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T-068-95 Sentencia No Sentencia No. T-068/95 FALLO DE TUTELA-Cumplimiento inmediato/FALLO DE TUTELA-Apelación en el efecto devolutivo La apelación de sentencias de tutela se debe conceder en el efecto DEVOLUTIVO, por cuanto no está permitido al a-quo suspender los efectos del fallo hasta que se resuelva el asunto en segunda instancia. Si bien un fallo de tutela en primera instancia puede ser recurrido por cualquiera de las partes dentro de los términos establecidos por la ley, su cumplimiento por éstas es obligatorio mientras se surte la segunda instancia, la cual, de confirmarlo, dejará en firme la actuación del a-quo, pero en caso de revocarlo, dejará sin efectos totales o parciales el fallo objeto de apelación, y producirá otros, los cuales las partes deberán acatar. FALLO DE TUTELA-Revisión en el efecto devolutivo Todo fallo de tutela que sea remitido para eventual revisión por la Corte Constitucional, tiene plenos efectos, aún durante el trámite de la revisión, por cuanto según lo prescrito en el artículo 35 del Decreto 2591 de 1991 con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Nacional, la revisión se concede en el efecto devolutivo, esto es, sin que se suspendan las decisiones adoptadas en el fallo correspondiente. Lo anterior ocurre sin perjuicio de que la Corporación, cuando lo estime conveniente, adopte las medidas provisionales que considere necesarias para proteger un derecho fundamental, según lo prescrito en el artículo 7o. del mismo Decreto. REF: EXPEDIENTE T- 54181 PETICIONARIO: Jesús Alfredo Casas Buitrago contra el ex-Inspector de Policía Municipal de Ráquira, Juan Carlos Rodríguez Sanabria. TEMA: Debido Proceso. Efecto devolutivo de la apelación de sentencias de tutela. MAGISTRADO PONENTE: HERNANDO HERRERA VERGARA. Santa Fe de Bogotá, febrero  veintidos (22) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA, procede a revisar la sentencia de primera instancia emanada del Juzgado Promiscuo de Ráquira (Boyacá) el 25 de agosto de 1994, y el fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chiquinquirá el 31 de octubre de 1994 en el proceso de tutela de la referencia. I. ANTECEDENTES El señor JESUS ALFREDO CASAS BUITRAGO ha acudido al mecanismo de la tutela para la protección de derechos fundamentales supuestamente violados como consecuencia de la decisión tomada por el Ex-Inspector Municipal de Policía de Ráquira JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANABRIA, en el proceso adelantado por MARIA DEL CARMEN CASTILLO FORERO contra GUZMAN BAUTISTA CASTILLO por posible DAÑO EN BIEN AJENO, por cuanto en su condición de Inspector Municipal profirió una decisión de contenido inhibitorio, y según el accionante, se omitieron una serie de pruebas solicitadas en la querella, apoyándose para adoptar su decisión, del concurso de peritos no aptos para rendir dictamen. HECHOS 1. La señora MARIA DEL CARMEN CASTILLO FORERO, es propietaria del lote de terreno denominado "El Muelle", ubicado en la vereda La Candelaria Oriente de la jurisdicción de Ráquira (Boyacá). 2. La señora CASTILLO FORERO formuló denuncio penal por el supuesto daño en bien ajeno en contra del señor GUZMAN BAUTISTA CASTILLO, por considerar que se había puesto en peligro la medianería de la misma; que se configuraron además ligerezas y omisiones por parte del funcionario en su actuación al omitir el contrato de participación de medianería ,  además  del incumplimiento del contrato celebrado entre aquella y los antiguos dueños del predio, sobre el cual existe caución para asegurar el cumplimiento del contrato, impuesta por la Inspección Departamental de La Candelaria. 3. La señora CASTILLO FORERO presentó un escrito dirigido al Inspector de la Candelaria, en el que manifestó que el señor GUZMAN BAUTISTA CASTILLO cercó parte del predio, pero que construyó un lavadero próximo a su medianería con el cual se le puede causar daño. Dentro del proceso el Inspector efectuó una diligencia con el fin de que las partes conciliaran en la Inspección de Ráquira pero con resultados negativos. 4. El Inspector de Policía Municipal de Ráquira, continuando con el proceso, procedió a realizar una diligencia de Inspección sobre los predios materia de la litis con la intervención de peritos, y al comprobar que no existían los daños denunciados, resolvió darlo por terminado, inhibiéndose de continuarlo por no tipificarse los elementos del delito denunciado, ordenando a su vez el archivo del mismo. 5. El accionante manifiesta que dentro del respectivo proceso se cometieron irregularidades con violación del derecho defensa, propiedad y debido proceso. PRETENSIONES Con fundamento en los hechos expuestos y en el Decreto 2591 de 1991, el peticionario JESUS ALFREDO CASAS BUITRAGO, actuando en representación de MARIA DEL CARMEN CASTILLO FORERO, solicita que "se cancele la resolución dictada en el proceso el día dos (2) de junio de 1994 . Se reponga la diligencia a costa del responsable, ya que se sigue creyendo o dando crédito a un proceso en "DAÑO EN BIEN AJENO". II. LAS DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN 1. Decisión de Primera Instancia. El Juez Promiscuo Municipal de Ráquira, mediante auto, resolvió inadmitir la acción de tutela por cuanto la demanda no reunía las exigencias de los artículos 10 y 14 del Decreto 2591 de 1991, y requirió al accionante para que dentro de los tres días siguientes la corrijiera y la ampliara. Una vez cumplido lo anterior por parte del señor JESUS ALFREDO CASAS BUITRAGO, el a-quo solicitó al Inspector de Policía Municipal de Ráquira (Boyacá) poner a su disposición el proceso penal en mención a fin de llevar a cabo una diligencia de Inspección Judicial. Así mismo ordenó recibir los testimonios de los peritos que asistieron a la diligencia, todo con el fin de verificar la posible vulneración del debido proceso por parte del Inspector de ese entonces JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANABRIA. Las pruebas recaudadas demostraron que efectivamente el Inspector de Policía Municipal de Ráquira adelantó el proceso iniciado por la denuncia formulada por la señora MARIA DEL CARMEN CASTILLO FORERO contra el señor GUZMAN BAUTISTA CASTILLO, y comprobó que aparecen en el expediente que reposa en la Inspección de Policía de Ráquira los siguientes documentos: denuncia de MARIA DEL CARMEN CASTILLO FORERO en contra de GUZMAN BAUTISTA CASTILLO; documentos enunciados como pruebas aportadas con la querella (copias del proceso policivo en el cual BAUTISTA CASTILLO se comprometió a cumplir con el contrato de medianería, y que cercaría lo que le correspondería); documento en el que MARIA DEL CARMEN CASTILLO se quejó del señor BAUTISTA CASTILLO por cercar una parte del predio con la construcción de un lavadero muy próximo a su medianería; auto que ordenó la celebración de la audiencia de conciliación, y el acta en la que consta que no se llegó a ningún acuerdo; auto de apertura de investigación por daño en bien ajeno, en el que se ordenó recibir en indagatoria la declaración de BAUTISTA CASTILLO, y se dispuso la práctica de otras diligencias; comunicación dirigida al Personero informando la iniciación del proceso; indagatoria del sindicado, y dentro de la misma diligencia, auto que ordenó la inspección judicial sobre los predios, con designación de peritos; diligencia de compromiso del sindicado para comparecer a la Inspección cuando fuera solicitado; citación a los peritos; oficio para la Policía mediante el cual solicita su colaboración en la diligencia; acta de inspección ocular, dentro de la cual el Inspector accionado resolvió inhibirse de continuar el proceso y ordenó el archivo de las diligencias por comprobar que no se presentaron los daños denunciados; petición de expedición de copias de JESUS ALFREDO CASAS BUITRAGO; y constancia secretarial de archivo. Las declaraciones juramentadas de los peritos HECTOR MISAEL VARGAS MURCIA y CARLOS JULIO SUAREZ LEON, practicadas por el a-quo, ratifican el dictamen que rindieron en el curso del proceso penal contra GUZMAN BAUTISTA CASTILLO, a través del cual afirmaron que no existió daño alguno, y de haberlo, fue causado por la señora MARIA DEL CARMEN CASTILLO FORERO. Con fundamento en las anteriores pruebas, el Juzgado Promiscuo Municipal de Ráquira, dictó sentencia el veinticinco (25) de agosto de 1994, y resolvió "negar la acción de tutela  instaurado por la señora MARIA DEL CARMEN CASTILLO FORERO por intermedio del señor JESUS ALFREDO CASAS BUITRAGO, por la supuesta violación al derecho constitucional fundamental del debido proceso". El Juzgado resolvió negar la acción de tutela con base en los siguientes argumentos: "Las omisiones a que se refiere el solicitante y en las cuales dice que incurrió el señor Ex-inspector Municipal de Policía de Ráquira se relacionan con algunas pruebas, en parte, de las aportadas por la querellante cuando denunció penalmente a GUZMAN BAUTISTA  por DAÑO EN BIEN AJENO entre otras especialmente el contrato de participación de medianería, una diligencia de caución suscrita en la Inspección Departamental de Policía de La Candelaria y la confesión de GUZMAN aceptando que no había dado cumplimiento al mencionado contrato, son evidencias que no era necesario considerarlas o tomarlas en cuenta dentro de la inspección que realizó el Inspector de Policía a los predios sobre los cuales se dijo que se presentaron daños causados por el denunciado GUZMAN, pues allí precisamente lo que se fue a establecer o constatar no era otra cosa que los daños denunciados, luego la autoridad policiva contra la cual se instauró ésta tutela, con su actuación no violó ningún derecho fundamental a la señora CASTILLO FORERO. De otro lado, se desprende de la prueba allegada en éste asunto o a éste procedimiento, que el señor Inspector Municipal de Policía adelantó en debida forma el proceso que inició por DAÑO EN BIEN AJENO siendo denunciante la señora CASTILLO FORERO y denunciado GUZMAN BAUTISTA y la decisión que tomara dentro de la correspondiente inspección inhibiéndose de seguir conociendo del proceso fue ajustada a la ley, debido a que constató la no existencia de daños en el predio del cual se habló en la denuncia y más bien lo que observó fue negligencia de ambas partes en el mantenimiento de la medianería a que se refieren, lo cual constituye verdaderamente es un incumplimiento de contrato no investigable penalmente, por lo que allí las partes acordaron en lo sucesivo hacer el debido mantenimiento. La prueba practicada por éste juzgado para la resolución de ésta acción de tutela, esto es, la diligencia de inspección judicial al proceso por DAÑO EN BIEN AJENO que adelantó la Inspección Municipal de Policía de Ráquira y además los testimonios de los peritos, son una muestra clara y fehaciente de que en realidad no se presentó DAÑO EN BIEN AJENO, siendo por tanto atípica la serie de hechos denunciados por la señora CASTILLO FORERO para el proseguimiento de un proceso de tipo penal y en el sentir de éste juzgado, aquellos hechos se podrían tomar como base para la prosecución de una acción civil. Ahora, si la denunciante CASTILLO FORERO y su esposo JESUS ALFREDO CASAS BUITRAGO, eran del parecer de que efectivamente  existió DAÑO EN BIEN AJENO, la señora CASTILLO tuvo la oportunidad de apelar en forma verbal dentro de la diligencia de Inspección donde el señor Inspector Municipal falló el proceso penal y no lo hizo como en varias oportunidades lo refirió el señor CASAS  en su escrito de tutela y dejó pasar ese medio de defensa que le asistía en esa oportunidad, medio que no le implicaba ningún gasto, si como se dice, carece de medios económicos suficientes, situación ésta además que dicho sea de paso no es cierta porque así se estableció en éste asunto." Una vez notificado el fallo al peticionario, éste interpuso recurso de apelación, y el Juez de Primera Instancia expidió el siguiente auto fechado el treinta y uno  (31) de agosto de 1994 : "En vista de que se tiene facultad legal para recurrir, que el fallo reclamado en apelación es susceptible de ese recurso y que este se interpuso en tiempo, se concede en el EFECTO SUSPENSIVO, y para ante el señor juez Penal del Circuito reparto de Chiquinquirá (Boyacá), el RECURSO DE APELACION interpuesto por el señor JESUS ALFREDO CASAS BUITRAGO contra el auto de fecha veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, dictado en esta Acción de Tutela."(subrayado fuera del texto) 2. Decisión de segunda instancia. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chiquinquirá dictó sentencia el treinta y uno (31) de octubre de 1994, y resolvió confirmar la sentencia de primera instancia con base en los siguientes argumentos: "(...) el derecho tutelado invocado en la presente acción de tutela no se especifica claramente, pero deducimos que con la actuación del Inspector de Policía, se ha violado el debido proceso y consecuentemente se ha violado el derecho de propiedad (...) (...) Conclúyase de lo anterior que ninguna violación al debido proceso ha ocurrido en este caso que aténte (sic) contra los derechos fundamentales del actor, siendo igualmente improcedente la tutela, de conformidad con lo prescrito en el numeral 1 del artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, pues las partes disponen de otros medios para hacer valer su derecho de propiedad. De otra parte la acción de tutela no está consagrada para controvertir las pruebas de un proceso judicial o administrativo, así como tampoco la errónea interpretación de las normas aplicables en que incurra el funcionario. Una y otra vez deben ser objeto de controversia dentro de la respectiva actuación y no fuera de ella." C. REMISION DEL EXPEDIENTE A LA CORTE CONSTITUCIONAL Una vez resuelta la impugnación presentada por el peticionario, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chiquinquirá, dando cumplimiento a lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remitió el expediente a esta Corporación para efectos de su eventual revisión. Después de haber sido seleccionada y repartida, entra a la Sala Sexta de Revisión a quien correspondió, a estudiar y fallar el asunto de la referencia. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PRIMERA . COMPETENCIA. La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala de Revisión, para proferir sentencia en relación con los fallos dictados por el Juzgado Promiscuo de Ráquira y por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chiquinquirá, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero, y 241 numeral 9o. de la Constitución Nacional. SEGUNDA. EL CASO OBJETO DE ESTUDIO. Para entrar a resolver, esta Sala de Revisión considera de gran importancia hacer algunas precisiones: 1. Legimitidad en la causa. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que: "La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales." En el caso presente, el señor JESUS ALFREDO CASAS BUITRAGO instauró acción de tutela contra el Ex-Inspector de Policía de Ráquira JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANABRIA por considerar que la actuación de éste último dentro de la querella por presunto daño en cosa ajena, vulneró derechos fundamentales de MARIA DEL CARMEN CASTILLO FORERO, quien afirma es su esposa. En su corrección de la demanda advirtió que obraba a nombre propio: "Aclaro que nó (sic) estoy representado a la demandante, pues en el proceso se me señala por el demandado, pero no se me ha conferido ninguna autorización, la demandante firmó la diligencia en estado de inferioridad por la imponencia (sic) de peritos y funcionario y si nó (sic) lo hubiera hecho, hubiese firmado un testigo, tampoco apeló por las circunstancias económicas que atravieza (sic), porque para ella lo prudente hubiese sido una queja a la procuraduría (sic)". "(...) En razón de que los bienes que se adquieren en unión marital, pertenecen a ambos, no importa los titulos (sic), y la ley 54 de 1990 sustenta ese derecho al cual me acojo." El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece la posibilidad de agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Afirmó el actor en la corrección de la demanda de tutela que: "En razón de que los bienes que se adquieren en unión marital, pertenecen a ambos, no importa los titulos (sic), y la ley 54 de 1990 sustenta ése derecho al cual me acojo". La titularidad sobre el bien objeto de la querella por parte del señor CASAS BUITRAGO le da legitimidad para ejercer la acción de tutela, pues una posible vulneración de los derechos también lo afectaría. Sobre la legitimación en la causa para ejercer una acción de tutela, ha expresado la Corte Constitucional: "En primer término debe destacarse el carácter informal que preside la concepción y el diseño del instrumento tutelar puesto en manos de "toda persona", con abstracción de específicas consideraciones, como corresponde a la prevalente finalidad de protección de los derechos constitucionales fundamentales. Ese carácter informal resulta igualmente predicable cuando se actúa por otro" bien en ejercicio de representación judicial o en desarrollo de la agencia oficiosa, eventos en los cuales, quien la ejerza no requiere acreditar calidades especiales ni demostrar su condición de abogado titulado.(...) Ahora bien, la presentación de una acción de tutela supone la ocurrencia de una situación específica y concreta de violación o amenaza de derechos constitucionales fundamentales de los que es titular una determinada persona que los ve menoscabados por el actuar de una autoridad pública o de un particular en los casos y en las condiciones que la ley prevé, de modo que, en principio, la acción de tutela no es mecanismo de protección de intereses genéricos o abstractos radicados en cabeza de un conjunto de individuos indeterminados, sin identificación de ninguna especie, con prescindencia absoluta de la específica situación en que se encuentran y de la singular valoración que cada uno de ellos tenga acerca de la eventual amenaza de sus derechos."1 Igualmente, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la presunción de buena fe en las actuaciones de los particulares ante las autoridades, razón por la cual la manifestación expresa de titularidad sobre el derecho de propiedad es mérito suficiente para darle legitimidad a su actuación. Sobre este aspecto la Corporación ha expresado: "La Constitución presume expresamente la buena fe en las actuaciones de los particulares ante las autoridades. Dice la norma: "Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas." Y el decreto 2591 de 1991 señala, en materia de legitimación, lo siguiente: "Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. "También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. "También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales." (se subraya) Es decir, el Juez debió pronunciarse sobre lo solicitado por el actor, pues el señor Briceño, en su escrito, en forma expresa, manifestó que actuaba como Presidente de la Junta de Acción Comunal y en su propio nombre. En concepto de la Sala, en principio, el actor sí tenía legitimación e interés para presentar esta acción de tutela, y el Juez debió dictar sentencia de fondo con base en este hecho, y no simplemente declarar su improcedencia".2 2. La acción de tutela como mecanismo de protección del debido proceso. La Corte Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones tutelando los derechos de los accionantes correspondientes, con el fin de proteger el derecho al debido proceso administrativo o judicial cuando, como consecuencia de la conducta de las autoridades, se desconoce aquella garantía poniendo en peligro o vulnerando derechos fundamentales de las personas. Pero también ha sido enfática en no tutelar el debido proceso cuando se pretenden revivir etapas procesales ya concluídas, como ocurre en el caso en estudio, en el que se solicita que se "cancele" una decisión judicial, cuando no se interpuso contra ella el recurso correspondiente de manera oportuna. En el caso presente, de acuerdo con las pruebas practicadas por el Juzgado Promiscuo de Ráquira, el Inspector de Policía de entonces JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANABRIA observó todas las reglas propias del debido proceso: acogió la denuncia, citó para indagatoria al señor GUZMAN BAUTISTA CASTILLO y recibió su declaración; le conminó a suscribir una diligencia de compromiso para que compareciera al Despacho periódicamente; buscó lograr un acuerdo conciliatorio para el respeto de las condiciones de la medianería; practicó pruebas (inspección ocular con intervención de peritos); y al llegar al convencimiento pleno de que los hechos sobre los cuales la señora MARIA DEL CARMEN CASTILLO FORERO no fueron probados, y quedando establecido que no hubo ninguna conducta antijurídica imputable al denunciado, decretó auto inhibitorio en la misma diligencia de inspección ocular, y ordenó archivar las diligencias respectivas, sin que impidiera a las partes interponer los recursos legales correspondientes. Los argumentos que expresó el señor JESUS ALFREDO CASAS BUITRAGO sobre la situación económica de MARIA DEL CARMEN CASTILLO FORERO y su posible estado de inferioridad por la presencia de los peritos en la diligencia de inspección, como cualquier cuestionamiento sobre las calidades personales o el comportamiento de los peritos, no fueron probados en desarrollo del presente proceso de tutela. Por lo tanto, no existió vulneración alguna del debido proceso de la señora MARIA DEL CARMEN CASTILLO FORERO, ni de algún otro derecho del señor JESUS ALFREDO CASAS BUITRAGO, razón por la cual se confirmarán el fallo de primera instancia, en cuanto negó la tutela de los derechos de las citadas personas, y la providencia de segunda instancia, en cuanto ratificó la decisión del a-quo. 3. Efectos de la apelación de un fallo de tutela. El señor JESUS ALFREDO CASAS BUITRAGO se notificó del fallo fechado el 25 de agosto de 1994 del Juzgado Promiscuo Municipal de Ráquira oportunamente, e interpuso recurso de apelación contra el mismo. El citado Juzgado, mediante auto del 31 de agosto de 1994 concedió el recurso de apelación "en el efecto SUSPENSIVO". Sobre la decisión adoptada en esta providencia, la Corte Constitucional debe precisar que la apelación de sentencias de tutela se debe conceder en el efecto DEVOLUTIVO, por cuanto no está permitido al a-quo suspender los efectos del fallo hasta que se resuelva el asunto en segunda instancia, según lo señala el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuyo inciso segundo establece que "El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión". (Subrayado fuera del texto). La norma constitucional citada es desarrollada por el inciso primero del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991: "Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato." (subrayado fuera del texto). De lo anterior se concluye que, si bien un fallo de tutela en primera instancia puede ser recurrido por cualquiera de las partes dentro de los términos establecidos por la ley, su cumplimiento por éstas es obligatorio mientras se surte la segunda instancia, la cual, de confirmarlo, dejará en firme la actuación del a-quo, pero en caso de revocarlo, dejará sin efectos totales o parciales el fallo objeto de apelación, y producirá otros, los cuales las partes deberán acatar. Si bien esta circunstancia no modifica para nada las decisiones de tutela objeto de revisión en el presente caso, se debe prevenir al Juez de primera instancia para que en el futuro decida con base en lo preceptuado por la citada disposición. Debe destacarse también que todo fallo de tutela que sea remitido para eventual revisión por la Corte Constitucional, tiene plenos efectos, aún durante el trámite de la revisión, por cuanto según lo prescrito en el artículo 35 del Decreto 2591 de 1991 con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Nacional, la revisión se concede en el efecto devolutivo, esto es, sin que se suspendan las decisiones adoptadas en el fallo correspondiente. Lo anterior ocurre sin perjuicio de que la Corporación, cuando lo estime conveniente, adopte las medidas provisionales que considere necesarias para proteger un derecho fundamental, según lo prescrito en el artículo 7o. del mismo Decreto. Por todo lo anterior, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional procederá a confirmar los fallos proferidos en primera y segunda instancia, a través de los cuales se dispuso negar la tutela propuesta por JESUS ALFREDO CASAS BUITRAGO, aclarando que los efectos de los fallos de tutela objeto de apelación no pueden suspenderse, dado el efecto inmediato de los mismos, de manera que la impugnación respectiva se concede en el efecto devolutivo y no en el suspensivo. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E PRIMERO. Confirmar el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chiquinquirá el día 31 de octubre de 1994, que confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo de Ráquira (Boyacá) del 25 de agosto de 1994, por medio de la cual se negó la tutela propuesta por JESUS ALFREDO CASAS BUITRAGO. SEGUNDO. Háganse las advertencias de que trata la parte motiva de esta providencia. Notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Sentencia No. T- 066 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara 2 Sentencia No. T- 082 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía.

T-074-95 Sentencia No Sentencia No. T-074/95 ACCION DE TUTELA CONTRA MEDIOS DE COMUNICACION La acción de tutela procede contra los medios de comunicación, tanto si están a cargo de una entidad pública como si pertenecen a una persona natural o jurídica privada. La legislación da lugar a la tutela como mecanismo de defensa específico para el derecho que, según el artículo 20 de la Constitución, tiene toda persona frente a los medios de comunicación para que éstos rectifiquen, en condiciones de equidad, las informaciones falsas, erróneas, inexactas o incompletas que respecto de ellas hayan difundido. Tan sólo se puede acudir a la vía judicial cuando se haya agotado, sin obtener éxito, la solicitud de rectificación ante el mismo medio. SECRETO PROFESIONAL El secreto profesional, si bien resulta aplicable a diferentes actividades según su naturaleza, tiene particular relevancia en el campo periodístico, ya que implica la reserva de las fuentes informativas, garantía ésta que, sobre la base de la responsabilidad de los comunicadores, les permite adelantar con mayor eficacia y sin prevención las indagaciones propias de su oficio. Esto repercute en las mayores posibilidades de cubrimiento y profundización de los acontecimientos informados y, por tanto, en la medida de su objetivo y ponderado uso, beneficia a la comunidad, en cuanto le brinda conocimiento más amplio de aquéllos. DERECHO A LA INFORMACION El derecho a la información, es de doble vía, con lo cual se quiere significar que puede ser reclamado tanto por el sujeto activo como por los sujetos pasivos de la relación informativa, es decir, por quien emite las informaciones y por quien las recibe. Este último puede exigir que le sean suministradas con veracidad e imparcialidad y aquél, por la misma razón, tiene a su cargo los deberes correlativos. Si quien informa responde por las informaciones que entrega, su actividad puede dar lugar a que los afectados inicien contra él las pertinentes acciones civiles y penales en relación con los daños de una u otra naturaleza, causados por la difusión de aquéllas. RECTIFICACION DE INFORMACION-Naturaleza/DERECHO A LA RECTIFICACION El afectado por informaciones falsas, erróneas, inexactas o incompletas, que lesionen su honra o su buen nombre, tiene un derecho, que hoy es de rango constitucional, a obtener del medio que las haya difundido la correspondiente rectificación en condiciones de equidad. El de rectificación es un derecho de la misma naturaleza fundamental del que tiene el sujeto activo a informar y de los derechos a la honra y al buen nombre, que por su conducto se protegen. Por eso, el medio que se niega a rectificar, debiendo hacerlo, puede ser forzado a cumplir la obligación correlativa que le es exigible mediante el ejercicio de la acción de tutela. RECTIFICACION DE INFORMACION FALSA/REVISTA SEMANA La rectificación parte del supuesto de una información falsa, errónea o desfigurada, por lo cual, establecido el agravio, únicamente se entiende que el medio ha rectificado cuando, con igual despliegue e importancia y por el mismo conducto utilizado inicialmente, el informador reconoce haberse equivocado, no en otras materias -aunque se refieran a la misma persona-, sino precisamente en el asunto objeto del error o equívoco. En el caso sometido a examen, la revista "Semana" divulgó una información según la cual el accionante había sido solicitado en extradición por el delito de narcotráfico por las autoridades peruanas. Esta noticia no fue confirmada por el medio. MEDIOS DE COMUNICACION-Responsabilidad por informaciones sin autor conocido Al no estar suscrita la información por persona alguna podría pensarse que no hay directo responsable. La Corte considera, sin embargo, que semejante conclusión sería no solamente injusta sino que generaría la impunidad por la violación de los derechos fundamentales y, contra el mandato constitucional, haría al medio de comunicación irresponsable. En efecto, cuando se presenta tal circunstancia no sólo se involucra el medio sino quien lo dirige, en cuanto ha asumido su representación desde el punto de vista informativo y tiene a su cargo las responsabilidades inherentes a la difusión de informaciones. Dada su función, se supone que el Director conoce la información que habrá de propagar a través del medio que orienta, de lo cual se deriva su propia obligación de verificar que ella se ajuste a la realidad y tenga el respaldo probatorio suficiente como para hacerla pública. RECTIFICACION DE INFORMACION-Oportunidad/ANTECEDENTES PENALES-Improcedencia de su publicación Dado que la rectificación no se produjo oportunamente y puesto que, varias semanas después, cuando se publicó la carta del solicitante, el semanario agregó nuevos datos, carentes de todo respaldo, resulta indudable que fueron lesionados los derechos a su honra y a su buen nombre y que, por otra parte, se desconoció la presunción de inocencia que lo favorecía, según el artículo 29 de la Carta, mientras no fuera desvirtuada -previo un debido proceso- por decisión judicial en firme. A juicio de la Corte, si de antecedentes penales se trataba, la revista "Semana" ha debido aplicar lo previsto en el artículo 248 de la Constitución Política: "Unicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales". -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-49554 Acción de tutela instaurada por JOSE MANUEL CRUZ AGUIRRE contra la Revista "SEMANA" y su Director, MAURICIO VARGAS LINARES. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., según consta en acta del veintitrés (23) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisa el fallo proferido en el asunto de la referencia por el Juzgado Treinta y Dos Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá. I. INFORMACION PRELIMINAR En su edición número 636 (julio 12-19 de 1994), la Revista "Semana", que se publica en Santa Fe de Bogotá, incluyó una crónica titulada "Pelota Caliente" en la que, al desarrollar el tema de la influencia del narcotráfico en el fútbol profesional colombiano, se hizo la siguiente afirmación respecto del demandante: "Mientras tanto, al Deportes Tolima llegaba José Manuel Cruz Aguirre, solicitado en extradición por narcotráfico por las autoridades peruanas." El 11 de agosto de 1994, el aludido se dirigió por escrito al Director del medio, MAURICIO VARGAS LINARES, solicitándole que, en las mismas condiciones publicitarias, rectificara lo informado, por considerar que con la publicación en referencia, que tildó de falaz, se enlodaba su nombre y se empañaba su imagen de hombre de negocios y de empresa. En la edición número 647 (septiembre 27 a 4 de octubre de 1994), ya después de instaurada la acción de tutela, bajo el título "La Pelota Caliente", la Revista publicó el texto de la carta remitida por el afectado, pero, inmediatamente después, agregó: "N. de la R.: El señor José Manuel Cruz Aguirre se encuentra reseñado en la Dijin por violación al Estatuto Antiterrorista según fuentes de esa entidad. Según el diario "El Tiempo" del 31 de diciembre de 1989, página 7-A, fue detenido por posesión de marihuana. Además su nombre aparece mencionado en los libros "Los jinetes de la coca" y "Los amos del juego", en donde se afirma que fue solicitado en extradición por las autoridades peruanas y que tiene pendiente un proceso en Estados Unidos por tráfico de cocaína". Al elevar Cruz Aguirre la acción de tutela pretendió que se rectificara la información publicada en las mencionadas ediciones 636 y 647. II. DECISION JUDICIAL REVISADA Después de ordenar y practicar algunas pruebas, que esta Corte juzga pertinentes y conducentes para resolver sobre la acción instaurada, el Juzgado Treinta y Dos Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá profirió la Sentencia de fecha veintiocho (28) de septiembre de 1994, mediante la cual se concedió la tutela, ordenando a la Dirección de la Revista "Semana" que, en cualquiera de las siguientes tres ediciones de su tiraje normal, procediera a publicar con el mismo despliegue el texto completo de la nota remitida por el accionante, al igual que la carencia de antecedentes que por narcotráfico y enriquecimiento ilícito se le endilgaban. Consideró la Juez que la acción de tutela era procedente a la luz de los artículos 86 de la Constitución y 42 del Decreto 2591 de 1991. Tuvo en cuenta el Juzgado que, en respuesta a un oficio suyo, la Subdirección de la Policía Judicial e Investigación, Unidad Central de Criminalística y la Sección contra delitos de narcotráfico aseveraron que José Manuel Cruz Aguirre no registraba antecedentes penales y, específicamente, no los presentaba por delitos relacionados con narcotráfico y conexos. "Quiere decir lo anterior -dijo el fallo- que la información suministrada al Juzgado por la Revista Semana, ante los requerimientos del Juzgado, carece de veracidad y, si esto es así, es obvio que el artículo que dió origen a la presente acción de tutela ha atentado contra la honra, buen nombre y derecho a información veraz e imparcial del aquí accionante, situación que obviamente conlleva a resolver favorablemente su petición". Para la Juez, la publicación quiso o creyó haber satisfecho el requerimiento que se le hizo de publicar la rectificación del quejoso vertiendo en la publicación el texto casi completo de ella. La transcripción de dicha comunicación -según la providencia- no fue suficiente, menos aun cuando a renglón seguido se insistió en los calificativos atentatorios del buen nombre del querellante, especificando que esa información había sido tomada de ediciones del diario "El Tiempo" de hace varios años. III CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia Esta Corte es competente para revisar la sentencia mencionada, pues así lo disponen los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991. Acción de tutela contra medios de comunicación La acción de tutela procede contra los medios de comunicación, tanto si están a cargo de una entidad pública como si pertenecen a una persona natural o jurídica privada. En el primer caso se trata del ejercicio del poder público en una modalidad que, por sus mismas características, puede vulnerar derechos fundamentales. En el segundo, la posibilidad de solicitar protección judicial por esta vía encuentra sustento -como lo dijo el fallo de instancia- en el artículo 86 de la Constitución y en el 42 del Decreto 2591 de 1991. En efecto, la norma constitucional limita la procedencia de la acción contra los particulares a los casos contemplados por la ley, cuando aquéllos estén encargados de la prestación de un servicio público, su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o se configure la subordinación o la indefensión del demandante. Por su parte, el Decreto 2591 de 1991 -que contiene las normas legales reguladoras de la acción de tutela, según las disposiciones transitorias de la Carta Política- establece en su artículo 42 que cabe la protección judicial cuando se solicite la rectificación de informaciones inexactas o erróneas, exigiendo al respecto que el accionante anexe la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada y no publicada en condiciones que aseguren su eficacia. Como se observa, la legislación da lugar a la tutela como mecanismo de defensa específico para el derecho que, según el artículo 20 de la Constitución, tiene toda persona frente a los medios de comunicación para que éstos rectifiquen, en condiciones de equidad, las informaciones falsas, erróneas, inexactas o incompletas que respecto de ellas hayan difundido. Desde luego, tan sólo se puede acudir a la vía judicial cuando se haya agotado, sin obtener éxito, la solicitud de rectificación ante el mismo medio. Sobre el particular ha señalado esta Corte: "Lo que se busca es dar oportunidad al medio sobre cuya información hay inconformidad, para que rectifique o aclare.  En este como en otros campos, es preciso partir de la base de la buena fe y, siendo posible que el medio de comunicación no hubiese tenido intención o voluntad de agravio, es menester que se le permita corregir lo dicho o escrito antes de plantearle un conflicto judicial." (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-512 del 9 de septiembre de 1992). En el evento sub-lite, la pretensión del peticionario era la de que un medio impreso -la revista "Semana"- rectificara una información falsa que afectaba su reputación y, hasta el momento de presentar la demanda, aunque lo solicitó por escrito, nada había obtenido. No cabe duda, entonces, acerca de que la acción de tutela era procedente. Los límites del derecho a la información Garantía constitucional de primer orden ha sido otorgada en la Carta vigente a la actividad periodística. El artículo 20, después de plasmar la libertad que tiene toda persona de expresar su pensamiento y opiniones, asegura las de informar y recibir información veraz e imparcial y fundar medios masivos de comunicación. La norma declara que los medios son libres y excluye la censura, a la vez que el artículo 73 ibidem otorga protección especial al ejercicio del periodismo, en garantía de la libertad e independencia profesionales de quienes lo tienen a cargo. El artículo 74 de la Constitución consagra el derecho de acceso a los documentos públicos como regla general cuyas excepciones únicamente puede establecer el legislador. Con ello se eliminan las barreras administrativas levantadas muchas veces con el objeto de obstaculizar toda labor investigativa de la prensa para ocultar al público hechos que tiene derecho a conocer. El secreto profesional -allí mismo previsto-, si bien resulta aplicable a diferentes actividades según su naturaleza, tiene particular relevancia en el campo periodístico, ya que implica la reserva de las fuentes informativas, garantía ésta que, sobre la base de la responsabilidad de los comunicadores, les permite adelantar con mayor eficacia y sin prevención las indagaciones propias de su oficio. Esto repercute en las mayores posibilidades de cubrimiento y profundización de los acontecimientos informados y, por tanto, en la medida de su objetivo y ponderado uso, beneficia a la comunidad, en cuanto le brinda conocimiento más amplio de aquéllos. Este conjunto normativo, que hace parte del Derecho Constitucional de las comunicaciones, fortalece el espíritu democrático de nuestras instituciones y favorece la participación colectiva en la toma de decisiones y en el curso ordinario de la vida en sociedad (artículos 1º y 2º C.P.). Lo dicho no obsta para que, al amparo de la misma preceptiva constitucional, se haya fortalecido el concepto de responsabilidad de los medios y de los periodistas por el contenido y los alcances de las informaciones que difunden, la cual tiene soporte en que no se trata de una libertad de carácter absoluto. El derecho a la información, como lo ha subrayado la jurisprudencia, es de doble vía, con lo cual se quiere significar que puede ser reclamado tanto por el sujeto activo como por los sujetos pasivos de la relación informativa, es decir, por quien emite las informaciones y por quien las recibe. Este último puede exigir que le sean suministradas con veracidad e imparcialidad y aquél, por la misma razón, tiene a su cargo los deberes correlativos. La Corte ha señalado al respecto: "El de la información es un derecho de doble vía, en cuanto no está contemplado, ni en nuestra Constitución ni en ordenamiento ni declaración alguna, como la sola posibilidad de emitir informaciones, sino que se extiende necesariamente al receptor de las informaciones y, más aún, como ya se dijo, las normas constitucionales tienden a calificar cuáles son las condiciones en que el sujeto pasivo tiene derecho a recibir las informaciones que le son enviadas.(...) Lo cual significa, por lo tanto, que no siendo un derecho en un solo y exclusivo sentido, la confluencia de las dos vertientes, la procedente de quien emite informaciones y la alusiva a quien las recibe, cuyo derecho es tan valioso como el de aquél, se constituyen en el verdadero concepto del derecho a la información. En él aparece, desde su misma enunciación, una de sus limitantes: el derecho a informar llega hasta el punto en el cual principie a invadirse la esfera del derecho de la persona y la comunidad, no ya únicamente a recibir las informaciones sino a que ellas sean veraces e imparciales. De donde surge como lógica e ineluctable consecuencia que las informaciones falsas, parciales o manipuladas no corresponden al ejercicio de un derecho sino a la violación de un derecho, y como tal deben ser tratadas desde los puntos de vista social y jurídico". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-512 del 9 de septiembre de 1992). Agregó sobre el tema la Sala Quinta de Revisión: "...el derecho a la información es de doble vía, característica trascendental cuando se trata de definir su exacto alcance: no cobija únicamente a quien informa (sujeto activo) sino que cubre también a los receptores del mensaje informativo (sujetos pasivos), quienes pueden y deben reclamar de aquel, con fundamento en la misma garantía constitucional, una cierta calidad de la información. Esta debe ser, siguiendo el mandato de la misma norma que reconoce el derecho, "veraz e imparcial". Significa ello que no se tiene simplemente un derecho a informar, pues el Constituyente ha calificado ese derecho definiendo cuál es el tipo de información que protege. Vale decir, la que se suministra desbordando los enunciados límites -que son implícitos y esenciales al derecho garantizado- realiza anti-valores (falsedad, parcialidad) y, por ende, no goza de protección jurídica; al contrario, tiene que ser sancionada y rechazada porque así lo impone un recto entendimiento de la preceptiva constitucional". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-332 del 12 de agosto de 1993). Así, pues, si quien informa responde por las informaciones que entrega, su actividad puede dar lugar a que los afectados inicien contra él las pertinentes acciones civiles y penales en relación con los daños de una u otra naturaleza, causados por la difusión de aquéllas. A la vez, en cuanto se trata de una responsabilidad social, la colectividad -receptora y procesadora del material informativo- tiene pleno derecho a sancionar, con su rechazo, el comportamiento indebido de quienes, abusando de la especial protección ofrecida por el sistema jurídico a la actividad periodística, causan daño al conglomerado o perjudican a personas en concreto. Y, por supuesto, el Estado, al que corresponde, según los artículos 2 y 15 de la Carta, respetar y hacer respetar los derechos fundamentales a la intimidad, a la honra y al buen nombre de las personas, exigir títulos de idoneidad, inspeccionar y vigilar el ejercicio de las profesiones (artículo 26 C.P.), puede actuar, en los términos de la Constitución, para impedir y castigar abusos. La obligación de rectificar. Necesidad de previa confirmación de lo que se publica, en especial si afecta la honra o el buen nombre de personas en concreto. El afectado por informaciones falsas, erróneas, inexactas o incompletas, que lesionen su honra o su buen nombre, tiene un derecho, que hoy es de rango constitucional, a obtener del medio que las haya difundido la correspondiente rectificación en condiciones de equidad (artículo 20 C.P.). Se trata de un valioso instrumento que busca restablecer, al menos en el caso de la información respectiva, un equilibrio entre el poder de los medios de comunicación y la impotencia en que se encuentra, frente a ellos, la persona. Ha dicho la Corte en torno al tema: "Desde el punto de vista de informaciones falsas, erróneas o inexactas públicamente difundidas, aspecto al cual alude el precepto constitucional, la rectificación en condiciones de equidad implica que quien las propaló corrija o modifique su dicho, también públicamente y con igual despliegue, a fin de restablecer el derecho vulnerado. En caso de controversia acerca de si se dieron o no las condiciones de equidad exigidas por el Constituyente al efectuarse la rectificación de informaciones, queda en manos del juez la evaluación y la decisión correspondientes en el caso particular". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-332 del 12 de agosto de 1993). El de rectificación es un derecho de la misma naturaleza fundamental del que tiene el sujeto activo a informar y de los derechos a la honra y al buen nombre, que por su conducto se protegen. Por eso, el medio que se niega a rectificar, debiendo hacerlo, puede ser forzado a cumplir la obligación correlativa que le es exigible mediante el ejercicio de la acción de tutela. Es que, cuando un medio de comunicación rectifica, no concede una gracia ni hace un favor al ofendido. Apenas da cumplimiento a una de sus más elementales obligaciones. Bien se sabe que, de todas maneras, algo queda de la especie difundida y, por tanto, el resarcimiento no es total, pero, por lo menos, se facilita al perjudicado su futura defensa a través de una constancia originada en quien causó el agravio. Claro está, como la Corte lo ha puesto de presente, la rectificación se impone al medio tan sólo en la medida en que objetivamente aparezca que se ha equivocado. Mal podría pretenderse una pública corrección de aquello que probadamente es verdadero. De allí que un medio informativo pueda negarse a rectificar, siempre que lo haga fundadamente, cuando está convencido de la veracidad de las informaciones objeto de reclamo. La Corte debe insistir en lo siguiente: "Si el medio de comunicación se equivocó públicamente, debe rectificar públicamente. Y lo debe hacer con honestidad y con franqueza, sin acudir al fácil expediente de disimular su falta de veracidad u objetividad trasladando a la persona lesionada la responsabilidad de desempeñar el papel que en justicia debe cumplir el autor de las afirmaciones materia de rectificación. Si el medio habló en primera persona para difundir la especie falsa o inexacta en cuya virtud se hirió la honra o el buen nombre de un miembro de la sociedad, éste tiene derecho, garantizado por la Carta, a que también en primera persona el medio reconozca pública y abiertamente el error cometido. Claro está, todo lo dicho vale dentro del supuesto de que en realidad las aseveraciones difundidas presenten cualquiera de las características enunciadas (inexactitud, falsedad, tergiversación, falta de objetividad), ya que, de no ser así, el medio puede reafirmarse en lo dicho, aportando públicamente las pruebas que acreditan la veracidad e imparcialidad de lo informado". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-332 del 12 de agosto de 1994). Obviamente, tal posición del medio exige un previo respaldo, que se deriva de la confirmación acerca del contenido de lo informado. Por el sólo hecho de publicar algo, el medio respectivo se responsabiliza de lo publicado. Si ha recurrido a terceros en calidad de fuentes y hace públicos los datos que ellos suministran, sin ocuparse en su verificación, asume los riesgos inherentes al crédito que les ha concedido. La práctica de confirmar las noticias que se difunden es un comportamiento que se desprende de la ética periodística y de la indispensable lealtad hacia los receptores de ellas. Desde el punto de vista jurídico, tiene que ver con la responsabilidad social incorporada a todo ejercicio del derecho a informar. La confirmación salvaguarda la credibilidad del informador y simultáneamente neutraliza la eventual reacción de quien temerariamente aspire a rectificar lo que encuentra sustento en hechos reales y probados. A juicio de la Corte, representa una verdadera garantía del derecho a la información en cuanto fortalece y afirma la certeza colectiva. Ahora bien, la rectificación parte del supuesto de una información falsa, errónea o desfigurada, por lo cual, establecido el agravio, únicamente se entiende que el medio ha rectificado cuando, con igual despliegue e importancia y por el mismo conducto utilizado inicialmente, el informador reconoce haberse equivocado, no en otras materias -aunque se refieran a la misma persona-, sino precisamente en el asunto objeto del error o equívoco. En el caso sometido a examen, la revista "Semana" divulgó una información según la cual el accionante había sido solicitado en extradición por el delito de narcotráfico por las autoridades peruanas. Esta noticia no fue confirmada por el medio, pues en el expediente obran copias de los oficios expedidos los días 28 y 29 de septiembre por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, en los cuales puede leerse respectivamente: l) "En atención a su oficio No. 892 del 27 de los corrientes, me permito informarles que en el archivo de esta Oficina en la cual se encuentran las extradiciones que están en trámite, no reposa documentación relacionada con el señor JOSE MANUEL CRUZ AGUIRRE; por consiguiente, su petición fue trasladada por competencia al Ministerio de Justicia y del Derecho mediante oficio OJ.E.256S con fecha del día de hoy, del cual anexo copia". (Fl. 294). 2) "En atención al oficio 892 del 27 de septiembre de 1994, dirigido al Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitido a esta oficina vía Fax el 28 de los corrientes, atentamente me permito informar a usted, que revisados los archivos que se llevan en esta oficina hasta el día 28 de septiembre de 1994, no se encontró solicitud de extradición por parte de ningún país contra: JOSE MANUEL CRUZ AGUIRRE, identificado con la cédula de ciudadanía 17.063.784 de Bogotá". (Fl. 295). No cabe duda, entonces, de que la información aparecida en la crónica titulada "Pelota caliente" (Edición 636-julio 12 al 19 de 1994) era falsa, por lo cual la revista estaba obligada a rectificar, expresando que Cruz Aguirre no había sido solicitado en extradición por ningún Estado, según los informes de las autoridades competentes. Estos han debido ser obtenidos por la publicación antes de informar o, a más tardar, cuando se pidió la rectificación. Hasta la fecha de esta providencia, la aludida rectificación no se ha producido, pues lo aparecido en las ediciones 647 (septiembre 27 a octubre 4) y 650 (18 a 25 de octubre) no desmiente la versión objeto de reclamo, es decir, que el accionante había sido solicitado en extradición por las autoridades peruanas, sino que, por el contrario, en la primera de aquéllas se agregan nuevas incriminaciones. Así las cosas, la transcripción que en la segunda de las mencionadas ediciones se hizo de los oficios a cuyo tenor el peticionario no registraba antecedentes penales apenas contradecía lo afirmado por la revista en su edición de septiembre 27, dejando de lado lo concerniente a la solicitud de extradición. En consecuencia, "Semana" ha debido reconocer en público que a éste último respecto se había equivocado. La responsabilidad por la publicación de informaciones sin autor conocido Del artículo 20 de la Carta Política, cuyo texto indica que los medios masivos de comunicación "son libres y tienen responsabilidad social", se deduce que, cuando se publica una información sobre la cual se conoce su autor y ésta merece ser rectificada por no ser veraz e imparcial, la víctima puede acudir al juez para demandar protección, actuando tanto contra el medio como contra el autor de la publicación o contra los dos al tiempo. En cambio, al no estar suscrita la información por persona alguna podría pensarse que no hay directo responsable. La Corte considera, sin embargo, que semejante conclusión sería no solamente injusta sino que generaría la impunidad por la violación de los derechos fundamentales y, contra el mandato constitucional, haría al medio de comunicación irresponsable. En efecto, cuando se presenta tal circunstancia no sólo se involucra el medio sino quien lo dirige, en cuanto ha asumido su representación desde el punto de vista informativo y tiene a su cargo las responsabilidades inherentes a la difusión de informaciones. Dada su función, se supone que el Director conoce la información que habrá de propagar a través del medio que orienta, de lo cual se deriva su propia obligación de verificar que ella se ajuste a la realidad y tenga el respaldo probatorio suficiente como para hacerla pública. En el caso bajo examen observa la Corte que la crónica titulada "Pelota Caliente" no está suscrita por un autor determinado. De allí que, según lo dicho, las acciones respectivas hayan podido dirigirse válidamente contra la revista "Semana" y también contra el doctor Mauricio Vargas, su Director, aunque éste no haya escrito directa y personalmente el informe que dió lugar a la demanda. Así, pues, la Corte ordenará que por el exacto cumplimiento de esta Sentencia responda el Director del medio demandado, ya que es a él a quien compete verificar que la rectificación aludida se produzca en los términos fijados en la presente providencia. Oportunidad de la rectificación Para que la rectificación cumpla su cometido y garantice de manera efectiva la reivindicación de quien ha sido víctima de incriminaciones infundadas o de informaciones ajenas a la verdad, debe ser oportuna. La rectificación tardía es inoficiosa y extemporánea. Por ello, el medio llamado a rectificar debe hacerlo en un término razonable a partir de la solicitud correspondiente, desde luego previa verificación de los hechos. Ha observado la Corte que en el presente caso, cuando el actor ejerció la acción de tutela (14 de septiembre de 1994), habían transcurrido varias semanas desde la fecha en que se había dirigido a la revista para pedirle que rectificara (escrito recibido en la sede del medio el 12 de agosto). Tan sólo en la entrega del 27 de septiembre (edición número 647) fue publicada la Carta del petente, aunque por medio de una nota que a su texto se añadió, la revista, lejos de rectificar, hizo aseveraciones nuevas y distintas, específicamente relacionadas con posibles antecedentes penales del quejoso, que luego fueron contradichas por el Jefe de la Sección Técnica de la Unidad Central de Crimininalística y por la Sección contra delitos de narcotráfico de la Subdirección de Policía Judicial e Investigación. (Folios 267 y 268). La rectificación fue, pues, tardía y, como arriba se expresa, se refirió a aspectos diversos del que ha debido rectificarse. Según el material probatorio que ha conocido la Corte, el peticionario tenía razón al solicitar que la revista "Semana" rectificara el informe por ella publicado, en el cual se afirmaba que las autoridades del Perú reclamaban su extradición pese a que, de conformidad con las certificaciones de las competentes dependencias oficiales colombianas, ello no correspondía a la realidad. Dado que la rectificación no se produjo oportunamente y puesto que, varias semanas después, cuando se publicó la carta del solicitante, el semanario agregó nuevos datos, carentes de todo respaldo, resulta indudable que fueron lesionados los derechos a su honra y a su buen nombre y que, por otra parte, se desconoció la presunción de inocencia que lo favorecía, según el artículo 29 de la Carta, mientras no fuera desvirtuada -previo un debido proceso- por decisión judicial en firme. A juicio de la Corte, si de antecedentes penales se trataba, la revista "Semana" ha debido aplicar lo previsto en el artículo 248 de la Constitución Política: "Unicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales". Se estima que el medio de comunicación no podía fundar su información -como lo hizo- en las que a su vez habían suministrado otras publicaciones. "Semana" ha debido asumir su responsabilidad, si daba  crédito  a las fuentes consultadas -puesto que hizo suyas las aseveraciones de éstas- y, por tanto, estaba obligada a confirmar el dato que publicaría, especialmente teniendo en cuenta que por razón de él quedaría en tela de juicio el nombre y el prestigio de una persona. Más todavía, después de la publicación inicial y ante la solicitud de rectificación, era su deber el de verificar los hechos y reconocer, en la misma forma pública en que había difundido la especie ofensiva, que ésta era errónea, para obtener que la información transmitida a la colectividad fuera contrarrestada. Cabía, entonces, la acción de tutela y estaba llamada a prosperar, como en efecto aconteció en el estrado de instancia, siendo claro que la rectificación ordenada por el Juzgado no se refirió, debido a la extemporaneidad de las respuestas oficiales, a la noticia sobre solicitud de extradición por parte del Perú, sino al hecho de que el peticionario no registraba en la Policía antecedentes de narcotráfico o enriquecimiento ilícito. Por tanto, habida cuenta de que en sede de revisión, esta Corte sí conoció las certificaciones no recibidas a tiempo por el juez de instancia, habrá de confirmar el fallo, pero adicionándolo en el sentido de que la revista "Semana" deberá rectificar sobre la materia en torno a la cual todavía no lo ha hecho, es decir, acerca de que no existió la solicitud de extradición por ella sostenida inicialmente. La Corte Constitucional advierte que los fundamentos jurídicos del presente fallo versan de manera exclusiva y específica sobre la viabilidad y prosperidad de la acción de tutela en relación con la afirmación pública que ha debido ser rectificada, por lo cual, no siendo de competencia del juez constitucional la definición acerca de responsabilidades de índole penal, el hecho de conceder la tutela impetrada no encierra pronunciamiento judicial alguno desde ese punto de vista. Así, pues, esta Sentencia no constituye absolución del peticionario en relación con los ilícitos mencionados, ni tampoco su condena, pues no produce ningún efecto en el campo propio de la jurisdicción penal ordinaria. Sus consecuencias jurídicas cobijan tan sólo el campo constitucional en el estricto ámbito de la acción de tutela. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMAR la Sentencia proferida el 28 de septiembre de 1994 por el Juzgado Treinta y Dos Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, D.C., al resolver sobre la acción de tutela instaurada por JOSE MANUEL CRUZ AGUIRRE. Segundo.- ADICIONASE la providencia confirmada en el sentido de ORDENAR a la revista "Semana" que, en la edición siguiente a la notificación del presente fallo, publique, con la misma importancia y despliegue de la información inicial, una rectificación suya en el sentido de que el peticionario, según la certificación del Ministerio de Justicia y del Derecho, no ha sido solicitado en extradición por parte de ningún país. Tercero.- Por el exacto cumplimiento de este fallo responderá el Director de la revista "Semana", doctor Mauricio Vargas Linares. Cuarto.- Se confía la vigilancia sobre la ejecución de lo ordenado en esta Sentencia al Juez 32 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá. Quinto.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-075-95 Sentencia No Sentencia No. T-075/95 DERECHO A LA EDUCACION-Sanción por no participar en desfile A la peticionaria se le dio un trato discriminatorio, diferente al que recibieron los otros alumnos que se encontraban en la misma circunstancia, lo que constituye una violación del derecho a la igualdad.  El artículo 13 de la Constitución señala  que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, que merecen igual protección por parte de las autoridades y que no podrán ser objeto de discriminación por la religión que profesen. REGLAMENTO EDUCATIVO-Inconstitucionalidad Es necesario señalar que, de conformidad con el reglamento estudiantil del Colegio, la conformación del Consejo de Profesores desconoce los preceptos constitucionales y legales vigentes, en la medida en que en él no intervienen los estudiantes. Las directivas del plantel están en mora de modificar oportunamente sus estatutos ajustándolos a las normas constitucionales y legales, para atender los mandatos que aquellas contienen y hacer efectivo el derecho de los estudiantes a participar en las decisiones que les incumben. DEBIDO PROCESO-Vulneración por sanción estudiantil Con la medida adoptada por el citado consejo se vulneró el debido proceso, debido que: en primer término, la alumna no estuvo representada ni fue citada a la reunión, por lo que se le negó el derecho a la defensa;  en segundo lugar, la conducta por la cual se le sancionó, no está considerada reglamentariamente como falta que amerite una sanción y, en esa medida, la pena correspondiente tampoco está contemplada en las disposiciones del plantel. DEBER PATRIOTICO-Participación en desfile/LIBERTAD DE CONCIENCIA-Testigo de Jehová La exigencia del cumplimiento de un deber hacia la patria -que se deriva claramente del concepto de unidad de la Nación plasmado en el preámbulo, del artículo 2º sobre participación de todos en la vida de aquélla, y del 95, numeral 5, que obliga a la persona y al ciudadano a "participar en la vida política, cívica y comunitaria del país" (subraya la Corte)- no significa vulneración o ataque a la libertad de conciencia. No por el hecho de exigir de un estudiante -como elemento inherente a su condición de tal- su concurrencia a un acto de carácter cívico, se puede sindicar al centro educativo de quebrantar la libertad de conciencia del alumno renuente por cuanto, a juicio de la Sala, apenas se cumple con una función indispensable para la formación del educando, la cual hace parte insustituíble de la tarea educativa. Ref.:  Expediente No. T-48.444 Acción de Tutela contra el Colegio Nacionalizado de Bachillerato de Restrepo -Meta-, por la presunta violación de los derechos a la libertad  de conciencia, a la de cultos, a la igualdad y al debido proceso. Temas:  Derechos a la igualdad y al debido proceso, a la libertad de conciencia y a la de religión, diferencia con la sentencia T-539-A de 1993. Actor:  Patricia Pitto Gómez Magistrado Ponente:  Dr. Carlos Gaviria Díaz Santafé de Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria Díaz -Magistrado Ponente-. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION, Procede a dictar sentencia de revisión de la decisión de instancia proferida en el trámite del proceso de la referencia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo -Meta-. ANTECEDENTES 1.-  Hechos Patricia Pitto Gómez, menor de edad, estudiante de octavo grado del Colegio Nacionalizado de Bachillerato de Restrepo -Meta-, a través de su acudiente, presentó una solicitud dirigida a los profesores del plantel, con el fin de que se le excusara de asistir tanto a los actos preparatorios, como al desfile conmemorativo de la fiesta del 20 de julio del año pasado. La razón para solicitar dicho permiso consistió en que, por pertenecer a la comunidad de los Testigos de Jehová, le está prohibido rendir homenaje a los símbolos patrios y asistir a los actos de celebración de las fiestas nacionales, porque ello significa, de conformidad con lo consagrado en la Biblia (Exodo 20.4) y en las normas que rigen su congregación, un acto de adoración, un culto, que sólo puede rendirse a Jehová, que es Dios. En la cartilla “La Escuela y los testigos de Jehová”, para la enseñanza de la doctrina de este credo,  que obra en el expediente (folios 5 a 20), se dice: “Los testigos de Jehová también se abstienen respetuosamente de participar en estos días de fiesta nacionales.  Aunque respetamos a las autoridades del país donde residimos, por razones de conciencia no les damos honores que vemos como rayones de adoración.  Permanecemos neutrales para con todas esas celebraciones.  Eso está en armonía con estas palabras de Jesús acerca de sus seguidores:  ´Ellos no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo´.  (Juan 17:16)”. La alumna presentó la solicitud el 19 de julio de 1994 ante la Directora de Grupo, quien de inmediato la remitió al Coordinador de Disciplina, sin que ese mismo día le fuera comunicada decisión alguna. Luégo de que se realizara el desfile y de que Patricia Pitto no asistiera, el Coordinador de Disciplina le informó que el permiso había sido negado, y sin argumentar la decisión, “se burló de nosotros nos dijo entonces que porque (sic) teníamos cédula y que no nos podían dar un certificado porque en el certificado vebía (sic) el escudo...". Ante tal situación, la estudiante y su acudiente se dirigieron al Rector del Colegio, quien les manifestó que la situación planteada sería decidida en el Consejo de Profesores, al cual no fueron invitadas para exponer sus argumentos y defenderlos. En dicha reunión se inadmitió la excusa presentada, lo que fue comunicado a la  acudiente de la peticionaria a través de un oficio del 22 de agosto de 1994, suscrito por el Licenciado Gallego Gil, en el que se le informó que las creencias y prácticas religiosas no son argumentos suficientes para exonerarse de cumplir un deber legal, como lo es participar en las actividades cívicas que tienen que ser promovidas por los entes educativos, según se desprende de normas legales. Igualmente se le avisó que la inasistencia sería calificada con uno (1) en la materia de Educación Física;  esto, en sentir de la accionante, es un acto discriminatorio, pues quienes dejaron de asistir al desfile sin excusarse -entre los cuales están los estudiantes que residen en Villavicencio-, no fueron objeto de idéntica sanción. 2.  Demanda. Ante la negativa del Rector del Colegio Nacionalizado de Bachillerato de Restrepo de excusar a la estudiante Patricia Pitto Gómez de asistir al desfile del 20 de julio, y ante la sanción que se le impuso, la citada menor instauró acción de tutela contra el colegio, con el propósito de que se le protejan sus derechos a la libertad de conciencia, de culto, el de igualdad y el del debido proceso y que, en consecuencia, se le levante la sanción impuesta. 3.  Fallo que se revisa El Juez Promiscuo Municipal de Restrepo, mediante providencia del 9 de septiembre de 1994, resolvió no tutelar los derechos invocados por la peticionaria, con base en las siguientes consideraciones: "En apariencia nos encontramos ante un conflicto de derechos fundamentales estipulados en el art. 18 y el plasmado en el art. 41 de la C.N. cuyo texto dice:  ´En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica.  Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana.  El estado divulgará la Constitución´." "...El ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución de 1991 implica responsabilidades y deberes a cada uno de los colombianos como lo es el participar en la vida política, cívica y comunitaria del país en concordancia con el art. 95 Num. 5o. de la C.N.”. "...Sobre el caso en concreto tenemos que se ha institucionalizado la bandera de Colombia teniéndose que la cultura cívica es uno de los factores primordiales de la educación nacional y el estado debe fomentarla por todos los medios a su alcance, en especial por aquellos que tiendan a recompensar los méritos intelectuales y morales de la juventud estudiosa, toda vez que mediante el Decreto 2229 de 1947 se institucionalizó la bandera de Colombia para que fuera un eficáz (sic) estímulo de la formación de auténticos patriotas ordenándose que dentro de las actividades escolares debían practicarse con frecuencia y solemnidad.  Posteriormente el Decreto 3408 de 1948 identificó la enseñanza de la historía patría (sic) Colombiana y ordenó que los colegios de secundaria que aspirarán (sic) al reconocimiento oficial de los certificados que expidan, deberían llevar los libros reglamentarios y además el libro de la institución de la bandera Colombiana norma que aún no ha sido variada”. "...El Despacho observa que la administración curricular esta (sic) prevista en el Decreto 1002 de 1989 en donde se establece el plan de estudio para la educación pre-escolar básica (primaria y secundaria) y media vocacional de la educación formal Colombiana en su art. 2o.  establece que se deben identificar y valorar los factores que influyan en el desarrollo cultural y patriótico, teniendo en cuenta los principios democráticos de la nacionalidad Colombiana.” "Como lo establece la carta, la regla general es la obligación de todos los Colombianos, participar en la vida cívica del país. lo que significa que la accionante estaba en la obligación de rendír (sic) honores a la bandera colombiana como hasta la fecha del 20 de Julio de 1994 lo había hecho.” "...Como también es cierto que la accionante al ser matriculada en el colegio oficial nacionalizado de Restrepo, adquiere deberes como alumna, tales como los enunciados en el manual normativo del estudiante en su art. 1o. literal f, consistente en que para ingresar al colegio el alumno debe aceptar y cumplír (sic) las normas del manual, adquiriendo el alumno (el) deber fundamental de aceptar junto con sus padres o acudientes las disposiciones normativas del plantel como lo es el rendír (sic) honores a la bandera colombiana y participar en los eventos patrióticos que se realizaren el 20 de Julio de cada año”. "...Para el caso concreto la religión que manifiesta practicar la solicitante de la tutela se basa en la interpretación y aplicación textual de la Biblia a lo cual considera este Despacho que no le corresponde pronunciarse sobre la interpretación religiosa pero respeta el sentido de la interprete (sic) de acuerdo con su propia conciencia." "...Acorde a lo anterior, a la luz del ordenamiento en vigor, el Despacho considera que no es procedente acceder a la pretensión de la accionante, toda vez que podría llegar el momento en que se negare (sic) todos los alumnos de un centro educativo a rendír (sic) honores a la bandera colombiana el día 20 de julio de cada año, vulnerándose el concepto de igualdad y orden justo perseguido por la carta política." CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1.-  Competencia. La Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia de instancia proferida en este proceso, de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Política.  Corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas proferir el fallo, según el reglamento interno de la Corporación y el auto proferido por la Sala de Selección Número Diez, el 24 de octubre de 1994. 2.-  Diferencia con el caso considerado en la Sentencia T-539-A del 22 de noviembre de 1993 Mediante este fallo, la Corporación resolvió la acción de tutela interpuesta por una estudiante de la Universidad del Sinú, a través de la cual pretendía la protección de su derecho a la libertad de culto, mediante la obtención de una orden al Rector del citado plantel para que se le permitiera dejar de asistir a las clases de los sábados y, en su lugar, se le asignaran trabajos dirigidos por los titulares de las materias. El fundamento de su petición consistió en que, como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los sábados debe dedicarlos a la adoración del Señor. La Corte denegó la protección, en consideración a que lo pretendido mediante la tutela  era la exoneración del cumplimiento de un deber legal, consistente en acatar un horario de clases establecido por la universidad bajo la órbita de su competencia, y al cumplimiento del cual la alumna se había obligado con la firma de la matrícula.  A propósito expresó la Corte: “Si toda libertad encuentra su límite en el derecho y en la libertad del otro, el militante de una fé tiene que ser consciente de que ha de conciliar las prescripciones  que de ésta deriva, con las que tienen su origen en la norma jurídica válidamente establecida y que si opta por las primeras, ha de afrontar las consecuencias que se siguen de su elección, sin que éstas puedan ser juzgadas como injustas represalias por la adhesión a un determinado culto”. Existiendo ese precedente en la jurisprudencia de la Corte,  esta Sala se ocupará inicialmente de examinar si el caso que se revisa en la presente providencia se diferencia del que fue considerado en la sentencia T-539-A, o si la situación de hecho es igual y, por tanto, la decisión también debe serlo. La estudiante de la Universidad del Sinú presentó al Rector una solicitud que fue resuelta por éste de manera oportuna; es decir, el funcionario le informó que el motivo aducido para que se le exonerara de atender los cursos programados los sábados (las obligaciones que le impone su credo), no era aceptable como justificación para darle trato excepcional. De esta manera, la estudiante quedaba en libertad de optar por acatar las normas de su religión o a las del ente educativo, antes de que se realizaran las clases objeto de la petición. En cambio, la solicitud de la acudiente de Patricia Pitto Gómez fue resuelta de manera inoportuna (la decisión le fue notificada el 22 de agosto), después de que se realizara el desfile,  cuando ya no podía optar por acoger la orden de asistir al mismo. Al matricularse, la estudiante de la Universidad del Sinú aceptó libremente un plan de estudios en el que figuraba la programación de cursos el día sábado. En cambio, el colegio Nacionalizado de Restrepo modificó el plan de estudios en el que se había matriculado la actora, introduciendo la actividad que originó esta demanda, en respuesta a una invitación del Alcalde fechada el 18 de junio, mucho después de perfeccionada la matrícula. En el primero de los casos, el comportamiento de la autoridad que fue demandado como violatorio de los derechos fundamentales, consistió en la negativa oportuna de una petición;  en el segundo, se demanda porque al deficiente trámite de la petición, siguió la imposición de una sanción acomodaticiamente inventada ex post facto, un castigo para un comportamiento no previsto como falta disciplinaria. La Universidad del Sinú aplicó un reglamento que la Corte encontró acorde con las normas superiores.  Las normas del Colegio Nacionalizado de Restrepo, en cambio, desconocen el mandato del artículo 45 de la Constitución y no contemplan el ejercicio del derecho de defensa en favor del estudiante, por lo que con su aplicación se vulnera el debido proceso. 3.  Violación de los derechos fundamentales De la diferencia entre estos dos casos, lo único que se sigue es que en la solución judicial de los mismos se deben aplicar normas distintas.  Por tanto, una vez diferenciado el caso que se revisa del precedente, corresponde a la Sala examinar si en él se cumple con los presupuestos requeridos para otorgar la tutela. 3.1  Derecho a la igualdad Patricia Pitto Gómez alega que recibió un trato discriminatorio en relación con los alumnos que no participaron en el desfile conmemorativo de la fiesta patria, pues ellos no fueron objeto de la misma sanción, a pesar de ser ella la única estudiante que solicitó permiso para no asistir. Con el propósito de verificar dicha afirmación, el Magistrado Sustanciador, mediante auto del 13 de diciembre de 1994, solicitó al Rector del Plantel,  remitir, además del Reglamento Estudiantil, la lista de alumnos que no asistieron al evento, la relación de los que presentaron excusa, y  la de las sanciones impuestas. La mencionada prueba se remitió a la Corte el 26 de enero de 1995, y en oficio suscrito por el Licenciado Fabián Gallego, se afirma que: 1.-  Los estudiantes residentes en Villavicencio fueron excusados de participar en el desfile, debido a que el transporte era insuficiente para  un número tan alto de niños. 2.-  A los alumnos no comprendidos en este grupo y que dejaron de asistir al evento, se les calificó con la nota de uno en educación física; dentro de ellos se encuentra Patricia Pitto Gómez quien, además, fue la única que presentó excusa. Sin embargo, con el oficio remitido por el rector, fue enviada  a la Corte una copia del control de notas de educación física que contradice lo afirmado por tal funcionario, pues en el período en que se calificó a la actora con un uno, ningún otro recibió igual nota. En tal virtud, a Patricia Pitto Gómez se le dio un trato discriminatorio, diferente al que recibieron los otros alumnos que se encontraban en la misma circunstancia, lo que constituye una violación del derecho a la igualdad.  El artículo 13 de la Constitución señala  que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, que merecen igual protección por parte de las autoridades y que no podrán ser objeto de discriminación por la religión que profesen. 3.2 Violación del derecho al debido proceso Para decidir definitivamente sobre la solicitud presentada por la señorita Pitto Gómez, el Rector convocó al Consejo de Profesores; éste decidió no aceptar la excusa y acordó sancionar a la alumna por su inasistencia al desfile. Es necesario señalar que, de conformidad con el reglamento estudiantil del Colegio -parágrafo primero del artículo 7o.-, la conformación del Consejo de Profesores desconoce los preceptos constitucionales y legales vigentes, en la medida en que en él no intervienen los estudiantes.  Pues bien, el artículo 45 de la Carta Política consagra como derecho de la juventud, la participación activa “en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.”.  Esta norma fue desarrollada por el artículo  143 de la Ley 115 de 1994, que en su literal d. establece que el Consejo Directivo de los establecimientos educativos debe estar integrado, entre otros, por "un representante de los estudiantes que debe estar cursando el último grado de educación que ofrezca la institución". De tal manera, mal puede el rector del colegio justificar el procedimiento seguido, en la aplicación de una norma que es contraria a la Constitución y a la ley, pues ello implica, igualmente, un desconocimiento del artículo 4o. Superior. Las directivas del plantel están en mora de modificar oportunamente sus estatutos ajustándolos a las normas constitucionales y legales, para atender los mandatos que aquellas contienen y hacer efectivo el derecho de los estudiantes a participar en las decisiones que les incumben. Además, con la medida adoptada por el citado consejo se vulneró el debido proceso, debido que: en primer término, la alumna no estuvo representada ni fue citada a la reunión, por lo que se le negó el derecho a la defensa;  en segundo lugar, la conducta por la cual se le sancionó, no está considerada reglamentariamente como falta que amerite una sanción y, en esa medida, la pena correspondiente tampoco está contemplada en las disposiciones del plantel. 3.3.  Derechos a la libertad de conciencia y a la libertad de culto. La mayoría de la Sala juzga que en el caso sometido a revisión no se presenta por parte de las autoridades demandadas violación alguna de la libertad de conciencia o la libertad de culto de la señorita Pitto Gómez. Para que pueda entenderse que respecto de un determinado acto u omisión hay lugar a conceder la tutela, es indispensable que el juez establezca, sin duda alguna, la violación o la amenaza de un derecho fundamental. Tal certeza resulta esencial para ofrecer a la persona la protección del Estado, de tal manera que, si falta, no tiene cabida la aplicación del artículo 86 de la Carta Política en cuanto al derecho cuya vulneración o peligro se controvierte. En este caso, se invoca el desconocimiento del derecho constitucional a la libertad de conciencia por cuanto el establecimiento educativo exigió a la peticionaria que cumpliera con un deber que se le imponía, consistente en asistir a un desfile cívico. La solicitante alegó que su religión le prohibía adorar algo distinto a la divinidad y que, en ese orden de ideas, acudir al acto en mención representaba infringir ese principio religioso. La Corte Constitucional estima que la exigencia del cumplimiento de un deber hacia la patria -que se deriva claramente del concepto de unidad de la Nación plasmado en el preámbulo, del artículo 2º sobre participación de todos en la vida de aquélla, y del 95, numeral 5, que obliga a la persona y al ciudadano a "participar en la vida política, cívica y comunitaria del país" (subraya la Corte)- no significa vulneración o ataque a la libertad de conciencia. En esta oportunidad, resulta evidente que el acto patriótico no es sinónimo de "adoración" a los símbolos patrios. Adorar, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, quiere decir "reverencia con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo como cosa divina" (se subraya). No es eso lo que acontece cuando se llevan a cabo actos en honor de la patria, y menos aun cuando se concurre a eventos cívicos, pues, a todas luces, en las aludidas ocasiones no se está celebrando un culto ni concurriendo a una ceremonia religiosa, sino desarrollando un papel que corresponde a la persona en virtud de su sentimiento de pertenencia a la Nación. Se trata de asuntos cuya naturaleza difiere claramente. No por el hecho de exigir de un estudiante -como elemento inherente a su condición de tal- su concurrencia a un acto de carácter cívico, se puede sindicar al centro educativo de quebrantar la libertad de conciencia del alumno renuente por cuanto, a juicio de la Sala, apenas se cumple con una función indispensable para la formación del educando, la cual hace parte insustituíble de la tarea educativa. En el sentir de la Corte, si se permitiera que cada estudiante, según su personal interpretación de los deberes religiosos que le corresponden o so pretexto de la libertad de conciencia, se negara a cumplir con las órdenes razonables y en sí mismas no contrarias a la Constitución que le fueran impartidas por sus superiores, con el objeto de participar en la vida cívica del país, se estaría socavando la necesaria disciplina y el respeto al orden que debe reinar en toda institución. Estos deberes no se oponen en modo alguno a libertad de pensamiento y de creencias ni a la práctica de los cultos. Sin embargo, las violaciones expuestas en lo apartes anteriores son suficientes para conceder la protección solicitada por la demandante y, en consecuencia, se revocará la providencia de instancia y se ordenará levantar la sanción indebidamente impuesta. DECISION: En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.  Revocar la Sentencia proferida por el Juez Promiscuo Municipal de Restrepo - Meta- el  9 de septiembre de 1994. Segundo.  Tutelar los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de la menor Patricia Pitto Gómez. Tercero.  Ordenar a las directivas del Colegio Nacionalizado de Bachillerato de Restrepo, levantar la sanción indebidamente impuesta a la accionante. Cuarto.  Ordenar al Rector proceder de inmediato a adecuar el reglamento del Colegio a la Constitución y la ley. Quinto.  Prevenir a las directivas del Colegio Nacionalizado de Bachillerato de Restrepo para que, en futuras situaciones, se abstengan de proceder como lo hicieron con Patricia Pitto Gómez. Sexto. Comunicar esta decisión al Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo para que notifique esta providencia, y proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Aclaración de voto a la Sentencia No. T-075/95 LIBERTAD DE CONCIENCIA-Conflicto de derechos/DEBER CIVICO-Inasistencia a desfile (Aclaración de voto) Si el derecho fundamental a la libertad de conciencia, religiosa y de cultos, entra en conflicto con el que ellos estiman deber cívico, éste debe prevalecer sobre aquél. Inútiles resultan todos los esguinces conceptuales para ignorar el conflicto. Fue éste, precisamente, el que movió a la peticionaria a solicitar el amparo. Porque se vió sin duda en esta encrucijada: o cumplo con el deber religioso que mi creencia me impone, de no adorar más que a Dios, o con el deber cívico de asistir al desfile. El punto de discrepancia del suscrito magistrado con la mayoría de la Sala radica justamente allí: en que juzga que la actora podía, en ejercicio de su libertad de conciencia, religiosa y de cultos, hacer preponderante su deber de conciencia sobre la asistencia al acto patriótico. En la ponencia presentada a la Sala por el suscrito magistrado, se proponía conceder el amparo por la violación de los siguientes derechos fundamentales: 1) Libertad de conciencia, libertad religiosa y de cultos; 2) Derecho a la igualdad y 3) Debido proceso. Los Magistrados Hernández y Herrera estuvieron conformes con que se concediera por los derechos señalados en 2 y 3, pero no por los que se indican en 1. Los magistrados que conformaron la mayoría de la Sala derivan de normas tan genéricas como los artículos 2 y 95-5 de la Carta, el deber específico de asistir a un desfile conmemorativo de una efemérides patriótica, sin que puedan dispensar de su cumplimiento las creencias que se profesen acerca de la Divinidad. Es decir, que si el derecho fundamental a la libertad de conciencia, religiosa y de cultos, entra en conflicto con el que ellos estiman deber cívico, éste debe prevalecer sobre aquél. Inútiles resultan todos los esguinces conceptuales para ignorar el conflicto. Fue éste, precisamente, el que movió a la señorita Gómez Pitto a solicitar el amparo. Porque se vió sin duda en esta encrucijada: o cumplo con el deber religioso que mi creencia me impone, de no adorar más que a Dios, o con el deber cívico de asistir al desfile. El punto de discrepancia del suscrito magistrado con la mayoría de la Sala radica justamente allí: en que juzga que la actora podía, en ejercicio de su libertad de conciencia, religiosa y de cultos, hacer preponderante su deber de conciencia sobre la asistencia al acto patriótico. Y no se diga que es que el punto de vista de la actora es equivocado. Que rendir homenaje a la bandera no es un acto de adoración porque el Diccionario de la Real Academia dice otra cosa. Resulta, a mi juicio, equivocado y arrogante prescribir desde afuera a los fieles de una iglesia cómo han de entender sus preceptos. Hasta allá no creo que llegue la competencia de la Corte. Finalmente pienso, así mis respetados colegas no quieran hacerse cargo de lo que lógicamente puede inferirse de su dictum, que en un Estado pluralista y liberal, como es Colombia bajo la Constitución de 1991, es perfectamente legítimo que alguien ponga a Dios por encima de la bandera. Y conste que esa aseveración la hago desde una perspectiva agnóstica pero -eso sí- profundamente respetuosa de las creencias religiosas, sean éstas "ortodoxas" o marginales. Fecha ut supra. CARLOS GAVIRIA DIAZ

T-076-95 Sentencia No Sentencia No. T-076/95 DERECHO DE PETICION-Término/DERECHO DE PETICION-Pronta resolución Para establecer cuál es el término que tiene la administración  para resolver  las peticiones que ante ella se presenten, debe acudirse a los preceptos del C.C.A., al igual que a la ley 57 de 1984, en lo pertinente. El artículo 6o. del mencionado código, establece que las peticiones  de carácter general o  particular, se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Así mismo,  prevé que en ese mismo término, la administración debe informar al solicitante, cuando sea del caso,  su  imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, explicando los motivos y señalando el término en el cual  se producirá la contestación.  Norma que por lo general no se cumple en ninguna entidad, hecho se traduce en un desconocimiento del derecho de petición. Si bien la citada norma, no señala  cuál es el término que  tiene la administración para contestar o resolver el asunto planteado, después de que ha hecho saber al interesado que no podrá hacerlo en el término legal, es obvio  que dicho término debe ajustarse a los parámetros de la razonabilidad,  razonabilidad que debe consultar no sólo la importancia que el asunto pueda revestir  para el solicitante, sino los distintos trámites que debe agotar la administración para resolver adecuadamente la cuestión planteada. Por tanto, ante la ausencia de una norma que señale dicho término, el juez de tutela, en cada caso, tendrá que determinar si el plazo que la administración fijó y empleó para contestar la solicitud, fue razonable, y si se satisfizó el núcleo esencial del derecho de petición: la pronta resolución. CAJA DE PREVISION DEL DISTRITO-Cúmulo de trabajo No es válida la conducta de las entidades públicas que, argumentando cúmulo de trabajo, la espera de documentación que no le correspondía aportar al solicitante, e.t.c., retardan injustificadamente una respuesta, pues ello, a todas luces desconoce el derecho de petición.  En este punto, es necesario tener en cuenta que el peticionario no debe correr con la negligencia y falta de organización de algunas entidades públicas y de sus funcionarios, quienes amparados en la falta de una norma que  imponga términos precisos para resolver, se abstienen de contestar rápida y diligentemente, hecho éste que no sólo causa perjuicios al solicitante sino a la administración misma. Igualmente, debe concluirse que la administración no se exonera de su responsabilidad de contestar prontamente una petición, cuando la complejidad del asunto, entre otras cosas, le impide pronunciarse en lapso en que está obligado a hacerlo, pues la misma norma exige que debe señalar en qué término dará respuesta y cumplirlo a cabalidad. DEMANDANTE: LUBIN ACOSTA contra  CAJA Ref: Expediente T- 48.216 DE PREVISIÓN SOCIAL DE SANTA FE DE BOGOTA. PROCEDENCIA: JUZGADO SESENTA PENAL DEL CIRCUITO. MAGISTRADO PONENTE: JORGE ARANGO MEJIA. Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., en sesión de la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, a los veinticuatro  (24) días del mes de    febrero de mil novecientos noventa y cinco  (1995). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre el fallo proferido por el Juzgado Sesenta Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, en el proceso de tutela  promovido por  Lubín Acosta en contra de la Caja de Previsión Social de Santafé de Bogotá. El expediente llegó a la Corte Constitucional, por remisión que hizo el Juzgado Sesenta Penal de Circuito de Santafé de Bogotá, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección de la Corte eligió, para efectos de su revisión, el expediente de la referencia. I. ANTECEDENTES El actor, por medio de  apoderado, presentó demanda de tutela ante el Juzgado Penal  del Circuito (reparto) de Santafé de Bogotá, en contra de la Caja de Previsión Social del Distrito, por las razones que se exponen a continuación: A. Hechos 1. El actor, a través de apoderado, presentó el 1o. de marzo de 1994, la documentación necesaria para que la Caja de Previsión Social de Santafé de Bogotá reconociera la pensión de invalidez, como consecuencia de una afección cardíaca que le disminuyó su capacidad laboral en un 76% a 80%, según dictamen médico. 2. Hasta la fecha de presentación de la acción de tutela, agosto 31 de 1994, la entidad acusada no había dado ninguna  respuesta al actor. B. Derechos presuntamente vulnerados El actor, considera como vulnerados, el derecho de petición y el derecho al pago oportuno de la  pensión. C. Pretensión Solicita se ordene a la Caja de Previsión Social de esta ciudad, el reconocimiento de la pensión de invalidez a que tiene derecho. Así como su inclusión en nómina y el pago de las sumas que se pudieron causar por ese concepto. D. Actuación procesal El Juzgado, una vez asumido el conocimiento de la acción de tutela de la referencia, citó a declarar al demandante; ordenó la notificación del Director  de la Caja de Previsión Social del Distrito, a quien le solicitó un informe sobre el estado en que se encontraba la solicitud presentada por la apoderada del demandante, así como una copia del respectivo expediente. El doctor Enrique  Romero Cruz, Jefe de Asuntos Judiciales de la Caja de Previsión de Santafé de Bogotá informó, por medio del oficio número 11, sin fecha, que la solicitud presentada por la apoderada del señor Lubín  Acosta, no ha podido ser resuelta a consecuencia del cúmulo de trabajo que tiene la Subgerencia de Prestaciones Económicas de la entidad, y porque las peticiones son decididas en estricto orden de presentación. Igualmente puso a disposición del juzgado, una copia el expediente administrativo número 132/94, asignado al señor Lubín Acosta. En la declaración rendida por el señor Lubín Acosta ratificó lo expuesto por su apoderada en el escrito de tutela. Igualmente manifestó no poseer ingreso alguno para subsistir, distinto del que le pueda corresponder por concepto de su pensión de invalidez. El juzgado ordenó, igualmente, una inspección judicial al expediente asignado al actor, para verificar, entre otras cosas, si al actor se le había notificado alguna  actuación;  el cúmulo de trabajo de la entidad, etc. El doctor Juan Hernando Velasco Uribe, Abogado de Asuntos Judiciales de la Caja atendió  esta diligencia y entregó al juez,  una copia de  la circular G-051, de enero 30 de 1992, enviada por la gerencia  de la Caja de Previsión del Distrito, a la Dirección de Prestaciones Sociales y Económicas de esa misma entidad, en la que se ordena a la Sección de Kárdex o al Director de la entidad explicar por escrito, a las personas que radiquen solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas, el trámite que se dará a la solicitud y las razones administrativas y financieras que impiden a la entidad resolverla dentro de los quince (15) días siguientes a su radicación, tal como lo ordena el Código Contencioso Administrativo. E. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA Mediante sentencia del  14 de septiembre de 1994, el Juzgado Sesenta Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, CONCEDIÓ la tutela solicitada. En concepto del juzgado de conocimiento, la actuación de la Caja de Previsión del Distrito desconoció ostensiblemente el derecho de petición del actor, porque pasados seis (6) meses desde la presentación de la solicitud de pensión de invalidez, la entidad acusada no había dado ninguna respuesta. Adicionalmente, el juzgado llama la atención de los funcionarios de la Caja Distrital, por la forma como han aplicado la  circular G-051 de 1992,  pues según él, los empleados de esa entidad hacen firmar al solicitante, el mismo día en que radica su solicitud, la notificación de la Caja, según la cual,  la petición no será resuelta en los quince (15) días siguientes a su presentación, como lo ordena la ley. Por las razones anteriores, el Juzgado ordenó a la Caja de Previsión del Distrito, que en el término de quince (15) días resuelva la solicitud de pensión de invalidez presentada por el señor Lubín Acosta,  so pena de incurrir en las sanciones previstas en la ley.  Sin embargo, denegó la pretensión de inclusión en nómina y la de pago de las sumas dejadas de percibir, pues consideró que  sobre  esos tópicos sólo podía decidir la entidad demandada, al resolver positiva o negativamente la solicitud. Como el fallo no fue impugnado, se remitió a la Corte, para su eventual revisión. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Primera.- Competencia La Corte Constitucional es competente para decidir este asunto, en virtud de lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución, en concordancia con las normas pertinentes del decreto 2591 de 1991. Segunda.- Breve justificación del fallo. El artículo 35 del decreto 2591 de 1991 establece que "Las decisiones de revisión que revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general de las normas constitucionales deberán ser motivadas. Las demás podrán ser brevemente justificadas." En aplicación de esta norma, en el presente caso, al no configurarse ninguno de los supuestos establecidos en el artículo transcrito,  esta Sala se limitará a reiterar la jurisprudencia que en materia de derecho de petición ha proferido esta Corporación, a través de sus distintas salas de tutela, y  a analizar el caso en concreto. Tercera: El derecho de petición y el término en que deben resolverse   las solicitudes Esta Corporación a través de sus distintas Salas de Revisión, se ha pronunciado sobre el carácter de fundamental del derecho de petición. Igualmente, ha establecido que el núcleo esencial de este derecho está determinado por la pronta respuesta o resolución  a lo pedido,  respuesta que se entiende dada  cuando se resuelve de fondo la cuestión planteada, sin importar si es a  favor o en contra de las pretensiones del solicitante y, en la efectiva notificación del acto,  a través del cual, la administración resuelve la petición presentada. En relación con el término que tiene la administración para dar respuesta  a las peticiones, la Constitución defirió en el legislador la facultad de fijarlo. Por tanto, es el legislador el encargado de señalar la forma como ha de ejercitarse este derecho y, por supuesto, señalar el término que  tienen la administración y, eventualmente,  las organizaciones privadas para dar repuesta a las solicitudes  elevadas antes ellos, con el fin de  garantizar el  núcleo esencial de este derecho, cual es,  la pronta resolución. Si bien es cierto que después de la promulgación de la nueva Constitución, no se ha dictado normatividad alguna que desarrolle y regule aspectos esenciales del derecho de petición, sí existe una regulación que fue expedida con anterioridad a su vigencia y que aún rige la materia, pues la expedición de la nueva Carta, no derogó la legislación existente. Así lo determinaron la Corte Suprema de Justicia en su momento y, esta Corporación en reiterados fallos de constitucionalidad. En este momento, para establecer cuál es el término que tiene la administración  para resolver las peticiones que ante ella se presenten, debe acudirse a los preceptos del Código Contencioso Administrativo, al igual que a la ley 57 de 1984, en lo pertinente. El artículo 6o. del mencionado código, establece que las peticiones  de carácter general o particular, se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Así mismo,  prevé que en ese mismo término, la administración debe informar al solicitante, cuando sea del caso,  su imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, explicando los motivos y señalando el término en el cual  se producirá la contestación.  Norma que por lo general no se cumple en ninguna entidad, hecho se traduce en un desconocimiento del derecho de petición. Si bien la citada norma, no señala  cuál es el término  que  tiene la administración para contestar o resolver el asunto planteado, después de que ha hecho saber al interesado que no podrá hacerlo en el término legal, es obvio  que dicho término debe ajustarse a los parámetros de la razonabilidad,  razonabilidad que debe consultar no sólo la importancia que el asunto pueda revestir  para el solicitante, sino los distintos trámites que debe agotar la administración para resolver adecuadamente la cuestión planteada. Por tanto, ante la ausencia de una norma que señale dicho término, el juez de tutela, en cada caso, tendrá que determinar si el plazo que la administración fijó y empleó para contestar la solicitud, fue razonable, y si se satisfizó el núcleo esencial del derecho de petición: la pronta resolución. Algunos autores han considerado que el término que tiene la administración para contestar una solicitud, cuando no lo ha podido hacer en el lapso de los quince (15) días señalados en el artículo 6o. del C.C.A, es el término para la configuración del silencio administrativo negativo, es decir,  tres (3) meses, pues, transcurrido dicho lapso, se entiende denegada la solicitud, según lo establece el artículo 40 del Código Contencioso.  En opinión de la Sala,  éste podría ser un criterio que podría tenerse en cuenta, sin embargo, deben analizarse otros factores, como por ejemplo,  la complejidad de la solicitud, pues no debe olvidarse que la figura del silencio administrativo negativo, es sólo un mecanismo que el legislador ha puesto al alcance del solicitante, para que sea el juez contencioso quien  resuelva de fondo la solicitud que, por el silencio de la administración, se presume denegada. Además, la configuración del silencio administrativo, no exime a la administración de su obligación de resolver la petición. Con fundamento en lo expuesto, no es válida la conducta de las entidades públicas que, argumentando cúmulo de trabajo, la espera de documentación que no le correspondía aportar al solicitante, e.t.c., retardan injustificadamente  una respuesta, pues ello, a todas luces desconoce  el derecho de petición.  En este punto, es necesario tener en cuenta que el peticionario no debe correr con la negligencia y falta de organización de algunas entidades públicas y de sus funcionarios, quienes amparados en la falta de una norma que  imponga términos precisos para resolver, se abstienen de contestar rápida y diligentemente, hecho éste que no sólo causa perjuicios al solicitante sino a la administración misma. Igualmente, debe concluirse que la administración no se exonera de su responsabilidad de contestar prontamente una petición, cuando la complejidad del asunto, entre otras cosas, le impide pronunciarse en lapso en que está obligado a hacerlo, pues la misma norma exige que debe señalar en qué término dará respuesta y cumplirlo a cabalidad. Cuarta.- Análisis del caso concreto En el presente caso, el señor Lubín Acosta presentó el 1o. de marzo de 1994, ante la Caja de Previsión del Distrito, a través de su apoderada, la solicitud de reconocimiento de su pensión de invalidez. El 16 de marzo, la Dirección de prestaciones económicas de la entidad, notificó personalmente al señor Acosta su imposibilidad de resolver dicha petición, dentro del término señalado por el artículo 6o., del Código Contencioso Administrativo, argumentando el cúmulo de trabajo y la  falta de recursos de tesorería para atender el pago. En dicha notificación, se hecha de menos la indicación sobre al fecha en que sería resulta la solicitud. Sólo se advierte que la misma se contestará en orden cronológico y dependiendo de la disponibilidad presupuestal de la entidad. En concepto de la Sala, si bien la entidad acusada cumplió con el deber de informar al actor sobre las razones que le impedían resolver su solicitud, en el término y la forma que señala el artículo 6o. del C.C.A., ello no la exoneraba de sus obligaciones de señalar la fecha en que contestaría, fijando una fecha razonable, y la de respoder efectivamente. Pues, en el presente caso,  pasados casi seis meses desde que se presentó la solicitud, hasta la fecha en que fue interpuesta la acción de tutela, la entidad no había emitido respuesta de ninguna índole, a pesar de haber transcurrido un tiempo más que razonable, para que la  entidad se hubiese pronunciado. Finalmente, la Sala no encontró en el material probatorio allegado al expediente,  la razón que tuvo el juez de instancia para llamar la  atención a los funcionarios de la Caja de Previsión del Distrito, por la forma como vienen aplicando la circular G- 051 de 1992, pues la notificación que se hizo al actor, sobre las razones que tenía la entidad para no resolver la petición presentada por él,  en el término legal, fue hecha el 16  de marzo de 1994, y no el mismo día de la radicación de la documentación, como lo afirmó el juez en su fallo. Por las razones expuestas, la Sala Primera de la Corte Constitucional confirmará el fallo proferido por el Juzgado Sesenta Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, en el presente caso. Igualmente, se comparten las apreciaciones del  fallador de instancia, en relación con la incompetencia del juez de tutela para pronunciarse sobre aspectos que sólo son del resorte de la administración, tales como el reconocimiento de una pensión o, el ordenar el pago de una suma determinada de dinero, pues ello,  como varias veces lo ha sostenido esta Corporación, sería el cogobierno de los jueces, hecho que en sí mismo quebraría la estructura del sistema. III. DECISION En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero: CONFIRMASE la sentencia del Juzgado Sesenta Penal Circuito de Santafé de Bogotá, de fecha catorce  (14) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), por las razones aquí expuestas. Segundo: Por Secretaría General, REMITANSE el expediente de tutela y este fallo, al Juez sesenta (60) Penal Circuito de Santafé de Bogotá, para los efectos consagrados en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, publíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-077-95 Sentencia No Sentencia No. T-077/95 MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Eficacia/ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad/PERJUICIO IRREMEDIABLE-Extrema necesidad Es improcedente la acción de tutela cuando hay otro mecanismo de defensa judicial y no se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Se está en presencia de éste cuando, de no tutelarse el derecho vulnerado o amenazado, hay inminencia de un mal irreversible, injustificado y grave, que coloque al peticionario en un estado de necesidad, que amerita la urgencia de la acción. La necesidad, a su vez, debe ser evidente o evidenciable, y además extrema, de suerte que sea razonable pensar en la gran probabilidad -no en la mera posibilidad- de sufrir un daño irreparable y grave. No cualquier necesidad amerita, pues, la acción de tutela, ni cualquier inminencia de daño, ya que se requieren las características de extremidad en cuanto a la necesidad y de gravedad en cuanto al daño.  El extremo es el máximo o mínimo, según el caso, de un ente; en otras palabras, es el punto primero de un límite inicial o el último punto de un límite terminal.  La gravedad implica una magnitud de tal proporción, que amenaza la destrucción del núcleo esencial de una entidad, en nuestro caso de un derecho fundamental. Ahora bien, la extrema necesidad puede describirse como aquella situación adversa y padecida por un sujeto, que lo coloca en el límite de lo soportable, y amenaza con vulnerar el núcleo esencial -o con aumentar o prolongar la lesión- de uno o más derechos fundamentales. ACCION DE TUTELA-Gravedad del daño En cuanto a la gravedad del daño, tienen que concurrir los aspectos objetivo y subjetivo; el objetivo depende del daño en el objeto jurídico protegido y el subjetivo de la incidencia sobre el sujeto. En torno al daño objetivo, debe ser tal, que afecte, como se ha dicho, el núcleo esencial del derecho fundamental. El aspecto subjetivo es cuando se afecta al sujeto en grado sumo, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, de manera que éste se priva de un bien esencial para su existencia. ACCION DE TUTELA-Requisitos para la protección inmediata Para que sea viable la acción de tutela, debe existir una situación que   justifique la protección inmediata de los derechos fundamentales, a saber: no haber otro medio de defensa judicial,  vulneración o amenaza del núcleo esencial del derecho fundamental, de manera cierta y grave, o que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. INCIDENTE DE RESTITUCION DE LA POSESION/DERECHO DE POSESION Cursa un incidente de restitución de la posesión, en virtud del parágrafo 4o. del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil. Luego no puede proceder la acción de tutela, no sólo porque existe otro mecanismo de defensa judicial, sino porque no puede el juez de tutela interferir la legitimidad de un incidente en curso, lo cual sería un contrasentido evidente. Ref: Expediente No. T-49138 Peticionario: Víctor Hugo Forero, Rubiela Ruiz, Jesús Quiroga, Misael Burgos, Daniel Alfredo Cajamarca y Myriam Vanegas. Procedencia: Juzgado 29 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá. Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Tema: Derecho de posesión. Improcedencia de la acción, por existir un incidente en curso. Santafé de Bogotá, D.C. veintiocho (28) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela radicado bajo el número T- 49138, adelantado por los ciudadanos Víctor Hugo Forero, Rubiela Ruiz, Jesús Quiroga, Misael Burgos, Daniel Alfredo Cajamarca y Myriam Vanegas, en contra del Juzgado 22 Civil Municipal y la Inspección 7A de Policía de Santafé de Bogotá D.C. I. ANTECEDENTES De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente. 1. Solicitud Los ciudadanos Víctor Hugo Forero, Rubiela Ruiz, Jesús Quiroga, Misael Burgos, Daniel Alfredo Cajamarca y Myriam Vanegas, interpusieron ante el Juzgado 29 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, acción de tutela en contra del Juzgado 22 Civil Municipal y la Inspección 7A de Policía de Santafé de Bogotá D.C, con el fin de que se les ampararan sus derechos al trabajo y a la posesión, consagrados en los artículos 25 y 58 de la Constitución Política. Como medida provisional solicitaron que se ordenara a la Inspección 7A Distrital de Policía que se abstuviese de practicar la diligencia de desalojo del inmueble ubicado en la Autopista sur No. 84-32, 84-36 y 84-30 de la ciudad de Santafé de Bogotá D.C., ordenada para el día 17 de septiembre de 1994. 2. Hechos Afirman los accionantes que el día 21 de julio de 1994, el señor Víctor Hugo Forero Montien y la señorita Rubiela Ruiz Pulido, en virtud de un contrato de promesa de compraventa, recibieron de manera real y material la posesión que ejercía el señor Laurentino Niño Camargo sobre el inmueble ubicado en la Zona de Bosa, identificado con los números 84-30, 84-32 y 84-36 de la Autopista Sur, y que la compraventa se perfeccionó el día 24 de agosto de 3 ese mismo año, mediante escritura pública No. 2411 de la Notaría 43 del Círculo de Santafé de Bogotá. Manifiestan que los señores Jesús Quiroga, Misael Burgos, Daniel Alfredo Cajamarca y  la señora Myriam Vanegas, suscribieron un contrato de arrendamiento con los nuevos poseedores del mencionado inmueble, en virtud del cual instalaron una floristería, unos viveros y un local destinado a la venta de materiales de construcción, negocios de los cuales obtienen su sustento económico. Según los peticionarios, el día 12 de septiembre de 1994, el Inspector 7A Distrital de Policía, comisionado por el Juzgado 22 Civil Municipal de Santafé de Bogotá D.C., llegó al inmueble que ellos ocupan, con el fin de practicar una diligencia de desalojo. "Ante esto -afirman los accionantes- nosotros manifestamos que éramos arrendatarios del señor VICTOR HUGO FORERO, quien era el señor que había comprado la posesión al antiguo dueño Laurentino Niño; y como bien pudo observar el Inspector 7A, en razón de tener contrato de arrendamiento de locales comerciales, no nos reconocieron la calidad de tenedores a nombre del poseedor, y solamente obtuvimos respuesta de que el sábado 17 de septiembre, teníamos que desocupar; siendo así no quisimos  firmar la diligencia" 3. Pretensiones Solicitan los peticionarios que se tutelen sus derechos a la posesión y al trabajo, hasta tanto el Juzgado 22 Civil Municipal de Santafé de Bogotá resuelva el incidente presentado, "en el cual se debatirá la posesión, que no se pudo acreditar en su momento procesal y teniendo en cuenta que el cincuenta por ciento  (50%) del cual se exige la entrega en el comisorio, no se alinderó." III. ACTUACION PROCESAL 1. Unica instancia Mediante auto de fecha 16 de septiembre de 1994, el Juzgado 29 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá resolvió suspender la diligencia de entrega programada para el día 17 de septiembre de 1994 y ordenó a los peticionarios que aportaran los documentos que anunciaron en el escrito de tutela. Obran en el expediente las pruebas que a continuación se relacionan: a. Sentencia de fecha 30 de noviembre de 1993. Mediante dicha providencia el Juzgado 22 Civil Municipal de Santafé de Bogotá resolvió declarar terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre el señor Pedro Ignacio Rivera, en condición de arrendador, y el señor Laurentino Niño en condición de arrendatario, referente al inmueble situado en la Autopista Sur, entre las edificaciones correspondientes a las empresas Carboquímica y Colinagro, entre las calles 84 y 85 sur "el cual no cuenta con nomenclatura oficial." Además se ordenó al señor Laurentino Niño la restitución del citado inmueble, en una proporción del cincuenta por ciento (50%), de acuerdo con los términos del contrato de arrendamiento, pero no se alinderó la porción del inmueble que deba restituirse. b. Copia del Acta de la Diligencia de restitución del inmueble practicada el día 12 de septiembre de 1994 por la Inspección 7A Distrital de Policía. En dicha diligencia el inspector de policía se trasladó al inmueble atrás señalado y luego de hacer el reconocimiento de los linderos se ordenó la suspensión de la diligencia, la cual se reanudaría el día 17 de septiembre de ese año. En el transcurso de la diligencia se oyó el testimonio de Uriel Gustavo Rodríguez, Jesús Quiroga y Myriam Vanegas; estos dos últimos se negaron a firmar el acta levantada. El Inspector 7A de Policía advirtió a las personas que atendieron la diligencia que, para que el día en que se continuara la diligencia, desalojaran el inmueble. c. Fotocopia de la Escritura Pública No. 2411 de 24 de agosto de 1993 de la Notaría 43 del Círculo de Santafé de Bogotá. Dicha escritura contiene el contrato de compraventa celebrado entre el señor Laurentino Niño y Víctor Hugo Forero y Rubiela Ruiz, mediante el cual el primero transfirió sus derechos de posesión sobre el inmueble ubicado en la Autopista Sur, entre las edificaciones correspondientes a las empresas Carboquímica y Colinagro, entre las calles 84 y 85 sur. En dicha escritura se da fe de que el derecho de posesión fue adquirido por el vendedor por ejercicio de la misma, con ánimo de señor y dueño, desde hace mas de veintidós años, hecho del cual dieron testimonio los señores Luis Vargas, Juan de Dios Osorio, Antonio Ardila y Nicolás Marroquín, según consta en declaraciones extraproceso que allí mismo se protocolizaron. d. Fotocopia del contrato mediante el cual Laurentino Niño cedió a Víctor Hugo Forero y Rubiela Ruiz, los contratos de arrendamiento que había suscrito con los señores Misael Burgos, Pedro A. Rojas Jesús Quiroga y Daniel Alfredo Cajamarca. e. Sendas fotocopias de los contratos de arrendamiento suscritos entre los señores Víctor Hugo Forero, en su condición de arrendador, y los señores Misael Burgos y Jesús Quiroga, en condición de arrendatarios f. Copia del memorial de fecha 14 de septiembre de 1994. En dicho memorial la apoderada del señor Víctor Hugo Forero y la señora Rubiela Ruiz propuso ante el Juzgado 22 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, un incidente de restitución de la posesión del inmueble objeto del litigio, al tercero poseedor, previsto en el parágrafo 4o. del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil. 2. La decisión. Mediante providencia de fecha veintiséis (26) de septiembre de 1994, el Juzgado 29 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá resolvió negar la tutela solicitada por los actores y manifestó que "sobre la SUSPENSION PROVISIONAL decretada se resolverá oportunamente una vez se resuelva lo concerniente a la revisión por parte de la Corte Constitucional" El a-quo consideró que la acción de tutela resulta improcedente, ya que los actores cuentan con otro mecanismo de defensa judicial para proteger sus derechos fundamentales, cual es iniciar el trámite previsto en el parágrafo 4o. del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil para la restitución de la posesión, trámite este que fue iniciado por los propios peticionarios, según copia del memorial pertinente presentado ante el Juzgado 22 Civil Municipal de Santafé de Bogotá D.C. "En este orden de ideas -sostiene el fallo en comento- no es admisible pretender tras la tutela una decisión que sólo se alcanzará en el trámite incidental propiamente dicho. Aceptar la postura de los interesados implicaría obviar los procedimientos claramente establecidos en la ley, sin haber sido ello lo pretendido por el constituyente de 1991 al entronizar ésta nueva institución." IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1.      Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución Política y 31 a 36 del decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia. 2.      Carácter subsidiario de la acción de tutela Es razonable que la acción de tutela tenga un carácter subsidiario, porque no puede convertirse en una instancia jurídica paralela de la jurisdicción ordinaria. Así lo previó el constituyente, y no hay principio justificativo para convertirlo en una negación de la jurisdicción ordinaria, puesto que la unidad jurídica es una exigencia lógica; en otras palabras, no admite yuxtaposición, sino coexistencia armónica. La razón de ser de la acción de tutela es la protección inmediata de un derecho fundamental amenazado o conculcado por la autoridad y, en algunos eventos, por los particulares, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, o que existiendo éste, se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Conviene, pues, examinar la filosofía de la acción de tutela, con el fin de elucidar la presente controversia, en torno a si procede  o no la acción en el caso concreto. El artículo 86 superior estipula, en primer lugar, que toda persona tendrá acción de tutela; con esto se declara la universalidad de la acción de tutela como derecho. En efecto, la tutela es un derecho universal, y ello por el fin  que persigue, cual es, según el artículo superior citado, "la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales". Sin embargo, hay una oportunidad para incoarla "cuando quiera que éstos (los derechos) resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública". El medio apto para ello es "un procedimiento preferente y sumario". Procedimiento preferente, no significa la suplantación de la jurisdicción ordinaria, sino la coherencia y adecuación a la protección inmediata.  Esa urgencia ante la inminencia exige, obviamente, que el procedimiento sea sumario, ya que no tendría sentido la inmediatez de la protección, si ésta se hiciera a través de un medio que, eventualmente, fuera susceptible de dilaciones y de formalidades que impidieran la proporcionalidad entre la situación de urgencia dada y la protección inmediata requerida. Así las cosas, es improcedente la acción de tutela cuando hay otro mecanismo de defensa judicial y no se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Se está en presencia de éste cuando, de no tutelarse el derecho vulnerado o amenazado, hay inminencia de un mal irreversible, injustificado y grave, que coloque al peticionario en un estado de necesidad, que amerita la urgencia de la acción. La necesidad, a su vez, debe ser evidente o evidenciable, y además extrema, de suerte que sea razonable pensar en la gran probabilidad -no en la mera posibilidad- de sufrir un daño irreparable y grave. No cualquier necesidad amerita, pues, la acción de tutela, ni cualquier inminencia de daño, ya que se requieren las características de extremidad en cuanto a la necesidad y de gravedad en cuanto al daño.  El extremo es el máximo o mínimo, según el caso, de un ente; en otras palabras, es el punto primero de un límite inicial o el último punto de un límite terminal.  La gravedad implica una magnitud de tal proporción, que amenaza la destrucción del núcleo esencial de una entidad, en nuestro caso de un derecho fundamental. Ahora bien, la extrema necesidad puede describirse como aquella situación adversa y padecida por un sujeto, que lo coloca en el límite de lo soportable, y amenaza con vulnerar el núcleo esencial -o con aumentar o prolongar la lesión- de uno o más derechos fundamentales. Entonces la extrema necesidad, de continuar, hace que para el ser humano que lo padece, la situación se torne en irresistible. Ello justifica la acción inmediata del Estado en favor del necesitado. La extrema necesidad es en última instancia la negación del derecho a una vida digna. En cuanto a la gravedad del daño, tienen que concurrir los aspectos objetivo y subjetivo; el objetivo depende del daño en el objeto jurídico protegido y el subjetivo de la incidencia sobre el sujeto. En torno al daño objetivo, debe ser tal, que afecte, como se ha dicho, el núcleo esencial del derecho fundamental. El aspecto subjetivo es cuando se afecta al sujeto en grado sumo, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, de manera que éste se priva de un bien esencial para su existencia. Luego para que sea viable la acción de tutela, debe existir una situación que   justifique la protección inmediata de los derechos fundamentales, a saber: no haber otro medio de defensa judicial,  vulneración o amenaza del núcleo esencial del derecho fundamental, de manera cierta y grave, o que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 2.      El caso concreto En el expediente consta que cursa un incidente de restitución de la posesión, en virtud del parágrafo 4o. del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil. Luego no puede proceder la acción de tutela, no sólo porque existe otro mecanismo de defensa judicial, sino porque no puede el juez de tutela interferir la legitimidad de un incidente en curso, lo cual sería un contrasentido evidente. Por otro lado, la Sala no encuentra  viabilidad para invocar la acción como mecanismo transitorio, por cuanto no se configura el perjuicio irremediable. Es por lo anterior que la Sala procederá a confirmar el fallo del Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, en el sentido de denegar la tutela en este caso concreto. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO:         CONFIRMAR  el fallo proferido por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá  el día veintiseis (26) de septiembre de 1994. Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado Ponente JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-078-95 Sentencia No Sentencia No. T-078/95 DERECHO AL CUIDADO Y AL AMOR/MENOR ADOPTADO Si como ahora lo sostiene la accionante, tiene interés en guardar a su hijo, resulta en este momento evidente el descuido anterior.  Las circunstancias actuales del menor adoptado por una familia extranjera luego de un proceso legalmente adelantado, en el que se miran las calidades de los padres,  su estructura psicológica y moral, su capacidad económica, que proporcionan al niño un ambiente familiar y un entorno que le permita un adecuado desarrollo, que contrasta con el estado de desprotección, con malas condiciones para su subsistencia, sin afecto estable, no dejan duda sobre la necesidad de ampararlo en su bienestar. El artículo 44 de la Carta Política obliga a tratar al niño de manera preferente, en sus intereses, a fin de suministrarle un ambiente que ampare su vida, su integridad física, la salud, su seguridad social, una alimentación equilibrada, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y en especial el derecho a "tener una familia". PREVALENCIA DE DERECHOS DEL NIÑO La CP establece un trato  prevalente a los derechos de los niños, de manera que,  no obstante el sentimiento materno, en este caso es obligado para la Sala amparar los derechos del menor.  Especial consideración hace la Sala sobre la legalidad del proceso administrativo de declaración de abandono y el proceso judicial de adopción que sobrevino.  De donde no se puede colegir violación alguna por parte del ICBF, contra los derechos fundamentales de la demandante. REF.: Expediente No. T-50135 Peticionario: OLGA VERA Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr.  VLADIMIRO NARANJO MESA Dr.   JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá D.C.,   febrero veintiocho (28) de mil novecientos                                noventa y cinco (1995). La Corte Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas No. Ocho, integrada por los H. Magistrados Jorge Arango Mejía, Vladimiro Naranjo Mesa y Fabio Morón Díaz, se pronuncia sobre la acción de la referencia en el grado jurisdiccional de revisión, teniendo en cuenta  los siguientes ANTECEDENTES La señora Olga Vera en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada legalmente en los decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, formuló demanda contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar   de Tame-Arauca, para que previo el trámite correspondiente le  sea devuelto su hijo, con fundamento en los hechos y razones siguientes: -        Que es madre soltera y tiene tres hijos. El menor, Jerson Alirio, que no fue reconocido por el padre. -        Que a su hijo Jerson Alirio, para poder trabajar, lo dejaba al cuidado de la señora Belén Chiquillo, a quien le pagaba cincuenta mil pesos mensuales. -        Que hace dos años apróximadamente la señora Belén Chiquillo salió un momento de la casa a comprar algo y los funcionarios del I.C.B.F. se llevaron al menor. -        Que una funcionaria del I.C.B.F. la hizo firmar un papel cuyo contenido desconocía, después se le informó que estaba dando a su hijo en adopción. Indica que fue retenida durante ocho días por abandono del menor,  pero pagó una multa de $50.000 para lograr su libertad y le "dieron al pueblo por cárcel" y no la volvieron a llamar. -        Que el niño estaba bien cuidado, pues todos los días lo veía. -        Que se queja después de tanto tiempo porque estaba "humillada". -        ¿Sacar a un menor de una casa sin previo consentimiento de la persona responsable, no es un secuestro?. ¿Constituye abandono de un hijo el hecho de buscar una persona que lo cuide por cuestiones de trabajo?. LA PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Promiscuo Municipal de Tame, mediante sentencia de veintiséis (26) de septiembre de 1994, decide la acción de la referencia y resuelve: "negar por improcedente la acción de tutela, presentada por la señora  Olga Vera en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de esta localidad", previas las siguientes consideraciones: -        Que "no se entiende cómo la peticionaria dejó transcurrir tanto tiempo para interponer esta acción, argumentando que estaba intimidada, cuando su deber era poner en conocimiento de la autoridad respectiva.  El camino a seguir era acudir ante las autoridades ordinarias (Fiscalías y/o  Juzgado) y contar la situación, pero no lo hizo",  lo que significa que existían otros medios de defensa judicial. -        Que no prospera la acción como mecanismo transitorio, puesto que el supuesto perjuicio no tiene el carácter de irremediable. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La Competencia.- La Corporación es competente para conocer de esta revisión, de conformidad con lo establecido en el inciso 2o. del artículo 86 y el numeral 9o. del artículo 241, ambos de la Carta Política, desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. La Materia El caso en examen comprende la valoración de un conjunto de hechos que vienen a incidir sobre la legalidad de la declaración de abandono, el proceso de adopción, y el eventual amparo de un derecho fundamental en cabeza de la madre del menor. Del expediente se colige que el menor Jerson Alirio Vera fue entregado por su madre a la señora Ana Belén Chiquillo para que lo cuidara, pues ella trabajaba.  La señora Ana Belén Chiquillo acudió con su esposo ante el ICBF, Centro Zonal de Tame, el día 26 de octubre de 1992 con el fin de legalizar la situación del menor  de cinco meses de edad, ya que la madre manifestó su intención de regalárselo.  Al comprobar el difícil procedimiento  que debían cumplir, los Solorza Chiquillo desisten de la intención de adoptar al niño. El día 19 de noviembre de 1992 la señora Olga Vera se presentó ante el ICBF y manifestó que quería entregar a su hijo en adopción, por tal motivo se levantó un acta, indicándole el derecho al retracto que le asistía dentro de los treinta días siguientes.  El menor fue dejado en el hogar de la Familia Solorza Chiquillo, con seguimiento permanente por parte de funcionarios del ICBF, quienes encontraron al niño en malas condiciones ambientales e higiénicas.  El 14 de diciembre de 1992 el niño fue trasladado a un hogar sustituto y se procedió por parte de la defensora de familia a abrir la investigación de la protección en favor del menor.  El 16 de diciembre del mismo año la madre se presentó a retractarse del consentimiento otorgado para la adopción del niño, pero se le informó que su hijo se encontraba bajo protección en un hogar sustituto. Dentro  del proceso administrativo de protección se ordenó  citar a la señora Olga Vera,  a través de mensajes radiales, con el fin de que  asumiera el cuidado del niño o hiciera valer sus derechos, pero nadie se presentó, por lo cual se determinó,  mediante la resolución No. 12 de agosto 27 de 1993,  declararlo en abandono y decretar como medida definitiva la adopción, resolución  que fue notificada por edicto, pues se desconocía el paradero de la señora Olga Vera, y contra la cual no se interpuso recurso alguno. El 20 de  abril de 1994 se ordena el traslado del niño a Bogotá para ser dado en adopción.  Finalmente, el 19 de mayo de 1994 el menor fue dado en adopción conjunta a una pareja de nacionalidad francesa, mediante la sentencia proferida por el Juzgado Catorce (14) de Familia de Santafé de  Bogotá. Como se puede apreciar, la madre, durante este período de aproximados dos años, no suministró al menor ni la atención económica, ni el cuidado, ni el amor que éste requiere para su normal desarrollo.  Se aprecia igualmente que la madre no hizo durante ese período ningún tipo de diligencias orientadas a vivir con su hijo, a fin de suministrarle en el plano material y emocional los bienes a que está obligada. A este respecto ha sostenido esta Corte Constitucional, lo siguiente: "El artículo 44 de la Carta Política reconoce como derecho fundamental de los niños entre otros, "el cuidado y amor". Es la primera vez que en una Constitución colombiana se le da al amor el tratamiento de objeto jurídico protegido. Obviamente los primeros obligados a dar amor al niño son sus padres, de suerte que si hay una falta continua de amor hacia el hijo, no se está cumpliendo, propiamente, la maternidad. De esta manera, todo niño tiene derecho a ser tratado con amor, especialmente por sus padres. Entonces, si un padre o una madre incumplen con su obligación constitucional, no sólo están incurriendo en actitud injusta,  sino que no están desempeñando ni la paternidad ni la maternidad, en estricto sentido, porque no ejerce la actitud debida conforme a derecho. "La maternidad está reconocida por el orden jurídico internacional como derecho humano, y, por tanto, se protege en todas las situaciones. Pero no es un derecho absoluto, porque se encuentra, como todo derecho, limitado, en este caso, por los derechos del mismo hijo y por el orden social justo. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25, numeral segundo, estipula: 'La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. "Sobre el contenido de este texto es conveniente hacer las siguientes precisiones: en primer término, la maternidad es protegida con el derecho a cuidados especiales en virtud del bienestar del menor y, por extensión, en función de la madre, para que ésta pueda llevar a cabo su misión de solidaridad natural. En segundo lugar, como la maternidad está para la protección del infante, se deduce que éste tiene derecho a una madre que lo asista. Tercero, la madre tiene derecho a la conservación de su status -siempre y cuando cumpla con el deber de amor hacia su hijo, pues la esencia de la filiación es el amor-, es decir, tiene el derecho a realizar sus funciones, y en atención a dichas funciones, y al amor, a mantener el vínculo jurídico y afectivo con su hijo. Y, finalmente, se protege por igual a la maternidad dentro del matrimonio, como a la que se presenta por fuera de la relación matrimonial, con base en el trato igual debido tanto a las madres como a los niños. "2.2   El deber de recepción de los padres "... "Ahora bien, dentro de las obligaciones de no hacer de los padres, se destacan las de no abandono y no agresión. En torno a la primera, hay que decir que no se refiere solamente al abandono físico, sino también al moral y al espiritual, por cuanto el hombre es una unidad vital que comprende potencias físicas (relativas al cuerpo), morales (relativas a sus virtudes y valores) y espirituales (relativas al cultivo de la intelectualidad y a su actitud trascendente). En cuanto a la no agresión, significa que el deber de corrección tiene un límite en el derecho a la vida (prohibición del aborto) y en el derecho a la integridad física, moral y espiritual del menor. "En conclusión, para esta Sala la maternidad no es un mero asunto biológico, sino, ante todo, una actitud afectiva y espiritual que implica un status tendiente a la protección y promoción del menor, fundada en el amor. Así como hay quienes sin ser los padres biológicos llegan a adquirir el status de padres por la adopción, igualmente hay quienes, pese a tener el vínculo sanguíneo con el menor, en estricto sentido, no son padres, porque sus actos desnaturalizados impiden que se configure en ellos tal calidad." (Cfr. Corte Constitucional, sentencia  T-339 de  21 de julio de 1994. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa). De otra parte, si como ahora lo sostiene la accionante, tiene interés en guardar a su hijo, resulta en este momento evidente el descuido anterior.  Las circunstancias actuales del menor adoptado por una familia extranjera luego de un proceso legalmente adelantado, en el que se miran las calidades de los padres,  su estructura psicológica y moral, su capacidad económica, que proporcionan al niño un ambiente familiar y un entorno que le permita un adecuado desarrollo, que contrasta con el estado de desprotección, con malas condiciones para su subsistencia, sin afecto estable, no dejan duda sobre la necesidad de ampararlo en su bienestar. En efecto, el artículo 44 de la Carta Política obliga a tratar al niño de manera preferente, en sus intereses, a fin de suministrarle un ambiente que ampare su vida, su integridad física, la salud, su seguridad social, una alimentación equilibrada, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y en especial el derecho a "tener una familia". No escapan a la Corte las especiales condiciones de la madre consanguínea, quien se debate en circunstancias de desprotección social; y, quien revela además una inestabilidad en el plano afectivo, que se refleja incluso hacia su propio hijo consanguíneo. La Constitución Política establece un trato  prevalente a los derechos de los niños, de manera que,  no obstante el sentimiento materno, en este caso es obligado para la Sala amparar los derechos del menor.  Especial consideración hace la Sala sobre la legalidad del proceso administrativo de declaración de abandono y el proceso judicial de adopción que sobrevino.  De donde no se puede colegir violación alguna por parte del ICBF de Tame-Arauca, contra los derechos fundamentales de la demandante. En la demanda no se observa con claridad qué derecho fundamental considera la madre que se ha violado. Salvo alguna deducción que pudiera considerar una violación al debido proceso administrativo o judicial que no se observa en el acervo probatorio, no existe violación de otro derecho fundamental en cuyo análisis deba detenerse la Sala. Igualmente se puntualiza que la actora no adelantó intervenciones judiciales ni administrativas encaminadas a la recuperación de su hijo consanguíneo. Previas las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.-  Confirmar la sentencia proferida por el juzgado promiscuo municipal de Tame el 26 de septiembre de 1994, en el asunto de la referencia. Segundo.-  Notificar la presente resolución en los términos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-079-95 Sentencia No Sentencia No. T-079/95 PRINCIPIO TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL-Término de comparación Cuando un trabajador considere que no se le ha dado un tratamiento igual, debe aportar el término de comparación que permita deducir el trato desigual. Y el patrono tiene  que demostrar que el trato diferente es razonable y objetivo y no limitarse a opinar que unos trabajadores son más eficaces que otros. Hay que buscar el equilibrio entre igualdad, la protección al trabajo y la libertad de empresa. Por eso, la natural aspiración de lograr una política salarial para la productividad no debe servir de disculpa para restringir la negociación colectiva, ni para golpear las organizaciones sindicales, ni mucho menos para deshumanizar el trabajo porque uno de los principios fundamentales de la Constitución del 91 es el respeto a la DIGNIDAD. PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LAS NORMAS LABORALES-Carga de la prueba Quienes tienen la carga de probar la inexistencia de la desigualdad o la razonabilidad y objetividad del trato diferente son los  empleadores a quienes se les imputa la violación al principio de igualdad. El afectado con el real o presunto trato desigual sólo debe aportar el término de comparación. PRINCIPIOS Y VALORES CONSTITUCIONALES-Aplicación Inmediata/PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO El artículo 2º de la Constitución señala como uno de los fines esenciales del Estado: "Garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". Esos principios corren por todo el cuerpo de la Ley de leyes, integrando, interpretando y criticando aún el mismo ordenamiento constitucional porque sus disposiciones deben ser leidas de acuerdo con esos PRINCIPIOS. Sólo así se acata en su integridad la supremacía  de la Constitución (art. 4º ibidem). Los principios mínimos fundamentos del trabajo del artículo 53 son VINCULANTES aún cuando no se haya dictado la ley que lo desarrolla. Es que los valores y principios que se encuentran en la Constitución son obligatorias  para el intérprete. Lo anterior implica que para interpretar una Constitución de principios y valores materiales, como la de 1991 hay que adoptar, de entre  los métodos interpretativos, el argumento axiológico -evaluación de valores- para concretar sus claúsulas abiertas. Por supuesto que no hay que confundir los principios constitucionales con los principios generales del derecho. Estos últimos son criterios auxiliares de la actividad jurídica (art 230 C.P.), mientras que los primeros encuentran su sustento en la propia Carta Fundamental. SALARIO-Nivelación Los petentes tienen  la vía ordinaria, ante los jueces laborales, para formular sus reclamaciones de A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL,  demostrando el término de comparación y correspondiendo al patrono probar que el trato desigual se justifica razonablemente. REF:EXPEDIENTES T-50209 - 50213 (acumulados) Peticionarios: César Lozada y José I. Contreras. Procedencia: Juzgados 8º y 3º Laboral de Santafé de Bogotá Temas: - A trabajo igual salario igual. - Término de comparación para la igualdad: esta prueba la aporta el trabajador. - Al empleador le corresponde demostrar que razonable y objetivamente puede darse un trato diferente. -Vía adecuada para reclamar la nivelación salarial. -  Aplicación inmediata de los principios constitucionales y su diferencia con los principios generales del derecho. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. Santa Fe de Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En los procesos de tutela identificados con los números de radicación T-50209 y T-50213, de César Lozada y José I. Contreras. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto Nº 2591 de 1991, la Sala de Selección de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, las acciones de tutela de la referencia. Inicialmente estos dos expedientes fueron acumulados al T-47604, pero se estimó que no era pertinente tal acumulación y que sí era posible acumular los números T-50209 y     T-50213 entre sí por referirse al mismo aspecto jurídico, tener la misma  causa, las mismas pruebas y ser ambas tutelas dirigidas contra la misma persona jurídica: CAFAM. De conformidad con el artículo 34 del Decreto Nº 2591, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia. A. Solicitudes. 1.1. César Augusto Lozada Latorre y José Ignacio Contreras Ballén, laboran en la Caja de Compensación Familiar CAFAM en los cargos de "rellenador" y "auxiliar de bodega" respectivamente. Ambos tienen una intensidad horaria de 240 horas al mes y pertenecen a grupos de trabajadores que en número de 418 desempeñan el oficio de "rellenador" y de 146 el de "auxiliar de bodega". 1.2. En 1993 el sueldo básico de los "rellenadores" oscilaba entre $62.500 mensuales y $182.700,oo. En el citado año el suelo mensual de los "auxiliares de bodega" iba de $81.500,oo a $180.100,oo. En esa escala de sueldos básicos había 22 rubros diferentes, es decir, para un mismo cargo había 22 salarios básicos distintos. En 1993, los dos petentes, en virtud del Pacto Colectivo obtuvieron un incremento salarial que significó para César Augusto Lozada: $141.500.oo de sueldo básico mensual, y, para José Ignacio Contreras: $137.000.oo. 2.1. A mediados de 1993 se conformó SINALTRACAF, organización sindical de la cual son integrantes Lozada y Contreras. Se firmó Convención Colectiva en 1994 y a partir del 1º de enero de tal año se convino por la cláusula 7ª un incremento salarial igual a la variación del I.P.C. (índice de precios al consumidor). El Pacto Colectivo, para los no sindicalizados, establecía también un aumento salarial semejante: el equivalente al I.P.C. (cláusula 5ª). Se repite: ya había una gama de salarios, para el mismo puesto, desde antes de existir el sindicato y antes de firmarse la Convención Colectiva. 2.2. A partir del primero de enero de 1994 debería haber operado el idéntico aumento salarial acordado tanto en el Pacto como en la Convención, sin embargo, hubo una bifurcación en el incremento, a unos trabajadores se les aumentó más que al resto de asalariados. Por ejemplo: Quienes en 1993 recibían A partir de 1994 hubo dos sueldos básicos: 78.400,oo 135.200,oo 136.100,oo 81.500,oo 135.200,oo 136.100,oo 97.600,oo 119.658,oo 176.100,oo 109.700,oo 134.492,oo 136.100,oo 113.100,oo 136.100,oo 140.800,oo 126.400,oo 154.966,oo 156.800,oo 137.000,oo 167.962,oo 169.900,oo 141.500,oo 173.479,oo 176.100,oo 142.000,oo 174.092,oo 176.100,oo 154.000,oo 188.804,oo 191.000,oo 167.400,oo 205.232,oo 207.600,oo Los anteriores datos permiten ver el aumento desigual a salarios que ya de por sí eran desiguales aunque corresponden a trabajadores con igual cargo. Si se toma uno de esos guarismos: $141.500,oo (que corresponde al salario básico de Augusto Lozada en 1993), se comprueba que el aumento que se le hizo es exactamente la suma del sueldo anterior ($141.500,oo) + I.P.C. (22.60% o sea $31.979,oo) = $173.479,oo; sin emabrgo, a otros se les aumentó a $176.100,oo. 3.1. El problema que se plantea NO es pues el de si se aplica el Pacto en vez de la Convención como equivocadamente lo enfoca una de las sentencias del Tribunal, ni el de incumplimiento del Pacto o de la Convención, sino la trascendencia jurídica que pueda tener la decisión unilateral del patrono de superar lo acordado tanto en Pacto como en Convención, en beneficio de una parte de los trabajadores y no de todos. 3.2. Los petentes consideran que esa discriminación se motivó en el propósito patronal de perjudicar a los trabajadores que recién habían conformado el sindicato, de ahí que la petición sea: "que se obligue a la Caja de Compensación Familiar CAFAM, a pagarnos un salario igual a los trabajadores no sindicalizados. En honor a la verdad, se impone analizar si la presunta persecución sindical es la causa única de la escala de salarios para labores aparentemente idénticas: El sindicato se creó durante 1993 y su Convención colectiva se firmó en 1994, luego la inicial discrepancia de sueldos, ya existía desde antes de 1993 y no pudo tener como causa el hecho de la creación del sindicato. Habrá que averiguar si el AUMENTO para 1994, fue motivado porque se creó el sindicato; en verdad, los petentes presentaron las solicitudes de tutela alegando que el aumento en 1994 por encima de lo acordado en la Convención y en el Pacto fue para los trabajadores no sindicalizados mientras que para los integrantes del sindicato se les limitó el aumento a lo pactado: IPC. En la nómina consta: El trabajador Lozada ganaba $141.500,oo en 1993 y a partir del 1º de enero de 1994 el salario ascendió a $173.500,oo. En esa misma situación están 49 “rellenadores” sindicalizados y 30 “rellenadores” no sindicalizados. A su vez, otros “rellenadores” que ganaban $141.500,oo en 1993 pasaron a ganar $176.800,oo en enero de 1994. Esto es cierto, pero hay favorecidos con el aumento  tanto sindicalizados (6) como no sindicalizados (66). En cuanto al auxiliar de bodega Contreras, la situación es esta: de $137.000,oo en 1993 subió a $167.962,oo en 1994, en la misma situación quedaron 2 auxiliares de bodega no sindicalizados y 6 sindicalizados.  Y, otros que pasaron de $137.000,oo a $169.900,oo corresponden a 21 trabajadores no sindicalizados y a 6 sindicalizados. B. Pruebas aportadas. a) En constancias que obran en los expedientes se indica el diferente valor  que hay entre la asignación mensual y el sueldo promedio. Esto permite concluir que la escala a la cual se hizo referencia existe en la asignación mensual, y, esa asignación mensual es la que aparece en el listado general agregado a los procesos. Otra cosa muy distinta es el sueldo promedio, el cual no se ha tenido en cuenta en el cuadro hecho al principio de esta sentencia y no tiene importancia para esta tutela porque como es sabido un salario promedio responde  a factores adicionales que integran el salario: horas extras, dominicales, etc. Según las constancias  César Augusto Lozada, en 1994 recibía: -Asignación mensual: $173.479,oo -Sueldo promedio:          $216.848,oo En el caso de José Ignacio Contreras, en 1994: -Asignación mensual: $167.962,oo Sueldo promedio: $209.952,oo b) Se adjuntaron Convención Colectiva y Pacto Colectivo. Tanto en éste como en aquélla se dice textualmente que los incrementos del SALARIO BASICO se harán "teniendo en cuenta como base la variación en el índice de precios al consumidor total nacional (I.P.C.)", que, se repite, para el caso que se estudia fue 22.60%. c) Se adjuntó el listado de la totalidad de los trabajadores que laboran como "rellenadores" y como "auxiliares de bodega" indicándose el sueldo básico a partir del 1º de enero de 1994 y el sueldo anterior. De este documento se tomaron los datos para deducir que antes de formarse el Sindicato ya existía una gran variedad de salarios para los mismos oficios, y que, después de reconocido SINALTRACAF creció la gama salarial porque se estableció el sistema de bifurcar  la mayoría de los anteriores sueldos básicos (por ello ahora hay más de treinta). Es palpable este sistema de bifurcación en los casos de las personas que interpusieron la tutela: -César Augusto Lozada en 1993, al igual que 151 "rellenadores" ganaban $141.500,oo; a partir de 1994 ese grupo se dividió así: 79 pasaron a ganar $173.479,oo (entre ellos Lozada y otros) 72 recibieron mayor sueldo básico: $176.100,oo. -José Ignacio Contreras, al igual que 35 "auxiliares de bodega" recibieron como sueldo básico en 1993: $137.000,oo y a partir de 1994 ese grupo se bifurcó así: 8 pasaron a ganar $167.962,oo entre ellos Contreras, mientras que 27 recibieron mayor sueldo básico: $169.900,oo. d) Los testigos Germán Rojas, Alirio Carrillo y Faustino Galindo afirman que esa discrepancia en el aumento de salarios favoreció "a los trabajadores no sindicalizados". e) Por su parte, el representante de CAFAM dice que "estas diferentes ganancias se explican porque de acuerdo con la política salarial de la empresa, se producen ajustes salariales solicitados por los jefes inmediatos en reconocimiento a su desempeño y habilidad en el puesto de trabajo y por mera liberalidad, con arreglo al Artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo". C. Decisiones de 1º Instancia. El Juzgado 8º Laboral de Santafé de Bogotá (en el caso de César Augusto Lozada), y el Juzgado 3º Laboral de esta ciudad (en el caso de José Ignacio Contreras) denegaron la tutela (sentencias de 9 y 8 de septiembre de 1994, respectivamente) por existir otro medio judicial: el proceso ordinario laboral. D. Decisiones de 2ª Instancia: La Sala Laboral del Tribunal de Santafé de Bogotá, con diferentes ponentes, confirmó las decisiones de primera instancia mediante fallos de 3 de octubre de 1994 para César Augusto Lozada y 7 de octubre del mismo año para José Ignacio Contreras.. En el caso de César Lozada, tres Magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Santafé de Bogotá esgrimieron estos argumentos: que el peticionario puede acudir al procedimiento ordinario laboral y que el trabajador pretende que se "revise, practique y controvierta pruebas y declare un hecho litigioso, más no el que proteja derechos fundamentales". (Subraya propia) En la tutela de José I. Contreras los otros tres Magistrados de la Sala Laboral fueron más allá: Sostienen  que el artículo 25 de la Constitución Política  no aparece dentro del listado  de normas  de aplicación inmediata  según el artículo 85 íbidem, luego, los trabajadores particulares deben regirse por el Código Sustantivo del Trabajo, cuyas garantías pueden hacerse más ventajosas por Convención o Pacto. Si el trabajador optó por Convención no puede invocar el Pacto Colectivo; y, de todas maneras, es a través de un proceso ordinario laboral donde "se controvierte la desigualdad". Estos criterios de las sentencias que se revisan obligan al estudio de los principios constitucionales entre ellos el principio de igualdad en materia salarial,  y la distinción que debe haber entre discriminación y trato diferente,  así la tutela no sea la vía adecuada para definir los casos concretos de Lozada y Contreras. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS A. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de las dos acciones de tutela acumuladas, con fundamento en los artículos 86 inciso 3º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dichas acciones hizo la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. B. Temas Jurídicos a tratar. Dos grandes temas surgen del problema planteado y de las decisiones que se revisan: el de la igualdad y el de la procedencia de la tutela. Para dilucidarlos es conveniente hacer razonamientos jurídicos que vayan agotando las diversas etapas que hay que cumplir para arribar a una solución equitativa, previas precisiones conceptuales. 1. EL DERECHO AL TRABAJO Y EL PRINCIPIO A LA IGUALDAD. El artículo 25 de la Constitución ordena: "El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas" La Corte, en reciente fallo de Sala Plena dijo: "Del texto transcrito deben destacarse, en esta sentencia, dos aspectos: el primero, la "especial protección" que el Estado debe otorgar al trabajador. ¿Protección para qué? Para que en relación con él se garanticen "los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". Principios entre los cuales cabe destacar el de la igualdad, ya examinado. Derechos, como el que tiene toda persona a un trabajo en condiciones dignas y justas. Y deberes, como el de la solidaridad social, en virtud del cual todos estamos obligados a promover el bienestar general, que en alguna forma contribuye al bienestar de cada uno. El segundo aspecto es el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. A este respecto, son pertinentes estos comentarios. El calificativo de dignas que se da a las condiciones del trabajo, hay que entenderlo como derivado de la dignidad propia del ser humano. Y si éste, en el plano jurídico, es igual a todos sus semejantes, no tiene sentido el que en abstracto las condiciones del trabajo, en particular su retribución, sean diferentes. Ello implicaría el que la dignidad misma fuera mensurable, al punto de afirmar que unas personas tienen más dignidad que otras. Pretensión inaceptable a la luz de las leyes que nos rigen. "1 La igualdad de oportunidades para los trabajadores, es, pues, un derecho  fundamental sustentado en los artículos 1º, 13, 25 y 53 de la C.P. En la sentencia citada la Corporación agregó: "Esta igualdad implica que el trabajador, en lo relativo a su retribución, depende de sus habilidades y de la labor que desempeña, y no de las condiciones o circunstancias de su patrono. Este es el fundamento de una de las máximas del derecho laboral: a trabajo igual, salario igual"2 2.- CONSTITUCIONALMENTE NO PUEDE HABER DISCRIMINACION Las personas nacen iguales ante la ley y no puede haber discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; esta enumeración hecha por el artículo 13 C.P., no es taxativa y, tratándose de aspectos relativos al trabajo, el artículo 53 ibidem reitera que debe haber "igualdad de oportunidades para los trabajadores". La Corte en sentencia C-071/93 dijo que este principio aplicable al trabajo "es una especie del principio genérico de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución". Es más, la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo  (O.I.T.), aprobada en 1919, expresamente consagra en el Preámbulo el "reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor" y el Convenio 111 de la OIT3 se refiere concretamente a la NO DISCRIMINACION en materia de "oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación" (art. 1), aclarándose que "los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional, y a la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones, como también las condiciones de trabajo" (ibidem). Por eso, al referirse al derecho al trabajo la sentencia C-71/92 indicó: "El principio constitucional de igualdad de los trabajadores está desarrollado por el Convenio Internacional del Trabajo número 111 -aprobado por Colombia mediante  la Ley 22 de 1967 y ratificado  en 1969-, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Dicho Convenio es pues en Colombia fuente de derecho de  aplicación  directa en virtud del artículo 53  de la Constitución  Política, al decir: "los Convenios Internacionales del Trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna", cuyo contenido es norma interpretativa de los derechos constitucionales en virtud del artículo 93 de la Carta Fundamental"4 El ex-contituyente Guillermo Guerrero Figueroa, y en el mismo sentido se expresa al mexicano Mario De la Cueva, incluyen dentro del calificativo CONDICIONES DE TRABAJO todos "los beneficios, cualquiera que sea su naturaleza que se concedan a un trabajador" los cuales "deben extenderse a quienes cumplan un trabajo igual, de ahí la acción llamada de nivelación de condiciones de trabajo"5 Es obvio que la discriminación salarial atenta contra la IGUALDAD  como derecho fundamental constitucionalmente protegido e inherente a la relación laboral. Lo cual implica, en principio, que habrá discriminación cuando ante situaciones iguales se da un trato jurídico diferente, por eso se proclama el principio A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL. 3. PUEDE HABER TRATOS  DIFERENTES QUE  NO SON DISCRIMINATORIOS. Antes que todo, hay, que decir que jurícamente no es lo mismo DISCRIMINACION que trato diferente. Este último es permitido en algunos casos, sin que implique violación a la igualdad. En una sentencia de la Corte Constitucional, donde se discutía la igualdad, y en la cual se escudan las peticiones de tutela que se estudian en el presente expediente, se aclaró que ante situaciones similares puede haber trato distinto. Dijo la Corporación: "La justificación del trato jurídico distinto de una situación jurídica equiparable, sólo es posible si se demuestra que ella resulta claramente de la finalidad perseguida por la norma que establece la distinción. En términos de la Corte Europea de Derechos Humanos, "No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas". En este orden de ideas, es necesario tener en consideración los objetivos de la norma que establece la distinción, "los cuales - continúa la Corte - no pueden apartarse de la justicia y de la razón, vale decir no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana"6 ... Las condiciones laborales, si bien no se encuentran enunciadas de manera explícita dentro de las razones objeto de discriminación del artículo 13, deben tener un tratamiento similar si se tiene en cuenta la especial protección constitucional de la calidad de trabajador. En consecuencia, si el trabajador aporta los indicios generales que suministren un fundamento razonable sobre la existencia de un trato discriminatorio, o que permitan configurar una presunción de comportamiento similar, le corresponde al empleador probar la justificación de dicho trato"7 Le corresponde entonces al Juzgador definir cuándo son iguales unas situaciones de hecho, y, si lo fueren, analizar si existe o no discriminación porque a pesar de haber un trato diferente frente a situaciones iguales, la diferenciación no constituirá discriminación si obedece a un fin constitucionalmente lícito y está motivada objetiva y razonablemente, caso en el cual no es factible afirmar que hay violación al derecho de igualdad. En la sentencia C-71/93 se aclaró este aspecto: "La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohibe la arbitrariedad. El operador jurídico, al aplicar la igualdad con un criterio objetivo, debe acudir  a la técnica del juicio de razonabilidad que, en palabras del tratadista italiano Mortati, "consiste en una obra de cotejo entre hipótesis normativas que requieren distintas operaciones lógicas, desde la individualización e interpretación de las hipótesis normativas mismas hasta la comparacion entre ellas, desde la interpretación de los contextos normativos que pueden repercutir, de un modo u otro, sobre su alcance real, hasta la búsqueda de las eventuales disposiciones constitucionales   que  especifiquen el principio de igualdad y su alcance.”8 "el elenco de los factores de discriminación tanto objetivos como subjetivos consagrados en el artículo 13 de la Constitución, corresponde a una lista enunciativa y no taxativa de los factores que históricamente se han considerado como discriminatorios. Como lo ha establecido el Tribunal Constitucional Italiano: "así, se superó la creencia inicial en el carácter taxativo del elenco de las discriminaciones impedidas expresamente por el artículo 3.1., comprendiéndose también cualquiera otras deducibles del texto de la Constitución, e invocándose así mismo las exigencias de la naturaleza misma de las cosas, la que puede en sí misma hacer imposible la aplicación del principio en virtud de obstáculos de orden natural, biológico o moral según la conciencia social dominante en la comunidad nacional".9 La Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre el derecho a la igualdad. Al efecto baste citar dos fallos. En el proceso N° SC-221/92 se afirmó: Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática3 . Y en la Sentencia T-422/92, por su parte, se dijo: Sin embargo el artículo 13 de la Constitución no prescribe siempre un trato igual para todos los sujetos de derecho, o destinatarios de las normas, siendo posible anudar a situaciones distintas -entre ellas rasgos o circunstancias personales- diferentes consecuencias jurídicas. El derecho es, al mismo tiempo, un factor de diferenciación y de igualación. Opera mediante definición de supuestos de hecho a los que se atribuyen consecuencias jurídicas (derechos, obligaciones, competencias, sanciones etc.). Pero, los criterios relevantes para establecer distinciones, no son indiferentes para el derecho. Aunque algunos están expresamente proscritos por la Constitución y otros son especialmente invocados para promover la igualdad sustancial y con ello el ideal de justicia contenido en el Preámbulo10 De conformidad con este par de citas, entonces, se colige lo siguiente: Primero, el derecho a la igualdad no significa igualitarismo ni igualdad matemática. Segundo, el derecho a la igualdad implica hacer diferencias allí donde se justifiquen. Tercero, se justifica hacer una diferencia cuando del análisis de la situación se desprende que ella es razonable. Cuarto, una diferencia entre presuntos iguales es razonable cuando existe un hecho relievante que amerite tal diferenciación. Y quinto, un hecho es relievante cuando, a juicio del operador jurídico, es de tal magnitud que rompe el igualitarismo formal para dar lugar a un trato desigual en aras de la igualdad material"11 . Y la sentencia T-525 de 1994 precisó: "Vale la pena anotar entonces, que el artículo 13 de la Constitución Nacional, no preceptúa siempre un trato igualitario para  todos los sujetos del derecho, permitiendo anudar a diferentes situaciones -entre ellas, rasgos o circunstancias personales- distintas consecuencias  jurídicas, que buscan a la igualdad material. Sobre  este particular, la Corte ha advertido que el derecho de igualdad no excluye dar un tratamiento diferente a sujetos colocados  en distintas situaciones de hecho, cuando exista motivo razonable que lo justifique”12 Con estos criterios jurisprudenciales será más ágil y equilibrado el desarrollo que se le viene dando al tema de la igualdad. 4. CUANDO PUEDE HABER DIFERENCIA SALARIAL TRATANDOSE DE UNA MISMA ACTIVIDAD LABORAL. Hay situaciones en las cuales puede ser diferente la remuneración para trabajadores que desempeñan un mismo puesto, o cargo, en el mismo lugar, con la misma intensidad horaria. Esto ocurre porque la remuneración es: "proporcional a la cantidad y calidad del trabajo" (artículo 53 de la Constitución del 91). Estos factores cuantitativos y cualitativos no contradicen el principio de la igualdad porque, como ya lo dijo la Corte en la sentencia C-71/93, no hay que confundir la igualdad con el igualitarismo y el derecho a la igualdad implica hacer diferencias donde éticamente se justifiquen. Luego, si OBJETIVAMENTE un trabajador produce MAS y MEJOR que sus compañeros es justo que la retribución sea mayor. El mismo Código Sustantivo del Trabajo (hoy artículo 14 de la Ley 50 de 1990) establece: "Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones." Viendo la evolución legal que en Colombia ha tenido el principio: a trabajo igual, salario igual, se tiene: -La Ley 10/34: Prohibió la diferencia de salario. Es decir, consagró el principio, sin establecer ningún sistema legal para hacerlo eficaz (se establecieron después sanciones administrativas por el incumplimineto). -La Ley 149/36: Señaló los casos en que podría haber diferencia de salarios (capacidad, antiguedad, experiencia, cargas familiares, rendimiento y en NINGUN caso: nacionalidad, sexo, edad, religión, opinión política o actividades sindicales); para el Tribunal Supremo del Trabajo esta norma SI llevaba incluida dentro de su sentido una VERDADERA acción a su favor, para obtener el pago de salarios que se hubieren dejado de pagar con base en aquellos factores que la ley entendía como insuficientes para establecer la diferencia. -La Ley 6º/45: Estableció que no podía haber diferencia de salarios por razones que no fueran basadas en la calidad y cantidad de trabajo y en otros factores que están intimamente vinculados con la prestación misma del servicio y con la organización de la empresa. -El Artículo 143 C.S.T.: Establece los factores que deben tenerse en cuenta para equiparar el salario, en donde lo principal es la eficacia del trabajo. Surge de esta enunciación la posibilidad de una acción para que los organismos jurisdiccionales coloquen al trabajador y su salario en la misma situación en que el principio legislativo los quiso colocar. Y al mismo tiempo surge como factible la perspectiva de salarios distintos siempre y cuando la diferenciación sea razonable (cantidad y calidad del trabajo, art. 53 C.P.), y sea objetiva y rigurosamente probada por el empleador. El tratadista español Alfredo Montoya Melgar dice al respecto: En cuanto compensación de un trabajo, la cuantía del salario ha de fijarse atendiendo a la calidad y cantidad de dicho trabajo, prohibiéndose las discriminaciones y tratos de favor basados en circunstancias personales, tales como sexo, origen, estado civil, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, etc. (art. 17.1 ET); específicamente, el art. 28 ET dispone, en la línea del art. 35.1 Const., que el empresario está obligado a "pagar por la prestación de un trabajo igual el  mismo salario, tanto por salario como por los complementos salariales, sin discriminación alguna por razón de sexo"; principio acogido en el Conv. de la OIT Nº 100, en la Carta Social Europea, en el Tratado de la C.E.E. (art. 119) y Directiva de 102. 197513 por otra parte, la legislación equipara los salarios de extranjeros y nacionales (art. 32 D. 1.119/1986, de 26.5). Pero, hay que ser muy cuidadosos en la calificación de la calidad y la cantidad del trabajo. Debe haber parámetros objetivos serios  para evaluación. Y, por otro aspecto, la búsqueda de eficiencia no puede llegar al extremo de destruir la vida privada del asalariado. 5. NO BASTA LA SIMPLE AFIRMACION PATRONAL DE QUE UNOS TRABAJADORES SON MAS EFICACES QUE OTROS. Cuando un trabajador considere que no se le ha dado un tratamiento igual, debe aportar el término de comparación que permita deducir el trato desigual. Y el patrono tiene  que demostrar que el trato diferente es razonable y objetivo y no limitarse a opinar que unos trabajadores son más eficaces que otros. La creación de dos grupos para aumentarles el salario de manera distinta, responde a cambios de estrategía ocurridos en los países desarrollados respecto a las relaciones obreros patronales y a métodos no muy claros pero frecuentes en nuestros países en vía de desarrollo, aunque en ambos casos la finalidad es aumentar las ganancias de las empresas. Dentro de esa perspectiva económica se han implantado: el concepto de producción "justo a tiempo" y en grupo; la relocalización de las empresas en países o regiones donde se pagan bajos sueldos; y la introducción de los llamados "sistemas dobles de remuneración salarial". Se busca con esto último recuperar la discrecionalidad empresarial para que sean las decisiones privadas las que se impongan en la relación laboral, demostrando la vulnerabilidad del Derecho Colectivo al quitarle en  la práctica la  seriedad a las negociaciones colectivas. Todo ello atenta contra los artículos 1º, 39, 55 y 334 de la C.P., como se demostrará luego y previa esta aclaración: Si el empleador desea dar una suma mayor al trabajador POR MERA LIBERALIDAD, esto es permitido por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, pero es un pago QUE NO CONSTITUYE SALARIO. Si esa mera liberalidad no es ocasional sino que se torna habitual para un grupo grande de trabajadores, se relaciona en la nómina dentro del sueldo básico y se califica por el empelador como AJUSTE SALARIAL, lógicamente deja de ser liberalidad y se transforma en un derecho subjetivo adquirido por el grupo de privilegiados y pasa a ser remuneración fija. La aparente generosidad en verdad responde a esa estructura económica denominada SISTEMA DOBLE DE REMUNERACION SALARIAL, según ya se indicó y , en el fondo es una forma de eludir la garantía del Art. 55 C.P.: Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señale la ley". Y es un desconocimiento del régimen de economía mixta que tiene en Colombia respaldo en el estado social de derecho (art. 1º C.P.) y de la intervención del Estado en la economía (art. 334). Esta Corte ha dicho sobre estos aspectos: “La Carta no se limita entonces, a regular la organización supra estructural del poder público. No. El constituyente recogió la tradición occidental de postguerra y con ella una nueva visión del derecho constitucional, de la  cual deben destacarse cuando al menos tres elementos esenciales. En primer lugar, el nuevo derecho constitucional diseña un marco económico ontologicamente cualificado, que parte del reconocimiento de la desigualdad social existente (art. 13), de la consagración de ciertos y determinados valores como la justicia y la paz social, principios como la igualdad y la solidaridad, y derechos y libertades civiles, sociales, económicos y culturales que conforman la razón de ser y los limites del quehacer estatal.  No se trata entonces de un texto neutro que permita la aplicación de cualquier modelo económico, pues las instancias de decisión política deben de una parte respetar los limites impuestos por el conjunto de derechos, y de otra operar conforme a los valores y principios rectores que la Carta consagra, así como procurar la plena realización de los derechos fundamentales. En segundo lugar, la Constitución dota al Estado de una serie de instrumentos de intervención en la esfera privada, en el mundo social y económico, con el fin de que a partir de la acción pública se corrijan los desequilibrios y desigualdades que la propia Carta reconoce y se pueda buscar, de manera real y efectiva, el fin ontológicamente cualificado que da sentido a todo el ordenamiento. En tercer lugar, la Carta otorga a los agentes sociales, individuales y colectivos, mayores instrumentos de gestión, fiscalización, control y decisión sobre la cosa pública. No se trata entonces, como ya lo ha manifestado esta Corporación, de un texto indiferente frente al comportamiento económico del Estado o de los particulares. Las reglas fundamentales introducidas por la Constitución se convierten, a la vez, en razón de ser y en límite de las acciones públicas y privadas... No caben, pues, en el sistema jurídico colombiano, proyectos o normas discriminatorias o que vulneren la igualdad de oportunidades, o tiendan a desproteger la libertad de empresa dentro del marco de una economía social de mercado, o a menoscabar el derecho al trabajo y los otros derechos fundamentales que, como ya lo ha dicho esta Corte, forman parte del orden público constitucional. " En conclusión, hay que buscar el equilibrio entre igualdad, la protección al trabajo y la libertad de empresa. Por eso, la natural aspiración de lograr una política salarial para la productividad no debe servir de disculpa para restringir la negociación colectiva, ni para golpear las organizaciones sindicales, ni mucho menos para deshumanizar el trabajo porque uno de los principios fundamentales de la Constitución del 91 es el respeto a la DIGNIDAD. 6. LA PRUEBA QUE JUSTIFIQUE LA DESTINCION DEBE SER APORTADA POR QUIEN DA EL TRATO DIFERENTE, NO POR EL PERJUDICADO. La carga de la prueba del trato distinto, corresponde al empleador. Es una inversión del ONUS PROBANDI, en cuanto quien alega la vulneración del principio de igualdad no está obligado a demostrar que es injustificada la diferenciación que lo perjudica, esto ha sido aceptado por la Corte Constitucional en la sentencia T- 230 de 1994, anteriormente transcrita y es reiteradamente acogido por el Tribunal Constitucional Español14 En nuestra normatividad constitucional, esta apreciación sobre la carga de la prueba tiene su asidero en el artículo 13 de la C.P. que establece la igualdad y prohibe la discriminación, sabio principio que es particularmente importante en el derecho laboral, por eso en cualquier contrato de trabajo, sea escrito o verbal va implícito el derecho fundamental que tienen todos los trabajadores a recibir trato jurídico igual para condiciones semejantes, salvo, como ya se dijo, que la diferenciación busque un fin constitucionalmente lícito, tenga respaldo razonable y esté objetivamente demostrado, en otras palabras: que la distinción no se convierta en discriminación. En conclusión. Quienes tienen la carga de probar la inexistencia de la desigualdad o la razonabilidad y objetividad del trato diferente son los  empleadores a quienes se les imputa la violación al principio de igualdad. El afectado con el real o presunto trato desigual sólo debe aportar el término de comparación. 7.  APLICACION INMEDIATA DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES CONSTITUCIONALES. El artículo 2º de la Constitución señala como uno de los fines esenciales del Estado: "Garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución" Esos principios corren por todo el cuerpo de la Ley de leyes, integrando, interpretando y criticando aún el mismo ordenamiento constitucional porque sus disposiciones deben ser leidas de acuerdo con esos PRINCIPIOS. Sólo así se acata en su integridad la supremacía  de la Constitución (art. 4º ibidem). Los principios mínimos fundamentos del trabajo del artículo 53 son VINCULANTES aún cuando no se haya dictado la ley que lo desarrolla. Es que los valores y principios que se encuentran en la Constitución son obligatorias  para el intérprete. Lo anterior implica que para interpretar una Constitución de principios y valores materiales, como la de 1991 hay que adoptar, de entre  los métodos interpretativos, el argumento axiológico -evaluación de valores- para concretar sus claúsulas abiertas. Por supuesto que no hay que confundir los principios constitucionales con los principios generales del derecho. Estos últimos sin criterios auxiliares de la actividad jurídica (art 230 C.P.), mientras que los primeros encuentran su sustento en la propia Carta Fundamental. Así lo ha dicho la Corte Constitucional: "El Preámbulo de la Constitución incorpora, mucho más allá de un simple mandato específico, los fines hacia los cuales tiende el ordenamiento jurídico; los principios que inspiraron al Constituyente para diseñar de una determinada manera la estructura fundamental del Estado; la motivación política de toda la normatividad; los valores que esa Constitución aspira a realizar y que trasciende la pura literalidad de sus artículos. El Preámbulo da sentido a los preceptos constitucionales y señala al Estado las metas hacia las cuales debe orientar su acción; el rumbo de las instituciones jurídicas"15 8. VIA PARA RECLAMAR LA IGUALDAD SALARIAL. Surge ahora esta inquietud: cuál será el camino judicial para enmendar la discriminación le ocasionada a quienes solicitaron el amparo en la presente acción de tutela?. Ha sostenido esta Sala de Revisión que los reajustes (salarial, pensional) corresponde hacerlos a la jurisdicción laboral, salvo que se trate de un perjuicio irremediable en cuyo caso la tutela opera como mecanismo transitorio. Pero, hasta ahora la jurisprudencia se había referido a las discrepancias que surgían al interpretarse una norma o a los casos de incumplimiento de la ley, o a las contradicciones que podrían aparecer entre dos disposiciones. En estas situaciones es obvio que la jurisdicción laboral es competente para decidir porque se trata de conflictos jurídicos típicos. Qué ocurrirá cuando no hay discusión sobre la aplicación de la norma sino que el problema surge porque el empleador automáticamente modifica, en favor de un grupo de trabajadores, una norma existente: LA CUANTIA DE UN AUMENTO SALARIAL, y, los integrantes del grupo desfavorecido, exigen que la modificación para unos sea modificación para todos. En otras palabras: la jurisdicción laboral es competente para definir un conflicto en el cual se exige la igualdad EN LA NORMA?. El artículo 2º del Código Procesal del Trabajo indica que “La jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo”. Uno de los elementos esenciales del contrato  de trabajo es el SALARIO como retribucción del servicio (art. 1º de la Ley 59/90). Y se dijo en esta sentencia que la igualdad y el derecho  a la no discriminación son inherentes al contrato de trabajo, aunque no haya en el contrato cláusula que expresamente lo diga. Luego,  las controversias sobre el principio  A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL corresponde juzgarlas a la jurisdicción ordinaria laboral, y, por vía  de tutela sólo cabría como mecanismo transitorio. En los casos  de José Contreras y César Augusto Lozada, ellos solicitaron la nivelación salarial sin explicitar ni probar el perjuicio irremediable, y, por el contrario, aduciendo una distinción salarial entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, lo cual no es rigurosamente cierto. Les asiste, entonces, razón  a los jueces de tutela para negarla por improcedente, aunque algunos de los razonamientos no son compartidos por esta Sala de Revisión como se ha explicitado en el texto de este fallo. Los petentes tienen  la vía ordinaria, ante los jueces laborales, para formular sus reclamaciones de A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL,  demostrando el término de comparación y correspondiendo al patrono probar que el trato desigual se justifica razonablemente. En mérito de lo expuesto, la Sala  Séptima de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitucón RESUELVE: PRIMERO.- CONFIRMAR las sentencias  del Juzgado Octavo Laboral de Santafé de  Bogotá , (9 de septiembre  de 1994) y Sala Laboral  del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá (3 de octubre de 1994)  dentro de la acción de tutela instaurada por César Augusto Lozada Latorre, pero,  por las razones expuestas  en el presente fallo. SEGUNDO.- CONFIRMAR las sentencias  del Juzgado Tercero Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá (7 de octubre de 1994) dentro de la acción de tutela instaurada por José Ignacio Contreras Ballén, pero por  las razones expuestas en el presente falllo. TERCERO.- Comuníquese a los petentes, al representante legal de la Caja de Compensación Familiar CAFAM. CUARTO.-  Envíesele copia a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, al Ministerio de Trabajo y al Defensor del Pueblo. Notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA. Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Sentencia C-51 16 de febrero de 1995, Ponente Dr. Jorge Arango Mejía 2 Ibidem 3 Aprobado mediante Ley  22/67 4 Ponente: Alejandro Martínez Caballero 5 Compendio de derecho laboral, T.I., p. 214, Guillermo Guerrero Figueroa. 6 CEDH. Sentencia del 23 de julio de 1968. P. 34. 7 Corte Constitucional Sentencia Nº T-230/94 mayo 3 de 1994, Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 8 PIZZORUSSO, Alexandro. Lecciones de Derecho Constitucional. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1.984. pág. 167. 9 Ibidem 3 Sentencia SC-221 de 1.992, de la Sala Plena de la Corte Constitucional. 10 Sentencia T-422 de la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional del 19 de junio de 1.992. Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz 11 C-71/93, Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero. 12 T-525 de 23 de noviembre de 1994, Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 13 Sobre la Directiva y Jurisprudencia. A. Montoya, J. Galiana y a. Sempere: Instituciones de Derecho Social Europeo, Madrid, 1988, págs. 20 y sigs. Cfr. también Ss. TJCE 4.2.88 (Caso Murphy) y 17.10.89 (caso  Danfoss). 14 Ver Sentencias 38/81, 103/83, 81/82. 15 Sentencia C-479/92, Magistrados ponentes Dr. José Gregorio Hernández y Dr. Alejandro Martínez Caballero

T-080-95 Sentencia No Sentencia No. T-080/95 COMPETENCIA DE TUTELA-Envío al Juez competente/JURISDICCION CONSTITUCIONAL/COMPETENCIA TERRITORIAL Si el juez de primera instancia, no es el competente, por no corresponder al del lugar donde ocurriere la vulneración de los derechos fundamentales, la Sala considera que el procedimiento a seguir es enviar la demanda y sus anexos al juez competente. Obviamente, previa notificación al interesado de que hará tal envío, pues si no se violaría el debido proceso al actor, quien carecería de las oportunidades procesales para actuar. El envío por parte del juez no competente al competente, se refiere al de cualquier lugar del país, pues los procesos de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional. En relación con la categoría del juez a dónde remitir el proceso, se conservará la misma donde fue presentada inicialmente, es decir, si el demandante instauró su acción ante un juez civil municipal, el juez enviará ante el civil municipal del lugar donde ocurrió presuntamente la vulneración. ACCION DE TUTELA-Informalidad Si bien el artículo 37 mencionado no hace referencia expresa a esta clase de situaciones, la Constitución y el decreto 2591 estipulan la informalidad de la que está revestida la tutela. Señalan que no se requiere actuar a través de apoderado, por lo cual no se podría exigir un conocimiento exacto de cuáles son los factores de competencia. COMPETENCIA DE TUTELA-Juez de Segunda instancia/NULIDAD SANEABLE Si es el juez de segunda instancia el que observa la carencia de competencia del de primera, la situación es diferente, pues se estará ante una de las nulidades procesales de que trata el artículo 140 del CPP, nulidad que puede ser saneada, excepto cuando se trate de falta de competencia funcional. Este procedimiento, de poner en conocimiento la falta de competencia, es el que debe seguir el ad quem cuando advierta que está en presencia de una nulidad, bien sea carencia de competencia, falta de notificación, etc. ACCION DE TUTELA PRESENTADA ANTE CORPORACIONES JUDICIALES NACIONALES/COMPETENCIA FUNCIONAL La acción de tutela presentada directamente ante la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura, en estos eventos, la correspondiente demanda y sus anexos se devuelven directamente al interesado sin ser posible la remisión, por tres razones principales: 1o. Como en innumerables ocasiones se ha señalado, los mencionados órganos no pueden conocer de la acción de tutela directamente, pues se rompe la posibilidad de la segunda instancia. Posibilidad que está prevista en la propia Constitución, en la norma que estableció la tutela, artículo 86, inciso 2o. 2o. Se está en presencia de falta de competencia funcional, la cual, a la luz de lo dispuesto en las normas procesales,  no es sanable. Las altas corporaciones al estar todas excluídas del conocimiento de las tutelas presentadas directamente ante ellas, no podrían determinar ante cuál juez o tribunal quiere el interesado presentar su acción, y no les corresponde atribuirse tal decisión, la cual sólo compete al demandante. En los casos de instaurarse directamente la tutela ante las corporaciones mencionadas, lo procedente es la devolución de la demanda y sus anexos al interesado, dejándolo en libertad de presentar su acción ante cualquiera de los jueces o tribunales del lugar donde ocurrió la vulneración. REF: PROCESO T- 49.928. DEMANDANTE: EUGENIO JORDAN CAYETANO contra INDERENA, SUCURSAL LETICIA, AMAZONAS. PROCEDENCIA: JUZGADO CIVIL DE CIRCUITO DE LETICIA. MAGISTRADO PONENTE: JORGE ARANGO MEJIA. Aprobada en sesión de la Sala Primera de Revisión, celebrada en la ciudad de Santafé de Bogotá, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre la providencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Leticia en el proceso promovido por EUGENIO JORDAN CAYETANO. El expediente llegó a la Corte Constitucional, por remisión que hizo el Juzgado, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección Número Once de la Corte, el 4 de noviembre de 1994, eligió, para su revisión, el expediente de la referencia y resolvió que se acumulara con el T- 49.787 "si a bien lo considera la Sala de Revisión correspondiente." Una vez estudiados los expedientes, la Sala de Revisión estimó la necesidad de desacumular los procesos, pues si bien los asuntos se relacionan con el tema de la competencia del juez de tutela, en un caso, la providencia a revisar corresponde a un auto, y, en el segundo, a una sentencia. Por consiguiente, la Sala proferirá dos providencias independientes, aunque basadas en las mismas consideraciones. I.       ANTECEDENTES. Hechos. En la presente providencia sólo se hará un sucinto relato de los hechos, pues el asunto a estudiar se relaciona con la competencia por parte del juez de tutela. El actor presentó demanda de tutela ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Nariño, departamento del Amazonas, contra dos funcionarios del INDERENA, Regional Amazónica, por considerar que al haberle sido decomisada por la policía, en la ciudad de Leticia, una madera que había sacado del "lado del Perú del sitio denominado El Tigre, frente a Atacuari", dichos funcionarios violaron sus derechos fundamentales. No señala cuales. El Juzgado Promiscuo de Puerto Nariño solicitó y recaudó múltiples pruebas. En sentencia del 1o. de agosto de 1994 concedió la tutela, por considerar que al actor se le violó el derecho fundamental al debido proceso, en el proceso administrativo adelantado por el Inderena. Impugnada esta decisión por parte de la Gerente del Inderena, con el argumento de la falta de competencia del Juzgado de Puerto Nariño, el Juzgado Civil del Circuito de Leticia, en sentencia del 26 de septiembre de 1994, revocó el fallo del a quo, por la misma razón, pues fue en la ciudad de Leticia donde se produjo el acto u omisión que se pretendía tutelar. En consecuencia, el ad quem señaló que el actor puede volver a presentar su demanda ante cualquiera de los jueces de Leticia. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Primera.-   Competencia. La Corte Constitucional es competente en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución. Segunda.-  La materia. En el caso objeto de este análisis, el juez de segunda instancia decidió que la falta de competencia del de primera para tramitar la tutela ante él  interpuesta, la hacía improcedente. El Juzgado, mediante sentencia, revocó la sentencia del  a quo, y dejó en libertad al actor para presentar su demanda ante cualquiera de los jueces donde ocurrieron los hechos. De acuerdo con lo anterior, los temas objeto de análisis son: a) Exequibilidad del artículo 37 del decreto 2591 de 1991. b) El juez que se considere incompetente, ¿debe remitir la demanda al  juez que tiene la competencia o devolver los documentos al interesado? c) El procedimiento a seguir por parte del juez de segunda instancia cuando observe la falta de competencia del de primera. Veamos cada uno de estos temas. a) Exequibilidad del artículo 37 del decreto 2591 de 1991. El artículo 37, en lo pertinente, dice: "Artículo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que motivaren la presentación de la solicitud." (se resalta ). La Corte Constitucional, en sentencia C-54, de 18 de febrero de 1993, declaró exequible el artículo 37, en lo que hace referencia a que el conocimiento de las acciones de tutela corresponde al juez del lugar donde se produjo la vulneración o amenaza del derecho fundamental. La declaración de exequibilidad se hizo sin reserva ninguna, y después de examinar el contenido de la norma acusada. En el presente expediente, se observa que, efectivamente, la demanda de tutela se presentó en lugar diferente a donde ocurrieron los hechos que presuntamente constituyen la violación o amenaza de derechos fundamentales, pues, la acción se dirigió contra actuaciones ocurridas en la ciudad de Leticia y la demanda de  tutela fue presentada en la población de Puerto Nariño, Amazonas. Por consiguiente, el ad quem acertó en señalar la falta de competencia del juez de primera instancia. Esto nos lleva a los siguientes puntos. b) El juez que se considere incompetente, ¿debe remitir la demanda al juez que tiene la competencia o devolver los documentos al interesado? En primer lugar, la Sala advierte que son situaciones distintas, en relación con la competencia, en las que se puede encontrar el juez de primera o de segunda instancia. En la primera hipótesis, si el juez de primera instancia, no es el competente, por no corresponder al del lugar donde ocurriere la vulneración de los derechos fundamentales, la Sala considera que el procedimiento a seguir es enviar la demanda y sus anexos al juez competente. Obviamente, previa notificación al interesado de que hará tal envío, pues si no se violaría el debido proceso al actor, quien carecería de las oportunidades procesales para actuar. ¿Cuál es la base legal de este envío al juez competente? En primer lugar, si bien el artículo 37 mencionado no hace referencia expresa a esta clase de situaciones, la Constitución y el decreto 2591 estipulan la informalidad de la que está revestida la tutela. Señalan que no se requiere actuar a través de apoderado, por lo cual no se podría exigir un conocimiento exacto de cuáles son los factores de competencia. Además, el propio artículo 10 del decreto establece que la tutela puede presentarse en forma verbal, y que ni siquiera es necesario citar la norma constitucional infringida, siempre y cuando el juez pueda determinarla. Entonces, si la propia base de la tutela, es decir, determinar la norma constitucional infringida y por ende el derecho fundamental a proteger, puede ser deducida por el juez y continuar con el proceso de tutela, con mayor razón el juez puede enviar la demanda y sus anexos al competente, pues en últimas, lo que se pretende es la protección efectiva de los derechos fundamentales. Además, esta actividad no es extraña al proceso ordinario, en materia civil. El artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el decreto 2282 de 1989, artículo 1o., numeral 37, en lo pertinente, dice: "Inadmisibilidad y rechazo de plano de la demanda. El juez declarará inadmisible la demanda: ". . . "Si el rechazo se debe a falta de competencia, el juez la enviará con sus anexos al que considere competente dentro de la misma jurisdicción . . ." (se resalta) A lo anterior hay que agregar que el envío por parte del juez no competente al competente, se refiere al de cualquier lugar del país, pues los procesos de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional. Sobre este punto, vale recordar lo dicho por la Sala Plena de esta Corte Constitucional, en auto número 16 de 1o. de septiembre de 1994, "Ello, en sentir de la Sala, significa que en esta materia [asuntos de tutela], todos los jueces, como eventuales inferiores jerárquicos de la Corte Constitucional, también hacen parte de la jurisdicción constitucional orgánica y funcionalmente."; y que, en relación con la categoría del juez a dónde remitir el proceso, se conservará la misma donde fue presentada inicialmente, es decir, si el demandante instauró su acción ante un juez civil municipal, el juez enviará ante el civil municipal del lugar donde ocurrió presuntamente la vulneración. No sobra advertir, que la Corte ha revisado algunas sentencias en las que ha existido el envío por parte del juez no competente al competente, y aunque se ha referido al tema sólo en forma tangencial, no ha objetado este procedimiento. Sin embargo, en algunas providencias no ha objetado la devolución de documentos al interesado. Veamos algunas sentencias que se han pronunciado sobre el tema. - La sentencia T- 591, de 4 de diciembre de 1992, dice en lo pertinente: "Debida Interpretación del Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. "Aunque según la Carta, todos los jueces tienen jurisdicción para conocer sobre acciones de tutela, el legislador -que en esta materia lo fue el Ejecutivo, en desarrollo de las facultades conferidas por el artículo transitorio 5 de la Constitución, a través del Decreto 2591 de 1991- ha identificado los criterios con arreglo a los cuales se define la competencia para fallar acerca de aquellas en casos específicos. "Cuando el artículo 86 de la Carta dispone que los jueces, en todo momento y lugar están llamados a conocer de esta acción, entiende la Corte que ha sido la ley, vale decir el Decreto ibídem, la que ha señalado el sentido que debe darse al mencionado precepto, especialmente al establecer el ámbito estricto que debe reconocer y respetar todo juez de la República para admitir, tramitar y fallar solicitudes de tutela. "Es así como el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 señala como competente para conocer de la acción de tutela, en primera instancia a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. "En el presente asunto, encuentra la Corte Constitucional que la acción está encaminada a la protección de unos derechos fundamentales que a juicio del peticionario, fueron vulnerados o amenazados por una presunta omisión del Consejo de Estado, cuya sede natural es la ciudad de Santafé de Bogotá. "Considera esta Corporación conforme a lo dispuesto en la norma citada, que se debe presentar la demanda de tutela "en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que motivaren la presentación de la solicitud", es decir, en la ciudad de Bogotá, pues fue allí donde se expidió el acto administrativo que aplazó el nombramiento del funcionario en propiedad, y no como consideró erróneamente el actor, donde tiene su domicilio y ejercía sus funciones como Magistrado del Tribunal Administrativo de Norte de Santander al momento de la expedición del citado acto. "Por lo anterior, se debe concluir que la competencia territorial para conocer en primera instancia de la solicitud formulada por el peticionario radicaba en un juez o tribunal con jurisdicción en la ciudad de Bogotá, pues fue allí donde se produjo el acto u omisión que se pretende tutelar. " (Magistrado ponente Jaime Sanín Greiffenstein) - La sentencia T- 162, de 26 de abril de 1993 dice, en lo pertinente: "De acuerdo con los antecedentes que dieron origen a la acción de tutela se puede establecer que los hechos generadores tuvieron ocasión en la ciudad capital, Santafé de Bogotá, D.C., donde el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca no tiene competencia territorial. "Precisamente en el fallo que resolvió sobre las pretensiones del accionante, el Magistrado doctor Julio Gilberto Lancheros Lancheros presentó salvamento de voto por considerar que el Tribunal del que hace parte no era el competente para conocer de fondo sobre la solicitud de tutela, por carecer de competencia conforme al Decreto 2591 de 1991 artículo 37 (folios 167 a 170 del expediente de tutela), donde además expuso: ".... 3o. Esta Corporación, en Sala de Decisión en la que ha sido ponente el suscrito Magistrado, en casos similares al presente, por idénticos motivos, ha ordenado que sean remitidos a otra Colegiatura, habida consideración de que, según lo estatuído en el Decreto 2270 de octubre 7 de 1989, el Tribunal de Cundinamarca no obstante tener su sede en ésta ciudad capital, carece de jurisdicción en la misma ....". "Argumentos que son de total recibo para esta Sala de Revisión, pues aunque la acción de tutela está revestida de una alta dosis de informalidad, no es posible tampoco desatender el mandato legal que fija la competencia de la autoridad que vaya a decidir la acción, ya que esta facultad no es de naturaleza omnímoda, sino que se encuentra precisamente delimitada en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991." (Magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz) En conclusión, por las razones jurídicas anotadas y por las sentencias transcritas, el procedimiento acertado por parte del juez que estime que no es competente para tramitar la acción de tutela, es enviar la demanda y sus anexos al que considere competente, de cualquier lugar del país, respetando la jerarquía del juzgado donde se presentó inicialmente y poniendo en conocimiento del actor sobre tal hecho. c) El procedimiento a seguir por parte del juez de segunda instancia cuando observe la falta de competencia del de primera. Pero si es el juez de segunda instancia el que observa la carencia de competencia del de primera, la situación es diferente, pues se estará ante una de las nulidades procesales de que trata el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, nulidad que puede ser saneada, excepto cuando se trate de falta de competencia funcional, asunto que se tratará más adelante. De acuerdo con el artículo 145, del Código citado, "En cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades insanables que observe. Si la nulidad fuere saneable ordenará ponerla en conocimiento de la parte afectada por auto que se notificará como se indica en los numerales 1o. y 2o. del artículo 320. Si dentro de los tres días siguientes al de notificación dicha parte no alega la nulidad, ésta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario, el juez la declarará." (se resalta) Es decir, este procedimiento, poner en conocimiento la falta de competencia, es el que debe seguir el ad quem cuando advierta que está en presencia de una nulidad, bien sea carencia de competencia, falta de notificación, etc. Además, es la forma como la Corte Constitucional ha procedido en  casos semejantes, al advertir que en las sentencias objeto de revisión, se presenta alguna de las nulidades procesales, especialmente cuando no se ha realizado la notificación a la parte contra quien se presentó la tutela.  Ejemplos de ello son los autos de 15 de junio de 1994, en el expediente T- 31.880; el de 29 de noviembre de 1994, en el expediente T- 43.958, etc. Diferente es la situación de la acción de tutela presentada directamente ante la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura, pues, en estos eventos, la correspondiente demanda y sus anexos se devuelven directamente al interesado sin ser posible la remisión, por tres razones principales: 1o. Como en innumerables ocasiones se ha señalado, los mencionados órganos no pueden conocer de la acción de tutela directamente, pues se rompe la posibilidad de la segunda instancia. Posibilidad que está prevista en la propia Constitución, en la norma que estableció la tutela, artículo 86, inciso 2o. 2o. Se está en presencia de falta de competencia funcional, la cual, a la luz de lo dispuesto en las normas procesales,  no es sanable. Algunos tratadistas explican este factor así: "El funcional se deriva de la clase especial de funciones que desempeña un juez en un proceso; según la instancia o la casación y revisión, y su conocimiento se halla distribuido entre varios jueces de distinta categoría. Así, tenemos jueces de primera y segunda instancia, y competencia especial para los recursos de casación y revisión . . . El juez de primera instancia es "a quo" o hasta cierto momento; el de segunda "ad quem" o desde cierto momento en adelante (desde cuando finaliza la primera instancia). Este factor corresponde a un criterio de distribución vertical de competencia." (Compendio de Derecho Procesal, Hernando Dévis Echandía, Tomo I, Teoría General del Proceso, segunda edición, 1972, página 109) 3o. Las altas corporaciones al estar todas excluídas del conocimiento de las tutelas presentadas directamente ante ellas, no podrían determinar ante cuál juez o tribunal quiere el interesado presentar su acción, y no les corresponde atribuirse tal decisión, la cual sólo compete al demandante. Por lo anterior, en los casos de instaurarse directamente la tutela ante las corporaciones mencionadas, lo procedente es la devolución de la demanda y sus anexos al interesado, dejándolo en libertad de presentar su acción ante cualquiera de los jueces o tribunales del lugar donde ocurrió la vulneración. No sobra advertir que todas las remisiones al proceso ordinario, en lo no previsto en el proceso de tutela, obedecen precisamente a que en esta acción se debe respetar el debido proceso, pues de lo contrario se vulneraría un derecho fundamental. Tercera.-    Conclusiones en relación con la competencia. De conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia, se pueden tener como conclusiones las siguientes: - El artículo 37 del decreto 2591 de 1991, en cuanto la competencia del juez donde ocurrió la vulneración o amenaza del derecho fundamental, fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en sentencia No. 54 de 1993. - El juez que estime que no es competente para conocer de la acción de tutela, debe enviar la demanda y sus anexos al que considere competente, de cualquier lugar del país, respetando la jerarquía del juzgado donde se presentó inicialmente, e informando de ello al demandante. - Si es el juez de segunda instancia el que observa la falta de competencia del de primera, debe proceder de conformidad con lo establecido por el procedimiento civil para procurar sanear la nulidad. - Si la acción de tutela se presenta directamente ante la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado o Consejo Superior de la Judicatura, la correspondiente demanda y sus anexos se devuelven directamente al interesado, por las razones expuestas en esta providencia. Cuarta.-     El caso concreto. El ad quem, en este proceso, decidió revocar el fallo impugnado, y dejar en libertad al actor de presentar la acción de tutela ante los cualquiera de los jueces de Leticia, sitio donde ocurrieron los hechos. Como para el momento de esta revisión por parte de la Corte, no es posible conocer si el actor presentó una nueva tutela, sólo para no entorpecer tal posible proceso, que pudo ya haber terminado, esta Sala confirmará lo dispuesto por el Juzgado Civil del Circuito de Leticia, en cuanto a la libertad del actor en presentar una nueva tutela. III.    DECISION En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO: Sólo por las razones expuestas en esta sentencia, y únicamente en cuanto a dejar en libertad al interesado de presentar una nueva tutela, CONFIRMASE la sentencia de fecha 27 de septiembre de 1994, del Juzgado Civil del Circuito de Leticia, en la cual es demandante el señor Eugenio Jordán Cayetano. SEGUNDO: COMUNIQUESE la presente providencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. También envíese copia de esta sentencia al Juzgado Civil del Circuito de Leticia. Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-081-95 Sentencia No Sentencia No. T-081/95 PERSONAL DOCENTE-Discriminación/POSESION DEL CARGO En el presente caso hubo trato discriminatorio con respecto a la demandante, porque su nombramiento fue comunicado en una fecha que resulta desproporcionada con respecto a las fechas en que se les notició del nombramiento a los demás docentes designados, con el agravante de que se le informó acerca de su designación cuando ya se le había dado posesión a los otros docentes. ACCION DE TUTELA-Hecho superado La situación a que dio origen la tutela se encuentra superada, pues incluso antes de que el Juzgado Promiscuo Municipal de Tadó fallara, se cumplió con el hecho de dar posesión a la petente; por consiguiente, la acción de tutela ha perdido su objetivo y en tal virtud resultaría ineficaz, en razón de que las omisiones de la autoridad pública cuestionada han sido corregidas de manera favorable a aquella y obviamente no tendría sentido conceder la tutela para impartir la orden de que se produzca un hecho que ya sucedió. REF. EXPEDIENTE T - 50122. TEMA: Violación del derecho a la igualdad por la demora en efectuar la posesión de un funcionario. PETICIONARIO: KETTY DIGNER PEREA PEREA. PROCEDENCIA: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TADO (CHOCO). MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO BARRERA CARBONELL. Santafé de Bogotá D. C., marzo 1 de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ y CARLOS GAVIRIA DIAZ, procede a dictar el fallo correspondiente a la acción de tutela instaurada por KETTY DIGNER PEREA PEREA, contra el señor Alcalde Municipal de Tadó (Chocó). I. ANTECEDENTES. 1. La pretensión y los hechos. La señor Ketty Digner Perea Perea promovió acción de tutela ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Tadó contra la Alcaldía Municipal, invocando la violación del derecho fundamental al trabajo, debido a la renuencia de la alcaldía en darle posesión del cargo de docente en la escuela urbana de Tadó. Relata la peticionaria que mediante el oficio No. 63 del 29 de marzo de 1994 se le comunicó que por decreto No. 0202 del día 10 del mismo mes, había sido nombrada como docente de la Escuela Urbana de Tadó, correspondiente al grado 01 del escalafón nacional, y que en forma maliciosa la Alcaldía demoró la comunicación del nombramiento. Dice haberse presentado a posesionarse el 17 del mes de marzo  de 1994, pero ello no fue posible, y que en el mencionado decreto 0202 aparecen 3 maestros que junto con ella fueron nombrados y que se posesionaron oportunamente, y en cambio a ella se le ha negado ese derecho. 2. El fallo que se revisa. El Juzgado Promiscuo Municipal de Tadó mediante sentencia del 21 de abril de 1994 negó la tutela del derecho invocado, por las siguientes razones: "El despacho mediante las pruebas arrumadas pudo verificar lo siguiente: Que mediante oficio de fecha 29 de marzo del presente año, distinguido con el número 63 se le comunicó a Ketty Perea Perea, el nombramiento que se le había hecho y por lo tanto debía tomar posesión del cargo, oficio éste que fue entregado a la interesada el día ocho (8) del mes y año que discurren y en esa misma fecha la interesada aportó toda su documentación, la cual fue allegada al despacho en fotocopia para que obre como prueba en este proceso referencial y sumario; ante solicitud que se le hiciera al señor Alcalde, el cual también nos aportó copia del acta de posesión de la señorita Ketty Digner Perea Perea, de fecha ocho (8) de abril del año que discurre, la cual se encuentra firmada por Ovidio Murillo Córdoba en calidad de Alcalde Municipal y Luis Antonio Mosquera Agualimpia, como Secretario de Educación Municipal, faltando la firma de la interesada". "Con esto queda demostrado con claridad meridiana, que la Administración Municipal no ha incurrido en hecho o acto alguno que nos permita siquiera inferir que ha violado el derecho fundamental de igualdad que tiene Ketty Perea Perea, como lo estipula la Constitución Nacional en el artículo 13. Lo que sí es sabido y que es de público conocimiento es que a la interesada el día 11 en las horas de la tarde le sobrevino una calamidad doméstica, como fue el fallecimiento de su querida madre y debido a esto no pudo haber acudido a la Administración para tomar posesión como se le había hecho saber en días anteriores". II CONSIDERACIONES DE LA CORTE. 1. Competencia. La Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Tadó, en virtud de lo dispuesto por los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en concordancia con los arts. 33, 34 y 35 del Decreto-Ley 2591 de 1991. 2. El caso en análisis. Del examen de los antecedentes se deduce que lo pretendido por la demandante Ketty Digner Perea Perea es la protección de los derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad, pues no obstante que la Gobernación del Departamento la nombró docente a través del mismo decreto mediante el cual se hizo igual nombramiento a Jaison Alicia Lemus Rosero, Lucelly Ramírez Perea y Libardo Natan Murillo, sólo conoció la existencia de dicha designación 19 días después, porque el decreto es de fecha 10 de marzo de 1994 y la comunicación de su nombramiento es de fecha 29 de marzo del mismo año; además de que a los otros docentes se les dio posesión del cargo con la debida prontitud y a ella se le ha dado un trato discriminatorio al no habérsele dado posesión de su cargo oportunamente. Según el decreto No. 0202 del 10 de marzo de 1994, expedido por el señor Gobernador del Chocó, fueron nombrados como docentes las siguientes personas: "JAISON ALICIA LEMUS ROSERO, identificada con la C.C. N° 26.391.878, de Tadó Chocó, Grado 01 en el Escalafón Nacional, para desempeñar el cargo de docente en la Escuela Rural Mixta de Playa de Oro". "LUCELLY RAMIREZ PEREA, identificada con la C.C. N° 35.586.010 de Tadó Chocó, Grado 01 en el Escalafón Nacional, para desempeñar el cargo de docente en la Escuela Rural Mixta de las Animas". "KETTY DIGNER PEREA, identificada con la C.C. N° 35.586.422 de Tadó Chocó, Grado 01 en el Escalafón Nacional, para desempeñar el cargo de docente en la Escuela Urbana de Tadó". "LIBARDO NATAN MURILLO QUINTO, identificado con la C.C. N° 4.863.995 de Tadó Choco, Grado 01 en el Escalafón Nacional, para desempeñar el cargo de docente en la Escuela Rural de Varones de Cértegui". Conforme al artículo segundo del referido decreto los docentes nombrados debían tomar posesión del respectivo cargo ante el alcalde municipal de Tadó, previa acreditación de los requisitos legales. Según información suministrada por el Alcalde y el Secretario de Educación del Municipio de Tadó, los referidos nombramientos y posesiones se comunicaron y realizaron en las siguientes fechas: A Jaison Alicia Lemos Rosero se le comunicó el nombramiento por oficio del 21 de marzo y se posesionó el día 25 de marzo de 1994. A Lucelly Ramírez Perea se le comunicó el nombramiento por oficio del 21 de marzo y se posesionó el día 25 de marzo de 1994. A Libardo Natan Murillo Quinto se la comunicó el nombramiento por oficio del 23 de marzo y se posesionó el día 25 de marzo de 1995. A Ketty Digner Perea Perea se le comunicó el nombramiento por oficio del 29 de marzo y se posesiono el día 9 de abril de 1994. La vulneración del derecho a la igualdad: Considera la Sala que en el presente caso hubo trato discriminatorio con respecto a la demandante, porque su nombramiento fue comunicado en una fecha que resulta desproporcionada con respecto a las fechas en que se les notició del nombramiento a los demás docentes designados, con el agravante de que se le informó acerca de su designación cuando ya se le había dado posesión a los otros docentes a que hace alusión el decreto No. 0202. La Sala decretó algunas pruebas tendientes a obtener una explicación clara y razonable del señor Alcalde de Tadó sobre la situación descrita, con el resultado de que no se obtuvo una respuesta convincente y justificativa del trato diferenciado dado a la peticionaria de la tutela. Cesación o superación de la situación que dio origen a la tutela. La demandante en diligencia de ratificación de su petición de tutela manifestó que en razón a una calamidad doméstica no se pudo posesionar en la fecha para la cual había sido citada por el Secretario de Educación de Tadó; sin embargo, en el expediente obra el acta de su posesión con fecha de 9 de abril de 1994, la cual aparece firmada tanto por ella, como por el Alcalde y el Secretario de Educación del municipio. Conforme a lo anterior, deduce la Sala que en el caso que la ocupa, la situación a que dio origen la tutela se encuentra superada, pues incluso antes de que el Juzgado Promiscuo Municipal de Tadó fallara, se cumplió con el hecho de dar posesión a la petente; por consiguiente, la acción de tutela ha perdido su objetivo y en tal virtud resultaría ineficaz, en razón de que las omisiones de la autoridad pública cuestionada han sido corregidas de manera favorable a aquella y obviamente no tendría sentido conceder la tutela para impartir la orden de que se produzca un hecho que ya sucedió. Así las cosas, se confirmará, aun cuando por razones diferentes, el fallo que se revisa y se prevendrá al señor Alcalde Municipal de Tadó para que en ningún caso vuelva a incurrir en las omisiones que dieron origen a la petición de tutela, y que si procediere de modo contrario, será objeto de las sanciones correspondientes. III. DECISION. Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia Juzgado Promiscuo Municipal de Tadó (Chocó) del 21 de abril de 1995. SEGUNDO. PREVENIR al señor Alcalde Municipal de Tadó (Chocó) para que en lo sucesivo no vuelva a incurrir en la omisión que dio mérito para promover la acción de tutela, y que si procediere de modo contrario será sancionado de conformidad al decreto 2591 de 1991. TERCERO. ORDENAR que por Secretaría General se comunique esta providencia en la forma y para los efectos previstos en el art. 36 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado Ponente. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado. MARTHA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General. Firmas sentencia T- 081/95

T-090-95 Sentencia No Sentencia No. T-090/95 DERECHO A LA EDUCACION-Vulneración por falta del registro civil/DIPLOMA DE BACHILLER-Expedición El derecho a la educación es un derecho esencial de la persona humana, susceptible de ser amparado mediante la acción de tutela. De manera particular, la oportunidad de acceso a los medios educativos en condiciones de igualdad, se considera como una de las manifestaciones principales del derecho a la educación, en un Estado donde tales medios son limitados. Al negarle a la demandante la entrega de su diploma, se viola su derecho a la educación pues este derecho implica, no sólo el acceso y la permanencia en un centro educativo, sino el reconocimiento al esfuerzo y a la culminación de una etapa, durante la cual se preparó con la intención de ser una persona más útil a la sociedad. Tal reconocimiento se materializa en la expedición del diploma correspondiente, y resulta por demás injusto, negárselo. DERECHO AL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO CIVIL-Vulneración/DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA-Vulneración/HIJO EXTRAMATRIMONIAL-Reconocimiento En el caso objeto de estudio se viola el derecho de la demandante al reconocimiento de su estado civil y, en consecuencia, al de su personalidad jurídica, en la medida en que no se le otorga validez alguna al acta del registro civil en la que su padre la reconoció como hija extramatrimonial. Adicionalmente, se le violó a la petente su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica desde el momento en que en su registro civil se anotó la advertencia de ser este "inexistente". Si el registro civil de una persona carece absolutamente de validez, entonces, para todos los eventos de especial relevancia, en los que aquél sea exigible como única prueba de las condiciones civiles, la persona carecerá del estado civil que conforme a la ley le corresponde. DERECHO AL NOMBRE El ser humano tiene la necesidad vital de distinguirse de los demás, y de identificarse en sus relaciones sociales y jurídicas. Ello se logra mediante el empleo del nombre, que constituye un atributo esencial a la personalidad. Con el argumento de que el acta en la que su padre la reconoce como hija extramatrimonial carece de la firma del funcionario competente, las autoridades administrativas le están negando su derecho a llevar el apellido de su padre e identificarse por su nombre completo. En síntesis, se le está negando su derecho al nombre, como elemento esencial de la personalidad jurídica. AUTORIDAD ADMINISTRATIVA-Omisión/ALCALDE-Omisión/ERROR COMUN El error de los alcaldes constituye una omisión de la administración, de la cual no pueden derivar perjuicio los particulares que se vieron afectados con ella. Con mucha menor razón sería posible trasladarle al particular las consecuencias de la omisión de sus propios agentes, tal como se ha pretendido hacer con la peticionaria en el presente caso. La violación de los derechos fundamentales de la accionante, fue causada por la omisión de las autoridades, tanto de la Alcaldía que tramitó erróneamente el registro en 1985, como de la registraduría que ahora omite subsanar la falta. La tutela constituye, en casos como éste, el mecanismo idóneo para restablecer los derechos fundamentales vulnerados. FALLA DEL SERVICIO DE REGISTRO En el caso planteado, a pesar de que el vicio de forma del registro es enteramente atribuíble a la administración, se pretende que sea la accionante quien efectúe el trámite necesario para obtener nuevamente su registro civil.  ¿Y cuál es ese trámite al que debería acudir y que, según el registrador accionado y el juez de instancia, constituye un medio de defensa que, por ser paralelo a la acción de tutela, la torna improcedente?  Pues bien; según estas autoridades, la peticionaria debe -llegando casi al absurdo- iniciar un juicio de filiación natural, o acudir a su padre, cuyo paradero desconoce, para que nuevamente la reconozca como hija extramatrimonial. ERROR COMUN CREADOR DE DERECHO/IGNORANCIA DE LA LEY-Alcance El principio general según el cual el error común e invencible crea derecho, constituye uno de los casos, excepcionales dentro de nuestro ordenamiento, en los que se admite que de la creencia errónea y de buena fe sobre la legalidad de un acto, se puedan derivar consecuencias jurídicas avaladas por el propio ordenamiento. La ficción de que nadie ignora la ley, no tiene alcance absoluto, ni siquiera en derecho privado. Si en ocasiones se le reconoce relevancia a una situación que en apariencia armoniza con el derecho aunque en realidad lo contraviene, derivada de un error particular (como en el caso del matrimonio putativo), el error colectivo o común genera efectos aún más significativos, pues puede convalidar situaciones generales que en principio son contrarias al ordenamiento. Tal es el caso del error comunis, reconocido desde el derecho romano como fuente generadora de derechos. La jurisprudencia ha delimitado el alcance de este principio exigiendo, para su aplicabilidad, que el error sea "invencible", queriendo significar con ello que, además de ser común a muchos, hasta el más prudente de los hombres habría podido cometerlo. Considera la Sala, que el principio del error común es aplicable a la peticionaria y a todas las personas que, de buena fe, efectuaron diligencias de registro ante un funcionario aparentemente competente, creyendo erradamente que con el trámite efectuado habían quedado válidamente inscritas. Con mayor razón es aplicable este principio, si se tiene en cuenta que fue la falla de la administración la que indujo a error a tales personas, al designar a un funcionario que, según la ley, carecía de competencia para efectuar el trámite del registro, pero dando toda apariencia de legalidad a la actuación. PRINCIPIO DE LA BUENA FE/ERROR COMUN EN EL REGISTRO CIVIL La buena fe se presume en todas las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas y, en el caso del registro de la peticionaria, todo indica que sus padres actuaron de buena fe y cumpliendo responsablemente con las obligaciones que les impone la filiación, cuando se acercaron a la alcaldía para registrar y reconocer a la actora. El juez de tutela no puede ser ajeno a situaciones como la aquí planteada, en las cuales la administración, pretendiendo ignorar su propia culpa y escudándose en el cumplimiento estricto de una norma, coloca al administrado en una trampa de la cual no puede salir sin desmedro de sus derechos fundamentales. La manera de lograr que los derechos de la peticionaria no sean conculcados por el celo del actual funcionario, es ordenar que el acto de registro civil de nacimiento al que indebidamente se le dio apariencia de legalidad burlando la buena fe de sus padres, surta los mismos efectos que se derivarían de un registro legalmente producido. Ref.: Expediente No. T-49449. Acción de tutela en contra del Registrador Municipal de Buenavista- Córdoba, por su negativa a expedir un certificado válido del registro civil de la accionante. Actor:   Enadis Estela Espinosa Casarrubia Temas: -  Derecho a la Educación. -  Reconocimiento de la personalidad jurídica. -  El estado civil como atributo de la personalidad. -  El perjuicio que ocasiona una falla de la administración, debe ser asumido por ella misma, y no por los administrados. -  Error común creador de derecho y efectos de su aplicación por vía de tutela. Magistrado Ponente:     Dr. Carlos Gaviria Díaz. Santafé de Bogotá, D.C., marzo primero (1o.) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, integrada por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria Díaz, este último en calidad de ponente, pronuncia, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION, la siguiente sentencia en el proceso de tutela T-49449, interpuesto por Enadis Estela Espinosa Casarrubia contra el Registrador Municipal de Buenavista-Córdoba, con base en las razones que se exponen a continuación. ANTECEDENTES 1.      HECHOS: La joven Enadis Estela Espinosa Casarrubia, habitante de la población de Buenavista-Córdoba, culminó sus estudios de bachillerato a finales del año pasado. Para expedirle su diploma y otorgarle el grado correspondiente, el colegio le solicitó una copia actualizada de su registro civil. Acudió entonces la petente ante el Registrador Municipal del Municipio mencionado para hacer la correspondiente solicitud, pero éste le expidió una copia en la cual se lee textualmente: "El presente registro carece de la firma del funcionario de la época, por tal motivo es inexistente. Artículo 8 del Decreto 2158 de 1970" (folio 3). La razón de tal anotación consiste en que el acta, de fecha diciembre 19/85, por medio de la cual el padre de Enadis Estela la reconoce como su hija extramatrimonial, no fue firmada por el alcalde, quien era el funcionario competente para ello en esa época, sino por su secretario (folio 8). Según la primera parte del inciso 1 del artículo 8 del Decreto-Ley 2158 de 1970, "la suscripción que no haya sido autorizada por el funcionario no adquiere la calidad de registro, y es inexistente como tal." Debido a lo anterior, la joven Enadis Estela se encontró imposibilitada para obtener su diploma de bachillerato, y vió frustrados sus planes de iniciar estudios universitarios, pues para ello es requisito tener el título de bachiller. 2.  Demanda: Ante tal situación, la joven solicitó la tutela de sus derechos a la educación y al reconocimiento de su personalidad jurídica, y expuso el perjuicio al que se está viendo sometida por no poder graduarse junto con sus compañeras, ni poder ingresar a la universidad. Sostiene en su demanda, que no se le puede perjudicar ni hacer responsable por una falla que es imputable exclusivamente a funcionarios del Estado, máxime cuando ello implica tener que obtener nuevamente el reconocimiento de su padre, cuestión casi imposible, pues se desconoce su paradero. Solicita que se le ordene al Registrador Municipal, expedirle inmediatamente una copia válida de su registro civil de nacimiento. 3. Fallo de Instancia: Correspondió al Juez Promiscuo Municipal de Buenavista el estudio de la tutela interpuesta. Este, luego de escuchar las razones del funcionario accionado sobre su impedimento legal para otorgarle validez al registro de la peticionaria, negó la tutela por dos razones: a)      La peticionaria cuenta con otros medios de defensa, como son, iniciar un juicio de filiación natural, y localizar a su padre para que éste la vuelva a reconocer. b)      No encuentra el juez evidencia de ningún perjuicio irremediable que pudiese hacer procedente la tutela como mecanismo transitorio. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1.   COMPETENCIA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para conocer de la revisión de la sentencia proferida por el Juez Promiscuo Municipal de Buenavista-Córdoba. El presente examen se hace conforme al reglamento interno de la corporación y a la selección que del proceso hizo la Sala Undécima de Selección. 2.   DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS: Los hechos narrados por la peticionaria giran en torno a una especial situación de conflicto: debido a un error de las autoridades, el registro civil de la peticionaria carece de validez. Tal circunstancia amenaza con afectar seriamente sus estudios y su estado civil, al desconocer el reconocimiento que su padre le hiciera años atrás. Basada en lo anterior, la Sala encuentra una efectiva violación de los derechos fundamentales de la demandante a la educación y al reconocimiento de su personalidad jurídica, tal como se estudiará a continuación. 2.1 Derecho a la educación: El carácter fundamental del derecho a la educación, ha sido puesto de presente en numerosos pronunciamientos de esta Corte. Se trata de un derecho esencial de la persona humana, susceptible de ser amparado mediante la acción de tutela. De manera particular, la oportunidad de acceso a los medios educativos en condiciones de igualdad, se considera como una de las manifestaciones principales del derecho a la educación, en un Estado donde tales medios son limitados. "Como derecho de la persona, la educación no puede menos que permitir el acceso efectivo a los bienes y valores de la cultura con estricta observancia del principio de igualdad de oportunidades, tal como se desprende del texto y el espíritu de las diversas normas (arts. 13 y 67 a 71, entre otros) en que el constituyente quiso plasmar su voluntad". (Sent. C-064, feb.23/93) El Estado Colombiano, a partir de la expedición de la Constitución de 1991, tiene entonces el deber ineludible de promover las condiciones para que la educación sea accesible de manera igualitaria a toda la población. En el caso que se estudia, es justamente el libre acceso a la educación el que se le está negando a la joven Enadis Estela Espinosa al imposibilitarle la obtención de su diploma puesto que, al no graduarse como bachiller, no podrá ingresar a ninguna institución universitaria ni cursar estudios superiores, como es su deseo. Si bien el Estado Colombiano no está en capacidad de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la educación universitaria, le es claramente exigible no imponerles a éstos injustas barreras en la consecución de los objetivos que, por sus propios medios, se proponen realizar. Adicionalmente, al negarle a la demandante la entrega de su diploma, también se viola su derecho a la educación pues este derecho implica, no sólo el acceso y la permanencia en un centro educativo, sino el reconocimiento al esfuerzo y a la culminación de una etapa, durante la cual se preparó con la intención de ser una persona más útil a la sociedad. Tal reconocimiento se materializa en la expedición del diploma correspondiente, y resulta por demás injusto, negárselo a Enadis Estela Espinosa. 2.2. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica: 2.2.1. El estado civil de las personas: El artículo 14 de la Constitución establece que "toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica". Con ello, el ordenamiento  reconoce en la persona humana, por el sólo hecho de existir, ciertos atributos jurídicos que se estiman inseparables de ella. Uno de tales atributos es, precisamente, el estado civil de la persona, pues de todo ser humano puede decirse si es mayor o menor de edad, soltero o casado, hijo legítimo o extramatrimonial, etc. El estado civil lo constituyen entonces un conjunto de condiciones jurídicas inherentes a la persona, que la identifican y diferencian de las demás, y que la hacen sujeto de determinados derechos y obligaciones. Dada la importancia de las calidades civiles de una persona, su constitución y prueba se realiza mediante inscripción en el registro civil. El régimen que regula todo lo concerniente al registro, está contenido en el Decreto 1260 de 1970. Dice el decreto en su artículo primero: "El estado civil de la persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asígnación corresponde a la ley". Así mismo, en la Convención sobre los derechos del niño, aprobada mediante la Ley 12 de 1991, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, se consagra el derecho al reconocimiento del estado civil de las personas desde el momento de su nacimiento. Dice el primero de estos convenios, en su artículo 7: "1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos." (Subrayado fuera de texto) Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 24, establece: " 1. ... 2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre." En el caso objeto de estudio se viola el derecho de la demandante al reconocimiento de su estado civil y, en consecuencia, al de su personalidad jurídica, en la medida en que no se le otorga validez alguna al acta del registro civil en la que su padre la reconoció como hija extramatrimonial. Lo anterior, por cuanto, una de las calidades civiles de toda persona es su filiación, es decir, la que indica su relación con la familia que integra o de la cual hace parte, pudiéndose predicar de ella que es hija legítima o extramatrimonial, legitimada o adoptiva, casada o soltera, viuda, separada, divorciada, etc. Adicionalmente, se le violó a la señorita Enadis Estela Espinosa su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica desde el momento en que en su registro civil se anotó la advertencia de ser este "inexistente". Si el registro civil de una persona carece absolutamente de validez, entonces, para todos los eventos de especial relevancia, en los que aquél sea exigible como única prueba de las condiciones civiles, la persona carecerá del estado civil que conforme a la ley le corresponde. Más gravosa resulta esta situación en un país como el nuestro, en donde, tradicionalmente, se le ha otorgado una importancia desmedida al registro civil para efectos de identificación, en detrimento de otros documentos de identidad. 2.2.2. Derecho al nombre: A más de lo anterior, al negarle efectos jurídicos al acta de reconocimiento paterno, se le desconoce a la peticionaria el derecho de llevar el nombre que por ley le corresponde. El ser humano tiene la necesidad vital de distinguirse de los demás, y de identificarse en sus relaciones sociales y jurídicas. Ello se logra mediante el empleo del nombre, que constituye un atributo esencial a la personalidad. El Decreto 1260 de 1970, en su artículo 3 inciso 1, dice lo siguiente: "toda persona tiene derecho a su individualidad, y por consiguiente, al nombre que por ley le corresponde. El nombre comprende, el nombre, los apellidos, y en su caso, el seudónimo." La propia Constitución hace especial énfasís en el derecho de los niños a tener un nombre, por ser esta la edad en que normalmente se adquiere. Es evidente que el ordenamiento jurídico reconoce y protege el derecho al nombre del niño, precisamente con el fin de que tenga un nombre durante toda su vida. Es así como, en su artículo 44, la Constitución dispone: "Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella,. . ."  (Subrayado fuera de texto) Atendiendo al caso en estudio, se observa violación del derecho al nombre de la actora. Su propio nombre, aquél que por ley le corresponde, está formado por el nombre de pila "Enadis Estela", seguido de los apellidos "Espinosa Casarrubia", los cuales son, en nuestro sistema, el del padre y la madre, en ese orden.  Sin embargo, con el argumento de que el acta en la que su padre la reconoce como hija extramatrimonial carece de la firma del funcionario competente, las autoridades administrativas le están negando a Enadis Estela su derecho a llevar el apellido de su padre e identificarse por su nombre completo. En síntesis, se le está negando su derecho al nombre, como elemento esencial de la personalidad jurídica. 3.   ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES: Hasta aquí, se ha establecido que a la peticionaria se le están violando sus derechos fundamentales al reconocimiento de la personalidad jurídica, y a la educación. Resta entonces examinar las actuaciones u omisiones en las que incurrió la autoridad pública y que ocasíonaron la violación de tales derechos, para establecer la procedencia de la acción de tutela en los términos del artículo 86 de la Constitución. 3.1. Falla de la administración, no imputable al particular: Retomando lo dicho en los antecedentes de este fallo, el vicio por el cual el registro civil de la peticionaria se reputa inexistente, consiste en que el acta en la que su padre la reconoció como hija extramatrimonial en 1985, fue firmada por el secretario y no por el alcalde, quien era la autoridad competente para ello en esa época. La función de registrar el estado civil de las personas fue asumida gradualmente por la Registraduría Nacional y sus delegados, a partir del 1 de enero de 1987, conforme lo dispuso el artículo 60 de la ley 96 de 1985. Según se pudo establecer con el Juez de Instancia, este error era de común ocurrencia entonces, pues los alcaldes solían dejar tales labores en manos de sus secretarios, bien por desconocimiento, o bien por inobservancia de la ley. Al parecer, el registrador accionado ha tenido que hacer la anotación de inexistencia en un sinnúmero de copias de registros civiles, por la misma razón. A simple vista se observa que el error de los alcaldes descrito arriba, constituye una omisión de la administración, de la cual no pueden derivar perjuicio los particulares que se vieron afectados con ella. Con mucha menor razón sería posible trasladarle al particular las consecuencias de la omisión de sus propios agentes, tal como se ha pretendido hacer con la peticionaria en el presente caso. Además de la omisión de las autoridades encargadas del registro en 1985, se presenta también una falla actual de la administración, manifiesta en la desidia del Registrador Municipal de Buenavista y de la Superintendencia de Notariado y Registro, al no proceder a subsanar la falta de firma del registro, adoptando las medidas que el mismo artículo 8 del  Decreto 2158/70 contempla. Dice esa norma, lo siguiente: "La inscripción que no haya sido autorizada por el funcionario no adquiere la calidad de registro, y es inexistente como tal. Empero, si faltare solamente la firma del funcionario, o si la omisión se debiere a causas diferentes de las que justifiquen la negativa de la autorización, podrá la Superintendencia de Notariado y Registro, previa comprobación sumaria de los hechos, disponer que la inscripción sea suscrita por quien se halle ejerciendo el cargo." El Registrador arguyó que no solicitó a la Superintendencia autorización para subsanar la falta del registro, debido a que en una ocasión anterior le había sido negada. La Superintendencia, por su parte, la negó basándose en una circunstancia de tipo meramente formal, que dificultaba llevar a cabo la inscripción bajo el nuevo sistema de folios. Un brevísimo repaso al sistema de registro en nuestro país nos muestra que el antiguo sistema de la Ley 92 de 1938 se llevaba mediante libros especiales para nacimientos, reconocimientos de hijos extramatrimoniales, legitimaciones, adopciones, matrimonios y defunciones. No se registraba ningún otro estado civil.  El nuevo sistema reemplazó la técnica de los libros y adoptó la de folios o tarjetas (Dec. 1260/70, arts. 9 y s.s.). Existen ahora tres folios principales (nacimientos, matrimonios y defunciones), y toda variación en el estado civil de una persona se anota en ellos. Visto lo anterior aparece aún más inexplicable la negativa de la Superintendencia a autorizar, en alguna oportunidad anterior, al registrador de Buenavista para que subsanara la falta de firma de un registro, y la del registrador de Buenavista a solicitar nuevamente tal autorización. Frente a la actitud del Registrador accionado y de la Superintendencia de Notariado y Registro, cabe citar el artículo 2 de la C.N. en el que se establece que "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;..." Más adelante expresa que las autoridades de la República están instituídas "para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares". La función pública exige una indeclinable vocación de servicio, y la actuación omisiva de las autoridades mencionadas esquiva abiertamente tal exigencia. En el caso planteado, a pesar de que el vicio de forma del registro es enteramente atribuíble a la administración, se pretende que sea la accionante quien efectúe el trámite necesario para obtener nuevamente su registro civil.  ¿Y cuál es ese trámite al que debería acudir y que, según el registrador accionado y el juez de instancia, constituye un medio de defensa que, por ser paralelo a la acción de tutela, la torna improcedente?  Pues bien; según estas autoridades, Enadis Estela Espinosa Casarrubia debe -llegando casi al absurdo- iniciar un juicio de filiación natural, o acudir a su padre, cuyo paradero desconoce, para que nuevamente la reconozca como hija extramatrimonial. La situación descrita no sólo contraría el más elemental sentido común, sino que choca abiertamente con los principios que rigen la función administrativa, y con los fines del Estado consagrados en el artículo 2 de la Carta Política. Lo expuesto demuestra que la violación de los derechos fundamentales de la accionante, fue causada por la omisión de las autoridades, tanto de la Alcaldía que tramitó erróneamente el registro en 1985, como de la registraduría que ahora omite subsanar la falta. La tutela constituye, en casos como éste, el mecanismo idóneo para restablecer los derechos fundamentales vulnerados (art. 86 C.N.) 4.   ERROR COMUN CREADOR DE DERECHO: El principio general según el cual el error común e invencible crea derecho, constituye uno de los casos, excepcionales dentro de nuestro ordenamiento, en los que se admite que de la creencia errónea y de buena fe sobre la legalidad de un acto, se puedan derivar consecuencias jurídicas avaladas por el propio ordenamiento. La ficción de que nadie ignora la ley, no tiene alcance absoluto, ni siquiera en derecho privado. Si en ocasiones se le reconoce relevancia a una situación que en apariencia armoniza con el derecho aunque en realidad lo contraviene, derivada de un error particular (como en el caso del matrimonio putativo), el error colectivo o común genera efectos aún más significativos, pues puede convalidar situaciones generales que en principio son contrarias al ordenamiento. Tal es el caso del error comunis, reconocido desde el derecho romano como fuente generadora de derechos. La jurisprudencia ha delimitado el alcance de este principio exigiendo, para su aplicabilidad, que el error sea "invencible", queriendo significar con ello que, además de ser común a muchos, hasta el más prudente de los hombres habría podido cometerlo. En un caso que guarda una bella similitud con el puesto ahora a consideración de esta Sala, el Consejo de Estado napoleónico sostuvo, en 1807, la regla del error común: "Considerando que, en todos los tiempos y en todas las legislaciones, el error común y la buena fe han sido suficientes para subsanar los actos, e incluso en los fallos, las irregularidades que las partes no hubieran podido prever ni impedir". Se trataba de una dificultad nacida con ocasíón del libramiento de copias auténticas de las partidas del registro civil; durante la Revolución, los secretarios de los municipios habían tenido competencia para librar copias; el Código civil confió esa función exclusivamente a los depositarios de los registros, es decir, a los secretarios y a los oficiales del registro civil (alcaldes, adjuntos de alcalde, concejales);  pues bien, pese al Código, los secretarios de municipio continuaron librando copias. El Consejo de Estado las consideró como válidas en razón del error invencible cometido por las personas que habían recibido esos extractos, aun cuando el texto fuera perfectamente claro." [1] Considera la Sala, que el principio del error común es aplicable a la peticionaria y a todas las personas que, de buena fe, efectuaron diligencias de registro ante un funcionario aparentemente competente, creyendo erradamente que con el trámite efectuado habían quedado válidamente inscritas. Con mayor razón es aplicable este principio, si se tiene en cuenta que fue la falla de la administración la que indujo a error a tales personas, al designar a un funcionario que, según la ley, carecía de competencia para afectuar el trámite del registro, pero dando toda apariencia de legalidad a la actuación. En nuestro caso, la joven Enadis Estela se encuentra ante una encrucijada: debido a una falla de la administración, el padre de esta creyó, erradamente y de buena fe, que el secretario de la alcaldía era el funcionario encargado de efectuar la inscripción del acta de reconocimiento de su hija en el registro. No siendo asi--por falla en el servicio, se insiste--, a la joven Enadis Estela se le expidió un registro civil al que la ley considera inexistente, sin que pudiera serle exigible conocer el vicio del que este registro adolecia. Por otra parte, en cumplimiento estricto de la ley, la autoridad competente (el Registrador Municipal de Buenavista) se encuentra impedida para convalidar tal registro. Es claro, según el artículo 83 de la Carta Política, que la buena fe se presume en todas las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas y, en el caso del registro de Enadis Estela Espinosa, todo indica que sus padres actuaron de buena fe y cumpliendo responsablemente con las obligaciones que les impone la filiación, cuando se acercaron a la alcaldía para registrar y reconocer a la actora. Ellos, como muchos otros de sus conciudadanos, y como lo haría "el más prudente de los hombres", confiaron de buena fe en que las autoridades ante las que concurrieron para efectuar el registro civil de su hija, conocían las leyes que debían aplicar en casos como ese, y que ejercían "...sus funciones en la forma prevista por la Constitución y el reglamento" (art. 123 de la Carta Política; véanse también sus arts. 121 y 122). Nueve años después de que la buena fe de los padres de Enadis Estela y su actuar acorde a la ley resultaran burlados por el comportamiento ilegal de las autoridades, no puede el Estado pretender que sea la actora quien soporte la carga de corregir una actuación irregular que no es imputable a sus padres, y mucho menos a ella. Al hacerlo, el registrador viola los derechos fundamentales de la demandante, y esa violación no desaparece ni se justifica por el celo con el que, ahora sí, las autoridades insisten en aplicar implacablemente las leyes desfavorables a la ciudadana afectada por la falla de los agentes del Estado en la prestación del servicio. Con base en lo anterior es forzoso concluír que la tutela es el único camino que le queda a la peticionaria para proteger sus derechos fundamentales a la educación y a la personalidad jurídica vulnerados en circunstancias tan especiales. Si bien la negativa del registrador a convalidar el registro, como acto administrativo que es, puede ser demandado ante la jurisdicción contencioso-administrativa, tal demanda, no obstante versar sobre una actuación violatoria de la Constitución, estaría llamada a no prosperar, pues la actuación del registrador encuentra respaldo legal en las normas que establecen: la inexistencia del registro civil de la peticionaria, la obligación del registrador de advertir la inexistencia en nota marginal a la copia del registro, y en su incompetencia para sanearlo. No puede entonces entenderse que la vía contenciosa constituya otro medio judicial de defensa que haga improcedente la tutela pues el asunto a decidir ante esa jurisdicción sería únicamente sobre la legalidad de un acto administrativo -que en este caso no admite cuestionamiento alguno-, mientras que la vulneración de los derechos fundamentales de la actora continuaría presentándose indefinidamente. El juez de tutela no puede ser ajeno a situaciones como la aquí planteada, en las cuales la administración, pretendiendo ignorar su propia culpa y escudándose en el cumplimiento estricto de una norma, coloca al administrado en una trampa de la cual no puede salir sin desmedro de sus derechos fundamentales. La manera de lograr que los derechos de Enadis Estela no sean conculcados por el celo del actual funcionario, es ordenar que el acto de registro civil de nacimiento al que indebidamente se le dio apariencia de legalidad burlando la buena fe de sus padres, surta los mismos efectos que se derivarían de un registro legalmente producido. Por lo tanto, haciendo prevalecer la buena fe de quienes registraron a la actora, sobre el incumplimiento de la ley por parte de quienes dieron apariencia de legalidad a esa actuación, se ordenará al registrador de Buenavista que, para todos los efectos presentes y futuros, se tenga como válidamente producido el registro civil de Enadis Estela Espinosa Casarrubia, en virtud de esta sentencia y de la norma a la que dieron origen las autoridades municipales, al inducir a error común a los padres de la actora y a otros muchos ciudadanos. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, RESUELVE PRIMERO:        REVOCAR la sentencia que se revisa y, en su lugar, CONCEDER la tutela instaurada por Enadis Estela Espinosa Casarrubia, identificada con la cédula de ciudadanía No.50'884.980 de Buenavista, en contra del Registrador Municipal de Buenavista-Córdoba. SEGUNDO:        ORDENARLE al Registrador demandado expedirle inmediatamente a la demandante, copia válida de su registro civil de nacimiento. TERCERO:        ORDENARLE al mismo funcionario, que proceda a sanear y suscribir la inscripción en el registro civil de nacimiento de la demandante, en los términos del artículo 8 del Decreto 2158 de 1970, teniendo esta sentencia como sustituto de la autorización de la Superintendencia de Notariado y Registro. CUARTO: ENVIAR COPIA  de este fallo a la Superintendencia de Notariado y Registro. Comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1]  MAUZEAUD. "Derecho Civil", Parte primera, Vol. I. Ed. Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1959.

