en crisis. El departamento de Bolívar no cuenta con asilo psiquíatrico. En el caso que nos compete a la señora Lans y sus hijos se le ha prestado en este Hospital el apoyo y control requerido desde atención médica hasta social y ocupacional. El único servicio que no le podemos prestar es la institucionalización permanente, ya que iría en contra de los derechos fundamentales de los pacientes. La peticionaria sostiene que la negativa de asilar a Roberto, José Ignacio y Josefina vulnera los derechos fundamentales a la salud y a la tranquilidad, tanto de ella misma como los de sus hijos. 2. Juzgado 4º Penal del Circuito de Cartagena. Sentencia del 7 de junio de 1995. El Tribunal de primera instancia indicó que la tutela es improcedente, sosteniendo que: ...la Personería Distrital plantea, y considera posible, que se les adecúe, dentro del área de psiquiatría, un lugar a los hermanos PADILLA LANS, para que sean internados, y en el transcurso de la inspección judicial, a la cual asistió, señaló específicamente una habitación ubicada en los límites del pabellón de fármacodependientes con el pabellón de cuidados intensivos, en el cual funciona en la actualidad una sala de rehabilitación manual o de trabajos manuales, en atención, que con solo cambiar de sitio una reja de hierro que separa los dos pabellones, quedarían los enfermos tutelantes aislados; este Despacho considera, que como sugerencia, es viable proponer tal adecuación, pero no con carácter obligatorio porque por otra parte, existen limitaciones de tipo presupuestal y de destinación de personal especializado que atienda el tipo de enfermedad que padecen los hermanos PADILLA LANS, y por tanto, no se puede obligar al Hospital a hacer destinaciones presupuestales no programadas. Por otro lado, expresó el Juez de tutela que "para nadie es desconocido el estado lamentable en que se encuentran las instituciones que prestan este tipo de servicios a la comunidad sin recursos económicos, y en el caso de Bolívar, la falta absoluta de un asilo psiquíatrico". Agrega que "tampoco es un secreto que constitucionalmente el Estado está en la obligación de socorrer a estas personas, pero una cosa es la voluntad loable de los constituyentes al imprimir esta obligación y otra el estado de subdesarrollo en el que se encuentran algunos países como el nuestro". En ese orden de ideas, el Juzgado 4º Penal del Circuito de Cartagena negó la tutela solicitada por Elizabeth Lans Blanco. No se impugnó la anterior decisión y fue enviada la tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS Competencia. 1- Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto No. 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. Tema a tratar. 2- La accionante interpone la presente acción de tutela considerando el Hospital San Pablo de Cartagena esta en la obligación de prestar el tratamiento asilar a sus hijos, los cuales son disminuidos psíquicos. Siendo así las cosas, la Corte abordará el tema de la concreción del derecho a la seguridad social en los disminuidos psíquicos. El derecho a la seguridad social en los disminuidos psíquicos. 3- La Constitución Política a través de todo su texto, ha reconocido la situación especial en la cual se encuentran los disminuidos psíquicos y por tal razón ha creado un trato diferenciado para ellos, pues "los disminuidos físicos o mentales, en cierta medida, por su falta de autonomía, están inexorablemente supeditados a los demás, y si la sociedad no responde a su muda convocatoria de solidaridad, se ven abocados a su destrucción o a los padecimientos más crueles"[1]. En efecto, la Carta partiendo del respeto a la dignidad humana (art. 1º C.P.) como elemento fundante del Estado colombiano, establece una específica protección especial para aquellas personas que por su condición mental se encuentren en debilidad manifiesta (art. 13 C.P.), dado que "la igualdad consiste en la proporcionalidad equivalente entre dos o más realidades, es justo que el Estado mengüe al máximo la desigualdad en que se hallan las personas más débiles, de manera que la intervención de aquel sea adecuada, con el fin de lograr la igualdad real y efectiva que ordena el artículo 13 superior"[2]. Es por ello que la propia Constitución, bajo una fórmula programática, compromete al Estado en la ejecución de una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos psíquicos, prestándoles la atención especializada que requieran (art. 47 C.P.). 4- Ahora bien, actualmente a ésta última disposición superior, el legislador le ha creado ciertas condiciones de eficacia, a través de la Ley 100 de 1993, las cuales pueden generar, con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma citada, derechos subjetivos en cabeza de las personas cuya condición mental es deficiente. Así, el artículo 157 ibídem señala que existen dos tipos de afiliados al sistema general de seguridad social, los del régimen contributivo y los afiliados a través del régimen subsidiado. El régimen subsidiado se distingue por que la cotización de la persona vinculada esta subsidiada total o parcial, tanto por recursos fiscales como por el Fondo de Solidaridad y Garantía (arts. 211 a 217 ibídem). La persona que se encuentre en este sector poblacional vulnerable debe inscribirse en la dirección de salud correspondiente para ser beneficiario del régimen subsidiado. El mencionado régimen ha sido reglamentado por el Decreto No 1895 de 1994, el cual determina el contenido del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, POSS. El Decreto antes mencionado detalla el desarrollo del régimen subsidiado en su etapa inicial, indicando la cobertura de riesgos y los servicios a que tienen derecho los afiliados al precitado régimen en la etapa inicial del funcionamiento (art. 11). Dentro de la gama de riesgos y servicios cubiertos por el plan subsidiado no se encuentran tratamientos que prevengan, curen o contengan las enfermedades que disminuyan la capacidad mental de las personas, sin embargo, el artículo 13 ibídem establece: Artículo 13. Criterios para la referencia de pacientes pertenecientes al régimen subsidiado. Mientras se unifican los servicios contenidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado POSS, con los que ofrece el Plan Obligatorio de Salud POS, del régimen contributivo, aquellos beneficiarios del Régimen subsidiado que por sus condiciones de salud o necesidades de ayudas de diagnóstico y tratamiento, requieran de servicios de una complejidad mayor que la brindada por la institución prestadora de servicios que los haya atendido, deberán ser referidos por ésta, de acuerdo con los protocolos vigentes, a los hospitales públicos del subsector oficial de salud o a los privados con los cuales el Estado tenga contrato de prestación de servicios. Durante la transición y de acuerdo al programa de conversión gradual de subsidios a la oferta a subsidios a la demanda que para el efecto se establezca, las direcciones seccionales, distritales y locales de salud garantizarán la celebración de contratos de compraventa de servicios con los hospitales para atender las patologías no previstas en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, según lo previsto en el artículo 87 del Decreto-Ley 1298 de 1994. Así las cosas, aquellos beneficiarios del Régimen subsidiado que por sus condiciones de salud o necesidades de ayudas de diagnóstico y tratamiento, requieran de servicios de una complejidad mayor que la brindada por la institución prestadora de servicios que los haya atendido, deberán ser referidos por ésta, de acuerdo con los protocolos vigentes, a los hospitales públicos del subsector oficial de salud o a los privados con los cuales el Estado tenga contrato de prestación de servicios. Esto quiere decir que existirán casos en los cuales por las condiciones de salud y las necesidades de diagnóstico y tratamiento que necesita el afiliado, la cobertura señalada por el Decreto No. 1895 de 1994 puede ser superada, en atención a la situación excepcional del mencionado afiliado. En conclusión, el disminuido psíquico tendrá un sistema de seguridad social que le debe brindar el tratamiento especializado que necesita: el régimen subsidiado. Así mismo, en situaciones excepcionales, se le atenderá actualmente. El caso en cuestión. 5- La peticionaria hace girar la violación de los derechos fundamentales en la negativa del Hospital San Pablo de Cartagena en darle a sus hijos tratamiento asilar, o sea, una atención de carácter permanente, sin embargo, dentro del contenido obligacional del mencionado centro hospitalario no se encuentra la  prestación del precitado tratamiento. La accionante podría inscribir a sus hijos, como con antelación se expusó, en el régimen subsidiado dentro del sistema general de seguridad social, para que, atendiendo a su situación excepcional, se evalúe si es factible suministrar las atenciones debidas. En ese orden de ideas, no existe violación de derechos fundamentales por parte del Hospital San Pablo de Cartagena y por tanto se negará la presente tutela. Se revocará la decisión de la primera instancia, por dos factores: a)  El Juez de tutela rechazó la acción de tutela, en vez de negarla, pues el primer vocablo da a entender que no se conoció del fondo del asunto por existir algún vicio de forma; y b) La primera instancia recomienda a las directivas del Hospital acusado brindar a los hermanos Padilla Lans una atención lo más prolongada posible, lo cual quedaría por fuera de la esfera legítima de obligaciones a cargo de la precitada institución de salud. Cabe señalar que una vez afiliados los hijos de la peticionaria, Roberto, José Ignacio y Josefina Padilla Lans, se afilien al POSS, tendrían derecho a las atenciones asistenciales que les brinda el Decreto No. 1895 de 1994, aclarando que por el grado de disminución psíquica que padecen los antes citados y con fundamento en los artículos 13 C.P. y 13 del Decreto No. 1895 de 1994, se les debe prestar tratamiento asilar, si los médicos psiquíatricos vinculados al POSS así lo determinan. En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional. RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia del 7 de junio de 1995, proferida por el Juzgado 4º Penal del Circuito de Cartagena, y en su lugar, NEGAR la acción de tutela instaurada por Elizabeth Lans Blanco, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: Comuníquese lo resuelto en esta providencia al Juzgado 4º Penal del Circuito de Cartagena para las notificaciones y efectos previstos en el artículo 36 del Decreto No. 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese, publíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA. Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1]Corte Constitucional. Sentencia No. T-298/94. M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñóz. [2]Corte Constitucional. Sentencia No. T-290/94. M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

T-486-95 Sentencia No Sentencia No. T-486/95 ACCION DE TUTELA-Improcedencia por violación de la ley/ACCION DE TUTELA-Improcedencia por violación de reglamento de trabajo No es procedente el juicio constitucional mediante la acción de tutela, cuando la vulneración del derecho fundamental invocado no surge de manera directa, sino como consecuencia de la violación de la ley o reglamento de trabajo de una empresa. Cuando la vulneración del derecho fundamental invocado es indirecto, es decir, que surge de la aplicación o interpretación de un reglamento o de la ley como es el derecho a la sustitución pensional en favor de beneficiarios, es al juez laboral a quien corresponde determinar la supuesta violación del derecho constitucional fundamental de igualdad y seguridad social. SUSTITUCION PENSIONAL-Naturaleza reglamentaria La referida sustitución pensional, como prestación reconocida por el reglamento interno de trabajo, no tiene origen constitucional y por consiguiente el conflicto jurídico que surja de la aplicación del mismo reglamento para deducir el derecho a la pretendida sustitución pensional por la vulneración del derecho a la igualdad o a la seguridad social, no es objeto de la acción y competencia del juez de tutela sino de la justicia del trabajo. ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Prueba del perjuicio El perjuicio irremediable debe estar debidamente acreditado en el expediente, de manera que éste no surge de la afirmación del actor a fin de establecer la carencia de medios para la cóngrua subsistencia, ya que en estos casos la carga de la prueba incumbe al actor y no a la accionada como ocurre con otros procesos diferentes al de la acción de tutela, de manera que como tal perjuicio no se encuentra debidamente acreditado en el expediente, a juicio de la Corporación no es procedente decretar el mecanismo transitorio frente a un derecho litigioso de competencia, de la justicia ordinaria laboral. Ref.: Expediente No. T-75.706 Peticionario: Jorge Octavio Díaz Velásquez contra el Banco Central Hipotecario. PROCEDENCIA: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. TEMA: Derecho a la sustitución pensional a través de la tutela. MAGISTRADO PONENTE: Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA Santa Fe de Bogotá, noviembre 1o. de mil novecientos noventa y cinco 1995. Procede la Corte Constitucional a la revisión de las sentencias proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, Sala Penal, el dieciséis (16) de mayo de 1995, y por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el cuatro (4) de julio del mismo año, en el proceso de la referencia, promovido por el señor Jorge Octavio Díaz Velásquez contra el Banco Central Hipotecario. El expediente llegó al conocimiento de la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, por remisión que le hizo la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Con fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Siete (7) de la Corte Constitucional, escogió para efectos de revisión, la acción de tutela promovida a través de este proceso. I. ANTECEDENTES. 1. El señor Jorge Octavio Díaz Velásquez presentó acción de tutela contra el Banco Central Hipotecario, por considerar conculcados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la subsistencia y a la seguridad social, por cuanto dicha entidad resolvió "no sustituir a su nombre la pensión vitalicia de invalidez de la cual disfrutaba su cónyuge Marina García de Díaz, quien falleció el diecisiete (17) de septiembre de 1994." (se subraya por la Corte) 2. Refiere el accionante que la señora Marina García de Díaz, con quien contrajo matrimonio el 7 de mayo de 1955 y quien entonces trabajaba para el Banco Central Hipotecario de esta ciudad, fue retirada del mismo mediante oficio del 19 de enero de 1955, "en atención a su precario estado de salud". Por este motivo se le reconoció una pensión por invalidez por la suma $130.829.25 mensuales, la cual estuvo a cargo de la entidad demandada hasta la fecha de su fallecimiento. 3. Indica el actor que hasta entonces fue beneficiario de los servicios del Fondo Médico en su condición de cónyuge de la occisa, Fondo que fue creado por la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Banco y su Sindicato, y administrado por la Caja de Previsión Social del citado Fondo; que en la actualidad, por disposición de la Presidenta del Banco, él no tiene derecho a utilizar los servicios que presta. 4. Igualmente afirma el accionante que solicitó la "sustitución pensional" mediante oficio del 6 de noviembre de 1994, el cual fue contestado negativamente por medio del oficio ANP 001529 del 26 de diciembre de 1994, suscrito por la ejecutiva (E) del área de nómina y prestaciones del B.C.H. Manifiesta el actor que en su solicitud, "se invocaron tanto una norma perteneciente a los estatutos de la precitada Caja de Previsión Social y derogada hace muchos años, como al (sic) tenor literal del artículo 98 del Reglamento Interno de Trabajo del Banco, según el cual las pensiones establecidas en el mismo 'sólo se transmiten por un término de 10 años a las viudas de los pensionados fallecidos'." 5. Agrega que el 26 de enero de 1995, formuló a la Presidenta del Banco una solicitud de reconsideración sobre la negativa de la pensión reclamada, con base en las normas de la Constitución Política que prohiben hacer discriminaciones injustificadas por razones de sexo, así como en la jurisprudencia del Consejo de Estado anterior a la Ley 71 de 1988, frente a una interpretación restrictiva que pretendió adoptar la Caja Nacional de Previsión, y que cita textualmente en la demanda: "Como ha podido verse, la sustitución pensional de que tratan los estatutos citados fue prevista para el cónyuge del empleado fallecido. Sólo la Ley 33 de diciembre 31 de 1973, así como su Decreto Reglamentario 690 de abril 19 de 1974, señalan como beneficiaria de la sustitución pensional a la viuda, si bien en el Parágrafo 1° del artículo de esta ley se habla nuevamente del cónyuge, lo cual revela la incongruencia del legislador al convertir en vitalicia la pensión de que temporalmente disfrutaba por sustitución el cónyuge supérstite, limitándola ahora solamente a la viuda." (Revista JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA, tomo XVIII, No. 209, Pág. 314). (...) Cabe aquí, con recto entendimiento, la aplicación del viejo aforismo de origen romano 'Donde existe la misma razón de hecho, debe existir la misma disposición de derecho'." 6. Expresa que en respuesta  a lo anterior, la Presidenta del Banco Central Hipotecario se abstuvo de analizar "los argumentos de orden constitucional y jurisprudencial contenidos en la solicitud de reconsideración y se limitó a insistir en la intangibilidad del ilógico tenor literal del Reglamento Interno de Trabajo del Banco, estatuto según el cual las pensiones en él establecidas pueden sustituirse a favor de los padres o hermanos del respectivo beneficiario, pero en ningún caso a favor del viudo de la extrabajadora pensionada". Agrega el actor que "el Reglamento Interno de Trabajo del Banco Central Hipotecario contraría abiertamente, no sólo varios preceptos de la Constitución Política de Colombia, en especial, los artículos 13 y 43, que prohiben hacer discriminaciones injustificadas por razones de sexo, sino también el artículo 3° de la Ley 71 de 1988, norma ésta que, al garantizar la sustitución vitalicia a favor del cónyuge supérstite, puso fin a la duda originada en la defectuosa redacción de la Ley 33 de 1973". El Reglamento citado, a su juicio, es obsoleto "si se recuerda que desde hace varios lustros tanto la legislación nacional como los Reglamentos del Instituto de los Seguros Sociales (ISS) mencionan como primer beneficiario de toda clase de pensiones al cónyuge y en subsidio, a la compañera o compañero permanente, sin discriminación alguna de sexo". Por último, expresa que aunque dispone de "otro medio de defensa judicial consistente en adelantar un proceso ordinario laboral contra le BANCO CENTRAL HIPOTECARIO, es claro que con el uso exclusivo de tal alternativa no obtendría la protección inmediata y efectiva de los derechos vulnerados o amenazados, como que durante los varios años que demorará dicho proceso me vería privado simultáneamente de un ingreso periódico -que resulta vital para mi condigna subsistencia- y de los servicios de salud, quedando así, en ambos casos, expuesto a sufrir perjuicios irreparables". II. SENTENCIAS JUDICIALES QUE SE REVISAN. A. Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, Sala Penal, mediante sentencia del dieciséis (16) de mayo de 1995, resolvió "Negar por improcedente la acción de tutela (...)", con fundamento en las siguientes consideraciones: "En el caso sub exámine, el petente Jorge Octavio Díaz Velásquez, está siendo sometido a una discriminación por razón del sexo al no permitírsele adquirir, por sustitución, la pensión vitalicia disfrutada por su cónyuge Marina García, pues según el marco de la reglamentación o convención colectiva de trabajo que data de 1972, que para el banco es normatividad especial, reguladora de las condiciones a que deben someterse tanto el empleador como sus trabajadores, para todos sus efectos prestacionales, se excluye al hombre 'viudo' a recibir tal beneficio, visto que el sistema, aunque no expone ningún motivo, busca solamente proteger a la 'viuda' no divorciada ni separada de bienes. En  sentir de la Sala la entidad bancaria accionada, le está dando a sus estatutos reglamentarios de trabajo una interpretación restrictiva y exegética frente a la Constitución Política y demás normas vigentes que regulan la seguridad social en Colombia y convenios internacionales. En sentir de la Sala es evidente entonces que la convención colectiva de trabajo del Banco Central Hipotecario no se ajusta al marco Constitucional de garantías, en este caso en favor del hombre que propende una protección real y efectiva de sus derechos y no ser discriminado en razón del sexo, credo, religión, etc. Sin embargo, como la conducta del ente jurídico la fundamenta en su reglamento de trabajo, eventos en los cuales, como lo ha dicho la Corte Constitucional solo debe ser objeto de juicio constitucional si ello amenaza directamente un derecho fundamental, pues cuando la vulneración del mismo es indirecto, como consecuencia de la violación de la ley o reglamento de trabajo de una empresa que lo regula y desarrolla, no es fundamento para tutelar el derecho, resulta por tanto improcedente la acción extraordinaria por tratarse de una cuestión de derecho laboral cuyo control corresponde a los jueces de esta competencia. En este caso, al producir el banco el acto definitivo, según oficio No. 11068 de febrero 17 de 1995, que resuelve en forma negativa sobre la pretensión del accionante, agotó la vía gubernativa, la cual puede probarse por cualquier medio y dejó abierta la acción ordinaria laboral para que se ponga término a la controversia suscitada ente el petente y el Banco Central Hipotecario. (Art. 2° Decreto 2158 de 1948). Queda entonces claro, que no se han agotado todos los mecanismos legales con que cuenta el petente en aras a obtener la solución de su pretensión, y dada la naturaleza residual de la acción de tutela, deberá denegarse la misma por no ser esta el instrumento actual, para remover los efectos de la decisión tomada por la entidad bancaria". (subrayado fuera del texto) Respecto de la protección social socilitada por el accionante, el a quo manifestó lo siguiente: "(...) la pretensión no está llamada a prosperar, pues la circunstancia de no contar con los servicios médicos que el B.C.H. le prestaba por el vínculo laboral de su esposa cesaron con el fallecimiento de esta, que es consecuencia directa del reglamento interno del Banco, por lo que no existiendo, por ahora, mientras se resuelve la controversia suscitada, ningún vínculo laboral ni de otro orden, entre el banco y Díaz Velázquez, no será aquél el encargado de la protección del derecho alegado, pudiendo en cambio dirigirse a los Institutos del gobierno que, por ley tenga la obligación de atender ese derecho, si es que verdaderamente Jorge Octavio Díaz Velázquez, abogado de profesión, carece de recursos para atender su salud". El accionante Jorge Octavio Díaz Velásquez, impugnó el fallo por las siguientes razones: 1. De manera contraria al criterio expresado por el Tribunal en la decisión referida, considera el demandante que existe diferencia entre reglamento interno y convención colectiva de trabajo, porque "(...) mientras que el reglamento interno de trabajo es un conjunto de normas elaborado unilateralmente por el patrono, salvo estipulación en contrario, en la elaboración de toda convención colectiva de trabajo intervienen uno o varios patronos o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales por la otra". Precisa el actor en su impugnación que la naturaleza jurídica del estatuto normativo interno del Banco Central Hipotecario es la del reglamento interno de trabajo; reclama que "no fue analizada la validez jurídica de la discriminación por razones de sexo contenida en el artículo 98 del reglamento citado, a pesar de haber sido aducida la inconstitucionalidad y la ilegalidad del mismo". La inconstitucionalidad resulta del texto del artículo 98 del Reglamento interno de Trabajo, y por lo tanto también es inconstitucional la aplicación directa del mismo, al negar al accionante a reconocer y pagar la pensión sustitutiva, violando "... 1) el derecho a la igualdad de todas las personas ante la ley... 2) El derecho a la igualdad jurídica entre hombres y mujeres... 3) El irrenunciable derecho a la seguridad social (...) y 4) El derecho a la subsistencia." 2. Añade, que luego de reconocer el Tribunal en su fallo que la entidad bancaria le está dando a los estatutos una interpretación exegética y restrictiva, que no se ajusta al marco Constitucional de garantías, resuelve que no es procedente la acción de tutela porque la violación del derecho fundamental es indirecta al ser desarrollo y aplicación del reglamento interno de trabajo de una empresa, y sólo es procedente un análisis de validez jurídica constitucional y legal, cuando la violación del derecho fundamental es directa. Tal afirmación la sustenta el accionante con base en las consideraciones de la Corte Constitucional consignadas en la Sentencia T-098 de 1994, en la cual la Corporación expresa: "No obstante, la razón institucional que busca avalar disposiciones anacrónicas o vacíos normativos que tienen como consecuencia la configuración, así sea temporal, de un fenómeno discriminatorio, carece de justificación razonable e impone al particular una carga exorbitante que no tiene el deber jurídico de soportar.(...) La Sala advierte que los atrasos o las deficiencias normativas no son imputables a los particulares..." En su concepto, la jurisprudencia y la doctrina "coinciden en afirmar que las discriminaciones negativas son arbitrarias e inadmisibles, y que solamente son jurídicamente aceptables las discriminaciones positivas que reúnan determinadas características o requisitos especiales." Además de la inconstitucionalidad del reglamento interno de trabajo y de la aplicación del mismo, también es evidente la ilegalidad del estatuto interno sobre pensión de invalidez y sustitución de la misma. El artículo 98 del Reglamento Interno de Trabajo consagra el derecho a la sustitución post-morten de las pensiones de invalidez, únicamente a la viuda y además lo estableció con un plazo máximo de diez años. Las leyes 33 de 1973 y 71 de 1988, establecen que la sustitución de la pensión de invalidez es vitalicia y a favor del cónyuge supérstite. 3. Expone el recurrente que el Honorable Tribunal Superior de Bogotá no analizó, en forma inexplicable, la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Aduce que en la demanda de tutela señaló que reconocía que existía otro medio de defensa judicial consistente en adelantar un proceso ordinario laboral contra el Banco Central Hipotecario, pero que con el uso de esta acción no se protege de forma inmediata y efectiva el derecho conculcado, ya que no cuenta con los medios suficientes para su congrua y digna subsistencia. B.  Sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante Sentencia del cuatro (4) de julio de 1995, confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, por los siguientes motivos: "De acuerdo "con los artículos 86 de la Constitución Política y 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es improcedente cuando afectado dispone de otros recursos o medios de defensa judicial para obtener la protección de los derechos fundamentales que considera  vulnerados o amenazados, a menos que se acuda a ella como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En el presente caso el recurrente puede acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para que ella decida si evidentemente tiene derecho a la sustitución pensional que reclama. Reitera una vez más la Sala, que no es posible a través del procedimiento del artículo 86 superior como lo pretende el accionante, obtener el reconocimiento de derechos litigiosos que deben ser discutidos ante autoridades judiciales diferentes, ni puede el juez constitucional determinar el contenido de las decisiones a adoptar por parte de las entidades públicas, ni le está permitido imponer su criterio cuando interpretan las normas que las rigen, sean ellas de rango legal o reglamentario interno como el presente caso. (...) Ahora bien, tampoco se considera viable la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, no solamente porque la naturaleza misma de la pretensión lo impide sino que no aparece demostrado dentro del expediente perjuicio que ostente tal calidad. (...) En primer lugar, si las pretensiones del actor prosperan ante la justicia laboral obtendría que se ordene al Banco Central Hipotecario el pago de las mesadas dejadas de percibir con los correspondientes reajustes o indemnizaciones si a ello hubiere lugar, lo que desvirtúa el carácter de irremediable del perjuicio económico. En segundo lugar, no existe prueba sobre las dolencias físicas o una enfermedad específica padecida por el actor que de no recibir atención médica inmediata pongan en peligro su salud o su vida. Finalmente, no es cierto que en la actualidad carezca de medios de subsistencia, pues según lo afirma en la demanda cuenta con el dinero que le fue pagado por concepto del seguro de vida de sus esposa, de lo cual se deduce que en últimas, los perjuicios que alega sufrir por no poder atender a sus necesidades mínimas son futuros. Sobre este punto conviene además advertir que la seguridad social y la salud son servicios públicos a cargo del Estado en los términos de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, por lo tanto si el interesado hipotéticamente se encontrara en un estado de calamidad extrema, sería aquél el obligado a ampararlo en igualdad de condiciones a los demás habitantes del territorio nacional". (subrayado fuera del texto) III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. PRIMERA. COMPETENCIA. La Corte Constitucional es competente a través de esta Sala de Revisión, para proferir sentencia en relación con las providencias dictadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Penal, y por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero, y 241 numeral 9° de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 36 del Decreto 2591 de 1991. SEGUNDA.  EL ASUNTO OBJETO DE ESTUDIO. El señor Jorge Octavio Díaz Velásquez, en su condición de cónyuge supérstite de la señora Marina García de Díaz quien falleció el diecisiete de septiembre de 1994 y quien era pensionada por invalidez desde el año de 1955 por el Banco Central Hipotecario, acudió al mecanismo de la acción de tutela con el fin de que se le protegieran sus derechos fundamentales a la igualdad, a la subsistencia y a la seguridad social, que considera vulnerados por la Presidenta del Banco anteriormente citado, en su condición de representante legal, toda vez que ésta, mediante los oficios ANP 001529 de 1994 y AL-11068 del 17 de febrero de 1995, le negó que utilizara los servicios del Fondo Médico y no accedió a decretar el derecho a la sustitución pensional que disfrutaba su esposa, con base en "(...) una norma perteneciente a los estatutos de la precitada Caja de Previsión Social y derogada hace muchos años, como al tenor literal del artículo 98 del Reglamento Interno de Trabajo del Banco, según el cual las pensiones establecidas en el mismo 'sólo se transmiten por un término de 10 años a las viudas de los pensionados fallecidos'" y que "pueden sustituirse a favor de los padres o hermanos del respectivo beneficiario, pero en ningún caso a favor del viudo de la extrabajadora pensionada". Para entrar a resolver acerca del asunto sometido a la revisión de la Corporación, considera esta Sala necesario precisar, la naturaleza del Banco Central Hipotecario, para determinar el régimen jurídico al cual se encuentra sometido, y posteriormente establecer si la sustitución de la pensión de invalidez de la cual gozaba la difunta esposa del actor constituye o no un derecho fundamental susceptible de protección a través de la acción de tutela, dado el origen de carácter legal de la referida prestación social. En efecto, el Banco Central Hipotecario es una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (artículo 38 del Decreto 080 de 1976), sujeto a las normas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria en el evento de que surjan controversias judiciales de carácter laboral, conforme a lo establecido en el artículo 244 del Decreto 663 de 1993. De esta manera corresponde a la jurisdicción del trabajo el conocimiento y decisión de los conflictos suscitados con ocasión de la interpretación y la aplicación de las normas de carácter legal y reglamentario que establecen el derecho a disfrutar de la sustitución pensional, por parte de sus beneficiarios, en el orden establecido en las leyes dictadas sobre la materia, como lo ha expuesto la Corporación en anteriores pronunciamientos, al expresar que no es procedente el juicio constitucional mediante la acción de tutela, cuando la vulneración del derecho fundamental invocado no surge de manera directa, sino como consecuencia de la violación de la ley o reglamento de trabajo de una empresa como lo recuerdan las providencias de instancia. Ahora bien, dada la naturaleza jurídica de la entidad accionada, ésta expidió su propio reglamento interno de trabajo, el cual fue aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en esa época, mediante la resolución No. 00126 de 1972. Dicho reglamento en su capítulo XXII consagra las "prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias" en favor de sus empleados, y en particular en los artículos 93 a 110 contiene las disposiciones referentes a las "pensiones y gratificaciones" reconocidas por el Banco. El artículo 94 del citado reglamento interno de trabajo establece lo siguiente en relación con la pensión de invalidez cuya sustitución persigue el actor: "Todo trabajador que haya servido al Banco diez años y que se inutilice para el servicio por causa de enfermedad, o que habiendo observado buena conducta sea retirado del Banco por causas independientes a su voluntad, recibirá una pensión mensual vitalicia igual a (...)" A su turno, los artículos 97 y 98 del mencionado reglamento interno de trabajo del Banco Central Hipotecario, expresan lo siguiente respecto de la transmisión o sustitución de la pensión de invalidez concedida a un trabajador: "Artículo 97. La pensión concedida a un trabajador según los artículos 94 y 95 de este Reglamento, es transmisible a las personas y en las condiciones establecidas en el artículo siguiente, hasta por un tiempo igual al del servicio prestado por el trabajador del Banco, pero en ningún caso por más de diez años. Artículo 98. Cuando un trabajador muera al servicio del Banco después de haber trabajado en éste por un tiempo no menor de diez años, el Banco concederá una pensión igual a la establecida en el artículo 94 de este Reglamento a las personas que enseguida se indican y de conformidad con el siguiente orden de prelación: en primer lugar, a la viuda no divorciada ni separada de bienes, judicial o extrajudicialmente, de conformidad con los artículos 197 y siguientes del Código Civil, y mientras no pase a otras nupcias; en segundo lugar, a los hijos e hijas menores de edad; en tercer lugar, a las hijas mayores de edad que vivan a costa del trabajador muerto y que carezcan de recursos para su sostenimiento; y en cuarto lugar a los padres o hermanos del trabajador que se hallen en el mismo caso de las hijas mayores de edad, a que se refiere el caso tercero. El máximo de tiempo de estas pensiones será de diez años." (subrayado fuera de texto) El derecho a la sustitución pensional no tiene pues, origen constitucional sino que proviene del citado reglamento. En el caso sub exámine, al señor Díaz Velásquez se le negó la sustitución de la pensión de invalidez de que trata el citado reglamento, de la cual gozaba en los términos del mismo su difunta esposa, quien de conformidad con el oficio suscrito por el abogado de la Vicepresidencia Jurídica del Banco Central Hipotecario que obra a folio 76 del expediente, "prestó sus servicios al BANCO CENTRAL HIPOTECARIO desde el 18 de septiembre de 1940 hasta el 31 de enero de 1955, por cuanto a partir del 1o. de febrero se le reconoció una pensión extralegal de jubilación con fundamento en los estatutos de la Caja de Previsión Social de Banco, vigentes para esa época, según comunicación (anexa) del 19 de enero de 1955 (...)" (el subrayado no es del texto). De manera que, como trabajadora del Banco accionado, laboró por más de diez años hasta que fue pensionada en razón de su estado de salud, tal como lo exige el artículo 98 del reglamento mencionado. Así pues, queda establecido que la señora Marina García de Díaz, quien falleció el 17 de septiembre de 1994, gozaba del derecho a percibir una pensión mensual de invalidez como consecuencia de su retiro del banco por "su precario estado de salud", tal como se reconoce en el escrito firmado por el Sub-auditor de esa entidad el 19 de enero de 1955 (folio 78), pensión de la cual disfrutó hasta el mes de septiembre de 1994, de conformidad con la certificación expedida por el Coordinador de la unidad de pensiones de la entidad accionada, que obra a folio 79 del expediente. Debe advertirse en primer término que la prestación cuya sustitución reclama el accionante corresponde a una de aquellas que el Banco Central Hipotecario otorga adicionalmente a las que por mandato legal está obligado a pagar a sus empleados o ex empleados que hayan reunido los requisitos establecidos en el referido reglamento, según se desprende del contenido del mismo y de las normas sobre las cuales el actor basa su pedimento, las cuales corresponden al capítulo denominado "Prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias". Estima pues la Corporación que la referida sustitución pensional, como prestación reconocida por el reglamento interno de trabajo de la accionada, no tiene origen constitucional y por consiguiente el conflicto jurídico que surja de la aplicación del mismo reglamento para deducir el derecho del peticionario a la pretendida sustitución pensional por la vulneración del derecho a la igualdad o a la seguridad social, no es objeto de la acción y competencia del juez de tutela sino de la justicia del trabajo, tal como se predica del artículo 2o. del Código de Procedimiento Laboral según el cual "La jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. También conocerá de la ejecución de las obligaciones emanadas de la relación de trabajo; de los asuntos sobre fuero sindical; de los permisos a menores para ejercitar acciones; de la calificación de huelgas; de la cancelación de personerías, disolución y liquidación de asociaciones profesionales; de las controversias, ejecuciones y recusos que le atribuya la legislación sobre seguro social y de la homologación de laudos arbitrales." La prestación que se reclama proviene según se ha expuesto de "prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias", nacidas en razón de la voluntad unilateral del empleador, encaminada a ofrecer mejores condiciones de vida a sus empleados y ex empleados. Ahora bien, el accionante plantea una situación de desconocimiento de su derecho a la igualdad, que eventualmente constituye una odiosa discriminación en su contra. Acerca del derecho a la igualdad consagrado en la Carta Política de 1991 en los artículos 13 y 43, aplicables al caso objeto de estudio, dijo la Corporación en la sentencia No. T-098 de 1994 (M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz): "La igualdad, en sus múltiples manifestaciones -igualdad ante la ley, igualdad de trato, igualdad de oportunidades-, es un derecho fundamental de cuyo respeto depende la dignidad y la realización de la persona humana. Las normas que otorgan beneficios, imponen cargas u ocasionan perjuicios a personas o grupos de personas de manera diversificada e infundada contrarían el sentido de la justicia y del respeto que toda persona merece. La discriminación, en su doble acepción de acto o resultado, implica la violación del derecho a la igualdad. Su prohibición constitucional va dirigida a impedir que se coarte, restrinja o excluya el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas, se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue un privilegio sólo a algunas, sin que para ello exista justificación objetiva y razonable." Sin embargo, teniendo en cuenta que cuando la vulneración del derecho fundamental invocado es indirecto, es decir, que surge de la aplicación o interpretación de un reglamento o de la ley como es el derecho a la sustitución pensional en favor de beneficiarios, como ocurre en el presente asunto, es al juez laboral a quien corresponde determinar la supuesta violación del derecho constitucional fundamental de igualdad y seguridad social y si como consecuencia de la vigencia actual de las citadas disposiciones del reglamento interno de trabajo del Banco Central Hipotecario, en él se encuentra consagrada una odiosa discriminación respecto del accionante, consistente en no reconocerle una sustitución pensional por el hecho de ser "viudo" y no "viuda", y además si el requisito consagrado en el mismo, se encuentra o no en armonía con los ordenamientos superiores, para resolver en consecuencia la discusión jurídica que plantea el actor, tal como claramente lo expresa el a quo en el respectivo fallo, en los siguientes términos: "(...) eventos en los cuales, como lo ha dicho la Corte Constitucional solo debe ser objeto de juicio constitucional si ello amenaza directamente un derecho fundamental, pues cuando la vulneración del mismo es indirecta, como consecuencia de la violación de la ley o reglamento de trabajo de una empresa que lo regula y desarrolla, no es fundamento para tutelar el derecho, resulta por tanto improcedente la acción extraordinaria por tratarse de una cuestión de derecho laboral cuyo control corresponde a los jueces de esa competencia." Dicho criterio fue resaltado por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en el asunto materia de revisión, cuando afirmó que "no es posible a través del procedimiento del artículo 86 superior como lo pretende el accionante, obtener el reconocimiento de derechos litigiosos que deben ser discutidos ante autoridades judiciales diferentes, ni puede el juez constitucional determinar el contenido de las decisiones a adoptar por parte de entidades públicas, ni le está permitido imponer su criterio cuando interpreta las normas que las rigen, sean ellas de rango legal o reglamentario interno como el presente caso". Los anteriores razonamientos están en consonancia con lo expuesto en la sentencia No. T-098 de marzo 7 de 1994 de esta Corporación, a la que hace referencia el actor al expresar que: "La conducta de la autoridad pública o del particular solo debe ser objeto de juicio constitucional si ella vulnera o amenaza directamente un derecho fundamental. La lesión indirecta de un derecho fundamental como consecuencia de la violación de la ley que lo regula o desarrolla, no es fundamento suficiente para tutelar el derecho, salvo de manera temporal para evitar un perjuicio irremediable. La acción de tutela, por lo tanto, no es procedente por este evento por tratarse de una cuestión de derecho ordinario cuyo control corresponde a otros jueces y tribunales. La mediatez o inmediatez de la vulneración o amenaza de un derecho constitucional solo puede apreciarse en las circunstancias concretas del caso. De la índole de la lesión de los derechos depende, a su vez, la actitud de los mecanismos de defensa judicial existentes para protegerlos (D. 2591 de 1991, artículo 6-1). El juez constitucional deberá, en consecuencia, ponderar los intereses en juego y apreciar si la aducida violación es producto de una lesión directa de los derechos fundamentales -la acción sería, por regla general, procedente-, o de la violación de la ley por una interpretación errónea o por una interpretación indebida que, en caso de demostrarse judicialmente, conllevaría solo a una infracción indirecta de la Constitución -hipótesis en la que la acción debe en principio rechazarse por improcedente-." Por consiguiente, a juicio de esta Corporación, el peticionario tiene un medio alternativo de defensa judicial como es la acción ordinaria ante la justicia laboral, según el mandato contenido en el artículo 2o. del C.P.L. Respecto a la protección transitoria pretendida para los efectos pertinentes, se reitera que el perjuicio irremediable debe estar debidamente acreditado en el expediente, de manera que este no surge de la afirmación del actor a fin de establecer la carencia de medios para la cóngrua subsistencia, ya que en estos casos la carga de la prueba incumbe al actor y no a la accionada como ocurre con otros procesos diferentes al de la acción de tutela, de manera que como tal perjuicio no se encuentra debidamente acreditado en el expediente, a juicio de la Corporación no es procedente decretar el mecanismo transitorio frente a un derecho litigioso de competencia, como se ha dicho, de la justicia ordinaria laboral. De otro lado, como lo advierte la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia que se revisa, la obligación de brindar los servicios relativos a la seguridad social y la salud, recae en el Estado de conformidad con los artículos 48 y 49 de la Carta, por lo cual dicha asistencia debe ser impetrada a través de las entidades correspondientes, dada la naturaleza del banco como sociedad de economía mixta sometida al régimen del derecho privado. Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte Constitucional, Sala de Revisión confirmará la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, por medio de la cual confirmó la providencia de fecha 16 de mayo de 1995 que negó por improcedente la tutela instaurada por el señor Jorge Octavio Díaz Velásquez. IV.  DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución RESUELVE: PRIMERO. CONFIRMAR por las razones expuestas el fallo proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el cuatro (4) de julio de 1995, que confirmó la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá del dieciséis (16) de mayo de 1995 por medio de la cual se negó la tutela impetrada por el señor Jorge Octavio Díaz Velásquez. SEGUNDO. LIBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-487-95 Sentencia No Sentencia No. T-487/95 DERECHO DE PETICION-Pronta resolución Hasta el momento no se ha dado respuesta efectiva a pesar de haber transcurrido un tiempo más que razonable para que la entidad se hubiese pronunciado, violando así el derecho de petición. SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO No comparte la Sala las apreciaciones del juez de instancia, en cuanto a que la ocurrencia del fenómeno del silencio administrativo negativo, al brindar al ciudadano la oportunidad de acudir ante la jurisdicción Contencioso Administrativa a demandar la nulidad del acto ficto, exime a la autoridad de la obligación constitucional de responder las solicitudes que presenten ante ella los particulares, por cuanto ello significaría abrir una brecha para que se vulnere el derecho de petición, sin que las autoridades se sientan obligadas a emitir respuesta, que se entendería dada a pesar de que en la realidad no se hubiera obtenido la actuación de la administración y el acto ficto, supuestamente, cumpliría con ese cometido sin esfuerzo alguno por parte de quien es el directo responsable de satisfacer el derecho fundamental de petición que le asiste a los ciudadanos. Ref.: Expediente T-78696 Peticionaria: María Irene Rojas Rodríguez contra Caja Nacional de Prevision Social. Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ Santafé de Bogotá D.C. noviembre primero (1o.) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Honorables Magistrados Jorge Arango Mejía, Vladimiro Naranjo Mesa y Fabio Morón Díaz, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, decide sobre el fallo proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, en el proceso de tutela promovido por María Irene Rojas Rodríguez, en contra de la Caja Nacional de Previsión Social, por presunta vulneración del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución. La Sala de Selección de la Corte seleccionó el expediente para efectos de revisar la correspondiente decisión y de verificar el acatamiento a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. I. ANTECEDENTES A. Hechos Los siguientes son, en resumen, los hechos que sirven de fundamento a la demanda: 1. La actora manifiesta que solicitó y obtuvo de la entidad demandada, el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, pero continuó laborando hasta abril 30 de 1991. 2. Además advierte que el día 22 de julio de 1991, radicó ante la Caja Nacional de Previsión Social, una petición con el número 9139 en la que solicitaba la reliquidación de su pensión. 3. Igualmente, indica que el día 2 de diciembre de 1994, mediante apoderado, reiteró su solicitud para continuar con el trámite y obtener la reliquidación de su pensión. 4. Por último señala que hasta la fecha de presentación de la acción de tutela, la entidad acusada no había dado respuesta a la actora. B. La pretensión de tutela La actora solicita que se ordene a la Caja Nacional de Previsión Social, resolver la petición presentada el 2 de diciembre de 1994, encaminada a obtener la reliquidación de su pensión de jubilación a que tiene derecho. C. La actuación procesal El Juzgado, una vez asumido el conocimiento de la acción de tutela de la referencia, ofició a la Caja Nacional de Previsión Social para que en un término de dos días informara la razón por la cual no se había emitido la respuesta correspondiente y en caso contrario, enviara la copia auténtica de la resolución que decidió sobre lo solicitado. El doctor José Alejandro Beltrán Aristizábal, Coordinador del grupo de Asuntos Judiciales de la Caja Nacional de Previsión Social, por medio del oficio C.A.J. No. 2820 de agosto 8 de 1995, informó que... "una vez se tuvo conocimiento de la presente acción, se procedió a ubicar el expediente siendo encontrado en la División de Reconocimiento para revisión de proyecto de acto administrativo. "No obstante lo anterior y con el fin de atender la presente, esta oficina solicitó el cuaderno administrativo y así proceder a emitir decisión definitiva en el menor tiempo posible." D. La sentencia de instancia En sentencia del 9 de agosto de 1995, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, DENEGO la tutela solicitada con fundamento en las siguientes consideraciones: En concepto del fallador de instancia, en este caso, la protección del derecho fundamental de petición no es procedente por cuanto la actora cuenta con otro medio de defensa judicial cual es el contemplado en el artículo 40 del Código Contencioso Administrativo, que prevé la ocurrencia del fenómeno del silencio administrativo negativo; cuando transcurridos tres meses a partir de la presentación de la petición sin obtener respuesta, se entiende que ésta ha sido negada; pudiendo el interesado acudir a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a solicitar la nulidad del acto administrativo ficto. Estima el juez, en este caso, la tutela no puede ser concedida por expreso mandato del artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, en razón a la existencia de otros medios de defensa judicial que debe utilizar la peticionaria para no violentar el derecho al debido proceso y el ordenamiento jurídico. Como el fallo no fue impugnado, se remitió a la Corte, para su eventual revisión. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Primera. La competencia. La Corte Constitucional es competente para decidir este asunto, en virtud de lo dispuesto por los artículos 86 inciso 3° y 241 numeral 9° de la Constitución Nacional, en concordancia con las normas pertinentes del Decreto 2591 de 1991. Segunda. El derecho de petición y el término en que deben resolverse las solicitudes. En cuanto al término que tienen las autoridades para resolver las peticiones presentadas ante ellas, la Corte Constitucional a través de la jurisprudencia ha sostenido lo siguiente: "En relación con el término que tiene la administración para dar respuesta  a las peticiones, la Constitución defirió en el legislador la facultad de fijarlo. Por tanto, es el legislador el encargado de señalar la forma como ha de ejercitarse este derecho y, por supuesto, señalar el término que  tienen la administración y, eventualmente,  las organizaciones privadas para dar repuesta a las solicitudes  elevadas antes ellos, con el fin de  garantizar el  núcleo esencial de este derecho, cual es,  la pronta resolución. Si bien es cierto que después de la promulgación de la nueva Constitución, no se ha dictado normatividad alguna que desarrolle y regule aspectos esenciales del derecho de petición, sí existe una regulación que fue expedida con anterioridad a su vigencia y que aún rige la materia, pues la expedición de la nueva Carta, no derogó la legislación existente. Así lo determinaron la Corte Suprema de Justicia en su momento y, esta Corporación en reiterados fallos de constitucionalidad. En este momento, para establecer cuál es el término que tiene la administración  para resolver las peticiones que ante ella se presenten, debe acudirse a los preceptos del Código Contencioso Administrativo, al igual que a la ley 57 de 1984, en lo pertinente. El artículo 6o. del mencionado código, establece que las peticiones  de carácter general o particular, se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Así mismo,  prevé que en ese mismo término, la administración debe informar al solicitante, cuando sea del caso,  su imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, explicando los motivos y señalando el término en el cual  se producirá la contestación.  Norma que por lo general no se cumple en ninguna entidad, hecho se traduce en un desconocimiento del derecho de petición. Si bien la citada norma, no señala  cuál es el término  que  tiene la administración para contestar o resolver el asunto planteado, después de que ha hecho saber al interesado que no podrá hacerlo en el término legal, es obvio  que dicho término debe ajustarse a los parámetros de la razonabilidad,  razonabilidad que debe consultar no sólo la importancia que el asunto pueda revestir  para el solicitante, sino los distintos trámites que debe agotar la administración para resolver adecuadamente la cuestión planteada. Por tanto, ante la ausencia de una norma que señale dicho término, el juez de tutela, en cada caso, tendrá que determinar si el plazo que la administración fijó y empleó para contestar la solicitud, fue razonable, y si se satisfizó el núcleo esencial del derecho de petición: la pronta resolución. Algunos autores han considerado que el término que tiene la administración para contestar una solicitud, cuando no lo ha podido hacer en el lapso de los quince (15) días señalados en el artículo 6o. del C.C.A, es el término para la configuración del silencio administrativo negativo, es decir,  tres (3) meses, pues, transcurrido dicho lapso, se entiende denegada la solicitud, según lo establece el artículo 40 del Código Contencioso.  En opinión de la Sala,  éste podría ser un criterio que podría tenerse en cuenta, sin embargo, deben analizarse otros factores, como por ejemplo,  la complejidad de la solicitud, pues no debe olvidarse que la figura del silencio administrativo negativo, es sólo un mecanismo que el legislador ha puesto al alcance del solicitante, para que sea el juez contencioso quien  resuelva de fondo la solicitud que, por el silencio de la administración, se presume denegada. Además, la configuración del silencio administrativo, no exime a la administración de su obligación de resolver la petición."[1] En cuanto a la oportunidad para resolver las peticiones presentadas ante las autoridades públicas, la Corte ha expresado: “De su texto se deducen los límites y alcances del derecho: una vez formulada la petición, de manera respetuosa, cualquiera que sea el motivo de la misma, bien sea particular o general, el ciudadano adquiere el derecho a obtener pronta resolución. Puede afirmarse que el derecho fundamental sería inocuo si sólo se formulara en términos de poder presentar la respectiva petición. Lo que hace efectivo el derecho es que la petición elevada sea resuelta rápidamente. De nada serviría el derecho de petición, si la misma Constitución no consagrara el correlativo deber de las autoridades de proferir pronta resolución. Desde luego, no puede tomarse como parte del derecho de petición una prerrogativa que lleve forzosamente a que la administración defina de manera favorable las pretensiones del solicitante. Por tanto, es una obligación inexcusable de la administración resolver prontamente las peticiones presentadas por los ciudadanos, lo cual no significa una respuesta favorable perentoriamente. Pero en cambio, puede afirmarse que su pronta resolución hace verdaderamente efectivo el derecho de petición”.[2] En lo atinente a la idoneidad del otro medio de defensa judicial la jurisprudencia de la Corte ha sostenido: "Considera esta Corporación que, cuando el inciso 3o. del artículo 86 de la Carta Política se refiere a que "el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial ..." como presupuesto indispensable para entablar la acción de tutela, debe entenderse que ese medio tiene que ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del derecho. Dicho de otra manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese derecho. De no ser así, mal puede hablarse de medio de defensa y, en consecuencia, aún lográndose por otras vías judiciales efectos de carácter puramente formal, sin concreción objetiva, cabe la acción de tutela para alcanzar que el derecho deje de ser simplemente una utopía".[3] Tercera. Análisis del caso concreto. En concepto de la Sala, si bien la entidad contra la que se formuló la demanda manifestó al despacho judicial de instancia el hallazgo del expediente correspondiente al trámite interno de la solicitud de reliquidación de pensión, presentada por la actora, y la disposición para resolver la petición en el menor tiempo posible, hasta el momento no se ha dado respuesta efectiva; a pesar de haber transcurrido un tiempo más que razonable para que la entidad se hubiese pronunciado, violando así el derecho de petición de la señora Rojas Rodríguez. No comparte la Sala las apreciaciones del juez de instancia, en cuanto a que la ocurrencia del fenómeno del silencio administrativo negativo, al brindar al ciudadano la oportunidad de acudir ante la jurisdicción Contencioso Administrativa a demandar la nulidad del acto ficto, exime a la autoridad de la obligación constitucional de responder las solicitudes que presenten ante ella los particulares, por cuanto ello significaría abrir una brecha para que se vulnere el derecho de petición, sin que las autoridades se sientan obligadas a emitir respuesta, que se entendería dada a pesar de que en la realidad no se hubiera obtenido la actuación de la administración y el acto ficto, supuestamente, cumpliría con ese cometido sin esfuerzo alguno por parte de quien es el directo responsable de satisfacer el derecho fundamental de petición que le asiste a los ciudadanos. Por las razones expuestas, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional revocará el fallo proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá en el presente caso. DECISION En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE PRIMERO: REVOCASE la sentencia del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, de fecha nueve (9) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995), por las razones aquí expuestas. SEGUNDO: Conceder la tutela del derecho de petición contenido en el artículo 23 de la Constitución Nacional, solicitada por la señora María Irene Rojas Rodríguez, y ordenar a la Caja Nacional de Previsión Social que en el perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación del presente fallo, responda a la solicitud presentada por la actora el día 2 de diciembre de 1994. TERCERO. Por Secretaría General, REMITASE el expediente de tutela y este fallo, al Juez Sexto Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, para los efectos consagrados en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Comuníquese, notifíquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1] Cfr. Sentencia T-076 de 1995 M.P. Dr. Jorge Arango Mejía [2] Cfr. Sentencia T-103 de 1995 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero [3] Cfr. Sentencia T-022 de 1995 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo

T-492-95 Sentencia No Sentencia No. T-492/95 PRINCIPIO DE AUTONOMIA FUNCIONAL DEL JUEZ Mediante el postulado de la autonomía se busca evitar que las decisiones judiciales sean el resultado de órdenes o presiones sobre el funcionario que las adopta, quien, en el ejercicio de su función, está sujeto únicamente a la Constitución y a la ley. En el ámbito reservado a su función, dentro de las normas y criterios legales, el juez competente dispone de la facultad inalienable de resolver sobre el asunto sometido a su análisis, sea propiamente en el curso de una controversia litigiosa o en el campo de la definición o constación del Derecho por la vía de la jurisdicción voluntaria, sin que en principio deba actuar por el impulso, la decisión o la dirección de otro juez. VIA DE HECHO La vía judicial de hecho no es una regla general sino una excepción, una anormalidad, un comportamiento que, por constituir burdo desconocimiento de las normas legales, vulnera la Constitución y quebranta los derechos de quienes acceden a la administración de justicia. Es una circunstancia extraordinaria que exige, por razón de la prevalencia del Derecho sustancial, la posibilidad, también extraordinaria, de corregir, en el plano preferente de la jurisdicción constitucional, el yerro que ha comprometido o mancillado los postulados superiores de la Constitución por un abuso de la investidura. Naturalmente, ese carácter excepcional de la vía de hecho implica el reconocimiento de que, para llegar a ella, es indispensable la configuración de una ruptura patente y grave de las normas que han debido ser aplicadas en el caso concreto. INTERDICCION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS-Interno El Juzgado resolvió negar el levantamiento de la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, por cuanto no había transcurrido el término que de la misma se le impuso en la sentencia condenatoria. La decisión fue motivada y, al adoptarla, el juez competente invocó disposiciones como la de que "las penas de interdicción de derechos y funciones públicas, suspensión de la patria potestad y prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio, se aplicarán de hecho mientras dure la pena privativa de la libertad concurrente con ellas". La misma norma indica que, cumplida la pena privativa de la libertad "empezará a correr el término señalado para aquéllas (las penas accesorias) en la sentencia, salvo la condena de ejecución condicional. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-74499 Acción de tutela instaurada por Jesús Antonio Mariño Pinzón contra Juzgado Segundo Penal Del Circuito De Santa Rosa De Viterbo Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., mediante acta del siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisan los fallos proferidos por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo y por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. I. INFORMACION PRELIMINAR JESUS ANTONIO MARIÑO PINZON fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Viterbo a la pena principal de 48 meses de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas durante el mismo tiempo de la pena principal, por los delitos de homicidio y lesiones personales en un accidente de tránsito. En cumplimiento de la Sentencia, el Ministerio de Defensa Nacional ordenó separar al accionante del cargo de oficial de la Policía Nacional. Cumplida la pena privativa de la libertad, el 12 de enero de 1995 el Juzgado decretó la libertad definitiva de Mariño Pinzón, pero negó el levantamiento de la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, a la que también había sido condenado, pues consideró que ella no era concurrente en el tiempo con la de prisión. Interpuesto el recurso de apelación, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo confirmó la decisión impugnada y dijo al respecto que la pena accesoria se debe contar a partir de la fecha en que el condenado terminó de cumplir la pena principal. Para el peticionario, con tales determinaciones judiciales le fueron violados sus derechos a la libertad, a elegir y ser elegido y a desarrollar una actividad laboral acorde con su preparación. II. DECISIONES JUDICIALES La acción de tutela fue instaurada inicialmente ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, pero fue rechazada por improcedente toda vez que dicha Corporación estimó que ha debido ser presentada ante juez o tribunal de inferior jerarquía para dar paso a las posibilidades de impugnación. Incoada de nuevo ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, sobre ella se resolvió mediante providencia del 11 de mayo de 1995, en la cual se resolvió negar la protección pedida, pues, a juicio del Tribunal, las providencias judiciales atacadas no constituyeron una vía de hecho susceptible de generar amenaza o violación a los derechos fundamentales del actor. Los fallos, dijo la Sala, no fueron expedidos con defectos absolutos, ni se puede afirmar que para adoptarlos se procedió mediante indebida apreciación de los hechos, ni fueron erróneamente aplicadas las normas penales. La decisión de primera instancia fue impugnada por el accionante, quien sostuvo que no había sido analizado el aspecto básico de su petición. Alegó no haber obtenido respuesta en cuanto a la posibilidad de ser reintegrado a la sociedad en igualdad de condiciones, toda vez que al concederle la libertad definitiva, en su parecer, se entendió cumplido el tratamiento resocializador y no se justificaba purgar ahora la pena suspensiva de sus derechos políticos. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo del 20 de junio del presente año, resolvió confirmar la providencia impugnada. El motivo de la determinación fue la improcedencia de la tutela, por cuanto la controversia que originó la demanda fue objeto de un proceso tramitado en debida forma. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos en mención, según lo disponen los artículos 86 y 241-9 de la Carta Política. Carácter excepcionalísimo de la tutela contra providencias judiciales. Reiteración doctrinal sobre la autonomía funcional de los jueces Las sentencias objeto de revisión habrán de ser confirmadas. Será muy breve la motivación en que se funda la Sala para hacerlo, pues ello corresponde a su reiterada jurisprudencia. Bien se sabe que los preceptos legales en cuya virtud se podía intentar la acción de tutela de manera indiscriminada contra toda providencia judicial fueron declarados inexequibles por esta Corte mediante Fallo C-543 del 1º de octubre de 1992. Entre los motivos predominantes de esa decisión, que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, se encuentra el de la necesaria preservación de la autonomía funcional de los jueces, según el claro mandato del artículo 228 Superior. Como en aquélla oportunidad lo expresó la Sala Plena, mediante el postulado de la autonomía se busca evitar que las decisiones judiciales sean el resultado de órdenes o presiones sobre el funcionario que las adopta, quien, en el ejercicio de su función, está sujeto únicamente a la Constitución y a la ley (artículos 4, 6 y 230 C.P). En el ámbito reservado a su función, dentro de las normas y criterios legales, el juez competente dispone de la facultad inalienable de resolver sobre el asunto sometido a su análisis, sea propiamente en el curso de una controversia litigiosa o en el campo de la definición o constación del Derecho por la vía de la jurisdicción voluntaria, sin que en principio deba actuar por el impulso, la decisión o la dirección de otro juez. Por lo tanto, a menos que la actuación del fallador se aparte de manera ostensible e indudable de la ley, en abierta imposición de su personal interés o voluntad, es decir que resuelva el conflicto planteado por fuera del orden jurídico, no tiene justificación una tutela enderezada a constreñir la libertad de que dispone el juez, investido de la autoridad del Estado, dentro de las reglas de la jurisdicción y la competencia, para proferir los actos mediante los cuales administra justicia. La valoración del caso en sus elementos fácticos y jurídicos, a la luz de la normatividad aplicable, está reservada al juez competente, quien goza del poder que le otorga la ley para interpretarla y aplicarla, sin que necesariamente deba coincidir con la apreciación de otros jueces, pues repugna a la autonomía funcional que el criterio del juzgador, mientras no se evidencie una flagrante transgresión del ordenamiento, pueda ser revocado sin sujeción a los procedimientos, recursos e instancias que él mismo contempla. Entonces, la vía judicial de hecho -que ha sido materia de abundante jurisprudencia- no es una regla general sino una excepción, una anormalidad, un comportamiento que, por constituir burdo desconocimiento de las normas legales, vulnera la Constitución y quebranta los derechos de quienes acceden a la administración de justicia. Es una circunstancia extraordinaria que exige, por razón de la prevalencia del Derecho sustancial (artículo 228 C.P.), la posibilidad, también extraordinaria, de corregir, en el plano preferente de la jurisdicción constitucional, el yerro que ha comprometido o mancillado los postulados superiores de la Constitución por un abuso de la investidura. Naturalmente, ese carácter excepcional de la vía de hecho implica el reconocimiento de que, para llegar a ella, es indispensable la configuración de una ruptura patente y grave de las normas que han debido ser aplicadas en el caso concreto. Al respecto, debe recordarse lo afirmado por esta misma Sala: "La vía de hecho consiste en una transgresión protuberante y grave de la normatividad que regía el proceso dentro del cual se profirió la providencia objeto de acción, a tal punto que, por el desconocimiento flagrante del debido proceso o de otras garantías constitucionales, hayan sido vulnerados materialmente -por la providencia misma- los derechos fundamentales del accionante. Esto significa que la vía de hecho es en realidad el ejercicio arbitrario de la función judicial, en términos tales que el fallador haya resuelto, no según la ley -que, por tanto, ha sido francamente violada- sino de acuerdo con sus personales designios. No cualquier error cometido por el juez en el curso del proceso tiene el carácter de vía de hecho, pues entenderlo así implicaría retroceder al ritualismo que sacrifica a la forma los valores de fondo que deben realizarse en todo trámite judicial y, por otra parte, quedaría desvirtuada por una decisión de tutela la inexequibilidad declarada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, que, se repite, ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional. Si, con arreglo al artículo 243 de la Constitución, en tal evento "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", tampoco los jueces, ni la propia Corte Constitucional en sus fallos de revisión, pueden revivir el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, con las salvedades que se hicieron explícitas en la Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992. Así las cosas, para que pueda llegarse a entender que, de manera excepcional, procede la acción de tutela contra providencias judiciales -y con mayor razón contra sentencias que han alcanzado el valor de la cosa juzgada-, es indispensable que se configure y acredite una situación verdaderamente extraordinaria, que implique no solamente el incumplimiento de una norma jurídica que el juez estaba obligado a aplicar sino una equivocación de dimensiones tan graves que haya sido sustituído el ordenamiento jurídico por la voluntad del fallador" (Cfr. Corte Constitucional.. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-118 del 16 de marzo de 1995) En ese orden de ideas, la providencia judicial escapa al ámbito de competencia del juez de tutela mientras no se establezca con certidumbre, surgida de la evidencia incontrastable, que se ha incurrido en una vía de hecho. Es lo que acontece en el caso materia de examen, en el cual aparece acreditado que por sentencia judicial, luego confirmada por el superior, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santa Rosa de Viterbo (antes Juzgado Segundo Superior) condenó al accionante a la pena principal de 48 meses de prisión, como autor responsable de los delitos de homicidio culposo y lesiones personales,y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal, de conformidad con el artículo 52 del Código Penal. Posteriormente, el mismo despacho le concedió la libertad condicional caucionada, al tenor de lo previsto en el artículo 72 del Código Penal, y declaró en subsiguiente providencia que tal libertad condicional habría de tenerse en el futuro como definitiva. En el último proveído, el Juzgado resolvió negar a Mariño Pinzón el levantamiento de la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, por cuanto no había transcurrido el término que de la misma se le impuso en la sentencia condenatoria. La decisión fue motivada y, al adoptarla, el juez competente invocó disposiciones como la del artículo 55 del Código Penal, según el cual "las penas de interdicción de derechos y funciones públicas, suspensión de la patria potestad y prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio, se aplicarán de hecho mientras dure la pena privativa de la libertad concurrente con ellas". La misma norma indica que, cumplida la pena privativa de la libertad "empezará a correr el término señalado para aquéllas (las penas accesorias) en la sentencia, salvo lo dispuesto en el artículo 68". El precepto últimamente mencionado alude a la condena de ejecución condicional. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido, en relación con el cumplimiento de la interdicción de derechos y funciones públicas: "El momento en que se entiende cumplida la pena principal, en el evento que se analiza (cuando media el otorgamiento de la libertad condicional y se ha impuesto como pena accesoria interdicción de derechos y funciones públicas), será, por tanto, aquél en que, sin que el beneficiario haya vilado las obligaciones contraídas ni hubiese delinquido nuevamente, termine el período de prueba señalado. En caso de que por disposición del juez hubiese sido superior al monto de pena que faltaba por pagar (...) ese excedente no se tendrá en cuenta para contar el punto de partida de la sanción accesoria. A partir de entonces comienza a correr el término para la satisfacción de la pena accesoria de interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas que hubiere sido decretada" (Cfr. C.S.J. Sala de Casación Penal. Providencia del 3 de diciembre de 1981) En decisión del 14 de diciembre de 1992 reiteró la Corte Suprema: "Ahora, si en la Sentencia no se otorgó el subrogado, el término de la pena accesoria se empezará a contar desde el día siguiente a aquél en que se dió como cumplida la pena privativa de la libertad..." Por tanto, el juez contra quien se instauró la acción de tutela no hizo nada distinto de aplicar la normatividad vigente, apoyándose además en la jurisprudencia penal, de donde resulta a todas luces que no se le puede endilgar una vía de hecho y, por ende, que no era procedente el amparo solicitado. DECISION Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.-  CONFIRMAR los fallos proferidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo -Sala Civil- el 11 de mayo de 1995 y por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil- el 20 de junio de 1995. Segundo.- Dése cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-494-95 Sentencia No Sentencia No. T-494/95 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES/VIA DE HECHO Si bien la tutela es una acción improcedente contra sentencias judiciales, es procedente y viable contra decisiones arbitrarias adoptadas por un juez, no obstante que éstas se produzcan durante el desarrollo de un proceso judicial, por cuanto para adoptarlas dicho juez "se aleja por entero del imperio de la ley", despojándolas del carácter de decisiones judiciales; se trata entonces de reivindicar la procedencia de esta modalidad de amparo contra vías de hecho judiciales, no contra sentencias judiciales, ajenas por completo al contexto en el que se producen las decisiones en derecho, para lo cual es necesario que el juez de tutela asuma el análisis formal y material del proceso que da origen a la decisión impugnada como vía de hecho, sin que ello pueda interpretarse como una intromisión ilegítima, que desconozca la autonomía funcional del juez, pues, el hecho atacado se presume extraño a la dinámica del proceso judicial y distanciado completamente de los límites dentro de los cuales se enmarcaría como una decisión judicial. PROCESO EJECUTIVO-Pronunciamiento en derecho/SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Efectos No hay contradicción alguna en el pronunciamiento del juez de segunda instancia en el proceso ejecutivo, que implique "un pronunciamiento arbitrario o irregular", o "una valoración probatoria irrazonable”, ni su actuación vulnera o pone en peligro ninguno de sus derechos fundamentales, al contrario, la valoración que hace de los hechos y de las pruebas que se someten a su consideración se ajusta a derecho, y se fundamenta en la normatividad vigente, incluida la decisión de esta Corporación, que el actor equivocadamente cree que fue por él desconocida; quien falló con base en disposiciones que habían quedado por fuera del ordenamiento superior, seguramente por no tener acceso oportuno a los pronunciamientos de esta Corporación, fue el Juez de primera instancia, que si bien se introduce en un análisis juicioso y exhaustivo del acervo probatorio, lo hace siempre bajo el supuesto errado de la vigencia de la ley. Ref.: Expediente No. T-75551 Actor: Jorge Humberto Uribe Escobar Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ Santafé de Bogotá D.C., noviembre  ocho (8) de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala de Revisión de Tutelas, integrada por los H. Magistrados Jorge Arango Mejía, Vladimiro Naranjo Mesa y Fabio Morón Díaz, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre el proceso de acción de tutela presentado, a través de apoderado, por Jorge Humberto Uribe Escobar, contra la decisión proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia, contenida en sentencia del 9 de marzo de 1995, en la cual resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Banco Cafetero de la ciudad de Andes, Antioquia, contra la decisión de primera instancia proferida el 29 de septiembre de 1994,  por el Juzgado Civil del Circuito de dicha ciudad, en el proceso ejecutivo singular de mayor cuantía que promovió dicho Banco contra el actor de la tutela. I. ANTECEDENTES 1. LA PRETENSION Y LOS HECHOS El señor Jorge Humberto Uribe Escobar, a través de apoderado, y con fundamento en el artículo 86 de la C.P., y en las disposiciones del Decreto 2591 de 1991, interpuso acción de tutela contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia, por considerar que ésta, mediante providencia del 9 de marzo de 1995, proferida para resolver el recurso de apelación interpuesto por el Banco Cafetero de la ciudad de Andes, Antioquia, contra la decisión de primera instancia del Juzgado Civil del Circuito de la misma ciudad, en desarrollo del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía, promovido por dicha entidad financiera en contra suya, viola sus derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, al debido proceso y a la seguridad jurídica. Como hechos que sustentan su petición el demandante expuso los siguientes: 1.1 LOS HECHOS QUE ORIGINARON EL PROCESO EJECUTIVO  SINGULAR DE MAYOR CUANTIA, INTERPUESTO POR EL BANCO CAFETERO DE LA CIUDAD DE ANDES, ANTIOQUIA, CONTRA EL ACTOR DE LA TUTELA. - El actor, en su calidad, inicialmente de caficultor y posteriormente de productor agrícola dedicado a otros cultivos, situación a la que llegó como resultado del proceso de diversificación en el que se introdujo por recomendación de la Federación Nacional de Cafeteros, solicitó y obtuvo del Banco Cafetero de la ciudad de Andes, Antioquia, varios créditos con el objeto de adelantar diversos proyectos, en principio dirigidos a ampliar sus cultivos de café, y luego, acogiendo las sugerencias de los técnicos de la Federación, dirigidos a diversificar y sustituir dicho cultivo, dedicándose entonces a la producción de brevas, frutas, leche, y a la cría de ganado. - El último de esos créditos, fue aprobado el 14 de julio de 1989, y respaldado por el actor con garantía hipotecaria que constituyó a favor del Banco Cafetero de la ciudad de Andes, sobre la finca de su propiedad denominada "el zapote", ubicada en el municipio de Betania del Departamento de Antioquia. - El 17 de abril de 1993, dado el verano intenso que azotó la región, certificado por el Himat a solicitud del Juez de primera instancia, el actor, con base en las disposiciones del artículo 3 de la ley 34 de 1993 y su decreto reglamentario No. 233 del mismo año, solicitó al Banco acreedor la refinanciación de sus deudas, tal como se constata en la fotocopia del formulario diligenciado para el efecto, que aparece en el expediente. - Dicha solicitud fue denegada por el gerente del Banco Cafetero de la ciudad de Andes, a través de comunicación GRJ-784, del 13 de agosto de 1993, cuyo original reposa en el expediente, en la cual se consigna que la misma no era procedente, por cuanto dicho beneficio sólo era aplicable a los productores y cultivadores de café, argumento que en el transcurso del proceso civil sostuvo el apoderado de la entidad crediticia, señalando que quien hubiere sido caficultor y ya no lo fuera, por haberse acogido a los programas de diversificación y sustitución de cultivos, no tenía derecho a los beneficios que para los cafeteros consagraba la ya citada ley 34 de 1993. - Cuatro meses y medio después de dicha respuesta, sin que se hubiere presentado reacción alguna por parte del deudor, esto es a mediados del mes de enero de 1994, el Banco acreedor instauró proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contra el actor, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Civil del Circuito de la ciudad de Andes, departamento de Antioquia. 1.2. LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA EN EL PROCESO EJECUTIVO, PROFERIDA POR EL JUEZ DE CIRCUITO DE LA CIUDAD DE ANDES, ANTIOQUIA. El Juez de Circuito de la ciudad de Andes, Antioquia, al que le correspondió conocer en primera instancia el proceso ejecutivo singular de mayor cuantía, instaurado por el Banco Cafetero de dicha ciudad contra el actor de la tutela, profirió sentencia el 29 de septiembre de 1994, rechazando las pretensiones del demandante y concediendo al demandado el derecho a la refinanciación de sus deudas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la ley 34 de 1993; la decisión del Juez de primera instancia se fundamentó en los siguientes argumentos: - La ley 34 de 1993, "Para la refinanciación de la deuda de los cafeteros, algodoneros, arroceros y demás sector agrario...", establecía en su artículo 3 lo siguiente: "El gobierno nacional, dentro de los treinta días siguientes a la promulgación de esta ley, reglamentará la forma como los establecimientos de crédito oficiales refinanciarán las deudas contraídas con ellos por los productores de café y destinadas al cultivo, diversificación, obras de infraestructura y mejoramiento de vivienda de los caficultores, sin perjuicio de ejercer posteriormente esta facultad." (...) - Con base en esa disposición, el 17 de abril de 1993, el demandado solicitó al Banco Cafetero de la ciudad de Andes, Antioquia, la refinanciación de las deudas que con dicho establecimiento había contraído, para la construcción de obras de infraestructura, sistemas de riego para frutales, y para la sustitución, por recomendación de la Federación Nacional de Cafeteros, de los cultivos de dicho grano, por siembras de breva, frutas, producción de leche y cría de ganado. - Dicha solicitud fue denegada por el Banco acreedor el 13 de agosto de 1993, por considerar que el demandado, al haber desarrollado un proceso de diversificación de cultivos que concluyó con la sustitución total de los cultivos de café por otros, había perdido su condición de productor del grano, y que por lo tanto incumplía con uno de los requisitos esenciales que dicha norma establecía para ser beneficiario de la misma. - Tal argumento fue desestimado por el Juez de primera instancia, por considerar, primero que la calidad de caficultor del demandado en el proceso ejecutivo estaba probada plenamente, circunstancia que, señala el a-quo, desconoció el demandante, "...a pesar de que en los distintos pagarés que sirven de base de ejecución, consta que todos los dineros fueron destinados a la diversificación en zona cafetera, caso específico el brevo, y otros para infraestructura, como un sistema de riego para frutales, proyecto el cual (sic) fue llevado por la misma Federación Nacional de Cafeteros, a través del programa de desarrollo y diversificación en zonas cafeteras y asesorado por sus técnicos y agrónomos"; y segundo, dado que la misma norma establecía como beneficiarios del derecho a la refinanciación, a aquellos productores que solicitaron crédito para la diversificación de los cultivos de café y la sustitución de los mismos. - En criterio del Juez de primera instancia, el demandado en el proceso ejecutivo cumplía con esa y las demás condiciones que señalaba el artículo 3 de la ley 34 de 1993, entre ellas la consignada en el numeral cuarto de la citada norma, por cuanto las deudas que solicitó que se le refinanciaran habían sido contraídas antes del 15 de septiembre de 1992, y no estaban vencidas con anterioridad al 1 de enero de 1991, por lo que, concluyó, el Banco acreedor estaba en la obligación de acceder a la solicitud de refinanciación. - Con base en los argumentos expuestos, el Juez Civil del Circuito de la ciudad de Andes, Antioquia, denegó las pretensiones del Banco Cafetero de esa ciudad, demandante en el proceso ejecutivo singular de mayor cuantía que adelantó contra el actor, y le reconoció a éste el derecho a la refinanciación de sus deudas con dicha entidad crediticia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 34 de 1993. - El a-quo no hace mención de la sentencia de la Corte Constitucional, C-021 de 27 de enero de 1994, mediante la cual se declaró inexequible el artículo 3 de la ley 34 de 1993, norma en la que fundamentó su decisión, ni de los efectos de la misma. 1.3 LA DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA EN EL PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTIA, PROFERIDA POR LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA, DECISION OBJETO DE LA ACCION DE TUTELA INTERPUESTA POR EL ACTOR. - El fallo del Juez Civil de Circuito de la ciudad de Andes, Antioquia, fue apelado por el apoderado del banco demandante, y pasó en segunda instancia a conocimiento de la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia, Corporación que revocó la decisión del Juez de primera instancia, negando el derecho del actor a la refinanciación de sus deudas y ordenando "...la venta en pública subasta del bien perseguido y su avalúo, para que con el producto de ella se paguen al demandante los créditos no cancelados..." - Al no proceder contra dicha sentencia recurso alguno, el actor interpuso la acción de tutela, por considerar que dicha providencia contiene una manifiesta contradicción, que constituye una vía de hecho, pues, según él, el argumento que sirvió al Juez de segunda instancia, la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia, para revocar la decisión del a-quo, "se afirma y niega al mismo tiempo", incurriendo en  "...una contradicción lógica interna en cuanto a los "supuestos en se apoya la decisión", y negando de "...forma contraevidente la realidad probatoria." - Sustenta su afirmación el actor, en el hecho de que la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia, al resolver el recurso de apelación, señaló la improcedencia de la excepción propuesta por el demandado, argumentando que el artículo 3 de la ley 34 de 1993, en el que el Juez de primera instancia fundamentó su decisión, había sido declarado inexequible por la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-021 de 27 de enero de 1994, desconociendo que dicho fallo previó, que la decisión adoptada por esta Corporación no afectaría "...las refinanciaciones perfeccionadas y ni siquiera las solicitudes de refinanciación presentadas antes de la ejecutoria de la sentencia...", y afirmando, según él equivocadamente, que "...al momento de la declaratoria de inexequibilidad -27 de enero de 1994- no existía refinanciación perfeccionada, ni solicitud de refinanciación con respecto a deudas de Jorge Humberto Uribe Escobar." (Folio 10 de la sentencia). - No obstante, agrega el apoderado del actor, en el folio siguiente del texto de la sentencia, (11), la misma Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia afirma lo contrario, aceptando, en su opinión, que si existía solicitud en trámite, pues consignó: "Pero hay algo más: estando vigente el artículo 3 de la ley citada y con fundamento en sus previsiones, el ejecutado dirigió a la entidad demandante una solicitud de refinanciación de sus créditos, el 17 de abril de 1993...", incurriendo con ello en grave contradicción; se abstiene el apoderado del actor de completar la cita, la cual continua de la siguiente manera: "...A la misma dió respuesta el Banco, el 22 del mismo mes y año, negándola, al considerar que aquella sólo era para productores cafeteros, actividad no realizada por el peticionario. A pesar de lo anterior, se le ofreció reestructuración de las deudas exigibles mediante el plan de normalización de cartera vencida que el Banco desarrollaba internamente, para aquel entonces." - "...tan escandalosa actuación de un Tribunal Superior de la República", señala el actor, constituye una vía de hecho, que viola los principios fundamentales de seguridad jurídica, igualdad ante la ley y debido proceso consagrados en Constitución, contra la cual no existe mecanismo de defensa diferente a la tutela. - Anota el demandante, que nadie puede ser juzgado con base en una ley posterior a los hechos objeto de análisis, lo que, dice, sucedió claramente en su caso, pues no solo la declaratoria de inexequibilidad de la norma que fundamentó su solicitud de refinanciación, presentada por él el 17 de abril de 1993, fue posterior, pues se produjo el 27 de enero de 1994, sino que la Corte Constitucional, de manera clara e inequívoca, señaló que los efectos de su sentencia eran hacia futuro, y que la decisión no afectaría "...las refinanciaciones perfeccionadas, y ni siquiera las solicitudes de refinanciación presentadas antes de la ejecutoria de la presente sentencia, las cuales deben tramitarse con arreglo a las normas hasta entonces vigentes, a efecto de garantizar los principios de igualdad y de seguridad jurídica." - Por lo expuesto, el actor solicitó al juez de tutela la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad jurídica, vulnerados según él, por la configuración de una vía de hecho en la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia, en el proceso ejecutivo singular de mayor cuantía, interpuesto por el Banco Cafetero de la ciudad de Andes, Antioquia, contra él. 2. FALLOS DE TUTELA QUE SE REVISAN 2.1. LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA EN EL PROCESO DE TUTELA INSTAURADO POR EL ACTOR, PROFERIDA POR LA SECCION PRIMERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA. De la referida acción de tutela conoció en primera instancia la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia, organismo que consideró improcedente el amparo demandado  por el actor, decisión que soportó en los siguientes argumentos: - De acuerdo con el fallo contenido en la sentencia de la Corte Constitucional C-543 de 1991, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que se referían a la caducidad de la acción de tutela que procedía contra "las sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso", a los efectos de esa caducidad y a las reglas de competencia que debían ser observadas en tales eventos, fueron declarados inexequibles, lo que bastaría, en opinión de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el caso propuesto, para rechazar, "por improcedente y sin más comentarios", la acción interpuesta, pues la misma se dirige contra un fallo proferido por el Tribunal Superior de Antioquia el 9 de marzo de 1995. - No obstante, manifiesta el Tribunal Administrativo de Antioquia, analizará la solicitud del actor, dado que "...la Corte Constitucional ha venido sosteniendo que la tutela sí es viable cuando se configura lo que en la doctrina se llama una vía de hecho, esto es, en aquellos casos en que durante el trámite de un proceso o con motivo de la misma sentencia se agreden de modo manifiesto, "o grave e inminentemente", en el lenguaje de la alta Corporación, los derechos fundamentales de una persona." - Anota la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia, que para que la actuación de un juez pueda configurar una vía de hecho, ésta tiene que ser de tal gravedad e ilicitud que estructuralmente pueda ser calificada de tal; ella se presenta, añade, cuando el juez actúa con absoluta falta de competencia o de un modo completamente arbitrario e irregular, produciendo, según lo ha dicho el Consejo de Estado, "...una agresión grosera y brutal al ordenamiento jurídico, hasta el punto de que, como lo anota Jean Rivero, "su actuación no aparece más como el ejercicio irregular de una de sus atribuciones, sino como un puro hecho material, desprovisto de toda justificación jurídica, con lo cual la actividad del juez o funcionario respectivo, pierde legitimidad y sus actos, según el mismo Rivero, se han desnaturalizado". - Sin embargo, señala de manera enfática el Tribunal Administrativo de Antioquia, no basta con que se aluda a la violación de un derecho fundamental, pues toda irregularidad afecta directa o indirectamente dichos derechos, de lo que se trata es de que se compruebe que la actitud del juez, en el caso particular, afecte grave e inminentemente un derecho; se remite entonces al desarrollo que de dichos conceptos hizo esta Corporación, a través de la Sentencia T-327 de 1994, cuyo Magistrado Ponente fue el doctor Vladimiro Naranjo Mesa. - Concluye la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia,  que en el curso del proceso ejecutivo promovido por el Banco Cafetero de la ciudad de Andes contra el actor de la tutela, no se presentaron hechos u omisiones que afectaran de manera "grosera y brutal" ningún derecho de las partes, y que éstas no manifestaron reparo sobre el particular; así mismo, que las proposiciones "que a juicio del actor se contraponen", no constituyen el único fundamento de la decisión, pues además el Tribunal impugnado dejó sentado, que al haber sido declarado inexequible el artículo 3 de la ley 34 de 1993, era improcedente, tal como lo hizo el demandado en el proceso ejecutivo, excepcionar con fundamento en dicha norma. - De otra parte, señala la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia, que el banco acreedor, al negar la solicitud de refinanciación, paralelamente le ofreció al deudor "...la reestructuración de las deudas exigibles, mediante el plan de normalización de cartera vencida que el banco desarrollaba internamente por aquel entonces...", ofrecimiento sobre el cual el actor no se pronunció en ningún sentido durante los siguientes cuatro meses y medio; además, que durante ese lapso, las deudas se vencieron, bien por cumplimiento del término, bien por la aplicación de la cláusula aceleratoria consignada en los respectivos pagarés. - Para el Juez de tutela de primera instancia, resulta inaceptable que estando vencidas las obligaciones, el banco tuviera que esperar indefinidamente a que el deudor se manifestara sobre la negativa a la solicitud de refinanciación de sus deudas, o sobre la "generosa propuesta de reestructurarlas", situación ésta que lo facultaba para "exigir el cobro de sus créditos ante el silencio ya largo del deudor..." - Por último, señala la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia, que dado que al Juez de tutela no le es dado "...introducirse en evaluaciones sobre el acierto o no de los análisis que hace el juez de instancia sobre el material probatorio incorporado al proceso o sobre la legislación vigente...", en su condición de tal se limita a concluir que en el evento analizado "...no se vislumbra siquiera que los magistrados hayan actuado con el desconocimiento absoluto de las normas de índole sustantiva o procedimental, que da lugar a la llamada vía de hecho." 2.2 LA DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA EN EL PROCESO DE TUTELA INSTAURADO POR EL ACTOR, PROFERIDA POR LA SECCION CUARTA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO. El fallo sobre la tutela de la referencia, proferido el 22 de mayo de 1995 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, fue impugnado por el apoderado el actor, quien se dirigió al Consejo de Estado e interpuso el correspondiente recurso de apelación, el cual sustentó en los siguientes argumentos: - En su opinión, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Juez de primera instancia en el proceso de tutela, eludió las acusaciones constitucionales y las razones de hecho presentadas a su consideración, pues no obstante que se declaró impedido para auscultar la actividad valorativa del tribunal impugnado, concluye que éste obró conforme a las normas sustantivas y procesales; ello implica, según él, que el juez de tutela al invocar "presunciones incontrovertibles (sic) de que los jueces nunca podrían desconocer los derechos fundamentales", lo que está haciendo es anticipando que las vías de hecho jamás tendrían ocurrencia. - La tutela impetrada, señala el actor, no pretende sustituir el procedimiento ordinario, ni alterar la independencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia,  pues el objeto y naturaleza de dicha acción es estructuralmente distinto de la función jurisdiccional, de la cual es producto la sentencia impugnada. - La tutela solicitada, manifiesta el actor, "...pretende evidenciar que los Magistrados del H. Tribunal Superior de Antioquia han vulnerado derechos fundamentales al hacer una valoración probatoria arbitraria..."; ella, anota, no se dirige contra el proceso civil, el cual no puede ser impugnado por infracciones constitucionales, y por lo tanto no puede ser objeto de tutela, por eso, continúa diciendo, el reproche que se presenta contra el juez de tutela de primera instancia, se hace "...en sede de constitucionalidad y no en sede de legalidad ordinaria." - Destaca, que el H. Tribunal Administrativo de Antioquia desconoce que los criterios tradicionalmente utilizados para determinar si un acto jurídico, ley o sentencia, es o no constitucional, han sido radicalmente modificados, por lo que en la actualidad a los de validez y eficacia social se les agrega el de "corrección material de las decisiones jurídicas", propio de un Estado Social de Derecho, "...comprometido no solo en el plano económico, sino, sobretodo, en el plano de los derechos fundamentales y de los principios estatales." - En su opinión, el juez de tutela de primera instancia debió revisar, y no lo hizo, si las manifestaciones del Tribunal impugnado se ajustaban o no al ordenamiento superior, pues "...la tutela nació precisamente como mecanismo idóneo para proteger eficazmente los derechos fundamentales de los desafueros de las autoridades, para cuya defensa no existiera otra alternativa procesal", eludiendo con ello sus obligaciones de "contralor constitucional de la actividad estatal", y desconociendo que la tutela se mantiene  como "mecanismo corrector de vías de hecho en tratándose de sentencias judiciales, como la de la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Antioquia". - Insiste, en que la tutela interpuesta no tiene nada que ver con el "thema decidendun" del litigio civil, ventilado bajo los esquemas del derecho privado", sino con la "crasa omisión" que el juzgador hizo de normas probatorias, de normas legales y de los efectos que la Corte Constitucional señaló para uno de sus fallos, en síntesis, dice, con la falta de racionalidad jurídico-constitucional de la sentencia impugnada. - Reclama del Juez de tutela el cumplimiento de su obligación de verificar en el expediente, si la valoración probatoria efectuada por el juez impugnado, es o no irrazonable, y si de ella se derivó la configuración de una vía de hecho, pues, anota, esa es la única manera de asegurar "la corrección material de la sentencia", de lo contrario sería nugatoria la procedencia de la tutela contra sentencias judiciales. - Tratándose de una sentencia que viola derechos fundamentales del actor, dada la aplicación incorrecta de la legislación y el desconocimiento que en ella se hace de los efectos de un fallo de la Corte Constitucional, contra la cual no proceden recursos ordinarios que permitan su impugnación, es pertinente que el juez, en sede de constitucionalidad, confirme si la decisión se ajusta o no a derecho, sin desviar su análisis a hechos que el actor no controvierte, como lo hace, según él, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Juez de tutela de primera instancia, al pretender fundamentar su decisión en el hecho de que durante el proceso ejecutivo no se presentó vulneración o desconocimiento de derecho fundamental alguno. Con base en los anteriores argumentos, expuestos como fundamento del recurso de apelación presentado por el apoderado del actor ante el Consejo de Estado, dicha Corporación se pronunció en el siguiente sentido: - La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado, a través de sentencia de 27 de junio de 1995, decidió confirmar el fallo impugnado por el actor, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, no por los motivos expuestos por dicha Corporación, sino porque el Consejo de Estado ha sostenido y sostiene,  que es improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, posición que respalda en el fallo de esa Corporación, proferido el 10 de marzo de 1995, al cual se remite: "...Se ha dicho que la propia naturaleza residual de la acción de tutela (3 inc. art. 86 C.P.) impide ejercerla en los procesos judiciales puesto que todos ellos están regulados en forma tal que permite recurrir contra las decisiones que en el transcurso del proceso adopta el Juez, todo de conformidad con el procedimiento previamente establecido  en la ley al cual están sujetos tanto las partes como el juez. Todo procedimiento tiene sus propios recursos y medios de corregir los errores incurridos durante ellos. Por ello la acción de tutela no puede ser instrumento para modificar tales procedimientos, ni para revivir términos que dejaron precluirse, ni establecer instancias distintas, ni alegar nulidades inexistentes o fuera de la respectiva oportunidad. "También se ha dicho que la autonomía funcional del Juez reconocida por la Constitución, impide que la decisión adoptada por uno pueda ser interferida por las órdenes de otro Juez no solo ajeno al proceso sino de otra especialidad o jurisdicción, pues cada uno de ellos es autónomo en sus decisiones que son independientes (art. 288). Y por otra parte, el principio de certeza judicial en que sustenta la institución de la cosa juzgada implica la intangibilidad de la sentencia o providencia decisoria sin que haya lugar a distinciones entre sentencias meramente formales o aparentes y verdaderas. "Tampoco ha compartido las tesis basadas en las llamadas "vías de hecho" por parte del Juez porque la sutil y compleja distinción que hace en este aspecto el propio Juez de tutela, sin apoyo en ley alguna que la establezca, según su propio criterio, sin intervención del Juez autor de la providencia, deja en manos del primero la posibilidad de hacer una calificación que le permite interferir la autonomía del otro Juez y lo que es peor, impartirle instrucciones de cómo actuar o fallar, sistema en el cual se transgreden todos los principios mencionados anteriormente..." (Fallo de 10 de marzo de 1995, exp. AC-2501, C.P. Dr. Jaime Abella Zárate). No se detiene el H. Consejo de Estado, en el análisis material de la providencia acusada. 3. COMPETENCIA Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto-Ley 2591 de 1991, la Sala es competente para revisar las sentencias de la referencia. 4. CONSIDERACIONES DE LA CORTE De manera previa al análisis de la actuación judicial que en opinión del actor configura una vía de hecho, susceptible de ser atacada a través de la acción de tutela, la Sala hará las siguientes consideraciones: 4.1. La improcedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Esta Corporación, al pronunciarse sobre la inexequibilidad de los artículos 11,12, 25 y 40 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamentó la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la C.P., señaló la improcedencia de dicho instrumento, cuando él se pretende utilizar contra sentencias judiciales. Dijo la Corte en esa oportunidad: " La Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiaridad y la inmediatez: la primera por cuanto tan sólo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (artículo 86, inciso 3, de la Constitución); la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituída como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a la existente, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales." "En otros términos, la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable entendido éste último como aquél que tan sólo puede resarcirse en su integridad mediante el pago de una indemnización (artículo 6 del Decreto 2591 de 1991)." "Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria." (Corte Constitucional, Sentencia, C-543 de 1992, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo). Es claro entonces, que esta Corporación comparte lo expresado por los jueces de tutela a los cuales les correspondió conocer el proceso de la referencia, en el sentido de que la utilización de dicho instrumento no procede cuando se trata de rebatir las decisiones contenidas en sentencias judiciales, pues ello implicaría resquebrajar principios fundamentales del derecho, tales como el de seguridad jurídica, autonomía funcional del juez y cosa juzgada; de hecho la Corte Constitucional así lo sostuvo al declarar ella misma inexequibles los artículos antes mencionados. No obstante, al señalar, como lo hizo, que la tutela fue concebida "...únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces...", reiterando con ello lo estipulado en el artículo 86 de la Carta,  esta Corporación consideró también la posibilidad, desde todo punto de vista probable, de la comisión de errores por parte de las autoridades públicas, por acción u omisión, extraños por completo a la dinámica misma del proceso judicial, errores de hecho no de derecho, atribuibles a la naturaleza humana del juez, a su condición de ser vulnerable y falible, con los cuales eventualmente se pueden violar o poner en peligro derechos fundamentales de las personas, que no pueden ser impugnados con los recursos diseñados para ser utilizados en el respectivo procedimiento judicial. Ese tipo de errores, que la doctrina ha denominado vías de hecho, no pueden ser tolerados en un Estado Social de Derecho, con el simple argumento de que emanan de la autoridad de un juez, pues con ello se erigiría éste como voluntad omnímoda, no controlada, características nugatorias de la esencia misma de una organización social democrática; con esa posición se vulneraría el fín último de cualquier sistema normativo que soporte un estado de derecho: la justicia; y se negaría un principio fundamental del mismo: que "el Estado de Derecho es el Estado sometido a Derecho", no al arbitrio de los jueces, que su referente es la ley y no la voluntad y menos el capricho de quien está investido de autoridad para interpretarla y aplicarla. 4.2 La procedencia de la acción de tutela cuando se ejerce para impedir que las autoridades públicas, a través de vías de hecho vulneren o amenacen los derechos fundamentales de las personas. Sobre el particular ha dicho esta Corporación: "Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible de control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona. "Carece de fundamento objetivo la actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la ley. La legitimidad de las decisiones estatales depende de su fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el ejercicio de las funciones públicas (C.N art. 121), es condición de existencia de los empleos públicos (C.N art. 122) y su desconocimiento genera la responsabilidad de los servidores públicos (C.N. arts. 6, 90)." (Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 1993, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Siendo el juez una autoridad pública, cuya potestad de administrar justicia emana de la Constitución y la ley, mal podría entenderse que sus actuaciones fueran ajenas a los mandatos y disposiciones de aquellas, y en consecuencia exentas del control que el Estado señala como requisito esencial para mantener el equilibrio en el ejercicio del poder, control que se ejerce con el objeto de corroborar si tales actuaciones, se producen o no, dentro de los límites y condiciones que sus dictados imponen; por eso, si con ellas se vulneran o ponen en peligro derechos fundamentales de las personas, por acciones u omisiones extrañas al proceso judicial, y no sujetas a las reglas y recursos de controversia propios del proceso, es procedente la acción de tutela contra las mismas. En ese sentido se ha pronunciado esta Corporación: "De conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluídos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias." (Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo). 4.3 La procedencia de la tutela contra una vía de hecho judicial Ha quedado establecido entonces, con fundamento en los fallos de esta Corporación, que la tutela es improcedente cuando con ella se pretende controvertir decisiones judiciales, que se originan en procesos que determinan ellos mismos los recursos e instrumentos de que las partes disponen, mientras éstos se surten, para impugnar las decisiones adoptadas por el juzgador; así mismo, que dicha acción es procedente cuando se trata de impedir que autoridades públicas, a través de vías de hecho, vulneren o desconozcan los derechos fundamentales de las personas; de otra parte, es claro también, que el juez, en tanto autoridad pública, no está excluído de la acción de tutela cuando con sus acciones u omisiones vulnera o amenaza derechos fundamentales de las personas; en síntesis, que si bien la tutela es una acción improcedente contra sentencias judiciales, es procedente y viable contra decisiones arbitrarias adoptadas por un juez, no obstante que éstas se produzcan durante el desarrollo de un proceso judicial, por cuanto para adoptarlas dicho juez "...se aleja por entero del imperio de la ley...", despojándolas del carácter de decisiones judiciales; se trata entonces de reivindicar la procedencia de esta modalidad de amparo contra vías de hecho judiciales, no contra sentencias judiciales, ajenas por completo al contexto en el que se producen las decisiones en derecho, para lo cual es necesario que el juez de tutela asuma el análisis formal y material del proceso que da origen a la decisión impugnada como vía de hecho, sin que ello pueda interpretarse como una intromisión ilegítima, que desconozca la autonomía funcional del juez, pues, se reitera, el hecho atacado se presume extraño a la dinámica del proceso judicial y distanciado completamente de los límites dentro de los cuales se enmarcaría como una decisión judicial; sobre el tema ha dicho esta Corporación: "La prevalencia del derecho sustancial (C.N. art. 228), como criterio de interpretación  es inmanente al Estado Social de Derecho. En este sentido, el control meramente formal de la vía de hecho, no refleja esta profunda necesidad de eficacia que el ordenamiento en su conjunto reclama, y con mayor énfasis de sus mecanismos depuradores. El control de la vía de hecho  es un instrumento para enfrentar y someter a la arbitrariedad judicial. Es evidente que la morfología y la naturaleza de la técnica de control, si lo que se pretende es su eficacia -lo que debe darse por descontado- debe ser correlativa y proporcional, por lo menos a las características del fenómeno que se desea contrarrestar. Si la arbitrariedad judicial puede ser formal y material, su control sólo formal, no sólo es recortado sino que en sí mismo anticipa una grave impunidad, generando por contera un oprobioso privilegio consistente en poder violar el ordenamiento jurídico sin consecuencias y reclamando para esa mácula la intangibilidad que sólo se prodiga a la auténtica aplicación e interpretación del derecho. "La insistencia en un control puramente formal de la vía de hecho, parece ignorar las múltiples causas que se encuentran en el origen mismo de la arbitrariedad judicial y cuyo desconocimiento sólo contribuye a perpetuarlas, desacreditando el derecho y perpetuando a la justicia; la notoria falsedad en la apreciación de los hechos; la manifiesta ruptura de la igualdad; la mayúscula desproporcionalidad e irracionalidad en la aplicación del derecho y en la estimación de los hechos determinantes que corresponden al supuesto tenido en cuenta en las normas; la burda desviación de poder del juez que sacrifica irrazonablemente los principios jurídicos constitucionales y legales  que marcan los derroteros y fines del derecho en los distintos campos; la vulneración de los derechos fundamentales de las personas reconocidos en la Constitución; la inequidad manifiesta; la mala fe, etc. (...) "Obsérvese que los defectos calificados como vía de hecho son aquellos que tienen una dimensión superlativa y que, en esa misma medida, agravian el ordenamiento jurídico. Los errores ordinarios, aún graves, de los jueces in iudicando o in procedendo, no franquean las puertas de este tipo de control que, por lo visto, se reserva para los que en grado absoluto y protuberante se apartan de los dictados del derecho y de sus principios y que, por lo tanto, en la forma o en su contenido traslucen un comportamiento arbitrario y puramente voluntarista por parte del juez que los profiere. "La tesis del control formal de la vía de hecho es claramente restrictiva, tal vez porque se teme que de otro modo se podría presentar un desbordamiento en el uso de este instrumento de control, en detrimento de los restantes recursos y de la intangibilidad de los actos judiciales. En verdad el ejercicio de la acción de tutela con este propósito, es eminentemente excepcional -y así se mantendrá por la Corte Constitucional- pues se circunscribe a develar la arbitrariedad judicial que pueda derivarse de defectos judiciales de carácter absoluto. Por este aspecto, parece infundado el temor, salvo que se abuse de esta vía procesal, en modo alguno diseñada para sustituir los medios normales de impugnación contemplados en las normas procedimentales y al alcance de las partes (...). La doctrina de la Corte ha efectuado un análisis material y ha establecido una diáfana distinción entre la providencias judiciales -que son invulnerables a la acción de tutela en cuanto corresponden al ejercicio autónomo de la función judicial y respecto de las cuales existen, dentro del respectivo proceso, los medios judiciales de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico- y las vías de hecho por cuyo medio, bajo la forma de una providencia judicial, quien debería administrar justicia quebranta en realidad los principios que la inspiran y abusa de la autonomía que la Carta Política reconoce a su función, para vulnerar en cambio los derechos básicos de las personas. "En este orden de ideas, la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del Juez, aunque pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho (Sent. T-173 de 1993 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo)." "...El control constitucional de la vía de hecho judicial, no obstante ser definitivamente excepcional y de procedencia limitada a los supuestos defectos sustantivos, orgánicos, fácticos o procedimentales, en que se incurra en grado absoluto, es tanto de forma como de fondo, pues su referente es la arbitrariedad que puede ser tanto formal como material (...)." "Para que la tutela contra una actuación judicial reputada como vía de hecho pueda discernirse no es suficiente endilgarle a la actuación judicial demandada errores y deficiencias en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho, pues aún existiendo no por ello la providencia se constituye en vía de hecho, se requiere, como se ha expuesto, que la providencia adolezca de un defecto absoluto -estimado, claro está, no de manera formal sino material- de sustentación fáctica o jurídica que repercuta en la violación de un derecho fundamental, amén de que se reúnan las condiciones señaladas para su procedibilidad." (Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 1994, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). 4.4 Análisis de la actuación judicial objeto de la acción de tutela. Como lo expresó esta Corporación, para establecer si la actuación judicial impugnada, configura o no una vía de hecho, esto es, si contiene defectos absolutos que la despojen del carácter de decisión judicial y por lo tanto que contra ella es procedente la acción interpuesta, es necesario analizar, formal y materialmente, el proceso en el cual ésta se originó; en el caso propuesto, el proceso ejecutivo singular de mayor cuantía, que instauró el Banco Cafetero de la ciudad de Andes, Antioquia, contra el actor de la tutela, en sus dos instancias. En el marco del Estado Social de Derecho, el proceso jurídico, y muy especialmente el proceso civil, trasciende el interés de las partes involucradas y se constituye en una acción compleja de interés público, en cuanto lo que pretende, como fin último, es la realización de los objetivos propios de la justicia, aplicando para ello la norma abstracta de contenido general, al caso específico y concreto; ello implica, que su desarrollo, con sujeción estricta a las disposiciones de la Constitución y la ley, contribuya, de manera definitiva, a los propósitos de paz social y plena realización del derecho, esenciales en dicho tipo de estructura político-administrativa. En el asunto que ocupa a la Sala, el apoderado del actor de la tutela insiste, especialmente en el escrito a través del cual impugna el fallo del juez constitucional de primera instancia, en que su acusación no se dirige contra el proceso civil en sí mismo considerado, sino contra la decisión adoptada por el juez del proceso ejecutivo de segunda instancia en el proceso ejecutivo, la cual dice, al soportarse en una contradicción manifiesta, vulnera los derechos fundamentales de su representado, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la igualdad ante la ley. Centra pues su acusación en la manifiesta y grave contradicción, que en su opinión sirve de sustento a la decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia, la cual, señala, configura una vía de hecho que como tal es susceptible de ser impugnada a través de la acción de tutela, por estar ella contenida en una providencia contra la cual no procede ningún otro recurso. Corresponde entonces a esta Sala determinar, si efectivamente tal contradicción se produjo, y si ella además de reunir las características que jurisprudencialmente se han señalado como esenciales para configurar una vía de hecho, constituye el núcleo principal de la decisión del Tribunal impugnado. Para ello es necesario adentrarse en el examen del proceso ejecutivo, en las dos instancias en las que se desarrolló, en el cual se originó la decisión impugnada. a. El fallo de primera instancia en el proceso ejecutivo. De conformidad con nuestro ordenamiento legislativo, es procedente iniciar un proceso ejecutivo cuando el deudor de una obligación, de dar, hacer u omitir, que ya ha sido causada, no la ha cumplido voluntaria y espontáneamente, legitimando con su actitud al acreedor, para recurrir a los órganos de la jurisdicción con el objeto de que éstos coercitivamente la hagan cumplir. Estos procesos no pretenden establecer o declarar si la obligación existe o no, lo que buscan es hacer efectivo un derecho del acreedor ya reconocido, que se encuentra consignado en un título que presta mérito ejecutivo, siempre y cuando éste contenga una obligación clara, expresa y exigible. En el caso analizado, la obligación, con las características a que se refiere el artículo 488 del C. de P.C. existía, y así lo reconoció el juez de primera instancia en el proceso ejecutivo, procediendo en consecuencia a librar el correspondiente mandamiento de pago, el cual notificó al demandado, quien dentro del término establecido para el efecto en el artículo 505 del mismo código, si bien aceptó como ciertos los hechos que sustentaban el mandamiento ejecutivo, se opuso a las pretensiones del demandante y propuso como excepción de mérito, el derecho que según él tenía a la refinanciación de sus deudas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la ley 34 de 1993; así mismo, el pago parcial de las mismas y la solicitud de revisión de la liquidación efectuada por el banco demandante de cada una sus deudas. Del análisis de la sentencia de primera instancia se concluye, que la excepción de fondo propuesta por el demandado fue acogida por el juez, quien entendió que tal como estaba planteada, constituía una de aquellas que la doctrina ha denominado "excepción dilatoria", definida por el profesor Hernando Devis Echandía, como aquellos "...hechos en virtud de los cuales, sin que se niegue el nacimiento del derecho del actor ni se afirme su extinción, paralizan sus efectos para ese proceso únicamente, es decir, impiden que sea actualmente exigible, pero no constituyen cosa juzgada, dejando la facultad de iniciarlo nuevamente cuando la situación se modifique, pero que se dirigen contra el fondo de la cuestión debatida y contra la pretensión del demandante. Es decir sus efectos son temporales."[1] El Juez Civil del Circuito de la ciudad de Andes, consideró que dicha excepción debía prosperar, por cuanto el demandante, el Banco Cafetero de esa ciudad, había desconocido un derecho legítimo del demandado, que emanaba de lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 34 de 1993, norma que obligaba a los establecimientos de crédito oficiales a refinanciar las deudas contraídas con ellos por los productores de café, siempre que ellas se hubieren adquirido para el cultivo del grano, diversificación, obras de infrestructura y/o mejoramiento de vivienda, además de otras condiciones relacionadas con la fecha en que se habían contraído y vencido tales obligaciones. Previo un análisis detenido y juicioso, que incluyó la solicitud y valoración de varias pruebas, corroboró el a-quo el cumplimiento por parte del demandado, de las condiciones que señalaba la citada norma como necesarias para ser beneficiario de la misma, por eso desestimó el argumento que esgrimió el banco demandante para negar la refinanciación, referido a que el demandado no tenía derecho a ella, dado que había perdido su calidad de caficultor al haber diversificado y en consecuencia sustituido sus cultivos de café por otros; señala en su sentencia, que la norma citada es clara al establecer, que una de las obligaciones susceptibles de refinanciación era precisamente aquella contraída para adelantar proyectos de diversificación de cultivos, en desarrollo de programas prioritarios para la economía nacional, avalados e impulsados por la Federación Nacional de Cafeteros, y que el haber concluído ese proceso no podía legítimamente convertirse en impedimento para acceder a la prerrogativa contenida en la citada ley. Se evidencia claramente que el Juez Civil del Circuito de la ciudad de Andes, Antioquia, al momento de fallar, el 29 de septiembre de 1994, desconocía por completo la sentencia de la Corte Constitucional distinguida con el número C-021 del 27 de enero de ese mismo año, a través de la cual se había declarado la inexequibilidad de la norma en la que fundamentó su decisión, al igual que los efectos y alcances de la misma; tan es así, que el mencionado fallo no hace mención alguna de dicha sentencia, cuyas decisiones, además de configurar cosa juzgada, eran de obligatorio cumplimiento especialmente por parte de los jueces de la República. b. El fallo de segunda instancia del proceso ejecutivo. La Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia, al revocar la decisión del Juez de primera instancia, decisión objeto de la acción de tutela, señaló la  improcedencia de excepcionar con fundamento en una norma que había sido excluida del ordenamiento jurídico, en un proceso ejecutivo que se inició con posterioridad a la declaratoria de inconstitucionalidad de la referida norma, remitiéndose, para sustentar su decisión, al texto mismo de la sentencia de esta Corporación, el cual estableció de manera clara e inequívoca, que sus efectos eran a futuro y que los mismos no afectaban "...las refinanciaciones perfeccionadas, y ni siquiera las solicitudes de refinanciación presentadas antes de la ejecutoria de la presente sentencia, las cuales deben tramitarse con arreglo a las normas hasta entonces vigentes, a efecto de garantizar los principios de igualdad y de seguridad jurídica." (Negrillas fuera de texto). Para el tribunal impugnado era claro que la Corte Constitucional, preservando los principios de igualdad y seguridad jurídica, había previsto dos situaciones que no se verían afectadas por el fallo de inconstitucionalidad del artículo 3 de la ley 34 de 1993: la primera cuando se tratara de refinanciaciones ya perfeccionadas, y la segunda las solicitudes de refinanciación en trámite, presentadas antes de la fecha de ejecutoria de la sentencia; en ninguna de esas situaciones se encontraba el demandado en el proceso ejecutivo analizado, actor de la tutela, pues éste, tal como lo señala la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia, había presentado una solicitud, estando vigente la norma declarada inexequible, que el banco demandante había resuelto negativamente, decisión que no fue controvertida por el deudor; no existía entonces ninguna solicitud en trámite, y es eso lo que quiere señalar el organismo impugnado, en un párrafo, que si bien adolece de suficiente claridad, no es producto de una "valoración probatoria arbitraria", ni surge de la "incorrecta aplicación de la legislación", o de una "crasa omisión", tal como lo pretende hacer notar el actor. No hay pues contradicción alguna en el pronunciamiento del juez de segunda instancia en el proceso ejecutivo, que implique "un pronunciamiento arbitrario o irregular", o "una valoración probatoria irrazonable" como lo pretende el actor, ni su actuación vulnera o pone en peligro ninguno de sus derechos fundamentales, al contrario, la valoración que hace de los hechos y de las pruebas que se someten a su consideración se ajusta a derecho, y se fundamenta en la normatividad vigente, incluida la decisión de esta Corporación, que el actor equivocadamente cree que fue por él desconocida; quien fallo con base en disposiciones que habían quedado por fuera del ordenamiento superior, seguramente por no tener acceso oportuno a los pronunciamientos de esta Corporación, fue el Juez de primera instancia, que si bien se introduce en un análisis juicioso y exhaustivo del acervo probatorio, lo hace siempre bajo el supuesto errado de la vigencia del artículo 3 de la ley 34 de 1993. De otra parte, no puede admitir esta Sala el argumento esgrimido por el apoderado del actor, referido a que su representado "...fue juzgado con base en normas posteriores a los hechos objeto de análisis...", la situación es clara, si bien el actor había presentado una solicitud de refinanciación estando vigente la norma que la fundamentaba, artículo 3 de la ley 34 de 1993, ésta ya había sido tramitada y resuelta negativamente por el banco acreedor el 13 de agosto de 1993, esto es, cinco meses antes de la declaratoria de inexequibilidad de la misma por parte de esta Corporación, sin que dicha decisión hubiese sido controvertida por el deudor; su solicitud, eso es incuestionable, no se encontraba en trámite al momento de ser declarada inconstitucional la norma que la soportaba, luego con ella no se configuraba el presupuesto fáctico previsto por esta Corporación, al cual quiere acogerse el abogado representante del actor, pretendiendo con ello evitar que los efectos de la sentencia de inexequibilidad le sean aplicables a su representado. Al no existir ningún tipo de contradicción en los argumentos que sustentan la decisión adoptada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia, objeto de la acción de tutela, ni desconocimiento por parte de dicha Corporación de la normatividad aplicable al caso, que configuren una vía de hecho, esta Corte confirmará los fallos que sobre dicha acción emitieron el Tribunal Administrativo de Antioquia y el H. Consejo de Estado, no obstante que el primero, en su análisis, se limitó a establecer que el proceso ejecutivo se desarrolló conforme a los preceptos de ley, sin detenerse a analizar la acusación específica formulada por el actor. Al no existir la contradicción que según el actor originaba una vía de hecho, no hay violación de los derechos fundamentales del actor al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica, y por lo tanto no procede la acción de tutela por él interpuesta. En virtud de lo expuesto, la Sala Número Ocho de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR el fallo proferido el 27 de junio de 1995 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado, a través del cual se confirmó la sentencia de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó la acción de tutela interpuesta por Jorge Humberto Uribe Escobar. SEGUNDO. LIBRAR por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Notifíquese, Cópiese, Comuníquese, Cúmplase e Insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1]Devis Echandia, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, Teoría General del Proceso, Edt. A B C, Bogotá, 1979.

T-495-95 Sentencia No Sentencia No. T-495/95 DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Naturaleza prestacional El derecho a la vivienda digna se encuentra consagrado en la Constitución Política. Impone al Estado la responsabilidad de fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho en favor de todos los colombianos y de promover planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de dichos planes. DERECHO A LA VIDA-Demolición de vivienda Los deslizamientos de tierra ocurridos han ocasionados víctimas y la posibilidad de que vuelvan a suceder genera una clara amenaza a la vida de quienes habitan la zona, incluyendo al actor y a su familia. Por ello, la Administración, en una actitud ajustada a derecho y en acatamiento a las disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia, procedió a tomar las medidas tendientes a disminuir o evitar los riesgos, sin que pueda considerarse que las mismas vulneren derecho fundamental alguno. Ref.:  Expediente No. T - 74.480 Peticionario: Vitalino Bernal Avila Procedencia: Juzgado Primero Civil del Circuito de Santafé de Bogotá. Tema: Derecho a la vivienda digna, zonas de alto riesgo. Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Santafé de Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el proceso de tutela radicado bajo el número T-74.480, adelantado por Vitalino Bernal Avila, contra la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, Alcaldía Menor de Usaquén, Oficina para la Atención de Emergencias del Distrito, Secretaría de Obras Públicas del Distrito y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santafé de Bogotá. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efecto de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión. 1. Solicitud El ciudadano Vitalino Bernal Avila por intermedio de apoderado, interpuso ante el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Santafé de Bogotá, acción de tutela, con el fin de amparar sus derechos fundamentales y los de su familia, a la vida, a la libertad, a la honra, a la vivienda digna y a la propiedad, consagrados en los artículos 11, 13, 21, 51 y 58 de la Constitución Política. Así mismo, considera vulnerado su derecho de petición consagrado en el artículo 23 del estatuto superior. 2. Hechos Afirma el actor que desde el mes de mayo de 1993, está en posesión de un inmueble ubicado en la carrera 11 No. 166B-33, Barrio Soratama, zona de Usaquén. Sostiene que habita el inmueble en compañía de su esposa y su hija menor, y tiene además una pequeña tienda de la que deriva su sustento y el de su familia. Señala igualmente que a mediados del mes de abril de 1995 el señor Alcalde mayor de Santafé de Bogotá, mediante Decreto 205 de 1995, declaró el estado de calamidad pública en la zona de Usaquén, donde se encuentra ubicada su vivienda. Las razones que llevaron al funcionario a tomar esta decisión, fueron los deslizamientos de tierra ocurridos los días 13 y 19 de abril de 1995 en los cerros orientales de la localidad, que trajeron como consecuencia la pérdida de vidas humanas y daños materiales. Así entonces, para la atención de la emergencia se ordenó en el Decreto citado un plan de contingencia y apoyo técnico a cargo de la Oficina para la Prevención y Atención de Riesgos del Distrito -OPS-, y se dispuso que esta entidad, en colaboración con la Secretaría de Obras Públicas del Distrito y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, calificaran el nivel de riesgo en que se encontraba el área descrita y tomaran las medidas necesarias tendientes a proteger la vida de los moradores del lugar. Una de las medidas adoptadas por el Comité técnico de apoyo de la OPS, tendientes a proteger la vida de los vecinos del sector de Usaquén afectados con los deslizamientos de tierra, fue la demolición de varias de las viviendas, entre las que se encuentra la ubicada en la carrera 11 No. 166B-33, de propiedad del actor. El demandante no comparte esta decisión, ya que lo afecta directamente dejándolo sin lugar donde vivir, además de que le quita el medio de trabajo del que deriva su sustento. Finalmente, afirma el actor que las medidas señaladas en el Decreto 205 de 1995, tendientes a conjurar la calamidad declarada, se están adelantando en forma arbitraria e indiscriminada, en perjuicio de los afectados. 3. Pretensiones Solicita el actor que, como consecuencia del amparo de los derechos conculcados, se ordene, en primer lugar, la suspensión de la demolición del inmueble localizado en la Cra. 11 No. 166B-33 de Santafé de Bogotá; en segundo lugar, que se cumpla con las medidas ordenadas en el Decreto 205, de brindar auxilio a los damnificados; en tercer lugar, que se ordene a las entidades distritales señalar cuál es el criterio y cuál el estudio realizado para haber emitido la orden de demolición; en cuarto lugar, que se condene en costas a las entidades tuteladas. II. ACTUACION PROCESAL 1. Fallo de primera instancia El Juzgado Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Santafé de Bogotá, mediante providencia de fecha 18 de mayo de 1995, resolvió negar la acción de tutela interpuesta por el señor Vitalino Bernal Avila por considerar que la actuación de la autoridad demandada fue totalmente legítima. Sobre el particular, sostuvo el despacho que en el presente caso el proceder de las autoridades contra las cuales se ha dirigido la acción se encaminó a proteger el derecho a la vida del actor y de su familia, adoptando para ello medidas extremas como la demolición de su vivienda. También señaló el -a-quo-, que no encuentra razón valedera para suspender la orden de demolición, pues ello implicaría contrariar la decisión de las autoridades distritales y poner a los moradores de la vivienda objeto de la presente acción en inminente riesgo de perder la vida o sufrir graves lesiones, sin olvidar que, "por encima de los derechos del señor BERNAL AVILA están los de su menor hija, porque el art. 44 de la Constitución Política establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás." 2. Impugnación Por memorial presentado el día veintitrés (23) de mayo de 1995, el apoderado del actor impugnó el fallo, por considerar que el estudio realizado sobre los suelos declarados como zona de alto riesgo, no es lo suficientemente técnico y serio. Además, el interesado señaló que el plan de contingencia en lo que se refiere a los elementos a distribuir entre los damnificados y el pago de la indemnización de perjuicios, no se ha realizado, lo cual ha causado un daño irreparable. 3. Segunda instancia Mediante providencia de fecha veintitrés (23) de junio de 1995, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, resolvió confirmar la decisión proferida por el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Santafé de Bogotá, con base en las siguientes consideraciones: Afirma el despacho, que el acto administrativo expedido por la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá que declara el estado de calamidad pública de un sector de la localidad de Usaquén, y las medidas posteriores adoptadas por los organismos delegados para llevar a cabo y ejecutar los programas y medidas, tiene como finalidad la protección del derecho fundamental a la vida no sólo del accionante y su familia, sino también de los demás moradores que se encuentran en inminente peligro de perderla a causa de la inestabilidad del suelo y otros factores como es el clima. III.    PRUEBAS ORDENADAS POR LA SALA NOVENA DE REVISION Mediante auto de fecha veintidós (22) de septiembre de 1995, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional solicitó a la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, a la Alcaldía Menor de Usaquén y a la Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias del Distrito -OPES-, que informaran si la vivienda del actor había sido demolida, y en tal caso manifestaran cuáles habían sido las medidas adoptadas con el fin de reubicar a los habitantes de dicho inmueble. Dando cumplimiento a lo dispuesto por esta Sala de Revisión, se allegaron al presente proceso los siguientes documentos: 1.1. Oficio No. 1549-95, suscrito por la señora alcaldesa menor de Usaquén Por medio de dicho oficio, la suscrita funcionaria remite fotocopia de la resolución No. 042 de 1995, que ordena la demolición de la vivienda del actor y el acta de suspensión de la diligencia de demolición. Igualmente manifiesta que la entidad encargada por la Alcaldía Mayor para presentar alternativas de vivienda a los damnificados es la Caja de Vivienda Popular. 1.2. Comunicación suscrita por el director de la Oficina para la Prevención de Emergencias. En el mencionado escrito, el director de la entidad pone de presente las comunicaciones enviadas a los residentes de la zona para que se hagan presentes en dichas oficinas y alleguen la documentación respectiva, con el fin de iniciar los trámites para la adquisición de un nuevo lote de terreno. Así mismo, se les informó que a través de esta oficina se les gestiona a los afectados un auxilio del INURBE para la construcción de nuevas viviendas. 1.3. Oficio No. SG-368-95, suscrito por el gerente de la Caja de Vivienda Popular. Señala la comunicación, que se envió oficio por correo certificado a la vivienda ubicada en la Cra. 11 No. 166B-33 el oficio No. DIS-143 de julio 13 de 1995, donde aparecen algunas alternativas planteadas por la entidad, con el fin de solucionar el problema de vivienda, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta alguna por parte del propietario o poseedor de la misma. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia. 2. El derecho a la vivienda digna El derecho a la vivienda digna se encuentra consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política. Dicha norma le impone al Estado la responsabilidad de fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho en favor de todos los colombianos y de promover planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de dichos planes. Lo anterior no significa que el Estado esté en la obligación de proporcionar vivienda a la totalidad de los habitantes del país que adolezcan de dicha necesidad, pues como lo señala el artículo 51 de la Carta, su obligación se concreta en fijar condiciones y promover planes de vivienda dentro de las capacidades que su estructura protectora le permita, teniendo en cuenta la situación socioeconómica del país y las apropiaciones de orden presupuestal que se hayan destinado para esos rubros. El derecho a la vivienda digna es un derecho de carácter asistencial que requiere un desarrollo legal previo y que debe ser prestado directamente por la administración o por las entidades asociativas que sean creadas para tal fin, sin olvidar que su aplicación exige cargas recíprocas para el Estado y para los asociados que pretendan beneficiarse de los programas y subsidios. Así, las autoridades deben facilitar la adquisición de vivienda, especialmente en los sectores inferiores y medios de la sociedad, donde aparece detectado un déficit del servicio; para tal efecto los particulares deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Así entonces, este derecho de contenido social no le otorga a la persona un derecho subjetivo para exigir en forma inmediata y directa del Estado su plena satisfacción, pues se requiere del cumplimiento de condiciones jurídico-materiales que lo hagan posible. De manera que una vez dadas dichas condiciones, el derecho toma fuerza vinculante y sobre el mismo se extenderá la protección constitucional, a través de las acciones establecidas para tal fin. 3. El caso concreto Afirma el actor que su vivienda ubicada en la Cra. 11 No. 166B-33 del Barrio Soratama, "aparece relacionada en una lista como inmueble para demoler". Sostiene que tal decisión, tomada por la Administración distrital, vulnera sus derechos fundamentales y los de su familia, a la vida, a la familia, a la información veraz e imparcial, a la honra, a la vivienda, a la propiedad de los niños y al de petición. Por tal motivo, solicita que se suspenda provisionalmente la demolición de su casa y se dé estricto cumplimiento a las medidas anunciadas en el Decreto 205 de 1995. Sobre el particular encuentra la Sala que los deslizamientos de tierra ocurridos a mediados del mes de abril del presente año en los cerros orientales de la localidad de Usaquén y que trajeron como consecuencia la pérdida de vidas humanas y daños materiales, llevaron al señor alcalde mayor de Santafé de Bogotá a declarar el estado de calamidad pública en la zona, a través de la expedición  del Decreto 205 del 21 de abril de 1995. El mencionado Decreto dispuso que las diferentes entidades y dependencias del Distrito Capital, relacionadas en su artículo 3o., debían colaborar con la emergencia adoptando las medidas administrativas necesarias para conjurar la calamidad. Así mismo, se comisionó a la Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias -OPES- para que, en colaboración con la Secretaría de Obras Públicas del Distrito y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, calificaran el nivel de riesgo en que se encontraba el área afectada. Así, entonces, el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito elaboró un plan de contingencia y apoyo con el fin de procurar la atención de los residentes y habitantes de la zona; dicho plan, consignado en el informe presentado por el director de la -OPES- al juez de primera instancia (folio 41), se refiere a las medidas temporales que se adelantaron y que se encuentran relacionadas con la conformación de albergues y la provisión de recursos (alimentos y otros). En ese mismo orden de ideas, el comité de apoyo a la -OPES- elaboró el estudio técnico sobre la situación del barrio Soratama, señalando en el mismo las medidas que debían adoptarse por las autoridades en forma inmediata y a mediano plazo, dentro de las que se encontraban, entre otras, la evacuación y demolición de la vivienda del actor. Los siguientes son apartes del estudio técnico de fecha abril 24 de 1995: "(...) el equipo técnico relaciona en el presente documento las viviendas que por el riesgo de ser afectadas por movimientos en masa deben ser evacuadas y/o demolidas, como complemento a las contenidas en el informe técnico de Abril 22 de 1995, a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta la inestabilidad de los taludes y la roca componente, adicional a que se prevé el inicio del período invernal y sus consecuentes efectos." (negrillas fuera de texto). "Para adelantar el reconocimiento técnico detallado, la comisión se reunió en las dependencias del CADE de Servitá, donde posterior a la identificación en sitio de las viviendas que pueden ser afectadas, se procedió a definir su nomenclatura, las cuales se relacionan a continuación: "Nomenclatura Actividad a desarrollar "Cra.11 No. 166B-33                                      Demolición" En cumplimiento de las medidas anunciadas y de lo dispuesto en el Decreto 205, la Alcaldía menor de Usaquén expidió las resoluciones tendientes a cumplir con las evacuaciones y demoliciones de las viviendas afectadas. En el caso particular del demandante, se expidió la resolución No. 42 de mayo 5 de 1995, en la cual se ordena "la evacuación y demolición inmediata de la vivienda localizada en la carrera 11 No.166B-33". Sobre el particular cabe anotar que la evacuación de los habitantes del sector se cumplió de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto citado, pero la orden de demolición de las viviendas fue suspendida por la alcaldía local de Usaquén, de acuerdo con el acta de fecha nueve (9) de mayo de 1995 que hace parte del expediente de tutela (folio 41). Ahora bien, independientemente de que se haya suspendido la demolición de la vivienda del actor, lo cual satisface la pretensión principal de la demanda, esta Sala considera que la actuación de la Administración en lo que tiene que ver con la expedición del Decreto 205 de 1995 y sus medidas posteriores, se encuentra plenamente ajustada a la ley y tiene como finalidad la protección del derecho fundamental a la vida del actor, de su familia y de los demás habitantes del sector. Sobre el derecho a la vida es importante recordar que se trata del primero y más importante de los derechos fundamentales (artículo 11 de la C.P.), como quiera que se convierte en presupuesto para el ejercicio de los demás derechos. La Carta Política de 1991 lo ampara desde el mismo Preámbulo, y su protección se erige en uno de los motivos principales de la función constituyente. En lo que tiene que ver con esta protección, el artículo 2o. del Estatuto Superior delega en las autoridades de la República tan importante responsabilidad, al señalar que ellas "están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades (...)". Así, el derecho a la vida incluye en su núcleo esencial la protección contra todo acto que de una u otra forma lo amenace, sin que juegue papel determinante en su afectación el grado de probabilidad de la amenaza, pues es de su esencia que ésta exista como tal, es decir, que sea una amenaza cierta, frente a lo cual debe el Estado procurar a toda costa su protección. Frente al caso particular, se observa que los deslizamientos de tierra ocurridos en la zona de Usaquén han ocasionados víctimas y la posibilidad de que vuelvan a suceder genera una clara amenaza a la vida de quienes habitan la zona, incluyendo al actor y a su familia. Por ello, la Administración Distrital, en una actitud ajustada a derecho y en acatamiento a las disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia, procedió a tomar las medidas tendientes a disminuir o evitar los riesgos, sin que pueda considerarse que las mismas vulneren derecho fundamental alguno. Además, no puede afirmarse que la labor de las autoridades distritales se haya limitado a la simple adopción de medidas temporales de emergencia y a la evacuación y demolición de las viviendas. Junto con dichas medidas, la Oficina para la Prevención de Emergencias, en asocio con la Caja de Vivienda Popular, han presentado a los damnificados diferentes propuestas que buscan solucionar el problema de vivienda, propuestas a las que se han acogido ya varias familias. En el caso que se analiza, existen pruebas documentales dentro del expediente que demuestran la voluntad de la Administración por buscar solución al problema de vivienda del actor. Es así como, en comunicación de fecha 19 de julio de 1995, el director de la -OPES- le solicita presentar los documentos que acrediten la propiedad o posesión de la misma, con el fin de que la Administración inicie los trámites para la adquisición de dichos inmuebles; sin embargo, el demandante ha hecho caso omiso a la solicitud y no ha presentado la documentación respectiva. Igualmente, obra en el expediente la comunicación suscrita por el Gerente (e) de la Caja de Vivienda Popular, de fecha julio 13 de 1995 y notificada por correo certificado, donde ofrece diferentes alternativas de reubicación para los actuales poseedores de la vivienda objeto de la presente acción de tutela, como son los proyectos de la Caja de Vivienda Popular, concretamente en el barrio San Cristóbal Norte, o la reubicación por iniciativa particular en predios seleccionados por cada una de las familias. Pero igualmente, el actor se ha abstenido de cualquier manifestación al respecto. Sobre el particular manifiesta el director (e) de la Caja de Vivienda Popular en comunicación dirigida a esta Corporación, lo siguiente: "Siguiendo las instrucciones impartidas por el señor Alcalde Mayor y en cumplimiento del Decreto No. 205 de 1995 con el fin de reubicar a los habitantes del inmueble de la Carrera 11 No. 166B-33, zona de Soratama en la localidad de Usaquén, la entidad que represento envió el oficio No. DIS-143 de fecha julio 13 de 1995 a los actuales poseedores (José Natividad Torres). El oficio en comento se remitió por correo certificado como se acredita mediante la fotocopia que al efecto adjunto. Así mismo se remitió el oficio GER-036-95 del 14 de julio del año en curso al despacho directo de la Alcaldesa Menor de Usaquén con el fin de que se hiciera entrega del mismo oficio a los propietarios o poseedores que han sido objeto de la acción de tutela de la referencia. Hasta la fecha no hemos conocido la aceptación de ninguna de las alternativas planteadas por la Caja y provenientes del tutelante Vitalino Bernal Avila y/o José natividad Torres Avila en relación con el citado inmueble. (negrillas fuera de texto). De lo anterior se deduce que es el demandante quien no ha cumplido con el mínimo de requisitos que exige la ley para ser beneficiario de los programas de adjudicación de vivienda, razón por la cual, no puede imputarsele responsabilidad a las autoridades distritales que han cumplido con su deber constitucional de proteger el derecho a la vida del actor y de fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna (art. 51 de la C.P.). Así, entonces, no encuentra la Sala que la Administración distrital haya vulnerado derecho fundamental alguno con la orden de evacuación y demolición de la vivienda que el actor dice poseer, pues la medida se tomó como consecuencia de un suceso de orden natural -deslizamiento de tierras-, que afecta de manera directa uno de los derechos fundamentales más importante como lo es el derecho a la vida, cuya protección le compete, en primer término, a las autoridades de la República. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE : PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de fecha 23 de junio de 1995, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santafé de Bogotá,  mediante el cual se confirmó el fallo de primera instancia que negó la acción de tutela interpuesta por Vitalino Bernal Avila contra la alcaldía mayor de Santafé de Bogotá. SEGUNDO: ORDENAR que por la Secretaría General de esta Corporación, se comunique esta providencia al Juzgado Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Santafé de Bogotá, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-496-95 Sentencia No Sentencia No. T-496/95 DERECHOS FUNDAMENTALES-Núcleo esencial Para que se amenace uno o varios derechos constitucionales fundamentales, es necesario un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o menoscabo material o moral. Se requiere que la acción pueda resultar, una vez evaluados los elementos objetivos del caso, evidentemente perjudicial frente al bien jurídico protegido, de forma tal que los temores del actor ante la inmediata probabilidad de daño, se encuentren realmente fundamentados. De no ser ello así, la acción de tutela se desnaturalizaría y pasaría a convertirse, ahí sí, en una jurisdicción paralela e inclusive preferente, con lo cual se compromete la vigencia y estabilidad misma de un Estado de derecho. MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Pago de energía El inconveniente se relaciona con un supuesto fraude en el pago del consumo de energía eléctrica, en el cual afirma no tener vinculación o responsabilidad alguna, toda vez que dio cumplimiento a su obligación cancelando en efectivo. Como es apenas lógico, escapa a los deberes y funciones del juez de tutela definir si la situación descrita. Se trata de una reclamación frente a la que claramente existe otro medio de defensa judicial, pues esos asuntos corresponden al resorte exclusivo de la jurisdicción ordinaria, en los que la viabilidad de lograr la devolución del dinero se puede intentar a través de una demanda de naturaleza civil. Ref.: Expediente No. T-75259 Peticionario: William Corredor. Procedencia: Juzgado 18 Civil Municipal de Barranquilla. Tema: La tutela y los otros mecanismos de defensa judicial Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Santafé de Bogotá, D.C. siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el proceso de tutela radicado bajo el número T-75259, adelantado por el señor William Corredor contra el Banco Mercantil. I. ANTECEDENTES De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente. 1. Solicitud El señor William Corredor, por intermedio de apoderado judicial, interpuso ante el Juzgado Civil Municipal de Barranquilla (Reparto) acción de tutela contra el Banco Mercantil, con el fin de que se le amparen sus derecho de igualdad, trabajo, debido proceso y petición, consagrados en los artículos 13, 25, 29 y 23 de la Constitución Política. 2. Hechos El actor afirma que el día dieciocho (18) de noviembre de 1994, envió a su esposa y a un trabajador a una sucursal del Banco Mercantil de Barranquilla, con el propósito de cancelar el recibo de energía eléctrica por un valor de cuatrocientos mil pesos ($400.000.oo). A pesar de haber realizado el pago en efectivo, uno de los cajeros del banco, “aprovechándose del poco conocimiento y actuando en forma premeditada y de mala fe, timbró el recibo con el sello de canje y no de recibido como era lo correcto, por haber cancelado con dinero y no con cheque”. Posteriormente, el interesado manifiesta que la Electrificadora del Atlántico le hizo llegar una comunicación en la que señala que debe cancelar la suma de dinero anteriormente referenciada, pues el pagó se realizó con un cheque de la empresa “M&M”. Ante los cuestionamientos que sobre el particular elevó el señor Corredor, la entidad pública, en carta del seis (6) de abril de 1995, le ratificó la mencionada decisión, aduciendo que de “lo aportado por usted según recibo No. 1008913, el Banco certifica que fue cancelado con canje del cheque 4791774 del Banco Andino que tiene un valor de 6’507.630.oo”. Cabe agregar que la empresa denunció ante la Fiscalía la posible comisión de ilícitos dentro del presente caso. Igualmente el peticionario se dirigió al Banco Mercantil, quien le informó en comunicación del veintisiete (27) de marzo de 1995 que -según palabras del actor- “en sus registros aparece cancelado recibo de la electrificadora del Atlántico por valor de CUATRO CIENTOS MIL PESOS M/L ($4000.000.oo) el día 18 de noviembre, pero en cheque”. Señala además que la entidad financiera manifestó que no eran ellos los encargados de solucionar el problema, pues ese asunto era de competencia de la Electrificadora. Finalmente, aduce que él no tiene relación alguna con la empresa “M&M” y que  “por lo tanto es imposible que hubiese pagado con el cheque antes descrito”. 3. Pruebas aportadas con el escrito de tutela. Con la demanda de la referencia se acompañó el recibo de la Electrificadora del Atlántico, por un valor de cuatrocientos mil pesos ($400.000.oo), en el cual aparece el sello de “canje” del día dieciocho (18) de noviembre, por parte del Banco Mercantil. Igualmente se anexaron las comunicaciones enviadas al peticionario por parte de la Electrificadora y de la entidad bancaria. 4. Pretensiones El actor solicita que se condene al Banco Mercantil al reembolso de los cuatrocientos mil pesos ($400.000.oo) “por concepto de la consignación efectuada a favor de la ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A., el día 18 de noviembre de 1994”, más la indemnización correspondiente por habérsele violado su derecho. III. ACTUACION Y DECISION JUDICIAL El nueve (9) de junio del año en curso, el Juzgado Dieciocho (18) Civil Municipal de Barranquilla avocó el conocimiento de la presente acción de tutela, y ordenó y recolectó las pruebas que a continuación se relacionan. 1. Oficio No. 3215, remitido por el fiscal Quinto Delegado Subunidad de Delitos contra la Administración Pública. Mediante la referida comunicación del doce (12) de junio del presente año, el funcionario judicial informó que en esa dependencia cursa un proceso derivado de la denuncia formulada por la Electrificadora del Atlántico. Al narrar los hechos objeto de esa acción penal, el fiscal señala que las empresas M&M y EDIFICIO KALAMARY LTDA, gestionaron ante la referida entidad pública la acometida del suministro de energía eléctrica y el suministro de los contadores necesarios para dos edificios localizados en la ciudad de Barranquilla. Para el efecto, se elaboró un recibo de caja por valor de $6’507.630.oo, el cual fue cancelado el día cuatro (4) de noviembre, con cheque No. 4791774 del Banco Andino. Sin embargo, “este cheque resultó siendo utilizado en el pago de servicio de luz de nueve (9) duplicados de facturación de usuarios totalmente ajenos al propietario del cheque, en operación que se realizó el día 18 de noviembre de 1994”. Igualmente manifiesta que en la actualidad la Fiscalía califica el sumario y que los sindicados “laboraron en la Electrificadora hasta comienzos de Dic. de 1994”. 2. Comunicación No. 020829, enviada por el gerente de la Electrificadora del Atlántico S.A. A través de oficio del doce (12) de junio del año en curso, el señalado servidor público se dirigió al Juzgado de conocimiento con el propósito de suministrar la información necesaria acerca del pago del recibo de luz a nombre de William Corredor. Sobre el particular, manifestó que el día 4 de noviembre de 1994 la empresa M&M construcciones canceló la suma de $6’507.630.oo, con cheque No. 4791774 del Banco Andino. A pesar de ello, el coordinador del área del Departamento de Consumidores “le hizo ver al cliente que le iba hacer el pago en la caja, retornándole su comprobante de egreso No. 1371 y el Recibo de Caja de la Electrificadora No. 0827, con firma y sello del Banco Mercantil, pero sin el timbre de la Caja Registradora, obviamente este cheque no ingresó ese día a la Caja del banco, de donde se deduce que el señor (...) se quedó con él”. Posteriormente explica que el oficinista de la sección de pagos parciales de la empresa, entregó al cajero de la entidad bancaria el referido cheque, con el cual se cancelaron el consumo de luz de varios suscriptores, entre los que se encuentra el demandante. Por ello, concluye que con dicho título valor “se canceló el consumo de energía de los nueve (9) suscriptores citados y no el pago de conexión. Esta conducta de los ex-empleados de la Electrificadora realiza varios tipos de la normatividad sustantiva penal”. 3. Declaración rendida por el señor Jaime Enrique Ramos Martínez. El señor Ramos Martínez, quien hace aproximadamente cuatro (4) años trabaja en el taller de William Corredor, manifestó que el día dieciocho (18) de noviembre acompañó a la esposa del demandante a cancelar los servicios públicos, para lo cual ella llevaba la plata en efectivo. Igualmente, dentro de la información relevante consignada en la referida diligencia, el declarante reconoció no saber la localización del Banco Mercantil ni la fisionomía del cajero, “porque yo no fui el que pagué porque yo estaba esperando afuera de la fila yo no me acerqué a la ventanilla”. - FALLO DE UNICA INSTANCIA La Juez Dieciocho (18) Civil Municipal, en providencia del veintiuno (21) de junio de 1995, resolvió “rechazar por improcedente” la acción de tutela bajo revisión. Al respecto, la funcionaria judicial consideró que el actor no se encontraba bajo una situación de indefensión o de subordinación que justificara la procedencia de la acción de tutela contra particulares, en los términos del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Además, estimó que en el caso en comento existen otros medios de defensa judicial, “porque el accionante puede acudir a la Jurisdicción Penal para denunciar ante el Funcionario competente el presunto ilícito cometido en su contra y obtener la indemnización de los perjuicios que con el hecho ilícito se le haya ocasionado”. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución Política y 31 a 36 del decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia. 2. La procedencia de la tutela y la existencia de otros mecanismos de defensa judicial. Como se ha establecido en reiterada jurisprudencia de esta Corporación[1], la acción de tutela de que trata el artículo 86 superior es un instrumento jurídico que permite brindar a cualquier persona, sin mayores requisitos de orden formal, la protección específica e inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando, de acuerdo con las circunstancias concretas de cada caso y a falta de otro medio de orden legal que permita el debido amparo de los derechos, éstos sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública o de un particular en los términos que señale la ley. Se trata de una acción que presenta como características fundamentales la de ser un mecanismo inmediato o directo para la debida protección del derecho constitucional fundamental violado; y la de ser subsidiaria, esto es, que su implementación solamente resulta procedente a falta de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable. Sobre el particular, ha dispuesto la Corte: "Dicha acción es un medio, porque se contrae a la  protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, afectados de modo actual e inminente y no a otros, y conduce, previa la solicitud, a la expedición de una declaración judicial que contenga una o varias órdenes de efectivo e inmediato cumplimiento. "Es directo, porque siempre presupone una actuación preferente y sumaria a la que el afectado puede acudir sólo en ausencia de cualquier otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice apenas y excepcionalmente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, en todo caso, procura la restitución al sujeto peticionario en el goce del derecho de rango constitucional que se demuestra lesionado. "Es necesario destacar que tanto la norma constitucional, como en su desarrollo legislativo, el ejercicio de la citada acción está condicionado, entre otras razones, por la presentación ante el juez de una situación concreta y específica de violación o amenaza de violación de los derechos fundamentales cuya autoridad debe ser atribuida a cualquier autoridad pública o, en ciertos eventos definidos por la ley, a sujetos particulares. Además el peticionario debe tener un interés jurídico y pedir también su protección específica, siempre en ausencia de otro medio judicial de protección o excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. "Es, en efecto, un mecanismo judicial de origen constitucional de evidente carácter residual que está previsto para asegurar la tutela efectiva y sustancial de los derechos constitucionales fundamentales, pues ‘solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable’. Se establece así un sistema complementario de garantía de aquellos derechos constitucionales fundamentales que, con determinadas características de sumariedad, preferencia y efectividad, impida en dicho ámbito la ausencia de su protección judicial, pues el constituyente quiso superar con sus previsiones determinadas deficiencias de la organización del sistema judicial que, entre otras causas, por su carácter legislado, no garantizaba la plena, efectiva e integral protección de los derechos constitucionales fundamentales tan caros al Estado Social y Democrático de Derecho y al constitucionalismo en todas sus evoluciones”.[2] De lo anterior se desprende que, en efecto, la acción de tutela se torna en una facultad de toda persona para poner en movimiento el aparato estatal en beneficio propio mediante la protección de la totalidad de sus derechos fundamentales, los cuales deberán ser invocados dependiendo de la acción o la omisión desplegada por la autoridad pública o por el particular en los casos que determine la ley. Sin embargo, para que ello sea posible es también requisito sine qua non que se presente una real amenaza o vulneración de un derecho fundamental, sin que baste -en consecuencia- la presencia de una situación que de una forma u otra los afecte o los comprometa[3], sin atentar contra su núcleo esencial. En otras palabras, para que se amenace uno o varios derechos constitucionales fundamentales, es necesario un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o menoscabo material o moral. Así, pues, se requiere que la acción pueda resultar, una vez evaluados los elementos objetivos del caso, evidentemente perjudicial frente al bien jurídico protegido, de forma tal que los temores del actor ante la inmediata probabilidad de daño, se encuentren realmente fundamentados. De no ser ello así, la acción de tutela se desnaturalizaría y pasaría a convertirse, ahí sí, en una jurisdicción paralela e inclusive preferente, con lo cual se compromete la vigencia y estabilidad misma de un Estado de derecho. En el asunto que le corresponde revisar a esta Sala, nótese que el inconveniente que describe el peticionario se relaciona con un supuesto fraude en el pago del consumo de energía eléctrica, en el cual él afirma no tener vinculación o responsabilidad alguna, toda vez que dio cumplimiento a su obligación cancelando en efectivo. Como es apenas lógico, escapa a los deberes y funciones del juez de tutela definir si la situación descrita, en particular la utilización del cheque No. 4791774 del Banco Andino -por un valor de $6’507.630.oo- para el pago de nueve (9) consumos de energía eléctrica, constituye o no un ilícito penal. Tampoco le corresponde al juez de tutela establecer si puede o no la Electrificadora del Atlántico determinar que no se ha pagado el consumo de energía del señor Corredor, o las consecuencias que para el efecto represente la supuesta irregularidad anteriormente descrita. Para la resolución de estos conflictos, naturalmente, están instituidas las jurisdicciones civil y penal. Adicionalmente, esta Corte encuentra que el demandante pretende por medio de la acción de tutela que el Banco Mercantil le reembolse la suma de cuatrocientos mil pesos ($400’000.oo), más la indemnización derivada de la supuesta violación de sus derechos. Como se observa, se trata de una reclamación frente a la que claramente existe otro medio de defensa judicial, pues esos asuntos corresponden al resorte exclusivo de la jurisdicción ordinaria, en los que la viabilidad de lograr la devolución del dinero se puede intentar a través de una demanda de naturaleza civil. Por otra parte, debe señalarse que de los hechos descritos no se advierte que se hubiese comprometido realmente el núcleo esencial de los derechos fundamentales invocados. Consecuentemente, tampoco se observa una situación de perjuicio irremediable que permita intentar la presente acción de tutela como mecanismo transitorio. Frente a estas consideraciones, pues, resulta evidente concluir que la acción de tutela interpuesta por el señor William Corredor debe ser denegada. Lo anterior no obsta para indicar que, teniendo en consideración la comunicación remitida por la Electrificadora del Atlántico, es claro que el demandante presentó un recibo de pago en el que, a partir del principio constitucional de la buena fe, se demuestra que el consumo de energía eléctrica fue cancelado. Si ello se hizo en forma legal o fraudulenta escapa -como se dijo- a los propósitos de esta acción de tutela y sólo podrá ser definido por la Fiscalía General de la Nación. Pero lo anterior no podría significar que automáticamente se le corte el servicio al actor, pues para tomar esta determinación se requiere aplicar las disposiciones de la Ley 142 de 1994, en especial el artículo 141, que regula esta materia. Finalmente debe decirse que la presente acción de tutela será denegada y no rechazada, como erróneamente lo ha dispuesto el fallo de primera instancia. Lo anterior porque, de acuerdo con lo expresado por esta Corporación[4], el rechazo de una acción de tutela procede únicamente en los eventos previstos en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, es decir, cuando el peticionario no ha corregido la solicitud dentro del término de tres días. Significa esto que el juez de tutela está en la obligación de admitir las demandas sobre el particular, teniendo siempre en consideración la informalidad que caracteriza este tipo de acción. Por ello, si la petición llena los requisitos constitucionales y legales, pero el funcionario judicial encuentra -como en este caso- que los hechos expuestos no permiten conceder la tutela, entonces ahí sí procederá a denegarla. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión  de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO: REVOCAR la providencia del veintiuno (21) de junio de 1995, proferida por el Juzgado Dieciocho (18) Civil Municipal de Barranquilla, por medio de la cual se rechazó por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor William Corredor contra el Banco Mercantil de Barranquilla y, en su lugar, DENEGAR la referida acción, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR que por la Secretaría General de esta Corporación, se comunique esta providencia a la Electrificadora del Atlántico. TERCERO: ORDENAR que por la Secretaría General de esta Corporación, se comunique esta providencia al Juzgado Dieciocho (18) Civil Municipal de Barranquilla, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado Ponente JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1] Cfr. T-001/92, T-0013/92, T-015/92, T-222/92, T-414/92, T-424/92, T-436/92, entre otras. [2] Corte Constitucional. Sala de Revisión. Sentencia No. T-013/92 del 28 de mayo de 1992. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz. [3] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias Nos. T-102/93 y T-412/92. [4] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. T-090/94 y Auto No. 30/94, entre otros.

T-499-95 Sentencia No Sentencia No. T-499/95 DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Naturaleza prestacional Si bien el derecho a la vivienda digna -como derecho prestacional-, no tiene carácter fundamental y, por tanto, no es objeto de acción de tutela, no puede de plano descartarse que, al ser desarrollado legalmente, no puedan surgir por parte de las personas interesadas, reclamaciones y pretensiones de diversa naturaleza, fundadas en el derecho a la igualdad y a la participación. RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL La Red de Solidaridad Social no sustituye, sino complementa, los programas estructurales de educación, salud, seguridad social y vivienda. La orientación de la Red tiene un carácter integral que tiende al mejoramiento simultáneo de los ingresos y las condiciones de vida de los grupos particularmente vulnerables (jóvenes y mujeres desempleados, niños en condiciones de desnutrición, mujeres jefes de hogar y ancianos indigentes). GASTO PUBLICO-Intervención del juez La intervención, excepcional, del juez constitucional en las decisiones de asignación del gasto público, sólo estará legitimada en aquellos eventos en los cuales la distribución de los recursos se ha efectuado con clara violación de los derechos fundamentales (por ejemplo, situaciones de discriminación frente a la entrega de un subsidio, violación del debido proceso en su asignación, etc.) de potenciales beneficiarios y siempre, desde luego, que la acción de tutela sea procedente ante la ausencia de los medios judiciales ordinarios. PRINCIPIO DE NECESIDAD-Subsidio familiar de vivienda El SFV se asigna con prioridad a quienes se encuentren en situación de mayor pobreza y su vivienda se encuentre en condiciones críticas de habitabilidad o carezca de servicios domiciliarios esenciales. Sin embargo, este procedimiento puede calificarse como un sistema mixto en el cual se combinan varios principios y mecanismos específicos de distribución. El orden que se asigna a cada postulante en la "cola" depende del puntaje obtenido en el proceso de calificación. Los criterios de calificación responden, nuevamente, a la necesidad material o la vulnerabilidad del postulante o de su vivienda (mujeres jefes de hogar, hogares con niños menores, ancianos y discapacitados, viviendas en situación de riesgo mitigable, etc.). PRINCIPIO DE IGUALDAD-Subsidio familiar de vivienda El juez constitucional no puede propiciar la creación de falsas expectativas, ordenando la entrega de recursos que materialmente no existen. De hacerlo, atentaría contra la propia legitimidad del Estado y horadaría la credibilidad en las instituciones democráticas. La realización del principio de igualdad en la asignación de recursos escasos consiste en garantizar, a los posibles beneficiarios, el acceso, en condiciones de igualdad, a los procedimientos por medio de los cuales las instituciones distribuyen esos recursos. Si bien la elección de los principios y procedimientos particulares de distribución que cada entidad establece - con base en la ley - forman parte de su autonomía operativa, éstos no pueden contrariar los parámetros que se derivan de los principios y valores constitucionales: todos los posibles beneficiarios deben tener iguales oportunidades de acceso; el procedimiento no puede favorecer a ningún grupo de beneficiarios en particular; los mecanismos de selección no pueden conducir a establecer discriminaciones contrarias a la Carta. DERECHO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA-Distribución de bienes escasos Una incidencia real de la comunidad en los procesos de gestión pública y el ejercicio adecuado de la acción colectiva en las decisiones que afectan a la ciudadanía, sólo es posible si ésta posee los conocimientos suficientes y necesarios. Esto con el fin de que las exclusiones finales, en un proceso de asignación de recursos escasos, no sean producto de la desinformación, la ignorancia o de la falta de capacidad técnica. La participación efectiva depende, también, de los mecanismos de defensa que estén a disposición de los beneficiarios. Toda vez que el resultado final de uno de estos procesos de asignación puede ser el no acceso a los recursos solicitados, el postulante debe poder conocer todas las causas y motivaciones que determinan la decisión final. Igualmente, a lo largo del procedimiento, y luego de la decisión final, el aspirante debe tener a su disposición una amplia gama de posibilidades para controvertir tanto el procedimiento como la determinación adoptada. La distribución de bienes escasos tiene relevancia constitucional en la medida en que se relaciona, de manera directa, con la fijación de las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la Constitución. El desarrollo legal de los derechos prestacionales, desencadena procesos de justicia social presididos por criterios distributivos específicos. Desde el punto de vista constitucional, es importante precisar la validez de estos criterios y el procedimiento mediante el cual éstos se hacen efectivos. DERECHO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA-Subsidio familiar de vivienda/PRINCIPIO DE IGUALDAD-Adjudicación de subsidio La única razón que llevó a interponer la presente acción fue el desconocimiento de los criterios y etapas que componen el proceso de adjudicación de subsidios. Pese a que la citación para concurrir a la Mesa de Solidaridad fue pública, lo cierto es que el peticionario, miembro de un sector marginal de la población, no tuvo acceso a la información completa sobre el trámite a seguir que, es dispendioso. Para que la participación comunitaria sea efectiva y, además, se garantice el acceso en condiciones de igualdad a los procesos de adjudicación de subsidios, se requiere que los funcionarios públicos informen, de manera oportuna, clara y eficaz, a los sectores potencialmente beneficiarios, sobre los criterios utilizados en la preselección y selección de los beneficiarios, así como las etapas que han de surtirse antes de la adjudicación del subsidio. Para que se realicen los principios de igualdad, participación y control comunitario, la población susceptible de ser beneficiada con un subsidio social, debe conocer, tanto el trámite pertinente, como las causas y motivaciones que determinan cada una de las decisiones que lo integran. Noviembre 08 de 1995 Ref.: Expediente T-74720 Actor: Roberto Zuñiga Chapal Temas: - Pobreza y políticas sociales - Estructura de los derechos económicos,  sociales y culturales - Igualdad en la asignación de subsidios - Participación comunitaria e información en los programas de asignación de recursos escasos Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-74720 adelantado por ROBERTO ZUÑIGA CHAPAL contra la RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL-DELEGACION PUTUMAYO ANTECEDENTES 1. El 7 de junio de 1995, el señor Roberto Zúñiga Chapal interpuso acción de tutela contra la Delegada de la Red de Solidaridad Social para el Putumayo, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Orito (Putumayo), por considerar que le fueron vulnerados sus derechos constitucionales a la vivienda digna, de petición, a la libertad de expresión e información, al trabajo, a la iniciativa privada, a la honra y al buen nombre. 2. Señala el peticionario que, desde mediados de 1994, la comunidad del Barrio La Unión del Municipio de Orito, donde reside, se organizó para presentar un proyecto de vivienda ante el INURBE y gestionar un subsidio que le permitiera mejorar sus viviendas, construidas con materiales deleznables y con graves problemas de saneamiento básico. Para estos efectos, contrató la asistencia técnica de una empresa privada con experiencia en este campo, debidamente autorizada por el INURBE para prestar este tipo de asesorías. En septiembre de 1994, el INURBE expidió un acuerdo mediante el cual decidió no recibir más proyectos de vivienda hasta nueva orden. Fue entonces cuando la comunidad del Barrio La Unión se enteró de que los proyectos como el que ellos deseaban gestionar, debían ser presentados a la Mesa Municipal de Solidaridad. Con el fin de obtener la colaboración de la Alcaldía Municipal, la comunidad elevó varias peticiones, "para que nos tuvieran en cuenta nuestra iniciativa de organizarnos para solucionar juntos nuestros problemas de vivienda", las cuales nunca fueron contestadas. En el mes de marzo de 1995, la comunidad tuvo conocimiento de la existencia de los programas ofrecidos por la Red de Solidaridad Social. El día 3 de mayo, se realizó la Mesa Municipal de Solidaridad del Municipio de Orito, con la finalidad de distribuir recursos para diferentes sectores, entre ellos el de vivienda, por un monto de $ 391 millones de pesos. A pesar de conocer de la existencia del proyecto de vivienda del Barrio La Unión, los funcionarios de la administración municipal y de la Red de Solidaridad Social nunca les informaron acerca de la existencia de estos recursos y de la forma de acceder a ellos. Pese a lo anterior, la comunidad asistió masivamente a la Mesa Municipal de Solidaridad, en la fecha señalada, con el fin de presentar a su consideración el perfil del proyecto de vivienda, elaborado por la empresa privada contratada, de acuerdo con la metodología exigida por la Red de Solidaridad para este tipo de proyectos. La delegada de la Red de Solidaridad Social para el Putumayo rechazó el proyecto, que cumplía con todos los requisitos, aduciendo que se trataba de una "iniciativa privada" -"desconociendo que quienes estábamos presentado el perfil éramos una comunidad con un alto índice de miseria" e "irrespetando el buen nombre del ingeniero argumentando que él o la empresa que representa no estaba autorizada para tal asesoría"-. Sin embargo, la funcionaria aceptó recibir el proyecto, sin asignarle recursos, con el fin de entregarlo a la Alcaldía para que ésta decidiera a qué barrios se otorgarían los recursos destinados a adelantar programas de mejoramiento de vivienda. El peticionario señala que proyectos similares al del Barrio La Unión - que se ajusta a los lineamientos y exigencias establecidos por la Red de Solidaridad Social - han sido seleccionados en los municipios de Mocoa y Puerto Guzmán, "a los cuales les asignaban inmediatamente los recursos solicitados por las comunidades". El actor anota que el trato diferenciado se dio, "simplemente por que nos asesoramos de una empresa privada, ya que la alcaldía nunca nos puso cuidado". Según el demandante, a la comunidad se le informó que la Red de Solidaridad se guiaba por los principios de justicia y participación. Sin embargo, "con nosotros no hubo justicia, ya que no nos tuvieron en cuenta, al desconocer que somos una población, pobre y vulnerable, de igual manera no hubo participación porque se impuso un sistema de distribución que no es procedente, como el de dejar que sea la administración municipal quien distribuya los recursos, con la clara politización de la asignación de dichos recursos. El mecanismo de asignación de los subsidios solicitados debía ser: poner en consideración de la concurrencia a la mesa municipal si se le  asignaba o no recursos a nuestro proyecto, bajo la condición de que quien no cumpliera con los requisitos de la Red, sería excluido y reemplazado por alguien de la misma comunidad". Con el fin de proteger los derechos constitucionales invocados, el petente solicitó al juez de tutela: "(1) que sean asignados los recursos solicitados por las comunidades que presentaron el debido perfil para mejoramiento de vivienda y entorno; (2) que no se atomicen los recursos sino sean utilizados de tal forma que generen un impacto de solución visible, teniendo en cuenta que si este año se solucionan los problemas de todo un barrio en la vigencia del próximo año también habrán recursos para otros barrios; (3) que no se desconozca la relación: iniciativa privada y comunitaria, en el proceso de detectar y priorizar necesidades de vivienda; (4) que la alcaldía responda nuestra petición cursada, en el sentido de solicitarle colaboración para el proyecto de mejoramiento de vivienda". 3. Con la admisión de la solicitud de tutela, el Juzgado Promiscuo Municipal de Orito ordenó: (1) a la delegada de la Red de Solidaridad Social para el Putumayo, que informara acerca de los objetivos de la Red de Solidaridad Social, el trámite y procedimiento para la presentación de los proyectos relacionados con vivienda o con su mejoramiento, los requisitos para la aprobación de los beneficiarios, los barrios focalizados, el aporte de la Red de Solidaridad Social y el del Municipio de Orito, si el señor Roberto Zúñiga presentó un proyecto de mejoramiento de vivienda y si éste fue aprobado; (2) a la jefe de Planeación Municipal del Municipio de Orito, que informara sobre los mismos aspectos solicitados a la delegada de la Red de Solidaridad Social; (3) al Alcalde Municipal de Orito, que informara si en su despacho fue recibido un memorial fechado el 17 de enero de 1995 (en el cual el ingeniero asesor del Barrio La Unión solicitaba a la Alcaldía un aporte de cofinanciación para los programas de vivienda), cuándo fue recibido, qué trámite interno se le dio y en qué fecha fue respondido. 4. En su informe, la delegada de la Red de Solidaridad Social para el Putumayo manifestó que ésta es un "instrumento dirigido al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos de población más pobre y vulnerable de la sociedad colombiana, (...) para mejorar su nivel de ingresos y su calidad de vida, pero lo más importante activar las potencialidades de sus capacidades productivas y organizativas (...). La Red también promueve un nuevo concepto de gestión social donde se conecte el Estado y la Sociedad Civil, y donde se establezca la responsabilidad de ambos en la ejecución y los resultados de las acciones solidarias". A continuación, la funcionaria anotó que los procedimientos dirigidos a la selección de proyectos por parte de la Red se guían por los principios de equidad, transparencia y validación, y se hacen efectivos en un espacio de concertación entre la comunidad y el Estado denominado Mesa Municipal de Solidaridad. Informó, igualmente, que la meta CONPES de la Red de Solidaridad Social para el Municipio de Orito es de $391.206.335, pero que la asignación inicial es de $59.005.080. En cuanto al programa de vivienda urbana, 60% de los recursos se destinarán para vivienda nueva y 40% para mejoramiento de vivienda. Los requisitos de focalización son, entre otros, los siguientes: (a) que el municipio tenga disponibilidad presupuestal para cofinanciar los programas de la Red, por lo menos en un 33%; (b) las propuestas de focalización deben ser presentadas por los Comités Técnicos Sectoriales o directamente por la comunidad en la Mesa Municipal de Solidaridad; (c) para la focalización se tienen en cuenta los requisitos de viabilidad técnica y elegibilidad para cada tipo de proyecto en particular. La población objetivo de los programas ofrecidos por la Red de Solidaridad Social se caracteriza por pertenecer a los hogares de los niveles 1 y 2 identificados por el SISBEN, o con ingresos familiares inferiores a 2 salarios mínimos mensuales. En cuanto a los programas de subsidio de vivienda, los beneficiarios deben carecer de vivienda o encontrarse en condiciones de hacinamiento crítico o de alto riesgo. La funcionaria de la Red de Solidaridad aclaró, también, que en la Mesa Municipal de Solidaridad realizada el 3 de mayo de 1995, en el Municipio de Orito, el Barrio La Unión quedó focalizado en el módulo sectorial 3 y 4 de la Zona Sur, según consta en el acta de focalización de la comisión de vivienda. Por último, la delegada manifestó que en el acta de la Mesa Municipal de Solidaridad del Municipio de Orito no consta que el señor Roberto Zúñiga hubiera presentado un proyecto de vivienda para el Barrio La Unión, el cual sí fue focalizado para mejoramiento de vivienda. Igualmente, aclaró que "en las Mesas Municipales no se realiza la selección de beneficiarios; ésta es una competencia posterior, previa a la elaboración y formulación de los proyectos". 5. La Jefe de Planeación Municipal de Orito, coincidió con la delegada de la Red de Solidaridad en todos los puntos de su informe, salvo cuando afirma que el señor Roberto Zúñiga y la comunidad del Barrio La Unión sí presentaron un proyecto de vivienda, aprobado en la Mesa Municipal de Solidaridad del día 3 de mayo de 1995, según consta en el acta de la misma. 6. El Alcalde Municipal (e) de Orito informó al juzgado de tutela que ese despacho había recibido, el 17 de enero de 1995, un oficio en el cual el Ingeniero Nicolás Morales hacía "traslado de una petición de ayuda cursada al anterior Concejo Municipal, en el sentido de lograr un aporte de cofinanciación para los programas de mejoramiento de vivienda que serán presentados para elegibilidad al INURBE". El jefe de la administración local (e) señaló que esta petición fue estudiada por el Concejo Municipal, durante su período de sesiones ordinarias, y culminó con la aprobación de los rubros para vivienda de interés social en el sector urbano ($7.000.000) y vivienda de interés social en el sector rural ($ 9.314.000). Además, el Alcalde (e) informó que existían dos rubros adicionales destinados a servir como contrapartida del municipio a los programas de la Red de Solidaridad Social, los cuales ascendían a $4.500.000 para vivienda urbana y $5.000.000 para vivienda rural. Por último, el funcionario manifestó que la respuesta a la petición fue dada en forma verbal al solicitante por el Alcalde Municipal, indicándole que cada proyecto particular debía ser tramitado a través de la Red de Solidaridad Social. Prueba de ello es que sobre la hoja de papel en que estaba contenida la petición, el Alcalde - de su puño y letra - señaló que ésta había sido recibida y que debía ser tramitada a través de la Red de Solidaridad Social. 7. Por providencia de junio 16 de 1995, el Juzgado Promiscuo Municipal de Orito decidió: (1) negar la solicitud de tutela presentada por el señor Roberto Zúñiga, en cuanto a los derechos a la vivienda digna, por no ser éste un derecho fundamental que pueda ser protegido a través de la acción de tutela; a la libertad de expresión e información, por cuanto la invitación a la instalación de la Mesa Municipal de Solidaridad se hizo pública a través del noticiero regional y, en el acta de instalación, el señor Zúñiga aparece como integrante del Comité de Veeduría; al trabajo, toda vez que no se encontró probada ninguna vulneración a este derecho; a la iniciativa privada, como quiera que ésta no es un derecho fundamental sino un principio de libertad económica (C.P., artículo 333); al buen nombre y a la honra, en la medida en que de los hechos no se desprende ningún tipo de violación a estos derechos; (2) tutelar el derecho de petición, conculcado por el Alcalde Municipal de Orito al no responder la solicitud elevada por el Ingeniero Nicolás Morales el 17 de enero de 1995. La anterior decisión fue enviada a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, al ser seleccionada, correspondió a esta Sala su conocimiento. 8. Mediante auto de septiembre 26 de 1995, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional solicitó al Gerente General de la Red de Solidaridad Social y a la Delegada de la Red de Solidaridad Social para el Putumayo, que respondieran a una serie de preguntas tendentes a aclarar las funciones y responsabilidades de cada una de las instancias implicadas en el proceso de entrega del subsidio para mejoramiento de vivienda y del entorno; establecer las causas por las cuales se negó el mencionado subsidio a la comunidad del Barrio La Unión, y determinar el estado actual del proyecto de vivienda presentado por los vecinos de ese barrio a través del peticionario. Las respuestas de los funcionarios a los anteriores interrogantes, se presentarán  a lo largo de las consideraciones que anteceden a la parte resolutiva del presente fallo de tutela. FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. El actor reside en el Barrio La Unión, en el municipio de Orito (Putumayo), cuyos moradores han elevado a la Red de Solidaridad Social - establecimiento público del orden nacional -, una solicitud de Subsidio Familiar de Vivienda con el objeto de mejorar sus lugares de habitación. La "Mesa Municipal de Solidaridad" -instancia de concertación prevista en el artículo 10 del Reglamento Operativo General de la Red de Solidaridad Social -, en lugar de adjudicar los correspondientes fondos, no obstante que el proyecto presentado reunía todos los requisitos, se limitó a enviar el formulario al municipio. El demandante pone de presente que, respecto de las peticiones de otros barrios, la indicada mesa las tramitó favorablemente, lo que en su caso no ocurrió en razón a que ilegalmente se había objetado la intervención - que juzga legítima - de un ingeniero como asesor del proyecto. Anota el demandante que, hasta la fecha, el Alcalde no ha respondido el memorial en el que se reclama el concurso financiero que debe dar el municipio. Agrega que los miembros de la comunidad, por falta de información, desconocen el contenido, alcances y trámites de los programas de la Red. Con base en los hechos anteriores, el demandante recurre a la acción de tutela con el fin de que se amparen sus derechos a la vivienda digna, a la iniciativa privada, a la libertad de expresión e información, al buen nombre y a la honra. El Juez de tutela, denegó las pretensiones impetradas, salvo en lo que concierne al derecho de petición vulnerado por el Alcalde de Orito, que se había abstenido de dar curso a la solicitud presentada por los habitantes del Barrio La Unión. Los argumentos que sirven al Juez para desestimar la tutela, se sintetizan así: (1) la honra y el buen nombre del ingeniero asesor, debe ser alegada, si acaso se ha violado, por el afectado, como que no se ha probado que éste se encuentre en estado de indefensión; (2) el derecho a la vivienda digna tiene carácter prestacional y, por ende, no puede ser protegido a través de la acción de tutela; (3) no se ha quebrantado la libertad de expresión y de información, pues luego de la debida publicidad dada al evento a través de la televisión regional, se instaló el 3 de mayo la Mesa Municipal de Solidaridad en la que, inclusive, fue designado veedor el mismo demandante, quien, de otra parte, continúa figurando como potencial beneficiario del plan de mejoramiento de vivienda; (4) la omisión de la entidad demandada, no viola el derecho al trabajo del demandante ni su libre iniciativa, independientemente de que la ley que regula el Subsidio Familiar de Vivienda necesariamente supedite su otorgamiento al cumplimiento de determinados requisitos. 2. Pese a que el demandante plantea una lesión plural de derechos, si se deja de lado la afrenta al derecho de petición, la causa principal de la presunta afectación, reside en la no concesión del subsidio de vivienda. El derecho a la vivienda digna (C.P., artículo 51), es un derecho de prestación que no tiene el carácter de fundamental y, por consiguiente, no es objeto de protección a través de la acción de tutela. Sin embargo, una vez el Estado fija las “condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho”, debe precisarse la relevancia constitucional de los problemas que suscita la distribución de un bien escaso en el plano constitucional y, concretamente, en lo que se relaciona de manera íntima con el derecho a la igualdad y a la participación, éstos sí garantizados con la acción de tutela. Los derechos económicos y sociales, en cuanto incorporan normalmente el derecho a exigir prestaciones materiales a cargo del Estado, exigen que la ley establezca y organice, de acuerdo a las posibilidades fiscales y a la capacidad de gestión existente, las formas, sistemas y procedimientos específicos para atender las demandas que en ese marco puedan formularse. El desarrollo de los derechos económicos y sociales, expande las competencias de ejecución de la administración, lo mismo que las oportunidades de control y participación de los ciudadanos. De ahí que una vez la ley desarrolle un derecho de prestación - como ocurre con el derecho a la vivienda digna -, se active un proceso real de justicia social y adquiera importancia determinar la validez de los criterios específicos de distribución adoptados en aquélla y aplicados por la administración encargada del respectivo programa. En este contexto, aparte del juicio constitucional abstracto de los criterios de reparto o distribución, asume una importancia crítica el procedimiento que se entroniza y la forma en que se llevó a cabo. Dentro del marco trazado por la ley, los sujetos a los que se dirige teóricamente un programa prestacional público, tienen el derecho a una igual protección y trato (C.P., artículo 13) y, de otro lado, a participar en el trámite que conduce a la asignación de bienes y ventajas sociales (C.P., artículo 40). Por lo expuesto, si bien el derecho a la vivienda digna -como derecho prestacional-, no tiene carácter fundamental y, por tanto, no es objeto de acción de tutela, no puede de plano descartarse que, al ser desarrollado legalmente, no puedan surgir por parte de las personas interesadas, reclamaciones y pretensiones de diversa naturaleza, fundadas en el derecho a la igualdad y a la participación. 3. La Corte procederá a determinar si al demandante le fueron vulnerados estos derechos, como consecuencia de la omisión del Estado en asignarle el subsidio de vivienda, que tanto él como los demás miembros de su comunidad habían solicitado. El subsidio de vivienda, materia de esta controversia, se relaciona con la política estatal de apoyo y protección a las personas y sectores más vulnerables de la población colombiana. Los epígrafes siguientes se ocuparán de introducir el contexto y las particularidades de esta política. Se destacarán, especialmente, los criterios específicos de distribución consagrados en la ley, así como los aspectos asociados a la igualdad y a la participación, que se suscitan con ocasión del desarrollo legislativo del mencionado derecho prestacional. Sentadas las anteriores premisas generales, a la luz de los hechos probados, se establecerá si los derechos fundamentales del demandante - igualdad y participación-, fueron violados por la Red de Solidaridad Social. La Red de Solidaridad Social y la Pobreza 4. Hannah Arendt definía la pobreza como un estado de constante indigencia y extrema miseria "cuya ignominia consiste en su poder deshumanizante; la pobreza es abyecta debido a que coloca a los hombres bajo el imperio absoluto de sus cuerpos, esto es bajo el dictado absoluto de la necesidad"[1]. En la actualidad, referirse al tema de la pobreza, significa hablar de una situación que afecta a uno de cada dos latinoamericanos. En el caso colombiano, más de seis millones de habitantes perciben ingresos que no les permiten adquirir una canasta de alimentos adecuada desde el punto de vista nutricional[2]. La escalada de la pobreza en Colombia y, en general, en América Latina, se ha caracterizado por la degradación de las características del fenómeno. En efecto, se ha presentado un aumento de los pobres absolutos o en situación de indigencia, los cuales conforman la mitad de la población en situación de pobreza. Por otra parte, el fenómeno tiende a atacar con mayor dureza a ciertos grupos específicos de la población, acentuando su situación de vulnerabilidad social. Según el Informe sobre el Desarrollo Humano de las Naciones Unidas de 1990, la pobreza es, en América Latina, la principal causa de mortalidad, a la cual se atribuyen 1.500.000 muertes anuales. Los niños son quienes sufren los efectos de este fenómeno con mayor dureza, toda vez que 2000 de ellos mueren diariamente por causas atribuibles a la miseria. De igual modo, las mujeres resienten sus efectos con especial fuerza y, en especial, las mujeres cabeza de familia, que llegan a conformar el 40% de los hogares pobres. Los jóvenes desempleados, los grupos étnicos, los desplazados, los ancianos y los discapacitados constituyen, también, sectores de la población en los cuales la pobreza se asienta de manera más dramática. 5. La Carta Política de 1991 consagra - en el plano jurídico - claros mecanismos que buscan hacer frente al fenómeno de la pobreza. La Constitución establece las bases para la formulación de programas sociales de carácter permanente y estructural, tendentes a la consecución del bienestar y la mejora de la calidad de vida de todos los colombianos. Los derechos consagrados en los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 65, 66, 67, 70 y 71; la prioridad que el artículo 350 de la Carta otorga al gasto público social dentro del presupuesto; la consagración de claras finalidades sociales del Estado (C.P., artículo 366); la distribución de las transferencias a los municipios con base en indicadores de necesidades básicas insatisfechas e índices de pobreza (C.P., artículo 357); la excepción establecida por el artículo 359 a la prohibición de las rentas nacionales con destinación específica cuando se trate de recursos para inversión social; la posibilidad de entregar subsidios para que las personas de menores ingresos puedan cubrir el costo de los servicios públicos domiciliarios (C.P., artículo 368); etc., son elementos del amplio repertorio del Estado social de derecho, cuya utilización se inscribe en la función transformadora de la realidad social y económica, que constituye uno de sus empeños más esenciales. 6. Sin embargo, la Constitución hace especial énfasis en la atención de los colombianos que se encuentran en situaciones de miseria o indigencia, cuya carencia de recursos y capacidades productivas los colocan en situaciones de manifiesta marginalidad, debilidad y vulnerabilidad. Por este motivo, los pobres absolutos quedan incluídos dentro del ámbito normativo de los incisos 2° y 3° del artículo 13 de la Carta, lo cual determina la obligación del Estado de implementar políticas de acción afirmativa que propendan por la igualdad real y efectiva de este grupo de la población, que se orienten a resolver problemas acuciantes de su mínimo vital. En este sentido, el artículo 46 transitorio de la Carta ordena al Gobierno la creación - por cinco años - de un Fondo de Solidaridad y Emergencia Social, dependiente de la Presidencia de la República, cuyo objeto fundamental sea la financiación de proyectos de apoyo a los sectores más vulnerables de la población colombiana. La Red de Solidaridad Social 7. La Red de Solidaridad Social nace de la reorganización del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social (C.P., art. 46 transitorio, Decreto 2133 de 1992) que, a partir de la vigencia del Decreto 2099 de 1994, se denomina Red de Solidaridad Social. Según el artículo 1° del mencionado decreto, la Red es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Por su parte, el documento CONPES N° 2722, Red de Solidaridad Social, de agosto 10 de 1994[3], establece los lineamientos de política en los que se funda este programa. En ese documento, se define a la Red "como un conjunto de programas dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos de población más pobre y vulnerable". 8. La implementación de un programa presidencial con las características de la Red de Solidaridad Social se ha justificado en el hecho según el cual "más de 12 millones de colombianos no logran acceder a los beneficios del crecimiento y de las políticas estatales por ser demasiado pobres, por estar demasiado alejados de la acción de los organismos de gobierno y por estar afectados por factores estructurales que los separan de los procesos de movilidad social. Por esto se requiere complementar la política social con una nueva forma de acción social directa, dirigida exclusivamente a estos colombianos". De esta forma, la Red de Solidaridad Social no sustituye, sino complementa, los programas estructurales de educación, salud, seguridad social y vivienda. La orientación de la Red tiene un carácter integral que tiende al mejoramiento simultáneo de los ingresos y las condiciones de vida de los grupos particularmente vulnerables (jóvenes y mujeres desempleados, niños en condiciones de desnutrición, mujeres jefes de hogar y ancianos indigentes). La población objetivo de la Red de Solidaridad Social está constituida por aproximadamente 12 millones de personas, identificadas como las más vulnerables entre los 17 millones de pobres que existen en Colombia (47% de la población total). De ellas, el 53% (6.555.000) está ubicado en zonas rurales, y el 47% restante (5.764.000) en zonas urbanas. Con el objeto de garantizar el acceso de estos grupos en situación de debilidad manifiesta, a las ofertas de la Red, es necesario ubicarlos geográfica y socialmente por medio del mecanismo de la focalización y desarrollar una dinámica institucional y social de búsqueda activa de los mismos, sin esperar a que su escasa capacidad de demanda les permita acceder a la atención del Estado (principio de la proactividad). 9. El concepto de "Red de Solidaridad" hace alusión a una nueva visión de la gestión social, en donde se tiene como prerrequisito fundamental la concurrencia y articulación permanente de los esfuerzos de las instituciones estatales, el sector privado, la comunidad y las ONG's. Con esto, se pretende "impulsar y fortalecer el contenido ético y político de la solidaridad, para buscar la prosperidad y la convivencia que son fines esenciales del Estado al tenor de la Constitución de 1991. Este concepto de solidaridad social reclama, en un horizonte de largo plazo, trabajar dentro de una dimensión programática en la que la sociedad y el Estado se justifiquen recíprocamente, por obra de las acciones orientadas a elevar el nivel de vida de los más necesitados"[4]. 10. Lo anterior se hace efectivo a través de tres objetivos básicos: (1) Llegar a los grupos más pobres y vulnerables de la población con el fin de mejorar el nivel de sus ingresos y su calidad de vida potenciando, al mismo tiempo, sus capacidades productivas y organizativas; (2) promover un nuevo concepto de gestión social que interrelacione al Estado con la sociedad en el que se establezca una responsabilidad mutua en la ejecución de las acciones solidarias; (3) la conexión de las acciones de la Red de Solidaridad Social con los programas estructurales de política social, con el fin de permitir el acceso a éstos de la población objetivo de la Red. Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas 11. Cada uno de los programas que administra la Red de Solidaridad Social busca hacer efectivo alguno de los derechos prestacionales consagrados en la Constitución. Así, los programas VIVIR MEJOR y de Vivienda y Mejoramiento del Entorno se basan en el derecho a la vivienda digna (C.P., artículo 51), el Programa de Atención Materno Infantil - PAMI - responde a la obligación del Estado de prestar atención a la mujer durante el embarazo y después del parto y a los niños menores de un año (C.P., artículos 43 y 50), el programa RECREAR busca la efectividad del derecho a la recreación (C.P., artículo 52), etc. La dinámica operativa de la Red de Solidaridad Social permite efectuar una reflexión sobre las estructura de los derechos económicos, sociales y culturales. De manera general, puede decirse que una ley, expedida por el Congreso de la República, preside el desarrollo de la política pública mediante la cual se busca la efectividad de un determinado derecho asistencial. Esta ley fija los parámetros generales de actuación del Estado y los criterios genéricos de distribución que sean necesarios de acuerdo con la naturaleza de cada derecho. Los mandatos generales de la ley, suelen desarrollarse por el Gobierno Nacional a través de uno o varios decretos en los cuales se delimitan las competencias a nivel de la Administración Pública y se precisan los criterios de tipo distributivo. Por último, la entidad o entidades directamente responsables del manejo de una determinada política pública, pueden expedir actos administrativos que regulan los requisitos, trámites y procedimientos a los que deben someterse los eventuales beneficiarios de las prestaciones que hayan de distribuirse. 12. Si bien la estructura formal del proceso de implementación de los derechos prestacionales puede describirse con carácter general, no ocurre lo mismo con los parámetros que guían la distribución de las prestaciones específicas mediante las cuales ellos se hacen efectivos. En efecto, cada uno de los derechos económicos, sociales o culturales, dará lugar a un proceso autónomo de justicia con criterios propios de distribución. La situación social y el ámbito vital de los destinatarios cuyas necesidades cada derecho busca subvenir, determinan que no sea posible acudir a criterios distributivos universales. Por el contrario, la garantía de un orden político, económico y social justo (C.P., Preámbulo) y la promoción de la prosperidad general (C.P., artículo 2) se concretan a través de ámbitos distributivos específicos constituidos por cada uno de los derechos de carácter prestacional. La distribución de bienes escasos a partir de principios únicos y universales implicaría la existencia de una concepción única del bien común y de una autoridad con poderes suficientes para imponerla a todos los ciudadanos. La igualdad, realizada a través de la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, es una noción básicamente compleja, llena de aristas y matices que imposibilitan la existencia de principios únicos de asignación. La intervención, excepcional, del juez constitucional en las decisiones de asignación del gasto público, sólo estará legitimada en aquellos eventos en los cuales la distribución de los recursos se ha efectuado con clara violación de los derechos fundamentales (por ejemplo, situaciones de discriminación frente a la entrega de un subsidio, violación del debido proceso en su asignación, etc.) de potenciales beneficiarios y siempre, desde luego, que la acción de tutela sea procedente ante la ausencia de los medios judiciales ordinarios. 13. En el caso sub-lite, el actor ha alegado como causa de la violación de su derecho a la igualdad la no asignación de un subsidio para el mejoramiento de vivienda urbana y el entorno por parte de la Mesa Municipal de Solidaridad del Municipio de Orito. La presunta vulneración del principio de igualdad se encuentra en directa relación con la efectividad del derecho a la vivienda digna (C.P., artículo 51), que el subsidio solicitado busca hacer efectivo. El acceso a la vivienda es uno de esos ámbitos de justicia cuyos principios particulares de distribución se hacen efectivos a través del esquema que a continuación se describe. La Política de Vivienda Social Urbana 14. La Ley 3 de 1991 creó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, como un conjunto de entidades públicas y privadas cuya función es la de financiar, construir, mejorar, reubicar, habilitar y legalizar títulos de vivienda social. El artículo 6° de la mencionada Ley establece el Subsidio Familiar de Vivienda - SFV -, "como un aporte estatal en dinero o en especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que (esta Ley) establece". Los recursos nacionales del SFV son administrados por el INURBE, en coordinación con las administraciones locales (Ley 3 de 1991, art. 12-b). Los beneficiarios del SFV podrán ser aquellos hogares que se postulen para recibirlo, por carecer de recursos suficientes para obtener una vivienda, mejorarla o habilitar legalmente los títulos de la misma (Ley 3 de 1991, art. 8). A las postulaciones aceptables se les define un orden secuencial, de acuerdo con las calificaciones del solicitante tales como ahorro previo, cuota inicial, trabajo o vinculación a una organización popular de vivienda (Ley 3 de 1991, art. 7). 15. El documento CONPES N° 2729, Política de Vivienda Social Urbana, de septiembre 14 de 1994[5], propone fortalecer el SFV - individual o colectivo - establecido en la Ley 3 de 1991, focalizándolo en los estratos más pobres y vulnerables de la población, integrándolo a la Red de Solidaridad Social y articulándolo a programas complementarios de mejoramiento del espacio y de la infraestructura en servicios comunitarios. Esta política se realiza con la participación de la comunidad, el INURBE, los municipios y los Fondos de Cofinanciación, y tiene dos componentes: uno, integrado a la Red de Solidaridad Social, que cubre a las familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos legales mensuales - SMLM -, y otro, dirigido a los hogares pobres con ingresos entre dos y cuatro SMLM, a través de proyectos de vivienda nueva. El componente integrado a la Red de Solidaridad Social, a su vez, ofrece dos programas: el de mejoramiento de vivienda y su entorno, y el de dotación de vivienda nueva. El programa de mejoramiento de vivienda y el entorno, se endereza a los asentamientos subnormales de alta concentración de pobreza, es decir, los niveles 1 y 2 del SISBEN[6], o en hogares con ingresos inferiores a dos SMLM, en donde el problema central sea la calidad de la vivienda. Además de las reglas generales de calificación de postulantes establecidas en el artículo 7° de la Ley 3 de 1991, la nueva Política de Vivienda Social Urbana incorpora los siguientes parámetros: (1) nivel relativo de pobreza del municipio; (2) aportes del municipio y de las ONG's en la financiación del proyecto; (3) aplicación de mecanismos de la Ley de Reforma Urbana (Ley 9 de 1989); (4) conexión y dotación efectiva de los servicios de acueducto y alcantarillado; (5) mejor relación costo/beneficio de la solución; (6) mejoramiento de las condiciones sanitarias de la vivienda. 16. El Decreto 706 de 1995, reglamentario de la Ley 3 de 1991, establece el procedimiento de acceso al SFV. Este se compone de dos etapas. En la primera, denominada etapa de oferta, se establecen qué proyectos de vivienda son elegibles para recibir el SFV. La etapa se inicia con la identificación de los sectores de intervención, que deben caracterizarse por presentar condiciones críticas de marginalidad, reflejadas en la cobertura de los servicios públicos domiciliarios, la accesibilidad, calidad y cobertura de los servicios de educación y salud, calidad y condiciones de la construcción de las viviendas y la condición de vulnerabilidad de la población por su situación socioeconómica. Estas condiciones se complementan con la viabilidad técnica, económica, ambiental, jurídica y financiera que ofrezca la administración local para la atención del sector de intervención. Los proyectos formulados por los municipios, las organizaciones populares de vivienda y las empresas privadas serán presentados ante las oficinas regionales del INURBE con el fin de: (1) efectuar la evaluación técnica, económica y ambiental de los aspectos relacionados con la vivienda; (2) remitir a la UDECO (Unidad Departamental de Cofinanciación) para la evaluación técnica, económica y ambiental de los aspectos relacionados con el entorno. Es de anotar que la Red de Solidaridad Social y, en particular, las Mesas Municipales de Solidaridad, sólo intervienen en esta primera etapa. En efecto, esta instancia participativa define las áreas de intervención, dentro del municipio, susceptibles de recibir el SFV habida cuenta de su situación de pobreza. La segunda etapa - o etapa de demanda - se inicia con una convocatoria por parte del INURBE - realizada al comienzo de la vigencia fiscal respectiva - en la cual se establecen la periodicidad y montos de recursos para las asignaciones de subsidios que se realizarán en dicho período. Esta etapa se compone, a su vez, de cuatro sub-etapas: postulación, calificación, asignación y entrega (Decreto 706 de 1995, artículo 34). Los oferentes de los proyectos elegibles presentan ante el INURBE regional los formularios de postulación al SFV. Las condiciones para la postulación son cuatro: (1) ninguno de los miembros del hogar podrá ser propietario de una solución de vivienda; (2) los ingresos totales del hogar no podrán exceder de dos SMLM; (3) conformar un hogar (cónyuges, uniones maritales de hecho y grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta de tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, que comparten un mismo espacio habitacional); (4) acreditar un aporte previo para la solución de vivienda, el cual podrá estar representado en dinero o en especie (Decreto 706 de 1991, artículos 35 y 36). La calificación se define como "el acto mediante el cual la entidad otorgante del SFV asigna un orden secuencial a las postulaciones aceptables, de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de los hogares, los aportes previos y la vinculación a una organización popular de vivienda" (Decreto 706 de 1995, artículo 40). Corresponde a la Junta Directiva del INURBE la reglamentación de los puntajes que se concederán a cada uno de los criterios y establecer los factores de desempate, para solucionar situaciones de igualdad en la calificación. En la calificación de las condiciones socioeconómicas de las postulaciones de los proyectos insertos en la Red de Solidaridad Social se tendrán en cuenta situaciones de vulnerabilidad social, tales como hogares con jefatura femenina, con miembros menores de 12 años, mayores de 65 y discapacitados y hogares en condiciones de vulnerabilidad por encontrarse ubicados en zonas de alto riesgo mitigable. La asignación "es el acto por medio del cual la entidad otorgante del SFV, define, según la calificación obtenida y la disponibilidad de recursos para cada convocatoria, los hogares beneficiarios del SFV" (Decreto 706 de 1995, artículo 43). Las solicitudes no atendidas en la convocatoria para la cual se postularon, quedan en situación de pendientes en la entidad otorgante respectiva. Si en la siguiente asignación no salen favorecidas serán descartadas, sin perjuicio de poder postularse nuevamente. Por último, la entrega es "el acto mediante el cual la entidad otorgante del SFV, transfiere el valor del mismo a quien suministre o financie la solución de vivienda escogida por el beneficiario" (Decreto 706 de 1995, artículo 45). 17. El Acuerdo N° 31 de 1995, expedido por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE -, regula de manera detallada los criterios que deben ser tenidos en cuenta en cada una de las etapas del proceso de demanda del SFV. Es oportuno exponer el sistema utilizado por el INURBE para la adopción del orden secuencial que se asigna a las postulaciones de los oferentes. El artículo 24 del Acuerdo N° 31 de 1995 establece que la asignación de subsidios a los hogares que se postulen en forma colectiva, se hará ordenando las postulaciones según un orden secuencial descendente, ciñéndose a un sistema de puntaje en el cual se califican los aspectos socioeconómicos (las mujeres jefes de hogar se califican con 10 puntos, la presencia de personas menores de 12 años, mayores de 65 y discapacitados se califican con 10 puntos), los aportes (si este es menor del 1% en efectivo no obtiene puntaje, si se encuentra entre el 1 y el 3% se obtienen 10 puntos, si el aporte está entre el 3 y el 5% en efectivo se obtienen 20 puntos y si es de más del 5% obtiene 30 puntos), si el oferente es una organización popular de vivienda (se asignan 10 puntos) y la vulnerabilidad por riesgo (si la solución de vivienda es objeto de reubicación o mitigación por riesgo, obtiene 20 puntos). Por su parte, el artículo 25 del mencionado Acuerdo, consagra un mecanismo similar para la asignación de subsidios a las postulaciones realizadas en forma individual. 18. El principio distributivo fundamental que guía el procedimiento antes descrito es el de la necesidad. El SFV se asigna con prioridad a quienes se encuentren en situación de mayor pobreza y su vivienda se encuentre en condiciones críticas de habitabilidad o carezca de servicios domiciliarios esenciales. Sin embargo, este procedimiento puede calificarse como un sistema mixto en el cual se combinan varios principios y mecanismos específicos de distribución. En una primera instancia (a través de la declaratoria de elegibilidad), el conjunto total de posibles beneficiarios es limitado con base en un criterio esencial constituido por la gravedad de las condiciones de marginalidad, adicionado por las características técnicas, financieras, jurídicas y ambientales de los proyectos, lo cual reduce - aún más - el número de eventuales beneficiarios. Durante la segunda etapa, el criterio concreto de justicia utilizado es el del orden secuencial descendente ("cola") de las postulaciones susceptibles de recibir el SFV. El orden que se asigna a cada postulante en la "cola" depende del puntaje obtenido en el proceso de calificación. Los criterios de calificación responden, nuevamente, a la necesidad material o la vulnerabilidad del postulante o de su vivienda (mujeres jefes de hogar, hogares con niños menores, ancianos y discapacitados, viviendas en situación de riesgo mitigable, etc.). Igualdad en la Asignación de Subsidios 19. La petición principal del actor en el caso sub-judice consiste en "que sean asignados los recursos solicitados por las comunidades que presentaron el debido perfil para mejoramiento de vivienda y entorno". Esta solicitud trae a colación el problema fundamental - desde el punto de vista constitucional - a que se enfrentan los programas sociales que funcionan con base en la entrega de subsidios directos a la demanda. 20. Los subsidios directos a la demanda (como es el Subsidio Familiar de Vivienda) constituyen uno de los mecanismos más utilizados por los programas focalizados de asistencia social a los grupos más pobres de la población. A diferencia de los subsidios a la oferta, los subsidios a la demanda permiten una mayor eficiencia en la gestión, en la medida en que el Estado entrega los recursos directamente a los beneficiarios, obviando los costos burocráticos que implica la provisión directa de los bienes a los cuales el subsidio permite acceder. Cualquiera sea su carácter, el subsidio plantea un problema insoslayable desde el punto de vista del principio de igualdad: ¿qué ocurre cuando las demandas de los interesados sobrepasan los recursos disponibles?. La aplicación de un test formal de igualdad llevaría a concluir que se está frente a un trato discriminatorio. En abstracto, podría decirse que la Constitución no ofrece ninguna base a partir de la cual se pudiese sustentar la no entrega de un subsidio a una persona que cumple con los requisitos para recibirlo y que se encuentra en la misma situación de carencia de otros que sí lo recibieron. 21. En este tipo de casos, el test de razonabilidad es insuficiente, como quiera que se enfrenta a un hecho imposible de negar si no se quieren producir fallos que den la espalda a la más palpable realidad de un Estado como el colombiano: la no existencia de recursos suficientes para atender las necesidades de todos los colombianos que se encuentran en situación de pobreza absoluta. La escasez de recursos, a la que se enfrenta la implementación de políticas públicas de lucha contra la pobreza, implica que la efectividad del principio de igualdad no pueda consistir en garantizar, a quienes se encuentren en situación de recibir un subsidio, alguna especie de derecho público subjetivo a recibir recursos del Estado por el sólo hecho de poseer una serie de características que lo convierten en potencial beneficiario. El juez constitucional no puede propiciar la creación de falsas expectativas, ordenando la entrega de recursos que materialmente no existen. De hacerlo, atentaría contra la propia legitimidad del Estado y horadaría la credibilidad en las instituciones democráticas. 22. La realización del principio de igualdad en la asignación de recursos escasos consiste en garantizar, a los posibles beneficiarios, el acceso, en condiciones de igualdad, a los procedimientos por medio de los cuales las instituciones distribuyen esos recursos. Si bien la elección de los principios y procedimientos particulares de distribución que cada entidad establece - con base en la ley - forman parte de su autonomía operativa, éstos no pueden contrariar los parámetros que se derivan de los principios y valores constitucionales: todos los posibles beneficiarios deben tener iguales oportunidades de acceso; el procedimiento no puede favorecer a ningún grupo de beneficiarios en particular; los mecanismos de selección no pueden conducir a establecer discriminaciones contrarias a la Carta, etc. En este orden de ideas, por lo menos en las dos situaciones siguientes, es innegable la dimensión constitucional de la controversia: (1) cuando el procedimiento es constitucionalmente adecuado, pero alguna de sus etapas o requisitos se violan o pretermiten y esto determina que un beneficiario sea excluido del subsidio, al cual habría accedido si el procedimiento se hubiera cumplido a cabalidad; (2) el procedimiento se observa, no obstante su diseño contraría las normas constitucionales, por ejemplo, se descubre que los mecanismos aplicados implican una exclusión sistemática de personas caracterizadas por algún factor relacionado con la raza, el sexo o la edad. Participación y Concesión de Subsidios 23. La participación de la comunidad en los procesos de distribución de bienes escasos es un elemento esencial para el logro de la transparencia de los procedimientos, el control de las decisiones y la eficiencia en la asignación del gasto social. La participación crea ciudadanos responsables de su bienestar y neutraliza las relaciones clientelistas entre el Estado y la comunidad. La efectividad de la participación depende, de manera fundamental, de la información que posean los posibles beneficiarios. Una incidencia real de la comunidad en los procesos de gestión pública y el ejercicio adecuado de la acción colectiva en las decisiones que afectan a la ciudadanía, sólo es posible si ésta posee los conocimientos suficientes y necesarios. Esto con el fin de que las exclusiones finales, en un proceso de asignación de recursos escasos, no sean producto de la desinformación, la ignorancia o de la falta de capacidad técnica. La participación efectiva depende, también, de los mecanismos de defensa que estén a disposición de los beneficiarios. Toda vez que el resultado final de uno de estos procesos de asignación puede ser el no acceso a los recursos solicitados, el postulante debe poder conocer todas las causas y motivaciones que determinan la decisión final. Igualmente, a lo largo del procedimiento, y luego de la decisión final, el aspirante debe tener a su disposición una amplia gama de posibilidades para controvertir tanto el procedimiento como la determinación adoptada. Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el informe del Banco Mundial sobre pobreza en Colombia de agosto de 1994, al analizar la política de vivienda social en Colombia, concluyó que "existe una severa falta de información sobre los programas de vivienda entre la población objetivo". En efecto, 12% de los beneficiarios no se entera de la aprobación de sus solicitudes, 22% no recibe la comunicación del INURBE necesaria para efectuar el desembolso final, 43% no sabe cómo encontrar una solución de vivienda adecuada a sus necesidades y 38% no conoce el procedimiento para reclamar el subsidio. El informe recomienda que las deficiencias en materia de información se corrijan a través de las siguientes acciones: (1) las autoridades deben comunicarse con los beneficiarios a lo largo del proceso en forma mucho más efectiva; (2) durante la etapa de postulación cada parte del proceso debe ser explicada; (3) la información relativa a las soluciones de vivienda disponibles debe ser presentada de manera amable al usuario. Finalmente, los beneficiarios deben tener la posibilidad de presentar reclamos acerca de las irregularidades sucedidas a lo largo del proceso, ante las autoridades responsables[7]. 24. Antes de resolver la situación planteada, conviene resumir las premisas anteriores que constituyen el marco general que ha de servir para tal efecto. - La distribución de bienes escasos tiene relevancia constitucional en la medida en que se relaciona, de manera directa, con la fijación de las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la Constitución. El desarrollo legal de los derechos prestacionales, desencadena procesos de justicia social presididos por criterios distributivos específicos. Desde el punto de vista constitucional, es importante precisar la validez de estos criterios y el procedimiento mediante el cual éstos se hacen efectivos. - El aumento de los niveles de pobreza y la degradación de las condiciones de vida de los estratos más pobres y vulnerables de la población, son fenómenos que no pasaron desapercibidos para el Constituyente. En estos casos, el Estado social de derecho desarrolla con mayor vigor sus potencialidades transformadoras de la realidad socio-económica, al determinar la especial protección que debe brindar el Estado a estos grupos de la población, a través de programas de acción afirmativa (C.P., artículo 13). - La Red de Solidaridad Social se inscribe dentro de estos propósitos constitucionales. En este orden de ideas, dirige sus programas hacia "los más pobres entre los pobres", buscando elevar su nivel de ingresos y sus capacidades productivas, a través de la solución de sus necesidades básicas en salud, educación, seguridad social, vivienda y saneamiento básico y recreación. - Los programas administrados por la Red de Solidaridad Social, permiten ilustrar y analizar la estructura de los derechos económicos, sociales y culturales. Una ley, desarrollada por un decreto del Gobierno Nacional, a su vez precisado por actos administrativos expedidos por la entidad o entidades públicas responsables, conforman la cadena normativa a través de la cual se hacen efectivos los principios específicos de distribución, que conforman cada uno de los procesos autónomos de justicia social en que se traducen los derechos prestacionales. - Esta estructura se ve reflejada por la Política de Vivienda Social Urbana (Ley 3 de 1991, Decreto 706 de 1995, Acuerdo N° 31 de 1995 de la Junta Directiva del INURBE), que busca la efectividad del derecho a la vivienda digna (C.P., artículo 51), a través del Subsidio Familiar de Vivienda. - La garantía del principio de igualdad en los procesos de asignación de subsidios, se logra a través del acceso, en condiciones de igualdad, de todos los posibles beneficiarios, a los procedimientos por medio de los cuales las instituciones responsables distribuyen esos recursos. La escasez de los recursos para programas sociales, determina que no exista un derecho público subjetivo a los subsidios del Estado, y que la protección constitucional recaiga sobre el respeto al procedimiento específico de distribución que cada derecho económico, social y cultural implica. - Esto último depende, en gran medida, de la participación de la comunidad en los procesos de distribución de bienes escasos, toda vez que con ésta se logra una mayor transparencia y control sobre la asignación de recursos públicos. A su vez, la efectividad de la participación es un correlato de los niveles y de la calidad de la información que posean las comunidades organizadas. Sin un nivel adecuado de información, y sin garantías que posibiliten la controversia de los procedimientos y resultados por parte de los posibles beneficiarios, la acción colectiva pierde toda su capacidad para incidir - de manera real y efectiva - en los procesos de conquista del bienestar de las comunidades que la ejercen. El caso concreto 25. A la luz de lo establecido, la tarea de la Sala se limitará a determinar si, en el caso que se estudia, se respetaron los derechos de igualdad y participación del actor en el proceso de asignación de subsidios para el adecuamiento de vivienda urbana, conforme lo dispone la Ley 3 de 1991, el Decreto 706 de 1995 y el Acuerdo N° 31 de 1995 de la Junta Directiva del INURBE. 26. Es necesario identificar, en primer término, cuál es el trámite legal previsto para el otorgamiento de un subsidio para el mejoramiento de vivienda urbana, a fin de establecer si las autoridades correspondientes respetaron el procedimiento fijado. 27. El programa de mejoramiento de vivienda y su entorno, diseñado por la ley 3 de 1991,  se encuentra regulado por el  Decreto 706 de 1995, el Acuerdo N° 31 de 1995 de la Junta Directiva del INURBE y por el Reglamento del Programa de Vivienda Urbana Integrado a la Red de Solidaridad Social. Las acciones del Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Entorno se adelantan a través de diversas etapas que a su vez se subdividen en varias fases. 28. La primera etapa de los proyectos de mejoramiento de vivienda y del entorno - etapa de oferta -, consiste básicamente en la identificación de los proyectos elegibles, susceptibles de ser beneficiados por el Subsidio Familiar de Vivienda (SFV). El artículo 30 del Decreto 706 de 1995 establece que la declaratoria de elegibilidad no implica compromiso de asignación de subsidios. Esta etapa está integrada por 5 fases, en las cuales se surte un proceso de preelegibilidad (Decreto 706 de 1995, artículo 31), así: (1) concertación departamental; (2) concertación municipal; (3) identificación de los proyectos; (4) formulación de proyectos; (5) viabilidad de los proyectos. La segunda etapa, denominada "de demanda", se encuentra regulada en el  artículo 34 del Decreto 706 de 1995, que establece que el procedimiento de acceso al SFV comprende los siguientes estadios: (1) postulación de proyectos; (2) calificación de postulantes; (3) asignación de recursos; (4) entrega de recursos; (5) seguimiento físico y financiero de los proyectos. Antes de este proceso, al comienzo de la vigencia fiscal respectiva, el INURBE debe realizar una convocatoria pública (Decreto 706 de 1995, artículo 33) en la cual se establece la periodicidad y los montos de recursos para las asignaciones de subsidios que se realizarán en dicho período. 29. El proyecto del Barrio La Unión, del Municipio de Orito, fue presentado por la comunidad a la Mesa de Solidaridad realizada en esa localidad el tres de mayo de 1995, dando cumplimiento a la segunda fase - concertación municipal - de la primera etapa - de oferta - de los proyectos de mejoramiento de vivienda y del entorno. Según lo dispuesto en el Acta de Instalación de la Mesa Municipal de Solidaridad Social, la Comisión de Vivienda, en la que se llevó a cabo la "focalización" de los proyectos presentados para el programa de mejoramiento de vivienda urbana, incluyó al Barrio La Unión en la zona sur Módulo Sectorial 3 y 4. Sin embargo el actor aduce que se vulneró su derecho a la igualdad, pues, a su juicio, se le han debido entregar los recursos para el mejoramiento de su vivienda, lo que no se hizo, porque se argumentó que el proyecto presentado por la comunidad a la cual pertenece no era comunitario sino privado, en razón de que la comunidad se había asesorado de una firma particular de ingenieros. 30. La Mesa Municipal de Solidaridad es una instancia de concertación municipal que tiene por objeto garantizar la transparencia, la equidad y la validación comunitaria de las acciones adelantadas por la Red de Solidaridad Social. Las decisiones que adopta la Mesa son de carácter obligatorio y no meramente consultivo, y en ellas debe ser real y eficaz la participación de la sociedad civil. Sus funciones son: (1) focalizar los recursos por programa en el municipio, (2) velar por la incorporación de los programas de la Red al Plan de Desarrollo Municipal, (3) elegir los representantes de la sociedad civil a los Comités Técnicos Sectoriales, (4) definir los procedimientos para la selección de los beneficiarios, (5) validar las modalidades de entrega de los subsidios, (6) identificar o aprobar proyectos, (7) definir mecanismos de control a la Red. Desde el punto de vista del Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Entorno, su tarea principal consiste en definir las zonas de intervención dentro del casco urbano del municipio. A la luz de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, resulta claro que la Mesa Municipal no tiene la función de asignar y entregar recursos, sino simplemente de identificar los proyectos que luego, en posteriores fases, serán presentados, calificados, y, si es del caso, seleccionados como beneficiarios del subsidio. En consecuencia, el cargo del actor en virtud del cual la Delegada (e) de la Red de Solidaridad Social para el Putumayo lesionó su derecho a la igualdad por no haberle asignado, en la Mesa Municipal de Solidaridad, el respectivo Subsidio  Familiar de Vivienda, resulta infundado, dado que ni la mencionada delegada, ni la Mesa, son competentes para entregar estos recursos. 31. A la luz de los documentos que obran en el expediente resulta claro que la única razón que llevó al actor a interponer la presente acción fue el desconocimiento de los criterios y etapas que componen el proceso de adjudicación de subsidios. Pese a que la citación para concurrir a la Mesa de Solidaridad fue pública, lo cierto es que el peticionario, miembro de un sector marginal de la población, no tuvo acceso a la información completa sobre el trámite a seguir que, como lo ha verificado la Corte, es dispendioso. Para que la participación comunitaria sea efectiva y, además, se garantice el acceso en condiciones de igualdad a los procesos de adjudicación de subsidios, se requiere que los funcionarios públicos informen, de manera oportuna, clara y eficaz, a los sectores potencialmente beneficiarios, sobre los criterios utilizados en la preselección y selección de los beneficiarios, así como las etapas que han de surtirse antes de la adjudicación del subsidio. Las normas en las que se plasman las bases, criterios y procedimientos de distribución de prestaciones y bienes sociales, deben ofrecer a los beneficiarios todas las herramientas posibles de información, con la finalidad de que las exclusiones finales no sean producto de la ignorancia o de las equivocaciones incurridas al formular las respectivas peticiones. De igual forma, la adjudicación de subsidios debe caracterizarse por una transparencia mucho más exigente que en otras actuaciones administrativas, toda vez que el resultado final - luego de agotarse un procedimiento a veces largo y dispendioso -  consiste, en suma, en la realización progresiva de valiosos principios sociales que no pueden quedar al arbitrio de los servidores públicos encargados de realizarlos, ni resultar ajenos a los mecanismos de control social y jurídico. En consecuencia, para que se realicen los principios de igualdad, participación y control comunitario, la población susceptible de ser beneficiada con un subsidio social, debe conocer, tanto el trámite pertinente, como las causas y motivaciones que determinan cada una de las decisiones que lo integran. Por lo demás, las diferentes normas que regulan los programas que la Red de Solidaridad Social ejecuta o coordina, contemplan instrumentos de participación, control y publicidad, con miras a garantizar la transparencia en la definición y selección de beneficiarios y en el manejo de los recursos[8]. Todo esto demuestra que las autoridades nacionales, departamentales y municipales, tienen el deber de informar a los interesados sobre el alcance de los programas de la Red. Pese a que en el caso presente no puede imputarse, de manera clara, a dichas autoridades la omisión en el cumplimiento de sus tareas por no existir pruebas para ello, no cabe duda que un sector de los usuarios carece por completo de la información necesaria para poder acceder, en igualdad de condiciones, a la obtención de un subsidio de vivienda. Pese a que no se observa vulneración alguna de los derechos fundamentales del actor, ha quedado demostrado que tanto él como la comunidad a la que pertenece, no disponen de una información relevante, para su bienestar material mínimo, sin la cual su derecho a la igualdad y a la participación, en el proceso público de adjudicación de subsidios de vivienda, podrían resultar amenazados. Con el objeto de conjurar la referida amenaza a los derechos fundamentales a la igualdad y a la participación, en la parte resolutiva de la presente providencia, se ordenará a la Alcaldía Municipal de Orito y la Delegada de la Red de Solidaridad Social, informar, al señor Roberto Zúñiga Chapal, el procedimiento legal y reglamentario para la solicitud del Subsidio Familiar de Vivienda, la etapa en la cual se encuentra el proyecto presentado por la comunidad del Barrio La Unión del Municipio de Orito - a la cual pertenece -, así como el contenido de las decisiones administrativas que han recaído sobre su petición. D E C I S I O N En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión, R E S U E L V E: PRIMERO.- CONFIRMAR, por las razones expresadas, la sentencia del 16 de junio de 1995, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Orito. SEGUNDO.- ORDENAR al Alcalde Municipal de Orito y a la Delegada de la Red de Solidaridad Social para el Putumayo, con el objeto de prevenir la amenaza de los derechos fundamentales a la igualdad y a la participación del señor Roberto Zúñiga Chapal, se sirvan tomar todas las medidas razonables destinadas a difundir la información pertinente sobre el procedimiento legal y reglamentario para acceder los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda y, en particular, informar al actor acerca de: (1) la etapa en la cual se encuentra el proyecto presentado a la Mesa Municipal de Solidaridad el 3 de mayo de 1995 por la comunidad del Barrio La Unión; (2) el contenido de las decisiones administrativas que hayan afectado el mencionado proyecto, lo mismo que los trámites que restan por surtirse. TERCERO.- LÍBRESE comunicación al Juzgado Promiscuo Municipal de Orito, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General (Sentencia aprobada por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los ocho (8) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995)). [1] Arendt, Hannah, Sobre la Revolución, Madrid, Alianza, 1988, p. 61. [2] World Bank, Poverty in Colombia, Washington, D.C., 1994, p. 2. [3] Presidencia de la República-Departamento Nacional de Planeación, Las Políticas de El Salto Social, Tomo I, Santa Fe de Bogotá, 1995, pp. 45 a 55. [4] Presidencia de la República, Red de Solidaridad Social. Una Estrategia de Desarrollo Social y Humano, Santa Fe de Bogotá, 1995, p. 9. [5] Presidencia de la República-Departamento Nacional de Planeación, Las Políticas de El Salto Social, Tomo I, Santa Fe de Bogotá, 1995,  pp. 231 a 251. [6] El Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales -SISBEN-, es un conjunto de reglas, normas y procedimientos que permiten obtener información socio-económica, confiable y actualizada, útil para la canalización del gasto social. Su objetivo es establecer un mecanismo técnico, objetivo, equitativo y uniforme de selección de beneficiarios de programas sociales para ser utilizado por las entidades territoriales. [7] World Bank, Poverty in Colombia, Washington, D.C., 1994, p. 115. [8] Decreto 2099 de 1994, artículo 9°, en el cual se establece que la Red procurará poner en funcionamiento mecanismos que garanticen la participación comunitaria; Reglamento Operativo General de la Red de Solidaridad Social, artículo 5°, en el cual se establece que la Red se guía por el principio de transparencia en la definición y selección de los beneficiarios y en el manejo de los recursos, el cual se concreta en el conocimiento público de toda la gestión de la Red y en la garantía de la información y el derecho a que, con la intervención de representantes de la sociedad civil, se construya un proceso racional, eficiente y con impacto social; Reglamento del Programa de Vivienda Urbana Integrado a la Red de Solidaridad Social, artículo 20, según el la Red y el INURBE, en coordinación con los municipios, deben divulgar, en medios masivos de comunicación regionales y en los centros y establecimientos frecuentados por la población objetivo, las decisiones adoptadas por las Mesas de Solidaridad, e informar a las organizaciones sociales vinculadas con los potenciales beneficiarios, a las organizaciones populares viviendistas, a las agremiaciones de empresarios privados, a los municipios y a los sectores urbanos seleccionados, la disponibilidad de los recursos, así como el procedimiento a seguir para la participación en el Programa.

T-500-95 Sentencia No Sentencia No. T-500/95 MEDIDA PROVISIONAL PARA PROTEGER UN DERECHO La Corte decidió suspender la ejecución del fallo, hasta tanto se profiriera el correspondiente fallo de revisión dentro de la presente acción de tutela. La Sala adoptó dicha medida, toda vez que consideró que el fallo del Juzgado "presuntamente se encuentra en contradicción con una sentencia proferida por esta misma Sala de Revisión de la Corte Constitucional, y que dicha situación podría afectar a terceras personas y desestabilizar el orden jurídico." RECUSACION-Improcedencia Se recusó al magistrado ponente, argumentando que él había ofrecido declaraciones al diario "El Tiempo" acerca del presente caso. A pesar de que en el trámite de la revisión de las acciones de tutela no es procedente la recusación, el magistrado sustanciador puso en conocimiento de la Sala Plena de la Corte Constitucional la solicitud presentada por el apoderado del peticionario, ante lo cual hubo un pronunciamiento unánime en el sentido de que dicha recusación era infundada e improcedente. Primero, por tratarse de una declaración de carácter genérico, no referida a este caso en concreto; segundo, por el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, norma que se encuentra complementada por el artículo 80 del Acuerdo 05 de 1992 "por el cual se recodifica el Reglamento de la Corporación. En virtud de dicho pronunciamiento la Sala de Revisión, resolvió rechazar por improcedente e infundada la recusación presentada. JUEZ DE TUTELA-Función En principio, no es el juez de tutela el llamado a resolver conflictos propios del resorte de otras jurisdicciones, ni tampoco le corresponde evaluar los alcances de las decisiones que adopten esos funcionarios judicales en virtud de su propia autonomía e independencia. Lo anterior no significa que en caso de que el juez de tutela advierta la violación flagrante de los derechos fundamentales de los interesados, que comprometa la imparcialidad y la eficacia de la administración de justica, no puedan utilizarse los mecanismos de protección de derechos. VIA DE HECHO La acción de tutela resulta procedente en estos eventos cuando la decisión judicial se hubiese proferido mediante una “vía de hecho” que atente contra los derechos constitucionales fundamentales de una de las partes dentro del proceso. Se trata, pues, de decisiones que contengan un fundamento arbitrario, caprichoso o abusivo; es decir, que se desconozca el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas, todo ello según los criterios que establezca la ley, y no de conformidad con su propio arbitrio. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Alcance La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en ningún caso puede convertirse en una justificación para que el juez encargado de ordenar la protección de los derechos fundamentales, entre a resolver la cuestión litigiosa debatida dentro del proceso. Por ello, la labor en este caso se circunscribe únicamente a analizar la conducta desplegada por el funcionario encargado de administrar justicia, la cual se refleja a través de la providencia atacada, y solamente si esa conducta reviste el carácter de abusiva, caprichosa o arbitraria, de forma tal que amenace o que vulnere algún derecho constitucional fundamental. Así, pues, debe adelantarse que en el asunto bajo examen el juez de tutela no tiene por qué dirimir la cuestión de fondo, ya que éste le corresponde, exclusivamente, a la jurisdicción ordinaria. COSA JUZGADA EN TUTELA-Hechos nuevos El asunto que aquí se debate no es el mismo que aquél que fue objeto de pronunciamiento anterior por parte de esta Corporación, ya que se trata de hechos nuevos. ABOGADO-Deberes Hubo negligencia manifiesta por parte del abogado del peticionario, y si se hubiere presentado una presunta indefensión, ésta obedece exclusivamente a la culpa de quien, por razones de ética profesional, debe ser diligente y estar atento a todas las etapas procesales. Como  lo establece un principio común en el campo del derecho, nadie puede sacar provecho de su propia culpa; en otras palabras, la negligencia personal jamás puede ser título jurídico para invocar un derecho, y al contrario, genera responsabilidades para quien incurre en ella. DERECHO DE DEFENSA-Igualdad de las partes No es factible que el derecho de defensa esté al arbitrio y determinación absoluto de una de las partes, porque desequilibraría las facultades de éstas dentro del proceso, perdiendo así el sentido de igualdad que debe regir todo juicio; esta se fundamenta en la equivalencia de oportunidades predeterminadas por la ley, y no en la subjetividad de uno de los intervinientes. DEBIDO PROCESO-Actuaciones policivas/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Proceso civil de policía Se declarará improcedente la acción de tutela, porque no se configuró por parte de la accionada una vía de hecho, ya que no hay vulneración del núcleo esencial del derecho al debido proceso, que lo dejase en evidente estado de indefensión, pues no se contradijo manifiesta y superlativamente ningún derecho; antes bien, la demandada tuvo un principio jurídico de razón suficiente en su actuar, como lo es el cumplimiento de una decisión, y no obró en forma arbitraria ni caprichosa y, porque las partes, para el asunto en concreto, cuentan con otros mecanismos de defensa judicial para hacer valer sus derechos. Ref.: Expediente T- 75000 Peticionario: Carlos Julio Hernández Africano. Procedencia: Juzgado 69 Penal Municipal de Santafé de Bogotá D.C. Temas:  Vías de hecho Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Santafé de Bogotá, D.C., ocho (8) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el proceso de tutela radicado bajo el número T- 75000, adelantado por el ciudadano Carlos Julio Hernández Africano en contra de la Inspectora Novena A  Distrital de Policía de Santafé de Bogotá D.C. I. ANTECEDENTES De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente. 1. Solicitud El señor Carlos Julio Hernández Africano, mediante apoderado judicial, interpuso ante el Juzgado Sesenta y Nueve Penal Municipal, acción de tutela en contra de la Inspectora Novena A Distrital de Policía de Santafé de Bogotá D.C., doctora Martha Inés Castillo de Paez, con el fin de que se le ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, de petición y al debido proceso, consagrados en los artículos 13, 23 y 29 de la Constitución Política. 2. Hechos En el presente acápite se hará una transcripción de los hechos aducidos por el demandante. Sin embargo, debido a que no existe la suficiente claridad en los mismos que permita a esta Sala de Revisión tomar una decisión de fondo, más adelante se realizará un breve recuento de los acontecimientos, con base en la documentación y las pruebas recaudadas por el Despacho del magistrado ponente, con el fin de elucidar el caso que se revisa. En el escrito de tutela el apoderado del actor afirma lo siguiente: "1. Previa resolución que admitió la querella de lanzamiento por ocupación de hecho instaurada por CARLOS JULIO HERNANDEZ AFRICANO y CAMILO QUIÑONES QUIÑONES, la Inspección 9E Distrital de Policía, dio inicio a la diligencia que tenía por finalidad la restitución del inmueble. "2. En desarrollo de tal actuación y para obstaculizar la tramitación dada por la Inspección, fue recusada la Inspectora, mediando una figura no aplicable a procedimientos policiales, con fundamento en el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo, a efecto de separar del conocimiento del caso a la Inspectora 9E Distrital  de Policía y hacer posible que los  querellados escogieran la funcionaria para su causa. La aplicación de este medio reservado para actuaciones administrativas contó con la aquiescencia del Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá, D.C., entidad corporativa, que sin ley que así lo determine, ha venido conociendo de la segunda instancia de los procesos policivos que se adelantan en la capital del país. "3. Como era previsible "la entidad Corporativa 'acogió' en un todo lo solicitado por los recusantes", siendo así como fue separada temporalmente la Inspectora 9E Distrital de Policía, del conocimiento del caso. "4. Frente al atropello por parte del Consejo de Justicia, fue instaurada una acción de tutela, con el propósito de restablecer las garantías fundamentales violadas, de la cual conoció el Juzgado 23 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, D.C., y en efecto este Despacho se pronunció favorablemente sobre lo peticionado. Conforme obra en la certificación que se adjunta, la acción de tutela fue instaurada en contra del precitado Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá, D.C., y nunca en contra de la Inspectora 9E Distrital de Policía. "5. Así las cosas, y dejando sin efecto el entuerto jurídico originado en la recusación planteada con base en el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo, la Inspectora 9E Distrital de Policía continuó con la tramitación policial a ella asignada, la que concluyó con el lanzamiento de los ocupantes y la consiguiente entrega real y material del predio en litis a los querellantes. "6. No debe dejarse pasar por alto que, además, la providencia del Juez 23 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, D.C., sobre la cual conoció por vía de apelación el Juez 15 Civil del Circuito de esta misma ciudad, jamás fue revocada por éste Despacho, que en últimas pronunció decisión inhibitoria, bajo los argumentos de que: a) Había cursado otra acción de tutela por los mismos hechos -lo que no corresponde a la realidad- y b) Porque los impugnantes no habían acreditado el cumplimiento de exigencias de ese Juzgado, relativas a la demostración formal de la prueba sobre la vigencia de la persona jurídica denominada INVERSIONES SAN PABLO LTDA, EN LIQUIDACION. "En orden a desvirtuar la inexacta afirmación sobre la existencia de dos acciones de tutela por los mismos hechos, debe precisarse que un escrito similar al que dio origen a la tutela a que se alude, ciertamente fue presentado en otro Despacho judicial, por persona diferente a mi representado, e igualmente retirado por aquél sin ninguna tramitación que hubiera ameritado pronunciamiento de fondo. Por ello, categóricamente se rechaza la existencia de dos acciones por los mismos hechos y por idénticas personas. Es importante señalar que el doctor Jaime Córdoba Triviño Defensor del Pueblo se pronunció ante la Honorable Corte Constitucional, escrito en que resalta la ilegalidad de lo actuado por el Juzgado 15 Civil del Circuito. "7. Prevalidos de su capacidad de intriga y con una habilidad sin límites, los querellados logran que funcionarios varios crean que lo expresado por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., en aquel auto inhibitorio, dice lo que no dice, y entonces: a) Una tutela no dirigida contra la Inspectora  9E Distrital de Policía, termina siendo aplicada en su contra para lograr asimismo su separación del caso, con el claro afán de instituir un funcionario incondicional y entregarle el asunto a la Inspectora 9A Distrital de Policía, al servicio de la contraparte; b) Con  una tutela no dirigida contra la Inspectora 9E Distrital de Policía, se logra la anulación de todo lo actuado por ésta, sin que ningún funcionario judicial, en primera ni en segunda instancia así lo hubiera dispuesto; c) Con una tutela no dirigida en contra de la Inspectora 9E Distrital de Policía se revive una actuación ya concluida; d) Con una tutela no dirigida contra la Inspectora 9E Distrital de Policía se despoja a mi representado de sus derechos sobre el inmueble, mediando un proceder absurdo, e ilegal por arbitrario. "8. A pesar de haber culminado la actuación de la Inspección 9E Distrital de Policía -como ya se ha dicho- con providencia que al resolver la oposición, dispuso el lanzamiento de los ocupantes y la restitución del inmueble, el Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá, D.C., -Corporación destinataria de la tutela ahora incoada- decide separar del conocimiento a la Inspectora 9E Distrital de Policía, cuando la titular de ese Despacho ya no era la funcionaria recusada -razón que por sustracción de materia tornaba en inocua la recusación impetrada- y a pesar de todo ello, la nueva funcionaria de la Inspección, con auto de cúmplase -sin notificar, y como tal providencia aún no ejecutoriada- envía el expediente a la tan anhelada Inspectora 9A Distrital de Policía. En este Despacho -sin auto que pronunciara decisión alguna sobre la admisión o no del conflicto de competencias planteado- se entra sin ninguna consideración a decidir de fondo. "9. Es entonces la Inspectora 9A Distrital de Policía funcionaria contra quien ahora se dirige la presente acción de tutela, que sin ninguna fórmula de juicio, sin autorización expresa de ningún Despacho judicial y sin existir causal que invalidara la actuación, con providencia del 19 de octubre de 1994, decide "declarar sin valor y efecto jurídico lo actuado por la Inspección 9E Distrital de Policía, entre el 18 de julio de 1994 y el 30 de julio del mismo año, con base en lo resuelto por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, que revocó la providencia de junio 27 del 94 del Juzgado 23 Civil (sic) de Santafé de Bogotá, D.C., y de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del proveído". "Corresponde aquí destacar, por ser falso, que el Juzgado 15 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., no revocó la decisión del Juez 23 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, D.C., ya hemos visto como aquél Despacho se inhibió de conocer del segundo grado jurisdiccional, al decir que ya había cursado tutela por los mismos hechos; -igualmente incierto-. "10. La Inspectora 9A Distrital de Policía cuestionada, con proveído del 19 de noviembre de 1994, da lugar a un conflicto de competencias. Pero con auto de cúmplase -sin notificar y adquirir ejecutoria- como los anteriores, intentando tomar por sorpresa a la parte que represento. Razón por la cual su determinación fue anulada por el Consejo de Justicia. "11. La Inspectora cuestionada, no procedió a la notificación del auto, como correspondía, sino que dictó otro similar, que ella misma posteriormente revocó para dar paso a una diligencia de lanzamiento, aduciendo el cumplimiento de una decisión judicial que, se repite hasta la saciedad, nunca ha existido. "12. Lo anterior motivó que,  haciendo uso de la misma figura "inventada" por los querellados, se insistiera mediante la "garantía de imparcialidad", en la separación de la funcionaria del conocimiento del asunto, pues multiplicidad de pruebas coincidían, como coinciden en apuntar a su interés manifiesto en el litigio, en procura de favorecer -por inequívoca parcialidad- a la parte contraria. En tal ocasión se expresó que "la única explicación posible para tan exabrupto proceder termina siendo su interés absoluto con la parte contraria de la cual ha permitido toda clase de argucias procesales y personales y lo que es más grave aún el ser custodiada por escoltas suministrados, proporcionados y pagados por la contraparte, que ya la Inspectora elevó a la categoría de funcionarios del Despacho, como lo atestiguan sus propios empleados y la policía acantonada allí, en las certificaciones que acompaño". "13. Desde luego, por provenir de la parte que represento y a pesar del caudal probatorio, la recusación fue desestimada con los pobres argumentos con que siempre se despachó  negativamente lo solicitado por mis representados, por parte del Consejo de Justicia Distrital. "14. Con una diligencia  caracterizada por la ilegalidad, la funcionaria cuestionada, Inspectora 9A Distrital de Policía, concluyó con el lanzamiento de los querellantes, mis representados, quienes precisamente lo habían solicitado. Es decir que de demandantes, pasaron a demandados por obra y gracia de una funcionaria al servicio de intereses oscuros. "Las declaraciones que al efecto se ha recaudado, y que se acompañan a este escrito, rendidas por la Ex-Inspectora 9E Distrital de Policía, Yasmina Redondo, así como del propio secretario de la Inspección 9A Distrital de Policía al unísono, informan sobre las presiones ejercidas por el Alcalde Jaime Castro, el secretario de Gobierno Hermann Arias y el subsecretario de gobierno Adalberto Beltrán, en orden a "torcer subrepticiamente" el curso legal de la actuación. Y desde luego dan cuenta también de la complacencia de la Inspectora 9A Distrital de Policía para acceder a tales "recomendaciones". "15. Por si lo anterior fuera poco y, si como ella misma lo había plasmado en sus providencias -alejadas siempre de la realidad-, su actuación comprendía dos partes: una para retrotraer el trámite -por nulidad de lo actuado- y una segunda para reponer la tramitación anulada reiniciando el proceso al que dio lugar la querella impetrada por mi representado, que implicaba notificación conforme a claras disposiciones legales (artículo 6o. del Decreto 992 de 1930), por qué entonces no se procedió en tal sentido? "Es del caso pues, puntualizar también cómo la funcionaria desconoció la primacía de las disposiciones que inobjetablemente enseñan que las decisiones de policía sólo existen en la  medida en que no contradigan lo dispuesto por decisiones judiciales. "Y lo propio hizo el Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá, D.C., del cual, además debe decirse que funcionalmente desconoce el principio del "juez natural". "Así las cosas procedieron a derribar las casetas, cercas (24 en total y construcciones que existían en el predio objeto de la querella, para posesionarse ilegalmente del mismo." 3. Pruebas aportadas con la demanda El peticionario acompañó a la demanda fotocopia debidamente autenticada del expediente 230, correspondiente al trámite de la querella interpuesta por Carlos Julio Hernández Africano y Camilo Quiñones Quiñones contra Hernando Moreno, Henry Gutiérrez y otras personas indeterminadas. Igualmente aportó fotocopia de una certificación expedida por el Juzgado 23 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, fotocopias debidamente autenticadas de las declaraciones rendidas por Yesmina Redondo Sierra y Pedro Emilio Caro, y copia auténtica del escrito presentado por el señor Defensor del Pueblo, mediante el cual "recurre el auto inhibitorio del Juzgado 15 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá." 4. Pretensiones Solicita el apoderado del peticionario que se ordene a la Inspectora 9A de Policía Distrital que practique una diligencia "en la cual se retrotraiga la actuación, quedando las cosas conforme se encontraban luego de finalizar el acto procesal practicado por la Inspección 9 E Distrital de Policía, en virtud del cual dispuso el lanzamiento de los querellados e invasores y la consiguiente entrega del predio en litis a la parte actora." Igualmente solicitó que se declarara sin ningún valor ni efecto toda la actuación realizada por la Inspectora 9 A Distrital de Policía, con posterioridad a la fecha en que se verificó el lanzamiento de los querellados, "por las violaciones flagrantes a los derechos fundamentales inalienables que le asisten al señor Carlos Julio Hernández Africano como poseedor que ha sido del bien desde innumerables años atrás",  se ordene nuevamente dejar en libertad a las partes para que acudan a la justicia ordinaria a efecto de hacer valer sus eventuales pretensiones, se ordene la construcción de seis casetas de vigilancia para garantizar la seguridad del predio y se compulsen copias para que se investigue disciplinaria y penalmente a la Inspectora 9 A Distrital de Policía, por su actuación en la mencionada querella. II. ACTUACION JUDICIAL 1. Fallo de única instancia Mediante providencia de fecha veintidós (22) de junio de 1995, el Juzgado Sesenta y Nueve Penal Municipal de Santafé de Bogotá D.C., resolvió tutelar el derecho al debido proceso del señor Carlos Julio Hernández Africano, y  en consecuencia, ordenó declarar la nulidad de todo lo actuado por la Inspectora 9 A Distrital de Policía con posterioridad a la diligencia de lanzamiento verificada el día treinta (30) de julio de 1994. Sobre el particular, argumentó: "Como consecuencia y para lograr la efectividad de la protección decretada en el numeral anterior se ordena a la Inspectora 9 A de Policía restablecer la situación de orden fáctico-jurídico conforme a lo establecido en el fallo de 30 de julio de 1994, proferido por la Inspectora 9E de Policía, por lo que se deberá restituir el inmueble objeto de la litis al señor CARLOS JULIO HERNANDEZ AFRICANO, sin admitir oposición alguna de ninguna naturaleza, en un término perentorio de 48 horas". Así mismo declaró legalmente terminado el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, radicado con el número 230 en la Inspección 9E Distrital de Policía, "el cual fue fallado el día 30 de julio de 1994, y se dejó en libertad a las partes para que acudieran ante la justicia ordinaria a fin de hacer valer sus derechos." La juez del conocimiento hizo un breve recuento de la actuación desplegada con ocasión de la querella de lanzamiento por ocupación de hecho, radicada con el número 230, y llegó a la conclusión de que "el análisis sobre la prescripción de la acción era una etapa procesal precluída, razón por la cual la Inspectora 9 A de Policía faltando al debido proceso, no podía reabrir pues ya le estaba vedado, y la nulidad decretada por el Consejo de Justicia Distrital, en forma totalmente irregular por aplicar normas que no eran del asunto, no comprendía la admisión de la demanda -providencia del 4 de marzo de 1994-, sino desde lo diligenciado el día 5 de abril inclusive." Además, afirmó que en esta clase de procesos no es aceptable como oposición a la diligencia de lanzamiento el alegar la prescripción de la acción; en tal sentido consideró que la declaratoria de la prescripción "es de resorte exclusivo del funcionario" y que "las oposiciones se deben proponer dentro de la primera diligencia y en éste caso lo hicieron en la quinta sesión, pues el proceso civil es de etapas, las que precluyen dando paso a las subsiguientes, sin opción de extenderlas al arbitrio de las partes". En otro aparte del fallo en comento se establece que "la señora Inspectora 9 A de Policía al reabrir un proceso legalmente concluido, en donde se había dejado a las partes en libertad para acudir ante la justicia ordinaria a fin de hacer valer o reconocer sus derechos, desconoció flagrantemente el principio de la cosa juzgada, violentando de paso la legalidad con que estaba revestido dicho fallo. Consecuencia de tal vulneración se desequilibró el trato igualitario que merecían las partes en contienda, inclinando la balanza justiciera contra el querellante CARLOS JULIO HERNANDEZ AFRICANO, quien ha venido clamando justicia y legalidad por varios estrados judiciales en forma infructuosa." De las pruebas que obran en el expediente, la señora juez consideró que el peticionario fue objeto de un "trato discriminatorio" por parte de la demandada, quien, según la providencia que se comenta, "transgredió el derecho fundamental de igualdad ante la ley y lo que resulta más grave aún, movida por intereses desconocidos y con el aval de sus superiores jerárquicos que a ultranza resultan ser sus nominadores." Además manifestó que "ciertamente se pisoteó la administración de justicia, pues en este momento histórico de incredulidad hacia las autoridades públicas no es posible permitir que redunde la desconfianza contra ellas, de ahí que la seguridad jurídica pretendida por el accionante fue evadida, a tal punto que el resultado fue tan adverso al tutelante, que de querellante pasó a querellado." Por último, el fallador de instancia ordenó compulsar copias de lo actuado con destino a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigara la conducta de la doctora Martha Inés Castillo, Inspectora 9A Distrital de Policía. El fallo en comento fue impugnado por la inspectora Novena A Distrital de Policía, quien posteriormente desistió de dicha impugnación III. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución Política y 31 a 36 del decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia. 2. Medida previa adoptada por la Sala  Novena de Revisión Con fundamento en el artículo 7o. del Decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional decidió suspender la ejecución del fallo de fecha veintidós (22) de junio de 1994, proferido por el Juzgado Sesenta y Nueve Penal Municipal de Santafé de Bogotá D.C., hasta tanto se  profiriera el correspondiente fallo de revisión dentro de la presente acción de tutela. La Sala adoptó dicha medida, toda vez que consideró que el fallo del Juzgado 69 Penal Municipal "presuntamente se encuentra en contradicción con la Sentencia No. 203 de fecha veinte (20) de abril de 1994, proferida por esta misma Sala de Revisión de la Corte Constitucional, y que dicha situación podría afectar a terceras personas y desestabilizar el orden jurídico." 3.      Recusación formulada por el apoderado del señor Carlos   Julio Hernández Mediante memorial de fecha veinticinco (25) de julio de 1995, el apoderado del señor Carlos Julio Hernández recusó al magistrado ponente, doctor Vladimiro Naranjo Mesa, argumentando que el magistrado había ofrecido declaraciones al diario "El Tiempo" acerca del presente caso. A pesar de que en el trámite de la revisión de las acciones de tutela no es procedente la recusación, el día veintisiete (27) de julio de 1995 el magistrado sustanciador puso en conocimiento de la Sala Plena de la Corte Constitucional la solicitud presentada por el apoderado del peticionario, ante lo cual hubo un pronunciamiento unánime en el sentido de que dicha recusación era infundada e improcedente. Lo primero, por tratarse de una declaración de carácter genérico, no referida a este caso en concreto; lo segundo, porque el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, dispone lo siguiente: "Artículo 39: Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el caso. La anterior norma se encuentra complementada por el artículo 80 del Acuerdo 05 de 1992 "por el cual se recodifica el Reglamento de la Corporación, que dice "Artículo 80. En los demás casos. En la revisión de acciones de tutela no habrá lugar a recusación; las causales de impedimento serán previstas en el Código de Procedimiento Penal. El Magistrado deberá declararse impedido, so pena de  incurrir en las sanciones penales y  disciplinarias  correspondientes. En dichos procesos conocerá del impedimento el resto de los Magistrados de las Salas de Selección, Revisión o Plena, según el caso. En el evento de esta disposición se observará el trámite contemplado en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991." "..............................................................................................." En virtud de dicho pronunciamiento la Sala Novena de Revisión,  a través de auto de fecha primero (1o.) de agosto de 1995, resolvió rechazar por improcedente e infundada la recusación presentada. 4. Pruebas decretadas por la Sala Novena de Revisión para un mejor proveer. Mediante auto de fecha nueve (9) de octubre de 1995, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, con el fin esclarecer los hechos que dieron lugar a la presente acción de tutela, resolvió oficiar al Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Santafé de Bogotá, con el fin de que remitiera copia auténtica del expediente correspondiente a la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Julio Hernández Africano en contra del Consejo de Justicia Distrital; igualmente se decretó la práctica de una inspección ocular al expediente correspondiente a la querella radicada con el número 230, adelantada en la Inspección Novena A Distrital de Policía. Dando cumplimiento a lo anterior y mediante oficio de fecha veintitrés (23) de octubre de 1995, el mencionado juzgado remitió a esta Corporación la totalidad del expediente correspondiente a la tutela interpuesta por el señor Hernández en contra del Consejo de Justicia Distrital. Igualmente, el día diecinueve (19) de octubre del año en curso, el magistrado auxiliar del Despacho del magistrado ponente, doctor Francisco José Herrera Jaramillo, se trasladó a la Inspección Novena A Distrital de Policía, y examinó detenidamente el expediente correspondiente a la querella radicada con el número 230, con el fin de confrontar los documentos que allí reposan con los que obran en el expediente correspondiente a la presente acción de tutela, para así tener claridad meridiana sobre los hechos relevantes que ocupan la atención de la Sala, los cuales se expondrán a continuación. 5.      Recuento de los hechos que han dado lugar a la presente   acción de tutela Tal como se anunció al inicio de la presente providencia, la Sala Novena de Revisión procede a hacer un somero recuento de los hechos relevantes del caso bajo examen. 1-. El día veintiocho (28) de abril de 1993, el señor Carlos Julio Hernández Africano, mediante apoderado judicial, inició una querella de policía en contra de los señores Hernando Ramírez y "Adela N.", con el fin de que se ordenara a dichas personas que cesaran los actos de perturbación realizados dentro de un inmueble ubicado en la Calle 13 No. 70-56. Inicialmente la Inspección Novena D Distrital de Policía asumió el conocimiento de dicha querella, la cual se adecúo a la figura policiva del amparo domiciliario. Posteriormente, el señor Camilo Quiñones Quiñones presentó ante la misma inspección de policía una querella por perturbación a la posesión en contra del señor Hernando Ramírez, la cual fue acumulada a la querella presentada por Hernández Africano. Luego, en forma conjunta, los señores Hernández Africano y Quiñones Quiñones iniciaron una tercera querella, esta vez solicitando el lanzamiento por ocupación de hecho, en contra del señor Hernando Moreno. En virtud de la decisión tomada mediante auto de fecha veintiocho (28) de enero de 1994, proferido por la entonces encargada de la inspección, doctora Yasminia Redondo Sierra, se decretó la nulidad del proceso policivo adelantado por los señores Camilo Quiñones Quiñones y Carlos Julio Hernández Africano. En dicha providencia se consideró que la querella No. 116 fue fruto de una indebida acumulación de pretensiones, toda vez que se pretendió tramitar bajo una misma cuerda procesal, un amparo domiciliario, un amparo posesorio y un lanzamiento por ocupación de hecho. En la citada providencia  se afirmó que en virtud de la tercera querella presentada en forma conjunta por los señores Hernández y Quiñones, en la cual se afirmó que el primero de éstos fue despojado de la tenencia del predio objeto de litigio, cesaba el motivo que fundamentaba el amparo al  domicilio planteado, y que los nuevos hechos daban lugar a la figura policiva de la ocupación de hecho. Con base en las anteriores consideraciones, la Inspectora (e) resolvió en la providencia comentada declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de fecha 10 de noviembre de 1993 y ordenó el archivo de las dos querellas iniciales, las cuales consideró como amparos domiciliarios. Así mismo ordenó adecuar la actuación surtida al procedimiento previsto para los lanzamientos por ocupación de hecho, para lo cual dispuso el desglose de las piezas procesales pertinentes y su envío a la Alcaldía local de Fontibón para el correspondiente reparto. 2-. La anterior decisión fue objeto de una acción de tutela presentada por el señor Camilo Quiñones Quiñones en contra de la Inspección Novena D Distrital de Policía, con fundamento en una presunta violación al debido proceso. Dicha tutela fue denegada por el Juzgado 25 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, en providencia que fue confirmada por esta Sala de Revisión, mediante Sentencia T- 203 de 20 de abril de 1994. 3-. Con antelación a la citada acción de tutela, la Inspectora 9 D Distrital de Policía (e), mediante oficio 010 de diez (10) de febrero de 1994, remitió a la Alcaldía Local de Fontibón la querella de lanzamiento por ocupación de hecho presentada por Carlos Julio Hernández Africano y Camilo Quiñones Quiñones en contra de Hernando Moreno, para que se llevara a cabo el correspondiente reparto. 4-. Mediante providencia de fecha 19 de febrero de 1994, la Inspectora Novena E Distrital de Policía, quien coincidencialmente es la misma doctora Yasmina Redondo anteriormente encargada de la Inspección Novena D, asumió el conocimiento de la querella  de lanzamiento por ocupación de hecho, la cual se radicó bajo el número 230,  y procedió a darle el trámite correspondiente. Del trámite de ésta querella se desprenden los hechos que han dado lugar a la acción de tutela que en esta oportunidad ocupan la atención de la Sala Novena de Revisión. 5-.  El día cinco (5) de abril de 1994, fecha en la cual se debía continuar la diligencia de lanzamiento decretada el día cuatro (4)  de marzo de 1994 por la Inspectora Novena E Distrital de Policía, el apoderado de la sociedad Inversiones San Pablo Ltda. presentó escrito mediante el cual recusaba a la doctora Yasmina Redondo, titular de la Inspección Novena E Distrital de Policía,  con el argumento de que dicha funcionaria había conocido de la querella identificada con el número 116, de la cual devino la querella identificada con el número 230 y que actualmente se encontraba en su despacho. Sin embargo, durante el reanudación de la diligencia de lanzamiento, la doctora Yasmina Redondo rechazó dicha recusación por extemporánea. Ante esta decisión, el apoderado de Inversiones San Pablo Ltda. interpuso recurso de reposición y el subsidiario de apelación. En virtud de la ratificación de la decisión de la funcionaria de policía, se interpuso el recuso de queja, para que el Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá concediera el recurso de apelación contra la negativa de tramitar la recusación; simultáneamente, el mencionado apoderado interpuso una nulidad, en caso de que la funcionaria de policía continuara conociendo de la querella, ya que, una vez recusada, debía suspender la actuación y remitirla al superior para que decidiera lo pertinente. 6-. El día seis (6) de abril de 1994 (al día siguiente de la diligencia) el doctor Fernando Treebilcock Bravo, actuando en nombre de la sociedad Inversiones San Pablo Ltda. presentó ante el Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá una "petición de intervención para aceptar la recusación, fundamentada en la ausencia de garantía de imparcialidad" en contra de la doctora Yasmina Redondo, Inspectora Novena E Distrital de Policía, por la actuación adelantada en el trámite de la querella identificada con el número 230. 7-.  El Consejo de Justicia Distrital, mediante providencia de fecha veintisiete (27) de abril de 1994, resolvió declarar legalmente fundada la recusación planteada por el doctor Treebelcok Bravo contra la doctora  Redondo, debido a la ausencia de garantía de imparcialidad, y ordenó separarla del conocimiento de la querella 230. Así mismo se ordenó remitir dicha actuación a la Inspección Novena A de Policía para que continuara con el trámite de la misma. Al resolver de fondo el recurso de queja formulado, el Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá D.C., mediante providencia de fecha dieciséis (16) de junio de 1994 decidió conceder el recurso de apelación contra la decisión de la Inspectora Novena E Distrital de Policía, mediante la cual negó la recusación planteada por la parte querellada. En la misma providencia ordenó que la actuación volviera a la Sala Civil para resolver el recurso interpuesto. 8-. Paralelamente al trámite atrás descrito, el día veinte (20) de abril de 1994 el querellante Carlos Julio Hernández interpuso, mediante su apoderado judicial el doctor Ricardo Eudoro Guevara, acción de tutela en contra del Consejo de Justicia Distrital, con el fin de que se le ampararan sus derechos a la igualdad y al debido proceso. Dicha acción de tutela se fundamentó en el hecho de que, a juicio del accionante, el Consejo Distrital de Justicia violó sus derechos fundamentales invocados al haber admitido la recusación formulada en contra de la Inspectora Novena E Distrital de Policía. En dicha acción, el señor Hernández Africano solicitó que se suspendiera en forma definitiva la decisión de la vocal Flor Alba Salinas, mediante la cual ordenó la suspensión de la diligencia de lanzamiento, hasta tanto el Consejo de Justicia resolviera la recusación presentada contra la Inspectora Novena E Distrital de Policía, y solicitó que el juez de tutela ordenara el lanzamiento de los querellados, dando cumplimiento a la resolución 003 del cuatro (4) de marzo de 1994. El Juzgado 23 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, mediante providencia de fecha veintisiete (27) de junio de 1994, tuteló los derechos del señor Hernández Africano y ordenó a la  Sala Civil del Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá "que se abstenga de tramitar la recusación formulada en el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo, contra la Inspectora Novena E Distrital de Policía de Santafé de Bogotá D.C. De encontrarse en curso o existir providencia en tal sentido, retrotraer la actuación y devolver el expediente a la oficina de origen, para que se verifique el lanzamiento por ocupación de hecho, ordenado en la resolución número 003 del cuatro (4) de marzo de 1994, proferida por la titular del despacho." Tras ser impugnada la anterior decisión por parte del Consejo de Justicia Distrital, el Juzgado 15 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, mediante providencia de fecha diecinueve (19) de agosto de 1994, resolvió revocar el fallo de primera instancia dando  aplicación al artículo 38 del Decreto 2591 de 1991,  debido a que advirtió la existencia de una tutela interpuesta por el señor Camilo Quiñones Quiñones ante el Juzgado 27 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., en contra de la misma accionada y con fundamento en los mismos hechos. 9-. Una vez resuelta la acción de tutela señalada, y siguiendo el trámite legal, el Consejo de Justicia Distrital, mediante auto de fecha trece (13) de diciembre de 1994, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte querellada en contra de la decisión de la Inspectora Novena E Distrital de Policía, mediante la cual se negó la nulidad de todo lo actuado a partir de la presentación de la recusación. Así, el Consejo de Justicia Distrital declaró la nulidad de todo lo actuado por la Inspectora Novena E de Distrital de Policía, desde la continuación de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho practicada el cinco (5) de abril de 1994 hasta el día que la Sala Civil del Consejo resolvió la recusación atrás mencionada. Además, en virtud de lo resuelto en el mencionado auto, el día veintiocho (28) de diciembre de 1994, mediante oficio No. 500-94, el expediente correspondiente a la querella 230 fue remitido a la Inspección Novena A Distrital de Policía. 10.- Mediante auto de fecha dos (2) de enero de 1995, la Inspectora Novena A Distrital de Policía resolvió acatar la decisión del Consejo Distrital de Justicia, contenida en el auto de fecha trece (13) de diciembre de 1994. Como consecuencia de lo anterior y mediante aviso fijado en el inmueble objeto del lanzamiento el día cinco (5) de enero de 1995, se fijó la hora de las 8 a.m. del día once (11) de enero "para llevar a cabo la diligencia de restablecimiento de la situación en que se encontraba el predio objeto del proceso antes de ocurrir el cumplimiento de la DECISION DEL JUEZ VEINTITRES (23) CIVIL MUNICIPAL DE SANTA FE DE BOGOTA, ESTO ES RESTITUIR EL INMUEBLE A INVERSIONES SAN PABLO LIMITADA Y DESALOJAR A QUIENES SE ENCUENTREN OCUPANDO." (mayúsculas del aviso en comento). 11.- La doctora Nancy González Vanegas, apoderada del señor Quiñones Quiñones, mediante memorial presentado el día seis (6) de enero de 1995, interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la providencia de fecha dos (2) de enero de 1994. La Inspectora Novena A Distrital de Policía, mediante auto de fecha siete (7) de enero de 1995, resolvió negar los recursos interpuestos, argumentando que el auto atacado era de trámite. 12.-  Así las cosas, el día once (11) de enero de 1995 la Inspectora Novena A Distrital de Policía inició la diligencia de "restitución  del inmueble mediante auto de fecha dos (2) de enero del presente año, según orden dada por el Consejo de  Justicia de Santafé de Bogotá en providencia calendada diciembre 13 de 1994."  Dicha diligencia fue continuada el día doce (12) de enero, y durante su trámite el apoderado del señor Hernández Africano recusó a la titular de la Inspección de Policía, con fundamento en la garantía de imparcialidad prevista en el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo, razón por la cual el expediente fue remitido nuevamente al Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá. Dicho organismo, mediante providencia de fecha primero (1o.) de febrero de 1995 resolvió declarar infundada la recusación propuesta por el apoderado del señor Hernández Africano,  y ordenó devolver el expediente a la Inspectora Novena A Distrital de Policía, con el fin de que siguiera con el trámite de la querella. 13.-  El día veintitrés (23) de febrero de 1995, la Inspectora Novena A Distrital de Policía reanudó la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho. En dicha audiencia la funcionaria de policía,  teniendo en cuenta que el Consejo de Justicia Distrital declaró la nulidad de lo actuado, incluyendo la diligencia de fecha treinta (30) de julio de 1994, procedió a restituir el inmueble a la sociedad Inversiones San Pablo "dando así cumplimiento estricto a las órdenes de los superiores juzgado 15 C.C.B., y para luego escuchar a las partes y continuar con la presente diligencia."  En ese momento procesal el apoderado de la parte querellada se opuso a la diligencia de lanzamiento, alegando la prescripción de la acción policiva. La Inspectora de Policía trató de correrle traslado al doctor Ricardo Eudoro Guevara Puentes, apoderado del señor Hernández Africano, pero éste abandonó en tres ocasiones la respectiva diligencia, razón por la cual se entró a resolver la oposición propuesta; se decretó la prescripción de la acción policiva, y se dejó en libertad a las partes para que acudieran a la justicia ordinaria con el fin de hacer valer sus derechos si así lo consideraban necesario. Dicha decisión no fue impugnada, y, por el contrario, fue avalada por el agente  delegado por el Personero de Santafé de Bogotá D.C., doctor Jorge Humberto Medina, quien participó en la diligencia. 14.- Debido a que la Inspectora Novena A Distrital de Policía otorgó la posesión del inmueble objeto de la querella de policía a la sociedad Inversiones San Pablo, y luego decretó la prescripción de la acción policiva al resolver la oposición que el apoderado de dicha sociedad propuso, el señor Carlos Julio Hernández Africano interpuso la acción de tutela que ocupa en esta ocasión la atención de la Corte Constitucional, toda vez que considera que el proceder de la inspectora accionada viola los derechos que invoca. 6.      La materia 6.1    Naturaleza de la función del juez de tutela En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha señalado cómo la jurisdicción de tutela es subsidiaria y residual y no una vía paralela y alternativa de la jurisdicción ordinaria. Es obvio que ello sea así, pues el Estado de derecho tiene que fortalecer las vías de carácter ordinario, y no regirse por las normas subsidiarias, porque de ocurrir esto se negaría el orden, al invertir los términos: la excepción pasaría a ser género, y éste se convertiría en una simple opción. Al respecto, ha establecido esta Corte: “No es la tutela un procedimiento que sirva para suplir las deficiencias en que las partes, al defender sus derechos en los procesos, puedan incurrir, porque se convertiría en una instancia de definición de derechos ordinarios, como lo pretende la solicitante, y no como lo prevé la Carta Política para definir la violación de Derechos Constitucionales Fundamentales. “La acción de tutela procede contra las decisiones u omisiones de cualquier autoridad pública o de particulares, cuando éstos violen o amenacen violar derechos fundamentales, a fin de evitar un atentado contra la dignidad de la persona humana. Las manifiestas violaciones a dicha condición inherente del ser humano encontrarán un valioso recurso en la denominada Acción de Tutela, cuando no pueda mediar otro correctivo judicial. Así, tiene la mencionada acción el carácter de supletiva, mas no de sustitutiva de las competencias constitucionales y legales de las autoridades públicas, en el presente caso para impartir justicia. “No hay lugar a que prospere la acción de tutela, cuando la persona que la invoca cuestione la acción de las autoridades por errónea interpretación de la ley, ni el caso de que la decisión de la autoridad pública o del particular hayan definido el derecho dentro de sus competencias constitucionales y legales”.[1] (Negrillas fuera de texto original) En otro pronunciamiento, la Corte dispuso: “Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria. “La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto.  Tampoco puede afirmarse que sea el último  recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales. “Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un  pronunciamiento definitorio del derecho.  Bien puede afirmarse que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes.  En el sentir de esta Corte, nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de la oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los recursos de que disponía.  Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la acción”[2] (Negrillas fuera de texto original). De lo expuesto se colige que, en principio, no es el juez de tutela el llamado a resolver conflictos propios del resorte de otras jurisdicciones, ni tampoco le corresponde evaluar los alcances de las decisiones que adopten esos funcionarios judicales en virtud de su propia autonomía e independencia. Ahora bien, lo anterior no significa -como lo ha establecio la jurisprudencia de esta Corporación- que en caso de que el juez de tutela advierta la violación flagrante de los derechos fundamentales de los interesados, que comprometa la imparcialidad y la eficacia de la administración de justica, no puedan utilizarse los mecanismos de protección de derechos, como es el prescrtito en el artículo 86 superior. Se trata, en últimas de la protección al debido proceso como derecho fundamental (Art. 29 C.P.). Sobre el particular, puede decirse que uno de los avances más notables del pensamiento jurídico se dio, sin duda, cuando se modificó el ritual procesal, en el sentido de reorganizar las etapas del proceso en forma legal, y de predestinar la actuación de quienes intervienen en él, bajo parámetros determinados por la ley. Se produjo así una ordenación, no conforme al parecer subjetivo de quienes sean parte en el juicio, sino a la verdad, como elemento de justicia, en condiciones de igualdad y sin menoscabar la dignidad de las partes. Es por ello que, como se verá enseguida, situaciones que afecten arbitraria y flagrantemente el núcleo esencial de un derecho fundamental garantizado por formas necesarias y preestablecidas por la ley, constituyen lo que esta Corporación ha calificado como una "vía de hecho". 6.2    Vías de hecho Respecto de la procedencia de la acción de tutela contra las providencias emanadas de una autoridad judicial, es necesario recordar que la Corte Constitucional, en sentencia No. C-543 de 1992, declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. No obstante, la doctrina planteada en esa misma jurisprudencia y adoptada posteriormente en numerosos pronunciamientos de esta Corporación, ha determinado que la acción de tutela resulta procedente en estos eventos cuando la decisión judicial se hubiese proferido mediante una “vía de hecho” que atente contra los derechos constitucionales fundamentales de una de las partes dentro del proceso. Se trata, pues, de decisiones que contengan un fundamento arbitrario, caprichoso o abusivo; es decir, que se desconozca el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas, todo ello según los criterios que establezca la ley, y no de conformidad con su propio arbitrio. Sobre la procedencia de la acción de tutela en los casos de la denominada “vía de hecho”, ha manifestado la Corte: “Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona. “Carece de fundamento objetivo la actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la Ley. La legitimidad de las decisiones estatales depende de su fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el ejercicio de las funciones públicas (CP art. 121), es condición de existencia de los empleos públicos (CP art. 122) y su desconocimiento genera la responsabilidad de los servidores públicos (CP arts. 6, 90). Una decisión de la autoridad no es constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley (CP art. 13), principio que le imprime a la actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de Derecho que les da su legitimidad. “La decisión revestida de las formalidades de un acto jurídico encubre una actuación de hecho cuando ésta obedece más a la voluntad o al capricho del agente estatal que a las competencias atribuidas por ley para proferirla. El criterio para evaluar qué conductas tienen fundamento en el ordenamiento jurídico y cuáles no es finalista y deontológico. Las autoridades públicas están al servicio de la comunidad (CP art. 123) y en el cumplimiento de sus funciones deben ser conscientes de que los fines esenciales del Estado son, entre otros, servir a dicha comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (CP art. 2). Las autoridades públicas deben ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe (CP art. 83). La conducta dolosa o gravemente culposa de los servidores públicos debe ser excluida del ordenamiento jurídico y su demostración genera la responsabilidad patrimonial del Estado, así como el deber de repetir contra el agente responsable del daño (CP art. 90). “La vulneración de los derechos fundamentales por parte de servidores públicos que actúan sin fundamento objetivo y razonable, y obedecen a motivaciones internas, desconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona (CP art. 5), la protección constitucional de los derechos fundamentales (CP art. 86) y la prevalencia del derecho sustancial (CP art. 228). En caso de demostrarse  su ocurrencia, el juez de tutela deberá examinar la pertenencia del acto al mundo jurídico y proceder a la defensa de los derechos fundamentales vulnerados en el curso de una vía de hecho por parte de la autoridad pública”.[3] En otro pronunciamiento, relacionado también con este mismo tema, la Corte agregó: “En ese orden de ideas, la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho. “En tales casos, desde luego, el objeto de la acción y de la orden judicial que puede impartirse no toca con la cuestión litigiosa que se debate en el proceso, sino que se circunscribe al acto encubierto mediante el cual se viola o amenaza un derecho fundamental”.[4] En virtud de lo expuesto, debe advertirse que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en ningún caso puede convertirse en una justificación para que el juez encargado de ordenar la protección de los derechos fundamentales, entre a resolver la cuestión litigiosa debatida dentro del proceso. Por ello, la labor en este caso se circunscribe únicamente a analizar la conducta desplegada por el funcionario encargado de administrar justicia, la cual se refleja a través de la providencia atacada, y solamente si esa conducta reviste el carácter de abusiva, caprichosa o arbitraria, de forma tal que amenace o que vulnere algún derecho constitucional fundamental. Así, pues, debe adelantarse que en el asunto bajo examen el juez de tutela no tiene por qué dirimir la cuestión de fondo, ya que éste le corresponde, exclusivamente, a la jurisdicción ordinaria. Por esta razón en la presente providencia no se resolverán los argumentos expuestos por los actores respecto de su derecho de posesión, sino que se examinará si hubo o no vías de hecho en la actuación policiva que se debate. Por otra parte, la Sala debe reiterar que no toda irregularidad procesal constituye una vía de hecho, máxime cuando el supuesto afectado cuenta con los mecanismos ordinarios para solicitar la protección de sus derechos. Significa lo anterior que, al igual que los demás casos, la acción de tutela contra providencias judiciales resulta procedente siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable. Con esto se busca, como ya lo ha establecido esta Corporación, garantizar la prevalencia del principio de la independencia de los jueces, del acceso a la administración de justicia y de la seguridad jurídica. En efecto, se ha señalado: “El principio de independencia judicial (CP arts. 228 y 230), no autoriza a que un juez ajeno al proceso, cuya intervención no se contempla en la norma que establece el procedimiento y los recursos, pueda revisar los autos y providencias que profiera el juez del conocimiento. La valoración de las pruebas y la aplicación del derecho, son extremos que se libran al Juez competente y a las instancias judiciales superiores llamadas a decidir los recursos que, de conformidad con la ley, puedan interponerse contra sus autos y demás providencias. Tanto el juez de instancia como sus superiores, cada uno dentro de la órbita de sus competencias, son autónomos e independientes, y adoptan sus decisiones sometidos únicamente ‘al imperio de la ley’ (CP art. 230). Las injerencias contra las cuales reacciona el principio de independencia judicial, no se reducen a las que pueden provenir de otras ramas del poder público o que emanen de sujetos particulares; también pertenecen a ellas las surgidas dentro de la misma jurisdicción o de otras, y que no respeten la autonomía que ha de predicarse de todo juez de la República, pues en su adhesión directa y no mediatizada al derecho se cifra la imparcial y correcta administración de justicia (...). “4.4  La acción de tutela contra las vías de hecho judiciales - cuando ella sea procedente ante la ausencia de otro medio de defensa judicial o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable -, en primer término, se endereza a garantizar el respeto al debido proceso (CP art. 29) y el derecho de acceso a la justicia (CP art. 229). Gracias a estos  dos derechos medulares toda persona puede acudir ante un juez con miras a obtener una resolución motivada ajustada a derecho y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales previstos en la Constitución y en la ley. Se articula a través de las normas citadas un derecho público subjetivo a la jurisdicción o tutela judicial, que no consiste propiamente en satisfacer la pretensión que se contiene en la demanda o en su contestación sino a que se abra un proceso y a que la sentencia se dicte con estricta sujeción a la ley y a las garantías procedimentales. En este orden de ideas, la vía de hecho judicial, en la forma y en el fondo, equivale a la más patente violación del derecho a la jurisdicción. Por ello la hipótesis más normal es la de que través de los diferentes recursos que contemplan las leyes procedimentales, se pueda impugnar cualquier acción u omisión judicial que configure una vía de hecho, en cuyo caso, aunque no se descarte siempre la procedibilidad de la tutela, su campo de acción - dada su naturaleza subsidiaria - será muy restringido (...). “(...) Obsérvese que los defectos calificados como vía de hecho  son aquellos que tienen una dimensión superlativa y que, en esa misma medida, agravian el ordenamiento jurídico. Los errores ordinarios, aún graves, de los jueces in iudicando o in procedendo, no franquean las puertas de este tipo de control que, por lo visto, se reserva para los que en grado absoluto y protuberante se apartan de los dictados del derecho y de sus principios y que, por lo tanto, en la forma o en su contenido traslucen un comportamiento arbitrario y puramente voluntarista por parte del juez que los profiere”.[5] (Negrillas fuera de texto original). 6.3 El caso concreto Encuentra la Sala, en primer término, que el asunto que aquí se debate no es el mismo que aquel que fue objeto de pronunciamiento anterior por parte de esta Corporación en la Sentencia T-203 de 1994, ya que se trata de  hechos nuevos. En efecto, en dicha acción se demandó a la Inspección Novena (9a.) D de Policía Distrital, alegándose la presunta violación del derecho de defensa. La pretensión consistía en que el señor Inspector Noveno (9o.) D de Policía Distrital se abstuviera de llevar a cabo una diligencia de restitución del inmueble ubicado al respaldo de los inmuebles identificados con los números 70-10, 70-26, y 70-46 de la Avenida Centenario o Calle 13 de Santafé de Bogotá, y se procediera así a revocar todo lo resuelto por esa Inspección hasta la fecha en que se impetró la tutela. En cambio, la presente acción se dirige en contra de la Inspectora Novena (9a.) A de Policía Distrital, con el fin de que al actor se le amparen sus derechos a la igualdad, petición y debido proceso, y, por tanto, se le ordene a la Inspectora Novena A de Policía Distrital que practique una diligencia en la cual "se retrotraiga la actuación quedando las cosas conforme se encontraban luego de finalizar el acto procesal practicado por la Inspección Novena (9a.) E Distrital de Policía, en virtud del cual se dispuso el lanzamiento de los querellados". Hecha esta aclaración, la Sala aborda el estudio del caso. En cuanto a la actuación de la demandada, se observa que ésta no obró arbitrariamente, pues hay un fundamento legal que hace razonable su proceder, ya que se limitó a dar cumplimiento a una decisión del Consejo de Justicia Distrital, mediante la cual se aceptó la recusación interpuesta contra la Inspectora Novena (9a.) E y se decidió separarla del conocimiento de la querella. En razón a dicho pronunciamiento, toda la actuación comprendida desde la presentación de la recusación hasta la decisión del Consejo Distrital fue declarada nula. Así pues, el proceder de la accionada respondió  a lo decidido por su superior, y tuvo como propósito restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la nulidad. Luego la providencia de la Inspectora Novena (9a.) A de Policía Distrital tiene un principio jurídico de razón suficiente que legitima su acción. Como se sabe, al tenor del artículo 374 del Acuerdo 18 de 1989, "por el cual se expide el Código de Policía para el Distrito Especial de Bogotá", el Consejo de Justicia de Bogotá es el organismo competente para conocer de los recursos de apelación y de queja que se interpongan en los procesos civiles de policía, así como también lo es para conocer de los impedimentos, recusaciones y conflictos de competencia que se susciten en el trámite de la primera instancia de dichos procesos. Igualmente se observa que el Consejo Distrital de Justicia obró razonablemente, toda vez que la decisión de declarar la nulidad de lo actuado por la Inspectora Novena E Distrital de Policía se fundamentó en el numeral 5o. del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil que prevé lo siguiente: "Artículo 140. Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos: "................................................................................................................................." "5. Cuando se adelante después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida." Por tal razón, al encontrarse justificada la recusación interpuesta en contra de la Inspectora Novena E Distrital de Policía, el proceder del ente corporativo se adecuó a la normatividad vigente, y como consecuencia de ello, la accionada cumplió con su deber de dar aplicación a dicha decisión, tomando las medidas del caso, como efectivamente lo hizo. Por otra parte, se insiste en que el juez de tutela no es el llamado a valorar las interpretaciones hechas por quien administra justicia; simplemente verifica si en la actuación de éste hay una arbitrariedad o una decisión manifiesta y evidentemente contraria al núcleo esencial del derecho al debido proceso, aspecto que no halla la Sala en el asunto de la referencia. Antes bien, encuentra la Corte que la Inspectora Novena A Distrital de Policía obró razonablemente, por cuanto su proceder se adecuó a derecho. Además, en el expediente se observa un hecho que es preciso poner de relieve: dentro de la diligencia en la cual se declaró la prescripción de la acción de policía, el apoderado del señor Carlos Julio Hernández Africano, abogado Ricardo Eudoro Guevara abandonó en tres ocasiones la mencionada diligencia, colocándose así en situación de impedir que se le corriera traslado por parte de la Inspectora Novena A. de Policía Distrital, y por ello se entró a resolver la oposición propuesta por el apoderado de la parte querellada, y se decretó la prescripción de la acción policiva. Es de anotar que dicha decisión no fue impugnada, pues no se interpuso recurso alguno -ni de reposición ni de apelación-, cuando estaban ellos al alcance de las partes, con lo cual quedó la diligencia en firme. Lo anterior indica que hubo negligencia manifiesta por parte del abogado del señor Carlos Julio Hernández, y si se hubiere presentado una presunta indefensión, ésta obedece exclusivamente a la culpa de quien, por razones de ética profesional, debe ser diligente y estar atento a todas las etapas procesales. Como  lo establece un principio común en el campo del derecho, nadie puede sacar provecho de su propia culpa; en otras palabras, la negligencia personal jamás puede ser título jurídico para invocar un derecho, y al contrario, genera responsabilidades para quien incurre en ella. No es factible que el derecho de defensa esté al arbitrio y determinación absolutos de una de las partes, porque desequilibraría las facultades de éstas dentro del proceso, perdiendo así el sentido de igualdad que debe regir todo juicio; ésta se fundamenta en la equivalencia de oportunidades predeterminadas por la ley, y no en la subjetividad de uno de los intervinientes. Como si lo anterior no fuese suficiente, y con el fin de insistir que la decisión que se debate contiene un razonable fundamento legal y jurídico, cabe recordar que en la sentencia T- 203 de 1994, pese a que se motivó en hechos diferentes a los aquí expuestos, la cuestión litigiosa de fondo substancialmente continuaba siendo la misma, y dio lugar a que esta misma Sala advirtiera que "hay un hecho sospechoso: se presentó un lanzamiento por ocupación de hecho, alegando que una persona había ingresado al predio dos años antes, y el decreto 992 de 1930 manifiesta en su artículo 15 que la acción prescribirá en un término de treinta (30) días contados a partir de la ocupación." Así, puede observarse que la Inspectora de Policía no hizo cosa distinta que exponer, en su providencia, unos argumentos jurídicos que dentro de la autonomía que le es propia se aprecian como razonables. Por otra parte es importante anotar que, de todas maneras, las partes quedan facultadas para acudir a la jurisdicción ordinaria -es decir, a los amparos posesorios de que trata el Código Civil- en caso de considerar que se han lesionado sus derechos. Por tanto, hay en este caso otras vías de defensa judicial, razón por la cual en este caso resulta improcedente la acción de tutela. Al respecto, es importante recordar lo que ha señalado la Corte en su Sentencia T-435 de 1994, (M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa): "Como en repetidas oportunidades lo ha señalado esta Corporación, la acción de tutela, de acuerdo con los parámetros establecidos por el artículo 86 del Estatuto Superior, presenta como características fundamentales la de ser un mecanismo inmediato o directo para la debida protección del derecho constitucional fundamental violado; y la de ser subsidiaria, esto es, que su implementación solamente resulta procedente a falta de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable. "De igual forma, conviene reiterar que este instrumento jurídico no fue consagrado en la Constitución de 1991 como un medio para reemplazar o sustituir los procedimientos ordinarios existentes en nuestro ordenamiento jurídico, ni tampoco como un instrumento al cual es posible acudir como mecanismo optativo o alternativo de esos procesos. Para ello, cabe recordar que en el ordenamiento jurídico colombiano se contemplan diversas jurisdicciones especializadas, que tienen como misión fundamental la de dirimir los conflictos judiciales que se someten a su consideración, según la materia de su competencia. Esa especialidad tiene relación con el deber del Estado de proteger en su vida, honra, bienes, derechos y libertades a todos los ciudadanos (Art. 2o. C.P.), pues, en efecto, la debida administración de justicia, es una de las más valiosas garantías para la protección de los intereses legítimos de toda la comunidad y para la permanencia misma del Estado social de derecho". Además, no se justifica conceder la acción de tutela como mecanismo transitorio, por cuanto no se presenta, en los términos definidos por esta Corte[6], una situación grave e inminente que conlleve un perjuicio irremediable. Es por ello que, ante la posibilidad de que el peticionario satisfaga su pretensión frente a la jurisdicción ordinaria, no puede calificarse la existencia de una irreparabilidad que amerite la procedencia del mecanismo de protección de derechos fundamentales previsto en elartículo 86 superior. En resumen, la Corte declarará improcedente la acción de tutela en el presente caso, por dos motivos fundamentales: En primer lugar, porque no se configuró por parte de la accionada una vía de hecho, ya que no hay vulneración del núcleo esencial del derecho al debido proceso del representado del actor, que lo dejase en evidente estado de indefensión, pues no se contradijo manifiesta y superlativamente ningún derecho; antes bien, la demandada tuvo un principio jurídico de razón suficiente en su actuar, como lo es el cumplimiento de una decisión tomada por el Consejo de Justicia Distrital, y no obró en forma arbitraria ni caprichosa. En segundo lugar, porque las partes, para el asunto en concreto, cuentan con otros mecanismos de defensa judicial -previstos en el Código Civil- para hacer valer sus derechos. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión  de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 69 Penal Municipal de Santafé de Bogotá D.C., y en su lugar DENEGAR la acción de tutela en favor de Carlos Julio Hernández Africano, por los motivos expuestos en esta sentencia. Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado Ponente JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1]Corte Constitucional. Sala de Revisión. Sentencia No. T-008/92 del 18 de mayo de 1992. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz. [2]Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-543 del 1o de octubre de 1992. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. [3]Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 2. Sentencia No. T-079/93. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. [4]Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 5. Sentencia No. T-173/93. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. [5]Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 3. Sentencia No. T-231/94 del 13 de mayo de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. [6]Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. T-225/93.