T-091-95 Sentencia No Sentencia No. T-091/95 CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES-Resolución/DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES/JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes están sometidas al control de legalidad mediante las acciones contencioso administrativas pertinentes. Puede afirmarse que contra la Resolución, procedía no sólo el recurso de reposición por vía gubernativa, sino las acciones contencioso administrativas ante esa jurisdicción, por lo que en principio la acción de tutela es improcedente para suspender por dicho mecanismo los efectos de una decisión administrativa que se encuentra vigente y que goza de la presunción de legalidad, con las salvedades anotadas. DERECHO A LA PROPIEDAD-Destinación de inmueble a oficina pública/DEBIDO PROCESO/INCAUTACION DE BIENES Los derechos a la propiedad y al debido proceso no se violaron por cuanto el embargo y secuestro de la casa de habitación de la actora son consecuencia de la aplicación del Decreto que permite que los bienes muebles e inmuebles vinculados directa o indirectamente con los delitos de competencia de la jurisdicción de orden público sean ocupados o incautados por las Unidades Investigativas de Orden Público y puedan ser destinados provisionalmente al servicio de la Dirección Nacional de Carrera Judicial. DERECHOS DEL NIÑO-Protección/INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-Funciones La protección de los derechos de los niños corresponde legalmente al ICBF y a la Defensoría de Menores, en cumplimiento de la función educativa y protectora de la niñez, a fin de adoptar las medidas encaminadas al cuidado de los menores en asocio de sus familiares, cuando sus padres están en imposibilidad física de hacerlo, hasta cuando sea indispensable, aunque en inmueble diferente al que fue materia de decomiso frente a los hechos acreditados en el expediente para que los menores puedan recibir la atención requerida. REF: Expediente No. T - 46.413 PETICIONARIA: Bertha Becerra Galvis contra la Dirección Nacional de Estupefacientes. PROCEDENCIA: Consejo de Estado, Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo. MAGISTRADO PONENTE: DR. HERNANDO HERRERA VERGARA Santa Fé de Bogotá, D.C., Marzo dos (2) de mil novecientos noventa y cinco (1995). Procede la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados HERNANDO HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Y FABIO MORON DIAZ, a revisar los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, el 22 de agosto de 1994 y por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 2 de diciembre del mismo año, en el proceso de la referencia. El negocio llegó al conocimiento de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, por la vía ordinaria de la remisión que hizo el Consejo de Estado, en virtud a lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Conforme a los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Décima de Selección de la Corte escogió para efectos de revisión la presente acción de tutela. I.  INFORMACION PRELIMINAR. La señora Bertha Becerra Galvis, actualmente recluída en la Cárcel del Buen Pastor de Cúcuta por orden de la Fiscalía Regional de Cúcuta, instauró mediante apoderado acción de tutela contra la Dirección Nacional de Estupefacientes, con el objeto de evitar un perjuicio irremediable contra ella y sus hijos menores y a fin de que se les protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad privada y de los niños, consagrados en los artículos 29, 44 y 58 de la Constitución Política. Dicha solicitud la formuló como mecanismo transitorio, “mientras se resuelve el recurso de reposición que se interpondrá contra la Resolución No. 1055 del 5 de julio de 1994 emanada de la Dirección Nacional de Estupefacientes”. Los hechos que fundamentaron la acción son en síntesis los siguientes: La señora Becerra Galvis se encuentra actualmente recluída en la Cárcel del Buen Pastor de Cúcuta por orden de la Fiscalía Regional de esa ciudad debido a las imputaciones del delito consagrado en la Ley 30 de 1986, el cual hasta la fecha se está investigando sin que se haya decretado cierre de investigación y por ende no existe condena ejecutoriada. Como consecuencia, la Fiscalía General de la Nación, Regional Norte de Santander, decretó el embargo, secuestro y ocupación del inmueble de propiedad de la sindicada, ubicado en el barrio Colpet de la ciudad de Cúcuta y lo colocó a disposición de la Dirección de Estupefacientes. Mediante Resolución No. 1055 del 5 de julio de 1994, la Dirección Nacional de Estupefacientes, resolvió en su artículo 1o. destinar el inmueble en forma provisional a la Fiscalía General de la Nación - Dirección Seccional - Cuerpo Técnico de Investigación de Cúcuta, advirtiendo que contra esta decisión sólo procede el recurso de reposición y que el trámite de éste no suspende el cumplimiento de lo ordenado. Indica que el inmueble en mención fue adquirido por la accionante según consta en la escritura pública No. 3128 de diciembre 17 de 1982, sin que se haya comprobado hasta el momento que éste haya sido adquirido con el producto de un ilícito. La casa que ordenó destinar el Consejo Nacional de Estupefacientes a la Fiscalía - Cuerpo Técnico - siempre ha estado habitada por los hijos de la peticionaria -Jorge, Eduardo, Gustavo y Rubi Stella Sabogal Becerra-, quienes en la actualidad no tienen protección alguna de sus padres por encontrarse éstos privados de la libertad como consecuencia del delito que se investiga. Estima que con este proceder se le causan graves perjuicios tanto a ella como a sus hijos, los cuales sólo son susceptibles de ser reparados mediante indemnización. Por ello, manifiesta que auncuando dispone de otros medios de defensa judicial, si no se tutelan de manera inmediata los derechos constitucionales fundamentales a la propiedad y al debido proceso, se ocasionarían perjuicios irremediables tanto a ella como a sus menores hijos, pues quedarían sin techo y desprotegidos totalmente por el cumplimiento de esa medida, lo que desconocería el ordenamiento constitucional, según el cual el Estado está obligado a brindar apoyo a las personas que posean un derecho y a los menores en particular. P R E T E N S I O N E S : En virtud a los hechos expuestos, el apoderado de la peticionaria solicita que como medidas provisionales, se ordene a la Fiscalía General -Regional Delegada Cúcuta- abstenerse de hacer la entrega material del bien de que trata la Resolución No. 1055 de 1994 emanada de la Dirección Nacional de Estupefacientes, hasta que se haya resuelto el recurso de reposición que se “interpondrá” contra la misma y realizado las gestiones administrativas ante esa Dirección y esta falle acerca de la destinación provisional del bien. Como consecuencia de ello, que se ordene permitir a los hijos menores de la señora Becerra Galvis seguir habitando el inmueble hasta tanto se resuelva por la jurisdicción penal acerca del delito investigado. II. LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE SE REVISAN. A. Sentencia del Tribunal Administrativo del Norte de Santander. Mediante fallo de 22 de agosto de 1994, el Tribunal Administrativo del Norte de Santander resolvió conceder la tutela de los derechos de los menores JORGE, EDUARDO y GUSTAVO SABOGAL, representados por su madre BERTHA BECERRA GALVIS, consagrados en el artículo 44 de la Carta Política, especialmente los de la integridad física, a tener una familia y no ser separados de ella y a estar protegidos contra el abandono y la violencia moral, los cuales tienen un carácter prevalente en el ordenamiento constitucional. En consecuencia, ordenó como medida transitoria a la Dirección Nacional de Estupefacientes no hacer entrega del inmueble de propiedad de la accionante hasta tanto la jurisdicción de orden público decida si procede o no su decomiso. No obstante, negó la protección de los derechos al debido proceso y a la propiedad. Para fundamentar su decisión, el Tribunal tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: En cuanto a la presunta violación de los derechos al debido proceso y a la propiedad, señaló: "Tal y como está concebida la norma -artículo 55 del Decreto 0099 de 1991, adoptado como legislación permanente por el Decreto 2271 de 1991-, es claro que sin existir fallo definitivo sobre la conducta del propietario de un inmueble, éste podrá ser retirado del comercio y entregado en forma provisional a algunas de las entidades que la ley señale y que no es indispensable que el bien se hubiera adquirido con el producto del ilícito, sino que basta que él haya sido utilizado para su comisión, lo que al parecer ocurrió tal y como se desprende de la información recibida de la Jurisdicción de Orden Público y del acto de allanamiento visible a folios 33 y 34 de éste expediente, por lo que no se observa la violación al debido proceso que se alega, tampoco puede devenir del hecho de que la interposición del recurso no tenga el carácter de suspensivo, ya que se trata de una medida cautelar que por regla general es de aplicación inmediata. Ahora bien, los criterios anteriores también sirven para señalar que tampoco existe violación al derecho a la propiedad, ya que la actuación surtida por la Dirección Nacional de Estupefacientes está amparada por la preceptiva legal, y tiene justificación en la presunta conducta ilícita de la accionante". Sin embargo, consideró el Tribunal en cuanto a la protección de los derechos de los menores hijos de la accionante, que: "Es claro para la Sala que la actuación de la Dirección Nacional de Estupefacientes es legal, sin entrañar una definición sobre el inmueble, principalmente por su naturaleza de medida cautelar. No obstante ello, cree la Sala que tal decisión sí afecta a los menores hijos en su núcleo familiar que se verían avocados a dispersarse en caso de desalojar la casa y que también se dificultaría su posibilidad de superación personal a través del estudio y el compartir entre hermanos el entorno de su vivienda. La constitución política en su artículo 44 establece la prevalencia de los derechos de los menores sobre cualquier otra consideración y encierra presupuestos tan importantes como el derecho a la integridad física, a tener una familia y no ser separados de ella y deberán ser protegidos contra toda forma de abandono, de violencia moral y en concurrencia entre el estado, la sociedad y la familia deberá garantizarse a los niños el desarrollo armónico e integral, lo que aunado al artículo 5o. en el cual se establece la obligación del Estado de reconocer la primacía de los derechos inalienables de la persona y el amparo a la familia llevan a esta Sala a concluir que deberá protegerse los derechos de los menores, aunque la Dirección Nacional de Estupefacientes haya procedido legalmente a ordenar a la destinación del inmueble en que habitan los menores hijos de la presunta sindicada". Concluye la Sala, que en este caso si bien la actuación de la Dirección Nacional de Estupefacientes conlleva un ejercicio legítimo de autoridad, causan un perjuicio inmediato e irreparable a quienes deben acatarla, en cuyo caso la propia Constitución ordena al juez y a todos los estamentos del Estado, la sociedad y la familia a que por encima de cualquier consideración legal o política, se prefiera la protección de los derechos de quienes por su propia naturaleza de infantes están por sí mismos en imposibilidad de decidir y actuar en su propia defensa. Por lo tanto, estima que es preciso tutelar los derechos de los menores hijos de la accionante a permanecer en su casa de habitación, "máxime si se tiene en cuenta el artículo 55 del Decreto Ley 099 de 1991 contentivo del Estatuto para la Defensa de la Justicia, no es imperativo en obligar a dar a todos los inmuebles destinación provisional y tal circunstancia sólo adquiere ese carácter cuando exista condena al propietario en la cual se comprueba la conexidad delictual del inmueble". Finalmente, en cuanto a la vigencia de la medida de tutelar el derecho de los menores hijos a permanecer en su casa en forma provisional mientras la Jurisdicción de Orden Público decide en forma definitiva si decomisa o no el inmueble, señala el Tribunal que "no se da acá el plazo de los cuatro meses de que habla la ley para iniciar la actuación judicial, por cuanto la decisión final sobre el asunto ya está en manos de la Jurisdicción de Orden Público y mientras tal instancia decida la medida estará vigente". B. Impugnación. El Director Nacional de Estupefacientes, doctor Gabriel de Vega Pinzón interpuso recurso de apelación contra la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, pues en su criterio quien vulneró los derechos y garantías fundamentales de los menores hijos de la sindicada, fue ella misma con su conducta delictiva, pues fue sorprendida en tenencia de aproximadamente veinticinco (25) kilos de cocaína, delito que confesó, por lo que esa entidad no comprende el porqué quien así procedió solicita amparo de autoridad competente. Afirma que la legislación en materia de narcotráfico establece un procedimiento especial en relación con el destino de los bienes materia de decomiso u ocupación, el cual además de haber sido objeto de pronunciamientos favorables por parte de los más altos estrados judiciales, tiene pleno respaldo legal en los Decretos 2271 y 2272 de 1991, 2159 de 1992, la Ley 30 de 1986 y la Ley 104 de 1993, máxime en este caso donde existen pruebas de que el inmueble era utilizado para actividades delictivas. Por su parte, considera que para la protección de la niñez existen entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Defensor de Menores, quienes directamente cumplen con la función educativa y protectora de la niñez desamparada, y por ende se les debe encomendar el cuidado de los menores en situación irregular, la que fue creada en este caso por la misma progenitora. Por ello el cumplimiento de un acto administrativo no debe estar sometido a postulados nobles y loables cuando el Estado cuenta con mecanismos y programas que realmente realizan los postulados constitucionales. Una casa de habitación no constituye, pues, unidad familiar, ni su privación violencia moral; la integridad física tampoco se realiza dentro de una casa de habitación, ni la familia ni el derecho a no ser separados los menores de ella, porque no fue la autoridad quien creó la situación irregular, sino que ésta provino del núcleo familiar básico. Estima que tan importante resulta la protección de las garantías constitucionales, como la conservación del orden jurídico imperante en un Estado de derecho y desafortunadamente las políticas gubernamentales no pueden dejar de aplicarse so pena de impedir perjuicios que puedan ser evitados en forma efectiva por los organismos competentes para la prevención de los problemas de la niñez. Finalmente, en cuanto a la procedibilidad de la acción como presupuesto indispensable para el amparo, no comparte esa Dirección el argumento del Tribunal Administrativo, por cuanto el acto administrativo de destinación provisional -Resolución No. 1055 de 1994- cuenta con mecanismos de defensa suficientes como lo son los recursos procedentes en la vía gubernativa y las acciones a las que puede acudir la sindicada. C. Sentencia del Consejo de Estado. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia de 2 de diciembre de 1994, resolvió confirmar la providencia del Tribunal Administrativo del Norte de Santander, mediante la cual concedió transitoriamente la tutela de los derechos de los menores Jorge, Eduardo y Gustavo Sabogal a no ser desalojados del inmueble de propiedad de la accionante hasta tanto la Jurisdicción de Orden Público decida si procede o no su decomiso. El fallo del Consejo de Estado tuvo como fundamento los siguientes argumentos: 1. "Sea lo primero anotar que no observa la Sala en las diligencias aportadas al informativo, vulneración alguna al debido proceso como tampoco a la propiedad privada, porque el embargo y secuestro de la casa de habitación son consecuencia de la aplicación del artículo 55 del Decreto 0099 de 1991, que permite que los bienes muebles o inmuebles vinculados directa o indirectamente con los delitos de competencia de la Jurisdicción de Orden Público sean ocupados o incautados por las Unidades Investigativas de Orden Público y puedan ser destinados provisionalmente al servicio de la Dirección Nacional de Carrera Judicial y al de las entidades señaladas en el Decreto 2390 de 1989. En este orden de ideas, con el proceder de la Fiscalía no se han vulnerado el debido proceso y mucho menos el derecho a la propiedad privada, razón por la cual no es dable tutelarlos". 2. "Otra cosa ocurre con los derechos reclamados a favor de los hijos menores de la solicitante pues se dice que se ha vulnerado el artículo 44 de la C.N. ..... Así pues, la Constitución de 1991 privilegia la condición del niño en todo momento y circunstancia, en razón a su especial vulnerabilidad, como un deber de toda sociedad. Por ello resultan válidos los planteamientos hechos por el a-quo... La Sala estima pertinente, además, vincular al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la comunicación respectiva, supervise si los menores en realidad están debidamente protegidos en dicho lugar y si esto es lo mejor para su seguridad y tranquilidad, o si por el contrario, estarían mejor amparados en otro lugar..." Conforme a lo anterior, a juicio de la Sala se dan los supuestos fácticos para tutelar, en principio, los derechos de los menores..., y así, la providencia objeto de impugnación merece ser confirmada". III.  PRUEBAS OBTENIDAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL. Esta Corporación ordenó oficiar al señor Director Nacional de Estupefacientes, para verificar si se había interpuesto el recurso de reposición que por vía gubernativa procedía contra la citada Resolución No. 1055 de 1994, como se había anunciado en la demanda de tutela y al Tribunal Administrativo del Norte de Santander para que remitiera el concepto formulado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela de segunda instancia. Al respecto, se obtuvo la siguiente información: a) Según oficio fechado 31 enero de 1995, el señor Director General de Estupefacientes, doctor Gabriel de Vega Pinzón, manifestó: "Una vez revisado el expediente que contiene los antecedentes administrativos de la mencionada Resolución -No. 1055 de 5 de julio de 1994- no se encontró ningún escrito mediante el cual se interponga recurso de reposición contra la misma”. b) Por su parte, el Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Norte de Santander, doctor Armando E. Monsalve, conceptuó en cuanto a la protección de los menores Sabogal Becerra lo siguiente: "El informe de la visita realizada por el ICBF concluye que los menores, en las condiciones actuales de convivencia familiar, no requieren de medidas especiales de protección por parte del Instituto, pues cuentan con el apoyo de los hermanos mayores, del abuelo y de otros miembros de la familia que les garantizan, entre todos, lo necesario para su desarrollo integral, aunque se nota obviamente la falta de los padres y especialmente de la progenitora, figura principal, que les ha creado ciertos traumatismos en el aspecto psicológico, a lo cual el ICBF ofreció a esta familia el apoyo institucional de rigor. La señora BERTHA BECERRA GALVIS, por su parte, preguntada respecto de la situación económica y social de su familia en la actualidad, señaló: "Todos están muy bien, tienen lo necesario para vivir honestamente, desde que no me los saquen de ahí". "El abuelo les manda dinero semanalmente para los gastos y mensualmente viene a verlos. Es decir que ni los menores ni los grandes padecen necesidades. Existen muchos amigos que están pendientes de ellos para que la pasen lo mejor posible". Ahora bien, conforme lo ha sostenido nuestra Corte Constitucional, se manifiesta claramente en el ordenamiento constitucional vigente la primacía de la familia como el ámbito natural dentro del cual deba realizarse el cuidado y preparación de la infancia. Esta labor no puede ser realizada por instituciones públicas o privadas sino en casos verdaderamente excepcionales en que así lo impongan la necesidad de proteger a niños que no tengan una familia o que se hallen separados de ella, en los términos del artículo 42 de la Carta. La unidad familiar es presupuesto indispensable para la efectividad de los derechos constitucionales prevalentes de los niños. Los derechos de los miembros de la familia deben ser compatibles con los intereses generales prevalentes tanto de la institución misma como de la sociedad colombiana que reconoce en ella su nucleo fundamental. Por los motivos anteriores se concluye lo siguiente: 1. El ICBF recomienda que los menores EDUARDO Y JORGE SABOGAL BECERRA permanezcan con sus familiares en la residencia actual que ocupan con los demás hermanos mayores y otros miembros de la familia que cuidan de ellos debidamente durante la emergencia creada como consecuencia de la detención de sus padres. 2. Aunque la familia en forma precavida y responsable ha previsto la manera de sortear una eventual reubicación por desalojo de la casa que ocupan hoy, las consecuencias no serían del todo favorables para ellos, pues los hermanos deberían separarse, se rompería aún más la actual unidad familiar y se producirían mayores perjuicios en el proceso de superación gradual de la crisis que han debido afrontar los menores involucrados en forma injusta en este proceso". IV.      CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Primera. La competencia. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido en segunda instancia por el Consejo de Estado. Segunda. Problema Jurídico. Observa la Sala de Revisión, con fundamento en la demanda de tutela que se examina, que la peticionaria ejerce la acción como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable consistente en el hecho de que sus hijos sean desalojados del inmueble que ocupan, en virtud de la orden contenida en la Resolución No. 1055 de 1994, emanada de la Dirección Nacional de Estupefacientes. En tal virtud y con el objeto de definir la procedencia del amparo de los derechos fundamentales invocados, a la propiedad, al debido proceso y de los niños, la Sala deberá estudiar lo relacionado con la viabilidad de la acción de tutela como mecanismo transitorio. A.  Procedencia de la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable a la luz de las normas constitucionales y legales. El inciso 3o.del artículo 86 de la Constitución Política dispone acerca de la procedencia de la acción de tutela, que: "Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable." Así mismo, el numeral 1o. del artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, dice: "Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: "1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”. Por su parte el artículo 8o. ibídem, dispone que: “El juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado. En todo caso, el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela. Si no la instaura, cesarán los efectos de éste”. De conformidad con las normas transcritas, se hace necesario precisar en el caso concreto, si el actor disponía de "otro medio de defensa judicial" para la protección de sus derechos, y en tal evento, si la efectividad de los mismos es igual o superior a la de la tutela. En el caso concreto, se presentan estas situaciones: -    El día 5 de julio de 1994, la DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES expidió la Resolución No. 1055, por medio de la cual resolvió destinar en forma provisional a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, DIRECCION SECCIONAL - CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION CUCUTA, el inmueble ubicado en la Calle 6N No. 3-02 del Barrio Colpet - Cúcuta, allanado por la Fiscalía Regional Cúcuta, y de propiedad de la señora BERTHA BECERRA GALVIS, quien fue sorprendida en tenencia de aproximadamente 25 kilos de cocaína, y con otros elementos y sustancias utilizadas para el procesamiento de sustancias alucinógenas. En el artículo sexto de la citada resolución, se indicó que contra ésta procede el recurso de reposición ante la Dirección Nacional de Estupefacientes, el cual debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación o desfijación del edicto. -    La demanda de tutela se interpuso ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Norte de Santander, el día 5 de agosto de 1994, es decir, un mes después de la expedición de la Resolución que se controvierte. - El apoderado de la accionante define en la demanda de tutela la medida transitoria de la siguiente manera (folio 4 del expediente, acápite de las pretensiones): “Conforme a los hechos plasmados, que configuran una violación y amenaza a mi Poderdante y sus hijos..., les solicito se sirvan tutelar los mismos, disponiendo u ordenando a la DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, que se abstenga transitoriamente de ejecutar lo resuelto, hasta tanto se resuelva el Recurso de Reposición que se interpondrá una vez notificado el acto administrativo y se inicien los trámites pertinentes a demostrar el derecho que les asiste a no ser desalojados de su propiedad y vivienda, hasta tanto se configure y termine el Proceso Penal...”. -    Y señaló en el mismo escrito dentro de las medidas provisionales, que solicitaba adicionalmente que se ordenara “a la Fiscalía General - Regional Delegada Cúcuta, abstenerse de hacer la entrega material del bien de que trata la Resolución en su artículo 4o. hasta que se haya resuelto el Recurso de Reposición que se interpondrá a la misma y se hayan realizado las gestiones administrativas ante la Dirección Nacional de Estupefacientes y éste falle sobre la destinación provisional del bien”. De lo anterior se colige en cuanto a la petición de tutela, que ésta se interpone como mecanismo transitorio mientras la Dirección Nacional de Estupefacientes resuelve el recurso de reposición que se interpondrá contra la Resolución No. 1055 de 1994. Supedita por tanto, la eficacia del instrumento excepcional de la tutela, al hecho de que la entidad accionada resuelva la reposición que se presentará contra dicha actuación administrativa, no obstante que la demanda de tutela se presentó un mes después de proferida la citada decisión que ordenó la destinación provisional del inmueble a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, de acuerdo al oficio ya citado, suscrito por el Director Nacional de Estupefacientes, “no se encuentra ningún escrito mediante el cual se interponga recurso de reposición contra la misma”. Se pregunta: ¿Es entonces viable acudir a la acción de tutela en esas circunstancias? La respuesta a esta pregunta sólo es posible resolverla estudiando la procedencia en el caso concreto de la tutela, al tenor de los hechos expuestos y la existencia “presunta” del perjuicio irremediable. B) Naturaleza subsidiaria de la tutela - El mecanismo transitorio. Es claro según lo expuesto, que el apoderado de la accionante controvierte la resolución administrativa No. 1055 de 1994, emanada de la Dirección Nacional de Estupefacientes, bajo el supuesto de que al haberse ordenado efectuar la entrega material del inmueble de su propiedad a la Fiscalía General de la Nación, se le causan graves perjuicios tanto a ella como a sus hijos, quienes habitan allí desde hace varios años, “pues quedarían sin techo y desprotegidos totalmente por el cumplimiento de esa medida”. Pretende entonces, mediante el instrumento de la tutela, dejar temporalmente sin efectos la medida ordenada por la Dirección de Estupefacientes, hasta tanto se resuelva el recurso de reposición que interpondrá contra la citada resolución administrativa. 1) Naturaleza de la Resolución No. 1055 de 1994. La resolución que cuestiona la accionante, constituye un acto administrativo susceptible de ser atacado y controvertido, como lo dispuso el artículo 7o. de la misma, mediante el recurso de reposición, el cual podía ser interpuesto dentro del término de los cinco (5) días siguientes a su notificación o desfijación de edicto. En cuanto a su naturaleza, debe afirmarse que el acto correspondiente, emanado de la Dirección Nacional de Estupefacientes goza de la presunción de legalidad y se encuentra vigente, de manera que debe ejecutarse salvo que haya sido revocado a través de la decisión administrativa que resuelva los recursos procedentes contra el mismo por parte de la administración, o que hubieren sido anulados o suspendidos por la jurisdicción contenciosa administrativa en ejercicio de la acción pertinente, presentada oportunamente. Si dicho acto no ha sido revocado por no haberse interpuesto recurso alguno contra el mismo, ni suspendido o anulado por la jurisdicción, se encuentra legalmente en firme. Ahora bien, en cuanto tales actos conllevan la violación o amenaza de vulneración de un derecho constitucional fundamental, no procede respecto a ellos la acción de tutela como mecanismo definitivo, pero sí puede utilizarse como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, siempre que sea viable proteger el derecho fundamental de carácter constitucional presuntamente afectado, sin quebrantar el orden jurídico ni la prevalencia del interés general. Según el inciso final del artículo 50 del C.C.A., son actos definitivos que ponen fin a la actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, mientras los actos de trámite y preparatorios son aquellos que dan impulso a la actuación preliminar de la administración o disponen u organizan los elementos de juicio que se requieren para que ésta pueda adoptar a través del acto principal o definitivo, la decisión sobre el fondo del asunto. Es pues, entendido que las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes están sometidas al control de legalidad mediante las acciones contencioso administrativas pertinentes, conforme a las reglas del Código Contencioso Administrativo. En virtud a lo anterior, puede afirmarse que contra la Resolución No. 1055 de 1994, procedía no sólo el recurso de reposición por vía gubernativa, sino las acciones contencioso administrativas ante esa jurisdicción, por lo que en principio la acción de tutela es improcedente para suspender por dicho mecanismo los efectos de una decisión administrativa que se encuentra vigente y que goza de la presunción de legalidad, con las salvedades anotadas. En el caso concreto, encuentra la Sala de Revisión que la accionante teniendo a su disposición los medios de defensa judicial para controvertir la legalidad de la citada resolución, no hizo uso de ellos sino que resolvió acudir en forma directa a la institución excepcional de la Acción de Tutela. Y lo hizo como mecanismo transitorio, anunciando que la misma sólo operaría en cuanto se resolviera el recurso de reposición que interpondría contra la mencionada resolución, lo que no se hizo en ningún momento, pues según se logró comprobar mediante oficio remitido por la Dirección Nacional de Estupefacientes, han transcurrido más de siete (7) meses desde que el acto administrativo se expidió y notificó sin que hasta la fecha se haya controvertido la legalidad de la resolución por parte de la accionante, a través del recurso de reposición, ni se ha demostrado que éste hubiese sido anulado o suspendido por la jurisdicción competente. 2)  Improcedencia de la tutela como mecanismo adicional o alternativo a los medios o recursos judiciales ordinarios. La jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática en sostener que la acción de tutela es un instrumento excepcional de protección de los derechos fundamentales de las personas cuando estos son amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, lo cual no avala ni significa que ella pueda ser utilizada como un recurso adicional, sustitutivo o alternativo de las acciones y recursos ordinarios consagrados por la Constitución y la ley. En esa forma, no por su carácter breve, sumario, preferente y de resolución inmediata, la acción de tutela puede desplazar ni reemplazar los recursos o acciones ordinarias, ni convertirse en un recurso alternativo a estos, más aún cuando están de por medio, como en este caso, los principios constitucionales relacionados con la vigencia de un orden justo y la prevalencia del interés general que conllevan al establecimiento de medidas adoptadas legalmente por las autoridades de la República para contrarrestar los efectos nocivos del delito de narcotráfico en el país. Tampoco puede acudirse a la tutela cuando los medios judiciales no han sido utilizados oportunamente. En tal virtud, existiendo otros medios de defensa judicial, resulta procedente por este aspecto revocar la decisión que se revisa, como así se ordenará en la parte resolutiva de esta providencia. No obstante, se examinará si es procedente la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Tercero: Del perjuicio irremediable. Es bien sabido que cuando la tutela se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable a pesar de que existan otros medios de defensa judiciales en cabeza del afectado por la acción u omisión de la autoridad pública, puede acudirse a ella en forma transitoria, si se demuestra la existencia en el caso concreto, de dicho perjuicio, “que a juicio del juez sea inminente, grave y de tal magnitud que se requiera de medidas urgentes e impostergables para impedir que el perjuicio se extienda y llegue a ser de tal naturaleza hasta el punto del no retorno de la situación, o lo que es lo mismo, que se convierta en irremediable”.1 Acerca de los "requisitos" para que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Corte Constitucional ha sostenido: "Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.  La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados. Con respecto al término "amenaza" es conveniente manifestar que no se trata de la simple posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de manera injustificada. La amenaza requiere un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o menoscabo material o moral"2 De acuerdo a lo expresado sobre el perjuicio irremediable, se infiere que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio. En el presente asunto, es necesario examinar en el caso concreto si se dan los requisitos pertinentes para el amparo de los derechos fundamentales de una persona invocados en la demanda frente a las normas constitucionales que hacen referencia a la prevalencia del interés general dentro del Estado social de derecho. En tal caso, el propósito que persigue la tutela como mecanismo transitorio, es la protección del bien que exige la adopción de medidas temporales urgentes e impostergables, que conllevan en algunos casos no una decisión de carácter definitivo, sino provisional, siempre y cuando que como se a dicho, no se afecten los postulados que garantiza el mantenimiento del orden jurídico, justo y la prevalencia del interés general, para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Ahora bien, ¿es irremediable en el asunto que se examina el perjuicio que aduce la accionante en su demanda? Para responder a este interrogante, es necesario determinar si se cumplen los requisitos que la Constitución, la ley y la jurisprudencia han señalado para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio. a) De una parte, se ha dicho que es indispensable que quien así invoque el amparo, haya hecho uso de los otros medios de defensa judiciales que tiene a su disposición dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que se concedió la tutela como mecanismo transitorio. Sobre el particular, es pertinente repetir que la peticionaria no obstante afirmar que ejerce la acción de tutela como mecanismo transitorio mientras se resuelve el recurso de reposición "que interpondrá" contra la resolución No. 1055 de 1994 emanada de la Dirección Nacional de Estupefacientes, no hizo en la práctica uso de dicho recurso, sino que por el contrario, se limitó a los resultados y efectos del instrumento excepcional de la tutela (certificación de la Dirección Nacional de Estupefacientes), sin que aparezca acreditado igualmente el ejercicio del proceso jurisdiccional respectivo. Cabe destacar que si la accionante advierte que la efectividad de la protección a través de la tutela radica en el hecho de que se resuelva el recurso de reposición "que interpondrá" contra la resolución No. 1055 de 1994, y este nunca se interpuso, debe negarse por esa circunstancia la petición de tutela, pues la causa de la misma no se configuró, ante la ausencia de dicho recurso. b) Observa la Sala que en la demanda de tutela se admite la existencia de otros medios de defensa judicial en relación con la peticionaria como lo son las acciones consagradas en la jurisdicción contencioso administrativa con respecto a la Resolución No. 1055 de julio 5 de 1994 emanada de la Dirección Nacional de Estupefacientes, por medio de la cual se dispuso "destinar en forma provisional a la Fiscalía General de la Nación -Dirección Seccional, Cuerpo Técnico de Investigación de Cúcuta-, el inmueble ubicado en la calle 6N No. 3-02 del barrio Colpet - Pescadero de Cúcuta-", que se encuentra revestida de la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos, por no haber sido revocada, anulada o suspendida por la autoridad competente. Aparte de lo anterior, en el presente caso, no se da la existencia de un perjuicio irremediable, por las razones que se exponen a continuación: b.1. Inexistencia de violación de los derechos a la propiedad y al debido proceso por la accionada. De acuerdo con lo expresado sobre este punto por el Consejo de Estado en la sentencia materia de revisión, en relación con los derechos que se dicen vulnerados a la peticionaria y a sus hijos menores por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes, no se encuentra que dicha circunstancia se presente respecto a los derechos al debido proceso ni a la propiedad, por cuanto la actuación surtida por la entidad accionada está amparada por la preceptiva legal y tiene plena justificación en la presunta conducta ilícita de la accionante, relacionada con la tenencia ilegal de sustancias alucinógenas - cocaína-. Además, como lo anotó el a-quo, dichos derechos no se violaron por cuanto el embargo y secuestro de la casa de habitación de la actora son consecuencia de la aplicación del artículo 55 del Decreto 0099 de 1991 que permite que los bienes muebles e inmuebles vinculados directa o indirectamente con los delitos de competencia de la jurisdicción de orden público sean ocupados o incautados por las Unidades Investigativas de Orden Público y puedan ser destinados provisionalmente al servicio de la Dirección Nacional de Carrera Judicial y al de las entidades señaladas en el Decreto 2390 de 1989. En este sentido, no existe violación de los derechos al debido proceso y propiedad por parte de la accionada, tal como se decidió en la providencia que se revisa. b.2. Improcedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio para la protección de los derechos de los menores Jorge, Eduardo y Gustavo Sabogal. Revocatoria del fallo que se revisa. Con respecto al derecho de los menores hijos de la accionante a permanecer en su casa -señalado como fundamental por parte de los jueces de instancia, y como tal amparados a través de la tutela como mecanismo transitorio-, observa la Corte que sin perjuicio de la protección que más adelante se ordenará con respecto a ellos, dichas decisiones deben ser revocadas por las siguientes razones: 1. En el expediente se encuentra plenamente demostrado que la accionante, propietaria del inmueble materia del decomiso, fue sorprendida en tenencia de aproximadamente 25 kilos de cocaína y de otros elementos utilizados  para el procesamiento de sustancias alucinógenas. 2. De acuerdo con la diligencia de allanamiento practicada el 28 de abril de 1994 por la Fiscalía Regional Delegada ante las Unidades Investigativas del DAS - SIJIN, la propietaria del inmueble mencionado expresó tener sustancia alucinógena que se encontraba en el 2o piso de dicho inmueble. Frente a los hechos descritos y acreditados, dicha situación se considera destructiva de la armonía y de la unidad que va en detrimento de los derechos fundamentales invocados y en especial de los niños, lo que afecta directamente su desarrollo integral y el ejercicio de sus derechos. A juicio de la Corte, en el presente caso la protección de los niños no se ve menoscaba por la oportuna acción de las autoridades legítimamente constituídas que tienen la obligación de adoptar las medidas encaminadas a erradicar la posesión, producción y tráfico de sustancias alucinógenas de que trata la Ley 30 de 1986. Para ello, la legislación en materia de narcotráfico ha consagrado los procedimientos vigentes que deben adelantarse para el destino de los bienes incautados, involucrados en la comisión de los delitos de narcotráfico y conexos hasta que la jurisdicción competente decida en forma definitiva sobre su devolución o decomiso. De esta manera, la Sala comparte el criterio esbozado por la Dirección Nacional de Estupefacientes, según el cual, no fueron las autoridades las que con las medidas adoptadas en el presente caso  para dar cumplimiento a las normas que ordenan incautar los bienes involucrados en el delito de narcotráfico, quebrantaron los derechos de los menores, sino la situación que se desprende de autos y los comportamientos que dieron lugar al decomiso temporal del inmueble. Desde luego que la protección de los derechos de los niños como en el caso planteado en la demanda, corresponde legalmente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Defensoría de Menores, en cumplimiento de la función educativa y protectora de la niñez, a fin de adoptar las medidas encaminadas al cuidado de los menores en asocio de sus familiares, cuando sus padres están en imposibilidad física de hacerlo, hasta cuando sea indispensable, aunque en inmueble diferente al que fue materia de decomiso frente a los hechos acreditados en el expediente, en la forma como se ordenará en la parte resolutiva de esta providencia, para que los menores puedan recibir la atención requerida. V.     CONCLUSION. En conclusión, estima la Sala que no es procedente la acción de tutela presentada por BERTHA BECERRA GALVIS, ya que no sólo dejó transcurrir los términos legales sin interponer el recurso legal que procedía contra la Resolución No. 1055 de 1994, sino que además dispone de los recursos y acciones pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo anterior, se revocará el fallo de fecha 2 de diciembre de 1994 proferido por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, y en su lugar, se negará la tutela de los derechos invocados en la demanda instaurada por BERTHA BECERRA GALVIS contra la DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, y se ordenará en la parte resolutiva de esta providencia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Norte de Santander y a la Defensoría de Menores adoptar las medidas encaminadas al cuidado de los menores JORGE, EDUARDO Y GUSTAVO SABOGAL, en asocio de los familiares, para el cumplimiento de la función educativa y protectora de la niñez que les corresponde legalmente. VI.    DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, obrando en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : REVOCASE parcialmente el fallo proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda, el 2 de diciembre de 1994, en relación con la acción de tutela interpuesta por la señora BERTHA BECERRA GALVIS, y en su lugar se dispone: PRIMERO. NEGAR la tutela de los derechos invocados por la señora BERTHA BECERRA GALVIS. SEGUNDO.  ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Norte de Santander y la Defensoría de Menores, para que en cumplimiento de la función educativa y protectora de la niñez que les corresponde legalmente, dentro del término de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente providencia, adopten las medidas encaminadas al cuidado de los menores JORGE, EDUARDO Y GUSTAVO SABOGAL, en asocio de los familiares de estos que participaron en la diligencia de que da cuenta el oficio suscrito por el Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Norte de Santander, de fecha 12 de diciembre de 1994. TERCERO.  Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Corte Constitucional. Sentencia No. T-225 de 1993. MP. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 2 Corte Constitucional. Sentencia No. T-225/93. Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa

T-092-95 Sentencia No Sentencia No. T-092/95 SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO/DERECHO A LA VIDA/DERECHO A LA SALUD-Amenaza/CALIDAD DEL AGUA Cuando el servicio de acueducto que presta el municipio en forma directa, o a través de particulares, afecta en forma evidente e inminente los derechos fundamentales a la vida y a la salud de quienes se benefician de él, bien por su prestación deficiente o por contener elementos que no permitan su consumo, deben ser protegidos a través de la acción de tutela. Así, el hecho de que la comunidad no tenga servicio de acueducto o lo tenga en condiciones que no permitan su utilización en forma adecuada, se constituye en factor de riesgo grande para la salud y la vida de la comunidad expuesta a esa situación. REF: Expediente No. T - 54.798 PETICIONARIO: Baltasar Guerrero Marquez contra el Municipio de Aipe y la Gobernación del Huila. PROCEDENCIA: Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva. MAGISTRADO PONENTE: DR. HERNANDO HERRERA VERGARA Santa Fé de Bogotá, D.C., Marzo dos (2) de mil novecientos noventa y cinco (1995). Procede la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados HERNANDO HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Y FABIO MORON DIAZ, a revisar los fallos proferidos por el Juzgado Unico Promiscuo Municipal de Aipe el 9 de septiembre de 1994 y por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, el 24 de octubre del mismo año, en el proceso de la referencia. El negocio llegó al conocimiento de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, por la vía ordinaria de la remisión que hizo el citado despacho judicial, en virtud de lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Conforme a los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Primera de Selección de la Corte escogió para efectos de revisión la presente acción de tutela. I.  INFORMACION PRELIMINAR. El ciudadano Baltazar Guerrero Marquez, actuando en nombre suyo y en representación de la niñez desprotegida de la vereda del Patá, municipio de Aipe, de donde es vecino, instauró acción de tutela en contra de ese municipio y de la Gobernación del Huila, solicitando la protección de los derechos fundamentales a la vida y a la salud, que estima estan siendo vulnerados por la acción y omisión de las citadas autoridades. El accionante fundamenta su petición, en los siguientes H E C H O S : * “El Municipio de Aipe y la Gobernación del Departamento del Huila concretaron la construcción del acueducto para satisfacer las necesidades de agua potable de la vereda del Patá, jurisdicción del municipio de Aipe, sin efectuar análisis previo sobre la calidad del agua que alimentaría el acueducto, la cual es bombeada de los pozos que se hicieron aledaños a las riberas del Río Magdalena. “El agua que vierte por este acueducto está contaminada y ha generado problemas de salubridad, causando en el suscrito, habitantes y niños, perjuicios en la vida y la salud debido a la gran cantidad de algunos componentes en el agua considerados nocivos para el consumo humano, como lo establecen algunos análisis de laboratorio que según informes de los habitantes, efectuó la entidad Aguas del Huila, quienes determinaron recomendar suspender el consumo humano de tales aguas ya que contienen EXCESO de Hierro como le consta a toda la comunidad y como es de público conocimiento. “El mencionado acueducto fue entregado a la Junta de Acción Comunal del Patá para su administración y en la actualidad a los usuarios les cobran una cuota mensual por la prestación del servicio. “El problema del agua es de público conocimiento por parte de las autoridades municipales de Aipe y Departamentales del Huila, los cuales hasta la fecha han omitido darle una solución al problema de salubridad que motiva esta acción de Tutela, no obstante a que como autoridad pública son los encargados por mandato legal de prestar en debida forma los servicios públicos, al igual que tienen la obligación de velar por la salubridad del agua de los acueductos de su jurisdicción y para el caso que nos ocupa han hecho caso omiso del problema. “El Constituyente legitima en causa a cualquier persona para exigir de la autoridad competente el cumplimiento de estos mandatos y sanción de quienes lo infringen”. “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. “Ante el grave problema de contaminación del agua y para subsanar en parte los efectos nocivos de la misma que atentan contra la vida y salud de sus HABITANTES, estos como lo puede constatar su despacho se vé en la obligación de recoger el agua para consumo de la parte del río Patá, el cual tampoco es apta por tratarse de aguas sin tratamiento y control de salubridad, pero sin embargo los niños de la comunidad de una y otra forma por razones de clima consumen del grifo el agua contaminada”. * Concluye el actor señalando que él es directamente afectado al igual que su familia por los hechos narrados, “ya que en nuestras contínuas estadías en la vereda del Patá, en donde desde hace varios años poseemos una casa de campo el uso del agua nos ha causado problemas de alteración periódica en nuestra salud y según la jurisprudencia, necesitamos “protección inmediata de los derechos fundamentales cuando estos resultan lesionados o amenazados por la acción o la omisión de la autoridad pública cualquiera que fuere”. Como lo expresa la Corte Fallo el 22 de Julio de 1979, “La protección que dispone el artículo 16 de la C.N. (Hoy 2 inciso 2o.) se dispensa mediante la eficaz y oportuna prestación de los servicios o actividades a cargo de las autoridades, término genérico que comprende a todos los gobernantes”. P R E T E N S I O N E S : En virtud a los hechos expuestos, el peticionario solicita que se tutelen sus derechos a la vida y a la salud, al igual que los de la niñez y habitantes de la vereda del Patá. Así mismo, que se ordene al Municipio de Aipe, representado por su alcalde y al gobernador del departamento del Huila, proceder en forma inmediata a dar solución al problema de contaminación del agua del acueducto Vereda del Patá, ordenando se suspenda el suministro de agua de los actuales pozos de donde se recoge y en consecuencia, tender una red de tubería que recoja el agua para el acueducto de las cabeceras del Río Patá, sitio en donde el agua es salubre según el decir de los habitantes veredales.” Finalmente, solicita se ordene a la Junta de Acción Comunal de Patá, para que se suspenda el cobro mensual que actualmente se hace por el servicio de agua hasta tanto no se de solución total al problema, así como al municipio de Aipe para que promueva una campaña educativa dentro de la comunidad del Patá para instruir a los niños y comunidad sobre los peligros del consumo de aguas contaminadas. II. LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE SE REVISAN. A. Sentencia de primera instancia. El Juzgado Unico Promiscuo Municipal de Aipe, mediante fallo del 9 de septiembre de 1994, resolvió tutelar los derechos a la vida y a la salud del accionante y de los niños de la inspección del Patá - Aipe, como mecanismo transitorio, ordenando al señor alcalde del municipio de Aipe, realizar las obras de mantenimiento necesarias para garantizar la calidad aceptable del agua que alimenta el acueducto de la Inspección del Patá, concediéndole para ello un término perentorio de 48 horas, contados a partir de la notificación del fallo, para que de inicio a la ejecución efectiva de la obra. En el mismo sentido, ordenó a la Junta de Acción Comunal del Patá suspender el cobro del servicio de agua hasta tanto se ejecute lo dispuesto en la sentencia. El mencionado despacho judicial fundamentó su decisión en los argumentos que a continuación se exponen: "1. En estos momentos la verdadera amenaza a la salud de los habitantes de la inspección del Patá, obedece al consumo de agua del río Patá por cuanto bacteriológicamente no es aceptable para el consumo humano -según el análisis físico químico mostro altos contenidos de minerales-. Ahora como se probó que el agua del pozo es aceptable bacteriológicamente y la del tanque de almacenamiento y red domiciliaria no, la amenaza a la salud obedece a que por falta de mantenimiento al tanque y red, el agua no es buena y si se consume se pone en peligro la salud. 2. Se observa que teniendo en cuenta la parte pertinente de los artículos citados -365 y 366 de la CP.-, corresponde al Estado, representado por el municipio, asegurar la prestación de los servicios públicos, el que puede ser prestado por comunidades o administrado como en el caso que nos ocupa, pero en todo caso debe ejercer control y vigilancia sobre dicha prestación, y es ahí donde radica a criterio de este despacho la omisión en que incurrió el señor Alcalde, pues por la falta de control, no se ha percatado que el tanque de almacenamiento y la red domiciliaria no se le ha realizado el mantenimiento debido, olvidandose de esta forma de una de las primordiales funciones del Estado. 3. Que a pesar de existir otro medio de defensa judicial, se trate de evitar un perjuicio irreparable, esto es, que se acuda a la acción de Tutela como mecanismo transitorio. En el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta que en la actualidad se está ejecutando el estudio y diseño para la construcción del acueducto en la inspección del Patá, Aipe, y la comunidad está consumiendo agua no apta como es la del Río Patá y les llega por la red domiciliaria agua que tampoco es apta, considera este despacho que la acción de tutela en este caso operaría como mecanismo transitorio para poder solucionar, hasta tanto se construya y ponga en funcionamiento un acueducto nuevo, que el agua que llega a sus casas por conducto de la red domiciliaria sea apta bacteriológicamente, situación que al parecer se solucionaría con un buen mantenimiento tanto de la red como del tanque donde se almacena. En consecuencia, este Despacho deberá tutelar como mecanismo transitorio el derecho a la vida y a la salud del peticionario como de los niños y en general, la comunidad de la Inspección del Patá, Aipe, ordenándose al Señor Alcalde del Municipio que en el término de 48 horas contados a partir de la notificación de este fallo, inicie los trabajos necesarios para el mantenimiento del tanque y red domiciliaria del acueducto en mención...”. B. Impugnación del fallo de primera instancia. El accionante impugnó el fallo del Juzgado Promiscuo Municipal de Aipe, por considerarlo incompleto e injusto, ya que se tutelaron los derechos en forma transitoria y no como solución definitiva al problema planteado y a la vulneración de los derechos. Por lo tanto, señala que al estar plenamente probado y demostrado el problema de salud existente según examenes al agua del Río Patá y a la que vierte por el acueducto, la cual no es apta para el consumo humano, la solución definitiva debe ser la construcción de una red que alimente el acueducto con aguas de otras vertientes potables existentes. C. Sentencia de segunda instancia. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva resolvió mediante sentencia de 24 de octubre de 1994, revocar la decisión del Juez Unico Promiscuo Municipal de Aipe toda vez que tuteló en forma transitoria, y en su lugar, acceder a la tutela en beneficio de los habitantes de la Inspección del Patá para que se haga un acueducto nuevo sobre el Río Patá, previo estudio y análisis del CORPES, para lo cual le conceden un término perentorio de seis meses, que se empezará a contar una vez ejecutoriada esta decisión. El fallo se fundamenta en el hecho de que el derecho al servicio de acueducto exige que el agua reuna las condiciones adecuadas para el consumo humano, y según los examenes bacteriológicos practicados por el Ministerio de Salud, Servicio Seccional del Huila, se concluye que el agua no es aceptable para el consumo. Además, observa que según declaraciones rendidas durante el proceso, se han presentado enfermedades en la piel, brotes, fiebre y diarrea producto del consumo del agua del Río Patá por lo que considera que los derechos a la vida y a la salud de la población de la Inspección del Patá, se encuentran afectados por la falta de prestación adecuada del servicio público, por lo que se hace necesaria su protección a través de la tutela. Concluye que el hecho de que la comunidad no tenga servicio de acueducto o lo tenga pero en las condiciones anotadas, se constituye en factor de riesgo grande para la salud de la comunidad expuesta a esa situación, por lo que el Juzgado accede a la tutela para garantizar plenamente la prestación de éste servicio de manera permanente y en las condiciones aptas para el consumo humano. III.      CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Primera. La competencia. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva. Segunda. Procedencia de la tutela y confirmación del fallo que se revisa. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, la demanda de tutela se dirige a obtener la protección de los derechos fundamentales a la vida y a la salud tanto del accionante como de los demás habitantes de la Inspección del Patá, Municipio de Aipe, Huila, afectados por la contaminación del agua que consumen, y que proviene del acueducto construido por el municipio, y cuya administración corresponde a la Junta de Acción Comunal. Observa la Sala que los fallos que se revisan, proferidos por los Juzgados Promiscuo Municipal de Aipe y Civil del Circuito de Neiva tutelaron los derechos a la vida y a la salud de los habitantes de la citada Inspección, ordenando a las autoridades municipales realizar las obras de mantenimiento necesarias para garantizar la calidad del agua que alimenta el acueducto de la Inspección, así como concediendo un término de seis meses al municipio para adelantar la ejecución de las obras tendientes a la construcción de un acueducto nuevo, previo el estudio y análisis del Corpes. Decisiones estas que tuvieron como fundamento un abundante material probatorio, a saber: declaración de testigos, inspección judicial practicada a la vereda El Patá tendiente a verificar la ubicación de los pozos, condiciones de acueducto, etc., análisis físico-químico y pruebas de laboratorio practicadas por la Sociedad Acueductos y Alcantarillados del Huila, Aguas del Huila S.A. a los pozos de agua que alimentan el acueducto existente en la Inspección, oficios emanados de la Alcaldía de Aipe y del Coordinador del Corpes, Centro-Oriente, entre otros. Todas estas pruebas llevaron a tutelar los derechos fundamentales a la vida y a la salud del actor y de los demás habitantes de la Inspección de Patá. Comparte en su totalidad la Sala los planteamientos expuestos por los jueces de instancia, que reiteran y siguen los lineamientos expuestos por esta Corporación en cuanto a la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de la protección de derechos fundamentales como la vida y la salud, no obstante esté de por medio el amparo de derechos de carácter colectivo, como lo es el relacionado con el servicio público de acueducto. Desde luego, para que sea procedente conceder la tutela solicitada, es necesario que se pruebe -y de manera fehaciente-, como así sucede en este asunto, que en efecto están en peligro o sufren lesión los derechos fundamentales del accionante. Igualmente deberá acreditarse, como se hizo, el nexo causal existente entre el motivo alegado como causante del daño colectivo y el perjuicio o amenaza individual que el peticionario dice afrontar, por lo que es viable el amparo solicitado. Por lo anterior, se confirmará el fallo que se revisa, por cuanto se encuentra probada la vulneración de los derechos fundamentales a la vida y a la salud del accionante y demás habitantes de la vereda Inspección El Patá, Municipio de Aipe, como consecuencia de las condiciones de contaminación del agua que consumen, la cual proviene del acueducto de la Inspección. Es importante tener en cuenta que bacteriológicamente el agua no es aceptable para el consumo -como se deduce de los resultados de los examenes practicados por empresas públicas de Neiva-, por lo que se causan graves riesgos a la población que la utiliza para su consumo humano. Finalmente, para abundar en razones que sustentan la confirmación del fallo que se revisa, conviene hacer referencia a algunas providencias emanadas de esta Corporación, en las cuales ante circunstancias similares se han concedido acciones de tutela para la protección de los derechos a la vida y a la salud de los habitantes de comunidades afectadas por condiciones no apropiadas para el consumo humano en el agua. Así, la Corte Constitucional, mediante sentencia No. T-406 de junio 5 de 1992, MP. Dr. Ciro Angarita Barón, señaló: “27. ...En consecuencia, el derecho al servicio de alcantarillado, en aquellas circunstancias en las cuales afecte de manera evidente derechos y principios constitucionales fundamentales, como son los consagrados en los artículos 1 (dignidad humana), 11 (vida) y 13 (derechos de los disminuidos), debe ser considerado como derecho susceptible de ser protegido por la acción de tutela. Siendo ello así  y  teniendo en cuenta, de un lado, las consideraciones de los expertos doctores Yepes Parra y John Flórez, y del otro, el hecho de que se trate de una situación de carencia claramente comprobada en el barrio de Vista Hermosa en Cartagena, con previsibles consecuencias nefastas para los habitantes del barrio. Esta Sala de Revisión considera que se trata de una clara violación a un derecho fundamental”. Así mismo, en otro pronunciamiento similar, esta Corporación con ponencia del Magistrado Dr. Jaime Sanín Greiffenstein, sentencia No. T-570 de 26 de octubre de 1992, señaló: “Considera ésta Sala de especial importancia señalar que el derecho al servicio de acueducto en aquellas circunstancias en las cuales se afecte de manera evidente e inminente derechos y principios constitucionales fundamentales, como la dignidad humana, la vida y los derechos de los disminuidos, deben ser protegidos por la acción de tutela. El hecho de que la comunidad no tenga servicio de acueducto, o lo tenga pero no funcionando adecuadamente, se constituye en factor de riesgo grande para la salud de la comunidad expuesta a esa situación”. Igualmente, mediante sentencia No. T-539 de 1993, MP. Dr. Jose Gregorio Hernández Galindo, esta Corporación manifestó: “Pese a ello, aplicando la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el particular -según los términos ya expuestos- puede concluirse en la procedencia de la tutela invocada en el presente caso habida cuenta de la existencia de una real amenaza para los derechos fundamentales del peticionario, precisamente en razón de la falta de agua potable apta para su consumo diario, de lo cual es causa, a su vez, la negligente y descuidada prestación del servicio por parte de la empresa responsable. ... En otros términos, del análisis efectuado se desprende que el accionante sí estaba sufriendo en forma directa y personal el perjuicio alegado y, de persistir la situación que puede concluirse del expediente, seguiría viendo indefinidamente amenazados sus derechos a la salud y aún a la vida. Así las cosas, era claro el perjuicio irremediable que debía ser evitado mediante la concesión de la tutela”. Finalmente, esta misma Sala en sentencia No. T - 244 de 1994, en un asunto similar al que se examina ordenó la construcción de un acueducto veredal, al encontrar la afectación de los derechos a la vida y a la salud de los habitantes de una de las veredas del Municipio de Guaduas, Cundinamarca. Allí indicó: “En materia constitucional, la garantía del derecho a la vida incluye en su núcleo esencial, la protección contra todo acto que amenace dicho derecho en forma inmediata. Y la amenaza, igualmente, puede ser demostrada con la inminencia del daño que se puede ocasionar a la vida de quienes habitan en dicha vereda por la falta del agua, lo cual está demostrado en el proceso y ha sido reconocido por los funcionarios competentes. En síntesis, se trata de la inmediata amenaza que viven a diario los habitantes de la zona por la falta de líquido vital para todo ser humano, al igual que para las demás especies vivas. Estima la Corte que deben adoptarse como medidas tendientes a lograr la solución a los problemas señalados que ponen en peligro la vida tanto del accionante como de la misma comunidad, una de carácter transitorio para permitir la circulación o fluído del agua de la quebrada en forma libre, y otra de carácter permanente, la cual consiste en la orden de construcción de un acueducto para la vereda”. En virtud a lo anterior, cuando el servicio de acueducto que presta el municipio en forma directa, o a través de particulares, afecta en forma evidente e inminente los derechos fundamentales a la vida y a la salud de quienes se benefician de él, bien por su prestación deficiente o por contener elementos que no permitan su consumo, deben ser protegidos a través de la acción de tutela. Así, el hecho de que la comunidad no tenga servicio de acueducto o lo tenga en condiciones que no permitan su utilización en forma adecuada, se constituye en factor de riesgo grande para la salud y la vida de la comunidad expuesta a esa situación. En tal virtud, concluye esta Sala que habrá de confirmarse el fallo que se revisa, como así se ordenará en la parte resolutiva de esta providencia. IV.    DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, obrando en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO. CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva el 24 de octubre de 1994, en relación con la acción de tutela instaurada por BALTAZAR GUERRERO MARQUEZ. SEGUNDO.  Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-093-95 Sentencia No Sentencia No. T-093/95 SUSTITUCION PENSIONAL/JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Una petición como la formulada en este caso, tendiente a que se ordene una sustitución pensional, debe ventilarse ante la entidad correspondiente -vía gubernativa- y agotada ésta, ejercer las acciones que contra sus decisiones proceden en los términos del Código Contencioso Administrativo, y sólo en el caso de que la autoridad vulnere un derecho constitucional fundamental, es posible acudir a la acción de tutela en demanda de protección, siempre que no existan otros medios de defensa judicial. SUSTITUCION PENSIONAL-Reconocimiento/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL La protección del derecho a la seguridad social de las personas no entraña la posibilidad de reconocimiento de los derechos pensionales de las personas por parte del juez de tutela. La acción de tutela es un instrumento idóneo para solicitar el pago de una pensión ya reconocida por la institución de seguridad social respectiva. En este evento el peticionario es titular de un derecho reconocido como fundamental por esta Corporación. Sin embargo, cuando se trata de una pensión que aún no ha sido reconocida, el particular tiene derecho a obtener una decisión por parte de la administración con base en su derecho fundamental de petición, sin que ello lo libere de la obligación de cumplir con el trámite legal previsto para el reconocimiento. REF: Expediente No. T - 56.353 PETICIONARIA: Leonilde Oliveros de Recio contra la Caja Nacional de Previsión Social. PROCEDENCIA: Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil. TEMA: Improcedencia de la acción de tutela para ordenar una sustitución pensional - existencia de otros  medios de defensa judiciales. MAGISTRADO PONENTE: DR. HERNANDO HERRERA VERGARA Santa Fé de Bogotá, D.C., Marzo dos (2) de mil novecientos noventa y cinco (1995). Procede la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados HERNANDO HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Y FABIO MORON DIAZ, a revisar el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, el 28 de noviembre de 1994 en el proceso de la referencia. El negocio llegó al conocimiento de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, por la vía ordinaria de la remisión que hizo el Tribunal Superior, en virtud a lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Conforme a los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Primera de Selección de la Corte escogió para efectos de revisión la presente acción de tutela. I.  INFORMACION PRELIMINAR. La señora Leonilde Oliveros de Recio interpuso en su propio nombre acción de tutela contra la Caja Nacional de Previsión Social, con el objeto de que se le reconozca la sustitución pensional que le corresponde como cónyuge supérstite de su esposo Oscar Recio Buriticá. Señala que a pesar de haber permanecido casada con el señor Recio Buriticá hasta su muerte, la Caja Nacional de Previsión le negó el derecho a la sustitución pensional, por lo que considera se le está privando de los alimentos, techo y salud que en vida fueron atendidos por su esposo, y que ahora pretende negarle la entidad accionada, causándole grave daño y perjudicándola en grado sumo al no poder atender su propia subsistencia. En tal virtud, solicita se ordene a la Caja Nacional de Previsión Social el reconocimiento del derecho a la sustitución pensional que le corresponde en su condición de cónyuge de Oscar Recio Buriticá. II. LA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE SE REVISA. Mediante fallo de 28 de noviembre de 1994, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió conceder la tutela del derecho fundamental a la seguridad social de la señora Leonilde Oliveros de Recio, ordenando a la Caja Nacional de Previsión Social, que en el término improrrogable de 48 horas, reconocerle el derecho a la sustitución pensional que le corresponde como cónyuge supérstite de Oscar Recio Buriticá. Para fundamentar su decisión, el Tribunal tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: “Se expresa en las resoluciones expedidas por Cajanal, que la señora Leonilde Oliveros de Recio, carece del derecho a la sustitución pensional por no dar cumplimiento a lo consagrado en el parágrafo del artículo 1o. del Decreto 690 de 1974, carencia que hace radicar en el documento privado con el que se demuestra que la separación de cuerpos se hizo bajo la anuencia de los contrayentes y en forma espontánea sin vicios de consentimiento. De acuerdo con la documentación aportada por la accionante, se demuestra el cumplimiento del requisito exigido en el Decreto 690 de 1974, con las declaraciones extraproceso que rindieron.... No puede decirse desvirtuado el requisito mencionado, por el documento privado cuya copia también se acompañó a la Tutela por la accionante, y al que se refieren los actos administrativos que negaron el derecho fundamentándose en él, mediante el cual los esposos Recio Oliveros, en el año de 1972 otorgaron un documento privado mediante el cual acordaron separarse de hecho, liberándose mutuamente de las obligaciones conyugales inherentes al matrimonio que las leyes imponen. Como consecuencia, manifestaron quedar en libertad de vivir donde quisieran, sin el consentimiento del otro. Pero en el mismo documento el señor Recio se obligó a autorizar un descuento de su sueldo para que se pagase a su cónyuge directamente, una suma mensual por concepto de alimentos cóngruos. Arbitraria como se dijo antes, resulta la consecuencia jurídica que le otorgara la Caja Nacional de Previsión a un documento que ningún efecto producía.... Pero aunque así fuera, el otorgamiento de un documento con 20 años de anterioridad al fallecimiento del causante no puede servir para acreditar que la culpa de la separación radicó en la viuda, como tampoco puede servir para acreditar que en esos 20 años no hubo vida marital entre los cónyuges. En los actos administrativos a que nos referimos, se manifiesta claramente que la señora Leonilde Oliveros de Recio aportó declaraciones extrajuicio donde los deponentes manifestan que ella fue casada con el causante, convivió con él 28 años y fue abandonada por él. Consta también que se presentó a reclamar la sustitución pensional la señora Maria Ofelia Cruz López, afirmando ser la compañera permanente del causante, lo que a las claras pone de presente que había incurrido el causante en incumplimiento de los deberes de esposo para con su cónyuge, indicio indiscutible de la ausencia de culpa en la viuda. Igualmente hay constancia del desistimiento de la mencionada señora Cruz Lopez, por haberse enterado de la unión conyugal de los esposos Recio Oliveros, haciendo manifestación expresa de que el fallecido Oscar Recio Buriticá mantenía relaciones de amistad y visitas con su esposa y sus hijos legítimos. La Caja Nacional de Previsión Social, en manifiesta evasión de sus deberes, utiliza la vigencia del matrimonio Recio Oliveros para negar a la concubina la sustitución pensional, y para negarla a la esposa legítima, no reconoce la vigencia del matrimonio..... “Tenía la Caja Nacional suficientes elementos de juicio para saber a quien correspondía el derecho de la sustitución pensional; pero fueron ellos dejados de lado con tal de burlar las claras normas de seguridad social que amparan a las viudas. Todo lo anterior impone tutelar el derecho constitucional fundamental a la seguridad social de la accionante, ordenando a la Caja Nacional de Previsión que conceda a la peticionaria la sustitución pensional que le corresponde, toda vez que la falta de asistencia en la ancianidad atenta contra la vida de quien ya no puede procurarse su subsistencia por la edad y.... más aún cuando dependían económicamente del causante, por lo que el único medio que para ello queda es el constitucional de la acción de tutela. En el caso de autos debe relievarse que procede el mecanismo subsidiario y residual porque actualmente no cuenta la accionante con otro medio de defensa judicial. Es cierto que hubiese eventualmente podido prosperar una acción de restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, pero todas esas acciones hoy se encuentran caducadas por haber transcurrido ya mas de los cuatro meses desde la ejecutoria de la resolución que decidió el recurso de apelación”. III.    REMISION A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION. No habiendo sido impugnada la anterior providencia, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 para su eventual revisión, por lo que habiendo sido seleccionado por la Sala Primera de esta Corporación y repartido a la Sala Sexta de Revisión de Tutelas, se entra a resolver. IV.      CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Primera. La competencia. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil. Segunda. Breve justificación para revocar el fallo que se revisa. En el asunto que se examina, teniendo en cuenta el hecho de que la tutela se dirige a obtener de parte de la Caja Nacional de Previsión Social el reconocimiento de una sustitución pensional, debe entrar la Corte a examinar si para ello la acción es procedente, a la luz de las normas constitucionales y de conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente. a) De las pruebas y resoluciones que obran en el expediente. Se debe observar que la Caja Nacional de Previsión en relación con la solicitud de la actora, profirió los siguientes actos administrativos: 1. Resolución No. 9273 del 27 de noviembre de 1990, por medio de la cual se reliquidó post-morten una pensión de invalidez al señor Oscar Recio Buriticá y se sustituyó la misma a favor de Maria Ofelia Cruz en calidad de compañera permanente. 2. Mediante Resolución No. 4550 del 8 de diciembre de 1991, la Caja dejó sin efectos la anterior resolución, negando la solicitud de sustitución impetrada por la señora Maria Ofelia Cruz Lopez en su calidad de compañera y a Leonilde Oliveros de Recio en su calidad de cónyuge supérstite. Contra ese acto administrativo, las afectadas interpusieron los recursos de reposición y apelación. Decisión ésta que se fundamentó en las siguientes consideraciones: “Que estudiado el informativo en su integridad, se observa a folio 120 documento privado en donde los cónyuges OSCAR RECIO BURITICA y LEONILDE OLIVEROS DE RECIO de manera espontánea, voluntaria y sin vicios de consentimiento acuerdan separarse de cuerpos, razón por la cual no es admisible el hecho de que el causante haya abandonado el hogar sin justa causa.... La señora MARIA OFELIA CRUZ LOPEZ pretende hacer valer su calidad de compañera permanente para lograr la sustitución pensional; al respecto este Despacho considera que si bien es cierto que el causante no convivía con su cónyuge al momento del fallecimiento, tambien es cierto que este vínculo matrimonial nunca fue disuelto. Que el artículo 6o. del Dcto. 1160/89 reglamentario de la Ley 71 de 1988 con absoluta claridad señala: “Beneficiarios de la sustitución pensional...”. Que por los hechos y razones anteriores se deduce que el derecho a la sustitución no le asiste a ninguna de las dos solicitantes, que por lo tanto no es procedente acceder a sus peticiones”. 3.   Por Resolución No. 007578 del 26 de octubre de 1992, la Caja Nacional de Previsión Social, Subdirección de Prestaciones Económicas, resolvió no reponer la Resolución 4550 de 1991, y remitió el expediente a la Dirección General para que se resolviera allí la apelación. 4. Mediante Resolución No. 1992 del 5 de mayo de 1993, la Directora General de la Caja Nacional de Previsión Social resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la Resolución No. 4550 en todas sus partes y señalando que con aquella providencia queda agotada la vía gubernativa. Para sustentar dicha decisión, la Caja señaló: “A la luz de las normas transcritas -Ley 33 de 1973, art. 1o., Decreto 690 de 1974, parágrafo 1o. del artículo 1o., Decreto 1160 de 1989, artículo 6o. y artículo 54 del Decreto 1045 de 1978- se deduce que la señora MARIA OFELIA CRUZ LOPEZ, no acredita la calidad de compañera tal como conciben las normas legales, toda vez que, si bien es cierto, que el causante no convivió con su esposa legítima, también lo es que no se aportó prueba de la disolución del vínculo matrimonial. De igual manera la señora LEONILDE OLIVEROS DE RECIO no acreditó la convivencia con el causante hasta el día del fallecimiento...”. b) Improcedencia de la acción de tutela para ordenar una sustitución pensional ante la existencia de otros medios de defensa judiciales. Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, la Sala debe hacer las siguientes precisiones, que le permiten concluir la improcedencia de la acción de tutela en el presente caso: 1o. Con las providencias emanadas de la Caja Nacional de Previsión Social que negaron el derecho a la sustitución pensional a la peticionaria, quedó agotada la vía gubernativa, y por consiguiente, le correspondía ejercer la acción contenciosa administrativa que es el medio judicial procedente contra dichas resoluciones, dentro del término de caducidad de que trata el Código Contencioso Administrativo. Así no se hizo, sino que por el contrario, por estimar que la acción de restablecimiento del derecho está caducada, se ejerce la demanda de tutela. En este sentido, ante la existencia de otros medios de defensa judiciales, representados en las acciones de  nulidad y restablecimiento del derecho que se podían interponer contra las citadas resoluciones, la tutela es improcedente en los términos de los artículos 86 de la Carta Política y 6o. del Decreto 2591 de 1991, por no ser el medio adecuado y menos, cuando se trata de sustituir la acción contenciosa procedente. 2o. Como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia constitucional, una petición como la formulada en este caso, tendiente a que se ordene una sustitución pensional, debe ventilarse ante la entidad correspondiente -vía gubernativa- y agotada ésta, ejercer las acciones que contra sus decisiones proceden en los términos del Código Contencioso Administrativo, y sólo en el caso de que la autoridad vulnere un derecho constitucional fundamental, es posible acudir a la acción de tutela en demanda de protección, siempre que no existan otros medios de defensa judicial1 . No resulta acertada la afirmación que hace el fallo de instancia que se revisa en el sentido de que por haber caducado la acción no existan otros medios de defensa judiciales al no haber presentado la peticionaria oportunamente la demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, en ejercicio de la acción de restablecimiento del derecho, pues es bien sabido que conforme a la jurisprudencia de esa jurisdicción tantas veces reiterada, en materia pensional, el derecho no prescribe, sino las mesadas pensionales con tres años de antelación al nuevo pronunciamiento negativo por parte de la entidad accionada. 3o. Finalmente, debe hacerse referencia a dos decisiones de Salas de Revisión de la Corte Constitucional, en que ante situaciones similares a la que se examina, manifestó en relación con la sustitución pensional, lo siguiente: 3.1 En la sentencia No. T-553 de 1994, MP. Dr. Jose Gregorio Hernández Galindo, se dijo: “La sustitución pensional, según la misma jurisprudencia -que ahora se ratifica-, es también un derecho que permite a una o varias personas entrar a gozar de los beneficios de una prestación económica antes percibida por otra, "lo cual no significa el reconocimiento del derecho a la pensión sino la legitimación para reemplazar a la persona que venía gozando de este derecho". Ella tiene por objeto evitar que los allegados al trabajador queden desamparados por el sólo hecho de la desaparición de éste. Como se expresó en la aludida sentencia "los beneficiarios de la sustitución de las pensiones de jubilación, invalidez y de vejez, una vez haya fallecido el trabajador pensionado o con derecho a la pensión, son el cónyuge supérstite o compañero (a) permanente, los hijos menores o inválidos y los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado (Ley 12 de 1975, artículo 1º y Ley 113 de 1985, artículo 1º, parágrafo 1º)". A juicio de la Corte, cabría la tutela para impedir la violación del derecho a la igualdad si el organismo de seguridad social, llegado el momento de resolver acerca de quiénes serán los beneficiarios de la sustitución pensional, introduce discriminaciones injustificadas entre quienes aspiran a ese reconocimiento, dejando desprotegidas a personas que tendrían el mismo título e igual derecho a los que pudieran mostrar los favorecidos. No obstante, para que la protección judicial tenga cabida es indispensable que en concreto hayan sido violados o amenazados los derechos constitucionales fundamentales, como lo ha resaltado esta misma Sala en Sentencia T-550 de la fecha”. 3.2 Por su parte, en la sentencia No. T-190 de 1993, MP. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, se expresó: “El derecho a la pensión de jubilación tiene como objeto no dejar a la familia en el desamparo cuando falta el apoyo material de quienes con su trabajo contribuían a proveer lo necesario para el sustento del hogar. El derecho a sustituir a la persona pensionada o con derecho a la pensión obedece a la misma finalidad de impedir que sobrevenida la muerte de uno de los miembros de la pareja el otro no se vea obligado a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales. El vínculo constitutivo de la familia - matrimonio o unión de hecho - es indiferente para efectos del reconocimiento de este derecho. El factor determinante para establecer qué persona tiene derecho a la sustitución pensional en casos de conflicto entre el cónyuge supérstite y la compañera o compañero permanente es el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua existente entre la pareja al momento de la muerte de uno de sus integrantes. Es por ello que la ley ha establecido la pérdida de este derecho para el cónyuge supérstite que en el momento del deceso del causante no hiciere vida en común con él, salvo la existencia de justa causa imputable a la conducta del fallecido (L. 12 de 1975, art. 2º y D. R. 1160 de 1989)..... Esta Sala encuentra acertada la exigencia impuesta a la interesada de acudir, en primer término, a la autoridad o al particular competente para resolver sobre su petición con el fin de suscitar una actuación u omisión cuyo examen pudiera luego ser objeto de la jurisdicción constitucional. Adicionalmente, le asiste también razón al juzgador al afirmar que no es la acción de tutela, sino la justicia laboral, el medio de defensa judicial para el reconocimiento de la sustitución pensional”. Finalmente, no sobra reiterar lo expuesto por esta misma Corporación, la cual ha considerado que la protección del derecho a la seguridad social de las personas no entraña la posibilidad de reconocimiento de los derechos pensionales de las personas por parte del juez de tutela. La acción de tutela es un instrumento idóneo para solicitar el pago de una pensión ya reconocida por la institución de seguridad social respectiva. En este evento el peticionario es titular de un derecho reconocido como fundamental por esta Corporación. Sin embargo, cuando se trata de una pensión que aún no ha sido reconocida, el particular tiene derecho a obtener una decisión por parte de la administración con base en su derecho fundamental de petición, sin que ello lo libere de la obligación de cumplir con el trámite legal previsto para el reconocimiento[1]. De manera, pues, que el Juez de tutela no puede reemplazar al Juez competente para fallar en lo que le autoriza la ley, sino que su accionar es un medio de protección de derechos propios de la persona humana en su primacía[2]. En razón a lo anterior, esta Sala concluye que la tutela instaurada por la señora LEONILDE OLIVEROS DE RECIO es improcedente ante la existencia de otros medios de defensa judiciales, por lo que se revocará la sentencia que se revisa, como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. V.      DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, obrando en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO. REVOCAR el fallo proferido por Tribunal Superior de Bogotá, el 28 de noviembre de 1994, y en su lugar denegar la tutela instaurada por la señora LEONILDE OLIVEROS DE RECIO contra la Caja Nacional de Previsión Social. SEGUNDO.  Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. 1 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. T-477 de 1993. MP. Dr. Hernando Herrera Vergara. [1] Cfr. Corte Constitucional. Expediente No. T-48.437. MP. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. [2] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. T-279 de 1993. MP. Dr. Hernando Herrera Vergara.