T-501-95 Sentencia No Sentencia No. T-501/95 DERECHO A LA VIDA-Derrumbe de colegio/ESCUELA-Derrumbe Sí se encuentran los alumnos y profesores del Colegio avocados a una situación de peligro que puede causar un perjuicio irremediable, pues de no tomar las medidas pertinentes, el plantel puede derrumbarse, vulnerando no sólo los derechos fundamentales invocados como sustento de la presente acción, sino además el derecho a la vida y la integridad física de alumnos y docentes que desarrollan su labor en el colegio citado. MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL INEFICAZ-Acta de compromiso/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Derrumbe de colegio Cuando el Juez dice que la acción de tutela ejercida no se encamina a la prevención de un perjuicio irremediable está pasando por alto esa situación de peligro que representa para alumnos y profesores, el hecho de que la planta física del colegio se encuentre deteriorada. No está de acuerdo esta Sala con el fallador de instancia cuando afirma que la manera de obtener la protección a los derechos fundamentales vulnerados es la de acudir a la Jurisdicción Civil para demandar el incumplimiento del acta de compromiso por cuanto se trata de un acuerdo entre autoridades públicas cuyos conflictos deben ser resueltos por la Justicia Contencioso Administrativa, la vía judicial, en este caso, no sería un medio eficaz para la protección de los derechos invocados como vulnerados. Ref.: Expediente T-74837 Derecho a la educación, derechos de los niños. Actor: Rafael Ibarguén Asprilla Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ Santafé de Bogotá D.C., noviembre ocho (8) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Octava de Revisión en asuntos de Tutela integrada por los Honorables Magistrados Jorge Arango Mejía, Vladimiro Naranjo Mesa y Fabio Morón Díaz, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre la decisión judicial relacionada con la acción de la referencia, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Nóvita Chocó, el 12 de junio de 1995. I. ANTECEDENTES A. La Petición. El día 1° de junio de 1995, el señor Rafael Ibarguen Asprilla, invocando su calidad de Rector del Colegio Departamental "Carlos Holguín Mallarino" de Nóvita, ejerció la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política, contra el señor Guillermo Antonio Valencia Murillo, Alcalde Municipal de la misma ciudad, para que fueran amparados los derechos fundamentales de los niños y el derecho a la educación, presuntamente vulnerados por el citado funcionario. El accionante fundamentó su solicitud en los siguientes hechos. En el Colegio Departamental "Carlos Holguín Mallarino", fue aprobado el grado undécimo de Bachillerato Académico, según resolución 01796 de noviembre 22 de 1994 proferida por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Chocó, siendo competencia de la Administración Municipal de Nóvita, velar por el mantenimiento del plantel en lo atinente a su planta física con el fin de que se pueda prestar un servicio adecuado, y de dotarla de los muebles y enseres necesarios para su funcionamiento, según acuerdo suscrito el día 10 de junio de 1993 entre el rector del colegio y el Alcalde Municipal de Nóvita. Asegura el demandante, que el citado plantel educativo se encuentra en condiciones deplorables; una de las aulas se desplomó y el techo de otra está a punto de caerse, con lo cual causaría una gran tragedia; además, algunos de los salones se encuentran sin puerta y los laboratorios deben ser readecuados para su uso. Finaliza diciendo que se ha dirigido en varias oportunidades al funcionario acusado y al Concejo Municipal sin encontrar una respuesta satisfactoria a tal situación. B. El fallo de instancia. El Juzgado Promiscuo Municipal de Nóvita, mediante fallo del 12 de junio del presente año, negó la tutela presentada por el señor Ibarguen Asprilla, por las siguientes razones: En un proveído,  de breves  consideraciones,  el  juez  constitucional estimó  que  debía  negar la  protección  solicitada  por  cuanto el petente cuenta con otro medio de defensa judicial como es el de acudir ante la jurisdicción civil a solicitar el cumplimiento del acta del compromiso suscrita entre el Rector del colegio "Carlos Holguín Mallarino" y el Alcalde municipal de Nóvita. Concluye diciendo que la acción de tutela, por ser un mecanismo eminentemente residual, no es el medio apropiado para proteger los derechos invocados por el peticionario, más aún, cuando no se trata de prevenir un perjuicio irremediable. CONSIDERACIONES DE LA SALA A. La competencia. Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión del fallo de la referencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 86 inciso 3° y 241 numeral 9° de la Constitución Nacional, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del decreto 2591 de 1991; además, este examen se hace en virtud de la selección que del fallo hizo la Sala de Selección correspondiente y del reparto verificado en la forma señalada por el reglamento interno de la Corporación. B. La materia. La demanda presentada por el señor Rafael Ibarguén Asprilla en su calidad de rector del Colegio Departamental "Carlos Holguín Mallarino", se encamina a obtener la protección de los derechos de los niños, consagrados en el artículo 44 de la Carta Política, y el derecho a la educación contenido en el artículo 67 del mismo ordenamiento, que considera vulnerados por el señor Alcalde Municipal de Nóvita, al no efectuar las reparaciones locativas que de manera urgente requiere la planta física del citado centro educativo para su cabal funcionamiento. La Corte Constitucional seleccionó la decisión relacionada con la acción de tutela ejercida, para efectos de verificar el acatamiento a la jurisprudencia de la Corte en materia de los derechos a la educación y de los niños. C. Los derechos de los niños Según el artículo 44 de la Constitución Nacional, los niños gozan de una especial protección y es obligación del Estado velar por su desarrollo armónico integral y por el goce pleno de sus derechos fundamentales a la salud, la alimentación equilibrada, la educación, la cultura y la recreación, entre otros. En consecuencia, resulta evidente que las autoridades públicas tienen para con los menores deberes insoslayables, pues es el propio ordenamiento superior el que reconoce a sus derechos una importancia tal que los hace prevalecer sobre los derechos de los demás, como lo ha reconocido la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia. En tal sentido podemos citar la sentencia T-008 de 1992, con ponencia del Magistrado Dr. Fabio Morón Díaz, que  señaló: "El artículo 44, enumera como derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado y amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, la protección de toda forma de abandono, violencia física o  moral, secuestro, abuso sexual, explotación laboral o económica y/o trabajos riesgosos, además de los derechos consagrados en la Constitución, en la leyes y tratados internacionales ratificados por Colombia. Por las calidades propias del ser infantil, de manera general, sus derechos deben hacerse valer, tradicionalmente por sus mentores, tutores y curadores y ahora, según el inciso 2°, se amplía esa obligación en el texto constitucional a la familia, la sociedad y al Estado. Esos derechos, con las limitaciones propias de la condición humana, mientras adquieren suficiente desarrollo físico y mental, ya que son considerados como incapaces por la ley civil, quiere el legislador protegerlos de manera plena a fin de alcanzar niveles de mejoramiento de las sociedades del futuro. Esos derechos a pesar de ser tratados globalmente por la norma, admiten una distinción: Aquellos que provienen de su condición humana, como la vida, la integridad física, el nombre, la salud, la alimentación equilibrada y todos los que se puedan incluir dentro del concepto de asistencia, y de lo que el Código Civil denomina "una congrua subsistencia", que al tiempo con los demás derechos fundamentales de los adultos, deben ser protegidos en los niños con este último carácter de fundamentales, por su propia naturaleza, mientras que los demás que enuncia la norma, tienen el carácter de asistenciales, por lo cual su protección se encuentra deferida a  la ley y al desarrollo institucional que los haga realidades concretas. Entre tanto, estos derechos asistenciales pertenecen a la especie de los proclamatorios o finalísticos en la medida en que fijan objetivos prioritarios a la ley y al Estado para su concreción. Especial mención merece la expresión "Derechos Fundamentales de los Niños" que trae la norma; el predicado: "de los niños", le da una connotación especial a la primera parte de la frase. En primer término, ésta debe interpretarse en concordancia con la última del artículo: "los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás". Así pues, los derechos de los niños tienen en ese sentido, una primacía reconocida por el Constituyente frente a los derechos de las demás personas. De otra parte, la expresión derechos fundamentales de los niños tiene una doble connotación: implica el reconocimiento de la titularidad de que disponen, de los derechos fundamentales, para los enunciados en el artículo 44 y la primacía señalada; y simultáneamente, muestra el particular interés del Constituyente de habilitar, en el Estado Social de Derecho, los procedimientos legales y las acciones de la familia, la sociedad y el Estado, con el propósito de hacerlos una pronta realidad, en la parte de los derechos asistenciales que se relacionan en la primera parte del inciso, tal como lo estatuye con la lógica proteccionista que le es propia al inciso 2° de la norma comentada." D. El derecho a la educación En la Constitución Nacional la educación se ha definido en una doble concepción: como derecho fundamental y como servicio público; aún cuando en la Carta no se incorporó en el capítulo correspondiente a los derechos fundamentales, la Corte Constitucional ha entendido que se trata de un derecho susceptible de ser amparado por vía de tutela, pues es inherente a la persona humana y por tanto inalienable. A este respecto la Corte ha dicho: "Ahora bien, la importancia esencial de la educación, radica en el hecho de ser un derecho instrumental o derecho medio, por cuanto se convierte en la clave del desarrollo de la personalidad y del ejercicio de otros derechos cuya efectividad sería irrealizable sin su mediación. Igualmente, la educación cumple el objetivo constitucional de formar un hombre respetuoso de los derechos humanos, la paz y la democracia, como también receptivo al cumplimiento de los deberes correlativos a los derechos y libertades reconocidos en la Constitución (arts. 67 y 95). Asimismo, la educación es un servicio público que cumple una función social (art. 67 de la Constitución Política), cuya prestación está a cargo del Estado o de los particulares bajo la permanente inspección y vigilancia del Estado. De su naturaleza de servicio público se deduce que sus fines son el servicio a la comunidad, la búsqueda del bienestar general y la elevación de la calidad de vida de la población."[1] E. Conclusión. Encuentra esta Sala que entre la Alcaldía Municipal de Nóvita y el Colegio Departamental "Carlos Holguín Mallarino" se suscribió un compromiso por medio del cual la primera se comprometió..."en (sic) cuidar, adecuar, reparar y construir todo lo concerniente a planta física cuando sea necesario y la consecución de los demás enseres para el funcionamiento del plantel en común acuerdo (sic) con el Rector del Colegio "Carlos Holguín Mallarino" de esta localidad." Lo anterior consta en el punto octavo de dicho compromiso visible a folio 7 del expediente; de lo cual podemos concluir que, de acuerdo con dicha acta de compromiso, el Municipio de Nóvita contrajo una responsabilidad en el sentido de efectuar las reparaciones locativas necesarias y proveer los elementos indispensables para el buen funcionamiento del colegio; obligación que no ha cumplido la administración demandada en esta acción. Para mejor proveer, esta Sala comisionó al Tribunal Superior de Quibdó para que adelantara una inspección judicial a las instalaciones del Colegio Departamental “Carlos Holguín Mallarino”, con el fin de verificar el estado de conservación de la planta física del colegio. En la diligencia realizada, para la cual se subcomisionó al Juzgado Promiscuo Municipal de Nóvita, se designó como perito al señor Aurelio Gómez Rentería, quien rindió su dictamen diciendo que en el primer y segundo bloques, donde se encuentran los laboratorios de Química y Biología y algunas aulas, éstas no pueden ser utilizadas por cuanto no tienen techo; y las que lo tienen, requieren reparación, pues cuando llueve se hace imposible permanecer en el salón de clase. En el bloque donde funcionan la rectoría y la secretaría del colegio, el techo presenta fisuras y las paredes están en malas condiciones. En cuanto a las baterías sanitarias, a pesar de que la institución cuenta con cinco, sólo se pueden usar dos ya que las demás se encuentran en muy malas condiciones, las redes de conducción de agua también están en mal estado y el tanque de abastecimiento es insuficiente. Como conclusión del dictamen pericial, se recomienda la iniciación inmediata de las obras en el colegio para evitar que profesores y alumnos se vean afectados en su integridad. En cuanto al fallo proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Nóvita, con el fin de decidir sobre la presente acción de tutela, esta Sala no está de acuerdo con la valoración que de la situación fáctica hace el juez, pues resulta evidente que en el caso que ocupa nuestra atención sí se encuentran los alumnos y profesores del Colegio "Carlos Holguín Mallarino" avocados a una situación de peligro que puede causar un perjuicio irremediable, pues de no tomar las medidas pertinentes, el plantel puede derrumbarse, vulnerando no sólo los derechos fundamentales invocados como sustento de la presente acción, sino además el derecho a la vida y la integridad física de alumnos y docentes que desarrollan su labor en el colegio citado; y  cuando el señor Juez Promiscuo Municipal de Nóvita dice que la acción de tutela ejercida no se encamina a la prevención de un perjuicio irremediable está pasando por alto esa situación de peligro que representa para alumnos y profesores, el hecho de que la planta física del colegio se encuentre deteriorada. Tampoco está de acuerdo esta Sala con el fallador de instancia cuando afirma que la manera de obtener la protección a los derechos fundamentales vulnerados es la de acudir a la Jurisdicción Civil para demandar el incumplimiento del acta de compromiso por cuanto se trata de un acuerdo entre autoridades públicas cuyos conflictos deben ser resueltos por la Justicia Contencioso Administrativa, pero, de todas formas, la vía judicial, en este caso, no sería un medio eficaz para la protección de los derechos invocados como vulnerados. Respecto de la función que tienen las autoridades administrativas, en el artículo 209 de la Constitución Nacional, encontramos que dichas autoridades deben coordinar sus actuaciones para el cumplimiento de los fines del Estado, y de no hacerlo, se puede deducir un comportamiento negligente cuando son las mismas autoridades quienes con su actuar no culminan las obras iniciadas. A este respecto la Corte Constitucional ha expresado: "Si ello repercute -como en el presente caso- en el daño o la amenaza a derechos fundamentales, es claro que cabe la acción de tutela para su protección, en cuanto las violaciones que la hacen aplicable no solamente consisten en conductas positivas de quien ejerce poder sino omisiones, es decir, en la inactividad del ente público, pues al abstenerse injustificadamente de llevar a cabo los actos que de él se esperan, de conformidad con los aludidos principios, que se imponen por la Carta a toda gestión administrativa, no solamente incurre en negligencia sino que afecta o pone en riesgo prerrogativas básicas de personas en concreto"[2] En el caso presente, es claro que por la debilidad manifiesta en que se encuentran quienes laboran en el Colegio "Carlos Holguín Mallarino", debe el Municipio de Nóvita concurrir a la reparación y mantenimiento de las instalaciones del plantel, más aún cuando ha suscrito un acta donde se compromete a ello. De otra parte, no puede la Sala pasar por alto que la ley 60 de 1993, en su artículo segundo numeral 1°, donde define las competencias de los Municipios en materia educativa, se establece: " 1.- En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y las disposiciones legales sobre la materia: - Administrar los servicios educativos estatales de educación preescolar, básica primaria y secundaria media. - Financiar las inversiones necesarias en infraestructura y dotación y asegurar su mantenimiento, y participar con recursos propios y con las participaciones municipales en la financiación de los servicios educativos estatales y en la cofinanciación de programas y proyectos educativos. - Ejercer la inspección y vigilancia, y la supervisión y evaluación de los servicios educativos estatales." La ley 60 de 1993 ya ha sido objeto de estudio por la Corte Constitucional a través de las diferentes demandas de inconstitucionalidad que se han intentado contra ella, y esta Corporación se ha pronunciado sobre la misma en las sentencias C-169 de 1994, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Gaviria Díaz; C-520 de 1994, con ponencia del Magistrado Dr. Hernando Herrera Vergara; C-555 de 1994, con ponencia del Magistrado Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-559 de 1994, con ponencia del Magistrado Dr. Hernando Herrera Vergara y C-151 de 1995, con ponencia del Magistrado Dr. Fabio Morón Díaz, estableciendo jurisprudencia en esta materia. En consecuencia, no es posible concluir cosa diferente a que indiscutiblemente corresponde al Municipio de Nóvita velar por la eficiente prestación del servicio público de la educación dentro de su jurisdicción, por expreso mandato de la ley, y para ello debe tomar las medidas pertinentes a fin de cumplir cabalmente con el cometido que el legislador les ha impuesto a estas entidades territoriales. En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Nóvita Chocó el 12 de junio de 1995, y en su lugar, CONCEDER como mecanismo transitorio por el término de cuatro meses, mientras se inician las acciones administrativas correspondientes, la tutela de los derechos de los niños y el derecho a la educación de los alumnos y derecho a la vida de los alumnos y profesores del Colegio Departamental "Carlos Holguín Mallarino" de Nóvita, según acción de tutela ejercida por el señor Rafael Ibarguen Asprilla, rector del citado plantel educativo. SEGUNDO: Ordenar al Alcalde Municipal de Nóvita Chocó que en el término de cinco (5) días inicie los trabajos necesarios para reparar la planta física del Colegio Departamental "Carlos Holguín Mallarino". Comuníquese, notifíquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1]Cfr. Sentencia T-100 de 1995. Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. [2]Cfr. Sentencia T-309 de 1995. Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernandez Galindo.

T-502-95 Sentencia No Sentencia No. T-502/95 TRATAMIENTO MEDICO DEL MENOR-Catálogo de medicamento/INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Suministro de medicamento/DERECHO A LA SALUD-Suministro de medicamentos/DERECHO A LA VIDA-Suministro de medicamentos El caso que motiva el presente fallo (niño epiléctico) la droga que se le niega al enfermo es indispensable, según el médico, para un tratamiento adecuado. La demandante afirma que su hijo solamente ha encontrado mejoría con el medicamento que en una oportunidad le recetó la pediatra. Se abrigan, entonces, razonables esperanzas de mejoría para el infante. Significa esto que la no aplicación de la droga que la médico considera adecuada, repercute en contra de la vida y la salud del menor, luego es viable proteger al niño porque hay una amenaza a sus derechos fundamentales. PROFESIONAL DE LA SALUD-Criterio científico La labor del Juez de tutela es dar la orden de que no se interfiera la decisión del galeno que trata al niño, en cuanto razonablemente dicha decisión repercute favorablemente en el paciente. Tal orden no puede ser temporal porque el peligro existe y su protección depende de que se ha afectado un derecho fundamental. De ahí que la tutela se concederá de manera definitiva y no transitoria. El I.S.S. debe responder por el tratamiento señalado por el médico y la orden debe darse en tal sentido, lo que no puede hacer la Corte es, como lo determinó el a-quo, precisar la droga que hay que administrar. Ref.: Expediente Nº73627 Peticionaria: María Ospina Agudelo Procedencia: Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira. Tema: Medicamentos que puede formular el I.S.S. Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá , D.C., ocho (8) de noviembre  de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En la acción de tutela radicada bajo el Nº 73627, interpuesta por María Francinelly Ospina Agudelo. ANTECEDENTES 1. Solicitud de la señora Ospina Agudelo: "Yo tengo un niño que se llama Robert Andrés Valencia Ospina, que actualmente tiene 7 años de edad, nació en Tuluá Valle en el Seguro Social de esta localidad, claro que todos los controles del niño han sido acá en Pereira, cuando nació a los dos días de nacer lo vacunaron y convulsionó y siempre a seguido convulsionado y por esta razón el Seguro Social siguió dándole al menor la droga para este problema, aparte de esto el niño presenta un leve retardo motor, estuvo como droga Elixir de fernobarbital y también tomó depakene, tegretol, epamin, suministrada por el seguro social esas drogas le han causado perjuicios en su salud, y el niño estuvo hasta dopado y le perjudicaba hasta para el aprendizaje, se hicieron examenes y se determinó que la droga le estaba causando daño en su salud, la doctora Catalina Donuyer la cambio la droga desde el 28 de marzo del presente año por sabril o vigabactrin de 500 miligramos, dicha pediatra trabaja en el seguro social donde es atendido el niño por prórroga en razón a la enfermedad cuando tenía menos de un año, pero resulta que el Seguro Social ya no quiere seguir suministrando esta droga, tomando como disculpa la ley 100/93; dicen que le siguen suministrando la otra que tomaba antes, pero esas le hacen daño, el sabrin no, que por que debía de haber sido formulado tres años atrás, y esta droga en el comercio tiene un valor de $63.000,oo pesos una caja de 60 pastas y el menor debe tomar una pasta cada ocho horas, por lo que a mí se me hace imposible, no tengo medios económicos para adquirir esta droga que debe ser suministrada por el Seguro Social, en el Seguro Social yo he hablado con la coordinadora de pediatría que se llama Claudia N. y ellas si autorizó la droga pero no me entregaron, pero que tenía que hablar con el doctor Marulanda, y me dijo que no le tocaba eso que tenía que hablar con el Gerente Jesús Antonio Marquez y hable con este y me dijo que él me entendía el caso, pero que no me podía ayudar que por que se lo prohibía la ley 100/93, me dijo que si yo quería pusiera una demanda, yo solicito que se de trámite a esta acción de tutela a fin de favorecer la salud de mi hijo con la droga que debe ser sumistrada por el Instituto Seguro Social." 2. Pruebas. 2.1. El Instituto de Seguros Sociales, Seccional de Risaralda, dice que el Decreto 1938/94 definió en su artículo 45, los medicamentos del plan obligatorio de salud y dentro de ellos no está SABRIL, de ahí la orden de no autorizarlo. 2.2. La neuropediatra Catalina Danuyer, médico del niño, dice que el menor tiene epilepsia de difícil manejo con convulsiones iniciadas a los 6 meses. Que el paciente ha recibido los medicamentos existentes en el formulario del I.S.S. sin presentar mejoría, pero que con el "vigabatrín si ha reaccionado favorablemente" y que al dárselo la médico no tenía conocimiento de que no estuviera en los que permite el I.S.S. 2.3. La Coordinadora pediatra dice que "a ningún paciente se le ha negado el medicamento fuera de formulario". Pero la verdad es que al niño no se le entrega como lo expresa la madre bajo juramento, se infiere del hecho de instaurarse la tutela y de la declaración de la médico. 3. Decisión. el Juzgado Sexto Penal Municipal de Pereira, en providencia de 2 de junio de 1995 resolvió: "Primero.- TUTELAR los derechos fundamentales de índole Constitucional, que en nombre y representación del menor ROBERT ANDRES VALENCIA OSPINA, hace la señora María Francinelly Valencia Ospina y los cuales hacen referencia a la salud, a la vida, a la seguridad social y derechos del menor, consagrados en la Constitución Política en sus arts. 11, 44, 48 y 49. Este amparo se hará en forma transitoria para evitar un mal o perjuicio irremediable (art. 8º Decreto 2591 de 1991), protección que operará en las condiciones analizadas en la parte motiva de éste proveído. Segundo.- Envíese el Oficio respectivo al señor Director del Instituto de los Seguros Sociales de ésta Ciudad, para que proceda de conformidad con lo resuelto, esto es, ordenando le sea suministrado al menor ROBERT ANDES VALENCIA OSPINA, el medicamento antiepiléptico conocido como VIGABATRIN que le recetara la Doctora CATALINA DUYUNER, su Médico tratante; ésto en las condiciones relacionadas con anterioridad". II. FUNDAMENTOS JURIDICOS A. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. B. CASO CONCRETO Y REITERACION DE JURISPRUDENCIA. La señora María Ospina Agudelo puede instaurar tutela en representación de su hijo, menor e inválido, luego la acción debe ser definida, pero no en el sentido de ordenar que se recete la droga que la solicitante indica, sino la que señale el médico que viene tratando al niño; este aspecto ya fue resuelto por esta Sala S´ptima de Revisión. En sentencia T-271/95 se estudió el siguiente caso: "Indica el actor que la adquisición de los medicamentos escapa a sus posibilidades económicas, que le fueron recomendados por el médico que lo atiende y que mediante su aplicación se evita el desarrollo de "enfermedades del sistema nervioso central que son incapacitantes e invalidantes y generan dolor insoportable", se logra retardar "el proceso deterioro del organismo" y recuperar "el sistema de defensas del cuerpo", todo lo cual se traduce en un mejoramiento de la calidad de vida y en la prolongación de la misma, ventajas que, fuera de obtenerse a un menor costo, permiten la incorporación del enfermo a la actividad productiva, así como la recuperación anímica derivada del disfrute de mejores condiciones de fé, esperanza y convivencia, no sólo para el afectado sino también para sus familiares y allegados. Por su parte, el Instituto de Seguros Sociales sostiene no haber entregado los antiretrovirales por encontrarse sujeto a regulaciones especiales, de naturaleza legal y reglamentaria, que se remontan al periodo anterior a la vigencia de la ley 100 de 1993 y que, le impiden, proporcionar medicamentos no incluidos dentro del catálogo general de suministros Clase I, productos farmacéuticos, en el que no figuran los aludidos antiretrovirales. En efecto, señala el Instituto que el decreto 1938 de agosto 5 de 1994 "por el cual se reglamenta el plan de beneficios del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud" establece como únicos medicamentos para el tratamiento del sida "al Trimetropin Sulfamatoxazol y al pentamidina isotianato" y, de otro lado prohibe, en forma expresa, recetar drogas o sustancias que no aparezcan autorizadas en el formulario del Ministerio de Salud (artículo 15, literal g). Similar prohibición contiene la resolución 0046, de febrero 1 de 1994, emanada de la presidencia del seguro social." Como se aprecia es un caso similar al de la presente tutela, puesto que el tema planteado es el de exigirle al I.S.S. que dé al paciente determinado medicamento; el seguro se niega a hacerlo invocando la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1938 de 1994, y, tanto en el caso que sirve de ejemplo (se trataba de un enfermo de sida) como en el que motiva el presente fallo (niño epiléctico) la droga que se le niega al enfermo es indispensable, según el médico, para un tratamiento adecuado. En el caso que ya definió la Sala, se precisó: "Es de anotar que la atención médica y profesional le ha venido siendo prestada al demandante por el Instituto de Seguros Sociales, entidad de la que es afiliado, lo cual indica que existe una relación individual que en forma específica realiza el derecho a la salud haciéndolo exigible de manera inmediata. Así las cosas, lo que en esta oportunidad se discute es si el derecho que asiste al peticionario tiene el alcance suficiente para pedir un tratamiento paliativo determinado que deba serle suministrado por el Instituto de Seguros Sociales o si, por el contrario, la prestación del servicio se limita a brindar la atención dentro de los supuestos autorizados por normas infraconstitucionales que excluyen el tratamiento pedido. La Sala insiste en que la respuesta que se dé a la pregunta precedente debe partir de la estimación de los elementos fácticos en concordancia con las normas constitucionales aplicables; y por tanto, hallándose constatado que el actor padece una enfermedad que en forma directa afecta su vida y las condiciones en que la desarrolla, no vacila en afirmar que la protección que los derechos a la vida y a la salud reclaman,  si bien no involucra una obligación de resultado , incluye en este evento, la facultad de agotar todas las posibilidades enderezadas a conservar la existencia vital en la plenitud que le es inherente. (subrayas propias) El ser humano necesita mantener ciertos niveles de salud para sobrevivir y desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de enfermedades incurables y mortales afecta esos niveles, poniendo en peligro la propia subsistencia, no resulta válido pensar que el enfermo esté ineluctablemente abocado a abandonarse a la fatalidad, desechando cualquier tratamiento, por considerarlo inútil ante la certeza de un inexorable desenlace final; todo lo contrario, el paciente tiene derecho, mientras tanto, a abrigar esperanzas de recuperación, a procurar alivio a sus dolencias, a buscar, por los medios posibles, la prolongación de la vida amenazada, si así lo desea." La señora María Ospina Agudelo afirma que su hijo Robert Andrés Valencia Ospina solamente ha encontrado mejoría con el medicamento que en una oportunidad le recetó la pediatra, el SABRIL. Se abrigan, entonces, razonables esperanzas de mejoría para el infante. Significa esto que la no aplicación de la droga que la médico considera adecuada, repercute en contra de la vida y la salud del menor, luego es viable proteger al niño porque hay una amenaza a sus derechos fundamentales. Ante esta situación, la Sala había dicho: "Queda así establecido que la utilización de la droga solicitada hace parte del tratamiento que el médico del Instituto de Seguros Sociales, que atiende al actor, considera conveniente seguir. Sobre la base del criterio científico del profesional de la salud, la Sala estima pertinente acotar que el peticionario tiene el derecho a que se le brinde la totalidad del tratamiento en la forma prescrita, porque un tratamiento incompleto o que no se ciña a las recomendaciones médicas desconoce las prerrogativas del paciente que, según lo indicado, voluntariamente ha querido someterse a las prescripciones del galeno. La Sala se limitará, entonces, a ordenar que se realice el tratatamiento tal como fue dispuesto; de manera que su orden no interfiere las decisiones del médico ni la prestación misma del servicio cuyas modalidades e incidencias corresponde apreciar y valorar el galeno." Significa lo anterior que la labor del Juez de tutela es dar la orden de que no se interfiere la decisión del galeno que trata al niño, en cuanto razonablemente dicha decisión repercute favorablemente en el paciente. Tal orden no puede ser temporal porque el peligro existe y su protección depende de que se ha afectado un derecho fundamental. Es más, la orden no va a depender de otro juicio (que no se sabe cuál sería) como lo creyó equivocadamente el a-quo. De ahí que la tutela se concederá de manera definitiva y no transitoria. En la sentencia que sirve de marco de referencia también se lee: "La Sala observa que en el caso analizado se distinguen dos tipos de relaciones, a saber: entre el médico y el paciente y entre el paciente y el Instituto de Seguros Sociales. El primer evento ha sido dilucidado y, según se sigue de lo hasta ahora expuesto, es diferente el vínculo entre el paciente y la entidad afiliadora, que se revela conflictivo en la medida en que el Instituto se niega a otorgar la totalidad del tratamiento prescrito al enfermo, tratamiento que incluye el suministro de una droga determinada. Con base en los argumentos esbozados con anterioridad, se tutelarán los derechos invocados, resolviendo la controversia en favor del actor. La Sala sabe que la negativa de la parte demandada se fundamenta en normas jurídicas de rango inferior a la Carta que prohiben la entrega de medicamentos por fuera de un catálogo oficialmente aprobado; no desconoce tampoco los motivos de índole presupuestal que conducen a la elaboración de una lista restringida y estricta, ni cuestiona los estudios científicos de diverso orden que sirven de pauta a su elaboración, menos aún el rigor de quienes tienen a su cargo el proceso de selección; sin embargo, retomando el hilo de planteamientos antecedentes ratifica que el deber de atender la salud y de conservar la vida del paciente es prioritario y cae en el vacío si se le niega  la posibilidad de disponer de todo el tratamiento prescrito por el médico; no debe perderse de vista que la institución de seguridad social ha asumido un compromiso con la salud del afiliado, entendida en este caso, como un derecho conexo con la vida y que la obligación de proteger la vida es de naturaleza comprensiva pues no se limita a eludir cualquier interferencia sino que impone, además, "una función activa que busque preservarla usando todos los medios institucionales y legales a su alcance " (Sentencia T-067 de 1994. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo). Esa obligación es más exigente y seria en atención al lugar que corresponde al objeto de protección en el sistema de valores que la Constitución consagra, y la vida humana, tal como se anotó, es un valor supremo del ordenamiento jurídico colombiano y el punto de partida de todos los derechos. En la sentencia T-165 de 1995 la Corte expuso: "Siempre que la vida humana se vea afectada en su núcleo esencial mediante lesión o amenaza inminente y grave el Estado Social deberá proteger de inmediato al afectado, a quien le reconoce su dimensión inviolable . Así el orden jurídico total se encuentra al servicio de la persona que es el fin del derecho ". (M. P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa)." Queda claro que el I.S.S. debe responder por el tratamiento señalado por el médico y la orden debe darse en tal sentido, lo que no puede hacer la Corte es, como lo determinó el a-quo, precisar la droga que hay que administrar. Además, se repite, la tutela dará la orden en forma NO transitoria. Hecha la anterior aclaración, surge nítida la solución, que será similar a la de la sentencia T-271/95 cuya jurisprudencia se reitera. En mérito de lo expuesto la Sala Séptima de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandamiento de la Constitución. RESUELVE: PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira, de 2 de junio del presente año; manteniendo el amparo que le dió a la protección de los derechos fundamentales del menor ROBERT ANDRES VALENCIA OSPINA, pero modificando en el sentido de ordenar que el Instituto de Seguros Sociales proceda dentro del término improrrogable de 48 horas, a dar al citado infante, EN SU TOTALIDAD, el tratamiento que le señale al paciente el médico del I.S.S. que lo ha venido tratando. SEGUNDO.- Librense por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA MONCALEANO Secretaria General

T-512-95 Sentencia No Sentencia No. T-512/95 DEMANDA DE TUTELA-Procedencia frente a violaciones presentes No basta con establecer que la causa mediata o inmediata de la vulneración o amenaza del derecho que se pretende proteger acaeció con anterioridad a la vigencia de la Carta para, por ese solo hecho, desvirtuar la procedencia de la acción de tutela. Resulta necesario, en estos casos, estudiar si al impetrarse la acción el derecho tutelado se encontraba aún amenazado, o si subsistía la vulneración, con independencia de la época en que se origino la lesión. No se trata de hechos ocurridos y consumados bajo el orden constitucional anterior, sino de una cadena causal, cuyo último eslabón, definitivo para la actora, se produce, bajo la plena vigencia del nuevo orden constitucional. REGLAMENTO UNIVERSITARIO-Procedencia de tutela Pese a que la tutela no es el mecanismo idóneo para reformar los reglamentos y estatutos de una universidad, no cabe duda de que si tales normas se apartan por completo del orden constitucional vigente, y su aplicación afecta los derechos fundamentales de uno de los miembros de la comunidad docente, la acción procede, como mecanismo transitorio - si existen otros recursos judiciales -, o definitivo en caso contrario. Si ello no fuera así se estaría frente a un compartimento estanco, ajeno al radio de acción de los derechos fundamentales, por el simple hecho de la existencia de un reglamento o estatuto interno, es decir, por la mera manifestación de voluntad de las directivas o fundadores de una Universidad. AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Inexistencia de norma reglamentaria La Constitución garantiza la autonomía universitaria, lo que comprende el reconocimiento y protección de ciertas competencias y poderes de la institución docente, especialmente en cuanto se refiere a su potestad normativa interna. Esta facultad resulta particularmente relevante para solucionar situaciones problemáticas que no se encuentran regladas en norma legal, reglamentaria o estatutaria alguna. Por ello, ante la inexistencia de disposiciones pertinentes, la Universidad está facultada para adoptar la solución que considere más adecuada. AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Límites Dado que la decisión que se acoja puede comprometer el derecho a la educación de la interesada, puesto que éste protege al educando frente a la imposición de barreras injustificadas que impidan o entorpezcan el proceso educativo, la medida deberá ser razonable y proporcionada. El ámbito de discrecionalidad de la Universidad, garantizado por el reconocimiento constitucional de su autonomía, se encuentra limitado por el respeto de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad académica. CERTIFICACIONES DE PROFESORES-Alcance probatorio La determinación del alcance probatorio que deba concedérsele a las certificaciones de los profesores y, en general, la verificación de si en su oportunidad se presentaron o no las respectivas habilitaciones, así como sus resultados, es una materia que escapa a la jurisdicción constitucional. La estudiante es libre de aceptar la decisión adoptada por la universidad, pero si insiste en la veracidad de las certificaciones, que no alcanzan a convencer plenamente a las autoridades docentes, no puede imponerlas unilateralmente sin antes surtir el proceso ordinario en el que se establezca judicialmente la verdad de los hechos. AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Razonabilidad y proporcionalidad/DERECHO A LA EDUCACION-Habilitación de materia Es objeto de esta jurisdicción apreciar la razonabilidad y proporcionalidad de la alternativa acogida por el centro docente, lo que es además indispensable para excluir un eventual ejercicio arbitrario de la autonomía universitaria. El examen de habilitación que se ha ordenado constituye una medida que no merece objeción alguna desde esta perspectiva. En efecto, su finalidad es la de asegurar la calidad en la educación y garantizar la adecuada formación intelectual del estudiante. La habilitación, de otro lado, sustituye la anotación existente en los registros de la universidad y representa un medio expedito para acreditar el cumplimiento de los objetivos académicos, sin necesidad de agotar, luego de siete años de ocurridos los hechos, un debate probatorio sobre si se dio y con qué resultados la controvertida calificación final. Ante otras alternativas igualmente idóneas para comprobar la aptitud académica de la estudiante y para resolver la situación planteada, la adoptada por la universidad es razonable y, en modo alguno, es la más gravosa a la luz de las circunstancias existentes. La solución que ofrece la universidad, justamente, tiene la virtualidad de obviar la iniciación de un proceso judicial, lo que sin duda abona aún más su razonabilidad. NOVIEMBRE 14 DE 1995 Ref.: Expediente T-75881 Actor: Piedad Barona Villafañe Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-75881 adelantado por PIEDAD BARONA VILLAFAÑE contra el CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE ANTECEDENTES 1. Desde 1985, Piedad Barona Villafañe es estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. A principios de 1995, cuando la alumna se disponía a cumplir con los últimos requisitos necesarios para optar al título de ingeniera industrial, la Universidad le informó que debía volver a cursar las asignaturas de Estadística I y Administración I que aparecían como reprobadas en el respectivo expediente académico. Con el fin de solucionar la irregularidad, la señorita Barona se dirigió al Decano de la Facultad de Ingeniería, con el fin de solicitar se adoptara una determinación menos gravosa que aquella consistente en tener que cursar nuevamente las materias. La estudiante acompañó a su petición dos oficios, fechados el 13 de enero de 1995, en los cuales los profesores Guillermo Valdés y Edgar Velasco certifican que Piedad Barona cursó y aprobó las materias Estadística I y Administración I y aseveran que, en más de dos oportunidades, se presentaron ante la Secretaría Académica - por requerimiento de ésta - para confirmar que las notas fueron debidamente registradas. En la constancia de enero 13 de 1995, firmada por el profesor Guillermo Valdés, puede leerse lo siguiente: "Señor Sigifredo Satizabal Decano Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de Occidente. Ciudad.- Certifico que: 1. La señorita PIEDAD BARONA VILLAFAÑE, estudiante de Ingeniería Industrial diurno, código 850782 cursó en el año de 1987 la asignatura ESTADISTICA I, dictada por mí en ese entonces. 2. Que perdió, habilitó y aprobó la materia con una nota de habilitación de 3.2. 3. Que la nota fue entregada a Secretaría Académica. 4. Que en más de dos (2) ocasiones debí ratificar a petición de ella y por orden de Secretaría Académica hasta que la misma oficina confirmó que ésta había sido debidamente registrada". Por su parte, la certificación - también fechada el 13 de enero de 1995 - del profesor Edgar Velasco reza en su parte pertinente: "Señor Sigifredo Satizabal Decano Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de Occidente. Ciudad. Certifico que la señorita PIEDAD BARONA VILLAFAÑE, estudiante de Ingeniería Industrial diurno, código 850782 cursó y aprobó en el año de 1987 la asignatura de Administración I, dictada por mí, que la nota correspondiente a su examen final fue entregada en Secretaría Académica, y que en tres (3) oportunidades me acerqué en compañía de la estudiante por petición de la Secretaría Académica a ratificar dicha nota hasta la confirmación de que así había sido". El Decano de la Facultad de Ingeniería presentó el caso ante el Consejo Directivo del centro universitario, el cual, mediante Resolución N° 3255 de enero 26 de 1995, resolvió que la estudiante no tenía que cursar nuevamente las asignaturas Estadística I y Administración I, pero sí debía presentar los examenes de habilitación y final de cada uno de estos cursos. Para la práctica de las evaluaciones, el Consejo Directivo fijó como plazo máximo el día 24 de febrero de 1995, a las 6:00 p.m. Esta decisión fue notificada a la estudiante el 17 de febrero de 1995. El 22 de febrero de 1995, la alumna Piedad Barona sometió a consideración del Consejo Directivo una nueva petición, en la que solicitaba se le permitiese  sustituir la presentación de los examenes por la realización de un trabajo que implicara "investigación, actualización y estudios", y que fuera "monitoreado, revisado y llevado a cabo bajo ciertas restricciones, además con un corto límite de tiempo". A través de la Resolución N° 3297 de febrero 27 de 1995, el Consejo Directivo despachó desfavorablemente la solicitud, y confirmó la determinación adoptada en la Resolución N° 3255. Piedad Barona decidió insistir nuevamente ante el Consejo Directivo y, en escrito de febrero 28 de 1995, solicitó se le otorgara un plazo prudencial para presentar los examenes. Esta petición obtuvo respuesta positiva. En virtud de la Resolución N° 3308 de marzo 17 de 1995, el Consejo Directivo amplió el plazo para la presentación de las evaluaciones al término comprendido entre el 1° y el 19 de mayo de 1995. 2. El 15 de mayo de 1995, Piedad Barona Villafañe interpuso acción de tutela contra el Consejo Directivo de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar que esa institución vulneró su derecho a la educación. La estudiante argumenta que la "negligencia, descuido u omisión" del centro universitario para "sentar las notas aprobatorias de habilitación y examen final de las asignaturas cuestionadas", sumados a la determinación del Consejo Directivo de obligarla a presentar los examenes de las mismas y al desconocimiento arbitrario de las certificaciones expedidas por los profesores Guillermo Valdés y Edgar Velasco, quebrantan el derecho fundamental invocado y, por lo tanto, solicita al Tribunal de tutela: (1) que las materias Administración I y Estadística I se entiendan aprobadas; (2) que se fije fecha para la presentación y sustentación de la tesis de grado y para la entrega del título de ingeniera industrial, al que tiene derecho por haber cumplido todos los requisitos académicos. 3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante providencia de mayo 26 de 1995, negó la tutela solicitada al considerar que "si dentro de los registros oficiales no aparecen notas de éstas (las asignaturas Administración I y Estadística I), eso debió arreglarlo la accionante en su momento oportuno y no pretender ahora que la Universidad acoja en su totalidad sus pretensiones". De igual forma, determinó que la acción de tutela no era un mecanismo idóneo para "que una entidad cambie sus normas, estatutos y reglamentos, que es en el fondo lo que pretende la actora en el caso de autos". Por otra parte, el Tribunal afirmó que las constancias de los profesores de Administración I y Estadística I, fechadas el 13 de enero de 1995, en las cuales éstos atestan que la alumna Piedad Barona Villafañe cursó y aprobó las respectivas asignaturas, "hacen relación a hechos sucedidos en el año de 1987. Estos documentos no tienen el carácter de público por no haber sido expedidos por funcionarios públicos". A través de escrito fechado el 1° de junio de 1995, la actora impugnó la anterior decisión, "por no estar de acuerdo con la misma". 4. Mediante providencia de junio 30 de 1995, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, revocó la sentencia de primera instancia, pese a no conceder el amparo solicitado. Para la adopción de tal determinación, sostuvo que la acción de tutela no era procedente cuando "el peticionario pretende que se le amparen derechos que fueron vulnerados con acciones u omisiones anteriores a la fecha en que entró a regir la Constitución de 1991, que fue el ordenamiento jurídico que le dio vida a esta institución en nuestro país, por lo cual no es posible atender por vía de acción de tutela las peticiones incoadas en el sub-lite, pues hacerlo equivaldría a darle aplicación retroactiva a la Carta de 1991. Esta interpretación la impone el principio de la seguridad jurídica, que es connatural a toda sociedad jurídicamente organizada". 5. La Sala Tercera de Revisión, mediante auto de octubre 3 de 1995, ordenó al Presidente y a la Secretaria General del Consejo Directivo de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente que respondieran las siguientes preguntas: (1) ¿Cuáles son las razones de fondo en que se fundan las decisiones adoptadas por ese Consejo Directivo en relación con las peticiones elevadas por Piedad Barona Villafañe?; (2) ¿Qué normatividad sustenta las decisiones adoptadas por ese Consejo Directivo con respecto a las peticiones de Piedad Barona Villafañe?; (3) ¿Por qué se permitió que la estudiante Piedad Barona Villafañe concluyera con el pénsum necesario para graduarse como ingeniera industrial si, supuestamente, las materias Estadística I y Administración I, son requisitos previos para poder cursar otras asignaturas que conforman dicho pénsum?; (4) ¿Por qué no fueron tenidas en cuenta por ese Consejo Directivo las certificaciones de los profesores Guillermo Valdés (Estadística I) y Edgar Velasco (Administración I), ambas fechadas el 13 de enero de 1995, en las cuales consta que en el año de 1987 Piedad Barona Villafañe cursó y aprobó las mencionadas materias?. 6. De la información suministrada por la Secretaría General de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente se destacan los siguientes puntos: 6.1 Las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo de la Universidad en relación con la estudiante Piedad Barona Villafañe se fundamentaron en el hecho de no haber ésta formulado reclamo alguno durante siete años, lo cual se traducía en la falta de certeza acerca de si la estudiante había o no presentado las evaluaciones de las asignaturas Estadística I y Administración I. El interés fundamental de la institución universitaria es "que el estudiante acredite haber adquirido los conocimientos y habilidades propios de los contenidos de las respectivas asignaturas". 6.2 Situaciones como la de la estudiante Piedad Barona Villafañe no se encuentran reguladas por los reglamentos de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. El Consejo Directivo tomó la decisión con base en las facultades que dichos reglamentos le otorgan, "previo análisis detallado de los hechos". 6.3 La Universidad permitió que Piedad Barona Villafañe cursara materias de las cuales Administración I y Estadística I eran prerrequisito, toda vez que "los reglamentos institucionales autorizan al estudiante, bajo su estricta responsabilidad, a matricularse en las asignaturas con requisito previo siempre y cuando dichos prerrequisitos hayan sido cursados, aunque no aprobados, con anterioridad". 6.4 Las certificaciones expedidas por los profesores Guillermo Valdés y Edgar Velasco no fueron tenidas en cuenta por el Consejo Directivo. El trámite excepcional a seguir en el evento de existir error en los reportes de calificaciones, no se efectuó oportunamente, razón por la cual no puede pretenderse subsanar una situación irregular siete años después de ocurridos los hechos que la motivaron. El trámite al que se hace referencia consiste en que "el docente respectivo debe tramitar ante el Consejo Directivo, por intermedio del Decano de División, la solicitud de asiento o modificación de calificaciones aduciendo las razones que lo justifican". Por otra parte, "las aludidas certificaciones carecen de sustentación y respaldo que justifiquen en forma objetiva y valedera las afirmaciones allí contenidas". 6.5 En los listados de calificaciones de las asignaturas Administración I y Estadística I, correspondientes al período académico comprendido entre los meses de febrero a junio de 1987, remitidos a esta Sala de Tutela por la Secretaría General de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, consta que los profesores titulares de la materia fueron Edgar Velasco y Guillermo Valdés, respectivamente, y la estudiante Piedad Barona Villafañe aparece inscrita en cada uno de esos listados. 6.6 En la hoja de vida académica de Piedad Barona Villafañe aparece que ella cursó la materia Administración I durante el primer período de 1987 y que obtuvo una calificación final de 1.8. Igualmente, consta que la asignatura Estadística I fue cursada durante el mismo período, a la cual se asignó una nota final de 2.4. FUNDAMENTOS 1. La situación que da lugar a la controversia objeto de la presente acción de tutela tiene relación con la obligación académica que impuso la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente a la estudiante Piedad Barona, mediante la resolución 3308 de marzo 17 de 1995, consistente en presentar, como requisito de grado, examen final respecto de dos asignaturas que la estudiante - con apoyo en sendos certificados de los profesores titulares de las respectivas materias - , alega haber cursado y aprobado en el primer semestre de 1987, pese a que en la hoja de vida académica figuran como reprobadas. 2. El Consejo de Estado esgrime, para negar la procedencia de la acción, que los hechos motivo de la misma tuvieron lugar antes de la entrada en vigencia de la Carta de 1991. La Corte en reiterada jurisprudencia[1] ha manifestado que no basta con establecer que la causa mediata o inmediata de la vulneración o amenaza del derecho que se pretende proteger acaeció con anterioridad a la vigencia de la Carta de 1991 para, por ese solo hecho, desvirtuar la procedencia de la acción de tutela. Resulta necesario, en estos casos, estudiar si al impetrarse la acción el derecho tutelado se encontraba aún amenazado, o si subsistía la vulneración, con independencia de la época en que se origino la lesión. El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 se aplica a aquellos casos en los cuales los efectos de las actuaciones cuestionadas se hubieren consumado bajo el régimen constitucional anterior, y no ante violaciones presentes o potenciales de los derechos fundamentales. No obstante, así se aceptare la tesis en virtud de la cual la procedencia de la acción de tutela depende del momento en el cual ocurrió el acto que compromete un derecho fundamental, en el caso presente, pese a que las materias cuya evaluación se discute fueron cursadas en 1987, la decisión, que a juicio de la estudiante viola su derecho fundamental a la educación, es la contenida en las resoluciones 3297 y 3308 de 1995, proferidas por el Consejo Directivo de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, que le imponen, como requisito de grado, la obligación de aprobar asignaturas que, a su juicio y según certificados de los respectivos profesores fueron, en su momento, aprobadas. No se trata de hechos ocurridos y consumados bajo el orden constitucional anterior, sino de una cadena causal, cuyo último eslabón, definitivo para la actora, se produce en 1995, bajo la plena vigencia del nuevo orden constitucional. 3.  El Tribunal de primera instancia negó la tutela solicitada por considerar que la verdadera pretensión de la actora era la de cambiar las normas, estatutos y reglamentos de la Universidad, para lo cual la acción incoada carecía de aptitud. Agregó que la interesada debió solucionar el problema en el momento oportuno, y que las constancias de los profesores - en las cuales éstos certifican que la alumna Piedad Barona Villafañe cursó y aprobó las respectivas asignaturas, y que así lo manifestaron en reiteradas oportunidades ante la secretaria académica de la Universidad hasta que les informaron que la situación irregular había quedado solucionada -, no merecen especial consideración por cuanto no tienen el carácter de documentos públicos. La Corte no comparte la decisión del Tribunal. En primer lugar, parece extraña la aseveración de que la intención de la actora era la de cambiar las normas de la Universidad, cuando éstas no formaban parte del expediente al momento del fallo, ni existía intervención alguna del centro docente en la que se expresara su contenido. De otra parte, pese a que la tutela no es el mecanismo idóneo para reformar los reglamentos y estatutos de una universidad, no cabe duda de que si tales normas se apartan por completo del orden constitucional vigente, y su aplicación afecta los derechos fundamentales de uno de los miembros de la comunidad docente, la acción procede, como mecanismo transitorio - si existen otros recursos judiciales -, o definitivo en caso contrario. Si ello no fuera así se estaría frente a un compartimento estanco, ajeno al radio de acción de los derechos fundamentales, por el simple hecho de la existencia de un reglamento o estatuto interno, es decir, por la mera manifestación de voluntad de las directivas o fundadores de una Universidad. Sin embargo, en el presente caso la acción de tutela no pretende reformar normas existentes. Los reglamentos académicos de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente no contemplan, en disposición alguna, la situación de hecho que origina la presente acción. De otro lado, no puede asegurarse que la estudiante, durante siete años, observó una conducta pasiva frente a la Universidad. Por el contrario, como se desprende de los certificados de los profesores - los que no han sido tachados de falsedad -, tanto en 1987 como en 1988, la universidad le manifestó a la alumna que, en cumplimiento de las normas reglamentarias y estatutarias, debía anular algunas asignaturas por encontrar que sus respectivos prerrequisitos se encontraban reprobados. De inmediato, la interesada acudió a la secretaria académica, en compañía de los profesores titulares de las mencionadas asignaturas, para solucionar el problema. Según las certificaciones de los docentes y el testimonio de la interesada, la Universidad manifestó que la situación había quedado definitivamente solucionada, lo que tranquilizó a la estudiante. Igualmente, el comportamiento posterior de la Universidad objetivamente podía indicar a cualquiera que el problema surgido había quedado definitivamente resuelto. En efecto, pese a lo que afirma la Secretaria General de la Universidad en la certificación que rindió por requerimiento de la Sala, - según la cual el centro docente permitió a la alumna cursar materias de las cuales Administración I y Estadística I eran prerrequisito, toda vez que "los reglamentos institucionales autorizan al estudiante, bajo su estricta responsabilidad, a matricular las asignaturas con requisito previo siempre y cuando dichos prerrequisitos hayan sido cursados, aunque no aprobados, con anterioridad" -, la Corte ha encontrado que los reglamentos de la Universidad son claros y exigentes en sentido contrario: Según los artículos 54 del Reglamento Académico aprobado mediante acta 166 de 1986, 55 del Reglamento Académico aprobado mediante la resolución 2516 de 1992, y 31 del Reglamento contenido en la Resolución 170 de 1995, la Universidad debe cancelar de oficio y en el periodo académico respectivo, la totalidad de las asignaturas cursadas sin la aprobación de los prerrequisitos pertinentes. Los mismos reglamentos señalan que la Universidad ejercerá un control de desempeño académico con el objeto de verificar la obligación del estudiante de habilitar las asignaturas reprobadas y repetirlas, si fuere el caso, en los periodos académicos inmediatamente siguientes. Por las razones expuestas, la no cancelación de las asignaturas que tenían como prerrequisito las materias que se reputaban reprobadas, así como el hecho de que la Universidad no le hubiese exigido a la estudiante habilitar o repetir oportunamente tales asignaturas, sirvieron de base a la actora para creer que la duda había quedado definitivamente superada. Por ultimo, el hecho de que los profesores cuyas certificaciones obran en el expediente no sean funcionarios públicos no les resta, a éstas, veracidad ni pertinencia. Tales certificaciones constituyen ciertamente documentos privados a través de los cuales dos profesores, encargados de impartir las cátedras que se consideran reprobadas, señalan que la estudiante las aprobó. Aunque se trate de certificaciones extemporáneas respecto del momento en el cual se cursaron las respectivas asignaturas - pues responden a una petición de la estudiante formulada en febrero de 1995, momento en el cual se estaba definiendo la situación académica de la interesada -, tienen valor probatorio en el presente proceso. 4. Corresponde a la Corte determinar si viola el derecho a la educación la Universidad que, en uso de sus atribuciones, impone a una estudiante como requisito de grado la obligación de presentar examenes definitivos para aprobar asignaturas que, según la estudiante y los profesores titulares de las respectivas asignaturas, fueron en su momento - 7 años antes - aprobadas, pero cuyas calificaciones no se registraron en la hoja de vida de la interesada, pese a sus continuas insistencias, por error, bien de la administración de la Universidad, o de los respectivos profesores. 5. La Constitución garantiza la autonomía universitaria, lo que comprende el reconocimiento y protección de ciertas competencias y poderes de la institución docente, especialmente en cuanto se refiere a su potestad normativa interna. Esta facultad resulta particularmente relevante para solucionar situaciones problemáticas que no se encuentran regladas en norma legal, reglamentaria o estatutaria alguna. Por ello, en el caso que ocupa la atención de la Corte, ante la inexistencia de disposiciones pertinentes, la Universidad está facultada para adoptar la solución que considere más adecuada. Sin embargo, dado que la decisión que se acoja puede comprometer el derecho a la educación de la interesada, puesto que éste protege al educando frente a la imposición de barreras injustificadas que impidan o entorpezcan el proceso educativo, la medida deberá ser razonable y proporcionada. El ámbito de discrecionalidad de la Universidad, garantizado por el reconocimiento constitucional de su autonomía, se encuentra limitado por el respeto de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad académica. 6. Como quiera que las decisiones adoptadas por la Universidad - (1) negarse a aceptar las certificaciones de los profesores respecto de las calificaciones de las asignaturas que se reputan reprobadas; (2) imponerle, en consecuencia, a la estudiante, la obligación de realizar, en los dos meses siguientes a la adopción de la decisión, pruebas definitivas sobre el contenido integral de las materias que figuran reprobadas - pueden resultar violatorias de los derechos fundamentales de la estudiante, se pregunta la Corte si para asegurar la calidad de la formación de la discente tales decisiones resultan razonables y proporcionadas en términos del propósito perseguido. 7. La autonomía universitaria se traduce en un ámbito definido de libertad institucional para resolver los problemas que surgen en la comunidad que integran profesores y estudiantes. La situación creada a raíz de la aparente omisión del registro final de las calificaciones de las dos asignaturas, en principio tendría distintas alternativas de solución. Las autoridades docentes han dispuesto la presentación de sendos examenes de habilitación que, a su turno, la estudiante rehusa. Esta última, por su parte, estima que el camino natural para superar el incidente académico no es otro distinto que la admisión irrestricta de las certificaciones emanadas de los profesores. Las autoridades docentes consideran que la duda sobre la calificación final obtenida por la estudiante, se resuelve mejor mediante el procedimiento indicado. Obligar a la universidad a renunciar a sus anotaciones originales y a aceptar que, en dicho evento, sólo cabe admitir las certificaciones de los profesores, así ella tenga reservas en razón de que se refieren a hechos lejanos en el tiempo, significaría que situaciones complejas deben siempre zanjarse con un sólo elemento de juicio y a través de un único método de verificación de los hechos, lo que es por lo menos controvertible. La Corte, de otra parte, no está en capacidad de establecer la verdad de lo acaecido. Si la universidad efectivamente incurrió en un error, este es un extremo que debe definir la justicia ordinaria; y, en este caso, la indemnización que le cabría, igualmente es un asunto librado a la misma autoridad judicial. Por consiguiente, la determinación del alcance probatorio que deba concedérsele a las certificaciones de los profesores y, en general, la verificación de si en su oportunidad se presentaron o no las respectivas habilitaciones, así como sus resultados, es una materia que escapa a la jurisdicción constitucional. Lo que si es objeto de esta jurisdicción es apreciar la razonabilidad y proporcionalidad de la alternativa acogida por el centro docente, lo que es además indispensable para excluir un eventual ejercicio arbitrario de la autonomía universitaria. En este sentido, la Corte considera que el examen de habilitación que se ha ordenado constituye una medida que no merece objeción alguna desde esta perspectiva. En efecto, su finalidad es la de asegurar la calidad en la educación y garantizar la adecuada formación intelectual del estudiante (C.P. art., 67). La habilitación, de otro lado, sustituye la anotación existente en los registros de la universidad y representa un medio expedito para acreditar el cumplimiento de los objetivos académicos, sin necesidad de agotar, luego de siete años de ocurridos los hechos, un debate probatorio sobre si se dio y con qué resultados la controvertida calificación final. Ante otras alternativas igualmente idóneas para comprobar la aptitud académica de la estudiante y para resolver la situación planteada, la adoptada por la universidad es razonable y, en modo alguno, es la más gravosa a la luz de las circunstancias existentes. En todo caso, la estudiante es libre de aceptar la decisión adoptada por la universidad, pero si insiste en la veracidad de las certificaciones, que no alcanzan a convencer plenamente a las autoridades docentes, no puede imponerlas unilateralmente sin antes surtir el proceso ordinario en el que se establezca judicialmente la verdad de los hechos. La solución que ofrece la universidad, justamente, tiene la virtualidad de obviar la iniciación de un proceso judicial, lo que sin duda abona aún más su razonabilidad. D E C I S I O N En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión, R E S U E L V E: PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, proferida el 30 de junio de 1995. SEGUNDO.- CONFIRMAR, por las razones expuestas en la presente providencia, la decisión adoptada en la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, proferida el 26 de mayo de 1995. TERCERO.-  LÍBRESE comunicación al mencionado Tribunal,  con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General (Sentencia aprobada por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) ). [1]Vgr. ST-612/92; ST 120/93; ST-164/93; ST-374/93; ST-397/93.

T-513-95 Sentencia No Sentencia No. T-513/95 FALTA DE LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Persona que no desea vivir/DEBERES SOCIALES DEL ESTADO-Persona que no desea vivir No puede una persona interponer tutela contra otra que supuestamente está violando sus propios derechos, porque en ese orden de ideas todo el fuero personalísimo de un sujeto podría ser interferido por los demás, vulnerando así la autodeterminación del hombre,  cuestión que sólo le compete a él y a nadie más. Recuerda esta Corporación cómo lo jurídico opera en el campo de lo social, y nunca en el fuero interno, propio de la norma moral, que es autónoma. No es viable argüir que una obligación del Estado sea un derecho fundamental, porque sería confundir la esfera del derecho individual con la de los deberes sociales del Estado. No toda obligación del Estado equivale a un derecho fundamental, porque son realidades distintas. Así, en aras del cumplimiento de un deber social no puede transpasarse el fuero personalísimo de uno de los asociados, como sería el caso de obligarlo a vivir aun contra su propia voluntad. No hay que identificar pues un deber social del Estado con derecho fundamental del accionado, porque ello conduce a confusión jurídica, y no al esclarecimiento de los hechos. ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Contenido humanitario/SOLIDARIDAD SOCIAL-Persona que no desea vivir/DERECHO A LA VIDA-Protección como deber moral médico Debe la Corte resaltar el loable espíritu humanitario que ha impelido al Seguro Social, a interponer la presente tutela, con miras a amparar el derecho a la vida del accionado. El contenido humanitario es una de las notas características del Estado social de derecho; es por ello que la asistencia social se debe brindar en todo momento. Más aún, se entiende, si se tiene en cuenta que el médico es titular de un deber moral, que se traduce en la facultad jurídica, de luchar por la vida humana. No es concebible una cultura de la muerte, cuando el constitucionalismo, desde su génesis a nuestros días, reconoce progresivamente el derecho a la vida de manera radical. Y a medida que avanza, se preocupa no sólo por garantizar la existencia biológica sino por elevar cada vez más el alcance de la dignidad de la persona humana. Un Estado que opta por el derecho a la vida y que se funda en él, debe poner todos los medios eficaces al alcance de las personas para que se proyecte en su aspecto trascendente la inviolabilidad de la vida humana como derecho. DERECHO A LA VIDA-Persona que no desea vivir La vida es un derecho inviolable, y en su caso particular, pese a las condiciones difíciles en que se desenvuelve su existencia después del lamentable accidente que padeció, existen medios idóneos para su recuperación, así ellos no conduzcan, dadas sus condiciones, a una rehabilitación total. LIBERTAD DE OPINION-Límites de contenido humanitario/DEBERES DEL CONYUGE-Persona que no desea vivir En lo que se refiere a su esposa también accionada, habida cuenta de las circunstancias anímicas y físicas por las que atraviesa su marido, la Corte le advierte que si bien es cierto ella goza de libertad de opinión, su ejercicio en este particular tiene límites, impuestos no solamente por el sentido humanitario y el deber de solidaridad, sino también por el derecho. Es así como ella debe asumir su responsabilidad como cónyuge, y apoyar a su marido en las graves y penosas circunstancias que afronta, brindarle protección y cariño, demostrarle con hechos su voluntad de colaboración, en lugar de estimularlo en sus actitudes de rechazo hacia los medios de supervivencia que se le brindan. Es esta última actitud la que, pese a sus declaraciones en contrario, ha venido asumiendo frente a su marido. Debe advertirle la Corte que, de persistir en dicha actitud, podría estar incurriendo en una conducta tipificada como delito en el Código Penal: la inducción al suicidio. Ref.: Expediente T-76359 Peticionario: E.P.S. Seguro Social (Entidad Promotora de Salud). Procedencia: Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Santafé de Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de  mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el proceso de tutela radicado bajo el número T- 76359, adelantado por el señor Felipe Aguirre Arias, gerente de la E.P.S. del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Antioquia, en contra del señor Luis Guillermo Quintero y  Zoraida Alzate Isaza. I.      ANTECEDENTES De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. 1.1 Solicitud La apoderada del actor solicita se le ordene al accionado, señor Luis Guillermo Quintero, recibir el tratamiento ordinario para su recuperación, así como ingerir los alimentos que se le proporcionan, teniendo en cuenta que el derecho a  la vida es inviolable e irrenunciable. 1.2 Derechos fundamentales que se estiman violados Se invoca expresamente la inviolabilidad del derecho a la vida, y tácitamente sus derivados propios. Igualmente, el actor invoca el artículo 13 superior, según el cual es deber del Estado proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. 1.3    Hechos El señor Luis Guillermo Quintero, de treinta y cinco años de edad, sufrió un accidente de tránsito el día 25 de diciembre de 1994, que le ocasionó una luxación a nivel de C4-C-5, lo cual determina un estado de cuadriplejia. Ante esta situación, el enfermo ha manifestado su intención de rechazar cualquier medio ordinario, y ha llegado, incluso, a rechazar los alimentos que se le proporcionan, señalando su deseo de morir. Su voluntad fue expresada a través de la siguiente declaración, hecha ante notario: "Yo, LUIS GUILLERMO QUINTERO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.545 de Envigado y en completo uso de mis facultades mentales y ante los siguientes testigos manifiesto: "Los testigos ALBA ROCIO QUINTERO y OMAIRA DEL SOCORRO AGUDELO CADAVID, mayores de edad, identificados con las cédulas de ciudadanía Nos. 32.434.699 y 42.876.858 de Medellín y Envigado, respectivamente, manifiesto: "Que desde el momento de mi accidente, manifesté al médico mi deseo de dejar de tomar droga, si ésta no me servía para volver a caminar, esta decisión la tomo bajo mi propia responsabilidad, puesto que los médicos no daban ninguna esperanza, no tomo esta decisión presionado por nadie, ni por mi esposa Zoraida ni por ninguna otra persona. "Esta decisión se encuentra por escrito, y fue firmada por mi esposa, ya que yo no podía hacerlo por no poder firmar, ZORAIDA firmó bajo mi autorización. "Respecto de la COMIDA puedo decir: que por favor no me insistan en que coma, pues yo no quiero comer, lo único que quiero es descansar, yo mismo tomé esta decisión, pues no quiero que más adelante se perjudique a mi esposa ZORAIDA o al SEGURO, dejo claro que esta persona no tiene nada que ver con mi decisión, tampoco el SEGURO SOCIAL. "Respecto de mi familia: No tienen porqué meterse en mis decisiones, pues yo soy consciente de lo que hago, y de las resoluciones que yo tome con el resto de vida que me queda, no quiero que involucren a mi esposa ZORAIDA en nada de esto. "RESPECTO A LA CASA: soy radical en esto, no quiero ir, porque no quiero que mi hija me vea en este estado, pues quisiera abrazarla y poderle dar una ayuda y así no puedo, por ese motivo no quiero ir, no es que ZORAIDA no me quiera llevar, es que yo no quiero ir, dejo esto muy claro, no quiero ver que haya problemas por esta mi decisión". Ante la actitud obstinada del paciente, el personal médico se encontró con una evidente dificultad para ejercer su misión de asistir al enfermo. Por esta razón,  el doctor Felipe Aguirre Arias, Gerente de la E.P.S., interpuso mediante apoderado, acción de tutela en contra del señor Luis Guillermo Quintero y su señora esposa Zoraida Alzate Isaza, para que el primero acepte los medios ordinarios de rehabilitación, y para que la segunda cese en su apoyo al primero de los demandados, en la decisión de renunciar a cualquier tratamiento y alimentación debidos. 1.4    Pretensiones La apoderada del actor solicita se le ordene al señor Luis Guillermo Quintero recibir el tratamiento adecuado para recuperarse y alimentarse, y a su esposa Zoraida Alzate que lo estimule en la defensa de la vida humana, y cese de coadyuvar la decisión tomada por su marido. II.     ACTUACIONES JUDICIALES 2.1    Fallo de primera  instancia El 23 de mayo de 1995, al considerar que el derecho a la vida es irrenunciable, el Juzgado Civil del Circuito de Envigado concedió la tutela en el sentido de ordenar al señor Luis Guillermo Quintero recibir la asistencia médica y alimentaria, y a la señora Zoraida María Alzate Isaza, abstenerse de adoptar decisiones sobre el régimen alimenticio de su cónyuge. 2.2    El anterior fallo fue impugnado por el accionado, y en tal virtud operó la segunda instancia. 2.3    Segunda Instancia El Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Civil, asumió la segunda instancia del caso que se estudia, y resolvió confirmar el fallo del a-quo, por motivos fundados, entre otros, en la obligación ineludible del Estado y de la sociedad de proteger el derecho inviolable a la vida. Entre otras consideraciones, se basó en que los artículos 11 y 13 de la Carta ordenan proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y sancionará los abusos y maltratos que contra ella se cometan. Por ello consideró que si el Seguro Social, agenciando los derechos del paciente Luis Guillermo Quintero, apela la acción de tutela para prolongar la vida de éste y su rehabilitación, tal acción debe acogerse ya que el Decreto 2591 de 1991, en su artículo 10 dispone: "...También pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud...". Para el Tribunal, "en el presente caso se acredita la legitimación activa de manera sumaria, en cuanto se demuestra la titularidad del derecho amenazado o vulnerado, en cabeza del paciente Luis Guillermo Quintero, como principio general se tiene aceptado por la doctrina que el derecho a  la vida tiene que interpretarse con un sentido integral, así la vida no es la simple subsistencia, sino la existencia digna y sana, tal y como lo expresa el artículo 1o. de la Constitución Política, al decir que el sistema republicano se funda 'en el respeto de la dignidad humana', desarrollando lo que en el Preámbulo se consigna como propósito del querer constituyente: 'asegurar a sus integrantes la vida'." III. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1 Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución Política y 31 a 36 del decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia. 2       La materia 2.1    Procedencia de la acción de tutela contra particulares Debe recordarse, para comenzar, que al tenor de lo dispuesto en la Carta Política, la acción de tutela procede contra particulares en tres eventualidades: a) Cuando éstos están encargados de la prestación de un servicio público; b) Cuando la conducta de éstos afecte grave y directamente el interés colectivo y c) Respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. En el caso ahora sometido a la consideración de la Corte no se presenta ninguno de los eventos enunciados en la Carta (Art. 86). En efecto, en el presente caso el demandado no presta un servicio público, ni la conducta objeto de la acción afecta grave y directamente el interés colectivo, ni el demandante se encuentra frente a él en estado de subordinación o indefensión. Pero además de ello, encuentra la Sala que el accionante carece de legitimación en causa para proceder en este caso, por cuanto no se demuestra ni vulneración ni amenaza contra ningún derecho fundamental suyo. El derecho fundamental que invoca el actor como presuntamente violado, es el derecho a la vida (Art. 11 C.P.); además, invoca el inciso final del artículo 13 que consagra la obligación del Estado de proteger "a aquellas personas que por su condición económica, física y mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que contra ella se cometan". Se tiene pues, que en el caso bajo examen, por una parte el actor está invocando un derecho fundamental presuntamente violado por el demandado y del cual el titular es éste mismo. Y, por otra parte, en lo que se refiere al artículo 13, el actor está invocando como violado no propiamente un derecho fundamental, sino una obligación del Estado: la de brindar protección especial a quienes se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. En cuanto a lo primero, la Sala aclara que no puede una persona interponer tutela contra otra que supuestamente está violando sus propios derechos, porque en ese orden de ideas todo el fuero personalísimo de un sujeto podría ser interferido por los demás, vulnerando así la autodeterminación del hombre,  cuestión que sólo le compete a él y a nadie más. Recuerda esta Corporación cómo lo jurídico opera en el campo de lo social, y nunca en el fuero interno, propio de la norma moral, que es autónoma. En cuanto a lo segundo, no es viable argüir que una obligación del Estado sea un derecho fundamental, porque sería confundir la esfera del derecho individual con la de los deberes sociales del Estado. No toda obligación del Estado equivale a un derecho fundamental, porque son realidades distintas. Así, en aras del cumplimiento de un deber social no puede transpasarse el fuero personalísimo de uno de los asociados, como sería el caso de obligarlo a vivir aun contra su propia voluntad. No hay que identificar pues un deber social del Estado con derecho fundamental del accionado, porque ello conduce a confusión jurídica, y no al esclarecimiento de los hechos. 2.2    El caso bajo estudio Debe la Corte, en el caso bajo estudio, resaltar el loable espíritu humanitario que ha impelido al Seguro Social, Entidad Promotora de Salud, a interponer la presente tutela, con miras a amparar el derecho a la vida del accionado, señor LUIS GUILLERMO QUINTERO. El contenido humanitario es una de las notas características del Estado social de derecho; es por ello que la asistencia social se debe brindar en todo momento, como se desprende del artículo 95 superior. Más aún, se entiende, si se tiene en cuenta que el médico es titular de un deber moral, que se traduce en la facultad jurídica, de luchar por la vida humana. No es concebible una cultura de la muerte, cuando el constitucionalismo, desde su génesis a nuestros días, reconoce progresivamente el derecho a la vida de manera radical. Y a medida que avanza, se preocupa no sólo por garantizar la existencia biológica sino por elevar cada vez más el alcance de la dignidad de la persona humana. Un Estado que opta por el derecho a la vida y que se funda en él, debe poner todos los medios eficaces al alcance de las personas para que se proyecte en su aspecto trascendente la inviolabilidad de la vida humana como derecho. El demandado, de conformidad con lo anterior, debe tener presente que la vida es pues un derecho inviolable, y que, en su caso particular, pese a las condiciones difíciles en que se desenvuelve su existencia después del lamentable accidente que padeció, existen medios idóneos para su recuperación, así ellos no conduzcan, dadas sus condiciones, a una rehabilitación total. En lo que se refiere a su esposa, ZORAIDA ALZATE ISAZA, también accionada, habida cuenta de las circunstancias anímicas y físicas por las que atraviesa su marido, la Corte le advierte que si bien es cierto ella goza de libertad de opinión respecto del caso, su ejercicio en este particular tiene límites, impuestos no solamente por el sentido humanitario y el deber de solidaridad, sino también por el derecho. Es así como ella debe asumir su responsabilidad como cónyuge, y apoyar a su marido en las graves y penosas circunstancias que afronta, brindarle protección y cariño, demostrarle con hechos su voluntad de colaboración, en lugar de estimularlo en sus actitudes de rechazo hacia los medios de supervivencia que se le brindan. Del examen de la documentación que obra en el expediente se colige que es esta última actitud la que, pese a sus declaraciones en contrario, ha venido asumiendo frente a su marido la señora Zoraida Alzate Isaza. Debe advertirle la Corte que, de persistir en dicha actitud, podría estar incurriendo en una conducta tipificada como delito en el Código Penal: la inducción al suicidio. Por las anteriores razones, esta Corte procederá a revocar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín, en virtud de que esta acción es notoriamente improcedente y en este sentido el peticionario carece de legitimación in causa. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E : PRIMERO:                  REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Civil del Circuito de Antioquia el 23 de mayo de 1995 y por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, del 23 de junio de 1995, y en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el peticionario, por los motivos expuestos en la presente providencia. SEGUNDO:        ORDENAR a la señora Zoraida Alzate Isaza ABSTENERSE de cualquier actitud que tienda a desfavorecer la inviolabilidad del derecho a la vida de su cónyuge, señor Luis Guillermo Quintero y, de interferir en la labor de recuperación que su esposo merece. Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado Ponente JORGE ARANGO MEJÍA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-515-95 bSentencia No bSentencia No. T-515/95 AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Límites La autonomía universitaria de manera alguna implica el elemento de lo absoluto. Dentro de un sentido general, la autonomía universitaria se admite de acuerdo a determinados parámetros que la Constitución establece, constituyéndose, entonces, en una relación derecho-deber, lo cual implica una ambivalente reciprocidad por cuanto su reconocimiento y su limitación están en la misma Constitución. El límite a la autonomía universitaria lo establece el contenido Constitucional, que garantiza su protección pero sin desmedro de los derechos igualmente protegidos por la normatividad constitucional. Hay que precisar que la autonomía universitaria en cierta forma es expresión del pluralismo jurídico, pero su naturaleza es limitada por la Constitución y la ley, y es compleja por cuanto implica la cohabitación de derechos pero no la violación al núcleo esencial de los derechos fundamentales. UNIVERSIDAD-Formación integral La autonomía surgida con la base en la ciencia y el saber tiene su fundamento en el objeto social, y es precisamente  ahí donde cobra todo su valor. La universidad hace suyo el poder propio del saber, pero sin menoscabo de los valores consagrados constitucionalmente. Esto no obsta para que las universidades en procura de formar individuos en la ciencia y el saber determinen los mecanismos académicos capaces de comprobar la idoneidad del educando. En efecto, la Universidad debe trasmitir al interior de la comunidad universitaria los mayores niveles de exigencia, en razón de obtener una integral formación. Razón por la cual los reglamentos académicos señalan las reglas de juegos a las que se compromete el estudiante una vez éste por su propia voluntad decide ingresar a la institución, previo proceso de selección efectuado por el establecimiento universitario. AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Facultad de reglamentación interna Una manifestación de la autonomía universitaria la constituye la posibilidad de establecer sus propios reglamentos internos, que son regulaciones sublegales, sometidos, desde luego, a la voluntad constitucional y a la de la ley, encargados de puntualizar las reglas de funcionamiento de las instituciones de Educación superior, su organización administrativa, requisitos para la admisión del alumnado, selección de personal docente, clasificación de los servidores públicos, etc. Los estatutos constituyen para las entidades descentralizadas en general, y desde luego para los organismos de educación superior, su reglamento de carácter obligatorio, en el que se dispone puntualmente su organización y funcionamiento. AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Exclusión carrera de estudios musicales/DERECHO A LA EDUCACION-Exclusión carrera de estudios musicales Hay claridad en lo del reglamento interno de la Universidad en cuanto a que la pérdida de la materia determina la exclusión. Causal que por demás era conocida por los estudiantes, desde su ingreso a la Universidad y que aceptaron al inscribirse en la carrera de estudios musicales. Los estudiantes incumplieron sus obligaciones como estudiantes. La Universidad, goza de autonomía para determinar el nivel de exigencia de sus estudiantes y en razón a esto puede determinar sobre cuales parámetros, estarán diseñados los sistemas de evaluación académica. Es preciso no olvidar la autonomía de las instituciones educativas para seleccionar a sus alumnos, para expulsarlos y sancionarlos de acuerdo a sus propias normas. La acción de tutela no puede servir para desconocer tal autonomía, obligando a una institución, a través de un procedimiento breve y sumario, para conservar alumnos que infringen los reglamentos a los cuales por decisión propia se someten una vez ingresan a la Universidad. La permanencia en un establecimiento educativo se garantiza siempre y cuando el alumno cumpla con los deberes académicos que le señalan el reglamento estudiantil, y los mismos alumnos, nunca cuestionaron la constitucionalidad de la parte del reglamento aplicado. DERECHO A LA EDUCACION-Deberes Si bien existe el derecho a la educación como fundamental, dicho derecho comporta el cumplimiento de ciertos deberes y obligaciones para el estudiante, deberes y obligaciones que cada centro universitario podrá, dentro de las órbita de su autonomía y con respecto a la ley establecer en otras palabras, el goce de ese derecho impone el cumplimiento de ciertos deberes como requisitos indispensables para que pueda no solo acceder a un determinado establecimiento educativo, sino pertenecer en él hasta la culminación de los estudios que hubiere iniciado. Ref.: Expediente No. T-68776-76161 Peticionarios: Maria Claudia Ferreira Salazar. José Manuel Ruiz Herrera Procedencia: -Tribunal Superior del Distrito Judicial de  Santafé de Bogotá (Sala Civil). -Juzgado Catorce civil del Circuíto de Santa Fe de Bogotá. Temas: La Autonomía Universitaria y El Derecho a la Educación. El Derecho a la Educación, su función social (Derecho-Deber). Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá D.C., Quince (15) de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Septima de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz  y Vladimiro Naranjo Mesa. NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES La Sala de Selección número 8 en sesión del 10 de agosto de 1995 decidió acumular el expediente T-76161 al expediente T-68776, por cuanto estos procesos presentan una coincidencia en los hechos narrados y los derechos cuya protección se busca con la presentación de esas acciones de tutela. En consecuencia los dos expedientes deben tramitarse conjuntamente. 1. Solicitudes T-68776 María Claudia Ferreira Salazar confirió poder para impetrar la acción de tutela contra la Pontificia Universidad Javeriana, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafe de Bogotá (Sala Civil). Los hechos fundamento de la presente demanda se sustentan  en la circunstancia de que la peticionaria considera violado el  derecho fundamental a la educación, y en razón de esto señala que  la protección Constitucional que se conceda debe contener de manera clara  su reintegro como alumna de último  nivel de dirección Coral, con la asignación de un  nuevo profesor y examinador  para la materia que le queda pendiente. Los hechos que dan origen a dicho proceso se resumen de la siguiente manera: 1. María Claudia Salazar Pineda, inició sus estudios de Música en la Universidad Javeriana en el primer semestre de 1989, dentro de un programa establecido en la universidad que para entonces se denominaba, programa de estudios musicales. Mediante modificación adoptada por las directivas de la Universidad, este programa se convirtió en carrera universitaria, siendo de obligatorio cumplimiento para los alumnos que pertenecían al anterior programa de estudios efectuar la correspondientes cursos, con miras  a obtener la nivelación académica que  les permitiera la continuar los estudios. Para  tales efectos los estudiantes debían  realizar un énfasis que podía ser Instrumento, Dirección Coral o Composición. 2. La estudiante en mención opto por hacer el énfasis en canto, materia que cursó durante los dos semestres  de 1991 y el  primero de 1992. La estudiante no pudo continuar con sus estudios en razón a los argumentos que el apoderado aduce en esta demanda: “Después de haber cursado tres semestres de canto como instrumento de carrera, debidamente aprobados y un semestre de monitoría (1993), el Departamento cambia de profesor en el énfasis de canto, lo cual ocasiona el retiro de María Claudia del énfasis por cuanto para el profesor entrante -Detlv Shultz- mi representada ya estaba muy vieja para pensar en el canto.” 3. Por tales motivos, la estudiante optó por realizar su énfasis en Dirección Coral, siendo necesario para  ello, cumplir con unos requisitos entre los cuales se encontraba el “de conseguir un coro y realizar un montaje de una obra que le exigían y, además, analizar detalladamente varias obras  para ser sustentado ante un jurado”. Una vez cumplido con estos requisitos fue aceptada en dirección coral. 4. En el desarrollo de la materia “dirección coral”, sus notas para los semestres segundo de 1992, primero de 1993, y segundo de 1993, correspondieron a  (4,0), (4.0) y (3.5) sucesivamente. 5. Para  el  primer semestre de 1994, a juicio de la accionante “de manera extraña”, no se calificó a la peticionaria esa materia. En el segundo semestre de 1994 le fue asignado a María Claudia un grupo con el cual podía  trabajar dos veces por semana. Al finalizar su primera audición correspondiente al semestre en curso el maestro Guillermo Gaviria “le dijo a mi representada que su audición había reflejado una total falta de criterio personal y en consecuencia le sugería dos soluciones: el retiro definitivo de la Universidad o retiro temporal para efectos de que cuando hubiese un mejor maestro de dirección coral pidiera el reintegro a la Universidad y así continuara con su trabajo en orden a la consecución del grado.” 6. Ante la situación presentada, la estudiante se preparó para una nueva audición en la cual tres nuevos jurados la examinaron para concluir que su trabajo “había sido bueno pero no suficiente”, tras lo cual fue citada donde el Director de carrera, quien ante la  información suministrada por el director de coral que señalaba la no aprobación de la correspondiente materia, le informó que tal situación daba lugar al retiro definitivo del departamento de música. 7. Con ello, agrega la libelista, se desconocieron los años anteriores de estudio y sus calificaciones precedentes, toda vez que “La perdida de una materia implicaba la pérdida de todas las  demás materias que componen la carrera”. Fallos 1. Sentencia del Tribunal Superior del Distrito judicial de Santafé de Bogotá D.C. (Sala Civil). El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafe de Bogotá, D.C. (Sala Civil) que conoció en primera instancia de la acción de tutela de la referencia, mediante Sentencia del veintidós (22) de febrero de mil novecientos noventa y cinco, resolvió conceder la tutela  y ordenó a la Universidad Javeriana reintegrar al departamento de música a la accionante María Claudia Ferreira Salazar para cursar nuevamente el nivel de dirección coral y “las demás asignaturas correspondientes hasta la terminación de la carrera”, requiriendo, además, a tal Universidad, “para que se abstenga de tomar cualquier represalia contra la mencionada Ferreira Salazar”. A juicio del Tribunal, una vez revisados el reglamento estudiantil de aplicación particular para la facultad de música, que consagra la cláusula de exclusión de la universidad para “el alumno que no apruebe la materia correspondiente al área de énfasis, o dos materias del área básica y/o complementaria” y revisada también estructura curricular de la facultad de música, se determinó que  “la materia de dirección coral  no es sino una de las materias que integran el área de énfasis” y en consecuencia  no resulta aplicable el reglamento estudiantil para el caso estudiado, por cuanto claramente señala tal estatuto que la aplicación de la causal de exclusión se aplica ante  la pérdida de dos materias situación que en el presente caso no se dio. Dice el Tribunal que tal medida constituye “una determinación desbordante de los lineamientos legales internos de la Universidad, pues la sanción impuesta por el hecho anotado(pérdida de la materia) no esta establecida y con tanta  más razón si se tiene en cuenta que las afirmaciones de la accionada en el precitado oficio 0055, en el sentido de que la  pérdida del área de énfasis es suficiente para la exclusión de la carrera, no pasaron de ser  simples manifestaciones desprovistas de todo respaldo en los reglamentos aportados.” La Impugnación El Padre Gerardo Arango Puerta S.J., actuó en representación de la Pontificia Universidad Javeriana, e impugnó la decisión proferida, con base en los siguientes argumentos: 1. Sostiene que es necesario hacer claridad en algunos puntos y específicamente en torno a la conformación del área de énfasis por cuanto el fallo se centra “básicamente en el hecho de que el área de énfasis esta conformado por varias materias”, y que la materia de dirección coral es “una de las materias del área de énfasis” entonces debe aclararse que “el área de énfasis solo se encuentra  conformado por esta materia en dicha área razón por la cual, al haber  perdido la ex-estudiante en cuestión la materia, la Universidad, lo único que hizo fue proceder de acuerdo al reglamento y procedió a ejecutar la exclusión”. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Civil) El fallo de primera instancia fue revocado por Sala de Casación Civil mediante sentencia del seis (6) de abril de 1995. En el caso sometido a estudio, la Corte  Suprema de Justicia señaló que  la sanción de exclusión aplicada a la señorita María Claudia Ferreira Salazar se ajusto a las circunstancias establecidas en el reglamento, comprobados todos los elementos que permitían establecer la perdida de la materia, “calificada oralmente con el lleno de los requisitos previamente definidos, y conocidos, por tanto, por la estudiante actora en tutela” De otro lado la Corte Suprema de Justicia destaca, que la conformación del área de énfasis  no coincide con lo expresado por la peticionaria y señala: “Entendida , pues, la conformación del área de énfasis, no como materia  única, según lo pretende demostrar la peticionaria y lo entendió el Tribunal, sino como la suma  de dos materias, es imperioso inferir que la conducta controvertida por la petente corresponde a una situación legítima de la entidad particular, en la que no puede  interferir el Juez de tutela sin desconocer indebidamente con ello el estatuto Universitario que, en su aspecto contractual, es, sin duda, ley  entre las partes.” Pruebas solicitadas por la Corte Constitucional Esta Corporación, por considerar importante para la decisión, solicitó mediante auto de dos (2) de agosto del año en curso a la Universidad Javeriana, informar sobre las fechas de aprobación del reglamento general de la Universidad y del reglamento específico para la facultad de ciencias, con las modificaciones efectuadas. En igual forma solicitó el certificado de notas de todos los semestres cursados por la señorita Ferreira Salazar. La Universidad Javeriana, mediante comunicación de agosto tres (3) de 1993, dio cumplimiento a todo lo solicitado por esta Corporación. Solicitud T-76161 El  Señor José Manuel Ruiz Herrera interpone acción de tutela contra la Pontificia Universidad Javeriana. Conoce de esta demanda el Juzgado 24 Civil Municipal de Santafe de Bogotá. Los fundamentos de la acción de tutela se sustentan en la circunstancia  de que el estudiante José Manuel Ruiz Herrera  considera que fue violado el derecho a la educación, toda vez que los hechos ocurridos no se adecuaban a lo previsto en la causal de exclusión de la Universidad. Las circunstancias que dan origen a dicho proceso se resumen  de la siguiente manera: El estudiante cursó tres semestres de música  en la Pontificia Universidad Javeriana durante el segundo semestre de 1993 y el año lectivo de 1994. El actor señala que durante el segundo semestre de 1993 y el año lectivo de 1994. El actor señala que durante esos períodos su rendimiento académico y comportamiento personal fueron buenos. Pero que el día 30 de noviembre de 1994 perdió el examen final de la asignatura instrumento guitarra. Con el agravante de que los profesores examinadores excluyeron de su repertorio la obra que a su juicio había preparado mejor. El estudiante solicita la revisión de su examen comunicación de enero 25 dirigida al profesor de la materia, Guillermo Gaviria. El profesor deniega la petición del alumno, por considerar que una vez analizado el caso con el jurado que evaluó el examen éste encontró que su decisión fue acertada de acuerdo a lo observando y escuchado durante el examen. El alumno de igual manera y mediante comunicación de 27 de enero de 1995, dirigida al decano de la facultad, solicita no ser excluido por la pérdida de la materia, pues considera que la nota del examen no se adecuo a sus condiciones técnicas y artísticas. El Decano en respuesta a la comunicación suscrita por el alumno señala que una vez hecho el estudio completo del caso, lo cual implicó un dialogo con el jurado calificador, así como también el estudio integral del reglamento, se decidió no dar lugar a la revisión del examen por cuanto el reglamento para la facultad de estudios musicales señala que la evaluación de instrumento se hace en forma de audición, equivalente a una evaluación verbal, ante tres examinadores o jurados, y por tal razón  no tiene revisión o segundo examen. De otro lado, indica que la pérdida de la asignatura principal, en este caso guitarra, situación que conocía el alumno desde su ingreso a la Universidad, determina su exclusión de la facultad de estudios musicales. Por otra parte, señala que “aunque los informes de su comportamiento y rendimiento académico en otras materias son realmente positivos, no implican excepción cuando se reprueba la materia principal.” Pruebas solicitadas por el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá El Juez Veinticuatro Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá mediante oficio de mayo 30 de 1995 solicita a la Universidad Javeriana información sobre la intensidad horaria, los días y el profesor, con el cual el alumno José Manuel Ruiz cursó la materia “clase individual de instrumento”. En igual forma se solicita información sobre el por qué en el registro académico expedido por la Universidad no aparece como asignatura el seminario colectivo guitarra, que sí aparece en el registro académico enviado por la Universidad a ese despacho el 22 de mayo de 1995. Así mismo se ordena a la Universidad informar sobre la intensidad horaria mínima requerida para que una asignatura sea considerada como tal. El Juzgado determina citar también al accionante para rendir testimonio. Mediante comunicación de mayo 31 de 1995, la Universidad señala que el estudiante sí cursó la clase individual de instrumento. en el segundo semestre de 1994, con una intensidad horaria semanal de una hora académica. Determina igualmente que el estudiante sí curso la asignatura “seminario colectivo de guitarra” en el segundo semestre de 1994, en el horario comprendido entre las 2 p.m. a las 5 p.m. y que las clases de esta materia fueron dictadas por los maestros Carlos Posada y Sonia Díaz. Finalmente la Universidad concluye diciendo que la evaluación de estas dos asignaturas se realiza por reglamento interno de la carrera en un sólo examen y la nota obtenida por el estudiante fue de 2.5, reprobatoria de las dos asignaturas, razón por la cual se excluyó de la carrera de estudios musicales y en consecuencia de la Universidad. Fallos Sentencia del Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá El Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá, al resolver en primera instancia la acción de tutela de la referencia, mediante sentencia de junio dos del año en curso, resolvió negar la petición de tutela, en consideración a los siguientes argumentos: “Según el reglamento de la Universidad, el área más importante en la carrera de estudios por la que haya optado el alumno, que para el caso en estudio fue “instrumento” como se le denomina en el plan de estudios del folio 84, ésta tiene 7 créditos, que son objeto de un solo examen y dan lugar a la exclusión de la carrera si la misma es reprobada. Considerarla una sola materia o tenerla como dos asignaturas, es aspecto formal que en nada incide con lo sustancial, pues en esencia lo único claro y cierto es que quien pierda esos 7 créditos queda excluido de la carrera. Y eso dice el reglamento, el accionante debe acatarlo, pues   en señal de aceptación y de sometimiento a él firmó al matricularse en el segundo semestre de 1994 tal como consta en el documento que a petición suya se allegó el expediente y que obra al folio 129, época para loo cual ya existía la aclaración y adición al reglamento tal como lo acepta el propio accionante al decir que sabía que perder instrumento era causal de exclusión. No puede el petente argumentar desconocimiento de esa norma, pues si cursó dos semestres anteriores en el programa de nivelación y se matriculó en junio de 1994 para cursar el primer semestre de la carrera, era su obligación saber que su asignatura principal era guitarra no susceptible de suspender. Analizado el aspecto que generó controversia, sólo resta anotar que las calificaciones obtenidas por el accionante en las otras áreas son ampliamente satisfactorias, pero dadas las condiciones de la carrera de estudios musicales, la idónea, la primordial es la de énfasis que está muy por encima de todas, pues mientras la básica cuenta con ocho créditos en 3 asignaturas y la complementaria con 4 créditos en dos asignaturas, la de énfasis soporta 7 créditos en una sola: instrumento individual y colectivo-guitarra, por lo tanto frente a la pérdida de la más importante, en nada incide el buen promedio de las otras”. Impugnación El apoderado del accionante impugna la sentencia proferida por el Juez Veinticuatro Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá, con base en los siguientes argumentos: A su juicio, la causal de exclusión que señala: “queda excluido de la carrera de estudios musicales y de los programas ofrecidos por el departamento de música el alumno que no apruebe la materias dos asignaturas correspondientes al área de énfasis” no se adecua al caso del señor José Manuel Ruiz Herrera por cuanto, el “sólo registró y cursó una sola asignatura del área de énfasis: instrumento guitarra”. Fallo del Juzgado Catorce Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá El Juzgado Catorce Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá mediante sentencia de  julio 12 de 1995, resolvió revocar la sentencia proferida por el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá y conceder la tutela con base en los siguientes argumentos: Según las pruebas aportadas el juez consideró que el señor José Manuel Ruiz Herrera, no fue inscrito, no se registró, ni cursó la  asignatura de seminario colectivo de guitarra no lo reprobó o no lo aprobó ni lo reprobó. En consecuencia, declaró que no hay causal de exclusión del alumno José Manuel Ruiz Herrera, por factor académico, de la carrera de estudios musicales, por cuanto no reprobó las dos asignaturas de que trata la aclaración y adición del reglamento en el 7.6.1. en su 5.2.3. del reglamento de la facultad de ciencias sociales en lo que respecta al mismo, para la carrera de estudios musicales. Ordenó que la accionada Pontificia Universidad Javeriana, reintegre al excluido, para que continúe cursado su carrera de estudios musicales, teniendo en cuenta que en el II semestre (1994), solamente perdió o no aprobó la asignatura de instrumento-guitarra. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS Competencia Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86, inciso segundo y 241 numeral noveno de la  Constitución con los artículos 33, 35, y 42 del Decreto No. 2591 de 1991. Además, su examen se hace por virtud de la selección que de dichas acciones practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el reglamento de esta Corporación. Temas a tratar La Constitución Política reconoce la autonomía universitaria. En tal sentido, habrá de analizarse, en primer lugar, su naturaleza y consecuencialmente los límites que le determina  la Constitución. De igual manera, se retoma el significado del derecho a la educación y su función social que lo determina como un derecho-deber. Este tema plantea otro interrogante de suma importancia como es el de establecer si el reglamento universitario aplicado para el caso concreto vulneró o no los derechos fundamentales a la educación y al debido proceso. Derecho a la educación y  autonomía universitaria. Esta Corporación en un anterior pronunciamiento ya había señalado[1]: 1. Qué es la autonomía? A la Universidad se le reconoce su autonomía porque se presume que es un sujeto socialmente competente, máxime por tratarse de una comunidad científica, que en la expedición y manejo de sus propias normas estatutarias y reglamentarias crea un espacio jurídico doméstico. En igual sentido, esta Corporación en otra providencia señaló: "El derecho de cada institución universitaria a ser lo que es, el derecho a su propia ley que la identifica como ente singular dentro del mundo universitario, de tal modo que puede autoregularse, pero nunca en contradicción con la legalidad y las conveniencias generales".[2] 2. Sentido de la autonomía. En numerosas sentencias la Corte Constitucional ha dicho qué se entiende por autonomía universitaria y cuál es su sentido: "La autonomía universitaria... encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo."[3] "El sentido de la autonomía universitaria no es otro que brindar a las universidades la discrecionalidad necesaria para desarrollar el contenido académico de acuerdo con las múltiples capacidades creativas de aquellas, con el límite que encuentra dicha autonomía en el orden público, el interés general y el bien común. La autonomía es, pues,  connatural a la institución universitaria; pero siempre debe estar regida por criterios de racionalidad, que impiden que la universidad se desligue del orden social justo."[4] No se trata, pues, de un derecho alternativo que impone normas diferentes al derecho "oficial", sino que es, en cuanto a las formas jurídicas y su interpretación, un enfoque entendible que gira al rededor de una concepción ética-educativa. Esa libertad de acción tiene esta dimensión: "La autonomía universitaria se refleja en las siguientes libertades de la institución: elaborar sus propios estatutos, definir su régimen interno, estatuír los mecanismos referentes a la elección, designación y período de sus directivos y administradores, señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores, establecer los programas de su propio desarrollo, aprobar y manejar su presupuesto y aprobar los planes de estudio que regirán la actividad académica".[5] 3. Límites a la autonomía. La sentencia anteriormente citada, precisa: “Los límites al ejercicio de la autonomía universitaria están dados en el orden constitucional: pues el conjunto de disposiciones reglamentarias adoptadas por el centro educativo y en la aplicación de los mismos encuentra límite en la Constitución, en los principios y derechos que esta consagra, en las garantías que establece y en los mandatos que contiene y en el orden legal: la misma Constitución dispone que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley."[6] La autonomía universitaria de manera alguna implica el elemento de lo absoluto. Dentro de un sentido general, la autonomía universitaria se admite de acuerdo a determinados parámetros que la Constitución establece, constituyéndose, entonces, en una relación derecho-deber, lo cual implica una ambivalente reciprocidad por cuanto su reconocimiento y su limitación están en la misma Constitución. El límite a la autonomía universitaria lo establece el contenido Constitucional, que garantiza su protección pero sin desmedro de los derechos igualmente protegidos por la normatividad constitucional. Hay que precisar que la autonomía universitaria en cierta forma es expresión del pluralismo jurídico, pero su naturaleza es limitada por la Constitución y la ley, y es compleja por cuanto implica la cohabitación de derechos pero no la violación al núcleo esencial de los derechos fundamentales. Así: "La autonomía universitaria es ante todo un derecho limitado y complejo. Limitado porque es una garantía para un adecuado funcionamiento institucional compatible con derechos y garantías de otras instituciones que persiguen fines sociales. Complejo, porque involucra otros derechos de personas, tales como la educación, la libertad de cátedra, la participación, que deben ser tenidos en cuenta y respetados en el desarrollo de las actividades universitarias."[7] Es por ello que la Corte enfatiza: "El principio de la autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución, debe ser leido en el marco del artículo 2, por ser la primera norma orgánica mientras que este último es un principio material que irradia toda la Constitución. La educación puede ser encausada y reglada autónomamente pero no negada en su núcleo esencial".[8] Se entiende como NUCLEO ESENCIAL según la Corte: "La educación puede ser encauzada y reglada autónomamente pero no negada en su núcleo esencial. Siguiendo a Peter Häberle, se denomina "contenido esencial" al ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el núcleo básico del derecho fundamental, no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas políticas". [9] La autonomía Universitaria, como realidad histórica se fundamenta según Alfonso Borrero S.J.: en la autonomía de la ciencia y el saber. La autonomía surgida con la base en la ciencia y el saber tiene su fundamento en el objeto social, y es precisamente  ahí donde cobra todo su valor. La universidad hace suyo el poder propio del saber, pero sin menoscabo de los valores consagrados constitucionalmente. Esto no obsta para que las universidades en procura de formar individuos en la ciencia y el saber determinen los mecanismos académicos capaces de comprobar la idoneidad del educando. En efecto, la Universidad debe trasmitir al interior de la comunidad universitaria los mayores niveles de exigencia, en razón de obtener una integral formación. Razón por la cual los reglamentos académicos señalan las reglas de juegos a las que se compromete el estudiante una vez éste por su propia voluntad decide ingresar a la institución, previo proceso de selección efectuado por el establecimiento universitario. El contenido esencial del derecho a la educación. El derecho a la educación  es un Derecho-deber. El artículo 67 expresamente reconoce  que la educación es un derecho de la persona y que con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia , a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura . En virtud de tal postulado se le reconoce al individuo una esfera de cultura y de otro lado se lo establece como un medio para obtener el conocimiento y lograr así un alto  grado de perfección. “La  educación, además realiza el valor y principio material de la igualdad que se encuentra consignado en el preámbulo y en los artículos 5 y 13 de la Constitución. Ello puesto  que en la medida en que la persona tenga igualdad de posibilidades educativas tendrá igualdad de posibilidades en la vida para efectos de su realización como persona[10] Así mismo  el artículo 67 de la Constitución establece en forma expresa  que la educación primordialmente es una función social. “De la Tesis de la función social de la educación surge entonces la educación como “Derecho-deber, que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural respecto  de los derechos fundamentales, ellos, escribe  Maciá Manso, tienen además la Particularidad de que no sólo son derecho en relación a otras personas, sino también deberes de la misma persona  para consigo misma. Pues la persona no sólo debe respetar el ser personal de otro, sino que también ella debe respetar su propio ser”. Peces Barba, en su libro escritos sobre derechos fundamentales, considera al respecto lo siguiente: “este tercer nivel que yo denomino provisionalmente derecho-deber, supone que el mismo titular del derecho tiene al mismo tiempo una obligación respecto a esas conductas protegidas por el derecho fundamental. No se trata que frente al derecho del titular otra persona tenga un deber frente a ese derecho, sino que el mismo titular del derecho soporta la exigencia de un deber. Se trata de derechos valorados de una manera tan importante por la comunidad y por su ordenamiento jurídico que no se pueden abandonar a  la autonomía de la voluntad sino que el Estado establece deberes para todos, al mismo tiempo que les  otorga facultades sobre ellos. El caso más claro de esta tercera forma de protección de los derechos económicos, sociales y culturales es el derecho a la educación correlativo de la enseñanza básica obligatoria” [11] En tal sentido ha sido de gran importancia lo planteado por la doctrina Española al consagrar de manera categórica el contenido esencial que comporta el derecho a la educación. “La Constitución no es aséptica en relación a los  a los contenidos en que se ha de plasmar el derecho a la educación, vinculándolos a otros valores constitucionales. Así, en el apartado segundo de su artículo 27 se establece que la educación tendrá por objeto del pleno desarrollo de la personalidad humana  en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. El Contenido esencial del derecho a la educación y por tanto, las consecuencias que de él se derivan afecta, o dicho de otro modo, ha de tenerse en cuenta en todos los niveles o instancias del Sistema Educativo y, por consiguiente, también en el ámbito universitario.[12] Determinado el contenido esencial que determina la naturaleza del derecho a la educación como derecho fundamental, debe a si mismo  afirmarse que en  cuanto su carácter implica una doble condición derecho-deber, un incumplimiento, debe forzosamente dar lugar a una sanción, pero enmarcada dentro de límites razonables. “Es de advertir que contra esta tesis no se podría alegar la autonomía  universitaria con el pretexto de desconocer un derecho constitucional fundamental, como lo es la educación.” La  organización  y funcionamiento del Estado persigue los fines  esenciales que traza el artículo 2º, cuando dice: “son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general  y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución”. Por lo tanto el principio de la autonomía universitaria, consagrado en el artículo 69 de la Constitución, debe ser leído en el marco del artículo 2º, por ser la primera una norma orgánica, mientras que este último es un principio material que irradia toda la Constitución. En tal sentido ya se ha pronunciado la Corporación  al señalar: “Ahora bien, siendo la educación un derecho constitucional fundamental, el incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder el estudiante sus obligaciones académicas y al comportamiento exigido por los reglamentos, puede dar lugar a la sanción establecida en el ordenamiento jurídico para el caso y por el tiempo razonable que allí se prevea, pero no podría implicar su pérdida total, por ser un derecho inherente a la persona. Este concepto se deduce claramente del artículo 34 de la Constitución, al prohibir las penas perpetuas. Dicho carácter limitativo de las sanciones se extiende a todo el ordenamiento jurídico en general (excepto la sanción establecida  en el artículo 122 de la Carta) y en especial a la esfera educativa. Los estatutos universitarios y su marco de legalidad Una manifestación de la autonomía universitaria la constituye la posibilidad de establecer sus propios reglamentos internos, que son regulaciones sublegales, sometidos, desde luego, a la voluntad constitucional y a la de la ley, encargados de puntualizar las reglas de funcionamiento de las instituciones de Educación superior, su organización administrativa (niveles de dirección, de asesoría, operativo, etc.), requisitos para la admisión del alumnado, selección de personal docente, clasificación de los servidores públicos, etc.. Los estatutos constituyen para las entidades descentralizadas en general, y desde luego para los organismos de educación superior, su reglamento de carácter obligatorio, en el que se dispone puntualmente su organización y funcionamiento. El caso en concreto Dado, para el caso concreto, la circunstancia de haberse aplicado un reglamento estudiantil a dos estudiantes en distintos semestres de la carrera de estudios musicales a dos estudiantes en distintos semestres de la carrera de estudios musicales se hace necesario examinar, si efectivamente la causal de exclusión aplicada era ajustada a los hechos objeto de esta solicitud. Considera la Corte que una vez revisadas las pruebas aportadas, así como también las solicitadas por esta Corporación a la Universidad hay claridad en lo del reglamento interno de la Universidad en cuanto a que la pérdida de la materia determina la exclusión: “Queda excluido de la carrera, el alumno, que no apruebe la materia correspondiente al área de énfasis, o dos materias del área básica y/o complementaria”. Causal que por demás era conocida por los estudiantes, desde su ingreso a la Universidad y que aceptaron al inscribirse en la carrera de estudios musicales. Esta Corporación de otro lado, ha reiterado que el derecho a la educación, es una función social que implica correlactivamente una relación derecho-deber. Los estudiantes (María Ferreira Salazar y José Herrera) incumplieron sus obligaciones como estudiantes. La Universidad, goza de autonomía para determinar el nivel de exigencia de sus estudiantes y en razón a esto puede determinar sobre cuales parámetros, estarán diseñados los sistemas de evaluación académica. Si bien existe el derecho a la educación como fundamental, dicho derecho comporta el cumplimiento de ciertos deberes y obligaciones para el estudiante, deberes y obligaciones que cada centro universitario podrá, dentro de las órbita de su autonomía y con respecto a la ley establecer en otras palabras, el goce de ese derecho impone el cumplimiento de ciertos deberes como requisitos indispensables para que pueda no solo acceder a un determinado establecimiento educativo, sino pertenecer en él hasta la culminación de los estudios que hubiere iniciado. Con respecto a la estabilidad del alumno en el sistema educativo siempre y cuando cumpla con sus deberes académicos, esta Corporación en anterior pronunciamiento señaló: Del derecho fundamental a la educación se deriva que la persona que se educa goce de una estabilidad mínima en cuanto hace a su permanencia como estudiante en el centro de formación al que se ha vinculado. Ello implica que, mientras se ajuste a las condiciones fijadas en el respectivo reglamento, el estudiante tiene derecho a continuar recibiendo el servicio educativo hasta la culminación de la carrera iniciada. La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió a observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas. El alumno tiene un derecho a que, antes de hacerlo sujeto pasivo de las sanciones contempladas en el reglamento, se dé cumplimiento a los trámites allí mismo señalados en orden a garantizar su defensa y la observancia del debido proceso, pues ninguna razón puede invocarse para justificar la adopción de medidas sancionatorias fundadas en el arbitrio de la autoridad universitaria”. De otra parte, en el caso de los dos alumnos que acuden a la tutela, no hay de manera alguna violación al debido proceso. Las pruebas aportadas no desvirtúan la legalidad y aplicación del reglamento estudiantil. No es posible desvirtuar para los dos casos que se hubiera violado el debido proceso porque la causal de exclusión aplicada se ajustó a los presupuestos de hecho de acuerdo con el trámite interno señalado en los estatutos de la institución. Ninguno de los documentos allegados a los expedientes muestra irregularidad en ese sentido. Si los accionistas perdieron la materia determinada en el reglamento como de naturaleza principal, es apenas natural que se haya aplicado una sanción de carácter académica con arreglo a las disposiciones internas consagradas en su propio reglamento. Es preciso no olvidar la autonomía de las instituciones educativas para seleccionar a sus alumnos, para expulsarlos y sancionarlos de acuerdo a sus propias normas. La acción de tutela no puede servir para desconocer tal autonomía, obligando a una institución, a través de un procedimiento breve y sumario, para conservar alumnos que infringen los reglamentos a los cuales por decisión propia se someten una vez ingresan a la Universidad. No se observa que a los accionantes se les haya violado con la actuación de la Universidad, su derecho a la educación, pues esta encuentra respaldo en los consagrado en el reglamento estudiantil, que fue con base en el cual, la institución tomó la decisión soporte de la acción ejercitada y, la norma reglamentaria que motivó la exclusión no puede considerarse como violatoria de la Constitución porque no atenta contra ninguna de las disposiciones, toda vez que: la permanencia en un establecimiento educativo se garantiza siempre y cuando el alumno cumpla con los deberes académicos que le señalan el reglamento estudiantil, y los mismos alumnos, nunca cuestionaron la constitucionalidad de la parte del reglamento aplicado. III. DECISION En  virtud  de las consideraciones expuestas, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre  del Pueblo y por mandato de la Constitución. RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Civil) de fecha seis (6) de abril de 1995, en la acción de tutela interpuesta por María Claudia Ferreira Salazar contra la Pontificia Universidad Javeriana. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá en el proceso de tutela instaurado contra la Pontificia Universidad Javeriana por José Manuel Díaz Herrera y en su lugar SE CONFIRMA la sentencia proferidad por el Juez Veinticuatro Municipal de Santa Fe de Bogotá que negó la Tutela. TERCERO: COMUNICAR a través de la Secretaria General de la Corte Constitucional el contenido de la sentencia, al Tribunal Superior del Distrito judicial de Santafé de Bogotá (Sala Civil), y al Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá, para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591/91. Notifíquese, Comuníquese, Publíquese e Insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado MARTHA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1] Sentencia del 31 de mayo de 1995, en el proceso T-61079, Magistrado Ponente: Doctor Alejandro Martínez Caballero. [2]Sentencia T- 123/93. Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. [3]Sentencia T- 492/92. Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo [4]Sentencia T- 425/93. Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. [5]Sentencia T-187/93. Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero. [6]Ibidem. [7]Sentencia T-574/93. Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. [8]Sentencia T- 02/92. Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero. [9]Sentencia T-02 /92. Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero que cita a HÄBERLEN, Peter. El Contenido Esencial de los Derechos Fundamentales. [10] Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión , Sentencia T-02 de mayo 8 de 1992, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero. [11] Corte Constitucional , Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-02 de mayo 8 de 1992, Magistrado ponente Dr.Alejandro Martínez Caballero. [12] Bermejo Vera José, Derecho Admnistrativo parte especial, Derecho a la Educación y sistema educativo, Editorial Civitas , Pág 136.

T-516-95 Sentencia No Sentencia No. T-516/95 DERECHO A LA IGUALDAD-Pago de crédito para vivienda La exigibilidad automática del débito económico y la imposición de un término breve y mucho menor que el ordinario para redimir la obligación jurídica de carácter económico, por el retiro unilateral y sin justa causa ordenado por el patrono, en un crédito para vivienda de los trabajadores, constituido dentro del marco de un determinado régimen salarial y prestacional como una prestación social especial, no es una práctica discriminatoria ni ofensiva que recaiga en contra de una persona natural en condiciones de debilidad manifiesta y en situación de indefensión, y constituye una acción ordinaria que no desconoce el derecho constitucional a la igualdad real y efectiva, que en todo caso se desarrolla de conformidad con el ordenamiento jurídico. DERECHO A LA VIVIENDA-Renegociación de crédito No existe fundamento alguno para no hacer exigible el crédito para vivienda concedido a un trabajador que luego es desvinculado de modo unilateral y sin justa causa, y de otra que es posible interpretar la situación para dar aplicación indirecta a los principios de la Carta Política; en efecto, para la Corte Constitucional lo razonable y adecuado a las disposiciones constitucionales en materia laboral es que se pueda proceder a la renegociación de los términos  de este tipo de obligaciones facilitando al trabajador las condiciones económicas para seguir disfrutando de su vivienda, o que a lo sumo se mantengan las condiciones iniciales que corresponden a un vínculo laboral estable dentro de una interpretación equitativa del patrono. DEMANDA DE TUTELA-Contrato de préstamo para vivienda/TRANSACCION-Pago de crédito para vivienda No obstante configurar un eventual conflicto de orden civil, relacionado con un contrato de Mutuo con interés y con una garantía hipotecaria que se actualiza por virtud de la ocurrencia de una condición pactada en el instrumento civil correspondiente, suscrito entre dos particulares en condiciones de igualdad, y de conservar los rasgos típicos de las relaciones entre particulares, por lo cual se debería desatar ante la jurisdicción civil, esta providencia también tiene en cuenta en este caso algunos elementos de carácter constitucional que podrían comprometer derechos constitucionales fundamentales. Cabe advertir, al Banco de la República que en el caso de la deuda del peticionario relacionada con el préstamo para vivienda, debe analizar su situación a la luz de los principios de la nueva Constitución, relacionados con los derechos laborales, para darle su valor equitativo y no discriminatorio que le permita el ejercicio de su derecho a una vivienda digna, y que corresponda a su real situación económica como persona que se encuentra en estado de indefensión en relación con los efectos que surgen de la cancelación legal del contrato de trabajo. En tal sentido, convendría a las partes la posibilidad de celebrar una transacción. Ref.:     Expediente No. T-76385 La tutela no procede en el caso de obligaciones que surgen de un contrato regido por el Derecho Privado. Actor: Pedro Omar Ascanio Muñíz Demandado: Banco de la República Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ Santafé de Bogotá, D.C., noviembre quince (15) de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala de Revisión en asuntos de tutela integrada por los Honorables Magistrados JORGE ARANGO MEJIA, VLADIMIRO NARANJO MESA,  FABIO MORON DIAZ,  en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre las decisiones judiciales relacionadas con la acción de la referencia, proferidas por el Juzgado Segundo Civil de Montería el 15 de junio de 1995 y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería -Sala Civil-, el día 7 de julio de 1995. I.   ANTECEDENTES A.  La Petición El día 2 de junio de 1995, el señor Pedro Omar Ascanio Muñiz, presentó ante el Juez Civil del Circuito de Montería, Reparto, un escrito de demanda cuyo conocimiento correspondió por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, mediante el cual ejerce  acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Nacional, para que una vez surtido el procedimiento correspondiente sea concedido  el amparo judicial de su "derecho a  la propiedad de una vivienda digna" que considera vulnerado por el  Banco de la República, sucursal Montería. Para la protección judicial específica y directa de su derecho el peticionario solicita: 1.      "Se declare la inconstitucionalidad del reglamento interno para préstamo de vivienda del Banco de la República", y 2.      Se le permita seguir pagando la vivienda en un plazo de 15 años y a un interés del 12% anual como se había establecido en la escritura pública de compraventa. Los fundamentos de hecho y derecho que señala el peticionario como causa de la acción impetrada se resumen como sigue: -        Manifiesta el peticionario que  viene  trabajando al servicio del Banco de la República sucursal Montería, a partir del 3 de julio de 1990. -        Afirma que en su calidad de empleado, el Banco de la República, le otorgó un crédito para adquisición de vivienda el día 15 de septiembre de 1994, para que fuera cancelado en el plazo de 15 años y a un interés del 12% anual; además indicó que es en aquella vivienda en la que reside y habita con su esposa y su hijo menor. -        El día 28 de febrero de 1995, el Banco de la República da por terminado el contrato de trabajo en forma unilateral y sin justa causa,  como consecuencia de esta decisión a través de circular de abril 4 del mismo año se le comunica que en aplicación al reglamento para préstamos de vivienda, deberá cancelar la obligación contraída con el Banco en un plazo de ciento ochenta (180) días, aumentándose los intereses del 12% al 24% anual. -        Considera que esta decisión vulnera su derecho  a tener una vivienda digna, exigiéndosele cancelar una obligación en tan corto tiempo, incrementándosele los intereses en un 100%. B.      LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería mediante providencia de junio quince (15) de mil novecientos noventa y cinco (1995), resuelve:  "Negar la tutela impetrada por el señor Pedro Omar Ascanio Muñiz", con base en las siguientes consideraciones. -        En primer lugar, señala el juzgador que el derecho a la vivienda invocado como vulnerado por el peticionario, no es un derecho fundamental.  Este derecho consagrado en la Constitución en el artículo 51 no está ubicado dentro del capítulo I del Título II que contempló la Carta como derechos fundamentales.  De otra parte, la jurisprudencia no le ha dado tal calificativo.  En consecuencia no estaríamos ante un derecho fundamental. -        El Juzgado advierte que la pretensión del actor, dirigida a obtener se declare la inconstitucionalidad del reglamento, no es competencia del juez de tutela. C.   LA IMPUGNACION El peticionario Pedro Omar Ascanio Muñiz, mediante escrito presentado el 22 de junio de 1995, impugnó la anterior decisión, cuyos fundamentos se señalan a continuación: -        Afirma el peticionario que el considerar el derecho a la vivienda digna como un derecho no fundamental desconoce la jurisprudencia y doctrina que en relación al tema le han dado al derecho a la vivienda un carácter de fundamental. -        Manifiesta que dentro del contrato celebrado con el Banco de la República, existe una cláusula lesiva y exorbitante para sus intereses de ciudadano asalariado. Solicita que el contrato continúe como venía efectuándose durante el tiempo que laboró para el Banco. D.      LA DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA En  sentencia  de junio  7 de 1995, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería -Sala Civil-, al conocer de la impugnación propuesta por el señor Pedro Omar Ascanio, resuelve confirmar la decisión del Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, con base en las siguientes consideraciones: -        Señala el Tribunal que la situación que plantea el peticionario, es una relación de carácter contractual, cuyo cumplimiento inexorable puede sustraerse solamente por decisión judicial  que la invalide o anule de manera parcial o total. -        De acuerdo con lo anterior, se advierte que el peticionario puede acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por tratarse de un contrato estatal, para que esta jurisdicción dirima el conflicto planteado. III.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE A.  La Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la referencia en atención a lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral 9 de la Constitución  Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además este examen se hace en virtud de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó  en la forma señalada por el reglamento de esta Corporación. B.  La Materia de la demanda. 1o.  Como cuestión preliminar, cabe advertir que la Corte interpretará la demanda formulada por el peticionario, dado el carácter público de la acción ejercida, y en aplicación de los principios constitucionales que están involucrados en este caso concreto que se examina, tanto en lo relativo a los que regulan la acción de tutela y el alcance de los derechos fundamentales como los que garantizan la autonomía de la voluntad privada, con sus limitaciones, y los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles a que se refiere el artículo 58 de la C.P. Luego de una lectura interpretativa del contexto de la demanda de tutela, se encuentra que el actor pretende que en su caso no se dé aplicación parcial a un apartado del reglamento interno de orden laboral que, en su opinión, resultaría contrario a la Constitución, ya que en su condición económica de extrabajador desempleado no puede cubrir de manera inmediata, ni siquiera en el plazo de seis meses una obligación económica para la que no estaba preparado, mucho menos cuando la desvinculación se produce por disposición del patrono de modo unilateral y sin justa causa. Por esto, el actor pretende que se interprete el mismo reglamento para primeros préstamos de vivienda, en el sentido de que cuando medie desvinculación unilateral por terminación sin justa causa del contrato de trabajo, decretada discrecionalmente por el patrono, no resultaría conforme con la Constitución hacer exigible inmediatamente un crédito con garantía hipotecaria, concedido al trabajador dentro del marco del régimen de salarial y de prestaciones sociales negociadas en una convención colectiva y, por el contrario, que se ordene que en su caso se apliquen las cláusulas previstas para la situaciones de normal continuidad del vínculo laboral en desarrollo de una modalidad extensiva de la eficacia de las normas constitucionales que prohiben discriminar a las personas. En efecto, es claro que, en el fondo, en esta oportunidad el actor no se propone la defensa específica del derecho de propiedad que recae en este caso sobre un determinado bien inmueble que ocupa con su familia como vivienda y residencia común, ni procura la defensa directa del derecho constitucional económico y social a la vivienda digna, ni su demanda se eleva para obtener la protección judicial específica y directa de cualquier otro derecho de orden social o económico, mucho más si se tiene en cuenta que el juez de tutela no está llamado a atender de modo autónomo aquellas eventuales pretensiones, para cuya satisfacción concreta se hallan previstas otras acciones y remedios judiciales ordinarios y específicos, diferentes de los que garantiza la acción de tutela prevista y establecida en el artículo 86 de la Carta Política. 2o.  De igual manera, en este caso no se presenta la litis judicial correspondiente que deba ser desatada como de ordinario se desatan las controversias civiles o laborales de orden patrimonial y prestacional; se trata simplemente de la demanda de tutela judicial específica y de amparo directo del derecho constitucional fundamental a ser tratado en condiciones de igualdad real y efectiva previsto en el artículo 13 de la Carta Política, de conformidad con la situación personal y subjetiva que en concepto del actor corresponde al supuesto origen del negocio jurídico que celebró con su patrono, y para  disfrutar cabalmente de una prestación social de origen laboral y en atención a la modalidad de desvinculación y de terminación del vínculo jurídico, por virtud de la cual se pide que la entidad que concedió el préstamo se abstenga de hacerlo exigible en los términos previstos en el reglamento de primeros préstamos de vivienda y en el instrumento público de hipoteca. Por virtud de los alcances de la misma acción, el actor pretende que la desvinculación unilateral decretada por el patrono empleador y que no discute por esta vía, no lo obligue a rematar su vivienda y a alterar súbitamente sus condiciones reales de vida por que aquel decidió, "abruptamente" y de "un momento a otro", terminar unilateralmente el contrato de trabajo y hacer efectiva una obligación que estaba prevista para cumplirse en el término de catorce (14) años. El actor demanda que se defina si existe alguna razón o fundamento razonable que permita aplicar automáticamente la disposición reglamentaria que se menciona, cuando no existe de su parte conducta alguna, ni actuación ni omisión que permita que el patrono actualice motu propio el débito, y se determine si, por el contrario, es deber del patrono abstenerse de dar aplicación del mencionado reglamento, cuando él mismo es el que dispone la terminación unilateral y sin justa causa del vínculo laboral. 3o.  Por tanto, en esta oportunidad la Corte examina el caso de la referencia dentro de los fines constitucionales de la tutela judicial, en el que se discute acerca del efecto inmediato de las disposiciones constitucionales de garantía de los derechos constitucionales fundamentales, en las relaciones civiles ordinarias de carácter patrimonial y prestacional que se derivan de una relación laboral, y que comprende los vínculos entre personas que actúan como particulares, como quiera que, según se verá enseguida, los derechos que se discuten en este asunto, aun cuando surgen de un vínculo laboral y son parte de una prestación social de origen convencional y legal, corresponden a una simple relación civil ordinaria entre un acreedor y un deudor hipotecario. Obsérvese, que en este caso se trata de dos partes libres e iguales que acceden en las mismas condiciones económicas y jurídicas a un negocio civil común y ordinario, justiciable bajo los fundamentos tradicionales de la justicia civil demoliberal, que trata por igual a todas las personas con independencia de la condición económica, social o física de los sujetos actores de la litis procesal. En verdad, en este caso se trata de un asunto en el que podrían estar comprometidos algunos derechos constitucionales de una persona natural que tiene la condición jurídica de extrabajador y en los que se dice que pueden verse afectados de modo indirecto, derechos de contenido económico y social, y aún otros de orden patrimonial, sobre los cuales no se pronuncia esta Corporación, porque rebasan el ámbito propio de la acción de tutela. 4o.  Lo cierto es que en este asunto opera de manera directa y absoluta el principio de la autonomía de la voluntad que rige por regla general buena parte de las relaciones entre particulares, por el hecho de mediar la suscripción del contrato de Mutuo con interés y con la formación e inscripción del instrumento Hipotecario correspondiente como garantía de un préstamo para vivienda hecho por el patrono a un empleado dentro del marco de una relación civil ordinaria; así, es evidente que lo que se discute en este asunto pertenece al tráfico jurídico privado puro y se halla signado por el origen del negocio, por la naturaleza del mismo, por su finalidad. De otra parte, también es claro que en este caso no se trata de la existencia de un régimen jurídico aplicable a empleados públicos ni otro aplicable a un grupo de trabajadores oficiales, sino de la aplicación de las reglas del derecho civil ordinario a los empleados del Banco de la República que se hallan vinculados a la entidad bajo una modalidad contractual, como quiera que la entidad patrono goza de un régimen laboral ordinario sustraído del régimen legal y reglamentario previsto para servidores públicos, en los que por excepción, puede definirse legal y reglamentariamente alguna situación especial por muy precisas y fundadas razones del servicio y de vinculación jurídica. 5o.  En efecto, es claro que el actor Pedro Omar Ascanio Muñiz, estuvo vinculado mediante contrato de trabajo como empleado del Banco de la República, sucursal Montería, desde el 3 de julio de 1990 hasta el 1o. de marzo de 1995, inicialmente como "vigilante C" y posteriormente como "Auxiliar de Operación Bancaria Nivel 8", y que durante el tiempo en el que estuvo prestando sus servicios laborales en aquella entidad, fue beneficiario de un crédito para vivienda por la suma de siete millones de pesos ($7.000.000.00), otorgado por la misma entidad a través de la ahora liquidada "Caja de Previsión Social del Banco de la República", con el plazo de quince (15) años y con un interés del 12% anual, según lo previsto en el "Reglamento de Préstamos para Vivienda" para sus servidores; para garantizar la obligación, el deudor constituyó hipoteca de primer grado que se encuentra vigente en favor de la Caja de Previsión Social del Banco de la República, en cuyos derechos la sustituye el Banco y en cuya escritura aparece reproducido en la cláusula séptima el mencionado numeral XV del reglamento préstamos de vivienda, en el que se establece la regla de la actualización del crédito y la exigibilidad dentro del término de ciento ochenta días el débito patrimonial en caso de retiro por cualquier causa del trabajador, siempre que tenga menos de diez años de servicio al patrono. Mediante comunicación de febrero 28 de 1995, del Banco de la República comunica al peticionario Pedro Omar Ascanio Muñiz la terminación del contrato de trabajo a partir del 1o. de marzo de 1995 y, posteriormente una vez se produce el retiro, la Caja de Previsión por intermedio de su Gerente  le comunica al señor Omar Ascanio que en cumplimiento del reglamento de vivienda vigente, el saldo de la obligación hipotecaria en favor de la entidad deberá ser cancelado en el término de ciento ochenta (180) días siguientes al retiro del Banco, y la tasa de interés que se cobrará pasará a ser del 24%. Obsérvese que en este caso se trata de un préstamo de vivienda que corresponde a las condiciones económicas surgidas de una relación civil en la forma de Mutuo con interés garantizada con el gravamen real de hipoteca del inmueble destinado para vivienda del trabajador; además, según el contrato suscrito entre la Nación y el Banco de la República el régimen laboral, salarial y prestacional en aquella entidad comprende los préstamos de vivienda para sus empleados, uno de los cuales se hizo en favor del peticionario. (Cfr. folio 28 del Expediente, "Reglamento primeros préstamos de vivienda vigente de Mayo 1/93 a Mayo 13/95"). 6o.  Además, es cierto que el Banco dió por terminado de manera unilateral y sin justa causa el contrato laboral, que, en consecuencia y como se desprende de la comunicación mencionada, puede dar aplicación al citado reglamento y que, de conformidad con lo consignado en la correspondiente escritura de hipoteca, también puede hacer efectiva en contra de su extrabajador la cláusula según la cual, a partir de la terminación del vínculo laboral por el retiro por cualquier causa del trabajador que es beneficiario del crédito de vivienda, sin que haya cumplido 10 años de vinculación al servicio de la entidad, éste deberá cancelar al Banco el saldo insoluto de la deuda dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a su retiro y con una tasa de intereses del 24% anual, desde luego en caso de ser necesario podrá hacer efectiva la correspondiente garantía real con el titulo respectivo que presta mérito ejecutivo y contra el cual sólo proceden las excepciones pertinentes. Para mayor claridad al respecto es preciso tener en cuenta que en el inciso primero del numeral XV del reglamento de préstamos de vivienda se advierte literalmente que: "En caso de que el beneficiario de un préstamo se retire del Banco, por cualquier causa, con un tiempo de servicio inferior a diez (10) años, deberá cancelar el saldo insoluto de la deuda dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a su retiro.  A partir de la fecha, y mientras se cancela totalmente la obligación, los intereses se liquidarán a la tasa del veinticuatro por ciento (24%) anual". ................................... 7o.  Como se puede observar en las actuaciones surtidas en el expediente de la referencia, es claro que en este caso no se presenta la especial modalidad de desconocimiento de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad real y efectiva y a la no discriminación previstos en el artículo 13 de la Carta Política, en contra de una persona que se encuentra, por razones ajenas a su voluntad, en circunstancias de debilidad manifiesta frente a otra, como lo manifiesta el actor. La atribución del patrono empleador, en las condiciones en las que queda un trabajador desvinculado unilateralmente y sin justa causa, no impone a la persona del empleado una condición de sometimiento ni acatamiento exagerado y desproporcionado que deba ser remediada en el caso concreto de que se trata; en efecto, es evidente que en el caso planteado con la demanda de la referencia, existen razones suficientes de carácter constitucional para entender que la exigibilidad automática del débito económico y la imposición de un término breve y mucho menor que el ordinario para redimir la obligación jurídica de carácter económico, por el retiro unilateral y sin justa causa ordenado por el patrono, en un crédito para vivienda de los trabajadores, constituido dentro del marco de un determinado régimen salarial y prestacional como una prestación social especial, no es una práctica discriminatoria ni ofensiva que recaiga en contra de una persona natural en condiciones de debilidad manifiesta y en situación de indefensión, y constituye una acción ordinaria que no desconoce el derecho constitucional a la igualdad real y efectiva, que en todo caso se desarrolla de conformidad con el ordenamiento jurídico. 8o.  Es evidente que la carta enviada al peticionario por el Banco el 4 de abril del presente año, suscrita por la gerente liquidadora de la Caja de Previsión Social del Banco de la República, en la que se le comunica al actor que debe cancelar dentro del mencionado plazo la obligación hipotecaria y en la que se definen el tipo de interés aplicable no es contraria a la Constitución, si se tiene en cuenta que aparece en el mencionado reglamento y en la escritura pública de constitución de la garantía real respectiva. De acuerdo con lo anterior, el peticionario, debería cancelar al Banco de la República y en el término de ciento ochenta días contados a partir de la desvinculación unilateral decretada por el patrono, es decir, catorce (14) años antes del término normal previsto en caso de seguir vinculado a la relación laboral, la suma de dinero que le había prestado para adquirir vivienda, a la Caja de Previsión Social como entidad administradora de recursos especialmente destinados para satisfacer una obligación prestacional de orden laboral, bajo el entendido de que se trata de una relación civil ordinaria vertida en un negocio jurídico ordinario de contenido exclusivamente patrimonial. En este sentido se encuentra que de una parte no existe fundamento alguno para no hacer exigible el crédito para vivienda concedido a un trabajador que luego es desvinculado de modo unilateral y sin justa causa,  y de otra que es posible interpretar la situación para dar aplicación indirecta a los principios del artículo 53 de la Carta Política; en efecto, para la Corte Constitucional lo razonable y adecuado a las disposiciones constitucionales en materia laboral es que se pueda proceder a la renegociación de los términos  de este tipo de obligaciones facilitando al trabajador las condiciones económicas para seguir disfrutando de su vivienda, o que a lo sumo se mantengan las condiciones iniciales que corresponden a un vínculo laboral estable dentro de una interpretación equitativa del patrono. 9o.  En el asunto que ocupa la atención de la Corte en esta oportunidad, se examina, de una parte, el tema de la aplicación directa e inmediata de las disposiciones de garantía de los derechos constitucionales fundamentales en las relaciones de carácter patrimonial, establecidas por razones derivadas de una relación laboral entre sujetos que actúan como particulares en un negocio jurídico civil ordinario, y de otra, el de la no procedencia de la acción de tutela específica y directa de los derechos constitucionales fundamentales, en el caso de relaciones de carácter patrimonial y civil, en las que se reclama la presunta violación y el eventual desconocimiento directo del derecho a la igualdad real y efectiva de todas las personas en los términos del artículo 13 de la Carta Política y en las que también se dice desconocer de modo indirecto la libertad de trabajo garantizada por los artículos 25 y 26 de la normatividad superior, al aplicar las reglas del derecho privado en un negocio civil. 10o.  En verdad, no obstante configurar un eventual conflicto de orden civil, relacionado con un contrato de Mutuo con interés y con una garantía hipotecaria que se actualiza por virtud de la ocurrencia de una condición pactada en el instrumento civil correspondiente, suscrito entre dos particulares en condiciones de igualdad, y de conservar los rasgos típicos de las relaciones entre particulares, por lo cual se debería desatar ante la jurisdicción civil, esta providencia también tiene en cuenta en este caso algunos elementos de carácter constitucional que podrían comprometer derechos constitucionales fundamentales, tal como los contempla la nueva normatividad en relación con los principios contenidos en el artículo 53 de la C.P. Se trata simplemente de advertir que aquel tipo de cláusulas que hacen exigible un crédito hipotecario causado por el vínculo laboral en caso de desvinculación laboral decidida unilateralmente por el patrono no es contrario a la Constitución, pues, surgen en el ámbito de algunas relaciones jurídicas que son del puro interés privado y particular, pero en el tema el Constituyente ha puesto suficiente énfasis orientador, en especial en el cuadro de los principios constitucionales contenidos en el artículo 53 de la Carta; que tienen sin duda un alcance de protección al trabajo y a los trabajadores que constituye una finalidad, con amplia raigambre en la historia del derecho laboral colombiano, desde la reforma de 1936, fortalecida aún más por las prescripciones y avances de la Carta de 1991. Por eso, cabe advertir, al Banco de la República que en el caso de la deuda del señor PEDRO OMAR ASCANIO MUÑIZ relacionada con el préstamo para vivienda, debe analizar su situación a la luz de los principios de la nueva Constitución, relacionados con los derechos laborales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de aquélla, para darle su valor equitativo y no discriminatorio que le permita el ejercicio de su derecho a una vivienda digna, y que corresponda a su real situación económica como persona que se encuentra en estado de indefensión en relación con los efectos que surgen de la cancelación legal del contrato de trabajo. En tal sentido, convendría a las partes la posibilidad de celebrar una transacción. En mérito de lo expuesto, esta Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE Primero.  CONFIRMAR los fallos proferidos por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería el 15 de junio de 1995, y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial -Sala Civil- de Montería el día 7 de julio de 1995, dentro de la acción de tutela de la referencia. SEGUNDO.  Comunicar la presente decisión en los términos del artículo 36 del  Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-517-95 Sentencia No Sentencia No. T-517/95 ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Administración de cementerio La acción de tutela formalmente es procedente contra la administración del Parque Cementerio, pues dicha acción es viable contra el particular encargado de la prestación de un servicio público. La función relativa a la administración de cementerios, que comprende una variedad de actividades, como son, entre otras, su conservación y mantenimiento, la inhumación y exhumación de cadáveres, la permisión de la exteriorización o manifestación de diferentes conductas atinentes a prácticas o costumbres personales y cultos religiosos, constituye un verdadero servicio público, pues está encaminado a satisfacer una necesidad colectiva. LIBERTAD DE CULTOS-Veneración de tumbas Como en materia de creencias religiosas no existe restricción alguna, la pretensión de una persona de venerar la tumba de un ser querido se encuentra protegida constitucionalmente por el derecho fundamental consagrado en la Constitución que garantiza la libertad de cultos, pues este puede asumir formas variadas, tales como la de profesar una religión, difundir sus ideas, la reunión en templos o casas para prácticas de adoración o la colocación de los restos mortales de su parientes en determinados sitios para visitarlos y venerarlos. DERECHO A EXHUMAR UN CADAVER-Titularidad En el reglamento interno del cementerio se señala en lo atinente al derecho a la exhumación del cadáver que "las personas autorizadas para ordenar o permitir exhumaciones serán los parientes, en los grados y orden de prelación consagrados en el Código Civil", que es, en primer término, los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales. No es procedente, en el caso que nos ocupa, excluir la aplicación de las normas del Código Civil, para efectos de determinar el titular del derecho a exhumar el cadáver, toda vez que existe de por medio un contrato de arrendamiento y un reglamento interno, ambos de obligatorio cumplimiento para los contratantes que, para efectos de la titularidad del derecho a la exhumación remiten a las disposiciones del Código Civil en materia sucesoral, cuyas cláusulas y normas no desconocen disposiciones de orden público ni los derechos fundamentales de las personas a las cuales vinculan los referidos instrumentos. Ref.: Expediente T- 76364. Peticionaria: Virgelina Acevedo de Higuita. Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL. Aprobada en Santafé de Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el proceso de la acción de tutela instaurada por Virgelina Acevedo de Higuita contra la administración del Parque Cementerio Campos de Paz de la ciudad de Medellín. I. ANTECEDENTES. 1. Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió para efectos de su revisión la acción de tutela de la referencia. En concordancia con el mismo artículo 33 y lo dispuesto en las normas de los artículos 86, inciso 2°, 241, numeral 9 de la Constitución, y 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991, es competente esta Sala para revisar las decisiones de instancia proferidas dentro de la mencionada acción de tutela. 2. La pretensión y los hechos. Por medio de apoderado, y por considerar que se vulneran sus sentimientos religiosos y las sanas costumbres, la señora Virgelina Acevedo de Higuita instauró acción de tutela contra la administración del Parque Cementerio Campos de Paz de la ciudad de Medellín, con el fin de que se abstenga y no permita, a menos que medie su autorización, la exhumación del cadáver de su hijo Rodrigo Antonio Higuita. Fundamenta su pretensión en lo siguiente: En el matrimonio de Antonio de Jesús Higuita y Virgelina Acevedo se procrearon varios hijos, entre ellos, Rodrigo Antonio y Sonia; ésta última adquirió el derecho de dominio sobre el lote No. 5, sector 12 del Parque Cementerio Campos de Paz de Medellín. Rodrigo Antonio contrajo matrimonio católico en 1979 con Luz Marina Vargas del Valle, vínculo del cual nacieron Jorge Ignacio y Juan David, quienes a la fecha tienen 16 y 11 años de edad. Aquél falleció el 26 de agosto de 1991 y al día siguiente y con autorización de Sonia Higuita Acevedo -dueña del referido lote- fue inhumado en dicho lugar. Manifiesta la peticionaria que "es costumbre inveterada entre nosotros exhumar los despojos mortales de una persona a los cuatro años a solicitud de pariente o persona interesada con el fin de inhumar en el futuro a otro pariente; y con el fin de evitar una exhumación al cumplirse el cuatrienio de inhumación del cadáver del citado Higuita Acevedo es por ello que se instaura esta acción de tutela para que la administración Parque Cementerio Campos de Paz se abstenga de exhumar los despojos del citado Higuita Acevedo", pues teme que Luz Marina Vargas del Valle, quien fuera la esposa de su hijo Rodrigo Antonio Higuita Acevedo, tenga intención de exhumar el cadáver de éste, al expirar dicho término. 3. Fallos que se revisan. En sentencia del 9 de junio de 1995, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín negó por improcedente la acción de tutela; esta decisión fue confirmada en todas sus partes y por las mismas razones, a través de fallo del 10 de julio del mismo año proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de dicha ciudad. Las razones aducidas por los falladores de instancia, fueron las siguientes: No obstante que en la solicitud de tutela se dice que de exhumarse los despojos mortales de Rodrigo Antonio Higuita Acevedo por quien fuera su esposa, Luz Marina Vargas del Valle, se viola la libertad de cultos y de conciencia, de las pruebas practicadas se concluye que el problema gira en torno a una discordia familiar que nada tiene que ver con el sentimiento o culto religioso. Por otra parte, ningún derecho le asiste a la peticionaria para impedir la exhumación de los restos de su hijo, porque teniendo en cuenta que este dejó descendencia, de acuerdo con el Código Civil el derecho de disponer de los despojos mortales de una persona recae sobre sus hijos y, por lo tanto, Luz Marina Vargas del Valle, en su condición de representante legal de sus hijos menores Juan David y Jorge Ignacio, es quien puede o no disponer la exhumación de los restos del difunto. Finalmente, coinciden los juzgadores de instancia en que el amparo no es procedente, toda vez que no se dan las causales contempladas en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 para que sea viable la tutela contra particulares, porque la demandada no está encargada de la prestación de un servicio público, ni la demandante se encuentra, con respecto a ella, en condiciones de subordinación o indefensión, aparte de que el ejercicio del derecho de la señora Luz Marina Vargas del Valle a exhumar el cadáver de su esposo, no es atentatorio contra los derechos fundamentales de la peticionaria. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. 1. Procedencia de la tutela contra el particular que tiene a su cargo la administración de un cementerio. Contrariamente a lo considerado por los juzgadores de primera y segunda instancia, en el presente caso la acción de tutela formalmente es procedente contra la administración del Parque Cementerio Campos de Paz de la ciudad de Medellín, pues de conformidad con el numeral 8 del articulo 42 del decreto 2591, dicha acción es viable contra el particular encargado de la prestación de un servicio público. En efecto, la función relativa a la administración de cementerios, que comprende una variedad de actividades, como son, entre otras, su conservación y mantenimiento, la inhumación y exhumación de cadáveres, la permisión de la exteriorización o manifestación de diferentes conductas atinentes a prácticas o costumbres personales y cultos religiosos, constituye un verdadero servicio público, pues está encaminado a satisfacer una necesidad colectiva. 2. Titularidad del derecho a decidir la exhumación. En la sentencia T-162/94[1] de la Sala Tercera de Revisión se analizó ampliamente la cuestión atinente a la naturaleza y titularidad de los derechos de inhumación y a decidir la exhumación de los restos mortales de una persona, en los siguientes términos, que esta Sala prohíja, no obstante las precisiones que más adelante se hacen por ameritarla la situación concreta que se debate: "I. Quién tiene derecho a exhumar un cadáver?" (...) "4. Definida de esta manera la naturaleza del derecho, es necesario ahora  esclarecer su titularidad. En lo que respecta a la exhumación de los restos, nadie duda de que son los familiares los llamados a reclamar tal derecho. Sin embargo, este criterio no es suficiente para resolver disputas que sobre el particular se susciten entre sus deudos. En estas circunstancias, lo más razonable es pensar que corresponde decidir sobre la exhumación a quienes han definido, organizado y pagado el entierro y la tumba. Si una parte de la familia no participa en las diligencias y expensas del entierro, es natural que no pueda tener el derecho de trasladar los restos a otra bóveda o a otro cementerio". "5. La vinculación que los miembros de una familia mantienen con sus muertos es de tipo simbólico y religioso, mediatizada por objetos materiales que evocan un determinado sentido, pero que no tienen significación alguna por fuera de dicho poder de evocación. La sepultura cumple esta función mediatizadora, que en términos jurídicos puede ser explicada como un derecho que se materializa en la posibilidad de construir una tumba, mantenerla y visitarla. Se trata de una relación similar a la que los creyentes mantienen con los objetos de culto. Es el derecho a conservar el objeto material depositario de la evocación simbólica". "En este orden de ideas, le corresponde a la familia, o a la parte de la familia que realizó el entierro, el derecho de decidir sobre el traslado de los restos. Este criterio es idóneo cuando se trata de conflictos entre miembros de familia con igual derecho sucesoral. Sin embargo, el problema subsiste en aquellos casos en los cuales se presentan familiares con derechos sucesorales diferentes. Para resolver este dilema, es necesario acudir al origen mismo del asunto planteado, y resolver las dudas que allí se presentan sobre  la persona titular del derecho a enterrar el difunto. Formulada en los términos del derecho civil la pregunta es la siguiente, ¿a quién pertenece el derecho que se tiene sobre el cadáver; es decir, a quién corresponde el derecho que consiste en  disponer de una tumba, conservarla y cuidarla ?". "II. El derecho de inhumación". (...) "2. La disposición de cadáveres es entonces un asunto regido por normas de orden público, que protegen, en primer término, la moral individual y comunitaria que exige una actitud de respeto y recogimiento frente a los muertos y, en segundo lugar, la salubridad pública. En relación con lo primero, el código penal impone una sanción de uno a tres años a quien sustraiga un cadáver o ejecute actos de irrespeto sobre el mismo (art. 297).  Respecto de lo segundo, la ley 9 de 1979 exige licencia sanitaria  proveniente de la autoridad competente para permitir la exhumación de un cadáver (art. 535). La misma ley le otorgó al Ministerio de salud la facultad de expedir las disposiciones sanitarias bajo las cuales deben funcionar todos los cementerios (art. 539)". "De otra parte, el decreto 1172 de 1989, reglamentario de la ley 9 citada, consagra un conjunto de normas relativas a la "disposición de órganos o componentes anatómicos y transplantes". El artículo 19 de dicha legislación resulta útil para solucionar el problema planteado al inicio de este apartado. Dice la norma que:" "(...) cuando quiera que  deba expresarse el consentimiento, bien sea como deudo de una persona fallecida o en otra condición, se tendrá en cuenta el siguiente orden: 1. El cónyuge no divorciado o separado de cuerpos 2. Los hijos legítimos o naturales, mayores de edad. 3. Los padres legítimos o naturales. 4. Los hermanos legítimos o naturales, mayores de edad. 5. Los abuelos y nietos. (...).." "Cuando quiera que a personas ubicadas dentro del mismo numeral de este artículo, corresponda expresar su consentimiento, en ausencia de otras con mayor derecho dentro del orden allí señalado, y manifiesten voluntad encontrada, prevalecerá la de la mayoría. En caso de empate se entenderá negado el consentimiento" "Para efectos de donación formal o para ejercer el derecho de oponerse a que se refiere el inciso 2° del artículo 4° de este decreto, serán tomados en cuenta los deudos que se presenten  y acrediten su condición  dentro del lapso de seis horas contemplado en los artículos cuarto y noveno del mismo". "3. El orden de prioridades respecto del consentimiento que se debe dar para efectos de donación de órganos, guarda analogía con la decisión respecto de la inhumación. La capacidad para decidir las circunstancias propias del entierro del cadáver, debe tener fundamento igual al que se exige de quien pretende donar una parte de cuerpo inerte". "4. En síntesis, las personas indicadas en este artículo tienen un derecho sobre el cadáver, que consiste en la posibilidad de decidir las circunstancias propias del funeral y de diseñar y mantener la tumba en un cementerio, de acuerdo con las disposiciones que regulan estos espacios". (...) 3. Alcance constitucional del derecho a exhumar un cadáver. En la referida sentencia, se aludió al sentido jurídico del sepulcro "concebido como un objeto simbólico depositario de valores religiosos" y se concluyó luego de analizar el valor y la significación católica del cadáver, que como en materia de creencias religiosas no existe restricción alguna, la pretensión de una persona de venerar la tumba de un ser querido se encuentra protegida constitucionalmente por el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 de la Constitución que garantiza la libertad de cultos, pues este puede asumir formas variadas, tales como la de profesar una religión, difundir sus ideas, la reunión en templos o casas para prácticas de adoración o la colocación de los restos mortales de su parientes en determinados sitios para visitarlos y venerarlos. 4. El caso concreto. En el contrato de arrendamiento con el Parque Cementerio Campos de Paz de Medellín, relativo a la sepultura del cadáver de Rodrigo Antonio Higuita Londoño, se define el derecho del usuario a dar sepultura a dicho cadáver en el lote asignado, en el cual puede permanecer durante un lapso de cuatro años. Cumplido dicho término, y si no se ha prorrogado el contrato, termina "ipso facto et ipso iure", el derecho del usuario sobre dicho lote, en tal forma que debe desocuparlo, exhumando los restos que en el tiene depositados; si el usuario no lo hiciere así, autoriza de manera formal a Campos de Paz para que lo haga y deposite los restos de la persona inhumada en una fosa común con el debido respeto. En el Reglamento interno del Cementerio Campos de Paz de Medellín se señala en lo atinente al derecho a la exhumación del cadáver que "las personas autorizadas para ordenar o permitir exhumaciones serán los parientes, en los grados y orden de prelación consagrados en el Código Civil", que son los precisados en el artículo 1045 del Código Civil, modificado por el artículo 4 de la ley 29 de 1982, esto es, en primer término, los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales. No es procedente, en el caso que nos ocupa, excluir la aplicación de las normas del Código Civil y acudir a la razonable analogía señalada en la sentencia T-162/94, en la cual se invoca la aplicación del Decreto 1171 de 1989, para efectos de determinar el titular del derecho a exhumar el cadáver, toda vez que existe de por medio un contrato de arrendamiento y un reglamento interno, ambos de obligatorio cumplimiento para los contratantes que, para efectos de la titularidad del derecho a la exhumación remiten a las disposiciones del Código Civil en materia sucesoral, cuyas cláusulas y normas no desconocen disposiciones de orden público ni los derechos fundamentales de las personas a las cuales vinculan los referidos instrumentos. Así entonces, el derecho preferencial para disponer sobre la exhumación del cadáver de Rodrigo Antonio Higuita Londoño, lo tienen sus hijos menores, representados por la cónyuge superstite Luz Marina Vargas del Valle. No tiene en consecuencia la peticionaria, el derecho a exhumar el mencionado cadáver. Finalmente, debe anotarse que por el simple hecho de que Luz Marina Vargas del Valle, en representación de sus hijos, exhume el cadáver de su cónyuge Rodrigo Antonio Higuita Acevedo, no se amenaza o vulnera el derecho de la peticionaria a visitar y venerar la tumba de su hijo, pues no existe prueba de la cual se puede inferir que ello se le pueda impedir. Por lo anterior, con las precisiones contenidas en la parte motiva de esta providencia, se confirmarán las sentencias de instancia. IV. DECISION Por las razones expuestas, la Corte Constitucional de la República de Colombia, actuando en Sala de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO.- Confirmar los fallos proferidos por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín -Sala de Decisión Penal y por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma ciudad, mediante los cuales se decidió denegar la tutela impetrada por la señora Virgelina Acevedo de Higuita. SEGUNDO.- Líbrese por la Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado Ponente CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General. [1] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

T-518-95 Sentencia No Sentencia No. T-518/95 ACCION DE TUTELA-Procedencia Quien se sienta amenazado o vulnerado por alguna actuación u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos que exprese la ley, puede invocar y hacer efectivos sus derechos constitucionales a través de las acciones contenidas en el ordenamiento, incluyendo la acción de tutela pero sólo en aquellos casos en los que el sistema jurídico haya dejado un vacío que impida a las personas una plena protección de sus derechos esenciales. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia/VIA DE HECHO-Procedencia excepcional de tutela En lo que tiene que ver con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ésta resulta procedente en todos aquellos casos en los que la actuación de la autoridad judicial carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha denominado como "vía de hecho". VIA DE HECHO-Concepto Las "vías de hecho" implican una decisión judicial contraria a la Constitución y a la Ley, que desconoce la obligación del Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y según las pruebas aportadas al mismo. Los servidores públicos y específicamente los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las normas en forma arbitraria, pues ello implica abandonar el ámbito de la legalidad y pasar a formar parte de actuaciones de hecho contrarias al Estado de derecho, que pueden ser amparadas a través de la acción de tutela. No toda irregularidad procesal genera una vía de hecho, más aún cuando quien se dice afectado tiene la posibilidad de acudir a los mecanismos ordinarios establecidos para solicitar la protección de sus derechos; pues no puede olvidarse que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario, es decir, que sólo es procedente a falta de otros mecanismos de defensa judicial. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Alcance del fallo La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales no autoriza al Juez constitucional para entrar a resolver sobre la cuestión litigiosa controvertida dentro del proceso, pues su labor se limita a analizar la conducta adoptada por el funcionario judicial, la cual se concreta a través de la providencia demandada. Si la decisión no es producto de una actuación arbitraria o abusiva sino el resultado de una confrontación objetiva y seria entre la normatividad aplicable y el caso concreto, dicha actuación no puede ser objeto de amparo constitucional a través del mecanismo de la acción de tutela. La labor del Juez constitucional, se limita a determinar si la actuación de la autoridad es producto de una actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, mas no hace parte de sus funciones el inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial, tomando decisiones paralelas a las que cumple quien en ejercicio de su función constitucional lo conduce, pues no pueden desconocerse los conceptos y principios de autonomía, independencia de los jueces, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del Estado social de derecho. El Juez, dentro del ámbito de su competencia, goza de plena libertad para interpretar las disposiciones legales aplicables a un caso concreto, aun cuando dicha interpretación sea contraria a los intereses de las partes. VIA DE HECHO-Ejecución de obligaciones laborales/ INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Ejecución de obligaciones laborales/PROCESO EJECUTIVO LABORAL-Embargabilidad de bienes La decisión del Tribunal no encaja dentro de las premisas que determinan la existencia de una vía de hecho, pues su actuación no es el resultado de una conducta arbitraria opuesta a la ley y, por el contrario, la misma se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico existente. La conclusión a que ha llegado esta Sala, tiene como base la razonabilidad de los fundamentos jurídicos tomados en cuenta por el Tribunal en el auto en comento, y en su competencia autónoma para decidir sobre todos aquellos asuntos sometidos a su consideración. La actuación del Tribunal al negar en forma temporal el mandamiento de pago solicitado contra el ISS, se fundamentó en el hecho de que los bienes de dicha entidad hacían parte del presupuesto general de la Nación y por tanto su ejecución debía adelantarse de acuerdo con el trámite establecido. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Pago de pensiones En las leyes de presupuesto anual se advierten claramente los aportes hechos a favor del Instituto, y a su vez, señala que "la Nación asumirá el pago de pensiones reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales, la Caja Nacional de Previsión y otras cajas o fondos del sector público sustituidos por el fondo de pensiones públicas del nivel nacional, incluido este último, en cuanto se agotasen las reservas constituidas para el efecto y sólo por el monto de dicho faltante". INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Naturaleza El ISS es una entidad pública, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que hace parte del gobierno central y cuyos recursos y rentas están involucrados en el Presupesto General de la Nación. Y aun cuando efectivamente la entidad recibe aportes particulares, éstos son producto de una imposición del Estado que a su vez cumplen una finalidad pública, y cuya administración y disposición corresponde al gobierno central, hasta el punto de que las utilidades producto de los aportes y de los demás bienes públicos  son propiedad de la Nación. EJECUCION DE ENTIDADES PUBLICAS-Título base Para el pago de una cantidad líquida de dinero, producto de obligaciones laborales señaló esta Corporación que se hace claridad sobre la ejecución de las entidades públicas, sin importar que el derecho provenga de un acto administrativo o de una resolución judicial ordinaria o contencioso administrativa, lo cierto es que ésta debe adelantarse. Por tanto, no puede afirmarse como lo hace la demandante, que la disposición sólo se aplica frente a decisiones provenientes de la jurisdicción contenciosa, pues la norma no hace distinción alguna y por el contrario se refiere de manera general a la ejecutabilidad de las condenas contra la Nación y las Entidades Descentralizadas ante la justicia ordinaria, despues de transcurridos dieciocho meses de ejecutoriada la condena. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA LABORAL-Inmediatez La ejecutabilidad de la entidad por vía judicial se refiere al fin último para lograr el cumplimiento de la condena, "las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento." Lo anterior quiere significar que las mencionadas autoridades deben procurar el cumplimiento de la sentencia dentro del menor tiempo posible, sin que sea necesario tomarse el término de 18 meses, ya que de lo que se trata es de evitar que se causen los intereses comerciales y moratorios en perjuicio del erario público y que en últimas se ejecute al Estado. Ref.:  Expediente No. T-75.675 Peticionario: Soledad Montoya Vda. de Restrepo Procedencia: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Tema:  Vías de hecho. Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Santafé de Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela radicado bajo el número T-75.675, adelantado por Soledad Montoya Vda. de Restrepo, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efecto de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión. 1. Solicitud La señora Soledad Montoya Vda. de Restrepo por intermedio de apoderado, interpuso ante el Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil de Decisión, acción de tutela, con el fin de amparar su derecho fundamental al debido proceso, e indirectamente su derecho a la vida y a la subsistencia consagrados en los artículos 11 y 29 de la Constitución Política. 2. Hechos Afirma la peticionaria que inició ante el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, proceso ordinario laboral contra el Instituto de Seguros Sociales -ISS- con el fin de que éste fuera condenado al reconocimiento y pago de su pensión de vejez. La sentencia dictada el 10 de junio de 1994 y confirmada por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, condenó al instituto a pagarle su pensión de vejez a partir de enero de 1993. Señala igualmente que una vez ejecutoriada la decisión, el -ISS- no le dio cumplimiento a la misma, razón por la cual, a continuación del proceso ordinario, presentó demanda ejecutiva para obtener el pago de la condena. Sin embargo, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín mediante auto de fecha 8 de febrero de 1995, negó el mandamiento de pago sosteniendo que debía aplicarse por analogía el artículo 177 del C.C.A.. La decisión a su vez fue apelada por la demandante, y la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín la confirmó, argumentando además que el -ISS- es una Empresa Industrial y Comercial del Estado cuyo patrimonio hace parte del presupuesto General de la Nación; por tanto sus bienes son inembargables y su ejecución sólo es procedente una vez se haya cumplido el término señalado en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 16 de la Ley 38 de 1989. La negativa del Tribunal de acceder a la demanda ejecutiva es considerada por la parte actora como arbitraria, ilegal e injustificada (vía de hecho), toda vez que el -ISS- como empresa industrial y comercial del Estado tiene recursos y bienes que no se entienden incorporados al presupuesto general de la Nación y por tanto reciben un tratamiento jurídico similar al que se otorga a los particulares, siendo entonces aplicables las normas generales del procedimiento (laboral y civil) y no las de carácter administrativo. Finalmente señala la actora, que las normas excepcionales no pueden ser interpretadas en una forma extensiva y por tanto la posición del Tribunal obedece a una equivocada interpretación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 3. Pretensiones Solicita la actora que, como consecuencia del amparo de los derechos conculcados, se ordene al Tribual Superior de Medellín, Sala de Decisión Laboral, proferir el mandamiento ejecutivo y la orden de embargo respectiva. II. ACTUACION JUDICIAL 1. Primera instancia La Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, mediante providencia de fecha 5 de junio de 1995, resolvió negar la acción de tutela interpuesta por la señora Soledad Montoya Vda. de Restrepo, por considerar que el auto de fecha 8 de febrero del presente año no constituye una vía de hecho, toda vez que no es fruto de su voluntad o capricho y, por el contrario, está debidamente motivada con fundamentos razonables y objetivos. 2. Impugnación Por memorial presentado el día 12 de junio  de 1995, el apoderado de la parte actora impugnó el fallo, por considerar que las empresas industriales y comerciales del Estado se asimilan en su tratamiento jurídico a los particulares. Sostiene que para que éstas tengan un tratamiento jurídico diferente, es necesario que exista una norma que consagre el tratamiento excepcional. Por tanto, la abierta ilegalidad de la decisión del tribunal radica precisamente en la inexistencia de norma alguna que establezca la inejecutabilidad e inembargabilidad de las empresas industriales y comerciales del Estado. 3. Segunda instancia Mediante providencia de fecha siete (7) de julio del año en curso, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió confirmar la decisión proferida por el juzgador de primera instancia, señalando que el auto objeto de la presente acción no fue el producto del capricho o de la voluntad del sentenciador y por el contrario fue el resultado de la confrontación entre la normatividad que los falladores de instancia creyeron atribuible al caso y la jurisprudencia existente en relación con el tema. Ello descarta la posibilidad de que en el presente caso se haya incurrido en una vía de hecho, como pretende demostrarlo la actora. Sobre el particular señaló: "En efecto, en la operación mental dirigida a dirimir un determinado litigio, el juzgador debe efectuar la interpretación en cuanto al contenido de las normas que considera aplicables y la valoración de las pruebas arrimadas al caso, proceso mediante el cual puede obtener un incuestionable acierto, o, por el contrario, equivocarse en la aplicación de la norma o en la interpretación de aquella, sin que, de todos modos, el juicio de valor obtenido pueda replantearse por fuera del proceso." IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia. 2. Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales La jurisprudencia constitucional ha señalado en forma reiterada que la acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, ha sido concebida para solucionar en forma eficiente todos aquellas situaciones de hecho generadas por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que impliquen necesariamente la amenaza o vulneración de un derecho fundamental. Sin embargo, dicha acción tiene la característica de ser subsidiaria, es decir, que sólo procede en aquellos eventos en los cuales el sistema jurídico no ha concebido ningún otro mecanismo de defensa  que pueda ser invocado frente a las autoridades judiciales para proteger el derecho, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual sus efectos son temporales quedando supeditado a lo que se resuelva de fondo por la autoridad competente. Así entonces, este instrumento jurídico no ha sido consagrado como medio para remplazar o sustituir los procedimientos ordinarios existentes, ni es tampoco un ordenamiento alternativo, adicional o complementario de esos procesos, ya que el propósito específico de su existencia, es el de brindar a la persona una protección efectiva, actual y supletoria de sus derechos constitucionales fundamentales. Sobre el particular, ha señalado esta Corporación: "No es la tutela un procedimiento que sirva para suplir las deficiencias en que las partes, al defender sus derechos en los procesos, puedan incurrir, porque se convertiría en una instancia de definición de derechos ordinarios, como lo pretende la solicitante, y no como lo prevé la Carta Política para definir la violación de Derechos Constitucionales Fundamentales. "La acción de tutela procede contra las decisiones u omisiones de cualquier autoridad pública o de particulares, cuando éstos violen o amenacen violar derechos fundamentales, a fin de evitar un atentado contra la dignidad de la persona humana. Las manifiestas violaciones a dicha condición inherente del ser humano encontrarán un valioso recurso en la denominada Acción de Tutela, cuando no pueda mediar otro correctivo judicial. Así, tiene la mencionada acción el carácter de supletiva, mas no de sustitutiva de las competencias constitucionales y legales de las autoridades públicas, en el presente caso para impartir justicia". (Sentencia No. T-08 de 1992, Magistrado Ponente, doctor Fabio Morón Díaz) En otro fallo relacionado con el tema se dispuso: "(...) tan sólo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (artículo 86, inciso 3°, de la Constitución)" (..). (Sentencia No. C-543 de 1992, Magistrado Ponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo). De acuerdo con lo anterior, quien se sienta amenazado o vulnerado por alguna actuación u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos que exprese la ley, puede invocar y hacer efectivos sus derechos constitucionales a través de las acciones contenidas en el ordenamiento, incluyendo la acción de tutela pero sólo en aquellos casos en los que el sistema jurídico haya dejado un vacío que impida a las personas una plena protección de sus derechos esenciales. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la doctrina constitucional (Sentencia No. C-543 de 1992) ha sostenido en forma reiterada que ésta resulta procedente en todos aquellos casos en los que la actuación de la autoridad judicial carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha denominado como "vía de hecho". Sobre el tema debatido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha expresado: "(...) La vulneración de los derechos fundamentales por parte de servidores públicos que actúan sin fundamento objetivo y razonable, y obedecen a motivaciones internas, desconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona (CP. art. 5), la protección constitucional de los derechos fundamentales (CP. art. 86) y la prevalencia del derecho sustancial (CP. art. 228). En caso de demostrarse su ocurrencia, el juez de tutela deberá examinar la pertenencia al mundo jurídico y proceder a la defensa de los derechos fundamentales vulnerados en el curso de una vía de hecho por parte de la autoridad pública" (negrillas fuera de texto). (sentencia No. T-79 de 26 de febrero de 1993, Magistrado Ponente doctor Eduardo Cifuentes Muñoz). En relación con el tema, esta Sala ha señalado: "Aunque esta Corte declaró inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, la doctrina acogida por esta misma Corporación, ha señalado que es procedente la acción de tutela cuando se ejerce para impedir que las autoridades públicas, mediante vías de hecho, vulneren o amenacen derechos fundamentales (negrillas fuera de texto). (Sentencia No. T-158 de 26 de abril de 1993,  Magistrado Ponente doctor Vladimiro Naranjo Mesa). En otro pronunciamiento dijo esta Corporación: "(...) la doctrina de la Corte ha efectuado un análisis material y ha establecido una diáfana distinción entre las providencias judiciales -que son invulnerables a la acción de tutela en cuanto corresponden al ejercicio autónomo de la función judicial y respecto de las cuales existen, dentro del respectivo proceso, los medios judiciales de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico- y las vías de hecho por cuyo medio, bajo la forma de una providencia judicial, quien debería administrar justicia quebranta en realidad los principios que la inspiran y abusa de la autonomía que la Carta Política reconoce a su función, para vulnerar en cambio los derechos básicos de las personas. "En ese orden de ideas, la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho. "En tales casos, desde luego, el objeto de la acción y de la orden judicial que puede impartirse no toca con la cuestión litigiosa que se debate en el proceso, sino que se circunscribe al acto encubierto mediante el cual se viola o amenaza un derecho fundamental. (Sentencia No. T-173 de 1993, Magistrado Ponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo). Así entonces, las "vías de hecho" implican una decisión judicial contraria a la Constitución y a la Ley, que desconoce la obligación del Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y según las pruebas aportadas al mismo. Los servidores públicos y específicamente los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las normas en forma arbitraria, pues ello implica abandonar el ámbito de la legalidad y pasar a formar parte de actuaciones de hecho contrarias al Estado de derecho, que pueden ser amparadas a través de la acción de tutela. Ahora bien, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales no autoriza al Juez constitucional para entrar a resolver sobre la cuestión litigiosa controvertida dentro del proceso, pues su labor se limita a analizar la conducta adoptada por el funcionario judicial, la cual se concreta a través de la providencia demandada. En virtud de lo anterior, si la decisión no es producto de una actuación arbitraria o abusiva sino el resultado de una confrontación objetiva y seria entre la normatividad aplicable y el caso concreto, dicha actuación no puede ser objeto de amparo constitucional a través del mecanismo de la acción de tutela. Así mismo es importante advertir que no toda irregularidad procesal genera una vía de hecho, más aún cuando quien se dice afectado tiene la posibilidad de acudir a los mecanismos ordinarios establecidos para solicitar la protección de sus derechos; pues no puede olvidarse que de acuerdo con el artículo 86 de la Carta Política la acción de tutela tiene un carácter subsidiario, es decir, que sólo es procedente a falta de otros mecanismos de defensa judicial. 3. El caso concreto De la solicitud de tutela se deduce que la actora hace recaer la supuesta violación de su derecho al debido proceso, en la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín de fecha 27 de marzo de 1995, que confirmó el auto del Juzgado Once (11) Laboral, a través del cual se negó el mandamiento de pago y la medida de embargo que solicitó la demandante contra el Instituto de los Seguros Sociales. Cabe anotar, que se invocó como título ejecutivo una sentencia proferida por el propio Juzgado Once (11) Laboral, que condenó a la entidad al pago de la pensión de vejez a favor de la señora Soledad Montoya Vda. de Restrepo, desde el primero de enero de 1993. La Sala Laboral del Tribunal que negó el mandamiento de pago, esgrimió entre otros argumentos los siguientes: 1.- El Instituto de los Seguros Sociales es una Empresa Industrial y Comercial del Estado (Decreto 2148/92) que hace parte de la estructura general de la Rama Ejecutiva (artículo 115 de la C.P.). Como ente descentralizado del orden nacional, goza de un trato preferencial cuando se presenta como deudor de una obligación como la que se invoca en este caso, ya que los bienes que se pretende embargar se encuentran involucrados en el presupuesto general de la Nación, y por tanto son inembargables. 2.- La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia reconocía la inembargabilidad de los bienes y recursos del Estado, incorporados al citado presupuesto y en igual sentido se pronunció la Corte Constitucional en fallos de octubre de 1992 y enero 25 de 1993. 3.- La situación que se plantea en el caso particular no está resuelta por las normas que regulan el juicio ejecutivo laboral, ni por el C. de P. C. al cual remite el artículo 145 del C. de P. L. para llenar esos vacíos procesales. Por esta razón y en virtud del principio de la integración normativa ( art. 8o. de la ley 153 de 1887), debe acudirse al artículo 16 de la ley 38 de 1989, el cual dispone que "la forma de pago de las sentencias a cargo de la Nación se efectuará de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo y demás disposiciones legales concordantes", esto es, conforme lo indica el artículo 177 del C.C.A. Las anteriores consideraciones según la parte actora, son producto de una interpretación errónea de la ley y la jurisprudencia; por tanto, constitutivas de una vía de hecho que vulnera no sólo su derecho al debido proceso, sino también su derecho a la vida y a la subsistencia. Al respecto es importante reiterar que la labor del Juez constitucional en lo que se refiere a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se limita a determinar si la actuación de la autoridad es producto de una actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, mas no hace parte de sus funciones el inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial, tomando decisiones paralelas a las que cumple quien en ejercicio de su función constitucional lo conduce, pues no pueden desconocerse los conceptos y principios de autonomía, independencia de los jueces, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del Estado social de derecho consagrados en la Carta Política de 1991. Así mismo, cabe anotar que el Juez, dentro del ámbito de su competencia, goza de plena libertad para interpretar las disposiciones legales aplicables a un caso concreto, aun cuando dicha interpretación sea contraria a los intereses de las partes. Ello no implica, de ninguna forma, la existencia de una vía de hecho, la cual sólo sería procedente frente a una conducta absolutamente grave e ilícita del juez, es decir, ante una absoluta falta de competencia o contrariando en forma grosera y brutal el orden jurídico. Frente al caso concreto, encuentra la Sala que la decisión del Tribunal Superior de Medellín no encaja dentro de las premisas que determinan la existencia de una vía de hecho, pues su actuación no es el resultado de una conducta arbitraria opuesta a la ley y, por el contrario, la misma se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico existente. La conclusión a que ha llegado esta Sala, tiene como base la razonabilidad de los fundamentos jurídicos tomados en cuenta por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín en el auto en comento, y en su competencia autónoma para decidir sobre todos aquellos asuntos sometidos a su consideración. La actuación del Tribunal al negar en forma temporal el mandamiento de pago solicitado por la señora Soledad Montoya vda. de Restrepo contra el Instituto de los Seguros Sociales, se fundamentó como se dijo, en el hecho de que los bienes de dicha entidad hacían parte del presupuesto general de la Nación y por tanto su ejecución debía adelantarse de acuerdo con el trámite establecido en el artículo 177 del C.C.A.. Así, entonces, si en la decisión en principio se determinó el carácter inembargable de los bienes de la entidad condenada, también se reconoció su procedibilidad cuando se trata de cumplir obligaciones laborales como la que se debate, pero acorde con las decisiones jurisprudenciales no sólo de la Corte Suprema de Justicia, sino también de esta Corporación, que en la sentencia C-546 de 1992 declaró la exequibilidad condicionada del artículo 16 de la ley 38 de 1989, en cuanto que las rentas y recursos incorporados en el presupuesto nacional son inembargables, salvo que se trata de la ejecución de obligaciones laborales la cual debe adelantarse de conformidad con el artículo 177 del C.C.A. (esto último por disposición de esta Corporación). Ahora bien, las razones que tuvo el Tribunal para sostener que los bienes que conforman el patrimonio del Instituto de los Seguros Sociales están involucrados en el presupuesto general de la Nación, y por tanto en principios inembargables, encuentra respaldo legal en el Decreto 2148 de 1992 y la ley 100 de 1993 que definen la entidad como una empresa Industrial y Comercial del Estado. El capital de dichas entidades, en virtud del artículo 6o. del Decreto 1050 de 1968, es público, constituido con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de impuestos, tasas o contribuciones de destinación especial. Para el caso particular de los Seguros Sociales el artículo 17 del Decreto 1650 de 1977, dispone que los recursos de la entidad lo conforman aportes privados (cotizaciones patrono-trabajador), impuestos y tasas específicas, transferencias de los presupuestos nacional, departamental o municipal entre otros. Igualmente, el artículo 129 del mismo ordenamiento señala que "El Gobierno Nacional apropiará anualmente en el Presupuesto a favor del Instituto de los Seguros Sociales, las partidas que demanden el servicio (...)" y el artículo 93 de dicha norma, delega en la Contraloría General de la República el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal de la entidad. Así mismo, la ley orgánica del presupuesto -Ley 38 de 1989- incluye en su artículo 2o., a las empresas industriales y comerciales del Estado (2o. nivel de cobertura del Estatuto) y en el artículo 26 señala que "las utilidades de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son de propiedad de la Nación. El Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, en cada vigencia fiscal determinará en el Plan Operativo Anual de Inversión la cuantía de las utilidades que entrarán a ser parte de los recursos de capital del Presupuesto Nacional." El artículo 41 de la Ley 179 de 1994, por la cual se introducen modificaciones a la Ley 38 de 1989, dispone que "el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Nacional, será el centro de información presupuestal en el cual se consolidará lo pertinente a la programación, ejecución y seguimiento del Presupuesto General de la Nación, de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta con régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado dedicadas a actividades no financieras (...)". El artículo 10o. del mismo ordenamiento le asigna al Consejo Superior de Política Fiscal -Confis-, entre otras funciones la de "Aprobar y modificar, mediante resolución, los presupuestos de ingresos y gastos de las empresas industriales y comerciales del Estado (...)". Finalmente, en las leyes de presupuesto anual se advierten claramente los aportes hechos a favor del Instituto, y a su vez, la ley 100 de 1993, en su artículo 137, señala que "la Nación asumirá el pago de pensiones reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales, la Caja Nacional de Previsión y otras cajas o fondos del sector público sustituidos por el fondo de pensiones públicas del nivel nacional, incluido este último, en cuanto se agotasen las reservas constituidas para el efecto y sólo por el monto de dicho faltante". (Negrillas fuera de texto). De lo anterior se concluye que efectivamente fueron razones jurídicas las que llevaron al Tribunal Superior de Medellín a determinar que el Instituto de los Seguros Sociales es una entidad pública, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que hace parte del gobierno central y cuyos recursos y rentas están involucrados en el Presupesto General de la Nación. Y aun cuando efectivamente la entidad recibe aportes particulares, éstos son producto de una imposición del Estado que a su vez cumplen una finalidad pública, y cuya administración y disposición corresponde al gobierno central, hasta el punto de que las utilidades producto de los aportes y de los demás bienes públicos  son propiedad de la Nación. Ahora bien, en lo que se relaciona con la aplicación analógica del artículo 177 del C.C.A., sostenida por la autoridad demandada, esta afirmación se encuentra plenamente respaldada por las disposiciones legales que regulan la materia. Así, de existir un vacío tanto en el C.P.L. como en el C.P.C. en cuanto a la ejecutabilidad de este tipo de entidades, es apenas lógico pensar que quien interpreta la ley, acuda a normas análogas que conduzcan a esclarecer la premisa planteada (art 8o. de la ley 153 de 1887, art. 145 del C.P.L., art. 5 del C.P.C.). En el caso particular, el Tribunal tuvo en cuenta la Ley 38 de 1989 y el artículo 177 del C.C.A. que señala el procedimiento a seguir cuando se trata de ejecutar por vía judicial a las entidades descentralizadas -dieciocho (18) meses después de la ejecutoria de la condena-. Pero independientemente de que se haya presentado una interpretación analógica, lo cierto es que, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia constitucionales, el artículo 177 del C.C.A. adecúa y complementa el artículo 336 del C.P.C., en lo que se refiere a la ejecución de entidades de derecho público ante la justicia ordinaria, pues la mencionada norma del Código de Procedimiento Civil, cuando se trata de ejecutar a la Nación, remite al procedimiento contenido en al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, el cual a su vez contempla el procedimiento para ejecutar también a otras entidades como las descentralizadas, dentro de las que se entiende incluidas las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Sobre la aplicación del artículo 177 del C.C.A., para el pago de una cantidad líquida de dinero, producto de obligaciones laborales señaló esta Corporación en la sentencia C-546 de 1992, lo siguiente: "En consecuencia, esta Corporación estima que los actos administrativos que contengan obligaciones laborales en favor de los servidores públicos deben poseer la misma garantía que las sentencias judiciales, esto es, que puedan prestar mérito ejecutivo -y embargo- a los dieciocho (18) meses después de haber sido ejecutoriados, de conformidad con el artículo 177 del código contencioso administrativo, que dice en sus incisos primero y cuarto: 'Artículo 177.- Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada...' 'Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria...' "En consecuencia, esta Corte considera que  en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas  incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos  del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo." (negrillas fuera de texto). La sentencia citada hace claridad sobre la ejecución de las entidades públicas, sin importar que el derecho provenga de un acto administrativo o de una resolución judicial ordinaria o contencioso administrativa, lo cierto es que ésta debe adelantarse de acuerdo con el contenido del artículo 177 del C.C.A.. Por tanto, no puede afirmarse como lo hace la demandante, que la disposición sólo se aplica frente a decisiones provenientes de la jurisdicción contenciosa, pues la norma no hace distinción alguna y por el contrario se refiere de manera general a la ejecutabilidad de las condenas contra la Nación y las Entidades Descentralizadas ante la justicia ordinaria, despues de transcurridos dieciocho (18) meses de ejecutoriada la condena. Sobre la importancia y aplicabilidad del artículo 177 del C.C.A., frente al trámite a seguir para hacer cumplir las condenas impuestas a los entes públicos referidos, dijo la sentencia No. C-103 de 1995 de la Corte Constitucional lo siguiente: "La sentencia C-546, como se ve, encontró ajustada ala Constitución la inembargabilidad general de las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, con la excepción dicha. Y, además, no hizo reparo alguno al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo." (negrillas fuera de texto) (Magistrado Ponente, doctor Jorge Arango Mejía). Ahora bien, cabe señalar que la ejecutabilidad de la entidad por vía judicial se refiere al fin último para lograr el cumplimiento de la condena, pues de acuerdo con el artículo 176 del mismo ordenamiento, "las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento." Lo anterior quiere significar que las mencionadas autoridades deben procurar el cumplimiento de la sentencia dentro del menor tiempo posible, sin que sea necesario tomarse el término de 18 meses a que hace referencia el artículo 177, ya que de lo que se trata es de evitar que se causen los intereses comerciales y moratorios (art. 177 C.C.A.) en perjuicio del erario público y que en últimas se ejecute al Estado. Todo lo anterior nos lleva a reiterar lo dicho por esta Sala, en el sentido de que no se encuentra en la decisión cuestionada una flagrante y arbitraria violación del debido proceso que conduzca a calificar la actuación dentro de las consignas propias de una vía de hecho, razón por la cual no pueden protegerse los derechos alegados en la presente acción de tutela. Finalmente, cabe agregar que tampoco es procedente esta acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, porque no se encuentra la actora en un estado de indefensión, ya que no sólo existe un procedimiento específico para reclamar del derecho su exigibilidad por vía judicial, sino porque además, está recibiendo en la actualidad una pensión de sobrevivientes por parte de Cajanal, tal como aparece probado en el expediente. En virtud de lo anterior, la Sala habrá de confirmar el fallo de fecha 7 de julio de 1995, proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, por las consideraciones consignadas en esta providencia. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de fecha 7 de julio de 1995, proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó a su vez la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, que negó la acción de tutela interpuesta por la señora Soledad Montoya Vda. de Restrepo. SEGUNDO: ORDENAR que por la Secretaría General de esta Corporación, se comunique el contenido de esta providencia a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado Ponente JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-526-95 Sentencia No Sentencia No. T-526/95 PENSION DE SOBREVIVIENTES-Suspensión del aporte patronal/DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Suspensión pago de pensión/MESADA PENSIONAL-Suspensión de pago El ISS no puede, dada la naturaleza del derecho a la seguridad social, suspender el pago de las mesadas pensionales, con ocasión de la mora causada por la entidad contratante, porque con ello vulnera o amenaza el derecho fundamental a la seguridad social de la peticionaria; en efecto, observa la Sala que  existe una omisión del ISS, entidad que debe, una vez se presente la situación moratoria, iniciar las acciones judiciales y legales pertinentes para obtener la cancelación de lo adeudado por parte del patrono, y no trasladar las  consecuencias y sanciones de dicho incumplimiento. La situación de extrema fragilidad de la peticionaria, es razón suficiente para no permitir su desprotección temporal, pues con ello se estaría generando para la demandante un perjuicio irremediable, por la no percepción de la pensión de sobreviviente, que además es su único sustento, lo cual puede poner en peligro el derecho a la subsistencia digna, a la vida y la salud de la actora. Ref.: Expediente No. T-78721 Actora: Edelmira Osorio de Gonzaález Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ Santafé de Bogotá D.C., noviembre diecisiete (17) de mil novecientos noventa y cinco (1995) Procede la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados JORGE ARANGO MEJIA, VLADIMIRO NARANJO MESA y FABIO MORON DIAZ, a revisar el fallo proferido por el Juzgado  Cuarto Penal Municipal de Cali, de fecha 31 de julio de 1995, dentro de la acción de tutela iniciada por la señora Edelmira Osorio de González contra el Instituto de los Seguros Sociales Seccional del Valle del Cauca. El negocio llegó  a conocimiento de esta Sala de Revisión de la  Corte Constitucional por la vía ordinaria de la remisión que hizo el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cali, en virtud de lo ordenado por el artículo  31 del Decreto 2591 de 1991. Conforme a los artículos 86  de la Constitución Política, y 33 del Decreto ibidem, la Sala de Selección de la Corte eligió para efectos de revisión, la presente acción de tutela. I.   ANTECEDENTES Los Hechos Afirma la accionante Edelmira Osorio de González, que en su calidad de cónyuge, del señor Marcelino González Romero, fallecido, reclamó y obtuvo, por parte del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle, la pensión de jubilación de éste, la cual, sin embargo, le fue suspendida desde el mes de febrero  del año en curso, dado que el patrón "Empresa Curtiembres Porvenir de Bugalagrande", no había cancelado los aportes patronales de su esposo y otros beneficiarios, desde octubre de 1978 al 05 de febrero de 1980, según le informaron en el ISS, señalándole, además que hasta que la empresa cancele las obligaciones pendientes le volverán a cancelar la mesada pensional. La actora ha intentado varias veces reclamar el pago de la pensión de sobrevivientes,  ya que éste es su único  ingreso, para ello aportó al  expediente,  documentos en los que se comprueban las cotizaciones hechas por su fallecido cónyuge desde enero de 1979, y hasta febrero de 1986, es decir más de 345  semanas, así como las peticiones elevadas  a la Seccional del Valle del Cauca del ISS y  al patrón "Curtiembres El Porvenir de Bugalagrande", solicitando  el pago de su pensión. Posteriormente, aparece en el expediente comunicación del Instituto del Seguro Social  de fecha julio 25 de 1995, en la que se informa el motivo por el cual se le concede y posteriormente se le suspende la prestación de sobreviviente en su calidad de cónyuge del señor MARCELINO GONZALEZ ROMERO; la resolución mediante la cual se le suspendió el pago de la pensión le  fue notificada personalmente a la interesada el día 22 de febrero de 1995, sin que ésta impetrara los recursos de ley para poder agotar la vía gubernativa. Aparece igualmente, que fueron contestadas todas las solicitudes elevadas por ella a ese instituto de seguridad social. Finalmente, obra en el proceso que el causante cotizó en forma discontinua y con diferentes patronos de enero de 1967 a septiembre  del 1968; de octubre del 1972 a octubre del 1973; de marzo  del 1976 a septiembre del 1978.  Afirma el Instituto que el patrono no se ha presentado para que se le liquide el período en mora del pago de aportes.  Allega resoluciones ya obrantes en el expediente, lo mismo que comunicaciones varias dirigidas por el I.S.S. a la accionante. II.  LA DECISION JUDICIAL MATERIA DE REVISION A.  La sentencia que se revisa Por  reparto correspondió este proceso al Juzgado 4o. Penal Municipal de Cali, despacho que por sentencia de 31 de julio de 1995, resolvió negar por improcedente la acción de tutela instaurada, con base en las siguientes consideraciones: "El derecho fundamental, impetrado por la accionante señora EDELMIRA OSORIO DE GONZALEZ, no es otro que el 'DERECHO DE PETICION'  que consagra nuestra Constitución Nacional vigente en su artículo 23 que establece que 'toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución'.  Pues aduce la peticionaria, que luego de habérsele suspendido por el Instituto del Seguro Social, la pensión de sobrevivientes que le había sido concedida por ser esposa legítima del trabajador señor MARCELINO GONZALEZ ROMERO, ha elevado en varias oportunidades peticiones al I.S.S. respecto a que le expliquen el motivo por el cual no se le continuó pagando la prestación  de sobrevivientes que le había sido concedida, sin que hasta el momento se le haya dado una respuesta positiva. Agrega el Juez de tutela que: "Frente a esta facultad, debemos tener en cuenta que al solicitar o hacer una petición a las entidades públicas  o privadas, se debe dar el tiempo para que su respuesta se de, y con claridad primero que todo debemos saber que si hacemos una solicitud por escrito, la respuesta debe ser dada en igual forma, pero si la hacemos en forma verbal, ésta se puede suministrar en idéntica forma, así ésta no sea la forma más correcta: "Otro punto que debemos tener en claro, es que la respuesta dada no siempre debe ser la que esperamos, ya que puede ser positiva o negativa y ella no significa que se está vulnerando un derecho. "Con las pruebas allegadas al expediente como son los documentos aportados por la misma accionante señora EDELMIRA OSORIO DE GONZALEZ, se observa que le han sido respondidas oportunamente sus peticiones por parte del Instituto del Seguro Social Seccional del Valle del Cauca, División de Seguros Económicos y Prestaciones Económicas, en lo que respecta al motivo por el cual le fue suspendido el pago de la prestación de sobrevivientes,  por  ser la esposa legítima del trabajador de la Empresa de Curtiembres El Porvenir, señor MARCELINO GONZALEZ ROMERO, como también con la documentación enviada por el I.S.S. en respuesta a la comunicación  al despacho, se observa claramente que el derecho de PETICION; que aduce la accionante señora OSORIO DE GONZALEZ, no le ha sido vulnerado en ningún momento. "Así las cosas con lo expresado anteriormente, esta falladora de instancia considera que el derecho de petición invocado por la peticionaria  señora EDELMIRA OSORIO DE GONZALEZ, no se le está violando tal derecho.  Es por ello que en consecuencia procederá el despacho en la parte resolutiva de este proveído penal a no tutelarlo y a declarar improcedente la acción de tutela." III.   CONSIDERACIONES DE LA CORTE Primera.  La Competencia De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 inciso 3 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión es competente para pronunciarse sobre la sentencia que resolvió la acción de tutela de la referencia. Segunda.   La Materia El Derecho Fundamental a la Seguridad Social y su Garantía La acción de tutela que se revisa tiene como  beneficiaria a la señora Edelmira Osorio de González, en su condición de viuda del pensionado fallecido MARCELINO GONZALEZ ROMERO, por parte del ISS seccional Valle del Cauca, entidad que suspendió el pago de las mesadas pensionales de sobreviviente, dado el incumplimiento del último empleador del trabajador en el pago de las correspondientes  cotizaciones al Instituto de Seguro Social. Como lo ha expresado en diversas  oportunidades esta Corporación, el derecho a la seguridad social no está expresamente  consagrado en la Carta Magna, como un derecho fundamental. Sin embargo, este derecho adquiere el carácter de fundamental cuando, según las  circunstancias del caso, su falta de garantías tiene la posibilidad de   amenazar o poner en peligro  otros derechos y principios fundamentales como la vida, la dignidad humana, la igualdad o la salud (T-426/92); en este orden de ideas, es evidente que el derecho a disfrutar de una pensión en cualquiera de sus diversas modalidades, comparte la naturaleza de fundamental, en virtud de su derivación directa e inmediata del derecho al trabajo, considerado también como principio esencial del Estado Social de Derecho; siempre y cuando su titularidad recaiga en personas que gozan de su pensión, por diversas razones; es necesario también recordar que los derechos a la pensión de vejez, jubilación, sobrevivientes e invalidez, que adquieren y disfrutan los pensionados, merecen una especial consideración y tratamiento por parte del Estado, buscan su plena efectividad como quiera que éstos en virtud de lo presupuestado por el artículo 13 de la Carta, según el cual "El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan." Ahora bien, el derecho  a la seguridad social previsto en el artículo 48 de la Constitución es un servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado con sujeción a los principios de eficacia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley.  Se garantiza a todos los  habitantes el derecho irrenunciable de la seguridad social.  En este orden de ideas, la jurisprudencia de esta Corporación: T-116 de 1993 y T-124 de 1993, ha sido  enfática en entender que los derechos a la seguridad social son verdaderos derechos subjetivos de los afiliados como aportantes activos o beneficiarios, en consecuencia, la seguridad social es un principio fundamental estatuído por el propio constituyente a favor de los trabajadores (art. 53 C.N.), por tanto, un derecho inalienable de los trabajadores del  sector público y privado en Colombia, fruto de grandes luchas políticas y sociales, reflejo a su vez de convenios públicos internacionales suscritos por el Estado Colombiano. Por otro lado, esta Corporación en sentencia T-406/93, afirmó lo siguiente: "Es obligatorio asegurarles a todas las personas y en especial a las personas pensionadas el derecho a la seguridad social.  Para los pensionados  que en su mayoría se encuentran en la tercera edad  es necesario proteger, en particular el pago oportuno de las prestaciones  a su favor, ya que su no reconocimiento a su limitación, habida cuenta de su imposibilidad para devengar otros ingresos ante la pérdida de su capacidad laboral, termina atentando directamente contra el dercho a la vida".  (M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero) Finalmente, considera necesario esta Sala de Revisión, recordar alguna jurisprudencia referente al incumplimiento del empleador en el pago de cotizaciones al ISS y sus efectos, así como la necesidad de la continuidad en el servicio público de la seguridad social por parte de la entidad de previsión social, encargada de prestar el servicio. En efecto, esta Corporación se pronunció en la sentencia T-406/93, la cual se refirió a las incidencias de la mora en el pago de los aportes al ISS: "Los inconvenientes que se presenten en el desarrollo del contrato entre la Institución de Seguridad Social y el patrono, no deben influir sobre la prestación del servicio médico, porque atenta contra los más elementales derechos de la persona que la entidad obligada se desentienda de su responsabilidad -inherente al concepto y al sentido de la seguridad social-, dejando desprotegidos a los pensionados que han cotizado durante muchos años para poder disfrutar en la vejez del servicio médico al que tienen derecho. El servicio médico asistencial, como una de las prestaciones a que tiene derecho el trabajador pensionado, no es una dádiva otorgada  por el patrono sino un derecho que adquirió el trabajador año a año y del que debe disfrutar en la época  de disminución de la actividad laboral de la persona humana." (Cfr. sentencia T-406/93. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero). Igualmente, la misma jurisprudencia afirma que: "Se advierte al ISS que debe cumplir con sus obligaciones médico-asistenciales surgidas en virtud de contrato interadministrativo y que salvo la fuerza mayor deben continuar  con la ejecución de los contratos a pesar de existir una mora en el pago, porque de lo contrario incurrirían en una vulneración o amenaza del derecho fundamental a la salud y a la seguridad social, derechos que imponen un tratamiento prioritario y preferencial por parte del poder público y el legislador con miras a su protección efectiva. Otra es la situación referente a la exigibilidad del pago que en nada puede afectar a las personas que requieren la asistencia médica. Huelga decir que en el caso concreto se trata de un "acto de ejecución" de un derecho consagrado en disposiciones legales o en convención colectiva, acto que no posee una vía judicial para lograr su satisfacción por lo que la tutela es el único procedimiento  que permite al peticionario la satisfacción de sus pretensiones." En sentencia T-05/95 la Sala Tercera de Revisión señaló: "5. Los derechos de las personas no pueden depender de las contingencias que resulten del proceso previsto para definir el sujeto pasivo, ni siquiera en aquellos eventos en los cuales dicho proceso plantee problemas relativos a la legalidad de las obligaciones de quienes han cancelado en su oportunidad sumas de dinero que han permitido hacer efectivo el derecho. "......... 2. El constituyente de 1991 quiso superar la concepción tradicional del principio de solidaridad entendido como postulado ético, en beneficio de una concepción normativa y vinculante. Así lo manifestó el constituyente 'Nuestra opción es por un Estado Social, en sentido estricto, y que como tal no actúa obedeciendo los dictados de la beneficencia y de la caridad sino como respuesta a los más elementales derechos de los ciudadanos. Un Estado como agente de justicia social[1]'. 3. El principio de solidaridad irradia todo el orden jurídico y se manifiesta en numerosas instituciones y principios constitucionales. Es el caso del postulado que establece la función social de la empresa (C.P. art. 333), el cual permite al Estado ejercer inspección y vigilancia (C.P. art. 334), incidir sobre las variables económicas dentro de las cuales se desarrolla la actividad empresarial (C.P. art. 150-19) y regular las relaciones entre los empleadores y los trabajadores a partir de principios laborales orientados a la protección de los derechos de los trabajadores. 4. En materia de seguridad social, la alusión constitucional al principio de solidaridad es directa y explícita en el artículo 48 de la C.P. Allí se consagra que  la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, sujeto a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Dicha solidaridad es aún más evidente en el caso de los ancianos. En efecto, el artículo 46 de la Constitución hace responsables al Estado, a la sociedad y a la familia de la protección y asistencia a las personas de la tercera edad. 5. Ahora bien, es preciso delimitar este concepto de solidaridad, de tal manera que el sentido del texto encuentre un justo medio entre el mero alcance retórico y la vinculación directa, general  e inescindible de los tres sujetos mencionados en el texto constitucional. El concepto de solidaridad opera como un principio cuya fuerza normativa se pone en evidencia en aquellos casos en los cuales entran en conflicto obligaciones definidas de manera específica en la ley, de cuya eficacia depende la protección de derechos fundamentales. Los principios sirven para sustentar soluciones a los problemas de sopesamiento de intereses y valores, de tal manera que la decisión final no habría sido la misma de no existir dicho principio. La solidaridad es un principio que no puede ser entendido a cabalidad con independencia del concepto de efectividad de los derechos fundamentales. En efecto, ambos postulados constitucionales obran en aquellas circunstancias en las cuales la aplicación del sistema legal de derechos y obligaciones resulta disfuncional en relación con la protección de los derechos fundamentales. Dicho en otros términos, el estricto seguimiento de las prescripciones legales no siempre conduce a los objetivos propuestos por el sistema. La efectividad del derecho, entendida como correspondencia entre la conducta y el contenido normativo, no siempre trae consigo la eficacia del derecho, entendida como correspondencia entre objetivos y resultados. En el Estado social de derecho no basta con que las normas se cumplan; es necesario, además, que su cumplimiento coincida con la realización de principios y valores constitucionales. El principio de solidaridad permite que el derecho a la seguridad social se realice, si es necesario, a través de la exigencia de una prestación adicional por parte de entidades que han cumplido con todas las obligaciones previstas en la legislación competente. El principio aludido impone un compromiso sustancial del Estado y de los empleadores, en la protección efectiva de los derechos fundamentales de los trabajadores y de sus familiares."  (M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). No obstante lo anterior, el hecho de que el Estado haya venido a sustituir al patrono en sus obligaciones, no supone que éste haya quedado definitivamente liberado de sus atribuciones. La asunción de los riesgos por parte del  Seguro Social,  está condicionada a la cancelación completa y oportuna de los aportes obrero-patronales al sistema de seguridad social, lo cual implica que el Instituto debe a su vez, por vía judicial hacer efectivo el pago de las obligaciones y aportes dejados de pagar por su afiliado, de acuerdo con la ley. II.   EL CASO EN EXAMEN Según las pruebas que obran en el informativo, la accionante es una persona de sesenta y tres (63) años de edad, viuda, quien goza una pensión de jubilación como beneficiaria, reconocida mediante resolución No. 916/94, la cual fue suspendida temporalmente, en virtud de la resolución No. 2037/95, basada a su vez en el artículo 42 numeral  a) del decreto reglamentario 2665  de 1988 "por el cual se expide el reglamento general de sanciones, cobranzas y procedimientos del Instituto de los Seguros Sociales", el cual dispone que habrá lugar a la suspensión de las prestaciones de salud:  a)  Por mora en el pago de los aportes patronales laborales. Como lo ha sostenido esta Corporación, el derecho a la seguridad social de todas las personas, y en particular de los pensionados es ciertamente un derecho fundamental, que en principio debe ser  prestados por la entidad de seguridad social, empresa o patrono, por vía directa o indirectamente a través de un negocio jurídico específico, lo cual a su vez implica el correlativo pago oportuno de aportes con destino a los afiliados y beneficiarios. En el caso sub examine, a la beneficiaria le fue suspendido el pago de la pensión  de sobreviviente que venía recibiendo, durante más de un año, aduciendo la mora en el pago de los aportes patronales por parte de la última empresa en la que laboró su esposo fallecido, esto es "Curtiembres El Porvenir Ltda." en el período octubre 14 de 1978 a 5 de febrero de 1980, pese a haberle sido descontada de su salario la porción mensual correspondiente del aporte con destino al ISS, tal como aparece probado en el expediente (folio 4 y 6). Por eso, esta Sala de Revisión encuentra que el Instituto  de los Seguros Sociales no puede, dada la naturaleza del derecho a la seguridad social (art. 48 C.N.), suspender el pago de las mesadas pensionales, con ocasión de la mora causada por la entidad contratante, porque con ello vulnera o amenaza el derecho fundamental a la seguridad social de la peticionaria; en efecto, observa la Sala que  existe una omisión del Instituto de los Seguros Sociales, entidad que debe, una vez se presente la situación moratoria, iniciar las acciones judiciales y legales pertinentes para obtener la cancelación de lo adeudado por parte del patrono, y no trasladar las  consecuencias y sanciones  de dicho incumplimiento. En este sentido, la Sala de Revisión No. Tres de esta Corporación, en fallo reciente dijo: "En este orden de ideas,  las vicisitudes que surjan de la aplicación de las normas que regulan las relaciones entre el Seguro Social y la empresa, para efectos de la determinación de la obligación concreta del pago del servicio médico, quedan supeditadas a la prestación efectiva. Dicho en otras palabras, el interés legal relativo a la delimitación de las cargas entre el empleador y el seguro social, debe ceder frente al interés constitucional que consiste en la protección del derecho fundamental a la seguridad social de una persona que demanda  este servicio en los términos de un mínimo vital."  (M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). La Sala de Revisión considera que no es válido que el ISS invoque la excepción de contrato no cumplido, para negar el derecho al pago de la mesada pensional de la peticionaria, el cual, en su calidad de beneficiaria, debe ser satisfecho por el  ISS dadas las circunstancias específicas en que se encuentra la demandante, entre otras porque no es ella quien debe soportar las consecuencias temporales de la mora en el pago de algunos aportes obrero  patronales adeudados al ISS, organismo que cuenta con instrumentos para recuperar el monto adeudado por la empresa "Curtiembres el Porvenir de Bugalagrande", uno de ellos la ejecución coactiva al empleador.  La situación de extrema fragilidad de la peticionaria, es razón suficiente para no permitir su desprotección temporal, pues con ello se estaría generando para la demandante un perjuicio irremediable, por la no percepción de la pensión de sobreviviente, que además es su único sustento, lo cual puede poner en peligro el derecho a la subsistencia digna, a la vida y la salud de la actora. Por las razones que anteceden, la Sala  Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.  Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cali, de fecha julio 31 de 1995, dentro de la acción de tutela de la referencia. Segundo.   Conceder la tutela solicitada, en consecuencia, se ordena  al Director del Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca, en el  término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia,  proceda  ordenar a quien corresponda, la continuidad en el pago de la pensión de sobrevivientes a la señora Edelmira Osorio de González, así como de las demás prestaciones económicas y de salud a que tenga derecho según la ley. Tercero.-  Líbrese comunicación al Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cali, a efecto de que notifique esta sentencia a las respectivas partes y adopte las decisiones necesarias para la ejecución de lo aquí dispuesto. Cópiese, notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1]Asamblea Nacional Constituyente. Informe-Ponencia para Primer Debate en Plenaria. Finalidad Social del Estado y la Seguridad Social. Ponentes Benítez Tobón Jaime, Cuevas Romero Tulio, Garzón Angelino, Guerrero Figueroa Guillermo, Marulanda Gómez Iván, Perry Rubio Guillermo, Hoyos Naranjo Oscar, Lemos Simmonds Carlos, Lloreda Caicedo Rodrigo, Molina Giraldo Ignacio, Ossa Escobar Carlos, Yepes Parra Miguel Antonio. Gaceta Constitucional No. 78, mayo 1991, p. 2.