T-094-95 Sentencia No Sentencia No. T-094/95 ACCION DE TUTELA VERBAL La demanda oral es perfectamente legítima, dada la informalidad de la acción de tutela, cuyo cometido real no podría alcanzarse si se interpusiera el obstáculo consistente en la exigencia de solemnidades que no todas las personas pueden cumplir. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta, que otorga la tutela a toda persona, y siguiendo el principio de prevalencia del derecho sustancial, resulta indubitable la conclusión de que los jueces no pueden exigir la presentación de demandas escritas para proponer acciones de tutela. DERECHO DE INFORMACION El derecho a la información cobija tanto a quien divulga datos como a quien los recibe. Las informaciones pueden circular en virtud de convenios interinstitucionales o sectoriales que permitan, en el campo económico, el funcionamiento de centrales de riesgos, destinadas a la protección de las entidades participantes pero, primordialmente, a la preservación del interés colectivo inherente a la actividad crediticia. El derecho a la información no es absoluto, de donde resulta que no puede ser utilizado para revelar datos íntimos ni para lesionar la honra y el buen nombre de las personas a las que se refieren aquéllos. DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR/DATO FINANCIERO En lo que atañe al derecho a la intimidad, el dato económico, comercial o financiero, en cuanto verdaderamente aluda a materias de esa naturaleza, no hace parte del derecho a la intimidad, siendo evidente que tal derecho se quebranta cuando, so pretexto de recolectar o difundir datos económicos o financieros, en realidad se recogen o transmiten informaciones sobre la vida privada del individuo o su familia, caso en cual cabe la acción de tutela para asegurar la efectiva vigencia de la garantía constitucional. DERECHO A LA HONRA/DERECHO AL BUEN NOMBRE En cuanto a los derechos a la honra y al buen nombre, resultan afectados cuando el banco de datos recoge, maneja o difunde informaciones falsas o cuando, en el caso de las verdaderas, lo sigue haciendo no obstante haber caducado el dato, según los criterios de razonabilidad señalados por la doctrina constitucional. HABEAS DATA El HABEAS DATA es derecho autónomo y fundamental plasmado en el artículo 15 de la Constitución, que permite a toda persona conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ella hayan sido consignadas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas o privadas, en defensa de sus derechos fundamentales a la intimidad, a la honra y al buen nombre. CADUCIDAD DEL DATO-Límite temporal El dato relativo a un individuo que incurrió en mal manejo de su cuenta corriente bancaria no podría permanecer indefinidamente, pero tampoco existirían respecto de él los criterios de distinción que se han expuesto para el deudor moroso. Por ello no sería razonable que el dato negativo correspondiente permaneciera por tiempo superior a aquél que se refiere al deudor moroso que pagó en virtud de un proceso ejecutivo, es decir, cinco (5) años, que para situaciones como la aquí considerada se deben contar desde la fecha de cancelación unilateral de la cuenta corriente por la institución financiera. Obviamente, el legislador -quien goza de plena competencia para establecer las reglas generales sobre los alcances del derecho al HABEAS DATA- puede establecer un término distinto, el que será válido siempre que sea razonable y no contradiga los principios y preceptos constitucionales. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-46343 Acción de tutela instaurada por CARLOS ALBERTO LEGARDA VALENCIA contra LA ASOCIACION BANCARIA y entidades financieras. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los dos (2) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisa el fallo proferido por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Popayán. I. INFORMACION PRELIMINAR CARLOS ALBERTO LEGARDA VALENCIA presentó demanda verbal de tutela contra la ASOCIACION BANCARIA "y entidades financieras de Colombia". Manifestó el peticionario que, desde hace aproximadamente dos años y medio le fue cancelada su cuenta corriente en el BANCO DE BOGOTA de Popayán. Dijo haberse dirigido a la ASOCIACION BANCARIA y haber obtenido allí un certificado en el cual se expresaba que no tenía ninguna deuda pendiente y que no debía pagar multa alguna pero se le dijo que aparecería por el lapso de cinco años en pantalla. Consideró el accionante que tal inclusión en un banco de datos lo inhabilitaba para cualquier transacción comercial y bancaria, razón por la cual ejerció la acción de tutela, solicitando que su nombre y cédula fueran borrados del registro en mención. II. LA SENTENCIA REVISADA La Juez Octava Penal del Circuito de Popayán, mediante providencia del 22 de agosto de 1994, resolvió negar la tutela impetrada. La decisión judicial se fundó en que la cuenta bancaria del petente fue cancelada por determinación del Banco de Bogotá, en razón de su mal manejo. "Bajo esta perspectiva -expresó la Juez- resulta entonces que la actividad asumida por CARLOS ALBERTO LEGARDA dió origen a la cancelación de su cuenta corriente, lo que a la postre implica, como sanción, la inclusión de su nombre en el banco de datos de las asociaciones bancarias y crediticias, inclusión que tiene una vigencia limitada en el tiempo, la cual impone a los responsables o administradores del banco de datos la obligación ineludible de una permanente actualización a fin de evitar efectos negativos de sus titulares". Destacó el Juzgado que el acreedor había actuado en ejercicio de una facultad legítima que no solamente a él beneficia sino que repercute en el interés de toda la colectividad en cuanto preserva el uso honesto y responsable del crédito y previene las operaciones riesgosas. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar el fallo que antecede, según lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y con arreglo a las prescripciones del Decreto 2591 de 1991. Advertencia previa El presente asunto, por hacer parte de la temática del HABEAS DATA, hubo de ser sometido a suspensión de términos, acordada por la Sala en su sesión del día 6 de febrero de 1995, mientras se debatía la unificación de jurisprudencia en la materia por el Pleno de la Corte. Producida tal unificación, consignada en sentencias del 1º de marzo de 1995, se reanudaron los términos y esta Sala de Revisión procedió a fallar sobre la base de los criterios acogidos en Sala Plena. La parte demandada en tutela La acción de tutela debe ser intentada contra una autoridad, persona u organismo claramente identificados, bien que se trate de autoridades públicas, ya de particulares. No es admisible buscar la protección judicial contra entidades o individuos indeterminados o señalados en abstracto, ya que el presupuesto indispensable de este mecanismo constitucional es la violación o amenaza en concreto de derechos fundamentales y, por otra parte, se hace menester, en desarrollo del artículo 29 de la Constitución Política, dar al inculpado la oportunidad de defensa, permitirle aportar pruebas, controvertir las que se alleguen en su contra y exponer su versión de los hechos. Así las cosas, la Corte entiende que la acción se ejerció en el presente caso contra la Asociación Bancaria, desechando la referencia que, de manera vaga, se hizo a "entidades financieras" como sujetos pasivos de la demanda. Acción de tutela verbal El peticionario no presentó al Juzgado un escrito, sino que prefirió acogerse a la forma verbal, mediante su presencia directa en el despacho judicial, para pedir que se brindara protección a los derechos fundamentales que invocaba. La demanda oral es perfectamente legítima, dada la informalidad de la acción de tutela, cuyo cometido real no podría alcanzarse si se interpusiera el obstáculo consistente en la exigencia de solemnidades que no todas las personas pueden cumplir. Recuérdese que se trata de obtener el acceso inmediato y urgente a la administración de justicia, en razón de la jerarquía reconocida por la Constitución a los derechos fundamentales. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta, que otorga la tutela a toda persona, y siguiendo el principio de prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 C.P.), resulta indubitable la conclusión de que los jueces no pueden exigir la presentación de demandas escritas para proponer acciones de tutela. Al respecto, se reitera lo afirmado por esta misma Sala: "La Constitución no exige que, para provocar la actuación del aparato judicial, sea indispensable la presentación de una demanda escrita, pues se parte del supuesto de que la posibilidad de escribir no está al alcance de toda la población, bien por analfabetismo, ya por dificultades físicas, por minoría de edad o por la propia necesidad de acudir sin demora ante el juez para plantear los hechos que configuran violación o amenaza de derechos fundamentales. Es por tales motivos que el Decreto 2591 de 1991 establece en su artículo 14 que en caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la acción podrá ser ejercida verbalmente. El juez -dice la norma- deberá atender inmediatamente al solicitante, pero, sin poner en peligro el goce efectivo del derecho, podrá exigir su posterior presentación personal para recoger una declaración que facilite proceder con el trámite de la solicitud, u ordenar al secretario levantar el acta correspondiente sin formalismo alguno". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-352 del 10 de agosto de 1994). Tenía derecho, entonces, el accionante a que se tramitara su solicitud, como en efecto se hizo. La inclusión de informaciones en bancos de datos no tiene el carácter de sanción Como lo expresó esta Corte con toda claridad en Sentencia SU-082 proferida con fecha 1º de marzo de 1995 (M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía), "el revelar un dato verdadero, en condiciones normales, no constituye una sanción, sino el ejercicio del derecho a informar y recibir información veraz e imparcial, consagrado por el artículo 20 de la Constitución". Ya esta Sala, en el Fallo T-110 del 18 de marzo de 1993, había señalado que la Asociación Bancaria, las entidades financieras y los bancos de datos carecen de jurisdicción y competencia para imponer "sanciones" a los particulares, por lo cual los reglamentos internos de dichas instituciones, mediante los cuales se alude a la inclusión de personas en registros informáticos, cobijándola bajo aquélla denominación, carecen de todo sustento constitucional. Cosa diferente es que, en ejercicio de su derecho a la información, mientras no abusen de él y se ajusten a la normatividad constitucional en lo relativo a los derechos fundamentales de las personas concernidas, tales entidades gocen de la posibilidad, reconocida en la Carta Política, de tomar, procesar y hacer circular el dato relativo al comportamiento de un individuo respecto de sus obligaciones financieras. La propia negligencia no es fuente de derechos. La información financiera. Caducidad del dato La Asociación Bancaria, requerida por el Juzgado de instancia, informó que la cuenta corriente abierta por el peticionario el 21 de abril de 1992 fue cancelada por mal manejo el 21 de agosto del mismo año. Por tanto, al ejercer la acción de tutela  basado en ese hecho e imputar a la Asociación Bancaria la vulneración de sus derechos a la honra y al buen nombre, el peticionario pretendió que las normas constitucionales lo favorecieran sobre la base de su propio descuido y mal desempeño como cuentacorrentista. La Corte estima que tal conducta corresponde a un indebido uso de la acción de tutela, pues la sola enunciación del caso muestra a las claras que la entidad financiera, al cancelar unilateralmente el contrato de cuenta corriente, hizo uso de un derecho, a la luz de la legislación comercial vigente (Cfr. artículo 1389 del Código de Comercio) y que el registro de los hechos en el banco de datos de la Asociación Bancaria se produjo en desarrollo de la libertad informativa. El derecho a la información cobija tanto a quien divulga datos como a quien los recibe. Las informaciones pueden circular en virtud de convenios interinstitucionales o sectoriales que permitan, en el campo económico, el funcionamiento de centrales de riesgos, destinadas a la protección de las entidades participantes pero, primordialmente, a la preservación del interés colectivo inherente a la actividad crediticia. Como ya lo expresó esta Sala en Sentencia T-110 del 18 de marzo de 1993, "la aplicación de las redes informáticas al servicio de las entidades financieras -consideradas individualmente o asociadas- para los fines de preservar las sanas prácticas del crédito, dando aviso a los usuarios de aquéllas sobre los riesgos que pueden correr ante las posibilidades de contratación con eventuales deudores incumplidos, es un mecanismo legítimo que (...) asegura la confianza en el sistema financiero e interesa en alto grado al bien general". La circulación de datos en el indicado ámbito, mientras no sea arbitraria o irrazonable ni afecte derechos fundamentales, tiene asidero constitucional en cuanto, dentro de la perspectiva del derecho a la información (artículo 20 C.P.), obedece a la necesidad de un conocimiento previo y exacto de los hábitos y el comportamiento de los potenciales demandantes de servicios crediticios, siendo claro que quienes aparecen registrados como cuentahabientes irresponsables son clientes riesgosos para cualquier institución financiera, motivo por el cual la prudencia exigible a los administradores de tales establecimientos aconseja, cuando menos, el mayor y más detenido estudio de las solicitudes de crédito o contrato bancario presentadas por quien exhibe los aludidos antecedentes. Pese a lo dicho, la Corte Constitucional ha sostenido que el derecho a la información no es absoluto, de donde resulta que no puede ser utilizado para revelar datos íntimos ni para lesionar la honra y el buen nombre de las personas a las que se refieren aquéllos. En lo que atañe al derecho a la intimidad, como lo ha destacado la Corte en reciente fallo, debe recordarse que el dato económico, comercial o financiero, en cuanto verdaderamente aluda a materias de esa naturaleza, no hace parte del derecho a la intimidad, siendo evidente que tal derecho se quebranta cuando, so pretexto de recolectar o difundir datos económicos o financieros, en realidad se recogen o transmiten informaciones sobre la vida privada del individuo o su familia, caso en cual cabe la acción de tutela para asegurar la efectiva vigencia de la garantía constitucional. En cuanto a los derechos a la honra y al buen nombre, resultan afectados cuando el banco de datos recoge, maneja o difunde informaciones falsas o cuando, en el caso de las verdaderas, lo sigue haciendo no obstante haber caducado el dato, según los criterios de razonabilidad señalados por la doctrina constitucional. Es claro que si la información respectiva es falsa o errónea, no solamente se afectan los derechos a la honra y al buen nombre de la persona concernida, sino que, precisamente por el efecto multiplicador que tiene el informe negativo en las instituciones receptoras de la información incorporada al banco de datos o archivo, resulta notoriamente perjudicada en su actividad económica y en su situación patrimonial. No se pierda de vista que un cierre del crédito puede provocar una cadena de incumplimientos forzados, la incapacidad de contraer nuevas obligaciones, la cesación de pagos y la quiebra. He allí uno de los más importantes fundamentos del HABEAS DATA, derecho autónomo y fundamental plasmado en el artículo 15 de la Constitución, que permite a toda persona conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ella hayan sido consignadas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas o privadas, en defensa de sus derechos fundamentales a la intimidad, a la honra y al buen nombre. Según el perentorio mandato constitucional, en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Carta Política. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional también ha sido afirmativa al precisar que los derechos a la honra y al buen nombre se tienen únicamente sobre la base del buen comportamiento. El prestigio se aquilata y se fortalece a partir de la bondad de las propias conductas, al paso que sufre deterioro por las fallas en que la persona incurra y por las equivocaciones que cometa. Cabe, entonces, reiterar lo dicho por esta misma Sala: "El buen nombre alude al concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, antecedentes y ejecutorias. Representa uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social de la persona y constituye factor indispensable de la dignidad que a cada uno debe ser reconocida. (...) ...el derecho al buen nombre no es gratuito. Por su misma naturaleza, exige como presupuesto indispensable el mérito, esto es, la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular y el reconocimiento social del mismo. En otros términos, el buen nombre se adquiere gracias al adecuado comportamiento del individuo, debidamente apreciado en sus manifestaciones externas por la colectividad. Lo anterior implica que no está en posición de reclamar respeto y consideración a su buen nombre quien ha incurrido en actos u omisiones que de suyo generan el deterioro del concepto general en que se tiene al interesado. Así, el que incumple sus obligaciones y persiste en el incumplimiento se encarga él mismo de ocasionar la pérdida de la aceptación de la que gozaba en sociedad y no puede, por tanto, aspirar a que se lo reconozca públicamente como persona digna de crédito. Eso mismo acontece en los diversos campos de la vida social, en los cuales la conducta que una persona observa, cuando es incorrecta, incide por sí sola, sin necesidad de factores adicionales y de una manera directa, en el desprestigio de aquella". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-228 del 10 de mayo de 1994). En ese orden de ideas, mal puede utilizar las vías constitucionales y legales para defender su buena fama o recuperar el crédito quien ha hecho un uso descuidado y censurable de la cuenta corriente bancaria. Cuando la entidad financiera afectada o un banco de datos suministran información sobre ese mal manejo, no hacen nada distinto de transmitir la verdad, en uso de su derecho a la información y los usuarios de la central de riesgos, al recibir los datos y al utilizarlos de manera preventiva respecto de nuevos contratos solicitados por el mismo individuo, ejercen su derecho a recibir información y hacen uso legítimo de ella con miras al buen funcionamiento de su actividad y para la preservación del interés público. Pero, claro está, sería injusto y desproporcionado -por cuanto representaría prácticamente la muerte civil del implicado- que el registro negativo acerca de una persona, es decir el dato referente a su pasado mal comportamiento, pudiera permanecer indefinidamente y se divulgara todavía después de transcurrido mucho tiempo de los sucesos informados. En tal circunstancia, no se tendría ya el ejercicio de un sano derecho a la información sino una actitud vindicativa de la institución financiera o de la central informática, imprimiendo al dato financiero un carácter de pena -no lo es, según lo atrás explicado-, la cual, además, resultaría imprescriptible, con notoria violación del artículo 28 de la Constitución. Ello justifica la caducidad del dato, que ha sido objeto de reciente jurisprudencia de esta Corte, plasmada en los siguientes términos: "...el término para la caducidad del dato lo debe fijar, razonablemente, el legislador. Pero, mientras no lo haya fijado, hay que considerar que es razonable el término que evite el abuso del poder informático y preserve las sanas prácticas crediticias, defendiendo así el interés general. En este orden de ideas, sería irrazonable la conservación, el uso y la divulgación informática del dato, si no se tuviera en cuenta la ocurrencia de todos los siguientes hechos: a)  Un pago voluntario de la obligación; b) Transcurso de un término de dos (2) años, que se considera razonable, término contado a  partir del pago voluntario.  El término de dos (2) años se explica porque el deudor, al fin y al cabo, pagó voluntariamente, y se le reconoce su cumplimiento, aunque haya sido tardío. Expresamente se exceptúa el caso en que la mora haya sido inferior a un (1) año, caso en el cual, el término de caducidad será igual al doble de la misma mora; y, c) Que durante el término indicado en el literal anterior, no se hayan reportado nuevos incumplimientos del mismo deudor, en relación con otras obligaciones. Si el pago se ha producido en un  proceso ejecutivo, es razonable que el dato, a pesar de ser público, tenga un término de caducidad, que podría ser el de cinco (5) años, que es el mismo fijado para la prescripción de la pena, cuando se trata de delitos que no tienen señalada pena privativa de la libertad, en el Código Penal. Pues, si las penas públicas tienen todas un límite personal, y aun el quebrado, en el derecho privado, puede ser objeto de rehabilitación, no se vé por qué no vaya a tener límite temporal el dato financiero negativo. Ahora, como quiera que no se puede perder de vista la finalidad legítima a la que sirven los bancos de datos financieros, es importante precisar que  el límite temporal mencionado no puede aplicarse razonablemente si dentro del mismo término ingresan otros datos de incumplimiento y mora de las obligaciones del mismo deudor o si está en curso un proceso judicial enderezado a su cobro". Esta última condición se explica fácilmente pues el simple pago de la obligación no puede implicar la caducidad del dato financiero, por estas razones: la primera,  la finalidad legítima del banco de datos que  es la de informar verazmente sobre el perfil de riesgo de los usuarios del sistema financiero; la segunda, la ausencia de nuevos datos negativos durante dicho término, que permite presumir una rehabilitación comercial del deudor moroso". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencias SU-082 y SU-089 del 1º de marzo de 1995. M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía). Con base en lo anterior, puede afirmarse que el dato relativo a un individuo que incurrió en mal manejo de su cuenta corriente bancaria no podría permanecer indefinidamente, pero tampoco existirían respecto de él los criterios de distinción que se han expuesto para el deudor moroso. Por ello, a juicio de la Corte, no sería razonable que el dato negativo correspondiente permaneciera por tiempo superior a aquel que se refiere al deudor moroso que pagó en virtud de un proceso ejecutivo, es decir, cinco (5) años, que para situaciones como la aquí considerada se deben contar desde la fecha de cancelación unilateral de la cuenta corriente por la institución financiera. Obviamente, siendo el criterio doctrinal apenas subsidiario, el legislador -quien goza de plena competencia para establecer las reglas generales sobre los alcances del derecho al HABEAS DATA- puede establecer un término distinto, el que será válido siempre que sea razonable y no contradiga los principios y preceptos constitucionales. El caso concreto Las anteriores consideraciones, llevadas al caso particular, permiten concluír que el juez de instancia falló acertadamente al negar la protección que solicitaba CARLOS ALBERTO LEGARDA VALENCIA, pues está probado el motivo por el cual le fue cancelada la cuenta corriente -el mal manejo de la misma- y apenas lleva algo más de dos años desde cuando se produjo la determinación de la entidad bancaria, luego no puede todavía reclamar que ésta renuncie a su derecho a la información teniendo en cuenta que el dato transmitido es verdadero. Podrá el peticionario ejercer la acción de tutela contra la Asociación Bancaria o contra el banco de datos que mantenga la aludida información después de expirados los cinco (5) años de caducidad. DECISION En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia -Sala Quinta de Revisión-, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMAR la Sentencia proferida el 22 de agosto de 1994 por el Juez Octavo Penal del Circuito de Popayán, al resolver sobre la acción de tutela instaurada por CARLOS ALBERTO LEGARDA VALENCIA. Segundo.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-095-95 Sentencia No Sentencia No. T-095/95 LIBERTAD DE CIRCULACION-Restricción Cuando la eventual restricción del derecho de libre circulación y residencia proviene de un ley extranjera cuya aplicación depende de la potestad del gobierno colombiano, en desarrollo del manejo de las relaciones internacionales, las autoridades competentes deben proceder de tal manera que no vulneren o amenacen los derechos fundamentales de la persona. Si como efecto de la decisión nacional se produce una invasión en la órbita de los derechos individuales, corresponde al juez constitucional determinar si la restricción tiene expreso fundamento en el orden constitucional y legal. ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Alcance La transitoriedad de la tutela que puede impetrarse ante la evidencia de un perjuicio irremediable está íntimamente relacionada con la circunstancia de que los procesos ordinarios no arrojan un resultado inmediato. Por ello, la duración del amparo depende del tiempo en que el juez competente haya de resolver sobre el asunto planteado a través del otro medio de defensa. Pero, desde luego, el mismo carácter transitorio de la tutela exige del peticionario la carga de instaurar la acción indicada para que dicho medio judicial pueda operar. De lo contrario, la medida correspondiente -que, según la Constitución, tiene una naturaleza precaria- se convertiría en definitiva, sustituyendo al medio ordinario. LIBERTAD DE APRENDIZAJE-Vulneración/VISA-Declaración de no objeción En el presente caso se encuentra que la solicitante adelanta sus estudios en los Estados Unidos con dineros provenientes de su familia y no con fondos públicos nacionales ni extranjeros. Tampoco se trata de un programa de cooperación o de intercambio convenido por los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos, para realizar sus estudios de post-grado. No hay, pues, motivo para exigir reciprocidad de la peticionaria ni para imponerle que obligatoriamente regrese al país. La imposibilidad de obtener la visa H-1, como consecuencia de la negativa del Gobierno, la obliga a continuar desempeñándose apenas en investigación científica, impidiéndole cumplir con la residencia clínica en pediatría y la subespecialización en genética clínica. Esto, fuera de límitar ostensiblemente su autonomía personal, lesiona de manera abierta la libertad de aprendizaje e investigación. PERJUICIO IRREMEDIABLE/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA La peticionaria sí afronta la inminencia de un perjuicio irremediable para los derechos fundamentales enunciados, ya que la negativa oficial comportará necesariamente la pérdida de sus posibilidades de residencia clínica y subespecialización en los Estados Unidos. Se concederá la tutela, aunque únicamente de manera transitoria, pues para la Corte Constitucional resulta evidente que la peticionaria ha tenido y tiene a su alcance otro medio de defensa judicial consistente en ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto mediante el cual le fue negado el documento de "NO OBJECION" que reclama. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-46802 Acción de tutela instaurada por DEYANIRA CORZO CUEVAS contra CANCILLERIA DE LA REPUBLICA. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los dos (2) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisan los fallos proferidos en el asunto de la referencia por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. I. INFORMACION PRELIMINAR DEYANIRA CORZO CUEVAS se dirigió al Ministerio de Relaciones Exteriores el día 30 de marzo de 1994 para solicitar que se le expidiera un certificado de "NO OBJECION" referente a su permanencia en la ciudad de New York, en el Centro Médico Mainmonides, Hospital Mainmonides, Departamento de Pediatría, con el objeto de cumplir con la residencia clínica que se le exige para hacer una subespecialidad en Genética Clínica. La accionante solicitó la carta de "NO OBJECION" con miras a tramitar el cambio de visa J-1 (estudiante de investigación), que posee actualmente, a H-1 (estudiante subsidiado), ante las autoridades de Inmigración de los Estados Unidos de Norteamérica. Afirma la peticionaria que la visa actual le fue expedida para permanecer en la División de Inmunogenética del Instituto de Cáncer Dana-Farber de la ciudad de Boston y que, si bien puede solicitar extensiones de su vigencia hasta completar 7 años, tal documento únicamente le permite desempeñarse en el campo de la investigación. En la carta dirigida al Ministerio, la demandante expuso que es médica graduada de la Universidad Industrial de Santander en 1991 y que, después de cumplir con el año rural y de obtener su licencia médica en Colombia, fue aceptada desde mayo de 1993 en el laboratorio de Inmunogenética del "Dana Farber Cancer Institute", perteneciente a la escuela médica de Harvard y dirigida por el doctor Edmond J. Yunis. "En este momento -declaró ante la Cancillería- realizo un programa de post-doctorado en investigación en un proyecto que tiene como objetivo identificar el papel que juegan las proteínas de choque de calor en el desarrollo de agranulocitosis inducida por el fármaco clozapina". Expresó que había sido aceptada para realizar una especialización clínica en pediatría en los Estados Unidos y que planeaba completar su educación en ese país optando por un título de PhD en Genética. Explicó al Ministerio que la duración de su entrenamiento podía extenderse hasta por 9 años, por lo cual solicitaba el señalado cambio de visa, para el cual requería el certificado de "NO OBJECION". Según la accionante, su financiación proviene de fuentes familiares y no ha solicitado becas o préstamos de entidades privadas o del Gobierno colombiano para adelantar estudios en los Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió la carta de la peticionaria el día 24 de junio de 1994, manifestando que no le era posible expedir el certificado solicitado. Señaló el Ministerio que las visas J-1 son otorgadas por el Gobierno de los Estados Unidos a los estudiantes cubiertos por programas de intercambio educativo, becas, fondos especiales, o cuando el área de estudio esté comprendida en la lista de prioridades para el país. Dijo que este tipo de visas comporta la obligación para el estudiante de regresar al país de origen, con el fin de trabajar en él, aplicando sus conocimientos adquiridos, compromiso que aceptan voluntariamente las personas que se benefician de estos programas, independientemente de si reciben o no apoyo estatal. Para el Ministerio, el fundamento del requisito de regreso obligatorio radica en que los estudiantes pongan en práctica en el país la capacitación que adquieran en el extranjero gracias a las gestiones intergubernamentales. En ello motivó su determinación negativa respecto de la petición elevada por Deyanira Corzo. Aclaró que, según informaciones que el Ministerio poseía, se puede solicitar prórrogas de las visas J-1 sin que las autoridades de inmigración de los Estados Unidos exijan el Certificado de "NO OBJECION". Puso de presente también que, en materia migratoria, el Estado anfitrión tiene discrecionalidad para otorgar o modificar una visa, por lo que el otorgamiento de certificado de "NO OBJECION" no es documento indispensable para que ese Estado otorgue o cambie la visa. La accionante estimó que, al negarle el certificado, el Ministerio vulneró sus derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a entrar y salir libremente del territorio, así como su libertad de aprendizaje e investigación y que incumplió el deber estatal, señalado en el artículo 70 de la Constitución, de promover y fomentar el acceso de todos los colombianos a la cultura. II. DECISIONES JUDICIALES En primera instancia le correspondió resolver a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, que, mediante fallo del 14 de julio de 1994, concedió la tutela impetrada y ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores expedir el documento de "NO OBJECION". Se fundó el Tribunal en la doctrina sentada por esta Corte en Sentencia T-532 del 23 de septiembre de 1992. Impugnada la decisión por el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue revocada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por Sentencia del 30 de agosto de 1994 en la cual se dispuso negar la tutela. A juicio de la Corte Suprema, la peticionaria contaba con otro medio de defensa judicial, cual era el de acudir ante la juridicción de lo Contencioso Administrativo para obtener la invalidez del acto por el cual se le negó la declaración de "NO OBJECION". "Así las cosas -manifestó- la tutela resulta improcedente, en la medida en que no se está en presencia de un perjuicio irremediable, dado que, de tener éxito con la demanda enunciada, obviamente (la actora) obtendría el requerido certificado de no objeción hasta ahora negado". Advirtió, además, que en cuestiones de ingreso de ciudadanos a otro país no sólo deben observarse las regulaciones legales que sobre dicho aspecto aquél Estado tenga junto con las del país de origen del emigrante -que en el caso analizado lo obliga a regresar a Colombia a prestar sus servicios por dos años- sino también las relativas al intercambio internacional educativo, las cuales no pueden afectarse por decisiones proferidas con base en una acción de tutela, dado que esto podría constituir intromisión en las determinaciones de otras naciones soberanas, en perjuicio para las sanas y pacíficas relaciones que con aquéllas debe mantener nuestro país. III CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia Esta Corte es competente para revisar las aludidas providencias judiciales, según lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991. Trámite en Sala Plena El Magistrado Ponente elaboró un proyecto de fallo mediante el cual confirmaba la sentencia proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que, tratándose de un acto administrativo, la accionante gozaba de otro medio de defensa judicial y por cuanto, a su juicio, no podía supeditarse a la decisión de un juez de tutela el ejercicio de atribuciones discrecionales como las que corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de la solicitada declaración de "NO OBJECION" para cambio de visa. Reunida la Sala Quinta de Revisión el día 6 de febrero de 1994, dos de los magistrados coincidieron en la tesis según la cual debía negarse la protección impetrada, por los motivos expuestos en la ponencia. Como tal situación implicaba modificar los criterios hasta ahora sostenidos por la Corte a partir de la Sentencia T-532 del 23 de septiembre de 1992 (M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), fue necesario aplicar el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, a cuyo tenor los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corporación, previo registro del proyecto de fallo correspondiente. Fueron entonces suspendidos los términos y el tema se debatió durante las sesiones de Sala Plena elevadas a cabo los días 16 y 23 de febrero de 1995. La Sala Plena resolvió no cambiar la jurisprudencia sobre el tema y ordenó, por tanto, que la sentencia fuera proferida por esta Sala de Revisión, previa elaboración de nueva ponencia por el Magistrado Sustanciador dentro de los cinco (5) días siguientes, si bien indicando que, en principio, por ser la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores un acto administrativo, en casos como el propuesto existe otro medio de defensa judicial, motivo por el cual se hacía indispensable que, al resolver, la Sala de Revisión verificara si la accionante afrontaba la posibilidad de un perjuicio irremediable. Además, dejó en claro la Sala Plena que, si bien la determinación que adopte el Ministerio en eventos como el planteado implica el ejercicio de una cierta discrecionalidad, ésta no puede ser absoluta y, por tanto, para objetar la permanencia de un colombiano en otro Estado, la autoridad colombiana debe fundar su decisión objetiva y razonadamente, pues de lo contrario, en cuanto se afecta la libertad de la persona para entrar y salir del territorio y se interfiere el ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, se incurre en un acto abusivo que lesiona derechos fundamentales y que puede ser atacado por la vía de la acción de tutela, así sea transitoriamente. Igualmente, la Sala Plena advirtió que debe distinguirse entre los casos en que la financiación de los estudios de la persona en el exterior corre a cargo de instituciones públicas, de aquellos en que proviene de recursos propios o familiares, o de organismos internacionales o entidades particulares. Es claro -consideró la Sala- que si el Estado no participa en dicha financiación, no tiene motivo para objetar la permanencia del estudiante en territorio extranjero, ni para oponerse al cambio de visa. Obtenido el consenso entre los magistrados acerca de estos puntos básicos, la Sala Plena estimó que debían mantenerse los lineamientos jurisprudenciales ya trazados. Reiteración de jurisprudencia. Límites al poder discrecional. El origen de la ayuda educativa La Sala Quinta de Revisión de la Corte, acatando lo dispuesto por la Sala Plena, ratifica en este caso lo expresado en Sentencia T-532 del 23 de septiembre de 1992: "Para que una limitación al derecho individual al libre desarrollo de la personalidad sea legítima y, por lo mismo no arbitraria, se requiere que goce de un fundamento jurídico constitucional. No basta que el derecho de otras personas o la facultad de la autoridad se basen en normas jurídicas válidas, sino que en la necesaria ponderación valorativa se respete la jerarquía constitucional del derecho fundamental mencionado. En consecuencia, simples invocaciones del interés general, de los deberes sociales (CP art. 15), o de los derechos ajenos de rango legal,  no son suficientes para limitar el alcance de este derecho". (...) "La Constitución reconoce a todo colombiano, con las limitaciones que la ley establece, el derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia (CP art. 24). De esta manera se recoge y refuerza la protección internacional a la libertad de locomoción, circulación y residencia de las personas en el propio territorio o en el extranjero. La  Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 22) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 12) consagran el derecho de circulación y residencia y circunscriben su limitación a los casos previstos por la ley con miras a proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas y los derechos y libertades de los demás. Cuando la eventual restricción del derecho de libre circulación y residencia proviene de un ley extranjera cuya aplicación depende de la potestad del gobierno colombiano, en desarrollo del manejo de las relaciones internacionales (CP art. 189-2), las autoridades competentes deben proceder de tal manera que no vulneren o amenacen los derechos fundamentales de la persona. La intervención gubernamental permitida por las leyes de un país extranjero, en el trámite de una actuación administrativa que involucra los derechos fundamentales de un nacional colombiano, se sujeta a derecho interno con miras a juzgar la legitimidad de las limitaciones impuestas. Si como efecto de la decisión nacional se produce una invasión en la órbita de los derechos individuales, corresponde al juez constitucional determinar si la restricción tiene expreso fundamento en el orden constitucional y legal (CP arts. 152-a y 214-2)". Sobre el concepto de reciprocidad, que se justifica en algunos casos, pero que no tiene asidero cuando la persona adelanta sus estudios sin la ayuda oficial, expresó la Corte: "Uno de los campos en que se aplica el principio de reciprocidad es el de los estudios en el exterior, cuando ellos se realizan gracias al apoyo de instituciones públicas, nacionales o extranjeras. Las personas favorecidas con "becas-préstamo" concedidas por el Instituto Colombiano de Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, o mediante mercedes de Gobiernos extranjeros en desarrollo de convenios de cooperación técnica, generalmente, salvo las excepciones establecidas en la ley, están obligadas a soportar determinadas cargas que su condición de ventaja relativa les impone, como es la de prestar con posterioridad a su terminación, un servicio social por un cierto período. Esta obligación puede consistir en retornar al país, luego de concluidos los estudios, con el objeto de trabajar en la respectiva especialización durante un término mínimo de dos años. La circunstancia descrita justifica precisamente que, tratándose de las relaciones de intercambio académico, técnico y profesional entre Colombia y los Estados Unidos, se otorgue a los estudiantes, en intercambio y con "beca - préstamo", una visa J-1, con las obligaciones y cargas sociales derivadas de esta última". Agregó la Corporación en torno a los límites del poder discrecional en estas materias: "Todo poder político o potestad atribuida por la Constitución o la ley a una autoridad no puede traducirse en su utilización en el desconocimiento de los derechos inalienables  de la persona (CP art. 5). "Toda actuación administrativa, cualquiera sea su materia, es reglada en mayor o menor grado. El artículo 36 del Código Contencioso Administrativo (D. 01 de 1984) ordena que toda decisión discrecional, de carácter general o particular, sea adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa. Se presenta un ejercicio arbitrario de la autoridad pública cuando se impone a una persona una carga desproporcionada o injusta. Existe desproporción en el uso de las competencias constitucionales o legales si es evidente la divergencia entre los fines buscados con el otorgamiento de dicha competencia y los medios empleados para alcanzarlos. En materia de intercambio educativo con los Estados Unidos, el Gobierno Nacional tiene la potestad, según la legislación de dicho país, de otorgar o no documentos de "declaración de no objeción", con el objeto de exceptuar del requisito de retornar al país por dos años antes de poder solicitar un cambio de visa. Se afirma, por parte del Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es política gubernamental, plasmada en instrucciones a los embajadores de Colombia ante Gobiernos extranjeros, la de no otorgar, por razones de conveniencia nacional, este tipo de documentos para que "los estudiantes capacitados en el exterior aporten sus conocimientos y el país se beneficie de los mismos". El fin de esta norma es resguardar al Gobierno un ámbito de decisión para que el estudiante beneficiario de un cupo o programa de cooperación educativa regrese al país por razones de interés general". (...) "...La negativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de expedir los documentos de no objeción obedece más a razones formales, v.gr. el tipo de visa (J-1) otorgada a los accionantes, y no se sustenta en un juicioso y detenido análisis de las circunstancias del caso, de las cuales se podía colegir la carencia de apoyo financiero educativo para la prosecución de sus estudios en los Estados Unidos. La política de conveniencia nacional de hacer retornar a los estudiantes colombianos al país no debe desconocer que lo único que la justifica y hace imperiosa es la circunstancia - aquí inexistente - de poner a disposición de la persona recursos públicos propios o extranjeros. En el evento de que ello no sea así, carece de justificación razonable la limitación del desarrollo profesional y existencial de la persona, e imponerla vulnera el artículo 16 de la Constitución Nacional por la manifiesta desproporción entre los fines perseguidos y el sacrificio injustificado de los derechos individuales fundamentales. Los Nacionales son de Colombia y del mundo y, como sujetos libres, son centros soberanos de autodeterminación. El altruismo, lamentablemente, las más de las veces carece de base normativa; quizá por ello cuando se manifiesta enaltece tanto a la persona que lo práctica". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-532 del 23 de septiembre de 1992). La tutela como mecanismo transitorio y la caducidad de las acciones ordinarias Ha subrayado la jurisprudencia constitucional que el artículo 86 de la Carta Política, al consagrar la acción de tutela, la instituyó como procedimiento subsidiario, es decir, como medio ordenado específicamente a la defensa de los derechos fundamentales cuando para ese mismo fin no exista dentro del ordenamiento jurídico, con efectividad igual o superior, un medio judicial distinto. No quiso el Constituyente propiciar la dualidad de procedimientos frente a situaciones idénticas y con objetos iguales, ni buscó sustituir los procesos existentes por un mecanismo de universal aplicación apto para resolver todo tipo de controversias. Por el contrario, mantuvo la legislación que venía rigiendo, en cuanto no fuera incompatible con las nuevas disposiciones constitucionales, reservando la tutela para la finalidad específica de garantizar la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales, aunque sobre la base de que fuera usada cuando, consideradas todas las posibles vías procesales, fuera la única apropiada para obtener efectiva y oportuna protección judicial. Así las cosas, es improcedente la acción de tutela cuando se tiene a mano otro medio judicial para lograr el propósito buscado, a menos que el afectado se encuentre ante el peligro inminente de un daño irreparable, pues, en éste último evento, la urgencia de proteger los derechos fundamentales impone la intervención judicial inmediata, si bien transitoria, por cuanto la decisión del juez ordinario podría llegar demasiado tarde frente a una situación grave ya creada. La transitoriedad de la tutela que puede impetrarse ante la evidencia de un perjuicio irremediable está íntimamente relacionada con la circunstancia de que los procesos ordinarios no arrojan un resultado inmediato. Por ello, la duración del amparo depende del tiempo en que el juez competente haya de resolver sobre el asunto planteado a través del otro medio de defensa. Pero, desde luego, el mismo carácter transitorio de la tutela exige del peticionario la carga de instaurar la acción indicada para que dicho medio judicial pueda operar. De lo contrario, la medida correspondiente -que, según la Constitución, tiene una naturaleza precaria- se convertiría en definitiva, sustituyendo al medio ordinario. En otros términos, la acción de tutela en tales casos está condicionada a la actividad del interesado, quien se compromete a instaurar el proceso alternativo, so pena de que la tutela que se le conceda pierda toda eficacia. De allí que el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991 haya dispuesto, con carácter obligatorio para el juez, que en la sentencia debe señalarse tal condición, manifestando "que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado" (subraya la Corte). Lo cual significa que este requisito -la instauración de la acción ordinaria- es presupuesto indispensable del amparo constitucional transitorio. La misma norma estipula que, en todo caso, el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro meses a partir del fallo de tutela. El plazo en mención supone, desde luego, que el accionante goza todavía del tiempo necesario para accionar, según las normas legales pertinentes. Esto implica que los cuatro meses no se añaden al término de caducidad previsto para ejercer la acción ordinaria. Si, al acudir a la acción de tutela, tal oportunidad ha precluído, la consecuencia es obvia: no tiene lugar la protección constitucional transitoria por cuanto carecerá de objeto y de sentido. Vale decir, la sentencia que concede la tutela transitoria no revive en ningún caso los términos de caducidad de las acciones ordinarias. Por ello, dada la circunstancia de que en el momento del fallo el juez de tutela ignore si el peticionario ha acudido al otro medio de defensa judicial, debe condicionar la vigencia y aplicabilidad de la orden que imparte, asegurando así el carácter transitorio de la protección. El caso concreto En el presente caso se encuentra que la solicitante adelanta sus estudios en los Estados Unidos con dineros provenientes de su familia y no con fondos públicos nacionales ni extranjeros. Tampoco se trata de un programa de cooperación o de intercambio convenido por los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos, para realizar sus estudios de post-grado. No hay, pues, motivo para exigir reciprocidad de la peticionaria ni para imponerle que obligatoriamente regrese al país. Por tanto, si se tiene en cuenta, además, que la conducta de la señorita CORZO CUEVAS en los Estados Unidos -hasta donde permite colegirlo el material probatorio- no ha dado motivo de queja de ninguna índole, ni ha sido solicitada por los jueces de la República por delito alguno, ni ha perturbado en nada las relaciones colombo-norteamericanas, no existe motivo atendible para negarle la oportunidad de permanecer en territorio extranjero en condiciones más propicias, con miras a adelantar las especializaciones académicas de su preferencia. Es claro, entonces, que -como ella lo manifiesta- la decisión oficial, insuficientemente motivada ha repercutido en limitaciones al libre desarrollo de su personalidad, no derivadas del orden jurídico ni de los derechos de los demás (artículo 16 C.P.). También se ha visto afectado su derecho de libre circulación y residencia (artículo 24 C.P.), en cuanto la determinación del Ministerio la obliga a regresar a territorio colombiano antes de que pueda culminar los estudios de post-grado que se le ofrecen, ya que éstos exigen su permanencia en Estados Unidos durante nueve años, cuando la visa J-1, que posee en la actualidad y que desea cambiar, tiene una vigencia máxima de siete años. La imposibilidad de obtener la visa H-1, como consecuencia de la negativa del Gobierno, la obliga a continuar desempeñándose apenas en investigación científica, impidiéndole cumplir con la residencia clínica en pediatría y la subespecialización en genética clínica. Esto, fuera de límitar ostensiblemente su autonomía personal, lesiona de manera abierta la libertad de aprendizaje e investigación, garantizada en el artículo 27 de la Carta Política. Se revocará la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia y se concederá la tutela, aunque únicamente de manera transitoria, pues para la Corte Constitucional resulta evidente que la peticionaria ha tenido y tiene a su alcance otro medio de defensa judicial consistente en ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto mediante el cual le fue negado el documento de "NO OBJECION" que reclama. A diferencia de la Corte Suprema de Justicia, esta Corporación considera que la peticionaria sí afronta la inminencia de un perjuicio irremediable para los derechos fundamentales enunciados, ya que la negativa oficial comportará necesariamente la pérdida de sus posibilidades de residencia clínica y subespecialización en los Estados Unidos. Pero, claro está, también entiende la Corte que, justificándose la acción de tutela únicamente por razón del perjuicio irremediable, no puede concederse de manera definitiva, como lo pretende la accionante, ya que al hacerlo se violaría el artículo 86 de la Constitución, a cuyo tenor el mecanismo de protección en él previsto "sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial". De manera que el amparo concedido únicamente tendrá eficacia en la medida en que, dentro del término de caducidad de la acción contencioso administrativa, ésta haya sido ejercida por la peticionaria contra el acto del Ministerio de Relaciones Exteriores. DECISION Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- REVOCAR la Sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- el 30 de agosto de 1994. Segundo.- CONCEDER la tutela impetrada, inaplicando en el caso de DEYANIRA CORZO CUEVAS el acto administrativo emanado del Ministerio de Relaciones -oficio de marzo 30 de 1994-, mediante el cual se le negó la declaración de "NO OBJECION" para el cambio de visa J-1 a H-1, solicitado a las autoridades de inmigración de los Estados Unidos. En consecuencia, el Ministerio deberá expedir dicho certificado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, siempre que la accionante haya ejercido la acción contencioso administrativa contra el aludido acto. Tercero.- La tutela se concede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, los efectos de este fallo únicamente permanecerán mientras dure el proceso contencioso administrativo que la accionante haya iniciado contra el acto que le negó el indicado documento. Esta providencia no restablece los términos de caducidad de la acción previstos en el Código Contencioso Administrativo. Cuarto.- La notificación de esta Sentencia se efectuará como lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Aclaración de voto a la Sentencia No. T-095/95 ACTO ADMINISTRATIVO/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA/VISA-Declaración de no objeción (Aclaración de voto) He sostenido -y así lo ha aceptado la Sala Plena- que el acto mediante el cual se niega la declaración pedida es un acto administrativo, contra el cual proceden las acciones contempladas en la ley, ante la jurisdicción correspondiente. Hay, pues, otro medio de defensa judicial, lo que, en términos del artículo 86 de la Constitución, hace improcedente la tutela salvo el caso de un inminente perjuicio irremediable, circunstancia en la cual cabe la protección judicial transitoria de los derechos fundamentales violados o amenazados, mientras se adelante el proceso ordinario. CADUCIDAD/ACCION DE TUTELA-Improcedencia (Aclaración de voto) Si después resulta que la concesión del amparo viene a ser tardía en relación con términos de caducidad que el interesado haya dejado vencer, ello no es atribuible al juez de tutela -en este caso la Corte Constitucional- sino que acontece por el propio descuido del accionante, en cuanto, a sabiendas de la existencia de otros medios judiciales, prefirió confiarse tan sólo al mecanismo preferente, sumario y subsidiario en que consiste la tutela, cuyos efectos en estos casos no pueden ser sino transitorios. Ref.: Expediente T-46802 He votado favorablemente el texto del fallo, acatando la doctrina sentada por la Corte y ratificada por la Sala Plena a propósito de este caso. Igualmente, con base en los argumentos expuestos por los demás honorables magistrados, he revisado mi posición inicial acerca de la absoluta improcedencia de la tutela en situaciones como la que ha dado lugar a la presente Sentencia (Cfr. Salvamento de Voto a la Sentencia T-532 del 23 de septiembre de 1992), pues debe reconocerse que, cuando no hay motivo alguno que justifique la objeción colombiana para el cambio de visa, se lesionan derechos fundamentales en cuanto se parte de una errónea concepción del poder discrecional. Esto resulta especialmente claro en eventos como el considerado, en los cuales la financiación de estudios en el exterior corre por cuenta del propio estudiante, de su familia o de instituciones privadas, sin que haya lugar a reciprocidad alguna que obligue al estudiante a regresar a territorio colombiano. Ahora bien, he sostenido -y así lo ha aceptado la Sala Plena- que el acto mediante el cual se niega la declaración pedida es un acto administrativo, contra el cual proceden las acciones contempladas en la ley, ante la jurisdicción correspondiente. Hay, pues, otro medio de defensa judicial, lo que, en términos del artículo 86 de la Constitución, hace improcedente la tutela salvo el caso de un inminente perjuicio irremediable, circunstancia en la cual cabe la protección judicial transitoria de los derechos fundamentales violados o amenazados, mientras se adelante el proceso ordinario. Igualmente he manifestado que, en aplicación de lo estatuído por la norma constitucional y por virtud del artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, la tutela únicamente puede tener vigencia sobre la base de que el interesado haya hecho uso oportuno de los mecanismos propios del medio judicial alternativo. Por consiguiente, si después resulta que la concesión del amparo viene a ser tardía en relación con términos de caducidad que el interesado haya dejado vencer, ello no es atribuible al juez de tutela -en este caso la Corte Constitucional- sino que acontece por el propio descuido del accionante, en cuanto, a sabiendas de la existencia de otros medios judiciales, prefirió confiarse tan sólo al mecanismo preferente, sumario y subsidiario en que consiste la tutela, cuyos efectos en estos casos no pueden ser sino transitorios. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Fecha, ut supra

T-096-95 Sentencia No Sentencia No. T-096/95 DEBIDO PROCESO-Vulneración/ACCION DE TUTELA/ACTO POLICIVO No era el procedimiento consagrado por el decreto 747 de 1992, la vía indicada para conseguir que el actor desocupara el inmueble, como lo decidió el Gobernador en la providencia objeto de la tutela. Nadie podría afirmar que la ocupación del predio por el actor haya ocasionado perturbaciones del orden público en el departamento del Atlántico. En el presente caso se violó el debido proceso. "La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios civiles o penales de policía regulados especialmente por la ley". Por tanto, el actor no contaba con otra vía para atacar la decisión del Gobernador, violatoria del debido proceso. Ref: Expediente T- 49.426 DEMANDANTE: ANDRES AVELINO PEÑALOZA DE AVILA contra EL GOBERNADOR DEL ATLANTICO, doctor Gustavo Bell Lemus. PROCEDENCIA: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA. MAGISTRADO PONENTE: JORGE ARANGO MEJIA. Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., en sesión de la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, a los dos (2) días del mes de marzo  de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso de tutela  promovido por Andrés Avelino Peñaloza de Avila en contra del  Gobernador del Atlántico, doctor Gustavo Bell Lemus. El expediente llegó a la Corte Constitucional, por remisión que hizo el Tribunal, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección de la Corte eligió, para efectos de su revisión, el expediente de la referencia. I. ANTECEDENTES El actor, a través de apoderado, presentó demanda de tutela ante el Juzgado Penal del Circuito (reparto) de Barranquilla, en contra del Gobernador del Atlántico, doctor Gustavo Bell Lemus. A. Pretensión. Solicita se ordene al Gobernador del Atlántico revocar o anular la Resolución 362 de 1994, y dejar a las partes en libertad  de acudir a la justicia ordinaria, para dirimir el conflicto sobre la posesión del predio  "Tarapacá o Motea", predio que, en virtud de la  resolución mencionada, ya no posee. Esta solicitud se fundamenta en los hechos que a continuación se exponen. B. Hechos 1.  El actor dice ser poseedor de un predio rural denominado "Tarapacá" o "Motea", ubicado en la jurisdicción del municipio de Polonuevo, Departamento del Atlántico. Posesión que ha ejercido, explotando económicamente el bien. El predio lo recibió materialmente al suscribir un contrato de aparcería con el esposo de quien era la propietaria del inmueble, señora Lilia Pertuz. 2.  A la muerte de la señora Pertuz, tres (3) de sus cuatro (4) hijos vendieron sus derechos herenciales sobre el referido predio, a la señora Judith Pérez Romero, por medio de la escritura pública No.  546, del 16 de mayo de 1983. 3.  La señora Pérez, aduciendo su calidad de propietaria del predio "Tarapacá" o "Motea", instauró denuncio penal en contra del señor Peñaloza, por el presunto delito de invasión de tierras. Proceso que culminó en 1992,  con la cesación de procedimiento en favor del actor, pues, en concepto del juez, el señor Peñaloza no era invasor del predio mencionado. 4.  El 21 de julio de 1993, ante la Inspección Nacional de Trabajo, seccional Atlántico, se produjo una audiencia de conciliación, entre el señor Peñaloza y el señor Ceferino González Pertuz, uno de los herederos de la señora Pertuz y quien actuaba como empleador de Peñaloza. En la mencionada audiencia, la apoderada del señor Peñaloza, reconociendo la calidad de trabajador de su podernante, aceptó desocupar la finca "Tarapacá" o "Motea", el 6 de agosto de ese mismo año, si se le pagaba la suma de un millón cuatrocientos mil pesos ($ 1.400.000), por concepto de salarios y prestaciones sociales.  Acuerdo que fue aceptado por el señor González. 5.  El acta de conciliación, a pesar de que en ella se afirma que estaba presente, no fue suscrita por el señor Peñaloza, sino por su apoderada, a quien posteriormente le revocó el poder el 2 de agosto de ese mismo año. Ese mismo día, el actor hizo llegar un escrito al Inspector Nacional de Trabajo, en el que manifestaba que, como poseedor del predio "Tarapacá" o "Motea", su derecho no estaba sujeto a transacción o conciliación alguna y, por tanto, ninguna persona se encontraba facultada para "recibir" en su nombre. 6.  El 19 de agosto de ese mismo año, la señora Pérez Romero, quien había adquirido los derechos herenciales sobre el mencionado predio,  inició un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, en contra del señor Peñaloza. La querella tuvo como fundamento el acta de conciliación celebrada ante el Inspector Nacional de Trabajo, el 21 de julio de 1993. 7.  La Inspección de Policía de Polonuevo ordenó el 31 de agosto de 1993, el lanzamiento del señor Andrés Peñaloza por considerarlo ocupante de hecho, diligencia que se llevó a cabo el mismo día. 8.  El apoderado del señor Andrés Peñaloza, presentó una solicitud de nulidad del proceso de lanzamiento, solicitud que fue resuelta favorablemente el doce (12) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993). En consecuencia, el veinticuatro (24) de noviembre de ese mismo año, el predio en cuestión, le fue restituído. 9. El 28 de enero de 1994, el Inspector de Policía revocó la providencia del 24 de noviembre de 1993, a través de la cual se ordenaba la restitución del predio al señor Peñaloza. En su lugar, ordenó la entrega a la señora Judith Pérez, como propietaria del mismo. 10. Apelada la anterior decisión, el Gobernador del Atlántico, doctor Gustavo Bell Lemus, declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso de lanzamiento por la ocupación de hecho propuesto por la señora Judith Pérez, desde el auto admisorio de la querella, por medio del auto 05, del veinte (20) de mayo de 1994. La nulidad decretada, se basó en el hecho de que el Inspector de Policía no aplicó el procedimiento establecido en el decreto 747 de 1992, que  rige los lanzamientos de hecho en predios rurales, sino el contenido en  el decreto 992 de 1930, reglamentario de la ley 57 de 1905. 11. El Inspector de Policía, en cumplimiento de lo ordenado por el Gobernador, admitió nuevamente la querella de lanzamiento por ocupación de hecho, a través de la resolución 07, de 14 de junio de 1994, y fijó como fecha para llevar a cabo la diligencia de lanzamiento, el 17 de junio de ese mismo año. En dicha diligencia, el Inspector decidió abstenerse de practicar el lanzamiento, porque la querella no fue presentada dentro de los quince (15) días siguientes a la ocupación,  como lo exige el decreto 747 de 1992. Término que, en concepto del Inspector, empezó a correr desde el día de la celebración de la audiencia de conciliación,  pues en esa fecha, el señor Peñaloza cambió su calidad de poseedor por la de trabajador. Por tanto,  declaró que el término para interponer la querella había caducado. 12. Apelada la anterior decisión, el Gobernador del Atlántico revocó  la decisión del Inspector, por medio de la resolución 362, del 14 de julio de 1994 y, en su lugar,  ordenó  el desalojo del señor  Peñaloza. El Gobernador consideró que la caducidad de la acción policiva, debía contarse a partir del día en que el señor Peñaloza se había comprometido, ante el Inspector de Trabajo,  a desalojar el predio, es decir, el 6 de agosto de 1993. Por tanto, la caducidad decretada por el Inspector  era inexistente, pues, el término de quince (15) días que establece el decreto 747 de 1992, para la presentación de esta clase de querellas, no se había cumplido. 13. La orden de desalojo impartida por el Gobernador, fue cumplida el 29 de julio de 1994. C. Otros hechos relevantes Consta en el expediente que  el  señor Peñaloza, antes de que se iniciara el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho en su contra, había instaurado, el 5 de agosto de 1993, ante el Alcalde del municipio, una querella de amparo policivo de su posesión. En el escrito de la querella, no se dice quién o quiénes están ejecutando los actos perturbatorios. En dicho proceso, hasta la fecha de presentación de la tutela, no se había surtido ninguna actuación. Igualmente, en el expediente de la querella policiva, cuyas copias fueron remitidas al a-quo, aparece un documento firmado por el actor, el 7 de agosto de 1993,  donde afirma recibir de quien era su apoderada, la suma de un millón cuatro cientos mil pesos ($ 1.400.000), tal como había sido  acordado en la audiencia de conciliación,  del 21 de julio de 1993. Sin embargo, consta  un denunció penal instaurado por el actor contra personas indeterminadas, porque no recibió la suma allí indicada ni firmó tal documento. D. Derechos presuntamente vulnerados El actor afirma que la decisión del Gobernador del Atlántico, contenida en la resolución 362 de 1994, vulneró sus derechos al debido proceso y a la propiedad, reflejada ésta en la posesión que venía ejerciendo sobre el predio del que fue lanzado. El debido proceso, porque considera que la decisión del Gobernador, se fundamentó, en buena parte, en  el documento donde se asevera que él recibió la suma acordada ante el Inspector de Trabajo para desocupar la finca. Y, por tanto, fue vencido con fundamento en pruebas falsas. E. Actuación procesal El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barranquilla, a quien por reparto le correspondió la demanda de tutela, una vez asumido su conocimiento, solicitó al Gobernador del Atlántico y al Inspector de Policía de Polonuevo, la remisión de fotocopias auténticas de todas las actuaciones surtidas ante esos despachos, en el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho en contra de Andrés Peñaloza de Avila. Fotocopias que fueron remitidas y constan en el expediente. F. Sentencia de primera  instancia Mediante sentencia del 29 de agosto de 1994, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barranquilla, DENEGÓ la tutela  solicitada. En concepto del juzgado, la acción de tutela es improcedente, pues existen otros medios de defensa judicial a los que puede acudir el demandante para obtener nuevamente la posesión del predio "Tarapacá o Motea", como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en contra de la resolución 362 de 1994,  o,  acudir a la jurisdicción civil, para obtener la protección de su derecho de posesión. Por otra parte, el juez consideró que durante el trámite de la apelación de la resolución ante el Gobernador, no hubo vulneración alguna del derecho al debido proceso, pues no se evidencia que la resolución acusada fuera producto de un acto arbitrario. F. Impugnación El actor solicitó a la Defensoría del Pueblo, Regional Barranquilla, impugnar el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito. En atención a esa petición, el Defensor del Pueblo solicitó revocar el fallo y, en su lugar, conceder el amparo solicitado por el actor, porque la resolución del Gobernador no tuvo en cuenta la posesión que venía ejerciendo el señor Peñaloza sobre el predio en litigio, posesión que se había reconocido en la sentencia que ordenó la cesación de procedimiento, dentro del proceso penal iniciado en su contra por el  delito de invasión de tierra. G. Sentencia de segunda instancia Mediante sentencia del 23 de septiembre de 1994, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, REVOCÓ el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barranquilla, por las siguientes razones: La acción de tutela,  como mecanismo de carácter subsidiario procede cuando no existen otros medios de defensa judicial  o, cuando existiendo, no sean  eficaces para la protección del derecho fundamental. En el presente caso, la decisión del Gobernador no es susceptible de recurso alguno ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo,  expresamente  establece que las decisiones adoptadas  en juicios civiles o penales de policía,  no son controvertibles ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por tanto, la razón esgrimida por el juzgador de primera instancia para denegar el amparo solicitado, carecía de sustento. Por otra parte, el Tribunal consideró que la tesis del Inspector de Policía, en relación con la caducidad de la acción policiva fue la correcta, pues la  fecha en que el señor Peñaloza mudó su calidad de poseedor a la de trabajador, fue el día en que se llevó a cabo la audiencia de conciliación ante la Inspección de Trabajo y no otra. Por tanto, la querella de lanzamiento por ocupación de hecho debió ser presentada,  a más tardar, el 5 de agosto y no el 19, como efectivamente sucedió. Así las cosas,  consideró que las partes  podían acudir, si así lo deseaban, a la justicia ordinaria para dirimir el conflicto relacionado con la posesión de la finca "Tarapacá" o "Motea", pues las acciones policivas,  en este caso,  no eran procedentes. En consecuencia, el Tribunal ordenó al Gobernador de Atlántico, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, adoptar "las medidas que en derecho sean pertinentes para ajustar su actuación a la directriz de competencia señalada en el artículo 3o. del Decreto 0747 de 1992 atendiendo las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído." II. Consideraciones de la Corte Constitucional. Procede la Corte Constitucional a resolver, previas las siguientes consideraciones. Primera.- Competencia. La Corte Constitucional es competente para conocer de este asunto, en virtud de lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución, y normas concordantes del decreto 2591 de 1991. Segunda.- Lo que se debate. De conformidad con lo expuesto al narrar los antecedentes de este proceso, el asunto que aquí se debate es éste: ¿la decisión adoptada por el Gobernador del Atlántico en la querella de policía instaurada por Judith Pérez Romero contra Andrés Avelino Peñaloza de Avila, violó el debido proceso en perjuicio del últimamente citado? Para dar respuesta a esta pregunta, es menester analizar la situación del actor Peñaloza en relación con el inmueble rural de que se trata, lo mismo que la de la señora Judith Pérez Romero respecto al mismo bien. Esto, en primer lugar. Partiendo de estos hechos, habrá que analizar si el consagrado por el decreto 747 de 1992, era o no el procedimiento policivo viable legalmente. Dicho en otras palabras, si éste era el debido proceso. Tercera.- Situación de Andrés Avelino Peñaloza de Avila en relación con el inmueble rural de que se trata en este proceso. Andrés Avelino Peñaloza de Avila ha venido ocupando el predio rústico denominado Tarapacá, o La Motea, desde hace varios años, y en todo caso desde antes del mes de junio de 1992.  Así lo demuestran estas pruebas: a) La copia de la providencia dictada por el juez promiscuo municipal de Polonuevo, el día 30 de junio de 1992. En tal providencia el juez ordena cesar todo procedimiento contra Peñaloza de Avila, quien había sido sindicado del delito de invasión de tierras o edificios (artículo 367 del Código Penal). La presentación del denuncio demuestra que ya en aquella época Peñaloza ocupaba materialmente el inmueble. b) Las declaraciones rendidas por Tomás José Pérez Pertuz, Ceferino Antonio González Pertuz y Manuel José Fontalvo Rosales, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Polonuevo, en el proceso mencionado en el literal a), en mayo de 1991. Estos declarantes coinciden en señalar a Andrés Avelino Peñaloza, como poseedor del predio Tarapacá. El segundo de los nombrados dice que el predio le fue entregado a Peñaloza, para que lo cultivara, "como en 1985", y agrega que la entrega la hizo Ceferino González Montenegro, su propio padre. Debe destacarse la circunstancia de ser Ceferino Antonio González Pertuz, según su propia afirmación, pariente por afinidad, cuñado, de Judith Pérez Romero, y haber vendido a ésta, en unión de dos de sus hermanos, los derechos herenciales sobre el inmueble Tarapacá, correspondientes a la sucesión intestada de la señora Lilia Esther Pertuz Charris de González, madre de los vendedores. Ceferino Antonio González Pertuz, además, actuó como "empleador", en una diligencia cumplida ante la Dirección Regional del Trabajo y Seguridad Social de Barranquilla, el día 21 de julio de 1993. De tal diligencia se tratará en otro aparte de esta sentencia. Al parecer, la finalidad de la audiencia era la desocupación del predio Tarapacá, por parte de Peñaloza. Andrés Peñaloza, en conclusión, ha estado presente en el predio mencionado, ha sido tenedor del mismo. ¿En razón de qué? ¿Ha sido mero tenedor únicamente? ¿Ha sido tenedor con ánimo de señor y dueño, es decir, poseedor, calidad que alega él mismo? ¿Ha estado allí como trabajador, ligado por un contrato de trabajo?. Asunto es éste que no corresponde esclarecer al juez de tutela. A éste solamente interesa un hecho: durante varios años, mucho antes de julio de 1993, Peñaloza ha ocupado el inmueble. Y lo ha ocupado, según todo indica, contra la voluntad de quien pretende ser su dueña, Judith Pérez Romero. Cuarta.- La señora Judith Pérez Romero y el predio Tarapacá Para tratar de conseguir la desocupación del predio Tarapacá, la señora Judith Pérez Romero ha acudido ante los jueces penales y ante las autoridades de Policía, invocando su condición de dueña y poseedora.  Sin embargo, según los documentos que obran en el proceso, su calidad no es esa, exactamente. Obra en el proceso copia de la escritura pública No. 546 del 17 de mayo de 1983, de la Notaría de Santo Tomás, Atlántico, registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, el 23 de mayo de 1983, en el folio de matrícula inmobiliaria 045-0001311.  Por tal escritura los señores Ceferino Antonio González Pertuz, Joaquín Antonio González Pertuz y Alvaro Javier González Pertuz, vendieron a Judith del Socorro Pérez Romero los derechos herenciales que les correspondían en la sucesión de Lilia Esther Pertuz Charris de González, vinculados únicamente al inmueble Tarapacá. La compra de tales derechos herenciales le daría a la señora Pérez Romero el derecho a ser reconocida como heredera en el proceso de sucesión correspondiente, y a la adjudicación del predio Tarapacá, en caso de no haber otros herederos, o a ser tenida en cuenta en su partición, si los hubiera.  Pero, de los documentos aportados al proceso, no se deduce la suerte que haya corrido tal proceso de sucesión. Y, por lo mismo, es imposible saber si ella es dueña del inmueble, o sigue siendo únicamente titular de unos derechos herenciales vinculados a él. En cuanto a la posesión que dice haber ejercido sobre el predio, tampoco existe certeza. Ceferino Antonio González Pertuz, por ejemplo, en la declaración que se ha mencionado, afirma que cuando ya Judith Pérez Romero era "dueña", su padre le entregó el predio a Peñaloza. Y al preguntársele por qué lo hizo, si el predio no le pertenecía, contesta que "el predio no se le había entregado a la compradora" Judith Pérez Romero. Quinta.- El procedimiento establecido por el decreto 747 de 1992 Para conseguir que Peñaloza de Avila desocupara el predio Tarapacá, Judith Pérez Romero lo demandó en ejercicio de la acción consagrada por el decreto 747 de 1992, para obtener la protección policiva en los casos de invasión de predios rústicos. Pero, ¿era éste el procedimiento previsto por la ley para casos como éste?. Los requisitos indispensables para que pueda acudirse al procedimiento consagrado por el decreto 747 de 1992, son los siguientes: 1o. Que quien acuda a él explote económicamente un predio agrario; 2o. Que haya sido privado de su tenencia material, de hecho, sin su consentimiento,  y que no haya causa que lo justifique; 3o. Que la protección policiva se pida dentro de los quince (15) días calendario siguientes al acto de invasión. En el caso que nos ocupa, es ostensible que no existió jamás una "invasión" dentro de los quince días calendario anteriores al 19 de agosto de 1993, día en que se demandó la protección policiva.  Por el contrario, como se vió, Andrés Avelino Peñaloza de Avila había sido tenedor del bien durante años, con anterioridad a tal fecha. De otra parte, tampoco se demostró, como lo exige el art. 4o. del decreto indicado, que la querellante Judith Pérez Romero hubiera venido explotando económicamente el predio. Lo que demuestran las pruebas es lo contrario: que no ha  podido explotarlo. No era, en consecuencia, el procedimiento consagrado por el decreto 747 de 1992, la vía indicada para conseguir que Peñaloza desocupara el inmueble, como lo decidió el Gobernador en la providencia objeto de la tutela. Lo cual resulta aún más claro si se tiene en cuenta la finalidad del decreto 747 de 1992: éste se dictó para "prevenir las invasiones en predios rurales que estén ocasionando la alteración del orden público interno en algunos departamentos". Nadie podría afirmar que la ocupación del predio Tarapacá por Peñaloza de Avila haya ocasionado perturbaciones del orden público en el departamento del Atlántico. Acertó, pues, el Tribunal Superior de Barranquilla al decidir que en el presente caso se violó el debido proceso, pero no por las razones expuestas por él. En cuanto al argumento contenido en la providencia del señor Gobernador del Atlántico, según el cual "los elementos que deben tenerse en cuenta para que el señor Peñaloza de Avila se tenga como poseedor, desaparecieron jurídica y materialmente desde el mismo momento en que el querellado aceptó que entre la querellante y él existían (sic) una relación laboral manifestada con el hecho de conciliar el pago de prestaciones económicas ante la Inspección del Trabajo de Barranquilla...", debe desecharse, por esta razón. En el poder con que actuó la doctora Rossana María Ahumada Cuentas, no se determina claramente el asunto o negocio para el cual se confiere. Unicamente se dice que se confiere "poder especial, amplio y suficiente", "a fin de que me represente dentro de la presente diligencia y las que surjan con posterioridad". Y para esa representación, cuya finalidad se ignora, la faculta, "ampliamente", para "recibir, transigir, desistir, decidir, reasumir, conciliar..." Es evidente que en este poder los asuntos no se determinaron claramente, de modo que no pudieran confundirse con otros, como lo establece el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil. Basta pensar que así como el poder se utilizó para conciliar con Ceferino Antonio González Pertuz, habría podido usarse para hacerlo con cualquiera otra persona. Lo dicho explica por qué es discutible asignarle al dicho de la apoderada los efectos que le reconoce la Gobernación del Atlántico. Con mayor razón si tal dicho, como se ha visto, choca con la realidad demostrada por otros medios en el proceso. Hay que tener en cuenta, además, que Peñaloza de Avila no firmó el acta mencionada, a pesar de decirse en ella que estuvo presente; y que tampoco aparece interviniendo en tal diligencia. Lo cual debilita aún más las afirmaciones de su apoderada. A todo lo anterior hay que agregar que, por expresa disposición del inciso tercero del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, "La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios civiles o penales de policía regulados especialmente por la ley". Por tanto, el actor Peñaloza no contaba con otra vía para atacar la decisión del Gobernador, violatoria del debido proceso. Sexta.- El proceso reivindicatorio Como se ha dicho, la señora Judith Pérez Romero solamente ha comprobado ser titular de unos derechos herenciales vinculados al inmueble Tarapacá. Si la adquisición de tales derechos la llevó a ser dueña del predio, mediante el registro de la partición o adjudicación llevada a cabo en el proceso de sucesión, bien podría ella demandar a Andrés Avelino Peñaloza de Avila en proceso reivindicatorio. En tal proceso, como se ha dicho, se controvertirían todos los elementos que hacen que la pretensión sea fundada, comenzando por la posesión en el demandado. Pero, aun en el caso de no ser todavía dueña del predio, y tener solamente los derechos herenciales adquiridos por el registro de la escritura citada, en su calidad de heredera podría demandar la reivindicación a nombre de la sucesión, como lo ha admitido la jurisprudencia. Séptima.- Conclusiones Acertó, como se dijo, el Tribunal Superior de Barranquilla al conceder la tutela que en primera instancia había denegado el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla. Tal decisión, la del Tribunal, se confirmará, teniendo en cuenta lo expuesto en esta providencia, en relación con la  violación del debido proceso. Es necesario aclarar que en el presente caso no se dará ninguna orden, pues consta en el expediente que el Gobernador del Atlántico, acatando la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, profirió la resolución 000711, de 27 de septiembre de 1994, en la que revocó la resolución 362, de 17 de junio de 1994, y ordenó al Inspector de Policía de Polonuevo "restablecer los derechos del accionante al estado anterior de la expedición de la Resolución revocada." Por tanto, sólo se solicitará al Juez Tercero Penal del Circuito de Barranquilla, como funcionario encargado de velar por el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla dentro del proceso de la referencia, informar a esta Corporación  sobre el cumplimiento de la resolución 000711, proferida por el Gobernador del Atlántico. III. Decisión En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- Por las razones expuestas en esta providencia, se CONFIRMA la decisión de septiembre veintitrés (23) de mil novecientos noventa y cuatro (1994), dictada por la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso de tutela propuesto por Andrés Avelino Peñaloza de Avila contra la actuación del Gobernador del Atlántico, en la querella policiva instaurada por Judith Pérez Romero contra el citado Peñaloza de Avila. Segundo.- Dentro del término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, el Juez Tercero Penal del Circuito de Barranquilla, informará a esta Corte sobre el cumplimiento de la resolución 000711 de 1994, dictada por el Gobernador del Atlántico, el 27 de septiembre de 1994. Tercero.- Por Secretaría General, REMITANSE el expediente de tutela y este fallo, al Juez Tercero (3ro.) Penal del Circuito de Barranquilla, para los efectos consagrados en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, publíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-097-95 Sentencia No Sentencia No. T-097/95 HABEAS DATA/RECTIFICACION DE INFORMACION/DERECHO AL BUEN NOMBRE/DERECHO A LA HONRA En ejercicio del derecho al HABEAS DATA, que es autónomo y fundamental, la persona afectada por un dato falso o erróneo, que, por tanto, lesiona sus derechos a la honra y al buen nombre, tiene derecho a que se actualice la información en torno suyo y a rectificarla, de tal manera que cuando el banco de datos o archivo se niega a hacerlo, estando obligado, viola abiertamente la Constitución Política, por lo cual es procedente la tutela con el objeto de obtener que se someta, aun contra su voluntad, a los preceptos superiores. CADUCIDAD DEL DATO Los datos financieros no permanecen de por vida. Cumplen una función informativa precaria, esto es, durante un período razonable después de ocurridos los hechos reportados, y desaparecen. Si se extendiera su registro más allá del término de caducidad, perderían legitimidad y, por tanto, la actualización que puede reclamar el interesado implica, en tal hipótesis, la obligación del banco de datos de eliminar toda referencia a la información negativa caduca. Resulta claro que, habiendo transcurrido más del doble del tiempo de la mora en todas las obligaciones mencionadas en el registro y siendo éstas menores de un (1) año, ha operado respecto de ellas la caducidad del dato y, por tanto, el registro histórico debe desaparecer. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-53595 Acción de tutela instaurada por JORGE HUMBERTO GUTIERREZ MONTEJO contra COMPUTEC S.A., División DATACREDITO. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisan los fallos proferidos en el asunto de la referencia por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá y por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. I. INFORMACION PRELIMINAR La Compañía de Financiamiento Comercial "CONFINANCIERA" otorgó al peticionario un crédito para compra de vehículo y, por diversas circunstancias, el deudor incurrió en mora en el pago de cuotas. Ante este hecho, la entidad crediticia le solicitó el cumplimiento de la obligación, la cual, según lo narrado en la demanda, fue debidamente cancelada. No obstante, GUTIERREZ MONTEJO fue reportado a "DATACREDITO" como pagador irregular o deudor moroso. No se tuvo en cuenta que el 22 de abril de 1992 la propia institución financiera había enviado a la central de información una nota en que le solicitaba  "cambiar  la  novedad  y  adjetivo al  crédito No. 214807, el cual se encuentra cancelado". Según el accionante, solicitó un crédito al "CITIBANK" y otro a "LEASING PORVENIR" del Banco de Bogotá. Ambos le fueron negados por figurar en "DATACREDITO" como deudor incumplido. El 24 de agosto de 1994, el actor solicitó a "DATACREDITO" retirar su nombre de la lista de deudores morosos, toda vez que su obligación estaba extinguida. Aseguró el accionante que, al mantener el registro, "DATACREDITO" desconoció su derecho fundamental al buen nombre, amparado por el artículo 15 de la Carta. Por tal razón, invocando el Habeas Data, solicitó que se ordenara a "DATACREDITO" excluir su nombre de la lista mencionada y que se condenara a dicha entidad al pago de indemnización por el daño que, a su juicio, le fue causado. II. DECISIONES JUDICIALES La Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, mediante fallo del 23 de septiembre de 1994, decidió negar la tutela instaurada. Se concluyó en la Sentencia que el accionante, quien había cancelado su deuda, no aparecía registrado como deudor moroso en los archivos de "Datacrédito", motivo por el cual no era procedente otorgar el amparo por falta de objeto, "puesto que no se puede ordenar la exclusión de un nombre de una lista en donde no aparece". En lo referente a la solicitud de condena en perjuicios, expresó el Tribunal que, según el expediente, la entidad demandada no actuó de manera arbitraria sino en ejercicio de su objeto social, no prohibido por la ley. Impugnada la decisión, fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil-, por Sentencia del 9 de noviembre de 1995. La Corporación ordenó la práctica de una inspección judicial a "Computec S.A.", con miras a establecer la situación real del accionante. "Al ser accionada la pantalla del respectivo computador con el número de cédula del actor, no aparece en ella que éste permanezca registrado ahí exclusivamente como deudor moroso de Confinanciera S.A., cual lo sostiene, sino que en ese archivo histórico aparece toda la secuencia de su comportamiento frente a dicho acreedor, pues al paso que se informa de la mora en que inicialmente incurrió en el pago de las cuotas de amortización correspondientes a su obligación crediticia, está registrado igualmente que con posterioridad él se puso al día y está a paz y salvo por ese concepto, y que es dicha situación en la que se encuentra en la actualidad, tal como lo informó Computec S.A. en su misiva al Tribunal". III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte es competente para revisar las sentencias cuyo resumen antecede, en razón de lo dispuesto por los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y según las reglas del Decreto 2591 de 1991. Cabe la rectificación de datos cuando mediante ellos se vulneran derechos fundamentales El funcionamiento de los bancos de datos y archivos informáticos -que corresponde al derecho de toda persona a emitir y recibir informaciones (Artículo 20 C.P.) y que, en el campo financiero, constituye valioso elemento para la preservación de las sanas prácticas del crédito- no es incompatible con el respeto a los derechos fundamentales de las personas a quienes se refieren los datos ni con la efectiva aplicación de los preceptos que los garantizan. Ha señalado esta Corte: "El derecho a utilizar tales sistemas está nítidamente garantizado por la Constitución en su artículo 20, a cuyo tenor toda persona tiene la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial. El artículo 333 eiusdem protege la libre actividad económica y la iniciativa privada, en cuyo desarrollo se pueden establecer sistemas de circulación de datos mediante los cuales se proteja el interés de las empresas pertenecientes al sector evitando las operaciones riesgosas. Pero -claro está- ninguno de tales derechos es absoluto y, por el contrario, tienen claras limitaciones derivadas unas del interés colectivo y otras de los derechos fundamentales que corresponden al individuo. Entre estos últimos se encuentran, por cuanto respecta al tema que nos ocupa, los derechos a la intimidad y al buen nombre, reconocidos a favor de toda persona en el artículo 15 de la Constitución". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-110 del 18 de marzo de 1993). Este criterio ha sido refrendado por la Sala Plena de la Corporación en los fallos SU-082 y SU-089 del 1 de marzo último, al afirmar, en la materia objeto de esta providencia, que el conflicto entre el derecho al buen nombre y el derecho a la información se presenta cuando aquél se vulnera por la divulgación de ésta. "Hay que partir de la base -se manifestó en tales sentencias- de que la información debe corresponder a la verdad, ser veraz, pues no existe derecho a divulgar información que no sea cierta". Esta misma Sala de la Corte, en Sentencia T-094 del 2 de marzo de 1995, ha señalado lo siguiente: "En cuanto a los derechos a la honra y al buen nombre, resultan afectados cuando el banco de datos recoge, maneja o difunde informaciones falsas o cuando, en el caso de las verdaderas, lo sigue haciendo no obstante haber caducado el dato, según los criterios de razonabilidad señalados por la doctrina constitucional. Es claro que si la información respectiva es falsa o errónea, no solamente se afectan los derechos a la honra y al buen nombre de la persona concernida, sino que, precisamente por el efecto multiplicador que tiene el informe negativo en las instituciones receptoras de la información incorporada al banco de datos o archivo, resulta notoriamente perjudicada en su actividad económica y en su situación patrimonial. No se pierda de vista que un cierre del crédito puede provocar una cadena de incumplimientos forzados, la incapacidad de contraer nuevas obligaciones, la cesación de pagos y la quiebra. He allí uno de los más importantes fundamentos del HABEAS DATA, derecho autónomo y fundamental plasmado en el artículo 15 de la Constitución, que permite a toda persona conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ella hayan sido consignadas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas o privadas, en defensa de sus derechos fundamentales a la intimidad, a la honra y al buen nombre". Resulta claro, entonces, que en ejercicio del derecho al HABEAS DATA, que -se repite- es autónomo y fundamental, la persona afectada por un dato falso o erróneo, que, por tanto, lesiona sus derechos a la honra y al buen nombre, tiene derecho a que se actualice la información en torno suyo y a rectificarla, de tal manera que cuando el banco de datos o archivo se niega a hacerlo, estando obligado, viola abiertamente la Constitución Política, por lo cual es procedente la tutela con el objeto de obtener que se someta, aun contra su voluntad, a los preceptos superiores. La caducidad del dato Los bancos de datos y las entidades financieras tienen derecho a la conservación, procesamiento y circulación de informaciones de carácter económico, especialmente las relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los deudores, a fin de evitar, merced al oportuno conocimiento, aumentar los riesgos inherentes al crédito por la colocación de recursos en manos de quien no exhibe una trayectoria de cumplimiento. El ejercicio de este derecho, que no corresponde a una sanción -pues ni el banco de datos ni entidad financiera alguna gozan de jurisdicción ni competencia para imponer sanciones (Cfr. Sentencia T-110 del 18 de marzo de 1993, SU-082 y SU-089 del 1º de marzo, y T-094 del 2 de marzo de 1995)- está sustentado en el artículo 20 de la Constitución Política. Pero, claro está, no siendo un derecho absoluto, encuentra sus límites en los derechos de las personas afectadas por los datos, las cuales no pueden permanecer indefinidamente registradas bajo un dato negativo que, hacia el futuro, les niega el acceso al crédito y les causa graves perjuicios. Esto da lugar al derecho al olvido, sostenido por esta Corte desde la Sentencia 414 del 6 de junio de 1992, según el cual las informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y en consecuencia, después de algún tiempo, deben desaparecer totalmente del banco de datos respectivo. La Corte Constitucional ha entendido que es necesario armonizar tales derechos para preservar el interés general implícito en el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones, sin ocasionar la desprotección de la persona frente al poder informático y sin prohijar el uso desmedido y desproporcionado del derecho a la información, razón por la cual estima necesario reiterar que, por una parte, se requiere una autorización del interesado para que las centrales de datos dispongan de la información y la hagan circular, y, por otra, deben existir unas reglas claras sobre la caducidad del dato. Los datos financieros no permanecen, entonces, de por vida. Cumplen una función informativa precaria, esto es, durante un período razonable después de ocurridos los hechos reportados, y desaparecen. Si se extendiera su registro más allá del término de caducidad, perderían legitimidad y, por tanto, la actualización que puede reclamar el interesado implica, en tal hipótesis, la obligación del banco de datos de eliminar toda referencia a la información negativa caduca. Como el legislador, quien debe hacerlo mediante ley estatutaria, no ha expedido la norma que establezca los términos de caducidad del dato -el proyecto que se había aprobado se declaró inexequible por razones de forma, según Sentencia C-008 del 17 de enero de 1995-, corresponde a la doctrina constitucional fijar las pautas para establecer en cada caso si se justifica la permanencia del dato. Por ello, ha señalado la Corte en sentencias números SU-082 y SU-089 del 1º de marzo de 1995: "Como se ha visto, el deudor tiene derecho a que la información se actualice, a que ella contenga los hechos nuevos que le beneficien. Y, por lo mismo, también hacia el pasado debe fijarse un límite razonable, pues no sería lógico ni justo que el buen comportamiento de los últimos años no borrara, por así decirlo, la mala conducta pasada. ¿Qué ocurre en este caso?. Que el deudor, después de pagar sus deudas, con su buen comportamiento por un lapso determinado y razonable ha creado un buen nombre, una buena fama, que en tiempos pasados no tuvo. Corresponde al legislador, al reglamentar el habeas data, determinar el límite temporal y las demás condiciones de las informaciones. Igualmente corresponderá a esta Corporación, al ejercer el control de constitucionalidad sobre la ley que reglamente este derecho, establecer si el término que se fije es razonable y si las condiciones en que se puede suministrar la información se ajustan a la Constitución. Es claro, pues, que el término para la caducidad del dato lo debe fijar, razonablemente, el legislador. Pero, mientras no lo haya fijado, hay que considerar que es razonable el término que evite el abuso del poder informático y preserve las sanas prácticas crediticias, defendiendo así el interés general. En este orden de ideas, sería irrazonable la conservación, el uso y la divulgación informática del dato, si no se tuviera en cuenta la ocurrencia de todos los siguientes hechos: a)  Un pago voluntario de la obligación; b) Transcurso de un término de dos (2) años, que se considera razonable, término contado a  partir del pago voluntario.  El término de dos (2) años se explica porque el deudor, al fin y al cabo, pagó voluntariamente, y se le reconoce su cumplimiento, aunque haya sido tardío. Expresamente se exceptúa el caso en que la mora haya sido inferior a un (1) año, caso en el cual, el término de caducidad será igual al doble de la misma mora; y, c) Que durante el término indicado en el literal anterior, no se hayan reportado nuevos incumplimientos del mismo deudor, en relación con otras obligaciones. Si el pago se ha producido en un  proceso ejecutivo, es razonable que el dato, a pesar de ser público, tenga un término de caducidad, que podría ser el de cinco (5) años, que es el mismo fijado para la prescripción de la pena, cuando se trata de delitos que no tienen señalada pena privativa de la libertad, en el Código Penal. Pues, si las penas públicas tienen todas un límite personal, y aun el quebrado, en el derecho privado, puede ser objeto de rehabilitación, no se vé por qué no vaya a tener límite temporal el dato financiero negativo. Ahora, como quiera que no se puede perder de vista la finalidad legítima a la que sirven los bancos de datos financieros, es importante precisar que  el límite temporal mencionado no puede aplicarse razonablemente si dentro del mismo término ingresan otros datos de incumplimiento y mora de las obligaciones del mismo deudor o si está en curso un proceso judicial enderezado a su cobro". Caso concreto . En el presente caso se encuentra que, como pudo comprobarlo el Magistrado Ponente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (Diligencia de inspección judicial llevada a cabo el 8 de noviembre de 1994, Folio 16 del expediente), en la pantalla de DATACREDITO está registrada la siguiente información sobre el deudor GUTIERREZ MONTEJO: "Aparece una tarjeta de Crédito Diners (004321) No. 365386268810040000 con fecha de apertura febrero de 1979 y vencimiento febrero de 1996. Según última novedad de septiembre de 1994 el accionante tuvo 3 moras de 30 días en el manejo de la misma y actualmente se encuentra al día. El vector muestra que estas moras no sucedieron en el último año. Le aparece además una cartera de financiamiento comercial con Confinanciera (180004) No. 214807000000000000, fecha de apertura julio de 1989 y vencimiento junio de 1994, según última novedad de agosto de 1991 tiene cartera recuperada es decir tuvo moras superiores a 120 días y posteriormente fue cancelada la deuda quedando a paz y salvo con la entidad. El vector muestra que se generaron dos moras en el año 91. En relación al último dato se generó un reclamo a la entidad por encontrarse el interesado en desacuerdo. La entidad, es decir Confinanciera, rectificó el dato ya descrito. Igualmente aparecen cuatro consultas a la base de datos con relación al señor Gutiérrez Montejo. Dos de ellas por parte de DATACREDITO (001857) y las dos restantes por tarjeta de Crédito del Banco Nacional del Comercio o Banco Caldas (020007) y Cartera del Citibank (050046)". Según la funcionaria de DATACREDITO que atendió la inspección judicial, la información que se suministra a los clientes de la Base de Datos es invariablemente "la que se dejó señalada arriba en esta diligencia". La Corte encuentra, pues, que en la actualidad el señor GUTIERREZ está registrado en DATACREDITO con un dato histórico de agosto de 1991, referido a la mora en que incurrió con la firma "CONFINANCIERA" por 120 días y que la obligación ya fue cancelada; que respecto a la tarjeta de crédito "DINERS" aparece registrado desde septiembre de 1994, en donde -de acuerdo con el dato- tuvo 3 moras de 30 días y actualmente se encuentra al día. Igualmente se muestran dos moras del año 91, sin especificar el tiempo de las mismas. También se registra que el Citibank efectuó una consulta al banco de datos, lo cual coincide con lo afirmado en la demanda en el sentido de que dicha entidad financiera negó al peticionario un crédito por la suma de cuatro millones de pesos. Es claro, entonces, que, si bien los datos corresponden a hechos ciertos, subsisten todavía, después de un tiempo razonable, y que han causado al demandante el cierre del crédito pese a encontrarse a paz y salvo con las entidades financieras de las cuales fue deudor moroso. Según nota de CONFINANCIERA del 22 de abril de 1994, el crédito con dicha entidad "se encuentra cancelado" (Folio 2 del Expediente). Aplicando los criterios trazados por la Sala Plena, resulta claro que, habiendo transcurrido más del doble del tiempo de la mora en todas las obligaciones mencionadas en el registro y siendo éstas menores de un (1) año, ha operado respecto de ellas la caducidad del dato y, por tanto, el registro histórico debe desaparecer. DECISION Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- REVOCAR la Sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 9 de noviembre de 1994, mediante la cual se confirmó la del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá del 23 de septiembre del mismo año, que había negado la tutela impetrada. Segundo.- Puesto que ha operado la caducidad de los datos financieros negativos respecto del solicitante, JORGE HUMBERTO GUTIERREZ MONTEJO, C. de C. 17.195.223 de Bogotá, ORDENASE a "COMPUTEC S.A.-DIVISION DATACREDITO" que, en un término no superior a las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta Sentencia, ELIMINE de manera definitiva y completa cualquier forma de registro de dichos datos negativos en cuanto al peticionario. Tercero.- Será responsable del cabal y completo cumplimiento de esta providencia el señor GERMAN VILLARREAL SILVA, representante legal de "COMPUTEC S.A.", a quien se le notificará personalmente. Cuarto.- El desacato a lo ordenado por esta Sentencia se sancionará en la forma prevista por los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991. Quinto.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-098-95 Sentencia No Sentencia No. T-098/95 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. MALTRATO CONYUGAL/DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL/IGUALDAD DE SEXOS Los principios constitucionales resultan flagrantemente desconocidos cuando uno de los cónyuges o compañeros permanentes ataca físicamente al otro, pues ello no sólo significa agravio -el que ya de por sí, aunque fuera puramente verbal, quebrantaría la regla del recíproco respeto que se deben los esposos- sino que repercute en la esfera de la integridad física y moral de la persona atacada e inclusive pone en peligro su vida". El derecho a no ser agredido y el correlativo deber de no atacarse son reconocidos y exigidos simultáneamente a ambos cónyuges o compañeros, independientemente de su sexo, pues los artículos 42 y 43 de la Constitución proclaman la igualdad del hombre y la mujer en deberes y derechos. PADRES DE FAMILIA-Obligaciones con los hijos La conservación del vínculo matrimonial o de la convivencia es asunto que atañe de modo exclusivo a las relaciones entre los cónyuges o compañeros y normalmente es la conducta de ellos mismos la que da lugar a las confrontaciones que terminan poniendo fin a la vida en común, por lo cual resulta a todas luces injusto que sean los hijos, principales víctimas de las desavenencias entre sus padres, los que reciban el peso de los graves perjuicios que la situación comporta. Así, la separación entre los padres no es excusa para el desconocimiento de las aludidas obligaciones. ALIMENTOS/ACCION DE TUTELA-Improcedencia/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL No cabe la acción de tutela para obtener que quien debe alimentos cumpla con su obligación, pues la Constitución ha excluído el amparo cuando existen otros medios de defensa judicial. En el asunto materia de revisión del material probatorio se desprende con entera claridad que la sindicación de incumplimiento de los deberes del padre es actualmente infundada y existen otros medios de defensa judicial, que inclusive han sido utilizados y han dado lugar a procesos en curso, a la vez que no ha podido establecerse la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la concesión de la tutela transitoria. JUEZ DE TUTELA-Límites Las atribuciones del juez de tutela no encierran la posibilidad de que éste invada la órbita autónoma del juez de conocimiento cuando sobre los mismos puntos objeto de debate ya hay procesos en curso. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-50862 Acción de tutela instaurada por CAROLINA y LINA TATIANA TORRES REY contra ORLANDO TORRES SIERRA. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisan los fallos proferidos por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá y por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al resolver sobre la acción de tutela en referencia. I.  INFORMACION PRELIMINAR Por conducto del Personero de Santa Fe de Bogotá, quien actuó invocando el artículo 99, numeral 4º, del Decreto-Ley 1421 de 1993 y las resoluciones 001 y 004 del 2 y 20 de abril de 1992, proferidas por el Defensor del Pueblo, las menores CAROLINA y LINA TATIANA TORRES REY ejercieron acción de tutela en contra de su padre, ORLANDO TORRES SIERRA, por cuanto, según la demanda, ha amenazado y vulnerado sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la salud y la educación. Las niñas son hijas del matrimonio celebrado entre el demandado y la señora MARIA ISABEL CRISTINA REY RINCON. De acuerdo con la demanda, el padre de las menores "las abandonó desde el 10 de diciembre de 1991, después de que su señora esposa lo encontró en relación inmoral con su secretaria, LILIA GARNICA AGUILAR, que en este día llegó a la casa y se llevó todo lo que encontró a su paso, inclusive joyas y ropa perteneciente a la señora MARIA ISABEL CRISTINA REY RINCON". Dice después la Personería que, desde la indicada fecha, el demandado dejó de cumplir sus obligaciones en materia económica, abandonando a las niñas en lo referente a alimentos, colegio, vestido y demás gastos de manutención, en contra de lo pactado ante el Juzgado Sexto de Familia el 29 de junio de 1993, dentro del proceso de separación de cuerpos de los esposos Torres-Rey. Tanto las menores como la madre consideran que lo pactado mediante la conciliación es lesivo para ellas, pues no se relacionaron todos los bienes habidos en la sociedad conyugal y por cuanto se dejó a la cónyuge encargada de las niñas con una suma muy baja para el sustento de sus hijas, dado el modus vivendi a que estaban acostumbradas hasta el momento de la separación. El padre quedó con la totalidad de las cuotas de interés social de dos compañías y con un apartamento. En la demanda se afirmó que, ante el incumplimiento de lo acordado, las menores pasan muchas necesidades de carácter económico y que, inclusive, tienen problemas en sus estudios y se ha trastornado su vida normal. Dijeron también las solicitantes que el demandado las maltrata física y sicológicamente, golpeándolas, humillándolas y amenazándolas y que igual trato reciben de las amigas de su padre y de personas cercanas a él; que ha tratado de llevar a su madre, MARIA CRISTINA REY RINCON, a una clínica de reposo a la fuerza, pues atribuye a ella y a las niñas un estado de anormalidad mental; que necesitan tratamiento siquiátrico, al cual no han podido acceder por falta de dinero; que una de ellas -Carolina- necesita de una operación por problemas respiratorios, la cual tampoco ha sido posible efectuar dada la escasez de recursos; que, por falta de pago oportuno de las pensiones, los colegios retienen sus notas. También expresó la demanda que los padres de las menores, desde el momento de su separación, no han cesado de enfrentarse y ofenderse, iniciando a la vez acciones penales y civiles, "en una guerra judicial sin fin en la que única y exclusivamente han sido perjudicadas sus menores hijas". Señaló el Personero que en el Juzgado 32 Penal Municipal cursa actualmente un proceso por inasistencia alimentaria, iniciado por MARIA CRISTINA REY RINCON contra ORLANDO TORRES SIERRA. Igualmente, destacó que en el Juzgado 32 Civil del Circuito ORLANDO TORRES promovió un proceso ejecutivo por obligación de hacer en contra de MARIA ISABEL REY, a favor de la cual se declaró el amparo de pobreza y se le nombró una apoderada, pero que se ordenó el secuestro y embargo de los inmuebles, uno de ellos el apartamento en donde actualmente residen las menores con su acudiente. Las niñas -expresa la demanda- han llegado al extremo de sentir miedo y temor ante la presencia de su padre, siendo su deseo el de no saber nada más de él. Se pidió al juez de tutela obligar al demandado a cumplir lo pactado en la audiencia de conciliación; ordenarle que se abstenga de ejercer, por sí o por interpuesta persona, cualquier presión o amenaza sobre su cónyuge o sus hijas; ordenar a las autoridades de policía correspondientes que vigilen la conducta personal del demandado para que con su comportamiento no afecte los derechos fundamentales de las menores y de la cónyuge. II LAS DECISIONES JUDICIALES MATERIA DE REVISION La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, mediante sentencia del 6 de septiembre de 1994, resolvió declarar improcedente la acción de tutela instaurada. En cuanto al punto que toca con la presunta inasistencia alimentaria que están padeciendo las menores hijas del demandado, el Tribunal puso de relieve que existe un proceso penal en curso por tal motivo y que a él ya fue vinculado el señor Torres Sierra. Agregó que, más aún, la última mensualidad por concepto de alimentos fue cubierta con título judicial a la orden de tal Despacho por la suma de cuatrocientos mil pesos. Según la Sentencia, "esta circunstancia nos está demostrando de tajo que no es cierta la afirmación reiterada de las menores y que también evoca el accionante, en cuanto que están literalmente sin ningún recurso para alimentarse. Igual acontece con el pago de pensiones y con los servicios de salud; el accionante adjuntó recibos actualizados con los que prueba estar cumpliendo en la actualidad, luego ningún sustento veraz acompaña las narraciones de las presuntas afectadas". En lo relativo a las posibles presiones sicológicas ejercidas por el padre hacia las hijas, se ha establecido -dijo el Tribunal- que por esos supuestos hechos ya la madre promovió investigación penal, la cual también está en curso. Terminó diciendo el Tribunal que lo anterior "resulta suficiente para concluir sin equívoco que la acción instaurada es en absoluto improcedente, no sólo porque algunos de los hechos riñen con la verdad, sino por la potísima razón de que hay procesos penales en curso y es en ellos donde corresponde tomar las determinaciones de fondo en torno a la conducta del señor TORRES SIERRA, no siendo posible acudir al amparo para adelantar juicios y menos aún determinaciones de exclusiva competencia de otras autoridades". Al margen de la improcedencia, la Sala manifestó que no podía permanecer estática frente a las situaciones descritas en este plenario. A su juicio, los padres en conflicto "se han llevado de rastra la formación y la integridad de las menores, al punto que ellas han sido conducidas a los estrados judiciales en forma acomodaticia y verdaderamente reprochable". Agregó que por lo menos resultaba injusto el que la madre cohonestara la pretensión de tutela bajo el argumento de carencia total y absoluta de alimentos, "cuando el padre obligado acaba de hacer consignación de la mensualidad correspondiente al mes de agosto y por la suma de cuatrocientos mil pesos, que, según se dice, fue justamente la que ella concilió ante la jurisdicción de familia". Se preguntó luego el Tribunal: "¿Cómo se viene a hablar de presiones sicológicas, de tratos denigrantes, cuando las niñas supuestamente víctimas se dirigen por escrito a su padre con improperios y reproches de gran calibre, que hasta se podría decir que no son propios de unas hijas? Otro tanto ocurre con la asistencia médica que se reclama; probado está que las interesadas poseen una afiliación al servicio "Colsanitas", el cual está siendo cubierto por el padre". Impugnada la Sentencia, fue confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fallo del 12 de octubre de 1994. En relación con la solicitud de que se obligara al demandado a cumplir con lo pactado en la audiencia de conciliación celebrada con su ex-cónyuge, precisó la Corte Suprema que, si bien en determinadas circunstancias el amparo puede proceder para que se cumpla una sentencia judicial, si como consecuencia del incumplimiento se violan derechos fundamentales, no es menos cierto que ello sólo es posible cuando no existe otro medio idóneo para lograrlo, es decir, si el ordenamiento jurídico no exige determinada actuación para obtener el fin que se pretende. Esto porque la acción prevista por el artículo 86 de la Constitución no ha sido consagrada para reemplazar los trámites procesales que la ley señala en desarrollo del debido proceso, para alcanzar determinados fines de acuerdo con la naturaleza y contenido de los derechos en disputa. Es claro -afirmó la providencia- que las menores demandantes han tenido y aún tienen a su alcance los mecanismos judiciales eficaces para lograr la protección de los derechos esenciales que estiman vulnerados por la omisión que le atribuyen a su progenitor, como son ajustar la cuota alimentaria y adelantar la demanda ejecutiva de alimentos. Por ello -dedujo- es incuestionable que ante la existencia de los medios de defensa, ágiles y eficaces, por expreso mandato del artículo 6-1 del Decreto 2591 de 1991, la tutela es improcedente, con mayor razón frente a procesos en curso donde se debaten los mismos derechos que ahora se pretenden con su ejercicio. Además -añadió la Corte Suprema- no se demuestra una violación o amenaza para los derechos reclamados, que haga posible la tutela como mecanismo transitorio, lo cual únicamente es factible en presencia de inminente e irremediable perjuicio, dada la situación económica en que se encuentran las menores. En cuanto al cumplimiento de sus obligaciones por parte del demandado, el fallo de segunda instancia reiteró lo sustentado por el Tribunal y anotó que la acción de tutela no puede utilizarse para mantenerse en un "status" social alto, como el que venían disfrutando las menores, "pues sin desconocer que es obligación ineludible de los padres suministrar todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral, educación de los hijos a quienes por mandato de ley ello se debe, de este reclamo han venido conociendo las autoridades civiles y de familia competentes, a las cuales habrá de acudirse para pretender los ajustes que se estiman de rigor". Expresó la Corte Suprema que, no obstante ser cierto el deterioro ostensible en las relaciones de la familia Torres Rey como consecuencia de la separación de sus padres, no se acreditó en el proceso una actualidad en el acusado trato desmedido entre estos protagonistas. Por ello, expuso: "Si la acción de tutela se contrae a la protección de los derechos constitucionales fundamentales, afectados de modo inminente, lo cual explica la necesidad de demandar del juez una declaración judicial que contenga una o varias órdenes de efectivo e inmediato cumplimiento, es claro que frente a situaciones de hecho ampliamente superadas, esa vulneración o amenaza desaparece y, como consecuencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 6-4 del Decreto 2591 de 1991, se hace improcedente el amparo". III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia Esta Corte es competente para revisar los fallos de la referencia, puesto que así lo disponen los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991. Obligaciones económicas y morales de los padres La familia, como institución básica de la sociedad (artículos 5 y 42 C.P.), es considerada por el Ordenamiento Constitucional como elemento esencial de convivencia y factor insustituíble del progreso colectivo, motivos por los cuales es necesario centro de la atención y la actividad estatales y objeto de protección jurídica por excelencia. La Corte estima pertinente ratificar, en torno a la importancia del núcleo familiar y a la normativa fundamental acerca de ella, lo siguiente: "La familia, ámbito natural y propicio para el desarrollo del ser humano, merece la protección especial y la atención prioritaria del Estado, en cuanto de su adecuada organización depende en gran medida la estable y armónica convivencia en el seno de la sociedad. Es la comunidad entera la que se beneficia de las virtudes que se cultivan y afirman en el interior de la célula familiar y es también la que sufre grave daño a raíz de los vicios y desórdenes que allí tengan origen. Fácil es entender que lo aprendido en el hogar se proyecta necesariamente en las etapas posteriores de la vida del individuo, cuyos comportamientos y actitudes serán siempre el reflejo del conjunto de influencias por él recibidas desde la más tierna infancia. El ambiente en medio del cual se levanta el ser humano incide de modo determinante en la estructuración de su personalidad y en la formación de su carácter". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-371 del 25 de agosto de 1994". Esta misma Sala se pronunció así sobre el particular: "Es claro que toda manifestación de violencia causa necesariamente un daño, casi siempre irreparable, en el seno del hogar, pues aparte de las consecuencias materiales que apareja el acto violento en lo que respecta a la integridad de las personas, lesiona gravemente la estabilidad de la familia, ocasiona rupturas entre sus miembros, interrumpe la paz y el sosiego domésticos y afecta particularmente el desarrollo sicológico de los menores, inoculando perniciosas tendencias hacia comportamientos similares. Es por ello que, a la luz de la Constitución, las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Los niños, según el artículo 44 de la Carta, tienen derecho a gozar de una familia, al cuidado, el amor y la educación, y a ser protegidos contra toda expresión de violencia física o moral. Los principios constitucionales en la materia resultan flagrantemente desconocidos cuando uno de los cónyuges o compañeros permanentes ataca físicamente al otro, pues ello no sólo significa agravio -el que ya de por sí, aunque fuera puramente verbal, quebrantaría la regla del recíproco respeto que se deben los esposos- sino que repercute en la esfera de la integridad física y moral de la persona atacada e inclusive pone en peligro su vida". (...) Debe insistirse en que el derecho a no ser agredido y el correlativo deber de no atacarse son reconocidos y exigidos simultáneamente a ambos cónyuges o compañeros, independientemente de su sexo, pues los artículos 42 y 43 de la Constitución proclaman la igualdad del hombre y la mujer en deberes y derechos. Lo propio puede afirmarse del tipo de unión -matrimonial o de hecho-, pues una y otra están igualmente bajo el amparo de la Constitución Política como formas lícitas de dar origen a la familia. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-487 del 2 de noviembre de 1994). Para la Corte es evidente que el sistema jurídico, colombiano está edificado, entre otros, sobre el supuesto de que la familia -y, dentro de ella, los responsables de su conducción, que son los padres- juega papel decisivo e irremplazable en el proceso de transformación social intentado por la Carta Política de 1991, uno de cuyos fundamentos reside en la dignidad de la persona humana y en la plena realización de las garantías y derechos fundamentales que se le reconocen. Según el artículo 42 de la Constitución, el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. Los niños -dice el artículo 44 ibidem- tienen entre sus derechos fundamentales la salud, la alimentación equilibrada, la educación, la cultura y la recreación. La misma norma dispone que serán protegidos contra toda forma de abandono. Añade que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Resulta claro, por otra parte, que la condición de padre o madre implica necesariamente una responsabilidad ineludible, que tiene por fundamentos los enunciados principios constitucionales y que se hace exigible de acuerdo con la ley, en la cual se definen el alcance y las características de las obligaciones que por tal hecho contraen los progenitores y se contemplan los mecanismos para hacerlas efectivas así como las sanciones aplicables. Dejar a los menores desprotegidos, por incumplimiento de las obligaciones que se desprenden de la paternidad, implica grave atentado contra sus derechos básicos, compromete su subsistencia y afecta su normal desarrollo personal y su educación, motivos que ha tenido en cuenta el legislador colombiano para establecer no solamente responsabilidades de índole civil, a partir del principio de que se deben alimentos a ciertas personas, especialmente en consideración a los vínculos de sangre, sino sanciones penales aplicables a los padres que desatienden esta clase de compromisos. Las obligaciones hacia los hijos no dependen de la vigencia del vínculo matrimonial ni de la convivencia entre los padres La Corte considera que, si bien el ideal de la familia es la armonía, la comprensión y el entendimiento que permitan la estabilidad y la convivencia entre esposos o compañeros, la ruptura de ese estado, que casi siempre obedece a conflictos internos de la pareja, no debe implicar la desprotección de los hijos y en manera alguna puede concebirse como excusa para que los padres desatiendan las obligaciones de orden material y moral que han asumido frente a sus hijos. La conservación del vínculo matrimonial o de la convivencia es asunto que atañe de modo exclusivo a las relaciones entre los cónyuges o compañeros y normalmente es la conducta de ellos mismos la que da lugar a las confrontaciones que terminan poniendo fin a la vida en común, por lo cual resulta a todas luces injusto que sean los hijos, principales víctimas de las desavenencias entre sus padres, los que reciban el peso de los graves perjuicios que la situación comporta. Así, pues, la separación entre los padres no es excusa para el desconocimiento de las aludidas obligaciones. Esa es la razón para que la ley tenga previsto que, por acuerdo de las partes o por decisión judicial, cuando se hace inevitable la separación, deban quedar claramente establecidas las prestaciones a cargo de los separados y en favor de los hijos, según sus capacidades económicas. El incumplimiento de tales acuerdos y decisiones debe ser objeto de sanción y para ello han sido previstos los mecanismos judiciales idóneos. Por ello, en principio, no cabe la acción de tutela para obtener que quien debe alimentos cumpla con su obligación, pues la Constitución ha excluído el amparo cuando existen otros medios de defensa judicial. Caso diferente sería el de un perjuicio irremediable claramente probado, pues entonces cabría la tutela como mecanismo transitorio para proteger los derechos a la vida, a la salud y a la educación u otros que resultaren afectados por el incumplimiento. El caso concreto. Improcedencia de la tutela En el asunto materia de revisión la Corte Constitucional encuentra justificados los motivos que llevaron al Tribunal y a la Corte Suprema de Justicia a negar la protección solicitada, no solamente porque del material probatorio se desprende con entera claridad que la sindicación de incumplimiento de los deberes del padre es actualmente infundada sino por cuanto existen otros medios de defensa judicial, que inclusive han sido utilizados y han dado lugar a procesos en curso, a la vez que no ha podido establecerse la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la concesión de la tutela transitoria. También se deduce de la documentación conocida que en este caso se ha distorsionado la acción de tutela, haciéndole perder su genuino cometido y aprovechándola inescrupolosamente como arma de retaliación y presión entre los antiguos esposos. Para la Corte es grave que se haya manipulado el argumento de los derechos de las niñas para propiciar incluso la animadversión de éstas hacia el padre y la falta del debido respeto que a él le deben, lo cual resulta patente en algunos de los escritos firmados por las menores. Del extenso material probatorio no resulta acreditado que TORRES SIERRA haya maltratado física o moralmente a las niñas ni a la madre de éstas. Finalmente, la Corte debe reiterar su jurisprudencia en torno a las atribuciones del juez de tutela, que no encierran la posibilidad de que éste invada la órbita autónoma del juez de conocimiento cuando sobre los mismos puntos objeto de debate ya hay procesos en curso: "El principio democrático de la autonomía funcional del juez, hoy expresamente reconocido en la Carta Política, busca evitar que las decisiones judiciales sean el resultado de mandatos o presiones sobre el funcionario que las adopta. Aún cuando el superior jerárquico debe efectuar el estudio de una sentencia apelada o consultada (artículo 31 de la Constitución), aquél no está autorizado por las disposiciones sobre competencia funcional para impartir órdenes a su inferior respecto al sentido del fallo, sino que, en la hipótesis de hallar motivos suficientes para su revocatoria, debe sustituir la providencia dictada por la que estima se ajusta a las prescripciones legales pero sin imponer su criterio personal en relación con el asunto controvertido.  De ningún modo se podría preservar la autonomía e independencia funcional de un juez de la República si la sentencia por él proferida en un caso específico quedara expuesta a la interferencia proveniente de órdenes impartidas por otro juez ajeno al proceso correspondiente, probablemente de especialidad distinta y, además, por fuera de los procedimientos legalmente previstos en relación con el ejercicio de recursos ordinarios y extraordinarios". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992). Se confirmarán las sentencias objeto de examen. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMAR en todas sus partes las sentencias proferidas por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá y por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia los días 6 de septiembre y 12 de octubre de 1994. Segundo.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-099-95 Sentencia No Sentencia No. T-099/95 NOTIFICACION/DEBIDO PROCESO La notificación en debida forma asegura que la persona a quien concierne una determinación se halla enterada de su sentido y define simultáneamente -con fecha cierta- en qué momento ha tenido lugar la transmisión oficial de la respectiva información. Se asegura, entonces, no solamente que, conocida la decisión de que se trata, podrá el afectado hacer uso de los medios jurídicamente idóneos para la salvaguarda de sus intereses, sino que se preserva la continuidad del trámite judicial o administrativo correspondiente, pues la fecha de la notificación define los términos preclusivos dentro de los cuales podrá el notificado ejecutar los actos a su cargo. Resultan, por tanto, realizados el valor de la seguridad jurídica y los principios procesales de celeridad y economía. SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO El silencio administrativo positivo no requiere de un reconocimiento expreso de la Administración en el sentido de que ha tenido lugar, pues para hacerlo valer es suficiente protocolizar la constancia o copia de la presentación de la solicitud junto con la declaración jurada del peticionario en el sentido de que no se le ha notificado decisión dentro del término previsto, debe repararse en que, en la materia que nos ocupa, existe una norma especial, aplicable al caso en estudio, a cuyo tenor la Administración debe declarar, de oficio o a petición de parte, que por el transcurso del aludido año sin resolver, el recurso de reconsideración se entiende resuelto a favor del contribuyente. DERECHO DE PETICION-Vulneración La vulneración del derecho fundamental de petición resulta incontrovertible en este caso no solamente por el transcurso del tiempo -pues desde el momento en que se formuló la petición hasta la fecha de la demanda de tutela no se había resuelto- sino por las posteriores actuaciones de la Administración, que procedieron como si el acto materia del recurso de reconsideración estuviera en firme (punto que se hallaba pendiente de resolver precisamente a partir de la definición sobre si había operado el silencio administrativo positivo), ordenando la ejecución forzosa de obligaciones tributarias cuya cuantía era discutida. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-50424 Acción de tutela instaurada por "PUBLICIDAD TEA LTDA" contra ADMINISTRACION LOCAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE MEDELLIN. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisan los fallos proferidos en el asunto de la referencia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sección Segunda, y por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. I. INFORMACION PRELIMINAR La sociedad comercial denominada "PUBLICIDAD TEA LTDA", domiciliada en Medellín, ejerció acción de tutela contra la Administración Local de Impuestos y Aduanas Nacionales de esa ciudad, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de habeas data y de petición (artículos 15 y 23 de la Constitución). Siguiendo el relato de la demanda, el 21 de abril de 1994, en ejercicio del derecho de petición en interés particular y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 734 del Estatuto Tributario, la mencionada compañía solicitó a la División Jurídica de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín que se declarara que el recurso de reconsideración interpuesto contra una liquidación oficial de corrección aritmética se entendía fallado en favor del recurrente por haber transcurrido el término que tenía la administración para resolverlo sin que se le hubiera notificado acto alguno que lo decidiera. Expuso que contra la señalada liquidación oficial (del 28 de abril de 1992) se había interpuesto el recurso de reconsideración el 26 de junio del mismo año. Según la sociedad accionante, el 26 de junio de 1993 precluyó el término que tenía la administración para resolverlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 732 del Estatuto Tributario. El 30 de julio de 1992, se profirió un auto inadmisorio del recurso de reconsideración. Esta decisión fue notificada por edicto entre los días 18 y 31 de agosto de 1993. A juicio de la compañía, dicha notificación no podía producir ningún efecto legal por no haberse intentado la notificación personal, lo cual es requisito indispensable para la procedencia y validez de la notificación por edicto (artículo 726 del Estatuto Tributario). La notificación por edicto -estimó la demandante- es subsidiaria de la personal. Sólo es pertinente practicarla si el interesado no acude a recibir la notificación personal. "Lo anterior -agregó- quiere decir que es imprescindible que al recurrente se le cite para la diligencia de notificación personal para que se pueda hacer uso del mecanismo subsidiario de notificación por edicto". Sostuvo que en el asunto controvertido la sociedad recurrente nunca recibió la citación para notificación, a pesar de que, según se pudo constatar en el expediente respectivo, dicha citación fue elaborada pero no remitida. Dijo que, al no haber producido ningún efecto el auto inadmisorio, la administración debió resolver el recurso de reconsideración el 26 de junio de 1993. De allí dedujo la compañía accionante que había operado el silencio administrativo positivo, cuya expresa declaración se solicitaba. Pues bien, mediante oficio del 20 de abril de 1994, de la Devisión de Cobranzas de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín, se ordenó el embargo del establecimiento de comercio "Publicidad TEA", de propiedad de la sociedad solicitante. El 4 de mayo de 1994, "PUBLICIDAD TEA LTDA" solicitó a la División de Cobranzas que se levantara la medida cautelar, con fundamento en la falta de mandamiento de pago que la sustentara y alegando, además, que la validez del acto que eventualmente constituiría el título ejecutivo, esto es, la liquidación oficial de corrección aritmética, estaba en entredicho a raíz de la solicitud del 21 de abril de 1994. Mediante carta del 11 de mayo de 1994, la División de Cobranzas manifestó que no levantaría las medidas cautelares. Por escrito del 19 de mayo de 1994, la sociedad solicitó que se resolviera la solicitud de declaración del silencio administrativo contenida en el escrito de 21 de abril de 1994. El 26 de mayo de 1994 la compañía dirigió un nuevo memorial a la División Jurídica en el que se señaló que había transcurrido un lapso superior del que legalmente tiene la administración para absolver o contestar las solicitudes que en ejercicio del derecho de petición en interés particular hagan los administrados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º de la Resolución 04427 de 1984, mediante la cual, según el apoderado de la accionante, se reglamentó el ejercicio de tal derecho ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La División de Cobranzas de dicho organismo decretó el embargo y secuestro de un inmueble de propiedad del contribuyente. Según la demanda, la actuación en referencia y la actitud reticente de la administración ha causado graves perjuicios a la sociedad. En efecto -dijo-, las posibilidades de obtener crédito del sector financiero, vitales para el normal funcionamiento de la compañía, se han visto negadas en la práctica, en razón del embargo de su establecimiento de comercio. Por otra parte, alegó que la medida cautelar en el registro mercantil ha colocado a la sociedad, en forma injustificada, bajo el rótulo de "deudor moroso" del fisco. El apoderado de la actora solicitó que se le ampararan los ya mencionados derechos fundamentales, ordenando a la DIAN de Medellín resolver la petición contenida en el escrito del 21 de abril de 1994. Pidió que, en subsidio, se declarara la ocurrencia del silencio administrativo positivo y se ordenara el levantamiento del embargo sobre el aludido establecimiento de comercio. II. DECISIONES JUDICIALES Mediante fallo del 24 de agosto de 1994, la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Antioquia decidió tutelar el derecho fundamental de petición y, en consecuencia, ordenó a la Administración Local de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín que en 48 horas decidiera la solicitud elevada por "PUBLICIDAD TEA LTDA" el 21 de abril de 1994. Acogiendo la tesis del Consejo de Estado, el Tribunal sostuvo, en contravía de la doctrina constitucional, que las personas jurídicas no pueden ser titulares de derechos fundamentales, pero enseguida, sin mayor explicación ni análisis, señaló: "Sin embargo por cuanto se predica por lo menos la superación del derecho de petición que por supuesto está al alcance de una persona jurídica al igual que una natural, se decidirá...". Estimó el fallador que este derecho había sido violado por la administración tributaria, por haber dejado transcurrir, sin responder, el término legal para dar respuesta a la solicitud  del 21 de abril de 1994. Volvió el Tribunal a la teoría de que los derechos fundamentales no corresponden a las personas jurídicas, a la vez que se pronunció sobre las medidas de embargo y secuestro de bienes de la demandante, en el siguiente párrafo: "La violación al primer derecho fundamental enunciado, éste sí al parecer solo propio a (sic) las personas naturales y donde Publicidad Tea Limitada encuentra que ante el embargo suscitado ha tenido dificultades para obtener créditos del sector financiero vitales para el normal funcionamiento de la compañía, es fácilmente entendible que de ninguna manera se ha quebrantado la Constitución, por cuanto ella no prohibe a la Administración decretar medidas cautelares que como bien es observable del expediente administrativo, se ha ceñido a un procedimiento amparado por el Estatuto Tributario y específicamente por el artículo 837 que estipula que previa o simultáneamente con el mandamiento de pago se podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su propiedad". Por otra parte, añadió que. respecto al trámite dado por la administración a la liquidación de corrección aritmética, la sociedad tenía otros medios de defensa judicial, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. La administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, por conducto de un abogado de la División Jurídica, impugnó el fallo en referencia, el cual, conocido en segunda instancia por el Consejo de Estado -Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo-, fue revocado. En su lugar, el Consejo de Estado dispuso rechazar por improcedente la acción de tutela incoada, reiterando que no hallaba argumentos válidos para variar su parecer respecto a que los derechos fundamentales sólo son predicables de la persona natural. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia Esta Corte es competente para revisar los fallos en referencia, según lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y según el Decreto 2591 de 1991. Doctrina constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela intentada por personas jurídicas Tanto el Tribunal como el Consejo de Estado manifiestan que las personas jurídicas no pueden ejercer la acción de tutela, puesto que, en su sentir, ella está reservada a las naturales. Reiterada y contundente ha sido la doctrina constitucional sobre este punto. En numerosas sentencias la Corte ha manifestado: "Cuando el artículo 86 de la Constitución establece que  "toda persona tendrá acción de tutela para reclamar (...) por sí misma o por quién actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública", no está excluyendo a las personas jurídicas, pues el precepto no introduce distinción alguna y, por el contrario, las supone cobijadas por el enunciado derecho cuando de modo genérico contempla la posibilidad de solicitar el amparo por conducto de otro, sin que nada obste dentro del sistema jurídico colombiano para que una de las especies de ese género esté conformada precisamente por las personas jurídicas". (Cfr.  Corte Constitucional.  Sala  Tercera  de  Revisión. Sentencia T-430 del 24 de junio de 1992. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo). "...es necesario tutelar los derechos constitucionales fundamentales de las personas jurídicas, no per se, sino en tanto que vehículo para garantizar los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales, en cada caso concreto, a criterio razonable del Juez de Tutela. Otros derechos constitucionales fundamentales, sin embargo, las personas jurídicas los poseen directamente: es el caso de la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada (artículo 15 de la Constitución), el debido proceso (artículo 29) o la libertad de asociación sindical (artículo 38), entre otros. Luego, las personas jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales por dos vías: a- directamente: cuando las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro está, que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas. b- indirectamente: cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales asociadas". (Cfr. Corte Constitucional.  Sala  Cuarta  de  Revisión. Sentencia T-441 del 3 de julio de 1992) "...la persona jurídica aparece claramente como instrumento del lenguaje jurídico que cumple la importante función semántica de integrar en una compleja disciplina normativa relaciones que se dan entre personas físicas. Esto supone que en cada caso el intérprete tendrá que determinar si en virtud de la presencia de tal instrumento se ha producido o no una excepción de las reglas del derecho propias de sus miembros". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-003 del 14 de enero de 1993. M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero). "La voluntad del constituyente (CP arts. 14, 38, 39), el criterio flexible para la determinación de la fundamentalidad de un derecho según las circunstancias concretas del caso y las diversas consideraciones prácticas, llevan a afirmar que las personas jurídicas - incluso de derecho público - son titulares de algunos derechos fundamentales, entre ellos - por vía de simple ilustración -, los derechos de defensa y debido proceso, consagrados en el artículo 29 de la Constitución". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-081 del 26 de febrero de 1993. M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). "...la persona jurídica es un concepto que se funda en la realidad social de las personas singulares y concretas que la conforman.  La comunidad jurídica, como ideal común objetivo, se puede comportar y expresar como sujeto de derechos y de deberes, por cuanto es apto para que se le predique la juridicidad. El interés colectivo se ve facultado para tener movimiento autónomo con consecuencias jurídicas, de similar manera a como se desenvuelven las personas naturales, mas nunca de idéntica manera" (...) "La persona jurídica es apta para la titularidad de derechos y deberes por su racionalidad y por su autonomía. La aptitud es la adecuada disposición para dar o recibir, para hacer o soportar algo, y la persona jurídica puede (tiene la dimensión jurídica de la facultad) y también debe (soporta el deber frente a sus miembros y frente a otras personas jurídicas o naturales); por tanto tiene adecuada disposición para que se le otorguen o reconozcan derechos y deberes. La racionalidad y la autonomía hacen que la persona jurídica sea apta para el mundo de los derechos, de los deberes y de las relaciones jurídicas  según un principio de igualdad, aunque no de identidad absoluta. Este tipo de entidad al ser racional y autónoma es por sí (per se), no por otro, es decir, es  persona (personare), De alguna manera es substancial; y todo lo substancial  es un supuesto, y el  supuesto  es sujeto, y si éste es racional y autónomo, sin duda alguna tiene que ser sujeto de derechos y deberes. Luego la persona jurídica es una entidad que se expresa jurídicamente como sujeto de derechos y deberes". Cfr. Corte Constitucional. Sala Novena de Revisión. Sentencia T-396 del 16 de septiembre de 1993. M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa). Así, pues, resulta claro que la Corte Constitucional ha fijado el alcance del artículo 86 de la Carta Política en cuanto a los titulares de la acción de tutela y también en torno a la existencia de derechos fundamentales en cabeza de las personas jurídicas. Observa la Corte que el Tribunal de Antioquia considera indiscutibles los lineamientos trazados por sentencias del Consejo de Estado y se aparta, en cambio, sin explicar las razones, de la doctrina constitucional. Si bien resulta natural que los jueces sigan los derroteros de los tribunales que son cabezas de sus respectivas jurisdicciones en lo relacionado con las materias objeto de ellas, no tiene sentido que se apeguen a esos criterios, separándose de los que en materia constitucional ha señalado la Corte Constitucional, intérprete auténtico de la Carta Política, Es a la Corte Constitucional a la que corresponde crear la doctrina mediante la cual se determina el cabal entendimiento y se desentraña el contenido de las normas superiores, así como los máximos tribunales en las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa tienen a su cargo establecer, mediante las respectivas jurisprudencias, el sentido de las disposiciones legales que interpretan y aplican. En torno a la doctrina constitucional deben reiterarse los principios puestos de relieve por la Sala Plena de la Corte en Sentencia C-083 del 1º de marzo de 1995 (M.P.: Dr. Carlos Gaviria Diaz): "La doctrina constitucional. Las normas de la Constitución política, y ésta no es una característica privativa de ellas, tienen una vocación irrevocable hacia la individualización, tal como lo ha subrayado Kelsen al tratar del ordenamiento jurídico. De ordinario pasan por una fase previa consistente en su desarrollo legal. Pero no todas alcanzan dicho desarrollo, bien porque no lo requieren, bien porque, requiriéndolo, el legislador lo omite. Pero tal omisión no desvirtúa su carácter normativo, si ya lo tienen. Pueden, entonces, ser aplicadas a situaciones específicas subsumibles en ellas, que no están explícitamente contempladas en la ley. Pero si la individualización de las normas legales, dada su generalidad (que a menudo deviene en ambigüedad), aparece problemática y generadora de inseguridad jurídica, más problemática e incierta resulta aún la actuación directa de las normas constitucionales a los casos particulares, por concurrir en ellas, superlativamente, las mismas notas distintivas advertidas en la ley. Parece razonable, entonces, que al señalar a las normas constitucionales como fundamento de los fallos, a falta de ley, se agregue una cualificación adicional, consistente en que el sentido de dichas normas, su alcance y pertinencia, hayan sido fijados por quien haga las veces de intérprete autorizado de la Constitución. Que, de ese modo, la aplicación de las normas superiores esté tamizada por la elaboración doctrinaria que de ellas haya hecho su intérprete supremo. (art. 241 C.P.) Pero como la Constitución es derecho legislado por excelencia, quien aplica la Constitución aplica la ley, en su expresión más primigenia y genuina. Es preciso aclarar que no es la jurisprudencia la que aquí se consagra como fuente obligatoria. A ella alude claramente otra disposición, el artículo 4° de la ley 69 de 1896, para erigirla en pauta meramente optativa para ilustrar, en ciertos casos, el criterio de los jueces. Así dice el mencionado artículo en su parte pertinente: "Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos ..." (Subraya de la Sala). Es claro entonces que la norma transcrita resulta armónica con lo dispuesto en el artículo 230 de la Carta del 91. Así mismo, conviene precisar que no hay contradicción entre la tesis que aquí se afirma y la sentencia C-131/93, que declaró inexequible el artículo 23 del Decreto legislativo 2067 del 91 en el cual se ordenaba tener "como criterio auxiliar obligatorio" "la doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional", mandato, ese sí, claramente violatorio del artículo 230 Superior. Lo que hace, en cambio, el artículo 8° que se examina -valga la insistencia- es referir a las normas constitucionales, como una modalidad del derecho legislado, para que sirvan como fundamento inmediato de la sentencia, cuando el caso sub judice no está previsto en la ley. La cualificación adicional de que si las normas que van a aplicarse han sido interpretadas por la Corte Constitucional, de ese modo deben aplicarse, constituye, se repite, una razonable exigencia en guarda de la seguridad jurídica". (Subraya la Corte). La notificación de los actos administrativos, factor esencial del debido proceso. Las decisiones que adopte la administración en cuya virtud se afecte a una o varias personas en concreto deben ser cierta y oportunamente notificadas a éstas, tal como lo disponen las normas legales correspondientes. Cuándo y cómo deba llevarse a cabo la notificación es algo que corresponde al legislador determinar y, desde luego, también él habrá de definir los efectos jurídicos de la falta de notificación, o de la  notificación efectuada sin el cumplimiento de los requisitos y formalidades que la normatividad exige. Desde el punto de vista constitucional importa dejar en claro que la notificación, entendida como el conocimiento formal del administrado o de quien es parte o interviniente en un proceso judicial, sobre el contenido de las providencias que se adoptan por el juez o de los actos administrativos que lo afectan, tiene por fundamento específico la garantía del derecho de defensa, aspecto esencial del debido proceso, exigible en todas las actuaciones judiciales y administrativas, como lo impone el artículo 29 de la Carta. La notificación en debida forma asegura que la persona a quien concierne una determinación se halla enterada de su sentido y define simultáneamente -con fecha cierta- en qué momento ha tenido lugar la transmisión oficial de la respectiva información. Se asegura, entonces, no solamente que, conocida la decisión de que se trata, podrá el afectado hacer uso de los medios jurídicamente idóneos para la salvaguarda de sus intereses, sino que se preserva la continuidad del trámite judicial o administrativo correspondiente, pues la fecha de la notificación define los términos preclusivos dentro de los cuales podrá el notificado ejecutar los actos a su cargo. Resultan, por tanto, realizados el valor de la seguridad jurídica y los principios procesales de celeridad y economía. La falta probada de notificación, en especial la de aquéllos actos o providencias que tocan con derechos de quienes participan en el proceso o actuación, repercute necesariamente en las posibilidades de defensa de tales personas y perturba en alto grado el curso normal de los procedimientos, dando lugar por ello, en algunos casos, a la nulidad de lo actuado, y en otros a la ineficacia o carencia de efectos jurídicos de los actos que han debido ser materia de la notificación. Todo depende de las normas legales aplicables, según la clase de trámite. De todas maneras, de las exigencias constitucionales del debido proceso se deriva que ni los jueces ni la administración pública pueden actuar de espaldas a los interesados, ni fundar sus decisiones sobre la base de la ignorancia de ellos en torno a las decisiones que adoptan. Obviamente, ni la Carta Política -que no regula el mecanismo de la notificación- ni la normatividad legal supeditan el conocimiento que puedan tener los administrados o sujetos procesales acerca del desarrollo de la actuación o proceso a que las notificaciones deban ser siempre y forzosamente personales. La exigencia absoluta de tal formalidad complicaría en grado sumo los procedimientos y daría lugar, como efecto pernicioso, a que el interesado en no ser notificado acudiera a artimañas para eludir la notificación. De allí que hayan sido previstas formas de notificación como las que se fijan en edictos o estados, o las que tienen lugar por la conducta concluyente del llamado a notificarse. Pero debe insistir la Corte en que la existencia de diversas modalidades de notificación no implica la discrecionalidad de la administración o del juez para escoger la que prefiera, salvo expresa autorización legal, pues ello conduciría en la práctica desprotección de los administrados, las partes o los intervinientes, con notoria vulneración del debido proceso por desconocimiento de las formas propias de cada juicio o actuación. La sociedad accionante se acogió a la acción de tutela por cuanto la Administración Tributaria omitió responderle una solicitud mediante la cual buscaba la declaración acerca de que había operado el silencio administrativo positivo en cuanto al recurso de reconsideración interpuesto contra una liquidación oficial de corrección aritmética (artículo 734 del Estatuto Tributario). El silencio administrativo positivo lo hacía consistir la demandante en que había transcurrido un año desde el momento en el cual fue presentado el recurso. Este se inadmitió por parte de la Administración, pero el acto de inadmisión no fue notificado personalmente, por lo cual según el artículo 48 del Código Contencioso Administrativo, la notificación se dió por no hecha y el acto en cuestión no produjo efectos legales. De conformidad con la regla especial sobre la reconsideración en materia tributaria (artículo 76 del Estatuto Tributario, modificado por el 68 de la Ley 6a de 1992), el auto que inadmite el recurso debe ser notificado personalmente, o por edicto si pasados diez días el interesado no se presentare para practicar la diligencia de notificación personal, y contra el mismo procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario. La norma es clara en señalar que, si transcurridos los quince días hábiles siguientes a la interposición del recurso no se ha proferido auto de inadmisión, se entenderá admitido el recurso y se procederá al fallo de fondo. De acuerdo con el artículo 732 ibídem, la Administración de Impuestos tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración; el término se cuenta desde su interposición en debida forma. El 734 dispone a su vez que si dicho lapso transcurre sin que el recurso se haya resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso la Administración, de oficio o a petición de parte, así lo declarará. A juicio de la Corte, nada puede resolverse acerca de la viabilidad de la acción de tutela mientras no se verifique, a la luz de la normatividad especial en vigor y según las pruebas que obran en el expediente, si en efecto fue notificada la providencia por la cual fue inadmitido el recurso de reconsideración presentado por la demandante. Está probado, pues así lo reconoce expresamente la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín (Cfr. Fls. 56 y siguientes), que la sociedad "Publicidad Tea Ltda" presentó su declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable de 1989 el día 2 de mayo de 1990. La Administración Local de Impuestos practicó una liquidación de corrección aritmética sobre dicha declaración el 28 de abril de 1992. La compañía contribuyente interpuso recurso de reconsideración contra dicho acto el 26 de junio de 1992. El recurso fue inadmitido por auto 0037 del 30 de julio de 1992. Según la solicitante, no fue citada para notificación personal del auto inadmisorio, pues jamás recibió convocatoria alguna, al paso que la Administración sostiene que sí lo hizo, pues "la División de Documentación envió por correo certificado con planilla Nº 113 de julio 13 de 1992, según sello de recibido de ADPOSTAL, la citación para notificación personal del auto inadmisorio ya citado" (Subraya la Corte. Folio 57 del Expediente). Se fijó entonces un edicto entre el 18 y el 31 de agosto de 1992, con lo cual la Administración entendió que se había configurado la debida notificación del acto oficial. La Corte Constitucional ha concluído que la notificación personal no se produjo y que tal circunstancia no fue efecto de la renuencia de la compañía solicitante a presentarse, pues resulta evidente, por lo que declara la propia Administración, que un auto del 30 de julio de 1992 no podía estar incluído en la correspondencia remitida el 13 de julio del mismo año. Por otra parte, el apoderado de la sociedad asegura -sin que su afirmación aparezca negada o desvirtuada por la Administración- que la comunicación respectiva "fue elaborada pero no remitida". Transcurrido el año que tenía la Administración para resolver -ya que, según lo dicho, la inadmisión no surtió efectos jurídicos-, "Publicidad Tea Ltda" solicitó que se declarara explícitamente que había operado el silencio administrativo positivo y que, en consecuencia, el recurso de reconsideración había sido fallado a su favor. Aunque, según las reglas generales, el silencio administrativo positivo no requiere de un reconocimiento expreso de la Administración en el sentido de que ha tenido lugar, pues para hacerlo valer es suficiente protocolizar la constancia o copia de la presentación de la solicitud junto con la declaración jurada del peticionario en el sentido de que no se le ha notificado decisión dentro del término previsto (artículo 42 C.C.A.), debe repararse en que, en la materia que nos ocupa, existe una norma especial, aplicable al caso en estudio, a cuyo tenor la Administración debe declarar, de oficio o a petición de parte, que por el transcurso del aludido año sin resolver, el recurso de reconsideración se entiende resuelto a favor del contribuyente. La solicitud se presentó, entonces, en ejercicio del derecho fundamental previsto en el artículo 23 de la Constitución y bajo el supuesto de que así lo exigía una norma legal. La Administración estaba obligada a responder dentro de los términos correspondientes. Mientras no lo hiciera, no se entendía en firme el acto contra el cual fue ejercido el recurso de reconsideración, es decir, la liquidación oficial de corrección aritmética. Si podía la Administración Tributaria seguir adelante el trámite de embargo y ejecución que inició contra "Publicidad Tea Ltda" mediante oficio del 20 de abril de 1994, cuando ya se había presentado la petición en referencia, no es asunto que corresponda resolver al juez de tutela y, por tanto, al respecto se abstendrá la Corte de emitir cualquier concepto. Será la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la que resuelva, en caso de que la sociedad afectada haya acudido a ella. Pero, en cambio, sí compete a esta Corte dictaminar que fue violado el derecho de petición y, en consecuencia, ordenar a la Administración Local de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín que resuelva inmediatamente sobre la solicitud presentada por el actor. Violación del derecho de petición. Invocación de la propia negligencia por parte de la administración La vulneración del indicado derecho fundamental resulta incontrovertible en este caso no solamente por el transcurso del tiempo -pues desde el momento en que se formuló la petición (21 de abril de 1994) hasta la fecha de la demanda de tutela (10 de agosto de 1994) no se había resuelto- sino por las posteriores actuaciones de la Administración, que procedieron como si el acto materia del recurso de reconsideración estuviera en firme (punto que se hallaba pendiente de resolver precisamente a partir de la definición sobre si había operado el silencio administrativo positivo), ordenando la ejecución forzosa de obligaciones tributarias cuya cuantía era discutida. Por otra parte, si se examina el escrito de impugnación, presentado por un abogado de la División Jurídica de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín (Folios 56 y siguientes del Expediente), se encuentra que, desconociendo la doctrina constitucional, reiterada en innumerables fallos de esta Corporación, la señalada dependencia sigue estimando, con base en tesis del Consejo de Estado -revaluadas hace tiempo por él mismo- que la circunstancia de existir silencio administrativo negativo impide el ejercicio de la acción de tutela, cuando es evidente que ese elemento constituye la mejor prueba de la violación del derecho fundamental de petición. Configúrase, entonces, una actitud administrativa en cuya virtud se acude al alegato de la propia negligencia como argumento de defensa procesal, lo que a todas luces riñe con la respetabilidad de la función administrativa, ignora la responsabilidad que debe guiar todos sus actos y, por contera, traiciona la confianza de los gobernados. Por ello, la Corte Constitucional ordenará que se corra traslado de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación, para que se investigue la conducta observada por funcionarios y dependencias de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín. No cabe un análisis acerca de la posible violación del derecho al habeas data, alegada por la sociedad demandante, puesto que en el expediente no obran pruebas acerca de cómo aparece registrada "Publicidad Tea Ltda" en bancos de datos y archivos oficiales de la DIAN, ni tampoco sobre la negativa del organismo a dejar que dicha compañía conozca, actualice y rectifique informaciones sobre ella. Se revocará la Sentencia de segunda instancia y se concederá la tutela, en lo referente al derecho de petición. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- REVOCAR la Sentencia proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el veintinueve (29) de septiembre de 1994, respecto de la acción de tutela instaurada por la sociedad "Publicidad Tea Ltda". Segundo.- CONCEDESE la tutela solicitada y, en consecuencia, ORDENASE a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín que, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, resuelva de manera clara, fundada y completa sobre la petición formulada por la compañía "Publicidad Tea Ltda" el 21 de abril de 1994. Tercero.- REMITASE copia de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación para lo de su cargo. Cuarto.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-100-95 Sentencia No Sentencia No. T-100/95 ACCION DE TUTELA-Hecho superado Si la situación de hecho que genera la violación o la amenaza ya ha sido superada, el instrumento constitucional de defensa pierde su razón de ser. Es decir, la orden que pudiera impartir el juez, ningún efecto podría tener en cuanto a la efectividad de los derechos presuntamente conculcados, el proceso carecería de objeto y la tutela resultaría entonces improcedente. En el caso presente ya ha cesado entonces la causa que generó el daño y, por tanto, ninguna utilidad reportaría una orden judicial, aun en el caso de que la acción estuviere llamada a prosperar, pues la misma no tendría el poder de modificar situaciones ya superadas. DERECHO A LA EDUCACION-Protección El Estado no sólo esta obligado a brindar a los menores el acceso a la educación sino también la permanencia en el sistema educativo, tanto en el sector público como en el sector privado. Ello sin embargo está condicionado a los límites de cobertura que tienen las instituciones educativas y a un mínimo de cumplimiento por parte de los educandos de los deberes correlativos al derecho a la educación. ACCION DE TUTELA CONTRA ALCALDE/DERECHO A LA EDUCACION-Falta de profesores/MUNICIPIO DE SAN ANTONIO-Colegio El alcalde municipal no violó el derecho a la educación del actor, toda vez que las denuncias elevadas por las directivas del colegio y por los alumnos, se concretan en hechos de conocimiento de la autoridad pública acusada, que, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, ha puesto todo su empeño en lograr las soluciones pertinentes (conseguir un profesor para el área de español y literatura e idioma extranjero) sin que, por la ocurrencia de acontecimientos ajenos a su voluntad, como son la temporalidad en la vinculación de maestros, la distancia del municipio con relación a Ibagué, la inseguridad, los bajos salarios, el  presupuesto, y, en últimas la demora en conformar la listas de elegibles, haya podido vincular personal docente especializado para las áreas requeridas y por tanto, no se hubieran podido satisfacer con la rapidez exigida las peticiones formuladas. Igualmente, se deduce que los esfuerzos realizados por el alcalde municipal en cuanto adecuación de las instalaciones locativas y la provisión de elementos didácticos, han sido oportunos, dentro de las limitaciones técnicas y presupuestales que tiene el municipio. REF:  Expediente No. T - 50.848 Peticionario:Claudio Alexander Rincón Quitora Procedencia: Corte Suprema de Justicia Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Tema: Derecho a la Educación, hecho superado. Santafé de Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela radicado bajo el número T-50.848, adelantado por Claudio Alexander Rincón Quitora, contra el alcalde municipal de San Antonio, Tolima. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efecto de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión. 1. Solicitud El ciudadano Claudio Alexander Rincón Quitora, interpuso ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué, acción de tutela, con el fin de amparar su derecho fundamental a la educación, consagrado en los artículos 44 y 67 de la Constitución Política. 2. Hechos El menor Claudio Alexander Rincón Quitora, es estudiante del colegio de bachillerato Académico "Santo Domingo Savio", ubicado en la vereda villa hermosa, municipio de San Antonio, Tolima.  Afirma el actor, que en la actualidad dicho colegio cuenta con cinco (5) grados de enseñanza media (6o., 7o., 8o., 9o. y 10o.) y recibe estudiantes no sólo de la mencionada vereda, sino también de las veredas aledañas e inclusive de la misma cabecera municipal, San Antonio, debido a su fácil acceso. Señala igualmente, que en el plantel laboran una rectora, una secretaria habilitada y una nómina de profesores muy escasa para la carga académica y el número de grupos en que se encuentra dividido el colegio. Sostiene el peticionario, que en la actualidad él y sus compañeros no están recibiendo educación en las áreas de español y literatura, ingles y educación física, lo cual equivale a diez (10) horas por clase, acumulándose hasta la fecha de presentación de la demanda, doscientas (200) horas sin profesor y por tanto sin educación en las áreas mencionadas. Sobre el particular manifiesta, que en reiteradas oportunidades las directivas del colegio y su comité estudiantil, se han dirigido por escrito al alcalde municipal de San Antonio, pidiéndole su colaboración para solucionar los problemas que se vienen presentando en la institución; sin embargo, "la injustificable demora, la falta de eficiencia en la toma de decisiones y la ubicación necesaria y oportuna del personal docente ha generado año tras año, el recorte de la intensidad horaria necesaria en alto porcentaje, coartando el DERECHO A LA EDUCACION, pues impide el normal desarrollo de la actividad escolar y la ejecución de la totalidad de unidades curriculares a que tenemos derecho". Igualmente, denuncia inconvenientes locativos que han exigido el traslado parcial de alumnos a edificios aledaños, la falta absoluta de materiales didácticos y elementales condiciones higiénicas. 3. Pretensiones Solicita el actor que, como consecuencia del amparo del derecho conculcado, en primer lugar, se gestione en forma rápida y eficaz el nombramiento de un docente en el área de español y literatura, para los grados 6o. a 10o. y la creación de dos plazas, una en el área de español y literatura y otra en idioma extranjero; en segundo lugar, que se recuperen hasta donde sea posible, las horas de clase perdidas durante la ausencia de docentes para las cátedras de ciencias naturales y salud, ciencias sociales, español y literatura, idioma extranjero y educación física, recreación y deporte; en tercer lugar, diligenciar ante los organismos correspondientes la adecuación del segundo piso del colegio; y en cuarto lugar, tramitar ante el organismo correspondiente la adecuación de las aulas de clase y dotación de material y equipo didáctico. II. ACTUACION PROCESAL 1. Primera instancia La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante providencia de fecha veintitrés (23) de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (1994), resolvió denegar la acción de tutela impetrada por Claudio Alexander Rincón Quiñonez, contra el alcalde municipal de San Antonio, Tolima. A su vez ordenó, que el citado funcionario continúe realizando todas las gestiones necesarias, con el fin de proveer al colegio "Santo Domingo Savio", de los docentes en las áreas de español, literatura e idioma extranjero y las demás correspondientes a la adecuación de las aulas de clase y dotación de material y equipo didáctico. Sobre el particular, la Sala Civil del Tribunal Superior, por auto del 4 de agosto de 1994, dispuso solicitar al alcalde de San Antonio, un informe detallado de las gestiones realizadas con relación a las solicitudes formuladas por las directivas y alumnos del colegio citado. Oportunamente fue allegada por el funcionario municipal, un informe minucioso y la documentación respectiva en relación con tales gestiones. De acuerdo con dichas pruebas, consideró el tribunal que la  aportada por el alcalde municipal de San Antonio, indicaba claramente "(...) que no existe acción u omisión por parte de esta autoridad pública que haya traído como consecuencia la violación o amenaza del derecho fundamental a la educación, en relación con los alumnos pertenecientes al colegio Santo Domingo Savio, de la vereda de villahermosa, del citado municipio. Antes por el contrario, el informe debidamente fundamentado de las gestiones realizadas, constituyen demostración de que han sido ingentes y oportunos, aunque infructuosos, los esfuerzos hechos para la provisión de los cargos de docencia en las áreas de español, literatura e idioma extranjero." Sin embargo, señaló el a-quo  que, teniendo en cuenta que el Estado es responsable de la educación y que debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio, remediando las fallas que se presenten en el acceso al conocimiento y en la dotación de material didáctico y de la planta física, le corresponde al señor Alcalde de San Antonio, continuar realizando las labores tendientes a subsanar las anomalías presentadas en dicho plantel. 2. Impugnación Mediante memorial presentado el día veintinueve (29) de agosto de 1994, el peticionario impugnó el fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué, por considerar que el señor alcalde de San Antonio, Tolima, sí vulnero su derecho a la educación y el de sus compañeros, argumentando: - Que a la fecha, por falta de intensidad horaria, está perdiendo las asignaturas de español, ingles y educación física, además de que hace falta intensificar horas clase en las asignaturas de ciencias naturales y ciencias sociales. - Que en una reunión sostenida entre el Alcalde, la rectora del colegio "Santo Domingo Savio" y el anterior secretario de Educación Municipal, este último le insistió al burgomaestre que nombrara un docente para el plantel y el alcalde no acepto. -Que una de las gestiones que el señor alcalde podía ejecutar de inmediato para evitar la pérdida de clases, era la de pagar horas cátedras a docentes de la misma institución, los cuales tenían voluntad, conocimientos y tiempo para orientar las asignaturas en cuestión. 3. Fallo de Segunda Instancia Mediante providencia de fecha once (11) de octubre de 1994, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, resolvió confirmar la sentencia proferida el 23 de agosto de 1994, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué, dentro de la acción de tutela instaurada por Claudio Alexander Rincón Quitora, contra el alcalde municipal de San Antonio, Tolima. En primer lugar, señala la Sala que la educación, como servicio público esencial, fuera de ser un derecho asistencial, es igualmente un derecho fundamental del individuo que ve reflejado en su ejercicio, el camino hacia la formación de la persona, "el cual es, la mayoría de las veces, tortuoso, debido a las dificultades sociales que imperan en su gestión". Por tales circunstancias, la Ley superior ha encargado al Estado velar por la calidad y el cumplimiento de sus fines, procurando el adecuado cubrimiento del servicio que, en esas condiciones, es susceptible de ser protegido constitucionalmente, en determinados casos y de conformidad con las peculiares características propias de su prestación. Así pues, según el ad-quen , frente a la situación fáctica descrita por el accionante en el caso sub-judice, "la acción de tutela desborda su cauce, toda vez que las denuncias elevadas se concretan en hechos de conocimiento cabal de la autoridad pública acusada que, al contrario de lo que habría de concluirse con vista exclusiva en el escrito introductorio, ha puesto todo su empeño en lograr las soluciones pertinentes sin que, por la ocurrencia de acontecimientos ajenos a su voluntad, haya podido satisfacer, con la rapidez y las exigencias requeridas, las distintas peticiones." Concluye la Corte, que el fallo impugnado acertó en la decisión adoptada, incluyendo el llamamiento hecho a las autoridades municipales para continuar brindando apoyo al citado instituto, en procura de que los estudiantes satisfagan sus aspiraciones académicas para bien no sólo personal, sino de la comunidad. III. PRUEBAS ORDENADAS POR LA SALA NOVENA DE REVISION Mediante auto de fecha tres (3) de febrero de 1995, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional ordenó oficiar al colegio de bachillerato académico "Santo Domingo Savio" y al alcalde municipal de San Antonio, Tolima, para que informaran si en la actualidad dicho colegio, cuenta con los servicios de uno o más profesores para el área de español y literatura e idioma extranjero para los grados sexto (6o.) a décimo (10o.). Dando cumplimiento a lo ordenado por esta Sala de Revisión, se allegó al presente proceso el siguiente documento: - Oficio No. 224 del 10 de febrero de 1993, suscrito por el Alcalde Municipal de San Antonio, Tolima. En dicho oficio, la Señora María Alcira Perdomo de Díaz, alcalde municipal de San Antonio, Tolima, informa que mediante Resolución No. 392 del veintinueve (29) de septiembre de 1994, comisionó a la profesora Blanca Edilma Guerra Córdoba, clasificada en el grado séptimo (7o.) del Escalafón Nacional Docente, licenciada en lenguas modernas, como maestra del colegio "Santo Domingo Savio", en el área de español y literatura e idioma extranjero, para los grados 6o. a 10o.. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia. 2. El caso concreto 2.1 De las breves justificaciones para confirmar un fallo de tutela por parte de la Corte Constitucional. El artículo 35 del Decreto 2591 prevé lo siguiente: "ARTICULO 35. Decisiones de revisión. Las decisiones de revisión que revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general de las normas constitucionales deberán ser motivadas. Las demás podrán ser brevemente justificadas". La breve justificación de las decisiones de revisión por parte de la Corte Constitucional, tiene como razón fundamental el que la Corporación, al evaluar los alcances jurídicos de una determinada decisión de tutela, aplique los principios de economía y celeridad en la administración de justicia, en aquellos eventos en los que no se configure alguna de las hipótesis señaladas en la norma anteriormente citada, como son el que se revoque o se modifique el fallo, que se unifique la jurisprudencia de la Corporación o que se aclare el alcance general de una norma constitucional. Así las cosas, para esta Sala de Revisión, la acción de tutela que en esta oportunidad le corresponde analizar no se encuentra dentro de ninguna de las situaciones que describe el referido artículo, razón por la cual, se confirmará el fallo de la Corte Suprema de Justicia, previa algunas consideraciones que se anotarán a continuación . 2.2 Improcedencia de la acción de tutela contra hechos superados La acción de tutela ha sido concebida, como un procedimiento preferente y sumario para la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en los casos que determine la ley. Así las cosas, la efectividad de la acción, reside en la posibilidad de que el juez si observa que en realidad existe la vulneración o la amenaza alegada por quien solicita protección, imparta una orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho en disputa. Sin embargo, si la situación de hecho que genera la violación o la amenaza ya ha sido superada, el instrumento constitucional de defensa pierde su razón de ser. Es decir, la orden que pudiera impartir el juez, ningún efecto podría tener en cuanto a la efectividad de los derechos presuntamente conculcados, el proceso carecería de objeto y la tutela resultaría entonces improcedente. Sobre el particular ha dicho esta Corporación: "El medio de defensa judicial referido por el artículo 86 de la Carta tiene como objeto la protección eficaz e inmediata de los derechos fundamentales, sin que exista razón para predicar su procedencia cuando los hechos que pueden dar lugar a su ejercicio, hayan quedado definidos, ya que la amenaza o violación del derecho no existen al momento de proferir el fallo, salvo que los hechos que configuran una u otra persistan y sean actual y ciertamente percibidas por el juez. Considerar lo contrario sería desvirtuar la finalidad y la naturaleza de la acción de tutela." (sentencia T-515 de 1992, Magistrado Ponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo). De igual forma, esta Sala de Revisión se ha pronunciado, en forma reiterada, sobre el tema en cuestión, en los siguientes términos: "La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado por las medidas prudentes de traslado a otro centro, en donde puede ser atendido el interno, como ya lo hizo la Fiscalía con el representado del actor. "Al no existir actualmente un principio de razón suficiente por parte del actor para que se conceda la tutela a su representado, al no haber objeto jurídico tutelable, puesto que no hay  ni vulneración ni amenaza de ningún derecho fundamental, y al haber obrado razonablemente la Fiscalía al ordenar el traslado del interno Mora López, no encuentra la Sala fundamento en la realidad para tutelar un supuesto de hecho inexistente." (sentencia No. T-494 de 1993, Magistrado Ponente, doctor Vladimiro Naranjo Mesa). En el caso presente, el actor concreta su petición, en el hecho de que se "gestione en forma rápida y eficaz ante el organismo correspondiente el nombramiento de un docente en el área de ESPAÑOL Y LITERATURA para los grados 6o. a 10o. (...)". Sin embargo, y de acuerdo con el oficio No. 224 de febrero 10 de 1995 (que reposa en el expediente), suscrito por el alcalde municipal de San Antonio, Tolima, para el área de español y literatura e idioma extranjero de los grados 6o. a 10o., del colegio de bachillerato académico "Santo Domingo Savio", se comisionó mediante resolución número 392 del 29 de septiembre de 1994, a la Licenciada en lenguas modernas  Blanca Edilma Guerra Córdoba, satisfaciendo de ese modo, la petición del actor. Ya ha cesado entonces la causa que generó el daño y, por tanto, ninguna utilidad reportaría una orden judicial, aun en el caso de que la acción estuviere llamada a prosperar, pues la misma no tendría el poder de modificar situaciones ya superadas. Así las cosas, estima la Sala, que la razón expuesta constituye motivo suficiente para concluir que no es del caso conceder el amparo pedido. Sin embargo, considera de especial importancia insistir brevemente sobre algunos aspectos relacionados con el derecho a la educación y la situación que dio origen a esta acción de tutela. 2.3 No existe violación del derecho a la educación, por parte de las autoridades administrativas del Municipio de San Antonio, Tolima. Como en reiteradas oportunidades lo ha expresado esta Corporación, la educación es un derecho fundamental, inherente, inalienable y esencial al ser humano, el cual realiza el valor y principio material de la igualdad consagrado en el preámbulo de la Constitución Política y en los artículos 5o. y 13o. de la misma Carta. La naturaleza racional del hombre y su dignidad, exigen el establecimiento y preservación de condiciones aptas para que la persona, por el sólo hecho de serlo y en igualdad de oportunidades con los demás,  tenga acceso a los beneficios de la educación básica y de la formación, en los términos contemplados en el artículo 67 de la Carta Política. Sobre el particular, ha señalado esta Corporación: "Tanto por la naturaleza y función del proceso educativo como porque reúne a plenitud los requisitos y criterios de esa categoría constitucional abierta que es hoy el derecho fundamental, esta Corte ha reconocido que la educación es uno de tales derechos que realiza el valor y principio material de la igualdad, consignado en el preámbulo y en los artículos 5o. y 13 de la Carta..." (sentencia T-429 de 1992, Magistrado Ponente, doctor  Ciro Angarita Barón). Ahora bien, la importancia esencial de la educación, radica en el hecho de ser un derecho instrumental o derecho medio, por cuanto se convierte en la clave del desarrollo de la personalidad y del ejercicio de otros derechos cuya efectividad sería irrealizable sin su mediación. Igualmente, la educación cumple el objetivo constitucional de formar un hombre respetuoso de los derechos humanos, la paz y la democracia, como también receptivo al cumplimiento de los deberes correlativos a los derechos y libertades reconocidos en la Constitución (arts. 67 y 95). Asimismo, la educación es un servicio público que cumple una función social (art. 67 de la Constitución Política), cuya prestación está a cargo del Estado o de los particulares bajo la permanente inspección y vigilancia del Estado. De su naturaleza de servicio público se deduce que sus fines son el servicio a la comunidad, la búsqueda del bienestar general y la elevación de la calidad de vida de la población. Sin embargo, a pesar de ser la educación  un derecho fundamental y consagrarse como un servicio público, su prestación está condicionada por las limitaciones que surgen de las propias posibilidades operativas y de cobertura de las instituciones que la ofrecen, siendo imposible obligar a quienes prestan el servicio, a hacer lo que, por las circunstancias de orden social -falta de locales adecuados, de personal docente, de presupuesto-, no es posible realizar. En este sentido, la Corte Constitucional señaló: "Ahora bien, según el inciso 5º del artículo transcrito, el Estado no sólo esta obligado a brindar a los menores el acceso a la educación sino también la permanencia en el sistema educativo, tanto en el sector público como en el sector privado. Ello sin embargo está condicionado a los límites de cobertura que tienen las instituciones educativas y a un mínimo de cumplimiento por parte de los educandos de los deberes correlativos al derecho a la educación." (sentencia No. T-186 de 1993, Magistrado Ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero). En otro pronunciamiento afirmó esta Corporación: "Ahora, si bien la educación es un derecho fundamental y se consagra como un servicio público, en cuanto que constituye una actividad de interés general que se ha de satisfacer, bien por el Estado o bajo su vigilancia por los particulares, su prestación está condicionada por las limitaciones que surgen de las propias posibilidades operativas y de cobertura de las instituciones que la ofrecen (limitación material) y, además, por los requerimientos académicos y administrativos (limitación técnica) que éstas reclaman de quienes pretenden acceder a sus aulas. (sentencia No. T-236 de 1994, Magistrado Ponente, doctor Antonio Barrera Carbonell). Y es que no  puede desconocerse que las limitaciones de todo orden, particularmente técnicas y económicas, que afrontan nuestras comunidades, traen como consecuencia que la prestación de los servicios públicos, entre ellos el de la educación, adolezcan de enormes deficiencias que limitan su cobertura y disminuyen su eficacia y calidad, sin que ello implique que las autoridades o particulares encargados del servicio de la educación, estén exentos de apelar a todos los instrumentos que tengan a su alcance para satisfacer las necesidades, especialmente en materia educativa. Ello es más imperioso tratándose de los niños, cuyos derechos -entre los cuales se destaca el de la educación- son prevalentes sobre los derechos de los demás (artículo 44 de la Constitución Política) y la Carta obliga a la familia, a la sociedad y particularmente al Estado, a garantizar su desarrollo integral y el ejercicio pleno de esos derechos. Es así como en el asunto que se analiza, la Sala de Revisión, compartiendo en esencia la decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué y de la Corte Suprema de Justicia, considera que el alcalde municipal de San Antonio, Tolima, no violó el derecho a la educación del actor, toda vez que las denuncias elevadas por las directivas del colegio y por los alumnos, se concretan en hechos de conocimiento de la autoridad pública acusada, que, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, ha puesto todo su empeño en lograr las soluciones pertinentes (conseguir un profesor para el área de español y literatura e idioma extranjero) sin que, por la ocurrencia de acontecimientos ajenos a su voluntad, como son la temporalidad en la vinculación de maestros, la distancia del municipio con relación a Ibagué, la inseguridad, los bajos salarios, el presupuesto, y, en últimas la demora en conformar la listas de elegibles ( ley 115 de 1994), haya podido vincular personal docente especializado para las áreas requeridas y por tanto, no se hubieran podido satisfacer con la rapidez exigida las peticiones formuladas. Otra posición habría asumido esta Corporación, si las solicitudes dirigidas al burgomaestre por parte de las directivas del colegio y de los alumnos, no hubiesen sido atendidas o se hubiesen ignorado, como fruto de su desidia o desinterés, circunstancias que, como ya se dijo, no son las que se presentan en este caso; por el contrario, la autoridad municipal mostró interés en la solución del problema, logrando finalmente comisionar a un docente para el área de español, literatura e idioma extranjero en los grados 6o. a 10o. del colegio "Santo Domingo Savio". Igualmente, de la lectura de las piezas procesales se deduce que los esfuerzos realizados por el alcalde municipal en cuanto adecuación de las instalaciones locativas y la provisión de elementos didácticos, han sido oportunos, dentro de las limitaciones técnicas y presupuestales que tiene el municipio. Así las cosas, es preciso concluir que los falladores de instancia acertaron en la decisión adoptada, cual fue la de negar la acción de tutela interpuesta por  Alexander Quitora contra el alcalde municipal de San Antonio, Tolima, pues como le dijo, dicho funcionario atendió las presentadas e hizo lo posible para prestar en forma adecuada el servicio a la educación en el establecimiento mencionado. En virtud de lo anterior, la Sala habrá de confirmar el fallo de fecha 11 de octubre de 1994, proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, pero por las consideraciones consignadas en esta providencia. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR  el fallo de fecha 11 de octubre de 1994, proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se denegó la acción de tutela interpuesta por Claudio Alexander Rincón Quitora, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR que por la Secretaría General de esta Corporación, se comunique el contenido de esta providencia a la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-101-95 Sentencia No Sentencia No. T-101/95 NOTIFICACION DE TUTELA-Despacho comisorio Si bien es cierto que la figura del despacho comisorio, contenida en el artículo 33 del C. de P.C., se constituye en uno de los instrumentos con que cuenta el juez para impulsar el proceso, ello no significa que, en los eventos relacionados con las acciones de tutela, este procedimiento sea el medio más eficaz y expedito para garantizar el cumplimiento de las decisiones que se adopten sobre la materia. En efecto, cabe recordar que el despacho comisorio es sometido a reparto, luego el comisionado asume la competencia para llevar a cabo el encargo y finalmente debe,  para el caso de la práctica de una diligencia, fijar "para tal efecto el día más próximo posible y la hora para su iniciación, en auto que se notificará por estado", tal como lo ordena del estatuto procedimental anteriormente citado. SENTENCIA DE TUTELA-Notificación La notificación de un fallo de tutela por telegrama o en forma personal, asegura el conocimiento de la decisión judicial, garantiza la posibilidad de ejercer oportunamente el derecho de defensa y se constituye en uno de los mecanismos más propicios para responder a los principios de economía, celeridad y eficacia que deben imperar siempre en el trámite de que trata el artículo 86 de la Carta Política. LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA/AGENCIAMIENTO DE DERECHOS AJENOS/ACCION DE TUTELA-Ausencia de pruebas/DERECHO A LA SALUD-Nombramiento de médico rural El legislador permitió la posibilidad de agenciar derechos ajenos, bajo la condición única y exclusiva de que el titular de los mismos no se encontrase en condiciones de promover judicialmente su propia defensa. En el caso de la acción de tutela que se revisa, no aparece probado en parte alguna del expediente que personas identificadas de la comunidad se encuentren en imposibilidad física para reclamar ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales. Es más, tampoco se demuestra que la ausencia temporal de un médico rural en la zona haya significado, necesariamente, la amenaza o la vulneración del derecho a la salud determinadas de esa comunidad. Asimismo, al no estar legitimados los miembros de la junta de gobierno municipal para intentar la tutela, debieron, cuando menos, demostrar que los hechos que motivaron el proceso en mención atentaban contra sus propios derechos constitucionales fundamentales. El expediente de tutela carece de las pruebas necesarias para que la Corte Constitucional considere dar aplicación al artículo 86 de la C.P. ACCION DE TUTELA-Improcedencia/ACTO ADMINISTRATIVO/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL/JUEZ DE TUTELA-Cogobierno La petición objeto de la acción de tutela bajo examen, se encamina a que una entidad pública específica cumpla con un requerimiento elevado por las autoridades locales, como es el de contar con un médico rural para la zona. Sea esta la oportunidad para reiterar que el instrumento jurídico contemplado en el artículo 86 constitucional no puede ser utilizado para que unas autoridades públicas demanden de las otras el cumplimiento de obligaciones de carácter administrativo. Ello corresponde a las atribuciones propias de la rama ejecutiva del poder público y a las relaciones interinstitucionales a nivel local, departamental o municipal. Si el juez de tutela permitiera que un alcalde o un funcionario cualquiera de la administración realizara su gestión a través de la utilización desproporcionada y arbitraria de la acción de tutela -con el pretexto de estar atentando contra los derechos fundamentales de la comunidad-, entonces se rompería uno de los pilares del Estado de derecho, cual es el de la independencia de las ramas del  poder, y se entraría dentro del denominado “cogobierno de los jueces”, figura que a todas luces contradice los postulados esenciales previstos en la Carta Política. ACCION DE TUTELA-Hecho superado Los motivos que originaron la acción de tutela en comento se han consumado y, por tanto, ya no representan amenaza alguna contra los peticionarios o contra la comunidad del municipio. Por lo tanto, cualquier orden que se imparta sobre el particular resultaría a todas luces inocua. Ref.: Expediente T- 51174 Peticionario: Fermín Delgadillo Torres y otros. Procedencia: Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chiquinquirá (Boyacá) Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Temas: * La notificación de las providencias judiciales en materia de tutela * La legitimación para interponer la acción de tutela Santafé de Bogotá, D.C. ocho (8) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el proceso de tutela radicado bajo el número T- 51174, adelantado por Fermín Delgadillo Torres, Miguel Mendieta Navas y Wilson Ramírez Albornoz quienes en su condición de alcalde, secretario general y tesorero municipal respectivamente,  actuaron en nombre de la Junta de Gobierno  y la comunidad del Municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), contra el Secretario de Salud del Departamento de Boyacá, doctor Samuel Contreras Molano. I. ANTECEDENTES De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente. 1. Solicitud Los ciudadanos Fermín Delgadillo Torres, Miguel Mendieta Navas y Wilson Ramírez Albornoz, quienes en su condición de alcalde, secretario y tesorero municipal, respectivamente, actuaron en nombre de la Junta de Gobierno  y la comunidad del Municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), interpusieron ante el Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad, acción de tutela contra el secretario de Salud del Departamento de Boyacá, doctor Samuel Contreras Molano, con el fin de que se amparara el derecho a la salud de todos los habitantes de dicho municipio. 2. Hechos Manifiestan los accionantes que desde el mes de abril de 1994, la Secretaría de Salud del Departamento de Boyacá, pese a las múltiples solicitudes que le han elevado, no ha nombrado a ningún médico para que atienda el centro de salud de ese municipio, razón por la cual consideran “violado el derecho fundamental a la salud a que tiene nuestra comunidad en general, puesto que al negarnos el servicio médico de un funcionario de dicha Secretaría nos privan de este derecho, ya que el municipio se encuentra en un estado de aislamiento por parte de centros asistenciales en salubridad pública y se están presentando brotes de plagas que propagan enfermedades contagiosas." 3. Pretensiones Solicitan los demandantes que se ordene a la Secretaría de Salud del Departamento de Boyacá que nombre un médico para que atienda a la población del municipio de San Pablo de Borbur. III. ACTUACION PROCESAL 1. Primera instancia Mediante auto de fecha diez (10) de agosto de 1994, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pablo de Borbur asumió el conocimiento de la presente acción de tutela , y decretó y recolectó las pruebas que a continuación se relacionan: 1.1. Oficio del tres (3) de mayo de 1994, enviado por los demandantes al secretario de Salud departamental. Mediante dicho oficio, el alcalde y el personero del municipio de San Pablo de Borbur solicitaron al secretario de Salud del Departamento de Boyacá "para seguirle recordando la urgente necesidad de que nos envíe al nuevo MEDICO RURAL, en reemplazo del que ya fue trasladado". 1.2. Declaración del señor Fermín Delgadillo Torres. El declarante, quien se desempeña como alcalde de San Pablo de Borbur, afirmó que desde hace cuatro meses su municipio carece de los servicios de un médico. Adicionalmente, señaló que la Secretaría Departamental de Salud es la encargada de los nombramientos de dichos médicos, quienes generalmente son personas que van allí a cumplir con el año rural. 1.3. Telegrama de fecha dieciséis (16) de agosto de 1994. A través de este telegrama, el secretario de Salud de Boyacá informó al Juez de primera instancia que presentó al doctor Gonzalo Iván Martín Cordobés, para que el Hospital San Salvador de Chiquinquirá le hiciera la designación como médico rural del municipio San Pablo de Borbur. 2. Fallo de primera instancia Mediante providencia de fecha veintidós (22) de agosto de 1994, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pablo de Borbur, resolvió tutelar el derecho a la salud y al saneamiento ambiental de los ciudadanos Fermín Delgadillo Torres, Miguel Mendieta Navas y Wilson Ramírez Albornoz, al considerar que la omisión de la Secretaría de Salud de Boyacá vulneraba el derecho a la salud de los habitantes del municipio -máxime si se tiene en cuenta la difícil situación de orden público que se vive en la región debido a la explotación de esmeraldas-. Como consecuencia de lo anterior, ordenó a la Secretaría de Salud de Boyacá que, en coordinación con el Hospital San Salvador de Chiquinquirá, y dentro del término de cuarenta y ocho horas, "disponga los mecanismos pertinentes a fin de que se haga el nombramiento o designación del doctor Gonzalo Iván Martín Cordobés o de quien haga sus veces, con miras a que se preste el servicio médico en éste municipio". Cabe anotar que para la notificación del fallo en comento, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pablo de Borbur comisionó al Juez Civil Municipal (reparto) de Tunja. El día siete (7) de septiembre de 1994, el Secretario de Salud de Boyacá impugnó el fallo, y debido a que el a-quo no había recibido la respuesta del comisionado, decidió admitirla. Cabe señalar que, en el lapso comprendido entre la fecha del fallo y la presentación de la impugnación, el secretario general de la Alcaldía comunicó al juzgado del conocimiento que el día veinticuatro (24) de agosto de 1994, fue nombrado médico rural del municipio en comento el doctor Sergio Piñeros, quien a la fecha ya se encontraba laborando. Igualmente se recibió una comunicación del accionado, en la cual informó que para el caso del municipio de San Pablo de Borbur, el Director del Hospital San Salvador de Chiquinquirá es quien hace la nominación del médico, previa presentación por parte de la Secretaría de Salud de Boyacá. Además, manifestó que la entidad a su cargo nominó al doctor Gonzalo Iván Martín Córdoba quien, "por circunstancias ajenas a la administración departamental, no se ha acercado a formalizar la vinculación con el Hospital. 3. Segunda instancia El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chiquinquirá, mediante providencia de fecha veintisiete (27) de septiembre de 1994, resolvió revocar la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pablo de Borbur, ya que consideró que la presente acción de tutela resulta improcedente, toda vez que a través de ella los actores pretenden la protección de un derecho colectivo, cual es la salubridad pública, contando para ello con otro mecanismo de defensa judicial, es decir, con la acción popular. A juicio del ad-quem no obra en el proceso ninguna prueba de la violación al derecho invocado por los peticionarios; ni siquiera se probó la existencia de un peligro inminente. Por ello afirmó: "Se logra deducir que lo que pretende la Junta de Gobierno es obtener los servicios permanentes de un profesional de la salud (médico), sin tener en cuenta, entre otras cosas, que el nominador no puede obligar a quien resulte designado como médico de cualquier zona del país a laborar allí. Obviamente lo ideal es que todos los asociados tengamos acceso a un servicio inmediato y acorde con las necesidades de la comunidad, obligación que recae principalmente en el Estado, pero solamente podría buscar el nombramiento oportuno, (no se demostró lo contrario) sin que se pueda pretender que el nominador obligue al médico designado a tomar posesión del cargo. Otra situación diferente sería, si el profesional o la persona encargada de prestar el servicio no lo quisiera hacer estando encargada de esta función o de ese servicio público”. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución Política y 31 a 36 del decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia. 2. Algunas consideraciones relativas a la actuación procesal en el caso en concreto. Como puede apreciarse en el acápite correspondiente a la “Actuación procesal” de esta providencia, el Juzgado Promiscuo de San Pablo de Babur, resolvió comisionar al Juez Civil Municipal de Tunja para efectos de adelantar la diligencia de notificación del fallo proferido el día veintidós (22) de agosto de 1994, mediante el cual se concedió la acción de tutela instaurada por los peticionarios. De las pruebas que obran en el expediente, no aparece constancia alguna relacionada con la actuación adelantada por el despacho judicial comisionado con el fin de cumplir la orden impartida por el fallador de primera instancia. Sin embargo, según consta en el proceso, el secretario de Salud de Boyacá impugnó el fallo en comento, razón por la cual debe esta Sala concluir o que la referida diligencia efectivamente se llevó a cabo, o que, en su defecto, se presentó una notificación por conducta concluyente, tal y como lo determina el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil. A pesar de lo expuesto, esta Sala no puede dejar pasar por alto el hecho de que la decisión del juez de primera instancia, respecto de la notificación de su providencia a través de un despacho comisorio,  significó el transcurso de más de catorce días en el trámite de la acción de tutela, el cual solamente se reanudó con la impugnación presentada mediante vía telegráfica por parte de la entidad demandada. Así las cosas, corresponde reiterar que el propósito fundamental de la acción de tutela es el de procurar que el fallo de un juez de la República, relativo a la inmediata protección de un derecho constitucional fundamental amenazado o vulnerado, produzca efectos en forma inmediata, directa y eficaz. Con todo, esa decisión, como todas las que se adoptan en materia judicial -e inclusive administrativa-, debe garantizar el derecho fundamental al debido proceso y, por tanto, debe proporcionar a la entidad pública o particular demandada todos los medios necesarios para garantizar el derecho de defensa. En consecuencia, si el juez actúa con diligencia, la decisión encaminada a proteger la situación del interesado llegará a feliz término una vez la providencia judicial quede ejecutoriada y, por ende, haya operado el fenómeno de la cosa juzgada. Por el contrario, si el juez entraba el proceso de tutela -por ejemplo, utilizando medios inadecuados para realizar la notificación-, no sólo estará atentando contra la necesidad de garantizar la protección de ese derecho, sino que, además, mantendrá las partes, esto es al demandante y al demandado, en un estado de incertidumbre jurídica que atenta contra los principios mínimos del Estado social de derecho. En el caso bajo examen, la Sala estima que la decisión del juez de tutela de notificar su providencia a través de un despacho comisorio o interpreta cabalmente el contenido de varias normas legales, a saber: A) Artículo 16 del decreto 2591 de 1991: "Notificaciones. Las providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito y eficaz". B) Artículo 5o. del decreto 306 de 1992: "De la notificación de las providencias a las partes. De conformidad con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, todas las providencias que se dicten en el trámite de una acción de tutela se deberán notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acción de tutela y el particular, la entidad o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela de conformidad con el artículo 13 del decreto 2591 de 1991. "El juez velará porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificación aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa". C) Artículo 30 del decreto 2591 de 1991: "Notificación del fallo. El fallo se notificará por telegrama, o por otro medio expedito que se asegure su cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haber sido proferido". Si bien es cierto que la figura del despacho comisorio, contenida en el artículo 33 del Código de Procedimiento Civil, se constituye en uno de los instrumentos con que cuenta el juez para impulsar el proceso, ello no significa que, en los eventos relacionados con las acciones de tutela, este procedimiento sea el medio más eficaz y expedito para garantizar el cumplimiento de las decisiones que se adopten sobre la materia. En efecto, cabe recordar que el despacho comisorio es sometido a reparto, luego el comisionado asume la competencia para llevar a cabo el encargo y finalmente debe,  para el caso de la práctica de una diligencia, fijar "para tal efecto el día más próximo posible y la hora para su iniciación, en auto que se notificará por estado", tal como lo ordena del estatuto procedimental anteriormente citado. Por el contrario, la notificación de un fallo de tutela por telegrama o en forma personal -según lo determinan las disposiciones contenidas en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992-, asegura el conocimiento de la decisión judicial, garantiza la posibilidad de ejercer oportunamente el derecho de defensa y se constituye en uno de los mecanismos más propicios para responder a los principios de economía, celeridad y eficacia que deben imperar siempre en el trámite de que trata el artículo 86 de la Carta Política. 3. Algunas consideraciones respecto de la legitimación para interponer la acción de tutela que se revisa. El asunto que en esta oportunidad le corresponde revisar a esta Sala de la Corte Constitucional, trata de una acción de tutela presentada por la junta de gobierno municipal de San Pablo de Babur -conformada por el alcalde, el secretario general y el tesorero municipal-, quienes, además, actúan en nombre de la “comunidad general del Municipio”, con el fin de que  la Secretaría de Salud del departamento de Boyacá nombre a un médico que realice el año rural en esa localidad. De conformidad con los artículos 86 de la Carta Política y 10 y 100 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene por objeto principal el que la persona que considere amenazado o vulnerado alguno de sus derechos constitucionales fundamentales, por parte de una autoridad pública o de un particular -en los términos que señale la ley-, pueda reclamar su protección inmediata ante un juez de la República. Por consiguiente, sólo es titular de dicha acción la persona a quien, de una forma u otra, se le hubiesen afectado sus derechos. No obstante, el legislador permitió la posibilidad de agenciar derechos ajenos, bajo la condición única y exclusiva de que el titular de los mismos no se encontrase en condiciones de promover judicialmente su propia defensa. En el caso de la acción de tutela que se revisa, no aparece probado en parte alguna del expediente que personas identificadas de la comunidad de San Pablo de Bobur se encuentren en imposibilidad física para reclamar ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales, lo que permitiría, prima facie, que le agenciaran tales derechos. Es más, tampoco se demuestra que la ausencia temporal de un médico rural en la zona haya significado, necesariamente, la amenaza o la vulneración del derecho a la salud determinadas de esa comunidad. Asimismo, al no estar legitimados los miembros de la junta de gobierno municipal para intentar la tutela, debieron, cuando menos, demostrar que los hechos que motivaron el proceso en mención atentaban contra sus propios derechos constitucionales fundamentales. Al igual que la situación descrita en el párrafo anterior, el expediente de tutela carece de las pruebas necesarias para que la Corte Constitucional considere dar aplicación al artículo 86 de la Carta Política. Ahora bien, esta Sala encuentra que realmente la petición objeto de la acción de tutela bajo examen, se encamina a que una entidad pública específica -Secretaría de Salud de Boyacá- cumpla con un requerimiento elevado por las autoridades locales de San Pablo de Bobur, como es el de contar con un médico rural para la zona. Sea esta la oportunidad para reiterar que el instrumento jurídico contemplado en el artículo 86 constitucional no puede ser utilizado para que unas autoridades públicas demanden de las otras el cumplimiento de obligaciones de carácter administrativo. Ello corresponde a las atribuciones propias de la rama ejecutiva del poder público y, para el caso en comento, a las relaciones interinstitucionales a nivel local, departamental o municipal. Si el juez de tutela permitiera que un alcalde o un funcionario cualquiera de la administración realizara su gestión a través de la utilización desproporcionada y arbitraria de la acción de tutela -con el pretexto de estar atentando contra los derechos fundamentales de la comunidad-, entonces se rompería uno de los pilares del Estado de derecho, cual es el de la independencia de las ramas del poder, y se entraría dentro del denominado “cogobierno de los jueces”, figura que a todas luces contradice los postulados esenciales previstos en la Carta Política. No sobra agregar que, para esta Sala, de darse en el presente caso una situación que realmente significara la violación de unos derechos -lo cual, como se explicó, no se presenta-, los interesados no serían sólo una persona o un grupo determinados de ellas -como es el caso de la junta de gobierno-, sino toda la comunidad. Tal evento, como lo ha dispuesto en forma reiterada la Corte Constitucional, escapa los propósitos propios de la acción de tutela y se enmarca dentro de los parámetros jurídicos de otro tipo de acciones o instrumentos procesales, como es el caso de las acciones populares. 5. Hechos superados en el caso en concreto Aunque, como ya se ha establecido, el objeto de la acción de tutela es la protección de los derechos constitucionales fundamentales, a través de una orden impartida por un juez, con el fin de que la autoridad pública o el particular -según el caso- realicen una determinada acción o se abstengan de hacerlo, debe advertirse que, acogiendo reiterada jurisprudencia de esta Corte1 la vulneración del derecho, así como su amenaza, deben partir necesariamente de un cierto grado de certeza y actualidad, donde las situaciones que hipotéticamente atenten contra ese derecho o cuya posibilidad de menoscabo ya se hubiese desechado o superado, deben ser desestimadas por el funcionario judicial encargado del proceso en comento. En otras palabras, no es posible pretender que el juez de tutela imparta una determinada orden, cuando el supuesto de hecho de la pretensión resulte, por un motivo u otro, inexistente. Al respecto, ha dispuesto esta Corporación: “La acción de tutela ha sido concebida como procedimiento preferente y sumario para la defensa inmediata de los derechos fundamentales, lo cual implica que su efectividad reside en la posibilidad de que el juez, si encuentra que en realidad existe la vulneración o la amenaza alegada por quien pide protección, imparta una orden para que, como lo dice la Constitución, aquél contra quien se intenta la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. Es forzoso concluir que si tal es el objeto de la tutela, ninguna razón se tiene para admitirla cuando ya las situaciones que pueden haber dado lugar o ser consecuencia de hechos u omisiones violatorias de derechos fundamentales quedaron definidas, pues de entenderse lo contrario, se vería desvirtuada la naturaleza de la institución.”2 En el asunto que ahora se revisa, como se explicó, se trata de la solicitud elevada por las autoridades locales del San Pablo de Bobur, con el fin de que la Secretaría de Salud del departamento de Boyacá, nombre a un médico para que realice el año rural en la zona. Dentro del expediente obran diversas pruebas en las cuales constan los requerimientos elevados por los peticionarios, así como las respuestas dadas por la entidad demanda en las cuales se informa que el hospital San Salvador de Chiquinquirá ya hizo la designación correspondiente, pero que por razones desconocidas la persona originalmente nombrada, esto es el médico Gonzalo Iván Martín Cordobes, no se había trasladado aún a la localidad. Fue con base en esta situación que el juez de primera instancia decidió conceder la acción de tutela bajo examen. Sin embargo, el día siete (7) de septiembre de 1994, el secretario de Salud de Boyacá informó que otro médico, Sergio Piñeros Rodríguez, se había posesionado del  cargo desde el día veinticuatro (24) de agosto de ese mismo año. Esta situación también fue corroborada por el secretario General de la Alcaldía de San Pablo de Bobur, mediante oficio del 30 de agosto. En consecuencia, esta Sala de Revisión considera que los motivos que originaron la acción de tutela en comento se han consumado y, por tanto, ya no representan amenaza alguna contra los peticionarios o contra la comunidad del municipio. Por lo tanto, cualquier orden que se imparta sobre el particular resultaría a todas luces inocua, razón por la cual se habrá de confirmar la sentencia del veintisiete (27) de septiembre de 1994, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chiquinquirá, a través de la cual se revocó la sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal de San Pablo de Borbur y, por ende, se denegó la acción de tutela bajo examen. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión  de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero: CONFIRMAR la sentencia del veintisiete (27) de septiembre de 1994, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chiquinquirá, a través de la cual se revocó la sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal de San Pablo de Borbur del veintidós (22) de agosto de 1994 y, por ende, se denegó la acción de tutela bajo examen,  pero por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.- ORDENAR que por la Secretaría General de esta Corporación, se comunique esta providencia al Juzgado Promiscuo Municipal de San Pablo de Borbur, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado Ponente JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias Nos. T-338/93, T-494/93, T-036/94 y T-052/94, entre otras. 2 Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 1. Sentencia No. T-506/93 del 5 de noviembre de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.

T-102-95 Sentencia No Sentencia T-102/95 ACCION DE TUTELA CONTRA EL EMPLEADOR/INDEFENSION DE TRABAJADORES/TRABAJADOR-Subordinación Como uno de los jueces de primera instancia afirma que en el presente caso no cabe la tutela contra particulares porque no existe subordinación e indefensión del trabajador respecto del patrono, hay necesidad de aclarar que la relación laboral establece ese grado de subordinación, luego, por este aspecto, queda suficientemente  justificada la viabilidad de estas acciones de tutela. Pero, hay algo más:  En los catorce casos que motivan el presente fallo se aprecia una situación de indefensión. La reiterada  imposibilidad de  tener el espacio que la ley da para que haya definición a los conflictos colectivos, colocó definitivamente a los trabajadores sindicalizados  en una manifiesta indefensión. SALARIO-Valor intrínseco/SALARIO-Reajuste/REMUNERACION MOVIL Si la constante es el aumento del índice de precios al consumidor, donde existe anualmente inflación de dos dígitos, se altera la ecuación económica si se admite un salario nominalmente invariable. Es por ello que el salario tiene que mantener su VALOR INTRINSECO, esto es, su poder adquisitivo. Luego, hay que lograr un valor en equidad. El artículo 53 de la Carta  habla, precisamente, de la remuneración MOVIL. No sólo comprende al salario mínimo sino a todos los salarios puesto que ello es una lógica consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación laboral, prueba de lo cual es el reajuste automático de todas las pensiones. Sería absurdo que AL TRABAJADOR PASIVO se le reajustara su pensión y no se le reajustara su salario AL TRABAJADOR ACTIVO. Por consiguiente, si a un trabajador se le fija un salario y se mantiene el mismo guarismo por más de un año a pesar de que la cantidad y calidad del trabajo permanecen inmodificables, mientras el valor del bien producido aumenta nominalmente, en razón de la depreciación de la moneda, se estaría enriqueciendo injustamente el empleador en detrimento del derecho que tiene el asalariado a recibir lo justo, y esto no sería correcto en un Estado, una de cuyas finalidades esenciales es garantizar la vigencia de un orden justo. PRINCIPIO A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL/DISCRIMINACION SALARIAL/DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración La discriminación salarial atenta contra la IGUALDAD  como derecho fundamental constitucionalmente protegido e inherente a la relación laboral. Lo cual implica, en principio, que habrá discriminación cuando ante situaciones iguales se da un trato jurídico diferente, por eso se proclama el principio A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL". PERJUICIO IRREMEDIABLE-Pérdida del valor del salario/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA/SALARIO-Reajuste Cuando se utiliza la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable -, el dato legal, esto es, la existencia de un medio judicial ordinario no es óbice para que la persona pueda instaurarla. Por el contrario, el presupuesto de procedibilidad de esta acción es precisamente la existencia de un medio legal de defensa que, sin embargo, no impide que la persona puede apelar transitoriamente a la acción de tutela justamente para evitar un perjuicio irremediable. En los casos motivo del presente fallo de revisión, los perjuicios son inminentes porque continúan sucediendo permanentemente (a medida que se causa el salario); la medida a tomar (reajuste salarial) conjura el perjuicio irremediable, hay un grave daño ocasionado (pérdida del valor del salario) y, por consiguiente, es impostergable restablecer el orden social afectado por la inequitativa actitud de mantener en 1995 el mismo salario básico de 1991. Esta Sala de Revisión cree coherente que la adecuación salarial, para efectos de esta tutela como mecanismo transitorio, y sólo para ello, se haga de acuerdo con el comportamiento de la tasa de inflación. INDEXACION En materia laboral se entiende por indexación el ajuste salarial y pensional motivado en la desvalorización de la moneda. Referencia: expedientes T-47604, 49025, 49053, 49727, 49730, 49766, 49803, 50114, 50115, 50182, 50220, 50243, 50249, 51542 acumulados. Peticionarios: Alfonso Ruíz y otros. Procedencia: Juzgados Laborales de Santafé de Bogotá: 9, 13, 4º, 16, 8, 7, 5, 15, 11, 14, 6, 12. Temas: - A trabajo igual salario igual. El principio de igualdad salarial, es un derecho fundamental de rango constitucional. - Justicia conmutativa en la movilidad salarial. -Equilibrio entre el salario y la prestación del servicio. (Teoría valorativa). -Autonomía para acogerse a la Ley 50 de 1990. -La efectividad del Derecho Laboral es instrumento de la convivencia pacífica. - La equidad como criterio auxiliar del operador jurídico. Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá D.C., trece (13) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En los procesos acumulados de tutela de Alfonso Ruiz Ruiz (47604), Fideligna Vanegas (49025), Manuel Albarracín (49053), Lilia Peña Velasco (49727), Adán Moreno Romero (49730), José Cortés (47766), José Arcadio González (49803), Víctor Julio Moreno (50114), José Rubén Torres (50115), José Benjamín Murcia (50182), Isidro Prieto (50220), Luis Emilio Morales Dimaté (50243), José Serafín Ruiz (50249), Ananias Serna Suárez (51542). I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto Nº 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, las acciones de tutela de la referencia, ordenando se tramitaran en forma acumulada. A- INFORMACION PRELIMINAR 1. Tránsito de legislación. La Ley 50 de 1990 estableció un nuevo régimen para las cesantías , y para la transición  de legislación el parágrafo de su artículo 98 señaló: "Los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ley, podrán acogerse al régimen especial señalado en el numeral segundo del presente artículo, para lo cual es suficiente la comunicación escrita, en la cual señale la fecha a partir de la cual se acoge". (subraya fuera de texto). Esta norma principió a regir en enero de 1991 y ha dado origen a conflictos.  En los casos que motivan este fallo de tutela, los peticionarios afirman en las solicitudes: El Sindicato SINTRASUCESORES, presentó un pliego de peticiones el 1º de enero de 1992, del cual no hubo arreglo con la empresa por el hecho de no haberse acogido a la ley 50 de 1990 y además por pertenecer al sindicato". 2. Negociación frustrada. En la empresa Sucesores de José de Jesús Restrepo y Cía. S.A. existía un sindicato de base: SINTRASUCESORES, aprobado desde 1976. En enero de 1992 SINTRASUCESORES presentó el pliego de peticiones y el 8 de abril de ese año en el Acta de la negociación se fijaron por escrito estas posiciones: De parte del sindicato: "el sindicato considera que el hecho de que algunos trabajadores no se hubieran acogido a la Ley 50 de 1990, en lo que se refiere a los fondos de Cesantías no debe dar como consecuencia la discriminación en los aumentos de salarios y cesantías como lo ha planteado la Empresa en esta reunión, ya que acogerse a esta ley debe ser un acto voluntario de cada trabajador". De parte del empleador: "3- La posición de la empresa se sustenta en el hecho de que la gran mayoría de los trabajadores de la misma se acogieron voluntariamente al nuevo régimen de cesantías establecido en la Ley 50 de 1990. "4- La empresa deja constancia de que para cualquier arreglo laboral se debe tener en cuenta lo enunciado anteriormente y si es que existe discriminación esta se desprende y deriva de la citada ley". El representante legal de la empresa, cuando se le averiguó sobre tales constancias, en interrogatorio de parte rendido en juicio en el Juzgado 16 Laboral de Bogotá, el 27 de enero de 1993, dijo: "Si es cierto, pero aclaro, esa constancia fue una respuesta a la posición de los negociadores del sindicato y los puntos que citan son solo apartes de una constancia global que incluye otros puntos sustanciales de la posición de la empresa". Lo concreto es que la negociación, en su etapa de arreglo directo fracasó y el sindicato solicitó la convocatoria del Tribunal de Arbitramento. 3- Controversia por los sindicatos minoritarios. El Ministerio de Trabajo inicialmente rechazó la petición de SINTRASUCESORES para que fuera convocado el Tribunal de Arbitramento. Las Resoluciones 2068 de 29 de mayo de 1992 y 3088 de 24 de julio de 1992 dijeron: "Es por esto que los conflictos colectivos planteados por sindicatos minoritarios, en los que no se logra obtener la participación de la mayoría absoluta de los trabajadores de la respectiva empresa, tienen como única forma de solución el arreglo entre las partes". Sin embargo, un concepto del Consejo de Estado que justifica los Tribunales de Arbitramento en sindicatos minoritarios, motivó la revocatoria de la inicial negativa, (Resolución 299 de 1993) y fue convocado para resolver el conflicto en la empresa Sucesores de José de Jesús Restrepo y Cía. S.A. Surgió otro inconveniente: los árbitros designados por el empleador, renunciaban, y así se prolongaba la solución al conflicto. 4- La primera tutela. Ante la situación de haber logrado la convocatoria del Tribunal de Arbitramento, pero verlo frustrado por la táctica de la renuncia de árbitros, el sindicato interpuso una tutela buscando la operatividad del Tribunal. La tutela no prosperó (Sentencia de 5 de mayo de 1993, Juzgado 2º Laboral de Santafé de Bogotá), confirmada por la Sala Laboral del Tribunal de esta ciudad, la cual consideró que la demora era imputable a los árbitros y no al Ministerio ni a la empresa. Pero, meses después operó el Tribunal de Arbitramento y hubo laudo que no fue homologado por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá. 5. El problema del salario 5.1- Desde enero de 1992 la empresa incrementó el salario  a los NO sindicalizados en un 28%. Tal aumento no cobijó  a los 48 trabajadores sindicalizados. En los años siguientes nuevamente se aumentó en otros 28% a los NO sindicalizados. 5.2- Se ha afirmado por los petentes que esta diferenciación tuvo como una de sus causas la negativa de los sindicalizados a pasar a los fondos de cesantías, lo cual frenó la negociación colectiva. El patrono, a su vez, explica: "no hubo aumento salarial para los actores por cuanto con ellos rige una convención colectiva que venció el 9 de mayo de 1992 y sobre ella se presentó una nueva solicitud o una nueva convención colectiva, sobre la cual hasta   el momento no se ha llegado a ningún acuerdo". 5.3- El empleador ha remitido la constancia de salarios devengados por los trabajadores que hace poco se mantenían en el sindicato (quienes formaban parte de los 48 que demandaron laboralmente y de los 14 que interpusieron tutela). Estas son la cifras del salario diario básico: NOMBRE 1991 DIC. 1992 DIC. 1993 DIC. 1994 DIC. Albarracín Corredor Manuel 3.853= 3.853= 3.853= 3.853= Bernal Chacon Pablo 3.853= 3.853= 3.853= 3.853= González Menjura José 4.131= 4.131= 4.131= 4.131= León Ruíz Jesús Antonio 3.853= 3.853= 3.853= 3.853= Morales Dimaté Luis Emilio 3.853= 3.853= 3.853= 3.853= Moreno Romero Adán 3.853= 3.853= 3.853= 3.853= Martínez Duarte Campo Elidas 3.853= 3.853= 3.853= 3.853= Moreno Victor Julio 3.853= 3.853= 3.853= 3.853= Murcia Sierra José Benjamin 3.853= 3.853= 3.853= 3.853= Pardo Cajamarca Horacio 3.853= 3.853= 3.853= 3.853= Prieto Reina Isidro 3.853= 3.853= 3.853= 3.853= Ruiz Romero José Serafin 3.853= 3.853= 3.853= 3.853= Ruiz Ruiz Alfonso 3.853= 3.853= 3.853= 3.853= Serna Suárez Ananias 3.853= 3.853= 3.853= 3.853= Torres Alvarado José Ruben 3.853= 3.853= 3.853= 3.853= Cortes Linares José Everardo 4.013= 4.013= 4.013= 4.013= Peña Velasco Lilia 3.586= 3.586= 3.586= 3.586= Vanegas Figueredo Fideligna 3.586= 3.586= 3.586= 3.586= 6. El juicio ordinario laboral. Ante la situación planteada, los 48 trabajadores que hace 3 años conformaban el sindicato otorgaron poder para que se formulara demanda laboral a fin de que  se incrementaran sus salarios a partir de febrero de 1992, en un 28%. La demanda se presentó el 8 de octubre de 1992 y correspondió por reparto al Juzgado 16 Laboral de Santafé de Bogotá. Notificada como fue la admisión de la demanda, el empleador contestó, por medio de apoderado, oponiéndose a las peticiones, indicando que no le constan los hechos, dudando que algunos trabajadores fueron operarios y negando  la discriminación salarial. Es sabido que  los juicios laborales en la capital del país son dilatados (entre otras razones porque sólo hay 16 juzgados), sin embargo, este proceso ha sido particularmente demorado porque el abogado del empleador solicitó interrogatorio de parte para todos y cada uno de los demandantes. Ha habido ya 17 oportunidades de audiencia: - 30 de octubre /92: Primera audiencia: Fracasó la conciliación y se decretaron pruebas. - 27 enero /93: Segunda audiencia. Interrogatorio de parte del representante legal de la empresa. - 24 de febrero/93: Continuación de la segunda audiencia. Declara el jefe de producción. - 15 de abril /93: Tercera audiencia. Interrogatorio de parte de los trabajadores Albarracín y Basto. -  19 de mayo/93: Continuación de la tercera audiencia. Interrogatorio de parte del trabajador Murcia. -  23 de junio /93: Continuación de la tercera audiencia.  Interrogatorio de parte del trabajador Prieto. -  5 de agosto /93: Continuación de la tercera audiencia. Interrogatorio de parte del trabajador Páez. -  9 de septiembre /93: Continuación de la tercera audiencia. Interrogatorio de parte del trabajador Bernal. -  25 de octubre /93: Continuación de la tercera audiencia. Interrogatorio de parte del trabajador Contreras. - 1º de diciembre /93: Continuación de la tercera audiencia. Interrogatorio de parte de la trabajadora  Rosa Elvia Pachón. - 15 de febrero /94: Curiosamente se regresa a la Segunda Audiencia. Interrogatorio de parte del trabajador Cortés. - 11 de abril   /94: Continuación de la Segunda Audiencia. Interrogatorio de parte de los trabajadores Ruíz Ruíz, Gilberto Cárdenas y Jairo Moreno. Se declaran confesos a Carlos Julio Torres y José Rubén Torres. -  26 de julio  /94: Continuación de la Segunda Audiencia. No comparecieron  los trabajadores Moyano y Rodríguez. -  30 de agosto /94: Continuación de la Segunda Audiencia. Se decide sobre unos desistimientos. -  4 de octubre /94: Continuación de la Segunda Audiencia. Interrogatorio de parte de la trabajadora Lilia Peña. -  23 de noviembre /94: Se pasa nuevamente a Tercera audiencia. Interrogatorio de parte de Ananías Serna. Se aceptan otros desistimientos. -  13 de febrero /95: Acepta otros desistimientos. Continúa la tercera audiencia. Ese es el estado actual del juicio, faltan declaraciones de testigos, posiblemente inspección judicial y 8 interrogatorios de parte. Hay que aclarar que los desistimientos venían solicitándose a lo largo del proceso, eran presentados sólo con la firma del demandante  (no de su abogado) y  por este motivo no se admitían, lo cual significó que de los interrogatorios sólo 2 fueron para trabajadores que aún siguen de demandantes y 14 (interrogatorios o declaraciones de confeso) para quienes desistieron. El Juzgado únicamente aceptó los desistimientos después de que el abogado de los demandantes, en audiencia, los coadyuvó. En total han desistido de todas las pretensiones en el ordinario laboral, 38 demandantes, lo hicieron en estas fechas: 1. Alvaro Basto (15 de febrero de 1993) 2.  Milciades Santamaría (03 de marzo de 1993) 3. Eduardo Santos (17 de noviembre /93) 4.   José Bulla  (17 de noviembre/93) 5.   José Galindo (17 de noviembre/93) 6. José I. Parra Ruíz  (17 de noviembre/93) 7.  Isidro González (17 de noviembre/93) 8. Marco Antonio Páez (17 de noviembre/93) 9. Pedro Vicente Contreras ( 22 de noviembre/93) 10. Buenaventura Cruz ( 22 de noviembre/93) 11. Gabino Nuñez ( 22 de noviembre/93) 12. José Samuel Ruíz ( 22 de noviembre/93) 13. Hermencia Rodríguez ( 22 de noviembre/93) 14. Hernando Cadena ( 23 de noviembre /93) 15. Pablo Emilio Rodríguez ( 22 de noviembre/93) 16. Alfredo Enciso Beltrán ( 23 de noviembre/93) 17. Ignacio Olivares ( 29 de noviembre/93) 18. Julio Enrique Torres ( 29 de noviembre/93) 19. Pompilio Riaño ( 29 de noviembre/93) 20. Rosa Elvira Pachón ( 20 de noviembre/93) 21. César Casallas (10 de noviembre/93) 22.  Margarita López Camelo ( 15 de marzo/94) 23. Marco A. Moyano (8 de abril/94) 24. Carlos Julio Torres (11de abril/94) 25. Jorge Eliécer Leguizamón (15 de abril/94) 26. Jairo Humberto Moreno (6 de julio/94) 27. Gilberto Cárdenas (19 de julio /94) 28. Olimpia Jiménez (25 de  julio  /94) 29. Blanca  Cecilia Garzón (1º de agosto /94) 30. José Rubén Torres  (13 de  octubre  /94) 31. Víctor Julio Moreno (28 de octubre  /94) 32. José Serafín Ruiz (4 de noviembre /94) 33. Fideligna Vanegas (4 de enero de 1995) 34. Lilia Peña (25 de enero de 1995) 35. José Cortés (25 de enero de 1995) 36. Manuel Albarracín (27 de enero de 1995) 37. Horacio Pardo (8 de enero de 1995) 38. Ananias Serna (6 de febrero de 1995). Qué dió la empresa a cambio  del desistimiento? Dentro de las copias que el Juzgado 16 Laboral de esta ciudad envió  a la Corte Constitucional, aparece un acta  de conciliación celebrada el 15 de febrero de 1993, en otro Juzgado (el 14 Laboral) y allí se lee que se le reconoció al trabajador ALVARO BASTO un salario de $5.819.20 diarios (dentro del juicio ordinario Laboral aparecía recibiendo $3.853 diarios), y con base en este reajuste se le liquidaron  sus prestaciones en: $481.169,85 porque el trabajador se retiró, y se le dieron adicionalmente 15 millones por conciliar. 7- En qué finalizó el conflicto colectivo después de superar las dificultades? Ya se dijo que con fundamento en un concepto del Consejo de Estado,  permitió el Ministerio de Trabajo que se convocara el Tribunal de Arbitramento. Se produjo el Laudo y el Tribunal de Santafé de Bogotá inicialmente lo anuló y después (el 11 de abril de 1994) NO lo homologó. De todas maneras, en el Laudo, respecto a salarios, NADA se decidió, con la tesis de que si prosperaba el juicio laboral, los demandantes terminaban recibiendo 2 aumentos: el que haría el Laudo y el del Juzgado. Es decir, no hubo reajuste salarial. Precisamente por esta omisión el apoderado del sindicato acudió ante el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá. Lo mismo hizo el apoderado del patrono alegando que los árbitros habían decidido para varios años y prosperó la tesis patronal de que los árbitros se habían excedido al dar una vigencia superior a la pedida. Así terminó definitivamente el conflicto inicial y los trabajadores sindicalizados continuaron recibiendo un salario igual al de principios de 1992. 8. Qué ocurrió con otro conflicto suscitado esta vez por la organización sindical que agrupó a los sobrevivientes del antiguo sindicato? Como SINTRASUCESORES vió menoscabada su militancia sindical, quienes perseveraron resolvieron, el 19 de noviembre  de 1993, fusionarse con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, SINALTRAINAL, fusión aprobada por el Ministerio del Trabajo el 6 de mayo de 1994. De inmediato, el 30 de mayo de 1994 y ante el fracaso total del primer conflicto, se inicia el arreglo directo para ver si ahora sí se podía firmar Convención Colectiva. Nuevamente ocurren los inconvenientes y el 17 de junio de 1994 se rompen las conversaciones y el sindicato solicita la convocatoria del Tribunal de Arbitramento. El Ministerio del Trabajo, el 22 de julio de 1994, NO ordena la constitución del Tribunal de Arbitramento y siguen los sindicalizados recibiendo el salario de 1992. Pero ahí no termina el viacrucis de los escasos trabajadores que se negaron a escoger el régimen de cesantías establecido en la Ley 50 de 1990. 9- El Ministerio del Trabajo se niega a sancionar administrativamente al empleador y por el contrario conceptúa sobre salarios. Por reclamaciones del Sindicato, el Ministerio del Trabajo dicta estas Resoluciones: - 17 de junio de 1993: La División de Inspección y Vigilancia dice que no ha habido ninguna violación por parte del empleador. (Resolución 1788). - 2 de agosto de 1993: La División de Inspección y Vigilancia multa a la empresa con 10 salarios mínimos por violar el principio a trabajo igual salario igual, dando por probada la vulneración del principio de igualdad. (Resolución 2297). - 17 de febrero de 1994: Revoca la resolución 2297, afirmando que el salario de los no sindicalizados no se aplica a los sindicalizados. - 20 de junio de 1994, resolución 1630: CONFIRMA la Resolución 1788 de 1993 agregando: "mal puede afirmarse que el salario que rige para los trabajadores no sindicalizados se aplique a los afiliados a un ente sindical". Vale la pena recordar que es el mismo Ministerio el que un mes después (22 de julio de 1994) no ordena la conformación del Tribunal de Arbitramento. B. SOLICITUDES DE TUTELA. En agosto de 1994, catorce de los trabajadores que había instaurado el juicio ordinario laboral y que continuaban sin reajuste salarial desde 1992, presentaron solicitudes de tutela que fueron repartidas en los diferentes juzgados laborales del Distrito Capital. Las peticiones son iguales: Que se les dé un trato idéntico al resto de trabajadores de la empresa: Sucesores de José de Jesús Restrepo y Cía. S.A. (contra quien se dirige la acción), por cuanto no hay razón legítima que justifique el trato discriminatorio en materia de salario. Consideran los petentes que la actitud de la empresa viola los artículos 13 y 25 de la Constitución, atenta contra los artículos 38 y 39 ibídem y no se compadece con los principios básicos de dignidad y justicia (Preámbulo y arts. 1 y 2 de la C.P.). Señalaron que con lo ocurrido se los perjudica de manera grave y se los afecta en su normal desenvolvimiento como personas y se lleva a sus familias a sufrir penurias. Se refieren al no aumento salarial por ser miembros del sindicato, y no acogerse a la Ley 50 de 1990, lo cual ha significado en 1994 una desproporción de un 84% en relación con el salario de los trabajadores no sindicalizados. Posición de la empresa dentro de las tutelas. En todas ellas, el apoderado de "Sucesores de José de Jesús Restrepo y Cía. S.A." se opuso por existir otros recursos o medios de defensa. Inclusive indicó cuáles serían esas vías: -Querellas laborales administrativas -Tribunal de Arbitramento -Demandas ante la justicia ordinaria laboral -Tutela; pero, la tutela la reduce a lo relacionado con los hechos del Tribunal de Arbitramento. C. DECISIONES DE LOS JUZGADOS LABORALES DEL DISTRITO CAPITAL. Estas fueron las decisiones de primera instancia: -30 agosto de 1994, Juzgado 4º, caso: Manuel Albarracín -1º septiembre de 1994, Juzgado 13, caso: Fideligna Vanegas -1º septiembre de 1994, Juzgado 13, caso: Lilia Peña -2 septiembre de 1994, Juzgado 5º, caso: Victor Moreno -2 septiembre de 1994, Juzgado 11, caso: Benjamin Murcia -2 septiembre de 1994, Juzgado 12, caso: Ananias Serna -2 septiembre de 1994, Juzgado 6º, caso: Morales Dimaté -5 septiembre de 1994, Juzgado 7º, caso: Arcadio González -6 septiembre de 1994, Juzgado 16, caso: Adán Moreno -6 septiembre de 1994, Juzgado 8º, caso: Everardo Cortés -6 septiembre de 1994, Juzgado 14, caso: Isidro Prieto -7 septiembre de 1994, Juzgado 15, caso: Rubén Torres -8 septiembre de 1994, Juzgado 9º, caso: Alfonso Ruiz -8 septiembre de 1994, Juzgado 9º, caso: Serafín Ruiz La tutela impetrada no prosperó en ninguno de estos fallos por cuanto se consideró que los solicitantes disponen de otros medios, y, precisamente el Juzgado 16 dice: "tan ello es así que en este Despacho judicial cursa ya un proceso ordinario entre las partes, teniendo como fundamento los mismos hechos e iguales pretensiones". Es de anotar que en tres sentencias se tocó el tema de la tutela contra particulares. En una de ellas (Juzgado 4º, caso Albarracín) se consideró que el trabajador sí podía instaurar la acción porque se halla en relación de subordinación e indefensión ante el empleador. En las otras dos, proferidas ambas por el Juzgado 9º (casos de Alfonso Ruíz y Serafín Ruíz) se afirma que no existe subordinación ni indefensión, ni se trata de la tutela contra particulares que ejerzan funciones públicas, luego por estas razones también es improcedente la acción, a juicio del Juez 9º. Además, se entró a analizar el problema de fondo en cinco sentencias, con criterios que obligarán a un pronunciamiento de esta Sala de Revisión porque los Jueces dijeron lo siguiente: -Que en el caso de debate se trata de derechos que sólo tienen rango legal (Juzgado 8º), -Que "conforme ha quedado palmariamente establecido" no existe la subordinación que le impida al actor "el ejercicio de sus derechos fundamentales" (Juzgado 9º en los casos que conoció). -Que no existe un trato discriminatorio por la existencia de una Convención colectiva y porque, además, devenga el trabajador un salario superior al mínimo y hay que demostrar las desigualdades y las condiciones de eficacia (Juzgado 7º). -Y el Juzgado 11 llegó al extremo de afirmar que "la solicitud no está llamada a prosperar" porque: "De los hechos afirmados por el peticionario observa el juzgado que no existe derecho fundamental alguno violado, tal como él lo manifiesta, como quiera que las circunstancias relacionadas con la labor desempeñada por el trabajador, corresponde fijarlas al empleador de acuerdo al cargo que este ocupe, la clase de labor desempeñada, el tiempo empleado en dicha labor, etc., situaciones todas estas que conoce el empleador y es de acuerdo a ellas que fija la remuneración". D. FALLOS DE SEGUNDA INSTANCIA. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá a través de sus Salas de Decisión, se pronunció confirmando en trece casos las decisiones del a-quo (La tutela restante, Nº 47604, no fue impugnada). Los fallos se dictaron en las siguientes fechas: - 22 de septiembre de 1994 (Fideligna Vanegas) - 22 de septiembre de 1994 (Manuel Albarracín) - 30 de Septiembre de 1994 (Lilia Peña) - 30 de septiembre de 1994 (Adán Moreno) - 30 de septiembre de 1994 (Eduardo Cortés) - 30 de septiembre de 1994 (Arcadio González) - 3 de octubre de 1994 (Benjamín Murcia) - 4 de octubre de 1994 (Isidro Prieto) - 5 de octubre de 1994 (Morales Dimaté) - 5 de octubre de 1994 (Rubén Torres) - 5 de octubre de 1994 (Víctor Moreno) - 5 de octubre de 1994 (Serafín Ruíz) - 18 de octubre de 1994 (Ananías Serna) En todas ellas se considera que existe otra vía jurídica para reclamar. En el caso de Rubén Torres se indicó que existe"... precisamente un conflicto jurídico entre el petente y la sociedad accionada, el que se plantea en la presentación de la tutela, derivado del contrato de trabajo que los ata", "siendo, entonces, el camino idóneo el ejercicio de la vía ordinaria laboral, tal como lo prevé el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo". En el caso de Benjamín Murcia se recalcó: "Las diferencias salariales reclamadas indefectiblemente tienen que ser valoradas y apreciadas por el mencionado despacho judicial (Juzgado 16 Laboral) en la sentencia que ponga fin a tal controversia". Es importante agregar que, al margen del estudio sobre improcedencia de la tutela, algunas sentencias tocaron un problema de fondo: el de si la igualdad salarial es o no un derecho fundamental. En un buen número de fallos (casos Morales Dimaté, Víctor Moreno, Arcadio González, Eduardo Cortés, Manuel Albarracín, Serafín Ruiz) se afirma que el principio de a trabajo igual salario igual sólo tiene rango legal, no constitucional, llegándose a considerar que el tema en discusión (la igualdad salarial) "no puede considerarse como un derecho fundamental" (caso de Everardo Cortés), y que, de todas formas "no aparece de bulto la violación del derecho a la igualdad, pues surge de lo actuado que la inconformidad del libelista estriba en derechos de rango legal derivados de la aplicación del artículo 143 del Código Sustantivo  del Trabajo" (caso de Arcadio González). II. FUNDAMENTOS JURIDICOS A. COMPETENCIA. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 3º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dichas acciones hizo la Sala correspondiente, del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación y de la acumulación ordenada por la misma Sala de Selección. B. TEMAS JURIDICOS A TRATAR. Algunas de las apreciaciones de los jueces de tutela y del Tribunal, resumidas anteriormente, no se compaginan con el alcance de la tutela, con el Estado Social de Derecho, ni con la justicia conmutativa y esquivan una solución equitativa al problema de unos trabajadores a quienes se les cierran las puertas jurídicas en detrimento del valor que debe tener el salario. Es imperativo tocar los temas que iluminan la posición ya reconocida por esta Sala de Revisión: El rango  y alcance constitucional que tiene el principio de: a trabajo igual, salario igual, adicionado con  la necesidad de buscar la paz social y de no tolerar el abuso del derecho que en ocasiones coloca a los más desprotegidos en condiciones de indefensión. 