T-527-95 Sentencia No Sentencia No. T-527/95 DERECHO A LA EDUCACIÓN-Naturaleza El derecho a la educación participa de la naturaleza de fundamental porque resulta propio de la esencia del hombre, ya que realiza su dignidad, y además porque está expresamente reconocido por la Constitución Política,  y así mismo, porque se encuentra amparado por los tratados internacionales. En efecto, el derecho a la educación cobra relevancia en los primeros años de la vida del ser humano, ya que se trata del período de formación del individuo, en el que inicia su proceso de acercamiento a la sociedad. DERECHO A LA EDUCACION-Función social La función social que cumple la educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho-deber que genera para el educador como para los educandos y para sus progenitores, un conjunto de obligaciones recíprocas de las que no pueden sustraerse por ser de la esencia del derecho; ello implica que los planteles educativos puedan  y deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se vierten las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso educativo, en múltiples aspectos, entre ellos: ingreso, retiro, horario, asistencia, contenido académico, salud, recreación, procedimiento disciplinario. Así los reglamentos deben consignar lo concerniente a la estructura, organización, composición y fines del plantel educativo, así como los deberes del mismo y del educador, las reglas de promoción, conducta, disciplina, patrimonio; constituyéndose en disposiciones fundamentales de la formación básica de los educandos. _ DERECHO A LA EDUCACION-No pago de pensión en hogar infantil La fijación de aportes a los padres de familia para el sostenimiento del Hogar Infantil es un derecho del plantel y un deber correlativo de los padres en virtud de los beneficios recibidos por el menor. La niña no ha sido rechazada, pues continúa matriculada y no se le ha negado el acceso al jardín; de otra parte, la Rectora del Hogar manifiesta estár dispuesta a recibirla inmediatamente, ya que no se le han limitado ni negado las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. No obstante lo anterior, la Sala de revisión de la Corte recomienda a la Junta Administradora del Hogar Infantil y a la directora del mismo que se abstengan de amenazar con la suspensión del servicio a los padres de familia que se encuentren en mora frente a sus obligaciones, ya que el plantel cuenta con otros medios de defensa judicial para el cobro efectivo de las obligaciones como es el proceso ejecutivo. Ref.: Expediente No. 78947 Acción de tutela presentada en contra de Isabel de González, Directora del "Hogar Infantil Muchachitos" y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Actora: Maritza Fernández Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ Santafé de Bogotá D.C., noviembre diecisiete (17) de mil novecientos noventa y cinco (1995). Procede la Sala de Revisión en asuntos de tutela, integrada por los Honorables Magistrados VLADIMIRO NARANJO MESA, JORGE ARANGO MEJIA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, a revisar el fallo proferido por el Juzgado 7 de Familia de Cali de fecha agosto ocho (8) de mil novecientos noventa y cinco (1995), dentro de la acción de tutela promovida por la señora Maritza Fernández, contra la Directora del "Hogar Infantil Muchachitos", señora Isabel de González, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El expediente llegó a conocimiento de esta Sala de revisión de la Corte Constitucional, por la vía de remisión ordinaria que hizo el Juzgado 7 de Familia de la ciudad de Cali, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Conforme a los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto ibídem, la Sala de revisión de la Corporación eligió para su revisión la presente acción de tutela. I. ANTECEDENTES Los hechos Según obra en el expediente, los hechos que motivaron la presente acción de tutela se contraen a lo siguiente: - Argumenta la peticionaria que tiene a su hija en el centro infantil Muchachitos, perteneciente al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el cual cobra una mensualidad fijada, según los estatutos, por la Directora y la Junta Administradora del plantel, de acuerdo con las tarifas establecidas por la entidad. - En virtud a que se encuentra atrasada en el pago de la pensión, debido a su mala situación económica, la directora decidió rechazar del hogar infantil a su hija menor, argumentando, mediante una circular, que todo niño que presente atraso en el pago de la mensualidad será devuelto a su casa y no podrá regresar hasta tanto no se ponga al día. - En vista de la vulneración del derecho a la educación de su hija, solicita por vía de tutela que la menor sea aceptada de nuevo en el hogar infantil y que se le facilite a ella el pago de las mensualidades pendientes, teniendo en cuenta que dicho hogar infantil pertenece al I.C.B.F. cuya función es velar por la protección de los niños. II. La decision judicial materia de revision A. Sentencia De Primera Instancia Por reparto correspondió este proceso al Juzgado Séptimo (7) de Familia de Cali, Despacho que por sentencia de 8 de agosto de 1995, resolvió negar la tutela, con base en las siguientes consideraciones: "Se detiene el Despacho en el caso concreto para establecer si el hogar Muchachitos ha vulnerado el derecho a la educación: "a. La acción está dirigida contra la Directora del Hogar Infantil Muchachitos y contra el I.C.B.F. al estimar que con la medida adoptada por la directora se le ha lesionado y su objetivo es lograr que sea nuevamente aceptada su hija y se le conceda plazo para pagar mensualidades vencidas, advirtiendo que siendo ese hogar de Bienestar se debe sostener con los aportes de ese instituto. ..... "De acuerdo al análisis del estatuto en comento al igual que del Reglamento Interno para padres de familia establece el Juzgado que si bien es cierto ese hogar infantil está vinculado al sistema Nacional de Bienestar Familiar sujeto a sus normas, sus objetivos no se logran con el solo aporte de dicho instituto sino además, con los aportes de la comunidad beneficiaria a través de las tasas compensatorias aportadas por los padres de familia, tal como se consignó en el capítulo patrimonio del estatuto vigente y siendo así, corresponde al usuario del servicio, sujetarse a dicho estatuto y por ende al reglamento interno donde consta que entre los requisitos del ingreso está la obligación de firmar carta de compromiso a colaborar con el hogar y a suscribir el contrato de matrícula. "Queda claro para el juzgado que con la fijación de aportes mensuales por parte de los padres de familia para el cumplimiento de sus objetivos no se vulnera derecho alguno, toda vez que la misma Constitución reconoce el derecho -deber al establecer en su art. 67 que la educación es una función social, de donde surge que el titular del derecho fundamental a la educación tiene al mismo tiempo una obligación  - un deber-. c. Corresponde ahora establecer si la junta administradora está revestida de autoridad para enviar la circular, que presentó la accionante, para exigir el pago de pensiones atrasadas. Revisadas cuidadosamente las funciones de la Junta Administradora en el art. 21 del Estatuto se establece que no goza de facultades para presionar y obtener el pago de mensualidades vencidas en la forma efectuada. Siendo así, mal hizo la Directora al enviar el volante proveniente de la Junta Administradora en donde se amenaza con la suspensión del servicio por mora en el pago de mensualidades, toda vez, que existen otros mecanismos para lograr el cumplimiento de obligaciones vencidas sin que afecte al menor que requiere de su estabilidad en el jardín. d- Se detiene el Juzgado a analizar en el caso concreto si se ha violado el derecho invocado por parte del Hogar Infantil. La accionante al ser interrogada por el Despacho fué enfática en asegurar que una vez la circular no volvió a mandar a su hija y que no hizo diligencia alguna al respecto, es decir recibió la circular y ni pagó, ni envió a su hija. Por su parte la directora del plantel en forma clara expresó que en ningún momento la niña Catalina ha sido rechazada, que continúa matriculada y no se le ha negado su acceso; que fué la Sra. Maritza quien ni la mandó y que está dispuesta a recibirla inmediatamente. Coinciden en sus afirmaciones las contendientes, en el sentido de que fue la accionante quien una vez recibió la circular se abstuvo de enviar a la menor y que ella no acudió al plantel para solicitar plazo para el pago, ni hizo diligencia alguna. Siendo así estima el Juzgado que no se ha vulnerado el derecho a la educación de la menor porque no fue desvinculada del plantel, siendo deber de la accionante enviarla nuevamente, máxime que la misma directora está dispuesta a recibirla porque asegura nunca fue rechazada e inclusive explica la forma como debe solicitar el plazo para el pago. Conclúyese de lo anterior que corresponde al Juzgado rechazar la acción incoada, recomendando si a la Junta  Administradora del Hogar Infantil Muchachitos que al efectuar el cobro de pensiones se abstenga de amenazar con la suspensión del servicio, porque existen otras vías legales para obtener el pago efectivo de las mismas." II. CONSIDERACIONES DE LA SALA A. La Competencia De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, inciso segundo y 241, numeral noveno, de la Carta Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de la Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia que resolvió la acción de tutela de la referencia. B. La materia Como en varias oportunidades lo ha precisado esta Corporación, la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación del servicio público de educación, según lo establecido por la propia Carta y desarrollado por el artículo 42 numeral 1 del Decreto 2591/91; esta norma se refiere a los derechos objeto de protección, e incluye los artículos relacionados con el derecho a la educación consagrado en el artículo 67 de la Carta. Además, la acción de tutela es un mecanismo específico y directo que protege derechos fundamentales, como la educación, cuando éstos puedan resultar afectados por la acción u omisión de una autoridad pública. Sobre el derecho a la educación ha tenido oportunidad de pronunciarse profusamente esta Corporación entre otras a través de las siguientes sentencias: T-02, 09, 15, 402, 429, 492 y 500 de 1992, 17 de 1993, 035 de 1995; concluyendo que tal derecho participa de la naturaleza de fundamental porque resulta propio de la esencia del hombre, ya que realiza su dignidad, y además porque está expresamente reconocido por la Constitución Política en los arts. 27, 44 y 67, y así mismo, porque se encuentra amparado por los tratados internacionales sobre derechos suscritos por el Estado Colombiano y ratificados por el Congreso de la República. En efecto, el derecho a la educación cobra relevancia en los primeros años de la vida del ser humano, ya que se trata del período de formación del individuo, en el que inicia su proceso de acercamiento a la sociedad;   así lo ha señalado esta Corporación en sentencia T-35/95 en la que afirmó: "....el derecho a la educación de los menores de edad tiene el carácter de fundamental pues su ejercicio debe ser garantizado para el desarrollo del ser humano, de su vida en formación y en sociedad. Es por esto que el artículo 67 del estatuto fundamental expresa que el derecho a la educación pertenece a la persona, con ello la Constitución no está haciendo más que reconocer la realidad de la importancia de la educación en la vida del hombre como una manifestación de su ser, como individuo y como elemento social." (M.P. Dr. Fabio Morón Díaz). En otro aparte de la misma jurisprudencia señala que: "De otra parte, el artículo 44 de la Carta consagra a la educación, entre otros reconocimientos, como uno de los derechos fundamentales de los niños; esta disposición es la única de la Constitución que expresa y concretamente le dá esta categoría a las garantías que enuncia, resaltando que prevalecerán sobre los derechos de los demás; a su turno, como se verá el art. 67 ibídem, concibe la educación como un derecho de la persona y un servicio público que cumple una función social, con cuya garantía se busca el acceso a la cultura, al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la sociedad que el Estado tiene el deber de promover." En este sentido también es pertinente resaltar la sentencia T-340/95, en donde la Corporación ha señalado que: "Jurídicamente, la educación tiene un doble carácter: '...es un derecho de la persona...', y también es '...un servicio público que tiene una función social...' (Art. 67 C.N.). ..... "Como servicio público que tiene una función social, 'corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación... y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo' (Art. 67 C.N.) Dentro de este marco normativo, los particulares pueden concurrir a la prestación del servicio fundando establecimientos educativos, sólo bajo las condiciones que para la creación de esas instituciones y su gestión, establezca la ley (Art. 68 C.N.). Es entonces meridianamente claro, en el caso que se revisa, que el Estado, a través de la ley, estableció unas condiciones para la concurrencia de los particulares en la prestación del servicio, que aseguran a los menores '...las condiciones necesarias para su permanencia en el sistema educativo' (entre otras, el artículo 96 de la Ley 115 de 1.994)".  (M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz). En este orden de ideas, es pertinente resaltar, que la doctrina de la Corporación ha señalado que la función social que cumple la educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho-deber que genera para el educador como para los educandos y para sus progenitores, un conjunto de obligaciones recíprocas de las que no pueden sustraerse por ser de la esencia del derecho; ello implica que los planteles educativos puedan  y deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se vierten las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso educativo, en múltiples aspectos, entre ellos: ingreso, retiro, horario, asistencia, contenido académico, salud, recreación, procedimiento disciplinario. Así los reglamentos deben consignar lo concerniente a la estructura, organización, composición y fines del plantel educativo, así como los deberes del mismo y del educador, las reglas de promoción, conducta, disciplina, patrimonio; constituyéndose en disposiciones fundamentales de la formación básica de los educandos. Esta Corporación en sentencia T-500/92 dijo lo siguiente: "Los reglamentos de las instituciones educativas no podrán contener elementos, normas o principios que estén  en contravía de la Constitución vigente, como tampoco  que favorezcan o permitan practicas entre educadores y educandos que se aparten de la  consideración y el respeto debidos a la privilegiada condición de seres humanos, tales como tratamientos que afecten el libre desarrollo de la personalidad de los educandos, su dignidad de personas nacidas en un país que hace hoy de la diversidad y el pluralismo étnico cultural y social principio de praxis general. E.  De todo lo dicho se concluye, que la educación puede ser encauzada y reglada autónomamente, pero nunca negada en su núcleo esencial, debiendo el educando y el educador responder a sus obligaciones y deberes respetando los cánones constitucionales, legales y reglamentarios, ya que si bien es cierto que los particulares pueden fundar establecimientos educativos, también lo es que en su gestión y creación deben cumplir con los requisitos que señalan la ley y las autoridades competentes." (M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo). C. El Caso Concreto En el caso subexamine pretende la señora Maritza Fernández que su hija Catalina Plaza Fernández, sea aceptada nuevamente en el Hogar Infantil y se le facilite el pago de las mensualidades atrasadas. Por ello, la acción de tutela está dirigida contra la directora del Hogar Infantil "Muchachitos", señora Isabel de González y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, advirtiendo que perteneciendo dicho centro de educación de Bienestar Familiar al sistema que coordina dicho instituto, éste debe sostenerlo con sus aportes, como es su obligación legal. Sea lo primero advertir por parte de esta Sala que, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, el Jardín Infantil Muchachitos es una entidad de beneficio social y utilidad común, constituída legalmente, vinculado al Sistema Nacional de Bienestar Familiar y sujeta a su normatividad, por lo que puede ser sujeto pasivo de la acción de tutela. De la lectura del expediente y de los estatutos que regulan la actividad del jardín infantil se desprende la existencia de dos vías para el cumplimiento de los objetivos de este centro educativo, a saber: a) aportes del I.C.B.F., otorgados a través de las cuotas de alimentación establecidas mediante contrato de administración (art. 31 numeral a- y f- del estatuto del Hogar Infantil Muchachitos), y, b) aportes de los sujetos beneficiarios a través del pago de la pensión de los padres de familia de los menores de edad que se educan y reciben los servicios del centro educativo, tal como lo estatuye el numeral c) del artículo 31 de los reglamentos legales del plantel, al establecer que "Art. 31 ... c)"por los aportes de la comunidad beneficiaria a través de tasas compensatorias aportadas por los padres de familia". En este orden de ideas, es claro que la actividad del Hogar Infantil está regulada en estatutos y reglamentos internos, los cuales estipulan los requisitos de ingreso y permanencia, y las obligaciones de los educandos y los padres, los cuales deben someterse a un mínimo de reglas, los unos como usuarios y los otros en su calidad de directivas del plantel; así la fijación de aportes a los padres de familia para el sostenimiento del Hogar Infantil es un derecho del plantel y un deber correlativo de los padres en virtud de los beneficios recibidos por el menor. De otra parte, comparte plenamente esta Sala de revisión, el argumento expuesto por el juez de primera instancia en el sentido de advertir a la Directora y la Junta Administradora del plantel educativo, que no pueden amenazar con suspender el servicio por mora en el pago de mensualidades, a los padres de los menores, toda vez que existen otros mecanismos para el cobro y el cumplimiento de obligaciones vencidas, sin que se afecte al menor que requiere de su estabilidad en el jardín. Finalmente, observa la Sala, que del interrogatorio practicado por el despacho de origen  a la directora del plantel (folio 34), se desprende que la niña Catalina Plaza Fernández no ha sido rechazada, pues continúa matriculada y no se le ha negado el acceso al jardín; de otra parte, la Rectora del Hogar manifiesta estár dispuesta a recibirla inmediatamente, es más, textualmente ella afirma que: "la señora Maritza puede enviar una cartica a la junta solicitando el plazo y la forma de pago", con lo cual es claro para esta Corporación que el derecho a la educación de la menor no ha sido violado por el Jardín Infantil Muchachitos, ya que no se le han limitado ni negado las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. No obstante lo anterior, la Sala de revisión de la Corte recomienda a la Junta Administradora del Hogar Infantil Muchachitos y a la directora del mismo que se abstengan de amenazar con la suspensión del servicio a los padres de familia que se encuentren en mora frente a sus obligaciones, ya que el plantel cuenta con otros medios de defensa judicial para el cobro efectivo de las obligaciones como es el proceso ejecutivo previsto en el C. de P.C.. En consecuencia, la Sala de Revisión número ocho de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo de Familia de Cali de fecha ocho (8) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995). SEGUNDO. LIBRENSE, por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-528-95 Sentencia No Sentencia No. T-528/95 PENSION SUSTITUTIVA-Pago/DERECHO A LA VIDA-Pago de mesadas pensionales/MESADA PENSIONAL-Pago oportuno/DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Pago oportuno de mesadas pensionales/DERECHO A LA IGUALDAD-Pago de pensión La peticionaria tiene un derecho reconocido, correspondiente a la pensión sustitutiva de jubilación de quien en vida fuere su esposo. Adicionalmente, su estado avanzado de edad, la coloca en circunstancia de debilidad manifiesta, a lo cual se suma el hecho que, someter a la petente a dilatados trámites de procesos ejecutivos laborales, implicaría la prolongación de sus circunstancias desfavorables  y la obstaculización al pleno y cabal disfrute de sus derechos adquiridos a gozar de una pensión de jubilación negándole con ello temporalmente una subsistencia digna. Por ello, la Sala considera que es necesario brindar a la peticionaria una protección plena de sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad y a la seguridad social, además de la especial protección que merece la tercera edad. Ref.: Expediente T-79.805 Demandante Celinda Moreno de Méndez. Procedencia: Juzgado Veintiseis Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá. Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ Santa Fe de Bogotá,   noviembre  diecisiete (17)  de mil novecientos noventa y cinco. I.       ANTECEDENTES. Procede la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados FABIO MORON DIAZ, VLADIMIRO NARANJO MESA Y JORGE ARANGO MEJIA a revisar el fallo proferido por el Juzgado Veintiseis Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá el día diecisiete (17) de agosto de 1995, dentro del proceso de Celinda Moreno de Méndez por intermedio de apoderado judicial, contra la Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional asumió el  conocimiento de la mencionada decisión por la vía de la remisión que hizo el Juzgado Veintiseis Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá, por virtud de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1.991 y de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, que permitieron a la Sala Novena de Selección de la Corte, escogerla para efectos de su revisión. II.      LA DEMANDA DE TUTELA. Los hechos que motivaron la formulación de la presente acción, se sintetizan a continuación. Relata la señora Celinda Moreno de Méndez, por intermedio de su apoderado, que mediante resolución número 00441 de 1993, emanada de la Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá, le fué reconocida la sustitución de la pensión de jubilación de su fallecido esposo Primitivo Méndez Cárdenas. No obstante el reconocimiento de la pensión sustitutiva de jubilación, a la peticionaria no le han cancelado ninguna suma de dinero, sin tener en cuenta que de tales dineros depende su subsistencia, por ser una persona de aproximadamente ochenta años de edad. III. LA DECISION JUDICIAL QUE SE REVISA Correspondió conocer de la acción al Juzgado Veintiseis Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá, despacho que, luego de agotar los trámites legales, resolvió rechazar la tutela incoada contra la Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá, por considerar que existían otros medios de defensa judiciales y además, que en el presente asunto no se vislumbraba violación de derecho fundamental ninguno. Al respecto, observó el fallador de instancia: "... “Si ciertamente el relativo a la salud ha sido considerado como un derecho fundamental por la H. Corte Constitucional, ello ha sido cuando bajo el entendimiento de su conexidad con el primordial derecho fundamental, cual es la vida. En consecuencia, cuando el trastorno de salud obedece a un tráuma que en forma alguna pone en peligro la vida, no puede ubicarse la salud -salvo en los niños- como derecho fundamental. Menos en casos en que no puede derivarse un peligro de contagio ni consecuencias graves en otros campos. “No es que se quiera decir que por no ser la salud en este caso un derecho fundamental, como un derecho social se tenga que quedar sin aplicación. Lo que pasa es que su ejercicio y aplicación no debe buscarse mediante el ‘procedimiento preferente y sumario’ que consagra el art. 86 de la Constitución, ya que, de otra parte obviamente se dispone de diversos medios para aquél tenga cabal cumplimiento. ...". No habiendo sido impugnada la anterior decisión, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional, para que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente, procediera a decidir acerca de su eventual revisión, lo cual ordenó la Sala Novena de Selección, la que, por medio de auto de fecha 19 de septiembre del año en curso, repartió el negocio al Magistrado Ponente, surtidos los trámites legales procede la Corte, previo el estudio de la Sala Octava de Revisión, a pronunciarse sobre la sentencia del Juzgado Veintiseis Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá. IV.    CONSIDERACIONES DE LA SALA. Primera.    La Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia en relación con el fallo dictado por el Juzgado Veintiseis Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. Segunda.   La Materia. Según se desprende del examen del expediente, la señora Moreno de Méndez pretende que se le ordene a la Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá, hacer efectivo el pago de las mesadas atrasadas adeudadas por concepto de la pensión sustitutiva de jubilación de quien en vida fuera su cónyuge, y reconocida mediante resolución 00441 de 1993. El Juez de Instancia consideró que para lograr tal pretensión existían otros medios de defensa judiciales que, excluyen la acción de tutela. Sin embargo, en lo que toca con el aspecto de la procedencia de la acción de tutela para lograr el pago de las mesadas pensionales atrasadas o en mora por parte de entidades de previsión de naturaleza jurídica pública, esta Corporación reiteradamente ha establecido: "... “Es claro y diáfano el mandato contenido en el inciso tercero del artículo 53 de la Carta, en virtud del cual el Estado tiene a su cargo el deber de garantizar el derecho de los pensionados al pago oportuno de sus mesadas pensionales, para efectos de lo cual está en la obligación de adelantar las gestiones y adoptar los mecanismos que hagan efectivo el derecho. El Estado adquiere pues, el compromiso de garantizar el pago oportuno de las pensiones, para lo cual debe proveer en los respectivos presupuestos del orden nacional, departamental, distrital y municipal las partidas necesarias para atender de manera cumplida y satisfactoria su obligación constitucional, especialmente cuando quienes se ven afectados por el incumplimiento o la desidia de las autoridades estatales, son personas de la tercera edad, a quienes en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 constitucional, el Estado debe concurrir con la sociedad y la familia a su protección y asistencia, así como a garantizarles los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Estas personas requieren del pago oportuno de sus mesadas pensionales en orden a garantizar su subsistencia y las condiciones mínimas para su existencia digna. Se trata además, de personas quienes legítimamente tienen el derecho a un pago oportuno y cumplido, teniendo en cuenta que han prestado sus servicios al Estado y esperan de él como mínima retribución, que se les paguen sus mesadas pensionales. En tal virtud, cuando no se atiende en forma oportuna el pago de las pensiones legales por parte de las entidades del Estado, deben adoptarse los mecanismos correspondientes y adecuados en orden a hacer efectiva la garantía constitucional plasmada en el artículo 53 de la Carta, especialmente cuando están de por medio los derechos fundamentales a la vida y a la salud de las personas de la tercera edad. Por lo tanto, el pago de las pensiones legales cuando éstas han sido ya reconocidas legalmente mediante el respectivo acto administrativo emanado de la entidad de previsión, deben mantener un nivel de eficiencia aceptable para dar respuesta a las necesidades sociales, en orden a la realización de los fines sociales del Estado, a la justicia social y a promover frente a los demás pensionados, una igualdad real y efectiva. Más aún, habiéndose dado al Estado colombiano por el constituyente de 1991 un carácter social, se hace indispensable que acometa acciones positivas en favor de la comunidad. En este contexto, el pago cumplido de las pensiones legales es una de tales actuaciones positivas a las que está obligado el Estado. Por ello, es para la Sala fundamental que las autoridades del orden nacional, departamental, distrital y municipal adopten de manera prioritaria las medidas encaminadas a que se incluyan en los proyectos de presupuesto las partidas suficientes en orden a que los pensionados, en particular los de las entidades de previsión, reciban en forma oportuna el pago de sus mesadas (Cfr. Sentencia T-147 de abril 4 de 1995. Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera Vergara). En este orden de ideas, la sentencia de instancia es equivocada al considerar que lo adeudado a la peticionaria ha de ser reclamado mediante otro medio de defensa judicial, pues ha sostenido la Corte, que cuando ello se arguye, el otro medio de defensa judicial para el cobro de mesadas pensionales, ha de poseer necesariamente la misma eficacia de la acción de tutela en materia de protección de derechos constitucionales fundamentales, tal como se precisó en la Sentencia   T-184 de 1994, de la siguiente manera: “El concepto de "existencia de otro medio de defensa judicial" a que hace referencia el juez de primera instancia como argumento para denegar la petición de tutela, ha sido reiteradamente explicado por esta Corte, en el sentido de que no siempre que se presenten varios mecanismos de defensa, la tutela resulta improcedente. Es necesario, además, una ponderación de la eficacia de los mismos a partir de la cual se concluya que alguno de los otros medios existentes, es tan eficaz para la protección del derecho fundamental, como la acción de tutela misma” (Sentencia T-184 de 1994. Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero). Tercera.    El caso concreto Las consideraciones expuestas sirven de base para analizar el caso que ocupa la atención de la Sala. De conformidad con las consideraciones hechas, la peticionaria tiene un derecho reconocido, a través  de la Resolución No. 00441 de 1993 emanada de la Caja de Previsión Social de Santafé de Bogotá, correspondiente a la pensión sustitutiva de jubilación de quien en vida fuere su esposo, Primitivo Méndez Cárdenas. Adicionalmente, su estado avanzado de edad, la coloca en circunstancia de debilidad manifiesta, a lo cual se suma el hecho que, someter a la petente a dilatados trámites de procesos ejecutivos laborales, implicaría la prolongación de sus circunstancias desfavorables  y la obstaculización al pleno y cabal disfrute de sus derechos adquiridos a gozar de una pensión de jubilación negándole con ello temporalmente una subsistencia digna. Por ello, la Sala considera que es necesario brindar a la peticionaria una protección plena de sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad y a la seguridad social, además de la especial protección que merece la tercera edad. En virtud a lo anterior, habrá de revocarse el fallo proferido por el Juzgado Veintiseis Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá, como así se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia. Cuarta.      Decisión En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, actuando en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.    REVOCAR la decisión proferida por el Juzgado Veintiseis Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá, dentro de la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo.   TUTELAR los derechos fundamentales la vida, a la igualdad y a la seguridad social de la peticionaria Celinda Moreno de Méndez. Tercero.     En consecuencia, ORDENAR a la Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá, la cancelación dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, de toda suma de dinero debida a la peticionaria por concepto de mesadas pensionales de jubilación, causadas hasta la fecha, así como el pago oportuno de las mismas en el futuro. Cuarto:      El Juzgado Veintiseis Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá, vigilará el estricto cumplimiento de lo ordenado en esta providencia. Quinto.      Por la Secretaría, líbrense las comunicaciones de que trata el Artículo 36 del Decreto 2591 de 1.991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y cúmplase. FABIO MORON DIAZ Magistrado Ponente VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-529-95 Sentencia No Sentencia No. T-529/95 ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Prestación de servicio público de salud/DERECHO DE PETICION-Procedencia frente a particulares El Consorcio en Salud es una entidad privada que presta el servicio público de salud; por tal razón y de acuerdo con los planteamientos precedentes, se encuentra en condiciones de conculcar cualquier   derecho fundamental. En el caso del derecho de petición, pese a que el artículo 23 de la Constitución Política defiere a la ley la reglamentación de su ejercicio ante organizaciones privadas, la Corte ha estimado que la pretensión de recibir respuesta de un particular encargado de un servicio público está protegida por el derecho contemplado en el artículo señalado. DERECHO DE PETICION-Comunicación de respuesta Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse su sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto no podrá afirmarse que el derecho ha sido observado cabalmente. Ref.: Expediente No. 80.592 Acción de tutela presentada en contra del Gerente del Consorcio Cooperativo en Salud del Chocó. Actor: Eliecer Córdoba Londoño Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ Santafé de Bogotá, D.C., noviembre diecisiete (17)  de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Honorables Magistrados VLADIMIRO NARANJO MESA, JORGE ARANGO MEJIA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre la sentencia relacionada con la acción de tutela de la referencia, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó el primero (1) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). I. ANTECEDENTES A. La solicitud El dieciséis (16) de agosto del año en curso, el señor Eliecer Córdoba Londoño impetró, ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, una acción de tutela para la protección del derecho fundamental de petición. Narra el actor en su escrito que con el propósito de acopiar documentos que sirvan de soporte a un proyecto de ley, por cuya virtud se conceda pensión de jubilación con veinte años de servicios a los trabajadores que laboran "con insecticidas organosclorados y organosforados los cuales causan la terrible enfermedad del cáncer", presentó, el veintiuno (21) de julio de 1995,  una petición al Dr. Jorge Napoleón García Anaya, en su calidad de Gerente del Consorcio Cooperativo en Salud del Chocó y no ha obtenido respuesta. La solicitud formulada se orienta a lograr una certificación escrita sobre las causales que llevaron a los facultativos a disponer el cambio de labores de los funcionarios Carlos Alberto Moreno, Jairo Antonio Ortiz Murillo, Antonio María Mosquera Palacios, Eliecer Córdoba Londoño, José Ciro Hurtado Longa, José Mariano Pino Becerra, Jorge Beatriz Moreno Pino, Luis Ernesto Moreno Arriaga, Manuel Bernardo Mosquera Arroyo y Miguel Torres Martínez. Advierte, además el peticionario, que la información pedida le es útil, ya que debe hacer llegar a la Defensoría del Pueblo "todos los documentos que demuestren los efectos destructores de los insecticidas manipulados por los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Campañas Directas (SEM) del Ministerio de Salud, lo propio que sus efectos en la fauna, la flora y el medio ambiente...". B. La sentencia que se revisa El Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, mediante sentencia de septiembre primero (1) de mil novecientos noventa y cinco (1995), resolvió rechazar por improcedente la tutela impetrada. Consideró el Tribunal que, según el artículo 23 de la Constitución, le corresponde al legislador reglamentar el ejercicio del derecho de petición ante organizaciones privadas, para garantizar los derechos fundamentales y que esa facultad aún no ha sido desarrollada y por ende, sobre el particular "no existe norma positiva vigente". Agregó el fallador, que "la procedencia de la acción de tutela contra acción u omisión de particulares, en lo referente a los prestatarios de los servicios de salud, sólo es viable cuando esos particulares vulneran o ponen en peligro los derechos fundamentales a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía, tal como lo expresa el numeral 2o. del artículo 42 del decreto 2591 de 1991". Indicó, además, que el Gerente del Consorcio Cooperativo en Salud del Chocó, durante el trámite de la acción de tutela, informó haber respondido la petición, pero que en el expediente no obra prueba de la notificación de la respuesta, pese a lo cual no interesa analizar este aspecto por no tratarse de una petición dirigida a un funcionario público. Finalmente advirtió que la petición debió presentarla ante el empleador o ante la entidad encargada de la prestación del servicio de salud que, en el caso del actor, es la Caja Nacional de Previsión Social. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA A. La competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la sentencia proferida dentro del asunto de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso segundo, y 241, numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 33, 34, 35 y 36 del decreto 2591 de 1991. Se procede a la revisión en virtud de la selección practicada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma prevista por el reglamento de la Corporación. B. La materia 1. En numerosas oportunidades, la Corte Constitucional se ha referido a la importante misión que la Carta Política de 1991 confió a los jueces de la República, al encargarlos de velar por la protección de los derechos fundamentales de los asociados. Esa trascendental tarea, que constituye uno de los fines primordiales del Estado, se vería truncada si las autoridades llamadas a cumplirla no la asumen con la seriedad que merece. Lo menos que puede esperarse es que el juez que debe fallar una acción de tutela conozca el derecho vigente y aplicable al caso sometido a su conocimiento. La Sala advierte que el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó invocó, para negar el amparo pedido, la improcedencia del mecanismo de protección de los derechos fundamentales previsto en el artículo 86 ya que, en su criterio, tratándose del servicio público de salud, la acción de tutela procede en contra de particulares, en los eventos de vulneración de los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía, por disponerlo así el numeral segundo del artículo 42 del decreto 2591 de 1991. Es pertinente recordar que la Corte se ocupó de examinar la constitucionalidad de la norma citada y que, en sentencia No. 134 de 1994 resolvió: "Declarar EXEQUIBLE el numeral 2o. del artículo 42 del decreto 2591 de 1991, salvo la expresión "para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía", que se declara INEXEQUIBLE. Debe entenderse que la acción de tutela procede siempre contra el particular que esté prestando cualquier servicio público, y por la violación de cualquier derecho constitucional fundamental". En aquella  oportunidad esta Corporación expuso: "La Corte Considera que, de acuerdo con el inciso quinto del artículo 86 superior, al legislador le corresponde señalar los casos, esto es, las situaciones o las circunstancias en los que procede la tutela contra particulares. Por ende, no era atribución de la ley, so pretexto de dar cumplimiento a un mandato constitucional, determinar los derechos fundamentales que pueden ser invocados por el solicitante cuando el sujeto pasivo de la tutela es un particular, pues, conviene señalarlo, los derechos fundamentales son la base, el sustento de toda legislación y no su efecto. Ahora bien, si, como se determinó, la acción de tutela procede para proteger los derechos fundamentales de las personas, entonces no resulta lógico realizar una diferenciación respecto de cuáles derechos pueden ser amparados y cuáles no. Valga reiterar que esta Corporación ya ha determinado que el mecanismo consagrado en el artículo 86 constitucional, es aplicable a todos los derechos fundamentales, esto es, los que se encuentran consagrados en la Constitución, los que determinen los tratados internacionales (Art. 94 C.P.), y los que reconozca la Corte Constitucional al realizar la correspondiente revisión de los fallos de tutela, teniendo en consideración la naturaleza del derecho y el caso concreto (Art. 2o. Decreto 2591 de 1991). Siendo ello así, entonces la acción de tutela contra particulares es viable cuando se intente proteger, dentro de las tres situaciones fácticas que contempla la norma constitucional, cualquier derecho constitucional fundamental, sin discriminación alguna. Las disposiciones acusadas prevén unas limitaciones al ejercicio de la acción de tutela contra particulares, pues ésta sólo se podrá intentar cuando se pretenda la protección de los derechos constitucionales fundamentales allí enunciados. Lo anterior significa que el legislador, desconociendo el espíritu del Constituyente y el verdadero alcance de la acción de tutela, estableció una diferenciación arbitraria respecto del amparo de los derechos de los solicitantes. Al respecto, cabe preguntarse: ¿Acaso no procede la acción de tutela cuando se pretenda proteger, por ejemplo el derecho fundamental a la honra (Art. 21 C.P.), o los derechos fundamentales de los niños (Art. 44 C.P.) frente a los particulares que presten el servicio público de educación? ¿Acaso no procede la acción de tutela cuando se pretenda proteger, por ejemplo, el derecho fundamental a la integridad física (Art. 12 C.P.), o el derecho fundamental de petición (Art. 23 C.P.), o el derecho fundamental a la igualdad (Art. 13 C.P.), frente a los particulares que presten el servicio público de salud? Acaso no procede cuando el solicitante se encuentre en estado de indefensión o de subordinación y pretenda que se le ampare, por ejemplo, su derecho fundamental a la igualdad (Art. 13 C.P.), a la libertad de expresión (Art. 20 C.P.) o a la circulación (Art. 24 C.P.)? La respuesta  a estos interrogantes es una sola: la acción de tutela no puede ser un instrumento discriminatorio respecto de la protección de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, así sea frente a otras personas particulares. Por las anteriores razones, y teniendo en consideración que el legislador se excedió en las facultades otorgadas por el artículo 5o. transitorio de la Carta Política, al establecer una enunciación de los derechos fundamentales que pueden ser invocados por los solicitantes en los casos de la acción de tutela contra particulares, esta Corporación procederá a declarar la inexequibilidad de la parte demandada por los actores respecto de los numerales 1o., 2o., y 9o. del artículo 42 del decreto 2591 de 1991. Con todo, esta Corporación considera que, respecto de los numerales 1o. y 2o. del artículo 42 del decreto 2591, la acción de tutela debe proceder contra cualquier particular que preste un servicio público. Lo anterior porque, como se ha establecido, el servicio público de interés general prestado por un particular hace que éste asuma una posición de primacía, con relievancia jurídica, que hace que ese particular, al trascender el plano de la justicia conmutativa que enmarca una relación de igualdad entre todos los seres del mismo género, pueda, por medio de sus actos, cometer 'abusos de poder' que atenten contra algún derecho fundamental de una o varias personas. Por ello ese 'particular' debe ser sujeto de las acciones pertinentes, dentro de las cuales se encuentra la acción de tutela, que determinan la responsabilidad de quienes, se repite, han vulnerado o amenazado un derecho constitucional fundamental de cualquier persona" (M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. Subrayas fuera de texto). 2. Así las cosas, para la Sala es claro que el Consorcio Cooperativo en Salud del Chocó es una entidad privada que presta el servicio público de salud; por tal razón y de acuerdo con los planteamientos precedentes, se encuentra en condiciones de conculcar cualquier   derecho fundamental. En el caso del derecho de petición, pese a que el artículo 23 de la Constitución Política defiere a la ley la reglamentación de su ejercicio ante organizaciones privadas, la Corte ha estimado que la pretensión de recibir respuesta de un particular encargado de un servicio público está protegida por el derecho contemplado en el artículo 23 superior, "....porque los supuestos de la norma que consagra el derecho de petición determinan como destinatarios a la autoridad pública y a las organizaciones privadas, cuando prestan un servicio público y adquieren las características de una autoridad pública". La Corte ha indicado, además, que una interpretación contraria conduciría al desconocimiento del derecho a la igualdad,  "....pues sería darle un trato discriminatorio a la empresa estatal cuando esta presta el servicio en forma directa, ya que tendría una mayor carga que soportar que las entidades particulares que presten el mismo servicio público." (Sentencia T-507 de 1993. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero). 3. De lo expuesto surge, con claridad, que la solicitud presentada por el actor ha debido obtener pronta resolución. La respuesta que aparece en el expediente se produjo dentro del trámite de la acción y, por ser tardía, demuestra la violación alegada ya que no basta la existencia de un pronunciamiento para satisfacer las exigencias propias del derecho de petición, para que éste sea respetado se requiere, adicionalmente,  que la decisión adoptada sea oportuna. Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse su sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto no podrá afirmarse que el derecho ha sido observado cabalmente. El Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó anota que "no obra en el expediente constancia sobre el recibo por parte del accionante de la respuesta a su petición , contenida en el oficio No. 419 de agosto 22 de 1995..", en consecuencia, se concederá la tutela y se dispondrá en la parte resolutiva que, en caso de no haberse procedido a ello, se ponga en conocimiento del actor el aludido oficio, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia. 4. Finalmente,  considera la Sala que es ineludible advertir que, según el texto de la petición presentada, el peticionario solicita información que hace parte de la historia clínica de otras personas. Aunque la intención que lo guía es loable, cabe enfatizar que la Corte Constitucional ha puesto de presente que la historia clínica se halla amparada por reserva legal y que, en esas condiciones, "la violación de la reserva a que está sometida la información contenida en la historia clínica vulnera el derecho a la intimidad personal" (Sentencia No. T-413 de 1993. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz). En esas condiciones es ajustada a derecho la advertencia que el gerente del Consorcio Cooperativo en Salud del Chocó le hace al peticionario, indicándole que conforme al manual de procedimientos internos "los documentos clínicos, datos e informaciones que posea la Caja Nacional de Previsión  Social, son estrictamente confidenciales y de la reserva profesional y no podrán comunicarse o darse a conocer a terceros", salvo autorización del paciente o en los casos legalmente previstos, razón por la cual sólo se le darán a conocer al actor los datos pertinentes de su historia clínica. En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó el primero (1) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). SEGUNDO. CONCEDER la tutela impetrada y en consecuencia, SE ORDENA al Gerente del Consorcio Cooperativo en Salud del Chocó, que, si todavía no lo ha hecho, proceda a poner en conocimiento del señor Eliecer Córdoba Londoño la respuesta adoptada en relación con su petición del veintiuno (21) de abril del año en curso, dentro del improrrogable término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia. TERCERO. LIBRENSE, por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. FABIO MORON DIAZ Magistrado Ponente VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-530-95 Sentencia No Sentencia No. T-530/95 PROCESO EJECUTIVO LABORAL-Ineficacia frente al mínimo vital/DEMANDA DE TUTELA-Eficacia frente al mínimo vital El juicio ejecutivo laboral es el mecanismo idóneo para hacer efectivos los créditos laborales, salvo en aquellos casos en los cuales se encuentre comprometido el mínimo vital del actor. En estas circunstancias, el medio judicial citado se torna insuficiente como instrumento eficaz de garantía de los derechos fundamentales de la persona y, en consecuencia, procede la acción de tutela. PRINCIPIO DE IGUALDAD-Naturaleza/TRATAMIENTO DIFERENCIADO-Justificación objetiva y razonable El principio de igualdad, no significa que todas las personas deban recibir tratamiento idéntico o no diferenciado. La diferencia de trato entre personas que se encuentran en igualdad de condiciones, no necesariamente conduce a un juicio de discriminación. Así, el tratamiento diferenciado puede encontrar una justificación objetiva y razonable, que tienda a la búsqueda de fines constitucionales, o a la protección de bienes protegidos por el texto fundamental. Por el contrario, cuando el trato disímil no se encuentra justificado o atenta directamente contra valores o principios del ordenamiento constitucional, se compromete, el derecho a la igualdad. Del mero tratamiento diferenciado no se infiere la existencia de un trato discriminatorio. En estos casos, el actor debe demostrar, al menos indiciariamente, que la actuación acusada compromete valores o principios constitucionalmente tutelados, o que no encuentra justificación razonable y objetiva. DERECHO A LA IGUALDAD-No pago de acreencias laborales/DERECHO A LA IGUALDAD-Demostración de actuación discriminatoria/FONDO DE PASIVO SOCIAL DE PUERTOS DE COLOMBIA-No pago de acreencias laborales El actor simplemente señaló los hechos de los cuales se deduce un trato disímil respecto de ex trabajadores y pensionados - se demuestra que la entidad demandada liquidó obligaciones laborales pactadas con posterioridad a aquellas que tiene respecto de los actores y que no han sido asumidas -, los cuales por sí mismos no prueban, siquiera sumariamente, que existió un trato discriminatorio. Para que en casos como el presente proceda la acción de tutela, como garantía del derecho a la igualdad, se requiere que el actor, además de demostrar el trato diferenciado, señale y acredite, por lo menos indiciariamente, las razones por las cuales considera que se trata de una actuación discriminatoria, vale decir de un trato diferenciado que no encuentra justificación objetiva y razonable y que, por tanto, compromete valores, principios y derechos constitucionalmente tutelados. DERECHO DE PETICION-Alcance El derecho de petición comporta tanto el derecho a la información como el de solicitar a la administración que cumpla con sus funciones propias. Sin embargo, el alcance de este derecho no puede extenderse hasta el punto de exigir de las entidades públicas, respuesta oportuna a las propuestas formuladas por particulares en uso de su autonomía, y que no comprometen, en manera alguna, los deberes legales o constitucionales de dichas entidades. DERECHO DE PETICION-Improcedencia frente a propuesta contractual El apoderado de algunos de los ex-trabajadores y pensionados elevó al fondo de pasivos una propuesta de conciliación. Lo cierto es que se trata de una propuesta de negociación de las acreencias laborales, asimilable más a una oferta de transacción que a una conciliación. No se pide a la administración que adelante una gestión a la cual esta obligada, ni que suministre información sobre los asuntos públicos a su cargo. Simplemente se formula una invitación contractual, fruto de la capacidad de negociación del apoderado, sin que por ello a la administración le surja la obligación de responder. Es más, el silencio de la administración se asimila a una respuesta negativa, que podría dar lugar a responsabilidades posteriores, pero que no afecta el derecho de petición del actor. DEMANDA DE TUTELA-Formalidades El apoderado no presentó ante el juez de primera instancia los poderes que lo acreditan como representante legítimo de los ex-trabajadores y pensionados, a nombre de quienes actúa. Tampoco señaló que procedía, en su calidad de abogado, como agente oficioso. En tales circunstancias, la Sala entiende que la acción ha debido ser rechazada. DESACATO DE TUTELA-Trámite El Juez ordenó la consulta con el superior del auto mediante el cual sancionó al actor por desacato. La ley no ordena consultar la medida sancionatoria antes de su adopción. El superior jerárquico debe resolver dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. Se deduce, por consiguiente, que la sanción impuesta debe hacerse efectiva una vez sea confirmada. DESACATO DE TUTELA-Juez competente No es la acción de tutela el mecanismo procedente para solicitar la reconsideración de las razones expuestas para negarse a cumplir con lo ordenado en el fallo de tutela. El grado de consulta establecido por la ley permite que el superior jerárquico examine la pertinencia y validez de los argumentos del demandado, no siendo el amparo constitucional el mecanismo idóneo para debatir un asunto cuyo conocimiento corresponde a otro juez. DEBIDO PROCESO-No trámite de impugnación/PREVENCION EN TUTELA-No trámite de la impugnación La impugnación se presentó, el fallador se abstuvo de darle trámite, privando al demandante de la posibilidad de controvertir la decisión adversa. Tanto es así que el Juez, con posterioridad, reconoció su error y, ante la inminencia de la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, anuló su decisión, concediendo ante su superior jerárquico, la impugnación. A partir de ese momento, los efectos del acto impugnado (decisión de abstenerse de dar trámite al recurso de apelación) cesaron, por lo que lo procedente por parte del Tribunal de tutela era conceder la tutela de los derechos al debido proceso y de defensa al peticionario, y prevenir a la autoridad pública para que no volviera a incurrir en idénticas acciones y omisiones. NOVIEMBRE 20 DE 1995 Ref.: Expedientes T-66492 y T-76659 Actor: Rafael Guerra Vega y Otros, y Fondo Pasivo Social de Colpuertos Temas: - El derecho de petición no implica la obligación de responder una oferta de conciliación -Tutela por vías de hecho ante negativa de tramitar un recurso oportunamente interpuesto Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En los procesos de tutela T-66492, adelantado por  RAFAEL GUERRA VEGA Y OTROS contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA - FONCOLPUERTOS -, y T-76659, adelantado por el representante legal de FONCOLPUERTOS contra el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá. ANTECEDENTES A. Hechos. Expediente T-66492 1. Varios ex-trabajadores y pensionados de la extinta Empresa Puertos de Colombia-Terminal Marítimo de Santa Marta, fueron beneficiarios de una reliquidación de salarios, prestaciones sociales y reajustes pensionales, reconocidos a través de las resoluciones N° 141107 de noviembre 30 de 1991, N° 140574 de marzo 19 de 1991, N° 140978 de septiembre 4 de 1991, N° 141132 de octubre 31 de 1991, N° 141168 de noviembre 7 de 1991, N° 142991 de julio 14 de 1992, N° 143047 de julio 23 de 1992, N° 143160 de agosto 5 de 1992, N° 143161 de agosto 5 de 1992, N° 143162 de agosto 5 de 1992, N° 143200 de agosto 6 de 1992, N° 143201 de agosto 6 de 1992, N° 143202 de agosto 6 de 1992, N° 143203 de agosto 6 de 1992, N° 143239 de agosto 6 de 1992 y N° 141167 de noviembre 7 de 1992. El 29 de diciembre de 1993, la Empresa suscribió con los señores Omar Niebles Anchique y Jorge Suárez Bernal sendas actas de conciliación, ante el Inspector del Trabajo del Magdalena, en las cuales se comprometía a cancelarles, el 13 de enero de 1994, las sumas debidas por concepto de sueldos, prima de vacaciones, vacaciones, prima de antigüedad, prima de servicios y cesantía definitiva. 2. Las resoluciones y actas de conciliación antes reseñadas son actualmente materia de cobro ejecutivo ante los juzgados 2°, 3° y 4° laborales del Circuito de Santa Marta. En los respectivos procesos ejecutivos, las liquidaciones de los créditos fueron debidamente aprobadas y ejecutoriadas y se libró mandamiento de pago al Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia - FONCOLPUERTOS -, sin que hasta el momento la entidad haya pagado esas deudas. El apoderado de los ex-trabajadores y pensionados beneficiados con las medidas adoptadas en las resoluciones antes descritas, basándose en lo establecido por el artículo 177 del C.C.A., y en que esas resoluciones contaban algunas con 24 meses de ejecutoria, otras con 26 meses y otras con 28 meses sin haber sido canceladas, solicitó a cada uno de los juzgados de ejecución que se practicara medida cautelar de embargo y retención de dineros de propiedad de la Empresa ejecutada. La petición fue denegada por los juzgados de conocimiento, decisión que fue confirmada por el respectivo superior jerárquico. De igual forma, a solicitud de la Fiscalía Especializada Unidad Dos Sub-unidad Delitos contra la Administración Pública Seccional Santa Marta, los juzgados laborales de ejecución suspendieron varios de los procesos, en razón de la vinculación de algunos de los beneficiarios de las resoluciones y actas de conciliación antes reseñadas, al proceso N° 367 seguido por esa Fiscalía por posibles delitos contra el tesoro público. 3. Frente al no pago de las acreencias laborales a que tenían derecho sus poderdantes, el apoderado de los ex-trabajadores y pensionados de Colpuertos, en uso del derecho de petición, presentó fórmulas de conciliación a FONCOLPUERTOS, dirigidas a lograr el pago de las sumas debidas, que nunca obtuvieron respuesta por parte de la Empresa. 4. El 20 de febrero de 1995, el abogado Luis Alberto Urquijo Anchique, en nombre y representación de Rafael Guerra Vega y otros 121 ex-trabajadores y pensionados de la Empresa Puertos de Colombia, interpuso acción de tutela, ante el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, D.C., contra el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, por considerar que esta entidad vulneró los derechos a la igualdad (C.P., artículo 13) y de petición (C.P., artículo 23) de sus representados. 5. Mediante actas de conciliación suscritas ante el Inspector del Trabajo del Magdalena, los días 20 y 23 de diciembre de 1993, la Empresa Puertos de Colombia-Terminal Marítimo de Santa Marta se obligó a pagar a los señores Cesar Augusto Ospino Hernández, Jairo Cartagena Rodríguez, Yomaira Beter Hurtado, Denys María Lurán Taylor, Pedro Rivas Cabas, Juan Manjarrés Meza, Bienvenido Maestre Granados, Juan Fernández Maestre, Jhony Pacheco Aguilar, Jorge Castaño Pombo, Daniel Rodríguez Cruz, Rafael Nuñez Medina y Argemiro Bonilla Pacheco, la indemnización por haber dejado practicar el examen médico de retiro. Estas actas de conciliación fueron ejecutadas ante los juzgados laborales del Circuito de Santa Marta. Luego de aprobadas y ejecutoriadas las respectivas liquidaciones, los apoderados de los trabajadores ejercieron el derecho de petición ante la Empresa, quien canceló estas acreencias laborales en su totalidad. Por resolución N° 143203 de agosto 6 de 1992, la Empresa Puertos de Colombia-Terminal Marítimo de Santa Marta reconoció a los señores Rafael Dávila Buriticá, Antonio Miranda Durán y Rubén Sinning del Castillo, una reliquidación de salarios. Este acto administrativo fue ejecutado ante el Juzgado 3° Laboral del Circuito de Santa Marta. Luego de aprobada y ejecutoriada la liquidación del crédito, se solicitó el pago al Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, quien cumplió con la orden de pago, salvo en el caso del señor Rubén Sinning del Castillo. En opinión del apoderado de los actores, la violación del derecho a la igualdad se produjo cuando FONCOLPUERTOS canceló las sumas contenidas en las actas de conciliación suscritas los días 20 y 23 de diciembre de 1993, y no efectuó el pago de los montos de dinero que constaban en las actas de conciliación suscritas entre la Empresa y los señores Omar Niebles Anchique y Jorge Suárez Bernal, descritas en el numeral 1. Igualmente, tal vulneración se configuró con la cancelación de sumas establecidas en la Resolución N° 143203 de agosto 6 de 1992, y el no pago de los dineros reconocidos por las resoluciones anotadas en el numeral 1. El representante de los ex-trabajadores consideró que el pago a unos ex-trabajadores y pensionados, en detrimento de otros que se encontraban en la misma situación, constituía un trato discriminatorio contrario al artículo 13 de la Constitución Política. De otro lado, la violación al derecho de petición se presentó cuando FONCOLPUERTOS no contestó las peticiones elevadas por el apoderado de los actores para obtener el pago mediante fórmulas de conciliación. 6. Mediante providencia de marzo 8 de 1995, el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, tuteló los derechos a la igualdad y de petición de los actores. En su sentencia, el fallador consideró que "la accionada, contrario al espíritu que informa el postulado de la igualdad reconocido constitucionalmente, ha asumido en relación a sus acreedores, conductas de discriminación en el pago de los derechos laborales causados, en favor de los aquí reclamantes, pues existiendo relación de causalidad temporal respecto de los actos administrativos que reconocieron a unos y otros derechos surgidos de la relación laboral que mantuvo con ellos, ha provisto el pago de unos y los restantes aún se encuentran insolutos, no obstante tener en la actualidad adelantados juicios ejecutivos laborales que buscan el cumplimiento en la satisfacción de las garantías laborales reconocidas". El Juzgado también observó que "habiéndose aducido como título ejecutivo en tales procesos los actos administrativos (...), que entre otras cosas cuentan con más de 18 meses de exigibilidad al tenor de lo previsto en el artículo 177 del C.C.A. en armonía con lo establecido por la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-546 del 1° de octubre de 1992, se desconocen los argumentos por los cuales no se han hecho efectivos los derechos de los ejecutantes, no obstante resultar procedente a estas alturas la aplicación de la excepción contenida en la sentencia constitucional a que se ha hecho mención". En cuanto a la vulneración del derecho de petición, el juez de tutela sostuvo que "nada evidencia en el informativo que la accionada haya dado cabal cabida a las solicitudes formuladas a folios 15 a 72 (solicitudes de conciliación elevadas por el apoderado de los actores ante el Fondo), surgiendo de ello la flagrante violación al derecho de petición que en favor de los reclamantes tiene establecido el artículo 23 constitucional". Por último, el a-quo anotó que "no obstante que los despachos que certifican a folios 91 a 110 indican que los correspondientes juicios ejecutivos laborales ante ellos adelantados por los reclamantes cuentan con la totalidad de las formalidades propias y que en ese orden los mandamientos de pago han causado ejecutoria así como en algunos aprobada se encuentra (sic) la correspondiente liquidación del crédito, aducen la suspensión de los mismos por adelantarse en contra de algunos de los ejecutantes investigaciones de carácter penal por parte de la Fiscalía General de la Nación, y acorde con el precepto del artículo 170 del C.P.C. Sin embargo, considera este Juzgado que al no corresponder ello a materia que deba ser analizada en esta decisión, ello tampoco descalifica el cumplimiento integral que la accionada debe dar a los actos administrativos proferidos en ejercicio de sus funciones". El expediente fue enviado a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de la cual fue excluido mediante auto de abril 21 de 1995. 7. El 15 de marzo de 1995, la apoderada del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, impugnó el fallo anterior argumentando que, en este caso, existían otros medios de defensa judicial para obtener el pago de los dineros adeudados por FONCOLPUERTOS a los actores. Mediante auto de marzo 17 de 1995, el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá rechazó por extemporánea la impugnación presentada. 8. Mediante oficio N° 01115 de marzo 24 de 1995, la Dirección de FONCOLPUERTOS informó al abogado Urquijo Anchique que el Fondo no accedía a las solicitudes de conciliación por él elevadas, y que la Empresa daría estricto cumplimiento a las sentencias que pusieran fin a los procesos ejecutivos que se tramitan antes los juzgados laborales del Circuito de Santa Marta. El 31 de marzo de 1995, la apoderada del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia puso en conocimiento del Juzgado 1° Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá la respuesta dada al apoderado de los actores, dando por cumplida la orden de ese despacho judicial en lo relativo a la reparación del derecho de petición vulnerado. 9. A solicitud del apoderado de la parte actora, el Juzgado 1º Laboral, mediante auto de mayo 10 de 1995,  sancionó con arresto de cinco días y multa de dos salarios mínimos mensuales al doctor LUIS HERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, por incumplimiento de lo ordenado en la sentencia de marzo 8 de 1995. Igualmente, ordenó consultar la imposición de la sanción con el Superior. 10. El 12 de mayo de 1995, el Director de FONCOLPUERTOS solicitó al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público una adición presupuestal con el fin de atender el pasivo social de la extinta Empresa Puertos de Colombia. El representante legal del Fondo, anotó que "la escasez de recursos para atender las obligaciones laborales, civiles y administrativas ha desembocado en acciones de tutela con sanciones de arresto para el Director del Fondo, además de quejas ante la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación". 11. El día 15 de mayo de 1995, se suscribió un acuerdo extraprocesal de pago entre la Dirección del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia y el apoderado de los actores, en el cual se acordó que, como consecuencia de la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, el Fondo se comprometía a: (1) pagar los créditos tal y conforme fueron ordenados en los mandamientos de pago proferidos por los juzgados 2°, 3° y 4° laborales del Circuito de Santa Marta; (2) reliquidar las prestaciones sociales de los beneficiarios de los actos administrativos; (3) incluir en nómina el valor de los reajustes de las pensiones ordenados en los actos administrativos que sirvieron de base a los procesos ejecutivos. De igual forma, el Fondo prometió pagar los reajustes pensionales y las mesadas atrasadas en la nómina del mes de junio de 1995, y el resto de las prestaciones económicas - según lo ordenado por la Constitución, la ley y las convenciones colectivas de trabajo -, dentro de un plazo máximo de treinta días contados a partir de la firma del acuerdo. Por su parte, el apoderado de los actores se comprometió a manifestar ante el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá que las pretensiones de los peticionarios habían sido satisfechas y que, por lo tanto, desistía de la solicitud de sanción al Director del Fondo por desacato a la sentencia de tutela de marzo 8 de 1995. En el acta de acuerdo se puso de presente (considerando tercero) "que el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia en Liquidación, recibió el oficio N° 2690 de marzo 28 de 1995, emanado de la Fiscalía Especializada Unidad Dos, Subunidad Delitos contra la Administración Pública, Seccional Santa Marta y refrendado la Fiscal Trece, Doctora Zury Camargo Santiago, y mediante el cual tuvo conocimiento de que las siguientes resoluciones: 143200 de agosto 6 de 1992, 143162 de agosto 5 de 1992, 143239 de agosto 6 de 1992, 146387 de diciembre 31 de 1993, 143160 de agosto 5 de 1992, 143202 de agosto 6 de 1992, 146380 de diciembre 31 de 1993, 146332 de diciembre 30 de 1993, 143161 de agosto 5 de 1992, 143203 de agosto 6 de 1992, 140574 de marzo 19 de 1991, proferidas por la Empresa Puertos de Colombia-Terminal Marítimo de Santa Marta, se encontraban cuestionadas por ese despacho judicial". Igualmente se manifestó (considerandos cuarto y quinto) "que en los Juzgados Laborales de Santa Marta, donde se adelantan los procesos ejecutivos, fueron suspendidos por orden de la Fiscalía y por haberse dado el fenómeno de la prejudicialidad penal", y "que con fecha mayo 3 de 1995, la Doctora Nurys Urquijo Anchique, quien obra en los procesos ejecutivos ante los Juzgados Laborales de Santa Marta mencionados, como apoderada sustituta del Doctor Luis Alberto Urquijo, presentó memorial al Fondo en el que anexa una certificación expedida por la Fiscalía Trece de Santa Marta y solicita el pago de las prestaciones sociales, intereses y agencias en derecho así como también los incrementos de las pensiones, teniendo como base las resoluciones que certificó ese Despacho Judicial y que a la fecha no han sido cuestionadas". 12. El 15 de mayo de 1995, el apoderado del representante legal de FONCOLPUERTOS interpuso recurso de reposición, y en subsidio de apelación, contra la providencia de mayo 10 de 1995, que ordenaba sancionar al Director de esa entidad con arresto y multa. De igual forma, solicitó que, en caso de no ser concedidos los recursos, el expediente fuera enviado a consulta ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, según lo dispone el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. El recurrente manifestó que el representante legal del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia no "ha pretendido realizar una conducta ilegítima de desacato a su fallo de tutela en beneficio de los accionantes. Antes por el contrario, existen pruebas valederas y suficientes que muestran como el establecimiento dirigido por aquél, siempre y en todo momento ha estado dispuesto a cumplir con las obligaciones que el fallo de tutela le impuso". "Sin embargo, frente a las órdenes imperiosas y terminantes de la Fiscalía Trece de Delitos contra la Administración Pública, en el sentido de que se abstuviera de pagar cualquier suma de dinero que tuviera como causa o motivo las resoluciones y actas de conciliación mencionados, hasta tanto no se definiera por la investigación la responsabilidad de cada uno de los vinculados al proceso penal N° 367, el Director del Fondo no podía, no debía, coadyuvar a que se hicieran tales pagos por que ello tipificaría en su contra responsabilidades penales, como presunto encubridor de conductas atentatorias contra el erario público". 13. El 25 de mayo de 1995, el abogado Luis Alberto Urquijo Anchique presentó ante el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, un memorial mediante el cual desistía del incidente de sanción promovido el día 27 de abril. Por su parte, el apoderado del Director de FONCOLPUERTOS coadyuvó la anterior petición y, a su turno, desistió de los recursos interpuestos contra el auto por medio del cual se sancionaba con arresto y multa al representante legal del Fondo. El Juzgado 1º Laboral, por auto de mayo 25 de 1995, admitió el desistimiento del incidente que impuso la sanción, solicitado por el apoderado de los demandantes con la coadyuvancia del representante legal de la entidad demandada, y ordenó el archivo de las diligencias incidentales. B. Hechos - Expediente T- 76659 14. En mayo 26 de 1995, LUIS HERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Representante Legal del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia en Liquidación - FONCOLPUERTOS -, por intermedio de apoderado, ejerció acción de tutela por vías de hecho contra las "acciones y omisiones cometidas por el señor Juez Primero Laboral del Circuito de Santa fe de Bogotá ... ". Aduce el actor la violación de sus derechos al debido proceso y de defensa, así como los de la persona jurídica de derecho público que representa. Fundamenta su petición, entre otros, en los siguientes hechos: 14.1 El Juzgado Primero Laboral negó el recurso de apelación interpuesto por el actor en su calidad de representante legal de  FONCOLPUERTOS contra la sentencia de marzo 8 de 1995, con fundamento en una extemporaneidad inexistente, puesto que la providencia fue comunicada al demandando el día 13 de marzo y la impugnación se presentó el día 15 de marzo, dentro del término previsto por la ley. 14.2. El Juzgado Primero Laboral no tuvo en cuenta las razones expuestas por el representante legal de FONCOLPUERTOS, entre ellas que los juzgados 2, 3 y 4 del Circuito Laboral de Santa Marta comunicaron la aceptación de una prejudicialidad en lo penal, solicitada por la Fiscalía Trece de Delitos contra la Administración Pública, que le impide cumplir con la providencia de tutela. 14.3 El Juez Primero Laboral dispuso, en incidente de desacato, las sanciones de arresto y multa, y no consultó al superior, como lo ordena el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 15. El demandante pretende se ordene al Juez Primero Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá conceder el recurso de impugnación interpuesto, a fin de que sea enviado a su superior jerárquico (1), y abstenerse de hacer efectivo el arresto decretado en su contra (2). 16. Mediante auto de fecha 30 de mayo de 1995, el Juez 1º Laboral anuló la providencia por la cual había rechazado, por presentación extemporánea, la impugnación contra la sentencia de marzo 8 de 1995. Admite el Juzgador que el recurso de apelación fue presentado en tiempo oportuno, "pues la notificación de ese proveído se verificó el día 13 de marzo del año en curso y a partir de ahí debió contarse el término de ejecutoria". En consecuencia, concedió, en efecto suspensivo, la impugnación ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá. 17. El 1° de junio de 1995, el apoderado de los actores desistió de la acción de tutela por él interpuesta contra el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia. El abogado sustentó su petición en el acuerdo extraprocesal suscrito entre él y el Fondo el día 15 de mayo de 1995, en el cuál FONCOLPUERTOS se comprometió a dar cumplimiento a la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá el día 8 de marzo de 1995. 18. Mediante auto de junio 6 de 1995, el Juzgado 1º Laboral, a solicitud del apoderado de los ex-trabajadores de COLPUERTOS y teniendo en cuenta el acuerdo extraprocesal al que habían llegado las partes, admitió el desistimiento de la acción de tutela y ordenó el archivo de las diligencias. 19. El 8 de junio, el Director de FONCOLPUERTOS, por intermedio de apoderado, recurrió y, en subsidio, apeló el anterior auto. El Juzgado 1º Laboral, mediante auto del 13 de junio de 1995, denegó la reposición y concedió la apelación ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá. 20. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, mediante fallo de junio catorce (14) de mil novecientos noventa y cinco (1995), concedió la tutela del derecho al debido proceso del Fondo de Pasivo de la Empresa Colombiana Puertos de Colombia y, de otra parte, ordenó el envío del expediente de la acción de tutela promovida contra éste por Rafael Vega y  otros a la Sala Laboral del Tribunal Superior de  Santa Fe de Bogotá, con el fin de que se surtiera la impugnación interpuesta contra el fallo de marzo 8 de 1995. Considera la Sala Laboral que el Juez 1º Laboral del Circuito, luego de reconocer, en auto del 30 de mayo de 1995, la procedencia del recurso de apelación contra la sentencia de marzo 8 de 1995, debió enviar la actuación al superior jerárquico y no, como lo hizo, ordenar su archivo y omitir el envío. La omisión del envió y archivo del expediente conculcan, en su sentir, el derecho fundamental al debido proceso. Sostiene que pese a ser actuaciones revestidas del carácter de providencias judiciales, carecen de fundamento legal y constituyen verdaderas vías de hecho. “no puede ampararse la omisión de enviar el expediente al superior, y la consiguiente decisión de archivar el expediente, en el hecho de haberse presentado desistimiento de la acción de tutela por parte de los accionantes: pues no puede perderse de vista que, del acto de impugnación el único que puede desistir era el propio impugnante que fue quien la formuló: y no obstante tal desistimiento de la acción de tutela, su trámite era susceptible de reabrir para la imposición de las sanciones pertinentes, por lo que se hacia necesaria una definitividad de la decisión adoptada, que sólo se lograba con el fallo de segundo grado proferido en virtud de la impugnación propuesta”. En relación con el incidente de desacato y la omisión del Juez 1º Laboral de surtir la consulta allí ordenada, la Sala Laboral considera que el desistimiento del incidente de desacato por las partes no podía ser desconocido por el actor mediante la interposición de la tutela. 21. El Juez 1º Laboral del Circuito, mediante apoderado, impugnó la decisión de la Sala Civil del Tribunal de Santa Fe de Bogotá, de junio 14 de 1995. Estima que se vulneraron sus derechos al debido proceso y a la defensa, toda vez que no tuvo conocimiento de la acción de tutela iniciada en su contra sino hasta la notificación de la providencia. Agrega que el Tribunal carece de competencia por no ser procedente la acción de tutela contra fallos de tutela y que tampoco sus actuaciones u omisiones constituyen una vía de hecho. Recalca que el error involuntario de negar la impugnación por extemporánea, fue corregido motu proprio por el Juzgado, pese al “pasmoso desinterés” de la parte demandada. 22. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, mediante sentencia de julio 19 de 1995, revocó la decisión impugnada y denegó la protección constitucional pedida por la parte actora. A su juicio, la decisión que desató la acción de tutela impetrada por los ex-trabajadores de COLPUERTOS no puede ser cuestionada mediante este nuevo trámite constitucional. Considera la Corte Suprema que “por fuera de cualquier planteamiento en cuanto a la validez o la ineficacia de la aplicación de esa terminación anormal del proceso, la existencia del recurso de apelación interpuesto por la sociedad actora en tutela el pasado 8 de junio, concedido a su vez el 13 de junio siguiente, impide el estudio por parte de otros funcionarios diversos a quien no sea el superior jerárquico del autor de la decisión impugnada”. En su concepto, ordenar lo contrario, generaría un paralelismo de actuaciones, en torno a un mismo hecho, que podría resultar en sentencias contradictorias. Por lo anterior, concluye, debe dejarse “allanado” el camino para que se desate la apelación interpuesta, siendo este el mecanismo de defensa que impide la posibilidad de que la acción de tutela sea procedente en este caso. 23. Mediante sentencia de julio 13 de 1995, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá se abstuvo de conocer del recurso de apelación contra el auto de fecha 6 de junio de 1995 proferido por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, el cual admitía el desistimiento de la acción de tutela, y revocó, en todas sus partes, la sentencia de marzo 8 de 1995 del mismo juzgado. El Tribunal consideró, por una parte, que al proceso de tutela no se allegaron los poderes que facultaban al abogado Urquijo Anchique para interponer la acción de tutela en nombre de los 122 ex-trabajadores y pensionados de la Empresa Puertos de Colombia. Además, "el hecho de obrar como apoderado judicial en el trámite de los procesos ejecutivos que a favor de los mismos se tramitan en distintos Juzgados Laborales del Circuito de la ciudad de Santa Marta, no lo autoriza para proponer a nombre de sus representados en el proceso ejecutivo la acción de tutela". Frente a la posibilidad de solicitar medidas cautelares el ad-quem expresó que "no puede predicarse la cosa juzgada frente a los autos que negaron las medidas cautelares conforme lo tiene establecido la jurisprudencia y la doctrina en forma reiterada, y así dicho apoderado se encuentra facultado para insistir en obtener el cobro coercitivo mediante la petición de nuevas medidas cautelares en términos de Ley, más aún con las sentencias de la H. Corte Constitucional especialmente la de octubre 1° de 1992, y en caso de tenerse criterio distinto por los Juzgados y la Corporación del Distrito Judicial de Santa Marta, está facultado para pedir el apoderado de los ejecutantes el embargo de bienes que no se encuentren comprendidos dentro del Presupuesto General de la Nación". Para el Tribunal, la posibilidad de solicitar medidas cautelares es un medio de defensa judicial que "le quita cualquier piso a la violación al derecho de la igualdad. Si la demandada ha pagado a personas distintas de los ejecutantes, se desconoce igualmente por la Sala que argumentos tuvo el Fondo demandado para ello pero de todas formas la actuación podría llegar a constituir falta disciplinaria del funcionario respectivo, pero nunca violación en sí misma al derecho a la igualdad". Por último, el fallador de segunda instancia consideró que tampoco "puede existir violación al derecho de petición cuando lo que se pretende es un pago, que se está tramitando en el proceso ejecutivo, y los ofrecimientos para conciliar que ha hecho la parte ejecutante y que según ella no han sido respondidos, tampoco pueden configurar violación al derecho de petición, se repite por estar en trámite los procesos ejecutivos y es potestativo de la entidad determinar si acoge o no la propuesta, o deja que el proceso siga su curso con las consecuencias de Ley en su contra". La anterior decisión fue enviada a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, al ser seleccionada, correspondió a esta Sala su conocimiento. FUNDAMENTOS A. Expediente T- 66492 Procedencia de la acción de tutela 1. El asunto objeto de la presente acción hace relación al no pago de obligaciones de carácter laboral, a cargo del Fondo de Pasivos Social de la empresa Puertos de Colombia - Foncolpuertos -, a favor de 120 ex trabajadores y pensionados de la empresa. En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha sostenido que el juicio ejecutivo laboral es el mecanismo idóneo para hacer efectivos los créditos laborales, salvo en aquellos casos en los cuales se encuentre comprometido el mínimo vital del actor. En estas circunstancias, el medio judicial citado se torna insuficiente como instrumento eficaz de garantía de los derechos fundamentales de la persona[1] y, en consecuencia, procede la acción de tutela. Sin embargo, el apoderado de los actores no señala que la causa de la vulneración de los derechos se encuentre constituida simplemente por el no pago de las obligaciones a cargo del Fondo. Alega que la actuación de Foncolpuertos configura un trato discriminatorio en contra de sus representados, consistente en la cancelación de obligaciones laborales contraídas con posterioridad a las pactadas a favor de estos. En suma, considera que el pago a unos ex trabajadores y pensionados, en detrimento de otros cuyas acreencias son anteriores en el tiempo de aquellas efectivamente pagadas, constituye un trato discriminatorio contrario al artículo 13 de la Carta. De otra parte el apoderado de los actores entiende que se ha vulnerado el derecho de petición, ya que a nombre de sus representados, formuló solicitudes de conciliación a Foncolpuertos para obtener el pago de las acreencias laborales, sin que al momento de la interposición de la acción se hubiere recibido respuesta alguna de parte del Fondo. 2. Para el juez de instancia el trato discriminatorio en contra de los actores se encuentra demostrado, en el hecho de que "existiendo relación de causalidad temporal respecto de los actos administrativos que reconocieron a unos y otros (ex-trabajadores y pensionados) derechos surgidos de la relación laboral que mantuvo con ellos, ha provisto el pago de unos y los restantes aún se encuentran insolutos". Así mismo, el a-quo consideró que Foncolpuertos vulneró el derecho de petición de los actores al no responder oportunamente las solicitudes de conciliación por ellos elevadas. 3. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá revocó la decisión adoptada por el juez de instancia al considerar que el pago de unas obligaciones a favor de personas distintas de los actores "podría llegar a constituir falta disciplinaria del funcionario respectivo, pero nunca violación en si misma al derecho a la igualdad en los términos consagrados en el artículo 13 de la C.N.". Añade que la existencia de mecanismos ordinarios - proceso ejecutivo laboral y embargo de bienes que no se encuentran comprendidos dentro del Presupuesto General de la Nación - para satisfacer las obligaciones laborales, " le quita cualquier piso a la violación al derecho de la igualdad". De otra parte el ad-quem señala que no se produjo vulneración al derecho de petición, pues es potestativo de la entidad determinar si acoge o no la propuesta de conciliación presentada por los actores. 4. El principio de igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Carta, no significa que todas las personas deban recibir tratamiento idéntico o no diferenciado. Como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte, la diferencia de trato entre personas que se encuentran en igualdad de condiciones, no necesariamente conduce a un juicio de discriminación. Así, el tratamiento diferenciado puede encontrar una justificación objetiva y razonable, que tienda a la búsqueda de fines constitucionales, o a la protección de bienes protegidos por el texto fundamental. Por el contrario, cuando el trato disímil no se encuentra justificado o atenta directamente contra valores o principios del ordenamiento constitucional, se compromete, en los términos del artículo 13 de la Carta, el derecho a la igualdad. Por ello, no puede afirmarse, como lo hace el Tribunal, que el tratamiento diferente, representado en el pago de unas acreencias laborales respecto de otras insatisfechas, no afecta, en ningún caso, el derecho consagrado en el artículo 13 del texto fundamental. Por el contrario, si se demostrare que dicho comportamiento no encuentra justificación razonable y objetiva, sería indudable la pertinencia de la aplicación del principio de igualdad. Sin embargo, del mero tratamiento diferenciado no se infiere la existencia de un trato discriminatorio. En estos casos, el actor debe demostrar, al menos indiciariamente, que la actuación acusada compromete valores o principios constitucionalmente tutelados, o que no encuentra justificación razonable y objetiva. En el caso que ocupa la atención de la Corte, el actor simplemente señaló los hechos de los cuales se deduce un trato disímil respecto de ex trabajadores y pensionados de Puertos de Colombia - se demuestra que la entidad demandada liquidó obligaciones laborales pactadas con posterioridad a aquellas que tiene respecto de los actores y que no han sido asumidas -, los cuales por sí mismos no prueban, siquiera sumariamente, que existió un trato discriminatorio. Muchas pueden ser las causas legítimas por las cuales un fondo de pasivos liquida primero determinadas acreencias. La cuantía de las obligaciones, su naturaleza, los recursos de que dispone el Fondo, así como los hechos externos - el cuestionamiento de la Fiscalía respecto de algunas de las resoluciones cuyo pago se exige -, constituyen razones, ajenas al presente expediente que bien pudieran justificar el comportamiento del Fondo. En estas circunstancias el pago de obligaciones contenidas en resoluciones expedidas con posterioridad a las que benefician a los actores del presente proceso, no indica que, con su actuación, Foncolpuertos configure un trato discriminatorio. En suma, para que en casos como el presente proceda la acción de tutela, como garantía del derecho a la igualdad, se requiere que el actor, además de demostrar el trato diferenciado, señale y acredite, por lo menos indiciariamente, las razones por las cuales considera que se trata de una actuación discriminatoria, vale decir de un trato diferenciado que no encuentra justificación objetiva y razonable y que, por tanto, compromete valores, principios y derechos constitucionalmente tutelados. 5.  El derecho de petición comporta tanto el derecho a la información como el de solicitar a la administración que cumpla con sus funciones propias. Sin embargo, el alcance de este derecho no puede extenderse hasta el punto de exigir de las entidades públicas, respuesta oportuna a las propuestas formuladas por particulares en uso de su autonomía, y que no comprometen, en manera alguna, los deberes legales o constitucionales de dichas entidades. En el caso sub judice el apoderado de algunos de los ex-trabajadores y pensionados de Colpuertos elevó al fondo de pasivos una propuesta de conciliación. Sin entrar a estudiar si es viable una oferta directa de conciliación al patrono, respecto de acreencias laborales contenidas en mandamientos de pago expedidos dentro de los procesos ejecutivos laborales que se encuentran suspendidos, lo cierto es que se trata de una propuesta de negociación de las acreencias laborales, asimilable más a una oferta de transacción que a una conciliación. No se pide a la administración que adelante una gestión a la cual esta obligada, ni que suministre información sobre los asuntos públicos a su cargo. Simplemente se formula una invitación contractual, fruto de la capacidad de negociación del apoderado, sin que por ello a la administración le surja la obligación de responder. Es más, el silencio de la administración se asimila a una respuesta negativa, que podría dar lugar a responsabilidades posteriores, pero que no afecta el derecho de petición del actor. La Sala considera que el silencio de Foncolpuertos respecto de las propuestas realizadas a nombre de los actores del presente proceso, no compromete el derecho de petición de que trata el artículo 23 de la Carta, pues, en realidad, se trata de una propuesta contractual y no de una petición de información o de gestión relativa a obligaciones o deberes propios de la entidad demandada. 6. Pese a que las razones anteriores llevan a la Sala a encontrar que la presente acción es inconducente, no puede pasar desapercibida la improcedencia de la misma por ausencia de un presupuesto procesal: la demanda en forma. Como lo señala el Tribunal, el apoderado no presentó ante el juez de primera instancia los poderes que lo acreditan como representante legítimo de los ex-trabajadores y pensionados de Colpuertos, a nombre de quienes actúa. Tampoco señaló que procedía, en su calidad de abogado, como agente oficioso. En tales circunstancias, la Sala entiende que la acción ha debido ser rechazada. En consecuencia, por las razones expuestas en la presente providencia, se confirmará la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá. B. Expediente T-76659 1. El actor acusa dos actuaciones y una omisión del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá como violatorias de sus derechos de defensa y debido proceso, en su doble condición de persona natural y de representante de FONCOLPUERTOS. La primera se refiere al rechazo, por extemporáneo, de una impugnación contra un fallo de tutela, pese a la presentación del recurso dentro del término legal. Otra actuación se relaciona con la desestimación de los argumentos presentados por el demandante para negarse a cumplir, aún estando bajo la conminación de arresto y multa, con lo ordenado en el mencionado fallo. La omisión, por su parte, tiene que ver con la negativa a consultar la sanción de arresto y multa impuesta al actor por el desacato. 2. La Corte prohíja la tesis de los falladores de instancia en el sentido de que ni la segunda actuación ni la omisión acusada vulneran los derechos del demandante o de la entidad de derecho público que representa. En efecto, el Juez Primero Laboral, ordenó la consulta con el superior del auto de mayo 10 de 1995, mediante el cual sancionó al actor por desacato. La ley no ordena consultar la medida sancionatoria antes de su adopción. El superior jerárquico debe resolver dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción (D. 2591 de 1991, art. 52). Se deduce, por consiguiente, que la sanción impuesta debe hacerse efectiva una vez sea confirmada. En el presente caso, el demandante conocía de la aceptación del desistimiento del incidente de desacato - auto de mayo 25 de 1995 - con anterioridad a la presentación de la acción de tutela, hecho que explica el no envío del expediente al superior para que se surtiera la consulta de la sanción. La petición de amparo respecto de la supuesta omisión resulta, en consecuencia, inconducente. Tampoco es la acción de tutela el mecanismo procedente para solicitar la reconsideración de las razones expuestas por el representante legal de FONCOLPUERTOS para negarse a cumplir con lo ordenado en el fallo de tutela de marzo 8 de 1995. El grado de consulta establecido por la ley permite que el superior jerárquico examine la pertinencia y validez de los argumentos del demandado, no siendo el amparo constitucional el mecanismo idóneo para debatir un asunto cuyo conocimiento corresponde a otro juez. 3. Resta, por último, evaluar si la actuación que rechazó por extemporáneo el recurso de apelación presentado por el representante legal de FONCOLPUERTOS contra la sentencia de tutela favorable a los ex-trabajadores de COLPUERTOS, constituye una vía de hecho que viola los derechos al debido proceso y de defensa. Según el Tribunal de instancia, pese al reconocimiento de la procedencia del recurso de apelación - auto de mayo 30 de 1995 -, el Juez demandado omitió enviar la actuación al superior jerárquico y decidió archivar las diligencias debido al desistimiento de la acción de tutela por parte de los ex-trabajadores de COLPUERTOS, actuación que carece de fundamento legal y constituye una auténtica vía de hecho violatoria de los derechos al debido proceso y de defensa, más aún cuando el único que podía desistir del recurso de impugnación concedido era el impugnante. La Corte Suprema de Justicia, rechaza esta interpretación y considera que la acción de tutela era improcedente, ya que el mecanismo de defensa a disposición del demandante era la apelación del auto que aceptó el desistimiento de la acción de tutela. 4. Tanto el Tribunal como la Corte Suprema confunden los hechos generadores de la presunta vulneración de los derechos al debido proceso y de defensa. Estos tienen relación con el rechazo, por extemporáneo, de un recurso de apelación presentado, según el actor, dentro del término legal. Este hecho fue denunciado en su escrito de tutela el 26 de mayo de 1995. Días después, mediante auto del 30 de mayo de 1995, el Juez acusado reconoció su error en la contabilización del término de ejecutoria, anuló la providencia de rechazo y concedió, en efecto suspensivo, la impugnación contra la sentencia de marzo 8 de 1995. Por lo tanto, los hechos planteados por el actor nada tienen que ver con la omisión de envío de las diligencias al superior - actuación omisiva posterior a la acción de tutela - ni con la aceptación judicial del desistimiento  de la acción de tutela (auto de junio 6 de 1995), hecho igualmente posterior a la solicitud de amparo. Hechas las anteriores precisiones, debe la Corte determinar si el Juez Primero Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá incurrió en una vía de hecho violatoria de los derechos al debido proceso y de defensa del actor, como persona natural y como representante de FONCOLPUERTOS, aún cuando dicho comportamiento haya sido posteriormente corregido haciendo cesar los efectos del acto u omisión acusado. 5. La Corte Constitucional ha sostenido que "una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona" (ST-079 de 1993). El Juez Primero Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá comunicó, mediante oficio 0367 del 9 de marzo de 1995 recibido en las dependencias de FONCOLPUERTOS el 13 del mismo mes, a su gerente y representante legal, la sentencia de tutela proferida en marzo 8 de 1995. Este último, dentro del término legal, presentó recurso de apelación el 15 de marzo. No obstante, el mencionado funcionario judicial, con base en un informe secretarial sobre la presunta impugnación fuera del término, se abstuvo de dar trámite al recurso oportunamente interpuesto. El anterior comportamiento se aparta de manera manifiesta e injustificada de lo dispuesto en la ley y viola los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, además de constituir patente quebrantamiento del principio de la doble instancia consagrado en el artículo 86 de la Constitución. El artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 dispone claramente respecto del término para apelar las decisiones de tutela: "Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado ...". Pese a que la notificación de la sentencia de marzo 8 no se hizo efectiva hasta el 13 de marzo y la impugnación se presentó dos días después, el fallador se abstuvo de darle trámite, privando al demandante de la posibilidad de controvertir la decisión adversa. Tanto es así que el Juez, con posterioridad a la interposición de la acción de tutela en su contra, reconoció su error - auto de mayo 30 de 1995 - y, ante la inminencia de la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, anuló su decisión, concediendo, en efecto suspensivo ante su superior jerárquico, la impugnación. A partir de ese momento, los efectos del acto impugnado (decisión de abstenerse de dar trámite al recurso de apelación) cesaron, por lo que lo procedente por parte del Tribunal de tutela era conceder la tutela de los derechos al debido proceso y de defensa al peticionario, y prevenir a la autoridad pública para que no volviera a incurrir en idénticas acciones y omisiones (D. 2591 de 1991, art. 24). Las actuaciones posteriores del Juez Primero Laboral - aceptación del desistimiento de la acción de tutela y orden de archivo de las diligencias (auto de junio 6 de 1995) - o del demandante - impugnación del auto que admitiera la solicitud de desistimiento -, nada tienen que ver con el amparo solicitado. En consecuencia, los jueces de instancia han debido limitarse a conceder la tutela de los derechos fundamentales violados, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. D E C I S I O N En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión, R E S U E L V E: 1.- CONFIRMAR la sentencia de julio 13 de 1995, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, dentro del proceso de tutela T-66492. 2.- REVOCAR la sentencia de julio 19 de 1995, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, dentro del proceso de tutela T-76659. 3.- CONFIRMAR la sentencia de junio 14 de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, Sala Civil, (Expediente T-76659), que concedió la tutela al actor de los derechos al debido proceso y de defensa. Dado que los efectos del acto impugnado cesaron con su corrección por parte de la autoridad pública demandada, además es procedente ADVERTIR al Juez Primero Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá para que en ningún caso vuelva a abstenerse, injustificadamente, de tramitar el recurso de impugnación contra un fallo de tutela, interpuesto oportunamente. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General (Sentencia aprobada por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) ). [1]Ver entre otras ST-497/92; ST-184/94; ST-244/95.

T-532-95 Sentencia No Sentencia T-532/95 FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Autonomía de decisiones/COLABORACION CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA La Fiscalía goza de autonomía en la evaluación sobre la idoneidad y eficiencia de la colaboración prestada y también respecto del tipo de beneficios que se pueden conceder y en torno a la protección que merecen los testigos, víctimas e intervinientes dentro del proceso penal y los propios funcionarios judiciales. Siendo la Fiscalía un organismo integrante de la Rama Judicial del poder público, a ella es aplicable el carácter independiente de sus decisiones reconocido por la Carta Política, por lo cual, en principio, no se concibe la posibilidad de que un juez de tutela imparta órdenes a los fiscales acerca de los beneficios que pueden o no conceder ni sobre las modalidades de los mismos. La evaluación acerca de la idoneidad, importancia y efectividad de la colaboración prestada por una persona en un proceso penal corresponde al fiscal competente que adelanta dicho proceso, el cual deberá definir el tipo de protección que el caso amerita, para el conocimiento y las posteriores gestiones a cargo de la Oficina de Protección de la Fiscalía. Mal podría el juez de tutela sustituir al fiscal en dicha tarea de evaluación. TESTIGO-Protección Tanto respecto de personas procesadas, juzgadas o condenadas como en relación con las que no están en esas condiciones, cuando sea evidente la vulneración o la amenaza de derechos fundamentales, puede verificarse si la Fiscalía está cumpliendo con la obligación que le corresponde según la Constitución. Ello es evidente, pues la cooperación del informante o declarante puede, en efecto, poner en serio peligro su vida, su integridad personal y las de su familia, siendo claro que la negligencia de la Fiscalía en el otorgamiento de la protección que merece el colaborador compromete al Estado y conduce a la prosperidad de la tutela en cuanto de allí provenga el daño o la amenaza a los derechos fundamentales de quien ha quedado desprotegido. La protección debe darse a todo testigo cuyas circunstancias lo ameriten, pues se trata de un desarrollo concreto del deber general impuesto a las autoridades públicas. Sólo que el testigo en un proceso penal, bajo ciertas situaciones que deben ser evaluadas por la administración de justicia, merece, una protección especial y tiene derecho a reclamarla, no a título de pago por sus servicios sino en virtud del interés superior de sus derechos fundamentales y en razón de una clarísima obligación del Estado por cuyo cumplimiento es responsable, entre otras autoridades, la Fiscalía General de la Nación, ante el riesgo en que pueda quedar por virtud de su testimonio. PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Observancia general Cuando la Constitución exige que las actuaciones de los particulares y de las autoridades se ciñan a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas, consagra un postulado que obliga a las entidades y a los servidores públicos a revisar radicalmente la posición que tradicionalmente han venido observando ante el ciudadano, marcada por la prevención y la mala voluntad. Tal principio exige de gobernantes y gobernados el compromiso de obrar honesta y desprevenidamente, en el marco de unas relaciones de mutua confianza, de tal manera que, sometidos todos al orden jurídico y dispuestos a cumplir sus disposiciones con rectitud, no haya motivo alguno de recelo. La norma en mención no obliga tan sólo al particular sino que se aplica con igual severidad al servidor público, que ni puede presumir la mala fe de la persona respecto de la cual cumple su función, ni le es permitido, en lo que toca con sus propios deberes, asumir actitudes engañosas o incorrectas. PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Beneficio por colaboración Para el caso de las prerrogativas y los beneficios prometidos públicamente por las autoridades a quien preste su colaboración eficaz con miras a la investigación de determinados hechos delictivos o a la captura de los responsables, bien que la cooperación sea brindada por un procesado o por alguien libre de incriminaciones, el principio de la buena fe impone al colaborador la veracidad y exactitud de sus testimonios no menos que la lealtad hacia la justicia, y exige del Estado la seriedad y el cumplimiento de lo prometido, a la luz de la ley. Por esa razón, no es actitud admisible en el ente oficial que demanda la colaboración la de ofrecer beneficios que no está seguro de poder conferir, o que no dependen de su propia decisión. Lo propio puede afirmarse de las audiencias o reuniones que se lleven a cabo con el fin de pactar los términos de relación con el aspirante a beneficiario, a quien no se le puede prometer lo que el Estado no esté en aptitud cierta de garantizarle. AVISOS DE RECOMPENSAS-Cumplimiento Los avisos que se publican en los medios de comunicación, en los cuales se enuncian las formas de retribución de la ayuda particular buscada por las autoridades, no pueden incluir promesas que no se deriven de la ley ni crear en la audiencia expectativas que se aparten de la real capacidad de respuesta y cumplimiento de parte de quien hace la oferta. Tales publicaciones deben ceñirse a las competencias de que dispone la autoridad y a la disponibilidad real de los instrumentos para no defraudar a la persona que colabora. TESTIGO-Ubicación en el exterior/VISA-Libertad para su otorgamiento No es posible obtener que por la vía de la tutela se obtenga la ubicación de la persona en el país o continente que ella señale. Ni otro organismo del Estado, y tampoco el juez de tutela, pueden forzar la voluntad de las autoridades competentes de otros Estados, los cuales, en ejercicio de su soberanía, determinarán, según sus propias normas y políticas, cuándo y a quién otorgan visa o permiso de residencia, dónde y por cuánto tiempo. El compromiso del Estado colombiano con la persona objeto de protección o con su familia puede incluir la ubicación en el exterior, pero el protegido no puede imponer condicionamientos que impliquen pérdida de autonomía del Fiscal. Por eso, la Fiscalía no puede ni debe prometer modalidades específicas de protección, a menos que goce de la seguridad de poder otorgarlas. Ello no obsta para que, el Estado colombiano busque el apoyo de gobiernos y autoridades extranjeras mediante convenios orientados a la eficacia de los programas de protección. SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Deberes mínimos de las autoridades estatales -Sala Quinta de Revisión- Referencia: expediente T-76397 Acción de tutela instaurada por Marco Fernández Alusaga contra la Fiscalía General de la Nación. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se examina el fallo proferido en el asunto de la referencia por el Juzgado Veintiuno de Familia de Santa Fe de Bogotá. I. INFORMACION PRELIMINAR Mediante manuscrito presentado ante el Juez Octavo de Familia de Medellín, MARCO FERNANDEZ ALUSAGA, nombre ficticio que utiliza la Corte por razones de protección y seguridad, propuso acción de tutela invocando su derecho a la vida. Dijo que en enero de 1994 había acudido ante la Fiscalía Regional de Medellín para exponer que tenía conocimiento sobre el homicidio cometido en la persona de una juez de la República y que estaba dispuesto a servir de testigo siempre y cuando se le facilitara protección en los Estados Unidos de América. El funcionario de la Fiscalía manifestó interés en la propuesta y le ofreció ponerse en contacto con el entonces Fiscal General para tenerle una respuesta al día siguiente. En efecto, durante posterior entrevista, FERNANDEZ ALUSAGA fue informado acerca de que se le brindaría la protección pedida. Rendidos los informes requeridos, se obtuvo la visa norteamericana y el peticionario, quien durante el proceso se identificó con nombre figurado, viajó, junto con una hermana, a los Estados Unidos. Su acompañante permaneció tres meses y regresó al país. El actor duró seis meses, es decir, el plazo que, según su relato, le habían dado en Inmigración. Volvió a Colombia, según expresó, para reclamar una recompensa en otro asunto, por haber denunciado una propiedad de narcoterroristas. El solicitante tomó la decisión de regresar a los Estados Unidos y en efecto lo hizo el 19 de enero de 1995 pero fue interrogado por las autoridades de Inmigración de ese país acerca de las razones de su visita y en torno a los motivos para ingresar de nuevo en forma tan rápida, e inclusive le preguntaron si tenía algún vínculo con el narcotráfico. Según la demanda, la visa fue cancelada y FERNANDEZ ALUSAGA deportado. El accionante dijo al Juez que hizo gestiones para obtener nueva visa y que le fue imposible; que trató de hablar con el nuevo Fiscal General sin haberlo conseguido; que, recibido por el Jefe de Protección a Testigos, éste le manifestó que le ayudarían a recuperar la visa y que, en caso de no ser ello posible, se le ofrecería protección en Colombia, dándole una mensualidad hasta que consiguiera trabajo. Definitivamente, la Embajada de Estados Unidos determinó la negativa a revalidar la visa y, según la demanda, el Fiscal General, doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento, impartió la orden de "no pararle más bolas a este asunto". Dijo el demandante que se le ofreció trasladarlo a México pero que la Fiscalía le perdió el pasaporte, que ya no lo quieren atender y que nada quieren saber de los beneficios ofrecidos. Señaló, además, que no han guardado la reserva de su identidad pues debe hacer muchas llamadas a Bogotá y en cada oportunidad tiene que contar a diferentes personas de qué se trata. Acudió a la tutela en demanda de protección para él y para su familia. El asunto fue remitido a Santa Fe de Bogotá y repartido al Juzgado 21 de Familia. II. DECISIONES JUDICIALES Mediante la providencia revisada, la Juez competente resolvió tutelar los derechos a la vida y a la integridad personal del accionante. En consecuencia, se ordenó al Fiscal que conoció de la colaboración prestada por FERNANDEZ iniciar de manera inmediata la valoración de la misma y la situación personal y familiar para que, si ello era procedente, se solicitara la inclusión del peticionario en el programa de protección y asistencia a testigos. En la providencia judicial puede leerse: "Independientemente de la calidad en que se haya tenido al accionante en su relación con la Fiscalía, es lo cierto que su colaboración tuvo tal realce que lleva a las instancias del ente acusador a facilitarle su salida y residencia en el exterior, para lo que también hubo de tenerse en cuenta el peligro en que se había colocado. Ahora bien, es evidente que el accionante no tiene certeza sobre los límites de la protección o beneficio ofrecido, en cuanto reclama por este procedimiento especial que se le proteja su derecho a la vida, el que considera permanece amenazado. Sin olvidar que es él mismo quien decide regresar al país, lo hace con la convicción de que el derecho de residencia lo tenía adquirido en razón a su colaboración y ¿a quién puede atribuirse tal confusión?: al ciudadano o a la entidad encargada de brindar la protección? A nuestro parecer es a la Fiscalía que crea en él expectativas falsas o desmesuradas al desarrollar un trámite casi que parainstitucional en la concesión del beneficio; no de otra manera puede identificarse la actitud de desconocimiento sobre las verdaderas condiciones del ofrecimiento que manifiestan los funcionarios de la Fiscalía cuando refieren su actuar a solicitudes carentes de formalidad o de las cuales no aportan constancia alguna. ¿O es tal la amplitud de la normatividad que permite de manera válida tales situaciones?. No es así, al tenor de lo dispuesto en el artículo 63 y ss. de la Ley 104 de 1993 y por ello mal puede excusarse a la Fiscalía de desarrollar con relación al accionante todas las acciones que le competan para proteger su derecho a la vida, dentro de los parámetros de la ley. ¿Con qué autoridad puede exigir el Estado a sus gobernados el cumplimiento de sus obligaciones si por acción u omisión evade las propias? ¿Cuál política criminal funciona si quienes se acogen a ella ven burladas las promesas que se les hacen?. La autoridad del ente estatal va pareja con la confianza y seguridad que su actuar despierte en los ciudadanos. No es aceptable bajo ningún punto de vista la actitud displicente, por decir lo menos, con que se ha manejado la situación del aquí accionante; si se consideraba que no le asistía derecho alguno en su reclamo, así se le debió haber expresado de manera clara y cierta sin mantenerle en esa indefinición, con mayor razón cuando lo que fundamenta sus requerimientos es el temor, cierto o no, por la conservación de su propia vida y la de su familia". III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia Esta Corte es competente para revisar la providencia mencionada a la luz de la Constitución, según lo que ésta dispone en sus artículos 86 y 241-9, y de conformidad con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991. Autonomía de la Fiscalía General para evaluar la colaboración que se presta a la justicia y el otorgamiento de beneficios. Prerrogativas y protección. Responsabilidad de la Fiscalía por la protección de los testigos. Dentro del sistema jurídico en vigor es necesario reconocer que la colaboración con la justicia, que constituye una obligación de toda persona de conformidad con el artículo 95, numeral 7, de la Carta Política, es retribuída con la concesión de beneficios de diferente índole que pueden ser objeto de negociación entre quien colabora -esté o no procesado- y la Fiscalía General de la Nación, y cuyo reconocimiento en casos concretos debe ser aprobado por el juez competente, o dar lugar a formas especiales de protección del colaborador para impedir que en razón de su ayuda a la justicia pueda sufrir daño. Al respecto ha señalado la Sala Plena de la Corte: "...(para) la función pública de impartir  justicia, que consulta el "interés general",  encuentra justificación en el Orden Superior la protección de los testigos, víctimas e intervinientes en el proceso  judicial a cargo de los jueces regionales, en el cual están expresados altos intereses sociales que no pueden resultar insolidarios frente a personas cuya participación en el mismo es indispensable. Argumento de dirección opuesta, no ya Estado-Sociedad, sino Sociedad-Estado, justifica igualmente la  política criminal contenida en el Decreto 1834 de 1992. En efecto, de manera específica corresponde a  las personas y ciudadanos el deber de "colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia" (art. 95 C.N.). Circunstancias de criminalidad, particularmente referidas al narcotráfico y a la actividad guerrillera, han venido a convertirse en obstáculo para que los asociados puedan cumplir, amparados por las condiciones de seguridad necesarias, con ese deber constitucional.  Responde la normatividad en cuestión a la necesidad señalada, toda vez que se convierte en instrumento de realización del deber constitucional expreso antes indicado.  El legislador debe atender  ese tipo de circunstancias objetivas para hacer viable el cumplimiento de las obligaciones de los particulares". (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-035 del 8 de febrero de 1993. M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz). "...(corresponde) al Fiscal General de la Nación o al Fiscal que este designe, "conceder" los beneficios penales que se señalan en el mismo decreto,  en favor de las personas que sean o puedan ser investigadas o condenadas por delitos de competencia de los citados jueces regionales y en razón de la colaboración que éstas  presten para la eficacia de la administración de la justicia; el otorgamiento de los mencionados beneficios está orientado, en razón del grado de colaboración que se preste para la eficacia de la administración de justicia, a prevenir la comisión de delitos y a disminuir sus consecuencias, a la desarticulación de organizaciones delincuenciales y a la captura de sus integrantes y ,dentro de la investigación, a la determinación exitosa de los autores intelectuales de los delitos y a la obtención de pruebas necesarias para definir la responsabilidad penal de los autores o participes de los hechos punibles". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-171 del 3 de mayo de 1993. M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa). "La obligación de declarar debe surgir de la conciencia del ciudadano de cumplir voluntariamente con el deber  de colaborar en el esclarecimiento de  una investigación. Es una responsabilidad que incluso constitucionalmente se encuentra protegida  (C.P. art. 250-4). Ahora si el testigo no desea colaborar con la administración de justicia, contrariando así la Carta, la policía podrá aprehenderlo y conducirlo inmediatamente al funcionario responsable de la investigación preliminar, el cual deberá recibirle el testimonio en el acto o convocarlo a futura declaración. En todo caso, el testigo no podrá ser retenido por más de doce (12) horas". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-024 del 27 de enero de 1994. M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero). En lo que atañe a la Fiscalía, goza de autonomía en la evaluación sobre la idoneidad y eficiencia de la colaboración prestada y también respecto del tipo de beneficios que se pueden conceder y en torno a la protección que merecen los testigos, víctimas e intervinientes dentro del proceso penal y los propios funcionarios judiciales. El artículo 44 de la Ley 81 de 1993, que modificó el 369A del Código de Procedimiento Penal, establece la posibilidad de beneficios por eficaz colaboración con la justicia, para personas investigadas, juzgadas o condenadas. Siendo la Fiscalía un organismo integrante de la Rama Judicial del poder público, a ella es aplicable el carácter independiente de sus decisiones reconocido por el artículo 228 de la Carta, por lo cual, en principio, no se concibe la posibilidad de que un juez de tutela imparta órdenes a los fiscales acerca de los beneficios que pueden o no conceder ni sobre las modalidades de los mismos. La evaluación acerca de la idoneidad, importancia y efectividad de la colaboración prestada por una persona en un proceso penal corresponde al fiscal competente que adelanta dicho proceso, el cual deberá definir el tipo de protección que el caso amerita, para el conocimiento y las posteriores gestiones a cargo de la Oficina de Protección de la Fiscalía. Al respecto, nada podría hacerse externamente al proceso penal y, por ello, mal podría el juez de tutela sustituir al fiscal en dicha tarea de evaluación. Sin embargo, tanto respecto de personas procesadas, juzgadas o condenadas como en relación con las que no están en esas condiciones, cuando sea evidente la vulneración o la amenaza de derechos fundamentales, puede verificarse si la Fiscalía está cumpliendo con la obligación que le corresponde según el artículo 250, numeral 4, de la Constitución: "Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso". Ello es evidente, pues la cooperación del informante o declarante puede, en efecto, poner en serio peligro su vida, su integridad personal y las de su familia, siendo claro que la negligencia de la Fiscalía en el otorgamiento de la protección que merece el colaborador compromete al Estado y conduce a la prosperidad de la tutela en cuanto de allí provenga el daño o la amenaza a los derechos fundamentales de quien ha quedado desprotegido. Debe distinguirse con claridad entre los beneficios y las recompensas, por una parte -que han de obedecer a las prescripciones legales que los hacen posibles y cuya concesión a una persona debe partir de la verificación y medición del funcionario competente acerca de su procedencia en el caso concreto, sobre la base de la eficacia de la colaboración brindada para los fines del proceso que se adelante- y la protección del testigo, por otra, consagrada en la Carta como una responsabilidad ineludible de la Fiscalía, bien que aquélla encaje dentro de uno de los beneficios ofrecidos al colaborador, ya que resulte necesaria aun sin negociación sobre contraprestaciones por el testimonio, para impedir eventuales ataques a la vida o a la integridad del testigo por razón de las informaciones que suministra. Debe tenerse en cuenta que la norma constitucional no reserva la protección a los testigos que negocian su colaboración, pues no introduce distinciones de ninguna clase. Ella debe darse a todo testigo cuyas circunstancias lo ameriten, pues se trata de un desarrollo concreto del deber general impuesto a las autoridades públicas en el sentido de "proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades" (artículo 2 C.P.). Sólo que, adicionalmente, el testigo en un proceso penal, bajo ciertas situaciones que deben ser evaluadas por la administración de justicia, merece, según el artículo 250-4 de la Carta, una protección especial y tiene derecho a reclamarla, no a título de pago por sus servicios sino en virtud del interés superior de sus derechos fundamentales y en razón de una clarísima obligación del Estado por cuyo cumplimiento es responsable, entre otras autoridades, la Fiscalía General de la Nación, ante el riesgo en que pueda quedar por virtud de su testimonio. Si ello es así, bien es posible intentar la acción de tutela contra la Fiscalía cuando su descuido o imprudencia pueda implicar peligro para los derechos del accionante, o de su familia. En tales eventos se estaría ante una omisión de dicho ente, motivo señalado en el artículo 86 de la Constitución como suficiente para que, dadas las demás condiciones de la norma, resulte viable el amparo judicial. Visto el expediente, en el presente caso la Fiscalía General de la Nación se encuentra obligada a verificar de nuevo la actual situación del testigo, ya no tanto en cuanto a la idoneidad y utilidad de su testimonio, sino en relación con el posible peligro de su vida e integridad personal por razón de haberlo rendido, por lo cual se confirmará la decisión judicial revisada, adicionándola en el sentido de repetir la evaluación correspondiente para prevenir posibles daños a los derechos fundamentales del solicitante. El principio de la buena fe y la promesa judicial de ubicación en el exterior Cuando el artículo 83 de la Constitución exige que las actuaciones de los particulares y de las autoridades se ciñan a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas, consagra un postulado que obliga a las entidades y a los servidores públicos a revisar radicalmente la posición que tradicionalmente han venido observando ante el ciudadano, marcada por la prevención y la mala voluntad. Tal principio exige de gobernantes y gobernados el compromiso de obrar honesta y desprevenidamente, en el marco de unas relaciones de mutua confianza, de tal manera que, sometidos todos al orden jurídico y dispuestos a cumplir sus disposiciones con rectitud, no haya motivo alguno de recelo. La norma en mención no obliga tan sólo al particular sino que se aplica con igual severidad al servidor público, que ni puede presumir la mala fe de la persona respecto de la cual cumple su función, ni le es permitido, en lo que toca con sus propios deberes, asumir actitudes engañosas o incorrectas. Así, para el caso de las prerrogativas y los beneficios prometidos públicamente por las autoridades a quien preste su colaboración eficaz con miras a la investigación de determinados hechos delictivos o a la captura de los responsables, bien que la cooperación sea brindada por un procesado o por alguien libre de incriminaciones, el principio de la buena fe impone al colaborador la veracidad y exactitud de sus testimonios no menos que la lealtad hacia la justicia, y exige del Estado la seriedad y el cumplimiento de lo prometido, a la luz de la ley. Por esa razón, no es actitud admisible en el ente oficial que demanda la colaboración la de ofrecer beneficios que no está seguro de poder conferir, o que no dependen de su propia decisión. Por ello, los avisos que se publican en los medios de comunicación, en los cuales se enuncian las formas de retribución de la ayuda particular buscada por las autoridades, no pueden incluir promesas que no se deriven de la ley ni crear en la audiencia expectativas que se aparten de la real capacidad de respuesta y cumplimiento de parte de quien hace la oferta. Tales publicaciones deben ceñirse a las competencias de que dispone la autoridad y a la disponibilidad real de los instrumentos para no defraudar a la persona que colabora. Lo propio puede afirmarse de las audiencias o reuniones que se lleven a cabo con el fin de pactar los términos de relación con el aspirante a beneficiario, a quien no se le puede prometer lo que el Estado no esté en aptitud cierta de garantizarle. El artículo 63 de la Ley 104 de 1993 creó con cargo al Estado y bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación el "Programa de Protección a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía", mediante el cual "se les otorgará protección integral y asistencia social, lo mismo que a sus familiares hasta el cuarto grado de consaguinidad, primero de afinidad, primero civil y al cónyuge y a la compañera o compañero permanente, cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la intervención en un proceso penal". El artículo 65 Ibídem dispuso que las personas amparadas por este programa podrían  tener protección física, asistencia social, cambio de identidad y de domicilio y demás medidas temporales o permanentes encaminadas a garantizar en forma adecuada la preservación de su integridad física y moral y la de su núcleo familiar. La norma agregó: "Cuando las circunstancias así lo justifiquen, dicha protección podrá comprender el traslado al exterior, incluídos los gastos de desplazamiento y manutención por el tiempo y bajo las condiciones que señale el Fiscal General de la Nación". Dispuso el legislador, adicionalmente, que "las personas que se acojan al programa de protección se sujetarán a las condiciones que establezca la Fiscalía General de la Nación". El artículo 72 facultó al Presidente de la República para celebrar convenios con otros estados y organizaciones internacionales con el fin de facilitar a la Fiscalía obtener la información y la colaboración necesarias para el desarrollo del programa. Señaló igualmente que el Fiscal General de la Nación podrá requerir el apoyo de las instituciones internacionales que cuenten con programas similares de protección de víctimas y testigos cuando sea necesario su traslado a otros países. El artículo 74 indicó que las personas vinculadas al programa de protección de testigos podrán solicitar su desvinculación voluntaria de él, pero suscribirán un acta en la que de manera expresa manifiesten su renuncia a la protección. Un análisis de esta normatividad permite a la Corte resaltar cómo, para que esta forma especial de protección tenga lugar, con el carácter de adicional a la que se debe en términos generales según el artículo 250, numeral 4, de la Constitución, es necesario el presupuesto de que exista un riesgo de sufrir agresión o que la vida de la víctima, testigo, interviniente o funcionario corra peligro con ocasión de la intervención en un proceso penal. Debe, por tanto, establecerse sin duda y con carácter objetivo, según la evaluación de la Fiscalía, la existencia de la amenaza y la relación entre ésta y la participación en un proceso. El análisis sobre la situación de la persona que merece protección y lo relativo a la forma y modalidades en que ella debe ofrecerse y prestarse corresponde a la Fiscalía, según lo antes expresado, en el ámbito de la autonomía funcional garantizada por el artículo 228 de la Constitución Política. En tal sentido, la acción de tutela, si bien podría concederse cuando por omisión de la Fiscalía en la aplicación de las normas pertinentes se ocasionen circunstancias de peligro o actual violación de derechos fundamentales como la vida o la integridad personal del que debiera estar protegido, no puede estar encaminada a pedir al juez que ordene a la Fiscalía una determinada modalidad de protección, una cierta duración de la misma, un específico y concreto beneficio. De allí que, en casos como el examinado, no es posible obtener que por la vía de la tutela se obtenga la ubicación de la persona en el país o continente que ella señale. Al respecto debe recordarse que ni la Fiscalía ni otro organismo del Estado, y tampoco el juez de tutela, pueden forzar la voluntad de las autoridades competentes de otros Estados, los cuales, en ejercicio de su soberanía, determinarán, según sus propias normas y políticas, cuándo y a quién otorgan visa o permiso de residencia, dónde y por cuánto tiempo. El compromiso del Estado colombiano con la persona objeto de protección o con su familia puede incluir -si es el caso- la ubicación en el exterior, pero el protegido no puede imponer condicionamientos que impliquen pérdida de autonomía del Fiscal. Por eso, la Fiscalía no puede ni debe prometer modalidades específicas de protección, a menos que goce de la seguridad de poder otorgarlas. Ahora bien, ello no obsta para que, con arreglo a las disposiciones citadas, el Estado colombiano busque el apoyo de gobiernos y autoridades extranjeras mediante convenios orientados a la eficacia de los programas de protección. Al respecto, esta Corte ha manifestado, al declarar la constitucionalidad del artículo 72 de la Ley 104 de 1993: "El objeto primordial de las disposiciones sobre protección a intervinientes en el proceso penal (Título II de la Segunda Parte) no es otro que el de asegurar una administración de justicia eficiente, mediante el señalamiento de pautas y normas de política criminal que permitan adelantar los procesos penales, descubrir y sancionar a los delincuentes, sin sacrificar a los jueces, testigos e intervinientes en aquéllos, ni a las víctimas de los delitos, pues tales objetivos, propios de la actividad del Estado, deben ser compatibles con el más elemental deber de las autoridades públicas, que consiste en salvaguardar la vida y la integridad personal de los asociados (artículo 2º C.P.), lo cual requiere, además de una normatividad interna, la indispensable cooperación internacional, de parte de estados y organizaciones, que se cristaliza y traduce en convenios, acuerdos y tratados de esa índole". (...) "Semejantes propósitos de protección no se limitan ni pueden limitarse, por su naturaleza, a la actividad de las autoridades públicas dentro de las fronteras del Estado colombiano. Casi por definición las exceden, en especial si se considera el inmenso poder de la delincuencia organizada, cuyos nefastos designios, orientados a perturbar la administración de justicia, no reconocen límites materiales ni geográficos. Así las cosas, por tratarse de materias que en algún momento deben contar con el beneplácito, la actividad o la respuesta de entes ajenos al ámbito de soberanía colombiana, mal podía el legislador ignorar la referencia a los tratados o convenios, como elementos integrantes de una política global del Estado tendiente a la persecución y represión del delito, particularmente si éste -como ocurre con el narcotráfico- es perpetrado dentro y fuera del territorio y merced al establecimiento de complejas redes delictivas que afectan a numerosos estados. El sentido del artículo 72 acusado no es el de impartir, desde el Congreso, al Presidente de la República una orden perentoria para que celebre determinado tratado o acuerdo, ni tampoco el de obligarlo a contar con la previa autorización de la Rama Legislativa para el efecto, pues no se aspira a regular el tema de las relaciones internacionales ni a señalar directrices en el campo de su manejo, ni tampoco a determinar el contenido de los tratados. Se busca disponer que cuando el Presidente de la República -en desarrollo de la política criminal que se fija sobre protección a intervinientes en los procesos penales- necesite o juzgue conveniente la ayuda de otros estados o de organizaciones internacionales para facilitar la ejecución del programa creado para tal fin, deba actuar a través del mecanismo que la Constitución dispone con miras a las relaciones internacionales, que no es otro que el de la celebración de convenios y tratados. Debe observarse que la norma en mención no alude en concreto a ningún tratado internacional, ni a cierto Estado u organización internacional, sino que se limita a estatuir que de dicha actividad internacional del Gobierno -en cuyo desarrollo es entendido que goza de la autonomía constitucional que le corresponde- no pueden quedar excluídas la obtención de informaciones y la colaboración provenientes de estados extranjeros, sobre la base de tratados internacionales, cuando se requieran para el éxito del programa. Entonces, la norma demandada no pugna en ese aspecto con la Constitución Política y, por el contrario, se inscribe dentro de la necesaria colaboración entre las ramas del Poder Público para la realización de los fines estatales, de conformidad con el artículo 113 C.P. Tampoco encuentra la Corte fundamento alguno a la censura que en la demanda se consigna contra el inciso 2º del artículo 72 de la Ley 104 de 1993, en el sentido de que autorizaría una incursión del Fiscal General de la Nación en asuntos de la privativa competencia del Presidente de la República, pues en realidad se trata de que, en el marco de los convenios y tratados internacionales a los que se refiere el primer inciso, cuya celebración expresamente se deja en cabeza del Jefe del Estado, el Fiscal General de la Nación -a quien según la Carta Política (artículo 250) le corresponde investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes- pueda requerir en concreto el apoyo de las instituciones internacionales que cuenten con programas similares de protección de víctimas y testigos cuando sea necesario su traslado a otros países". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-344 del 2 de agosto de 1995. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo). En cuanto al momento en el cual debe cesar la protección, también es la Fiscalía la encargada de definir si ya no se hace indispensable, aunque resulta lógico que se acuerden los términos respectivos con el protegido o su representante. Si quien pide retirar la protección, de manera voluntaria, es quien la recibe o su representante, ello tiene cabida según las disposiciones aplicables y mal podría coartarse la libertad del individuo al respecto, pero habrá de cumplirse lo previsto en el artículo 74 de la Ley 104 de 1993 sobre suscripción del acta en la que se deja constancia expresa de la renuncia al amparo estatal. De lo contrario, la responsabilidad específica de la autoridad respectiva por la seguridad del protegido subsiste. El caso examinado Está probado que el accionante brindó a la Fiscalía alguna colaboración para los fines de uno de los procesos penales que conducía, lo cual se desprende de las declaraciones rendidas por el doctor Fernando Mancilla Silva, Director Regional de Fiscalía de Medellín (Fl. 71) y por el doctor Edgar Henry Ortiz Ricaurte, funcionario de la Oficina de Protección a Testigos de la Fiscalía General de la Nación (Fls. 75 a 77), así como de la Carta que éste último enviara al Primer Secretario de la Embajada de los Estados Unidos el 6 de enero de 1994 (Fl. 31). En dicho documento se dice con claridad: "Como se habló, la importancia de la colaboración que el señor Fernández ha prestado a nuestra Institución nos hace imperativo gestionar ante ustedes la expedición de las visas en cuestión". El mismo funcionario informó al Juzgado 21 de Familia de Santa Fe de Bogotá, mediante Oficio del 30 de junio de 1995 (Fls 29 y 30), que respecto del actor no existe en los archivos de ese organismo solicitud alguna de protección y que, por ende, "no está incurso ni ha sido candidato al Programa de Protección". El documento añade: "Indicamos a su vez que nuestra competencia rodea únicamente al TESTIGO mas no al INFORMANTE; éste por estar alejado procesalmente y colaborar ante el organismo investigativo en razón al compromiso previamente acordado, no es objeto del Programa. La anterior precisión la consideramos necesaria, ya que el señor FERNANDEZ ALUSAGA colaboró ante la Regional de Fiscalías de Medellín y ésta a su vez nos solicitó coadyuvar para el trámite de obtención de la visa de residencia para los Estados Unidos, tanto para él como para su hermana CLARA FERNÁNDEZ ALUSAGA, y no para el ingreso al Programa de Protección". (También aquí la Corte sustituye los nombres verdaderos por ficticios, por razones de seguridad). En su declaración, rendida ante el mismo Despacho el 5 de julio de 1995 (Fl. 71), el Director Regional de Fiscalía de Medellín expuso que, luego de haberle ayudado al accionante para que la Policía Nacional le pagara una recompensa por informaciones entregadas, aquél se presentó a la Fiscalía manifestando que podría seguir de testigo en una investigación y que para ello sólo solicitaba que se le colaborara en la expedición de la visa para él y para una hermana suya, con el objeto de residir en los Estados Unidos. En la declaración del doctor Mancilla se indica: "Como quiera que era una gestión muy particular, se diligenciaron los trámites y luego de un tiempo se le cumplió. Esta persona hizo su declaración que ya en su valoración le correspondería al respectivo Fiscal del caso. Lo cierto es que por ello, adelantadas las visas, llegaron a mi Despacho para que por mi intermedio se le hiciera entrega, cosa que se hizo oportunamente y con ello se cumplía...". "...la Fiscalía en el momento le cumplió y no tenía ningún otro compromiso con él. No sé cuál será su situación en el día de hoy". Por su parte, el ya nombrado funcionario de la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General manifestó en su declaración lo siguiente: "Hago claridad que en ningún momento existió requerimiento de protección de Fiscal alguno para los señores antes citados (Marco y Clara Fernández), lo cual, para la Oficina de Protección, impidió observar situación alguna al respecto. Las normas del Programa de Protección de una manera clara disponen que es el Fiscal del Proceso, mediante (sic) el cual el testigo ha declarado, quien, una vez haya verificado la importancia procesal y probatoria del testimonio, solicite a la Oficina la protección del testigo cuando así lo observe conveniente. De esta manera la Oficina de Protección deja en claro para el caso presente la inexistencia del requerimiento mencionado y que las gestiones que se hicieron ante la Embajada de los Estados Unidos fue (sic) en razón a una colaboración con la Fiscalía Regional, mas no a un compromiso con el señor Fernández Alusaga". Preguntado por la Juez acerca de si es el procedimiento normal el de que, ante una solicitud informal de un Fiscal Regional, la Oficina de Protección de la Fiscalía entre a gestionar visas para colaboradores e intervinientes en el proceso a cualquier título, el funcionario manifestó: "Sí, no es de común frecuencia pero nosotros colocamos nuestro poder de gestión hacia tales efectos. A nosotros no nos compromete nada. Ya cuando es en el Programa de Protección es cuestión diferente". Se le preguntó posteriormente si conocía cuál había sido la motivación del Director Regional de Fiscalías de Medellín para solicitar la intervención de la señalada Oficina en el caso y expresó: "Tengo entendido que fue por una colaboración que prestó en varias investigaciones que cursaban allí, pero en verdad no puedo certificar ni el hecho de la colaboración ni el resultado de la misma, ya que, como lo dije, nuestro servicio fue únicamente a raíz de la petición informal ya relacionada". Concedida la tutela en instancia, en la sentencia se ordenó al Fiscal que conocía del proceso en el cual prestó su colaboración el accionante iniciar de manera inmediata la valoración de la misma y verificar cuál era la situación personal y familiar del peticionario para que, si ello era procedente, se solicitara su inclusión en el programa de protección. La Fiscalía dispuso entonces brindar al accionante, de manera inmediata, una protección provisional a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial (C.T.I.). Obra en el expediente la declaración certificada de la Fiscal Delegada ante los jueces regionales de Medellín, en la que puede leerse respecto de la colaboración prestada por el demandante, en virtud de su testimonio, en uno de los procesos penales a su cargo: "Cuando se realizó esta prueba el proceso se encontraba con un cierre parcial de la investigación. Por lo tanto su dicho no se tuvo en cuenta para los efectos de la calificación. Aunque XX declaró en contra de YY (la Corte prefiere omitir el nombre del sindicado), su testificación no aportó nada nuevo para la instrucción y desconozco si el Juez Regional la valorará al momento de proferir sentencia. Vale anotar que apareció al proceso a los veinte (20) meses de haber ocurrido los hechos. Además nunca el testigo manifestó interés en que lo sometieran a un programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación. Sólo buscaba conseguir una visa para los Estados Unidos de América. En mi calidad de Fiscal y persona que recibió el testimonio en comento nunca le hizo ofrecimiento de ninguna especie al citado porque su dicho correspondía en parte a lo que había circulado a través de la prensa escrita. El señor XX, con su comportamiento de estar acudiendo a los medios de comunicación, es quien se ha puesto en evidencia. Teniendo en cuenta lo anterior considero que no se trata de una persona que deba someterse al Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía". Con base en ese dictamen, la Oficina de Protección no aprobó el ingreso de Marco Fernández al Programa correspondiente. Su evaluación condujo a determinar que el señor Fernández, había hecho evidente y público por los medios de comunicación su participación en la investigación penal, magnificando cualquier tipo de riesgo y obrando sin prudencia, y que, por ello, el riesgo probable del solicitante está señalado por su actitud mas no por el testimonio rendido, el cual es calificado "sin ninguna importancia". En oficio de fecha 20 de octubre de 1995, dirigido a esta Sala, el doctor Armando Segovia Ortiz, Jefe de la Oficina de Protección de la Fiscalía General de la Nación, adjuntó un documento enviado al C.T.I. por el accionante el 6 de septiembre, mediante el cual renunció al servicio de seguridad provisional que en su caso había dispuesto la Fiscalía. La Corte Constitucional ha concluído que, en efecto, la Fiscalía General de la Nación jamás incluyó a FERNANDEZ en el programa de protección a testigos, en cuanto, por una parte, su declaración fue tardía dentro del proceso y no fue determinante para las decisiones adoptadas, y, por otra, no solicitó protección ni se estableció que existieran riesgos en cuya virtud aquélla inclusión resultara indispensable. Pero, además, el propio testigo violó toda reserva sobre su identidad y participación en el proceso, pues trató el tema públicamente, en los medios de comunicación. La intención del accionante siempre fue, única y exclusivamente, la de obtener la visa norteamericana para él y para una hermana suya. Así lo acreditan las declaraciones transcritas, los antecedentes del caso y sus propias afirmaciones consignadas en la demanda, en la ampliación de la misma y en la renuncia a la protección provisional que se le prodigaba. También es claro que, a propósito de su testimonio, el actor no recibió oferta alguna en cuanto a la aplicación de las normas legales de protección a testigos. No obstante, la Fiscalía, aunque de manera informal, le hizo creer que, como contraprestación a su testimonio -sin condicionarla a la utilidad o eficacia del mismo dentro del proceso-, se le garantizaría su traslado a Estados Unidos y el otorgamiento de la visa para que él y una familiar suya residieran en ese país. Tal convicción se hizo más fuerte en el testigo cuando oficialmente y por escrito la Fiscalía se dirigió a la Embajada de Estados Unidos afirmando que la importancia de su colaboración hacía "imperativo" gestionar la expedición de las visas solicitadas y cuando en realidad, por virtud de tales gestiones oficiales, pudo viajar. De buena fe creyó, entonces, que tenía derecho a una protección estatal y que ella consistía en asegurarle las visas. Por ello, también de buena fe, consideró haber sido burlado por la Fiscalía cuando las autoridades norteamericanas le negaron la autorización de residencia. Para la Corte es claro que si la Fiscalía no había contraído compromisos con el accionante, ni lo tenía incorporado al programa de protección, no tenía razón para actuar oficialmente en búsqueda de las visas pretendidas por aquél. La actitud de la Fiscalía, en el contexto del artículo 83 de la Constitución -que impone el postulado de la buena fe- ha debido ser sincera con el testigo, dejando en claro desde el principio que su colaboración no implicaba obligación específica ni gestión a cargo del organismo estatal. Ninguna razón válida existía para estimular su colaboración con la promesa de la ubicación en el exterior, absteniéndose de dejar constancia oficial sobre cuál era el marco de las relaciones entabladas con el particular. A juicio de la Corte, si no se encontraba motivo alguno para temer que estuviesen en peligro la vida o la integridad personal del declarante o su familia, la actuación de éste tenía que regirse por la normatividad ordinaria y la Fiscalía debía partir del supuesto de que el testigo cumplía con el deber, a todos exigido, de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. No se comprende, entonces, que entrara a participar en un trámite del exclusivo interés del accionante y que, además, estaba supeditado a la libre y soberana determinación de un gobierno extranjero. Como, por causa de ese particular comportamiento de la Fiscalía, no ha quedado explícito si sus gestiones para ubicar al declarante en Estados Unidos obedecieron a la idea, al menos inicial, de que podía correr peligro por razón del testimonio rendido, o por un singular  acto de benevolencia -que, entonces, no correspondía a ese organismo-, fue acertada la decisión del juez de instancia en el sentido de ordenar que se evaluara si era pertinente incluirlo en el programa de protección, con miras a evitar cualquier daño a su vida, que fue el derecho fundamental invocado. Se confirmará la providencia, aunque del expediente resulta que ya fue cumplida, dentro del ámbito de autonomía de la Fiscalía General de la Nación. Empero, la Corte Constitucional, basada en la afirmación del testigo acerca de que su vida está en peligro, dispondrá que se oficie al Fiscal General de la Nación para que, si lo estima indispensable, coordine con las autoridades de policía la protección que, según las circunstancias alegadas por el actor, se disponga con el objeto de prevenir atentados contra él o su familia. Queda claro que el peticionario no puede exigir que esa protección consista de modo específico en su traslado a los Estados Unidos ni en el trámite de la visa correspondiente, a menos que así lo considere la Fiscalía General de la Nación y pueda conseguirlo. IV. DECISION Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de julio de 1995 por el Juzgado 21 de Familia de Santa Fe de Bogotá. Segundo.-OFICIESE al Fiscal General de la Nación para que, si lo estima pertinente, según la situación del accionante, coordine con las autoridades de policía las medidas encaminadas a la protección de su vida e integridad y la de su familia. Tercero.- DESE cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-533-95 Sentencia No Sentencia No. T-533/95 ACCION DE TUTELA-Improcedencia La acción de tutela tiene el carácter de subsidiaria, es decir, no constituye una demanda alternativa, sustitutiva, paralela, complementaria o adicional a los procesos que consagra nuestro régimen jurídico. En consecuencia, es un instrumento excepcional. No ha sido creada para revivir términos o subsanar errores procesales de las partes, por cuanto su objetivo es brindar el ejercicio y defensa de los derechos constitucionales fundamentales. Por regla general, deben dirimirse, a través de la justicia ordinaria o especial que señale la ley, las controversias que surjan sobre reconocimiento de derechos y aplicación de normas, cuando unos y otras sean de rango legal. Ref.: Expediente T-76.718. Demanda de tutela presentada por Aura María y María Ligia Ladino Jiménez en contra de el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Procedencia:   Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala laboral. Magistrado Ponente: Dr. JORGE ARANGO MEJIA. Santafé de Bogotá, D.C.,  veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Primera de Revisión de la  Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz,  decide sobre el fallo de fecha 17 de julio de 1995, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, que confirmó la sentencia del 23 de junio del mismo año, proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de esta ciudad, que denegó la demanda de tutela presentada por Aura María y María Ligia Ladino Jiménez. I.       ANTECEDENTES. A.      Hechos y petición. Las señoras Aura María y María Ligia Ladino Jiménez, actuando en sus propios nombres, instauraron acción de tutela contra el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, con base en los siguientes hechos: Por resolución número 297 de mayo 19 de 1988, la empresa demandada reconoció el derecho de sustitución pensional en favor de las demandantes, en su calidad de hermanas reconocidas como herederas en el proceso de sucesión intestada. Dicho reconocimiento se hizo por el término de 2 años, contados a partir del día 6 de enero de 1987 hasta el 5 de enero de 1989, de conformidad con lo señalado en el artículo 173 del reglamento interno. Consideran las actoras que el decreto 434 de marzo 27 de 1971, prorrogó el beneficio de la sustitución pensional a 5 años y, posteriormente, las leyes 33/73, 12/75, 4/76, 44/77, 44/80, 113/85 y 71/88 la convirtieron en vitalicia. Por ello, vencido el término señalado de sustitución pensional, solicitaron a la demandada la concesión vitalicia de la pensión, siendo ésta negada. Asimismo, demandaron ante el Juzgado 10 Laboral del Circuito de esta ciudad, el pago de las mesadas pensionales insolutas, despacho que se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo. Encuentran vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y a la seguridad social, máxime cuando no se tuvo en cuenta la edad que tienen las demandantes, 68 y 62 años, respectivamente. En consecuencia, solicitan a la entidad demandada que profiera acto administrativo reconociendo la sustitución pensional de manera vitalicia. Acompañaron con la demanda las siguientes copias: resolución 297 de 1988; concepto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 25 de julio, al parecer del año 1989, dirigido a las demandantes que señala la prórroga hasta por cinco años de la sustitución pensional; comunicación de la entidad demandada del 21 de junio de 1989, que niega la solicitud presentada por las demandantes de continuidad de la sustitución pensional, por cuanto la ley 71 de 1988 entró en vigencia con posterioridad a la fecha de su reconocimiento; oficio de la empresa Ferrocarriles de fecha 29 de agosto de 1989, que ratifica la decisión anterior dando por agotada la vía gubernativa y manifestando a las demandantes que deben acudir ante la justicia ordinaria; y comunicación dirigida al apoderado de las demandantes donde se manifiesta que no existe razón alguna para variar la resolución 297/88. B.      Juez de primera instancia. En sentencia de fecha 23 de junio de 1995, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de esta ciudad, resolvió declarar improcedente la demanda de tutela por la existencia de otros medios de defensa judiciales en donde podrán debatirse los hechos relacionados con el acto administrativo 297 de 1988, que reconoció la sustitución pensional. La parte demandante impugnó oportunamente dicha decisión, manifestando que se habían agotado todos los medios de defensa judiciales para el reconocimiento de sus derechos y que la acción ejecutiva resultó fallida por cuanto se decretó la nulidad de lo actuado.  Igualmente, que la resolución 297 de 1988, se apoyó en el reglamento de los ferrocarriles, que es contrario a las normas superiores. C.      Juez de segunda instancia. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, en sentencia de julio 17 del presente año, confirmó la decisión que denegó la demanda de tutela por cuanto los derechos alegados por las actoras pueden ser discutidos ante la jurisdicción ordinaria laboral. Recibido el presente asunto en esta Corporación, la Sala de Selección de Tutela número ocho, en providencia del 16 de agosto del presente año, decidió escoger el presente asunto y repartirlo a este despacho. II.      CONSIDERACIONES. Procede la Corte Constitucional a dictar la decisión que corresponde a este asunto, previas las siguientes consideraciones. Primera.    Competencia. La Corte Constitucional es competente para conocer de este proceso, de conformidad con lo establecido por los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución. Segunda.   Pruebas. En providencia de octubre 26 del presente año, el despacho del Magistrado sustanciador dispuso solicitar al Juzgado Décimo Laboral del Circuito de esta ciudad, copias del proceso ejecutivo adelantado por Aura María y María Ligia Ladino Jiménez. Recibida la prueba se tiene que la demanda ejecutiva fue instaurada el 14 de octubre de 1992 contra el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, donde las ejecutantes pretendían el pago de las mesadas pensionales debidas por concepto de sustitución pensional desde el 31 de enero de 1989. Para tal efecto, presentaron como título ejecutivo copia de la resolución 297/88, en virtud de la cual se les reconoció el derecho desde del 6 de enero de 1987 hasta el 5 de enero de 1989. El juzgado de conocimiento se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo, providencia que apelada fue confirmada el 29 de abril de 1994, por cuanto se consideró que la resolución limitó el disfrute de la sustitución pensional hasta el 6 de enero de 1989 y por ende la resolución no constituye titulo base de reclamación. Tercera.     Improcedencia de la tutela por no ejercicio oportuno de los medios de defensa judiciales idóneos. Esta Sala confirmará la sentencia que se revisa y, para ello, bastará realizar una breve justificación del proceso que nos ocupa, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 del decreto 2591 de 1991. En el presente asunto, consideran las señoras Ladino Jiménez que se les debe reconocer el derecho de prórroga vitalicia de la sustitución pensional, negada por la empresa Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Con base en las pruebas que reposan en el expediente se tiene que las demandantes dispusieron de los medios de defensa judiciales, desde el mismo día en que se expidió la resolución 297 de mayo 19 de 1988, que reconoció el derecho de sustitución pensional por dos años, por cuanto, como lo señala la misma resolución, podían recurrirla dentro de los cinco días siguientes a la notificación, pero no lo hicieron. Sólo en el año de 1989, vencido el término de dos años de vigencia de la sustitución pensional, la parte demandante vino a considerar necesario solicitar la revocación de la resolución 297/88. La empresa demandada manifestó que no era factible, legal ni reglamentariamente, la continuidad de la sustitución pensional, por cuanto se perseguía la aplicación de una ley, la 71/88, que entró en vigencia con posterioridad y que, además, podía acudir a la justicia ordinaria. Tres años después, octubre de 1992, las demandantes inician un proceso ejecutivo laboral para obtener el pago de las mesadas no canceladas a partir del vencimiento de los dos años fijado para la sustitución pensional, vía que resultó equivocada, por cuanto la resolución 297/88 no era una obligación clara, expresa y exigible y, por ende, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo, providencia que vino a ser confirmada en el mes de abril de 1994. En consecuencia, han debido las demandantes iniciar, ante la jurisdicción laboral, un proceso distinto al ejecutivo, como es el ordinario, para que se les reconociera, en forma vitalicia, la sustitución pensional. No pueden ahora, siete (7) años después, perseguir que la tutela subsane las deficiencias anotadas. El desconocimiento por parte de las demandantes de las normas sustantivas y adjetivas del ordenamiento jurídico, sumado, al parecer, a la falta de una adecuada asesoría jurídica, se refleja en aspectos como el ejercicio inoportuno de los recursos, la inciación de un proceso distinto al idóneo y la posible prescripción de la acción ordinaria laboral. Lo anterior, lleva a esta Sala de Revisión a manifestar: 1o.    En su jurisprudencia, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela tiene el carácter de subsidiaria, es decir, no constituye una demanda alternativa, sustitutiva, paralela, complementaria o adicional a los procesos que consagra nuestro régimen jurídico. En consecuencia, es un instrumento excepcional. 2o.    No ha sido creada la acción de tutela para revivir términos o subsanar errores procesales de las partes, por cuanto su objetivo es brindar el ejercicio y defensa de los derechos constitucionales fundamentales. 3o.    Por regla general, deben dirimirse, a través de la justicia ordinaria o especial que señale la ley, las controversias que surjan sobre reconocimiento de derechos y aplicación de normas, cuando unos y otras sean de rango legal. Por lo anterior, se confirmará la decisión proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, por cuanto acertó al afirmar que los actores podían acudir a la jurisdicción ordinaria laboral. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.    CONFÍRMASE la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, de fecha 17 de julio del presente año, con base en las consideraciones expuestas en esta decisión. En consecuencia, no procede la tutela instaurada por las señoras Aura María y María Ligia Ladino Jiménez contra el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Segundo. COMUNÍQUESE la presente sentencia al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de esta ciudad para que sea notificada a las partes de conformidad con el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-543-95 Sentencia No Sentencia No. T-543/95 DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Improcedencia de la denegación de la acción de tutela/ACCION DE TUTELA-Improcedencia de la denegación El acudir a la acción de tutela es, en sí mismo, un derecho fundamental cuyo ejercicio no puede ser negado a persona alguna, entre otras razones por la muy poderosa de que al hacerlo se obstruiría el acceso del individuo a la administración de justicia, que es igualmente un derecho fundamental, máxime si la obstrucción afecta la posibilidad de la defensa de otros derechos fundamentales. La negativa de la acción representaría nada menos que la inaplicación del artículo 86 de la Carta, es decir, ab initio, el cierre de toda posibilidad de que un juez de la República considere el caso de quien estima que sus derechos fundamentales son objeto de violación o amenaza. Con ello se rompería el principio de igualdad, en cuanto ese peticionario sería injustificadamente discriminado y, por contera, se desconocería el sentido mismo de la acción, evadiendo el juez el cumplimiento de la función básica que se le confía en guarda de los derechos constitucionales, y se frustraría el propósito del Constituyente de "garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". En cambio, dando paso al ejercicio de la acción, puede el juez negar la tutela que mediante ella se solicita, si halla que no han ocurrido los hechos alegados, que no implican violación ni amenaza de derechos fundamentales, o que la tutela era improcedente, lo cual corresponde al ejercicio de su función, independientemente de la decisión que adopte y de los argumentos jurídicos en que se funde para ello. MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Club social/ACCION DE TUTELA-Improcedencia respecto de Club social Los problemas suscitados entre los clubes sociales y sus socios son de carácter estrictamente privado y que no pueden encontrar respuesta en determinaciones de los jueces de tutela por cuanto, para solucionarlos, existen otros medios judiciales que no son menos idóneos que el previsto en la Carta Política para resguardar los derechos que puedan hallarse en peligro o que hayan sido o estén siendo objeto de violación. El alegato de los actores está referido a un conflicto con la Junta Directiva del Club originado en un acto proferido por ella que puede ser atacado por la vía judicial ordinaria. En efecto, no solamente puede atacarse ante la justicia civil la decisión del órgano social sino que existe la posibilidad de pedir la suspensión del acto impugnado, en los términos del Código de Procedimiento Civil, con lo cual se obtiene un efecto similar al de la tutela. Tal figura legal hace innecesaria e inaplicable la tutela como mecanismo transitorio, pues sin acudir a ella el peticionario logra detener temporalmente los efectos del acto que en su sentir lo perjudica y que dice ser contrario a la ley, mientras se decide de fondo. PERJUICIO IRREMEDIABLE-Admisión de segunda esposa como socia de Club El más grave riesgo es el de que esta última siga sin ser admitida al Club en calidad de esposa de aquél o como socia, circunstancia que, aún a pesar de la ilegalidad que pudiera llegar a deducirse respecto del acto que la provoca, no representa un daño de carácter irreparable y grave para ninguno de los derechos fundamentales de las personas accionantes. Bien pueden aguardar la determinación judicial que defina su controversia con el Club sin que se haga imperativo el uso de un mecanismo como el de la tutela transitoria, que supone un evento extremo y delicado de amenaza para derechos inherentes a la persona humana, cuya defensa inmediata se sobrepone incluso a la competencia de los jueces ordinarios, al menos temporalmente, con miras a la prevalencia del derecho sustancial. DERECHO DE ASOCIACION-Club social El derecho de asociación incluye la posibilidad de constituir personas jurídicas sin ánimo de lucro destinadas a satisfacer intereses comunes en el campo de la vida social y la recreación -los denominados clubes sociales-, dentro de un sistema normativo propio en el cual se pueden determinar aquellas características y requisitos que deben reunir los socios, así como las reglas referentes a su admisión. En tales entidades el derecho de asociación incorpora la prerrogativa de decidir quiénes serán los consocios, lo que equivale a establecer que, dentro de los correspondientes estatutos, todo socio debe hallarse en posibilidades de participar en la escogencia de nuevos asociados. De la misma manera, la normatividad adoptada libremente por los asociados debe establecer reglas acerca del comportamiento exigido a los socios y de las cargas que se les imponen, así como de los derechos que pueden ejercer y, por supuesto, sobre la manera de terminar el vínculo con la asociación, por parte del afiliado, y de excluir al socio, por parte del club. DEBIDO PROCESO-Club social Los Arrayanes En cuanto se trate de adoptar decisión que implique la imposición de sanciones, tiene aplicación el derecho al debido proceso, por lo cual normas generales previamente definidas y conocidas por los asociados deben indicar las conductas sancionables, o faltas, las sanciones correspondientes y las mínimas garantías para la defensa de quien sea sindicado. DERECHO DE ASOCIACION-Libertad del club para darse sus estatutos A la luz de la Constitución, los asociados gozan de la más amplia libertad para estructurar el régimen jurídico particular al que se obligan, por lo cual, mientras se sometan a él y, desde luego, a la Constitución y a la ley, pueden resolver de manera autónoma y a nivel interno los problemas que surjan entre la persona jurídica y los socios o entre éstos por causa o con ocasión del contrato. DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Autonomía para definir el estado civil/DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Autonomía para definir el estado civil/DEMANDA DE TUTELA-Autonomía para definir estado civil Si una persona casada decide libremente acogerse a la normatividad para poner fin al vínculo establecido con otra y, también en ejercicio de su libertad, resuelve establecer un nuevo lazo afectivo, bien sea matrimonial o de unión permanente, nadie extraño a los interesados puede legítimamente controvertir esa decisión, ni descalificarla. La nueva esposa o compañera, o el nuevo esposo o compañero, tienen derecho a su condición mientras el establecimiento del nuevo vínculo no vulnere las normas legales pertinentes y, en caso de que esto último acontezca, queda en manos del juez competente la imposición de las sanciones a que haya lugar, según las reglas que la legislación tiene previstas para sancionar conductas como la bigamia. La ausencia de este respeto a la autonomía vulnera no solamente el libre desarrollo de la personalidad sino el derecho a la intimidad. Se puede pertenecer a instituciones educativas, empresas, asociaciones o sociedades sin que el vínculo correspondiente ni en el trato dado al individuo dentro de ellas pueda depender de situaciones surgidas por razón del libre ejercicio de su derecho a mantener el vínculo matrimonial o la unión permanente con una determinada pareja o de instaurar ese tipo de relaciones con otra. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-75981 Acción de tutela instaurada por Alfonso Pontón Espinosa y Gladys Rincón Galindo contra el Club Campestre "Los Arrayanes". Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisan los fallos proferidos en el asunto de la referencia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá y por la Corte Suprema de Justicia. I. INFORMACION PRELIMINAR Según la demanda, encontrándose divorciado por sentencia judicial desde el 22 de mayo de 1993, ALFONSO PONTON ESPINOSA, socio del Club Campestre "LOS ARRAYANES" desde hace dieciocho años, contrajo segundas nupcias con GLADYS RINCON GALINDO el día 20 de agosto del mismo año. De acuerdo con el artículo 10 de los Estatutos del Club, el derecho de los socios al uso de sus instalaciones "se hace extensivo al cónyuge, a la madre, hijas legítimas solteras de cualquier edad e hijos legítimos menores", sin perjuicio de lo previsto a favor de los hijos legítimos mayores. En septiembre de 1993, al solicitar el carnet para su nueva esposa, le fue expedido, pero la Junta Directiva del Club decidió por sí y ante sí -dice la demanda- que la señora GLADYS RINCON debía someter su nombre al trámite previsto para la admisión de un nuevo socio, sin que al efecto mediara facultad estatutaria alguna. Al accionante se informó que Gladys Rincón no había sido admitida pero se le expidió carnet mediante el cual se la acreditaba como esposa de socio. No obstante, el 20 de abril de 1995, Alfonso Pontón recibió una carta en la cual le comunicaban que su señora no era recibida en el Club y le pedían devolver el carnet a ella otorgado. Según el actor, para justificar la inaplicación del artículo 10 de los estatutos, la carta en referencia dijo que la decisión se adoptaba "en interpretación" de los mismos. Consideró el demandante que la Junta Directiva del Club Campestre "Los Arrayanes" violó sus derechos fundamentales a la igualdad, a la honra y al buen nombre, a la intimidad familiar, a la libre asociación y al libre desarrollo de la personalidad. II. DECISIONES JUDICIALES La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, mediante sentencia del 1º de junio de 1995, resolvió denegar "la acción de tutela impetrada" por las siguientes razones: - No existen evidencias fácticas que, en el caso sub-lite, demuestren el peligro en que se encuentran los derechos fundamentales invocados, para configurar un perjuicio irremediable en los términos de la jurisprudencia constitucional, "pues no puede suponerse que sean necesarias medidas urgentes frente al problema de la admisión de GLADYS RINCON GALINDO como socia del club social del que es socio su esposo". - La acción de tutela fue incoada contra un particular y en el asunto considerado no se cumplieron los requisitos constitucionales para que pudiera ser instaurada contra el Club Campestre "Los Arrayanes". - La acción de tutela es de naturaleza residual y en esta ocasión el accionante cuenta con otros medios de defensa judicial para hacer efectivos sus derechos: el determinado en el numeral 6º del artículo 408 del Código de Procedimiento Civil. Impugnada como lo fue la providencia, se confirmó por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo del 10 de julio de 1995. A juicio de la Corporación, la acción se enfiló contra una persona jurídica de derecho privado respecto de la cual el socio no se encuentra en relación de subordinación ni de indefensión. Autónomamente  puede tomar en cualquier momento la decisión de dejar de pertenecer a la entidad y para la defensa de sus derechos existe otro recurso o vía judicial, pues los accionantes habían podido entablar ante la jurisdicción ordinaria la impugnación del acto o decisión de la Junta Directiva del Club. Para el 23 de mayo de 1995, cuando se presentó la acción de tutela, transcurría el término de dos meses a que alude el artículo 421 del Código de Procedimiento Civil para proponer la demanda ordinaria en referencia, con el agregado de que en la misma podía pedirse la suspensión del acto atacado. Además, según los estatutos, subsiste para los petentes el derecho de solicitarle a la Asamblea General del Club que tome la decisión pertinente en torno al caso, por ser la autoridad suprema de esa entidad. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar los mencionados fallos, según lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y en los términos del Decreto 2591 de 1991. La denegación de la tutela. Diferencia de este concepto con la denegación de la acción. Por razones que, como se verá, son plenamente válidas, el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá encontró que la tutela incoada no podía concederse. En la parte resolutiva de su sentencia, el Tribunal incurre en una imprecisión que se hace imperativo corregir a la luz de la Carta Política, pues resuelve "denegar la acción de tutela impetrada". Para la Corte es claro que, ejercida en un caso concreto la acción prevista en el artículo 86 de la Constitución, el juez puede negarla o concederla, según que halle o no configurados los supuestos de hecho que ameritan la protección judicial por violación o amenaza de los derechos fundamentales, previa definición acerca de si era procedente o improcedente. La Constitución autoriza al fallador para negar la protección que se le solicita, pero no le permite negar la acción. Debe, pues, establecerse clara diferencia entre los dos conceptos, con el fin de desarrollar a cabalidad los preceptos superiores. No puede confundirse la acción con el objeto de la misma. Como tampoco el derecho de accionar con el derecho específico que en el caso examinado judicialmente pueda tenerse a que el juez imparta la orden que concrete la protección requerida. Bien es cierto que la acción de tutela se erige en garantía orientada a la protección de los derechos fundamentales, es decir, en mecanismo práctico con suficiente aptitud para hacer efectivos los términos teóricos en que se concibe el texto constitucional, pero no lo es menos que el de acudir a la acción de tutela es, en sí mismo, un derecho fundamental cuyo ejercicio no puede ser negado a persona alguna, entre otras razones por la muy poderosa de que al hacerlo se obstruiría el acceso del individuo a la administración de justicia (artículo 229 C.P.), que es igualmente un derecho fundamental, máxime si la obstrucción afecta la posibilidad de la defensa de otros derechos fundamentales. La negativa de la acción representaría nada menos que la inaplicación del artículo 86 de la Carta, es decir, ab initio, el cierre de toda posibilidad de que un juez de la República considere el caso de quien estima que sus derechos fundamentales son objeto de violación o amenaza. Con ello se rompería el principio de igualdad (artículo 13 C.P.), en cuanto ese peticionario sería injustificadamente discriminado y, por contera, se desconocería el sentido mismo de la acción, evadiendo el juez el cumplimiento de la función básica que se le confía en guarda de los derechos constitucionales, y se frustraría el propósito del Constituyente -que es fin primordial del Estado en los términos del artículo 2º C.P.- de "garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". En cambio, dando paso al ejercicio de la acción, puede el juez negar la tutela que mediante ella se solicita, si halla que no han ocurrido los hechos alegados, que no implican violación ni amenaza de derechos fundamentales, o que la tutela era improcedente, lo cual corresponde al ejercicio de su función, independientemente de la decisión que adopte y de los argumentos jurídicos en que se funde para ello. Improcedencia de la tutela para resolver conflictos puramente particulares que encuentran solución ante los jueces ordinarios Por solicitud de uno de los magistrados de esta Sala, quien proponía un cambio de jurisprudencia en cuanto a la posibilidad de instaurar acciones de tutela contra actos emanados de los clubes sociales, los términos fueron suspendidos y puesto el asunto en consideración de la Sala Plena, según lo mandado por el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991 y en el Reglamento de la Corporación El Pleno de la Corte resolvió no modificar la jurisprudencia y en la fecha ha ordenado que vuelvan las diligencias a la Sala Quinta de Revisión para sentencia. La jurisprudencia que ahora se ratifica ha sostenido invariablemente que los problemas suscitados entre los clubes sociales y sus socios son de carácter estrictamente privado y que no pueden encontrar respuesta en determinaciones de los jueces de tutela por cuanto, para solucionarlos, existen otros medios judiciales que no son menos idóneos que el previsto en el artículo 86 de la Carta para resguardar los derechos que puedan hallarse en peligro o que hayan sido o estén siendo objeto de violación. Recuérdanse, entre otras, las sentencias números T-099 del 24 de febrero de 1993 y T-120 del 21 de marzo de 1995, proferidas por las salas Cuarta y Quinta de Revisión. En ellas ha expresado la Corte: "El hecho de que un socio acate los estatutos y las decisiones de la Junta Directiva de una corporación a la que voluntariamente se asoció, no implica dependencia o sujeción alguna, porque el socio no se encuentra bajo las ordenes de  la entidad, salvo el caso del legítimo desarrollo de los estatutos que aquél voluntariamente conoció y consintió al afiliarse. Por ello para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional tampoco se presenta esta especial circunstancia". "La acción de tutela -ha repetido esta Corte- tiene por objeto específico y exclusivo la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando éstos son violados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad o de particulares. En cuanto a los segundos, como lo subrayó con acierto el Tribunal, la acción de tutela no procede en principio, a menos que se hallen encargados de la prestación de un servicio público, asuman una conducta que afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de ellos el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión, y que la ley contemple por vía general la procedencia del amparo. Los clubes deportivos, que son personas jurídicas de Derecho Privado, no se encuentran cobijados normalmente por ninguna de las indicadas hipótesis". La expuesta doctrina debe hacerse valer en el presente caso, y así se hará, sobre el supuesto de que el alegato de los actores está referido a un conflicto con la Junta Directiva del Club "Los Arrayanes" originado en un acto proferido por ella que puede ser atacado por la vía judicial ordinaria, tal como lo expresaron el Tribunal de Distrito y la Corte Suprema de Justicia. En efecto, no solamente puede atacarse ante la justicia civil la decisión del órgano social sino que existe la posibilidad de pedir la suspensión del acto impugnado, en los términos del artículo 421 del Código de Procedimiento Civil, con lo cual se obtiene un efecto similar al de la tutela. La norma es del siguiente tenor literal: "ARTICULO 421.-Impugnación de actos de asambleas, juntas directivas o de socios. La demanda de impugnación de actos o decisiones de asambleas de accionistas o de juntas directivas o de socios de sociedades civiles o comerciales, sólo podrá proponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha del acto respectivo, y deberá dirigirse contra la sociedad; si se tratare de acuerdos o actos sujetos a registro, el término se contará desde la fecha de la inscripción. En la demanda podrá pedirse la suspensión del acto impugnado; el juez la decretará si la considera necesaria para evitar perjuicios graves y el demandante presta caución en la cuantía que aquél señale. Este auto es apelable en el efecto devolutivo". Ahora bien, tal figura legal hace innecesaria e inaplicable la tutela como mecanismo transitorio, pues sin acudir a ella el peticionario logra detener temporalmente los efectos del acto que en su sentir lo perjudica y que dice ser contrario a la ley, mientras se decide de fondo. Por otra parte, el supuesto primordial e insustituible de la acción de tutela transitoria es la inminencia de un perjuicio irremediable para el ejercicio de derechos fundamentales, es decir, la posibilidad clara e indudable de que, si no se otorga el amparo provisional, se cause un daño que ya no podría ser reparado cuando se adopte la decisión judicial definitiva por ser ella tardía. La Corte Constitucional ha declarado inexequible la definición legal del perjuicio irremediable (Inciso 2 del numeral primero del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991) en razón de haber limitado los alcances de la norma constitucional que lo consagra, pero ha trazado pautas jurisprudenciales objetivas que permiten establecer cuándo se presenta esa situación excepcional que faculta al juez para aplicar la protección transitoria pese a existir otros medios judiciales para la defensa del derecho afectado o amenazado. Ha señalado la Corte: "La posibilidad de conceder este tipo específico de protección judicial es excepcional, según se desprende del artículo 86 de la Constitución, y por tanto el alcance de las normas pertinentes es de interpretación estricta.  No se busca que el juez de tutela asuma la competencia del ordinario o especializado entrando a resolver de fondo el asunto litigioso planteado, sino de ofrecer al titular del derecho un medio expedito y eficaz para evitar un daño respecto del cual la decisión judicial definitiva llegaría demasiado tarde y apenas haría posible un resarcimiento "a posteriori", es decir, sobre la base de un hecho cumplido".(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión Sentencia T-203 del 26 de mayo de 1993. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo). También ha sido enfática en manifestar: "La transitoriedad de la tutela que puede impetrarse ante la evidencia de un perjuicio irremediable está íntimamente relacionada con la circunstancia de que los procesos ordinarios no arrojan un resultado inmediato. Por ello, la duración del amparo depende del tiempo en que el juez competente haya de resolver sobre el asunto planteado a través del otro medio de defensa. Pero, desde luego, el mismo carácter transitorio de la tutela exige del peticionario la carga de instaurar la acción indicada para que dicho medio judicial pueda operar. De lo contrario, la medida correspondiente -que, según la Constitución, tiene una naturaleza precaria- se convertiría en definitiva, sustituyendo al medio ordinario". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-095 del 2 de marzo de 1995. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo). En el caso presente, puede apreciarse sin dificultad que el más grave riesgo para Alfonso Pontón y Gladys Rincón Galindo es el de que esta última siga sin ser admitida al Club "Los Arrayanes" en calidad de esposa de aquél o como socia, circunstancia que, aún a pesar de la ilegalidad que pudiera llegar a deducirse respecto del acto que la provoca, no representa un daño de carácter irreparable y grave para ninguno de los derechos fundamentales de las personas accionantes. Bien pueden aguardar la determinación judicial que defina su controversia con el Club sin que se haga imperativo el uso de un mecanismo como el de la tutela transitoria, que supone un evento extremo y delicado de amenaza para derechos inherentes a la persona humana, cuya defensa inmediata se sobrepone incluso a la competencia de los jueces ordinarios, al menos temporalmente, con miras a la prevalencia del derecho sustancial. A lo dicho debe agregar ahora esta Sala: 1. El de asociación es un derecho constitucional fundamental susceptible de ser vulnerado en varias formas, en especial cuando se impide que una o más personas cristalicen su voluntad de unir sus esfuerzos o aportes para fines lícitos o cuando, no obstante su deseo en sentido contrario, se las obliga a integrarse en sociedad, sometiéndose por ello a un régimen particular que naturalmente esquivan y repelen. 2. El derecho de asociación incluye la posibilidad de constituir personas jurídicas sin ánimo de lucro destinadas a satisfacer intereses comunes en el campo de la vida social y la recreación -los denominados clubes sociales-, dentro de un sistema normativo propio en el cual se pueden determinar aquellas características y requisitos que deben reunir los socios, así como las reglas referentes a su admisión. En tales entidades el derecho de asociación incorpora la prerrogativa de decidir quiénes serán los consocios, lo que equivale a establecer que, dentro de los correspondientes estatutos, todo socio debe hallarse en posibilidades de participar en la escogencia de nuevos asociados. 3. De la misma manera, la normatividad adoptada libremente por los asociados debe establecer reglas acerca del comportamiento exigido a los socios y de las cargas que se les imponen, así como de los derechos que pueden ejercer y, por supuesto, sobre la manera de terminar el vínculo con la asociación, por parte del afiliado, y de excluir al socio, por parte del club. Sobre el último aspecto, en cuanto se trate de adoptar decisión que implique la imposición de sanciones, tiene aplicación el artículo 29 de la Carta, que plasma el derecho al debido proceso, por lo cual normas generales previamente definidas y conocidas por los asociados deben indicar las conductas sancionables, o faltas, las sanciones correspondientes y las mínimas garantías para la defensa de quien sea sindicado. 4. Existe libertad contractual para disponer la extensión de beneficios o prerrogativas de los socios a sus familiares, sobre la base de que se cumplan los requisitos señalados con antelación y por vía general en el respectivo estatuto. Todo lo anterior significa que, a la luz de la Constitución, los asociados gozan de la más amplia libertad para estructurar el régimen jurídico particular al que se obligan, por lo cual, mientras se sometan a él y, desde luego, a la Constitución y a la ley, pueden resolver de manera autónoma y a nivel interno los problemas que surjan entre la persona jurídica y los socios o entre éstos por causa o con ocasión del contrato. La ley otorga competencia a los jueces de la República para decidir, en aplicación de sus preceptos, sobre aquellos conflictos que no puedan ser zanjados por el régimen interno. Es así como, por ejemplo, para casos como el que nos ocupa, en los que se controvierte la validez de un acto adoptado por uno de los órganos sociales, el legislador ha consagrado la posibilidad de acudir al juez en breve término para anular y aun suspender, si es el caso, las determinaciones sociales que puedan lesionar o poner en peligro los derechos de los asociados frente a la asociación. Tal acontece con el ya mencionado artículo 421 del Código de Procedimiento Civil. La autonomía individual para definir el estado civil y los derechos fundamentales a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad Ya se ha visto que, dada la existencia de otros medios de defensa judicial y puesto que no se configuraba un perjuicio irremediable para los derechos constitucionales del demandante, la acción de tutela resultaba improcedente. Ello no impide que la Corte, por razones de pedagogía constitucional (artículo 41 C.P.), formule algunas advertencias en torno a la protección jurídica de la libertad individual y la privacidad de las personas, ya que el motivo de la controversia planteada consistió en el veto impuesto por un club social a la segunda esposa de uno de sus asociados. Los artículos 1 y 5 de la Constitución consagran el principio del respeto indiscriminado a la dignidad de la persona, mientras el 13 Ibídem desarrolla el postulado de la igualdad, que en últimas implica el reconocimiento de que, pese a las diferencias accidentales entre los seres humanos, todos, por el hecho de serlo, tienen en común características esenciales por cuya virtud merecen la misma consideración y trato, sin distinciones injustificadas provenientes de origen, nacionalidad, raza, sexo, estirpe, opinión política o filosófica, credo religioso, nivel social o económico. De la dignidad humana se deducen, entre otros, los derechos inalienables a la intimidad y a la libertad, que tiene una de sus más importantes expresiones en la autonomía personal o libre desarrollo de la personalidad. La decisión de optar entre el estado civil de casado, separado o divorciado, así como la relativa a la escogencia entre la opción matrimonial y la unión permanente, corresponde única y exclusivamente a la pareja, tal como resulta del artículo 42 de la Carta Política. Ni el Estado ni los particulares pueden interferir en las determinaciones que las personas adopten en esa materia, según sus propias necesidades y conveniencias. En este campo, como en todos los que conciernen a la vida privada, ninguna institución, ni pública ni particular, puede erigirse en autoridad para desestimar o desconocer las decisiones autónomas de un individuo respecto de la unión amorosa, sentimental, matrimonial o de convivencia familiar que desee establecer. Lo anterior significa que, si una persona casada decide libremente acogerse a la normatividad para poner fin al vínculo establecido con otra y, también en ejercicio de su libertad, resuelve establecer un nuevo lazo afectivo, bien sea matrimonial o de unión permanente, nadie extraño a los interesados puede legítimamente controvertir esa decisión, ni descalificarla. La nueva esposa o compañera, o el nuevo esposo o compañero, tienen derecho a su condición mientras el establecimiento del nuevo vínculo no vulnere las normas legales pertinentes y, en caso de que esto último acontezca, queda en manos del juez competente la imposición de las sanciones a que haya lugar, según las reglas que la legislación tiene previstas para sancionar conductas como la bigamia. La ausencia de este respeto a la autonomía vulnera no solamente el libre desarrollo de la personalidad sino el derecho a la intimidad. En ese orden de ideas, se puede pertenecer a instituciones educativas, empresas, asociaciones o sociedades sin que el vínculo correspondiente ni en el trato dado al individuo dentro de ellas pueda depender de situaciones surgidas por razón del libre ejercicio de su derecho a mantener el vínculo matrimonial o la unión permanente con una determinada pareja o de instaurar ese tipo de relaciones con otra. DECISION Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMAR el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 10 de julio de 1995, mediante el cual, a la vez, se confirmó el dictado por el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá el 1º de junio de 1995. Segundo.- Por Secretaría LIBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-544-95 Sentencia No Sentencia No. T-544/95 MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Club social En torno a las diferencias surgidas entre los clubes sociales y sus socios, ha sostenido la Corte que, a falta de la posibilidad de arreglo según las normas internas de la institución, no es la tutela el mecanismo adecuado para buscar protección, puesto que existen medios de defensa ante la jurisdicción ordinaria. ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Improcedencia respecto de club social Los clubes sociales y sus órganos no están encargados, por regla general, de la prestación de un servicio público y siendo muy difícil, si bien no imposible, que asuman conductas que afecten grave y directamente el interés colectivo. Una cosa es que, por razón del vínculo contractual contraído en ejercicio del libre derecho de asociarse, el socio quede supeditado al cumplimiento del régimen jurídico particular contenido en los estatutos, acogidos por él en el momento de su ingreso, y otra muy diferente es que dicha sujeción lo convierta en subordinado o subalterno de la entidad o de sus órganos, en términos tales que dependa de ellos en forma absoluta y que por virtud de tal dependencia no le sea posible oponerse a sus decisiones sino por medio de la acción de tutela. Para la Corte es claro que el estado de indefensión tampoco se configura, pues el ordenamiento jurídico contempla acciones alternativas a las cuales puede acudir el socio para protegerse contra las decisiones de la asociación y de sus organismos. DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Irrenunciabilidad frente a cláusulas contractuales/DEMANDA DE TUTELA-Expulsión socio de Club Hatogrande Por razón de un vicio manifiesto, que de ninguna manera es subsanable, pues carece de licitud todo pacto contra la ley, los contratantes no pueden comprometerse a la forzada renuncia del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Siendo ilícito su objeto, no son válidas las cláusulas contractuales que contrarían normas imperativas de la ley y, por supuesto, de la Constitución. Es por ello que resulta cuando menos exótico que en los estatutos de un club social se consagren normas  por medio de las cuales se prive a los asociados de toda posibilidad de acudir a la administración de justicia en defensa de sus derechos, en especial cuando provienen de actos unilaterales de los órganos societarios. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-77664 Acción de tutela instaurada por Gustavo Alberto Reyes Aguirre contra Alfonso Clavijo González y demás miembros de la Junta Directiva de la Corporación "Hatogrande Golf & Tennis Country Club". Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisan los fallos proferidos en el asunto de la referencia por el Juzgado Veintiuno del Circuito y por la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá. I. INFORMACION PRELIMINAR La acción de tutela fue promovida por el arquitecto GUSTAVO ALBERTO REYES AGUIRRE, mediante apoderado, contra ALFONSO CLAVIJO GONZALEZ y demás miembros de la Junta Directiva de la CORPORACION "HATOGRANDE GOLF & TENNIS COUNTRY CLUB", por cuanto, según su dicho, fue expulsado de la institución sin fórmula de juicio. Dijo REYES AGUIRRE haber sido admitido como socio de la Corporación en calidad de fundador, en reconocimiento al gran esfuerzo realizado en el diseño, construcción y acabados del Club. Según la demanda, mediante comunicaciones de los días 4 y 5 de octubre de 1994, el actor hizo saber a los miembros de la Junta Directiva algunas inconformidades suyas "por procedimientos extraños", pues, a su juicio, las decisiones que se estaban adoptando como resultado de las juntas no eran reflejo de lo acordado en las correspondientes reuniones y afectaban tanto al club como a los socios. Señaló el demandante que el 9 de mayo de 1995 recibió en forma sorpresiva una carta suscrita por el Secretario de la Junta, ALFONSO CLAVIJO GONZALEZ, en la cual se le comunicaba que dicho organismo, por unanimidad, había resuelto expulsarlo de la institución por faltar a la verdad en perjuicio del Club cuando afirmó en la Asamblea de noviembre 26 de 1994 que él era representante de la "Promotora Inversiones Hatogrande Golf & Tennis Country Club Limitada" y se comprometió a entregar obras y dotación faltantes, lo cual nunca cumplió. Manifestó que en la misma carta se lo acusó de faltar a los deberes de caballerosidad y de honor al enviar comunicaciones en contra de las directivas del Club, causando malestar entre los socios. Se le informó en la comunicación que la decisión era inapelable y que no generaba ninguna clase de acción o derecho contra la Corporación. A juicio del demandante, todo este conjunto de acontecimientos, imputables a las directivas del Club, viola derechos constitucionales fundamentales, los estatutos "y otras disposiciones complementarias". En especial, estimó violados sus derechos al debido proceso y a la libre asociación, a la libertad de expresión y al buen nombre. II. DECISIONES JUDICIALES Mediante fallo del 16 de junio de 1995, resolvió el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá. La providencia, luego de amplia motivación, concluyó negando, por improcedente, "la acción de tutela impetrada". Dijo el Juzgado que la acción de tutela tan sólo procede contra particulares si se presentan las situaciones contempladas por el artículo 86 de la Constitución, ninguna de las cuales se configura en este caso. Señaló también que el artículo 42, numeral 4, del Decreto 2591 de 1991 reservó la tutela contra organizaciones privadas a al caso en el cual el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión frente al ente transgresor. En el presente asunto -manifestó el fallo después de detenido análisis sobre la situación del petente- "es claro que no procede la acción de tutela contra los accionados, pues el petente no se encontraba respecto de ellas en ninguna de las hipótesis previstas en la Constitución ni en la ley". Impugnada la determinación judicial, fue revocada por la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá mediante providencia calendada el 27 de julio de 1995. Se concedió entonces la tutela del derecho fundamental al debido proceso y se ordenó al Club, por conducto de su Junta Directiva, que en el término de 48 horas restableciera al accionante en sus derechos como socio, reintegrándolo como tal, con todos los beneficios y obligaciones que ello implica. De acuerdo con la decisión adoptada, por cuanto el vínculo era ciertamente bilateral, el peticionario no se hallaba en estado de subordinación respecto del Club. Pero "es muy de notar -expuso la sentencia- que éste fue creado con anterioridad a la entrada en vigencia de los estatutos, pues cabe advertir que el accionante ingresó a la institución en el mes de marzo de 1993, mientras que los estatutos revelan que son posteriores a junio de ese mismo año. Y si bien ello no significa que no estuviese el actor a ellos sometido, viene bien la diferenciación para ver de establecer que sí se da el requisito de la indefensión, como que las sanciones que se han impuesto lo han sido en aplicación del artículo 10 de tales estatutos, siendo que, conforme lo revela el artículo 34 Ibídem, para determinar la gravedad de la conducta y el procedimiento sancionatorio se expedirá un reglamento, el que aún no ha sido promulgado". "Sucede entonces -agregó- que al accionante se le aplicó una sanción con fundamento en una decisión que estaba sujeta al veleidoso juzgamiento de la Junta Directiva, frente a la cual ningún reparo podía formular". Para el Tribunal la indefensión del demandante era palmaria, pues en el mismo artículo 10 de los estatutos del Club se consagra que la expulsión no genera ninguna clase de acciones en contra de la entidad, de donde se establece per se que no podía acudir a las vías judiciales pertinentes si es que ese derecho lo había renunciado al someterse voluntariamente a tales estatutos. En el sentir del Tribunal, el derecho de defensa no fue garantizado al accionante pues no le fue posible controvertir las pruebas que contra él se presentaron. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia Las decisiones de los jueces en materia de tutela son revisables por la Corte Constitucional, según reglas que al efecto establecen los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991. Una vez seleccionado el respectivo caso por la Sala de Selección en turno y repartido a determinada Sala de Revisión, se radica en cabeza de ésta la competencia para efectuar el examen de constitucionalidad de la sentencia o sentencias proferidas, para confirmarlas o para revocarlas y, en la última opción, para corregir la providencia que se revoca. Tal ha ocurrido en el presente proceso, según consta en auto del 31 de agosto de 1995, proferido por la Sala de Selección número ocho (8), en virtud del cual se accedió a la escogencia del asunto propuesto, por insistencia de uno de los magistrados. Esta Sala es, entonces, competente para llevar a cabo el estudio relativo a las providencias cuyo resumen antecede. Ahora bien, debe advertirse que, ante la solicitud de uno de los integrantes de la Sala, el caso fue llevado a la consideración del Pleno de la Corte Constitucional para que definiera si había lugar al cambio de jurisprudencia (artículo 34 del Decreto 2591 de 1991), razón por la cual fueron suspendidos los términos. En la fecha, la Sala Plena se ha negado a modificar la jurisprudencia sobre el tema planteado y ha dispuesto que esta Sala de Revisión profiera su fallo, con arreglo a la jurisprudencia vigente, a lo cual se procede. La denegación de la acción y la improcedencia de la tutela Se encuentra que en este proceso el Juzgado de primera instancia resolvió "negar, por improcedente, la acción de tutela impetrada". Esta Sala ha sido suficientemente clara en la distinción entre los conceptos de denegación de la acción e improsperidad del amparo solicitado mediante ella. Se ratifican los siguientes criterios: "...la acción de tutela se erige en garantía orientada a la protección de los derechos fundamentales, es decir, en mecanismo práctico con suficiente aptitud para hacer efectivos los términos teóricos en que se concibe el texto constitucional, pero no lo es menos que el de acudir a la acción de tutela es, en sí mismo, un derecho fundamental cuyo ejercicio no puede ser negado a persona alguna, entre otras razones por la muy poderosa de que al hacerlo se obstruiría el acceso del individuo a la administración de justicia (artículo 229 C.P.), que es igualmente un derecho fundamental, máxime si la obstrucción afecta la posibilidad de la defensa de otros derechos fundamentales. La negativa de la acción representaría nada menos que la inaplicación del artículo 86 de la Carta, es decir, ab initio, el cierre de toda posibilidad de que un juez de la República considere el caso de quien estima que sus derechos fundamentales son objeto de violación o amenaza. Con ello se rompería el principio de igualdad (artículo 13 C.P.), en cuanto ese peticionario sería injustificadamente discriminado y, por contera, se desconocería el sentido mismo de la acción, evadiendo el juez el cumplimiento de la función básica que se le confía en guarda de los derechos constitucionales, y se frustraría el propósito del Constituyente -que es fin primordial del Estado en los términos del artículo 2º C.P.- de "garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". En cambio, dando paso al ejercicio de la acción, puede el juez negar la tutela que mediante ella se solicita, si halla que no han ocurrido los hechos alegados, que no implican violación ni amenaza de derechos fundamentales, o que la tutela era improcedente, lo cual corresponde al ejercicio de su función, independientemente de la decisión que adopte y de los argumentos jurídicos en que se funde para ello". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-543 del 23 de noviembre de 1995. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo). El conflicto particular entre un club social y sus miembros, asunto de la jurisdicción ordinaria Ha insistido la Corte en numerosas providencias en que el campo puramente contractual, del dominio del Derecho Privado o del Administrativo, según el objeto del convenio que se celebra, escapa a la acción de tutela. Así lo dijo, por ejemplo, en Sentencia T-594 del 9 de diciembre de 1992, en los siguientes términos: "Como ha venido reiterándolo esta Corte, es menester ubicar la acción de tutela dentro del contexto y alcance que le corresponde, a fin de evitar la desfiguración de su naturaleza y la distorsión de sus fines. El Constituyente de 1991 concibió este instrumento como una forma de brindar eficiente protección judicial a los derechos fundamentales frente a amenazas o violaciones concretas provenientes de acción u omisión no susceptibles de ser contrarrestadas con eficacia mediante el uso de otro procedimiento que se pueda intentar ante los jueces. La acción de tutela, pues, no subsume ni sustituye el sistema jurídico que venía imperando al entrar en vigencia la Constitución. No puede admitirse, por tanto, que se haga uso de ella para dirimir conflictos con particulares o con el Estado respecto de los cuales ya existen, precisamente con ese objeto, acciones y procesos definidos por la ley". También ha señalado la Corte que no todo conflicto entre las personas tiene que ser forzosamente llevado ante los jueces y tribunales: "El objeto específico de la tutela consiste, como lo expresa la norma constitucional, en la protección inmediata de los derechos fundamentales de una persona cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de particulares, en ésta última hipótesis en los casos y dentro de las condiciones que la ley contemple. Así, pues, este instrumento no tiene el fin de dar solución a conflictos de ordinaria ocurrencia entre personas o entidades, si la materia de ellos corresponde simplemente a la normal contraposición de intereses, o a las dificultades que supone toda convivencia. Para que sea pertinente instaurar una acción de tutela debe existir al menos un motivo relacionado con los derechos fundamentales de la persona, puestos en peligro o conculcados de manera que la orden judicial sea medio adecuado para amparar al peticionario garantizándole el disfrute de aquellos. En otros términos, es indispensable la proporcionalidad entre los hechos alegados por el petente y la protección judicial que solicita. En ese sentido, no toda disputa tiene que ser resuelta en los estrados judiciales ni puede invocarse la acción de tutela como único mecanismo de solución si la misma naturaleza de la relación de que se trata ofrece posibilidades suficientes para discernir cuál es la solución a la controversia y para ponerla en práctica. Es criterio de esta Corte que la "judicialización" de todo problema suscitado entre individuos o colectividades no conduce a nada distinto de la innecesaria congestión de los tribunales con el consiguiente bloqueo a las causas que en verdad requieren de la intervención del juez. Ello perjudica en grado sumo el normal funcionamiento de las instituciones en cuanto distrae sin objeto la atención y el esfuerzo de las autoridades judiciales". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-037 del 9 de febrero de 1993). Pero, además, muy concretamente en torno a las diferencias surgidas entre los clubes sociales y sus socios, ha sostenido la Corte que, a falta de la posibilidad de arreglo según las normas internas de la institución, no es la tutela el mecanismo adecuado para buscar protección, puesto que existen medios de defensa ante la jurisdicción ordinaria. Basta citar al respecto lo dicho por la Sala en providencia de esta misma fecha: "La jurisprudencia que ahora se ratifica ha sostenido invariablemente que los problemas suscitados entre los clubes sociales y sus socios son de carácter estrictamente privado y que no pueden encontrar respuesta en determinaciones de los jueces de tutela por cuanto, para solucionarlos, existen otros medios judiciales que no son menos idóneos que el previsto en el artículo 86 de la Carta para resguardar los derechos que puedan hallarse en peligro o que hayan sido o estén siendo objeto de violación". (...) "...a la luz de la Constitución, los asociados gozan de la más amplia libertad para estructurar el régimen jurídico particular al que se obligan, por lo cual, mientras se sometan a él y, desde luego, a la Constitución y a la ley, pueden resolver de manera autónoma y a nivel interno los problemas que surjan entre la persona jurídica y los socios o entre éstos por causa o con ocasión del contrato. La ley otorga competencia a los jueces de la República para decidir, en aplicación de sus preceptos, sobre aquellos conflictos que no puedan ser zanjados por el régimen interno. Es así como, por ejemplo, para casos como el que nos ocupa, en los que se controvierte la validez de un acto adoptado por uno de los órganos sociales, el legislador ha consagrado la posibilidad de acudir al juez en breve término para anular y aun suspender, si es el caso, las determinaciones sociales que puedan lesionar o poner en peligro los derechos de los asociados frente a la asociación. Tal acontece con el ya mencionado artículo 421 del Código de Procedimiento Civil". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-543 del 23 de noviembre de 1995). Resulta imperativo resolver el caso bajo análisis en los mismos términos de la jurisprudencia transcrita y declarar que la tutela no ha debido ser concedida -como lo fue en segunda instancia-, ni siquiera como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Recuérdese lo manifestado por esta Sala: "La posibilidad de conceder este tipo específico de protección judicial es excepcional, según se desprende del artículo 86 de la Constitución, y por tanto el alcance de las normas pertinentes es de interpretación estricta.  No se busca que el juez de tutela asuma la competencia del ordinario o especializado entrando a resolver de fondo el asunto litigioso planteado, sino de ofrecer al titular del derecho un medio expedito y eficaz para evitar un daño respecto del cual la decisión judicial definitiva llegaría demasiado tarde y apenas haría posible un resarcimiento "a posteriori", es decir, sobre la base de un hecho cumplido". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-203 del 26 de mayo de 1993. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo). En esta fecha, respecto del posible perjuicio irremediable en cuanto a los derechos de socios en clubes sociales, la Sala ha indicado: "...no solamente puede atacarse ante la justicia civil la decisión del órgano social sino que existe la posibilidad de pedir la suspensión del acto impugnado, en los términos del artículo 421 del Código de Procedimiento Civil, con lo cual se obtiene un efecto similar al de la tutela". (...) "Ahora bien, tal figura legal hace innecesaria e inaplicable la tutela como mecanismo transitorio, pues sin acudir a ella el peticionario logra detener temporalmente los efectos del acto que en su sentir lo perjudica y que dice ser contrario a la ley, mientras se decide de fondo. Por otra parte, el supuesto primordial e insustituible de la acción de tutela transitoria es la inminencia de un perjuicio irremediable para el ejercicio de derechos fundamentales, es decir, la posibilidad clara e indudable de que, si no se otorga el amparo provisional, se cause un daño que ya no podría ser reparado cuando se adopte la decisión judicial definitiva por ser ella tardía. La Corte Constitucional ha declarado inexequible la definición legal del perjuicio irremediable (Inciso 2 del numeral primero del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991) en razón de haber limitado los alcances de la norma constitucional que lo consagra, pero ha trazado pautas jurisprudenciales objetivas que permiten establecer cuándo se presenta esa situación excepcional que faculta al juez para aplicar la protección transitoria pese a existir otros medios judiciales para la defensa del derecho afectado o amenazado". (...) "En el caso presente, puede apreciarse sin dificultad que el más grave riesgo para (...)es el de que (...) siga sin ser admitida al Club (...) en calidad de esposa de aquél o como socia, circunstancia que, aún a pesar de la ilegalidad que pudiera llegar a deducirse respecto del acto que la provoca, no representa un daño de carácter irreparable y grave para ninguno de los derechos fundamentales de las personas accionantes. Bien pueden aguardar la determinación judicial que defina su controversia con el Club sin que se haga imperativo el uso de un mecanismo como el de la tutela transitoria, que supone un evento extremo y delicado de amenaza para derechos inherentes a la persona humana, cuya defensa inmediata se sobrepone incluso a la competencia de los jueces ordinarios, al menos temporalmente, con miras a la prevalencia del derecho sustancial".(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-543 del 23 de noviembre de 1995). Consideraciones sobre la subordinación y la indefensión Tiene dicho la Corte que la acción de tutela ha sido prevista en principio contra los abusos de quien ejerce autoridad pública, ya por su acción, bien por su omisión, cuando con una u otra conducta, cercena o amenaza derechos fundamentales para cuya protección no existen otros medios judiciales. Ha quedado claro, por ello, que dicha acción no puede intentarse contra particulares sino de modo excepcional , con estricto apego a las causas señaladas en la Carta Política y en el Decreto 2591 de 1991 (artículo 42), que viene a ser la ley aplicable. "El procedimiento en cuestión es instrumento de acceso a la administración de justicia, reconocido a toda persona como factor de equilibrio frente a la ventaja en que se halla quien ejerce poder o autoridad. Aunque normalmente la posición dominante está representada por las autoridades públicas, respecto de las cuales el gobernado requiere del apoyo institucional para obtener el efectivo respeto a sus derechos fundamentales, este mismo respaldo es requerido por la persona para neutralizar el poder efectivo que, bajo ciertas circunstancias, están en capacidad de ejercer individuos o entidades particulares por cuya conducta, activa o pasiva, tales derechos pueden ser lesionados. Claro está, existiendo todo un conjunto normativo ordinario cuyo objeto es precisamente el de regular las relaciones jurídicas entre particulares, el campo reservado a la tutela -propicia tan sólo para la protección de los derechos fundamentales- viene a ser delimitado de manera expresa por el Constituyente. Por ello, la tutela contra personas o entidades privadas está condicionada a que se configure cualquiera de las causales indicadas en el artículo 86 de la Constitución -que el particular esté encargado de la prestación de un servicio público; que su conducta afecte grave y directamente el interés público, o que, respecto de él, el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión- y a que las hipótesis correspondientes hayan sido contempladas por la ley. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Qquinta de Revisión. Sentencia T-403 del 14 de septiembre de 1994. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo). Ahora bien, establecido que los clubes sociales y sus órganos no están encargados, por regla general, de la prestación de un servicio público y siendo muy difícil, si bien no imposible, que asuman conductas que afecten grave y directamente el interés colectivo, las dos únicas hipótesis constitucionales en que podría proceder la acción de tutela en su contra son aquellas contempladas en el párrafo final del artículo 86 de la Constitución: las de hallarse el solicitante respecto de tales entes en estado de subordinación o indefensión. La Corte Constitucional tiene así definidos esos dos conceptos: "Entiende esta Corte que la subordinación alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación que también implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate". (Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-290 del 28 de julio de 1993). El Tribunal no ha sido claro en el caso sub-lite al definir lo concerniente a la subordinación, pues aunque parece descartarla inicialmente por tratarse de un vínculo bilateral, da a entender luego que ella se tiene según la fecha en que entren en vigor los estatutos sociales cotejada con la de ingreso del socio a la institución, criterio que no convence a la Corte Constitucional. En efecto, una cosa es que, por razón del vínculo contractual contraído en ejercicio del libre derecho de asociarse, el socio quede supeditado al cumplimiento del régimen jurídico particular contenido en los estatutos, acogidos por él en el momento de su ingreso, y otra muy diferente es que dicha sujeción lo convierta en subordinado o subalterno de la entidad o de sus órganos, en términos tales que dependa de ellos en forma absoluta y que por virtud de tal dependencia no le sea posible oponerse a sus decisiones sino por medio de la acción de tutela. Pero, por otra parte, aun si en gracia de discusión se aceptara que el estado de subordinación se deriva de la existencia de unos estatutos que obligan al socio, resultaría del todo irrelevante la fecha en que se vínculó en calidad de tal, ya que la supuesta relación de dependencia habrá de verificarse en ese caso en el momento en que acontecieron los hechos abusivos denunciados. Para la Corte es claro que el estado de indefensión tampoco se configura, pues el ordenamiento jurídico contempla acciones alternativas a las cuales puede acudir el socio para protegerse contra las decisiones de la asociación y de sus organismos. Estos criterios ya habían sido expuestos por la Corte a partir de la Sentencia T-099 del 24 de febrero de 1993 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero). Inoponibilidad de las normas estatutarias para impedir el acceso a la administración de justicia Uno de los argumentos en que se fundó el Tribunal para demostrar que el petente se encontraba en estado de indefensión ante el Club fue el relativo a la circunstancia de que en el artículo 10 de los estatutos y en la carta enviada al socio cuando se lo expulsó se decía que la determinación de la Junta Directiva "no generaba ninguna clase de acciones o derechos en contra de la entidad" y que era "inapelable". Pese a lo ya expresado en el sentido de que no todo conflicto entre particulares tiene que ser "judicializado", el acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental que puede ser reclamado por todas las personas directamente ante los jueces, sin que para ello deban obtener visto bueno o autorización de su posible contraparte. Otra es la situación que se presenta, al amparo de lo previsto en el artículo 116 de la Carta, cuando se pacta la cláusula compromisoria, en cuya virtud los contratantes deciden con anticipación someter sus posibles diferencias por razón de un contrato al fallo de particulares investidos transitoriamente de autoridad judicial, bien que lo hagan en derecho o en equidad. Pero una cosa es someter los conflictos al arbitramento, para agilizar la toma de decisiones y descongestionar la administración de justicia, y otra bien distinta erigir en obligación contractual la de abstenerse de usar los mecanismos judiciales consagrados en el sistema jurídico para la protección de los derechos. Por razón de un vicio manifiesto, que de ninguna manera es subsanable, pues carece de licitud todo pacto contra la ley, los contratantes no pueden comprometerse a la forzada renuncia del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Siendo ilícito su objeto, no son válidas las cláusulas contractuales que contrarían normas imperativas de la ley y, por supuesto, de la Constitución. Es por ello que resulta cuando menos exótico que en los estatutos de un club social se consagren normas  por medio de las cuales se prive a los asociados de toda posibilidad de acudir a la administración de justicia en defensa de sus derechos, en especial cuando provienen de actos unilaterales de los órganos societarios. Pero, además, es palmaria la ineficacia de una cláusula semejante, pues independientemente de su texto y del querer de quienes han proferido el acto, resulta imposible de evadir la norma consagrada en el artículo 229 de la Constitución, a cuyo tenor "se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia". No se puede anular por contrato el objeto mismo de las autoridades de la República, que, según el artículo 2º de la Constitución "están instituídas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares". Tampoco es posible eliminar, mediante cláusula contractual, el perentorio mandato del artículo 4º de la Carta Política, de conformidad con el cual "es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades". Menos todavía puede desconocerse, al amparo del derecho particular de una asociación, que la administración de justicia es función pública (artículo 228 C.P.), cuya actividad no está supeditada a los acuerdos entre particulares. Y, por si fuera poco, a la luz del Ordenamiento Constitucional, para casos como el que nos ocupa resulta aplicable, como norma de orden público, que no admite pacto en contrario, la del artículo 421 del Código de Procedimiento Civil, que dice: "ARTICULO 421. Modificado. D.E. 2282/89, art. 1, núm.224. Impugnación de actos de asambleas, juntas directivas o de socios. La demanda de impugnación de actos o decisiones de asambleas de accionistas o de juntas directivas o de socios de sociedades civiles o comerciales, sólo podrá proponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha del acto respectivo, y deberá dirigirse contra la sociedad; si se tratare de acuerdos o actos sujetos a registro, el término se contará desde la fecha de la inscripción. En la demanda podrá pedirse la suspensión del acto impugnado; el juez la decretará si la considera necesaria para evitar perjuicios graves y el demandante presta caución en la cuantía que aquél señale. Este auto es apelable en el efecto devolutivo". (Subrayado fuera de texto). De todo lo anterior se concluye adicionalmente, que, pudiendo acudir a la jurisdicción, como podía hacerlo el accionante ante la ineficacia manifiesta de la cláusula contractual, no se hallaba en estado de indefensión. DECISION Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- REVOCAR el fallo proferido en segunda instancia por el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá D.C. el día veintisiete (27) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995) respecto de la acción de tutela instaurada por GUSTAVO ALBERTO REYES AGUIRRE contra Alfonso Clavijo González y demás miembros de la Junta Directiva de la Corporación "Hatogrande Golf & Tennis Country Club", y en consecuencia negar la protección solicitada, como lo había dispuesto el Juzgado veintiuno Civil del Circuito de la misma ciudad mediante fallo del 16 de junio de 1995. Segundo.-Por Secretaría líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Salvamento de voto a la Sentencia No. T-544/95 ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia respecto de club social (Salvamento de voto) Teniendo en cuenta que al demandante de tutela se le aplicó una sanción con fundamento a una decisión que estaba sujeta al libre y caprichoso juzgamiento de la Junta Directiva del Club, frente a la cual ningún reparo podía formular, es fácil deducir que el accionante se encontraba respecto del accionado, en un estado de indefensión por lo que la tutela frente a particulares es procedente. Y si como lo indican los estatutos del Club, ésta es una decisión que incumbe de manera exclusiva a la Junta Directiva la cual es inapelable y además no genera ninguna acción en contra de la entidad, se sigue de allí que el accionante de tutela quedó sometido al libre arbitrio de ella, y por ende, frente a una clara situación de indefensión. Estatutos que en esta parte quebrantan abiertamente las disposiciones legales que han instituido la jurisdicción para dirimir conflictos entre particulares. DEBIDO PROCESO-Expulsión socio de Club social (Salvamento de voto) No queda duda de que la determinación adoptada por la Junta Directiva de la Corporación accionada que llevó a la expulsión del accionante, carecía del soporte estatutario del reglamento y en consecuencia corresponde a una decisión arbitraria carente de sustento constitucional. De lo expuesto se colige una flagrante violación del derecho al debido proceso garantizado constitucionalmente, “máxime si se considera que al afectado no se le llamó a rendir descargos ni se le dió la oportunidad de enterarse de lo que se estaba gestando en su contra, evidenciándose el detrimento de los derechos del petente. Y si se dijése que la Junta, a pesar de la inexistencia del reglamento, estaba autorizada para efectuar la expulsión, ha de replicarse simplemente señalando que el derecho fundamental constitucional prima y en que forma, sobre cualquiera otra legislación que contravenga lo dispuesto en aquella, pues ante la presencia de violación del derecho fundamental, el juez de tutela está en el imperioso deber de hacerlo primar, ya que su función está encaminada a la protección inmediata y total del derecho”. Ref.: Expediente No.  T-77.664. Acción de Tutela instaurada por GUSTAVO ALBERTO REYES AGUIRRE contra ALFONSO CLAVIJO GONZALEZ y demás miembros de la Junta Directiva de la Corporación Hatogrande Golf & Tennis Country Club. Santa Fé de Bogotá, D.C., Noviembre veintitres (23) de mil novecientos noventa y cinco (1995). Con  mi acostumbrado respeto por las decisiones de la Corporación, me permito manifestar que en relación con el proceso de la referencia, no comparto la decisión adoptada por la Sala Quinta de Revisión de Tutelas, por las razones que expondré a continuación. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela fue creada como mecanismo de protección de los derechos constitucionales fundamentales de toda persona frente a la vulneración o amenaza de uno de ellos por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o eventualmente de conformidad con la ley, por aquellos particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. A juicio del suscrito Magistrado, en el presente caso el accionante de tutela fue sometido a un estado de indefensión por parte de los miembros de la Junta Directiva de la Corporación Hatogrande Golf & Tennis Club al no permitírsele ejercer su derecho de defensa dentro del “proceso” por ellos adelantado y que llevó a su expulsión como socio del Club, con lo cual además, se le vulneraron sus derechos a la honra, al buen nombre y al debido proceso. En el presente caso, si bien la demanda de tutela se encamina contra particulares, es evidente que el accionante se encontraba en un estado de indefensión respecto de los miembros de la Junta Directiva de la accionada que así procedieron. Obsérvese cómo la expulsión se produjo con base en una determinación de esa Junta, según la cual el señor GUSTAVO ALBERTO REYES AGUIRRE fue desleal para con la Institución “por faltar a la verdad en perjuicio para el Club, cuando afirmó en la Asamblea de Noviembre 26 de 1994 que él era el representante de la Promotora y se comprometió a entregar obras y dotación faltante en el Club, lo cual nunca cumplió. Igualmente, por faltar a los deberes de caballerosidad y del honor al enviar comunicaciones en contra del Club causando malestar entre los socios”. Y si como lo indican los estatutos del Club, ésta es una decisión que incumbe de manera exclusiva a la Junta Directiva la cual es inapelable y además no genera ninguna acción en contra de la entidad, se sigue de allí que el accionante de tutela quedó sometido al libre arbitrio de ella, y por ende, frente a una clara situación de indefensión. No obstante la Jurisprudencia de ésta Corporación ha sostenido frente a situaciones similares a la que se examina, que “el hecho de que un socio acate los estatutos y las decisiones de la Junta Directiva de una Corporación a la que voluntariamente se asoció, no implica dependencia o sujeción alguna  -razón por la cual no se encuentra en estado de indefensión-, porque el socio no se encuentra bajo las órdenes de la entidad, salvo el caso del legítimo desarrollo de los estatutos que aquél voluntariamente conoció y consintió al afiliarse”[1], ha precisado igualmente la Corte, que “el estado de indefensión o impotencia se debe analizar teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, de las personas involucradas y de los hechos relevantes. El concepto de indefensión es relacional. Esto significa que el estado de indefensión en que se encuentra el ciudadano en relación con otro particular habrá que determinarlo de acuerdo al tipo de vínculo que exista entre ellos”[2]. Así pues, teniendo en cuenta que al demandante de tutela se le aplicó una sanción con fundamento a una decisión que estaba sujeta al libre y caprichoso juzgamiento de la Junta Directiva del Club, frente a la cual ningún reparo podía formular, es fácil deducir que el accionante se encontraba respecto del accionado, en un estado de indefensión por lo que la tutela frente a particulares es procedente. Cabe resaltar sobre el particular, lo expresado en la sentencia de segunda instancia por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá que concedió el amparo solicitado, según el cual, la situación es bien palmaria y no se necesitan raciocinios más o menos complejos para establecer que ante la decisión de la Junta Directiva, el accionante no podía defenderse. “Fíjese nada más que en el mismo artículo 10 de los estatutos, se evidencia que la expulsión no genera ninguna clase de acciones en contra de la entidad, de donde se establece per sé, que no podía acudir a las vías judiciales pertinentes si es que ése derecho lo había renunciado al someterse voluntariamente a tales estatutos”. Estatutos que en esta parte quebrantan abiertamente las disposiciones legales que ha instituído la jurisdicción para dirimir conflictos entre particulares. Pero menos podía el afectado ejercer su derecho de defensa, que incluye la posibilidad de controvertir las pruebas que contra él se presenten -que en el presente caso se limitan a una comunicación en contra de la Junta y al Acta de socios celebrada el 26 de Noviembre de 1994 en la que a nombre de la Promotora que diseñó el proyecto del Club se comprometió a efectuar una serie de adecuaciones físicas y técnicas que demandaba el Club-. Argumentos éstos que sirvieron de sustento al accionado, para sin mayores elementos de juicio y sin permitirle ese derecho fundamentalísimo para la persona humana como es el ejercicio de su defensa, expulsarlo de la Institución causándole no sólo una grave afectación a su honra y buen nombre, sino además graves perjuicios de carácter económico. No se trata de que se coloque o no en tela de juicio la facultad del Club de expulsar o suspender a alguno de sus miembros o asociados por el hecho de quebrantar los estatutos del mismo, sino que cuando sanciones de ésta índole se adopten, se hagan sobre la base del respeto y garantía de los derechos que a la persona le asisten, entre ellos el poder defenderse controvirtiendo las pruebas contra él presentadas o esgrimiendo las razones que motivaron su actuar o accionar, pues con ello se quebrantan los principios fundamentales de nuestro Estado social de derecho. No sobra advertir, que la decisión adoptada por la Junta de conformidad con los estatutos del Club, no podía ser discutida ni tampoco controvertida judicialmente, de donde se desprende el estado de indefensión en que se encontraba el accionante frente a tal determinación. No cabía pues “ninguna manifestación frente a la expulsión; ni estatutaria ni judicial”. Así mismo y subrayando lo expresado por el Tribunal Superior de Bogotá, si bien estaba dentro del radio de acción de la Junta Directiva determinar la expulsión, es evidente que esa prerrogativa que se le otorgó a los estatutos no puede ser excluyente con su ejercicio dentro del conjunto de la asociación y de los estatutos que informan sobre la absoluta necesidad de implantar un reglamento en el cual <se precisará y clasificará las faltas, así como las sanciones que a ellas corresponda, según su mayor o menor gravedad, determinando simultáneamente el procedimiento que ha de seguirse> art. 34”. La concepción de tal potestad trasciende el espacio meramente personal y subjetivo de la Junta y se le encuentra en el desarrollo de la asociación de acuerdo con sus estatutos; son pues, no absolutas tales facultades sino relativas, o de lo contrario seguirán una dirección equivocada, y el titular de ellos, como en éste caso la Junta Directiva, no los habrá usado en forma adecuada. No puede decirse que el ejercicio de la prerrogativa de expulsar que recae sobre la Junta Directiva, sea absoluta e ilimitada. Por ello, debe afirmarse que ese arbitrio de expulsar, a pesar de ser prerrogativa de la Junta debe tener como soporte y fundamento un procedimiento previo en el cual se determine las faltas y las sanciones a que por ellas haya lugar y ante todo, debe garantizar a quien se vea afectado por decisiones de ésa índole de las garantías propias del debido proceso. Por lo anterior, no queda duda de que la determinación adoptada por la Junta Directiva de la Corporación accionada que llevó a la expulsión del accionante, carecía del soporte estatutario del reglamento y en consecuencia corresponde a una decisión arbitraria carente de sustento constitucional. Situación que sirve para conceder el amparo constitucional solicitado, pues de lo expuesto se colige una flagrante violación del derecho al debido proceso garantizado constitucionalmente, “máxime si se considera que al afectado no se le llamó a rendir descargos ni se le dió la oportunidad de  enterarse de lo que se estaba gestando en su contra, evidenciándose el detrimento de los derechos del petente. Y si se dijése que la Junta, a pesar de la inexistencia del reglamento, estaba autorizada para efectuar la expulsión, ha de replicarse simplemente señalando que el derecho fundamental constitucional prima y en que forma, sobre cualquiera otra legislación que contravenga lo dispuesto en aquella, pues ante la presencia de violación del derecho fundamental, el juez de tutela está en el imperioso deber de hacerlo primar, ya que su función está encaminada a la protección inmediata y total del derecho”. Finalmente y con fundamento en las consideraciones que se han dejado expuestas, es por lo que discrepo muy respetuosamente de la decisión adoptada por ésta Sala de Revisión, por cuanto han debido tutelarse los derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre y a la honra del accionante, frente a la flagrante y ostensible vulneración de que fué objeto por parte de la Junta Directiva de la Corporación Hatogrande Golf & Tennis Contry Club. Atentamente, HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado [1] Cfr. Corte Constitucional Sentencia No. T-099 de 1993. [2] Cfr. Corte Constitucional Sentencia T-338 de 1993

T-545-95 Sentencia No Sentencia No. T-545/95 ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO-Expedición licencia de urbanización La expedición de una licencia de urbanismo, implica el desarrollo de un procedimiento administrativo, que por sus características y objetivos conduce a lo que la jurisprudencia y la doctrina han denominado un acto administrativo complejo. La expedición de una licencia, implica el previo desarrollo de un proceso en el cual participan diferentes órganos de la administración distrital, cada uno de los cuales, en el ámbito de sus propias competencias y de acuerdo con la función especializada que tiene a su cargo, define aspectos que serán fundamentales para garantizarle a la ciudad un desarrollo urbanístico conveniente y armónico, y a los ciudadanos el acceso a la propiedad con la prestación de los servicios básicos. Dichas actuaciones presentan unidad de contenido y de fin, al provenir de diferentes órganos especializados, cada una de ellas conduce a decisiones que se integrarán a la decisión principal, no obstante, se reitera, consideradas individualmente constituyen una mera expectativa. En síntesis el proceso referido constituye un acto administrativo complejo. ACTO DE TRAMITE-Certificado de disponibilidad definida prestación servicio público No se están confrontando dos actos administrativos correspondientes a dos clases diferentes, uno de carácter particular y concreto, creador de una situación jurídica específica, y otro de trámite o preparatorio, respecto del cual no procede recurso alguno; se trata de dos actuaciones que configuran dos actos de trámite o preparatorios, que hacen parte de un único proceso establecido por las normas distritales para el trámite de una licencia de urbanización. ACTO DE TRAMITE-Improcedencia de tutela Contra los actos de trámite no procede la acción de tutela, pues dado su carácter se limitan, a impulsar y determinar una decisión, que constituye un acto administrativo complejo, ese si de carácter definitivo; si bien esta Corporación ha señalado la procedencia excepcional de este tipo de amparo contra los mencionados actos de trámite, ella sólo se da en el evento de que éstos violen o amenacen un derecho fundamental. PREVALENCIA DEL INTERES GENERAL-Suministro de energía El Estado tiene la responsabilidad de propiciar y defender el interés general sobre el interés particular, sin que ello sirva, obviamente, para abrogarse la facultad de desconocer o vulnerar derechos fundamentales de las personas. Sería absurdo que conociendo de antemano la insuficiencia de la infraestructura disponible en materia de energia, que de otra parte ha quedado desvirtuado, la empresa se abstuviera de solicitar al urbanizador la reserva de una zona que servirá para la construcción de una subestación, la cual por lo demás le servirá a él para garantizar a sus potenciales clientes el abastecimiento de un servicio público principal. La responsabilidad de la parte actora en este aspecto trasciende sus intereses económicos, y le exige solidarizarse con las necesidades de la comunidad, pues se trata de preservarla a ella de la carencia, en un futuro próximo, de un servicio público principal como lo es la energía eléctrica. Ref.: Expediente No. T-76396 Actor: Compañía Agropecuaria e Inversionista La Floresta Ltda. Magistrado Ponente: Dr. FABIO MORON DIAZ Santafé de Bogotá D.C., noviembre veintitrés (23) de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala de Revisión de Tutelas, integrada por los H. Magistrados JORGE ARANGO MEJIA, VLADIMIRO NARANJO MESA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre el proceso de acción de tutela, instaurado por el representante legal de la COMPAÑÍA AGROPECUARIA E INVERSIONISTA LA FLORESTA LTDA., contra la decisión de carácter administrativo adoptada por la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA, contenida en oficio No. 532376 de 14 de diciembre de 1994. I. ANTECEDENTES El señor DOUGLAS EDUARDO CACERES MILEO, en su calidad de representante legal de la COMPAÑIA AGROPECUARIA E INVERSIONISTA LA FLORESTA LIMITADA, con fundamento en las disposiciones del Decreto 2591 de 1991, interpuso acción de tutela contra la EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA, por considerar que ésta, a través de la decisión contenida en oficio N. 532376 de 14 de diciembre de 1994, suscrita por el Subgerente de Distribución de la misma, violó su derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la C.P. En consecuencia, solicita, se ordene a la demandada revocar dicha decisión, la cual, en su criterio fue adoptada violando ese derecho fundamental. Como hechos que sustentan su petición el demandante expuso los siguientes: - El 31 de enero de 1994 el Vicepresidente de Planeación y Diseño de la compañía actora, con base en lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 600 del 9 de octubre de 1993, expedido por el Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, solicitó a la Empresa de Energía de esta ciudad, la expedición de un certificado de disponibilidad definida de prestación del servicio, para la urbanización Mazurén II etapa, aclarando que se trataba de una modificación al proyecto general, el que había sido aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital a través de la Resolución No. 81 de 1983,  en la cual, señala, consta el concepto positivo que en su oportunidad rindió la empresa demandada, consignado en los oficios 300928  y 305645 de junio y septiembre de 1982 respectivamente. - El 25 de febrero de 1994, la empresa demandada respondió la solicitud de la actora, a través de oficio No. 475789 en el cual expresa que con base en el artículo 19 del Decreto 600 de 1993,  "...está en condiciones de suministrar el servicio de energía eléctrica al predio de la referencia", aclarando luego, en el párrafo siguiente, que “...en el caso de que exista  proyecto urbanístico en cumplimiento del artículo 26 del citado decreto, una vez el DAPD considere que el proyecto es viable, lo remitirá por medio del comité interinstitucional a la  empresa de energía para fijar las especificaciones y los datos técnicos que se requieren para la elaboración del respectivo proyecto de redes eléctricas”. - Dando cumplimiento a los trámites que señala el artículo 24 del Decreto 600 de 1993, el 7 de septiembre de 1994 la Compañía demandante presentó al Departamento Administrativo de Planeación Distrital, solicitud de licencia de urbanización para el predio Mazurén II etapa, adjuntando, en cumplimiento del numeral 3 de la norma citada, el certificado de disponibilidad definida de prestación del servicio público de energía, expedido por la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá. - Surtido el trámite de la mencionada solicitud ante el DAPD, dicha entidad consideró viable el proyecto de urbanización presentado por la compañía demandante, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 del ya citado Decreto 600 de 1993, por medio del comité interinstitucional remitió el proyecto a la empresa de energía para que ésta fijara las especificaciones y los datos técnicos que se requirieran para la elaboración del respectivo proyecto de redes eléctricas. - Con fecha 14 de diciembre de 1994, la Empresa de Energía de  Bogotá, a través de la Subgerencia de Distribución, expidió el oficio No. 532376, en el cual "...fijó las especificaciones y datos técnicos para la elaboración del respectivo proyecto de redes eléctricas", e indicó que era necesario que los urbanizadores dejaran "...un lote de 80 x 80 metros libres de cesión dentro de la zona del proyecto, para la construcción de una subestación de 115/11.4 kv.", esto es, una zona de reserva y/o afectación para redes de infraestructura. - Dicho concepto, siguiendo el procedimiento establecido en el ya citado Decreto 600 de 1993, fue enviado al Departamento Administrativo de Planeación Distrital, el cual, atendiendo las condiciones estipuladas por la Empresa de Energía de Bogotá, consignadas en el oficio No. 532376 de 14 de diciembre de 1994, le comunicó a la compañía solicitante, a través de oficio No. 30596 del 27 de diciembre de 1994, que debía proceder a efectuar las modificaciones pertinentes al proyecto, para luego, con base en las mismas, poder proseguir con el trámite de expedición de la respectiva licencia de construcción. - El 15 de diciembre de 1994, la Compañía demandante presentó a la Empresa de Energía de Bogotá, solicitud de reconsideración de la condición consignada el oficio 532376 de 14 de diciembre de 1994, decisión proferida, a su entender, de manera extemporánea y desatendiendo el procedimiento legalmente establecido para el efecto, referida a la exigencia a la empresa urbanizadora de delimitar una zona de reserva y/o afectación dentro del proyecto, de 80 por 80 metros, condición que además le significaba graves perjuicios representados en tiempo y recursos económicos. - Dicha solicitud de reconsideración fue resuelta negativamente por la Empresa de Energía de Bogotá, la cual a través de oficio No. 534820  de 27 de diciembre de 1994, le manifestó a la actora, que con fundamento en el artículo 44 del Reglamento de Servicios de esa entidad, referido a las "especificaciones técnicas para proyectos de urbanismo", la empresa había efectuado un análisis de disponibilidad de carga en las subestaciones, con base en el cual expidió un certificado de disponibilidad de prestación del servicio; sin embargo, que sólo estaba en capacidad de conocer "...la verdadera magnitud y requerimientos del proyecto...", al momento de recibir el proyecto urbanístico que el solicitante había puesto a consideración del DAPD, en el cual se encuentran los datos relacionados con densidad, tipo de desarrollo y estrato socio-económico de la urbanización; en consecuencia, que sólo hasta tanto el DAPD les informó sobre la viabilidad del proyecto, la Empresa de Energía pudo fijar las especificaciones y datos técnicos definitivos que se requerían para la elaboración de los respectivos proyectos de redes. - El 1 de febrero de 1995, según consta en el acta del comité insterinstitucional No. 5 de ese año, éste ordenó nuevamente la remisión  del proyecto de la urbanización Mazurén II Sector a la Empresa de Energía de Bogotá, con el objeto de que se estudiara alguna otra alternativa de solución para la compañía demandante, pues, dijeron sus integrantes "...no es posible a estas alturas exigirle [a la empresa demandante] la zona de reserva de 80 por 80 mts. libres de cesión dentro de la zona del proyecto". - En opinión de la compañía actora, la exigencia de la Empresa de Energía de Bogotá, referida a que la compañía solicitante de licencia de urbanización, debe, previamente, constituir una zona de reserva y/o afectación de 80 por 80 metros dentro de la zona del proyecto urbanización Mazurén II etapa, vulneró, por extemporánea y por desconocer el procedimiento establecido en las normas que rigen este tipo de trámites, su derecho fundamental al debido proceso, pues, señala, con ella revocó unilateralmente, de manera parcial y sin su consentimiento, el certificado de disponibilidad definida de prestación del servicio expedido el 25 de febrero de 1994, el cual constituye un acto administrativo que como tal está sujeto a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo. II. FALLOS QUE SE REVISAN A. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Doce Civil Municipal de Santafé de Bogotá D.C., mediante providencia de 8 de mayo de 1995, resolvió la tutela interpuesta directamente por el representante legal de la "Compañía Agropecuaria  e Inversionista La Floresta Ltda"., negando su solicitud de protección a su derecho fundamental al debido proceso. La sentencia proferida se fundamentó en los siguientes argumentos: - Manifiesta el Juez de primera instancia, que en ningún momento la Empresa de Energía de Bogotá ha desconocido o desatendido las solicitudes y requerimientos de la compañía actora, los cuales ha resuelto de manera oportuna y conforme a los reglamentos que rigen para los distintos trámites adelantados. - Señala que en el certificado de disponibilidad definida de prestación del servicio, expedido por la empresa demandada a solicitud de la actora el 25 de febrero de 1994, claramente se le informa que "la empresa está en condiciones de suministrar el servicio de energía eléctrica al predio referenciado", adviertiendo luego, de manera inequívoca, que "...en el caso de que exista proyecto urbanístico, en cumplimiento del artículo 26 del citado decreto, una vez el DAPD considere que dicho proyecto es viable, el comité interinstitucional lo remitirá nuevamente a la empresa para fijar las condiciones y especificaciones técnicas que se requieran para la elaboración del respectivo proyecto de redes eléctricas." - Anota el Juez de primera instancia, que si bien el artículo 19 del Decreto 600 de 1993, establece que los certificados de disponibilidad definida de prestación del servicio, que debe tramitar el urbanizador antes de solicitar de licencia de urbanización al DAPD, contendrán "...la disponibilidad definida, la indicación de las  zonas de reserva y/o de afectación para redes de infraestructura, y las limitaciones  que puedan existir a la prestación de servicios...", es claro, que este documento no puede entenderse como un concepto definitivo. - Tal afirmación, la soporta el a-quo en las pruebas practicadas por su Despacho, especialmente en los resultados de la diligencia de inspección que realizó a la Empresa de Energía de Bogotá el 2 de mayo de 1995, en la cual recepcionó la declaración del ingeniero a cargo, quien le manifestó que para tramitar el certificado de disponibilidad definida de prestación del servicio, la compañía demandante tan sólo debió presentar "...su solicitud acompañada de la copia heliográfica de plancha a escala 1: 2.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi...", en la cual únicamente consta la localización del predio enmarcado en rojo; dicho documento, según el concepto técnico, sólo es útil para determinar las afectaciones requeridas para líneas de transmisión, tal como lo indica el reglamento de servicios de la Empresa de Energía de Bogotá en sus artículos 42 y 44, y no para proferir un concepto definitivo, el cual se produce una vez la empresa tiene acceso al proyecto que el urbanizador presenta al DAPD, pues es éste el que contiene la totalidad de  información requerida. - No encuentra entonces el Juez de primera instancia, en el trámite adelantado, ninguna vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la actora, pues, reitera, la Empresa de Energía tan sólo puede emitir un pronunciamiento definitivo, " hasta tanto...conozca a fondo el proyecto urbanístico...", en el que se encuentran datos como el tipo de actividad y usos compatibles, el estrato económico, el tipo de desarrollo, la solicitud de especificaciones del proyecto etc., sobre los cuales, además, el DAPD debe haberse pronunciado previa y positivamente, manifestando de manera expresa la viabilidad del proyecto; en consecuencia, la demandada sólo podía entrar a determinar las zonas de reserva y/o afectaciones o especificaciones requeridas en general para la prestación del servicio, una vez conociera el proyecto presentado por el urbanizador al DAPD. - De otra parte, extraña al a-quo, que la demandante, al conocer el oficio No. 475789 de 25 de febrero de 1994, certificado de disponibilidad definida de prestación del servicio, y darse cuenta que se había omitido lo relacionado con las zonas de reserva y/o afectación que se requerían para la instalación de redes, no hubiera interpuesto los recursos que la ley prevé para este tipo de decisiones. - Advierte, que el inciso 4 del artículo 99 del Acuerdo 6 de 1990, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, dispone que "Las Zonas de Reserva para futuras afectaciones, en concordancia con el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, podrán ser variadas o modificadas unilateralmente por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, por su propia iniciativa, o bien a solicitud de las entidades públicas interesadas en las obras y programas para  los cuales establece la reserva para futuras afectaciones". - De la preceptiva legal citada, el Juez de conocimiento de primera instancia concluye, que siendo el Departamento Administrativo de Planeación Distrital la entidad encargada de determinar lo relacionado con las zonas de reserva, con base en los estudios técnicos que realicen las entidades públicas encargadas de la ejecución de obras y programas, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 99 del Acuerdo 6 de 1990, éste puede variar o modificar dichas zonas de reserva, unilateralmente o, como en el caso analizado, a solicitud de la entidad pública interesada en la obra. - Afirma que el acto administrativo particular y concreto que el demandante pretende que se revoque, puede ser atacado o impugnado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme lo estipulan los artículos 49 y 50 del C.C.A., u objeto de revocatoria directa de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del mismo Código. - En consecuencia, concluye el Juez de primera instancia, la compañía actora cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, que debe surtir ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, por lo que es improcedente la tutela impetrada para la protección de uno de sus derechos fundamentales; tampoco es procedente, agrega el a-quo, como mecanismo transitorio de protección, pues la decisión impugnada no ocasiona un perjuicio irremediable. B. FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA La compañía actora, esta vez a través de apoderado, impugnó la decisión de primera instancia, correspondiéndole al Juez Tercero Civil del Circuito de Santafé de Bogotá conocer en segunda instancia el proceso de acción de tutela de la referencia; dicho Despacho profirió sentencia el 14 de junio de 1995, confirmando en todas sus partes la decisión del a-quo. El apoderado de la compañía actora fundamentó su impugnación en los siguientes puntos: - La decisión del a-quo, dice, se soporta en una posición equivocada de la Empresa de Energía de Bogotá, que confunde dos conceptos que son sustancialmente diferentes: uno, la facultad que ella tiene, con base en el numeral 2 del artículo 26 del Decreto 600 de 1993 y en el artículo 44 de su reglamento de servicios, de señalar las especificaciones y datos técnicos requeridos para la elaboración de las redes eléctricas, la cual debe ejercer con posterioridad al concepto positivo de viabilidad del proyecto que debe emitir el DAPD; y otro, el relacionado con la facultad que le asiste de señalar zonas de reserva y/o afectación para infraestructura, la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 600 de 1993, debe ejercer al expedir el certificado de disponibilidad definida de prestación del servicio. - Dicho certificado, señala, constituye un acto administrativo de carácter particular y concreto, cuya revocatoria directa está sujeta a lo establecido en el artículo 73 del C.C.A., procedimiento que fue desconocido por la Empresa de Energía de Bogotá, la cual revocó tácita y parcialmente el mencionado certificado de disponibilidad, sin el consentimiento expreso  y escrito de su titular. - Para el apoderado de la parte actora es inaceptable el cuestionamiento que hace la Juez de primera instancia a su representada, referido a la omisión, en la que según ella incurrió, por no haber interpuesto recurso alguno contra el certificado de disponibilidad definida del servicio, el cual omitía cualquier pronunciamiento sobre las zonas de reserva y/o afectación, pues, señala, "...a quien puede ocurrírsele que uno debe recurrir una decisión con la que está conforme a fin de que la cambien de tal manera que uno quede inconforme para ahí sí -agotados los recursos- pueda iniciar una acción de tutela para que regrese a la primera decisión. Eso es totalmente absurdo." - En cuanto al oficio 532376 de 1994, emitido por la Subgerencia de Distribución de la Empresa de Energía de Bogotá, el cual contiene la condición que la compañía actora impugna, éste, en opinión de su apoderado "...no es susceptible de recurso alguno por vía gubernativa, ni de acción de nulidad o de restablecimiento del derecho, como tampoco de petición de revocatoria directa, pues aquel es un acto administrativo de trámite dentro de la actuación iniciada con la solicitud de expedición de la licencia de urbanismo y (sic) que sólo terminará con el acto definitivo con el cual se expida o niega (sic) esa licencia." Con base en los anteriores argumentos defiende el apoderado de la parte actora la procedencia de la acción de tutela interpuesta. El Juzgado Tercero Civil del Circuito, mediante sentencia del 14 de junio de 1995, confirmó en todas sus partes el fallo proferido en primera instancia, por compartir las razones de fondo expuestas por el a-quo, además precisa los siguientes aspectos: - La Empresa de Energía de Bogotá, al expedir el certificado de disponibilidad definida de la prestación del servicio, lo que hizo fue crear una expectativa, que quedaba condicionada a la decisión del DAPD, sobre la viabilidad o no del proyecto; así, una vez ésta se produjera procedería, de manera definitiva a fijar las especificaciones y los datos técnicos, requeridos para la elaboración del proyecto de la red eléctrica, que fue lo que hizo a través del oficio impugnado. - Considera también el Juez de segunda instancia, que la demandada en ningún momento violó el debido proceso, pues de conformidad con las pruebas allegadas, la parte actora tuvo en todo momento conocimiento de las decisiones adoptadas  y "...no se observa que haya interpuesto recurso alguno contra esas determinaciones...", las cuales, no obstante se consideraran actos preparatorios o de trámite, debieron ser recurridas, pues "lo que se busca es que se agote la vía gubernativa para luego si acudir a la acción de tutela, excepto cuando se trate de un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, que no es el caso de estudio." III. COMPETENCIA Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto-Ley 2591 de 1991, la Sala es competente para revisar las sentencias de la referencia. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA Previo un análisis detallado de las actuaciones administrativas que dieron origen a la decisión impugnada, la cual se tradujo en la imposición de una condición a la compañía demandante, de cuyo cumplimiento depende que se prosiga con el trámite por ella impulsado ante el Departamento Administrativo de Planeación Distrital para obtener la licencia de urbanización de un predio, el a-quo concluyó que debía negar la solicitud de tutela, por encontrarla improcedente, dada la existencia de otro medio judicial de impugnación para atacar la decisión, planteamiento que compartió el Juez de segunda instancia al confirmar su fallo. Para la Sala, lo pertinente, antes de iniciar el análisis de fondo de los hechos y actos de carácter administrativo que dieron origen a la decisión que se impugna, algunos de los cuales, en opinión de la actora vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, es determinar si la acción de tutela impetrada era o no procedente y si cumplía con los requisitos que la Constitución y la ley señalan para que se configure el uso legítimo de la misma. A. LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA CUANDO EXISTE OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL. El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, al establecer las causales de improcedencia de la acción de tutela, señaló lo siguiente: "Artículo 6. La acción de tutela no procederá: "1. Cuando existan otros medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante." En el caso analizado, la compañía actora recurre a la acción de tutela, por considerar que la decisión impugnada, adoptada por la Empresa de Energía de Bogotá, está contenida en un "acto administrativo de trámite", contra el cual no existe recurso alguno por vía gubernativa, ni posibilidad de instaurar acción de nulidad o de restablecimiento del derecho. Por ello solicita al juez de tutela que ordene a la empresa demandada revocar dicho acto, a través del cual, en su opinión, dicha empresa revocó parcialmente, sin su consentimiento, el certificado de disponibilidad definida de prestación del servicio, otorgado el 25 de febrero de 1994, certificado que, señala, constituye un acto administrativo de carácter particular y concreto, que como tal se encuentra sujeto, para efectos de revocatoria, a las disposiciones del artículo 73 del Código Contencioso-Administrativo. El planteamiento de la parte actora se puede sintetizar de la siguiente manera: un acto de carácter particular y concreto, que creó un derecho a su favor, sujeto a lo establecido en el artículo 73 del C.C.A., fue revocado por la empresa demandada desconociendo dicha norma, y por lo tanto violando el procedimiento legalmente establecido para el efecto, al hacerlo a través de un acto administrativo de trámite posterior, en el cual impuso extemporáneamente una condición a cargo de la actora, cuyo incumplimiento implica la suspensión del procedimiento que adelantaba ante el DAPD para obtener la licencia de urbanización de un predio; contra dicho acto no procede recurso alguno por la vía gubernativa, por lo que es procedente la acción de tutela. Se trata entonces de dilucidar, si tal como lo señala el apoderado de la compañía actora, el acto impugnado corresponde a los denominados "actos de trámite", y si contra él efectivamente no existía otro mecanismo de defensa judicial diferente a la tutela; en el evento de que se determine la procedencia de la acción impetrada, la cual, ha dicho esta Corte, excepcionalmente es procedente contra ese tipo de actos, sería necesario establecer si la actuación administrativa acusada vulneró o no el derecho fundamental al debido proceso, para el cual se solicita protección; al efecto es necesario analizar el procedimiento que se ha desarrollado y la normatividad que lo soporta. B. EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA TRAMITAR UNA LICENCIA DE URBANIZACION EN LA CIUDAD DE SANTA FE DE BOGOTA. El procedimiento que establecen la normas vigentes para la expedición de una licencia de urbanización en la ciudad de Santafé de Bogotá, que es el objetivo final de la compañía demandante, es el siguiente: de conformidad con las disposiciones del Decreto 600 de 1993, expedido por el Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, por el cual se reglamenta la expedición de licencias y permisos de urbanización y construcción y se dictan otras disposiciones, quien aspire a obtener una licencia de urbanización de predios en la ciudad debe tramitarla ante el Departamento Administrativo de Planeación Distrital; al efecto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 19 del citado decreto, el interesado debe solicitar previamente, ante las respectivas empresas de servicios públicos, el certificado de disponibilidad definida de prestación del servicio correspondiente, en el cual, dice, deberá constar "la disponibilidad definida, la indicación de las zonas de reserva y/o de afectación para redes de infraestructura y las limitaciones que puedan existir a la prestación de servicios." Dicho documento, de conformidad con lo estipulado en el numeral 3 del artículo 24 de la citada norma, deberá acompañar la solicitud de licencia que se presente al DAPD, entidad que si encuentra viable el proyecto, procede, a través del Comité Interinstitucional, a remitirlo a las empresas de servicios públicos, entre ellas la de energía, para que ésta fije las especificaciones y datos técnicos que se requieren para la elaboración de los respectivos proyectos de redes. Para el apoderado de la parte actora, tal procedimiento implica la producción por parte de la administración de dos tipos de acto administrativo, pues distingue entre el "certificado de disponibilidad definida de prestación del servicio", el cual en su opinión es un acto administrativo de carácter particular y concreto, cuya revocatoria está supeditada a las disposiciones del artículo 73 del C.C.A, y el "acto de trámite" que debe producir la respectiva empresa de servicios públicos, una vez el DAPD se haya pronunciado sobre la viabilidad del proyecto, el cual, en el caso de la empresa de energía, debe limitarse a fijar "...las especificaciones y los datos técnicos que se requieren para la elaboración de los respectivos proyectos de redes"; por lo tanto, incluir en éste último la imposición de una condición referida a zonas de reserva y/o afectación, es un acto arbitrario y extemporáneo, pues en su opinión, ello sólo era posible al expedir el certificado de disponibilidad del servicio; al no hacerlo, en su concepto, la demandada creó una situación jurídica concreta que se tradujo en relevar a su representada de cualquier obligación en este sentido, esto es, generó para ella el derecho a disponer de todo el predio, sin necesidad de afectar zonas para la construcción de infraestructura para el servicio público de energía eléctrica. De acuerdo con lo expresado por el apoderado de la parte actora, se trata de dos actos independientes, de diferente modalidad y por lo tanto sujetos a procedimientos distintos para efectos de impugnación; respecto del primero, señala, un acto administrativo de carácter particular y concreto, proceden los recursos propios de la vía gubernativa, no obstante, dado que en relación con su contenido hay plena conformidad por parte de su representada, ésta no hizo uso de esos recursos. En cuanto al segundo, el que califica como un acto administrativo de trámite, anota que al no existir recurso alguno que proceda contra él, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del C.C.A., el único mecanismo de que dispone su representada para defender su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado con lo dispuesto en ese acto, es la tutela. Sobre estos presupuestos, el apoderado de la parte actora sostiene, que a través del mencionado "acto administrativo de trámite", la Empresa de Energía de Bogotá revocó parcialmente y sin su consentimiento el "acto administrativo de carácter particular y concreto", que contenía una decisión favorable a sus intereses, desconociendo con ello su derecho fundamental al debido proceso. C.  LA EXPEDICION DE LA LICENCIA DE URBANIZACION COMO ACTO ADMINISTRATIVO DE CARACTER COMPLEJO Del análisis de los hechos que soportan la acción de tutela interpuesta, y de la normativa aplicable al caso, la Sala concluye que la expedición de una licencia de urbanismo, pretensión final del demandante, implica el desarrollo de un procedimiento administrativo, que por sus características y objetivos conduce a lo que la jurisprudencia y la doctrina han denominado un acto administrativo complejo. En efecto, el acto administrativo complejo se define como aquel "...que resulta del concurso de voluntades de varios órganos de una misma entidad o de entidades públicas distintas, que se unen en una sola voluntad . En todo caso es necesario para que exista un acto complejo  que haya unidad de contenido y unidad de fin en las diversas voluntades que se unen para formar un acto único. En el acto complejo la voluntad declarada es única y resulta de la fusión de la voluntad de los órganos que concurren a formarla o de la integración de la voluntad del órgano a que se refiere el acto. Si las voluntades que concurren a la formación del acto son iguales, el acto se forma por la fusión de las distintas voluntades; si son desiguales, por la integración en la principal de las otras. habrá integración de voluntades cuando un órgano tiene facultad para adoptar una resolución, pero ese poder no podía ejercerse válidamente sin el concurso de otro órgano..."[1] El artículo 2 del Decreto 600 de 1993, por el cual se reglamenta la expedición de licencias y permisos de urbanización y construcción en Santafé de Bogotá, define la licencia de urbanización de la siguiente manera: "LICENCIA DE URBANIZACION. Es el acto por el cual la Administración Distrital autoriza la adecuación de terrenos, ejecución de obras de urbanismo e infraestructura de servicios, dotación, adaptación y equipamiento de espacios públicos y privados, parcelación o loteo de terrenos y en general la organización de dichos terrenos, con arreglo a las reglamentaciones urbanísticas, para su ulterior edificación y utilización de las edificaciones con destino a usos urbanos." En una ciudad como Santafé de Bogotá, la expedición de una licencia de las características descritas, implica el previo desarrollo de un proceso en el cual participan diferentes órganos de la administración distrital, cada uno de los cuales, en el ámbito de sus propias competencias y de acuerdo con la función especializada que tiene a su cargo, define aspectos que serán fundamentales para garantizarle a la ciudad un desarrollo urbanístico conveniente y armónico, y a los ciudadanos el acceso a la propiedad con la prestación de los servicios básicos. Dicho proceso, que en el caso de la ciudad de Santafé de Bogotá está en cabeza del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, requiere de actuaciones  coordinadas, coherentes y armónicas de otras entidades distritales, dirigidas todas a la adopción de una decisión de carácter definitivo, el otorgamiento o no de la licencia de urbanización, por lo que no pueden entenderse aisladas unas de otras, pues individualmente consideradas no generan efectos jurídicos. Dichas actuaciones presentan unidad de contenido y de fin, y en el caso analizado, al provenir de diferentes órganos especializados (Empresa de Energía, Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Empresa de Teléfonos de Bogotá, etc.), cada una de ellas conduce a decisiones que se integrarán a la decisión principal, no obstante, se reitera, consideradas individualmente constituyen una mera expectativa. En síntesis el proceso referido constituye un acto administrativo complejo. El certificado de disponibilidad definida de prestación del servicio, que el actor considera como un acto administrativo de carácter particular y concreto, no lo es, pues éste tan sólo consigna la disposición y capacidad que tiene una empresa de servicios públicos, en el caso analizado la Empresa de Energía de Santafé de Bogotá, de prestar el servicio en el evento de que el DAPD considere viable el proyecto y otorgue la licencia, previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas para cada caso en particular. Así por ejemplo, en el supuesto de que por razones ajenas a la empresa demandada el DAPD no considerara viable el proyecto y no otorgara la licencia, la compañía actora no podría reclamar derecho alguno a la Empresa de Energía, la cual, a través del certificado de disponibilidad de prestación del servicio, lo único que hizo fue manifestar que tiene capacidad para prestarlo y que requiere del cumplimiento de una mínimas condiciones, que definió con base en la información preliminar de que dispuso. En esta perspectiva el certificado de disponibilidad de prestación del servicio correspondería, al igual que el acto impugnado, dadas las características que presentan, a la categoría de los denominados "actos de trámite", que se definen como aquellos que se producen dentro de una actuación administrativa, en este caso de carácter complejo, con el objetivo de impulsarla hacia una decisión. Tanto es así, que el tantas veces citado Decreto 600 de 1993, expedido por el Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, establece el trámite de las licencias de urbanización como un trámite único que se compone de tres clases de actuaciones: previas a la solicitud de licencia, ante el DAPD, y posteriores a la expedición de la licencia. Dichas actuaciones son en todo caso necesarias y complementarias, y las primeras, las previas, condicionan la realización de las otras; dice el capítulo II del citado decreto: "II. LICENCIAS DE URBANIZACION "Artículo 16. ACTUACIONES PROPIAS DEL TRAMITE "El trámite de las licencias de urbanización está compuesto por tres clases de actuaciones: "1. Previas a la solicitud de la licencia de urbanización, que son: la aprobación  e incorporación del plano topográfico y la obtención del certificado de las empresas de servicios públicos sobre su disponibilidad definida para prestarlos. En los casos en los que fuere necesario también deberá obtenerse la certificación preliminar de estabilidad de terrenos y la licencia previa de la CAR. "2. Ante el D.A.P.D. para obtener la licencia. "3. Posteriores a la expedición de la licencia, que son: aprobación de proyectos de redes, solicitud de interventoría de obras, escrituración y registro de las zonas de uso público y constitución de garantías." En consecuencia, para la Sala es claro que en el caso analizado, no se están confrontando dos actos administrativos correspondientes a dos clases diferentes, uno de carácter particular y concreto, creador de una situación jurídica específica, cuya revocación está sujeta a lo dispuesto en el artículo 73 del C.C.A., y otro de trámite o preparatorio, respecto del cual no procede recurso alguno, a través del cual, según el demandante, tácitamente se revocó parcialmente el primero; se trata de dos actuaciones que configuran dos actos de trámite o preparatorios, que hacen parte de un único proceso establecido por las normas distritales para el trámite de una licencia de urbanización. Lo anterior implica que el primero, el certificado de disponibilidad de prestación del servicio, al no ser un acto creador de una situación jurídica individual, subjetiva y concreta, sino una actuación administrativa prevista en el artículo 16 del Decreto 600 de 1993, como parte de uno de los componentes del proceso de trámite de licencias de urbanización, no está sujeto, para efectos de modificación de sus condiciones y contenido, a lo dispuesto en el artículo 73 del C.C.A.. D. LA ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS DE TRAMITE O PREPARATORIOS. Definido el carácter de los actos administrativos en los que se soporta la acusación, como actos de trámite o preparatorios, que hacen parte, en cuanto componentes, de un procedimiento que conduce a la expedición de un acto definitivo, de carácter particular y concreto, contra ellos no procede la acción de tutela, pues dado su carácter se limitan, en el caso analizado, a impulsar y determinar una decisión, el otorgamiento o no de una licencia de urbanización, que como se dijo, constituye un acto administrativo complejo, ese si de carácter definitivo; si bien esta Corporación ha señalado la procedencia excepcional de este tipo de amparo contra los mencionados actos de trámite, ella sólo se da en el evento de que éstos violen o amenacen un derecho fundamental, que, como ha quedado probado, no es lo que ocurre en este caso. En el caso analizado, se impugna el contenido de un acto de trámite con el cual, según la parte actora, se violó su derecho al debido proceso, pues a través de él, dice su apoderado, se revocó parcialmente un acto definitivo de carácter particular y concreto; en este punto, núcleo principal de la acusación, se encuentra la equivocación del apoderado de la parte actora, pues ya ha quedado demostrado que dicho certificado no presenta las características esenciales de un acto administrativo definitivo, siendo, al igual que el acto impugnado, un acto de trámite, no sujeto para efectos de modificación a lo dispuesto en el artículo 73 del C.C.A.; en consecuencia, se desvirtúa la acusación de la compañía actora, referida al presunto desconocimiento del procedimiento establecido en la norma citada, pues él mismo no le era aplicable al acto del cual pretenden, erradamente, derivar la configuración de un derecho. Del análisis adelantado se concluye, que la vulneración o amenaza del derecho fundamental al debido proceso no se ha dado, pues el proceso se ha surtido conforme a lo establecido en la normatividad vigente; así mismo, que en cuanto acto de trámite hace parte de un proceso aún incompleto, inacabado, en el cual la condición impuesta todavía es objeto de discusión al interior de la administración; tanto es así, que el comité interinstitucional de que trata el artículo 55 del Decreto 600 de 1993, "devolvió" a la Empresa de Energía el proyecto Mazurén II etapa, para que ésta estudiara una alternativa distinta a constitución de la reserva de la zona de 80x80 metros; de otra parte, la misma compañía propone como alternativa subsidiaria la construcción de subestaciones en cada agrupación con capacidad suficiente para atenderlas; no se evidencia entonces la configuración de actuaciones arbitrarias, que desconozcan o atenten contra el derecho de contradicción o defensa de la actora, y por lo tanto que configuren violación del derecho al debido proceso para el cual se solicitó protección. E. LA PRIMACIA DEL INTERES GENERAL SOBRE EL INTERES PARTICULAR. El artículo 1 de la C.P. establece que Colombia es un estado social de derecho, que se funda entre otros principios en los de solidaridad y  prevalencia del interés general; en este contexto el Estado tiene la responsabilidad de propiciar y defender el interés general sobre el interés particular, sin que ello sirva, obviamente, para abrogarse la facultad de desconocer o vulnerar derechos fundamentales de las personas. En el caso analizado, la exigencia que hace la empresa demandada, en el curso de un procedimiento que precisamente pretende garantizar a la comunidad un desarrollo urbanístico acorde con sus necesidades y expectativas, en el que se cubran todos y cada uno de los aspectos que se consideran fundamentales en este tipo de proyectos, responde al estudio y determinación de las necesidades futuras de energía eléctrica de la comunidad, las cuales, dado el incremento acelerado de la población y el consecuente auge de la construcción, cada día crecen más. Sería absurdo que conociendo de antemano la insuficiencia de la infraestructura disponible en materia de energia, con base en un argumento de tipo meramente procedimental, que de otra parte ha quedado desvirtuado, la empresa demandada se abstuviera de solicitar al urbanizador la reserva de una zona que servirá para la construcción de una subestación, la cual por lo demás le servirá a él para garantizar a sus potenciales clientes el abastecimiento de un servicio público principal; las necesidades de una ciudad de las dimensiones de la capital de la República hacen necesario el esfuerzo compartido, público y privado, para suplir las necesidades de sus habitantes. Por eso en muchas áreas consideradas prioritarias y especialmente en lo que tiene que ver con servicios públicos, la administración cuenta con prerrogativas especiales como la señalada en el artículo 99 del acuerdo 006 de 1990, expedido por la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, referida a que "...las zonas de reserva para futuras afectaciones, en concordancia con el artículo 37 de la ley 9 de 1989, podrán ser variadas o modificadas unilateralmente por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, por su propia iniciativa, o bien a solicitud de las entidades públicas interesadas en las obras y programas para los cuales se establece la reserva para futuras afectaciones", que fue lo que ocurrió en el caso analizado. La responsabilidad de la parte actora en este aspecto trasciende sus intereses económicos, y le exige solidarizarse con las necesidades de la comunidad, pues se trata de preservarla a ella de la carencia, en un futuro próximo, de un servicio público principal como lo es la energía eléctrica. En virtud de lo expuesto, la Sala Número Ocho de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en  nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR el fallo proferido el 14 de junio de 1995 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, a través del cual confirmó la sentencia del Juzgado Doce Civil Municipal de Santafé de Bogotá, que negó la tutela interpuesta por la Compañía Agropecuaria e Inversionista la Floresta Ltda. SEGUNDO. LIBRAR por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria [1]Díez, Manuel María, El Acto Administrativo, 2da edic., 1961.

T-546-95 Sentencia No Sentencia No. T-546/95 ACTIVIDAD PROCESAL-Términos La actividad procesal está planeada para cumplirse en momentos determinados y preclusivos con el fin de asegurar su continuidad ordenada, al punto que un acto no resulta posible si no se ha superado la oportunidad en que debe ejecutarse otro anterior, y así sucesivamente, pero una vez clausurada cada etapa se sigue inexorablemente la siguiente, aunque se hayan omitido las actividades señaladas para esa ocasión. Desde este punto de vista,  el proceso es un sistema de ordenación del tiempo dentro del cual los diferentes sujetos procesales deben cumplir las actividades requeridas por la ley, las cuales constituyen actos preparatorios para la resolución de las pretensiones de las partes, a través de la sentencia. La oportuna observancia de los términos judiciales, en cuanto garantiza la celeridad, la eficacia y la eficiencia de la administración de justicia, y hace operante y materializa el acceso a la justicia, al hacer efectivo el derecho a obtener la pronta resolución judicial, se integra al núcleo esencial del derecho al debido proceso. MORA JUDICIAL-Naturaleza Una de las fallas más comunes y de mayores efectos nocivos en la administración de justicia es, precisamente, la mora en el trámite de los procesos y en la adopción de las decisiones judiciales, la cual en su mayor parte es imputable a los jueces. La mora judicial no sólo lesiona gravemente los intereses de las partes, en cuanto conlleva pérdida de tiempo, de dinero y las afecta sicológicamente, en cuanto prolonga innecesariamente y mas allá de lo razonable la concreción de las aspiraciones, y los temores y angustias que se derivan del trámite de un proceso judicial, sino que las coloca en una situación de frustración y de desamparo, generadora de duda en cuanto a la eficacia de las instituciones del Estado para la solución pacífica de los conflictos, al no obtener la justicia pronta y oportuna que demanda. La mora injustificada afecta de modo sensible el derecho de acceso a la administración de justicia, porque éste se desconoce cuando el proceso no culmina dentro de los términos razonables que la ley procesal ha establecido, pues una justicia tardía, es ni más ni menos, la negación de la propia justicia. La mora judicial constituye una conducta violatoria del derecho al debido proceso. MORA JUDICIAL-Justificación En cuanto al tema de la justificación de la mora judicial, ésta sólo es legítima frente a la presencia de situaciones procesales, sobrevinientes e insuperables,  no obstante una actuación diligente y razonable. La diligencia en el ejercicio de la actividad judicial es un postulado constitucional y su omisión sólo puede justificarse cuando median circunstancias de tal magnitud que, a pesar de la diligente y razonable actividad del juez, no son posibles de superar, de modo que a pesar de la actitud diligente y del deseo del juzgador los términos legales para impulsar el proceso y decidir en oportunidad se prolongan en el tiempo. DEBIDO PROCESO-Incumplimiento de términos procesales/DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Incumplimiento de términos procesales La Sala no se muestra insensible frente a la situación preocupante y deplorable en que se encuentra el Tribunal, debido al atraso judicial, ni desconoce la incidencia negativa que las condiciones de trabajo tienen sobre las labores de quienes lo integran, las cuales se desarrollan dentro de un marco de limitaciones y carencias de diferente orden. No obstante, tampoco se debe perder de vista el hecho de que las condiciones de trabajo del magistrado, no son distintas de las de los restantes magistrados, colocados como él en situaciones idénticas; por lo tanto, los mayores rendimientos de sus colegas sólo pueden tener explicación en su dedicación, responsabilidad y vocación de servicio a la justicia. Después de más de dos años de encontrarse el expediente del actor al despacho del Magistrado para registrar proyecto de fallo, sin que se hubiera cumplido con esta responsabilidad, resulta improbable que se logre solucionar la situación por la vía indicada en la sentencia de instancia, cuando existen muchísimos procesos en turno antes del correspondiente al actor, cuyos interesados eventualmente han podido o pueden acudir al referido mecanismo. Los términos procesales, a pesar de que sólo son la medida de la oportunidad en que debe cumplirse la actividad procesal  por los sujetos del proceso, constituyen, sin embargo, la garantía irremplazable de que la justicia es una respuesta alcanzable y oportuna que le brinda el Estado a las personas que se acogen a su amparo. PETICION DE OPORTUNIDAD-Efectividad La llamada "petición de oportunidad" es efectiva en la medida en que se haya utilizado en forma limitada por quienes se encuentren en condiciones similares a las de un determinado interesado, porque la solución puede estar condicionada por los requerimientos que en igual sentido hayan formulado otros solicitantes. En ese sentido es clara la norma referida, ya que si en principio admite que luego de tres días, a partir del vencimiento del término para proferir sentencia, sin que se hubiere emitido, cualquiera de las partes puede acudir al juez para que la profiera con prelación a los demás asuntos pendientes de que está conociendo, sin embargo, la referida prelación tiene un efecto relativo, porque si varios solicitantes han reclamado al mismo juez dicha medida, éste colocará en turno la resolución del correspondiente asunto, según el orden de presentación de la solicitud. Ref.: Expediente T- 74873 Tema: Mora judicial. Peticionario: Gustavo Ernesto Jaime Magistrado Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL Aprobada en Santafé de Bogotá D.C. a los veintitrés días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el proceso de la acción de tutela instaurado por Gustavo Ernesto Jaime contra el Doctor Hernando Eslava Barón, Magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá. I. ANTECEDENTES. Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. 1. Solicitud. El señor Gustavo Ernesto Jaime, por medio de apoderado, en escrito de fecha mayo 15 de 1995, solicitó ante la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura Seccional Boyacá, la tutela del derecho a obtener sentencia en el proceso ordinario contencioso administrativo radicado bajo el N° 10688 en el Tribunal Administrativo de Boyacá, que le correspondió por reparto al Magistrado Hernando Eslava Barón. Manifiesta el peticionario que el 9 de octubre de 1989 promovió ante el referido Tribunal acción de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a que fue retirado injustamente del cargo de Director del Hospital de Ramiriquí, y que surtidos los trámites procesales del caso, el expediente se encuentra al despacho del Magistrado Eslava Barón desde el 2 de junio de 1993, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia; es decir, que a la fecha de la tutela habían transcurrido casi dos años, sin que el Tribunal hubiera proferido la respectiva sentencia. 2. La primera instancia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá negó la tutela impetrada porque consideró que, si bien es cierto que el Magistrado Hernando Eslava Barón se colocó en mora de elaborar el proyecto de sentencia de éste y otros asuntos que estaban a su conocimiento, también se estableció, mediante la práctica de una inspección judicial, que ello no obedecía a una manifiesta o injustificada omisión del magistrado, sino al gran volumen de negocios sometidos a la consideración de su despacho, pues la morosidad para que sea reprochable y atente contra el debido proceso requiere que carezca de justificación, de manera que no se puede afirmar que ha existido por parte del Magistrado la intención omisiva de pronunciarse sobre el aludido proceso. 3. La impugnación del actor. El accionante impugnó el fallo y estimó, en apoyo de su pretensión, que en la tutela se alegaba la violación de los derechos fundamentales del debido proceso, la igualdad y el acceso efectivo a la administración de justicia, y que el a-quo sólo decidió en relación con los dos primeros, y omitió pronunciarse en relación con el tercero de tales derechos. Se advierte por el recurrente que aun cuando no se desconoce el volumen de trabajo en el Tribunal, debe tenerse en cuenta que si se compara la actividad del magistrado  Eslava Barón con la que desarrollan sus colegas, éste no trabaja, y esta circunstancia constituye la violación del debido proceso, por su relación con la eficacia de la justicia, "pues la justicia que estamos reclamando no ha sido impartida dentro de unos términos razonables, ni aún dentro de los más laxos y elásticos...". 4. La segunda instancia. El Consejo Superior de la Judicatura, en sentencia de junio 6 de 1995 confirmó el fallo de primera instancia, aunque por razones diferentes. Consideró el Consejo, que la inobservancia sin justificación de los términos establecidos para adelantar las actuaciones procesales constituye una transgresión al debido proceso que autoriza al afectado para acudir a la acción de tutela, porque el acceso a la administración de justicia no se satisface con el trámite del proceso, sino que es necesario además alcanzar la solución del conflicto mediante un fallo que se ajuste a la verdad procesal. Sin embargo, el Consejo superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria- concluyó que no es procedente la tutela porque esta acción no constituye un medio alternativo de defensa y el accionante cuenta con "la petición de oportunidad" consagrada en el artículo 43 del Decreto 2651 de 1991, de acuerdo a la cual, "cualquiera de las partes podrá solicitar al juez , transcurridos tres días a partir del vencimiento del término para proferir sentencia, sin que ésta se hubiere emitido, que la dicte con prelación de los demás asuntos pendientes en su despacho. En caso de varias solicitudes de oportunidad, las resolverá según el orden de presentación". "De esta manera -concluyó el Consejo- resulta claro que ante la presencia de un medio ordinario para perseguir lo pretendido en la petición que originó esta actuación, no procede la acción de tutela". II. LA COMPETENCIA. Es competente esta Sala para revisar el proceso de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. 1.  Los términos procesales y el debido proceso. Los términos procesales constituyen en general el momento o la oportunidad que la ley, o el juez, a falta de señalamiento legal, establecen para la ejecución de las etapas o actividades que deben cumplirse dentro del proceso por aquél, las partes, los terceros intervinientes y los auxiliares de la justicia. La actividad procesal está planeada para cumplirse en momentos determinados y preclusivos con el fin de asegurar su continuidad ordenada, al punto que un acto no resulta posible si no se ha superado la oportunidad en que debe ejecutarse otro anterior, y así sucesivamente, pero una vez clausurada cada etapa se sigue inexorablemente la siguiente, aunque se hayan omitido las actividades señaladas para esa ocasión. Desde este punto de vista,  el proceso es un sistema de ordenación del tiempo dentro del cual los diferentes sujetos procesales deben cumplir las actividades requeridas por la ley, las cuales constituyen actos preparatorios para la resolución de las pretensiones de las partes, a través de la sentencia. Como lo anota el tratadista Jaime Guasp[1], los términos hacen parte del sistema de ordenación del proceso, o sea, "de aquel conjunto de actividades procesales de desarrollo que se proponen, no tanto aportar al juez los instrumentos específicos que éste necesita para el fallo, cuanto gobernar, esto es, preparar, disponer y conservar aquella aportación: ordena, y de ahí su nombre, más que instruye el fondo del proceso". Igualmente hay que considerar que la oportuna observancia de los términos judiciales, en cuanto garantiza la celeridad, la eficacia y la eficiencia de la administración de justicia, y hace operante y materializa el acceso a la justicia, al hacer efectivo el derecho a obtener la pronta resolución judicial, se integra al núcleo esencial del derecho al debido proceso. En la sentencia C-416/94[2], señaló la Corte sobre el particular: "El proceso es una institución de satisfacción de pretensiones esencialmente dinámica; en tal virtud, el proceso se proyecta y desenvuelve en el tiempo, a través de la sucesión de una serie de actos o de etapas dirigidas a una finalidad, cual es la constatación de una situación jurídica en un caso concreto mediante una sentencia. El proceso se encuentra regido, entre otros, por los principios de celeridad y eficacia los cuales buscan que los trámites procesales se desarrollen con sujeción a los precisos términos señalados en la ley procesal y que el proceso concluya dentro del menor término posible y logre su finalidad, a través del pronunciamiento de la correspondiente sentencia". "El impulso de la actuación procesal esta diseñada en relación con el tiempo, que es factor esencial para su celeridad y eficacia, entendida esta última en función del logro del objetivo del proceso". "En función del tiempo no sólo se crean y modifican los derechos procesales concretos, sino que también se los extingue, por lo cual se hace necesario que la ley procesal establezca unos plazos o términos, con el fin de que el proceso se realice dentro de una secuencia lógica ordenada y con la oportunidad y celeridad que de conformidad con los artículos 29 y 228 de la Constitución Política demanda el ejercicio de la función de administrar justicia. Aunque es de anotar, que los principios de eficacia y celeridad que informan el proceso judicial y que se infieren de los preceptos aludidos, igualmente tienen su fundamento en el artículo 209 de la Carta Política, pues los postulados rectores de la función administrativa también tienen operancia en el desarrollo de la función jurisdiccional, como manifestaciones que son del poder del Estado". (....) "La consagración de los términos judiciales por el legislador y la perentoria exigencia de su cumplimiento, tienen intima relación con el núcleo esencial del derecho al acceso a la justicia y al debido proceso, pues la indeterminación de los términos para adelantar las actuaciones procesales o el incumplimiento de éstos por las autoridades judiciales, puede configurar una denegación de justicia o una dilación indebida e injustificada del proceso, ambas proscritas por el Constituyente". 2.  La mora judicial y el derecho al debido proceso. Una de las fallas más comunes y de mayores efectos nocivos en la administración de justicia es, precisamente, la mora en el trámite de los procesos y en la adopción de las decisiones judiciales, la cual en su mayor parte es imputable a los jueces. Por supuesto que en esta situación inciden factores de distinto orden, algunos de los cuales justifican a veces las falencias judiciales, pero frecuentemente responden más bien al desinterés del juez y de sus colaboradores, desconociendo el hecho de que en el proceso el tiempo no es oro sino justicia, como lo señaló sentenciosamente Eduardo J. Couture. La mora judicial no sólo lesiona gravemente los intereses de las partes, en cuanto conlleva pérdida de tiempo, de dinero y las afecta sicológicamente, en cuanto prolonga innecesariamente y mas allá de lo razonable la concreción de las aspiraciones, y los temores y angustias que se derivan del trámite de un proceso judicial, sino que las coloca en una situación de frustración y de desamparo, generadora de duda en cuanto a la eficacia de las instituciones del Estado para la solución pacífica de los conflictos, al no obtener la justicia pronta y oportuna que demanda. La mora injustificada afecta de modo sensible el derecho de acceso a la administración de justicia, porque éste se desconoce cuando el proceso no culmina dentro de los términos razonables que la ley procesal ha establecido, pues una justicia tardía, es ni más ni menos, la negación de la propia justicia. Debido a que históricamente ha sido recurrente el fenómeno de la mora judicial y tan perniciosos sus efectos en nuestro medio, el Constituyente instituyó un mecanismo de reacción al optar por la norma, según la cual, "los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado" (Art. 228). Sobre esta problemática se ha pronunciado en repetidas oportunidades esta Corporación y reiteradamente ha sostenido que la mora judicial constituye una conducta violatoria del derecho al debido proceso. Así lo señaló en sentencia del 27 de Agosto de 1993[3], cuando expresó: "Las dilaciones injustificadas y el desconocimiento de términos establecidos para llevar a cabo actuaciones procesales que corresponde legalmente surtirlas al juez como conductor del proceso, constituyen violaciones flagrantes del derecho al debido proceso. Los derechos a que se resuelvan los recursos interpuestos, a que lo que se decida en una providencia se haga conforme a las normas procesales, y a que no se incurra en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones que corresponden al juez como autoridad pública, hacen parte integral y fundamental del derecho al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia" Y en cuanto al tema de la justificación de la mora judicial, la Corte también se ha pronunciado señalando que ésta sólo es legítima frente a la presencia de situaciones procesales, sobrevinientes e insuperables,  no obstante una actuación diligente y razonable[4]. Dijo la Corte: "En armonía con lo establecido anteriormente, el artículo 228 de la Constitución Política determinó que los términos procesales deben observarse con diligencia, a tal punto que su incumplimiento puede ser sancionado. Pero es cierto que, tanto las normas constitucionales como los preceptos legales consagran el derecho a un proceso público sin injustificadas dilaciones, se abre camino a la posibilidad de que se presenten acontecimientos específicos y por demás justificados que impidan al funcionario mantenerse bajo los términos procesales que le señala la ley. Tal conducta omisiva sólo puede ser aceptable en aquellos casos en los que el Estado, a través de sus funcionarios, actúa de manera diligente y razonable y no obstante enfrentado a eventos que le sobrepasan en el control de los términos a los que está sujeto, implicando no un quebrantamiento del núcleo esencial del derecho, sino más bien una prolongación del mismo, en procura precisamente de que se profiera una decisión acorde con la finalidad que exige el concienzudo conocimiento, análisis e imparcialidad de la administración de justicia. Reiterándose, claro está, de manera vehemente que estas excepcionales situaciones no pueden desdibujar el postulado general de pronta y recta administración de justicia, sino que, previa su comprobación, deben valorarse en su justo alcance". Como corolario de lo expresado se puede concluir, que la diligencia en el ejercicio de la actividad judicial es un postulado constitucional y su omisión sólo puede justificarse cuando median circunstancias de tal magnitud que, a pesar de la diligente y razonable actividad del juez, no son posibles de superar, de modo que a pesar de la actitud diligente y del deseo del juzgador los términos legales para impulsar el proceso y decidir en oportunidad se prolongan en el tiempo. 3.  El caso en estudio y las pruebas aducidas. La tutela se promovió por el actor, con la finalidad de que se tomaran las previsiones necesarias para amparar su "derecho a recibir y obtener sentencia en el proceso ordinario contencioso administrativo radicado bajo el No. 10688", que cursa en el Tribunal Administrativo de Boyacá. De las pruebas aducidas y practicadas en el proceso se tiene lo siguiente: a. El Consejo Seccional practicó una inspección judicial al despacho del magistrado Eslava Barón y según los términos del acta respectiva se pudo establecer la siguiente situación: - A la fecha de la diligencia judicial, no se había eleborado proyecto de sentencia en el proceso en cuestión. - Del 23 de Junio de 1993, en que el expediente entró al despacho del magistrado Eslava Barón para elaborar el referido proyecto, al 23 de Mayo de 1995, fecha de la inspección judicial, es decir, en casi dos años de labores, el magistrado Eslava Barón ha proferido las decisiones y cumplido las diligencias que enseguida se detallan en los procesos a su cargo: 1.  Doce (12) audiencias de conciliación. 2. Ciento cuarenta y una (141) diligencias de recepción de testimonios. 3.  Veintiuna (21) diligencias de inspección judicial. 4.  Quinientos ochenta y siete (587) autos interlocutorios. 5.  Ochenta (80) autos de sustanciación. 6.  Ciento sesenta y cuatro (164) fallos. 7.  Treinta (30) fallos de tutela. En el acta de la referida diligencia se hizo constar que el magistrado demandado sólo cuenta con un auxiliar del despacho y otro empleado que colabora con los trabajos que allí se realizan. Y, además, que a su despacho, para proyectos de fallo, se encuentran doscientos once (211) procesos y, que antes del No. 10.688 correspondiente al del demandante, están en turno ciento tres (103). b. A petición del demandante se incorporó al expediente un estudio sobre el rendimiento y estado de los procesos en el Tribunal Administrativo de Boyacá, que elaboró el Procurador Delegado ante el Tribunal y que comprende el período transcurrido entre el año de 1990 y el 16 de Febrero de 1995,  del cual se extractan las siguientes informaciones: - De 1995 expedientes activos a la fecha del estudio, 646 corresponden al despacho del magistrado Eslava Barón, esto es, el 32%; al magistrado Juan Donaldo Gómez 505 expedientes, que equivalen al 25% del total; 431 al magistrado Fernando Olarte, es decir, el 22%, y 413 al magistrado Gustavo Gómez, o sea el 21% del total. - Según el estudio referido, de los 1995 expedientes activos 1623 se encuentran en Secretaría en diferentes etapas, y 372 están al despacho de los distintos magistrados para proyectar los fallos respectivos, según la siguiente distribución: Magistrado Hernando Eslava 224, que equivale al 60% del total. Magistrado Donaldo Gómez 97, que corresponde al 26% del total. Magistrado Fernando Olarte 29, que representa el 8% del total. Magistrado Gustavo Gómez 22, que equivale al 6% del total. Si se analizan los elementos de juicio de que dan cuenta las pruebas reseñadas, no cuestionadas por el demandado, se puede deducir que la labor del señor Magistrado Hernando Eslava Barón, dentro de los períodos señalados, es muy deficiente y que la constante que caracteriza su quehacer judicial es su parsimonia extrema, al punto que se ha colocado entre los Magistrados del Tribunal menos productivos. Esta situación resulta particularmente evidente al examinar la labor de preparación de proyectos, dado que el demandado tiene a su cargo, para ese fin, el 60% del total de los negocios, mientras que los otros tres magistrados sólo mantienen bajo su responsabilidad el 40% de los restantes expedientes. La Sala no se muestra insensible frente a la situación preocupante y deplorable en que se encuentra el Tribunal Administrativo de Boyacá, debido al atraso judicial, como se deduce particularmente del informe de la Procuraduría Regional, ni desconoce la incidencia negativa que las condiciones de trabajo tienen sobre las labores de quienes lo integran, las cuales se desarrollan dentro de un marco de limitaciones y carencias de diferente orden. No obstante, tampoco se debe perder de vista el hecho de que las condiciones de trabajo del magistrado Eslava Barón, no son distintas de las de los restantes magistrados, colocados como él en situaciones idénticas; por lo tanto, a juicio de la Sala, los mayores rendimientos de sus colegas sólo pueden tener explicación en su dedicación, responsabilidad y vocación de servicio a la justicia. Por las razones anteriores, la Corte disiente de los puntos de vista del juzgador de primera instancia, que lo indujeron a descartar la tutela reclamada al limitar el examen del problema sólo desde la óptica de la situación meramente material del cúmulo de trabajo que tiene el magistrado demandado, sin relacionarla con las condiciones en que operan los restantes magistrados, acosados por igual por las mismas dificultades y limitaciones a que está sometido el ejercicio de la judicatura, no sólo en Boyacá sino en todo el país, salvo contadas excepciones. La solución que adoptó el Consejo Superior de la Judicatura y que lo movió a confirmar la decisión del a-quo, resulta igualmente inadecuada, porque la llamada "petición de oportunidad", consagrada por el decreto 2651 de 1991, es efectiva en la medida en que se haya utilizado en forma limitada por quienes se encuentren en condiciones similares a las de un determinado interesado, porque según los términos del artículo 43 del estatuto en cita, la solución puede estar condicionada por los requerimientos que en igual sentido hayan formulado otros solicitantes. En ese sentido es clara la norma referida, ya que si en principio admite que luego de tres días, a partir del vencimiento del término para proferir sentencia, sin que se hubiere emitido, cualquiera de las partes puede acudir al juez para que la profiera con prelación a los demás asuntos pendientes de que está conociendo, sin embargo, la referida prelación tiene un efecto relativo, porque si varios solicitantes han reclamado al mismo juez dicha medida, éste colocará en turno la resolución del correspondiente asunto, según el orden de presentación de la solicitud. Después de más de dos años de encontrarse el expediente del actor al despacho del Magistrado para registrar proyecto de fallo, sin que se hubiera cumplido con esta responsabilidad, como se pudo confirmar con la comunicación del mes de octubre de 1995, en la cual el Secretario del Tribunal Administrativo de Boyacá informa que aún no se ha dictado sentencia, resulta improbable que se logre solucionar la situación por la vía indicada en la sentencia de segunda instancia, cuando existen muchísimos procesos en turno antes del correspondiente al actor, cuyos interesados eventualmente han podido o pueden acudir al referido mecanismo. La alternativa que encontró el juez de segunda instancia para negar las pretensiones del actor, desconoce el objetivo esencial de la acción de tutela, que como se destaca y magnifica por el artículo 86 de la Constitución, consiste en la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la autoridad pública o por un particular. Y esa violación puede ocurrir a pesar de que se encuentren remedios ordinarios para contrarrestar la acción abusiva o el desconocimiento injusto de un derecho fundamental por la autoridad pública, si tal medida es insuficiente o de alcance limitado o su aplicación está sometida a ciertas contingencias, como en el presente caso, que la convierten más que en una solución real para detener el abuso o desmontar la amenaza injurídica contra el derecho que se violenta, en una opción puramente teórica. Es evidente, que la conducta del señor Magistrado Hernando Eslava Barón, al dilatar por más de dos años el proyecto de fallo para que el Tribunal proceda a decidir el referido proceso, vulnera los derechos constitucionales fundamentales del actor al debido proceso y del acceso a la justicia (C.P. arts. 29 y 229). Los términos procesales, a pesar de que sólo son la medida de la oportunidad en que debe cumplirse la actividad procesal  por los sujetos del proceso, constituyen, sin embargo, la garantía irremplazable de que la justicia es una respuesta alcanzable y oportuna que le brinda el Estado a las personas que se acogen a su amparo. No ocurrió así en el presente caso; de ahí que prospere la tutela impetrada. IV. DECISION. Por las razones expuestas, la Corte Constitucional de la República de Colombia, actuando en Sala de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. REVOCAR las sentencias proferidas por el Honorable Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria, y por el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá -Sala Jurisdiccional Disciplinaria, proferidas, en su orden, el 25 de mayo y el 15 de junio de 1995. SEGUNDO: CONCEDER al demandante Gustavo Ernesto Jaime la tutela de los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia. Por consiguiente, se ORDENA al señor Magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá, doctor Hernando Eslava Barón, que en el término de 48 horas hábiles proceda a registrar el proyecto de fallo correspondiente dentro del proceso No. 10688, en el cual aquél figura como actor. TERCERO: ORDENAR que por la Secretaría General de esta Corporación, se comunique esta providencia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991 Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado Ponente CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General. [1]. Derecho Procesal Civil, Tomo Primero, p. 472, Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1968. [2] . M.P. Antonio Barrera Carbonell. [3] . T-348, Gaceta de la Corte Constitucional, T. 8, p. 575. [4] . T-162 de 26 de Abril de 1993, Sala Cuarta de Revisión, Tomo 4, p. 502.

T-547-95 Sentencia No _Sentencia No. T-547/95 ACCION DE TUTELA-Improcedencia frente a derechos e intereses colectivos/ACCION POPULAR-Terreno abandonado/DERECHO A LA SEGURIDAD PUBLICA-Terreno abandonado/DERECHO A LA SALUBRIDAD PUBLICA-Terreno abandonado La acción de tutela se dirige contra la propietaria de un lote de considerable extensión, en razón de la situación de abandono y descuido que se observa respecto del anotado terreno, que ha terminado por convertirlo en foco de infecciones y de inseguridad. Las pruebas practicadas traslucen la afectación de derechos e intereses colectivos, vinculados con la seguridad y la salubridad, bienes que, como es sabido, se protegen, principalmente, a través de las acciones populares. No se ha comprobado que la lesión a los derechos e intereses colectivos, repercuta en la violación individual y concreta de un derecho fundamental del actor y de los demás vecinos. Naturalmente, los efectos negativos de la omisión denunciada, por comprometer un bien colectivo, se reflejan de manera difusa sobre la población afectada. En el curso de la acción popular, luego de establecer la vulneración a los intereses colectivos, se tendrán que adoptar las medidas más adecuadas para resolver la controversia planteada. Desde luego, si los hechos se proyectan en una amenaza o lesión individualizadas de los derechos fundamentales de las personas, siempre que ello se demuestre de manera concreta, la acción de tutela podría servir de medio judicial de protección. COMPETENCIA-Identificación de las partes en tutela Si bien la regla general, en materia de tutela, no puede ser otra que la de contraer los efectos de la sentencia a las partes identificadas en la demanda, excepcionalmente puede presentarse una situación distinta si se determina claramente el sujeto causante de la lesión y a éste se le brinda el derecho al debido proceso, que además ejerce a plenitud. NOVIEMBRE 23 DE 1995 Ref.: Expediente T-77521 Actor: Alfonso Antonio González Vanegas Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-77521 adelantado por ALFONSO ANTONIO GONZALEZ VANEGAS contra la ZONA FRANCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SANTA MARTA ANTECEDENTES 1. El señor Alfonso Antonio González Vanegas, vecino de la ciudad de Santa Marta, habita frente a un globo de terreno, de aproximadamente 100 metros cuadrados, situado entre las calles 6a. y 7a. y las carreras 3a. y 4a. de esa ciudad. El 2 de marzo de 1995, el señor González Vanegas denunció, ante la Personería Delegada para los Derechos Humanos de Santa Marta, que el lote frente al cual habita, perteneciente a la Zona Franca Industrial y Comercial de Santa Marta, se ha convertido - toda vez que está compuesto por viviendas semi-derruidas - en un lugar sumamente inseguro, donde se esconden delincuentes y antisociales de toda laya. Según el denunciante, en el sitio han ocurrido varios asesinatos, el último de los cuales se cometió el 26 de febrero de 1995, siendo su víctima uno de los vecinos del barrio. Además, el lote se ha convertido en un basurero que, también, los perjudica. la Delegada del Ministerio Público enteró de los hechos a la Secretaría de Gobierno de Santa Marta, y propuso - dada la gravedad de la denuncia presentada - la conformación de una comisión integrada por funcionarios de la Personería y la Secretaría con el fin de practicar una inspección ocular al terreno objeto de la denuncia. La diligencia se realizó el día 7 de marzo de 1995, sin la presencia de la Secretaría de Gobierno. En el acta de la inspección, el Personero Delegado para los Derechos Humanos "pudo observar que en este lugar se localiza un lote semi enmontado y en el cual se arrojan basuras, no está cerrado y al decir de los vecinos, en este lote se cometen toda clase de fechorías y en los carnavales de este año fue asesinado un joven que vivía colindante con el terreno objeto de la queja". El delegado del Ministerio Público anotó, igualmente, "que este lote es un sitio propicio para la delincuencia debido al aspecto de abandono que presenta". 2. El 9 de marzo de 1995, la Personería Delegada para los Derechos Humanos puso en conocimiento de la Secretaría de Gobierno los resultados de la inspección judicial y manifestó que el lote localizado entre las calles 6a. y 7a. y las carreras 3a. y 4a. de la ciudad de Santa Marta, "es aprovechado por toda clase de maleantes para hacer sus fechorías, intranquilizando a los moradores del lugar". Por estos motivos, el Personero solicitó a la Secretaría de Gobierno "que  se obligue a la Zona Franca Comercial tomar los correctivos necesarios". 3. Mediante oficio fechado el 14 de marzo de 1995, la Secretaría de Gobierno de Santa Marta solicitó al Gerente de la Zona Franca una autorización para efectuar trabajos de limpieza y cerramiento en el terreno objeto del conflicto, la cual nunca obtuvo respuesta por parte de esa entidad. 4. El 18 de mayo de 1995, el señor Alfonso Antonio González Vanegas, en su propio nombre y en representación de la comunidad de los barrios Norte y San Martín de la ciudad de Santa Marta - cuya autorización anexa -, interpuso acción de tutela, ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito de esa ciudad, contra la Zona Franca Industrial y Comercial de Santa Marta, por considerar que ésta les ha vulnerado sus derechos a la vida, a la tranquilidad, a la salud, a la libre circulación y al medio ambiente. El demandante señala que la Zona Franca Industrial y Comercial de Santa Marta viene operando en esta ciudad desde hace aproximadamente diez años. Durante este tiempo, la empresa ha adquirido una serie de inmuebles - con el fin de ampliar sus instalaciones - dentro del lote que se encuentra frente a su casa, el cual, debido al descuido y la omisión de la Zona Franca, se ha convertido en foco de insalubridad y peligro, en detrimento de los derechos fundamentales de los vecinos del sector. Los derechos a la salud (C.P., artículo 49) y al medio ambiente (C.P., artículo 79) se han visto vulnerados por la acumulación de basuras, animales muertos y el estancamiento de aguas lluvias en el lote que, por desidia de la Zona Franca, no ha sido cerrado. En consecuencia, la omisión de la entidad demandada ha generado la contaminación del medio ambiente y graves problemas de salubridad en el Barrio. Así, por ejemplo, señala como la falta de aseo del terreno ha causado enfermedades a los moradores del sector, en especial a los menores de edad, tales como gripa, fiebres y paludismo, toda vez que el lugar es propicio para la reproducción de insectos transmisores del paludismo, la fiebre amarilla, el cólera, etc. Los derechos a la vida (C.P., artículo 11), a la tranquilidad y a la libre circulación (C.P., artículo 24), también han sido conculcados por el descuido de la entidad accionada, toda vez que la falta de cerramiento y de cuidado del lote en cuestión ha propiciado la presencia de "personas indeseables, delincuentes, drogadictos, asesinos, y toda clase de delincuencia común", quienes ponen en peligro la integridad de los vecinos del lugar y restringen su posibilidad de desplazamiento, como quiera que "parecen unas sombras que se esconden en las casas a medio demoler y acechan al transeúnte que camina por las calles". Tan grave es la situación, que el día 26 de febrero de 1995, alrededor de las 23:00 horas, el señor Alexander Pérez Jiménez, habitante de la zona, fue asesinado en los alrededores del lote de marras. Con fundamento en los hechos anteriores, el actor solicitó que se ordenara a la Zona Franca Industrial y Comercial de Santa Marta el cerramiento del lote ubicado entre las calles 6ª. y 7ª. y entre las carreras 3ª. y 4ª. de la ciudad de Santa Marta. 5. Con la admisión de la solicitud de tutela, la Juez Novena Penal del Circuito de Santa Marta ordenó, entre otras cosas: (1) notificar al representante legal de la Zona Franca; (2) practicar una inspección judicial al sector comprendido entre las calles 6ª. y 7ª. y las carreras 3ª. y 4ª. de la ciudad de Santa Marta; (3) solicitar al Gerente de la Zona Franca Industrial y Comercial de Santa Marta se sirviera informar si el lote situado entre las calles 6ª. y 7ª. y las carreras 3ª. y 4ª. pertenece a esa entidad. 6. El 24 de mayo de 1995, la Juez Novena Penal del Circuito de Santa Marta practicó la diligencia de inspección judicial con intervención de un perito designado por la Secretaría de Salud del Departamento del Magdalena. En el acta, el Juzgado manifestó que "se hicieron presentes los habitantes del sector que residen frente al lote, (...). La señora que habita en la casa Nº 6-46 manifestó que a su hijo el día sábado de carnaval lo habían asesinado llegando a su casa y fue tirado a ese lote. La suscrita juez, secretaria y perito nombrado hacen un recorrido en lo posible del lote ya señalado, pudiendo decir la juez que observa que el lote se encuentra enmontado, está convertido en basurero, expele olores desagradables, etc". 7. En su informe, el perito - Supervisor Técnico de la Sección de Protección de Aire, Agua y Suelo de la Secretaría de Salud del Magdalena - destacó que durante la inspección técnica sanitaria, pudo observar que el sitio ha sido utilizado "como botadero abierto de desechos sólidos", "se perciben malos olores" y "existen criaderos de roedores domésticos". En conclusión, el perito opinó que "estas condiciones inadecuadas de eliminación de basuras han convertido el sector en una zona de alto riesgo sanitario, donde se atenta contra la salud de los habitantes". 8. El apoderado de la Sociedad Operadora Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Santa Marta S.A. - SOFRASA S.A. -, puso en conocimiento del Juzgado que "los terrenos o manzana por usted referenciados (...), son algunos de propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, los cuales pertenecían al anterior establecimiento público Zona Franca Industrial y Comercial de Santa Marta, ente que fue eliminado dentro del proceso de privatización ordenado por el decreto 2111 de 1992". De igual forma, manifestó que SOFRASA S.A. viene operando la Zona Franca de Santa Marta desde septiembre de 1994, y que desde esa época la compañía ha intentado integrar el lote a su patrimonio, lo cual no ha sido posible en razón de impedimentos técnicos y jurídicos. En efecto, "de hacerlo estaríamos ocasionando primero un perjuicio a la comunidad que vive en este sector puesto que por esta vía está ubicado el desagüe de las aguas lluvias de estos barrios, y provocando el taponamiento de las mismas ocasionando por ende inundaciones, así mismo como usted podrá determinar no todos los terrenos que se encuentran en la manzana son de propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, ya que algunos habitantes no lograron negociar con el gobierno y otros no es clara su tradición lo cual les ha impedido vender y por ende integrarlos a la Zona Franca". No obstante lo anterior, el apoderado de SOFRASA S.A. manifestó que esta entidad ha venido limpiando el lote con frecuencia, lo cual puede comprobarse si el Juzgado efectúa una inspección al terreno. 9. Mediante sentencia de mayo 31 de 1995, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Santa Marta tuteló el derecho del actor a gozar de un medio ambiente sano y ordenó al Gerente de la Sociedad Operadora Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Santa Marta S.A. - SOFRASA S.A.- que, en un plazo de 48 horas, iniciara las acciones necesarias para que el lote objeto del conflicto fuera limpiado y tapiado. Aclaró, igualmente, que el cerramiento debía producirse en un plazo máximo de 10 días. Para la adopción de la anterior decisión, el Juez de primera instancia consideró que "de conformidad con la inspección judicial mediante perito idóneo practicada por este Juzgado, ese sector está convertido en una zona de alto riesgo sanitario, atentando contra la salud de los habitantes. Siendo ésta la verdadera y real situación sanitaria actual de dicho sector". 10. SOFRASA S.A. impugnó el fallo con base en los siguientes argumentos: (1) la acción de tutela no debió prosperar, toda vez que se dirigió contra una entidad inexistente (la Zona Franca Industrial y Comercial de Santa Marta fue liquidada en virtud de los decretos 2111 de 1992 y 1125 de 1993); (2) el Juzgado no puede obligar a SOFRASA S.A. a cerrar el lote, como quiera que ello implicaría "una inversión millonaria, además para proceder al cerramiento de cualquier inmueble, se necesita el permiso de la Secretaría de Planeación del Distrito de Santa Marta. (...). SOFRASA S.A., no puede obtener este permiso por no ser propietaria del lote a cercar"; (3) con el fallo de tutela se coloca al Gerente de SOFRASA S.A. en la disyuntiva de incumplir la orden de tutela o incumplir el código de urbanismo local, lo cual, en ambos casos, implica sanciones consistentes en arresto y multa. 11. Por providencia de julio 5 de 1995, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santa Marta revocó, en todas sus partes, el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Santa Marta. El ad-quem consideró que el amparo no era procedente, toda vez que el derecho a un medio ambiente sano no es fundamental y, por lo tanto, la vía procedente para su protección no es la acción de tutela sino las acciones populares consagradas en el artículo 88 de la Constitución. En este orden de ideas, el Tribunal argumentó que "para que fuera procedente la acción de la referencia, el peticionario, debió intentar una acción popular con fines concretos o ejercer la acción de tutela basando su petición en el amparo judicial específico de un derecho constitucional fundamental". El fallador de segunda instancia consideró que la acción de tutela no podía prosperar, como quiera que no se interpuso contra quien estaba obligado a responder por los actos contrarios a los derechos fundamentales. En efecto, la tutela se impetró contra la Zona Franca Industrial y Comercial de Santa Marta, entidad que fue eliminada dentro del proceso de privatización por el Decreto 2111 de 1992. La anterior decisión fue enviada a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, al ser seleccionada, correspondió a esta Sala su conocimiento. FUNDAMENTOS 1. La Corte reiterará su doctrina sobre la improcedencia de la acción de tutela para reclamar el cumplimiento de derechos colectivos, salvo que se compruebe una conexidad específica e individualizada con la vulneración de un derecho fundamental, lo que en modo alguno aparece acreditado en el expediente. Por consiguiente, se confirmará la sentencia objeto de revisión y se expondrán brevemente las razones en las que se apoya la presente decisión. 2. La acción de tutela se dirige contra la Zona Franca Industrial y Comercial de Santa Marta, propietaria de un lote de considerable extensión, en razón de la situación de abandono y descuido que se observa respecto del anotado terreno - que colinda con las viviendas del actor y de los demás moradores de los barrios Norte y San Martín -, que ha terminado por convertirlo en foco de infecciones y de inseguridad. Las pruebas practicadas, en efecto, traslucen la afectación de derechos e intereses colectivos, vinculados con la seguridad y la salubridad, bienes que, como es sabido, se protegen, principalmente, a través de las acciones populares. No se ha comprobado que la lesión a los derechos e intereses colectivos, repercuta en la violación individual y concreta de un derecho fundamental del actor y de los demás vecinos. Naturalmente, los efectos negativos de la omisión denunciada, por comprometer un bien colectivo, se reflejan de manera difusa sobre la población afectada. Sin embargo, las autoridades de policía tienen el deber de actuar y hacer cumplir las normas sanitarias existentes, lo mismo que extender su protección material a los miembros de la comunidad. En todo caso, en el curso de la acción popular, luego de establecer la vulneración a los intereses colectivos, se tendrán que adoptar las medidas más adecuadas para resolver la controversia planteada. Desde luego, si los hechos se proyectan en una amenaza o lesión individualizadas de los derechos fundamentales de las personas, siempre que ello se demuestre de manera concreta, la acción de tutela podría servir de medio judicial de protección. 3. La consideración anterior es suficiente para confirmar la sentencia materia de revisión. Empero, la Corte no comparte la tesis del tribunal, según la cual se habría violado, por parte del juez de instancia, el derecho al debido proceso de la Sociedad Operadora de la Zona Franca de Santa Marta S.A., “Sofrasa S.A.”, que resultó condenada, pese a que la entidad demandada no era ésta sino la “Zona Franca Industrial y Comercial de Santa Marta”. Si bien la regla general, en materia de tutela, no puede ser otra que la de contraer los efectos de la sentencia a las partes identificadas en la demanda, excepcionalmente puede presentarse una situación distinta si se determina claramente el sujeto causante de la lesión y a éste se le brinda el derecho al debido proceso, que además ejerce a plenitud. En el presente caso, se observa que la entidad demandada fue suprimida en virtud del Decreto 2111 de 1992; sin embargo, el lote cuyo aparente abandono es causa del problema referido en los antecedentes sigue figurando a su nombre en los certificados de la oficina de instrumentos públicos y, en general, los bienes e inmuebles que la integraban, son objeto de administración y manejo por parte de “Sofrasa”, que justamente opera sobre la zona franca contra la cual se enderezó la acción de tutela. De hecho, esta última entidad en su intervención dentro del proceso de primera instancia, señaló: “No obstante lo antes planteado, SOFRASA, ha venido limpiando el lote del Ministerio frecuentemente”. Suprimida la entidad originalmente demandada, la cual no obstante continua conservando la titularidad del derecho de dominio sobre el terreno, para los efectos de la controversia suscitada, lo decisivo - incluso desde el punto de vista de los demandantes - era incorporar al proceso a la persona que jurídicamente estaba obligada a cuidar y conservar los activos de la zona franca, y cabalmente esta función fue asumida por “Sofrasa”, hasta el punto de que ella manifiesta haber “limpiado” el mencionado lote. Si la materia de fondo versaba sobre el cumplimiento de obligaciones y cargas de mera conservación, la vinculación procesal de “Sofrasa” - presuntamente encargada de este menester -, a la cual se le notificó la demanda - lo que le permitió intervenir en el proceso desde su iniciación y hasta su culminación -, no puede considerarse un desacierto del juez de instancia, independientemente de que a la postre la demanda no estaba llamada a prosperar por la razón expuesta en el punto anterior. D E C I S I O N En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión, R E S U E L V E: PRIMERO.- CONFIRMAR, por las razones expuestas en la presente providencia, la sentencia del 5 de julio de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala de Decisión Penal. SEGUNDO.- LIBRESE comunicación al Juzgado Noveno Penal del Circuito de Santa Marta, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General (Sentencia aprobada por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días del mes noviembre de  mil novecientos noventa y cinco (1995) ).

T-548-95 Sentencia No Sentencia No. T-548/95 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Alcance del fallo La procedencia, excepcional, de la acción de tutela contra providencias judiciales, por ningún motivo puede convertirse en una justificación para que el juez encargado de ordenar la protección de los derechos fundamentales entre a resolver la cuestión litigiosa debatida dentro del proceso. Es decir, su labor se limita exclusivamente a estudiar la conducta desplegada por el funcionario demandado, la cual se refleja a través de la providencia atacada, y solamente si esa conducta reviste el carácter de abusiva, caprichosa o arbitraria, de forma tal que amenace o que vulnere algún derecho constitucional fundamental. VIA DE HECHO La posibilidad de instaurar una acción de tutela dentro de los términos descritos, incluye igualmente el cuestionamiento respecto de las decisiones que hubiesen adoptado, en ejercicio de su competencia, los jueces de tutela, pues ellos también pueden ser responsables de incurrir en una “vía de hecho” y, por lo mismo, también con sus actuaciones pueden vulnerar los derechos fundamentales de las partes en conflicto. Es, dentro de los parámetros descritos que se analizará las decisiones adoptadas y sólo en caso de advertirse la presencia de una “vía de hecho”, será posible tutelar los derechos invocados, sin que ello signifique resolver su pretensión o la cuestión litigiosa que se encuentra en debate. NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS EN TUTELA-Deberes del juez y las partes El deber del juez de adelantar una debida y precisa notificación que realmente vincule a la persona, se da a lo largo del proceso, quedando el demandado con la carga pública de estar pendiente de la marcha del mismo para conocer la suerte de la acción que contra él se dirige, siempre y cuando el interesado  cuente con los medios procesales necesarios que le permitan conocer el desarrollo de ese trámite judicial. La expresión “por el medio que el juez considere más expedito y eficaz”, no puede en ningún momento considerarse que deja al libre arbitrio del juez determinar la forma en que se debe llevar a cabo la notificación, pues ello equivaldría a permitir la violación constante del derecho fundamental al debido proceso. Entonces, dentro del deber del juez de garantizar a las partes el conocimiento y la debida oportunidad para impugnar las decisiones que se adopten dentro del proceso, deberá realizarse la notificación de conformdiad con la ley y asegurando siempre que dentro del expediente obre la debida constancia de dicha actuación. Para realizar lo anterior, el juez, en caso de ser posible y eficaz, bien puede acudir en primer término a la notificación personal; si ello no se logra, se debe procurar la notificación mediante comunicación por correo certificado o por cualquier otro medio tecnológico a su disposición, y, en todo caso, siempre teniendo en consideración el término de la distancia para que pueda ejercer las rectas procesales correspondientes. IMPUGNACION FALLO DE TUTELA La impugnación de las providencias de tutela ha sido calificada por esta Corte como un derecho de rango constitucional, a través del cual se busca que el superior jerárquico de la autoridad judicial que hizo el pronunciamiento, evalúe nuevamente los argumentos debatidos y adopte una decisión definitiva, ya sea confirmando o revocando la sentencia de primera instancia. El ejercicio de ese derecho de impugnación debe realizarse “Dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo”. NOTIFICACION DE TUTELA-Telegrama Con el fin de garantizar el recto y oportuno ejercicio del derecho de defensa y de contradicción, sino que además obedecen al principio constitucional de presunción de la buena fe. Por ello, si un particular declara -y además demuestra- que recibió un telegrama de notificación en una determinada fecha, el juez deberá aceptar la veracidad de esas explicaciones y, por tanto, contar el término para impugnar la providencia de tutela a partir del día siguiente de recibo de la comunicación emanada de ese despacho judicial. Ref.: Expediente T-77410 Peticionario: Electrificadora del Chocó S.A. Procedencia: Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Temas: - La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. - La notificación de las providencias de tutela. Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Santafé de Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el proceso de tutela radicado bajo el número T-77410, adelantado por la Electrificadora del Chocó S.A. contra la providencia de fecha cinco (5) de mayo de 1995, proferida por el Juzgado Unico Civil del Circuito de Itsmina (Chocó). I. ANTECEDENTES De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente. 1. Solicitud La Electrificadora del Chocó S.A., mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela en contra de la providencia de fecha cinco (5) de mayo de 1995, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Itsmina (Chocó), con el fin de que se le ampare el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. 2. Hechos Afirma el apoderado de la peticionaria que el señor José Angel Mena y otros habitantes del barrio "El Silencio" de Condoto, interpusieron ante el Juzgado Civil del Circuito de Itsmina (Chocó), acción de tutela en contra de su representada, con el fin de que se amparara el derecho a la igualdad de los habitantes del mencionado barrio. Dice que el Juzgado Unico Civil del Circuito de Itsmina, mediante providencia de fecha veintidós (22) de febrero de 1995, resolvió tutelar los derechos de los actores, y condenó a la Electrificadora del Chocó a realizar, dentro del término de cuatro meses, los trabajos necesarios para mejorar el servicio de energía en la localidad, en especial, mediante la instalación de transformadores. Sostiene que el fallo anterior fue notificado a la Electrificadora del Chocó el día primero (1o.) de marzo de 1995, y fue impugnado dentro del término legal por su representante legal, doctor Rubén Armando Torres Murillo. El juzgado demandado, a través de providencia de fecha diez (10) de marzo de 1995, resolvió rechazar por extemporánea la impugnación presentada, ante lo cual se presentó un memorial en el cual se solicitó al juzgado que admitiera la impugnación; dicha solicitud fue igualmente rechazada, mediante providencia de fecha cinco (5) de mayo de 1995. A juicio del apoderado de la actora se ha violado el derecho al debido proceso de su representada, toda vez que el Juzgado Civil del Circuito de Itsmina consideró que el fallo de primera instancia se había notificado el día veintitrés (23) de febrero, cuando en realidad el telegrama de notificación fue recibido por la Electrificadora del Chocó el día primero (1o.) de marzo de 1995. Por ello, alega que con fundamento en esta apreciación errónea se procedió a rechazar por extemporánea la impugnación presentada el día seis (6) de marzo. 3. Pruebas acompañadas con la demanda. Al escrito de tutela se acompañaron los siguientes documentos: - Memorial de fecha seis (6) de marzo de 1995, mediante el cual el apoderado de la Electrificadora del Chocó impugnó el fallo de fecha veintidós (22) de febrero que tuteló los derechos de los habitantes del barrio “El Silencio” de Condoto. - Auto No. 028 de fecha diez (10) de marzo de 1995, mediante el cual el Juzgado Civil del Circuito de Itsmina (Chocó) rechazó por extemporánea la impugnación presentada por el apoderado de la Electrificadora del Chocó, contenida en el memorial de fecha seis (6) de marzo de 1995. - Telegrama No. 012 de fecha veintitrés (23) de febrero de 1995, mediante el cual se informó a la Electrificadora del Chocó que el Juzgado Civil del Circuito de Itsmina, en providencia de fecha veintidós (22) de febrero, tuteló el derecho a la igualdad de los habitantes del barrio "El Silencio", y le ordenó realizar los trabajos necesarios para el mejoramiento del servicio de energía en dicho barrio. - Oficio 000575 de fecha veintiséis (26) de abril de 1995, mediante el cual el Gerente Regional de Telecom certifica que el telegrama No. 012 de fecha veintitrés (23) de febrero de 1995, fue entregado a la Electrificadora el día primero (1o.) de marzo de 1995. - Fotocopia del memorial presentado por el apoderado de la Electrificadora del Chocó, en el que solicita al Juzgado Civil del Circuito de Itsmina que se sirva admitir la impugnación presentada contra el fallo de fecha veintidós (22) de febrero de 1995. - Fotocopia del auto No 046 de fecha cinco (5) de mayo de 1995, a través del cual el Juzgado Civil del Circuito de Itsmina resolvió “ABSTENERSE de hacer pronunciamiento alguno” frente al memorial atrás reseñado, toda vez que el expediente correspondiente a la acción de tutela interpuesta por los habitantes del barrio “El Silencio”, ya había sido remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Pretensiones. Solicita el apoderado de la Electrificadora del Chocó S.A. que “se revoque y se deje sin efectos las providencias 028 de marzo 10 de 1995, 046 de mayo 5 de 1995, dictadas por el Juzgado Unico Civil del Circuito de Itsmina”, y se surta la impugnación presentada dentro de la tutela instaurada por los ciudadanos José Angel Mena y otros en contra de la referida entidad pública. III. DECISIONES JUDICIALES 1. Fallo de primera instancia Mediante providencia de fecha veintisiete (27) de junio de 1995, la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó (Chocó), resolvió negar la acción de tutela interpuesta por el apoderado de la Electrificadora del Chocó en contra del Juzgado Civil del Circuito de Itsmina (Chocó). Pese a que el Tribunal encontró que la impugnación que ha dado lugar a la presente acción de tutela fue presentada oportunamente por el apoderado de la Electrificadora del Chocó, afirmó lo siguiente: “Para la Sala resulta totalmente improcedente la acción de tutela reportada, toda vez que carece de competencia para pronunciarse a estas alturas, sobre un procedimiento de tutela cuya primera instancia ya terminó y que actualmente cursa en proceso de revisión, por cuenta y competencia de la Sala respectiva en la Honorable Corte Constitucional. No tiene ninguna competencia esta Sala para suspender tal procedimiento so pretexto de supuesta violación al debido proceso, cuando corresponde a esta Corporación al revisar los fallos remitidos por los juzgadores de instancia aun cuando no fueren seleccionados para revisión de fondo, si en la inspección preliminar con tal finalidad, se está en capacidad de detectar cualquier irregularidad o violación de los derechos fundamentales a través del mismo trámite de la tutela, para así ordenar su revisión.” El fallo de primera instancia fue impugnado por el apoderado de la Electrificadora del Chocó, en memorial de fecha treinta (30) de junio de 1995. 3.2. Fallo de segunda instancia La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de fecha veintisiete (27) de julio de 1995, resolvió confirmar el fallo proferido por la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó. Al respecto, argumentó lo siguiente: “El remedio para las eventuales irregularidades y nulidades que llegaren a presentarse dentro del trámite de una acción de tutela debe buscarse dentro de la actuación correspondiente ante los jueces de primera y segunda instancia, según el caso, o ante la Corte Constitucional encargada de llevar a cabo la revisión que dispone la Carta Política, haciendo uso de los medios legalmente establecidos y no acudiendo a otra acción de tutela que en circunstancias tales resulta por completo improcedente”. Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la sociedad demandante contó con la oportunidad de impugnar la providencia mediante la cual el Juzgado Civil del Circuito de Itsmina rechazó la impugnación del fallo de tutela proferido dentro de la acción de tutela interpuesta por el señor José Angel Mena y otros. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución Política y 31 a 36 del decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia. 2. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y las denominadas “vías de hecho”. Como el presente asunto trata de una supuesta irregularidad cometida por el Juzgado Unico Civil de Istmina (Chocó), en las providencias del diez (10) de marzo de 1995 y del cinco (5) de mayo de ese mismo año, a través de las cuales se resolvió rechazar por extemporánea la impugnación presentada por el actor, debe señalarse que en reiteradas ocasiones esta Corporación ha determinado que la acción de tutela resulta procedente en aquellos eventos en que la decisión judicial se hubiese proferido mediante una “vía de hecho” que atente contra los derechos constitucionales fundamentales de una de las partes dentro del proceso. Se trata, pues, de decisiones que contengan un fundamento arbitrario, caprichoso o abusivo; es decir, que se desconozca el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas, todo ello según los criterios que establezca la ley, y no de conformidad con su propio arbitrio. Sobre la procedencia de la acción de tutela en los casos de la denominada “vía de hecho”, ha manifestado la Corte: “Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona. “Carece de fundamento objetivo la actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la Ley. La legitimidad de las decisiones estatales depende de su fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el ejercicio de las funciones públicas (CP art. 121), es condición de existencia de los empleos públicos (CP art. 122) y su desconocimiento genera la responsabilidad de los servidores públicos (CP arts. 6, 90). Una decisión de la autoridad no es constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley (CP art. 13), principio que le imprime a la actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de Derecho que les da su legitimidad. “La decisión revestida de las formalidades de un acto jurídico encubre una actuación de hecho cuando ésta obedece más a la voluntad o al capricho del agente estatal que a las competencias atribuidas por ley para proferirla. El criterio para evaluar qué conductas tienen fundamento en el ordenamiento jurídico y cuáles no es finalista y deontológico. Las autoridades públicas están al servicio de la comunidad (CP art. 123) y en el cumplimiento de sus funciones deben ser conscientes de que los fines esenciales del Estado son, entre otros, servir a dicha comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (CP art. 2). Las autoridades públicas deben ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe (CP art. 83). La conducta dolosa o gravemente culposa de los servidores públicos debe ser excluida del ordenamiento jurídico y su demostración genera la responsabilidad patrimonial del Estado, así como el deber de repetir contra el agente responsable del daño (CP art. 90). “La vulneración de los derechos fundamentales por parte de servidores públicos que actúan sin fundamento objetivo y razonable, y obedecen a motivaciones internas, desconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona (CP art. 5), la protección constitucional de los derechos fundamentales (CP art. 86) y la prevalencia del derecho sustancial (CP art. 228). En caso de demostrarse  su ocurrencia, el juez de tutela deberá examinar la pertenencia del acto al mundo jurídico y proceder a la defensa de los derechos fundamentales vulnerados en el curso de una vía de hecho por parte de la autoridad pública”.[1] Lo anterior lleva a señalar que la procedencia, excepcional, de la acción de tutela contra providencias judiciales, por ningún motivo puede convertirse en una justificación para que el juez encargado de ordenar la protección de los derechos fundamentales entre a resolver la cuestión litigiosa debatida dentro del proceso. Es decir, su labor se limita exclusivamente a estudiar la conducta desplegada por el funcionario demandado, la cual se refleja a través de la providencia atacada, y solamente si esa conducta reviste el carácter de abusiva, caprichosa o arbitraria, de forma tal que amenace o que vulnere algún derecho constitucional fundamental, en particular, en este caso, el derecho al debido proceso (Art. 29 C.P.). Adicionalmente, conviene establecer que la acción de tutela contra providencias judiciales resulta procedente siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable. Con esto se busca, como ya lo ha establecido esta Corporación, garantizar la prevalencia del principio de la independencia de los jueces, del acceso a la administración de justicia y de la seguridad jurídica. En efecto, se ha señalado: “El principio de independencia judicial (CP arts. 228 y 230), no autoriza a que un juez ajeno al proceso, cuya intervención no se contempla en la norma que establece el procedimiento y los recursos, pueda revisar los autos y providencias que profiera el juez del conocimiento. La valoración de las pruebas y la aplicación del derecho, son extremos que se libran al Juez competente y a las instancias judiciales superiores llamadas a decidir los recursos que, de conformidad con la ley, puedan interponerse contra sus autos y demás providencias. Tanto el juez de instancia como sus superiores, cada uno dentro de la órbita de sus competencias, son autónomos e independientes, y adoptan sus decisiones sometidos únicamente ‘al imperio de la ley’ (CP art. 230). Las injerencias contra las cuales reacciona el principio de independencia judicial, no se reducen a las que pueden provenir de otras ramas del poder público o que emanen de sujetos particulares; también pertenecen a ellas las surgidas dentro de la misma jurisdicción o de otras, y que no respeten la autonomía que ha de predicarse de todo juez de la República, pues en su adhesión directa y no mediatizada al derecho se cifra la imparcial y correcta administración de justicia (...). “4.4  La acción de tutela contra las vías de hecho judiciales - cuando ella sea procedente ante la ausencia de otro medio de defensa judicial o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable -, en primer término, se endereza a garantizar el respeto al debido proceso (CP art. 29) y el derecho de acceso a la justicia (CP art. 229). Gracias a estos  dos derechos medulares toda persona puede acudir ante un juez con miras a obtener una resolución motivada ajustada a derecho y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales previstos en la Constitución y en la ley. Se articula a través de las normas citadas un derecho público subjetivo a la jurisdicción o tutela judicial, que no consiste propiamente en satisfacer la pretensión que se contiene en la demanda o en su contestación sino a que se abra un proceso y a que la sentencia se dicte con estricta sujeción a la ley y a las garantías procedimentales. En este orden de ideas, la vía de hecho judicial, en la forma y en el fondo, equivale a la más patente violación del derecho a la jurisdicción. Por ello la hipótesis más normal es la de que través de los diferentes recursos que contemplan las leyes procedimentales, se pueda impugnar cualquier acción u omisión judicial que configure una vía de hecho, en cuyo caso, aunque no se descarte siempre la procedibilidad de la tutela, su campo de acción - dada su naturaleza subsidiaria - será muy restringido (...). “(...) Obsérvese que los defectos calificados como vía de hecho  son aquellos que tienen una dimensión superlativa y que, en esa misma medida, agravian el ordenamiento jurídico. Los errores ordinarios, aún graves, de los jueces in iudicando o in procedendo, no franquean las puertas de este tipo de control que, por lo visto, se reserva para los que en grado absoluto y protuberante se apartan de los dictados del derecho y de sus principios y que, por lo tanto, en la forma o en su contenido traslucen un comportamiento arbitrario y puramente voluntarista por parte del juez que los profiere”.[2] (Negrillas fuera de texto original). Las precedentes consideraciones llevan a esta Sala a aclarar que la posibilidad de instaurar una acción de tutela dentro de los términos descritos, incluye igualmente el cuestionamiento respecto de las decisiones que hubiesen adoptado, en ejercicio de su competencia, los jueces de tutela, pues ellos también pueden ser responsables de incurrir en una “vía de hecho” y, por lo mismo, también con sus actuaciones pueden vulnerar los derechos fundamentales de las partes en conflicto. Es, pues, dentro de los parámetros descritos que esta Sala de Revisión analizará las decisiones adoptadas por el Juzgado Unico Civil del Circuito de Itsmina y sólo en caso de advertirse la presencia de una “vía de hecho”, será posible tutelar los derechos invocados por el actor, sin que ello signifique, se repite, resolver su pretensión o la cuestión litigiosa que se encuentra en debate. 3. La notificación de las providencias judiciales en materia de tutela y el término para impugnarlas. La notificación, como insistentemente lo ha señalado esta Corte, tiene como propósito fundamental el que las decisiones que adopte el funcionario judicial -o cualquier otro servidor público- puedan ser comunicadas oportunamente a las partes, con el fin de que éstas las conozcan y las puedan atacar o controvertir en defensa de sus derechos. Se trata, pues, de la concreción de los derechos fundamentales de defensa y contradicción, todos ellos integrantes del derecho al debido proceso de que trata el artículo 29 superior. Ahora bien, en materia de acción de tutela, son varias las disposiciones contenidas en los decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, en relación con la notificación de los fallos que resuelven las acciones instauradas con base en el artículo 86 de la Carta Política. Al respecto dispone el artículo 16 del decreto 2591 de 1991: “Notificaciones. Las providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito y eficaz”. Corolario de lo anterior, es el artículo 5o. del decreto 306 de 1992 que prevé: “De la notificación de las providencias a las partes. De conformidad con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, todas las providencias que se dicten en el trámite de una acción de tutela se deberán notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acción de tutela y el particular, la entidad o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela de conformidad con el artículo 13 del decreto 2591 de 1991. “El juez velará porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificación aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa”. Finalmente, el artículo 30 del decreto 2591, señala: “Notificación del fallo. El fallo se notificará por telegrama, o por otro medio expedito que se asegure su cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haber sido proferido”. Las normas citadas parten del supuesto jurídico de que, una vez surtida la notificación al inicio del proceso, es deber del juez y de las partes, procurar -por parte del primero- todas las garantías necesarias para que el demandante y el demandado estén al tanto del desarrollo del trámite judicial, y por parte de los segundos, guardar una atención mínima sobre el proceso y estar pendientes de las resoluciones que emita el juzgado, bien sean providencias de carácter interlocutorio o de sustanciación. Lo anterior significa que el deber del juez de adelantar una debida y precisa notificación que realmente vincule a la persona, se da a lo largo del proceso, quedando el demandado con la carga pública de estar pendiente de la marcha del mismo para conocer la suerte de la acción que contra él se dirige, siempre y cuando el interesado  cuente con los medios procesales necesarios que le permitan conocer el desarrollo de ese trámite judicial. En virtud de lo anterior, y para una mejor resolución del asunto que en esta oportunidad le corresponde revisar a esta Sala, conviene precisar el alcance del artículo 16 del decreto 2591 de 1991 y, en particular, de la expresión “por el medio que el juez considere más expedito y eficaz”. Esta disposición no puede en ningún momento considerarse que deja al libre arbitrio del juez determinar la forma en que se debe llevar a cabo la notificación, pues ello equivaldría a permitir la violación constante del derecho fundamental al debido proceso. La norma en mención debe interpretarse y aplicarse en concordancia con el inciso segundo del artículo 5o. del decreto 306 de 1992 que señala: “El juez velará porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificación aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa”. Así, entonces, dentro del deber del juez de garantizar a las partes el conocimiento y la debida oportunidad para impugnar las decisiones que se adopten dentro del proceso, deberá realizarse la notificación de conformdiad con la ley y asegurando siempre que dentro del expediente obre la debida constancia de dicha actuación. Para realizar lo anterior, el juez, en caso de ser posible y eficaz, bien puede acudir en primer término a la notificación personal; si ello no se logra, se debe procurar la notificación mediante comunicación por correo certificado o por cualquier otro medio tecnológico a su disposición, y, en todo caso, siempre teniendo en consideración el término de la distancia para que pueda ejercer las rectas procesales correspondientes. Por otra parte, debe señalarse que la impugnación de las providencias de tutela ha sido calificada por esta Corte como un derecho de rango constitucional[3], a través del cual se busca que el superior jerárquico de la autoridad judicial que hizo el pronunciamiento, evalúe nuevamente los argumentos debatidos y adopte una decisión definitiva, ya sea confirmando o revocando la sentencia de primera instancia. Con todo, el ejercicio de ese derecho de impugnación debe realizarse dentro del término perentorio que establece el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991: “Dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo (...)”. Esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto del momento en que debe empezarse a contar dicho término. Así, ha señalado: “Por último, cabe advertir que la notificación por telegrama a que hacen referencia las normas citadas, debe realizarse teniendo en cuenta que por este medio el peticionario pueda enterarse pronta y eficazmente de la sentencia de tutela. Respecto del término para impugnar el fallo, conviene remitirse a lo dispuesto en el artículo 4o. del decreto 306 de 1992 donde se señala que para ‘la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto’. Con base en lo anterior, es necesario remitirse al artículo 120 C.P.C. que prevé: ‘Todo término comenzará a correr desde el día siguiente al de la notificación de la providencia que la conceda (...)’. De acuerdo con lo anotado, se puede afirmar que el deber del juez se limita a enviar el telegrama a la dirección que el interesado ha señalado en su petición, contándose el término de impugnación a partir del día siguiente en que se haya efectivamente recibido, siempre y cuando esto sea plenamente demostrable, o, en su defecto, a partir del día siguiente de su envío, según la constancia que se encuentre en el expediente”[4].(Negrillas fuera de texto original). En otra oportunidad, esta Corporación sostuvo: “No basta para entenderse surtida la notificación en los términos del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, con la introducción al correo del telegrama- que contiene el oficio emanado del despacho judicial por medio del cual se comunica a los interesados, accionante y accionado, la decisión adoptada por el juez de tutela- para los efectos de surtirse la notificación; debe insistir la Sala en que ésta sólo se entiende surtida en debida forma una vez que proferida la providencia judicial, el interesado la conoce mediante la recepción del telegrama que le remite el respectivo despacho judicial, pues sólo con este fin se envía el aviso. “En otros términos, sólo cuando la persona efectivamente recibe el telegrama por medio del cual conoce de la existencia del fallo, surte los efectos la notificación, por lo que los tres días de que trata la norma ibídem deberán empezar a contarse a partir del día siguiente a aquel en que la persona efectivamente conoció o recibió el telegrama”.[5] (Negrillas fuera de texto original). Resta agregar que los argumentos precedentes parten no sólo del supuesto de garantizar el recto y oportuno ejercicio del derecho de defensa y de contradicción, sino que además obedecen al principio constitucional de presunción de la buena fe (Art. 83 C.P.). Por ello, si un particular declara -y además demuestra- que recibió un telegrama de notificación en una determinada fecha, el juez deberá aceptar la veracidad de esas explicaciones y, por tanto, contar el término para impugnar la providencia de tutela a partir del día siguiente de recibo de la comunicación emanada de ese despacho judicial. 4. El caso en concreto. El presente asunto trata de una supuesta actuación extemporánea por parte del señor gerente de la Electrificadora del Chocó S.A., toda vez que tan sólo el día seis (6) de marzo del año en curso, impugnó la providencia de tutela del veintidós (22) de febrero, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Istmina. Ante la negativa del juzgado de conceder el recurso en mención, el demandado interpuso la acción de tutela que se revisa, la cual fue negada tanto en primera como en segunda instancia. De conformidad con los argumentos expuestos en el acápite anterior, conviene reiterar que el término para impugnar una sentencia de tutela se debe contar a partir del día siguiente en que el interesado ha recibido el telegrama de notificación. Pues bien, lo anterior es justamente lo ocurrido en el presente caso. En efecto, el señor gerente de la Electrificadora fue notificado mediante telegrama que, tal como lo hace constar el gerente regional de Telecom (folio 14 del expediente) fue entregado el día primero (1o) de marzo del año en curso; por ello presentó la impugnación el día seis (6) de marzo, es decir, dentro de los tres días hábiles de que trata el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Así, pues, para esta Sala la actuación del servidor público citado se ajustó a las normas legales y a la interpretación que de las mismas ha hecho esta Corporación. En ese mismo orden de ideas, la decisión del Juzgado Civil del Circuito de Istmina y la de los falladores de primera y segunda instancia dentro de la presente tutela, constituye un desconocimiento de la primacía del derecho sustancial y del principio de la buena fe, y se constituye, a su vez, en un impedimento para el debido ejercicio del derecho de defensa y de contradicción. En otras palabras, esta Sala no observa que esas decisiones se hubiesen tomado con sólido respaldo constitucional y legal, sino que, por el contrario -se insiste- desconocieron la plena facultad del demandante para actuar, sobretodo si se tiene en consideración que éste fue diligente y responsable frente a la defensa de los derechos de la empresa dentro del asunto de tutela que en ese entonces se debatía. Por lo anterior, habrán de revocarse las decisiones adoptadas por  la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia -providencia del veintisiete (27) de julio de 1995- y por la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó -sentencia del veintisiete (27) de junio de 1995-. En consecuencia, al concederse la presente acción de tutela, se revocarán igualmente las providencias del diez (10) de marzo y del cinco (5) de mayo de 1995, proferidas por el Juzgado Civil del Circuito de Itsmina (Chocó), y se ordenará a ese despacho judicial tramitar la impugnación que oportunamente presentó el señor gerente de la Electrificadora del Chocó. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión  de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero: REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, las sentencias proferidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del veintisiete (27) de julio de 1995 y por la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó el veintisiete (27) de junio de 1995, a través de las cuales se denegó la acción de tutela interpuesta por el gerente general de la Electrificadora del Chocó contra las providencias del diez (10) de marzo y del cinco (5) de mayo de 1995, dictadas por el Juzgado Unico Civil del Circuito de Istmina. Segundo: CONCEDER la acción de tutela interpuesta por el gerente general de la Electrificadora del Chocó contra las providencias del diez (10) de marzo y del cinco (5) de mayo de 1995, proferidas por el Juzgado Unico Civil del Circuito de Istmina. En consecuencia, REVOCAR las referidas providencias y ORDENAR al Juzgado Unico Civil del Circuito de Istmina que se sirva tramitar en forma inmediata la impugnación presentada por el actor dentro de la acción de tutela instaurada por José Angel Mena y otros contra la Electrificadora del Chocó. Tercero: ORDENAR que por la Secretaría General de esta Corporación, se comunique esta providencia a la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado Ponente JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1]Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 2. Sentencia No. T-079/93. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. [2]Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 3. Sentencia No. T-231/94 del 13 de mayo de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. [3] Cfr. Corte constitucional. Sentencia No. T-191 del 12 de agosto de 1994. [4]Corte Constitucional. Sala Novena de Revisión. Sentencia No. T-225 del 15 de junio de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. [5]Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Auto No. 13 del 12 de agosto de 1994. Magistrado Sustanciador: Hernando Herrera Vergara.

T-549-95 Sentencia No Sentencia No. T-549/95 CONFLICTO LABORAL-Improcedencia de tutela La petición de los demandantes está destinada al fracaso por las siguientes razones: No figura en el expediente ninguna prueba que indique que la discriminación alegada efectivamente se dio; como la renuncia a los beneficios del pacto colectivo fue libre y voluntaria, sus consecuencias, si es del caso, deben ventilarse ante la justicia ordinaria laboral; no puede decirse que en el presente caso existe un sindicato perseguido. Ref.: Expediente T-67131. Actores: Nicolás Ahumada Niebles y otros. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Decisión Laboral. Magistrado Ponente: Dr. JORGE ARANGO MEJIA. Sentencia aprobada el veinticuatro (24) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Primera (1a.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Decisión Laboral, de fecha quince (15) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), (folios 175 a 181), que confirmó en todas sus partes el fallo proferido por el Juzgado Segundo (2o.) Laboral del Circuito de esa ciudad, el veintisiete (27) de febrero del mismo año (folios 147 a 157). I. Antecedentes. A. Hechos. Por intermedio de un mismo abogado, con arreglo a veintidós (22) poderes otorgados por los señores Nicolás Ahumada Niebles; Heriberto Marriaga; Jorge Luis Pérez Osorio; Edwin Jiménez Ramos; Nelson Antonio Brooks Coronado; Ismael Solano Ardila; Víctor de las Salas; Julio César Díaz Núñez; Erlay David Vargas Castro; Ángel María Bermejo San Juan; Ricardo Cervantes Luna; Guido Antonio Martínez Hoyos;  Gastón Gómez Miranda; William Martínez Rosales; Bernardo Blanco Rúa; Iván José Silva Picalúa; Hernando David Villarreal Maestre; Edgardo César Fruto García; Francisco Guerra Lucero; Jaime José Cepeda Rúa; César Augusto Badillo Muriel y Robinson Pérez Cárdenas, (folios 70 a 91); el día catorce (14) de febrero del presente año, (folios 1 a 4), se presentó una demanda conjunta de tutela, dirigida al Juez Laboral del Circuito de Barranquilla, la cual, en la misma fecha, se repartió al Juzgado Segundo (2o.) Laboral de la mencionada ciudad. La acción, formulada en defensa del derecho fundamental al trabajo -consagrado en el artículo 25 de la Constitución-, se enderezó contra la empresa Páramo Industrias de Refrigeración Limitada, representada por Hugo Manuel Armella Arrázola. Como peticiones, se consignaron las siguientes: “1o. Que se condene a la empresa Páramo Industrias de Refrigeración Limitada, a reconocerles a los accionantes todas las prestaciones legales y extralegales que la empresa tiene establecido para todos sus demás trabajadores. “2o. Que se condene a la empresa Páramo Industrias de Refrigeración Limitada, a efectuarle a los accionantes el aumento de salario correspondiente para el año de 1995 de una manera proporcional o acorde al porcentaje como se le reajustó el salario a todos los demás trabajadores de la empresa. “3o. Que se condene a la empresa Páramo Industrias de Refrigeración Limitada, a pagar los costos y costas del presente procedimiento.” En apoyo de sus pretensiones, el libelo indicó que los actores son empleados de la demandada, enrolados bajo contrato a término indefinido, y que todos se asociaron a un sindicato a partir del doce (12) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), denunciando, además, que por esta causa la demandada la emprendió contra ellos, poniéndolos en circunstancias “indignas e injustas frente a los demás trabajadores”. A modo de ejemplo de las medidas retaliatorias de la empresa, se dijo que ésta dio en asignar mejores salarios a los auxiliares o ayudantes. De esta suerte, verbi gratia, “el señor Raúl Quintana, ayudante de ensamble, gana $135.000.oo pesos y el accionante Hernando Villarreal, ensamblador de primera en equipos standar, gana $118.000.oo pesos. El señor Giovanni Pacheco, ayudante de troquelerías, gana $132.120.oo pesos y el oficial al cual está asignado y que es accionante en el presente asunto, César Augusto Badillo, que desempeña el cargo de troquelero, devenga un sueldo de $118.933.oo. El señor César Guerra, que desempeña el cargo de ayudante de armador, devenga un sueldo de $152.000.oo pesos mensuales y el accionante Víctor de las Salas, que desempeña el cargo de armador, devenga un sueldo de $145.000.oo pesos”. Así mismo, la demandada habría transgredido el principio que enseña que a trabajo igual debe corresponder salario igual. Sobre este particular, los actores citaron dos casos: “El señor Reynaldo Barrios, oficial armador, devenga un sueldo de $179.000.oo pesos y el señor Víctor de las Salas, accionante en este asunto y quien desempeña el mismo cargo y funciones, devenga un salario de $145.000.oo pesos; el señor Víctor Villarreal, que ocupa el cargo de soldador armador, devenga un sueldo de $158.000.oo pesos; en cambio el accionante William Martínez, que desempeña el mismo cargo, devenga $145.000.oo pesos.”. Según las voces de la demanda, no es justo que la empresa haya exceptuado a los actores del reajuste general de salarios del veintidós (22%) por ciento, dejándolos con el mismo ingreso de 1994, y, además, no les reconozca la prima de aguinaldo navideño, pagada en diciembre a todos los demás empleados. De otro lado, para cimentar las ulteriores consideraciones de esta providencia, se mencionarán las pruebas que incidirán en la decisión del presente asunto. Así, en primer lugar (folios 5 y 6) -no obstante que la demanda pretende igualar salarial y prestacionalmente a los actores con los demás trabajadores de la demandada-, figura una petición de los reclamantes donde, con base en una supuesta convención colectiva entre Páramo Industrias de Refrigeración Limitada. y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Electrónica, Eléctrica, Electrometálica y Electromecánica “SINTRAINDELEC” en 1985, se exige el pago de un “aguinaldo navideño”. También (folios 8 a 69) obra en el expediente una serie de documentos aportados por los demandantes -emanados algunos de la demandada y otros de los mismos actores-, de los cuales se deduce que todos éstos, tanto en 1994 como en el inicio del presente año, devengaron por lo menos el salario mínimo legal. En este sentido, el juzgado, en inspección judicial llevada a cabo el veintiuno (21) de febrero del corriente año, manifestó: “Se observa al revisar lo devengado por cada uno de los accionantes que el salario devengado en el 1994 es igual al devengado en el presente año y a otros se les hicieron los ajustes necesarios en el presente año para llegar a devengar el mínimo vigente en el presente año, dejando constancia que a los otros trabajadores que no se le hicieron los aumentos venían ganando tanto en el año 94, como ahora en el presente, suma superior a los salarios mínimos establecidos para cada uno de esos años. Igualmente, se deja constancia de que ningún trabajador en el año 1994, devengó un salario inferior al mínimo legal establecido por el gobierno para ese año, y además a unos de los accionantes a quienes se les ha observado variación para el salario del presente año, esto obedece únicamente a la diferencia necesaria para llegar a devengar el mínimo establecido para este año (...)”. Incorporados a instancia de la sociedad demandada, como fieles copias de sus originales, son dignos de mención los siguientes documentos: a) fotocopia de un escrito de fecha octubre 11 de 1994, recibido por la parte demandada el 18 de octubre del mismo año (folios 108 y 109), que da cuenta de la renuncia de los actores a los beneficios del pacto colectivo; y b) fotocopia del pacto colectivo de trabajo suscrito entre “Páramo Industria de Refrigeración Limitada” y sus trabajadores no sindicalizados, con vigencia en los años de 1994 y 1995 (folios 110 a 123) De igual forma (folios 143 a 146), obran los testimonios de los señores Rudis Manuel Serrano Rodríguez y Jaime Enrique Cabarcas, respectivamente Jefe de Planta y Jefe de Estructuras e Intercambiadores de la empresa demandada. Según el primero, los trabajadores Raúl Quintana, Reinaldo Barrios y Víctor Villarreal, son más eficientes que los actores Hernando Villarreal, Víctor de las Salas y William Martínez. A juicio del segundo, Víctor Villarreal, Reinaldo Barrios y César Guerra se desempeñan con mayor eficiencia que los actores William Martínez y Víctor de las Salas. Como por iniciativa de esta Sala de Revisión, se ofició a la demandada a fin de que enviara la documentación y la información que a su juicio justificara el trato diferenciado del que se ha hablado, y, además, se comisionó al Juzgado Segundo (2o.) Laboral del Circuito de Barranquilla para efectuar una inspección en las instalaciones de la empresa con el objeto de determinar si hubo o no la discriminación alegada por los actores, fue posible corroborar que todos los demandantes, desde el once (11) de octubre en adelante, renunciaron expresa y voluntariamente a los beneficios del pacto colectivo. Además, se pudo establecer que algunos de ellos -específicamente los señores Heriberto Marriaga, Jorge Luis Pérez, Edwin Jiménez Ramos, Julio Díaz Núñez, Ricardo Cervantes Luna, William Martínez Rosales, Bernardo Blanco Rúa, Iván José Silva Picalúa, Edgardo Fruto García, Francisco Guerra Lucero, Jaime José Cepeda Rúa, César Badillo Muriel y Robinson Pérez Cárdenas-, cuando volvieron a adherir al pacto, reiniciaron el disfrute de sus prestaciones extralegales, sin ningún obstáculo por parte del empleador. Así mismo, quedó claro que todos los trabajadores de la empresa, sin excepción, “gozan de las mismas condiciones ambientales, físicas y de seguridad industrial, para realizar sus labores”. De otro lado, también a petición de la Sala, se comprobó, mediante respuesta de la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Atlántico, contenida en comunicación del quince (15) de noviembre del corriente año, que según la resolución número cuarenta y siete (0047) del veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), de la Inspectora Nacional del Trabajo adscrita a la División de Inspección y Vigilancia de la anotada Dirección Regional, ratificada por la resolución número catorce (14) del veinticuatro (24) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995), emanada de la Jefatura de la citada División, que la empresa “Páramo Industria de Refrigeración Limitada”, por adelantar procesos eminentemente metalmecánicos, ejecuta actividades distintas de las que caen en el campo propio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Eléctrica, Electrónica y Electrometálica “SINTRAINDELEC”, y, por lo tanto, no está obligada a discutir el pliego de peticiones presentado por el mismo y que las afiliaciones de sus empleados a tal sindicato “no se hicieron con sujeción a los estatutos”. B. Los fallos de tutela. 1) El pronunciamiento del Juzgado Segundo (2o.) Laboral del Circuito de Barranquilla. Este despacho, el veintisiete (27) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995), denegó la tutela impetrada (folios 147 y siguientes). Fundamentó su determinación en la consideración de que como los accionantes se sindicalizaron y renunciaron a los beneficios del pacto colectivo, la empresa, conforme a la ley y sin violación del derecho al trabajo, no podía aumentarles los salarios en la misma proporción que a los empleados beneficiarios del acuerdo. Además, el juzgado, con arreglo a inspección judicial, pudo constatar que ninguno de los reclamantes devengaba un salario inferior al mínino legal, ni laboraba en condiciones denigrantes. Igualmente, en cuanto a las diferencias salariales, el a quo encontró, por ejemplo, que los señores Raúl Quintana y Hernando Villarreal desempeñaban el mismo cargo, pero bajo diferentes condiciones de eficiencia, presentándose la misma situación entre los trabajadores Reynaldo Barrios y Víctor de las Salas, y los señores Víctor Villarreal y William Martínez. 2) El fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Su sentencia de quince (15) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), aunque por otros motivos, confirmó totalmente la providencia impugnada. Para el Tribunal, las pretensiones de los actores rebasan el ámbito de competencia del control de tutela, porque “no es de su resorte el conocimiento de los litigios originados en el contrato de trabajo y, sobre todo, tratándose de reclamos derivados de la ley, tal como es el caso de la nivelación salarial impetrada”. Así mismo, estimó que la tutela no se instituyó para declarar derechos litigiosos de carácter laboral, puesto que esa tarea corresponde a la justicia ordinaria del  trabajo. II. Consideraciones. A. Competencia. La Sala es competente para decidir, por lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991. B. Improcedencia de la acción. La petición de los demandantes está destinada al fracaso por las siguientes razones: 1a. No figura en el expediente ninguna prueba que indique que la discriminación alegada efectivamente se dio; 2a. Como la renuncia a los beneficios del pacto colectivo fue libre y voluntaria, sus consecuencias, si es del caso, deben ventilarse ante la justicia ordinaria laboral; 3a. Puesto que, legalmente, “Sintraindelec” no es el sindicato llamado a tener como miembros trabajadores de la rama metalmecánica, la actitud de la demandada no lo puede afectar, y, por tanto, no puede decirse que en el presente caso existe un sindicato perseguido; 4a. El caso aquí resuelto es fáctica y jurídicamente distinto del fallado en la sentencia SU-342 del dos (2) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995). 5a. Como esta providencia confirma la sentencia revisada, aunque por razones diferentes a aquéllas en que ella se basó, y como no modifica la jurisprudencia de esta Corte, es brevemente motivada, como lo autoriza el artículo 35 del decreto 2591 de 1991. E. Decisión. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. CONFIRMAR, por las razones aquí expuestas, la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Decisión Laboral, de fecha quince (15) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), que, a su vez, confirmó en todas sus partes el fallo proferido por el Juzgado Segundo (2o.) Laboral del Circuito de esa ciudad, el veintisiete (27) de febrero del mismo año. SEGUNDO. COMUNICAR este fallo al Juzgado Segundo (2o.) Laboral del Circuito de Barranquilla, para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte. JORGE ARANGO MEJÍA Magistrado Ponente ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-550-95 Sentencia No Sentencia No. T-550/95 DEMANDA DE TUTELA-Terminación por fallecimiento del demandante/INTERRUPCION DEL PROCESO-Improcedencia/SUCESION PROCESAL-Improcedencia en tutela Como el demandante falleció en el transcurso de la revisión constitucional de esta tutela, esta demanda pierde toda eficacia jurídica porque no existe derecho fundamental alguno que proteger. No puede, como solicita la cónyuge del causante, pretender la continuación de la demanda de tutela, por cuanto los derechos fundamentales que se adujeron por el actor como el de la vida, la salud, dignidad humana, igualdad y seguridad social; al fallecer, desaparecieron y, por ende, la tutela no puede continuar, terminando el presente asunto. En consecuencia, no puede predicarse en materia de tutela la interrupción y sucesión procesal del demandante. Ref.:   Expediente T-71.178. Demanda de tutela presentada por Justiniano Carmona Meza contra Manlio, Filiberto, Bruno, Manuel Julián Mancini Alzamora y Rita Alzamora Vda. de Mancini, propietarios de la empresa Grasas y Aceites Vegetales "Acegrave Ltda.". Procedencia:         Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Laboral. Magistrado ponente: Dr. JORGE ARANGO MEJIA. Santafé de Bogotá, D.C.,  veinticuatro (24) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Primera de Revisión de la  Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz,  decide sobre el fallo de fecha 5 de mayo del presente año, proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que denegó la demanda de tutela. I.       ANTECEDENTES. A.      Hechos y petición. El señor Justiniano Carmona Meza, instauró demanda de tutela contra los señores Manlio, Filiberto, Bruno, Manuel Julián Mancini Alzamora y la señora Rita Alzamora Vda. de Mancini, propietarios de la empresa Grasas y Aceites Vegetales "Acegrave Ltda.", con base en los siguientes hechos: El señor Carmona Meza trabajó para la parte demandada hasta octubre de 1965, fecha en que le fue reconocida la pensión vitalicia de jubilación. A partir del mes de octubre de 1990, la demandada se ha sustraido al pago de las mesadas pensionales, de las primas de junio y diciembre y no ha prestado los servicios médicos asistenciales. Agrega el demandante que la familia Mancini viene enajenando todos los activos de la empresa, mientras padece las consecuencias producto del incumplimiento de las obligaciones señaladas en su favor. A ello, se suma su delicado estado de salud y edad, de 80 años. En consecuencia, considera amenazado su derecho fundamental a la vida y vulnerados los derechos a la salud, igualdad, dignidad humana y seguridad social. Solicita que en el término de 48 horas le cancelen las mesadas pensionales insolutas, le paguen oportunamente las que se causaren y se le afilie al Instituto de Seguros Sociales. Acompañó con la demanda copias de la cédula de ciudadanía; examen médico que diagnostica colecistectomía más apendicectomía; y del proceso ejecutivo laboral adelantado contra la empresa demandada para la cancelación de mesadas pensionales insolutas del año 1987.  Este proceso término con el desistimiento de la demanda por pago de la obligación. Igualmente, reposa certificado de existencia y representación legal de la empresa demandada expedido en febrero de 1995, donde se observa la existencia de varios embargos sobre las cuotas de los socios, matrícula que se encuentra sin renovar. En escrito posterior, el actor hace un recuento sobre las enfermedades que padece desde 1991, las operaciones que se le han practicado y que, a apartir de 1992, soporta un aneurisma avanzado que no puede ser operado por su edad, requiriendo servicio médico permanente. Comenta que hizo algunos préstamos que no ha pagado, encontrándose sin recursos económicos para el tratamiento médico. Agrega que la empresa ha manifestado a los pensionados que están quebrados y que les darían algunos terrenos o que el seguro se haría cargo de las mesadas pensionales, lo cual no se ha cumplido. Adjuntó tarjeta de afiliación al I.C.S.S. del año de 1976 y algunos examenes del corazón realizados en 1992. B.      Juez de primera instancia. En sentencia de fecha 5 de mayo del año en curso, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, resolvió denegar la demanda de tutela por existir otros medios de defensa judiciales para el pago de las mesadas pensionales y la afiliación al Instituto de Seguros Sociales. Recibido el asunto en esta Corte, el actor solicitó la selección del caso y puso en conocimiento el mayor deterioro de su salud. La Sala de Selección de Tutela número seis, en providencia del 21 de junio del presente año, decidió escoger el presente asunto y repartirlo a este despacho. C.      Auto de la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional. Repartido el asunto, el despacho del Magistrado sustanciador de la Sala Primera de Revisión, profirió auto de 6 de septiembre de 1995, que ordenó a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, poner en conocimiento de la parte demandada, la nulidad presentada por falta de notificación del inicio de la demanda de tutela. Con la advertencia de que si, dentro de los tres días siguientes en que se hiciera la notificación, no alegan la nulidad, ésta quedará saneada y el proceso continuará el curso, y que en caso contrario, será declarada. El Tribunal de instancia dispuso la notificación personal de los demandados de la decisión señalada, diligencia que no se pudo surtir por cuanto no se encontraban, por lo cual, se les envió telegrama al lugar de residencia, transcribiendo el contenido de la decisión de esta Corte. Vencidos los tres días que tenían los demandados para pronunciarse sobre la nulidad, sin que se hiciera manifestación alguna, el juez de instancia remitió el expediente a esta Corte. Recibido, fue enviado nuevamente al despacho del Magistrado sustanciador el día 5 de octubre del año en curso. II.      CONSIDERACIONES. Procede la Corte Constitucional a dictar la decisión que corresponde a este asunto, previas las siguientes consideraciones. Primera.    Competencia. La Corte Constitucional es competente para conocer de este proceso, de conformidad con lo establecido por los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución. Segunda.   Saneamiento de la nulidad. Cumplida la providencia proferida por esta Sala de Revisión sobre la nulidad presentada por falta de notificación a la parte demandada del inicio de la demanda de tutela, y por cuanto dicha parte no la alegó, ésta quedó saneada, por lo cual, debe continuar el proceso, de conformidad a lo señalado por el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, entrará esta Sala a pronunciarse sobre el fondo del asunto. Tercera.     Pruebas. En providencia de octubre 24 del presente año, el despacho del Magistrado sustanciador dispuso solicitar a la parte demandada información sobre la fecha de reconocimiento de la pensión en favor del actor; entidad responsable de su pago; sí se cancelan oportunamente; sí dispone de servicio médico y cuál es la situación jurídica de la empresa. Asimismo, se solicitó al actor presentar, de ser posible, las pruebas que tuviera sobre el reconocimiento de su pensión y el estado actual de su salud.  Para lo anterior, se concedió el término de tres días. Recibidas las pruebas, la parte demandada informó que el actor es pensionado de la sociedad Acegrave Ltda. y se encuentra afiliado al servicio médico del Seguro Social, pero, esta entidad no atiende a los pensionados por falta de pago de los aportes que la empresa debe hacer. Agrega, que es una sociedad que se encuentra vigente y que en la fecha tiene sus activos embargados por varios procesos ejecutivos que se originaron en una cesación de pagos por la apertura económica. Señala que al actor se le adeudan mesadas desde septiembre de 1990. Además, que la sociedad tiene más de 30 pensionados y se está buscando la forma de realizar los pagos a través de sus activos, pero ha sido infructuoso ya que todo se encuentra embargado, pero se están buscando otras soluciones. Por su parte,  la señora Digna Barrios de Carmona, en su condición de esposa del actor, manifestó que su cónyuge falleció, según certificado notarial, el día 20 de octubre del presente año, debido a que su estado de salud se fue deteriorando cada día más. Solicita se continúe con el proceso. Anexó examen médico practicado al señor Carmona Meza en septiembre de 1995, donde se dictamina la presentación de gastritis aguda leve de cuerpo y antro, y angiodisplasia gástrica. Cuarta.      El caso concreto. El señor Justiniano Carmona Meza demandó, por vía de tutela, a la familia Mancini como propietarios de la empresa Acegrave Ltda, de la cual es pensionado. Pretendía obtener el pago de las mesadas insolutas, de otras prestaciones y la afiliación al servicio médico. Consideró amenazado su derecho fundamental a la vida y vulnerados los derechos a la salud, seguridad social, igualdad y dignidad humana. Del acervo probatorio se tiene que el demandante venía padeciendo de múltiples enfermedades desde el año de 1991, que condujeron a su fallecimiento en el mes de octubre del año en curso. Igualmente, aparece escrito de la cónyuge del actor, solicitando la continuación del proceso. Quinta.      Interrupción y sucesion procesal. El Código de Procedimiento Civil, señala como una de las causales de interrupción del proceso, la muerte de la parte que no haya estado actuando por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad litem. Evento que conduce a la citación, para comparecer al proceso, de ciertas personas en determinado lapso de tiempo, vencido el cual o antes, se reanudará el mismo. Quien pretenda apersonarse, presentará las pruebas que demuestren el derecho que le asiste. Vemos así que, como lo ha afirmado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la interrupción procede por hechos externos al proceso llevando a la inmovilidad del mismo a partir del hecho que la origine. Asimismo, existe la figura de la sucesión procesal, donde, fallecido un litigante, el proceso continuará con determinadas personas o el correspondiente curador, señalando que el adquiriente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso, podrá intervenir o sustituirlo en el proceso. Esta sucesión, ha dicho la doctrina, es a título universal en el evento de fallecimiento de la parte a quien se sucede. Podemos afirmar que esta interrupción y sucesión procesal, contempladas en las normas adjetivas civiles, protegen derechos litigiosos, donde bajo ciertos presupuestos es posible suceder al causante, verbi gratia, el cesionario de un crédito que ocupa el puesto del cedente, quien lo cobra en proceso ejecutivo y el de los herederos que representan al de cujus en sus derechos y obligaciones transmisibles. Sexta.         Los derechos constitucionales fundamentales como derechos unipersonales.  Personas naturales. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela podrá reclamarse: -        Por sí misma o por quien actúe a su nombre. -        Para la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados. Los derechos fundamentales, en relación con las personas naturales, tienen el carácter de ser personales, es decir, del individuo como ser humano y, además, son principales, lo que nos lleva a manifestar que son unipersonales. Asimismo, el artículo 5o. de la Constitución, nos habla de que el Estado reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona. En consecuencia, los derechos constitucionales fundamentales no se debaten en la jurisdicción ordinaria, precisamente por ser la tutela el instrumento idóneo fijado por la Constitución para su amparo. No sobra indicar que esta Corte ha señalado insistentemente que las personas jurídicas también son titulares de ciertos derechos fundamentales, entre otros, el debido proceso, petición y la igualdad. Séptima.    Improcedencia de la interrupción y sucesión procesal del demandante en materia de tutela. Terminación del proceso. En relación con el no pago de las mesadas pensionales, ha reiterado esta Corte que bajo ciertos supuestos, entre otros, la edad avanzada del actor y el no disponer de recursos económicos para su subsistencia, hace menester proteger los derechos fundamentales de los pensionados. Ahora, si bien los derechos al pago oportuno de las pensiones y la atención de la salud, se pueden discutir por los medios legales ordinarios, ellos están contenidos constitucionalmente en los artículos 49 y 52 y, cuando son objeto de menoscabo por atentar contra los derechos fundamentales como la vida, es la tutela la vía que señaló el Constituyente para su protección. Como el señor Carmona Meza falleció en el transcurso de la revisión constitucional de esta tutela, esta demanda pierde toda eficacia jurídica porque no existe derecho fundamental alguno que proteger. No puede, como solicita la cónyuge del causante, pretender la continuación de la demanda de tutela, por cuanto los derechos fundamentales que se adujeron por el actor como el de la vida, la salud, dignidad humana, igualdad y seguridad social; al fallecer, desaparecieron y, por ende, la tutela no puede continuar, terminando el presente asunto. En consecuencia, no puede predicarse en materia de tutela la interrupción y sucesión procesal del demandante. Empero, el derecho al pago de las mesadas insolutas, será objeto de protección en esta tutela, por cuanto corresponde al mínimo vital que requieren las personas para su subsistencia. Por ello, se ordenará a la sociedad Acegrave Ltda, que de ser legalmente posible, cancele las mesadas pensionales debidas a partir del mes de septiembre de 1990, hasta la fecha de fallecimiento del señor Justiniano Carmona Meza. Dineros que podrán ser reclamados por quien demuestre la calidad de beneficiario o heredero reconocido. En consecuencia, se ordenará a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, juez que conoció en primera instancia de esta tutela, que verifique el cumplimiento de esta decisión. Asimismo, la cónyuge podrá perseguir la sustitución pensional ante la empresa Acegrave Ltda. o acudir a la jurisdicción laboral, previo el lleno de los requisitos legales señalados para el efecto. No sobra señalar que si bien la empresa Acegrave Ltda. se encuentra embargada por varios despachos judiciales, los créditos causados o exigibles de los trabajadores por concepto de salarios y demás prestaciones sociales e indemnizaciones laborales pertenecen a la primera clase de obligaciones y son excluyentes de los demás, constituyendo gastos pagaderos con preferencia sobre los demás créditos laborales, en el evento de una quiebra o insolvencia del empleador. Así lo señala el artículo 157 del Código Sustantivo del Trabajo. En relación con el tema de la seguridad social integral, la ley 100 de 1993, indica que su objeto es garantizar  los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, que comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios. Si bien este sistema integral de seguridad social no se aplica a todos los afiliados y trabajadores, sino bajo causales taxativas, debe asegurar la sociedad demandada por la protección de este mínimo vital, para garantizar la defensa de los derechos constitucionales fundamentales. Es la conducta que en nuestro parecer debe adoptarse. Con base en lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.    Declarar la terminación del presente asunto por el fallecimiento del señor Justiniano Carmona Meza, actor en tutela. Segundo.   Ordenar, dentro de lo posible legalmente, el pago de la mesadas adeudadas al señor Justiniano Carmona Meza por la sociedad Acegrave Ltda, que comprende el período del mes de septiembre de 1990, hasta la fecha de fallecimiento del actor, es decir, 20 de octubre de 1995. Dineros que serán entregados a quien acredite la condición de beneficiario o heredero reconocido. Tercero.     Comunicar este fallo a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JORGE ARANGO MEJIA Magistrado sustanciador ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-551-95 Sentencia No Sentencia No. T-551/95 DEBIDO PROCESO-Expulsión de estudiante/DERECHO DE DEFENSA-No trámite de recurso a estudiante El Consejo Académico, a pesar de que suavizó la sanción recurrida, no puso el recurso de apelación en conocimiento de su superior jerárquico, es decir, el Consejo Directivo, órgano llamado a resolver de la apelación según el reglamento universitario. En consecuencia, la sanción disciplinaria contra el actor vino a tener aplicación sin la obligatoria tramitación de la alzada, lo cual supone una violación del derecho fundamental al debido proceso. Naturalmente, la pena así infligida, además de incumplir el reglamento, implica una inaceptable disminución del derecho de defensa del alumno. AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Reglamento interno El hecho de que la estructura sancionatoria de la Universidad no tenga un prolijo esquema procesal, no es razón para ver allí una transgresión automática del núcleo esencial del derecho al debido proceso, porque sus elementos básicos -como la previa tipificación del hecho punible y su sanción; la existencia del juez natural; la posibilidad de rendir descargos y controvertir pruebas, y el derecho a recurrir- se dieron en el presente caso. Finalmente, bueno es recordarlo, la autonomía universitaria, pues si desborda los límites que la Constitución y la ley le imponen, puede ser objeto del control excepcional de la jurisdicción constitucional. ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Consumo de bebidas alcohólicas El consumo de bebidas alcohólicas puede limitarse geográficamente por las autoridades. La disposición universitaria, en el sentido de prohibir la ingestión de bebidas espirituosas en sus cercanías, no es medida arbitraria o extraña al ordenamiento jurídico. Por el contrario, es una ayuda al mantenimiento del orden educativo y a la salvaguarda del buen nombre de la universidad. No cabe duda de que la prohibición de ingerir alcohol en las cercanías de la Universidad, es una medida que precave la ocurrencia de hechos violentos. Ref.: Expediente No. T-74758. Actor: Oscar Enrique Jaimes Barrios. Procedencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Magistrado Ponente: Dr. JORGE ARANGO MEJÍA. Sentencia aprobada en sesión del día veinticuatro (24) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Primera (1a.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, de fecha dieciseis (16) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995), (folios 47 a 55 del cuaderno principal), que confirmó en todas sus partes el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el veintitrés (23) de mayo del mismo año (folios 23 a 31 ibídem). I. Antecedentes. A. Hechos. El once (11) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995), el señor Oscar Enrique Jaimes Barrios, mayor de edad, en su calidad de alumno de la Facultad de Ingeniería Agronómica, presentó, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, una demanda de tutela contra la Universidad de Ciencias Agropecuarias UDCA. En ésta, dijo que el siete (7) de abril del presente año, asistió a la jornada académica en las instalaciones del alma mater y que terminadas las clases, a eso de las cinco (5:00 p.m.) de la tarde, fuera de la universidad, vio cómo el estudiante de medicina veterinaria Juan Carlos Hernández León, fue atropellado, arrojado a una zanja y lesionado -con pérdida momentánea de conocimiento- por un vehículo de color blanco, el cual se dio a la fuga para, más adelante, chocar contra un muro. Agregó que el diecisiete (17) del mismo mes, el señor Germán Anzola Montero, Rector de la Universidad, lo inquirió sobre lo acontecido, informándole que al día siguiente habría reunión del Consejo Académico. Éste, el veinte (20) de abril, por medio del acuerdo 24 de la misma fecha, procedió a su expulsión, por haber ingerido bebidas alcohólicas, por agredir la persona del señor Ricardo Rodríguez Alarcón, conductor del vehículo mencionado, y por dañar el automotor mencionado. Así mismo, el demandante narró que, alegando falta de pruebas, pidió reposición del acuerdo sancionatorio y que, según acuerdo 27 del 5 de mayo, obtuvo su molificación, pues se determinó la suspensión temporal de su matrícula por tres (3) semestres académicos, con posibilidad de continuar después con matrícula condicional. Adicionalmente, la parte demandante dijo que el Rector denunció los supuestos hechos ilícitos a la Fiscalía. Para el actor, la Universidad, con la conducta descrita, violó sus derechos fundamentales a la educación, a la honra y el buen nombre y al debido proceso. Respecto de este último, fuera de insistir en el hecho de que la sanción se impuso sin pruebas -inclusive sin su supuesta confesión de haber tomado bebidas embriagantes el siete (7) de abril-, indicó que él no tuvo oportunidad de ser oído por el Consejo Académico y que en su caso no se observó ningún procedimiento previamente adoptado. En relación con la vulneración de su buen nombre, dijo que el acuerdo 24 ya citado, lo señaló injustamente como autor de hechos punibles contra el señor González Alarcón, y que la Rectoría ordenó la publicación de estos infundios en las carteleras de la Universidad. Con base en lo anterior, el demandante, de un lado, pidió “el reintegro inmediato del alumno Oscar Enrique Jaimes Barrios a la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Ciencias Agropecuarias UDCA, en la misma situación en que se encontraba antes de la sanción aludida y con la oportunidad de presentar las pruebas y examenes necesarios, a fin de la aprobación del presente semestre académico”; y, por otro lado, “la pública rectificación de las sindicaciones temerarias e injustas”. Ahora bien, de las pruebas que figuran en el expediente, la Sala puede afirmar lo que sigue. Según acta del Consejo Académico de la Corporación Universitaria de Ciencias Agropecuarias (folios 39 a 41 ibídem), de fecha veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995), el demandante resultó vinculado al presente caso por una mención que otro estudiante investigado -Andrés Vallejo- dio a ese organismo. Así mismo, se desprende que fue en esa reunión, como resultado de las pesquisas de una comisión del Consejo, donde se determinó expulsar al demandante Oscar Enrique Jaimes Barrios. Importa anotar que en tres de las respuestas al interrogatorio que le formuló la mencionada comisión (folio 44 ibídem), el actor aceptó haber ingerido bebidas alcohólicas en las cercanías de la Universidad. Efectivamente, al dar su versión de los hechos acaecidos el siete (7) de abril, dijo: “Ese día tuve clase como hasta las 5 de la tarde, y salí de aquí de la Universidad tipo 6 de la tarde y me encontré con un compañero. Salimos y estábamos ahí hablando y le dije vea que allí en El Establito hay un conjunto vallenato. Vamos y escuchamos un rato y nos vamos porque yo tengo que viajar a Ibagué. Entonces entramos al Establito. Las mesas, eso estaba lleno, lleno. Yo me quedé parado con él, ahí hablando y tomándonos unas cervezas. (...)”. (negrillas por fuera de texto) Más adelante manifestó: “(...) O sea, uno conoce mucha gente, pero al final, para estar con esos grupos no. Nos quedamos ahí parados tomando cerveza y escuchando música y ahí bailando.” (negrillas por fuera de texto) Y, finalmente, frente a la pregunta de qué tanto licor había consumido (folio 45), declaró: “Nada, pues desde las seis de la tarde unas tres o cuatro cervezas.”. (negrillas por fuera de texto) La ingestión de cerveza por parte de Jaimes Barrios, fue corroborada (folio 55 ibídem) por el alumno Edwin Salamanca Rivera, el dieciocho (18) de abril del corriente año. Éste, a la pregunta de si Oscar Jaimes tomó licor, expresó: “Sí, él sí se tomó unas dos o tres cervezas”. Por otra parte, del conjunto de testimonios rendidos y la documentación aportada por la Universidad, para la Sala es claro que el establecimiento denominado El Establito, donde el actor ingirió las cervezas, queda en las cercanías del alma mater. En cuanto a su supuesta participación en los hechos contra el señor Ricardo Rodríguez Alarcón, lo cierto es que no está probada y que el actor la negó enfáticamente (folio 46), a pesar de que, en respuesta a una pregunta que al efecto le hiciera la Sala, el Rector manifestara que la Universidad llegó al convencimiento de que el estudiante Jaimes Barrios sí intervino en los hechos punibles, por cuanto éste lo habría admitido en el recurso de reposición del veinticinco (25) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995), y el testimonio del estudiante Santiago Andrés Vallejo Villa lo habría comprometido. Con arreglo al acuerdo del Consejo Académico número veinticuatro (24) del veinte (20) de abril del año en curso (folios 12 a 14 ibídem, y 74 a 76 del cuaderno de pruebas), y estimando que el debido proceso disciplinario se había adelantado el dieciocho (18) de abril, se resolvió expulsar al actor, con base en el artículo 37, literal f), del reglamento estudiantil. La sanción se fundamentó en dos consideraciones. Primero, que el señor Jaimes Barrios incurrió en una conducta tipificada como delito, sin especificarse en qué consistió tal comportamiento. Y segundo, que el alumno -junto con otro compañero- confesó haber estado e ingerido licores, desde tempranas horas de la tarde del 7 de abril, en el expendio denominado El Establito, situado en sitio vecino a la Universidad. Debe señalarse que el acuerdo advirtió que contra él procedían los recursos del artículo 42 del capítulo VII del citado reglamento. Este artículo (folio 18 del cuaderno de pruebas) dice que “las sanciones que se contemplan en los literales c), d), e) y f) del artículo 37, tendrán reposición ante quien ha impuesto la sanción y apelación ante el Consejo Directivo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la misma.” El artículo 37 (folios 17 y 18 ibídem), ubicado en el capítulo VII sobre “Faltas y sanciones”, es del siguiente tenor: “El irrespeto a las insignias de la Patria y de la Institución, la calumnia e injuria a miembros de la comunidad universitaria, la retención, hurto o daño de objeto propiedad de la institución o de propiedades ajenas dentro de los predios de la misma, el porte de armas o la tenencia o guarda de elementos o materiales explosivos o sus complementos útiles para su activación, el porte, tráfico y uso de drogas heroicas y/o alucinógenos dentro del recinto universitario, el presentarse en el recinto de la Universidad en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas heroicas o alucinógenos, el consumir públicamente bebidas alcohólicas en sitios aledaños a la Universidad, realizar juegos de azar en la Universidad, la retención, intimidación y chantaje a profesores y autoridades de la Institución dentro y fuera de ella, la interrupción de clases, laboratorios y demás servicios a que tienen derecho los miembros de la comunidad universitaria, el impedir el libre tránsito de los miembros de la comunidad universitaria dentro de los predios de la misma, la incitación al desorden u otro acto que configure alteración de las tareas académicas y cualquier otra de las conductas tipificadas como delito por las leyes de la República, serán sancionadas según su gravedad así: “a) amonestación privada “b) amonestación pública “c) matrícula condicional “d) suspensión de matrícula por uno o más períodos académicos “e) cancelación definitiva de la matrícula “f) expulsión de la institución”. (negrillas por fuera de texto) Por su parte, los estatutos de la Universidad (folios  5 a 11 ibídem) facultan al Consejo Académico para ocuparse de las cuestiones disciplinarias, en los siguientes términos: “Artículo 32o. Son funciones del Consejo Académico: “a) Estudiar y decidir todos aquellos asuntos de orden académico y disciplinario que sometan a su consideración el Rector, el Vicerrector Académico y los Decanos, de conformidad con los reglamentos.” Además, los artículos 39o. y 40o. de los mismos estatutos indican que “para la suspensión de matrícula por uno o más períodos académicos y cancelación definitiva de la matrícula, deberá elaborarse un informe por parte de la Vice-Rectoría Académica y presentarse a consideración del Consejo Académico, quien decidirá en última instancia” y que “la matrícula condicional será impuesta por el Consejo Académico”, siendo entendido que “el estudiante sancionado (sic) tendrá la oportunidad de presentar sus descargos ante este organismo”. Como resultado de la interposición por parte del actor de un recurso de reposición y otro subsidiario de apelación, el cinco (5) de mayo de este año, mediante acuerdo número veintisiete (27) del Consejo Académico (folio 77 ibídem), se ratificaron los considerandos de la decisión del veinte (20) de abril, pero la sanción se conmutó por la suspensión temporal de matrícula “durante los semestres académicos I y II de 1995 y I de 1996”. Se decidió, igualmente, que si el estudiante se reincorporaba, quedaría bajo el régimen de matrícula condicional. Conforme al acta 149 del Consejo (folio 72 ibídem), correspondiente a la sesión del cinco (5) de mayo, “la doble sanción tiene por objeto que la primera sirva para castigar y la segunda para prevenir”. Cabe anotar que el sentido de la resolución del recurso fue sugerido inicialmente por la comisión del Consejo Académico, sin mayores consideraciones de orden fáctico, el dos (2) de mayo (folios 64 a 69 ibídem). Con todo, debe señalarse que para la definición de la sanción del actor -así como para las sanciones a otros estudiantes-, la comisión buscó crear un precedente ejemplarizante para la observación de las normas de la moral, la ética y las buenas costumbres. Sin embargo, no puede pasarse por alto que el Consejo Académico guardó silencio frente a la alzada propuesta. Más adelante, en torno a esta cuestión procedimental, la Sala considerará que no obstante la molificación de la pena de expulsión por la de suspensión de la matrícula, la Universidad debió dar al recurso el trámite reglamentario ordinario, es decir, someterlo al examen del Consejo Directivo, pues, de todas maneras, la segunda decisión también fue adversa al interesado. B. Los fallos de tutela. 1) El pronunciamiento de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esta corporación, el veintitrés (23) de mayo del corriente año (folios 23 a 31 ibídem), denegó la solicitud de tutela. La decisión consideró que como el actor -que sí tuvo oportunidad de defenderse, e inclusive interpuso un recurso de reposición contra el primer acuerdo- confesó haberse tomado unas cervezas con un compañero, procedía su sanción por parte del Consejo Académico, con arreglo a  la prohibición reglamentaria de “consumir públicamente bebidas alcohólicas en sitios aledaños a la Universidad”. Y, además, estimó que la calificación del alumno como sindicado de un delito no afectó su buen nombre, puesto que precisamente la denuncia correspondiente le asignó tal calidad, y el artículo 37 del reglamento también permitía sancionar las conductas tipificadas como delito. 2) La determinación del Consejo de Estado. En sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, de fecha dieciseis (16) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995), (folios 47 a 55 ibídem), se confirmó el veredicto proferido por el a quo. Como el alto tribunal fundó su resolución en su “reiterada jurisprudencia”, consistente en juzgar que el derecho a la educación no alcanza la categoría de fundamental si no está en cabeza de los niños, lógicamente llegó a la conclusión de que en “tratándose de formación universitaria no puede hablarse de derecho fundamental a la educación”. Estimó, además, que el incumplimiento de los universitarios respecto del reglamento, puede lícitamente dar lugar a la aplicación de la pena que el instrumento prevea, y como a su juicio la sanción impuesta en este caso fue dictada por el organismo competente -el Consejo Académico-, con el lleno del procedimiento y los requisitos exigidos por el artículo 37 del reglamento, no la consideró violatoria del debido proceso. Sobre este último particular, el Consejo aclaró que la ausencia en el reglamento de toda una serie de etapas procesales -como serían las de formulación de cargos, presentación de descargos, aportación y discusión de pruebas, alegaciones ante el Consejo etc.- no atenta contra el debido proceso. Finalmente, tampoco percibió violación del derecho a la honra o al buen nombre, por el hecho de haberse fundamentado la sanción en la condición de sindicado del estudiante, “puesto que esa condición no implica determinación de responsabilidad penal”. Y, en todo caso, de haberse dado una calumnia, el interesado contaba con otro medio de defensa judicial. En relación con la fijación en cartelera de informaciones atinentes a los antecedentes de la sanción al demandante, el Consejo -fuera de hallar que tal proceder se encuadraba dentro de lo dispuesto por el artículo 38 del reglamento- no encontró prueba de ella en el expediente. Por tales razones, tampoco advirtió ninguna violación del derecho impetrado. II. Consideraciones. A. Competencia. La Sala es competente para decidir, por lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991. B. ¿Debe tutelarse el derecho al debido proceso? En la respuesta al requerimiento que, mediante el oficio OPT-190 del siete (7) de noviembre de este año, le hiciera esta Corte al señor Rector de la Universidad demandada, se adjuntó una fotocopia del escrito por el cual el demandante recurrió la sanción que inicialmente le impuso la resolución veinticuatro (24) del veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995). Ese documento, entre otras cosas, da cuenta de que el estudiante Jaimes Barrios, además de un recurso de reposición, interpuso también uno subsidiario de apelación. Pues bien, lo cierto, conforme al contenido del expediente, es que el Consejo Académico, a pesar de que suavizó la sanción recurrida, no puso el recurso de apelación en conocimiento de su superior jerárquico, es decir, el Consejo Directivo, órgano llamado a resolver de la apelación según el artículo 42 del reglamento universitario, disposición visible en los antecedentes de esta providencia. En consecuencia, la sanción disciplinaria contra el actor vino a tener aplicación sin la obligatoria tramitación de la alzada, lo cual supone una violación del derecho fundamental al debido proceso. Naturalmente, la pena así infligida, además de incumplir el reglamento, implica una inaceptable disminución del derecho de defensa del alumno. Lo dicho conduce, entonces, a dar una respuesta positiva al interrogante del epígrafe y, por tanto, llevará a la prosperidad del amparo del derecho del actor al debido proceso, y a que se ordene a la Universidad que resuelva el recurso de apelación que oportunamente interpuso el actor. Adicionalmente, vale la pena recalcar que la Sala, fuera de la falla anotada, no percibe otras violaciones del debido proceso, puesto que el actor, por los demás aspectos, sí tuvo oportunidad de ejercer su activa defensa. Así, pudo explicar ampliamente su intervención en los hechos del siete (7) de abril a una comisión del Consejo Académico; presentó descargos; hizo uso del derecho de recurrir, logrando obtener la conmutación de su expulsión de la Universidad. En este sentido, la Corte, sin perjuicio de lo expuesto y compartiendo el criterio del Consejo de Estado, considera que el hecho de que la estructura sancionatoria de la Universidad no tenga un prolijo esquema procesal, no es razón para ver allí una transgresión automática del núcleo esencial del derecho al debido proceso, porque sus elementos básicos -como la previa tipificación del hecho punible y su sanción; la existencia del juez natural; la posibilidad de rendir descargos y controvertir pruebas, y el derecho a recurrir- se dieron en el presente caso. Finalmente, bueno es recordarlo, la autonomía universitaria, garantizada por el artículo 69 de la Constitución, no es absoluta, pues si desborda los límites que la Constitución y la ley le imponen, puede ser objeto del control excepcional de la jurisdicción constitucional. Sobre esta materia, la Sala, en la sentencia T-369 del veintidós (22) de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (1994), dijo: “(...) es claro que la autonomía universitaria, siendo una preciosa garantía de los sistemas educativos liberales, no puede servir como escudo ni para la transgresión del derecho a la educación, ni para la violación del ordenamiento jurídico en general, particularmente en el aspecto del debido proceso.” C. ¿Se vulneró el derecho al libre desarrollo de la personalidad? La Sala considera que este derecho no se afectó en el presente negocio, pues el libre desarrollo de la personalidad no se quebranta por la obligación de respetar un reglamento universitario, el cual se presume debía ser conocido y respetado por el alumno. Es más, tal derecho, en general, no se vulnera por la asunción de obligaciones legítimas, verbi gratia, las que se contraen en virtud de contratos. Para la Corte, el libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto, por cuanto su ejercicio también implica responsabilidades y obligaciones. En este caso, una de ellas consiste en el acatamiento a las normas de convivencia universitarias. Además, como el actor siempre dispuso de la posibilidad de tomar bebidas fermentadas en sitios no cercanos a la Universidad, su afición a la cerveza no se menoscabó ni se anuló: simplemente se condicionó a ser ejercida lejos de la casa de estudios. D. Existencia de limitantes policivas para el consumo de bebidas alcohólicas. El decreto 1355 de 1970, por el cual se dictaron normas de policía, y el estatuto orgánico de Bogotá, señalan en sus artículos 111 y 86, numeral 5o., respectivamente, lo siguiente: “Los reglamentos de policía local podrán señalar zonas y fijar horarios para el funcionamiento de establecimiento donde se expendan bebidas alcohólicas”. (negrillas fuera de texto) “Corresponde a los alcaldes locales: “(...) Velar por la tranquilidad y seguridad ciudadanas. Conforme a las disposiciones vigentes, contribuir a la conservación del orden público en su localidad y con la ayuda de las autoridades nacionales y distritales, restablecerlo cuando fuere turbado;” (negrillas por fuera de texto) Vemos así cómo el consumo de bebidas alcohólicas puede limitarse geográficamente por las autoridades. Sobre este particular, la Alcaldía Local de Santafé (localidad III), mediante resoluciones 004 y 015 de 1995, prohibió el consumo de licores en el área de 200 metros alrededor de los establecimientos universitarios, y modificó la intensidad horaria de los sitios donde se expenden y consumen. Todo esto, a nuestro entender, demuestra que la disposición universitaria, en el sentido de prohibir la ingestión de bebidas espirituosas en sus cercanías, no es medida arbitraria o extraña al ordenamiento jurídico. Por el contrario, es una ayuda al mantenimiento del orden educativo y a la salvaguarda del buen nombre de la universidad. En este orden de ideas, no cabe duda de que la prohibición de ingerir alcohol en las cercanías de la Universidad, es una medida que precave la ocurrencia de hechos violentos como los que lamentablemente están en el fondo de la tutela que nos ocupa. E. ¿Cabe la tutela del derecho al buen nombre? Para la Sala es obvio que cuando la Universidad, en los acuerdos veinticuatro (24) del veinte (20) de abril y veintisiete (27) del cinco (5) de mayo de este año, basó la sanción también en el hecho de que el afectado incurrió en “cualquier otra de las conductas tipificadas como delito por las leyes de la República”, no quiso significar con ello que el estudiante ya estaba condenado por la comisión de un delito, porque para esa época la investigación penal de los hechos sucedidos el siete (7) de abril  sólo estaba iniciándose. Bajo este entendido, le asistió toda la razón al Consejo de Estado cuando manifestó no haber visto ninguna violación del derecho a la honra o al buen nombre del demandante, por el solo hecho de haberse fundamentado la sanción en su condición de sindicado, “puesto que esa condición no implica determinación de responsabilidad penal. Además, también es cierto que en el expediente no hay prueba de la fijación en cartelera de informaciones atinentes a los antecedentes de la sanción. Por estos motivos, no prosperará la tutela del derecho al buen nombre del señor Jaimes Barrios. III. Decisión. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. REVOCAR la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Consejo de Estado, de fecha dieciseis (16) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995), la cual a su vez confirmó el fallo de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de fecha veintitrés (23) de mayo del corriente año, que había denegado la solicitud de tutela; y, en consecuencia, CONCEDER al señor Oscar Enrique Jaimes Barrios la tutela de su derecho constitucional fundamental al debido proceso. SEGUNDO. ORDENAR al Consejo Directivo de la Corporación Universitaria de Ciencias Agropecuarias, la tramitación inmediata y la pronta resolución del recurso de apelación que interpuso el señor Oscar Enrique Jaimes Barrios contra el acuerdo del Consejo Académico número veinticuatro (24) del veinte (20) de abril del año en curso. TERCERO. COMUNICAR esta providencia a la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte. JORGE ARANGO MEJÍA Magistrado ponente ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-552-95 Sentencia No Sentencia No. T-552/95 DERECHO A LA INFORMACION-Campo de acción/DERECHO DE DOBLE VIA-Informar y ser informado El derecho a la información no solamente cobija a los particulares y en especial a los medios de comunicación y a los periodistas, sino que, como derecho constitucional fundamental, también cubre a las institucionales públicas y privadas. Debe recordarse que se trata de un derecho de doble vía, en cuanto, como lo ha venido expresando la Corte, "no está contemplado ni en nuestra Constitución ni en ordenamiento ni declaración alguna como la sola posibilidad de emitir informaciones, sino que se extiende necesariamente al receptor de las informaciones y, más aún, las normas constitucionales tienden a calificar cuáles son las condiciones en que el sujeto pasivo tiene derecho a recibir las informaciones que le son enviadas". Tal concepción del derecho a la información implica que no se lo puede entender ni aplicar en el exclusivo sentido de favorecer las posibilidades de informar, desde el punto de vista de quienes emiten las informaciones, sino que, por el aspecto jurídico, adquiere especial relevancia el interés colectivo reflejado en el derecho de la comunidad a ser informada y a serlo en forma completa, con imparcialidad, veracidad y objetividad. POLICIA NACIONAL-Función La Policía Nacional tiene la finalidad específica de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La actividad que cumple es de vital importancia para sostener las condiciones mínimas de convivencia, sobre la base de la persecución material al delito, merced a las acciones y operativos indispensables para la localización y captura de quienes lo perpetran y para la frustración de sus antisociales propósitos. A toda la comunidad interesa que la función policial se ejerza de manera estricta y eficiente y, por tanto, también son de su interés las informaciones sobre los resultados concretos de las operaciones mediante las cuales se cumple. En el conocimiento público acerca de los logros obtenidos por la Policía descansa buena parte de la tranquilidad de los ciudadanos y, a través de él, se alcanzan simultáneamente propósitos de disuasión colectiva, es decir, se obtiene un impacto sicológico que desalienta y desestimula la comisión de nuevos actos delictivos. DERECHO A LA INFORMACION-Comunicado policial/FLAGRANCIA-Información policial Los informes policiales transmitidos al público en relación con capturas u operativos en virtud de los cuales se impide, se interrumpe o se hace fracasar una acción delictiva deben ser, por su naturaleza, escuetos, es decir, han de reflejar, para conocimiento de la sociedad, los hechos acontecidos, tal y como ocurrieron, evitando toda calificación sobre responsabilidad penal que pueda encerrar condena anticipada de los capturados, pues la función de definirla ha sido reservada de manera exclusiva a la jurisdicción. Pero también resulta necesario advertir que el comunicado policial, precisamente por razón de la función que cumple no puede eludir la referencia a las circunstancias en medio de las cuales se produce una captura. Ello significa que en los casos de flagrancia, sería a todas luces contraevidente la noticia que ocultara o disimulara el hecho cierto de la conducta verificada en forma directa por los agentes de la autoridad que llevaron a cabo la aprehensión. Luego, si en tales eventos la información publicada tilda de delincuentes a los capturados, en modo alguno se puede señalar tal actitud como violatoria de los derechos a la honra y al buen nombre de los encartados, pues corresponde apenas a la transmisión de situaciones ciertas y verificables que, si bien pueden incidir en la determinación judicial que finalmente haya de adoptarse, cuyo ámbito de autonomía no se vulnera por el informe, tienen apenas la connotación de reflejar lo sucedido en un momento y en un lugar determinados. FLAGRANCIA-Información y decisión judicial La información policial y las decisiones judiciales, aunque tienen objeto y fuerza totalmente diferentes, pueden coincidir, en los casos de flagrancia, en la verificación de hechos incontrovertibles. De allí que, al informar  acerca de ellos, la autoridad de policía y los medios de comunicación no están obligados a esperar que se produzca la sentencia condenatoria para decir en público que el ilícito se cometió, pues el objeto de la información no es el de calificar la responsabilidad penal sino el de presentar públicamente un hecho verdadero, consistente en que la captura de quien cometía el delito se produjo precisamente cuando estaba siendo cometido. DERECHO A LA HONRA-Reclamación/DERECHO AL BUEN NOMBRE-Reclamación Los derechos a la honra y al buen nombre, reconocidos a toda persona por la Constitución y cuyo núcleo esencial debe ser respetado y hecho respetar por el Estado, únicamente pueden reclamarse sobre el supuesto de la conducta irreprochable y limpia de su titular. El concepto público favorable acerca del comportamiento de un individuo, que es propio del buen nombre, no menos que la estima y el respeto de la propia dignidad que implica la honra, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, constituyen logros que no son gratuitos para nadie sino que fluyen, con el paso del tiempo, de la evaluación que el propio sujeto, en el interior de su conciencia, y la colectividad a la que pertenece hacen de su comportamiento, en la medida en que lo estimen acorde con los valores imperantes en su seno. Por eso, no hay honra ni buen nombre que puedan exigirse como intangibles cuando no está de por medio el mérito de quien los reivindica. DERECHO AL BUEN NOMBRE-Información policial sobre comisión de delitos Quien actúe correctamente en unas situaciones o durante un tiempo determinado pero modifique su conducta en otras circunstancias o en una época diferente, incurriendo en actitudes que desdigan de la pulcritud, el decoro, la respetabilidad o la licitud antes observados, no puede pretender un buen nombre integral, ya que, al salir a la luz pública los hechos que desfavorecen la imagen de su rectitud, reconocida por otros conceptos, necesariamente habrá de ver lesionada la idea positiva que en torno a su persona existe. Ello significa, para el caso de autos, que el accionante no está en posición de reclamar respeto a su buen nombre alegando que fue capturado en una fecha distinta a la consignada en el informe policial cuando en realidad lo fue en otra, pero en todo caso lo fue en relación con el mismo delito, por el cual está siendo procesado. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-77261 Acción de tutela instaurada por Eduardo Montero Niebles contra el Comandante de la Policía Nacional, División Atlántico. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintisiete días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisan los fallos proferidos en el asunto de la referencia por el Juzgado Once Penal del Circuito y por la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. I. INFORMACION PRELIMINAR EDUARDO MONTERO NIEBLES, actuando mediante apoderado, ejerció acción de tutela contra el Comandante de la Policía Nacional del Atlántico, Coronel LINO PINZON NARANJO, por los siguientes hechos: Según la demanda, el 17 de mayo de 1995 apareció en el Diario "El Heraldo" de la ciudad de Barranquilla una noticia según la cual MONTERO NIEBLES, cuya fotografía fue publicada, hacía parte de una banda de cuatreros capturada por la Policía en el municipio Palmar de Varela. Al formularse reclamación directa ante el periódico, por estimar el accionante que la información era falsa, se le respondió que ella estaba fundada en el boletín que periódicamente emite el Comando de Policía con destino a los medios de comunicación. Hecha la solicitud de rectificación ante el Comando, éste mantuvo silencio, lo cual, según manifestó el apoderado del actor, perjudica la honra y el buen nombre de su poderdante y constituye una falsa imputación de haber incurrido en hechos punibles. Se solicitó ordenar la rectificación de las informaciones publicadas y disponer la indemnización por los perjuicios causados. II. DECISIONES JUDICIALES Mediante fallo del 9 de junio de 1995, el Juzgado Once Penal del Circuito de Barranquilla decidió no conceder la tutela por cuanto, según el material probatorio del que dispuso, "en los actuales momentos no tenemos elementos de juicio para considerar que con la información que suministró la Policía, publicada por los medios de prensa, se haya vulnerado injustamente el buen nombre y la honra del accionante". Tuvo en cuenta el Juzgado que contra el actor se seguía proceso penal por los hechos aludidos en la información y que la Fiscalía, al resolver sobre la situación jurídica de MONTERO NIEBLES, le decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación. Por tanto, dijo el Juez, "puede suceder que al finalizar el proceso se le dicte sentencia condenatoria al hoy sindicado MONTERO NIEBLES y, en este evento, la lesión al buen nombre y a su honra sería producto o consecuencia de su conducta". Impugnada la sentencia, fue revocada en fallo de segunda instancia que profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 21 de julio de 1995. El Tribunal resolvió tutelar los derechos a la honra y al buen nombre del solicitante y ordenó al Comando de la Policía Departamental del Atlántico que, dentro de las setenta y dos horas siguientes, oficiara a los diarios "El Heraldo" y "La Libertad", con el objeto de que tales medios expresaran que no era cierto que MONTERO NIEBLES hubiera participado en el hurto de semovientes ni que fuera capturado en la fecha y horas indicadas en el boletín del 17 de mayo, que no estuvo preso en unión de otras personas en la cárcel del Bosque por ese hecho; y que no estuvo a disposición de la Fiscalía 13 de Santo Tomás por ese delito. El Tribunal, al contrario del fallador de primera instancia, concluyó que, por parte de la Policía, hubo una flagrante violación de los derechos del accionante, a raíz de la confección y entrega de un boletín de prensa errado, que involucró equivocadamente a una persona en hechos por los cuales no fue capturada, ni recluída en cárcel, ni oída en indagatoria por la autoridad judicial competente. En cuanto a la solicitud de indemnización de perjuicios, el Tribunal estimó que MONTERO NIEBLES tiene la posibilidad de acudir a otros medios judiciales para el efecto, por lo cual, en cuanto a dicha pretensión, adoptó decisión negativa. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia Esta Corte es competente para revisar los fallos mencionados, pues así lo disponen la Constitución Política (artículos 86 y 241-9) y el Decreto 2591 de 1991. La publicación de informaciones sobre la actividad de la Policía El derecho a la información no solamente cobija a los particulares y en especial a los medios de comunicación y a los periodistas, sino que, como derecho constitucional fundamental, también cubre a las institucionales públicas y privadas. Debe recordarse que se trata de un derecho de doble vía, en cuanto, como lo ha venido expresando la Corte, "no está contemplado ni en nuestra Constitución ni en ordenamiento ni declaración alguna como la sola posibilidad de emitir informaciones, sino que se extiende necesariamente al receptor de las informaciones y, más aún (...), las normas constitucionales tienden a calificar cuáles son las condiciones en que el sujeto pasivo tiene derecho a recibir las informaciones que le son enviadas" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-512 del 9 de septiembre de 1992. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo). Así resulta del artículo 20 de la Constitución Política, a cuyo tenor, "se garantiza a toda persona la libertad (...) de informar y recibir información veraz e imparcial". Tal concepción del derecho a la información implica que no se lo puede entender ni aplicar en el exclusivo sentido de favorecer las posibilidades de informar, desde el punto de vista de quienes emiten las informaciones, sino que, por el aspecto jurídico, adquiere especial relevancia el interés colectivo reflejado en el derecho de la comunidad a ser informada y a serlo en forma completa, con imparcialidad, veracidad y objetividad. La Policía Nacional, que, según el artículo 218 de la Constitución, es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, organizado por la ley y a cargo de la Nación, tiene la finalidad específica de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La actividad que cumple la Policía es, entonces, de vital importancia para sostener las condiciones mínimas de convivencia, sobre la base de la persecución material al delito, merced a las acciones y operativos indispensables para la localización y captura de quienes lo perpetran y para la frustración de sus antisociales propósitos. Esta Sala debe reiterar lo ya dicho por el Pleno de la Corte en Sentencia C-525 del 16 de noviembre de 1995 (M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa), en el sentido de que el papel encomendado al cuerpo de policía es de trascendental importancia para el Estado y la sociedad, "como que de su accionar depende, por una parte, que los asociados puedan ejercer a plenitud sus derechos y libertades dentro del marco de la Constitución y la ley y, por otra, garantizar la convivencia pacífica dentro del seno de la sociedad colombiana". Las autoridades de la República, de conformidad con los claros términos del artículo 2º de la Constitución, están instituídas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. A toda la comunidad interesa que la función policial se ejerza de manera estricta y eficiente y, por tanto, también son de su interés las informaciones sobre los resultados concretos de las operaciones mediante las cuales se cumple. Así, pues,  en el conocimiento público acerca de los logros obtenidos por la Policía descansa buena parte de la tranquilidad de los ciudadanos y, a través de él, se alcanzan simultáneamente propósitos de disuasión colectiva, es decir, se obtiene un impacto sicológico que desalienta y desestimula la comisión de nuevos actos delictivos. Es este un aspecto de innegable importancia del derecho a la información, visto desde el ángulo del sujeto pasivo, en este caso la ciudadanía, que tiene derecho de rango constitucional a conocer quiénes son sus enemigos y a verificar en qué medida el cuerpo policial alcanza los objetivos que le son propios en la lucha contra la delincuencia. Entonces, la presentación de informes hablados, escritos y gráficos, a través de los distintos medios de comunicación, acerca de las capturas logradas por la Policía, bien que se trate de sujetos buscados por la Fiscalía y por los jueces de la República, ya de individuos sorprendidos en flagrancia o cuasiflagrancia, no puede entenderse como violación de los derechos a la honra y al buen nombre de los capturados, a menos que la información transmitida sea falsa, sino del normal ejercicio del derecho a la información por parte de las autoridades policiales y de la colectividad. Desde luego, la Corte debe insistir en que los boletines correspondientes no pueden sustituir las providencias judiciales mediante las cuales únicamente la Rama Judicial del Poder Público goza de autoridad para calificar la responsabilidad penal de los sindicados y para imponer las sanciones previstas por la ley a quienes sean hallados culpables. En consecuencia, los informes policiales transmitidos al público en relación con capturas u operativos en virtud de los cuales se impide, se interrumpe o se hace fracasar una acción delictiva deben ser, por su naturaleza, escuetos, es decir, han de reflejar, para conocimiento de la sociedad, los hechos acontecidos, tal y como ocurrieron, evitando toda calificación sobre responsabilidad penal que pueda encerrar condena anticipada de los capturados, pues la función de definirla ha sido reservada de manera exclusiva a la jurisdicción. Pero también resulta necesario advertir que el comunicado policial, precisamente por razón de la función que cumple -la cual implica la difusión de datos completos y veraces para la plena información de la ciudadanía- no puede eludir la referencia a las circunstancias en medio de las cuales se produce una captura. Ello significa que en los casos de flagrancia, esto es, cuando el delincuente ha sido sorprendido en el acto mismo de la comisión del ilícito, sería a todas luces contraevidente la noticia que ocultara o disimulara el hecho cierto de la conducta verificada en forma directa por los agentes de la autoridad que llevaron a cabo la aprehensión. Luego, si en tales eventos la información publicada tilda de delincuentes a los capturados, en modo alguno se puede señalar tal actitud como violatoria de los derechos a la honra y al buen nombre de los encartados, pues corresponde apenas a la transmisión de situaciones ciertas y verificables que, si bien pueden incidir en la determinación judicial que finalmente haya de adoptarse, cuyo ámbito de autonomía no se vulnera por el informe, tienen apenas la connotación de reflejar lo sucedido en un momento y en un lugar determinados. De lo anterior se concluye que la información policial y las decisiones judiciales, aunque tienen objeto y fuerza totalmente diferentes, pueden coincidir, en los casos de flagrancia, en la verificación de hechos incontrovertibles. De allí que, al informar  acerca de ellos, la autoridad de policía y los medios de comunicación no están obligados a esperar que se produzca la sentencia condenatoria para decir en público que el ilícito se cometió, pues el objeto de la información no es el de calificar la responsabilidad penal sino el de presentar públicamente un hecho verdadero, consistente en que la captura de quien cometía el delito se produjo precisamente cuando estaba siendo cometido. Relaciones entre la propia conducta y los derechos a la honra y al buen nombre No puede perderse de vista que, según reiterada jurisprudencia de esta Corte, los derechos a la honra y al buen nombre, reconocidos a toda persona por el artículo 15 de la Constitución y cuyo núcleo esencial debe ser respetado y hecho respetar por el Estado, únicamente pueden reclamarse sobre el supuesto de la conducta irreprochable y limpia de su titular. El concepto público favorable acerca del comportamiento de un individuo, que es propio del buen nombre, no menos que la estima y el respeto de la propia dignidad que implica la honra, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, constituyen logros que no son gratuitos para nadie sino que fluyen, con el paso del tiempo, de la evaluación que el propio sujeto, en el interior de su conciencia, y la colectividad a la que pertenece hacen de su comportamiento, en la medida en que lo estimen acorde con los valores imperantes en su seno. Por eso, la Corte Constitucional ha sostenido que no hay honra ni buen nombre que puedan exigirse como intangibles cuando no está de por medio el mérito de quien los reivindica. Sobre el particular, esta Sala repite: "Toda persona tiene derecho, según el artículo 15 de la Constitución, a su buen nombre, y a cargo del Estado ha sido establecida la obligación de respetarlo y hacerlo respetar. El buen nombre alude al concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, antecedentes y ejecutorias. Representa uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social de la persona y constituye factor indispensable de la dignidad que a cada uno debe ser reconocida. Se atenta contra este derecho cuando, sin justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público -bien en forma directa y personal, ya a través de los medios de comunicación de masas- informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen. Pero el derecho al buen nombre no es gratuito. Por su misma naturaleza, exige como presupuesto indispensable el mérito, esto es, la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular y el reconocimiento social del mismo. En otros términos, el buen nombre se adquiere gracias al adecuado comportamiento del individuo, debidamente apreciado en sus manifestaciones externas por la colectividad. Lo anterior implica que no está en posición de reclamar respeto y consideración a su buen nombre quien ha incurrido en actos u omisiones que de suyo generan el deterioro del concepto general en que se tiene al interesado. Así, el que incumple sus obligaciones y persiste en el incumplimiento se encarga él mismo de ocasionar la pérdida de la aceptación de la que gozaba en sociedad y no puede, por tanto, aspirar a que se lo reconozca públicamente como persona digna de crédito. Eso mismo acontece en los diversos campos de la vida social, en los cuales la conducta que una persona observa, cuando es incorrecta, incide por sí sola, sin necesidad de factores adicionales y de una manera directa, en el desprestigio de aquella." (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-228 del 10 de mayo de 1994. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo). No es pertinente, entonces, exigir la protección constitucional al buen nombre y a la honra a sabiendas de que el propio comportamiento, públicamente conocido, desvirtúa las bases mismas del reconocimiento social a la persona. Ahora bien, el buen nombre y el prestigio de una persona la cobijan en su conjunto, pues provienen de la huella que su conducta va dejando en el entorno social, a tal punto que, no obstante el adecuado comportamiento observado por largo tiempo, la integridad del buen concepto público en que el individuo era tenido puede verse malograda por actos u omisiones de última hora que implican necesariamente la disminución o pérdida de su credibilidad. Estamos ante uno de los valores más frágiles de cuantos integran el patrimonio moral de la persona, por lo cual precisamente el ordenamiento jurídico ha sido tan estricto en su preservación, contra las especies difundidas que puedan causarle irreparables lesiones. En ese orden de ideas, quien actúe correctamente en unas situaciones o durante un tiempo determinado pero modifique su conducta en otras circunstancias o en una época diferente, incurriendo en actitudes que desdigan de la pulcritud, el decoro, la respetabilidad o la licitud antes observados, no puede pretender un buen nombre integral, ya que, al salir a la luz pública los hechos que desfavorecen la imagen de su rectitud, reconocida por otros conceptos, necesariamente habrá de ver lesionada la idea positiva que en torno a su persona existe. Ello significa, para el caso de autos, que el accionante no está en posición de reclamar respeto a su buen nombre alegando que fue capturado en una fecha distinta a la consignada en el informe policial cuando en realidad lo fue en otra, pero en todo caso lo fue en relación con el mismo delito -hurto de caballos-, por el cual está siendo procesado. Análisis del caso concreto Obra en el expediente el texto del comunicado de prensa producido por el Departamento de Policía del Atlántico el 16 de mayo de 1995, cuyo texto se transcribe: "POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO Barranquilla. 16 de mayo de 1995 COMUNICADO DE PRENSA Como resultado de arduas labores de inteligencia tendientes a erradicar el flagelo del abigeato caballar en los municipios ubicados a lo largo de la carretera oriental, el día 14 de mayo del año en curso en el Municipio de Palmar de Varela, unidades de Policía Nacional adscritas a este municipio capturaron al delincuente Eduardo Ortiz Pérez, conocido con el alias "El Negro", 23 años de edad, jefe de la banda, a quien se le encontró en su poder un semoviente equino de cinco (5) meses, el cual había hurtado junto con la yegua madre de la finca Florian de propiedad de la familia Caballero Sandoval, el día 13 05 95. Se obtuvo la confesión de la autoría intelectual y material de otros ilícitos y fue así como en la ciudad de Barranquilla en la Cr. 9 Nº 8-21, fueron recuperados tres (3) semovientes caballar avaluados en la suma de un millón de pesos y el desmantelamiento de un matadero clandestino en el municipio de Malambo. Los otros integrantes de la banda fueron identificados como: - Roger Pertuz Pertuz, 20 años de edad, natural y residente en Palmar de Varela. - Eduardo Montero Niebles, 40 años de edad, residente en Malambo. - Wilfrido de la Rosa, alias "El Espejo", delincuente ampliamente reconocido. Los delincuentes relacionados anteriormente se encuentran a órdenes de la Fiscalía 13 del municipio de Santo Tomás, en la cárcel del Bosque". También aparece dentro del acervo probatorio (folio 31) una certificación expedida por el Director de la Cárcel Distrital para varones de Barranquilla, fechada el 4 de julio de 1995, en la cual se dice que "revisadas las tarjetas que se llevan en este centro carcelario, se pudo establecer que el señor EDUARDO MONTERO NIEBLES, identificado con la cédula de ciudadanía número 3'768.320, expedida en Soledad, ingresó a este establecimiento carcelario el 28 de febrero de 1995... sindicado del presunto delito de hurto agravado, del que resultó víctima HENRY RODRIGUEZ". Por su parte, el Comandante de Policía de la Estación Rural de Palmar de Varela, en Oficio del 3 de julio del año en curso, manifestó: "Me permito informarle que el señor EDUARDO MONTERO NIEBLES, c.c. Nº 3'768.320, expedida en Soledad (Atl.), sí fue capturado por personal de esta unidad, el día 26-02-95 a las 18:00 horas, y conocieron el caso los señores..., por el delito de abigeo caballar (sic) y fue dejado a disposición de la Fiscalía 13 de Santo Tomás". Para mejor proveer, el Magistrado Sustanciador ordenó, mediante auto del 9 de octubre de 1995, oficiar a la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Patrimonio Económico Público y Privado, con sede en Barranquilla, con el objeto de que informara a la Corte acerca del estado actual del proceso seguido contra el accionante y algunos otros individuos, en relación con el aludido delito. Por Oficio 059 del 11 de octubre de 1995, la Fiscalía informó: "...la investigación se inició mediante resolución de febrero 27 de 1995, escuchándose en indagatoria al sindicado en la misma fecha. Se le resolvió su situación jurídica mediante resolución de marzo 6 del mismo año, en la cual se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. En marzo 28 de la misma anualidad se ordenó la revocatoria de la resolución anterior en el sentido de que se ordenó la libertad inmediata de EDUARDO MONTERO NIEBLES por surgir pruebas posteriores que hicieron variar tal decisión. Con fecha mayo 8 de 1995 se concedió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que ordenó la libertad inmediata del mencionado MONTERO NIEBLES, encontrándose en la actualidad la investigación en etapa instructiva y radicada bajo el número 9924". Los anteriores elementos de juicio permiten a la Corte aseverar que, si bien el 16 de mayo de 1995 -fecha del comunicado policial- ya hacia varios meses que se había producido la captura del actor, bajo la sindicación de haber cometido el delito de abigeato, lo informado a la opinión pública, en referencia al desmantelamiento de toda una banda dedicada a ese ilícito, unido a la captura sucesiva de varias personas -entre ellas el accionante- no riñó con la verdad, ni significó atentado a la honra ni al buen nombre de los sindicados -en cuyo poder se encontraron tres caballos avaluados en la suma de un millón de pesos-, ni consistió en usurpación de las funciones judiciales por las autoridades de policía, pues con toda claridad se dijo en el informe que los capturados habían quedado a órdenes de la Fiscalía 13 del Municipio de Santo Tomás, en la cárcel del Bosque, como en efecto lo acreditan los otros documentos allegados al expediente. La única posible imprecisión del comunicado -que, en todo caso, no afecta ni la honra ni el buen nombre del accionante, por cuanto no se lo inculpó infundadamente- consistió en no definir con exactitud la fecha de su captura, que no fue el 14 de mayo sino el 26 de febrero de 1995, por el mismo delito. La Policía Nacional, en consecuencia, no alteró la realidad sustancial de los hechos, por lo cual no se ve el motivo para endilgarle una posible responsabilidad en la violación de derechos fundamentales del demandante, y dejó en manos de la Fiscalía lo que a ella concierne, es decir el adelantamiento del proceso penal correspondiente -que todavía se surte-, cuyos resultados finales, específicamente relacionados con la responsabilidad penal de los implicados, en nada modifican el hecho cierto de la captura en cuasiflagrancia, que fue precisamente el transmitido públicamente, para conocimiento de la ciudadanía, a través del comunicado contra el cual se instauró la acción de tutela. Se revocará el fallo de segunda instancia y se despojará de todo efecto jurídico la orden impartida por el Tribunal al Comando de la Policía, para que la opinión pública conozca que la rectificación impuesta a la autoridad policial, en cuya virtud resultaron desfigurados los hechos correspondientes, carecía de sustento constitucional. DECISION Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- REVOCAR el fallo proferido en segunda instancia por el Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial de Barranquilla -Sala Penal de Decisión- respecto de la acción de tutela instaurada por EDUARDO MONTERO NIEBLES contra el Comandante del Departamento de Policía del Atlántico y, en su lugar, negar el amparo solicitado, como lo había hecho el Juzgado de primera instancia. Segundo.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-553-95 Sentencia No Sentencia No. T-553/95 CUMPLIMIENTO DE PROVIDENCIAS JUDICIALES-Observancia La vigencia de un orden justo no pasaría de ser una mera consagración teórica plasmada en el preámbulo del Estatuto Superior, si las autoridades públicas y privadas, no estuvieran obligadas a cumplir íntegramente las providencias judiciales ejecutoriadas. Acatamiento que debe efectuarse de buena fe, lo que implica que el condenado debe respetar íntegramente el contenido de la sentencia, sin entrar a analizar la oportunidad, la conveniencia, o los intereses de la autoridad vencida dentro del proceso, a fin de modificarlo. La observancia de las providencias ejecutoriadas, además de ser uno de los soportes del Estado Social de Derecho, hace parte del derecho de acceder a la administración de justicia.  Este se concreta no sólo en la posibilidad de acudir al juez para que decida la situación jurídica planteada, sino en la emisión de una orden y su efectivo cumplimiento; valga decir, en la aplicación de la normatividad al caso concreto. Cuando la autoridad demandada se rehúsa a ejecutar lo dispuesto en la providencia judicial que le fue adversa, no sólo vulnera los derechos que a través de esta última se han reconocido a quien invocó protección, sino que desacata una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada.  Si tales derechos son fundamentales, el desconocimiento de la sentencia que los ampara viola el Ordenamiento Superior, también por esa razón. ACCION DE TUTELA PARA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS-Improcedencia pago de dineros Si bien no se determinó dentro del proceso administrativo la cuantía de la obligación impuesta en forma genérica, debió agotar el trámite de concreción previo, previsto para lograr una condena en concreto, y no lo hizo, o integrar debidamente el título ejecutivo con una certificación proveniente de la institución deudora. De tal forma que la negligencia del peticionario en acudir a una vía adecuada para la satisfacción de sus propósitos, no puede ser suplida por los jueces de constitucionalidad, pues este mecanismo de amparo sólo procederá en ausencia de otro eficaz dentro del ordenamiento jurídico. En tal virtud, la Corte no procederá a ordenar el pago de los salarios debidos, ni de los intereses moratorios. PRINCIPIO A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL/DERECHO AL TRABAJO-Debida remuneración Una vez reinstalado en el cargo y dado el mandato de la sentencia administrativa, el salario con el cual se debió revincular no es el recibido al momento del despido injusto, sino el que correspondía a quienes ocupaban cargo similar, tenían igual antigüedad y contaban con idénticos méritos reconocidos dentro de la carrera docente, pues de otra manera, se violaría el principio a trabajo igual salario igual. De ahí que se ha vulnerado además, el derecho al trabajo del peticionario, pues éste no sólo consiste en el acceso al mismo y la permanencia en sus funciones o actividades, sino en su debida remuneración. ACCION DE TUTELA PARA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS-Procedencia para nivelación de salario/DERECHO A LA IGUALDAD-Nivelación de salario/DERECHO AL TRABAJO-Nivelación de salario A través de la acción ejecutiva, el actor puede lograr la ejecución de la sentencia administrativa, mediante la expedición de un mandamiento de pago; pero, aunque ésta es una vía procesal idónea para lograr el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, no puede reclamarse a través de él, la violación de los derechos a la igualdad y al trabajo en que incurrió el ente educativo. Bajo esta consideración, el actor no dispone de la acción ejecutiva para la defensa de sus derechos fundamentales. Ante la inexistencia de una vía judicial alternativa para darle solución oportuna a la difícil situación en la que ha sido puesto el demandante por la administración, la Corte procede a tutelar los derechos a la igualdad y al trabajo del peticionario, mediante orden al demandado para que le asigne al docente el salario que hoy devengaría si hubiere continuado en sus labores, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. CUMPLIMIENTO DE PROVIDENCIAS JUDICIALES-Responsabilidad del obligado Las directivas del centro educativo demandado han desconocido claros mandatos constitucionales y legales, que llevan a concluir que pueden ser responsables ante las autoridades de la República. En efecto, establece una responsabilidad genérica de los funcionarios cuando han omitido el cumplimiento de sus funciones; y el C.C.A. establece específicamente como causal de mala conducta "dilatar o entrabar el cumplimiento de las decisiones en firme”. Ref.:  Expediente T-73.608 Peticionario:  Efraín Olarte Rueda Procedencia:  Consejo de Estado Temas: Cumplimiento de las sentencias judiciales en firme. Nivelación Salarial. Derechos a la igualdad y al trabajo. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz Santafé de Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria Díaz -Magistrado Ponente-, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION, procede a dictar sentencia de revisión de las decisiones de instancia, proferidas en el trámite del proceso de la referencia por el Tribunal Administrativo de Santander y por el Consejo de Estado. ANTECEDENTES 1.- Hechos. Al doctor Efraín Olarte Rueda se le vinculó a la Universidad Industrial de Santander a partir del 7 de marzo de 1985, como profesor de tiempo parcial.  A través de la Resolución Número 044 del 4 de febrero de 1986 expedida por la Rectoría, se le desvinculó porque, en criterio de las directivas del establecimiento, el período de estabilidad consagrado en las normas del Estatuto del Personal Docente había vencido. Inconforme con la anterior decisión, el profesor instauró la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la referida resolución, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo de Santander, corporación que mediante providencia del 10 de julio de 1989, declaró nulo el acto demandado y ordenó, en consecuencia, el reintegro del profesor al mismo cargo que ocupaba cuando fue desvinculado o a otro de igual o superior categoría y sueldo; igualmente dispuso el pago de todos los salarios dejados de percibir durante el tiempo que permaneció separado del cargo. Por último, el citado Tribunal declaró que “no ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio y por tanto el tiempo dejado de laborar debe ser tenido en cuenta para todos los efectos legales, como efectivamente trabajado por parte del doctor Efraín Olarte Rueda.” Dentro del término legal, la “UIS” profirió la Resolución Número 417 del 11 de agosto de 1989 cumpliendo parcialmente la citada providencia pues, pese a que en ésta se afirmó que el tiempo dejado de trabajar por el maestro Olarte Rueda será tenido en cuenta para todos los efectos legales como efectivamente laborado, no sólo se ordenó el reintegro con el salario que devengaba al momento de su retiro involuntario, sino que se dispuso descontar de la suma a pagar por concepto de salarios dejados de percibir, lo que hubiese devengado el profesor al servicio de otras entidades oficiales; en criterio del demandado, las deducciones tienen fundamento en el artículo 128 Superior, que proscribe la doble asignación. Inconforme con la determinación, el doctor Olarte interpuso el recurso de revocatoria directa contra la resolución de la universidad, específicamente contra la expresión “con el salario que devengaba al momento de su desvinculación”, recurso que fue resuelto mediante Resolución 643 del 22 de noviembre de 1989, sin que se acogiera la pretensión  del recurrente. Posteriormente, el 10 de septiembre de 1991, solicitó directamente a la Rectoría del ente demandado, el pago de las sumas debidas y presentó, para el efecto, una liquidación; petición que tampoco fue acogida. Ante la insistente negativa de la Universidad de pagar lo reclamado, el peticionario acudió a la justicia ordinaria con el fin de que se librara mandamiento de pago en contra aquélla, a través del proceso ejecutivo pero, en las tres oportunidades que lo intentó, fracasó su pretensión pues, en consideración de los jueces ordinarios, la sentencia que ordenó su reintegro no presta mérito ejecutivo ya que no contiene una obligación clara, expresa y exigible -artículos 100 del C.P.L. y 488 del C.P.C.-, sino por el contrario, una condena "in genere" cuya liquidación procede a través de un incidente en los términos previstos en los artículos 178 C.C.A. y el 308 del C.P.C.. A pesar de todos los medios utilizados por el actor, “hasta el momento la Universidad Industrial de Santander, no ha cancelado los derechos derivados de su relación laboral y determinados en forma clara expresa en la sentencia de fecha 10 de julio de 1989.” 2.- Peticiones. Ante lo anteriormente expuesto, el peticionario, a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela para lograr la protección de su derecho al trabajo, y solicitó al juez que ordenara a la Universidad: 1.- Efectuar el pago de los salarios dejados de percibir durante el tiempo que estuvo separado del cargo. 2.- Realizar la correspondiente nivelación salarial desde que se reintegró a la "UIS", teniendo en cuenta su antigüedad. 3.- Reconocer y pagar los intereses corrientes y moratorios, de conformidad con el inciso final del artículo 177 del C.C.A. 3.- Trámite procesal El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 16 de marzo de 1995, avocó el conocimiento de la citada acción y dispuso oficiar al Rector de la “UIS” para que informara si había cumplido o no lo resuelto por esa misma Corporación, cuando declaró la nulidad de la Resolución 044 del 4 de febrero de 1988, proferida por el citado centro educativo. En oficio del 16 de marzo de 1995, el Rector manifestó que acató lo decidido por la jurisdicción administrativa, al vincular al docente al mismo cargo y con el salario que percibía cuando se produjo su retiro; pero que el pago de salarios dejados de percibir durante su desvinculación aún no se había producido por falta de acuerdo entre el establecimiento y el demandante en cuanto a la suma debida, pues este último no comparte la decisión de la Universidad de descontar del monto debido, lo que devengó el docente al servicio de otras entidades oficiales -artículo 128 Superior-. Por último, el Rector solicitó al Tribunal pronunciarse sobre la prescripción de los derechos del actor, ya que fueron reconocidos a través de una sentencia que tiene más de cinco años de estar en firme, tiempo durante el cual prestó mérito ejecutivo, máxime cuando el demandante no interrumpió válidamente esa prescripción. 4.- Sentencia de primera instancia Una vez analizadas las pruebas, el Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia del 29 de marzo de 1995, resolvió conceder la tutela. En sus concepto, la "UIS" alteró el contenido de una sentencia judicial ejecutoriada, desconociendo el mandato contenido en el artículo 309 del C.P.C. según el cual, esas providencias no pueden ser modificadas por el juez que las profirió, y mucho menos por quien ha sido condenado a través de ellas. Lo anterior, afirmó el Tribunal, por cuanto el ente demandado ordenó: 1.- deducir de la suma a pagar por concepto de salarios dejados de percibir durante la desvinculación del petente, lo que éste hubiere devengado, en el mismo tiempo, al servicio de otras entidades oficiales, cuando el Tribunal Administrativo no dispuso tales deducciones; y no podría hacerlo pues, en criterio del Tribunal, con el pago de esos salarios, lo que se busca es indemnizar el daño ocasionado al demandante por un hecho ilegal de la administración y, por lo tanto, no podría hablarse de una doble asignación.  2.- reintegrar al docente con el salario que devengaba al momento del retiro irregular del servicio, cuando lo lógico es entender que "en aras del propósito indemnizatorio, el salario tenido en cuenta es el vigente al momento de incorporarse nuevamente a la planta de personal." Ante el incumplimiento de la decisión adoptada por la vía administrativa, el actor puede exigir su ejecución, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 177 del C.C.A.. La existencia de este mecanismo judicial alterno, haría improcedente la tutela, pero el Tribunal duda de su eficacia en el medida en que el actor ha acudido al proceso ejecutivo, sin obtener el mandamiento de pago, porque en criterio de los jueces ordinarios la sentencia que ordenó el reintegro no es un auténtico título ejecutivo. Estos argumentos son suficientes, a juicio del Tribunal, para conceder el amparo solicitado, máxime cuando el actor, en el presente caso, carece de la posibilidad de demandar la resolución proferida por la Universidad, pues ello daría lugar a una interminable cadena de procesos que haría nugatoria, en últimas, la efectividad de los derechos que le fueron reconocidos mediante una sentencia judicial. De conformidad con lo anterior, la Corporación ordenó a la "UIS" liquidar y pagar al peticionario, en el término de 48 horas contados desde el recibo de la comunicación, los salarios y prestaciones dejados de percibir mientras estuvo separado del cargo, "teniendo en cuenta los salarios vigentes durante los períodos mensuales en que dicha desvinculación se mantuvo." Igualmente dispuso que el demandado debía liquidar y pagar, en el mismo término, la porción salarial dejada de percibir por el docente, entre la desvinculación y el reintegro, teniendo en cuenta los salarios vigentes en dichas épocas. No acogió la solicitud de liquidar los intereses comerciales y moratorios, por cuanto el peticionario dispone de la acción ejecutiva ante la justicia civil, siempre y cuando se reúnan los requisitos señalados en el artículo 177 del C.C.A.. Finalmente, el juez de instancia manifestó que no se ha producido la prescripción de los derechos laborales reconocidos al actor, no sólo porque la tardanza en la efectividad de los mismos se debió exclusivamente a la Universidad, sino porque en aras de los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica de los fallos judiciales, las decisiones que ellos contienen se hacen "inmutables, imperativas y coercitivas; de no existir tales garantías, nadie acudiría en ejercicio del derecho de acción, a formular pretensiones para que los órganos judiciales las resuelvan." 5.- Impugnación El Rector de la Universidad Industrial de Santander, mediante escrito del 4 de abril de 1995, impugnó la sentencia y solicitó "que se revoque el fallo proferido por el Honorable Tribunal Administrativo de Santander, y como consecuencia de lo anterior, se ordene al tutelista reintegrar los valores pagados, condenándosele adicionalmente al pago del daño emergente y de las costas del proceso". Fundamentó su petición en las siguientes consideraciones: En el presente caso la acción de tutela no tiene el carácter de residual, en la medida en que el actor disponía, para su amparo, de medios judiciales y administrativos, idóneos y ciertos, que si bien no prosperaron fue por "la indebida utilización del medio de defensa y desconocimiento del carácter de títulos ejecutivos que tienen las sentencias". Tampoco puede alegarse su procedencia como mecanismo transitorio, ante la inexistencia de un perjuicio irremediable "pues la calidad de las pretensiones debidas no tienen la virtualidad de afectar la vida o la integridad personal, ni son de aquellas que no puedan restablecerse a su carácter primigenio o inicial". Finalmente, insistió en que operó el fenómeno de la prescripción de los derechos laborales reconocidos al actor en la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, y así deber ser reconocido por el juez de segunda instancia. 6.- Sentencia del Consejo de Estado Mediante providencia del 31 de mayo de 1995, esta corporación resolvió revocar la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, rechazar por improcedente la tutela incoada. Sostuvo el alto tribunal que lo pretendido por el actor es la protección de un derecho patrimonial, lo que hace improcedente este mecanismo; pero que, si se aceptara que lo solicitado es el restablecimiento del derecho al trabajo que sí es fundamental y el cual se vio afectado por la indebida ejecución de una sentencia, tampoco es viable su protección mediante la tutela, dado que se trata de aquellos derechos que, de conformidad con el artículo 85 Superior, no son de aplicación inmediata y cuya efectividad compete a la ley. En cuanto a la discrepancia por la suma de dinero que se le debe pagar al petente, "se trata de una materia litigiosa que no permite prima facie afirmar que al peticionario efectivamente se le han violado sus derechos." CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1.- Competencia. De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos en el trámite de este proceso.  Corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas pronunciarse sobre las sentencias de instancia, en virtud de la selección y el reparto hechos por la Sala de Selección Número Ocho, través del auto del 10 de agosto de 1995. 2.- El derecho a que se cumplan las sentencias judiciales y la acción de tutela. La vigencia de un orden justo no pasaría de ser una mera consagración teórica plasmada en el preámbulo del Estatuto Superior, si las autoridades públicas y privadas, no estuvieran obligadas a cumplir íntegramente las providencias judiciales ejecutoriadas. Acatamiento que debe efectuarse de buena fe, lo que implica que el condenado debe respetar íntegramente el contenido de la sentencia, sin entrar a analizar la oportunidad, la conveniencia, o los intereses de la autoridad vencida dentro del proceso, a fin de modificarlo. La observancia de las providencias ejecutoriadas, además de ser uno de los soportes del Estado Social de Derecho, hace parte del derecho de acceder a la administración de justicia -artículo 229 Superior-.  Este se concreta no sólo en la posibilidad de acudir al juez para que decida la situación jurídica planteada, sino en la emisión de una orden y su efectivo cumplimiento; valga decir, en la aplicación de la normatividad al caso concreto. En tal virtud, cuando la autoridad demandada se rehúsa a ejecutar lo dispuesto en la providencia judicial que le fue adversa, no sólo vulnera los derechos que a través de esta última se han reconocido a quien invocó protección, sino que desacata una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada.  Si tales derechos son fundamentales, el desconocimiento de la sentencia que los ampara viola el Ordenamiento Superior, también por esa razón. En consecuencia, y de conformidad con el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la tutela sería el mecanismo judicial para lograr la protección de los derechos vulnerados por la omisión de la administración en acatar las obligaciones que le impuso el juez. Reiterando la jurisprudencia de la Corte, y dado el carácter subsidiario de la tutela, es necesario entrar a analizar si, además de esta acción, la ley colombiana consagra otras herramientas jurídicas idóneas para ordenar la efectiva ejecución de una decisión judicial en firme.  Si la respuesta es afirmativa, no es conducente la protección de los derechos del actor a través de este medio. En efecto, el C.P.C. establece en su artículo 488 una vía general para obtener el cumplimiento de los fallos judiciales. La norma citada dispone que "pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley..." (subrayado fuera del texto). Esta vía ejecutiva, según lo ha señalado la Corte, es eficaz para lograr la ejecución de una decisión judicial que imponga al demandado una obligación de dar.  Así lo manifestó la Sala Quinta de Revisión de Tutelas en la Sentencia T-329 de 1994, M:P: Dr. José Gregorio Hernández Galindo. "...el proceso ejecutivo tiene la virtualidad de obtener el forzoso cumplimiento de aquello que se quiere eludir, mediante la aplicación de medidas que, como el embargo y posterior remate de los bienes del deudor, están en manos del juez, quien las lleva adelante pese a la resistencia del demandado, en los casos y dentro de las reglas procesales pertinentes". "Hay allí una característica indubitable de efectividad, pues la consecuencia del incumplimiento es la ejecución forzosa de las prestaciones a las que estaba obligado". 3.- Improcedencia de la acción de tutela para obtener el pago de sumas de dinero. A más de la protección de sus derechos fundamentales que se examinará más adelante, lo pretendido por el actor es el pago de una suma de dinero por concepto de salarios dejados de percibir durante su retiro involuntario e irregular del centro educativo, y el de los intereses moratorios y corrientes que le adeuda la universidad, y dado que ésta se ha negado a efectuarlo, acudió a la ejecución de la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, con base en la acción consagrada en el artículo 488 de C.P.C.. En efecto, el doctor Olarte Rueda accionó ante la justicia ordinaria con el propósito de obtener mandamiento de pago en contra del ente educativo, pero en las tres oportunidades que lo intentó fue rechazada su pretensión por no ser la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander un título ejecutivo.  En términos de los jueces ordinarios, para que el fallo aludido tenga dicho carácter -artículo 100 del C.P.L. y 488 del C.P.C.-, debe contener una obligación clara, expresa y exigible y la providencia cuya ejecución se persigue no la contiene. Bajo tal circunstancia, fue advertido de la necesidad de acudir al incidente consagrado en el artículo 308 del C.P.C., para obtener la liquidación de crédito a su favor, y así lograr una condena en concreto. El juez de primera instancia concedió la tutela pese a la existencia de este medio de defensa judicial pues, en su criterio, no es eficaz para lograr la protección solicitada, dada la negativa de los jueces a ejecutar la providencia demandada. Para la Corte es claro que la falta de idoneidad y eficacia del medio analizado es atribuíble al mismo actor, pues si bien no se determinó dentro del proceso administrativo la cuantía de la obligación impuesta en forma genérica a la UIS, debió agotar el trámite de concreción previo, previsto en el artículo 308 del C.P.C., y no lo hizo, o integrar debidamente el título ejecutivo con una certificación proveniente de la institución deudora. De tal forma que la negligencia del peticionario en acudir a una vía adecuada para la satisfacción de sus propósitos, no puede ser suplida por los jueces de constitucionalidad, pues no bien lo establece el artículo 86 de la C.P. y el Decreto 2591, este mecanismo de amparo sólo procederá en ausencia de otro eficaz dentro del ordenamiento jurídico. En tal virtud, la Corte no procederá a ordenar el pago de los salarios debidos, ni de los intereses moratorios. 4.-Nivelación salarial y los derechos a la igualdad y al trabajo. En acatamiento parcial de la sentencia de la jurisdicción administrativa, la "UIS" reintegró al petente en el cargo que ocupaba antes de la desvinculación y con el salario que devengaba en ese entonces.  En la Resolución 417 del 11 de agosto de 1989, el ente docente dispuso, entre otras cosas, "reintegrar inmediatamente al servicio de la Universidad Industrial de Santander, en el mismo cargo y con igual sueldo al que ocupaba y devengaba cuando fue desvinculado de la Universidad, al doctor Efraín Olarte Rueda." (resaltado del texto). De esa interpretación del fallo de la jurisdicción contenciosa, se desprende, según el actor, un incumplimiento de lo decidido por el Tribunal Administrativo, que deviene en violación directa del derecho a la igualdad porque implica que, una vez reintegrado en su cargo, se viola, en relación con él, el principio a trabajo igual salario igual. Considera la Corte que cuando el fallo del Tribunal Administrativo dispuso que el tiempo durante el cual el actor estuvo desvinculado fuera tomado en cuenta como trabajado por el petente para todos los efectos legales, dentro de dichos efectos hay que entender necesariamente comprendida la determinación del salario. Ademas, estima la Corte que una vez reinstalado en el cargo y dado el mandato de la sentencia administrativa, el salario con el cual se debió revincular no es el recibido al momento del despido injusto, sino el que correspondía a quienes ocupaban cargo similar, tenían igual antigüedad y contaban con idénticos méritos reconocidos dentro de la carrera docente, pues de otra manera, tal y como lo alega el doctor Olarte Rueda, se violaría el principio a trabajo igual salario igual. De ahí que, a juicio de la Sala, en el caso bajo examen, se ha vulnerado además, el derecho al trabajo del peticionario, pues éste no sólo consiste en el acceso al mismo y la permanencia en sus funciones o actividades, sino en su debida remuneración. Habiéndose determinado la violación de los derechos a la igualdad y al trabajo del peticionario, es pertinente considerar la procedencia de la acción de tutela. A través de la acción ejecutiva consagrada en el artículo 488 del C.P.C., el actor puede lograr la ejecución de la sentencia administrativa, mediante la expedición de un mandamiento de pago en contra de la Universidad; pero, aunque ésta es una vía procesal idónea para lograr el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, no puede reclamarse a través de él, la violación de los derechos a la igualdad y al trabajo en que incurrió el ente educativo con posterioridad a la sentencia del Tribunal Administrativo. Bajo esta consideración, el actor no dispone de la acción ejecutiva para la defensa de sus derechos fundamentales. Bajo esta circunstancia, y ante la inexistencia de una vía judicial alternativa para darle solución oportuna a la difícil situación en la que ha sido puesto el doctor Olarte por la administración, la Corte procede a tutelar los derechos a la igualdad y al trabajo del peticionario, mediante orden al demandado para que le asigne al docente el salario que hoy devengaría si hubiere continuado en sus labores, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Ya que la violación del derecho a la igualdad se inició con la Resolución Número 417 de 1989, en la que se dispuso reintegrar al actor con igual sueldo al que devengaba cuando fue desvinculado, se ordenará en la parte resolutiva de esta providencia que la Universidad Industrial de Santander, a más de nivelar inmediatamente el salario del doctor Olarte Rueda con el de sus iguales, pague al actor la diferencia entre lo percibido como retribución a su trabajo desde que fue reintegrado, y lo que debió recibir, es decir, lo que pagó a los que ocuparon igual cargo. 5.- Responsabilidad de los funcionarios en el cumplimiento de las providencias judiciales. El cumplimiento de las providencias proferidas por los jueces de la República no queda al arbitrio de la administración.  A ésta le compete adoptar las medidas conducentes y necesarias para la inmediata ejecución de las obligaciones que le fueron impuestas, y así lograr la protección efectiva de los derechos -artículo 2 Superior-. Es por ello que el Código Contencioso Administrativo, en su artículo 174, dispone que las sentencias ejecutoriadas "serán obligatorias para los particulares y la administración...". Así mismo, el artículo 176 ibídem, fija un término de 30 días, contados a partir de la comunicación de la sentencia, para que los funcionarios dicten la resolución correspondiente, mediante la cual adoptarán los mecanismos para el cumplimiento de la decisión judicial. En el caso bajo examen, la Universidad si bien procedió a acatar la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, mediante la Resolución 417 del 8 de agosto de 1989 expedida dentro del término legal señalado, no procedió a ejecutar la totalidad de lo dispuesto en la citada sentencia. Así, considera esta Sala que las directivas del centro educativo demandado han desconocido claros mandatos constitucionales y legales, que llevan a concluir que pueden ser responsables ante las autoridades de la República. En efecto, los artículos 6o. y 90 de la Constitución, establecen una responsabilidad genérica de los funcionarios cuando han omitido el cumplimiento de sus funciones; y el artículo 76-8 del C.C.A., establece específicamente como causal de mala conducta "dilatar o entrabar el cumplimiento de las decisiones en firme". En tal virtud, y dado que para la Corte es claro que las directivas de la Universidad Industrial de Santander han dilatado la ejecución de las obligaciones que le fueron impuestas por la jurisdicción administrativa, ordenará a la Procuraduría General de la Nación, la correspondiente investigación. 6.- Decisión. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.-  Revocar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, el 31 de mayo de 1995, por las razones expuestas en la parte motiva y, en su lugar, tutelar los derechos al trabajo y a la igualdad del señor Efraín Olarte Rueda. Segundo.- Confirmar los numerales 1o. y 5o. de la parte resolutiva de la providencia del Tribunal Administrativo de Santander. Tercero.- Revocar los numerales 2o., 3o. y 4o. de la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander. Cuarto.- Ordenar a la Universidad Industrial de Santander asignarle inmediatamente al doctor Efraín Olarte Rueda, el salario que hoy devengaría si hubiere continuado en sus labores. Además, reconocerle y pagarle, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, la diferencia entre lo que efectivamente se le canceló por su trabajo desde que fue reintegrado y lo que debía haber recibido si no se le hubieran violado sus derechos a la igualdad y al trabajo. Quinto.- Ordenar a la Procuraduría General de la Nación, investigar a las directivas de la Universidad Industrial de Santander, por la presunta violación de su deber constitucional de cumplir íntegramente las obligaciones impuestas por un juez de la República. Sexto.- Líbrese por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos contemplados en esa norma. Notifíquese, cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-554-95 Sentencia No Sentencia No. T-554/95 DERECHO AL TRABAJO-Naturaleza El trabajo debe ser reconocido como un atributo de la personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano, que lo dignifica en la medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su perfeccionamiento.  Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios indispensables para su congrua subsistencia. Pero la mera consagración normativa no es suficiente para que el ser humano obtenga las condiciones dignas de existencia que merece; es necesario que el Estado permita que el trabajo se concrete en el desarrollo de una actividad productiva, y es por ello que la Constitución, no sólo garantiza la libertad de escoger una profesión, arte u oficio, sino que permite su libre ejercicio, salvo en aquellos casos en los que se requiera de unos especiales conocimientos o exista un riesgo social.  Cuando se precisa de una formación académica, el ejercicio está limitado por la exigencia de un título de idoneidad. LIBERTAD DE EJERCER PROFESION U OFICIO-Naturaleza Las profesiones están sujetas a la inspección y vigilancia de las autoridades competentes, y la Carta, establece que a través de las leyes el Congreso tiene, entre otras, la función de “expedir las normas a las cuales debe sujetarse                                                   el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que consagra la Constitución.” En uso de esa facultad, la ley puede establecer requisitos adicionales al título académico, como, por ejemplo, exigir para el ejercicio de una profesión la matrícula o tarjeta profesional. En tal evento, el legislador debe proporcionar los medios y mecanismos administrativos para su obtención, a fin de garantizar al profesional con título académico su derecho al trabajo; de lo contrario, la norma estaría limitando un derecho más allá de lo que la Constitución permite. LIBERTAD DE EJERCER PROFESION U OFICIO-Límite temporal para solicitar tarjeta profesional/DERECHO AL TRABAJO-Límite temporal para solicitar tarjeta profesional El límite de tiempo para solicitar la tarjeta profesional de los administradores de empresas resulta contrario a las disposiciones constitucionales, en la medida en que de él depende el ejercicio de un derecho para cuyo goce la Constitución no ha establecido término de caducidad;  por el contrario, la Constitución Política garantiza el trabajo a todas las personas en condiciones dignas y justas; se condiciona el ejercicio de un arte, profesión u oficio, a la obtención de un título académico cuando para cumplir con esa actividad se requiera de un conocimiento especial;  si bien esta misma norma permite a la ley establecer condiciones adicionales, también lo es que ellas no pueden hacer nugatorio el derecho reconocido por la Constitución. La Corte no desconoce que el peticionario incumplió con el trámite administrativo impuesto por la ley, y que ello eventualmente ameritaría una sanción.  Sin embargo, ésta no fue consagrada legalmente de manera previa, por lo que jurídicamente no existe, y no puede ser reemplazada por la negación indefinida de la tarjeta que habilita para el ejercicio normal de la profesión.  En consecuencia, el Consejo demandado en procura de la defensa de los derechos fundamentales del actor, y debido al carácter prevalente de la Constitución, debió inaplicar las disposiciones antes señaladas. ACCION DE TUTELA-Carácter prevalente/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Eficacia e inmediatez No puede pretenderse que la mera consagración de esas vías alternas de defensa en nuestro ordenamiento jurídico sea suficiente para que se deniegue el amparo solicitado, pues es obligación del juez constitucional analizar, en el caso concreto y de acuerdo con las circunstancias específicas del mismo, si esa otra acción tiene la eficacia e inmediatez propias de este mecanismo de protección. De lo contrario, ese funcionario estaría sacrificando el contenido material de un derecho fundamental cuya protección le ha sido especialmente encomendada por el Estatuto Superior.  Si  llega a la conclusión de que ese medio alterno no tiene las características anotadas, la tutela se convierte en el medio prevalente de protección. ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Ineficacia para expedición de tarjeta profesional El juez contencioso entraría a analizar la conformidad del acto con la ley bajo la cual fue expedido.  Si encuentra que se ajusta a sus premisas no decretará la nulidad y, por tanto, el acto tendrá vigencia y producirá los efectos correspondientes.  Si lo contrario, declarará su nulidad y ordenará el restablecimiento del derecho al actor. Sin embargo, la actividad del juez administrativo no debe reducirse a ese mero análisis;  como autoridad de la República y, en aras del carácter prevalente de la Constitución, debe entrar a estudiar la constitucionalidad de la norma legal bajo la cual se expidió el acto administrativo demandado; si advierte que de su aplicación se sigue el desconocimiento de un derecho fundamental, el juez puede concluir que la ley invocada para proferir el acto acusado es contraria al Estatuto Superior, y decretar la nulidad del referido acto. Aún en esa hipótesis la acción de nulidad y restablecimiento del derecho resulta inadecuada para satisfacer las justas pretensiones del actor, porque éste no alega un daño imputable a la administración y resarcible a través del pago de una indemnización, y porque la nulidad del acto que le niega el trámite de su tarjeta profesional, deja desprotegido su derecho a ejercer la profesión, para cuyo desempeño obtuvo el título de idoneidad.  El peticionario no puede obtener por la vía ordinaria la protección que puede y debe otorgar el juez constitucional, al derecho fundamental que se le está desconociendo. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Ineficacia para expedición de tarjeta profesional Esta acción es de carácter público, y lo que se persigue a través de ella es la protección del ordenamiento.  En esta medida, la sentencia de constitucionalidad sólo se ocupa de declarar si una norma se ajusta o no al Estatuto Superior.  En caso de que la contraríe, la Corte se encargará de declararla inexequible, sin entrar a analizar si de su aplicación se deriva el quebrantamiento de los derechos fundamentales de quien las demanda, para ordenar así el restablecimiento de los mismos; por lo tanto, la decisión adoptada por la citada Corporación, tiene efectos generales y no particulares. Lo que persigue el demandante, es que se le proteja su derecho personal, particular y subjetivo, a ejercer la profesión que eligió libremente, por lo que no se lograría satisfacer su pretensión. DEMANDA DE TUTELA-Procedencia para expedición de tarjeta profesional/INAPLICACION DE LEY-Término para expedición de tarjeta profesional El demandante sólo cuenta con la acción de tutela para lograr la protección de sus derechos al trabajo y al libre ejercicio de su profesión, pues los otros medios que consagra nuestro ordenamiento jurídico carecen de eficacia para lograr el propósito perseguido. La Corte no entra a hacer un examen de la constitucionalidad de los artículos de la Ley, por cuanto no ha sido demandada su inexequibilidad;   sólo se limita a afirmar que, de acuerdo con el análisis hecho en esta providencia, y para el caso particular, su aplicación conduce a un claro desconocimiento de preceptos constitucionales vigentes. En tal virtud, y en consideración a la obligación del juez constitucional de hacer prevalecer el Estatuto Superior, se ordenará al Consejo Profesional, inaplicar para el trámite de la Matrícula Profesional del demandante, las disposiciones anotadas. Ref.:  Expediente No. T-74.963 Acción de Tutela contra el Consejo profesional de Administración de Empresas, por la presunta violación de los derechos al trabajo y al libre ejercicio de una profesión. Peticionario: Dagoberth Mejía Nieto Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala de Familia-. Temas: Derecho al trabajo y al libre ejercicio de una profesión. Carácter prevalente e informal de la acción de tutela. Inaplicación de la ley en el caso concreto. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz. Santafé de Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrrera Vergara y Carlos Gaviria Díaz -Magistrado Ponente-, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION, procede a dictar sentencia de revisión de la decisión de instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá  -Sala de Familia-, en el proceso de la referencia. ANTECEDENTES 1.-  Hechos. El señor Dagoberth Mejía Nieto acudió, en fecha que no consta en el expediente, al Consejo Profesional de Administración de Empresas, ente adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, con el propósito de que se le expidiera su tarjeta profesional como Administrador de Empresas, pues la Universidad Externado de Colombia le otorgó el título correspondiente el día 13 de junio de 1975. Pese a que desde entonces ha ejercido ininterrumpidamente su profesión y  a que reúne los requisitos para la obtención de la matrícula profesional, el citado Consejo, a través del oficio del 17 de marzo de 1995, respondió negativamente aduciendo que, según el artículo 12 de la Ley 60 de 1981 en concordancia con el artículo 1o. de la ley 13 de 1989, el término para solicitar el referido documento venció el 11 de enero de 1992 y, por lo tanto, las personas que se encuentren en la situación del peticionario “deben esperar a que el Congreso de la República expida una nueva ley, que permita otorgarles la Matrícula y Tarjeta Profesional respectiva.” El artículo 1o. de la Ley 13 de 1989 dispone: “modifíquese el artículo 12 de la Ley 60 de 1981, en virtud del cual se estableció un término de dos años para la expedición de la Matrícula y Tarjeta Profesional de los Administradores de Empresas, en el sentido de ampliarlo a tres años más, improrrogables, contados a partir de la vigencia de esta última.” A su turno, el mencionado artículo 12 de la Ley 60 de 1981, por la cual se reconoce la profesión de Administración de Empresas y se dictan normas que regulan su ejercicio, es del siguiente tenor: “Concédase plazo de dos (2) años, contados a partir de la instalación del Consejo Profesional de Administración de Empresas para que los Administradores de Empresas, con título universitario cumplan con el requisito de la inscripción y obtención de la matrícula a que se refiere la presente Ley”. Para el petente es claro que el incumplimiento de una norma amerita la imposición de una sanción, pero ella debe ser “concreta en el tiempo y en el espacio”; si bien él desconoció las disposiciones citadas, “como están las cosas se le está imponiendo una pena perpetua a él y a su familia, y la ley no le da opciones de pronta solución.” Ante la imposibilidad de obtener su tarjeta profesional, el actor acudió al Defensor del Pueblo quien, a través de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, ofició al Director Ejecutivo del Consejo Profesional de Administración de Empresas, funcionario que en escrito del 27 de abril de 1995 expresó:  “si el señor Dagoberth Mejía Nieto se graduó antes del 29 de mayo de 1986, debe interponer recurso de tutela ante la autoridad competente para que, en caso de que ésta falle positivamente a sus pretensiones, el Consejo pueda -con base en la decisión adoptada- darle curso a la solicitud que presente el señor Mejía Nieto, una vez haya reunido los requisitos establecidos para la expedición de la Matrícula y Tarjeta Profesionales.” Por lo anteriormente expuesto, el peticionario asegura que la tutela es el único medio eficaz del que dispone para lograr el restablecimiento de sus derechos a la libertad de escoger profesión u oficio y al trabajo. 2.- Pretensiones. A través de la Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, el señor Dagoberth Mejía Nieto solicita que se ordene al Consejo Profesional demandado, expedirle la tarjeta profesional como administrador de empresas. 3.-  Fallo que se revisa. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala de Familia- resolvió, a través de la sentencia del 23 de junio de 1995, negar la acción de tutela instaurada, con base en las siguientes consideraciones: El Consejo Profesional de Administración de Empresas, demandado en el caso bajo examen, es de carácter oficial, por lo que sus decisiones o resoluciones pueden ser controvertidas mediante las acciones administrativas, medios de los que dispone el peticionario para la defensa de sus derechos. De conformidad con lo anterior, y ante la existencia de esas vías alternas, el peticionario debió invocar la protección como mecanismo transitorio, para evitar  un perjuicio irremediable -artículo 8 del Decreto 2591 de 1991-, pero como no lo hizo, el Tribunal no puede conceder el amparo solicitado. Además, el juez de tutela no está facultado, con el pretexto de restablecer los derechos fundamentales desconocidos por la acción u omisión de una entidad oficial, para derogar una ley vigente, como es el caso de la ley 60 de 1981 y demás normas que la reglamentan y complementan, ni para declarar la nulidad o revocar un acto administrativo “que debe proferir el Consejo Profesional de Administración de Empresas adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico.” Por último, sostiene el Tribunal que el término perentorio de dos años que establece la Ley 60 de 1981 para solicitar la tarjeta como administrador de empresas ante el Consejo Profesional, constituye un claro desconocimiento de los derechos a la escogencia de profesión u oficio, al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad, por lo que “desde ya se percibe una inconstitucionalidad de fondo, con lo cual el interesado también cuenta (con acción), ante la H. Corte Constitucional, en los términos del artículo 241 de la Constitución Nacional de 1991.” 4.-  Solicitud de Revisión. Con base en el derecho consagrado en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 y dentro de la oportunidad señalada, el Defensor del Pueblo insistió en la revisión de la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. En su criterio, la decisión del juez de primera instancia es errada en la medida en que: 1.- No especifica cuáles son las acciones de que dispone el peticionario para la defensa de sus derechos, ni contra qué actos del Consejo Profesional proceden. Además de indicar de manera abstracta que existen otros medios de protección, tampoco hace un análisis de su eficacia, tal como lo indica el artículo 6-1 del Decreto 2591 de 1991, y como reiteradamente lo ha sostenido la Corte Constitucional. Si en gracia de discusión se admitiera que las acciones a que se refiere el juez de primera instancia son las de nulidad -artículo 84 del C.C.A-, y  restablecimiento del derecho -artículo 85 ibídem-, ninguna de las dos sería procedente en la medida en que el señor Mejía Nieto no está controvirtiendo ni la aplicación que de las leyes hizo el Consejo Profesional demandado, ni la validez de los actos administrativos que con base en esas normas pudo emitir dicho ente.  “Aquí su responsabilidad se cuestiona por la inobservancia de sus deberes como servidores públicos, concretados en la omisión para brindarle al accionante una salida legal a su conflicto profesional.” 2.-  Ante la inexistencia de otro medio judicial, mal puede el Tribunal afirmar que la tutela debió invocarse como mecanismo transitorio pues, bajo estas circunstancias, la acción presentada se convierte en el instrumento único y preferente con el que cuenta el petente para la defensa de sus derechos fundamentales. 3.-  No es cierto que se haya solicitado la derogación de la Ley 60 de 1981, ni de las normas que la reglamentan y complementan, lo que demanda el peticionario es la protección de sus derechos fundamentales, para cuyo fin el Tribunal debió ordenar la inaplicación de las citadas disposiciones, tal como lo establece el artículo 29-6 del Decreto 2591 de 1991. “...en cuanto a que la acción de tutela no es el sendero idóneo o adecuado para ´invocar la nulidad o la revocatoria de un acto administrativo, cual es el que debe proferir el Consejo Profesional de Administración de Empresas adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico´, ya se acreditó nuestra posición frente al otro medio de defensa judicial.  Sólo restaría agregar que el Tribunal hace alusión a actos administrativos aun por proferirse, situación que coloca al accionante en una incertidumbre mayor.” 4.- “Remitir al aquí accionante a que haga uso del artículo 241 C.N., no constituye de manera directa un medio de defensa judicial adecuado para buscar la protección de sus derechos fundamentales.  Carece la acción de inconstitucionalidad de la inmediatez que le es propia a la acción de tutela, y sus efectos son generales.”. Consideraciones de la Corte. 1.-  La competencia. De conformidad con los artículos 86 y 241 de la Carta Fundamental, la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo proferido en el trámite de este proceso.  Corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas pronunciarse sobre la sentencia de instancia, en virtud de la selección y reparto hechos por la Sala de Selección Número Ocho, a través del auto del 23 de agosto de 1995. 2.-  El derecho al trabajo y al libre ejercicio de la profesión. En el Preámbulo del Estatuto Superior y en su artículo 1o, el derecho al trabajo se consagra como principio fundante de nuestro Estado Social de Derecho, y objetivo primordial de la organización política.  Se eleva a la categoría de derecho fundamental que goza de especial protección del Estado, según lo indica el artículo 25 ibídem,  carácter que ha sido avalado por esta Corporación, entre otras, en las Sentencias T-03 de 1992, T-225 de 1992, T-475 de 1992, T-483 de 1993 y T-402 de 1994. Al ubicársele dentro de este tipo de derechos, el trabajo debe ser reconocido como un atributo de la personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano, que lo dignifica en la medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su perfeccionamiento.  Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios indispensables para su congrua subsistencia. Pero la mera consagración normativa no es suficiente para que el ser humano obtenga las condiciones dignas de existencia que merece; es necesario que el Estado permita que el trabajo se concrete en el desarrollo de una actividad productiva, y es por ello que la Constitución, en su artículo 26, no sólo garantiza la libertad de escoger una profesión, arte u oficio, sino que permite su libre ejercicio, salvo en aquellos casos en los que se requiera de unos especiales conocimientos o exista un riesgo social.  Cuando se precisa de una formación académica, el ejercicio está limitado por la exigencia de un título de idoneidad. Las profesiones están sujetas a la inspección y vigilancia de las autoridades competentes, y el artículo 150-8 Superior, establece que a través de las leyes el Congreso tiene, entre otras, la función de “expedir las normas a las cuales debe sujetarse                                                   el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que consagra la Constitución.” En uso de esa facultad, la ley puede establecer requisitos adicionales al título académico -inciso final del artículo 26 Superior-, como, por ejemplo, exigir para el ejercicio de una profesión la matrícula o tarjeta profesional. En tal evento, el legislador debe proporcionar los medios y mecanismos administrativos para su obtención, a fin de garantizar al profesional con título académico su derecho al trabajo;  de lo contrario, la norma estaría limitando un derecho más allá de lo que la Constitución permite. 3.- La Ley 60 de 1981 en concordancia con la Ley 13 de 1989 y las cargas irredimibles.- La ley 60 de 1981, por medio de la cual se reconoce la Profesión de Administrador de Empresas, establece como requisito para su ejercicio, no sólo el título universitario otorgado por institución de educación superior aprobada por el Gobierno Nacional, sino también la matrícula profesional.  La expedición de este documento compete al Consejo Profesional de Administración de Empresas, quien colabora con el Gobierno no sólo para determinar las normas que van a regir esa profesión, sino para vigilar su ejercicio. Para la obtención de la matrícula se exige: - Que el diploma haya sido refrendado y registrado por la universidad respectiva, autenticado por la autoridad competente, y legalizado e inscrito en el Ministerio de Educación Nacional. -  Que el profesional haya solicitado la tarjeta -artículo 12 de la Ley 60 de 1981-, dentro de los dos años siguientes a la instalación del Consejo. Por medio del artículo 1o. de la Ley 13 de 1989, este plazo se extendió a tres años contados a partir de su vigencia -11 de enero de 1989-;  por lo tanto, el término para solicitar la tarjeta profesional de los administradores de empresas que hubieran obtenido el título antes de esta fecha, venció el 11 de enero de 1992. Este límite de tiempo resulta contrario a las disposiciones constitucionales, en la medida en que de él depende el ejercicio de un derecho para cuyo goce la Constitución no ha establecido término de caducidad;  por el contrario, el artículo 25 ibídem, garantiza el trabajo a todas las personas en condiciones dignas y justas;  sólo el artículo 26 Superior condiciona el ejercicio de un arte, profesión u oficio, a la obtención de un título académico cuando para cumplir con esa actividad se requiera de un conocimiento especial;  si bien esta misma norma permite a la ley establecer condiciones adicionales, también lo es que ellas no pueden hacer nugatorio el derecho reconocido por la Constitución. Las Leyes 60 de 1981 y 13 de 1989 no establecen una sanción de tipo administrativo, acorde con el Estatuto Superior, para quienes dejaron de solicitar la tarjeta profesional dentro de la oportunidad señalada; se desprende de ellas que a tales personas simplemente se les debe negar ese documento y, por lo tanto, se les imposibilita de por vida para ejercer plenamente su profesión. La desprotección en que se dejó al señor Mejía se hace más evidente cuando, ante sus insistentes peticiones, el Director Ejecutivo del órgano demandado le responde que “debe esperar a que el Congreso de la República expida una nueva ley, que permita otorgarle la Matrícula y Tarjeta Profesional respectiva”. Sobre esta clase de situaciones, la Corte tuvo oportunidad de pronunciarse, y anotó: “No puede quedar supeditado el ejercicio del derecho fundamental al trabajo del actor a que en un futuro lejano se dicte la reglamentación de una ley que, por sí misma habilita al mencionado Consejo para expedir la matrícula profesional al peticionario. La administración dentro de una discrecionalidad razonable, puede exigir, para los casos de expedición de las licencias de los ingenieros pesqueros, ciertos requisitos que se juzguen indispensables, dentro del contexto normativo antes reseñado, bajo la perspectiva de la observancia del principio de eficacia consagrado en el artículo 209 de la Carta Política que, para el caso, se traduce en asegurar la oportuna expedición de las licencias a los ingenieros pesqueros.”  (Sentencia T-106 del 11 de marzo de 1993, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell) Ahora bien:  si al Consejo demandado se le han asignado funciones públicas de vigilancia y control sobre el ejercicio profesional, debe actuar teniendo en cuenta que las autoridades de la República se han instituído, entre otras cosas, para la defensa de los derechos de los asociados.  En tal virtud, el ente citado debió inaplicar los artículos 12 de la Ley 60 de 1981 y 1o. de la Ley 13 de 1989 en el trámite de la solicitud del señor Mejía Nieto para, así, garantizarle su derecho al trabajo, siempre que reúna los demás requisitos. La Corte no desconoce que el peticionario incumplió con el trámite administrativo impuesto por la ley, y que ello eventualmente ameritaría una sanción.  Sin embargo, ésta no fue consagrada legalmente de manera previa, por lo que jurídicamente no existe, y no puede ser reemplazada por la negación indefinida de la tarjeta que habilita para el ejercicio normal de la profesión.  En consecuencia, el Consejo demandado en procura de la defensa de los derechos fundamentales del actor, y debido al carácter prevalente de la Constitución, debió inaplicar las disposiciones antes señaladas, como se le ordenará hacerlo en la parte resolutiva de esta providencia. La Corte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, dispondrá que, tanto el Consejo Profesional de Administración de Empresas como los jueces de la República, deberán aplicar la doctrina constitucional sostenida en esta providencia, teniendo en cuenta los parámetros esbozados en la sentencia C-083 de 1995. 4.-  El carácter prevalente de la acción de tutela. Los artículos 86 inciso 3o. y 6o. del Decreto 2591 de 1991 le imprimen un carácter subsidiario a la tutela, en la medida en que establecen que sólo será procedente cuando no exista otro medio alternativo de defensa de los derechos fundamentales cuya protección se invoca, salvo que lo pretendido sea evitar un perjuicio irremediable. Pero no puede pretenderse que la mera consagración de esas vías alternas de defensa en nuestro ordenamiento jurídico sea suficiente para que se deniegue el amparo solicitado, pues es obligación del juez constitucional analizar, en el caso concreto y de acuerdo con las circunstancias específicas del mismo, si esa otra acción tiene la eficacia e inmediatez propias de este mecanismo de protección -artículo 6-1 del Decreto 2591-.  De lo contrario, ese funcionario estaría sacrificando el contenido material de un derecho fundamental cuya protección le ha sido especialmente encomendada por el Estatuto Superior.  Si  llega a la conclusión de que ese medio alterno no tiene las características anotadas, la tutela se convierte en el medio prevalente de protección. Así lo expresó la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas en Sentencia T-100 del 9 de marzo de 1994: “Sin embargo, parece razonable exigir que el otro medio de defensa judicial para la protección del derecho violado o amenazado, sea al menos tan eficaz para la defensa del derecho como lo es la tutela; en caso contrario, la acción de tutela pierde su carácter de procedimiento subsidiario y se convierte en vía procesal preferente, pues no sólo el juez de tutela, sino toda la Rama Judicial y el Estado, tienen como fin esencial de su actuación y razón de su existencia: "... garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución..." (artículo 2 de la Carta). Al respecto, dijo la Corte en la Sentencia T-495/92 - 12 de agosto, Magistrado Ponente, Dr. Ciro Angarita Barón-: "En diversas sentencias de esta Corte (cfr. entre otras, T-414/92), se ha insistido en que el juez de tutela debe examinar, en cada caso, si el otro mecanismo de defensa judicial que es aplicable al caso es igual o más eficaz que la tutela. Sólo si la respuesta es afirmativa, podrá rechazar la tutela argumentando esa causal de improcedencia. De otro modo y con miras a hacer prevalecer el derecho sustancial y los derechos inalienables de la persona humana, deberá conceder la tutela. De no hacerlo, estaría violando el derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales´.” El Tribunal se limitó a indicar de manera genérica que el peticionario tiene otros caminos para el logro de sus pretensiones, sin proceder al análisis indicado, lo que condujo a la desprotección del derecho porque, como se verá más adelante, el actor no cuenta con otro medio judicial de defensa. La Corte procede, entonces, a hacer un breve análisis de las acciones con las que, a juicio del a quo, cuenta el señor Mejía Nieto para impugnar la omisión en la que incurrió el Consejo Profesional demandado. -.  Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho. El Consejo Profesional de Administración de Empresas, ente de carácter oficial adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, se negó a tramitar la solicitud del señor Mejía Nieto para la obtención de su tarjeta profesional.  Con ello el citado organismo produjo un acto administrativo subjetivo frente al cual, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, procedería la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta acción, consagrada en el artículo 85 del C.C.A, tiene como fin desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos particulares.  En virtud de su aceptación, el juez contencioso entraría a analizar la conformidad del acto con la ley bajo la cual fue expedido.  Si encuentra que se ajusta a sus premisas no decretará la nulidad y, por tanto, el acto tendrá vigencia y producirá los efectos correspondientes.  Si lo contrario, declarará su nulidad y ordenará el restablecimiento del derecho al actor. Sin embargo, la actividad del juez administrativo no debe reducirse a ese mero análisis;  como autoridad de la República y, en aras del carácter prevalente de la Constitución, debe entrar a estudiar la constitucionalidad de la norma legal bajo la cual se expidió el acto administrativo demandado; si advierte que de su aplicación se sigue el desconocimiento de un derecho fundamental, el juez puede concluir que la ley invocada para proferir el acto acusado es contraria al Estatuto Superior, y decretar la nulidad del referido acto. Sin embargo, aún en esa hipótesis la acción de nulidad y restablecimiento del derecho resulta inadecuada para satisfacer las justas pretensiones del actor, porque éste no alega un daño imputable a la administración y resarcible a través del pago de una indemnización, y porque la nulidad del acto que le niega el trámite de su tarjeta profesional, deja desprotegido su derecho a ejercer la profesión, para cuyo desempeño obtuvo el título de idoneidad.  El fallo del juez contencioso no afecta la vigencia de las Leyes 60 de 1981 y 13 de 1989, ni puede ordenar al Consejo Profesional que las inaplique.  Por tanto, es claro que el peticionario no puede obtener por la vía ordinaria la protección que puede y debe otorgar el juez constitucional, al derecho fundamental que se le está desconociendo. Bajo esta consideración, el señor Mejía Nieto no dispone de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para la satisfacción de su pretensión. -. La acción de inconstitucionalidad. Esta acción, consagrada en el artículo 241 de la Carta, cuyo estudio compete a la Corte Constitucional, es de carácter público, y lo que se persigue a través de ella es la protección del ordenamiento.  En esta medida, la sentencia de constitucionalidad sólo se ocupa de declarar si una norma se ajusta o no al Estatuto Superior.  En caso de que la contraríe, la Corte se encargará de declararla inexequible, sin entrar a analizar si de su aplicación se deriva el quebrantamiento de los derechos fundamentales de quien las demanda, para ordenar así el restablecimiento de los mismos;   por lo tanto, la decisión adoptada por la citada Corporación, tiene efectos generales y no particulares. Lo que persigue el señor Mejía Nieto, es que se le proteja su derecho personal, particular y subjetivo, a ejercer la profesión que eligió libremente, por lo que no se lograría satisfacer su pretensión a través de la acción aquí analizada. Bajo estas consideraciones, concluye la Corte que el demandante sólo cuenta con la acción de tutela para lograr la protección de sus derechos al trabajo y al libre ejercicio de su profesión, pues los otros medios que consagra nuestro ordenamiento jurídico carecen de eficacia para lograr el propósito perseguido. En tal virtud y, en consideración a la tarea encomendada a las autoridades de la República -artículo 2 del Estatuto Superior-, la Corte procederá a revocar la decisión adoptada por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá y, en su lugar, concederá definitivamente el amparo solicitado, ordenando al Consejo Profesional inaplicar las Leyes 60 de 1981 y 13 de 1989, en el trámite de la solicitud elevada por el señor Mejía Nieto. 5.-  La informalidad de la acción de tutela. La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá se negó a amparar transitoriamente los derechos fundamentales conculcados al actor, a pesar de reconocer que éste viene sufriendo un perjuicio irremediable, porque en el texto de la demanda no aparece expresamente solicitada la tutela como mecanismo transitorio. Tal rigorismo desconoce el carácter informal que el Constituyente le otorgó a la acción de tutela;  minimiza el alcance de lo estipulado por el artículo 2o. de la Carta Política sobre la función para la cual fueron instituídas la autoridades de la República, y contraría de paso la regla general contenida en el artículo 228 del Estatuto Superior. A propósito, la Sala Tercera de Revisión de Tutelas de esta Corporación, en Sentencia T-501 de 1992, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo, sostuvo: “...observa la Corte Constitucional que, por su misma índole, la acción de tutela no exige técnicas procesales ni requisitos formales propios de especialistas, ya que su función no puede asimilarse a la que cumplen las acciones privadas dentro de los esquemas ordinarios previstos por el sistema jurídico, sino que corresponde a la defensa inmediata de los derechos fundamentales.  Su papel es ante todo el de materializar las garantías constitucionales y, por tanto, es de su esencia el carácter sustancial de su fundamento jurídico. La instauración de las acciones de tutela no puede dar lugar al rigor formalista de los procesos ordinarios ni se puede convertir su admisibilidad y trámite en ocasión para definir si se cumplen o no presupuestos procesales o fórmulas sacramentales, ya que con ella no se busca establecer una "litis" sino acudir a la protección oportuna de la autoridad judicial cuando un derecho fundamental es lesionado u objeto de amenaza.” En tal virtud, si el juez observa que el peticionario tiene un derecho que le ha sido vulnerado o amenazado, y que la única medida con la que cuenta para su protección es la acción de tutela, tiene que proceder al amparo inmediato y definitivo del derecho del actor, sin consideración a aspectos puramente formales -artículo 86 de la Carta-. Bajo estos parámetros y teniendo en cuenta que el juez de primera instancia afirma que, evidentemente, el término perentorio que establece la Ley 60 de 1981 constituye un claro desconocimiento de los derechos al  escogimiento de profesión u oficio y al trabajo, la Sala de Familia debió proceder a conceder el amparo del derecho. 6.- La inaplicación de la ley en el caso concreto. La Corte no entra a hacer un examen de la constitucionalidad de los artículos 12 de la Ley 60 de 1981 y 1o. de la Ley 13 de 1989, por cuanto no ha sido demandada su inexequibilidad;   sólo se limita a afirmar que, de acuerdo con el análisis hecho en esta providencia, y para el caso particular, su aplicación conduce a un claro desconocimiento de preceptos constitucionales vigentes, específicamente de los consagrados en los artículos 25 y 26. En tal virtud, y en consideración a la obligación del juez constitucional de hacer prevalecer el Estatuto Superior -artículo 4o-, se ordenará al Consejo Profesional de Administración de Empresas, inaplicar para el trámite de la Matrícula Profesional del Señor Dagoberth Mejía Nieto, las disposiciones anotadas. 7.- Decisión En virtud de las consideraciones expuestas, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.-  Revocar la sentencia del 23 de junio de 1995 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala de Familia y, en su lugar, tutelar los derechos fundamentales al trabajo y al libre ejercicio de la profesión del señor Dagoberth Mejía Nieto. Segundo.-  Ordenar al Consejo Profesional de Administración de Empresas inaplicar, para el trámite de la solicitud del señor Dagoberth Mejía Nieto, el artículo 12 de La Ley 60 de 1981 y su reglamentario,  artículo 1o. de la Ley 13 de 1989, de conformidad con lo ordenado en esta providencia. Tercero.  Disponer que de conformidad con el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, en todos aquellos casos similares al presente por sus hechos y circunstancias, la doctrina constitucional sostenida en esta providencia deberá ser aplicada, tanto por el Consejo Profesional de Administración de Empresas, como por los jueces de la República, según lo decidido en la Sentencia C-083 de 1995. Cuarto.  Comunicar la presente providencia a la Sala de Familia del Tribunal del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-555-95 Sentencia No Sentencia No. T-555/95 DEMANDA DE TUTELA-Práctica de pruebas La obtención de los medios probatorios pertinentes se hace indispensable si estamos hablando de la acción de tutela, cuyo objetivo único es el restablecimiento de los derechos fundamentales de quien los alega vulnerados o amenazados.  No puede el juez, en aras del trámite sumario de esta acción, abstenerse de recaudar testimonios, solicitar informes, es decir, negarse a realizar todo lo necesario para demostrar, no sólo la acción o la omisión anotadas en la petición, sino que de ellas se deriva la vulneración alegada.  Sin embargo, se deja abierta la posibilidad al juez constitucional de fallar sin necesidad de acudir a ninguna averiguación previa “siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del derecho.”  El juez al estudiar la impugnación, y al cotejarla con el acervo probatorio y con el fallo, puede observar que la decisión apelada carece de fundamento probatorio por lo que, no sólo está obligado constitucionalmente, sino facultado legalmente, para solicitar los documentos, dictámenes e informes que requiera para mejor proveer. ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto Si bien la acción de tutela tiene por objeto el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, pierde su razón de ser cuando ya no existe el acto motivo de la acción. Por lo tanto, no tiene sentido que se imparta una orden judicial tendente a que el demandado actúe de conformidad con lo solicitado a través de la demanda. DERECHOS DEL INTERNO A LA NOTIFICACION PERSONAL Con el propósito de salvaguardar el derecho a la igualdad de quienes se encuentren recluídos en un establecimiento carcelario, es necesario que las providencias judiciales les sean notificadas personalmente, pues ellos no disponen de los mismos medios con los que cuentan quienes gozan de libertad para conocer los pronunciamientos judiciales. Ref.:  Expediente No. T-76.869 Acción de Tutela contra el Director de la Cárcel Nacional del Distrito Judicial de Medellín, por la presunta violación de los   derechos a un trato digno y a la igualdad de quien se encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta. Peticionario:  Edwin Arley Castaño Pérez. Temas: Práctica de pruebas en el proceso de tutela. Carencia de Objeto. Notificación personal de los fallos de tutela a quienes se encuentran privados de la libertad. Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ Santafé de Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria Díaz -Magistrado Ponente-, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION, procede a dictar sentencia de revisión de las decisiones de instancia proferidas en el proceso de la referencia. ANTECEDENTES 1.-  Hechos Al señor Edwin Arley Castaño Pérez se le dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, por el presunto delito de terrorismo, y fue recluído en la Cárcel Nacional del Distrito Judicial de Medellín, “Bella Vista”. Sus "extremidades inferiores están completamente atrofiadas, ocasionando que sus desplazamientos de un lugar a otro sean muy dificultosos, porque lo tiene que hacer sobre sus nalgas, con ayuda de sus extremidades superiores" -folio 2-, y el Director del referido centro de reclusión se niega a suministrarle una silla de ruedas, debido a que el número de éstas es muy escaso, y las pocas que hay se han asignado a reclusos que ingresaron al establecimiento con anterioridad. Su movilización dentro del lugar de reclusión en estas circunstancias, máxime sin alguien que le ayude, es incompatible con la dignidad, sobre todo cuando requiere de los servicios sanitarios, pues "tiene que someterse  a la suciedad y desaseo en general típicos de estos lugares, donde la gente es indiferente a esa mal llamada forma de vida." -folio 3-. En estas circunstancias, el peticionario estima vulnerados sus derechos constitucionales a recibir un trato acorde con la dignidad humana y con la igualdad, específicamente por encontrarse en circunstancias de debilidad manifiesta. Finalmente señala que, si bien las autoridades de la República están instituídas para proteger a las personas en su vida, la Constitución se refiere a la "vida plena" y cita, a propósito, la Sentencia T-499 del 21 de agosto de 1992 proferida por esta Corporación. 2.  Pretensiones. El señor Edwin Arley Castaño Pérez, mediante apoderado judicial, solicita que se le ordene al Director de la Cárcel Nacional de Medellín, suministrarle una silla de ruedas para su uso exclusivo y que se le asigne un interno “para que lo movilice diariamente, reconociéndole a esa persona ese tiempo como horas de trabajo válidas para la redención de pena." 3.-  Sentencia del Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín. El juez de primera instancia decidió tutelar los derechos al ambiente sano, a la salud y a la integridad personal del señor Castaño Pérez, mediante orden  al Director de la Cárcel Nacional de "Bella Vista", para que en el término de 48 horas le asignara una silla de ruedas. A juicio de este funcionario, "el accionante está privado de su libertad, pero esa privación la cumple en condiciones inhumanas, no es titular de ambiente sano, el ambiente que tiene que sortear por sus condiciones físicas, constituye un atentado contra su integridad personal y su salud, derechos que el Estado está en el deber de proteger, imponiendo los correctivos pertinentes, y adoptando planes que tiendan a mejorar áreas como la sanidad tan precarias en los centros carcelarios, facilidades físicas, para reclusos limitados físicamente, entre otros.  Los reclusos tienen derecho a vivir en condiciones razonables de seguridad y de salud, no pueden ser lugares fríos donde quienes a ellos llegan, la sociedad los deshumaniza, hasta el extremo de considerarlos no dignos de un mejor vivir.  Sus compromisos penales no pueden ser motivo para que se les degrade, ni se les exponga a situaciones degradantes, que desdicen de su condición de ser humano." (resaltado del texto, folios 18 y 19). 4.-  Impugnación En escrito del 30 de junio de 1995, el Director de la Cárcel Nacional del Distrito Judicial de Medellín "Bella Vista", impugna la providencia del juez de primera instancia y, aunque cumplió con lo que en ella se ordenó, solicita su revocación. Considera que el fallo apelado carece de elementos probatorios pues, habiéndose demostrado a través de dictámenes médicos que el señor Castaño Pérez padece de una enfermedad que lo dejó imposibilitado para caminar desde los dos años de edad, sin embargo el Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín, atribuye al Estado, específicamente al Director demandado, la responsabilidad de la situación del peticionario y la vulneración de sus derechos fundamentales. Si bien se concedió el amparo del derecho a la igualdad, específicamente de quien se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta, el juez de primera instancia debió demostrar la condición de debilidad y, además, que el actor no cuenta con recursos o con ayuda de sus familiares para proveer a su digna subsistencia “pues de otro modo y de no partir de la responsabilidad individual que se imputa al ciudadano para con él y quienes le son cercanos, estaríamos haciendo de un Estado que se plantea como responsable y solidario, una institución asistencialista, paternalista que por suplir la obligación que afecta a cada uno de sus asociados dispersa su atención y herario como tarea fundamental en hechos en los que apenas debería asumir una responsabilidad supletiva.” - folio 24-. 5.-  Fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. El juez de segunda instancia decidió, mediante sentencia del 13 de julio de 1995, revocar la sentencia del Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín y, en su lugar, negar la protección de los derechos del peticionario. En criterio del Tribunal, no existe prueba alguna del grado de invalidez del peticionario, del estado de precariedad económica que le impida suministrarse una silla de ruedas y de las condiciones antihigiénicas en que se encuentra el centro de reclusión, a pesar de que en este último existen profesionales especializados que pueden certificar sobre tales aspectos,  a los cuales debió solicitar información el juez de primera instancia. De ello se desprende que dicho funcionario sustentó su decisión en meras suposiciones, olvidando que los discapacitados, con el tiempo, adquieren cierto grado de destreza para su movilización y que los centros carcelarios no siempre están provistos de las condiciones mínimas necesarias para garantizar a la población carcelaria una existencia digna. 6.  Trámite probatorio Mediante el auto del 5 de septiembre de 1995, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas ofició, a través de la Secretará General de esta Corporación, al Médico Jefe de la Sección de Sanidad de la Cárcel del Distrito Judicial de Medellín, “Bella Vista”, para que informara sobre el estado de salud del señor Castaño Pérez;  si es necesario para su movilización una silla de ruedas, y sobre las condiciones de higiene del centro de reclusión. En oficio del 15 de septiembre de 1995 el doctor León Jaime Salazar Alzate, Médico Jefe de la citada cárcel, certificó que el señor Castaño Pérez ingresó al centro penitenciario en estado parapléjico, debido a que desde la edad de dos años padece de una enfermedad crónica denominada “Distrofia Muscular Progresiva”, y que durante su estadía se le suministró el tratamiento que requirió. Por último, indicó que el peticionario salió del centro de reclusión y que le fue suministrada la silla. Consideraciones de la Corte 1.-  Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos en el trámite de este proceso.  Corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas pronunciarse sobre las sentencias de instancia, en virtud de la selección y reparto hechos por la Sala de Selección Número Ocho, a través del auto del 16 de agosto de 1995. 2.-  Práctica de pruebas en el trámite de la tutela. Para la Sala Laboral del Tribunal de Medellín la decisión del juez de primera instancia es caprichosa, en la medida en que carece de respaldo probatorio;   por lo tanto, resolvió revocarla. La delicada labor encomendada a los jueces de la República, consistente en la administración de justicia, implica una definitiva actividad del funcionario encaminada a demostrar los supuestos fácticos alegados en el proceso, a lo cual se llega por la práctica de pruebas y su debida valoración.  De lo contrario, podría denegarse el amparo a quien lo requiere o protegerse a quien no tiene derecho. Con mayor razón la obtención de los medios probatorios pertinentes se hace indispensable si estamos hablando de la acción de tutela, cuyo objetivo único es el restablecimiento de los derechos fundamentales de quien los alega vulnerados o amenazados.  No puede el juez de instancia, en aras del trámite sumario de esta acción, abstenerse, por ejemplo, de recaudar testimonios, solicitar informes, es decir, negarse a realizar todo lo necesario para demostrar, no sólo la acción o la omisión anotadas en la petición, sino que de ellas se deriva la vulneración alegada.  Sin embargo, el artículo 18 del Decreto 2591 de 1991 deja abierta la posibilidad al juez constitucional de fallar sin necesidad de acudir a ninguna averiguación previa “siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del derecho.” Ahora bien:  dentro del trámite de la apelación de la tutela, el juez de segunda instancia al estudiar la impugnación, y al cotejarla con el acervo probatorio y con el fallo, puede observar que la decisión apelada carece de fundamento probatorio por lo que, en aras de cumplir con su deber constitucional de amparar los derechos fundamentales de los asociados, no sólo está obligado constitucionalmente -artículo 2 Superior-, sino facultado legalmente -artículo 32 del Decreto 2591 de 1991-, para solicitar los documentos, dictámenes e informes que requiera para mejor proveer. En el caso bajo examen, el Tribunal de Medellín observó que el juez de primera instancia omitió este deber constitucional de probar lo alegado en la petición y, sin embargo, incurrió en la misma falta que imputa, pues no procedió a subsanarla solicitando información al centro de reclusión, el que, como la misma Corporación señala, cuenta con especialistas que pueden dar fe de lo alegado por el señor Castaño Pérez.  Se limitó el Tribunal a hacer la observación, y a revocar la orden impartida sin remediar la carencia probatoria. Basó su decisión invocando un estereotipo de rehabilitación, que difícilmente puede convenir a quien ya era parapléjico a los dos años de edad, y sufre de una enfermedad degenerativa y progresiva de los músculos. Con el propósito de suplir la omisión en la que incurrieron los jueces de instancia, y para proceder a dictar sentencia de revisión de las providencias proferidas en el curso de este proceso, la Corte ofició al Jefe de Sanidad de la Cárcel de “Bella Vista”, para que informara sobre el estado de salud del peticionario y las condiciones sanitarias del centro de reclusión. De las pruebas aportadas se concluye que hay carencia actual de objeto, como se expondrá más adelante; sin embargo, esta Corporación prevendrá al Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín y a la Sala Laboral del Tribunal Superior de la citada ciudad, para que en adelante, si es necesario para esclarecer los hechos, procedan a practicar las pruebas pertinentes. 3.-  Carencia actual de objeto. El Médico Jefe de la Sección de Sanidad de la Cárcel de Medellín, “Bella Vista”, le informó a esta Corporación -folios 53 y 54-, que al señor Arley Castaño Pérez, quien actualmente se encuentra en libertad, se le satisfizo su pretensión, pues el Director del centro de reclusión le proporcionó la silla de ruedas. Si bien la acción de tutela tiene por objeto el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, pierde su razón de ser cuando ya no existe el acto motivo de la acción. Por lo tanto, no tiene sentido que se imparta una orden judicial tendente a que el demandado actúe de conformidad con lo solicitado a través de la demanda. En tal virtud, y ante la desaparición de los supuestos de hecho en los que se fundó la petición del señor Castaño Pérez, la Corte no impartirá ninguna orden al demandado; sólo procederá a revocar la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal de Medellín, por las razones expuestas en este proveído, y dispondrá, en su lugar, confirmar la providencia dictada por el Juez Décimo Laboral del Circuito de la citada ciudad . 4.-  Notificación personal de la acción de tutela a quienes se encuentren privados de la libertad.- Aunque se restablecieron los derechos del actor antes de adoptarse este fallo de revisión, es necesario reiterar la relevancia que tiene la notificación personal a quienes se encuentran privados de la libertad. Según consta en el expediente, la sentencia proferida en primera instancia por el Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín, fue notificada mediante telegrama al Director de la Cárcel Nacional de “Bella Vista” -folio 21-. Igualmente, la providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, se notificó por ese mismo medio al apoderado judicial del peticionario -folio 33-. Esta Corporación ha sostenido que, con el propósito de salvaguardar el derecho a la igualdad de quienes se encuentren recluídos en un establecimiento carcelario, es necesario que las providencias judiciales les sean notificadas personalmente, pues ellos no disponen de los mismos medios con los que cuentan quienes gozan de libertad para conocer los pronunciamientos judiciales.  Así lo manifestó la Sala Séptima de Revisión de Tutelas, en sentencia T-324 del 26 de julio de 1995, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero: “Es cierto que el artículo 30 del decreto 2591 de 1991 establece que el fallo de tutela será notificado por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento. Con ello se ha querido asegurar la agilidad y la informalidad del trámite de las tutelas. Pero en el caso de los internos en establecimientos carcelarios o penitenciarios, esta norma debe ser interpretada de acuerdo a la finalidad misma de la notificación, y en consonancia con las disposiciones que regulan las notificaciones a las personas privadas de la libertad. Así, el artículo 188 del Código de Procedimiento Penal establece que la notificación de las providencias al sindicado que se encuentre privado de la libertad se debe hacer en forma personal. Y tal exigencia tiene una obvia razón de ser, puesto que la notificación personal es la única manera de que una persona detenida o condenada pueda conocer el contenido de la providencia, mientras que quienes gozan de la libertad pueden ser informados por otros medios más expeditos, ya que tienen la posibilidad de acudir ante el juez para conocer la providencia.” “Por todo lo anterior, la Corte Constitucional considera que la notificación de las sentencias de tutela a los reclusos debe ser efectuada de manera personal, con el fin de asegurar que el interno pueda impugnar las decisiones que le sean desfavorables...”. En tal virtud, y dado que las sentencias proferidas por los jueces de instancia en el trámite de la presente acción no le fueron notificadas personalmente al señor Castaño Pérez, se previene al Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín y a la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, para que en adelante procedan a notificar los fallos de tutela a quienes se encuentran privados de su libertad, siguiendo los parámetros aquí anotados. 4.-  Decisión En virtud de las consideraciones expuestas, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.-  Revocar, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el día 13 de julio de 1995 y confirmar el fallo dictado por el Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín, no obstante la carencia actual de objeto, tal como se expresó en la parte motiva. Segundo.-  Prevenir al Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín y a la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, para que en adelanten procedan a la práctica de las pruebas de conformidad con lo dicho en la parte considerativa de esta sentencia. Tercero.-  Prevenir al Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín y a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, para que en adelante notifiquen personalmente las decisiones de tutela a quienes se encuentran privados de la libertad. Cuarto.-  Comunicar la presente sentencia al Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín, para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Comuníquese, notifíquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-556-95 Sentencia No Sentencia No. T-556/95 JURAMENTO EN TUTELA-Requisitos La accionante no hizo la declaración expresa de afirmar bajo juramento. A juicio de la Corporación la decisión adoptada por el Juzgado resulta exagerada, ya que la accionante de manera expresa manifiesta no haber presentado otras acciones de tutela por el mismo caso ante ninguna autoridad competente, con lo cual se cumple satisfactoriamente el mandato del Decreto 2591, pues está haciendo una declaración ante una autoridad judicial, que de no ser verdadera traerá consigo las consecuencias jurídicas derivadas del falso testimonio. Lo que sí no obra en el expediente, es la advertencia a la accionante de las consecuencias penales del falso testimonio, por parte del Juez al recibirse la solicitud. JURAMENTO EN TUTELA-Interpretación analógica De conformidad con el principio de la buena fe y la garantía del debido proceso y teniendo como base la labor de interpretación normativa que le corresponde al juez de tutela respecto de las disposiciones contenidas en la Constitución y en la ley acerca de los aspectos sustanciales y formales del trámite de este proceso, debe concluirse que es preciso observar las disposiciones análogas que consagre el Código de Procedimiento Civil, en lo relativo al juramento que corresponde prestar al demandante de tutela, respecto de la no presentación de otras acciones por los mismos hechos e invocando la protección de los mismos derechos. De conformidad con el Código Procesal, aquellas declaraciones o afirmaciones hechas por el demandante respecto de los aspectos acerca de los cuales deba prestar juramento, éste se entenderá otorgado por la presentación de la demanda suscrita por el accionante o su apoderado. De manera que no encuentra esta Corporación justificada la decisión de negar por improcedente la tutela por no haber acudido a la citación del Juzgado para reiterar, bajo juramento, lo que ya había dicho en relación con no haber presentado otras acciones por las mismas razones, pues tal juramento, como se anotó, se entiende prestado con la misma presentación de la demanda. Aún en el evento de no haberse hecho tal manifestación de manera expresa, no corresponde esta situación a ninguna de las causales de improcedencia. Tampoco se encuentra como una causal de inadmisión de la acción para su aclaración o corrección. DERECHO A LA SALUD-Fundamental por conexidad El derecho a la salud no es un derecho fundamental por sí mismo; sin embargo en numerosas ocasiones se ha dispuesto su protección por medio de la acción de tutela en casos especiales en que se presente conexidad con otro derecho fundamental, principalmente con el derecho a la vida. DERECHO A LA SALUD-Persona de escasos recursos Una de las manifestaciones concretas de la finalidades propias del Estado Social de Derecho se encuentra precisamente en dar mayor protección a aquellas personas que por diversas razones se encuentran en situación de debilidad, de desigualdad o indefensión. La precaria situación económica de muchas personas en Colombia obliga al Estado a adoptar medidas encaminadas a destinar parte de sus esfuerzos y recursos hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de todos, pero particularmente de los más desamparados. De manera que no encuentra la Corporación excusa alguna para que las entidades de salud públicas, no le preste la atención médica que necesite la accionante, por cuanto dicha actividad corresponde a las finalidades propias del Estado Social y a aquellas que precisamente deben adelantar esas instituciones de salud en beneficio de los sectores menos favorecidos de la sociedad. DERECHO A LA SALUD-No atención médica/DERECHO A LA VIDA-No atención médica Por ser el derecho a la salud de naturaleza fundamental por su conexidad con el derecho a la vida y a la integridad física, y teniendo en cuenta la obligación del Estado de brindar especial protección a las personas de escasos recursos para la solución de necesidades de salud, y fundamentalmente en tratándose de una atención inicial de urgencia que requiere ser suministrada dada su situación personal y el peligro inminente de su vida, encuentra la Corporación que debe el Puesto de Salud, atender en forma inmediata a la accionante, para establecer las causas de las dolencias que viene padeciendo, a fin de evitar poner en peligro este derecho fundamental frente a la ausencia absoluta de la atención médica solicitada de manera oportuna. Ref.: Expediente No. T-81375 Accionante: Gloria Amparo Rincón Pérez contra el Puesto de Salud del Barrio Comuneros de la Ciudad de Cucuta. Tema: Procedencia de la acción de tutela y derecho a la salud. Magistrado Ponente: Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA. Santa Fe de Bogotá, noviembre 29 de 1995. Procede la Corte Constitucional a la revisión de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la ciudad de Cúcuta en el proceso de la referencia, promovido por Gloria Amparo Rincón Pérez contra el Puesto de Salud del Barrio Comuneros de la ciudad de Cúcuta por supuesta violación al derecho fundamental a la salud. El expediente llegó al conocimiento de la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, por remisión que le hizo el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la ciudad de Cúcuta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Con fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Diez (10) de la Corte Constitucional, escogió para efectos de revisión, la acción de tutela promovida a través de este proceso. I. ANTECEDENTES. 1. La señora Gloria Amparo Rincón Pérez presentó la acción de tutela contra el Puesto de Salud del Barrio Comuneros de la ciudad de Cúcuta, por considerar vulnerado su derecho fundamental a la salud, por cuanto aquella institución no le presta la atención médica que ha solicitado. 2. Indica la demandante que hace apróximadamente tres meses padece de fuertes dolores de cabeza, los cuales le ocasionan pérdida del sentido, y en varias oportunidades, por falta de atención profesional han sido sus hijos menores quienes le han brindado algún tipo de auxilio. Afirma que en vista de que es una mujer de escasos recursos económicos, le es imposible recurrir a un médico particular y que por tal razón acudió al Hospital Erasmo Meoz, el cual por la ubicación de su residencia la remitió al Puesto de Salud del Barrio Comuneros, presentándose en cuatro oportunidades sin haber sido atendida. Agrega que resolvió presentar esta acción de tutela por considerar que su salud está empeorando, y que lo único que solicita es ser atendida por dicho puesto de salud, o que éste expida la orden médica para que sea remitida nuevamente al citado Hospital, a fin de obtener la prestación de los servicios profesionales que requiere. 3. Manifiesta además la señora Rincón Pérez que es una mujer casada desde hace más de 15 años y madre de cuatro hijos, todos menores de edad. Aduce también que su esposo labora en el campo, que recibe un ingreso mínimo mensual y que no cuenta con ningún servicio médico ni para él, su esposa y sus hijos. II. SENTENCIA JUDICIAL QUE SE REVISA. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la ciudad de Cúcuta, mediante sentencia del 6 de septiembre de 1995, resolvió "NEGAR, por improcedente, la ACCION DE TUTELA promovida por la señora GLORIA AMPARO RINCON PEREZ, contra el Puesto de Salud del Barrio Comuneros", con fundamento en las siguientes consideraciones: "(...) Del escrito presentado personalmente por la señora GLORIA AMPARO RINCON PEREZ, se desprende que no hace manifestación bajo la gravedad del juramento que no ha promovido otra Acción de Tutela por el mismo motivo. El despacho dispuso citar a la accionante, para cuyo efecto se señaló día y hora, enviándose marconigrama a la dirección suministrada, y obra constancia secretarial, que no concurrió. El hecho de ratificarse bajo la gravedad del juramento a la Accionante, así como de suministrar al despacho mayor información sobre los hechos expuestos en su escrito, son factores importantes para entrar a decidir sobre la Acción de Tutela impetrada. Careciéndose de los requisitos anteriores, y no existiendo otras pruebas que sirvan de análisis, se ha de proceder a Negar la presente Acción de Tutela". La accionante no impugnó la decisión del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cúcuta, razón por la cual el expediente pasó a selección y revisión por parte de esta Corporación. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. PRIMERA. COMPETENCIA. La Corte Constitucional es competente a través de esta Sala de Revisión, para proferir sentencia en relación con la providencia dictada por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la ciudad de Cúcuta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero, y 241 numeral 9° de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 36 del Decreto 2591 de 1991. SEGUNDA.  EL ASUNTO OBJETO DE ESTUDIO. Previamente a adoptar la decisión de fondo, debe la Corporación referirse  al deber de los accionantes de prestar juramento por no haber instaurado tutelas anteriores acerca de los mismos hechos y contra el mismo demandado, consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para determinar si ello hace improcedente o no la presente acción; posteriormente se referirá la Corte al derecho a la salud y su protección a través de la acción de tutela, por su conexidad con los derechos a la vida y a la integridad física, para finalmente establecer si en el caso objeto de estudio existe vulneración o amenaza del derecho a la salud de la demandante susceptible de amparo a través de la presente acción. En relación con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, dicha norma expresa que "El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio." El Legislador al consagrar ese mandato pretendió evitar que las personas acudieran de manera indiscriminada a la acción de tutela, más aún tratándose de los mismos hechos y los mismos derechos, lo cual, según el artículo 38 del mismo Decreto, constituye una actuación temeraria, con las consecuencias jurídicas respectivas en relación con el accionante o su abogado. Como bien lo advirtió la Corporación en el pasado "Lo anterior tiene su fundamento en los artículos 83 y 95 de la Constitución, que establecen, el primero, que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas y el segundo a los deberes de las personas en los numerales 1o y 7o. así: (...) 'colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia' (...)". (Sentencia No. T- 007 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero) En el caso sub exámine la señora Gloria Amparo Rincón Pérez dijo en su demanda: "Manifiesto que no he presentado ACCION DE TUTELA, por este mismo caso ante ninguna autoridad competente, y quiero que sea atendida mi súplica, pues el puesto de salud del barrio Comuneros me está violando el derecho a la salud." (folio 2) El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la ciudad de Cúcuta consideró que lo anterior no era suficiente para dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 ya que la accionante no hizo la declaración expresa de afirmar lo anterior bajo juramento; por ello la citó por telegrama para "llevar a cabo diligencia ampliación contenido escrito" (folio 7), fijando la fecha y hora de la misma; como consecuencia de la inasistencia de la demandante, el despacho procedió a negar por improcedente la tutela instaurada por la señora Rincón Pérez por no haber prestado el referido juramento. A juicio de la Corporación la decisión adoptada por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cúcuta resulta exagerada, ya que la accionante de manera expresa manifiesta no haber presentado otras acciones de tutela por el mismo caso ante ninguna autoridad competente, con lo cual se cumple satisfactoriamente el mandato del artículo 37 del Decreto 2591, pues está haciendo una declaración ante una autoridad judicial, que de no ser verdadera traerá consigo las consecuencias jurídicas derivadas del falso testimonio. Lo que sí no obra en el expediente, es la advertencia a la accionante de las consecuencias penales del falso testimonio, por parte del Juez al recibirse la solicitud, como lo ordena la citada disposición. Debe recordarse que el proceso de tutela es de naturaleza judicial, que pese a su carácter preferente y sumario, debe agotar y cumplir con todas las etapas propias del mismo, como consecuencia de la observancia de la garantía al debido proceso consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política. Su carácter breve, preferente y sumario implica que el juez de tutela debe remover los obstáculos meramente formales que le impidan resolver la situación de fondo. Además, para lo no previsto en el Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 306 de 1992, en el artículo 4o. de este último se estableció que "Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto". Lo anterior significa que, según el artículo 5o. del Código de Procedimiento Civil "cualquier vacío en las disposiciones del presente Código, se llenará con las normas que regulen casos análogos, y a falta de estas con los principios constitucionales y los generales del derecho procesal". De todo lo dicho se desprende que, de conformidad con el principio de la buena fe y la garantía del debido proceso consagrados en los artículos 83 y 29 de la Carta Política respectivamente, y teniendo como base la labor de interpretación normativa que le corresponde al juez de tutela respecto de las disposiciones contenidas en la Constitución y en la ley acerca de los aspectos sustanciales y formales del trámite de este proceso, debe concluirse que en aspectos como el que se analiza, los cuales no se encuentran previstos de manera completa e integral en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, es preciso observar las disposiciones análogas que consagre el Código de Procedimiento Civil, en lo relativo al juramento que corresponde prestar al demandante de tutela, respecto de la no presentación de otras acciones por los mismos hechos e invocando la protección de los mismos derechos. De conformidad con los artículos 75 y 78 del citado Código Procesal, aquellas declaraciones o afirmaciones hechas por el demandante respecto de los aspectos acerca de los cuales deba prestar juramento, éste se entenderá otorgado por la presentación de la demanda suscrita por el accionante o su apoderado. De manera que no encuentra esta Corporación justificada la decisión de negar por improcedente la tutela presentada por la señora Gloria Amparo Rincón Pérez por no haber acudido a la citación del Juzgado Primero Promiscuo de Cúcuta para reiterar, bajo juramento, lo que ya había dicho en relación con no haber presentado otras acciones por las mismas razones, pues tal juramento, como se anotó, se entiende prestado con la misma presentación de la demanda. Aún en el evento de no haberse hecho tal manifestación de manera expresa, si bien es cierto que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 impone como deber del demandante hacer tal declaración bajo juramento, no corresponde esta situación a ninguna de las causales de improcedencia de las consagradas de manera taxativa en el artículo 6o. del mismo Decreto, cuando la acción se ejerza contra autoridades públicas. Tampoco se encuentra como una causal de inadmisión de la acción para su aclaración o corrección, según el artículo 17 del referido Estatuto, ya que dicha disposición consagra que la corrección de la solicitud deberá hacerse en el término de tres días, cuando el juez de tutela así lo disponga, en el evento de que "no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela", porque de lo contrario, de no obtenerse por parte del juez la suficiente claridad respecto a los hechos alegados por el actor o de los derechos cuya protección solicita, la correspondiente acción se rechazará de plano. Ahora bien, respecto de la pretensión de la accionante, es sabido que el derecho a la salud no es un derecho fundamental por sí mismo; sin embargo en numerosas ocasiones se ha dispuesto su protección por medio de la acción de tutela en casos especiales en que se presente conexidad con otro derecho fundamental, principalmente con el derecho a la vida. Acerca de este aspecto, basta recordar lo dicho por la Corporación en una providencia de esta misma Sala de Revisión: "A pesar de no aparecer dentro del Capítulo 1, Titulo  II de la Constitución, que se refiere a los Derechos Constitucionales Fundamentales, adquiere esa categoría por considerarlo, como lo ha hecho esta Corporación2, un "derecho fundamental por conexidad, los cuales son aquellos que no siendo denominados como tales en el texto constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueran protegidos en forma inmediata los primeros, se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos. Es el caso de la salud, que no siendo en principio derecho fundamental, adquiere esta categoría cuando la desatención del enfermo amenaza con poner en peligro su derecho a la vida". Todo lo anterior permite concluir que en la Constitución de 1991 la salud de los colombianos es -por conexidad- un derecho fundamental cuya efectividad corresponde en buena medida garantizar al Estado, tomando muy en cuenta las específicas necesidades de su titular y los recursos existentes para satisfacerlas. (...) El derecho a la salud (CP art. 49), cuando su vulneración o amenaza compromete otros derechos fundamentales como la vida, la integridad o el trabajo, o está relacionado íntimamente con la protección de estos, goza de carácter fundamental y es susceptible de ser protegido por vía de la acción de tutela. Cuando no lo es, por el contrario, no puede ser amparado a través de éste mecanismo."3 (subrayado fuera del texto) De manera que en el caso sub exámine, debe establecerse si en efecto el derecho a la salud cuya protección persigue la accionante, se encuentra o no vulnerado por parte de las autoridades de salud del Puesto del Barrio Comuneros. Afirma la señora Gloria Amparo Rincón Pérez que ha acudido en repetidas ocasiones a dicha institución, como consecuencia de la remisión que hizo el Hospital Erazmo Meoz de la ciudad de Cúcuta por la ubicación de su residencia, ya que viene quejándose de unos meses para acá de fuertes dolores de cabeza; y agrega que no goza de ningún servicio de salud derivado de la seguridad social, ya que no solamente es una persona de escasos recursos económicos sino que su marido trabaja en un empleo rural en virtud del cual, afirma la demandante, no está vinculado a ninguna entidad que le brinde tal servicio. A su turno, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Cúcuta, al conocer de la demanda de tutela de la señora Rincón Pérez contra el citado puesto de salud, consideró conveniente oficiar al Director de éste último, a fin de que informara si la demandante ha recibido allí atención médica y si tiene historia clínica, para que remitiera copia de la misma. A folio 14 del expediente obra la respuesta suscrita por el Médico Coordinador de la Unidad Básica Comuneros del Hospital Departamental Erazmo Meoz, en la cual expresa que "en los registros de la Unidad no se encuentra dicha paciente (Historia Clínica)". La entidad accionada, dentro del proceso objeto de estudio, se limitó a responder en su oficio que "en los registros de la unidad no se encuentra dicha paciente (Historia Clínica)", lo cual por sí mismo no implica desconocimiento o vulneración de los derechos fundamentales de la accionante. Sin embargo, en este caso considera la Corte que corresponde a dicha entidad prestar los servicios médicos requeridos por la accionante para determinar las causas y el tratamiento respectivo, como consecuencia de los dolores de cabeza que afirma soportar, ya que si bien es cierto que la salud no es un derecho fundamental por sí mismo, resulta indispensable establecer a través de los servicios médicos adecuados, el origen de tales dolores de cabeza a fin de preservar la vida e integridad física de la señora Rincón Pérez, y dar cumplimiento así a los mandatos constitucionales referidos. Lo anterior se hace necesario más aún teniendo en cuenta las condiciones especiales, desde el punto de vista económico, en que se encuentra la señora Rincón Pérez, quien precisamente por ello debe gozar de la protección del Estado, pues el artículo 49 de la Carta establece que "La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud." Además dicha disposición agrega que "La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria." (se subraya) Una de las manifestaciones concretas de la finalidades propias del Estado Social de Derecho se encuentra precisamente en dar mayor protección a aquellas personas que por diversas razones se encuentran en situación de debilidad, de desigualdad o indefensión. La precaria situación económica de muchas personas en Colombia obliga al Estado a adoptar medidas encaminadas a destinar parte de sus esfuerzos y recursos hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de todos, pero particularmente de los más desamparados; es así como el artículo 350 de la Constitución establece que "La ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado gasto público social", y a su turno el artículo 366 de la Carta expresa que es objetivo fundamental del Estado la solución de las necesidades insatisfechas de salud, para lo cual, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. De manera que no encuentra la Corporación excusa alguna para que las entidades de salud públicas como lo es el Puesto de Salud del Barrio Comuneros de Cúcuta, no le preste la atención médica que necesite la accionante, por cuanto dicha actividad corresponde a las finalidades propias del Estado Social y a aquellas que precisamente deben adelantar esas instituciones de salud en beneficio de los sectores menos favorecidos de la sociedad; en razón de ello, resulta necesario que la accionada examine a la señora Rincón Pérez y establezca las causas de sus dolores de cabeza y el tratamiento para curarlos, según sus capacidades, recursos y competencias, y en caso de no contar con los elementos suficientes, remitirla al establecimiento de salud pública correspondiente a fin de que reciba la atención profesional que requiera. Ahora bien, cuando la situación de atención médica inicial reviste el carácter de urgente, como lo ha sido el servicio de asistencia que ha solicitado la accionante en varias oportunidades como consecuencia de sus repetidos dolores de cabeza, la Corporación ha dicho: "Todas las instituciones que ofrezcan servicios de salud, sean públicas o privadas y tengan o no celebrado contrato de asistencia con entidades de previsión social, están obligadas a prestar atención inicial de urgencia, independientemente de la capacidad socioeconómica de los solicitantes y sin condicionar ese servicio a pagos previos ni al cumplimiento de los contratos que eventualmente tengan celebrados con el Estado en materia de seguridad social. Esa obligación es genérica, perentoria e inexcusable, de tal manera que, en el caso de probarse la negativa o renuencia de cualquier institución a cumplirla, se configura grave responsabilidad en su cabeza por atentar contra la vida y la integridad de las personas no atendidas y, claro está, son aplicables no solamente las sanciones que prevé el artículo 49 de la Ley 10a de 1990 sino las penales del caso si se produjesen situaciones susceptibles de ello a la luz de la normatividad correspondiente[1]." (Sentencia No. 111 de 1993. M.P. Dr. José Gregorio Hernández) De todo lo expuesto se concluye que por ser el derecho a la salud de naturaleza fundamental por su conexidad con el derecho a la vida y a la integridad física, y teniendo en cuenta la obligación del Estado de brindar especial protección a las personas de escasos recursos para la solución de necesidades de salud, y fundamentalmente en tratándose de una atención inicial de urgencia que requiere ser suministrada dada su situación personal y el peligro inminente de su vida, encuentra la Corporación que en el caso sub exámine debe el Puesto de Salud del Barrio Comuneros de la ciudad de Cúcuta, atender en forma inmediata a la accionante, para  establecer las causas de las dolencias que viene padeciendo, a fin de evitar poner en peligro este derecho fundamental frente a la ausencia absoluta de la atención médica solicitada de manera oportuna. Por lo anteriormente expuesto, la Corporación procederá a revocar la sentencia objeto de revisión y en su lugar tutelará el derecho a la salud, por conexidad con el derecho fundamental a la vida, de la accionante Gloria Amparo Rincón Pérez, y debido a que se trata de un caso excepcional que requiere de la atención médica respectiva para garantizar el acceso a la recuperación de la salud, como servicio público a cargo del Estado, en los términos del artículo 49 de la Constitución Política. IV.  DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución RESUELVE: PRIMERO. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la ciudad de Cúcuta, de fecha 6 de septiembre de 1995, en el proceso de la referencia, por medio del cual se rechazó la tutela impetrada por doña Gloria Amparo Rincón Pérez. En su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos a la vida y a la salud de la accionante, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. ORDENAR al puesto de Salud del Barrio Los Comuneros de la ciudad de Cúcuta que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, suministre la atención inicial médica, requerida con carácter urgente por la accionante, en relación con las dolencias físicas que padece en detrimento de su vida. TERCERO. LIBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 2 Sentencia No. T- 571 del 26 de octubre de 1.992. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Sanín Greiffenstein. 3 Sentencia No. T-116 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara. [1]Corte Constitucional. Sentencia T-111 de 1.993. Magistrado Sustanciador  Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

T-557-95 Sentencia No Sentencia No. T-557/95 ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Naturaleza Cuando el demandante directamente, o a través de representante judicial presenta la misma acción de tutela sobre los mismos hechos ante el Juez respectivo en forma temeraria, quebranta los principios constitucionales "a la buena fe, la economía y la eficacia procesal, porque desconoce los criterios de probidad que exige un debate honorable, dilata maliciosamente la actuación judicial e impide alcanzar los resultados que el Estado busca con la actuación procesal". ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-violencia física a compañera permanente/INDEFENSION-violencia física a compañera permanente Los hechos originarios de la acción de tutela, obedecen a la conducta asumida por el demandado para con su compañera, contra quien éste ejerce actos de violencia tanto físicos como morales habida cuenta de su situación de superioridad física. Igualmente resulta claro que se trata de una tutela instaurada contra un particular, aspecto que en este caso es procedente si se observa la circunstancia en la que se halla la demandante, frente a la conducta asumida por el demandado.  Así las cosas, la indefensión en el caso concreto es ostensible y tiene plena cabida, después de examinar la conducta realizada por el accionado frente a la situación de desventaja en que se halla la accionante. DERECHO A LA VIDA-violencia física a compañera permanente/DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL-violencia física a compañera permanente/MALTRATO ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES No hay duda de que el comportamiento violento del accionado es de tal magnitud que atenta y pone en peligro la vida e integridad de la demandante, ya que se le han causado lesiones personales en el rostro, hasta el punto de llegar a producirle heridas que han requerido asistencia médica de urgencia para suturarlas; asimismo, la circunstancia de que el demandado posee un arma de fuego que amenaza su tranquilidad y tiene en su poder las llaves de la casa con las que ha penetrado en varias ocasiones, como también el temor que siente, frente a la posibilidad de que el demandado ingrese por la parte trasera e incurra en algún hecho punible que afecte la integridad de la actora, todo lo cual requiere de la protección del derecho a la vida considerado como fundamental dentro de la estructura constitucional vigente plasmada en la norma superior. Ref.: Expediente No. T-82.362 Peticionario: Blanca María Yopasa       Ramírez contra Alirio Alfonso Romero. Procedencia: Juzgado Cuarenta y seis Penal del    Circuito de Santafé de Bogotá. Tema: Derecho a la Vida e integridad personal. Magistrado Ponente: Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA Santa Fe de Bogotá, D.C., veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ Y HERNANDO HERRERA VERGARA, procede a revisar los fallos proferidos, en primera instancia por el Juzgado Primero Penal Municipal de Santafé de Bogotá, el diez (10) de agosto de 1995; y de segunda instancia por el Juzgado Cuarenta y Seis Penal del Circuito de esta misma ciudad, el dieciocho (18) de septiembre del mismo año. El expediente llegó al conocimiento de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional por remisión que hiciera el Juzgado Cuarenta y Seis Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Con fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política, y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección  Número Diez (10) de la Corte Constitucional escogió para efectos de revisión, la acción de tutela. I. ANTECEDENTES La señora BLANCA MARIA YOPASA RAMIREZ, mediante apoderado judicial, instauró acción de tutela contra ALIRIO ALFONSO ROMERO, con el fin de solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal, mientras el Juzgado Dieciocho (18) de Familia de Santafé de Bogotá, dirime la controversia patrimonial y familiar suscitada entre ella y su compañero (el demandado), pues, hasta tanto el proceso no termine, permanecería en situación de peligro por habitar con él en el mismo inmueble. Refiere que inició vida marital con el demandado desde el mes de abril de 1980, de cuya unión nacieron dos hijas, hoy día menores de edad, y contra quien promovió un proceso ordinario en el Juzgado Dieciocho (18) de Familia de esta ciudad, encaminado a "preconstituír la Sociedad Patrimonial Marital de Hecho, su disolución y liquidación". Adujo que el 22 de julio de 1995 el señor Alirio Alfonso Romero le ocasionó unas lesiones personales que, según dictamen médico legal, "Presenta herida de dos centímetros con edema perilesional de línea media de región frontofacial. Equímosis y edema en cuarto dedo de mano izquierda, hematoma subgaleal occipital izquierda, lesiones ocasionadas por elemento contundente (...)", fijándosele una incapacidad médico legal definitiva de diez días sin secuelas médico legales, por lo que el 25 de julio formuló el correspondiente denuncio penal ante la Alcaldía Local de Suba. Agrega el apoderado de la demandante que desde el 22 de julio del año en curso, el accionado se marchó de su domicilio habitual, llevando consigo a las menores arriba citadas, señalando que: "Si bien es cierto que para el momento de elaboración de esta Acción de Tutela, el señor Alirio Alfonso Romero se ha ubicado en otro lugar no totalmente identificado, no deja de ser cierto que la casa inmueble donde se domicilia la pareja no ofrece seguridad plena y absoluta en favor de BLANCA MARIA YOPASA RAMIREZ, toda vez que el señor ALIRIO ALFONSO ROMERO tiene en su poder las llaves de acceso al inmueble, e idénticamente puede introducirse por la parte posterior de la casa sin dificultad alguna, como ya lo ha hecho en otras oportunidades. De no colocarse freno a tal comportamiento (...) sin temor a exageraciones podría verse avocado a la comisión de una acción punible grave, ya que en su poder existe arma de fuego, al parecer amparada por salvoconducto". "En ese sentir, la vida e integridad física de mi defendida se hallan constantemente en peligro, y por ende le asiste el amparo de tutela como medida transitoria provisional que con el auxilio de la fuerza pública uniformada evite y sustraiga al señor ALIRIO ALFONSO ROMERO de incursionar en tan deplorables desafueros". Adicionalmente expresó que con anterioridad a esta acción de tutela  instauró otra contra el señor Alirio Alfonso Romero en la cual pretendía preservar la "(...) intimidad e integridad sico-sexual de su hija menor (...)", acción que culminó ordenándole "separar en forma inmediata su cuarto de habitación del de la menor (..)". En la actualidad, cursa en su contra el proceso número 161.811, en la Fiscalía 101 Delegada, Unidad II de Vida, de esta ciudad, por los actos reprochables ocasionados contra la mencionada menor. II. PRETENSIONES La demandante solicita que se ordene al demandado abstenerse de incurrir en actos de violencia físicos o verbales contra ella y atentar contra su vida e integridad personal; respetar en todo sentido la paz, la tranquilidad y el libre acceso al inmueble que habita; y al comandante de la Estación Décima Primera de Policía de Santafé de Bogotá prestarle la debida vigilancia y protección. III. LAS DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN a)  Sentencia del Juzgado Primero Penal Municipal de Santafé de Bogotá. Correspondió conocer la acción de tutela al Juzgado Primero Penal Municipal de Santafé de Bogotá, el cual dictó sentencia el diez (10) de agosto de 1995, en el sentido de tutelar los derechos a la vida e integridad personal de la señora Blanca María Yopasa Ramírez, con fundamento en las siguientes razones: "Como quiera que está demostrado en el caso presente que María Yopasa Ramírez ha sido objeto de un sin número de agresiones físicas como verbales por parte de su compañero permanente, y las cuales le han ocasionado lesiones personales, cuyos actos atacantes se han venido repitiendo tiempo atrás, demostrando que su violencia agresiva está en aumento, haciendo ante esta circunstancia la atención urgente del Estado al problema en guarda a la vida e integridad personal de la señora Blanca María Yopasa, pues si bien la accionante goza de otro medio de defensa judicial y el cual ha iniciado conforme a lo manifestado, mediante denuncia penal, en contra del señor Alfonso Romero, en virtud a la última incapacidad dada por el Instituto de Medicina Legal, respecto a las lesiones recibidas en su integridad personal, por hechos acahecidos (sic) el día 22 de julio del año en curso, en aras de la protección judicial efectiva de las garantías constitucionales, se le debe tutelar a este respecto. Impugnación. El apoderado del accionado, interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Santafé de Bogotá, con fundamento en que la demandante formuló con  anterioridad una "(...) tutela que tramitó ante el juzgado 19 de Familia de Santafé de Bogotá por los mismos hechos pero con otro fin, acción que deliberadamente no fue puesto en conocimiento de su despacho, pues no aparece por ninguna parte de la providencia, violándose así el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en su inciso 2 cuando dice ' El que interponga la acción de tutela deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Es evidente que la accionante ha obrado de mala fe" Considera que la señora BLANCA MARÍA YOPASA RAMÍREZ se ha venido catalogando como una víctima de la presunta conducta de su compañero, haciendo creer a las autoridades que ella es una "mártir" de la situación. Lo anterior lo fundamenta citando diversas acusaciones infundadas que ha realizado contra el señor ALIRIO ALFONSO ROMERO, cuyos hechos, aduce, la mayoría de las veces se originaron como consecuencia de las conductas agresivas de la misma accionante, tanto así, que el demandado junto con sus hijas han tenido que huír muchas veces de su hogar. b) Sentencia del Juzgado Cuarenta y Seis Penal del Circuito de Santafé de Bogotá. El Juzgado Cuarenta y Seis Penal del Circuito de Santafé de Bogotá mediante providencia de dieciocho (18) de septiembre de 1995, resolvió la impugnación presentada por la demandante, mediante la cual confirmó el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal de Santafé de Bogotá, con base en los siguientes argumentos: Consideró el despacho importante revisar el contenido de la tutela que se promovió con anterioridad y la cual tuvo su trámite en el Juzgado 19 de Familia de Santafé de Bogotá, para observar si existió pronunciamiento sobre los mismos hechos que dieron origen a la presente tutela. En efecto, el ad-quem constató que (...) cierto es lo dicho por el recurrente en cuanto hace a que hechos similares a los aquí consignados se denunciaron en aquella oportunidad, pero cuando se decidió lo pertinente (...)" el a quo "(...) nada dijo, ocupándose unicamente (sic) de tutelar lo atinente a la protección de la menor (...), lo que no impide en absoluto que nos pronunciemos ahora." Analizando nuevamente las pruebas testimoniales y documentales que comprueban la existencia de maltratos físicos y morales, y basándose en la sentencia T-529 de 1992, y T-522 de 1994 de esta Corporación, concluyó que la providencia recurrida ameritaba total confirmación, resaltando su desacuerdo con respecto de los argumentos esbozados por el apoderado del demandado y que sustentaron la impugnación, porque "(...) es la realidad probatoria la que nos lleva a la convicción de los malos tratos inferidos por éste a la señora Blanca María quien no es que busque por ambición quedarse con los bienes habidos dentro de la unión sino salvaguardar su vida evitando ser víctima del trato cruel e inhumano inferido por el demandado (...). 1.  La Competencia De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por Juzgado Primero Penal Municipal de Santafé de Bogotá, y por el Juzgado Cuarenta y Seis Penal del Circuito de esta misma ciudad. 2. Cuestión preliminar En el presente asunto se trata de dilucidar la procedencia de la acción de tutela instaurada mediante apoderado y como mecanismo transitorio, por la señora Blanca María Yopasa Ramírez contra Alirio Alfonso Romero, con el fin de proteger sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal presuntamente amenazados por éste, mientras el Juzgado 18 de Familia de esta ciudad decide “la controversia patrimonial y familiar” suscitada entre ellos. En primer lugar, debe advertirse que con antelación a la presente tutela, la accionante presentó otra contra el señor Alirio Alfonso Romero, para lo cual es necesario resumir los hechos que dieron origen a la tutela inicialmente presentada, como también los motivos que dieron lugar a la que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala, con el propósito de considerar si se presentaron los presupuestos necesarios para la ocurrencia de una acción temeraria. En efecto, el Juzgado Diecinueve de Familia de Santafé de Bogotá, despacho que conoció en primera instancia la tutela presentada el cinco (5) de julio de 1994, resumió los hechos de la siguiente manera: "La accionante consideró que su esposo o compañero y padre de sus hijas, vulneró los derechos a la igualdad, intimidad personal y familiar, el respeto recíproco de los miembros de la familia. (...) En cuanto a la intimidad personal y familiar se presenta como consecuencia de los continuos y habituales escándalos. Compartir el lecho padre e hija viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad porque le induce a ejecutar hechos para los que aún no tiene libertad para consentirlos, habiendo los delitos de corrupción de menores e incesto. Se viola la honra, la dignidad y la intimidad de la familia, lo mismo que la igualdad de derechos y deberes de la pareja, se pierde el respeto entre padres e hijos, llegándose a la destrucción de la familia y se producen traumas sicológicos a las menores. Se violan los derechos fundamentales de sus hijas por el acceso carnal que se tiene con una de ellas y el mal ejemplo dado a las dos niñas cuando él las lleva a la tienda y consume bebidas alcohólicas". (Subrayado fuera de texto). En consecuencia la accionante solicitó: que se ordenara al demandado a suspender "(..) la convivencia con su hija (...), se prohíba a su compañero llevar a sus hijas a cantinas o tiendas a que lo acompañen a consumir bebidas embriagantes. Finalmente pide que se ordene a la EDIS no cancelar a su compañero permanente el valor de sus prestaciones".(Subrayado fuera de texto). El Juzgado citado, por medio de la sentencia de diecinueve (19) de julio de 1994, concedió la tutela y ordenó al demandado separar en forma inmediata su cuarto del de su hija; lo previno en relación con el desacato de la providencia; envió copias al Juez Penal competente para que investigara las conductas descritas en el proceso, así como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que tomara las medidas preventivas necesarias. Los hechos que dieron origen a la tutela objeto de esta revisión, tuvieron como fundamento la estimación realizada por la accionante de encontrar amenazada su vida e integridad personal por el señor Alirio Alfonso Romero, lo que en su sentir y por las declaraciones de los testigos recepcionadas por el Juzgado Primero Penal Municipal de Santafé de Bogotá, la afecta, tanto físicamente como de palabra; conducta que dio lugar a lesiones personales en su integridad física. Por este motivo y debido a que el accionado posee un arma de fuego además de las llaves de la casa que la accionante habita, y teniendo en cuenta la posibilidad de este de penetrar por la parte posterior del inmueble en mención, solicita en consecuencia que se le protejan sus derechos fundamentales, ordenándole abstenerse de incurrir en actos de violencia físicos y verbales contra ella; atentar contra su vida e integridad personal, ya sea en forma directa o indirecta; respetar la paz, tranquilidad, el libre acceso al inmueble que habita, mientras el Juzgado 18 de Familia se pronuncia de fondo respecto del proceso cuyos actores son los aquí accionante y accionado. No obstante lo anterior, en declaración rendida por la demandante ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Santafé de Bogotá, expresó que con antelación a esta tutela había presentado la misma acción contra el mismo demandando, pero por hechos diferentes. De igual modo, el apoderado de la demandante, en la diligencia de ratificación de la acción de tutela declaró bajo la gravedad del juramento: "No he presentado acción de tutela alguna ante autoridad judicial por los mismos hechos que aquí se invocan". (Subrayado no son del texto original). 3. La temeridad en la acción de tutela. En primer lugar, no debe dejarse de lado que el Decreto 2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Carta Política, en el artículo 37 consagra que una de las actuaciones que debe allegarse en toda acción de tutela al momento de presentarse ante cualquier Juez de la República, es la manifestación bajo la gravedad del juramento que el solicitante no ha presentado otra sobre los mismos hechos. De esta manera se establece una responsabilidad de carácter penal para el recurrente, en caso de faltar a la verdad ante la autoridad respectiva cuando afirma que no ha formulado otra acción de tutela acerca de los mismos hechos sobre los cuales solicita el amparo o protección de sus derechos fundamentales. Sobre el particular el artículo 38 del Decreto citado, prescribe lo siguiente: "Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar". Acerca de lo anterior, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, al examinar la tutela número T-443 de 1995, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero, tuvo oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos : "Esas actuaciones signadas por la temeridad en la acción, nos remiten a los albores de la culpa aquiliana, siendo las costas una forma de pena civil contra quien sin razón alguna instauraba una acción o temerariamente se oponía a ella, ocasionándose un daño injusto que debía ser reparado. En Colombia, la teoría de la culpa aquiliana fué adoptada desde antes de la Constitución de 1886 (Código Judicial de la Nación) en 1872, reformado en 1873, editado en 1874 y adoptado por el artículo 1° de la Ley 57 de 1887; se consagró en el artículo 575 de la Ley 105 de 1931 que habló de temeridad maliciosa. Se decía que quien proceda con temeridad era el "improbus litigator" de que hablaba justiniano ("contendiente deshonesto", "pleitista de mala fé", quien promueve un perjuicio sin derecho y con mala intención). El elemento de temeridad consistía, según la doctrina, en la conciencia plena de la injusticia o en el reconocimiento de su propia falta de razón. En 1951 (decreto 243, artículo 2°) se dejó de lado la culpa aquiliana, criterio subjetivo, y fué reemplazado por el criterio objetivo del litigante vencido en juicio como sujeto que paga costas. Este criterio objetivo permanece en el actual Código de Procedimiento Civil (art. 392 y siguientes), sin embargo paralelamente a  las costas y dentro del esquema de la responsabilidad patrimonial de las partes, el mismo Código, artículo 72, establece: 'Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales, temerarias o de mala fé, causa a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el Juez, sin perjucio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida (...)' ". La conducta temeraria, se entiende pues, como aquella actitud realizada por quien promueve la demanda de tutela "(...) a sabiendas de que carece de razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso"[1], que es extensible al apoderado del demandante. En estas circunstancias, cuando el demandante directamente, o a través de representante judicial presenta la misma acción de tutela sobre los mismos hechos ante el Juez respectivo en forma temeraria, quebranta los principios constitucionales "a la buena fe, la economía y la eficacia procesal, porque desconoce los criterios de probidad que exige un debate honorable, dilata maliciosamente la actuación judicial e impide alcanzar los resultados que el Estado busca con la actuación procesal".[2] 4.  La inexistencia de temeridad en el caso concreto. En el caso sub examine es procedente el examen de los hechos materia de revisión, por cuanto la demanda cumple con los requisitos de que trata el Decreto 2591 de 1991, con la manifestación bajo la gravedad del juramento formulado por la demandante en el sentido de no haber presentado otra demanda de tutela, sobre los mismos hechos, ya que a juicio de la Corporación, la tutela nuevamente presentada por la accionante en representación de sus hijas perseguía proteger la integridad de estas en la forma relacionada en el respectivo proceso, sobre el cual el Juez de tutela resolvió en su oportunidad. Y la que ahora es objeto de estudio, instaurada por la misma demandante, mediante apoderado, busca proteger su derecho a la vida e integridad personal, teniendo en cuenta, los continuos actos violentos por parte de su compañero Alirio Alfonso Romero. En consecuencia, a falta de los presupuestos necesarios, la Corte estima que no se incurrió en actuación temeraria y por consiguiente procederá a resolver el asunto materia de la presente revisión de tutela. 4.  Estado de indefensión. Tutela contra particulares. Derecho a la vida e integridad personal. Los hechos originarios de la acción de tutela, como anteriormente se señaló, obedecen a la conducta asumida por el señor Alirio Alfonso Romero  para con su compañera Blanca María Yopasa, contra quien éste ejerce actos de violencia tanto físicos como morales habida cuenta de su situación de superioridad física. Igualmente resulta claro que se trata de una tutela instaurada contra un particular, que debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, el cual en su numeral 9o. señala: "Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en subordinación o indefensión (..)"; aspecto que en este caso es procedente si se observa la circunstancia en la que se halla la demandante, frente a la conducta asumida por el demandado. Sobre el punto materia del análisis la Corporación expresó lo siguiente al referirse al tema de las agresiones que lesionan la integridad física de las personas: "e. Se trata en este caso concreto de un conjunto de relaciones de carácter doméstico en que el marido colocándose en situación de superioridad física, abusa de su presencia en el hogar y despliega la potencia de su habilidad adquirida para someter cualquier resistencia de la mujer; adviértase que esta situación se configura en el caso de la incapacidad material y física de detener por medios civilizados una agresión de tal índole que, como en el caso que se examina, pone en grave peligro la vida y la integridad personal de la agredida. La indefensión a que hace referencia la norma que se cita está constituida precisamente por la falta de defensa física o por la carencia de medios físicos para repeler la ofensa contra la vida o la integridad producida por una persona natural a la que se  debe respeto, afecto y consideración"[3]. Igualmente estimó la Corte que : "(...) mirada la situación desde el punto de vista fáctico, se tiene un verdadero estado de indefensión que hace viable la tutela, por cuanto en el ámbito hogareño la quejosa está a merced de la fuerza física y la voluntad del varón, quien abusa de sus ventajas para ofenderla y maltratarla[4]. Así las cosas, la indefensión en el caso concreto es ostensible y tiene plena cabida, después de examinar la conducta realizada por el accionado frente a la situación de desventaja en que se halla la accionante. De otro lado, para esta Sala no hay duda de que el comportamiento violento del accionado es de tal magnitud que atenta y pone en peligro la vida  (Art. 11 C.P.) e integridad (Art. 12 C.P.) de la demandante, ya que, como consta en las declaraciones de los testigos rendidas ante el juez de primera instancia, se le han causado lesiones personales en el rostro, hasta el punto de llegar a producirle heridas que han requerido asistencia médica de urgencia para suturarlas; asimismo, la circunstancia de que el demandado posee un arma de fuego que amenaza su tranquilidad y tiene en su poder las llaves de la casa con las que ha penetrado en varias ocasiones, como también el temor que siente, frente a la posibilidad de que el demandado ingrese por la parte trasera e incurra en algún hecho punible que afecte la integridad de la actora, todo lo cual requiere de la protección del derecho a la vida considerado como fundamental dentro de la estructura constitucional vigente plasmada en la norma superior. Sobre este aspecto, cabe expresar que la existencia de otro medio de defensa judicial para solicitar el amparo de los derechos de la demandante con fundamento en las denuncias que ha presentado ante la Policía Metropolitana de Bogotá, estando de por medio un derecho inviolable, no impide el ejercicio de la acción de tutela como mecanismo principal para la protección inmediata de los derechos fundamentales a la vida e integridad personal. En relación con lo anterior ha afirmado la Corte: Ahora bien, el criterio según el cual la peticionaria goza de otro medio de defensa judicial por cuanto está en posición de iniciar un proceso penal contra su compañero permanente por las lesiones personales que le cause, resulta ser equivocado desde el punto de vista de la protección judicial efectiva de las garantías constitucionales, teniendo en cuenta que la pena siempre será posterior al ilícito y que con su imposición no se remedia el perjuicio ya causado. En tal sentido, someter a la persona a la exigencia de nuevos daños a su integridad personal para alcanzar la protección del juez implica contrariar el sentido de amparo eficaz de los derechos en que se inspira la Constitución. Los antecedentes del caso dan lugar a que la afectada tema fundadamente que será atacada de nuevo, lo cual significa que hay amenaza verdadera, inclusive contra su vida. La administración de justicia debe poder actuar con miras a evitar que los hechos conduzcan a un resultado fatal[5]". (Subrayas no son del texto). Por las razones relacionadas anteriormente, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional habrá de confirmar en todas sus partes el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal de Santafé de Bogotá, que a su vez confirmó la sentencia del Juzgado Cuarenta y Seis Penal del Circuito de esta misma ciudad, mediante la cual se concedió la tutela formulada por Blanca María Yopasa contra Alirio Alfonso Romero, como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. IV.  DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de Tutela de la Corte Constitucional, obrando en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero. Confirmar el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal de Santafé de Bogotá, el dieciocho (18) de septiembre de 1995, que a su vez confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta y seis Penal del Circuito de esta misma ciudad, el diez (10) de agosto de 1995, en relación con la tutela formulada por BLANCA MARIA YOPASA RAMIREZ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia Segundo. Líbrense por secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, envíese al Despacho de origen y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General. [1]Corte Constitucional, Sentencia de tutela número 327 de 1993, Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell. [2]Corte Constitucional, sentencia de tutela número 327 de 1993, Magistrado Ponente, Antonio Barrera Carbonell. [3]Corte Constitucional, Sentencia de tutela número 529 de 1992, Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz. [4] Corte Constitucional, Sentencia de tutela número 487 de 1994, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. [5]Corte Constitucional, sentencia de tutela número T-487 de 1994, Magistrado Ponente:  José Gregorio Hernández Galindo.

T-558-95 Sentencia No Sentencia No. T-558/95 DERECHO DE PETICION-Expedición de libreta militar Es obvio que constituye ejercicio del derecho de petición solicitar la entrega de libreta, entregando para el caso los recibos de pago correspondientes, teniendo derecho a obtenerla, y acudir al Distrito Militar para reclamarla. De manera que al demandante hay que concretarle con la entrega de la libreta la definición de su situación militar, o justificarse razonablemente por escrito el motivo para no entregarla. Como ésto no ha ocurrido, no se ha resuelto el derecho de petición. DEMANDA DE TUTELA-Competencia para expedir libreta/INSTITUCION MILITAR-Competencia para expedir libreta No se diluye la obligación del Estado por el hecho de que el interesado no acuda en forma exacta al subalterno que hoy tramita la solicitud. El accionante se dirigió precisamente al Distrito Militar donde le tramitan la solución a su situación militar. Si otros funcionarios u otro Distrito colaboran en el trámite, esto en nada afecta la prosperidad de la tutela porque se trata de la misma Institución: el Ejercito Nacional, y de la misma función adelantada por la Dirección de Reclutamiento. Siendo ello así, no se podía esquivar una decisión protectora con la tesis de que la acción no se dirigió contra el Distrito Militar de Santafé de Bogotá, cuya única colaboración es la de expedir la tarjeta y remitirla a Cartagena para que sea entregada al interesado. El procedimiento en la tutela debe ser expedito, eficaz y no sujeto a formalismos enervantes. Ref.: Expediente No. 79741 Peticionario: Adolfo Cortecero Procedencia: Tribunal Administrativo de Bolívar. Tema: Derecho de Petición. Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá, D.C., veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En la acción de tutela radicada bajo el Nº 79741, interpuesta por Adolfo Cortecero Bossio. ANTECEDENTES 1. Solicitud. Adolfo Cortecero Bossio instauró acción de tutela contra el responsable del Distrito Militar Nº 14 de Cartagena por cuanto no se le ha entregado la libreta militar pese a tener los requisitos para obtenerla. Considera que se le viola el derecho al trabajo porque sin libreta militar no puede laborar, al estudio porque no lo han graduado en la Universidad del Atlántico debido a la falta de ese requisito, a la vida porque no se puede identificar militarmente en los retenes del ejército y lo tratan por lo mismo de "guerrillero", y, además cita el artículo 23 de la Carta Política que se refiere al derecho de petición. 2. Pruebas. 2.1. El Comandante del Distrito Militar Nº 14 perteneciente a las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, le dice al Juez de Tutela que el joven definió su situación militar en 1989 pero que sólo pagó la cuota de Compensación militar en 1993, y, en 1994 canceló el recibo de laminación y correo. También informa que en Santafé de Bogotá se rechazó la documentación "por no estar en el sistema"; que el 10 de noviembre de 1994 otra vez se remitió oficio y nuevamente se rechazó por las oficinas de reclutamiento de la capital. Se agrega que el 10 de enero de 1995, el Comandante del Distrito Militar Nº 14 remitió por tercera vez los papeles a Santafé de Bogotá donde elaboran las tarjetas militares, "no se ha recibido respuesta alguna de ese Comando Superior". Se dirigió la documentación a la DIRECCION DE RECLUTAMIENTO. 2.2. El Comandante del Distrito Militar Nº 14 de Cartagena, pormenorizó lo ocurrido, así: "El señor Cortecero Bossio definió su situación militar, según consta en actas que reposan en el archivo del Distrito Militar 14 en el año de 1988, año en el cual el señor Bossio recibió su recibo de Caja por concepto de cuota de compensación militar, el cual no canceló. Posteriormente  cinco años después se acercó nuevamente al Distrito Militar 14 solicitando una reclasificación de su recibo, el cual se le hizo y fué cancelado. Un año mas tarde volvió a las instalaciones del Distrito por el segundo recibo el cual canceló y rindió su documentación en el mes de agosto, la cual fué enviada a la Dirección de Reclutamiento y devuelta por la misma dirección de reclutamiento por no existir en el sistema, en el mes de noviembre se hizo un nuevo envío con el fin de que el joven fuera incluido en el sistema sin tener ningún resultado positivo fué rechazado nuevamente, en enero de 1995 se hizo el último envío el cual hasta la fecha no ha tenido respuesta alguna, es de tener en cuenta que el señor Cortecero Bossio Adolfo, abandonó el proceso de definición de la situación militar en el año de 1988, por un período de cinco a los cuales la Dirección de Reclutamiento, con el propósito de modernizar su sistema integró la red de sistematización de los Distritos Militares en el año de 1989, por lo cual fué incorporado a dicha sistematización y es por esto que tiene problemas en el trámite de su Libreta Militar en la actualidad. El proceso de definición de situación militar está consagrado en la Ley 48 de 1993 y explica en forma detallada los pasos a seguir para la adquisición del documento que legaliza la situación de la libreta Militar. Es de tener en cuenta que todo documento público tiene una fecha de fenecimiento y que el señor Adolfo Cortecero Bossio irresponsablemente abadonó por un largo tiempo el proceso y debe tener paciencia para la adquisición de dicho documento pues se debe incluir en el sistema e integrarlo nuevamente al proceso". 3. Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar. El 15 de agosto de 1995 el citado Tribunal no accedió a las pretensiones del accionante porque en opinión del Tribunal la tutela no se dirigió contra el Distrito Militar de Bogotá o la Comandancia del Ejército sino contra el Distrito Militar de Cartagena. Dice la sentencia: "Por último, el señor Comandante dice en el informe que corre folio 15, que la obligación del Distrito 14 es la de resolver la situación militar de los bolivarenses, no la de elaborar las Libretas Militares, "ya que esta función solamente le compete al Distrito Nº 55 Especial con sede en Bogotá. Considera que él ha cumplido "enviando la documentación". De acuerdo con la documentación anterior, y con el testimonio del Teniente Gabriel Trujillo Escolar, con fecha 10 de Enero de 1995, por medio del Oficio Nº 783, fueron enviadas a Bogotá las listas de las personas que tienen Derecho a su libreta Militar (folio 17, 18, 19 y 20). Igualmente, se observa que el mencionado funcionario envió a Bogotá durante el año de 1994, (folio 17, 21, 22, 23 y 24) las listas respectivas, encontrándose en ellas el señor Cortecero Bossio Adolfo. Indudablemente, este funcionario ha hecho todo lo que está a su alcance para que las Oficinas Nacionales en Bogotá (Distrito 55 con sede en Bogotá) expidan al accionante la respectiva Libreta Militar, lo cual no ha sido posible. Pero como esta acción de Tutela fué interpuesta en contra del Distrito Militar Nº 14, a cargo del Teniente Trujillo Escobar, esta Corporación no podría condenar al Distrito Nº 55 Especial de Bogotá o a la Comandancia del Ejército Nacional, pues, se repite, la Tutela no fué interpuesta contra estos dos Organos del Ministerio de Defensa. No ha sido notificadas dichas entidades y por ello no se les ha escuchado en sus informes y explicaciones sobre las razones de la no expedición de la Libreta Militar del accionante. Como quiera que el Comandante del Distrito Nº 14 de Cartagena ha demostrado su diligencia respecto de los informes enviados a Bogotá, no se accederá a la Tutela invocada en contra de este funcionario". Como la sentencia no fue impugnada, fue remitido el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS A. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. II. CASO CONCRETO. Consta en el expediente que el solicitante definió su situación militar en 1989, pero no se le ha entregado la libreta o "tarjeta militar". La demora se ha debido por una parte a falta de interés del propio Adolfo Cortecero para cancelar unos pagos y por eso su nombre quedó borrado del "sistema", pero, desde finales del año pasado Cortecero Bossio cumplió con todas las exigencias y trámites; el Distrito Militar Nº 14 retornó la tramitación y ya van muchos meses sin que la Dirección de Reclutamiento que tiene sede en Santafé de Bogotá lo hubiera integrado nuevamente al sistema a fin de elaborar la tarjeta militar, que es lo único que falta, puesto que su situación militar ya está definida. Es evidente que por parte del Distrito Militar Nº 14 se han hecho las diligencias del caso, que en tres oportunidades se ha enviado la documentación a Santafé de Bogotá y se ha dado información pronta y precisa. A Santafé de Bogotá, los documentos se han remitido: el 10 de agosto de 1994, el 16 de noviembre de 1994 y el 10 de enero de 1995. Para los dos primeros envíos no hubo tramitación en Santafé de Bogotá y regresó la documentación. Y, respecto al último envío, ha habido silencio desde enero de este año. Luego, ha transcurrido un plazo razonable y ya debería haberse elaborado la correspondiente Tarjeta Militar, o respondido por qué no se ha hecho eso. Es inadmisible alegar por el solicitante que la demora le afecte los derechos fundamentales al trabajo, a la vida y a la educación, porque en buena parte la demora tuvo como causa el descuido en que incurrió Adolfo Cortecero para pagar lo debido. Si hubiera cancelado a tiempo, su nombre no hubiera sido retirado del sistema y no habría tenido inconveniente para obtener la libreta. Quedaría por estudiar si ha habido violación al derecho de petición en cuanto desde enero del presente año no se le ha respondido pese a haberse enviado la documentación, a la Dirección de Reclutamiento. Es obvio que constituye ejercicio del derecho de petición solicitar la entrega de libreta, entregando para el caso los recibos de pago correspondientes, teniendo derecho a obtenerla, y acudir al Distrito Militar para reclamarla. La Corte, en Sentencia T-479/94, Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía, dijo: "El derecho a obtener una pronta resolución hace parte del núcleo esencial de este derecho, entendiendo por resolución no una simple respuesta sino el despacho de fondo del asunto solicitado." De manera que a Adolfo Cortecero hay que concretarle con la entrega de la libreta la definición de su situación militar, o justificarse razonablemente por escrito el motivo para no entregarla. Como ésto no ha ocurrido, no se ha resuelto el derecho de petición. Por otro aspecto, como la tramitación para la expedición se adelantó en Cartagena y allí no se le ha respondido, es este el lugar donde la violación ha acontecido. y, el Tribunal Administrativo de Bolivar es el competente. Dice el Tribunal que no puede prosperar la tutela porque la culpa la tiene una autoridad: el Distrito Militar de Santafé de Bogotá y no el Distrito Militar de Cartagena. La Corte ya ha expresado que el término autoridad es amplio: "En virtud del derecho de petición, toda persona puede dirigirse respetuosamente a las autoridades por motivos de interés general o particular, con la certidumbre de obtener un trámite efectivo de sus solicitudes y una pronta resolución. La expresión "autoridades" cobija a quienes dentro de la estructura del Estado o aún por fuera de ella, ejercen funciones públicas de jurisdicción o de mando, capaces de afectar con sus determinaciones los intereses de los gobernados". (subraya fuera del texto) En el caso presente, no se diluye la obligación del Estado por el hecho de que el interesado no acuda en forma exacta al subalterno que hoy tramita la solicitud. El accionante se dirigió precisamente al Distrito Militar donde le tramitan la solución a su situación militar. Si otros funcionarios u otro Distrito colaboran en el trámite, esto en nada afecta la prosperidad de la tutela porque se trata de la misma Institución: el Ejercito Nacional, y de la misma función adelantada por la Dirección de Reclutamiento. Tanto el Distrito Militar de Cartagena como el de Santafé de Bogotá pertenecen a la Dirección de Reclutamiento del Ejército. Se informó debidamente la iniciación de la tutela al Distrito Militar de Cartagena, luego no puede inferirse una violación al debido proceso, por falta de información sobre la acción instaurada, máxime cuando ese Distrito envió la documentación para la obtención de la libreta a la "Dirección de Reclutamiento" y esta Dirección, en últimas, remite la libreta al Distrito Militar de Cartagena para que allí se le dé al solicitante. Siendo ello así, no se podía esquivar una decisión protectora con la tesis de que la acción no se dirigió contra el Distrito Militar de Santafé de Bogotá, cuya única colaboración es la de expedir la tarjeta y remitirla a Cartagena para que sea entregada al interesado. El procedimiento en la tutela debe ser expedito, eficaz y no sujeto a formalismos enervantes. Además, el mismo Distrito Militar de Cartagena no ha dado respuesta al interesado, así la demora no le sea atribuible. Ante Adolfo Cortecero, el Distrito Militar de Cartagena es el encargado de informar debidamente. Otra cosa diferente es que la confección de la tarjeta no se hace en Cartagena y, entonces, la orden sería irrita, si se profiriera solo respecto a ese Distrito Militar. En esta situación, la orden habrá que darla también a la Dependencia a la cual pertenece el Distrito Militar y así se hará en este caso. En mérito de lo expuesto la Sala Séptima de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandamiento de la Constitución. RESUELVE: PRIMERO: Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar en el proceso de la referencia y, en su lugar conceder la tutela únicamente por violación al derecho de petición. SEGUNDO: Ordénase al Distrito militar Nº 14 de Cartagena y a la Dirección de Reclutamiento en Bogotá que en el término de 8 días expida, si no lo ha hecho y si es del caso, la Tarjeta (libreta) militar al solicitante Adolfo Cortecero Bossio o se le explique  por escrito si no tiene derecho a recibir tal libreta. TERCERO: Para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, el Juzgador de primera y única instancia hará las notificaciones y tomará las medidas adecuadas para elcumplimiento de este fallo. Cópiese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA MONCALEANO Secretaría General