1. Cuestión preliminar: Tutela contra particulares. Como uno de los jueces de primera instancia afirma que en el presente caso no cabe la tutela contra particulares porque no existe subordinación e indefensión del trabajador respecto del patrono, hay necesidad de aclarar que la relación laboral establece ese grado de subordinación, luego, por este aspecto, queda suficientemente  justificada la viabilidad de estas acciones de tutela. Pero, hay algo más:  En los catorce casos que motivan el presente fallo se aprecia una situación de indefensión deducible de las siguientes circunstancias: En un primer momento fracasó la etapa de arreglo directo y el  sindicato solicitó la convocatoria de Tribunal de Arbitramento; fue negada la petición por el Ministerio del Trabajo, luego se revocó la medida, pero el Tribunal no pudo operar oportunamente porque los árbitros designados por el empleador renunciaban, estas dificultades iniciales llevaron al sindicato a instaurar una tutela para que el Tribunal de Arbitramento operara, pero la tutela no prosperó. Cuando el Tribunal funcionó, el Laudo no contempló lo referente al aumento salarial. En ese instante los inconvenientes principian a convertirse en situaciones contradictorias y perjudiciales para los trabajadores. Acuden los interesados al Tribunal Superior de Santafé de Bogotá  y la Sala Laboral no les homologa el Laudo, quedando el conflicto colectivo sin solución. Nuevamente se suscita otra negociación colectiva, y el Ministerio del Trabajo no convoca el Tribunal de Arbitramento. Esta reiterada  imposibilidad de  tener el espacio que la ley da para que haya definición a los conflictos colectivos, colocó definitivamente a los trabajadores sindicalizados  en una manifiesta indefensión. Los anteriores episodios facilitaron la actitud patronal de mantener para los trabajadores que interpusieron la tutela  un salario igual al que devengaban en 1991. Realmente están indefensos  y no puede decirse que la indefensión desaparece porque instauraron un juicio ordinario laboral. Si bien es cierto que lo hicieron, lo concreto es que van dos años y medio, se desarrolla la tercera audiencia de trámite y todos estos procedimientos de desgaste han ocasionado la deserción de la mayoría de los trabajadores que instauraron tanto el juicio laboral como la tutela. Indudablemente es una fuerte presión la de mantener un salario desvalorizado. Ello aproxima a los trabajadores y a sus familias a los límites del estado de necesidad. No cabe la menor duda de que esta actitud, con justificación legalista, produce un abuso del derecho porque bajo el ropaje de resoluciones ministeriales y sentencias judiciales se obstaculizó el derecho fundamental que tienen los trabajadores a un salario justo, reajustado al menos en la misma proporción del aumento del costo de la vida. 2. La indefensión viola el derecho a la igualdad La parte final del artículo 13 de la Constitución establece: "El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan." Si el Estado le cierra las puertas a la solución de un conflicto colectivo del trabajo y el empleador  se aprovecha de esta circunstancia para mantener  permanentemente un salario desvalorizado, se le ocasiona un mal muy grave a los trabajadores. Debe recordarse que el mal no se puede proteger jurídicamente, hacerlo incita a la violencia y ésta no  es la finalidad del Estado Social de Derecho. 3. Caracteres del contrato de trabajo: SINALAGMATICO Y CONMUTATIVO. Dice el tratadista Manuel Alonso García: "Dado, por otra parte, el carácter sinalagmático de la relación laboral, la obligación retributiva a cargo del sujeto acreedor de trabajo tiene  carácter recíproco, de modo que se presenta y manifiesta como  interdependiente de la prestación del servicio, en virtud de la cual se corresponde -en equilibrio o equivalencia- con el valor del servicio o trabajo realizado por el trabajador. Dependen la una de la otra, y ninguna es concebida aisladamente, toda vez que la inexistencia de cualquiera de ambas determinaría la aparición de una relación diferente; donación por parte  del empresario, servicio gratuito por parte de la persona que denominamos trabajador."[1] Significa lo anterior que la retribución es el equivalente a la prestación de un servicio con contenido oO dinerario O o valorativo; así lo explica Alonso García: "El carácter dinerario de la obligación retributiva solamente lo es en aquellos casos -la mayoría- en los que la retribución objeto de aquélla consiste en una determinada cantidad de dinero.  Se presenta, entonces, el delicado problema de la teoría general de las obligaciones sobre el valor nominal o real de la prestación, y la cuestión relativa al predominio del principio nominalista en el cumplimiento de la obligación o a la vigencia del principio realista en el mismo. Dado el significado de medio de subsistencia que la retribución guarda para el sujeto deudor de trabajo, la cuestión reviste aquí una excepcional importancia."[2] La retribución, por lo menos debe mantener el valor que tenía cuando se fijó dentro de la relación laboral, siempre y cuando no aparezcan modificaciones (cantidad y calidad de trabajo) que alteren ese valor recíproco de la prestación. No debe olvidarse que el contrato de trabajo es un contrato realidad. El Estado y la sociedad no pueden ser indiferentes a la realidad de que la pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda lógicamente desvaloriza el salario. Es por ello que el salario se torna móvil, debiendo actualizarse para mantener su capacidad adquisitiva, sólo así, en un Estado Social de Derecho,  se puede afirmar que la relación laboral es conmutativa. Cabanellas define lo conmutativo como la "conducta que regula la igualdad o proporción que debe existir entre las cosas, cuando unas se dan a otras". Esto es palpable en la relación jurídica laboral donde no impera indiscriminadamente la autonomía de la voluntad de las partes, sino que, en desarrollo de la especial protección que se le da al trabajo, se aplican automáticamente disposiciones que vienen DE FUERA de la voluntad de los contratantes. La necesidad de esa equitativa proporción significa que si se rompe la proporción deja de ser justa. Un caso que tiene que ver con el trabajo, el de las mesadas pensionales, ya ha sido tratado en la ley y la jurisprudencia con un criterio de justicia conmutativa. En efecto, con respaldo en el derecho a la igualdad, la Corte sentenció el 1º de septiembre de 1994: "Declarar EXEQUIBLE el aparte final del artículo 14 de la ley 100 de 1993, que prescribe: "No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno", con la condición señalada en la parte motiva de esta providencia, es decir, que en el caso de que la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE, para el año inmediatamente anterior a aquél en que se vaya a efectuar el reajuste de las pensiones, SEA SUPERIOR al porcentaje en que se incremente el salario mínimo mensual, las personas cuya pensión sea igual al salario mínimo mensual vigente, tendrán derecho a que ésta se les aumente conforme a tal índice". [3] 4. El Equilibrio entre el salario y la prestación del servicio. En una sociedad que tiene una economía inflacionaria como lo reconoce la misma Constitución en los artículos 373 y 53, el salario no puede ser una deuda de dinero. En realidad se trata de una deuda de valor. Es decir, la explicación del salario no se encuentra tanto en el principio nominalista como en el principio  valorativo . Esto porque las personas trabajan fundamentalmente para tener unos ingresos que les permita vivir en condiciones humanas y dignas. Por ello el salario se debe traducir en un valor adquisitivo. Y si éste disminuye, hay lugar a soluciones jurídicas para readquirir el equilibrio perdido. Aún en la legislación preconstitucional este principio estaba  reconocido tanto para las relaciones colectivas (art. 480 C.S.T., que se analizará mas adelante) como para las relaciones individuales, en el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo que  dice: "REVISION. Todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la existencia de tales alteraciones, corresponde a  la justicia del trabajo decidir sobre ella y, mientras tanto, el contrato sigue en todo su vigor" En otros textos jurídicos: El Código de Comercio cuya cláusula de oro es la autonomía de la voluntad, contempla en su artículo 868 lo siguiente: "cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte sucesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión". En los contratos administrativos se habla de la honesta equivalencia, buscándose en lo posible la igualdad entre las ventajas acordadas al concesionario y las cargas que se le imponen".[4] En desarrollo de ese principio el artículo 5º de la ley 80 de 1993 estableció que los contratistas "tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada ya que el valor intrínseco de la misma no  se altere o modifique durante la vigencia del contrato"[5]. Si esto se predica de materias sujetas a la autonomía contractual, con mayor razón debe mantenerse una honesta equivalencia, o justicia conmutativa, cuando se trata nada más y nada menos que de uno de los elementos integrantes del trabajo: el salario, puesto que el principio de la conmutatividad da vía a la cláusula REBUS SIC STANTIBUS[6]. En el derecho Anglosajón a pesar de la fuerte presencia de la autonomía de la voluntad, de la cual se desprende el concepto de que los desequilibrios no son suficientes para conducir a la invalidación de los contratos,[7] sin embargo, a través de la jurisprudencia se reconoce[8] que hay contrato irrazonable cuando concurren la enorme diferencia en el poder de negociación y el grosero desequilibrio de las prestaciones; caso en el cual es válida la revisión de los contratos.[9] En el mismo derecho civil cuando la desproporción es tan enorme hay lugar a  rescindir el negocio jurídico (teoría de la lesión enorme). La fundamentación filosófica para estas situaciones se remontan a textos de Cicerón: "Se presentan frecuentemente circunstancias donde las cosas que parecen más dignas de un hombre justo, los principios que son el fundamento de la justicia, en primer lugar no dañan a nadie, seguido del obrar en vista del interés común... -impone- ...cuando el tiempo altera la aplicación de esas reglas, que el deber cambie y no sea siempre el mismo. Se puede haber hecho una promesa o una convención tal que la ejecución fuera nociva a aquel a quien se tiene prometido o a aquel que se ha obligado. No es necesario, desde luego, mantener la promesa que sería funesta para el que la ha recibido; y si una obligación causa más perjuicios que ventajas hacia el que la ha tomado, no estaría contra el deber que el interés más grande se imponga frente al menor".[10] Volviendo al tema laboral que nos ocupa: si la constante es el aumento del índice de precios al consumidor, donde existe anualmente inflación de dos dígitos, se altera la ecuación económica si se admite un salario nominalmente invariable. Es por ello que el salario tiene que mantener su VALOR INTRINSECO, esto es, su poder adquisitivo.  Obviamente, a nivel de las políticas macroeconómicas del Estado, este principio no debe ser interpretado en forma rígida, puesto que debe ser armonizado con las otras finalidades que la propia Constitución atribuye al Estado en materia económica, tales como la racionalización de la economía, dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos (CP art. 334).  El mismo artículo 373 de la C.P. señala como obligación estatal velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. Esa capacidad adquisitiva de la moneda tiene su correlativo en la capacidad adquisitiva del salario. Luego, hay que lograr un valor en equidad. El artículo 53 de la Carta  habla, precisamente, de la remuneración MOVIL. La Corte considera que ese calificativo no sólo comprende al salario mínimo sino a todos los salarios puesto que ello es una lógica consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación laboral, prueba de lo cual es el reajuste automático de todas las pensiones. Sería absurdo que AL TRABAJADOR PASIVO se le reajustara su pensión y no se le reajustara su salario AL TRABAJADOR ACTIVO. Por consiguiente, si a un trabajador se le fija un salario y se mantiene el mismo guarismo por más de un año a pesar de que la cantidad y calidad del trabajo permanecen inmodificables, mientras el valor del bien producido aumenta nominalmente, en razón de la depreciación de la moneda, se estaría enriqueciendo injustamente el empleador en detrimento del derecho que tiene el asalariado a recibir lo justo, y esto no sería correcto en un Estado, una de cuyas finalidades esenciales es garantizar la vigencia de un orden justo (Preámbulo y art. 2º C.P.), para lo cual el Estado tiene la facultad de dirigir la economía con el fin de asegurar que todas las personas, en particular los de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos (art. 334 C.P.). 5. La Indexación. En materia laboral se entiende por indexación el ajuste salarial y pensional motivado en la desvalorización de la moneda. La Corte Suprema de Justicia, durante la vigencia de la Constitución de 1886 ya había aceptado: "i) Principios generales. El fenómeno económico de la inflación, cuyo efecto más importante es la depreciación o pérdida del poder adquisitivo de la moneda ha planteado serios problemas económicos y sociales, a los cuales no puede de ningún modo ser ajeno el derecho. El envilecimiento de la moneda, que perjudica injustamente al deudor voluntario, es materia de atenta consideración por los modernos tratadistas de la teoría de las obligaciones. Los principios clásicos del llamado nominalismo monetario o monetarista, como teoría del derecho privado acerca de la extensión de las obligaciones dinerarias (C.C., art. 2224), son puestos cada vez más en duda frente al extendido y creciente flagelo de la inflación. El nominalismo -se dice-, frente a una depreciación desatada, constituye ya un dogma economicista obsoleto, una ficción injusta que afecta el fundamento mismo de los contratos, el necesario equilibrio entre las partes, el principio de la buena fe, y que propicia el enriquecimiento injusto o incausado. Cobra fuerza así el principio del valorismo o realismo, según el cual la obligación dineraria está determinada por el poder adquisitivo de la unidad monetaria, el cual la condiciona. La lucha del derecho para preservar la equidad frente al fenómeno económico de la creciente inflación, debe darse a nivel legislativo, principalmente, pero también resulta posible y urgente plantearlo en el campo judicial, con base en la evidente equidad y en los principios generales del derecho que deben ser aplicados a los nuevos hechos. Entre nosotros merece citarse la novedosa institución económica de las unidades de poder adquisitivo constante (UPACS), de alcance limitado, y, en el campo judicial, las recientes sentencias de la Sala de Casación Civil de la Corte de 9 de julio y 19 de noviembre de 1979, que constituyen una valiosa aproximación jurisprudencial a tan importante tema. En el campo del derecho laboral debe recordarse como precioso antecedente la Ley 187 de 1959, sobre la prima móvil al salario -que nunca se aplicó- y que contempla aumentos generales en la remuneración de los trabajadores dependientes según el aumento de los índices promedio del costo de la vida (arts. 7º, 8º y 9º). ii) La indexación laboral El derecho laboral es sin duda alguna uno de los campos jurídicos en los cuales adquiere primordial importancia la consideración de los problemas de equidad, humanos y sociales, que surgen de la inflación galopante. No puede olvidarse que de tal trabajo depende la subsistencia y realización de los seres humanos, y que el derecho laboral tiene un contenido específicamente económico, en cuanto regula jurídicamente las relaciones de los principales factores de la producción -el trabajo, el capital y la empresa-, afectados directamente por la inflación. Sin embargo, justo es confesar que la estimación de este grave problema, por la ley, por la doctrina y por la jurisprudencia en Colombia, ha sido mínima por no decir inexistente o nula. Se reduciría al hecho de que, en la práctica, el salario mínimo se reajusta periódicamente, como es de elemental justicia, teniendo en cuenta el alza en el costo de la vida, aunque no de manera obligatoria, proporcionada ni automática. Y a que, como es sabido, las pensiones de jubilación o de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, se reajustan por mandato de la ley teniendo en cuenta esos aumentos en el salario mínimo (Leyes 10 de 1972 y 4ª de 1976)[11]. Y la Corte Suprema de Justicia, después de la Constitución de 1991,  dijo: "Es oportuno reiterar que cuando no sea pertinente en una sentencia la condena  de indemnización moratoria por el no pago oportuno de prestaciones sociales, por cuanto no se trata  de una indemnización de aplicación automática, es viable aplicar entonces la indexación o corrección  monetaria en relación con aquellas prestaciones  que no tengan otro tipo de compensación de perjuicios por la mora o que no reciban reajuste en relación con el costo de vida, conforme a lo dicho  antes, pues es obvio que de no ser así el trabajador estaría afectado en sus ingresos patrimoniales al recibir al cabo del tiempo  el pago de una obligación en cantidad que resulta en la mayoría de las veces irrisoria por la permanente devaluación de la moneda en nuestro país, originándose de esa manera el rompimiento de la coordinación o "equilibrio" económico entre empleadores y trabajadores que es uno de los fines primordiales del derecho del trabajo"[12]. Es de advertir que la Sala  7º de Revisión acogió la anterior jurisprudencia en sentencia T-260/94, Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero. Y la Corte Constitucional, Sala Plena, ha dicho que hay que actualizar el valor para conservar el equilibrio y capacidad en las relaciones jurídicas (sentencia C-57/94, Ponente Dr. Fabio Morón). Se dijo en tal fallo algo que por analogía viene al caso: "La intervención, con fines de liquidación, comporta naturalmente la inmovilidad provisional de los depósitos y, por tanto, la ausencia de rentabilidad de los mismos; en este sentido es apenas razonable que en procura de una solución justa para los acreedores de la entidad financiera que resultan afectados patrimonialmente por las causas que motivan la liquidación y por la liquidación misma, se autorice por el legislador el reconocimiento de la mencionada compensación por la desvalorización monetaria". Y, agrega: "Este ajuste monetario por inflación tiene una entidad tal que no constituye un doble pago de intereses sino que asegura una compensación que realiza el valor justicia". En conclusión: es justo que el salario no se desvalorice. Pero, hay otro aspecto que también tiene que ver con el salario y que es indispensable examinar en el presente fallo: 6. El rango constitucional del principio: a trabajo igual salario igual. Esta Sala de Revisión, el 28 de febrero del presente año, se refirió extensamente a la igualdad salarial, a la prohibición de los tratos discriminatorios, a la diferenciación entre discriminación y distinción y a la carga de la prueba. En esa sentencia se explicó: "Las personas nacen iguales ante la ley y no puede haber discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; esta enumeración hecha por el artículo 13 C.P., no es taxativa y, tratándose de aspectos relativos al trabajo, el artículo 53 ibídem reitera que debe haber "igualdad de oportunidades para los trabajadores". La Corte en sentencia C-071/93 dijo que este principio aplicable al trabajo "es una especie del principio genérico de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución". Es más, la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo  (O.I.T.), aprobada en 1919, expresamente consagra en el Preámbulo el "reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor" y el Convenio 111 de la OIT[13] se refiere concretamente a la NO DISCRIMINACION en materia de "oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación" (art. 1), aclarándose que "los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional, y a la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones, como también las condiciones de trabajo" (ibídem). Por eso, al referirse al derecho al trabajo la sentencia C-71/92 indicó: "El principio constitucional de igualdad de los trabajadores está desarrollado por el Convenio Internacional del Trabajo número 111 -aprobado por Colombia mediante  la Ley 22 de 1967 y ratificado  en 1969-, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Dicho Convenio es pues en Colombia fuente de derecho de  aplicación  directa en virtud del artículo 53 de la Constitución  Política, al decir: "los Convenios Internacionales del Trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna", cuyo contenido es norma interpretativa de los derechos constitucionales en virtud del artículo 93 de la Carta Fundamental"[14]. El ex-constituyente Guillermo Guerrero Figueroa, y en el mismo sentido se expresa al mexicano Mario De la Cueva, incluyen dentro del calificativo CONDICIONES DE TRABAJO todos "los beneficios, cualquiera que sea su naturaleza que se concedan a un trabajador" los cuales "deben extenderse a quienes cumplan un trabajo igual, de ahí la acción llamada de nivelación de condiciones de trabajo"[15] Es obvio que la discriminación salarial atenta contra la IGUALDAD  como derecho fundamental constitucionalmente protegido e inherente a la relación laboral. Lo cual implica, en principio, que habrá discriminación cuando ante situaciones iguales se da un trato jurídico diferente, por eso se proclama el principio A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL". Y luego se aclaró: "surge como factible la perspectiva de salarios distintos siempre y cuando la diferenciación sea razonable (cantidad y calidad del trabajo, art. 53 C.P.), y sea objetiva y rigurosamente probada por el empleador. El tratadista español Alfredo Montoya Melgar dice al respecto: En cuanto compensación de un trabajo, la cuantía del salario ha de fijarse atendiendo a la calidad y cantidad de dicho trabajo, prohibiéndose las discriminaciones y tratos de favor basados en circunstancias personales, tales como sexo, origen, estado civil, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, etc. (art. 17.1 ET); específicamente, el art. 28 ET dispone, en la línea del art. 35.1 Const., que el empresario está obligado a "pagar por la prestación de un trabajo igual el  mismo salario, tanto por salario como por los complementos salariales, sin discriminación alguna por razón de sexo"; principio acogido en el Conv. de la OIT Nº 100, en la Carta Social Europea, en el Tratado de la C.E.E. (art. 119) y Directiva de 102. 1975[16]. por otra parte, la legislación equipara los salarios de extranjeros y nacionales (art. 32 D. 1.119/1986, de 26.5). Pero, hay que ser muy cuidadosos en la calificación de la calidad y la cantidad del trabajo. Debe haber parámetros objetivos serios  para evaluación. Y, por otro aspecto, la búsqueda de eficiencia no puede llegar al extremo de destruir la vida privada del asalariado". En la mencionada sentencia se reafirmó que la igualdad salarial en las condiciones anotadas tiene rango constitucional y no simplemente legal, puesto que la igualdad de oportunidades para los trabajadores es un derecho fundamental sustentado en los artículos 1º, 13, 25 y 53 de la C.P. Y,  en otro fallo reciente se dijo: "Esta igualdad implica que el trabajador, en lo relativo a su retribución, depende de sus habilidades y de la labor que desempeña, y no de las condiciones o circunstancias de su patrono. Esto es el fundamento de una de las máximas del derecho laboral: a trabajo igual, salario igual"[17]. 7.  El abuso del derecho frente al libre desarrollo de la personalidad. Ahora se enfatiza otro aspecto. En ocasiones surgen en el derecho laboral unas opciones, ejemplo de ello la facultad que tienen los trabajadores ligados por contratos anteriores a la vigencia de la ley 50 de 1990 para acogerse o no al nuevo régimen de cesantías, lo que implica un trato jurídico diferente para esta prestación. No es justo ni legal que se presione indebidamente la escogencia, menos aún que haya retaliación patronal contra quienes no escogen el nuevo régimen. Esto atenta contra la matriz 16, 95.1 y 53 inciso final de la C.P., porque en un extremo se halla el libre desarrollo de la personalidad, y, en el otro, el no abuso del derecho. "Este derecho fundamental (el libre desarrollo de la personalidad) comprende dos aspectos: el primero, que otorga  al hombre la libertad o derecho para escoger profesión, oficio u ocupación, según su parecer, actitudes, gustos o aspiraciones, sin perjuicio de que la ley pueda imponer la obligación de competencia o habilitación requeridas de acuerdo con cada actividad (art. 26 C.N). El segundo aspecto, se refiere a que la libertad de trabajo no puede traer consigo el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre. De suerte que es fundamental, que en la ejecución de su relación laboral, el trabajador conserve su persona y su libertad, sin perjuicio de que deba desempeñar su labor bajo la autoridad del empleador, quien no puede atentar contra la libertad personal de aquel".[18] Si, por otro lado, el salario antiguo se mantiene porque continúa vigente la vieja convención colectiva que se denuncia, "hasta tanto se firme una nueva convención" (art. 14, decreto 616 de 1954), esto no se puede invocar como "conducta legítima" con el argumento de que "si existe discriminación esta se desprende y deriva de la citada Ley", como lo expuso el empleador en las constancias aludidas, puesto que este proceder implica el desconocimiento de los deberes que toda persona tiene, el primero de los cuales es: "Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios" (art. 95, numeral 1º, C.P.). El doctor Francisco Tafur Morales, al estudiar el abuso del derecho, resumió varias doctrinas y respecto a la más conocida, dijo: "La relatividad de los derechos y el motivo legítimo -Teoría de Josserand.- Aunque la doctrina del abuso del derecho tiene un origen jurisprudencial o pretoriano, su formidable progreso está vinculado a la obra del gran profesor de la Universidad de Lyon. Josserand parte de la relatividad del derecho subjetivo y ve en el ejercicio abusivo un rompimiento con el espíritu de la institución: todos nuestros derechos subjetivos- dice el famoso profesor- deben orientarse y proyectarse hacia un fin. Cada derecho tiene una misión propia que desempeñar; lo que equivale a decir que cada derecho debe realizarse conforme al espíritu de la institución. Ciertamente en una sociedad organizada el pretendido derecho subjetivo no es sino un derecho-función: no puede salirse del plan de la función que desempeña sin que su titular incurra en una desviación, en un abuso."[19] Hoy, la teoría del abuso del derecho está respaldada en el artículo 95.1 de la Constitución y en el inciso final del artículo 53 ibidem que dice: "La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores". 8.  La solución de los conflictos y la paz. Nada mejor que el PREAMBULO de la Constitución de la OIT para comprender que justicia y paz deben ir de la mano: "Considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social; Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de justicia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales; y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas; Considerando que si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países: Las Altas Partes Contratantes, movidas por sentimientos de justicia y de humanidad y por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo, y a los efectos de alcanzar los objetivos expuestos en este preámbulo, convienen en la siguiente Constitución de la Organización Internacional del Trabajo." Cuando el mismo Estado impide un espacio y solución ciertas a los conflictos, se aparta de uno de las principios del derecho laboral y de la misma Constitución Colombiana que en su Preámbulo señala que "la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad" son finalidades que hay que fortalecer, y hay que buscar los medios jurídicos para hacerlo. Por ello, las consideraciones que se han hecho en está sentencia son armónicas con las partes finales de los artículos 479 y 480 del Código Sustantivo del Trabajo que dicen: "Artículo 479 (modificado por el Decreto Legislativo 616 de 1954, artículo 14)...... Formulada así la denuncia de la Convención Colectiva, ésta continuará vigente hasta tanto se firme una nueva convención". "Artículo 480 (Decretos 2663 y 3743 de 1950). REVISION. Las convenciones colectivas son revisables cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la revisión fundada en tales alteraciones, corresponde a la justicia del trabajo decidir sobre ellas; y entre tanto estas convenciones siguen en todo su vigor" Leídas estas normas a la luz del valor del trabajo (preámbulo C.P.), del principio del trabajo (art. 1º C.P.), de la especial protección que se le debe dar a éste en todas sus modalidades (art. 25 C.P.), del fenómeno de la  inflación (art. 373 C.P.) y de la indexación (art. 53 C.P.)[20], habrá que diferenciar el contenido de las cláusulas convencionales, ya que ellas no son homogéneas, unas son simplemente normativas (por ejemplo fuero sindical, permisos sindicales, prestaciones extralegales, etc.) que obviamente continuarán vigentes porque integran una normatividad intemporal que sólo puede ser modificada desde adentro en virtud del principio de autonomía en el derecho colectivo del trabajo, mientras que otras cláusulas de índole económica son esencialmente variables por factores exógenos v. gr. la inflación que afecta la capacidad adquisitiva de la moneda, repercutiendo en el ingreso del trabajador, lo cual hoy implica un perjuicio irreparable. A esta misma conclusión, y durante la vigencia de la Constitución de 1886, llegó el Tribunal Supremo del Trabajo en sentencia anterior al mismo Código Sustantivo, cuando regía la Ley 6ª de 1945 y el artículo 42 de su Decreto Reglamentario (2127 de 1945). En sentencia de 20 de octubre de 1949, con ponencia del Magistrado Luis Alberto Bravo[21], se dijo: "Pero en el supuesto de que en las Convenciones colectivas opere el principio de la revisión, ello no puede ocurrir sino cuando sobrevengan alteraciones económicas graves e imprevisibles, que necesariamente han de ser extrañas a la convención misma, ya que las cargas o prestaciones allí estipuladas o impuestas en el fallo arbitral, son conocidas por las partes, y en consecuencia, sus efectos, si no son previstos, si pueden serlo, es decir, son previsibles... "Pero ya sea porque las partes estén de acuerdo sobre la alteración de la normalidad económica o porque el Juez del trabajo ordene la revisión, ésta  no puede afectar toda la convención sino exclusivamente las cláusulas de índole económica cuya ejecución haya producido el desequilibrio que se trata de reparar. Esto es, que sólo los conflictos de intereses y no los derecho, son objeto de la revisión por lo cual se extralimita el objeto de ella y se contraría la ley y el orden público cuando el laudo modifica otras cláusulas de la convención". (Subrayas fuera de texto). Hacer una lectura aislada del Decreto 616 de 1954, sin armonizarla con el artículo 480 del C.S. T. y sin tener en cuenta la nueva Constitución, atenta contra el principio de la conmutatividad contractual puesto que la prestación que recibe el patrono del trabajador, en virtud de la inflación, es un valor agregado que significa un contenido dinerario mayor. Pretender que el legislador excepcional, cuando redactó el Decreto Legislativo 616, en el año de 1954, pretendiera derogar tácitamente el artículo 480, expedido en 1950, no se compagina con los criterios de interpretación jurídica; el mencionado decreto 616 sólo toco temas especiales y, respecto a su artículo 14, inciso segundo, que se refiere a la continuación de la vigencia de la convención anterior, mientras se firma una nueva, hay que decir que es una disposición dictada para impedir el desconocimiento de las prestaciones extralegales y la disminución salarial, nunca para evitar el aumento salarial; así se consignó expresamente en un comunicado oficial del Ministerio de Trabajo de aquél entonces: "El inciso 2º del artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo entrañaba una injusticia toda vez que el vencimiento del plazo pactado en la convención denunciada, el patrono podía desconocer las prestaciones extralegales allí estipuladas y regresar, en sus obligaciones para con los trabajadores, al mínimo establecido por el código. "Este hecho era materia de permanente agitación y controversia, ya que al vencerse una convención; el trabajador tenía que iniciar la antigua lucha para conservar al menos lo que había adquirido años atrás. La reforma tiende a acabar con el estado de cosas, al garantizar al trabajador el goce de los derechos pactados hasta tanto no se firmada una nueva convención". Esta interpretación histórica por parte del autor de la norma permite reafirmar  que el artículo 480 continúa formando parte de la normatividad laboral. Es por eso que en éste fallo la jurisdicción constitucional de tutela, asume temporalmente, mediante el mecanismo de la tutela transitoria, las funciones que son propias de la justicia del trabajo. 9. Vía para reclamar la igualdad salarial. Ha sostenido esta Sala de Revisión que los reajustes (salarial, pensional) corresponde hacerlos a la jurisdicción laboral, salvo que se trate de un perjuicio irremediable en cuyo caso la tutela opera como mecanismo transitorio. Además de los artículos 50 y 480 citados, el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo indica que “La jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo”. Uno de los elementos esenciales del contrato  de trabajo es el SALARIO como retribución del servicio (art. 1º de la Ley 59/90). Y la igualdad y el derecho  a la no discriminación son inherentes al contrato de trabajo, aunque no haya en el contrato cláusula que expresamente lo diga. Luego,  las controversias sobre el principio  A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL corresponde juzgarlas a la jurisdicción ordinaria laboral, y, por vía  de tutela sólo cabría como mecanismo transitorio. 10. Perjuicio Irremediable. La razón de ser de la tutela como mecanismo transitorio es la de restablecer el derecho constitucional violado o prevenir su vulneración, mediante una determinación temporal. Para que ello pueda ocurrir es indispensable que exista un perjuicio irremediable. Este debe reunir determinados elementos, señalados y explicados en sentencia de la Corte Constitucional: "A- El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente".  Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética.  Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada.  Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado.  Hay inminencias que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado.  Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto.  Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia. B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia.  Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación:  si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares.  Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad de la urgencia. C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona.  La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza  a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas.  Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente.  Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente. D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos.  Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social. De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de  hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de  manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio. El fundamento de la figura jurídica que ocupa la atención de esta Sala es la inminencia de un daño o menoscabo graves de un bien que reporta gran interés para la persona y para el ordenamiento jurídico, y que se haría inevitable la lesión de continuar una determinada circunstancia de hecho. El fin que persigue esta figura es la protección del bien debido en justicia, el cual exige lógicamente unos mecanismos transitorios, urgentes e impostergables, que conllevan, en algunos casos, no una situación definitiva, sino unas medidas precautelativas"[22] . En sentencia que declaró  inexequible el inciso 2º del numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 la Corte dijo: Tratándose de la segunda modalidad de la acción de tutela - cuando se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable -, el dato legal, esto es, la existencia de un medio judicial ordinario no es óbice para que la persona pueda instaurarla. Por el contrario, el presupuesto de procedibilidad de esta acción es precisamente la existencia de un medio legal de defensa que, sin embargo, no impide que la persona puede apelar transitoriamente a la acción de tutela justamente para evitar un perjuicio irremediable".[23]. En los casos motivo del presente fallo de revisión, los perjuicios son inminentes porque continúan sucediendo permanentemente (a medida que se causa el salario); la medida a tomar (reajuste salarial) conjura el perjuicio irremediable, hay un grave daño ocasionado (pérdida del valor del salario) y, por consiguiente, es impostergable restablecer el orden social afectado por la inequitativa actitud de mantener en 1995 el mismo salario básico de 1991. Esta Sala de Revisión, habiendo planteado para el salario el concepto del valorismo o realismo (empleando la frase de la Corte Suprema), y habiendo diseñado  el argumento de que el ajuste monetario realiza el valor justicia, cree coherente que la adecuación salarial, para efectos de esta tutela como mecanismo transitorio, y sólo para ello, se haga de acuerdo con el comportamiento de la tasa de inflación: 1991 26.82% 1992 25.13% 1993 22.6  % 1994 22.59% Por qué no se adopta el 28% de aumento anual, porcentaje que fue establecido en la empresa "Sucesores de José de Jesús Restrepo  y Cía. S.A."? Porque este es el punto que dilucidará el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, con base en el principio a trabajo igual salario igual y de acuerdo con los parámetros ya indicados sobre la manera como debe entenderse la igualdad salarial. La Corte en esta sentencia de revisión, basa la tutela como mecanismo transitorio en el valor del salario, en la indexación, en la prohibición de abusar del derecho, en el respeto a la dignidad del trabajo, en el rechazo a la indefensión, en el equilibrio y la equidad, en fin, en la razón de ser del Estado Social de Derecho. C. LOS CASOS CONCRETOS. Buena parte de los trabajadores que instauraron la tutela ya han desistido del juicio ordinario laboral. Luego el mecanismo transitorio no cobijará a quienes desistieron. Pero, es indudable que si el Estado hubiera permitido la solución al conflicto colectivo, o hubiera sentenciado la controversia ordinaria laboral, los trabajadores no hubieran necesitado acudir a la tutela. Entonces, esas acciones de nivelación salarial tienen que ser definidas, como ya se dijo, por el Juzgado que conoce del proceso ordinario laboral, pero cabe el mecanismo transitorio por cuanto hay perjuicio irremediable como ya se explicó. Es obvio que la prosperidad de la medida transitoria tiene como premisa la violación de derechos fundamentales, que, según se ha repetido en este fallo, fueron  los consagrados en los artículos 1º, 2º, 13, 16, 25, 53 95.1 y Preámbulo de la Constitución Política. En mérito de lo expuesto, la  Sala Séptima de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución RESUELVE: PRIMERO: Por las razones expuestas en este fallo de Revisión se REVOCAN las decisiones tomadas en primera  y segunda instancia dentro de las acciones de tutela instauradas por Alfonso Ruiz Ruiz, Adán Moreno Romero, José Arcadio González, José Benjamín Murcia, Isidro Prieto, Luis Emilio Morales Dimaté. SEGUNDO: Procede la tutela como mecanismo transitorio y en consecuencia se ordena que la empresa "Sucesores de José de Jesús Restrepo y Cía. S.A.", en el término de ocho (8) días, reajuste a partir de febrero de 1992, el salario de: Alfonso Ruíz, Adán Moreno Romero, José Arcadio González, José Benjamín Murcia, Isidro Prieto, Luis Emilio Morales Dimaté en un equivalente a la variación porcentual del índice de precios al consumidor para el año inmediatamente anterior a aquél  en que se vaya a efectuar el reajuste,  mientras se mantenga la relación laboral y hasta tanto quede en firme la sentencia que dictará el Juzgado 16 Laboral de Santafé de Bogotá, dentro del juicio ordinario a que se ha hecho referencia en la parte motiva de este fallo. En el término de los ocho (8) días la empresa cancelará todo lo debido y luego continuará dando el salario reajustado. TERCERO: Por cuanto desistieron del juicio laboral, no se otorga la tutela como mecanismo transitorio a: Fideligna Vanegas, Manuel Albarracín, Lilia Peña, José Cortés, Víctor Julio Moreno, José Rubén Torres, José Serafín Ruiz, Ananías Serna, manteniéndose en firme las decisiones de primera y segunda instancia, pero por las razones expuestas en este fallo. CUARTO:  ORDENAR que por la Secretaría General de esta Corporación se comunique esta providencia a los jueces de Primera Instancia que conocieron de las citadas acciones de tutela, a fin de que  hagan las notificaciones y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. QUINTO: Envíese copia de esta Sentencia al Defensor del Pueblo, al Ministerio de Trabajo, a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá. Notifíquese, comuníquese y cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA. Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ Secretaria General [1]GARCIA, Manuel Alonso. Curso del Derecho del Trabajo. Editorial Ariel S.A. Barcelona. 1985, pág 492. [2]Ibidem [3]Sentencia T-387/94, Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz. [4]La idea de la honesta equivalencia fue expuesta en Francia en 1910 por León Blum. Ver Raúl Enrique Granielo. "Distribución de los riesgos en la contratación administrativa" [5]El mismo concepto ha sido adoptado bajo la denominación ajuste por inflación, en materia tributaria y financiera. [6]REBUS SIC STANTIBUS: En tal situación. Condensa una doctrina alemana de mediados del siglo XIX contraria al principio PACTA SUNT SERVANDA. [7]Ver la compilación Restatemente Second on contracts, sección 208, comentarios C- y D-. [8]Ibidem, secciones 208 y 364. [9]Ver los siguientes casos: New Jersey SupremeCt., "Ellsworth Dobbs, Inc. v. Jhonson", Nj, t. 50, p. 72; New Jersey District Ct., "Toker v. Westeman", "NJ Sup", t. 113, p. 452; Leff, Unconscionability and the Code, en "University of Passadena Law Review", t. 115, p. 485-487. US Supreme Ct., "Post v. Jones", 1856, US, t. 60, p. 150; New Jersey Suprema Ct., "Shell oil Co. v. Marinello", 1973, NY, t. 63, p. 307 (apelación rechazada por US supreme Ct.). Rossen, Law and inflation, p.101. [10]Tomado de Raúl Enrique Granillo, DISTRIBUCION DE LOS RIESGOS EN LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA , pag. 12. [11]Sentencia 18 de agosto de 1992, Ponente: Dr. Fernando Uribe Botero. [12]Corte suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia de 20 de mayo de 1992. [13]Aprobado mediante Ley  22/67 [14]Ponente: Alejandro Martínez Caballero. [15]Compendio de derecho laboral, T.I., p. 214, Guillermo Guerrero Figueroa. [16]Sobre la Directiva y Jurisprudencia. A. Montoya, J. Galiana y a. Sempere: Instituciones de Derecho Social Europeo, Madrid, 1988, págs. 20 y sigs. Cfr. también Ss. TJCE 4.2.88 (Caso Murphy) y 17.10.89 (caso  Danfoss). [17]Sentencia T-51, 16 de febrero de 1995, Ponente: Jorge Arango Mejía [18]Sentencia T-014, mayo 28 de 1992. Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz. [19]TAFUR MORALES Francisco, La Nueva Jurisprudencia de la Corte. Segunda Edición, Aumentada. Pág. 145. [20] Sentencia C-371/94, Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo: "las normas de la ley deben ser interpretadas y aplicadas del modo que mejor convenga a los mandatos constitucionales", [21]Integra la Sala con los Magistrados Juán Benavides patrón y Diógenes Sepúlveda Mejía. [22]Corte Constitucional. Sentencia Nº T- 225/93 Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa [23]Corte Constitucional Sentencia Nº T-531/93. Magistrado Ponente: Dr Eduardo Cifuentes Muñoz.

T-103-95 Sentencia No Sentencia No. T-103/95 DERECHO DE PETICION-Pronta Resolución El derecho de petición constituye un derecho constitucional fundamental susceptible de ser tutelado, y que el mismo carecería de efectividad si se tradujera sólo en la presentación de la petición. Por el contrario, lo que le otorga efectividad al derecho es que la petición debe ser contestada en forma rápida y oportuna a quien la formula. SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO No es admisible la tesis según la cual el silencio administrativo negativo constituye un medio de defensa judicial por cuya presencia se haga improcedente la acción de tutela. El silencio administrativo es un presupuesto para someter a la jurisdicción la contienda sobre dicha materia pero no un medio de defensa judicial del derecho de petición en los términos del artículo 86 de la Carta. Ese eventual uso de los recursos por la vía gubernativa no impide la acción de tutela, pues ellos no constituyen medio de defensa judicial ante la violación y por cuanto, además, tienen un objeto distinto al de aquella, que es la protección del derecho. DERECHO DE PETICION-Vulneración Aunque haya operado el silencio administrativo negativo que permite a los interesados demandar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa los actos fictos o presuntos, es claro que se vulneró y se sigue vulnerando -en tanto el Instituto de los Seguros Sociales se abstenga de resolver los recursos interpuestos- el derecho fundamental de petición. REF.: EXPEDIENTE No. T - 54.890 PETICIONARIO: Jose Arturo Sosa contra el Instituto de los Seguros Sociales. PROCEDENCIA: Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. TEMA: Derecho de Petición y Silencio Administrativo. MAGISTRADO PONENTE: Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. Santa Fe de Bogotá, Marzo trece (13)  de  mil novecientos noventa y cinco (1995). Procede la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ Y EL CONJUEZ JAIME BETANCUR CUARTAS, a revisar los fallos proferidos por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el día 26 de octubre de 1994 y por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el día 17 de noviembre de 1994, en el proceso de tutela de la referencia. El negocio llegó al conocimiento de la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional por la vía ordinaria de la remisión que hizo la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, pero, ante el impedimento del anterior ponente, Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA, el cual fue aceptado por auto de 2 de marzo del presente año, ha pasado el expediente al Magistrado ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO y se sorteó el Conjuez para integrar la presente Sala de Revisión. Conforme a los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Primera de Selección de la Corte, escogió para efectos de revisión la presente acción de tutela. I.     INFORMACION PRELIMINAR. El ciudadano José Arturo Sosa acude a la acción de tutela con el fin de que se le protejan en forma inmediata sus derechos constitucionales fundamentales de petición e información, los cuales a su juicio están siendo vulnerados por el Instituto de Seguros Sociales, al no resolverle los recursos de reposición y de apelación que formuló contra la Resolución No. 0006905. El accionante fundamenta su solicitud en los siguientes H E C H O S : Afirma que laboró con la Empresa "Gaseosas Boyacá" desde el 1o de abril de 1959 hasta el 30 de junio de 1993, cuando le fue aceptada la renuncia que presentó con el objeto de comenzar a disfrutar de la pensión de jubilación que había solicitado al Instituto de los Seguros Sociales desde el 17 de mayo del mismo año. Indica que mediante Resolución No. 0006905 de octubre 19 de 1993, le fue reconocida la pensión por vejez a partir del 1o de octubre de ese año. Sin embargo, considera que quedó pendiente el reconocimiento de las mesadas correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre, durante los cuales no recibió salario alguno por parte de la Empresa por la aceptación su renuncia y la iniciación del trámite de la pensión. Ante esto, señala que el 19 de noviembre de 1993 interpuso ante la Comisión de Prestaciones del Instituto de los Seguros Sociales, recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la citada resolución, los cuales aún no han sido resueltos. Manifiesta que tan sólo recibió la información según la cual en el expediente no aparecían ni los recursos ni sus documentos. P R E T E N S I O N E S : Con fundamento en los anteriores hechos, solicita que se ordene al Instituto de los Seguros Sociales se le de información acerca del trámite y el resultado del recurso que en forma legal y oportuna presentó contra la citada resolución. II.      LAS DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN. A.      Sentencia del Tribunal Superior de Bogotá. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia de 26 de octubre de 1994 resolvió negar la tutela de los derechos invocados por el accionante, con fundamento en que operó el fenómeno del silencio administrativo negativo y que por lo tanto para la defensa de sus derechos dispone de las acciones pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sustenta su decisión en que: "no puede confundirse la petición con los recursos interpuestos contra el acto administrativo que la resuelve, pues la falta de decisión de tales recursos configura el llamado 'Silencio Administrativo Negativo', quedando sólo la responsabilidad que pudiere caber a la autoridad respectiva por la ocurrencia de aquel silencio administrativo negativo, y la facultad de resolver mientras no se haya acudido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (60 C.C.A), que por esa misma razón, es decir por ser facultativa en esta etapa la vía gubernativa, no se puede imponer mediante tutela la obligación de resolver ante el efecto que produce el silencio administrativo como se explicó atrás." B.      Impugnación. El accionante formula impugnación contra la sentencia de primera instancia, por cuanto considera que en la decisión del Tribunal se confundió el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución con el silencio negativo de que trata el Código Contencioso Administrativo. Señala que en reiteradas oportunidades la jurisprudencia ha indicado que el hecho de transcurrir el término para que la administración suministre respuesta a las solicitudes de los administrados, no la exime de la obligación de contestar. C.      Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante providencia del 17 de noviembre de 1994, resolvió confirmar la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, al no advertir violación alguna del derecho de petición, ya que al interponer los recursos de reposición y apelación y haber transcurrido más de dos meses sin solución alguna, debe entenderse que le fueron negados. Al respecto sostuvo dicha Corporación para sustentar su decisión, que: “El silencio administrativo es precisamente la figura jurídica que la ley ha instituído para que el impugnante entienda que luego de transcurridos dos (2) meses, los recursos interpuestos han sido resueltos en forma adversa, con el objeto de que se de así por agotada la vía gubernativa y, en consecuencia, quede abierto el camino para demandar ante la jurisdicción competente. Las consideraciones precedentes son suficientes para confirmar la decisión impugnada." III.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Primera.    La competencia. Es competente esta Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia en relación con los fallos dictados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. Segunda.   Breve Justificación para revocar la sentencia que se revisa. 2.1 Del problema jurídico. En el asunto sometido a revisión, el accionante interpuso ante la Comisión de Prestaciones del Instituto de Seguros Sociales, los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 0006905 de 1993 que le reconoció la pensión por vejez a partir del 1o de octubre de 1993, por considerar que se había omitido el reconocimiento de las mesadas correspondientes a los meses de julio a septiembre del mismo año. Dichos recursos fueron presentados el 19 de noviembre de 1993 ante la Comisión de Prestaciones del Instituto de los Seguros Sociales, y a pesar de que en repetidas ocasiones ha acudido a esa entidad a solicitar la respuesta a su petición, no le han dado razón alguna al respecto, por lo que acude a la tutela como el mecanismo idóneo para la protección de su derecho de petición, consagrado en el artículo 23 constitucional. 2.2. Del amparo del derecho de petición mediante la acción de tutela a pesar de la existencia del silencio administrativo negativo. a) Del derecho de petición. Ha expresado en forma reiterada esta Corporación1 que el derecho de petición constituye un derecho constitucional fundamental susceptible de ser tutelado, y que el mismo carecería de efectividad2 si se tradujera sólo en la presentación de la petición. Por el contrario, lo que le otorga efectividad al derecho es que la petición debe ser contestada en forma rápida y oportuna a  quien la formula. Sobre el particular, se ha indicado que3 : “De su texto se deducen los límites y alcances del derecho: una vez formulada la petición, de manera respetuosa, cualquiera que sea el motivo de la misma, bien sea particular o general, el ciudadano adquiere el derecho a obtener pronta resolución. Puede afirmarse que el derecho fundamental sería inocuo si sólo se formulara en términos de poder presentar la respectiva petición. Lo que hace efectivo el derecho es que la petición elevada sea resuelta rápidamente. De nada serviría el derecho de petición, si la misma Constitución no consagrara el correlativo deber de las autoridades de proferir pronta resolución. Desde luego, no puede tomarse como parte del derecho de petición una prerrogativa que lleve forzosamente a que la administración defina de manera favorable las pretensiones del solicitante. Por tanto, es una obligación inexcusable de la administración resolver prontamente las peticiones presentadas por los ciudadanos, lo cual no significa una respuesta favorable perentoriamente. Pero en cambio, puede afirmarse que su pronta resolución hace verdaderamente efectivo el derecho de petición”. b) El derecho de petición y el silencio administrativo negativo. El asunto que ocupa la atención de la Sala, gira en torno a la operancia del llamado "Silencio Administrativo". Coinciden los jueces de instancia en afirmar que en este proceso no procede el amparo del derecho de petición por vía de la tutela, por cuanto ha operado el silencio administrativo negativo, el cual deja al accionante abierta la posibilidad de acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en procura de la efectividad y logro de sus pretensiones. Frente a este punto, estima indispensable la Sala reiterar la jurisprudencia de la Corte4 según la cual la operancia del silencio administrativo no exime a la administración de la obligación de decidir las peticiones que en forma respetuosa le sean formuladas y que por lo tanto, no es admisible la tesis que en este caso exponen los jueces de instancia, según la cual esta figura constituye un medio de defensa judicial que hace improcedente la tutela del derecho fundamental de petición. Al respecto, procede hacer referencia a la sentencia No. T-315 de 1993, Ponente HERNANDO HERRERA VERGARA, según la cual: "conviene destacar que reiterada jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la operancia de la figura conocida como "silencio administrativo" en modo alguno satisface la efectividad del derecho de petición.  La ya referida sentencia No T-426 de 1992, sobre el particular deja en claro que, "la posibilidad de las autoridades de no contestar reclamaciones o solicitudes que conlleva la configuración del fenómeno del silencio administrativo (arts 40 a 42 código contencioso administrativo) no debe entenderse como vía expedita para el desconocimiento del núcleo esencial del derecho fundamental de petición". En el mismo sentido, se ha expresado5 que: “De acuerdo con lo atrás expuesto, no se debe confundir el derecho de petición -cuyo núcleo esencial radica en la posibilidad de acudir ante la autoridad y en obtener pronta resolución- con el contenido de lo que se pide, es decir con la materia de la petición. La falta de respuesta o la resolución tardía son formas de violación de aquel y son susceptibles de la actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de tutela, pues en tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental. En cambio, lo que se debate ante la jurisdicción cuando se acusa el acto, expreso o presunto, proferido por la administración, alude al fondo de lo pedido, de manera independiente del derecho de petición como tal. Allí se discute la legalidad de la actuación administrativa o del acto correspondiente, de acuerdo con las normas a las que estaba sometida la administración, es decir que no está en juego el derecho fundamental de que se trata sino otros derechos, para cuya defensa existen las vías judiciales contempladas en el Código Contencioso Administrativo y, por tanto, respecto de ella no cabe la acción de tutela salvo la hipótesis del perjuicio irremediable (artículo 86 C.N.). Así las cosas, no es admisible la tesis según la cual el silencio administrativo negativo constituye un medio de defensa judicial por cuya presencia se haga improcedente la acción de tutela. ..... En este orden de ideas, el silencio administrativo es un presupuesto para someter a la jurisdicción la contienda sobre dicha materia -que es el asunto litigioso objeto de la acción contenciosa- pero no un medio de defensa judicial del derecho de petición en los términos del artículo 86 de la Carta. En el campo del asunto que principalmente importa a los fines de este proceso, el silencio administrativo es la mejor demostración de que se ha conculcado el derecho de petición y el fundamento más claro para proceder a su tutela" (negrillas y subrayas fuera de texto). Ahora bien, la omisión en que incurre la autoridad al no responder las peticiones con la necesaria prontitud es de por sí una violación del derecho y acarrea la consiguiente responsabilidad disciplinaria. Aunque ello genera, por otra parte, la ocurrencia del fenómeno jurídico del silencio administrativo -que se concreta en un acto ficto o presunto demandable ante la jurisdicción- no por eso queda relevada la administración del deber que se le impone de resolver la solicitud. Así lo dispone el artículo 40, inciso 2º, del Código Contencioso Administrativo, a cuyo tenor la ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades ni las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, haciendo la salvedad del caso en que el interesado hubiere hecho uso de los recursos de la vía gubernativa con fundamento en él, contra el acto ficto. Observa la Corte, sin embargo, que ese eventual uso de los recursos por la vía gubernativa no impide la acción de tutela, pues ellos no constituyen medio de defensa judicial ante la violación y por cuanto, además, tienen un objeto distinto al de aquella, que es la protección del derecho. De acuerdo con lo manifestado, la obligación del funcionario u organismo sobre oportuna resolución de las peticiones formuladas no se satisface con el silencio administrativo. De ninguna manera puede tomarse esa figura como supletoria de la obligación de resolver que tiene a su cargo la autoridad, y menos todavía entender que su ocurrencia excluye la defensa judicial del derecho de petición considerado en sí mismo. 2.3 De la tutela del derecho de petición del accionante en el caso concreto. De conformidad con la jurisprudencia transcrita y las consideraciones precedentes, aunque haya operado el silencio administrativo negativo que permite a los interesados demandar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa los actos fictos o presuntos, es claro que se vulneró y se sigue vulnerando -en tanto el Instituto de los Seguros Sociales se abstenga de resolver los recursos interpuestos- el derecho fundamental de petición garantizado a toda persona por el artículo 23 de la Constitución Política. En razón a lo anterior, estima esta Sala de Revisión que en el asunto que se examina se ha producido un desconocimiento del derecho de petición del accionante por parte del Instituto de los Seguros Sociales, por cuanto ha transcurrido más de un año y tres meses desde que el señor JOSE ARTURO SOSSA interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución No. 0006905 de octubre 19 de 1993 emanada de esa entidad, sin que hasta la fecha se hayan resuelto o se conozca respuesta alguna sobre el particular. Se  revocará, entonces,  la sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que denegó  la tutela  y se  concederá  ésta,  pero -también con arreglo a la doctrina de la Corporación- la protección se circunscribirá al derecho fundamental conculcado, es decir que se ordenará a la entidad responsable resolver en forma razonada sobre las peticiones elevadas ante ella, independientemente del sentido en que lo haga. Reiterese que el derecho de petición queda satisfecho con la resolución oportuna de la administración, sea ella favorable o desfavorable a las pretensiones del peticionario. En tal virtud, la Sala ordenará al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, para que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva acerca de los recursos de reposición y en subsidio de apelación interpuestos por el accionante contra la Resolución No. 0006905 de octubre 19 de 1993. IV.    DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, obrando en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO.        REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 17 de noviembre de 1994, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar conceder la tutela del derecho de petición del señor JOSE ARTURO SOSSA. SEGUNDO.       ORDENAR al Instituto de los Seguros Sociales para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva el recurso de reposición y en subsidio el de apelación formulado contra la Resolución No. 0006905 de octubre 19 de 1993, emanada de esa entidad, si para la fecha de la misma aún no se ha producido dicha decisión. TERCERO.        LIBRENSE por la Secretaría General de la Corte Constitucional las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente JAIME BETANCUR CUARTAS                     FABIO MORON DIAZ Conjuez                                                            Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Cfr. Corte Constitucional Sentencias Nos. T-464/92. MP. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-473/92, MP. Dr. Ciro Angarita Baron; T-495/92 Dr. Ciro Angarita Barón y T-010/93 MP. Dr. Jaime Sanín Greiffestein. 2 Cfr. Corte Constitucional Sentencias T-315, T-262 y T-263  de 1993 entre otras. 3 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-119/93. 4 Cfr. Corte Constitucional  Sentencias T-243/93; T-262/93; T-263/93; T-264/93; T-315 /93; T-355/93; T-253/93; T-385/93; T-387/93; T-476/93; T-184/94; T-279/94 entre otras. 5 Cfr. Corte Constitucional Sentencia T-242/93.

T-110-95 Sentencia No Sentencia No. T-110/95 DERECHOS DEL NIÑO-Cuidado personal de la madre El lazo afectivo que inexorablemente existe entre el recién nacido y la madre o la persona que lo cuida, simboliza el mas alto de los grados de solidaridad natural, que lo adecua al medio en pos de un mejor desenvolvimiento personal en sus relaciones futuras. A través de esa relación primigenia, se le garantiza a el niño su desarrollo armónico e integral, de tal manera que la asunción de la noble misión maternal crea una actitud filial que repercute profundamente en la estabilidad socio-emocional del menor, lo cual facilita la confianza en sí mismo, la seguridad y los sentimientos de auto valoración. Por ello, es deseable que todo niño goce de las ventajas que conlleva y representa el cuidado directo y personal de la madre que lo engendró, pues ese contacto físico y emocional constituye el cimiento del desarrollo de su personalidad. DERECHOS DE LA MADRE BIOLOGICA-Recuperación del hijo/TENENCIA Y CUIDADO PERSONAL DEL NIÑO/ADMINISTRACION PUBLICA-Negligencia La negligencia y extralimitación de funciones de algunas autoridades administrativas de familia impidieron el cumplimiento de la decisión judicial que ordenó la entrega de la menor a su madre. Así las cosas, no se puede desconocer la voluntad de la madre biológica en recobrar a su hija, ni el derecho legítimo que le asiste para reclamar o solicitar su cuidado y custodia, mas aún, cuando ha demostrado incansablemente, ante los correspondientes estrados judiciales y administrativos, su oposición a que su hija sea entregada en adopción al matrimonio AA. En tal virtud, no se puede pensar que la menor haya sido víctima del abandono material o afectivo por parte de su madre, quien a tiempo recapacitó y rectificó su conducta anterior en cuanto al cumplimiento de los deberes propios de madre. En verdad, no se hace latente la existencia de una situación anómala que implique una amenaza inminente de un perjuicio a la vida, a la salud y demás derechos fundamentales de la menor, estando en poder de la madre natural. DECLARACION DE ABANDONO-Criterios valorativos La declaración de abandono debe obedecer a un juicio valorativo objetivo y razonable; por lo tanto, la decisión debe ser el resultado de un juicio de equilibrio en provecho de la menor y no simplemente el producto de un procedimiento mecánico y formal afirmativo de la legalidad y la competencia. A juicio de la Sala, no existían elementos de juicios valederos para que se acudiera al procedimiento de abandono en el presente caso, puesto que la madre biológica en ningún momento culposa o voluntariamente ha abandonado a su hija ni manifestado su voluntad de entregarla en adopción ni mucho menos se ha sido indiferente a que se adelantaran las diligencias necesarias para la declaratoria de abandono, es más, mostró reiteradamente su oposición a ellas. REFERENCIA: Expediente T- 51418. PETICIONARIO: AA PROCEDENCIA: Corte Suprema de Justicia. TEMA: Prevalencia del derecho fundamental del menor al cuidado materno. Criterios valorativos para la declaratoria de abandono del menor. MAGISTRADO PONENTE ANTONIO BARRERA CARBONELL. Aprobada en Santafé de Bogotá D.C., el quince (15) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el proceso de acción de tutela instaurada por los señores AA, contra los funcionarios Freddy Rodríguez Angarita, Defensor de Familia del I.C.B.F. -Defensoría Promiscua de Familia - Zonal Sabanalarga (Atlántico)-, Luz Stella de Gazabón, Defensora de Familia de Barranquilla, y María C. Arrieta de Zuñiga, Procuradora Judicial 5o. de Familia. I. ANTECEDENTES. 1. Hechos y pretensiones. La señora XX, madre de la menor YY, decidió, a los pocos días de su nacimiento, confiar su cuidado a los peticionarios, a juicio de estos, debido a su precaria situación económica y desequilibrio emocional Los peticionarios prodigaron a la menor un ambiente familiar, personal y social acogedor y la cobertura afectiva y emocional requerida para preservar su vida, integridad física y salud, e iniciaron los trámites para la adopción ante el I.C.B.F. Dentro del proceso de custodia y cuidado personal adelantado por la Defensora 1a de Familia -Centro Zonal la Victoria-, en representación de la señora XX, contra los peticionarios de la tutela, el Juzgado 2o. de Familia de Barranquilla, mediante providencia dictada en la audiencia de fecha julio 14 de 1991 ordenó la entrega de la menor a su madre biológica, la cual resultó fallida ante los graves quebrantos de salud de la menor. Por este motivo, la Defensoría de Familia de Sabanalarga -Centro Zonal Sabanalarga, decidió colocarla al cuidado de los peticionarios, según consta en acta de entrega de fecha julio 28 de 1992. Mediante resolución No. 026 de noviembre 6 de 1992, la referida Defensoría, declaró la situación de abandono de la menor YY, conforme al art. 31 del Código del Menor. Por tal motivo, la madre de la menor acudió ante la Procuradora 5a de Familia de Barranquilla, quien ordenó la entrega de la menor a su madre, con fundamento en la orden emanada del Juzgado 2o. de Familia de Barranquilla, a la cual se hizo alusión anteriormente. Al decir de los peticionarios, dicha funcionaria actuó arbitraria e ilegalmente. Igualmente consideran los peticionarios que los funcionarios Freddy Rodríguez Angarita, Defensor de Familia del I.C.B.F., y Luz Stella de Gazabón, Defensora de Familia y Coordinadora de Asistencia Legal de Barranquilla, desconociendo la vigencia y efectos jurídicos de la Resolución No. 026/92 y extralimitándose en sus funciones, procedieron a ejecutar la orden de entrega aludida, sin haberse cumplido con los requisitos establecidos en los arts. 59 y 64 del Código del Menor. A través de la acción de tutela, los actores persiguen el restablecimiento y protección de derechos fundamentales de la menor YY, consagrados en el art. 44 de la Constitución Política. Igualmente impetran para ellos la tutela de sus derechos a la igualdad y al debido proceso. Con tal fin, solicitan se ordene el cumplimiento de la Resolución No. 026 de noviembre 6 de 1992, emanada de la Defensoría de Familia de Sabanalarga. 2. Decisiones judiciales que se examinan. 2.1. Primera instancia. La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante sentencia del 1o de septiembre de 1994, denegó la tutela impetrada, básicamente con fundamento en las siguientes consideraciones: "Los fundamentos que esgrime el accionante, por considerar violado el derecho a la vida y a la salud de la menor XX, hacen alusión a lo expresado por el Defensor de Familia en la resolución de declaratoria de abandono, sin tener en cuenta que dicha resolución, de conformidad con las leyes de familia no se encuentra en firme por faltar la homologación del juez de Familia.- No esgrimen los Peticionarios hechos actuales y reales que demuestren a la Sala que la menor se encuentra en peligro grave para su salud y para su vida.- Es claro que para reclamar en Tutela, el peligro o la amenaza debe ser eminente y actual, para efectos de que la decisión de Tutela evite y proteja ese derecho fundamental afectado". "La resolución que declaró el Estado de abandono proferida, a pesar de existir con antelación una orden judicial de entrega dirigida a los mismos funcionarios del I.C.B.F., es de fecha posterior a la orden emitida por el Juzgado Segundo de Familia, exigiendo la entrega de la menor a su madre natural, situación que de hecho ameritaba, incluir como parte a dicho padre natural en todo el trámite Administrativo realizado como actos previos a la expedición de la misma". "No se acreditó, ni se manifestó por la parte interesada qué hechos para la época de la presentación de la Tutela están afectados y colocando en peligro la vida y la salud de la menor". "...los esposos AA, no tenían ni tienen ante la ley, un derecho de custodia sobre la menor, en virtud de que el mismo fue discutido y denegado ante el Juzgado Segundo de Familia y posteriormente sólo fueron considerados como hogar sustituto de la menor, situación que no les confería la facultad de abrogarse la custodia o la calidad de padres adoptantes". "...que de conformidad con el Código del Menor la resolución por medio de la cual se declara a un menor en abandono y ordena como medida de protección la iniciación de los trámites del proceso de adopción, sólo produce la terminación de la patria potestad respecto de los padres, cuando se encuentre en firme o ejecutoriada; y cuando ocurre ello ?. En el caso que se analiza es imperiosa la aplicación de los artículos 61 a 64 del Decreto 2737 de 1989, en donde se informa, que la resolución requiere de homologación por parte del Juez, cuando alguna de las personas interesadas en el menor cuyo abandono se declara, se oponga dentro de los términos señalados en el artículo 61". "Es clara y notoria la oposición que desde antes venía haciendo la madre natural tendiente a recuperar a su hija, lo que origina que la tan mentada Resolución aún a la fecha no se encuentra ejecutoriada, por lo que conserva la señora Flor García Caez, todos los derechos inherentes a la patria potestad sobre su menor hija. A lo anterior debe volver a recalcarse que ya para la época de la resolución de la madre natural y lo que es peor de la vigencia de una orden de entrega, nada menos que de la autoridad judicial por excelencia instituida para dirimir esos conflictos". "Finalmente debe agregarse, que tanto la Procuraduría, como la Defensoría de Familia, actuaron con fundamento en una orden legal del Juzgado 2o. de Familia, de fecha abril 20 de 1992, a efectos de hacer cumplir una decisión judicial, y por tanto no hubo en sus actuaciones violación al debido proceso, sino estricto cumplimiento a los deberes que sus cargos los imponen". 2.2. Segunda instancia. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, entre otras razones, por las siguientes: "...por cuanto la prevalencia de los actos administrativos, cuya vigencia reclaman, para obtener, de paso, la restitución de la menor, no le otorgan a los premencionados accionantes ningún derecho para procurar su restablecimiento, por cuanto la entrega de dicha menor a los actores, realizada por la Defensoría Promiscua de Familia- Centro Zonal Sabanalarga- el 28 de julio de 1992, tan sólo constituyó una entrega provisional, bajo la modalidad de "hogar amigo", consistente en la "...colocación familiar a la menor YY, por el término preestablecido para el rito procesal observado en el artículo 42 del Código de Menor, según las circunstancias sui generis del caso en cuestión..." quedando los depositarios obligados, entre otros actos, a " 5. Entregar al menor en el momento en que el Defensor de familia lo ordene", deposito que ninguna modificación sufrió en virtud de la resolución No. 026 de 6 de noviembre de 1992, como quiera que en ella, además de la declaración de abandono, tan sólo se dispuso "solicitar la autorización de que habla el artículo 74 para prorrogar la medida de protección modificada por auto de julio 28 de 1992, por el término necesario, para adelantar los trámites de adopción, considerando las circunstancias que gravitan en torno a la situación de la menor y de que quienes afectivamente depende", amen de que la solicitud de adopción elevada por los accionantes para legalizar la mencionada tenencia les fue negada, según versión de Luz Stella Caballero de Gazabón, Defensora de Familia - Coordinadora Asistencia Legal - Barranquilla, en atención a que, según oficio No. AL-265 de 14 de septiembre de 1993 (folio 287 Cno Ppal) se le solicitó de abstenerse de "...poner a disposición del Comité de Adopción la menor YY, en razón a la oposición de la madre XX, quien se encuentra inconforme con la decisión tomada en la resolución que declaró el estado de abandono de la menor en mención". "...ninguna violación al debido proceso se observa, en primer lugar, porque comprobada la oposición de la madre biológica a la declaración de abandono, la resolución que así lo dispuso no ha recibido homologación, y resulta inanes los argumentos de los impugnantes en cuanto aducen preclusión del término para tal efecto, por cuanto de conformidad con el artículo 63 del decreto 2737 de 1989 (Código del Menor), en tal evento surge a cargo del Defensor de Familia la obligación de remitir el expediente al juez competente para cumplir con tal formalidad, y en segundo lugar, porque justamente en razón de lo precedentemente expuesto, la orden emanada de la Procuraduría Judicial 5 -Familia- de Barranquilla, contenida en el oficio 237 del 26 de octubre de 1993, por medio de la cual se le "...solicitó al Defensor de familia del Centro Zonal de Sabanalarga I.C.B.F., dar cumplimiento a la orden judicial", consignada en la sentencia del 14 de julio (sic) de 1991, proferida por el Juzgado 2o. de Familia de Barranquilla en el referido proceso de entrega y custodia personal de la multicitada menor, por lo que en manera alguna "... ordenó hacer entrega de la menor YY a la señora XX...", tampoco resulta arbitraria, porque, por fuera de corresponderle constitucionalmente a esa entidad la función de "...vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos" (art.277, Carta Política), (Subrayas de la Corte Suprema) tal determinación fue el resultado de la investigación adelantada por esa dependencia, a instancia de la madre de la menor, para determinar las razones del incumplimiento de aquella orden judicial, cuya satisfacción reclamó la madre biológica de la menor, a partir del mismo instante que tuvo a su favor la orden de entrega...". "...los presupuestos fácticos sobre las que se fundó la declaración de abandono de YY no son muy sólidos, por cuanto resulta razonable pensar que la imposibilidad de la madre biológica de recuperar a su hija se debió a la indebida retención que hicieron los cónyuges AA de aquella menor, creando con ello situaciones artificiales para promover los trámites administrativos, cuya prevalencia, frente a una orden judicial de entrega reiterada y conscientemente desconocida por ellos, procuran ahora por intermedio de esta acción...sabido es que el proceso de custodia y cuidados personales, se ritúa por el procedimiento verbal sumario y la decisión final se adopta en audiencia, como precisamente ocurrió en el presente caso". "...que no hay en el expediente elemento alguno de juicio que le permita a la Sala descubrir que dicha menor se encuentra en situación de peligro para su salud y su vida, estando en poder de su madre biológica, máxime si se tiene en cuenta que el fundamento para tal aseveración lo constituye los conceptos emitidos en 1992 para edificar la resolución de abandono, sin prueba alguna de que esas situaciones fácticas allí contempladas persistían para el momento de intentar la presente acción". II. LA COMPETENCIA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3o. y 241, numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar las sentencias que resolvieron acerca de la acción de tutela de la referencia. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. 1. Los derechos fundamentales de los niños. El cuidado personal de la madre. Reiteradamente la Corte Constitucional, en diferentes sentencias de las Salas de Revisión de Tutelas, se ha ocupado de la temática relativa a los derechos fundamentales de los niños, consagrados en el art. 44 de la Constitución Política. En la sentencia T-283/941 , se puso de relieve el vigor normativo y el conjunto de valores que encierra la referida disposición, en los siguientes términos: "Los compromisos que la Constitución establece con el bienestar físico y espiritual del menor y con el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, no se ha limitado a configurar derechos fundamentales a partir de sus pretensiones básicas de protección, sino que su persona como tal ha sido elevada a la categoría de sujeto fundamental merecedor de un tratamiento especial y prioritario por parte de la familia, la sociedad y el estado". "La consideración del niño como sujeto privilegiado de la sociedad produce efectos en distintos planos. La condición física y mental del menor convoca la protección especial del Estado y le concede validez a las acciones y medidas ordenadas a mitigar su situación de debilidad que, de otro modo, serían violatorias del principio de igualdad (CP art. 13). Dentro del gasto público social, las asignaciones dirigidas a atender los derechos prestacionales en favor de los niños deben tener prioridad sobre cualesquiera otras (CP art. 350). Todas las personas gozan de legitimidad para exigir el cumplimiento de los derechos de los niños y la sanción de los infractores (CP art. 44). La coordinación de derechos y la regulación de los conflictos que entre éstos se presenten en el caso de que se vea comprometido el de un menor, debe resolverse según la regla pro infans (C.P. art. 44). Se observa que el trato especial que se dispensa al niño, lejos de ser un intento de conferirle protagonismo, no es otra cosa que un ensayo de igualación que realiza el mismo Constituyente: como el niño no sabe ni puede pedir, la Constitución autoriza a todos a que pidan por él; como el niño no puede hacer que sus derechos se impongan cuando entren en conflicto con los de los demás, la Constitución define directamente su prevalencia." La nueva Constitución crea una visión jurídica y cultural en lo que atañe a los derechos de los niños y su efectividad, con miras a lograr su protección y su desarrollo y formación integral en todos los órdenes. De este modo, se hace un acto de fe en el futuro de los niños que en el mañana han de irrumpir en todos los estamentos de la sociedad y el Estado, pues no sólo en el momento de su nacimiento, sino durante la etapa de su infancia y adolescencia se busca la construcción de condiciones espirituales y materiales en el seno familiar y social que les proporcionen una mejor calidad de vida y los habiliten para desarrollar adecuada y plenamente sus facultades físicas, mentales y espirituales. El lazo afectivo que inexorablemente existe entre el recién nacido y la madre o la persona que lo cuida, simboliza el mas alto de los grados de solidaridad natural, que lo adecua al medio en pos de un mejor desenvolvimiento personal en sus relaciones futuras. A través de esa relación primigenia, se le garantiza a el niño su desarrollo armónico e integral, de tal manera que la asunción de la noble misión maternal crea una actitud filial que repercute profundamente en la estabilidad socio-emocional del menor, lo cual facilita la confianza en sí mismo, la seguridad y los sentimientos de auto valoración. Por ello, es deseable que todo niño goce de las ventajas que conlleva y representa el cuidado directo y personal de la madre que lo engendró, pues ese contacto físico y emocional constituye el cimiento del desarrollo de su personalidad. Al respecto, la Sala Novena de Revisión de esta Corte, a través de la sentencia T- 339/942 , expresó lo siguiente: "El artículo 44 de la Carta Política reconoce como derecho fundamental de los niños entre otros, "el cuidado y amor". Es la primera vez que en una Constitución colombiana se le da al amor el tratamiento de objeto jurídico protegido. Obviamente los primeros obligados a dar amor al niño son sus padres, de suerte que si hay una falta continua de amor hacia el hijo, no se está cumpliendo, propiamente, la maternidad. De esta manera, todo niño tiene derecho a ser tratado con amor, especialmente por sus padres. Entonces, si un padre o una madre incumplen con su obligación constitucional, no sólo están incurriendo en actitud injusta, sino que no están desempeñando ni la paternidad ni la maternidad, en estricto sentido, porque no ejerce la actitud debida conforme a derecho". "La primera manifestación del derecho al amor de los hijos, es la recepción que los padres tienen que brindarles. Esta recepción incluye tanto obligaciones de hacer, como obligaciones de no hacer. Dentro de las obligaciones de hacer se encuentran, entre otras, la aceptación incondicional del hijo, desde el momento de la concepción. Aceptarlo implica la acogida y el respeto al niño en su singularidad, tal como es, con sus cualidades y defectos, los cuales, han de ser susceptibles de corrección, de ser ello posible. Igualmente, los padres, una vez recibido el hijo, tienen el deber de cuidarlo y brindarle todo el afecto posible. Se dice todo el afecto posible, por cuanto el merecimiento de cada hijo es indeterminado, y supone una calidad moral ordenada a crecer. También, y como una característica de la paternidad y maternidad, debe brindársele la educación, que es deber irrenunciable de quienes asumen el status de padres. Estos son los primeros educadores, y hay que anotar que la educación que brindan los padres es, bajo ciertos aspectos, insustituible; de ahí su enorme importancia. Es insustituible la educación que deben dar los padres a los hijos, por dos razones: primero, porque son los que mejor pueden conocer al niño, y segundo, porque son los que más confianza generan en los sentimientos del menor. Conocimiento y confianza son, pues, dos elementos básicos para la formación personalizada del infante. La educación paterna -y por supuesto, la  materna- se entrelaza con los deberes de promoción, corrección,  buen  ejemplo -los padres deben ser maestros de vida-, asistencia, cuidado especial y ayuda" 2. El caso en examen. 2.1. Con fundamento en las pruebas que obran en el informativo, la Sala ha podido establecer que la señora XX, a pesar de haber entregado a su hija YY el mismo día de su nacimiento ocurrido el 3 de julio de 1989 al cuidado de los cónyuges AA, quizás apremiada por calamitosa situación económica, el desespero y la impotencia para proporcionarle los medios materiales necesarios para su subsistencia, no desmayó en sus esfuerzos para recuperar físicamente a su hija, y fue así como pasados sólo 10 días de haberla depositado en el hogar de la mencionada familia, intentó insistentemente por todos los medios en integrarla al seno familiar. Los esfuerzos de la madre en el sentido indicado no fructificaron, porque desde un comienzo los peticionarios de la tutela le ocultaron el paradero de la menor, y la retuvieron indebida e ilegalmente, no obstante existir una orden judicial que había ordenado su entrega. Además, la negligencia y extralimitación de funciones de algunas autoridades administrativas de familia impidieron el cumplimiento de la decisión judicial que ordenó la entrega de la menor a su madre. Así las cosas, no se puede desconocer la voluntad de la madre biológica en recobrar a su hija, ni el derecho legítimo que le asiste para reclamar o solicitar su cuidado y custodia, mas aún, cuando ha demostrado incansablemente, ante los correspondientes estrados judiciales y administrativos, su oposición a que su hija sea entregada en adopción al matrimonio AA. En tal virtud, no se puede pensar que la menor haya sido víctima del abandono material o afectivo por parte de su madre, quien a tiempo recapacitó y rectificó su conducta anterior en cuanto al cumplimiento de los deberes propios de madre. En verdad, no se hace latente la existencia de una situación anómala que implique una amenaza inminente de un perjuicio a la vida, a la salud y demás derechos fundamentales de la menor, estando en poder de la madre natural, como lo comprueba la decisión del Juez 2o. de Familia de Barranquilla que ordenó la entrega de la menor a su madre biológica, pues las personas con quienes permaneció la menor inicialmente (los peticionarios de la tutela), no pudieron justificar en el proceso verbal sumario de custodia y cuidados personales, que eran merecedores a que se les dispensara la respectiva custodia. Tampoco ha quedado determinado que exista la posibilidad de un atentado contra la integridad de la menor al reintegrarla al lado de su progenitora o que exista un profundo arraigo afectivo con los peticionarios de la tutela que conduzca a que su separación de éstos, pudiera causar un daño o un desequilibrio físico, síquico o emocional a la menor. Por otra parte, es de anotar que la entrega de la menor por la Defensoría de Familia de Sabanalarga, a los esposos AA, en la modalidad de "colocación familiar", constituyó una medida provisional, autorizada por el artículo 42 del Código del Menor en las actuaciones relativas a la declaración de abandono de los menores, quedando obligados los depositarios de conformidad al art. 76-5 de dicho Código a entregar al menor en el momento en que el Defensor de Familia lo ordenara. 2.2. En lo atinente a la resolución No. 026 de noviembre 6 de 1992 que declaró en situación de abandono a la menor, es de anotar que ella no tuvo eficacia jurídica, toda vez que no se surtió con respecto a ella el trámite judicial de la homologación (arts. 61 y 63 del Código del Menor). Por tal razón, no prosperó la pretensión de los peticionarios de la tutela en el sentido de que se les otorgara la menor en adopción. Quedó establecido que la Defensoría de Familia de Sabanalarga al declarar en situación de abandono a la menor, desconoció, por completo, el alcance y el valor jurídico de la decisión pronunciada por el Juzgado 2o. de Familia de Barranquilla, olvidándose que los procesos de custodia y cuidado de menores (art. 5o. del decreto 2272 de 1989) se tramitan en única instancia por el procedimiento verbal sumario y que la sentencia puede ser proferida en audiencia, como asi se hizo, según lo dispone el parágrafo 6 del art. 432 del Código de Procedimiento Civil. Por consiguiente, cuando la citada Defensoría en la resolución mencionada manifiesta que "El proceso que cursaba en el Juzgado 2o de Familia nunca fue fallado en sentencia, ni la entrega de la menor ordenada de acuerdo a lo estilado procedimentalmente", emitió un juicio equivocado y desconoció una decisión judicial válida que estaba obligada a acatar, con lo cual invadió la órbita de la competencia de los jueces en la materia e ignoró el principio de la separación de los poderes públicos y la autonomía judicial. Para la Sala resulta preocupante la manera como se manejó por la Defensoría de Familia de Sabanalarga el problema relativo al presunto abandono de la menor YY y la manera como se utilizó la función administrativa del Estado para proceder a la declaratoria de dicho abandono. El fin que debe perseguir la declaración administrativa de la situación de abandono no puede desviarse hacia la protección de otros intereses que no sean los del menor. En tal virtud, la medida adoptada debe necesariamente consultar la realidad fáctica, ponderar si realmente existe la situación de abandono, o si ésta es meramente transitoria o circunstancial, si hay desafecto o desapego de los padres por el menor, y si el menor carece de las condiciones materiales y espirituales para su subsistencia, cuidado y desarrollo integral. Además, dicha medida debe guardar una estricta correspondencia entre los hechos y circunstancias que le sirven de causa y su finalidad. En otros términos, la declaración de abandono debe obedecer a un juicio valorativo objetivo y razonable; por lo tanto, la decisión debe ser el resultado de un juicio de equilibrio en provecho de la menor y no simplemente el producto de un procedimiento mecánico y formal afirmativo de la legalidad y la competencia. A juicio de la Sala, no existían elementos de juicios valederos para que se acudiera al procedimiento de abandono en el presente caso, puesto que XX en ningún momento culposa o voluntariamente ha abandonado a su hija ni manifestado su voluntad de entregarla en adopción ni mucho menos se ha sido indiferente a que se adelantaran las diligencias necesarias para la declaratoria de abandono, es más, mostró reiteradamente su oposición a ellas. De lo expuesto concluye la Sala que los derechos fundamentales de la menor se encuentran incólumes y que al dársele prevalencia por los funcionarios contra los cuales se dirige la tutela a la orden judicial de entrega del Juzgado 2o de Familia de Barranquilla, procedieron en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, y no incurrieron en las violaciones al derecho a la igualdad y al debido proceso alegadas por los petentes. Por consiguiente, se confirmará la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirmó la de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. IV. DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de octubre de 1994, proferida por la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual confirmó la de la Sala de Familia del Tribunal Superior Distrito Judicial de Barranquilla, de fecha 1o. de septiembre de 1994. SEGUNDO: ORDENAR que en guarda del derecho a la intimidad de las familias AA y XX, se omitan sus nombres en toda publicación de la presente decisión. TERCERO: LIBRAR por secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados. NOTIFIQUESE, COPIESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE, INSERTESE EN LA GACETA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado Ponente. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado. MARTHA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General. 1 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 2 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa

T-111-95 Sentencia No Sentencia No. T-111/95 PERSONA JURIDICA/DERECHOS COLECTIVOS/ACCION POPULAR Aunque las personas jurídicas pueden actuar como demandantes en vía de tutela, para solicitar el amparo de ciertos derechos que a ellas se les imputan,  la presente acción no procede porque versa sobre un derecho colectivo cuya protección judicial debe buscarse a través de una acción popular y no existe un perjuicio irremediable que se pueda evitar con ella a los miembros de la fundación demandante; además, las pretensiones adolecen de falta de objeto. DERECHO DE PARTICIPACION CIUDADANA/ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto El Gobernador, representando al departamento en la junta de socios de Protuislas, no puede de manera válida votar afirmativamente la enajenación de los inmuebles de su propiedad. Además, la comunidad raizal y los residentes permanentes del departamento ya tuvieron oportunidad de participar (y efectivamente la aprovecharon), en la decisión de la Asamblea que así lo ordenó. No existe entonces violación o amenaza al derecho de participación de la comunidad en cuyo nombre se demandó la tutela y, por tanto, la acción que se revisa resulta improcedente por falta de objeto. ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES-Venta de hotel/RAIZALES-Protección especial/ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES/DESARROLLO SOSTENIBLE/ACCION DE TUTELA-Carencia de objeto La Corte conoce y considera la situación de la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y es plenamente consciente de la protección especial que requiere para su supervivencia como conglomerado culturalmente diferenciado, frente a las presiones de una sobrepoblación de inmigrantes que ya la convirtió en grupo minoritario dentro de su territorio ancestral, y a la destrucción progresiva de su ecosistema. Sin embargo, también en la consideración de esta pretensión se ha de señalar que la acción carece de objeto, pues las normas constitucionales vigentes y su desarrollo legal, consagran el derecho ciudadano a participar en la definición de los usos del suelo, la protección de los recursos naturales y la conservación de la propia cultura, dentro de un plan que permita lograr un desarrollo sostenible. ENAJENACION DE INMUEBLES/PATRIMONIO CULTURAL-Protección Si bien el Congreso no ha ejercido la facultad de someter “...a condiciones especiales la enajenación de bienes inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural de las comunidades nativas...”, tampoco parece justificado prohibir la venta del hotel El Isleño y sus áreas aledañas hasta que lo haga, porque:  primero, en el artículo 53 de la Ley 47 de 1993, el legislador aclaró que: “los bienes que conforman el patrimonio cultural del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pueden ser de propiedad pública o privada”; segundo, aún sin expedirse esa regulación sobre condiciones especiales para la enajenación de inmuebles, la escritura de constitución de Protuislas y las demás normas vigentes son suficientes, en este caso, para proteger los intereses de la comunidad raizal; y tercero, es perfectamente posible -como se consideró en el cabildo abierto-, que el Departamento adquiera las cuotas de la Corporación Nacional de Turismo y decida vender los bienes inmuebles objeto del conflicto, antes de que el legislador ejerza la facultad en comento. Ref.:  Expediente No. T-48470 Acción de tutela en contra del Ministerio de Desarrollo Económico y la Corporación Nacional de Turismo, por la presunta violación del derecho de la comunidad raizal del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a preservar su integridad étnica, cultural y social. Temas: - Derechos de las personas jurídicas. - Derechos colectivos. - Falta de objeto. Actor: Sons of the Soil (S.O.S.) Foundation Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz Santafé de Bogotá D.C., marzo dieciseis (16) de mil novecientos noventa y cinco (1995). EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria Díaz, este último en calidad de ponente, procede a dictar sentencia de revisión en el proceso de la referencia, luego de considerar: ANTECEDENTES 1. HECHOS. En junio de 1994, el entonces Ministro de Desarrollo Económico, Mauricio Cárdenas Santamaría, anunció a los medios de comunicación que la Junta Directiva de la Corporación Nacional de Turismo había aprobado -el 17 de ese mes-, la estrategia para la venta, entre otros de sus activos, del hotel El Isleño y los terrenos aledaños situados en la isla de San Andrés. El 21 de julio, después de impugnado el fallo de primera instancia y antes de proferirse el de segunda, la Asamblea del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, realizó un cabildo abierto sobre esa enajenación de bienes inmuebles; según consta en el acta de esa sesión (folios 25 a 54 del segundo cuaderno), en ella se adoptaron decisiones relevantes para esta revisión, con la participación de los diputados, el representante de la fundación demandante, voceros de los gremios del archipiélago y miembros de la comunidad. 2. DEMANDA. La Sons of the Soil (S.O.S.) Foundation, organización no gubernamental pro defensa de los derechos y valores de los nativos, interpuso demanda de tutela el 22 de junio de 1994, en contra del Ministerio de Desarrollo Económico y la Corporación Nacional de Turismo, “... en defensa del derecho fundamental de la comunidad raizal de San Andrés y Providencia a preservar su integridad étnica, cultural y social, el cual está siendo vulnerado seriamente por dicho Ministerio al disponer el remate, para los próximos días de junio, de los terrenos donde se encuentra ubicado el hotel ‘El Isleño’, sobre los cuales tenemos derechos las comunidades raizales, sin que hayamos sido tenidos en cuenta” (folio 1). Por esa razón, solicitó al juez de tutela que “...proteja los derechos constitucionales que están siendo vulnerados, procediendo a ordenar al Ministerio de Desarrollo o a la entidad que tenga a cargo el remate de los bienes, suspender el trámite de remate del hotel ‘El Isleño’ y demás terrenos colindantes, ubicados en Sprat Bight, hasta tanto no se garantice la participación de las comunidades nativas de San Andrés y Providencia, a través de instancias representativas, y abstenerse de ejecutar actos de disposición sobre estos bienes inmuebles mientras la ley no establezca las condiciones que garanticen la identidad cultural de las mismas comunidades raizales” (folio 6). 3. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA. El Juzgado Civil del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina conoció de la demanda y, luego del trámite debido, decidió acoger sus pretensiones considerando: Aunque el derecho cuya protección reclama la fundación Sons of the Soil es de naturaleza colectiva, en este caso la acción de tutela procede para evitar un perjuicio irremediable. La Constitución señala que se debe someter a “condiciones especiales la enajenación de bienes inmuebles” en el archipiélago, con el objeto de proteger la identidad cultural de las comunidades nativas; como el Congreso no ha expedido la ley prevista en el artículo 310 Superior, tal identidad cultural se encuentra desprotegida frente a actuaciones como la que originó la demanda de tutela. Los terrenos de Sprat Bight hacen parte del patrimonio cultural de la comunidad raizal, pues como consta en el expediente, están ligados a su historia, su paisaje, su memoria colectiva y el culto a sus antepasados; así, los  nativos claramente tienen derecho a participar en la decisión sobre el uso que se dará a esa área. La decisión del Ministerio de Desarrollo y la Corporación Nacional de Turismo de vender los terrenos de Sprat Bight, si bien acoge una recomendación del CONPES, viola el derecho a la participación de la comunidad representada por la fundación demandante. En virtud de tales consideraciones, el Juzgado Civil del Circuito resolvió tutelar el derecho a la participación de la comunidad raizal en el ejercicio del poder público, y ordenó a las entidades demandadas: “...que suspendan las gestiones de venta de el (sic) hotel ‘El Isleño’ y zonas aledañas, hasta tanto el Congreso de la República, no dicte la ley sobre condiciones especiales para la enajenación de inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural de las comunidades nativas de San Andrés” (folio 96). 4. IMPUGNACION. El apoderado judicial del Ministerio de Desarrollo Económico impugnó el fallo de primera instancia, con los siguientes argumentos: La acción de tutela no procede en este caso porque se trata de un derecho colectivo; además, no existe perjuicio irremediable, pues con la venta de los bienes en comento no se alteran para nada las condiciones de vida de la comunidad. El Congreso sí expidió el estatuto especial “...para la organización y el funcionamiento del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina” por medio de la Ley 47 de 1993. Y aunque esta Ley atribuye a la Asamblea Departamental la función de reglamentar lo relativo a la enajenación de inmuebles (artículo 10 literal a), la falta de la ordenanza en que se cumpla con tal función no puede entenderse como prohibición de la venta de inmuebles. (folio 101). “Es menester aclarar que el hotel El Isleño y los predios sobre los cuales de halla construído no han sido declaradas como patrimonio cultural por el Consejo Departamental de Cultura, en los términos de los artículos 47, 48 y 55 de la Ley 47. En este sentido, estamos en presencia de bienes de dominio privado que no hacen parte del patrimonio cultural, y que no forman parte de la identidad cultural a la que se refieren los peticionantes” (folio 102). La propiedad de los terrenos sobre los cuales se haya el hotel El Isleño, fué reclamada y probada en el proceso por la Promotora de Turismo de San Andrés (Protuislas), folios 45 a 51 y 68 a 71. Esta sociedad, de la que son socios el Departamento Archipiélago y la Corporación Nacional de Turismo, tiene un patrimonio propio, lo administra autónomamente, y el Ministerio de Desarrollo no es competente para prohibirle la libre disposición sobre los bienes que lo conforman. 5. FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil, resolvió sobre la impugnación el 6 de septiembre de 1994, revocando en su totalidad la decisión de primera instancia y denegando las pretensiones de la fundación demandante, de acuerdo con las consideraciones que se resumen a continuación: La Sons of the Soil (S.O.S.) Foundation es una corporación, y como tal, no está legitimada para actuar en condición de accionante, pues, siendo un ente abstracto “...es obvio que no puede sentir ni padecer la vulneración o amenaza de algunos de los derechos fundamentales...” (folio 23 del segundo cuaderno). En el proceso se reclama la protección de un derecho colectivo y, por tanto, la vía procesal adecuada no es la tutela; en su lugar, debió acudirse a las acciones populares. La Sala no encuentra daño alguno acreditado en el expediente, pues los raizales de la isla no son propietarios del bien cuya venta pretenden impedir. La venta de los inmuebles relacionados para nada influye o tiene que ver con el aspecto social y cultural de la etnia a cuyo nombre se reclama protección. La acción fué instaurada contra personas equivocadas, puesto que el inmueble objeto de la misma no es de su propiedad; pertenece a la Promotora de Turismo de San Andrés y Providencia -Protuislas-. Según la escritura de constitución de Protuislas -número 1 del 2 de enero de 1974-, las decisiones de la junta de socios (conformada por los representantes del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y de la Corporación Nacional de Turismo), deben tomarse de común acuerdo; para la venta, se requiere entonces el voto favorable del Departamento Archipiélago; Además, éste goza de preferencia para la adquisición de las cuotas partes que el otro socio desee vender. 6. SOLICITUD DE REVISION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO. El presente expediente fue excluído de revisión por la Sala de Selección Número Diez -Auto del 24 de octubre de 1994-, pero el Defensor del Pueblo solicitó que fuera reconsiderada tal decisión, “...con el propósito de aclarar el alcance de las normas constitucionales relacionadas con los derechos fundamentales de las minorías étnicas”. La Sala de Selección Número Once acogió la insistencia de la Defensoría y, en consecuencia, se procede en esta providencia a revisar los fallos de instancia. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. COMPETENCIA. La Corte es competente para pronunciarse en el presente proceso, en virtud de los artículos 86 y 241 de la Constitución Política. Le corresponde pronunciar la sentencia a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, según el reglamento interno y el Auto de la Sala de Selección Número Once del 21 de noviembre de 1994. 2. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS JURIDICAS. El primer asunto que debe considerarse en la revisión del presente proceso, es el razonamiento del ad-quem, según el cual, las personas jurídicas no pueden sentir ni padecer la violación de algunos derechos fundamentales y, por tanto, no están legitimadas para demandar su tutela. Sobre este asunto, la jurisprudencia de la Corte (véanse por ejemplo, las sentencias T-382, 396, 522 y 523 de 1993, y T-114 y 169 de 1994), ha reiterado que: a) las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales, b) en las condiciones previstas por el Constituyente, están legitimadas para demandar la tutela de sus derechos, y c) las diversas etnias reconocidas por la Carta Política como integrantes de la Nación, a más de ser titulares de derechos fundamentales, están legitimadas para reclamar su protección judicial a través de la vía de tutela (Sentencias T-428 de 1992, T-380 de 1993, T-324 de 1994 y T-007 de 1995). 3. IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA. Aunque las personas jurídicas pueden actuar como demandantes en vía de tutela, para solicitar el amparo de ciertos derechos que a ellas se les imputan,  la presente acción no procede porque versa sobre un derecho colectivo cuya protección judicial debe buscarse a través de una acción popular (art. 88 C.P.) y no existe un perjuicio irremediable que se pueda evitar con ella a los miembros de la fundación demandante; además, las pretensiones adolecen de falta de objeto. 3.1. DERECHO COLECTIVO E INEXISTENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE. El derecho de una comunidad a preservar su integridad étnica, cultural y social, como lo anotaron los jueces de instancia, es de naturaleza colectiva; por tanto, la acción de tutela sólo procede para su protección, cuando con ella se puede evitar un perjuicio irremediable al accionante que, siendo miembro de la comunidad afectada, pruebe que también está de por medio uno de sus derechos fundamentales, y que existe una relación de causalidad entre la acción u omisión violatoria del interés colectivo y la vulneración del suyo. Ese derecho, reconocido por la Constitución de 1991 a la comunidad nativa de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, fue desarrollado por el Gobierno Nacional a través del Decreto 2762 de 1991, y por el Congreso en la Ley 47 de 1993, y no aparece en el expediente bajo revisión, que la decisión de la junta directiva de la Corporación Nacional de Turismo o la actuación del Ministro de Desarrollo lo vulneren o violen las normas que lo desarrollan. Ahora bien: ninguno de los que han actuado en el proceso como voceros de Sons of the Soil reclama que las actuaciones acusadas vulneren también uno de sus derechos fundamentales, por lo que en principio, la acción de tutela no procede en este caso.  Sobre el perjuicio que pudo ocasionar a la preservación de la integridad étnica, cultural y social de la comunidad nativa del archipiélago la expropiación de los predios situados en Sprat Bight, realizada por el gobierno intendencial en 1956 de manera arbitraria según el dicho de algunos de los testigos, la Sala anota que no existe relación de causalidad entre las actuaciones demandadas de la Corporación Nacional de Turismo y del Ministerio de Desarrollo, y el presunto atropello ocurrido cuatro décadas atrás. 3.2. IMPROCEDENCIA POR FALTA DE OBJETO. Tres temas sirven a la fundación Hijos del Suelo para plantear su concepto de violación del derecho y para solicitar que se suspenda el trámite de venta del hotel El Isleño y sus anexos hasta que se cumplan otras tantas condiciones que, a su juicio, una vez cumplidas garantizarían la preservación de la integridad étnica, cultural y social del grupo raizal; ellos son: 1) Régimen patrimonial de los departamentos. Según la demanda, los nativos de San Andrés aprendieron a vivir con el recuerdo y los efectos de la expropiación sufrida en 1956, consolándose con la idea de que los predios forzosamente enajenados serían conservados como propiedad pública y sus frutos redundarían en la elevación del nivel general de vida en las islas. Como la venta de los bienes en comento y la subsiguiente pérdida de sus frutos afecta claramente a los nativos, se debe ordenar su suspensión hasta que puedan participar en la adopción de tal medida. 2) Urbanismo. Cambiar los actuales usos del suelo en Sprat Bight por su destinación a un hotel de lujo y un centro internacional de convenciones (pues es ése el objetivo que buscan los demandados), comporta aceptar una mayor presión sobre el ecosistema y un aumento considerable de la demanda sobre los servicios públicos existentes. Ya que tal cambio afecta gravemente a la preservación de la comunidad raizal, se debe interrumpir el proceso de su adopción, hasta garantizar en él la participación ciudadana. 3) Regulación de la enajenación de bienes inmuebles. Puesto que el artículo 310 de la Carta Política estipula que: “Mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de cada Cámara se podrá... someter a condiciones especiales la enajenación de bienes inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural de las comunidades nativas y preservar el ambiente y los recursos naturales del Archipiélago”, se debe impedir la venta de los bienes objeto del litigio hasta que el Congreso ejerza esa facultad. Pasa ahora la Corte a exponer por qué las tres pretensiones adolecen de falta de objeto. 3.2.1. REGIMEN PATRIMONIAL DE LOS DEPARTAMENTOS Y PARTICIPACION CIUDADANA. Acorde con lo estipulado en el artículo 309 de la Constitución, al departamento archipiélago se le aplica el régimen patrimonial propio de esa clase de entidades territoriales y, por tanto, la cuotas que le corresponden en la sociedad propietaria de los bienes objeto de esta demanda “...son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares...” (artículo 362 de la Constitución; véanse también sus artículos 58 a 60). Partiendo de considerar la garantía que el Constituyente estableció para la propiedad, es atendible el reclamo que hizo el Ministro de Desarrollo al impugnar el fallo de primera instancia: el Ministerio no puede prohibir válidamente a Protuislas que disponga de su patrimonio de manera autónoma. Sin embargo, por el mismo régimen de garantías, ni ese Ministerio, ni el CONPES, ni ambos de consuno, pueden obligarla a enajenar los bienes que le pertenecen. La recomendación contenida en el Documento Conpes DNP2648 de 1993, refrendada por el Ministerio de Desarrollo, según la cual, para remediar la situación financiera de la Corporación Nacional de Turismo se deben vender algunos de sus activos, sólo puede ser acogida y puesta en práctica por Protuislas, cumpliendo con las normas pertinentes de la Constitución, la ley y la escritura de constitución de la citada promotora turística. Según la escritura pública No. 1 del 2 de enero de 1974 (folios 36 a 42), por medio de la cual se hizo constar la constitución de la Promotora Turística de San Andrés y Providencia -Protuislas-, a la Junta de Socios le corresponde la plenitud de las facultades dispositivas de la sociedad sobre su patrimonio (cláusula octava), y “las decisiones de la Junta de Socios se tomarán de común acuerdo, requiriéndose el voto afirmativo de ambos socios” (cláusula décimo primera). Ahora bien: el Gobernador, como representante legal del departamento, no puede enajenar bienes inmuebles de la entidad territorial a su cargo, si no existe previa autorización de la Asamblea Departamental para hacerlo (artículo 300 numeral 9 de la Carta Política). Y en la adopción de tal autorización, tienen derecho a participar los ciudadanos nativos del archipiélago y los residentes permanentes, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 40 Superior y las leyes 47 de 1993 y 134 de 1994 Según la documentación que la Asamblea Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina remitió al ad-quem (folios 25 a 54 del segundo cuaderno), esa Asamblea, autorizada por la Ley 47 de 1993 para ejercer las funciones propias de los concejos mientras se crean los municipios del archipiélago, citó y realizó un cabildo abierto para considerar la eventual venta del hotel El Isleño y sus áreas aledañas, con participación de la comunidad raizal, los gremios económicos de las islas y los Diputados. En ese evento se decidió que el Departamento no acepta la venta de sus cuotas en Protuislas, ni la de los bienes de la misma; además, que se buscaría la manera de ejercer la opción prioritaria  que le corresponde para la compra de las cuotas de la Corporación Nacional de Turismo en la promotora. En consecuencia el Gobernador, representando al departamento en la junta de socios de Protuislas, no puede de manera válida votar afirmativamente la enajenación de los inmuebles de su propiedad. Además, la comunidad raizal y los residentes permanentes del departamento ya tuvieron oportunidad de participar (y efectivamente la aprovecharon), en la decisión de la Asamblea que así lo ordenó. No existe entonces violación o amenaza al derecho de participación de la comunidad en cuyo nombre se demandó la tutela y, por tanto, la acción que se revisa resulta improcedente por falta de objeto. 3.2. URBANISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA. Las pruebas que obran en el expediente, dan cuenta de los usos tradicionales del suelo en el área conocida como Sprat Bight: lugar de reposo de los antepasados y del culto que allí se les rendía, sitio de reunión social de la comunidad después del servicio religioso dominical, pista para las carreras de caballos -el deporte tradicional de los isleños-, patio de recreo de los estudiantes del colegio anglicano y residencia de algunas familias. Como se desprende de los testimonios de los antiguos propietarios nativos Delia James de Whitaker, Jedidiah Hooker James, Ralston James Watson, Antonio James Bernard, etc., tales prácticas comunitarias y familiares fueron truncadas en la década de los cincuentas, por la expropiación traumática que adelantó en esa zona el Gobierno del General Rojas Pinilla, el posterior traslado del cementerio y la construcción del hotel El Isleño, las canchas de tenis, la base militar, la sede de Protuislas, etc. Los declarantes y el demandante concuerdan en que los isleños aprendieron a vivir con los cambios que introdujo en el archipiélago esa intervención del Gobierno, consolándose con la promesa de que los terrenos expropiados se conservarían como propiedad pública y sus frutos se dedicarían a mejorar la calidad de vida de los nativos. Sin embargo, el Ministro de Desarrollo afirma ahora que los terrenos de Sprat Bight y las edificaciones que allí se encuentran pasarán a manos de particulares ajenos a las islas, y que los rendimientos del hotel de lujo y el centro de convenciones que allí se planea levantar no serán reinvertidos en el archipiélago. A cambio, tendrán que soportar un aumento abrumador en la demanda sobre los precarios servicios públicos de que disponen, así como sobre su  debilitado ecosistema. Y todo ello, sin que los afectados hayan podido opinar sobre ese cambio en los usos del suelo. La Corte conoce y considera la situación de la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y es plenamente consciente de la protección especial que requiere para su supervivencia como conglomerado culturalmente diferenciado, frente a las presiones de una sobrepoblación de inmigrantes que ya la convirtió en grupo minoritario dentro de su territorio ancestral, y a la destrucción progresiva de su ecosistema. Así consta en las Sentencias C-530 de 1993 (11 de noviembre, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero) y C-086 de 1994 (3 de marzo, Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía). Sin embargo, también en la consideración de esta pretensión se ha de señalar que la acción carece de objeto, pues las normas constitucionales vigentes (arts. 7, 40, 103, 105, 106, 310, etc.), y su desarrollo legal (especialmente el Decreto 2762 de 1991 y las Leyes 47 de 1993 y 134 de 1994), consagran el derecho ciudadano a participar en la definición de los usos del suelo, la protección de los recursos naturales y la conservación de la propia cultura, dentro de un plan que permita lograr un desarrollo sostenible. Las posibilidades de participación popular estipuladas en esas normas no dependen, como parece entenderlo la fundación demandante, de la creación de los municipios en el archipiélago, pues el artículo 8 de la Ley 47 de 1993 dispone que, en desarrollo de la subsidiareidad, el Gobernador y la Asamblea Departamental ejercerán, a más de las funciones propias, las que corresponden a las autoridades administrativas de los distritos municipales aún no creados. Más aún, del acta del cabildo abierto celebrado en la  Asamblea Departamental se desprende que la comunidad raizal y los otros intervinientes en ese debate, consideran que la construcción de un hotel de lujo y un centro de convenciones en Sprat Bight es viable, si se adelanta como parte del plan de desarrollo del departamento, previa la adquisición de las cuotas que en la actualidad pertenecen a la Corporación Nacional de Turismo. 3.3. ENAJENACION DE INMUEBLES Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL. El alcance de las normas constitucionales sobre este tema, en lo relativo a la comunidad nativa de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, fue fijado en el desarrollo que de las mismas hicieron el gobierno y el legislador en el Decreto 2762 de 1991 y la Ley 47 de 1993. Ahora, si bien el Congreso no ha ejercido la facultad de someter “...a condiciones especiales la enajenación de bienes inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural de las comunidades nativas...”, tampoco parece justificado prohibir la venta del hotel El Isleño y sus áreas aledañas hasta que lo haga, porque:  primero, en el artículo 53 de la Ley 47 de 1993, el legislador aclaró que: “los bienes que conforman el patrimonio cultural del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pueden ser de propiedad pública o privada”; segundo, aún sin expedirse esa regulación sobre condiciones especiales para la enajenación de inmuebles, la escritura de constitución de Protuislas y las demás normas vigentes son suficientes, en este caso, para proteger los intereses de la comunidad raizal; y tercero, es perfectamente posible -como se consideró en el cabildo abierto-, que el Departamento adquiera las cuotas de la Corporación Nacional de Turismo y decida vender los bienes inmuebles objeto del conflicto, antes de que el legislador ejerza la facultad en comento. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. Confirmar la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil, del 6 de septiembre de 1994, pero por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Comunicar esta decisión al Juzgado Civil del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-112-95 Sentencia No Sentencia No. T-112/95 DERECHO A LA SALUD-Improcedencia No encuentra esta Sala que se haya probado violación o amenaza en contra del derecho a la salud, pues ya la empresa estaba funcionando cuando los peticionarios se establecieron donde hoy viven; lo estaba haciendo en un área destinada a actividades mineras y, en esa clase de zonas, no está permitido el establecimiento de viviendas, según las normas urbanísticas vigentes. DERECHOS FUNDAMENTALES-Amenaza/TRITURADORA EL DIAMANTE-Actividad industrial/ZONAS DE ALTO RIESGO-Terreno erosionado/NORMA URBANISTICA-Contravención El medio en el que está situada la casa del actor no es el óptimo para usos residenciales. Él y sus vecinos construyeron o compraron casas levantadas sobre suelos de relleno, pendientes, erosionados por la lluvia y, en su parte inferior, socavados por el río. Además, sometidos a la vibración que produce el tráfico pesado en esa entrada al municipio. Según las pruebas que obran en el expediente, con o sin el funcionamiento de la empresa demandada, las casas del barrio Bajo Aguacatal se seguirán agrietando y amenazando la integridad de sus moradores. No se probaron los cargos de la demanda y que, si bien los moradores del barrio Bajo Aguacatal se encuentran sometidos a una amenaza grave contra la efectividad de sus derechos fundamentales, ella no es imputable a la actividad que cumple la empresa demanda, sino a las características geológicas del terreno en el cual se construyó, contraviniendo las normas urbanísticas de la ciudad. Ref.: Expediente No. T-48839 Acción de tutela en contra de la “Trituradora El Diamante Ltda.” por la presunta violación del derecho a la vida. Temas: - Derecho a la salud. - Derecho a la vida. - Derecho a un ambiente sano. Actor: Jaime Jaramillo Bernal Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz Santafé de Bogotá D.C., marzo dieciseis (16) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, Compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria Díaz, este último en calidad de ponente, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION, procede a revisar las sentencias de instancia proferidas en el trámite del proceso radicado bajo el número T-48839. ANTECEDENTES 1. HECHOS. Jaime Jaramillo Bernal, residente en el municipio de Cali, habita con su familia una vivienda ubicada en la calle 9a Oeste, No. 15-41, del barrio Bajo Aguacatal, a una cuadra de la Trituradora El Diamante Ltda. Según el señor Jaramillo Bernal, el continuo uso de dinamita en la cantera viene agrietando su casa; la emisión de polvo provocada por las explosiones y la trituración de las rocas extraídas, ocasiona a toda la familia constantes trastornos de salud, y el transporte del producto de esa empresa por la vía que pasa frente a su puerta, amenaza la vida de los transeúntes y de todos los habitantes del sector. Además, afirma que acudió ante la Alcaldía, la Procuraduría, la Personería, y la Corporación Autónoma Regional del Cauca, sin lograr que se pusiera término a esa violación continua del derecho a la vida suyo y de su familia. 2. DEMANDA. En su libelo (folio 1 del primer cuaderno), el señor Jaramillo Bernal solicita “...que se haga justicia, que nos paguen o nos arreglen todos los daños que nos han causado”. En la “diligencia de ampliación de acción de tutela” que ordenó y practicó el Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal de Cali (folios 5 y 6 del primer cuaderno), el demandante afirmó: “...nosotros queremos que quiten esa trituradora de allí, que eso es un peligro para toda la humanidad, para los que vivimos en ese sector, que ubiquen esa trituradora en otro lugar”. 3. PRIMERA INSTANCIA. El Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal de Cali dictó sentencia el veintidos (22) de agosto de 1994, resolviendo tutelar los derechos a un ambiente sano, a la salud, y a la vida del actor y su familia, como mecanismo transitorio. Ordenó en consecuencia, suspender las actividades de explotación que ejerce la Trituradora El Diamante Ltda. dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo y por el lapso de tres (3) meses, “...dentro del cual debe atender las recomendaciones efectuadas por la C.V.C. y el Ministerio de Minas y Energía, efectuando los correctivos a que haya lugar”. Además, remitió copias de la decisión a las entidades antes mencionadas, al Ministerio del Medio Ambiente y a la Personería Municipal. A continuación se transcriben algunos de los apartes más significativos de las consideraciones en que se basó la determinación del Juzgado del conocimiento: “Son contundentes los estudios realizados por las entidades antes mencionadas y de allí que es indudable que el derecho constitucional a un ambiente sano, se ha vulnerado por la actividad a que se dedica la Trituradora El Diamante, pues en esos informes serios y científicos se confirma el riesgo para el medio ambiente y en consecuencia para la salud de los habitantes circunvecinos y ello ha sido el resultado de no cumplir la empresa en cuestión con las recomendaciones que desde años atrás (enero de 1988) se le vienen haciendo por parte de la C.V.C., para que la contaminación ambiental, que es inevitable en virtud de esa actividad se quede dentro de un margen tolerable y no represente mayor peligro para la vida y la salud de la comunidad” (folio 247 del primer cuaderno). “En este caso las autoridades competentes para la protección de medio ambiente han establecido que se ven comprometidos los derechos a la salubridad y a la vida de la población, así el estudio de la Personería Municipal señala: ´...la forma de explotación antitécnica de la cantera El Diamante y la proximidad a los barrios circunvecinos, cuyas viviendas más próximas están a una distancia de 200 metros aproximadamente, ovbiamente constituye un peligro inminente para la vida de sus habitantes y sus viviendas...´ (folio 188), con relación a la salud señala: ´El proceso de explotación de canteras tanto en su primera etapa de desprendimiento y fracturación de rocas como en su segunda etapa que consiste en la trituración del material pétreo y su clasificación, produce contaminación atmosférica por la emisión de partículas sólidas o polvos al aire, lo cual afecta las vías respiratorias, ojos y piel o disminución visual´ y agrega el informe: ´el efecto sobre la salud de las personas se manifiesta por alteraciones en el sistema nervioso, efectos en los oidos, disminución auditiva o sordera y estres. Los problemas en la salud pueden manifestarse a mediano y largo plazo´”. “Aunque este Despacho envió al médico legista al accionante y a los miembros de su familia y en términos generales fueron encontrados en buen estado de salud, ello no significa que éste derecho así como la vida misma no estén amenazados en virtud de la explotación de la cantera, pues el deterioro ambiental de por sí no permite a un hombre tener una buena calidad de vida, como tampoco un buen desarrollo biológico e individual, máxime cuando esos problemas como bien lo dice el aludido informe de la Personería puede manifestarse a mediano y largo plazo”. “De otra parte la forma como se transporta el material que produce la cantera produce riesgo en la vida de las personas que habitan en el sector, y que cobija específicamente al peticionario y su familia como quiera que su vivienda está ubicada justo frente a una curva cerrada por la que transitan principalmente las volquetas que transportan como dijimos el material, así también lo diagnostica la Personería Municipal cuando señala: ´...el transporte de material en vehículos pesados por vías angostas con fuertes pendientes y curvas cerradas, viviendas a lado y lado, proximidad a zonas escolares, ponen en constante peligro la vida de personas mayores y niños por accidentes´. El Despacho constató en inspección judicial que practicó a la vivienda que efectivamente dada la ubicación de la misma sobre el accionante y su familia se cierne este peligro” (folios 248 y 249 del primer cuaderno). 4. IMPUGNACION. Silvio López Ospina, propietario de la Trituradora El Diamante Ltda., impugnó oportunamente el fallo del Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal, aduciendo en su contra: Según la pruebas que obran en el expediente, científica y técnicamente es “...totalmente imposible que el accionante corra algún riesgo en su salud, la de su familia y en su vivienda, ya que por la distancia existente entre el sitio de explotación de las diabasas y la casa de habitación del señor Jaramillo Bernal existe una distancia superior a los quinientos metros y las emisiones de ruido y de polvo producidas por las voladuras y actividades industriales no acionan (sic) daños en la salud pues así lo demostró el examen médico legal practicado al señor Jaramillo Bernal y su familia...”. “El accionante al ubicarse en una zona de minas y canteras en forma irregular y contraviniendo el estatuto de usos del suelo y normas urbanísticas para el municipio de Santiago de Cali, genera situaciones de hecho ilegales, para luego salir a demandar derechos ante las autoridades que por delante deben hacer cumplir la ley”. Según el criterio de Invicali, la casa del demandante y las de sus vecinos, “...no cumplen con las condiciones mínimas estipuladas para ser susceptibles de legalización, petición hecha por la Junta de Acción Comunal del barrio Bajo Aguacatal. Anexo # 11”. Además, resalta las actividades que la empresa viene adelantando para cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Minas y Energía, las que en su criterio fueron desconocidas en el fallo que impugna. 5. SEGUNDA INSTANCIA. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cali conoció de la impugnación, y decidió el 19 de septiembre de 1995, revocar la sentencia proferida en primera instancia “...y en su lugar disponer que no hay lugar a tutelar los derechos fundamentales mencionados por el señor Jaramillo Bernal, al no estar demostrada la violación o amenaza de ellos por parte de la empresa demandada” (folio 67 del segundo cuaderno). Algunas de las consideraciones que sustentan la decisión del Juez Cuarto Penal del Circuito de Cali, son: “La acción de tutela, precisamente por su importancia trascendental para todo individuo, sin importar su raza, origen, sexo o condición social, debe ser ante todo, objeto de un tratamiento serio y racional, a punto tal que siempre y necesariamente responda más que a factores de conveniencia o prejuicio, a una lógica rigurosa y al orden natural de las cosas. Aquí a falta de pruebas directas, para deducir si existe o nó un peligro o amenaza contra ´el derecho a la vida´, se precisa recurrir a la diaria experiencia, a lo que sabemos de modo evidente y demostrable, y en tal orden de ideas lo que puede argüírse, con apego a la lógica de que antes hablamos, lo es que en doce años ese peligro para la vida no se ha traducido en hechos ciertos, y que no existe nada que nos permita inferir, con algún sustento, que de aquí en adelante las cosas no continuarán en esa misma constante. Hace 12 años o más se labora en la cantera; hace 12 años o más se remueve la roca can materiales explosivos; hace 12 años o más se transporta en volquetas; hace igual tiempo se muele en las trituradoras, siendo factible suponer, inclusive, que en un principio los medios debían ser másrudimentarios. Pese a ello, insistimos, la salud de estas personas, según lo conceptuado por los galenos forenses, no se ha visto mermada, ni sus organismos presentan, actualmente, vestigios manifiestos de un daño estacionario o progresivo, grave o leve, respecto del cual pueda afirmarse que entre él y la explotación de la mina existe una relación de causa y efecto”. “Aquí, por ejemplo, las manifestaciones del accionante, o las copias de las cartas enviadas a algunos estamentos oficiales o los conceptos emitidos por el Procurador Ambiental y Agrario, pese a la buena intención que existe en todo ello, no alcanza a demostrar que, en verdad, la explotación de la cantera, ubicada por carretera a 550 metras de la casa del señor Jaime Jaramillo Bernal, tiene la eficacia de daño ambiental necesaria para atentar gravemente contra la salud o cualquiera otro derecho de dicho señor y de su familia. Especial énfasis se hace por dicho señor en lo relativo al polvo que sale de las máquinas trituradoras y que, según su decir, es uno de los factores que perjudican la salud de él y de los suyos. El Despacho, en su diligencia de inspección, tuvo la oportunidad, por varias horas, de ver trabajar una de tales trituradoras en seco y con mezcla de agua (forma esta última como se labora siempre, según se nos hizo saber, sin cuestionamiento alguno) pudiendo constatar que en el primer caso el desprendimiento de partículas de polvo no es tan intenso, y que se reduce o circunscribe prácticamente al área aledaña a la trituradora y que en el segundo caso (con mezcla de agua) esa consecuencia es casi nula...Dicho en otras palabras: aquel perjuicio al medio ambiente que se expone, no se ha acreditado como directamente lesivo de intereses fundamentales del actor”. “También se ha expuesto por el señor Jaramillo Bernal que la quema de explosivos en la mina le ha ocasionado daños en su vivienda, dejando en claro en su demanda (f.1) que una de las aspiraciones suyas, al instaurar la acción, lo es que la empresa demandada le pague o le arregle los daños. A este respecto podemos señalar: 1) Si según él, todos los días y de modo pertinaz se producen aquellas explosiones con densidades hasta de 5 grados en la escala de Ritcher, lo que ya de por sí es de magnitud alarmante, no entiende el Despacho cómo durante tantos años de ese sacudimiento diario la vivienda sólo ha recibido fracturas, pese a las cuales se mantiene en pie y habitable. Que ello ocurra es algo que no desvirtúa la posibilidad, como se ha planteado en este proceso, de que las mencionadas fracturas tengan como origen el haberse construido en una ladera inidónea para este tipo de construcciones, y 2) Si lo que se busca es la indemnización por el daño a un bien inmueble, queda claro que ello no sería del resorte de la tutela, ya que existen mecanismos legales, y autoridades competentes para dirimir ese tipo de asuntos, para reconocer los derechos, si los hay y para imponer las sanciones respectivas. Todo ello, máxime si se está ante un daño consumado resarcible pecuniariamente” (folios 65 y 66 del segundo cuaderno). 6. INSISTENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. Este proceso fue excluído de revisión mediante auto del 31 de octubre de 1994; sin embargo, el Defensor del Pueblo insistió en su selección y tal solicitud fue acogida por la Sala de Selección Número Once, según consta en auto del 28 de noviembre de 1994. La Defensoría considera que en este caso, “...las actividades desarrolladas por la Trituradora El Diamante Ltda., en lo atinente a las detonaciones utilizadas para la explotación de la cantera con sus efectos sísmicos y acústicos y las emisiones de partículas en suspensión como agentes contaminantes del aire, alteran gravemente las condiciones de vida digna del accionante y su familia al igual que de la comunidad vecina de la explotación minera” . “Cabe agregar que la pretensión del accionante no se encuentra enderezada al cierre definitivo de la Trituradora El Diamante Ltda. sino a la suspensión temporal de actividades en tanto se adecúa a las recomendaciones emitidas por las autoridades de control que han conocido del caso, y que hasta el momento han sido desconocidas por la Empresa, a pesar de las diversas gestiones realizadas por la comunidad afectada que se encuentra en estado de indefensión”. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. COMPETENCIA. La Corte Constitucional es competente para la revisión de los fallos de instancia, según los artículos 86 y 241 de la Carta Política; de acuerdo con el reglamento interno, y el auto de la Sala de Selección Número Once, corresponde la decisión a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas. 2. PROCEDENCIA DE LA ADMISION DE LA DEMANDA. La acción de tutela fue consagrada en la Carta Política de 1991 para hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten violados o gravemente amenazados por la actuación u omisión de las autoridades y, excepcionalmente, por comportamientos imputables a particulares. En la demanda del caso que se revisa, el actor aduce que la Trituradora El Diamante Ltda. ocasionó un daño grave a su casa de habitación y solicita que se le ordene repararlo o indemnizar a su dueño (folio 1 del primer cuaderno). Frente a tal situación, procedía inadmitir la demanda y remitir al señor Jaramillo Bernal ante la jurisdicción civil para reclamar la responsabilidad extracontractual a que hubiera lugar. Sin embargo, el Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal consideró prudente oir al demandante para completar los requisitos y aclarar los contenidos de la solicitud. En la “diligencia de ampliación de la tutela” (folios 5 y 6 del primer cuaderno), el señor Jaramillo Bernal planteó al Juez del conocimiento que la Trituradora El Diamante Ltda., contamina de tal manera el ambiente con la emisión de polvo, que él y su familia están siendo gravemente afectados por enfermedades respiratorias. Añadió el actor, que los daños en su casa de habitación amenazan gravemente la vida de sus moradores, quienes también están amenazados en su vida, por las condiciones inseguras en las que se realiza el transporte de los materiales de construcción producidos por la trituradora. Así, la admisión de la demanda se hizo procedente pues, aunque el derecho a un ambiente sano es un derecho colectivo, cuya protección debe buscarse a través de las acciones populares, en el caso planteado por Jaramillo Bernal procedía examinar si con la vulneración del derecho de la comunidad, también se estaba violando los derechos a la vida y la salud del demandante y su familia. Además, según el criterio expuesto luégo por el Defensor del Pueblo, no era irrazonable considerar que los afectados por la actividad industrial de la empresa demandada se encontraban en estado de indefensión, pues las quejas presentadas a las autoridades administrativas competentes, en el lapso de casi una década, no habían logrado que se hicieran efectivos los derechos vulnerados. 3. VIOLACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Una vez admitida la demanda, corresponde al actor probar la violación o amenaza de sus derechos y los de su familia, así como la relación causal entre el daño o amenaza y la actividad de la empresa demandada. En el caso sometido a revisión, el juez de primera instancia consideró que las pruebas aportadas al expediente justificaban el otorgamiento de la protección solicitada por el actor; en cambio, el juzgador de segunda instancia encontró insuficiente el acervo probatorio y, en consecuencia, revocó la decisión anterior. Corresponde entonces a la Sala pronunciarse al respecto. 3.1. Derecho a la salud. El demandante aduce que el polvo producido por las constantes explosiones y la trituración de la roca sale de la cantera y se esparce sobre el área en la que se encuentra su casa de habitación, provocando, al respirarlo él y su familia, constantes molestias respiratorias. Tanto el juez de primera como el de segunda instancia, realizaron una diligencia de inspección judicial destinada a comprobar la veracidad de lo afirmado por Jaramillo Bernal. El de primera la realizó en la casa del demandante, y el de segunda se detuvo en ese sitio, y luégo se trasladó hasta la trituradora para culminar allí la actuación. La Jueza 35 Penal Municipal hizo constar en el acta de la diligencia que: “...Igualmente podemos constatar que desde las afueras de la morada se pueden apreciar a una distancia aproximada de 300 metros unas montañas de las que podemos evidenciar son explotadas desde hace varios años y que igualmente revisten una vasta erosión, los árboles aledaños (mango y guayaba) al lugar se encuentran llenos de polvo, por cuanto sus hojas están llenas de ese material, así mismo podemos apreciar que constantemente transitan por la vía volquetas cargadas de piedra...” (folio 15 vuelto del primer cuaderno). A su turno, la Jueza 4 Penal del Circuito precisó: “1°) La casa de habitación de propiedad del señor Jaime Jaramillo Bernal se encuentra ubicada a la orilla de la vía de tránsito, por donde necesariamente deben subir y bajar los vehículos encargados del acarreo del material que se extrae de la mina, por fuera del sitio de entrada al área de la mina y a una distancia, por carretera, de 550 metros del sitio de explotación, según se pudo establecer al efectuar el recorrido, determinándose también que entre dicha vivienda y el frente o foco de explotación de la mina y el sitio de enclave de las trituradoras no hay contacto visual, pues entre una y otras se interponen otras viviendas y colinas levemente pronunciadas. 2°) En el sitio de explotación de la mina se puso a trabajar una de las trituradoras, primero en seco y luego con mezcla de agua como, según se nos informa, se labora de modo permanente, salvo cuando ha llovido, estableciéndose que en el primer caso el esparcimiento de polvo no es de suma intensidad y que se circunscribe al área adyacente al sitio de trituración y que en el segundo, por salir el material mezclado con el agua, esa exparción (sic) de polvo es casi nula. 3°) Desde el lugar donde funciona la oficina, ubicado más próximo al sitio de explotación que la vivienda del accionante, el ruido producido por la trituradora en funcionamiento no ocasiona ninguna molestia, ya que suena distante...” (folio 2 del segundo cuaderno). En últimas, parece razonable descartar la contaminación acústica producida por la Trituradora El Diamante Ltda. como generadora de daños a la salud del demandante y su familia; en cuanto al polvo, se descarta la emisión desde la cantera como fuente de contaminación del aire que pueda afectarlos, porque su dispersión es muy focalizada y es muy poco probable que el viento haga llegar a la casa del demandante las partículas mojadas, cuando entre el foco de contaminación y la casa en cuestión se interponen “...colinas levemente pronunciadas”. Sin embargo, subsiste el hecho de que Jaramillo Bernal y su familia sí están expuestos a respirar partículas de polvo; no las provenientes de la cantera, pero sí las ocasionadas por el paso de las volquetas cargadas con el producto de ella, tal y como lo indica el estado en que se encontró la vegetación a la vera de la vía. El punto es relevante, porque en el contrato vigente entre el Ministerio de Minas y Energía y los propietarios de la empresa demandante, se hace responsable a estos últimos de la vía que une a la cantera con la carretera que de Cali conduce a Montebello y otras localidades. La familia Jaramillo Collazos está expuesta al riesgo; pero, luégo de haberlo estado por 12 años, ¿tal exposición les ha ocasionado alguna afección? Para averiguarlo, el a-quo los remitió a un examen médico legal. El resultado fue el siguiente: 1) Nancy Collazos Molina, esposa del demandante: “...en el momento no presenta clínica compatible con afección respiratoria ocasionada por contaminantes ambientales” (folios 177-178); 2) Paola Andrea Jaramillo, hija del actor: “En el momento no hay signos o síntomas clínicos que nos permitan establecer padecimiento de enfermedad respiratoria ocasionada por contaminantes ambientales” (folios 179 y 180); 3) Jaime Jaramillo Bernal: “...al examen clínico practicado hoy no presenta elementos clínicos que permitan establecer diagnóstico de enfermedad alguna” (folios 181 y 182). Ahora bien: ¿puede imputársele a la Trituradora El Diamante Ltda. el exponer a la familia Jaramillo Collazos al riesgo señalado? No puede imputársele, pues ya la empresa estaba funcionando cuando los Jaramillo Collazos se establecieron donde hoy viven; lo estaba haciendo en un área destinada a actividades mineras y, en esa clase de zonas, no está permitido el establecimiento de viviendas, según las normas urbanísticas vigentes. En conclusión, no encuentra esta Sala que se haya probado violación o amenaza en contra del derecho a la salud de la familia Jaramillo Collazos que sea imputable a la empresa demandada. 3.2. Derecho a la vida. Desechado el argumento de que la explotación de la cantera causa tal contaminación que la salud de la familia Jaramillo Collazos resulta gravemente afectada, han de examinarse ahora los plantemientos según los cuales: 1) el transporte de los productos de la trituradora pone a los vecinos de la vía por la cual se efectúa -entre ellos al demandante y sus familiares-, en un grave e injustificado peligro para sus vidas; y 2) los efectos sísmicos de las explosiones amenazan con derruir la casa de habitación de la familia y ponen en peligro las vidas de sus moradores. - El transporte de materiales. Ambos jueces de instancia comprobaron que la vía que sirve de acceso a la cantera es estrecha, empinada, destapada y sinuosa. Por ella transitan diariamente las volquetas cargadas con productos de la trituradora, y otros vehículos; las volquetas van y vienen de la mañana a la tarde cotidianamente y han sufrido accidentes en el tramo de acceso a la cantera. Dos de éstos han tenido consecuencias fatales, y al menos en uno, el automotor comprometido cayó sobre una de las casas del Bajo Aguacatal. Sin embargo, también consta en el expediente que los riesgos debidos al tránsito de los productos de la cantera fueron evaluados por especialistas en la materia, que se hicieron las recomendaciones técnicas tendentes a minimizarlos, y que tales recomendaciones se han puesto en práctica. Este riesgo, lo comparten algunos de los habitantes del Bajo Aguacatal con los demás colombianos que viven a la vera de curvas pronunciadas en vías de alta inclinación, y no desaparecerá totalmente mientras haya circulación vehicular por la carretera que pasa frente a la casa de Jaramillo Bernal -sean automotores cargados con material de construcción, con pasajeros, o cualquiera otra cosa-. En relación con él, hay que señalar que no les fué impuesto a los moradores del sector por una actividad industrial iniciada después de su asentamiento en el paraje; antes bien, los habitantes del barrio se pusieron en situación de sufrir el riesgo, al establecer sus viviendas en el sitio que ocupan, ignorando los posibles daños que se previeron en la regulación urbanística, en la que se destinó esta zona a actividades mineras y se excluyó expresamente la destinación residencial, de los usos legítimos del suelo. - Efectos sísmicos de las explosiones. Sobre los efectos que las explosiones en la cantera tienen sobre la casa de habitación del actor, son contradictorias las apreciaciones de éste y del Procurador Agrario, con los estudios presentados por la empresa demandada. Es claro para la Sala que en este caso se respetan los márgenes de seguridad impuestos a la Trituradora El Diamante Ltda. por la regulación del Ministerio de Minas y Energía, y resulta concluyente la peritación practicada por el geólogo Flawer Raúl Ortiz González sobre la casa de uno de los vecinos del actor, que obra como prueba trasladada en los folios 125 a 127 del primer cuaderno, del cual se extrae el siguiente aparte: “En el área afloran diabasas intensamente fracturadas y meteorizadas a suelos arcillosos poco consolidados. En el caso específico del señor Pedro Luis Silva los terrenos constan además de tres capas de relleno de material no in situo (sic), esto es, que fueon traídos de otra parte, sobre ellos se hizo la fundación de la casa, con la infiltración del agua, unido esto a la baja consolidación del suelo es claro que puede haber un desplazamiento de las estructuras como lo demuestran los agrietamientos en sentido vertical hasta de un centímetro hacia el sur y en sentido horizontal más de un centímetro hacia el oeste; esto en la parte trasera de la construcción; el deslizamiento de suelos es por gravedad y puede deberse bien al peso mismo de la estructura contruída sobre él o bien a la falta de apoyo de su parte inferior que dá al valle del río Aguacatal; este apoyo en el momento actual periódicamente es lavodo por el río... La cantera El Diamante se encuentra situada a más de 300 metros hacia el norte de la construcción del señor Silva, por la misma conformación del frente cualquier explosión que se haga en ella, las esquirlas, la onda irán hacia el este con lo cual se disminuye el riesgo de que puedan caer sobre la casa del señor Pedro Silva. El tránsito vehicular de la calle que separa la construcción del señor Silva con la entrada a la cantera es intenso, se puede estimar en más de 200 vehículos por día; la vibración producida por este tránsito vehicular es mayor que la que puede producir una ´quema´ en la cantera que se sucede dos veces por día según lo atestigua el señor Pedro Silva, cada quema en promedio es de 70 kilogramos lo cual no va a producir una vibración de magnitud tal que pueda averiar la fundación de una construcción situada a más de 300 metros en distancia horizontal y 100 metros de diferencia de nivel o vertical. En sentido horizontal afectaría la cubierta o techo de las viviendas y en el sentido vertical afectaría las fundaciones y con ello las paredes portantes, situación que no ocurre en el caso del señor Pedro Silva. A esto hay que agregar que la cantera se halla situada dentro del área determinada como industrial o apta para canteras de materiales de construcción según el uso del suelo de la Oficina de Planeación Municipal de Santiago de Cali y por tanto dentro de ella no se recomienda establecer casas o viviendas por el alto riesgo que ello implica. Yo recomendaría que para evitar los daños que está sufriendo la casa del señor Silva y que pueden sufrir las demás construcciones vecinas, se proteja la rivera del río, la cual está socavando su márgen izquierda en detrimento del cauce de la margen derecha que fue estrechada para una futura construcción. Es todo”. 3.3. DERECHO A UN AMBIENTE SANO. Es claro que el medio en el que está situada la casa del actor no es el óptimo para usos residenciales. Él y sus vecinos construyeron o compraron casas levantadas sobre suelos de relleno, pendientes, erosionados por la lluvia y, en su parte inferior, socavados por el río. Además, sometidos a la vibración que produce el tráfico pesado en esa entrada al municipio. Según las pruebas que obran en el expediente, con o sin el funcionamiento de la empresa demandada, las casas del barrio Bajo Aguacatal se seguirán agrietando y amenazando la integridad de sus moradores. Es esta la razón por la cual el Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Cali sólo está dispuesto a incluírlas en sus planes de legalización de asentamientos subnormales, de manera selectiva y previa evaluación de los riesgos a los que están sometidas, según las características de su construcción y el suelo donde reposan (folios 375 a 377 del primer cuaderno). En conclusión, encuentra la Corte que no se probaron los cargos de la demanda y que, si bien los moradores del barrio Bajo Aguacatal se encuentran sometidos a una amenaza grave contra la efectividad de sus derechos fundamentales, ella no es imputable a la actividad que cumple la Trituradora El Diamante Ltda., sino a las características geológicas del terreno en el cual se construyó, contraviniendo las normas urbanísticas de la ciudad. Así, no se encuentra procedente la tutela de los derechos alegados por el actor y, por tanto, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito. DECISION En mérito de las consideraciones expuestas, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. Confirmar la sentencia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Santiago de Cali, en la que se consideró improcedente tutelar los derechos fundamentales aducidos por el señor Jaime Jaramillo Bernal. SEGUNDO. Comunicar la presente decisión al Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal de Santiago de Cali, para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Comuníquese, notifíquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-113-95 Sentencia No Sentencia No. T-113/95 DERECHO A LA SALUD/DERECHOS FUNDAMENTALES El derecho a la salud, cuando su vulneración o amenaza compromete otros derechos fundamentales como la vida, la integridad o el trabajo, goza de carácter fundamental y es susceptible de ser protegido por vía de la acción de tutela”. IUS VARIANDI-Contenido “El ius variandi no es absoluto. Está limitado, ante todo, por la norma constitucional que exige para el trabajo condiciones dignas y justas, así como por los principios mínimos fundamentales señalados por el artículo 53 de la Carta en lo que concierne al estatuto del trabajo. Y, por supuesto, su ejercicio concreto depende de factores tales como las circunstancias que afectan al trabajador, la situación de su familia, su propia salud y la de sus allegados, el lugar y el tiempo de trabajo, sus condiciones salariales, la conducta que ha venido observando y el rendimiento demostrado. PERSONAL DOCENTE-Traslado por enfermedad/PRINCIPIO DE IGUALDAD-Trato diferencial positivo/ESTADO SOCIAL DE DERECHO La enfermedad que la profesora padece está plenamente establecida en el expediente, así como la necesidad de que se traslade a Manizales, para recibir una atención médica mejor que la que ha sido posible brindarle durante sus incapacidades laborales desde 1992. Esto la coloca en una situación especial, que razonablemente justifica que el Estado diferencie las circunstancias en que ella se encuentra, de las de los demás profesores que soliciten traslado a la misma ciudad, a fin de darle un trato preferente. Con el trato diferencial positivo se aplica la filosofía esencial del Estado Social de Derecho, que se traduce en el deber del Estado de proteger a las personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, para hacer que la igualdad sea real y efectiva. El principio de igualdad y la posibilidad de realizar el Estado una diferenciación positiva tienen como fundamento el Preámbulo de la Constitución, cuando éste se refiere al propósito de asegurar la igualdad dentro de un marco social justo. Ref.: Expediente No. T-52224 Acción de tutela en contra de los municipios de Manzanares y Manizales por una presunta violación a los derechos a la vida y la salud. Temas: - Derecho a la salud y al trabajo. - Diferenciación positiva. Actor: Elizabeth Cardona Arias Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz Santafé de Bogotá D.C., dieciseis (16) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara Y Carlos Gaviria Díaz, este último en calidad de ponente, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN, procede a dictar sentencia de revisión en el proceso de la referencia, luégo de considerar: ANTECEDENTES 1. HECHOS. Elizabeth Cardona Arias fue incorporada como docente de tiempo completo mediante el Decreto No. 1057 del 27 de agosto de 1985, a la Escuela Urbana San Luis Gonzaga del municipio de Manzanares, Caldas (folio 22). En 1992, empezó a padecer de un desorden psiquiátrico denominado “enfermedad obsesivo compulsiva”. La junta de médicos de la Corporación de Medicina Integral “COMEDI”  recomendó su traslado a la ciudad de Manizales para poderla atender debidamente, pues allí se encuentran los recursos necesarios para tal cometido. La señora Cardona Arias solicitó su traslado al Alcalde de Manzanares y éste le manifestó su voluntad de colaborar en el trámite, aclarándole sin embargo, que de acuerdo con las normas vigentes la decisión depende del Alcalde de Manizales. Edgar Gutiérrez Sepúlveda, cónyuge de la docente, solicitó al Alcalde de Manizales que, conocida la situación de salud de su esposa, tramitara su nombramiento y correspondiente traslado, adjuntando las pruebas conducentes. El Secretario de Educación de Manizales respondió la petición el 9 de agosto de 1994, manifestando la imposibilidad de atenderla por no existir vacante alguna. 2. DEMANDA. A nombre y en representación de la señora Cardona Arias, el abogado José Conrado Ramírez Castro presentó demanda de tutela el 12 de septiembre de 1994, con fundamento en los hechos narrados anteriormente. Aduce que al no concedérsele el traslado a su apoderada, se le vulnera el derecho a la salud, y también el derecho fundamental a la vida, pues la enfermedad que padece la puede llevar a un intento de suicidio. Solicita al juez de tutela que se protejan los derechos a la vida y a la salud de su representada, y “que como consecuencia de la tutela de estos derechos fundamentales, se ordene a los señores Alcaldes Municipales de Manzanares y Manizales respectivamente, que para la efectividad de los derechos tutelados, se traslade a la señora Elizabeth Cardona Arias, desde Manzanares a la ciudad de Manizales...” (folio 13). 3. PRIMERA INSTANCIA. Conoció del proceso el Juzgado Promiscuo del Circuito de Manzanares, y el 20 de septiembre de 1994 decidió no tutelar los derechos fundamentales de la señora Cardona Arias, con base en las consideraciones que se pasa a resumir. El Alcalde de Manzanares manifestó su decisión de conceder el traslado a la actora, a condición de no privar al municipio de uno de sus docentes, pues la demanda de educación en el municipio no se lo permite y la señora Cardona Arias, a pesar de sus dolencias, viene cumpliendo a cabalidad con la función que le fue encomendada. El Alcalde de Manizales tampoco se ha opuesto a conceder el traslado, y si éste no se ha producido, es por falta de vacantes que cubrir. No existe en el proceso prueba alguna de que la vida de la docente se encuentre en peligro; “...por el contrario, según certificación expedida por los directores de la Escuela San Luis Gonzaga ella se encuentra adaptada al ambiente y los alumnos muestran buenos adelantos intelectuales por la responsabilidad con que ha actuado la accionante...” (folio 55). En todos los casos se ha atendido a las incapacidades médicas de la señora Cardona Arias, y se le han concedido los permisos que requirió para trasladarse a Manizales a fin de ser atendida. 4. IMPUGNACIÓN. Notificada la sentencia de primera instancia, el abogado Ramírez Castro la impugnó en la oportunidad legal, aduciendo las siguientes razones para su inconformidad con lo resuelto: El derecho a la salud invocado en la demanda tiene íntima relación, en este caso, con lo establecido en el inciso tercero del artículo 13 de la Carta Política, pues la demandante tiene derecho a la protección especial prevista allí para las personas que por su condición mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. La actuación de los alcaldes de Manzanares y Manizales es contraria al “deber humanitario y al principio de la solidaridad social, consagrado en nuestra Constitución Política en los artículos 1° y 95-2...” (folio 64). El peligro de que mi poderdante atente contra su vida en caso de no ser atendida debidamente, es real y consta en el expediente el concepto médico que da cuenta de él. 5. SEGUNDA INSTANCIA. Correspondió conocer de la impugnación a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, la cual decidió confirmar la sentencia del Juzgado Promiscuo del Circuito de Manzanares, el 25 de octubre de 1994 -ponencia del Magistrado Fernando Vásquez Botero-. Para resolver, consideró la Sala Laboral que: “Empero, lo anterior no es suficiente para concluír, demostrado como está que la accionante padece una enfermedad para cuyo tratamiento adecuado se recomienda su traslado de Manzanares a Manizales, que los señores Alcaldes contra los que se dirigió la tutela le estén violando su derecho a la salud. Y esto porque la conducta que a ellos se imputa en ningún momento puede calificarse de injusto o ilegal, ya que el traslado de docentes es un acto reglado, lo que implica que el traslado que reclama la señora Elizabeth Cardona Arias debe sujetarse a lo dispuesto en el art. 1° del Decreto 1706 de 1989 y al Decreto 1645 de 1992, y ningún esfuerzo hay que hacer para inferir que la situación de la peticionaria no tiene ningún tratamiento preferencial en tales disposiciones. Y por lo tanto, mal se podría acoger la tutela al no encontrarse nexo entre los actos de los señores Alcaldes de Manizales y Manzanares y la presunta violación de los derechos fundamentales” (folio 21). “Y se dice que la pauta jurisprudencial es aplicable en parte a nuestro caso en razón que en ella también contiene, con base en el artículo 13 de la Constitución Nacional que consaqgra el principio de la igualdad, una distinción entre discriminación y diferenciación, para disponer, que como se probó que la promotora de la actuación en que se hizo el pronunciamiento padecía una enfermedad que exigía ´un tratamiento permanente durante toda la vida en la ciudad de Cali´, que de presentarse una vacante se le diera prioridad a su petición de traslado. Pronunciamiento que el Tribunal no hace porque la gravedad del estado de salud de la señora Elizabeth Cardona Arias y la necesidad de un traslado definitivo a la ciudad de Manizales para que pueda superar aquél, no recibió el suficiente respaldo probatorio, ya que basta con anotar que el tiempo transcurrido entre la fecha en que se le diagnosticó la enfermedad (hecho segundo de la tutela) y la actual, es indicativo que no necesariamente la única forma de que reciba un adecuado y efectivo tratamiento es localizarla en esta ciudad a través del mecanismo del traslado; y la sola consideración que en Manizales, como es obvio, se cuente con mejores servicios médicos que permitiría una mejor atención a su salud, no es suficiente para ordenar la aludida diferenciación que autoriza el inciso 2° del artículo 13 de la Carta, pues de ser así serían incontables los casos que impondría actuar en idéntico sentido; advirtiéndose que el concepto que se afirma emitió el Dr. Rafael de la Hoz de la Cruz respecto a la situación que se puede llegar en estado de depresión (hecho 11, fls.13), tampoco justifica tomar esa medida porque ello es apenas una posibilidad, como que un enfermo del corazón sufra un infarto” (folio 23). CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. COMPETENCIA. La Corte Constitucional es competente para la revisión de los fallos de instancia proferidos en el trámite del presente proceso, en virtud de los artículos 86 y 241 de la Carta Política. Corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas pronunciar la decisión correspondiente, según el reglamento interno de la Corporación y el auto de la Sala de Selección Número Once, proferido el 28 de noviembre de 1994. 2. RATIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA. En el presente proceso, se plantea a la Corte el mismo problema jurídico que resolvió en las Sentencias T-330 y T-484 de 1993; en consecuencia, la solución que se adopte en la parte resolutiva, también debe coincidir con la que contienen esas providencias. El problema jurídico que debe resolverse en el presente proceso, puede plantearse en los términos de la Sentencia T-330 de 1993 (12 de agosto, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero): ¿Por medio de la acción de tutela puede una persona enferma que sin embargo viene trabajando, obtener el traslado a una ciudad en la que la asistan médicamente, pero en la que no existen actualmente plazas vacantes? 2.1. Derecho a la salud y al trabajo. Le asiste razón a la demandante al reclamar la protección de su derecho a la salud como fundamental, según sostuvo la Sala Segunda de Revisión en la Sentencia T-499 de 1992: “Una interpretación estrecha y formalista de la Constitución no tiene en cuenta la función de los derechos fundamentales como límites a las actuaciones u omisiones del Estado. El derecho a la salud (C.P. art. 49), cuando su vulneración o amenaza compromete otros derechos fundamentales como la vida, la integridad o el trabajo, goza de carácter fundamental y es susceptible de ser protegido por vía de la acción de tutela”. “Una enfermedad grave que no se contrarreste a tiempo se constituye en amenaza del derecho al trabajo hasta el grado de poder impedir su ejercicio...la atención oportuna de la persona enferma en una institución asistencial puede evitar la vulneración del derecho fundamental al trabajo” (21 de agosto de 1992, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz). También estableció la Corte, a través de la Sala Quinta de Revisión, que cuando se trata de medidas como el traslado, que afectan las condiciones de trabajo, el ius variandi no es absoluto; según la Sentencia T-483 del 27 de octubre de 1993, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo: “De ello se desprende que toda medida que afecte las condiciones de trabajo, en especial si tiende a modificarlas, debe ser considerada y sometida a previo análisis sobre la base insustituible del factor humano y de las circunstancias en medio de las cuales actúa”. “El ius variandi no es absoluto. Está limitado, ante todo, por la norma constitucional que exige para el trabajo condiciones dignas y justas (art. 25 C.N.), así como por los principios mínimos fundamentales señalados por el artículo 53 de la Carta en lo que concierne al estatuto del trabajo. Y, por supuesto, su ejercicio concreto depende de factores tales como las circunstancias que afectan al trabajador, la situación de su familia, su propia salud y la de sus allegados, el lugar y el tiempo de trabajo, sus condiciones salariales, la conducta que ha venido observando y el rendimiento demostrado. En cada ejercicio de su facultad de modificación el empleador deberá apreciar el conjunto de estos elementos y adoptar una determinación que los consulte de manera adecuada y coherente. En últimas, debe tomar en cuenta que mediante aquella no queda revestido de unas atribuciones omnímodas que toman al trabajador como simple pieza integrante de la totalidad sino como ser humano libre, responsable y digno en quien debe cristalizarse la administración de justicia distributiva a cargo del patrono”. “Esto no implica, desde luego, la pérdida de la discrecionalidad que la ley confiere al patrono, oficial o privado, sino que representa un uso razonable de la misma, acorde con los propósitos de flexibilidad y ajuste que ella persigue”. 2.2. Diferenciación positiva. Dentro de este marco, todos los docentes vinculados al escalafón del Ministerio de Educación Nacional pueden solicitar su traslado a un sitio distinto al de su sede actual, y a cada uno de ellos se le deben garantizar las mismas posibilidades de que sea aprobado, dentro de un trámite que respete las disposiciones legales sobre la materia; para el caso de Manizales, respetando el alcalde las limitaciones que imponen la planta de personal, la disponibilidad presupuestal, la capacidad de las aulas, etc. Sobre esas bases, los jueces de instancia juzgaron que no procedía el otorgamiento de la tutela solicitada por la señora Cardona Arias, y que la actuación de los alcaldes demandados no vulneró los derechos fundamentales que ella reclama. Sin embargo, la enfermedad que la profesora Cardona Arias padece está plenamente establecida en el expediente, así como la necesidad de que se traslade a Manizales, para recibir una atención médica mejor que la que ha sido posible brindarle durante sus incapacidades laborales desde 1992. Esto la coloca en una situación especial, que razonablemente justifica que el Estado diferencie las circunstancias en que ella se encuentra, de las de los demás profesores que soliciten traslado a la misma ciudad, a fin de darle un trato preferente. Según la Sentencia T-330 del 21 de agosto de 1993, antes citada: “Con el trato diferencial positivo se aplica la filosofía esencial del Estado Social de Derecho, que se traduce en el deber del Estado de proteger a las personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, para hacer que la igualdad sea real y efectiva (incisos 2° y 3° del art. 13 de la Constitución Política)” “El principio de igualdad y la posibilidad de realizar el Estado una diferenciación positiva tienen como fundamento el Preámbulo de la Constitución, cuando éste se refiere al propósito de asegurar la igualdad dentro de un marco social justo. También en el artículo 2° al consagrar los deberes sociales del Estado, propugna el cumplimiento de uno de los fines esenciales, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. DECISIÓN Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional revocará la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral, y concederá la tutela solicitada por Elizabeth Cardona Arias para sus derechos a la salud, al trabajo y a una protección especial por parte del Estado. No es competente la Corte para resolver sobre la efectividad del traslado de la actora a Manizales, suplantando a las autoridades administrativas, pero sí le compete ordenar a éstas que le den la debida protección al derecho que tiene la petente para que su solicitud de traslado reciba una considearación preferencial cuando se presente una vacante. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, RESUELVE: PRIMERO. Revocar la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral, del 25 de octubre de 1994, y en su defecto tutelar los derechos a la salud, al trabajo y a la igualdad, reconociendo las condiciones de debilidad manifiesta en que se encuentra Elizabeth Cardona Arias SEGUNDO. Ordenar a los Alcaldes de Manzanares y Manizales que a la solicitud de traslado de la docente Elizabeth Cardona Arias se le dé un tratamiento preferencial en razón de su estado de salud, tan pronto se presente una vacante en Manizales, sin que el traslado pueda desmejorar las condiciones laborales de la accionante. TERCERO. Comunicar la presente providencia al Juzgado Promiscuo del Distrito de Manzanares para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-114-95 Sentencia No Sentencia No. T-114/95 DEBIDO PROCESO-Vulneración/REGLAMENTO EDUCATIVO/CANCELACION DE MATRICULA En detrimento del debido proceso, el demandante no fue oído antes de ser sancionado con la cancelación de su matrícula; no tuvo ocasión de defenderse; no fue castigado con base en un acervo probatorio o de acuerdo a una falta grave prevista en el reglamento, y tampoco fue penalizado respetando el principio de la proporcionalidad. Cuando el reglamento del Colegio adolezca de un procedimiento específico y claro para la resolución de este tipo de asuntos lo menos que puede esperarse de sus directores es que oigan a los presuntos infractores. Lo contrario sería dar al alumnado el mal ejemplo de tomar decisiones apresuradas, sin la información necesaria y cediendo al influjo de prejuicios, conducta antipedagógica y contraria a  todo fin educativo. Así las cosas, para la Corte es patente la vulneración del derecho del demandante al debido proceso. Por consiguiente, el amparo de su derecho, que procede frente a las conductas atentatorias de los derechos fundamentales efectuadas por particulares que prestan un servicio público, llevará a la Sala a ordenar a las directivas del Colegio dejar sin efecto la cancelación de la matrícula. DERECHO A LA EDUCACION/DERECHOS FUNDAMENTALES-Vulneración La educación es un derecho de la persona sin restricciones o limitaciones por la edad u otros motivos. De esta suerte, el actor, a pesar de haber llegado a la mayoría de edad antes de su expulsión, sí podía ejercer la acción de tutela para la defensa de su derecho fundamental a la educación. Y, puesto que la cancelación de su matrícula se dio en circunstancias de violación del derecho al debido proceso, es indudable que su desvinculación del Colegio le ha impedido injustamente el disfrute de la educación a la que tiene derecho. Referencia     :      proceso T-51185 Actor             :      José Fernando Libreros                                                                Ayerbe Procedencia   :      Juzgado Sexto (6o.) de                                                                 Familia de Cali Ponente         :      doctor Jorge Arango Mejía Sentencia aprobada en sesión del día  diez y seis (16) del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Primera (1a.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados JORGE ARANGO MEJÍA, ANTONIO BARRERA CARBONELL y EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, decide sobre la sentencia del JUZGADO SEXTO (6o.) DE FAMILIA DE CALI, de fecha doce (12) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). I. ANTECEDENTES A. Hechos El estudiante JOSÉ FERNANDO LIBREROS AYERBE, representado por el doctor CÉSAR AYERBE CHAUX, el veintinueve (29) de septiembre del año pasado, presentó, ante el JUZGADO CUARTO (4o.) DEL CIRCUITO DE CALI, una tutela contra el COLEGIO JUANAMBÚ, la cual fue repartida al JUZGADO SEXTO (6o.) DE FAMILIA del mismo Circuito (radicación: folio 1410, partida 6725, 29 septiembre de 1994). En su reclamación, el actor solicitó protección de sus derechos constitucionales a la igualdad, al buen nombre, al debido proceso y a la educación. Basó su demanda en los siguientes hechos y razones: El siete (7) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), cuando los alumnos del COLEGIO JUANAMBÚ subían a los buses que los llevarían de regreso a sus casas, cualquiera dijo en voz alta “Monra”, apodo del estudiante HUGO ALEJANDRO CAICEDO DE LA ESPRIELLA y cuya autoría se achacaba a JOSÉ FERNANDO LIBREROS AYERBE. Ofendido, CAICEDO DE LA ESPRIELLA agredió al demandante, suscitándose “un ligero cambio de golpes” sin consecuencias. Al día siguiente, la Junta de Dirección, conformada por los señores REGINO NAVARRO RIBERA -Rector-, JOSÉ HERNEY MORALES, EDGAR GARCÍA CANOAS, GILBERTO GAMBOA BERNAL y NÉSTOR RODRIGO ACEVEDO GONZÁLEZ, sin haber oído a los encartados y considerando que según el Manual de Convivencia, “pelear en el parqueadero del Colegio a la hora en que salían todos los alumnos para sus casas, estando presentes los profesores y los alumnos” constituía una falta grave, decidió “dar por terminada la matrícula de los alumnos en mención”. Esta determinación, tomada con arreglo al acta número 001 del ocho (8) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) (folios 35 y 36), fue ratificada el doce (12) de septiembre siguiente (acta número 002, folio 37). La decisión se comunicó a la doctora ANA VIRGINIA AYERBE, madre del actor, mediante una carta del nueve (9) de septiembre del mismo año, suscrita por los señores REGINO NAVARRO RIBERA y NÉSTOR RODRIGO ACEVEDO, en sus calidades de Presidente y Secretario de la Junta de Dirección del Colegio (folio 6). Este escrito planteó la justa causa en otros términos, porque dijo que “el hecho en sí quizá ameritaría otro tipo de sanción”, pero que la cancelación de la matrícula era inevitable por “la trayectoria” del alumno “en los últimos años”, pues “su comportamiento ha sido negativo y en repetidas ocasiones se le ha llamado seriamente la atención”. Y agregó que “si después de estar un año por fuera del Colegio, quisiera regresar a Juanambú, se podría considerar esa posibilidad siempre que tuviera un promedio igual o superior a 8.0 y una conducta intachable en el colegio donde estudie”. Por último, las reglamentaciones del “Manual de Convivencia” tienen una parte llamada “Cancelación de la Matrícula”, donde sólo se lee lo siguiente: “El Colegio podrá cancelar la matrícula de un alumno si, a juicio de la Junta de Dirección, incurriese en una falta de tal gravedad que amerite este hecho. “Se consideran faltas de gravedad: “Inmoralidad: Pornografía, escándalo con hechos o palabras, hurtos, calumnias. “Irrespeto: a profesores, empleados o alumnos, mayores o menores. “Daños materiales voluntarios: Rayar paredes, pupitres, romper vidrios y otros objetos del Colegio o de algún alumno. “Copia o intento de fraude: comprobado en lecciones o tareas. “Salir de Colegio sin permiso en horas de clase: reviste especial gravedad, ya que los alumnos están confiados al Colegio durante este tiempo. “Fumar o ingerir bebidas alcohólicas dentro de una actividad del Colegio.” B. El fallo del JUZGADO SEXTO (6o.) DE FAMILIA DE CALI Ese despacho, mediante sentencia -no recurrida- del doce (12) de octubre del año pasado, denegó la tutela promovida por JOSÉ FERNANDO LIBREROS AYERBE. Consideró que no se violó el derecho a la igualdad, porque el reglamento del Colegio es general; que no se vulneró el derecho a la intimidad y al buen nombre, pues “el nombre y apellido de JOSÉ FERNANDO LIBREROS AYERBE será el mismo, y seguirá siéndolo, con sanción o sin ella”; que no se afectó el derecho a la intimidad, puesto que el contenido de la carpeta del estudiante no se ha dado a la publicidad; que no se transgredió el derecho al debido proceso, toda vez que, de una parte, el artículo 319 del Código del Menor no era aplicable al actor, mayor de edad para cuando se le canceló la matrícula, y, de otra parte, de los antecedentes disciplinarios del estudiante y la conducta del plantel educativo, “se siguió paso a paso un procedimiento, el cual no tuvo eco ni en el alumno ni en la madre de éste, pues a pesar de enterárseles de cada una de sus conductas, nada hicieron para mejorar disciplinariamente...”; y, finalmente, el juzgado estimó que tampoco se perjudicó el derecho a la educación, pues la decisión del Colegio no fue arbitraria sino basada en un reglamento “violado reiteradamente por el estudiante sancionado”, amén de que “la educación es un derecho fundamental en tratándose de un menor de edad y no de un mayor de edad como acontece en el caso de autos”. II. CONSIDERACIONES A. Competencia La Sala es competente para decidir sobre la sentencia que se revisa, por lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991. B. La tutela está llamada a prosperar porque, en detrimento del debido proceso, el demandante no fue oído antes de ser sancionado con la cancelación de su matrícula; no tuvo ocasión de defenderse; no fue castigado con base en un acervo probatorio o de acuerdo a una falta grave prevista en el reglamento, y tampoco fue penalizado respetando el principio de la proporcionalidad El artículo 29 de la Constitución Política es terminante cuando ordena que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. Para esta Sala de Revisión, es claro que la cancelación de la matrícula de un estudiante es la conclusión de una “actuación administrativa”, sujeta, por consiguiente, al debido proceso. En la sentencia T-369 del veintidós (22) de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (1994), en una acción de tutela contra el Consejo Directivo de la Universidad Libre, la Sala, en palabras válidas para el presente asunto, expresó la misma idea así: “Ahora bien, el artículo 29 de la Constitución establece que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. La norma, en sentir de la Sala, cuando somete las actuaciones administrativas a este principio, lo hace en forma general, sin distinciones entre lo público y lo privado. Por tanto, las determinaciones del Consejo Directivo no escapan a la aplicación del debido proceso.” Y en la sentencia T-386 del año pasado, emanada de la Sala Segunda (2a.) de Revisión, se sostuvo la tesis de que el poder reglamentario de los planteles educativos, en últimas, tiene su origen en la Constitución, y, por tanto, no la puede contradecir: “Para la Corte es claro entonces, que la ley asignó a los establecimientos educativos, públicos y privados, un poder de reglamentación dentro del marco de su actividad. Los reglamentos generales de convivencia, como es de la esencia de los actos reglamentarios, obligan a la entidad que los ha expedido y a sus destinatarios, esto es, a quienes se les aplican, porque su fuerza jurídica vinculante deviene en forma inmediata de la propia ley y mediata de la Constitución Política. “En efecto, el aludido poder reglamentario que implementa el legislador tiene su soporte en la Constitución Política, la cual caracteriza la educación como un servicio público (art. 67), cuya prestación puede estar no sólo a cargo del Estado sino de los particulares, y la somete ‘al régimen jurídico que fije la ley (art. 365)’ (...)”. Sentado esto, debe recordarse que, en términos generales, el debido proceso es un todo compuesto por una serie de garantías, dentro de las cuales, entre otras, figuran el derecho a la defensa y el de presentar pruebas y controvertirlas. Lo anterior significa que el actor, antes de ser sancionado con la cancelación de su matrícula, tenía el derecho de defenderse de las imputaciones formuladas en su contra. Sin embargo, del expediente no se deduce que se le haya dado la oportunidad para ello. Por el contrario, es claro que no fue llamado a rendir descargos, y que se lo sancionó por la comisión de una “falta grave” que no fue claramente identificada según las sanciones reglamentarias. Esto último se dice porque la participación en peleas, de acuerdo al citado capítulo sobre cancelación de matrículas del “Manual de Convivencia”, bien puede estar en el concepto de “Inmoralidad” -como escándalo- o en el de “Irrespeto”. En estas condiciones mal podía defenderse el demandante, que, frente al listado de faltas graves, no podía saber concretamente cuál o cuáles le eran imputadas. Pero, hay más fallas de naturaleza procesal. Una consiste en la carencia total de investigación de los hechos y en la inexistencia de un acervo probatorio. Esto explica la ausencia de testimonios que señalen al actor como quien gritó el apodo que dio origen a la pelea, o de pruebas que, por ejemplo, demuestren que LIBREROS AYERBE  procedió desproporcionadamente frente a la agresión de CAICEDO DE LA ESPRIELLA. Para la Sala esta situación es constitucionalmente inaceptable, pues supone la imposición caprichosa, arbitraria, de sanciones, incompatible con el debido proceso y con uno de sus postulados esenciales, a saber, el de la publicidad de los procesos y actuaciones. Otra falla se refiere al cambio de la justa causa para la sanción del estudiante. En efecto, en el acta 001, ya mencionada, de la Junta de Dirección, lo que, grosso modo, motivó la cancelación de la matrícula, fue el hecho de pelear en el Colegio. No obstante, en la carta curiosamente dirigida a la madre del expulsado y no a este último -quien es mayor de edad-, fuera de que el Presidente y el Secretario de la Junta restaron gravedad a lo hecho por LIBREROS AYERBE -porque admitieron que la conducta del alumno “quizá ameritaría otro tipo de sanción”-, lo esgrimido contra el alumno no siguió siendo el hecho de la riña sino algo enteramente nuevo: el conjunto de sus antecedentes de indisciplina. Alrededor de esto, la Sala considera que al procederse así, además de desvirtuarse la decisión que consta en el acta 001, el Rector y el Secretario de la Junta de Dirección, actuando motu proprio, volvieron a caer en la vulneración del debido proceso, pues de nuevo, sin competencia para ello, sancionaron al encartado sin darle oportunidad de defensa y sin encuadrar las nuevas acusaciones dentro del conjunto de faltas graves previstas por el reglamento. Al respecto, vale la pena recordar que en el “Manual de Convivencia”, en el capítulo sobre cancelaciones de matrícula, no figura ninguna causal que diga que la suma de antecedentes disciplinarios es motivo suficiente para la imposición de esa clase de sanciones. Por lo demás, la Corte estima que, a menos que los correspondientes reglamentos contemplen la acumulación de cierto número de llamados de atención como justa causa para la cancelación de las matrículas -llamados de atención que tienen que ser razonablemente recientes, pues tampoco pueden pesar indefinidamente sobre la estabilidad del vínculo con los centros de educación-, los establecimientos educativos, en aplicación del principio que enseña que no puede haber sanción sin ley previa que la contemple, no pueden dar por terminadas las matrículas de sus estudiantes. Y hay otra falla adicional: admitiendo, en gracia de discusión, que la actuación del actor en la pelea objeto de esta acción, no pueda tipificarse dentro del esquema de la legítima defensa, de todas maneras existe una desproporción entre la medida tomada por el Colegio -la cancelación de la matrícula- y la conducta supuestamente incorrecta del alumno. Evidentemente, la participación en una pelea que no pasó de un leve intercambio de golpes, no puede ser considerada como grave, menos aún en el ambiente escolar que por definición es para la formación de personas. La tesis expuesta, que, con base en el principio de la proporcionalidad aplicado al servicio público de la educación, afirma que las faltas leves, en vez de penalizarse con la expulsión de los estudiantes, deben tener sanciones dirigidas más que todo a la corrección de la conducta y a la formación de los alumnos, es simple reiteración de la jurisprudencia contenida en la sentencia T-015 del veinticinco (25) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) de la Sala Séptima de Revisión. Así las cosas, para la Corte es patente la vulneración del derecho del demandante al debido proceso. Por consiguiente, el amparo de su derecho, que procede frente a las conductas atentatorias de los derechos fundamentales efectuadas por particulares que prestan un servicio público, llevará a la Sala a ordenar a las directivas del Colegio dejar sin efecto la cancelación de la matrícula. Estas consideraciones, sumadas a la idea de que en el presente caso, una vez quede sin efectos la cancelación de la matrícula, el estudiante quedará en la situación de no haber sido investigado ni juzgado, también conducirán a la Sala a indicar que el Colegio, dentro de un plazo razonable, puede iniciar contra el señor LIBREROS AYERBE un debido proceso para juzgar su conducta con ocasión de la pelea con el ex-alumno HUGO ALEJANDRO CAICEDO DE LA ESPRIELLA, y absolverlo o, si es del caso, sancionarlo conforme al reglamento y proporcionalmente a la falta que resulte probada. Por lo demás, no sobra anotar que aun cuando el reglamento del Colegio adolezca de un procedimiento específico y claro para la resolución de este tipo de asuntos -infortunadamente el caso del COLEGIO JUANAMBÚ-, lo menos que puede esperarse de sus directores es que oigan a los presuntos infractores. Lo contrario sería dar al alumnado el mal ejemplo de tomar decisiones apresuradas, sin la información necesaria y cediendo al influjo de prejuicios, conducta antipedagógica y contraria a  todo fin educativo. Finalmente, vale la pena señalar que, a juicio de la Corte, el otorgamiento de la tutela se ajusta al mandato constitucional, pues el actor no contaba con otro medio de defensa judicial idóneo para la protección de sus derechos. C. La concesión de la tutela también obedece a la defensa de los derechos constitucionales a la educación y al buen nombre Teniendo en cuenta que en esta tutela se presentó la ya señalada violación del debido proceso, es forzoso aceptar que la cancelación de la matrícula del demandante es una sanción antijurídica. Por consiguiente, su principal consecuencia, es decir, la de que el interesado, a partir del nueve (9) de septiembre del año pasado, no tiene el derecho de asistir a las clases del décimo (10o.) grado dictadas en el COLEGIO JUANAMBÚ, también quebranta el ordenamiento jurídico, particularmente en lo atinente al derecho constitucional del ex-alumno LIBREROS AYERBE a la educación. Este derecho, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, es fundamental a pesar de estar ubicado en el capítulo en que la Constitución se ocupa de los derechos sociales, económicos y culturales. Pero, fuera de ser fundamental, constitucionalmente el derecho a la educación no está concebido sólo para algunos miembros de la sociedad. En efecto, los dos primeros incisos del artículo 67 de la Carta tienen un alcance muy amplio. Veamos. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. “La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.” (negrillas fuera de texto) Como se puede apreciar, la disposición, sin restricciones o limitaciones por la edad u otros motivos, reconoce que “la educación es un derecho de la persona”. Por tanto, al intérprete no le es posible introducir distinciones que la norma no contiene. En este orden de ideas, es claro, entonces, que el JUZGADO SEXTO (6o.) DE FAMILIA DE CALI se equivocó cuando, para denegar la tutela, sostuvo la tesis de que el derecho a la educación sólo es fundamental para los menores de edad. De esta suerte, el actor, a pesar de haber llegado a la mayoría de edad antes de su expulsión, sí podía ejercer la acción de tutela para la defensa de su derecho fundamental a la educación. Y, puesto que la cancelación de su matrícula se dio en circunstancias de violación del derecho al debido proceso, es indudable que su desvinculación del Colegio, a partir del nueve (9) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), le ha impedido injustamente el disfrute de la educación a la que tiene derecho. Consiguientemente, la Sala ordenará al COLEGIO JUANAMBÚ restablecer de inmediato al señor LIBREROS AYERBE en su calidad de estudiante del décimo (10o.) grado. Adicionalmente, debe decirse que en la medida en que el actor, como consecuencia de las órdenes impartidas por esta providencia, volverá a ser alumno del Colegio en las mismas condiciones en que estaba antes de su expulsión, recuperará su buen nombre, ciertamente afectado por los acontecimientos que rodearon la cancelación de su matrícula. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. REVOCAR el fallo proferido por el JUZGADO SEXTO (6o.) DE FAMILIA DE CALI el doce (12) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), y, en su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos que el estudiante JOSÉ FERNANDO LIBREROS AYERBE tiene al debido proceso, la educación y al buen nombre. SEGUNDO. ORDENAR al COLEGIO JUANAMBÚ dejar sin efecto la cancelación de la matrícula del alumno JOSÉ FERNANDO LIBREROS AYERBE, decisión tomada con arreglo al acta de la Junta de Dirección número 001 del ocho (8) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), ratificada el doce (12) de septiembre siguiente y comunicada a su señora madre, doctora ANA VIRGINIA AYERBE, mediante carta del nueve (9) de septiembre del mismo año. TERCERO. ORDENAR al citado colegio restablecer al señor LIBREROS AYERBE en su calidad de estudiante del décimo (10o.) grado. CUARTO. ADVERTIR que, en un plazo razonable, el colegio puede iniciar contra el señor LIBREROS AYERBE un debido proceso para juzgar su conducta con ocasión de la pelea con el ex-alumno HUGO ALEJANDRO CAICEDO DE LA ESPRIELLA, y absolverlo o, si es del caso, sancionarlo conforme al reglamento y proporcionalmente a la falta que resulte probada. QUINTO. PREVENIR al COLEGIO JUANAMBÚ para que dé cumplimiento a las anteriores órdenes, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al momento en que sea notificado de la sentencia. SEXTO. COMUNICAR este fallo al JUZGADO SEXTO (6o.) DE FAMILIA DE CALI, para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte. JORGE ARANGO MEJÍA Magistrado ponente ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado MARTHA SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-115-95 Sentencia No _Sentencia No. T-115/95 DERECHO AL ESPACIO PUBLICO/DERECHO AL TRABAJO-Coexistencia/VENDEDOR AMBULANTE Del libre ejercicio del derecho fundamental al trabajo depende la subsistencia de las familias del vendedor o comerciante informal, su ocupación del espacio público no está legitimada por la Constitución. Cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio público ocupado por comerciantes informales "deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación, de manera que se concilien en la práctica los intereses encontrados. ADMINISTRACION PUBLICA-Ineficiencia Una actuación desordenada e ineficiente de la administración, aunque el objetivo buscado con ella sea la prevalencia del interés general sobre el particular, comparta, casi con seguridad, daños que, por el mismo caos generado en la falta de previsión de quienes debieran desplegarla en grado sumo habida cuenta de sus responsabilidades públicas, se salgan de su propio control y se produzca, entonces, además del perjuicio al interés colectivo, una violación a los derechos fundamentales de los asociados involucrados en tal situación.  La responsabilidad por la vulneración de los derechos en casos como el señalado recae en la administración. Sería injusto que la soportaran los particulares, sobre todo si, como sucede en el caso bajo examen, ellos están ejerciendo una actividad lícita. VENDEDOR AMBULANTE-Ubicación/VENDEDOR AMBULANTE-Discriminación La Corte que la administración municipal de Ibagué vulneró los derechos a la igualdad y el trabajo de los accionantes, no por haber programado un desalojo del espacio público -pues allí hizo prevalecer, como era su obligación, el interés general sobre el particular-, sino por haber concebido la ampliación de la plaza de mercado con una capacidad a todas luces insuficiente, y por haber planeado el acceso a los puestos de trabajo dentro del inmueble con base en un proceso en el que imperó el más absoluto desorden administrativo, a tal punto que de las pruebas allegadas no se extrae siquiera la conclusión de si hubo o no sorteo para efectuar las adjudicaciones. Sea que así hubiera ocurrido o que se hubiere procedido sin razonable criterio e ignorando la realidad de cada caso, la caprichosa distribución de los lugares de ubicación en la plaza implicó injustificada discriminación entre personas que se hallaban en las mismas circunstancias. MUNICIPAL-Falta de planeación La administración municipal de Ibagué (Alcaldía y Empresas Públicas) no fue cuidadosa en la planeación del programa que debería llevar a cabo para despejar el espacio público, mediante construcciones adicionales en la plaza de la 21, ni para reubicar a los vendedores informales de productos agrícolas, pues las obras adelantadas han debido partir de un adecuado, pleno y oportuno conocimiento de las necesidades de espacio, a fin de poder incluir dentro del inmueble a todos los vendedores. VENDEDOR AMBULANTE-Adjudicación de puestos/DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración por errónea adjudicación Se impone amparar los derechos de los peticionarios en cuanto ha sido establecido sin duda que el programa de desocupación del espacio público y posterior adjudicación de puestos, no se hizo en condiciones que garantizaran el derecho a la igualdad. JUEZ DE TUTELA-Improcedencia de orden administrativo La tarea del juez de tutela no consiste en señalar pautas específicas de carácter técnico, presupuestal o administrativo, sino en proteger, mediante órdenes de inmediato cumplimiento, los derechos fundamentales, dejando a la administración en libertad de actuar, para cumplir tales disposiciones, dentro de su órbita funcional y con arreglo a las competencias de las cuales es titular. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expedientes acumulados T-48621, T-48625, T-48633, T-50218, T-50233, T-50234, T-50235, T-50236, T-50244, T-50313, T-50314, T-50315, T-50317, T-50318, T-50319, T-50320, T-50321, T-50322, T-50323, T-50787, T-50788, T-50789, T-50790, T-50791, T-50792, T-50793, T-50936, T-50937, T-50938. Acciones de tutela instauradas por MARIA BETTY CRISTANCHO y otros contra El ALCALDE MUNICIPAL Y EL GERENTE DE LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE IBAGUE. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., según consta en acta del dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Corte Constitucional, por intermedio de su Sala Quinta de Revisión, procede a efectuar el examen de los fallos proferidos para resolver sobre el asunto en referencia. I. INFORMACION PRELIMINAR MARIA BETTY CRISTANCHO, JOSE HEINER GUZMAN V., CILENIA SANTAFE, MARIA IDALIA HERNANDEZ, CECILIA SIERRA, HECTOR HUGO MEDINA M., TEODOCIA DUCUARA DE OVIEDO, ELIZABETH POLANIA CIFUENTES, PEDRO JOSE AFANADOR PEREZ, MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO, MARTIN ARIAS ANDRADE, ESPERANZA RAMIREZ, JOSE HUMBERTO ROSAS, ANA CONSTANTINA POLONIA ARANGO, MARTHA MANRIQUE MANRIQUE, LUZ MILA TRUJILLO, JOSE ARCANGEL RANGEL O., VICENTE HERNANDEZ, MARIA DIOMAR MORALES, CESAR RODRIGUEZ PEÑUELA, ISMAEL BONILLA SIERRA, CARLOS ALBERTO DAZA, IMELDA SANTA LOZANO, ABEL AFANADOR PEREZ, DAVID TORRES AGUIAR, BEATRIZ BALLESTEROS S., ANACELY JIMENEZ DE LOZANO, CARMEN ELENA CIFUENTES y MARIA ANAIS MURILLO, todos vendedores de productos agrícolas de la plaza de mercado de la calle 21 en la ciudad de Ibagué, ejercieron sendas acciones de tutela contra el Alcalde y contra el Gerente de las Empresas Públicas Municipales, por considerar que les habían sido vulnerados sus derechos de trabajo y de petición y que, con las actuaciones de los señalados funcionarios, se atentaba contra la familia como núcleo esencial de la sociedad. Expresaron los accionantes que llevaban varios años ejerciendo su actividad comercial en el "reguero" de la mencionada plaza de mercado. La administración, según los accionantes, planeó la construcción de un "planchón" cubierto en donde serían ubicados más de ciento setenta (170) vendedores, con el objeto de descongestionar una calle del lugar. A la postre, únicamente cupieron noventa (90) vendedores, mientras los demás -entre los cuales se encontraban los accionantes- quedaron desubicados y despojados de la oportunidad de trabajar. Dijeron finalmente que, cuando tratan de poner en venta los productos de su negocio en el sitio en el cual tenían sus puestos, son atropellados por la fuerza pública o detenidos, al paso que les decomisan los alimentos que ofrecen. II DECISIONES JUDICIALES Las solicitudes de tutela fueron resueltas en contra de los vendedores, tanto en primera como en segunda instancia, pues el  Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de Ibagué  -Sala Laboral- y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia -ésta en los casos en que hubo impugnación- consideraron que el Alcalde y las Empresas Públicas habían actuado bien y en ejercicio de sus atribuciones, buscando conciliar el derecho al trabajo de los comerciantes que ejercen sus actividades en calles adyacentes a la plaza de mercado con el derecho  al espacio público y a la seguridad personal, de los cuales son titulares las personas que transitan por el sector, si bien el objetivo de adecuar la plaza de mercado para ubicar a todos los vendedores de productos agrícolas no se logró por imposibilidad física. Igualmente, los jueces consideraron que se trataba de una situación causada por el desorden de los vendedores, quienes se encuentran representados por diversas entidades gremiales que procuran obtener, cada una, el mayor número de puestos asignados en la plaza, con las consecuencias que ello implica para la distribución de los locales construidos. Estimaron también que debía darse prelación al interés general, representado por el derecho al espacio público, sobre el bien particular, constituído en este caso por el derecho al trabajo. El Tribunal puso de presente en su providencia que, si bien se estaba ante un problema social, los jueces no podían impartir las órdenes necesarias para solucionarlo pues, en caso de hacerlo, se convertirían en coadministradores. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos al resolver sobre las acciones de tutela instauradas, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y según las reglas del Decreto 2591 de 1991. Las providencias materia de examen fueron seleccionadas, acumuladas y repartidas a esta Sala. Teniendo en cuenta la unidad de materia y puesto que la totalidad de las acciones se dirigían contra las mismas autoridades, se decidirá en conjunto mediante un solo fallo. El conflicto entre el espacio público y el derecho al trabajo. Necesidad de su armonización. Responsabilidad de la administración pública. Responsabilidad de los trabajadores informales. Responsabilidad de terceros. Situaciones como la planteada en relación con los vendedores de la plaza de mercado de la 21 en la ciudad de Ibagué han sido abordadas en oportunidades anteriores por la Corte Constitucional. Aparece de bulto en estos casos el conflicto entre el interés general, implícito en la utilización del espacio público, y el derecho al trabajo de quienes lo han venido ocupando y deben ser desalojados de él. La Constitución Política expresa con claridad que el trabajo es un derecho fundamental y que, en todas sus modalidades, merece la especial protección del Estado (artículo 25 C.P.), pero también señala que una de las bases de la convivencia en el Estado colombiano es el predominio del interés general (artículo 1º) y que es deber de las autoridades velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, que prevalece sobre el interés particular (artículo 82 C.P.). Es a la jurisdicción a la que corresponde en últimas resolver sobre la pugna de intereses, como lo indicó la Corte desde su Sentencia T-225 del 17 de junio de 1992 (M.P.: Dr. Jaime Sanin Greiffenstein), pues a su cuidado está la defensa de los derechos fundamentales involucrados. A los términos de dicho fallo se remite ahora la Corte para reiterar que el asunto debe ser solucionado teniendo en cuenta no solamente el contenido material del derecho al trabajo y la necesidad de un efectivo cuidado administrativo en el manejo y conservación del espacio público, sino la realidad incontrastable del acontecer social, que no se puede ignorar por cuanto constituye elemento de primordial importancia en el curso de la controversia: "...la presencia de un fenómeno nuevo que acompaña al trabajo en estas circunstancias, como es el de la economía informal, que es fruto de nuestras tradicionales penurias y que requiere de un delicado tratamiento humano y económico como solución, entre otros, al problema del desempleo y la descapitalización en forma que la someta a la ley y la incorpore al mundo de la institucionalidad". Ha observado la Corte que, si bien del libre ejercicio del derecho fundamental al trabajo depende la subsistencia de las familias del vendedor o comerciante informal, su ocupación del espacio público no está legitimada por la Constitución. "Se impone por lo tanto -agrega- establecer una pauta de coexistencia entre los derechos e intereses en conflicto, que resulte proporcional y armoniosa en relación con los valores y principios consagrados en la Constitución y que permita al Estado dar cumplimiento a la obligación a su cargo de "velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común" (C.P. art. 82), así como de "propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar" (C.P. art. 54)". Ha advertido la Corte -y lo vuelve a hacer en este caso, cuyas características reflejan la trascendencia de lo afirmado- que, cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio público ocupado por comerciantes informales "deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación" (se subraya), de manera que se concilien en la práctica los intereses encontrados. Por ello, en la aludida providencia, mediante la cual se resolvió sobre el litigio surgido entre la administración municipal de Ibagué y los vendedores ambulantes, la Corte ordenó a la Alcaldía Municipal tomar las medidas adecuadas, necesarias y suficientes para reubicar a dichos comerciantes que se vieran afectados por la medida de despeje del espacio público, de modo que con ocasión del ejercicio de la actuación administrativa se arbitrara una fórmula que permitiera la coexistencia de los derechos al espacio público y al trabajo. Con base en las mismas razones, en otro caso similar al presente, la Corporación insistió en que la prevalencia de la obligación estatal de recuperar el espacio público sobre intereses particulares, no lo exonera del deber de diseñar políticas tendientes a proteger el trabajo de quienes resulten  afectados  con tales decisiones. Esas  políticas  -añadió- deben ser eficaces y oportunas. Advirtió entonces: "Las autoridades tendrán que hacer lo que esté a su alcance para lograr ubicar a los vendedores a quienes con anterioridad se les había permitido ocupar parte del espacio público, en sitios donde puedan desarrollar su actividad de manera permanente, sin el temor a ser desalojados, donde puedan ofrecer sus mercancías con las mínimas garantías de higiene y seguridad y donde no causen perjuicios a la comunidad en general" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia T-372 del 3 de septiembre de 1993. M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía). En cuanto a la competencia de las autoridades para regular el uso del suelo y del espacio público, la Corte ha destacado: "Según lo dispuesto por la Constitución, el uso del suelo y del espacio público debe ser reglamentado en los distritos y municipios por los concejos, corporaciones que actúan en esta materia con base en lo preceptuado por el artículo 313, numeral 7º, de la Carta, en concordancia con las pertinentes disposiciones de la Ley 136 de 1994 y complementarias. Por su parte, a los alcaldes, quienes ejercen la primera autoridad de policía en el municipio, les está asignada, según el artículo 315, numerales 1 y 3, de la Carta, la función de velar por el cumplimiento de las correspondientes normas constitucionales legales y reglamentarias. Les compete, entonces, expedir las autorizaciones o permisos a que haya lugar y ejercer la inspección y vigilancia sobre quienes ejercen actividades comerciales, adoptando las medidas tendientes al desarrollo de la preceptiva general e imponiendo las sanciones previstas a quienes se apartan de ellas. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-578 del 14 de diciembre de 1994). Resulta claro, pues, que las autoridades municipales tienen a su cargo, en el orden administrativo, la conciliación de los intereses contrapuestos, con arreglo a la Constitución, y que se hacen responsables por los actos y operaciones administrativas que lleven a cabo en relación con la materia. No cabe duda a la Corte en el sentido de que al actuar en defensa del espacio público, la administración municipal no puede vulnerar los derechos fundamentales de los afectados. Ahora bien, los comerciantes reubicados en el curso de esta clase de programas no solamente adquieren derechos sino que contraen obligaciones y cargas correlativas, entre las cuales cabe destacar el uso adecuado, razonable, aseado y respetuoso de los puestos que se les asignan; la sujeción a las disposiciones administrativas de orden y seguridad, así como a las normas y reglamentos que regulan su actividad. A este respecto debe recordarse que el derecho al trabajo no es absoluto y que también tiene el carácter de obligación social, en los términos del artículo 25 de la Constitución. La misma Carta, en su artículo 1º, ha señalado como características del Estado colombiano, al lado del trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general. Es evidente, por otra parte, que la circunstancia de hacerse exigible a la administración la reubicación de los vendedores informales, para satisfacer sus legítimas necesidades de ocupación laboral, no puede prestarse al uso de prácticas desleales por parte de los favorecidos o de las asociaciones que los agrupan, ni tampoco puede tener el sentido -a todas luces abusivo- de facilitar a terceros la utilización ilegítima de la problemática social existente para fines políticos o para su beneficio personal, merced al ilícito comercio de los puestos. Si cualquiera de las aludidas situaciones logra probarse, las autoridades públicas están en la obligación de adelantar las investigaciones necesarias y de formular las denuncias ante los funcionarios competentes, para que se impongan las sanciones a que haya lugar, inclusive las de carácter penal. Derecho a la igualdad. Improcedencia del azar para regular el ejercicio de los derechos fundamentales. Ha sido copiosa la doctrina constitucional en torno a los alcances y proyecciones del derecho a la igualdad, plasmado en el artículo 13 de la Carta Política. Para los fines de este proceso es suficiente reafirmar lo dicho por la Sala Plena en el Fallo C-094 del 27 de febrero de 1993: "El objeto de la garantía ofrecida a toda persona en el artículo 13 de la Carta no es el de construir un ordenamiento jurídico absoluto que otorgue a todos idéntico trato dentro de una concepción matemática, ignorando factores de diversidad que exigen del poder público la previsión y la práctica de razonables distinciones tendientes a evitar que por la vía de un igualitarismo ciego y formal en realidad se establezca, se favorezca o se acreciente la desigualdad. Para ser objetiva y justa, la regla de la igualdad ante la ley, no puede desconocer en su determinación tales factores, ya que ellas reclaman regulación distinta para fenómenos y situaciones divergentes. La igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan, pues unas u otras hacen imperativo que, con base en criterios proporcionados a aquéllas, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en Derecho no es otra cosa que la justicia concreta. De allí que el mismo artículo constitucional en mención haya estatuído que la actividad estatal se orientará al logro de la igualdad real y efectiva, adoptando medidas en favor de grupos discriminados o marginados y protegiendo especialmente a las personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en posición de debilidad manifiesta. Esta función, que tiene fundamento en el concepto del Estado Social de Derecho, excluye las tendencias que pretenden hacer de la igualdad un rasero único, inmodificable y no susceptible de adaptaciones". Así, según el principio constitucional, toda actuación de las autoridades públicas respecto de un número plural de personas debe partir de la previa consideración acerca de las circunstancias en que todas ellas se encuentran, con el objeto de darles el mismo trato si las situaciones son iguales y de establecer las necesarias distinciones, proporcionales a las diferencias, si existen hipótesis distintas. En ese orden de ideas, la medida que establezca tratos diversos debe estar razonable y objetivamente fundada, pues de lo contrario representa injustificada discriminación que, por serlo, vulnera el derecho a la igualdad. Del propio modo, los actos o disposiciones en cuya virtud se favorezca a una persona o grupo respecto de las demás deben estar sustentados en motivos valederos que impliquen la realización del postulado de la igualdad material y efectiva, ya que la preferencia arbitraria lesiona gravemente el derecho de quienes no resultan beneficiados. En el fondo de toda distinción caprichosa, en pro o en contra de quienes se encuentran cobijados por la misma situación, hay siempre una injusticia. Por eso el Derecho no puede prohijarla. Si este criterio es aplicable a toda clase de asuntos, en los cuales una decisión deba aplicarse a muchos, resulta exigible con mayor razón cuando se trata de definir lo relativo al ejercicio de un derecho fundamental. Sostener que, sin razón o por motivos intrascendentes, unos puedan acceder a él y otros no, equivale a violar tanto el derecho de que se trata como el derecho a la igualdad. Así ocurre con el azar -que ha desempeñado papel importante en este proceso-, pues, si bien cabe como procedimiento aceptable cuando se trata de definir opciones en materias superfluas -como cuando se juega una lotería-, de ninguna manera puede tener lugar para establecer quién ejerce y quién no un derecho fundamental, pues de la esencia de éste es su atribución a la persona por el hecho de serlo, independientemente de cualquier consideración accidental. En ese sentido es terminante la Constitución al establecer que el Estado Social de Derecho está fundado, entre otros elementos, en la dignidad humana (artículo 1º C.P.); que las autoridades de la República están instituidas "para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades" (artículo 2º C.P.); que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona (artículo 5º C.P.); que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación (artículo 13 C.P.). En el caso del trabajo -cuyo ejercicio, al parecer, ha sido sometido a sorteo durante la actuación administrativa que se considera- la Constitución manifiesta sin género de dudas que asegurarlo a los integrantes de la colectividad colombiana es uno de los fundamentos y principios básicos de las instituciones (Preámbulo) y que toda persona tiene derecho a él en condiciones dignas y justas (artículo 25 C.P.). Las consecuencias de la desorganización administrativa no se pueden trasladar a los particulares Una actuación desordenada e ineficiente de la administración, aunque el objetivo buscado con ella sea la prevalencia del interés general sobre el particular, comparta, casi con seguridad, daños que, por el mismo caos generado en la falta de previsión de quienes debieran desplegarla en grado sumo habida cuenta de sus responsabilidades públicas, se salgan de su propio control y se produzca, entonces, además del perjuicio al interés colectivo, una violación a los derechos fundamentales de los asociados involucrados en tal situación. La responsabilidad por la vulneración de los derechos en casos como el señalado recae en la administración. Sería injusto que la soportaran los particulares, sobre todo si, como sucede en el caso bajo examen, ellos están ejerciendo una actividad lícita. Ya esta misma Sala se había pronunciado sobre el particular: "La función administrativa, como lo proclama el artículo 209 de la Constitución, está al servicio de los intereses generales, de lo cual se deducen simultáneamente el derecho de los administrados a reclamar que las entidades públicas competentes produzcan efectivamente resultados acordes con ese compromiso, en especial si están de por medio derechos fundamentales, y la correlativa obligación de los servidores públicos en tal sentido". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-431 del 30 de septiembre de 1994). En Sentencia T-575 del 14 de diciembre de 1994, esta Corporación sostuvo: "...ni los administradores ni los trabajadores tienen por qué soportar las consecuencias de los errores de la administración pública". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-575 del 14 de diciembre de 1994). En otra oportunidad la Corte señaló: "La función pública ha sido puesta al servicio de los intereses colectivos y se ejerce en beneficio de los asociados, no en su contra. De tal modo que quienes la desempeñan no tiene por cometido -como suele creerse en algunas dependencias- el de obstaculizar y complicar la vida de las personas y su normal actividad, sino el de contribuir, dentro del ámbito de las atribuciones que a cada organismo y funcionario corresponden, al desenvolvimiento armónico y ordenado de las múltiples relaciones propias de la convivencia social. Reitera la Corte lo ya afirmado por ella en Sentencia T-568 del 23 de octubre de 1992 en el sentido de que "el ejercicio de la función estatal no contrapone ni enfrenta al ciudadano con la autoridad sino que, por el contrario, debe ser la ocasión para su acercamiento y mutua colaboración en aras de los objetivos que identifican a todos los miembros de la colectividad". La perspectiva de la buena fe no puede perderse de vista cuando se trata del ejercicio de actividades lícitas y permitidas pero que, por exigencia del legislador, están sujetas a la regulación y al control de la autoridad pública". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-578 del 14 de diciembre de 1994). De lo anterior se concluye que, si la administración proyecta y desarrolla una determinada actividad, sin planificar debidamente la forma de hacerlo y al culminarla resulta que se han desconocido los derechos de las personas, es en ella en quien deben recaer las consecuencias de su actuación, y por lo mismo son los organismos administrativos y sus funcionarios quienes deben entrar a resolver las situaciones en que hayan colocado a los administrados. El caso en estudio De las pruebas que aparecen en los expedientes de la referencia, ha podido concluir la Corte que la administración municipal de Ibagué vulneró los derechos a la igualdad y el trabajo de los accionantes, no por haber programado un desalojo del espacio público -pues allí hizo prevalecer, como era su obligación, el interés general sobre el particular-, sino por haber concebido la ampliación de la plaza de mercado con una capacidad a todas luces insuficiente, y por haber planeado el acceso a los puestos de trabajo dentro del inmueble con base en un proceso en el que imperó el más absoluto desorden administrativo, a tal punto que de las pruebas allegadas no se extrae siquiera la conclusión de si hubo o no sorteo para efectuar las adjudicaciones. Sea que así hubiera ocurrido -evento en el cual tendrían aplicación las aludidas advertencias de la Corte- o que se hubiere procedido sin razonable criterio e ignorando la realidad de cada caso, la caprichosa distribución de los lugares de ubicación en la plaza implicó injustificada discriminación entre personas que se hallaban en las mismas circunstancias. En efecto, según el acta correspondiente a la audiencia pública convocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué el 5 de septiembre de 1994, para resolver acerca de una de las acciones de tutela  incoadas  (Fl. 39, Expediente T-50789), el Gerente de las Empresas Públicas de la ciudad, doctor Edgar Castro Alarcón, declaró que, siguiendo instrucciones del Concejo Municipal en lo concerniente al uso de las plazas de mercado, la administración tuvo que enfrentar la situación de los comerciantes informales -vendedores de productos agropecuarios- del llamado "reguero" de la "Plaza de la 21". Dijo el Gerente que, hace dos años, a los integrantes de las tres asociaciones de vendedores que venían actuando se les permitió que permanecieran allí provisionalmente, mientras se construía un lugar adecuado para albergarlos. En ese momento, de acuerdo con la declaración, se elaboró una lista o censo de las personas que se encontraban en la situación descrita, aproximadamente ciento setenta (170), cifra ésta que aumentó con posterioridad por cuanto "ellos (los integrantes de las asociaciones) siguieron adicionándola y enviaron más listas a las Empresas, donde, al hacer los cruces, se encontró que algunas personas habían desaparecido de la lista y aparecían en cambio otras nuevas". Añadió que en 1993 las Empresas hicieron un nuevo censo y cuatro meses antes de la declaración otro, resultando que de la lista inicial sólo permanecían noventa (90) vendedores. Una de las asociaciones ("Asolplazas") pretendía que se le entregaran los ciento setenta puestos "para ellos entregarlos a su acomodo". Dijo que, durante una reunión a la que acudieron representantes de la Procuraduría, la Personería y la Policía Nacional, se explicó el problema y que todos coincidieron en que debería darse prelación a los de la lista inicial. De la misma declaración se desprende que, cuando estuvo construído el llamado "planchón", se llevaron balotas para el sorteo, pero los vendedores no quisieron aceptarlo. "Entonces se les dijo que quienes estaban censados y voluntariamente quisieran ubicarse allí, podían hacerlo; había un delegado de la Personería y se adjudicaron 90 puestos y posteriormente se adjudicaron 24 más de los más antiguos de esas listas". La capacidad del lugar, según el Gerente de las Empresas Públicas, es de 125 puestos aproximadamente. Entre las pruebas consideradas por la Corte Constitucional aparece un acta de fecha 2 de agosto de 1994, firmada por el Gerente de las Empresas Públicas de Ibagué, un delegado de la Personería, el Jefe de plazas de mercado, el Coordinador de plazas y un Capitán de la Policía. Allí se dice que, con el propósito de lograr la recuperación del espacio público invadido, se procedió a adjudicar los puestos en la plaza. Pese a la contradictoria redacción del Acta -en algunos de cuyos apartes se dice que hubo sorteo y en otros se afirma que se adjudicó "teniendo prioridad según el orden de aparición de los voluntarios"- lo cierto es que se elaboró una lista, con nombres y número de cédula de los favorecidos, en la cual fueron incluídos en total 113 vendedores, cada uno con un puesto numerado. En algunas de las declaraciones rendidas se afirma explícitamente que hubo sorteo; en otras se asegura que ello no aconteció. Debe anotarse que la adjudicación oficial en referencia se llevó a cabo en desarrollo de un acto administrativo de carácter general, el Acuerdo No. 023 del 22 de julio de 1993, "Por medio del cual se fija el reglamento de las plazas de mercado", proferido por la Junta Directiva de las Empresas Públicas Municipales de Ibagué, en cuyo texto se regula lo atinente a la adjudicación de puestos (artículos 8º a 13) pero no se dispone que las adjudicaciones deban hacerse por sorteo. En varios documentos incorporados a los expedientes, en especial el suscrito por el Gerente de las Empresas Públicas de Ibagué con destino al Tribunal Superior de esa ciudad el 13 de septiembre de 1994 y uno emanado del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de fecha 18 de agosto de 1994, se informa acerca de denuncias presentadas por usuarios de la plaza de mercado en el sentido de que una de las asociaciones de vendedores les cobra cuotas mensuales para dejarlos ocupar el sitio de trabajo y que los amenaza con retirarlos de allí si no las cubren. Este antecedente trajo como consecuencia la anulación, por parte de las Empresas Públicas, de un compromiso celebrado entre ellas y "Asolplazas", mediante el cual se organizaba el funcionamiento del mercado de la plaza de la 21. También se denuncia que ha habido manipulación política por parte de las asociaciones de vendedores en lo concerniente a la ubicación de personas en las sucesivas listas de usuarios. Llama la atención de esta Corte la circunstancia de que, según varios testimonios -tanto de vendedores como del Gerente de las Empresas Públicas y de miembros de la Junta Directiva de la misma-, el concejal ENRIQUE ARANGO HERNANDEZ ha venido exigiendo dinero a los comerciantes reubicados, para que puedan permanecer en sus puestos y que manipuló políticamente todo el proceso de adjudicación. Por no ser de su competencia, ninguna resolución adoptará la Corte en torno a estas denuncias, pero ordenará correr traslado de ellas a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación para lo de sus respectivas atribuciones. El conjunto de elementos probatorios incorporados a los distintos expedientes permite a la Corte arribar a las siguientes conclusiones: a) La administración municipal de Ibagué (Alcaldía y Empresas Públicas) no fue cuidadosa en la planeación del programa que debería llevar a cabo para despejar el espacio público, mediante construcciones adicionales en la plaza de la 21, ni para reubicar a los vendedores informales de productos agrícolas, pues las obras adelantadas han debido partir de un adecuado, pleno y oportuno conocimiento de las necesidades de espacio, a fin de poder incluir dentro del inmueble a todos los vendedores. b) El caótico proceso efectuado, que dió lugar a la proliferación y sucesión de listas en las que se supone estaban incorporados los vendedores afectados, llevó a la misma administración a ignorar quiénes tenían derecho a ser ubicados en el interior de la plaza, por haber sido incluidos en la lista inicial -criterio básico para una definición lógica y justa del problema- y quiénes, por el contrario, habían aparecido de manera oportunista y extemporánea para beneficiarse de la situación. Esta aseveración y la anterior son corroboradas por el hecho de que no existe siquiera certeza acerca de la elaboración oficial y fidedigna de un censo que hubiera ordenado y cumplido -como era su deber- la propia administración. La Corte, al menos, no ha encontrado, en los 29 expedientes examinados, un solo documento oficial, emanado de la Alcaldía o de las Empresas Públicas, en que conste de manera cierta un censo. No ha sido enunciada siquiera la fecha de las tantas veces mencionada "primera lista" de vendedores. Aparece sí una carta remitida al Gerente de las Empresas Públicas el 25 de octubre de 1991, firmada por los presidentes y secretarios de dos asociaciones de comerciantes informales, a la cual acompañan "el censo de los compañeros trabajadores de la plaza de la veintiuna", advirtiendo que "no es el completo, puesto que el señor administrador de la plaza, Ricardo Cancino, está generando terrorismo sicológico con nuestros compañeros, al amenazarlos con la fuerza pública si se organizan". c) El desordenado tratamiento administrativo del asunto permitió también que terceros interfirieran los procedimientos y contribuyeran a la confusión, generando inconvenientes para el logro de los fines buscados por las autoridades y causando, a la vez, daños a los derechos fundamentales de quienes sí merecían, por sus circunstancias, ser adecuadamente reubicados. d) Los accionantes fueron perjudicados en efecto, con notoria ruptura del principio de igualdad y con grave lesión de su derecho fundamental al trabajo. Otros ya han sido reubicados, de acuerdo con los datos de que dispone la Corte al momento de resolver (Acta del 2 de agosto de 1994), motivo por el cual carece de objeto, en tales casos, la protección judicial. Necesaria síntesis de lo anterior y justo sentido del fallo que proferirá la Corte es la consecuencia de que, ante la absoluta carencia de elementos de juicio para negar la tutela de manera general y no existiendo tampoco pruebas que permitan discriminar con certeza cuál era el verdadero contenido del censo inicial -pues se ignora incluso si hubo la efectiva realización oficial de éste-, se impone amparar los derechos de los peticionarios en cuanto ha sido establecido sin duda que el programa de desocupación del espacio público y posterior adjudicación de puestos, no se hizo en condiciones que garantizaran el derecho a la igualdad. La Corte no concederá la tutela respecto de los comerciantes ya reubicados, por sustración de materia. La Corte Constitucional se abstiene de ordenar a la administración la forma concreta en que habrá de dar cumplimiento del presente fallo y, por tanto, no interferirá en la autonomía administrativa dentro de la cual se procederá a la reubicación ordenada, con arreglo a la tesis, desde hace tiempo reiterada por la Corporación, según la cual la tarea del juez de tutela no consiste en señalar pautas específicas de carácter técnico, presupuestal o administrativo, sino en proteger, mediante órdenes de inmediato cumplimiento, los derechos fundamentales, dejando a la administración en libertad de actuar, para cumplir tales disposiciones, dentro de su órbita funcional y con arreglo a las competencias de las cuales es titular. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- REVOCANSE los siguientes fallos: el del 14 de septiembre de 1994, proferido por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela interpuesta por MARIA IDALIA HERNANDEZ y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 5 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994, proferido por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela pedida por TEODOCIA DUCUARA DE OVIEDO y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 5 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994, proferido por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela solicitada por CECILIA SIERRA y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 6 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994, pronunciado por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela incoada por ELIZABETH POLANIA CIFUENTES y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 5 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994, dictado por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela interpuesta por PEDRO JOSE AFANADOR PEREZ y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 5 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994, proferido por  el Tribunal  Superior  de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela interpuesta por JOSE HUMBERTO ROJAS y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 6 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994, proferido por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela pedida por ANA CONSTANTINA POLANIA ARANGO y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 6 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994, proferido por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela interpuesta por MARTHA MANRIQUE MANRIQUE y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 6 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994, dictado por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela solicitada por JOSE ARCANGEL RANGEL y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 6 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994, proferido  por  el  Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela interpuesta por VICENTE HERNANDEZ y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 6 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994, pronunciado por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela interpuesta por ISMAEL BONILLA SIERRA y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 11 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994, proferido por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela interpuesta por CARLOS ALBERTO DAZA y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 12 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994, dictado por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela interpuesta por IMELDA SANTA LOZANO, confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 11 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994, proferido por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela interpuesta por ABEL AFANADOR PEREZ y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 11 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994, proferido por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela solicitada por DAVID TORRES AGUIAR y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 11 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994, proferido por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela interpuesta por BEATRIZ BALLESTEROS S. y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 11 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994, proferido por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela incoada por ANACELY JIMENEZ DE LOZANO y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 12 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994 del  Tribunal  Superior  de  Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela intentada por MARIA ANAIS MURILLO y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 12 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994, del Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela interpuesta por CARMEN ELENA CIFUENTES y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 12 de octubre de 1994; el del 19 de septiembre de 1994, proferido por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela intentada por HECTOR HUGO MEDINA M. y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 5 de octubre de 1994; el del 19 de septiembre de 1994, proferido por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela interpuesta por MARIA BETTY CRISTANCHO; el del 19 de septiembre de 1994, dictado por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela solicitada por JOSE HEINER GUZMAN V.; y el del 19 de septiembre de 1994, pronunciado por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela interpuesta por CILENIA SANTAFE. Segundo.- CONCEDESE la tutela a MARIA IDALIA HERNANDEZ, TEODOCIA DUCUARA DE OVIEDO, CECILIA SIERRA, ELIZABETH POLANIA CIFUENTES, PEDRO JOSE AFANADOR, JOSE HUMBERTO ROJAS, ANA CONSTANTINA POLANIA ARANGO, MARTHA MANRIQUE MANRIQUE, JOSE ARCANGEL RANGEL, VICENTE HERNANDEZ, ISMAEL BONILLA SIERRA, CARLOS ALBERTO DAZA, IMELDA SANTA LOZANO, ABEL AFANADOR PEREZ, DAVID TORRES AGUIAR, BEATRIZ BALLESTEROS, ANACELY JIMENEZ DE LOZANO, MARIA ANAIS MURILLO, CARMEN ELENA CIFUENTES, HECTOR HUGO MEDINA M., MARIA BETTY CRISTANCHO, JOSE HEINER GUZMAN V. y CILENIA SANTAFE. Tercero.- En consecuencia, ORDENASE al Alcalde Municipal de Ibagué y al Gerente de las Empresas Públicas Municipales que en un término no superior a las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo inicien las gestiones necesarias y adopten las medidas a que haya lugar para reubicar, en un término máximo de seis (6) meses a los peticionarios respecto de los cuales ha prosperado la acción de tutela, en zonas adecuadas para el ejercicio de su labor en condiciones dignas y justas, dentro del perímetro urbano de la ciudad. Cuarto.- Por carecer de objeto, no cabe la tutela en los casos de las acciones interpuestas por MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO, MARTIN ARIAS ANDRADE, ESPERANZA RAMIREZ, MARIA DIOMAR MORALES, LUZ MILA TRUJILLO y CESAR RODRIGUEZ PEÑUELA, quienes ya fueron reubicados, motivo por el cual se CONFIRMAN los siguientes fallos: el del 14 de septiembre de 1994 proferido por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela intentada por MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 6 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994 proferido por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela intentada por MARTIN ARIAS ANDRADE y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 6 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994 proferido por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela intentada por ESPERANZA RAMIREZ y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 6 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994 proferido por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela intentada por MARIA DIOMAR MORALES y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 6 de octubre de 1994; el del 14 de septiembre de 1994 proferido por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela intentada por LUZ MILA TRUJILLO y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 6 de octubre de 1994 y el del 14 de septiembre de 1994 proferido por el Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-, que negó la tutela intentada por CESAR RODRIGUEZ PEÑUELA y que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral-, el 11 de octubre de 1994. Quinto.- Se confía la vigilancia sobre la ejecución de lo ordenado en esta Sentencia al Tribunal Superior de Ibagué -Sala Laboral-. Sexto.- ADVIERTESE al Alcalde Municipal de Ibagué y al Gerente de las Empresas Públicas Municipales que el desacato a lo aquí dispuesto será sancionado en la forma prevista por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. Séptimo.- REMITASE copia de la presente providencia a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia. Octavo.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-116-95 Sentencia No Sentencia No. T-116/95 DEBERES DE LOS PADRES Si bien son prioritarios y de ineludible cumplimiento, los deberes de los padres no se agotan en la obtención de los recursos económicos indispensables para garantizar a sus miembros elementos materiales como la vivienda digna, la manutención, el vestuario y la educación contratada con establecimientos públicos o privados, sino que entre aquéllos se destacan como esenciales a su función los relacionados con la formación moral e intelectual de los hijos, desde las primeras edades. FACULTAD SANCIONATORIA DE LOS PADRES/CASTIGO AL NIÑO Cuando se trata de establecer la metodología o los procedimientos que utilizan los padres para la formación de sus hijos, respecto de los cuales no se justifican los medios violentos, aparece como algo indubitable que la violencia de los padres no amparada siquiera en la mínima explicación del quehacer educativo y dirigida de modo indiscriminado contra quienes conforman el hogar, teniendo por únicas causas la irascibilidad y la sinrazón, es del todo ilegítima y representa, además de flagrante violación de los derechos fundamentales de los niños (artículo 44 C.P.), hecho punible que debe ser sancionado como lo dispone la normatividad. DERECHOS DEL NIÑO-Protección/DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL/MALTRATO A MENOR El niño, por la debilidad que le es característica y por la indefensión en que se encuentra, es sujeto de especial protección constitucional. Las autoridades públicas tienen la obligación de velar, dentro de sus respectivas órbitas de competencia, por que los niños no sean objeto de la brutalidad de sus padres y deben evitar a toda costa que sean aquéllos quienes sufran las consecuencias de los conflictos conyugales de éstos, tanto en el campo físico como en el moral. El padre no tiene el derecho a disponer del cuerpo de su hijo para infligirle malos tratos, torturas, golpes o vejaciones, ni para privarlo de libertad, pues están de por medio la dignidad y la integridad del menor, que son objeto de prevalente amparo constitucional. RAPTO DE MENOR POR PARTE DEL PADRE El amparo se extenderá tan sólo al enunciado aspecto de la problemática familiar, pues de la demanda resulta que también se perseguía mediante el uso de la acción de tutela una finalidad para la cual no ha sido concebida, a saber la recuperación de la niña raptada por su padre y el correspondiente castigo para éste. Por una parte, ha operado la sustracción de materia, que hace inaplicable la tutela -aunque hubiera sido procedente-, por cuanto, según se afirma en la sentencia objeto de análisis, "...el día 3 de octubre de 1994 se hizo presente la tutelante en compañía de su hija, de cinco años de edad, con el fin de declarar al Juzgado que la niña le fue entregada en las instalaciones de la SIJIN. FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Persecución de delitos/ACCION DE TUTELA-Improcedencia La acción de tutela no es mecanismo adecuado para sustituir a la Fiscalía General de la Nación en el cumplimiento de las tareas que a ella encomienda la Constitución Política, a saber la investigación de los delitos y la acusación de los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. El uso de la tutela para los indicados fines, aun en los casos de secuestro y rapto desvertebraría la administración de justicia, rompería el principio de la autonomía funcional y la desconcentración a que se refiere el artículo 228 de la Carta, y dificultaría en grado sumo la adecuada planeación, coordinación y operatividad de las actividades investigativas y la lucha del Estado contra el delito. Representaría, además, abierta distorsión de las finalidades señaladas por la Constitución a la acción de tutela. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-50915 Acción de tutela instaurada por ALEXA MILENA GONZALEZ ZAMBRANO, representada por su madre, GLORIA EDY ZAMBRANO QUINCHE, contra ROOSELVET GONZALEZ PAEZ. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., mediante acta del dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisa el fallo proferido por el Juzgado Ochenta y dos Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá, D.C., al resolver sobre el asunto en referencia. I. INFORMACION PRELIMINAR GLORIA EDY ZAMBRANO QUINCHE, quien obra en representación de su hija menor, ALEXA MILENA GONZALEZ ZAMBRANO, ejerció acción de tutela contra el padre de la menor, ROOSELVET GONZALEZ PAEZ. Según el relato de la madre, ALEXA MILENA, de cinco años, nació de una relación extramatrimonial entre ella y el demandado. De acuerdo con la demanda, no habiéndole sido posible convivir con GONZALEZ -a quien sindica de irresponsabilidad en el cumplimiento de sus deberes como padre y de haberlas maltratado verbalmente y de hecho-, la accionante se trasladó a la casa de sus padres y con su trabajo atendió todas las necesidades de la niña. Dice que el padre de la menor vivió por espacio de tres años en ese mismo hogar pero que, en cuanto no pudo superar su vulgar comportamiento, tuvo que irse. No obstante, volvió la demandante a convivir con el demandado, buscando que su hija tuviera  un hogar, pero  al  poco  tiempo -señala en su narración- siguieron los malos tratos de palabra y de hecho, lo cual le estaba causando perjuicios emocionales a la niña. Optó ella, en consecuencia, por regresar a casa de sus padres. Para entonces -agrega- ya su excompañero mantenía relaciones con otra mujer y, al hacerle los reclamos correspondientes, la amenazó de muerte, lo mismo que a sus progenitores y familiares. Afirma la solicitante que en varias oportunidades GONZALEZ PAEZ llegó a romper los vidrios del apartamento donde ella habitaba y que los atacó a ella y a sus padres con palabras soeces. Manifiesta que su pequeña hija fue raptada por el padre en el curso de una acción violenta adelantada cuando esperaban transporte. II. LA DECISION JUDICIAL OBJETO DE REVISION La Sentencia revisada es la proferida el 10 de octubre de 1994 por el Juzgado 82 Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá, mediante la cual se negó la protección solicitada. En el fallo se reconoce el mal comportamiento de ROOSELVET GONZALEZ PAEZ, quien no ha cumplido la regulación de visitas a su hija, suscrita por él en el Instituto de Bienestar Familiar. "Persiste -dice el Juzgado- en mantener una actitud violenta ante la menor cuando en presencia de ella profiere insultos y maltratos físicos contra la madre y su familia, causando además daños materiales en su casa de habitación, obrando citaciones a él de carácter policivo en la Décima Estación de Engativa, a las que no ha comparecido, y, de igual manera, se ha abstenido de asistir a otras citaciones emanadas del Instituto de Bienestar Familiar y firmadas por la Defensora de Familia Zona 11 Engativá-Alamos Norte y de la Comisaría V de Familia". Dice, sinembargo, que el maltrato físico de que han sido víctimas tanto la madre como la menor hija por parte del señor GONZALEZ PAEZ es conducta tipificada en nuestra legislación como lesiones personales y maltrato a menores, por lo cual debe instaurarse denuncia ante la autoridad penal competente. De igual manera -añade-, si el comportamiento del señor GONZALEZ PAEZ  atenta contra la honra de la señora y su familia por sus expresiones ofensivas e injuriosas y por constantes amenazas de muerte, existen mecanismos especiales para la investigación y fallo de esas conductas, por medio de un proceso que se adelanta ante la autoridad penal por delito de injuria y tortura moral, tipificados en nuestro Código Penal. De allí que estimara improcedente la acción de tutela por la existencia de otros medios de defensa judicial. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia Esta Corte es competente para revisar el fallo en referencia, según lo disponen los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991. La tutela como medio idóneo contra la violencia familiar Aunque también ha sido alegado por la accionante el incumplimiento de las obligaciones de su excompañero -asunto que por regla general no es materia de tutela, ya que puede ser tramitado ante la jurisdicción ordinaria, según lo tiene establecido la jurisprudencia de esta Corte (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-098 del 3 de marzo de 1995)-, el fundamento fáctico esencial y dominante en la demanda es el de la insoportable, repetida y creciente violencia -verbal, moral y física- ejercida por el demandado sobre su pequeña hija, la accionante y la familia de ésta. De acuerdo con el artículo 86 de la Carta Política, la Corte Constitucional ha reiterado que, salvo el caso del perjuicio irremediable, no cabe la acción de tutela para resolver situaciones susceptibles de controlar por conducto de otros medios judiciales también encaminados a la defensa de los derechos. Pero de la misma manera ha insistido la Corte en que el medio alternativo debe ser eficaz e idóneo para la material y concreta defensa del derecho fundamental comprometido. Al respecto debe recordarse lo expresado por la Sala Tercera de Revisión en Sentencia T-03 del 11 de mayo 1992: "Considera esta Corporación que, cuando el inciso 3o. del artículo 86 de la Carta Política se refiere a que "el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial ..." como presupuesto indispensable para entablar la acción de tutela, debe entenderse que ese medio tiene que ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del derecho. Dicho de otra manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese derecho. De no ser así, mal puede hablarse de medio de defensa y, en consecuencia, aún lográndose por otras vías judiciales efectos de carácter puramente formal, sin concreción objetiva, cabe la acción de tutela para alcanzar que el derecho deje de ser simplemente una utopía". Resulta evidente que, respecto del derecho a la vida y a la integridad física y moral de las personas afectadas por maltratos en el seno de la familia, si bien existen procedimientos judiciales tendientes a la sanción penal de quien cause lesiones personales o daño en cosa ajena, o a quien injurie a otro, los trámites correspondientes no están encaminados a la protección de quien se encuentra amenazado sino a la imposición del castigo al infractor, a posteriori. No se trata, entonces, de medios efectivos para la verdadera y actual protección de los derechos fundamentales en juego. Así lo dijo la Corte también en las sentencias T-529 del 18 de septiembre de 1992, T-487 del  2 de noviembre de 1994 y T-552 del 2 de diciembre de 1994. En la primera de tales providencias se afirmó: "...el respeto a la vida y a la integridad física de los demás, en un sentido moral y jurídicamente extenso que no se reduce sólo a la prevención policiva o a la represión penal del agresor, comporta el deber de no maltratar, ni ofender, ni torturar, ni amenazar a las personas, mucho menos a aquella con quien se comparten la unión doméstica de procreación y desarrollo de los hijos y de la familia, y la promesa de mutuo fomento material y espiritual". (...) "...la orden de amparo por vía de las actuaciones en sede de tutela, no enerva ni obstruye las competencias de las autoridades penales de la Rama Judicial, pues estas deben seguir el curso de las actuaciones que les asigna la acción pública de que son titulares ante la comisión de un delito o de una conducta punible, e incluso pueden llegar a ordenar las reparaciones que sean procedentes por vía de la acción civil  y dentro del marco de la correspondiente responsabilidad. Tutelar el Derecho Constitucional Fundamental a la vida que se encuentra amenazada y el Derecho a la Integridad Personal que ha sido violado por uno de los cónyuges que coloca al otro en condiciones de indefensión, no comporta en este caso la exclusión de las competencias de los jueces penales, pues, en juicio de la Corte Constitucional ambas vías judiciales buscan fines diferentes y no son incompatibles.  En estos casos la vía judicial ordinaria no alcanza a garantizar los derechos constitucionales, que se pretenden proteger por vía de la acción de tutela". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-529 del 18 de septiembre de 1992. M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz). Dijo luego la Corte: "...el criterio según el cual la peticionaria goza de otro medio de defensa judicial por cuanto está en posición de iniciar un proceso penal contra su compañero permanente por las lesiones personales que le cause, resulta ser equivocado desde el punto de vista de la protección judicial efectiva de las garantías constitucionales, teniendo en cuenta que la pena siempre será posterior al ilícito y que con su imposición no se remedia el perjuicio ya causado. En tal sentido, someter a la persona a la exigencia de nuevos daños a su integridad personal para alcanzar la protección del juez implica contrariar el sentido de amparo eficaz de los derechos en que se inspira la Constitución". (...) "Pero, además, la protección de los derechos fundamentales amenazados tiene que ser inmediata. No puede supeditarse a los engorrosos trámites de un proceso ordinario, aunque, desde luego, la procedencia de la tutela y su prosperidad, que aluden directamente a la salvaguarda de los derechos, no son incompatibles con las sanciones que puedan imponerse dentro del proceso penal por los delitos cometidos". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión"). En el último fallo citado, la Corte añadió: "...en el campo específico del asunto planteado no se hallan en juego únicamente intereses particulares, sujetos apenas a las regulaciones de normas de jerarquía legal, como las relativas a contratos u obligaciones, sino que están comprometidos derechos fundamentales de las personas y lo más probable es que peligren o se encuentren ya afectados los derechos fundamentales de los niños, que reclaman la activa e inmediata presencia del Estado y que, por mandato constitucional, prevalecen sobre los derechos de los demás. Pero no solamente eso, sino que, adicionalmente, la institución perjudicada constituye -a la luz de la Carta- la base misma de la organización social, por lo cual los factores que incidan en ella, en especial si propician su resquebrajamiento o corrupción, tocan el interés público en su punto más sensible". (...) "Sin perjuicio de las prescripciones legales específicas que integran la normatividad civil y de familia, lo relativo a la violencia en el interior de ésta cae bajo las atribuciones de protección confiadas a la Jurisdicción Constitucional en cuanto el artículo 86 de la Carta atribuye a los jueces la responsabilidad de tutelar los derechos fundamentales si éstos son violados o amenazados por acción u omisión de particulares respecto de quien el solicitante se halle en estado de indefensión". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión). La violencia de los padres, atentado contra los derechos fundamentales de los niños y factor destructivo de la familia La Corte Constitucional se ha referido a la familia, como elemento esencial de la convivencia colectiva, en los siguientes términos: "La familia, ámbito natural y propicio para el desarrollo del ser humano, merece la protección especial y la atención prioritaria del Estado, en cuanto de su adecuada organización depende en gran medida la estable y armónica convivencia en el seno de la sociedad. Es la comunidad entera la que se beneficia de las virtudes que se cultivan y afirman en el interior de la célula familiar y es también la que sufre grave daño a raíz de los vicios y desórdenes que allí tengan origen. Fácil es entender que lo aprendido en el hogar se proyecta necesariamente en las etapas posteriores de la vida del individuo, cuyos comportamientos y actitudes serán siempre el reflejo del conjunto de influencias por él recibidas desde la más tierna infancia. El ambiente en medio del cual se levanta el ser humano incide de modo determinante en la estructuración de su personalidad y en la formación de su carácter". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-371 del 25 de agosto de 1994). No puede olvidarse que el artículo 5º y el 42 de la Constitución han definido a la familia como institución básica y núcleo fundamental de la sociedad. Dentro de ella, los menores deben crecer en medio de un ambiente propicio que les garantice un desarrollo integral por los aspectos físico, moral, mental, emocional, educativo y de salud para que, formados con arreglo a su dignidad, sean elementos valiosos para la familia y la sociedad. El segundo de los mencionados preceptos destaca que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, por lo cual es objeto de sanciones. Para la Corte es claro que, si bien son prioritarios y de ineludible cumplimiento, los deberes de los padres no se agotan en la obtención de los recursos económicos indispensables para garantizar a sus miembros elementos materiales como la vivienda digna, la manutención, el vestuario y la educación contratada con establecimientos públicos o privados, sino que entre aquéllos se destacan como esenciales a su función los relacionados con la formación moral e intelectual de los hijos, desde las primeras edades. Tal deber -tiene dicho la Corte- no se cumple mediante el uso de castigos físicos ni por conducto de la violencia. Ha señalado al respecto la jurisprudencia constitucional: "Para reprender al niño no es necesario causarle daño en su cuerpo o en su alma. Es suficiente muchas veces asumir frente a él una actitud severa despojada de violencia; reconvenirlo con prudente energía; privarlo temporalmente de cierta diversión; abstenerse de otorgarle determinado premio o distinción; hacerle ver los efectos negativos de la falta cometida. La eficacia de la sanción no estriba en la mayor intensidad del dolor que pueda causar sino en la inteligencia y en la firmeza con que se aplique, así como en la certidumbre que ofrezca sobre la real transmisión del mensaje implícito en la reprensión. En tal sentido, no se trata de ocasionar sufrimiento o de sacrificar al sujeto pasivo de la sanción sino de reconvenirlo civilizadamente en aras de la adecuación de sus posteriores respuestas a los estímulos educativos. El uso de la fuerza bruta para sancionar a un niño constituye grave atentado contra su dignidad, ataque a su integridad corporal y daño, muchas veces irremediable, a su estabilidad emocional y afectiva. Genera en el menor reacciones sicológicas contra quien le aplica el castigo y contra la sociedad. Ocasiona invariablemente el progresivo endurecimiento de su espíritu, la pérdida paulatina de sus más nobles sentimientos y la búsqueda -consciente o inconsciente- de retaliación posterior, de la cual muy seguramente hará víctimas a sus propios hijos, dando lugar a un interminable proceso de violencia que necesariamente altera la pacífica convivencia social". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-371 del 25 de agosto de 1994). Si lo afirmado es cierto cuando se trata de establecer la metodología o los procedimientos que utilizan los padres para la formación de sus hijos, respecto de los cuales no se justifican los medios violentos, aparece como algo indubitable que la violencia de los padres no amparada siquiera en la mínima explicación del quehacer educativo y dirigida de modo indiscriminado contra quienes conforman el hogar, teniendo por únicas causas la irascibilidad y la sinrazón, es del todo ilegítima y representa, además de flagrante violación de los derechos fundamentales de los niños (artículo 44 C.P.), hecho punible que debe ser sancionado como lo dispone la normatividad. El niño, por la debilidad que le es característica y por la indefensión en que se encuentra, es sujeto de especial protección constitucional. Las autoridades públicas tienen la obligación de velar, dentro de sus respectivas órbitas de competencia, por que los niños no sean objeto de la brutalidad de sus padres y deben evitar a toda costa que sean aquéllos quienes sufran las consecuencias de los conflictos conyugales de éstos, tanto en el campo físico como en el moral. El padre no tiene el derecho a disponer del cuerpo de su hijo para infligirle malos tratos, torturas, golpes o vejaciones, ni para privarlo de libertad, pues están de por medio la dignidad y la integridad del menor, que son objeto de prevalente amparo constitucional. El caso concreto Se halla probado, como consta en el expediente y como lo reconoce el juez de instancia, que el contínuo ejercicio de la violencia por parte de ROOSELVET GONZALEZ PAEZ, lo ha convertido en una verdadera y grave amenaza para la vida y la integridad de su excompañera, de los parientes de ésta y de su pequeña hija, a quien no solamente maltrata sino que ha raptado, afectándola de manera evidente en su evolución mental y en su estabilidad emocional. La Corte estima que su delirante búsqueda de conflictos ha destruído la armonía familiar y ha vulnerado de manera ostensible los derechos fundamentales de la menor, quien, dadas las circunstancias en que vive, que son de total abandono económico -también por irresponsabilidad de su progenitor- se encuentra en absoluto desamparo ante los embates de éste, siendo necesario que, de manera inmediata, el juez de tutela imparta las órdenes tendientes a proteger de manera eficiente a la accionante, a su hija y a su familia. Improcedencia de la tutela para sustituir a la Fiscalía General de la Nación en la persecución de los delitos. El amparo se extenderá tan sólo al enunciado aspecto de la problemática familiar, pues de la demanda resulta que también se perseguía mediante el uso de la acción de tutela una finalidad para la cual no ha sido concebida, a saber la recuperación de la niña raptada por su padre y el correspondiente castigo para éste. Por una parte, ha operado la sustracción de materia, que hace inaplicable la tutela -aunque hubiera sido procedente-, por cuanto, según se afirma en la sentencia objeto de análisis, "...el día 3 de octubre de 1994 se hizo presente la tutelante, señora GLORIA EDY ZAMBRANO QUINCHE, en compañía de su hija ALEXA MILENA, de cinco años de edad, con el fin de declarar al Juzgado que la niña le fue entregada en las instalaciones de la SIJIN el día jueves por el señor GONZALEZ PAEZ..." (Fl. 27 del Expediente). Ningún objeto tendría, entonces, cualquier determinación del juez de tutela, pues carecería de sustento fáctico. Pero, por otra parte, considera la Corte que la acción de tutela no es mecanismo adecuado para sustituir a la Fiscalía General de la Nación en el cumplimiento de las tareas que a ella encomienda la Constitución Política, a saber la investigación de los delitos y la acusación de los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. El artículo 250 de la Carta atribuye a la Fiscalía la función de asegurar la comparecencia de los sindicados, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere el caso, es a ella a la que compete tomar las medidas necesarias "para hacer efectivo el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito", así como "dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley". El uso de la tutela para los indicados fines, aun en los casos de secuestro y rapto -que evidentemente violan los derechos fundamentales a la libertad personal y a la integridad de las personas y que merecen, por tanto, las sanciones establecidas en la ley penal- desvertebraría la administración de justicia, rompería el principio de la autonomía funcional y la desconcentración a que se refiere el artículo 228 de la Carta, y dificultaría en grado sumo la adecuada planeación, coordinación y operatividad de las actividades investigativas y la lucha del Estado contra el delito. Representaría, además, abierta distorsión de las finalidades señaladas por el artículo 86 de la Constitución a la acción de tutela. Por tanto, en esta materia, debe negarse la protección impetrada. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- REVOCASE el Fallo proferido por el Juzgado 82 Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá, D.C., el 10 de octubre de 1994. Segundo.- CONCEDESE la tutela instaurada y, en consecuencia, tutélanse los derechos a la vida y a la integridad personal de la accionante, de su hija y de su familia. Tercero.- ORDENASE a ROOSELVET GONZALEZ PAEZ abstenerse de ejecutar cualquier acto de violencia física o moral contra GLORIA EDY ZAMBRANO QUINCHE, su hija o su familia Cuarto.-. Por intermedio del Comandante de la Policía Metropolitana de Santa Fe de Bogotá, D.C., ORDENAR  a las autoridades de policía  con  competencia en la carrera 70A Nº 67-A-55, que ejerzan vigilancia permanente y cercana sobre la conducta de ROOSELVET GONZALEZ PAEZ, para la efectiva protección de los derechos a la vida y a la integridad personal de la señora GLORIA EDY ZAMBRANO QUINCHE, de su hija y de su familia. Quinto.- CONFIASE al Juzgado Ochenta y dos Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá, D.C., el control y verificación sobre el exacto cumplimiento de este fallo Sexto.-. ADVIERTESE a ROOSELVET GONZALEZ PAEZ que el desacato a lo resuelto en esta providencia le acarreará, cada vez que en él incurra, las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 Séptimo.-. REMITANSE copias del expediente y de esta providencia a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que inicie de inmediato las diligencias tendientes a proteger a la menor ALEXA MILENA GONZALEZ ZAMBRANO Octavo.- NIEGASE la tutela en los demás aspectos de la problemática familiar a que se refiere la demanda, respecto de los cuales deberá acudirse a los medios judiciales ordinarios. Noveno.- LIBRENSE las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucinal y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-117-95 Sentencia No Sentencia No. T-117/95 ACCION DE TUTELA-Abuso/PRESTACIONES LABORALES-Pago El sólo enunciado de las pretensiones contenidas en la demanda permite afirmar que ésta, corresponde a una palmaria desviación de los objetivos y la naturaleza de la acción de tutela, pues se la ha querido usar con el declarado propósito de sustituir los procedimientos ordinarios que la ley consagra para la solución de conflictos en materia laboral. Resulta a todas luces improcedente la tutela, aun como mecanismo transitorio, para buscar que se decrete el pago de prestaciones o indemnizaciones, por cuanto aceptar que la competencia correspondiente cabe dentro de las atribuciones subsidiarias del juez de tutela implicaría que éste, sin consideración a la autonomía funcional que la Constitución reconoce a quienes administran justicia, se ocupara de la cuestión litigiosa expresamente reservada a otra jurisdicción. DERECHOS DEL MINUSVALIDO-Protección/MINUSVALIDO-Estabilidad en el empleo/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA/EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD El Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo obliga al Estado a permitir que la persona invalida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo. Puesto que ha sido probado que la accionante padece secuelas de poliomelitis que en principio la colocan en una situación de debilidad manifiesta por invalidez parcial, se concederá la tutela transitoriamente con el objeto de evitarle el perjuicio irremediable consistente en la pérdida del empleo, con las consecuencias que ella apareja para una persona de sus condiciones físicas y la consiguiente dificultad que, por eso mismo, se le presenta para establecer nuevos vínculos laborales. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-51039 Acción de tutela instaurada por GRACIELA VILLAMIZAR MOGOLLON contra el Director Ejecutivo del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO "IDU". Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los dieciséis (16) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se examinan los fallos proferidos en el asunto de la referencia por el Juzgado 55 Penal del Circuito y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá -Sala Penal-. I. INFORMACION PRELIMINAR GRACIELA VILLAMIZAR MOGOLLON, quien dijo ser minusválida, laboraba al servicio del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO "IDU" y por decisión del Director de la entidad, su nombramiento fue declarado insubsistente. Consideró la accionante que su desvinculación configuraba una vía de hecho, por cuanto la conducta del agente carecía de fundamento objetivo y obedeció a su voluntad y capricho, motivo por el cual ejerció la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, con el objeto de que se la reintegrara a su empleo así como para que se ordenara que le fueran pagadas las indemnizaciones por despido sin justa causa debidamente comprobada, moratoria, salarios, prestaciones, vacaciones, primas, subsidios, auxilios legales, convencionales y extralegales y todo lo que el "IDU" le adeudara desde la fecha del despido hasta aquélla en que se produjera el reintegro. También solicitó en la demanda que se ordenara al Director del "IDU" no aislar su sitio de trabajo respecto de las urnas de licitaciones ni ubicarla en sitios carentes de suficiente luz, todo lo cual, según ella, venían haciendo sus jefes en la entidad "para fastidiarla". La señora VILLAMIZAR MOGOLLON se desempeñaba en el cargo de Técnico de Investigación de la División de Programas Viales y Transporte Masivo del Instituto. II. DECISIONES JUDICIALES Tanto el Juzgado 55 Penal del Circuito como la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, mediante providencias fechadas los días 9 de septiembre y 3 de octubre de 1994, negaron la protección solicitada por considerar que la accionante era de libre nombramiento y remoción, que el acto administrativo mediante el cual se la separó del cargo tuvo su origen en el ejercicio de una facultad discrecional y que, aun en el caso de estimar la señora VILLAMIZAR MOGOLLON que le habían sido conculcados sus derechos, podía acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativa para intentar su reintegro al cargo y para el pago de los sueldos y demás emolumentos dejados de percibir. IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos mencionados, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y según el Decreto 2591 de 1991. Evidente abuso de la tutela en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales El artículo 86 de la Constitución ha sido claro al destacar que la acción de tutela es improcedente, salvo caso de perjuicio irremediable, cuando el actor dispone de otros medios judiciales para asegurar la eficacia de los derechos que estima conculcados o amenzados. La señora VILLAMIZAR MOGOLLON, al hacer uso del excepcional instrumento, buscó por una parte que se la reintegrara al empleo que venía desempeñando, del cual, según dijo, fue despedida por su condición de minusválida, y de otro lado obtener orden judicial de pago de indemnizaciones y prestaciones de índole laboral -vacaciones, primas, subsidios, auxilios legales, convencionales y extralegales, entre otras- e inclusive pidió que se definiera judicialmente el sitio físico dentro del cual debería trabajar, en todo caso cerca de las urnas usadas para las licitaciones públicas. El sólo enunciado de las pretensiones contenidas en la demanda permite afirmar que ésta, con la salvedad que se hará más adelante en torno a los artículos 13 y 54 de la Constitución, corresponde a una palmaria desviación de los objetivos y la naturaleza de la acción de tutela, pues se la ha querido usar con el declarado propósito de sustituir los procedimientos ordinarios que la ley consagra para la solución de conflictos en materia laboral. Resulta a todas luces improcedente la tutela, aun como mecanismo transitorio, para buscar que se decrete el pago de prestaciones o indemnizaciones, por cuanto aceptar que la competencia correspondiente cabe dentro de las atribuciones subsidiarias del juez de tutela implicaría que éste, sin consideración a la autonomía funcional que la Constitución reconoce a quienes administran justicia, se ocupara de la cuestión litigiosa expresamente reservada a otra jurisdicción. Como lo tiene dicho la Sala Plena de la Corte, la tutela "no puede converger con vías judiciales diversas, por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha (la del perjuicio irremediable)- la acción ordinaria" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia Nº. C-543 del 1 de octubre de 1992). La misma providencia dejó en claro que el principio democrático de la autonomía funcional del juez, hoy expresamente reconocido en la Carta Política y que busca evitar decisiones judiciales resultantes de mandatos o presiones sobre el fallador, sería claramente lesionado si se permitiera al juez de tutela inmiscuirse en los asuntos reservados a jurisdicciones y competencias distintas. No cabía, pues, la tutela para reemplazar los trámites que debe adelantar la peticionaria ante la justicia laboral para reclamar lo que ella piensa que le adeuda el IDU. Y estima la Corte que la improcedencia de la acción en tales materias es absoluta, pues no podría prosperar ni siquiera como mecanismo transitorio, en cuanto esta modalidad de protección constitucional parte del supuesto de que se reserva al juez competente la decisión definitiva en el punto objeto de controversia, siendo claro que, en el caso de un eventual fallo final en contra de la trabajadora, éste carecería de sentido, o cuando menos de aplicación práctica, una vez desembolsadas las sumas reclamadas. Para la Corte resulta inadmisible que la demandante -o el abogado que la haya asesorado, cuyo nombre se ignora- haya desconocido de manera tan evidente la norma constitucional sobre tutela, el Decreto 2591 de 1991 y la copiosa jurisprudencia de esta Corte, en torno a la improcedencia de la acción para los cometidos que en este caso se buscaron, pues aparece de bulto que se pretendió evadir el trámite de los procesos laborales claramente definidos en las leyes y se prefirió optar por una vía inadecuada, quizás con el deseo de obtener mayor celeridad en la decisión, pero desvirtuando el sentido de la tutela. No menos improcedente resulta la acción en el caso sub-examine, en cuanto fue usada como procedimiento encaminado a que el juez definiera cuál debería ser el sitio de ubicación de la peticionaria dentro de las dependencias del IDU, cuando en modo alguno se prueba que en el señalado aspecto la entidad hubiera venido vulnerando o amenazando los derechos fundamentales de la señora VILLAMIZAR. La especial protección al minusválido Se tiene, entonces, que existiendo otro medio judicial para la defensa de los derechos invocados, no cabe en principio la acción de tutela. Pero también debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, el amparo puede tener lugar cuando el procedimiento que se presenta como alternativo no es idóneo para la eficaz y cierta salvaguarda de los derechos fundamentales en cuestión. Ha sostenido la Corte, siguiendo las pautas trazadas por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que la posibilidad de los medios de defensa judicial diversos de la tutela debe ser verificada en relación con su eficacia e idoneidad frente a la situación concreta del peticionario y que, como esta misma Sala expresó en el Fallo T-441 del 12 de octubre de 1993, un medio judicial únicamente excluye la acción de tutela cuando sirve en realidad a los fines de protección real del derecho. "En consecuencia -ha declarado la Corte- si dicho medio protege derechos distintos, es viable la acción de tutela en lo que concierne al derecho que el señalado medio no protege, pues para la protección de aquél se entiende que no hay otro procedimiento de defensa que pueda invocarse ante los jueces". Ha añadido la jurisprudencia que "desde este punto de vista, es necesario que el juez de tutela identifique con absoluta precisión en el caso concreto cuál es el derecho fundamental sujeto a violación o amenaza, para evitar atribuirle equivocadamente una vía de solución legal que no se ajusta, como debería ocurrir, al objetivo constitucional de protección cierta y efectiva". Es por ello que, en circunstancias muy concretas, específicas y claramente excepcionales, en las cuales han sido probados todos los elementos que configuran la vulneración directa de los preceptos constitucionales, resulta posible el otorgamiento de la tutela transitoria para preservar los derechos del minusválido consagrados en los artículos 13 y 54 de la Constitución, mientras se define en la vía ordinaria si el acto por medio del cual uno de ellos ha sido separado de su cargo obedeció precisamente a su condición de inferioridad física o estuvo sustentado en el ejercicio de atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico al nominador. En tales eventos -ha entendido esta Corporación- la tutela se concede, probado el abierto desacato a los mencionados preceptos superiores, no en sustitución de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que tiene por objeto la verificación de la legalidad del acto mediante el cual se ha declarado la insubsistencia del nombramiento, sino con miras a la protección del derecho fundamental a la igualdad real y efectiva del minusválido (Artículo 13 C.P.) y su consiguiente derecho al trabajo dentro de las condiciones especiales establecidas por el artículo 54 ibidem. Ambos aspectos se derivan, no del orden legal a que estaba sujeta la vinculación laboral (que sería lo discutible ante la jurisdicción Contencioso Administrativa) sino directamente de normas constitucionales que son obligatorias. Como ya lo dijo la Sentencia T-441 citada, no estamos ante una obligación absoluta de la administración, en cuya virtud deba un minusválido permanecer a perpetuidad en el empleo por el hecho de serlo, pues si su conducta es contraria al régimen disciplinario aplicable o a la ética, o si incurre en la comisión de actos delictivos, o si su rendimiento -en labores que pueda desempeñar, considerando su estado- resulta ser insatisfactorio, la administración tiene plenas atribuciones constitucionales y legales para disponer de su cargo, pues todo derecho comporta unos deberes correlativos que también los minusválidos están obligados a cumplir. Se trata, en síntesis, no de establecer que todo minusválido sea inamovible sino de asegurar, con arreglo a claros mandatos constitucionales y en circunstancias específicas en que resulte incontrovertible el trato discriminatorio e injusto, de no dejar desprotegida a la persona inválida frente a las demás. No puede dejar de considerarse que el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley 82 de 1988, obliga al Estado a permitir que la persona invalida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, a la vez que define lo que se entiende por persona inválida: aquella "cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y progresar en el mismo queden sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida". Puesto que ha sido probado que la accionante padece secuelas de poliomelitis que en principio la colocan en una situación de debilidad manifiesta por invalidez parcial, se concederá la tutela transitoriamente con el objeto de evitarle el perjuicio irremediable consistente en la pérdida del empleo, con las consecuencias que ella apareja para una persona de sus condiciones físicas y la consiguiente dificultad que, por eso mismo, se le presenta para establecer nuevos vínculos laborales. Desde luego, lo relativo a los aspectos legales de la separación del cargo no es de competencia de esta Corte ni del juez de tutela y, por tanto, deberá esperarse a lo que, según la normatividad vigente, resuelva la jurisdicción en el proceso correspondiente. DECISION Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- REVOCANSE las sentencias proferidas en el asunto de la referencia por el Juzgado 55 Penal del Circuito y por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá los días 9 de septiembre de 1994 y 3 de octubre del mismo año, pero solamente en cuanto negaron la tutela transitoria impetrada por la demandante en relación con los derechos constitucionales previstos en los artículos 13 y 54 de la Carta Política. Segundo.- En consecuencia, CONCEDESE la tutela solicitada por GRACIELA VILLAMIZAR MOGOLLON, pero sólo en el sentido de inaplicar temporalmente la decisión administrativa de separarla del cargo que venía desempeñando (Artículo 8º del Decreto 2591 de 1991), ordenando para el efecto al Director Ejecutivo del "Instituto de Desarrollo Urbano, IDU", del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, que se la reubique de manera transitoria en empleo de igual o superior categoría, sin desmejora de sus condiciones laborales, mientras la jurisdicción correspondiente resuelve acerca de la validez del acto administrativo en cuestión. Es entendido que, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, la afectada deberá ejercer la correspondiente acción en un término de cuatro (4) meses a partir de este Fallo. La presente Sentencia no revive los términos de caducidad de la acción Contencioso Administrativa. Si ya caducaron, no tendrá lugar la protección otorgada. Tercero.- CONFIRMANSE las providencias revisadas en cuanto negaron las demás pretensiones de la accionante. Cuarto.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                                                        Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-118-95 Sentencia No Sentencia No. T-118/95 IMPUGNACION FALLO DE TUTELA /JUEZ DE TUTELA-Incumplimiento de su función/DETENCION DOMICILIARIA La impugnación es un derecho, reconocido directamente por la Carta a las partes que intervienen dentro del proceso, para que, si la decisión adoptada no las favorece o no les satisface, acudan ante el juez competente según la definición que haga la ley -el superior jerárquico correspondiente, al tenor del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991-, en solicitud de nuevo estudio del caso. Se trata, pues, de un derecho de naturaleza constitucional cuyo ejercicio no depende de la procedencia o improcedencia de la acción. Si ello es así, el propósito que persigue el impugnante, amparado por la Constitución, es el de que el superior de quien profirió el fallo, resuelva de manera expresa si confirma, revoca o modifica la providencia atacada. Por lo tanto, el juez de segundo grado incumple la función que le es propia cuando se pronuncia, como en este caso, sin adoptar ninguna decisión respecto de la sentencia que ante él se impugna. Tanto el impugnante como la otra parte en el proceso tienen derecho a conocer el resultado del respectivo trámite y, por lo mismo, a saber si el fallo inicial queda en firme o ha sufrido modificación. VIA DE HECHO/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES/ACCION DE TUTELA-Improcedencia La vía de hecho es en realidad el ejercicio arbitrario de la función judicial, en términos tales que el fallador haya resuelto, no según la ley -que, por tanto, ha sido francamente violada- sino de acuerdo con sus personales designios. Para que pueda llegarse a entender que, de manera excepcional, procede la acción de tutela contra providencias judiciales -y con mayor razón contra sentencias que han alcanzado el valor de la cosa juzgada-, es indispensable que se configure y acredite una situación verdaderamente extraordinaria, que implique no solamente el incumplimiento de una norma jurídica que el juez estaba obligado a aplicar sino una equivocación de dimensiones tan graves que haya sido sustituído el ordenamiento jurídico por la voluntad del fallador. En el presente caso no existe motivo alguno para considerar que las providencias atacadas hayan sido proferidas en el curso de una vía de hecho y tampoco ha sido probado el perjuicio irremediable. PREVARICATO POR VIA DE HECHO La Corte no vacila en afirmar que la vía de hecho, clara y plenamente probada, si consiste en una vulneración de la ley procesal de tales características que comporta una ruptura grave del debido proceso y, por ende, la violación de la Constitución Política, o una transgresión abierta de otros preceptos constitucionales, de modo que lleve a conceder la tutela contra la providencia judicial en tela de juicio, debe dar lugar a que el juez de tutela corra traslado de las diligencias a la Fiscalía General de la Nación para que se inicie el correspondiente proceso penal por prevaricato. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-51225 Acción de tutela instaurada por MOHAMED AMIN SAKER contra el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE MONTERIA Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los dieciséis (16) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Revisa la Corte las decisiones de tutela adoptadas en el asunto de la referencia por los juzgados Segundo Penal Municipal y Quinto Penal del Circuito de Montería. I. INFORMACION PRELIMINAR MOHAMED AMIN SAKER, preso en la Cárcel Nacional del Distrito Judicial de Montería, en donde purga una condena por el delito de estafa, instauró acción de tutela con el objeto de obtener que se le concediera el beneficio de que la privación de su libertad fuera domiciliaria. Dijo que el Juez Primero Penal del Circuito de Montería no ha tenido en cuenta su situación personal, que no lo conoce y que no ha leído su partida de bautismo. Expresó que fue condenado por un delito que no cometió; que no se le dió credibilidad a su declaración y que en su caso se aplicó la teoría de la peligrosidad. Según el peticionario, se encuentra enfermo, no duerme y soporta fuertes dolores de cabeza. Se quejó de estar recluído en una celda, lejos del cuidado de sus hijos y su esposa y abandonado por el Estado. Expresó que, de acuerdo con recomendaciones médicas, debe hacerse tres operaciones. Citó como violados los artículos 46 y 52 de la Constitución Política. II. DECISIONES JUDICIALES Mediante fallo proferido el 8 de septiembre de 1994, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Montería resolvió negar la tutela impetrada, por cuanto la solicitud de que al actor se le concediera la detención domiciliaria, elevada por su defensor, "fue fallada y quedó debidamente ejecutoriada y se dispuso de los medios de defensa, quedándole la opción de revisión". Impugnada la sentencia, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Montería, por Fallo del 12 de octubre de 1994, resolvió declarar "que la acción tutelar incoada por MOHAMED AMIN SAKER, para la fecha de su presentación, se encontraba caduca". El juez de segunda instancia se basó en el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, según el cual la acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo, salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará en dos meses de ejecutoriada la providencia. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos en referencia, según lo disponen los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991. Inexistencia de caducidad en materia de tutela El juez de segunda instancia aplicó una norma inexistente, pues declaró que había operado en el caso concreto la caducidad que preveía el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992. Así, no solamente se ignoró una providencia que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, sino que se vulneró al peticionario su derecho de acceso a la administración de justicia, ya que no se resolvió en el fondo sobre la impugnación presentada. La Corte debe reiterar que el artículo 86 de la Constitución Política señala con claridad que la acción de tutela puede ser intentada "en todo momento", de tal manera que el legislador no podía establecer términos de caducidad para su instauración. Declarada inexequible la única disposición que consagraba el indicado límite, no tiene el juez motivo alguno para exigir que la demanda de tutela sea presentada dentro de cierto lapso. El objeto de la impugnación El juez de segunda instancia no solamente incurrió en la anotada equivocación, sino que profirió una sentencia mediante la cual se limitó a declarar la caducidad, sin entrar a confirmar ni a revocar la providencia objeto de recurso. Ha de insistirse en que la impugnación de las providencias mediante las cuales se resuelve sobre acciones de tutela es un verdadero derecho de las partes en el procedimiento preferente y sumario que se inicia a partir de ellas, cuyo orígen se encuentra en el mismo artículo 86 de la Carta Política. Recuérdase lo dicho al respecto por esta misma Sala: "Dispone el artículo 86, inciso 2º, de la Constitución Política, refiriéndose al fallo mediante el cual se resuelve acerca de una acción de tutela: "...podrá impugnarse ante el juez competente...". "...estamos ante un derecho, reconocido directamente por la Carta a las partes que intervienen dentro del proceso, para que, si la decisión adoptada no las favorece o no les satisface, acudan ante el juez competente según la definición que haga la ley -el superior jerárquico correspondiente, al tenor del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991-, en solicitud de nuevo estudio del caso. Se trata, pues, de un derecho de naturaleza constitucional cuyo ejercicio no depende de la procedencia o improcedencia de la acción. El juez de primera instancia puede haberse equivocado, aun al calificar si la acción de tutela cabía en el caso concreto. Por tanto, deducir él mismo que su criterio acerca del punto traiga como consecuencia la pérdida del derecho a recurrir significa, ni más ni menos, una clara violación del precepto superior y un desconocimiento del derecho fundamental de acceder a la administración de justicia (art. 229 de la Constitución). El artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 establece que, dentro de los tres días siguientes a su notificación, el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato. Por su parte, el artículo 32 eiusdem preceptúa que, presentada la impugnación, el juez remitirá el expediente dentro del término de dos días al superior jerárquico". (Cfr. Corte  Constitucional . Sala Quinta  de  Revisión. Sentencia T-034 del 2 de febrero de 1994). Si ello es así, el propósito que persigue el impugnante, amparado por la Constitución, es el de que el superior de quien profirió el fallo, una vez verificado su contenido, tanto desde el punto de vista formal como por el material, y practicadas las pruebas adicionales que estime indispensables para llegar a una plena convicción sobre los elementos fácticos y jurídicos que integran la cuestión planteada, resuelva de manera expresa si confirma, revoca o modifica la providencia atacada. Por lo tanto, el juez de segundo grado incumple la función que le es propia cuando se pronuncia, como en este caso, sin adoptar ninguna decisión respecto de la sentencia que ante él se impugna. Tanto el impugnante como la otra parte en el proceso tienen derecho a conocer el resultado del respectivo trámite y, por lo mismo, a saber si el fallo inicial queda en firme o ha sufrido modificación. Improcedencia de la tutela contra providencias judiciales. La cosa juzgada constitucional en la materia. Alcance de la vía de hecho Aunque el escrito mediante el cual se propuso la tutela es en este caso bastante confuso, de su contexto puede concluirse que el autor pretendió atacar tanto la providencia mediante la cual fue condenado -pues sostuvo que se lo había hallado culpable sin haber cometido el delito- como contra la posterior, por medio de la cual le fue negada su solicitud de que se lo favoreciera con prisión domiciliaria. Halla la Corte que tanto una como otra decisión judicial han quedado ejecutoriadas. Resulta, entonces, que la acción de tutela era improcedente, puesto que el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, que la hacía posible de modo indiscriminado contra toda providencia judicial, fue declarado inexequible por razones que en su momento expuso esta misma Corte (Cfr. Sentencia de Sala Plena C-543 del 1 de octubre de 1992). Es cierto que la Corte, al fallar, no consagró un criterio absoluto de exclusión -pues, interpretando el alcance del artículo 86 de la Carta Política, dió paso a la acción de tutela contra providencias judiciales cuanto se estableciera un perjuicio irremediable y cuando fuera probada una vía de hecho del juez, tal como lo ha entendido y desarrollado después en su jurisprudencia-, pero también lo es que las razones constitucionales para invocar el amparo dentro de tan excepcionales supuestos deben ser clara y debidamente probadas y tienen un sentido indudablemente restrictivo que surge del propio texto constitucional. En torno al concepto jurídico de lo que es la vía de hecho, la Corte Constitucional ha sostenido: "...las actuaciones judiciales cuya ostensible desviación del ordenamiento jurídico las convierte -pese a su forma- en verdaderas vías de hecho, no merecen la denominación ni tienen el carácter de providencias para los efectos de establecer la procedencia de la acción de tutela. No es el ropaje o la apariencia de una decisión sino su contenido lo que amerita la intangibilidad constitucionalmente conferida a la autonomía funcional del juez". (...) "...la Corte ha efectuado un análisis material y ha establecido una diáfana distinción entre las providencias judiciales -que son invulnerables a la acción de tutela en cuanto corresponden al ejercicio autónomo de la función judicial y respecto de las cuales existen, dentro del respectivo proceso, los medios judiciales de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico- y las vías de hecho por cuyo medio, bajo la forma de una providencia judicial, quien debería administrar justicia quebranta en realidad los principios que la inspiran y abusa de la autonomía que la Carta Política reconoce a su función, para vulnerar en cambio los derechos básicos de las personas. En ese orden de ideas, la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-173 del 4 de febrero de 1993). En posterior sentencia agregó: "...la utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial. El acto judicial que en grado absoluto exhiba alguno de los defectos mencionados, atenta contra la pax publica y por fuerza se convierte en socialmente recusable. El juez que lo expidió, desconociendo los presupuestos objetivos y teleológicos del ordenamiento, pierde legitimación - en cierto sentido, se "desapodera" en virtud de su propia voluntad - y no puede pretender que la potestad judicial brinde amparo a su actuación o le sirva de cobertura. El principio de independencia judicial no se agota en vedar injerencias extrañas a la función judicial, de manera que ella se pueda desempeñar con autonomía, objetividad e imparcialidad; alude, también, a la necesaria relación de obediencia que en todo momento debe observar el juez frente al ordenamiento jurídico, el cual constituye, como lo expresa la Constitución, la fuente de sus poderes y su única servidumbre. El Juez que incurra en una vía de hecho, no puede esperar que al socaire de la independencia judicial, sus actos u omisiones, permanezcan incólumes. En este evento en el que se rompe de manera incontestable el hilo de la juridicidad, los jueces de tutela están excepcionalmente llamados a restaurar esa fidelidad a la ley de la que ningún juez puede liberarse sin abjurar de su misión. Solo en este caso, que por lo tanto exige la mayor ponderación y la aplicación de los criterios de procedencia más estrictos, es dable que un juez examine la acción u omisión de otro". (...) "La acción de tutela contra las vías de hecho judiciales - cuando ella sea procedente ante la ausencia de otro medio de defensa judicial o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable -, en primer término, se endereza a garantizar el respeto al debido proceso (CP art. 29) y el derecho de acceso a la justicia (CP art 229). Gracias a estos  dos derechos medulares toda persona puede acudir ante un juez con miras a obtener una resolución motivada ajustada a derecho y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales previstos en la Constitución y en la ley. Se articula a través de las normas citadas un derecho público subjetivo a la jurisdicción o tutela judicial, que no consiste propiamente en satisfacer la pretensión que se contiene en la demanda o en su contestación sino a que se abra un proceso y a que la sentencia se dicte con estricta sujeción a la ley y a las garantías procedimentales. En este orden de ideas, la vía de hecho judicial, en la forma y en el fondo, equivale a la más patente violación del derecho a la jurisdicción. Por ello la hipótesis más normal es la de que través de los diferentes recursos que contemplan las leyes procedimentales, se pueda impugnar cualquier acción u omisión judicial que configure una vía de hecho, en cuyo caso, aunque no se descarte siempre la procedibilidad de la tutela, su campo de acción - dada su naturaleza subsidiaria - será muy restringido". (Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994). La vía de hecho consiste en una transgresión protuberante y grave de la normatividad que regía el proceso dentro del cual se profirió la providencia objeto de acción, a tal punto que, por el desconocimiento flagrante del debido proceso o de otras garantías constitucionales, hayan sido vulnerados materialmente -por la providencia misma- los derechos fundamentales del accionante. Esto significa que la vía de hecho es en realidad el ejercicio arbitrario de la función judicial, en términos tales que el fallador haya resuelto, no según la ley -que, por tanto, ha sido francamente violada- sino de acuerdo con sus personales designios. No cualquier error cometido por el juez en el curso del proceso tiene el carácter de vía de hecho, pues entenderlo así implicaría retroceder al ritualismo que sacrifica a la forma los valores de fondo que deben realizarse en todo trámite judicial y, por otra parte, quedaría desvirtuada por una decisión de tutela la inexequibilidad declarada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, que, se repite, ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional. Si, con arreglo al artículo 243 de la Constitución, en tal evento "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", tampoco los jueces, ni la propia Corte Constitucional en sus fallos de revisión, pueden revivir el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, con las salvedades que se hicieron explícitas en la Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992. Así las cosas, para que pueda llegarse a entender que, de manera excepcional, procede la acción de tutela contra providencias judiciales -y con mayor razón contra sentencias que han alcanzado el valor de la cosa juzgada-, es indispensable que se configure y acredite una situación verdaderamente extraordinaria, que implique no solamente el incumplimiento de una norma jurídica que el juez estaba obligado a aplicar sino una equivocación de dimensiones tan graves que haya sido sustituído el ordenamiento jurídico por la voluntad del fallador. La Corte no vacila en afirmar que la vía de hecho, clara y plenamente probada, si consiste en una vulneración de la ley procesal de tales características que comporta una ruptura grave del debido proceso y, por ende, la violación de la Constitución Política, o una transgresión abierta de otros preceptos constitucionales, de modo que lleve a conceder la tutela contra la providencia judicial en tela de juicio, debe dar lugar a que el juez de tutela corra traslado de las diligencias a la Fiscalía General de la Nación para que se inicie el correspondiente proceso penal por prevaricato. Desde luego, cuando la enunciada gravedad de la violación no existe, por cuanto el error cometido por el juez no tiene la indicada trascendencia ni ha incidido de modo eficiente en el desconocimiento de derechos sustanciales del actor, o cuando la normatividad aplicable era susceptible de diversas interpretaciones, una de las cuales ha sido escogida por el fallador en ejercicio de su autonomía funcional (artículo 228 C.P.), sin haberse configurado el evidente quebranto del ordenamiento jurídico, no cabe la tutela y debe hacerse valer en todo su rigor la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. En el presente caso no existe motivo alguno para considerar que las providencias atacadas hayan sido proferidas en el curso de una vía de hecho y tampoco ha sido probado el perjuicio irremediable. Por consiguiente, debe ser negada la tutela, dada su improcedencia. La Corte, sinembargo, dada la errónea concepción del fallo de segundo grado y en cuanto éste no resolvió sobre aquéllo que ha debido decidir -la confirmación o revocación de la sentencia impugnada-, se limitará a revocar la providencia proferida por el superior, confirmando en cambio, por las razones expuestas, la de primera instancia. DECISION En mérito de las consideraciones precedentes, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- REVOCASE la Sentencia proferida el 12 de octubre de 1994 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Montería. Segundo.- CONFIRMASE, por las razones expuestas, la Sentencia pronunciada el 8 de septiembre de 1994 por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Montería, al resolver sobre la acción de tutela instaurada por MOHAMED AMIN SAKER. Tercero.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-119-95 Sentencia No Sentencia No. T-119/95 CONDUCTA LEGITIMA DE PARTICULAR La conducta legítima del particular es, entonces, la que tiene respaldo en el ordenamiento jurídico vigente al momento de actuar. Si el juez la encuentra configurada al analizar los hechos que se someten a su consideración, sin que, por otra parte, se pueda establecer un ejercicio abusivo de sus derechos, no le está permitido conceder una tutela contra aquél, pues ello significaría deducirle responsabilidad por haberse ceñido a los mandatos que lo vinculaban. Al contrario, probada la violación o la amenaza de un derecho fundamental como consecuencia del comportamiento ilegítimo del particular contra quien la acción se instaura, lo cual implica la certidumbre de que su conducta -positiva o negativa- contradice o ignora los mandatos constitucionales o se aparta de las prescripciones de la ley, o representa abuso, ha de otorgarse la protección judicial, con el fin de hacerle exigible, en el terreno práctico y con la efectividad suficiente, el adecuado cumplimiento del orden jurídico, salvaguardando a la vez las garantías constitucionales del accionante. ABUSO DEL DERECHO Quien invoca un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico únicamente puede llevar su ejercicio hasta los límites que el mismo ordenamiento establece. Una vez traspasados esos linderos, deja de ejercerse un derecho y, en cuanto se causa daño a la colectividad o a personas en concreto, se pierde legitimidad y se debe responder. Así, la sola circunstancia de que las centrales de datos y los archivos informáticos estén autorizados, en cuanto corresponden a la libertad de empresa y al derecho a la información -ambos garantizados en la Carta Política-, no implica que quien desarrolle la correspondiente actividad sea invulnerable a la acción de tutela por el uso abusivo que pueda hacer de sus derechos. CADUCIDAD DEL DATO-Límite temporal/BANCO DE DATOS-Eliminación de registros El término para la caducidad del dato lo debe fijar, razonablemente, el legislador. Pero, mientras no lo haya fijado, hay que considerar que es razonable el término que evite el abuso del poder informático y preserve las sanas prácticas crediticias, defendiendo así el interés general. Si el pago se ha producido en un  proceso ejecutivo, es razonable que el dato, a pesar de ser público, tenga un término de caducidad, que podría ser el de cinco (5) años. Los datos financieros no permanecen, entonces, de por vida. Cumplen una función informativa precaria, esto es, durante un período razonable después de ocurridos los hechos reportados, y desaparecen. Así las cosas, un individuo no puede estar condenado para siempre a figurar como deudor moroso o como pagador irregular, de haberlo sido en alguna época. Habiendo cancelado ya la obligación y estando a paz y salvo con la entidad financiera correspondiente, si ha transcurrido el tiempo razonable de caducidad del dato, el antiguo deudor debe desaparecer del registro correspondiente. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-51306 Acción de tutela instaurada por MARCOLINO ARIZA REYES contra DATACREDITO e INVERCREDITO Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los dieciséis (16) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisan los fallos de tutela proferidos en el asunto de la referencia por el Juzgado Sexto Civil del Circuito y por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, D.C. I. INFORMACION PRELIMINAR El accionante dijo haber solicitado a la entidad financiera denominada "INVERCREDITO" una tarjeta de crédito que le fue entregada en enero de 1988. La utilizó hasta 1992. En septiembre de ese año entró en mora y en noviembre canceló la deuda respectiva, con sus correspondientes intereses, directamente a INVERCREDITO, sin pasar a la Oficina Jurídica. Dijo el actor que seis meses antes de instaurar la acción de tutela fue a solicitar un crédito para compra de vehículo y le fue negado por cuanto su nombre y cédula figuraban en los archivos de "DATACREDITO". Añadió que en mayo de 1994 "INVERCREDITO" le expidió una certificación en el sentido de que se encontraba a paz y salvo con dicha entidad. No indicó si había iniciado después alguna gestión ante "DATACREDITO" ni relató cuál había sido el trámite posterior en dicho banco de datos. II. DECISIONES JUDICIALES Correspondió decidir en primera instancia al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, el cual, mediante providencia del 22 de agosto de 1994, decidió amparar el derecho al buen nombre de MARCOLINO ARIZA REYES y ordenar a "INVERCREDITO" y "DATACREDITO" que, dentro del término de 48 horas, lo excluyeran de la lista de deudores y de la pantalla correspondiente. A juicio del fallador, el cliente tiene derecho a que los datos que de él constan en los archivos se actualicen y, si es el caso, se rectifiquen. Manifestó que en los bancos de datos únicamente deben figurar como deudores morosos quienes no paguen sus deudas, mas no quienes hayan satisfecho a sus acreedores. Impugnada la Sentencia por la Presidente de "INVERCREDITO", resolvió en segunda instancia la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, según Sentencia del 13 de octubre de 1994. El Tribunal revocó la providencia impugnada y dispuso, en su lugar, la negación del amparo solicitado. Sostuvo el Tribunal que la conducta de las entidades demandadas era legítima, de aquellas a las que se refiere el artículo 45 del Decreto 2591 de 1991 y que "estando legalmente permitido el funcionamiento del sistema de servicios de divulgación sistematizada de informes, el cual corresponde a un medio para garantizar los intereses generales de la comunidad relativos a la determinación que sobre crédito deba ésta, a través de sus asociados, adoptar, no resulta jurídico ni lógico que para proteger el derecho de uno solo de sus miembros se ordene alterar o suprimir un dato que corresponde a una realidad". III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos en referencia, de acuerdo con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991. Inexistencia de conducta legítima de un particular cuando éste abusa de su derecho La Corte ya ha tenido ocasión de fijar el alcance del artículo 45 del Decreto 2591 de 1991, a cuyo tenor no puede concederse la tutela contra conductas legítimas de un particular: "El objetivo de la norma consiste en asegurar que la acción de tutela se ejerza únicamente sobre los supuestos constitucionales de la violación o amenaza de los derechos fundamentales, ocasionadas por acciones u omisiones contrarias al ordenamiento jurídico. Se desarrolla, en últimas, el artículo 6º de la Constitución Política, a cuyo tenor los particulares sólo son responsables ante las autoridades -en este caso los jueces de tutela- por infringir la Constitución o las leyes. La persona debe gozar de una mínima garantía, ofrecida por el Estado y por el ordenamiento jurídico, de que, mientras ajuste su conducta a las normas en vigor -en primer lugar las constitucionales, pero también las impuestas por la ley en tanto no sean incompatibles con la Constitución (artículo 4º C.P.)- y no abuse de sus derechos, no se verá sometida a la imposición de sanciones ni le será deducida responsabilidad alguna. Ello es consecuencia necesaria de los principios básicos del Estado de Derecho y excluye, por tanto, la arbitrariedad del juez, quien únicamente podrá decidir en contra del particular fundado en la convicción real de que éste ha transgredido o desbordado las reglas de convivencia que el sistema jurídico establece. De conformidad con lo expuesto, no puede deducirse la vulneración de derechos fundamentales y menos todavía la responsabilidad del acusado si a éste no se le demuestra, dentro de las normas del debido proceso (artículo 29 C.P.), que se ha apartado de la recta y cabal observancia de la preceptiva constitucional y legal que lo obligaba en los términos del artículo 4º, inciso 2º, de la Carta: "Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades". La conducta legítima del particular es, entonces, la que tiene respaldo en el ordenamiento jurídico vigente al momento de actuar. Si el juez la encuentra configurada al analizar los hechos que se someten a su consideración, sin que, por otra parte, se pueda establecer un ejercicio abusivo de sus derechos, no le está permitido conceder una tutela contra aquél, pues ello significaría deducirle responsabilidad por haberse ceñido a los mandatos que lo vinculaban. Al contrario, probada la violación o la amenaza de un derecho fundamental como consecuencia del comportamiento ilegítimo del particular contra quien la acción se instaura, lo cual implica la certidumbre de que su conducta -positiva o negativa- contradice o ignora los mandatos constitucionales o se aparta de las prescripciones de la ley, o representa abuso, ha de otorgarse la protección judicial, con el fin de hacerle exigible, en el terreno práctico y con la efectividad suficiente, el adecuado cumplimiento del orden jurídico, salvaguardando a la vez las garantías constitucionales del accionante. Insiste la Corte en que el respeto al orden instituído debe estar acompañado del razonable uso de los derechos que se tienen a la luz del sistema jurídico. El abuso del derecho, aunque éste se halle amparado formalmente en una norma jurídica, no legítima la conducta de quien actúa en perjuicio de la colectividad o afectando los derechos ajenos. De allí que el artículo 95 de la Constitución establezca, como primer deber de la persona y del ciudadano, el de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-017 del 30 de enero de 1995). Para la Corte es claro que, por una parte, los derechos consagrados en la Constitución Política no son absolutos sino que encuentran sus límites en el orden jurídico y en los derechos de los demás, y, por otra, que quien abusa de su derecho, afectando a sus congéneres, no puede reclamar para sí el reconocimiento de una conducta legítima, menos si ello con deja indefensa a su víctima. No comparte esta Corte los argumentos del Tribunal, que tienden a identificar la conducta legítima de un particular con el hecho de que esté permitido por la ley el funcionamiento de sistemas y servicios de divulgación sistematizada. Quien invoca un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico únicamente puede llevar su ejercicio hasta los límites que el mismo ordenamiento establece. Una vez traspasados esos linderos, deja de ejercerse un derecho y, en cuanto se causa daño a la colectividad o a personas en concreto, se pierde legitimidad y se debe responder. Así, la sola circunstancia de que las centrales de datos y los archivos informáticos estén autorizados, en cuanto corresponden a la libertad de empresa y al derecho a la información -ambos garantizados en la Carta Política-, no implica que quien desarrolle la correspondiente actividad sea invulnerable a la acción de tutela por el uso abusivo que pueda hacer de sus derechos. Es claro, como lo ha puesto de presente esta Corte, que mediante el registro de una persona en un banco de informaciones -como las de carácter financiero- pueden resultar lesionados sus derechos a la intimidad, a la honra o al buen nombre, eventos en los cuales el afectado goza de las garantías constitucionales que le permiten acudir al Habeas Data para obtener la rectificación correspondiente (artículo 15 C.P.) o a la acción de tutela (artículo 86 C.P.) para vencer la resistencia de la entidad particular que persiste en la vulneración de los derechos fundamentales. Por ello, en este caso, el juez de segunda instancia ha debido obrar -como lo hizo el de primera- en el sentido de verificar si tales circunstancias se daban en realidad, en vez de presumir que por haber sido en alguna época deudor moroso, el demandante carecía de toda oportunidad de reivindicación. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencias de unificación números SU-082 y SU-089 del 1 de marzo de 1995 (M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía), ha armonizado los derechos a la información -que en el caso de los datos financieros interesa a los acreedores y a toda la comunidad-, por una parte, y a la honra y el buen nombre de las personas concernidas, por la otra, sentando doctrina constitucional acerca de la caducidad del dato, en los siguientes términos: "Como se ha visto, el deudor tiene derecho a que la información se actualice, a que ella contenga los hechos nuevos que le beneficien. Y, por lo mismo, también hacia el pasado debe fijarse un límite razonable, pues no sería lógico ni justo que el buen comportamiento de los últimos años no borrara, por así decirlo, la mala conducta pasada. ¿Qué ocurre en este caso?. Que el deudor, después de pagar sus deudas, con su buen comportamiento por un lapso determinado y razonable ha creado un buen nombre, una buena fama, que en tiempos pasados no tuvo. Corresponde al legislador, al reglamentar el habeas data, determinar el límite temporal y las demás condiciones de las informaciones. Igualmente corresponderá a esta Corporación, al ejercer el control de constitucionalidad sobre la ley que reglamente este derecho, establecer si el término que se fije es razonable y si las condiciones en que se puede suministrar la información se ajustan a la Constitución. Es claro, pues, que el término para la caducidad del dato lo debe fijar, razonablemente, el legislador. Pero, mientras no lo haya fijado, hay que considerar que es razonable el término que evite el abuso del poder informático y preserve las sanas prácticas crediticias, defendiendo así el interés general. En este orden de ideas, sería irrazonable la conservación, el uso y la divulgación informática del dato, si no se tuviera en cuenta la ocurrencia de todos los siguientes hechos: a) Un pago voluntario de la obligación; b) Transcurso de un término de dos (2) años, que se considera razonable, término contado a  partir del pago voluntario.  El término de dos (2) años se explica porque el deudor, al fin y al cabo, pagó voluntariamente, y se le reconoce su cumplimiento, aunque haya sido tardío. Expresamente se exceptúa el caso en que la mora haya sido inferior a un (1) año, caso en el cual, el término de caducidad será igual al doble de la misma mora; y, c) Que durante el término indicado en el literal anterior, no se hayan reportado nuevos incumplimientos del mismo deudor, en relación con otras obligaciones. Si el pago se ha producido en un  proceso ejecutivo, es razonable que el dato, a pesar de ser público, tenga un término de caducidad, que podría ser el de cinco (5) años, que es el mismo fijado para la prescripción de la pena, cuando se trata de delitos que no tienen señalada pena privativa de la libertad, en el Código Penal. Pues, si las penas públicas tienen todas un límite personal, y aun el quebrado, en el derecho privado, puede ser objeto de rehabilitación, no se vé por qué no vaya a tener límite temporal el dato financiero negativo. Ahora, como quiera que no se puede perder de vista la finalidad legítima a la que sirven los bancos de datos financieros, es importante precisar que  el límite temporal mencionado no puede aplicarse razonablemente si dentro del mismo término ingresan otros datos de incumplimiento y mora de las obligaciones del mismo deudor o si está en curso un proceso judicial enderezado a su cobro". Esta Sala de Revisión, complementando lo dicho, ha señalado: "Los bancos de datos y las entidades financieras tienen derecho a la conservación, procesamiento y circulación de informaciones de carácter económico, especialmente las relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los deudores, a fin de evitar, merced al oportuno conocimiento, aumentar los riesgos inherentes al crédito por la colocación de recursos en manos de quien no exhibe una trayectoria de cumplimiento. Pero, claro está, no siendo un derecho absoluto, encuentra sus límites en los derechos de las personas afectadas por los datos, las cuales no pueden permanecer indefinidamente registradas bajo un dato negativo que, hacia el futuro, les niega el acceso al crédito y les causa graves perjuicios. Esto da lugar al derecho al olvido, sostenido por esta Corte desde la Sentencia 414 del 6 de junio de 1992, según el cual las informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y en consecuencia, después de algún tiempo, deben desaparecer totalmente del banco de datos respectivo. La Corte Constitucional ha entendido que es necesario armonizar tales derechos para preservar el interés general implícito en el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones, sin ocasionar la desprotección de la persona frente al poder informático y sin prohijar el uso desmedido y desproporcionado del derecho a la información, razón por la cual estima necesario reiterar que, por una parte, se requiere una autorización del interesado para que las centrales de datos dispongan de la información y la hagan circular, y, por otra, deben existir unas reglas claras sobre la caducidad del dato. Los datos financieros no permanecen, entonces, de por vida. Cumplen una función informativa precaria, esto es, durante un período razonable después de ocurridos los hechos reportados, y desaparecen. Si se extendiera su registro más allá del término de caducidad, perderían legitimidad y, por tanto, la actualización que puede reclamar el interesado implica, en tal hipótesis, la obligación del banco de datos de eliminar toda referencia a la información negativa caduca". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-097 del 3 de marzo de 1995). Así las cosas, un individuo no puede estar condenado para siempre a figurar como deudor moroso o como pagador irregular, de haberlo sido en alguna época. Reitera la Corte que, habiendo cancelado ya la obligación y estando a paz y salvo con la entidad financiera correspondiente, si ha transcurrido el tiempo razonable de caducidad del dato, el antiguo deudor debe desaparecer del registro correspondiente. En el caso de autos, ha sido probado, de acuerdo con certificación expedida por la propia compañía acreedora (Fl. 21 del Expediente) que MARCOLINO ARIZA REYES incurrió en una mora de 90 días en el pago de sus cuotas por tarjeta de crédito durante 1992, pero que canceló sus obligaciones el 26 de enero de 1993. Entonces, aplicando los criterios de razonabilidad señalados por la Sala Plena de esta Corte a falta de norma legal que fije términos de caducidad del dato (Cfr. Sentencia SU-089 del 1 de marzo de 1995), no es admisible ni justo que, a la fecha de esta providencia, el actor permanezca, después de transcurridos más de dos años de efectuado el pago total de sus obligaciones, registrado en la central de datos denominada "DATACREDITO". El tiempo razonable de su permanencia -para satisfacer el derecho a la información del acreedor y del banco de datos- no podía sobrepasar el doble del tiempo de la mora, es decir, 180 días. Se revocará el Fallo de segunda instancia y se concederá la tutela, ordenando a "COMPUTEC S.A.-DATACREDITO" que proceda a la inmediata eliminación, en su banco de datos, del nombre y la identificación del solicitante. DECISION Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- REVOCAR en todas sus partes la Sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, D.C., el 13 de octubre de 1994. Segundo.- ORDENAR a "COMPUTEC S.A.-DATACREDITO" que, en un término no superior a las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este Fallo, proceda a eliminar cualquier forma de registro en su banco de datos o archivo respecto del peticionario, MARCOLINO ARIZA REYES, C. de C. 19.113.675 de Bogotá. Tercero.- "COMPUTEC S.A.-DACREDITO" informará por escrito al Juez de primera instancia, el Sexto Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, D.C., sobre el exacto e inmediato cumplimiento de lo ordenado en esta providencia. Cuarto.- Por el cumplimiento de esta Sentencia responderá el representante legal de "COMPUTEC S.A.", a quien se advierte que el desacato será sancionado en la forma prevista por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquesele personalmente. Quinto.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-120-95 Sentencia No Sentencia No. T-120/95 CLUB DEPORTIVO/CONTROVERSIA DEPORTIVA Los clubes deportivos son personas jurídicas de Derecho Privado, no prestan un servicio público y aunque su actividad interesa -y de modo relevante- a la colectividad, ese interés es puramente recreativo, de esparcimiento y distracción y en modo alguno relacionado con actividades que en sí mismas afecten o pongan en peligro derechos fundamentales. Pretender que los jueces decidan cuándo un técnico de fútbol o de otro deporte acierta en sus determinaciones resulta tan descabellado e impropio como aspirar a que los especialistas deportivos adopten las decisiones confiadas por la ley a los tribunales del Estado. Los actos imputados al técnico no constituyen eventos violatorios de la integridad personal, moral o física, del pupilo sino ejercicio normal de sus funciones de preparación y orientación estratégica en el específico campo futbolístico. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-48923 Acción de tutela instaurada por Acción de tutela instaurada por ALFONSO FELIPE GARAY contra HERNANDO GARCIA y el Club Deportivo "LOS MILLONARIOS" Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se examinan los fallos proferidos en el asunto de la referencia por el Juzgado Octavo Civil del Circuito y por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, D.C. I. INFORMACION PRELIMINAR ALFONSO GARAY MOLANO, padre del menor ALFONSO FELIPE GARAY, jugador de la Cuarta División del Club "Millonarios", de Santa Fe de Bogotá, actuando en su nombre y representación, ejerció acción de tutela contra el técnico HERNANDO GARCIA y contra el Club Deportivo "LOS MILLONARIOS" por lo que, a su juicio, ha sido una violación reiterada de los derechos fundamentales de su hijo. Dijo el demandante que ALFONSO FELIPE, de 14 años, es ferviente practicante de fútbol y que siempre se ha destacado por su destreza, inteligencia y excelente juego, además de ser un gran estudiante. A raíz del traslado del padre a Santa Fe de Bogotá, el menor se vinculó con las devisiones inferiores de "MILLONARIOS", donde su rendimiento ha sido óptimo, al punto de haber sido artífice -según la demanda- del campeonato obtenido por la preinfantil del Club en el año 1992. Sin embargo -afirmó-, a raíz del fracaso del técnico García, a quien las directivas de "MILLONARIOS" desautorizaron para viajar a Brasil a participar en un torneo, aquél cambió en el trato con Alfonso Felipe, por considerar que el padre había sido el responsable de la expuesta situación, en cuanto formuló objeciones al viaje, junto con otros padres de familia. "A partir del hecho anterior -señaló la demanda- el técnico HERNANDO "MICO" GARCIA desató una persecución injustificada contra mi hijo, humillándolo y demeritando sus actitudes y condiciones en público y ante sus compañeros". Dijo el accionante que durante el año 1993 su hijo no fue tenido en cuenta para que interviniera en ningún partido del campeonato. "Lo citaba a entrenamiento -expresó- y después de efectuar los ejercicios físicos, cuando se organizaba el equipo para las prácticas de orden técnico y táctico, lo humillaba ante sus compañeros y demás asistentes, ordenándole se cambiara o jugara con las categorías 5a o 6a, inferiores a la que él en realidad pertenece, por su experiencia y capacidad". "En otras oportunidades -agregó- durante el transcurso de los partidos ilusionaba a mi hijo ALFONSO FELIPE GARAY para que entrara a jugar en los últimos 15 a 10 minutos de algunos partidos, ordenándole prácticas de calentamiento, para al final negarle su entrada, situación que fue apreciada por los demás padres de familia, con los consecuentes comentarios desfavorables hacia el técnico HERNANDO "MICO" GARCIA y de conmiseración y lástima hacia mi hijo, colocando su buen nombre en entredicho". Estos y otros hechos similares fueron expuestos en la demanda, mediante la cual el padre del menor -alegando que la situación ha postrado a su hijo física y psíquicamente y que lo ha desmoralizado- solicitaba al juez de tutela declarar la responsabilidad del técnico por el manejo inadecuado de los menores sometidos a su dirección; que se ordenara al Club Deportivo "LOS MILLONARIOS" y a la Federación Colombiana de Fútbol la expulsión del mencionado profesional; que a éste se ordenara cesar en los malos tratos de palabra o de hecho a los menores bajo su cuidado; que se otorgara a Alfonso Felipe Garay, en el ejercicio de la actividad futbolística, las mismas oportunidades de los demás y que se le respetaran sus derechos a desempeñarse en su deporte favorito; que se le brindara una adecuada formación para el bien de sí mismo y de la sociedad. II. DECISIONES JUDICIALES La primera instancia correspondió al Juez Octavo Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, quien, por medio de sentencia fechada el 26 de agosto de 1994, concedió la tutela solicitada, ordenando al Club Deportivo "LOS MILLONARIOS" que en un término máximo de ocho días adelantara las investigaciones sobre posible discriminación o malos tratos al accionante por parte del técnico Hernando García y se tomaran los correctivos del caso. Advirtió el Juez que no tenía facultad para ordenar destitución o desvinculación laboral de ninguna especie, como lo pretendió el accionante, pero estimó que debía tutelar los derechos del menor, dando lugar a las pertinentes indagaciones, para que, en el caso de ser probados los malos tratos por parte del técnico, o la discriminación denunciada, se adoptaran las providencias encaminadas a su erradicación. Impugnado el Fallo por el apoderado del Club Deportivo, resolvió en segunda instancia el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá. Este, mediante Sentencia del 7 de septiembre de 1994, revocó la decisión de primer grado y negó la protección impetrada. Dijo el Tribunal que el Club Deportivo "LOS MILLONARIOS" no es autoridad pública ni tampoco un particular encargado de prestar un servicio público, por lo cual la acción de tutela contra él y su técnico resultaba improcedente. Señaló, además, que la formación deportiva, el refinamiento de una actividad eminentemente recreativa, el adiestramiento en la disciplina no es obligatorio para el menor y que tampoco es forzoso que la preparación se haga en una institución determinada pues son muchas las organizaciones que brindan ese servicio. Sostuvo entonces que el menor de que se trata no se encontraba bajo subordinación o indefensión, premisa indispensable para que opere la acción de tutela contra particulares. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias en mención, según lo disponen los artículos 86 y 241-9 de la Carta Política y el Decreto 2591 de 1991. Improcedencia de la tutela para regular relaciones de carácter deportivo La acción de tutela -ha repetido esta Corte- tiene por objeto específico y exclusivo la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando éstos son violados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad o de particulares. En cuanto a los segundos, como lo subrayó con acierto el Tribunal, la acción de tutela no procede en principio, a menos que se hallen encargados de la prestación de un servicio público, asuman una conducta que afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de ellos el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión, y que la ley contemple por vía general la procedencia del amparo. Los clubes deportivos, que son personas jurídicas de Derecho Privado, no se encuentran cobijados normalmente por ninguna de las indicadas hipótesis. En efecto, es claro que no prestan un servicio público y aunque su actividad interesa -y de modo relevante- a la colectividad, ese interés es puramente recreativo, de esparcimiento y distracción y en modo alguno relacionado con actividades que en sí mismas afecten o pongan en peligro derechos fundamentales. Por el contrario, ninguna demostración se requiere para establecer que, frente a la sociedad, el objeto perseguido por entidades de esta naturaleza repercute en el desarrollo práctico del artículo 52 de la Constitución, a cuyo tenor "se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre", factores que, además, contribuyen al logro  de la paz, derecho y obligación de todos los colombianos según el artículo 22 de la misma Carta. Desde luego, es verdad que ya en el terreno de las relaciones internas entre el Club y los jugadores, quienes al fin y al cabo dependen de él deportiva y laboralmente, pueden darse situaciones en las que resulte aplicable la tutela, dada la subordinación existente, si llegara a probarse que la actividad del ente comporta la violación o la amenaza de derechos fundamentales. Ello habrá de verificarse en cada caso concreto, por lo cual no puede afirmarse en abstracto una regla fija y determinada sobre procedencia o improcedencia de la acción desde este punto de vista. Pese a ello, lo que sí resulta del todo ajeno no solamente a la acción de tutela sino al ejercicio de la función judicial es lo referente a los aspectos puramente deportivos, que obedecen a reglas propias y a procedimientos señalados por los reglamentos aplicables a cada tipo de juego, y que se desenvuelven según conceptos de habilidad, pericia y conocimientos especializados, no susceptibles de deliberación o controversia en estrados. Pretender que los jueces decidan cuándo un técnico de fútbol o de otro deporte acierta en sus determinaciones resulta tan descabellado e impropio como aspirar a que los especialistas deportivos adopten las decisiones confiadas por la ley a los tribunales del Estado. Para tocar el tema concreto objeto de la acción, es inadmisible una interferencia judicial en las alineaciones de los equipos o en la definición de si los miembros de éstos deben desempeñarse en las divisiones mayores o en las inferiores, o acerca del momento en que deben entrar ciertos jugadores mientras se desarrolla un partido. Lo propio puede afirmarse de la libertad de contratación de los equipos, que como entidades privadas gozan de la mayor discrecionalidad en la definición sobre quiénes deben conformar sus cuadros, tanto en el nivel directivo como en el terreno técnico, médico, sicológico y deportivo. Así, en el presente caso, la idea misma de una posible orden judicial para separar al técnico de "MILLONARIOS" o para obtener que éste incluya al menor Alfonso Felipe Garay en una determinada división o resuelva alinearlo para ciertos juegos repugna al concepto mismo de la acción de tutela, desfigura su sentido y lesiona la independencia deportiva. Los actos imputados al técnico no constituyen eventos violatorios de la integridad personal, moral o física, del pupilo sino ejercicio normal de sus funciones de preparación y orientación estratégica en el específico campo futbolístico. Diferente sería el caso en el cual lograran demostrarse acciones verdaderamente ofensivas para la dignidad de la persona, lesiones personales o malos tratos, casos en los cuales, sobre la base de su debida probanza, la persona afectada podría acudir a los medios judiciales existentes, inclusive a la acción de tutela, siempre que la circunstancia concreta encajara dentro de los presupuestos constitucionales que la hacen posible. Allí actuaría el juez no por razón o con motivo de la práctica misma del deporte sino por los hechos que atentaron contra los derechos fundamentales, considerados en sí mismos, lo cual sería posible en esta como en cualquier otra actividad. Se confirmará el fallo de segunda instancia. DECISION Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Quinta de Revisión, de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida en el asunto de la referencia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá -Sala de Decisión Civil- el 7 de septiembre de 1994, que a su vez revocó el fallo de primera instancia. Segundo.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-121-95 Sentencia No Sentencia T-121/95 DERECHO DE PETICION El sentido del derecho de petición es el de asegurar una vía expedita para que el gobernado sea oído por los gobernantes y para que sus solicitudes, en interés general o particular, reciban curso adecuado y sean objeto de rápida y eficiente definición. En modo alguno compromete a la Administración a adoptar resolución favorable, pues ello -a menos que se trate de actos reglados, que simplemente reconozcan el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley al solicitante, quien en tal evento puede reclamar que se le conceda lo pedido- significaría inaceptable recorte a la facultad de disposición de los asuntos que están a cargo de la respectiva autoridad. TRASLADO DE INTERNO-Improcedencia/DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Facultades Los traslados de los reclusos condenados, que implican ubicación de éstos en lugares diferentes a aquéllos que inicialmente se les habían señalado para cumplir sus penas, corresponden a situaciones excepcionales previstas por la ley, que deben ser evaluadas y resueltas por la autoridad carcelaria, a cuyo cargo está la custodia de aquéllos. Tal facultad -que hoy cumple el INPEC- debe ser ejercida con arreglo a las pertinentes disposiciones legales, pues los casos en que se puede solicitar el traslado están previstos de manera taxativa, aunque en la aplicación concreta de éstos debe considerarse necesariamente la circunstancia concreta en la cual se encuentra el recluso. Cuando se manifiesta por el Director del INPEC que le es imposible acceder a un traslado, es inexacto e injusto atribuir tal decisión a su única y exclusiva voluntad, pues resulta necesario consultar las normas legales aplicables para hacerlas valer en la situación específica que plantea el recluso. DERECHO DE PETICION-Casos en que se presenta abuso -Sala Quinta de Revisión- Referencia: expediente T-51862 Acción de tutela instaurada por GUILLERMO BUSTOS LOPEZ contra el Director General del INPEC Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisa el fallo de tutela proferido el 19 de octubre de 1994 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Ibagué. I. INFORMACION PRELIMINAR GUILLERMO BUSTOS LOPEZ, quien cumple una condena por homicidio agravado en la Penitenciaría Nacional de Ibagué, ejerció acción de tutela contra el Director General del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO y CARCELARIO "INPEC", afirmando que lleva preso treinta y seis meses y que, con base en el artículo 405 del Código de Procedimiento Penal, ha solicitado traslado a Florencia o a Neiva para acercarse a su familia, la cual carece de recursos económicos. Dijo haber enviado cuatro memoriales a dicho funcionario, de los cuales tan sólo se le han contestado dos. El último lo remitió hace tres meses y no ha obtenido respuesta. Dadas las dificultades para la lectura del manuscrito presentado, el Juez llamado a resolver ordenó la práctica de una diligencia de ratificación y ampliación del mismo. Manifestó el quejoso que, al responder su primera solicitud, se le indicó que cuando llevara un año le otorgarían la remisión, lo cual no ha ocurrido pese a que ya lleva tres años privado de su libertad. La Asesora Jurídica de la Penitenciaría, en oficio dirigido al Juez, manifestó que el INPEC ha negado varias veces a BUSTOS LOPEZ su solicitud de traslado, puesto que lo impide la cuantía de la pena. Expresó que las penitenciarías son centros de reclusión para internos con penas superiores a diez años y que en este caso el solicitante fue condenado a ciento veintiocho meses de presidio. Señaló también que en Neiva y en Florencia existen cárceles de Distrito pero no hay penitenciarías. II. LA DECISION JUDICIAL REVISADA El Juez Octavo Penal del Circuito de Ibagué, mediante providencia del 19 de octubre de 1994, resolvió denegar la tutela promovida por considerarla improcedente. A su juicio, según lo respondido por el INPEC, la duración de la pena impuesta -más de diez años- hace imposible atender la petición del condenado pues en tales casos los traslados deben ser hechos solamente a penitenciarías. Por otra parte -expresó-, no se ha violado el derecho de petición del interno, pues con las dos respuestas ya enviadas se cumplió el objetivo de dar solución positiva o negativa a su pretensión, sin que pueda decirse que, frente a un determinado número de peticiones de idéntica naturaleza y finalidad por parte de una misma persona, deba responderse igual cantidad de veces, pues a lo que apunta el derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta es a que la persona pueda presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a que obtenga pronta resolución. Por tanto, la insistencia en una petición ya resuelta no implica las reiteraciones o la redundancia en las respuestas, en especial si es manifiesta la imposibilidad de acceder a las reclamaciones, como en este caso. III CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte es competente para efectuar la revisión del fallo aludido, según lo disponen los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991. El presente asunto fue seleccionado por los magistrados a quienes ello correspondió en turno, según el Reglamento de la Corporación, y repartido por sorteo a esta Sala de Revisión. La violación o amenaza de derechos fundamentales, presupuesto esencial de la tutela Consistiendo el objeto de la acción de tutela en una protección judicial inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, ella sólo tiene justificación y prosperidad cuando en efecto se establece, dentro del procedimiento preferente y sumario, que una acción u omisión de la autoridad pública o de particulares, en los casos previstos por la ley, causa verdadero agravio a tales derechos o los pone en peligro. Así, pues, cuando la situación expuesta por el demandante corresponde a un estado de cosas que en modo alguno compromete los derechos fundamentales, la tutela carece de sentido y, por tanto, la solicitud no puede alcanzar decisión favorable. Tal ocurre en el asunto materia de examen, pues resulta evidente que la autoridad demandada no ha incurrido en actos que puedan entenderse violatorios de los derechos fundamentales del peticionario, o que atenten contra ellos, ni ha omitido el cumplimiento de los deberes que le incumben. Por el contrario, el INPEC ha dado respuesta oportuna a las peticiones formuladas, al amparo de la normatividad vigente en materia carcelaria. El derecho de petición no exige la reiteración de respuestas a las solicitudes negadas Alegó el actor que había enviado cuatro solicitudes de traslado al INPEC y que tan sólo le habían respondido dos. El derecho de petición se satisface cuando la autoridad a quien se dirige una solicitud le da pronto trámite y resuelve oportunamente sobre ella. Una vez más debe insistirse en que tal derecho no resulta desconocido por la sola circunstancia de que la decisión sea negativa respecto del interés planteado, pues no es eso lo que la Carta Política garantiza. El sentido del derecho de petición es el de asegurar una vía expedita para que el gobernado sea oído por los gobernantes y para que sus solicitudes, en interés general o particular, reciban curso adecuado y sean objeto de rápida y eficiente definición. En modo alguno compromete a la Administración a adoptar resolución favorable, pues ello -a menos que se trate de actos reglados, que simplemente reconozcan el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley al solicitante, quien en tal evento puede reclamar que se le conceda lo pedido- significaría inaceptable recorte a la facultad de disposición de los asuntos que están a cargo de la respectiva autoridad. Así, pues, contestada una petición en sentido contrario al querido por el solicitante, no es razonable que éste pretenda vulnerado su derecho cuando la administración deja de responderle peticiones iguales sin haber cambiado la normatividad que gobierna el asunto y permaneciendo las mismas circunstancias consideradas al resolver en la primera oportunidad. La función del INPEC en cuanto al traslado de reclusos Como ya lo destacó la Corte en Sentencia T-016 del 30 de enero de 1995, la comunidad tiene derecho a que el Estado le garantice una eficaz, permanente y cuidadosa guarda de los centros carcelarios y penitenciarios, motivo por el cual la dependencia oficial correspondiente -que lo es el INPEC a partir de la vigencia del Decreto 1242 de 1993- tiene a cargo, como funciones básicas, el cuidado de tales establecimientos y la vigilancia de los reclusos, no solamente con el propósito de hacer cumplir las penas y las medidas de seguridad sino dentro del criterio de preservar la vida, la integridad y la salud del personal interno, merced a un adecuado funcionamiento operativo, que también se encuentra bajo su cuidado. Los traslados de los reclusos condenados, que implican ubicación de éstos en lugares diferentes a aquéllos que inicialmente se les habían señalado para cumplir sus penas, corresponden a situaciones excepcionales previstas por la ley, que deben ser evaluadas y resueltas por la autoridad carcelaria, a cuyo cargo está la custodia de aquéllos. Tal facultad -que hoy cumple el INPEC- debe ser ejercida con arreglo a las pertinentes disposiciones legales, pues los casos en que se puede solicitar el traslado están previstos de manera taxativa, aunque en la aplicación concreta de éstos debe considerarse necesariamente la circunstancia concreta en la cual se encuentra el recluso. El artículo 15, numeral 9, del Decreto 1242 de 1993, señala, entre las funciones del Director General de INPEC, la de indicar los establecimientos penitenciarios en los que haya de darse cumplimiento a las penas, teniendo en cuenta la situación familiar y personal del condenado. La Ley 65 de 1993, por la cual se expidió el Código Penitenciario y Carcelario, consagró en su artículo 73 que es a la Dirección de dicho organismo a la que compete disponer el traslado de los internos condenados de un establecimiento a otro, por decisión propia motivada o por solicitud formulada ante ella. Según el artículo 74 ibídem, las causales del traslado, además de las consagradas en el Código de Procedimiento Penal, contemplan la situación en que él se requiera por el estado de salud del preso, debidamente comprobado por médico oficial; la falta de elementos adecuados para el tratamiento médico; los motivos de orden interno del establecimiento; el estímulo de buena conducta con la aprobación del Consejo de Disciplina; la necesidad de descongestión del establecimiento y las mejores condiciones de seguridad. Ahora bien, la posibilidad de un traslado está supeditada también al tipo de reclusorio de la localidad correspondiente, lo que a su vez se relaciona con la pena que haya sido impuesta a un condenado. El artículo 20 de la mencionada Ley clasifica los establecimientos carcelarios en "cárceles, penitenciarias, cárceles y penitenciarías especiales, reclusiones de mujeres, cárceles para miembros de la Fuerza Pública, colonias, casa-cárceles, establecimientos de rehabilitación y demás centros de reclusión que se creen en el sistema penitenciario y carcelario". Según los artículos 21 y 22, son cárceles los establecimientos de detención preventiva, previstos exclusivamente para retención y vigilancia de sindicados, en tanto que las penitenciarías son establecimientos destinados a la reclusión de condenados y en ellas se ejecuta la pena de prisión. Para la Corte es claro que estas normas limitan la discrecionalidad del Director del INPEC para disponer acerca de los traslados, por lo cual, mientras se ajuste a los preceptos aplicables a cada recluso, según su situación jurídica, la pena que le corresponda purgar y las demás variables que deben considerarse, así como el tipo de establecimiento carcelario en cuestión, no puede afirmarse que viola los derechos de un interno cuando le niega el traslado que solicita. Ahora bien, según la política del INPEC, antes también formulada por la Dirección General de Prisiones, los traslados para condenados a penas superiores a diez años de prisión únicamente pueden tramitarse a penitenciarías, lo cual, desde luego, condiciona adicionalmente las determinaciones que el Director del organismo deba adoptar en casos concretos. En síntesis, cuando se manifiesta por el Director del INPEC que le es imposible acceder a un traslado, es inexacto e injusto atribuir tal decisión a su única y exclusiva voluntad, pues resulta necesario consultar las normas legales aplicables para hacerlas valer en la situación específica que plantea el recluso. El caso concreto Según el expediente, Guillermo Bustos López fue condenado a la pena de 128 meses de prisión por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Florencia, por el delito de homicidio agravado (Fl. 14). La negación de su solicitud de traslado se produjo teniendo en cuenta que en las ciudades a las cuales lo solicitaba (Neiva y Florencia) no hay penitenciarías sino que existen cárceles de Distrito, en las cuales no podía pagar la pena que le ha sido impuesta. Las respuestas le fueron comunicadas oportunamente y aunque dos de ellas -de las cuales no aparece prueba- no dieron lugar a comunicaciones específicas, ya se le había expresado con claridad que la petición formulada se le negaba. Dedúcese de todo lo dicho que al solicitante no le fue vulnerado derecho alguno, menos todavía el consagrado en el artículo 23 de la Carta, pues sus peticiones fueron tramitadas  y oportunamente resueltas. Y, si bien el derecho de petición no incluye la resolución favorable, en este caso puede apreciarse sin dificultad que las razones de la negativa fueron justificadas, razonables y acordes con la normatividad en vigor. Se confirmará la sentencia revisada. IV. DECISI0N En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMAR, por las razones consignadas, el fallo proferido el 19 de octubre de 1994 por el Juez Octavo Penal del Circuito de Ibagué, el resolver sobre la acción de tutela instaurada. Segundo.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente HERNANDO HERRERA VERGARA ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                                                                                  Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-122-95 Sentencia No Sentencia No. T-122/95 LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA/AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA/PERSONERO ESTUDIANTIL-Facultades El estudiante escogido para los indicados fines no se encuentra habilitado por la ley para actuar, a nombre de sus compañeros, ante las autoridades públicas. Su papel se circunscribe, de manera exclusiva, a agenciar los derechos de los alumnos frente a quienes orientan el correspondiente establecimiento. Así, de no haber invocado el peticionario su propio y personal interés, no se habría podido dar curso a su solicitud de tutela por falta de legitimación. ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Proximidad a caño de aguas negras/SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO En el expediente no existe prueba sobre lo afirmado por el accionante en el sentido de que la proximidad de unos caños al establecimiento educativo en que estudia esté causándole un daño actual o configure una amenaza cierta y próxima contra su vida o su salud. La acción de tutela no puede ser concedida. Queda expedita, a favor de quienes se consideren afectados, la vía indicada en el artículo 87 de la Constitución y en el 77 de la Ley 99 de 1993 para obtener el cumplimiento de las disposiciones consagradas en el artículo 166 de la Ley 142 de 1994 respecto del servicio público de alcantarillado. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-51912 Acción de tutela instaurada por RICARDO CASTRO GONZALEZ contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santa Fe de Bogotá D.C. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisa el Fallo proferido en el asunto de la referencia por el Juez 31 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá D.C. I. INFORMACION PRELIMINAR El menor RICARDO CASTRO GONZALEZ, quien actuó en nombre propio y también en su calidad de Personero del Instituto Técnico Distrital "Aquileo Parra", conforme a elección interna efectuada por los alumnos del colegio, ejerció acción de tutela contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santa Fe de Bogotá, con el fin de que se garantizara, a él y a sus compañeros, el derecho fundamental a la vida y a un ambiente sano y a la salud, los cuales se han visto afectados debido a que el establecimiento en el cual estudian está rodeado por dos caños, ubicados escasos 10 metros de la edificación. Afirmó el accionante que dichos caños recogen las aguas negras de un vasto sector del norte de la ciudad y que la contaminación de estas aguas y los fétidos olores que expelen se han manifestado en problemas pulmonares y respiratorios, infecciones dermatológicas, alergias cutáneas y desmayos. Solicitó que se obligara a la empresa de servicio público a canalizar las aguas negras y contaminadas. II. LA DECISION JUDICIAL OBJETO DE REVISION El Juzgado 31 Civil de Circuito de Santa Fe de Bogotá, mediante providencia del 21 de octubre de 1994, resolvió denegar el amparo solicitado. A su juicio, en el caso examinado se enfrentaba un problema de legitimación por activa, en atención a que la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, si bien contempla la figura del personero de los estudiantes (artículo 93 y 94), le concede la representación para lo que concierne al cumplimiento de derechos y deberes de los estudiantes y para plantear ante el rector del establecimiento solicitudes tendientes a la protección de los mismos, pero no lo habilita para llevar ningún tipo de representación ante las autoridadesde la República. Reconoció, empero, que resultaba incontrovertible la mencionada legitimación por haber actuado el estudiante también en nombre propio. Concluyó que el problema planteado era de tipo ambiental que tocaba con la salubridad de una colectividad y con el cumplimiento de la ley por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santa Fe de Bogotá. Esto último por cuanto el Decreto legislativo número 3300 del 15 de noviembre de 1954 le asignó a dicho organismo, entre otras funciones, las de estudio, aprobación, ensanche, ampliación, mejoramiento, control y ejecución de obras atinentes a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, resaltando que "deberán ser dados a la comunidad de manera contínua y eficiente, procurando proporcionar soluciones efectivas a las necesidades colectivas". Puso de presente el Juez que en el artículo 18 del Decreto se recalca la obligación de la entidad de hacer el mantenimiento y reparación de las redes públicas de acueducto y de alcantarillado. Dijo también que el artículo 6º del Decreto 1842 de 1991 obliga a las entidades encargadas de prestar servicios públicos domiciliarios a proveer soluciones, a fin de garantizar el suministro de tales servicios a los asentamientos subnormales y que similar concepción se asume en la Ley 142 de 1994. Por tanto -concluyó- es a través del mecanismo del artículo 87 de la Constitución en concordancia con los artículos 77 y siguientes de la Ley 99 de 1993, y no por vía de tutela, que debe buscarse al acatamiento de las normas o disposiciones ya relacionadas. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia Esta Corte es competente para revisar el fallo cuyo resumen antecede, de acuerdo con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991. La legitimidad para actuar. Ambito interno de las funciones del personero estudiantil El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela puede ser ejercida por toda persona, directamente o por alguien que actúe a su nombre. Como la propia Constitución autorizó al legislador para reglamentar todo lo concerniente al ejercicio de la acción, lo cual hizo en una primera oportunidad el Presidente de la República con base en facultades extraordinarias conferidas por el propio Constituyente (artículo transitorio 5), es menester que la forma en que habrá de llevarse la representación judicial se ajuste a las prescripciones del Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 10 dispone: "ARTICULO 10. Legitimidad e interés.  La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento o lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales". De conformidad con la disposición transcrita, puede representarse a otra persona en materia de tutela, bien porque legalmente corresponda esa representación, como en el caso de quien obra en su condición de representante legal de una persona jurídica o en el de los padres respecto de sus hijos menores, o porque exista la voluntad del afectado en el sentido de que se lo represente, para lo cual deberá otorgar el correspondiente poder, o finalmente porque la persona interesada en que se le tutele un derecho fundamental no está en condiciones de promover su propia defensa, caso en el cual -dentro de las condiciones legales- se pueden agenciar derechos ajenos. En el presente caso, ninguna dificultad se encuentra en que el actor haya actuado en su propio nombre, pero sí cabe formular algunas precisiones en torno a la otra condición por él invocada: la de Personero de los estudiantes de un centro educativo. La Ley 115 de 1994, también conocida como Ley General de Educación, dispuso lo siguiente en su artículo 94: "ARTICULO 94. Personero de los estudiantes. En todos los establecimientos de educación básica y de educación media y en cada año lectivo, los estudiantes elegirán a un alumno del último grado que ofrezca el establecimiento, para que actúe como personero de los estudiantes y promotor de sus derechos y deberes. El personero de los estudiantes tendrá las siguientes funciones: a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como miembros de la comunidad educativa, y b. Presentar ante el rector del establecimiento las solicitudes que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. PARAGRAFO. Las decisiones respecto a las solicitudes del personero de los estudiantes serán resueltas en última instancia por el Consejo Directivo o el organismo que haga las veces de suprema autoridad del establecimiento." Como puede verse, esta figura legal, que pretende dar desarrollo al principio constitucional de participación en el campo específico de instituciones educativas, canalizando las inquietudes y aspiraciones de los estudiantes, cumple una función de carácter interno, que pone en relación a la comunidad estudiantil con las directivas del plantel y que, por tanto, no se proyecta al exterior del mismo. De ello se desprende que, como lo advirtió con acierto el juez de instancia, el estudiante escogido para los indicados fines no se encuentra habilitado por la ley para actuar, a nombre de sus compañeros, ante las autoridades públicas. Su papel se circunscribe, de manera exclusiva, a agenciar los derechos de los alumnos frente a quienes orientan el correspondiente establecimiento. Así, pues, de no haber invocado el peticionario su propio y personal interés, no se habría podido dar curso a su solicitud de tutela por falta de legitimación. El perjuicio o amenaza para el accionante y el nexo causal, elementos indispensables para que prospere la tutela en materia de perturbación ambiental Aunque lo relativo al medio ambiente y a la salubridad pública tiene en la Constitución Política un mecanismo de protección específico, consistente en el ejercicio de acciones populares (artículo 88 C.P.), y cabe también la acción indicada en el artículo 87 ibidem para lograr el cumplimiento de las pertinentes normas en materia ambiental (artículo 77 de la Ley 99 de 1993), la jurisprudencia de esta Corte ha sido reiterada en el sentido de que, cuando una perturbación ambiental afecta en concreto a una persona, poniendo en peligro grave sus derechos fundamentales, cabe la acción de tutela para defenderlos aunque simultáneamente, con la orden judicial, resulte favorecido el interés general. Ha señalado la Corte al respecto: "...la jurisprudencia de la Corporación ha dejado en claro que, aunque el medio de defensa judicial aplicable en favor de la comunidad sea el de la acción popular, cabe la tutela si está de por medio, de modo concreto y cierto, un derecho fundamental del accionante que así lo pruebe en su caso específico y que acredite la relación de causalidad existente entre la acción u omisión que afecta el interés colectivo y su propia circunstancia. Al respecto pueden verse, entre otras, las sentencias T-437 de 1992, T-67, T-254, T-320, T-366 y T-376 de 1993, en las cuales se ha sostenido básicamente que en las enunciadas circunstancias procede la protección del derecho personal afectado o amenazado aunque, al protegerlo, se beneficie o favorezca a la comunidad..." (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-539 del 22 de noviembre de 1993). Pero ha sostenido la Corporación que la prosperidad de la acción de tutela en estos casos está condicionada a la prueba cierta de la perturbación ambiental y del daño que se ha causado al accionante, o de la amenaza inminente que enfrenta, así como del vínculo o nexo causal. Reitérase lo dicho por esta misma Sala: "La protección judicial consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política tiene lugar en concreto cuando se establece que la acción u omisión de una autoridad pública, o de particulares en los eventos previstos por la ley, viola un derecho fundamental o lo amenaza. Del texto constitucional resulta, como es apenas lógico, que entre la acción u omisión respecto de la cual se propone la tutela y el daño causado al derecho o el peligro que éste afronta exista un nexo de causalidad. En otros términos, la protección judicial no tiene cabida sino sobre el supuesto de que el motivo de la lesión actual o potencial del derecho invocado proviene precisamente del sujeto contra el cual ha sido incoada la demanda, bien por sus actos positivos, ya por la negligencia que le sea imputable".(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-422 del 27 de septiembre de 1994). Aplicando los anteriores criterios el caso materia de examen se encuentra que en el expediente no existe prueba sobre lo afirmado por el accionante en el sentido de que la proximidad de unos caños al establecimiento educativo en que estudia esté causándole un daño actual o configure una amenaza cierta y próxima contra su vida o su salud. Resulta, entonces, que la acción de tutela no puede ser concedida. Queda expedita, a favor de quienes se consideren afectados, la vía indicada en el artículo 87 de la Constitución y en el 77 de la Ley 99 de 1993 para obtener el cumplimiento de las disposiciones consagradas en el artículo 166 de la Ley 142 de 1994 respecto del servicio público de alcantarillado. DECISION Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMAR el Fallo proferido por el Juzgado 31 Civil de Circuito de Santa Fe de Bogotá, D.C., el día 21 de octubre de 1994, al resolver sobre la acción de tutela instaurada por RICARDO CASTRO GONZALEZ. Segundo.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-123-95 Sentencia No Sentencia No. T-123/95 PRINCIPIO DE IGUALDAD/AUTONOMIA FUNCIONAL/PRINCIPIO DE AUTONOMIA FUNCIONAL DEL JUEZ Se vulnera el principio de igualdad si se otorga un trato desigual a quienes se hallan en la misma situación, sin que medie una justificación objetiva y razonable. En materia judicial el principio de igualdad no puede entenderse de manera absoluta, lo que no quiere decir que pierda vigencia. La Constitución reconoce a los jueces un margen apreciable de autonomía funcional, siempre que se sujeten al imperio de la ley. De otra parte, la jurisprudencia tiene sólo el carácter de criterio auxiliar. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Criterio Auxiliar/PRINCIPIO DE AUTONOMIA FUNCIONAL DEL JUEZ Si bien sólo la doctrina constitucional de la Corte Constitucional tiene el carácter de fuente obligatoria, es importante considerar que a través de la jurisprudencia - criterio auxiliar de la actividad judicial - de los altos órganos jurisdiccionales, por la vía de la unificación doctrinal, se realiza el principio de igualdad. Luego, sin perjuicio de que esta jurisprudencia conserve su atributo de criterio auxiliar, es razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad. NEGLIGENCIA DE LAS PARTES/SEGUROS AURORA Si el afectado dispone de un medio ordinario de defensa judicial, salvo que este sea ineficaz para el propósito de procurar la defensa inmediata del derecho quebrantado, la acción de tutela resulta improcedente. La incuria y negligencia de la parte que teniendo la posibilidad de utilizar los medios ordinarios de defensa que le suministra el ordenamiento, deja transcurrir los términos para hacerlo, y no los ejercita, mal puede ser suplida con la habilitación procedimental de la acción de tutela. En este mismo evento, la tutela transitoria tampoco es de recibo, como quiera que ésta requiere que en últimas el asunto pueda resolverse a través de los cauces ordinarios. Marzo 21 de 1995 Ref: Expediente T-48378 Actor: Seguros Generales Aurora S.A. Magistrado Ponente: EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Temas: Improcedencia de acciónde tutela                                            como mecanismo para remediar la                                                                                                                          negligencia de las partes en un proceso. -  Igualdad en la aplicación de la ley. La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y el Doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero en calidad de conjuez, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente SENTENCIA En  el proceso de tutela  T- 48378 adelantado por la sociedad Seguros Generales Aurora S.A. contra la División Segunda de Ejecuciones Fiscales del Instituto de Desarrollo Urbano. ANTECEDENTES 1. La sociedad Seguros Generales Aurora S.A, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la División Segunda de Ejecuciones Fiscales de Desarrollo Urbano, por considerar que ésta, mediante resolución de abril 22 de 1994,  aprobatoria de la liquidación efectuada el día 14 de abril de 1994, dentro del trámite de ejecución fiscal iniciado por la División Segunda de Ejecuciones Fiscales del Instituto de Desarrollo Urbano contra Seguros Aurora S.A. y Soproin Ltda, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso (C.P art. 29) y a la igualdad ante la ley (C.P art. 13). 2. Los hechos que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela, son los siguientes: 2.1. Soproin Ltda celebró, en 1982, un contrato con el Instituto de Desarrollo Urbano. 2.2 El cumplimiento del contrato en mención y el buen manejo del anticipo, fueron asegurados mediante pólizas 2526 y 2629, expedidas el 14 de abril de 1982 por la compañía aseguradora Seguros Generales Aurora S.A. A su turno, Seguros Generales Aurora S.A, obtuvo reaseguro mediante póliza judicial JU 24700, expedida por la sociedad Aseguradora de Fianzas Confianza S.A., el día 30 de abril de 1985. 2.3 El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, declaró la caducidad del contrato 025 de 1982, celebrado con Soproin, mediante resolución 199 de agosto 11 de 1982, confirmada por la resolución 231 de septiembre 13 de 1982. Posteriormente, mediante acta Nº.8 de Noviembre 26 de 1982, el IDU efectuó la liquidación del contrato. 3. La entidad demandada inició proceso de ejecución coactiva contra Soproin y Seguros Aurora S.A. Dentro del trámite del ejecutivo fiscal y con anterioridad a la liquidación del crédito, como se desprende del expediente, Soproin interpuso varios recursos, los cuales fueron resueltos en forma adversa a sus pretensiones. Dentro de los recursos interpuestos por la sociedad en mención, cabe destacar  la queja presentada ante el Consejo de Estado, contra la providencia de diciembre 12 de 1991 proferida por la División Segunda de Ejecuciones Fiscales, que ordenaba adelantar la ejecución. El Consejo de Estado decidió el recurso de queja, de manera contraria a los intereses de la sociedad,  según se deriva de las resoluciones proferidas por el IDU los días 18 de marzo de 1994 y 24 de junio de 1994. Posteriormente, la División Segunda de Ejecuciones Fiscales de la entidad accionada, continuó la ejecución y efectuó la liquidación del crédito y de las costas. El día 14 de abril de 1994  fijó el monto de la liquidación en la suma de $246.840.066,56 (pesos), de los cuales $ 34.950.080,14 (pesos) corresponden a capital y $ 211.898.986,42 (pesos) a intereses moratorios. Para efectos de calcular los intereses moratorios, la ejecutante, dió aplicación al artículo 83 de la ley 45 de 1995, modificatorio del artículo 1080 del Código de Comercio que establece: "El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago". 4. Efectuada la liquidación, la División Segunda de Ejecuciones Fiscales del IDU corrió traslado por el término de tres días, para su objeción, a las sociedades ejecutadas. No objetada la liquidación, ni por Soproin ni por sus garantes, fue confirmada mediante resolución, proferida el 22 de abril del mismo año. Esta última providencia, tampoco fue objeto de recurso, por parte de las ejecutadas quedando en firme la providencia y la liquidación efectuada. A partir de este momento y en firme la providencia que confirmó la liquidación, los diversos sujetos en el proceso interpusieron un serie de recursos como se observa en el siguiente cuadro. ACTOR RECURSO DECISION ATACADA DECISION DEL RECURSO POR PARTE DEL IDU Confianza Reposición y en subsidio apelación. La aseguradora alega falta de notificación del mandamiento de pago. Decisión del IDU, de abril 22 de 1994, confirmatoria de la liquidación. Negados por extemporáneos, mediante providencia del 24 de mayo de 1994 Confianza Reposición. Solicitud de copias para instaurar queja. Providencia, del 24 de mayo de 1994, proferida por el IDU. Negado por extemporáneo, mediante decisión de junio 24 de 1994. Decisión del IDU, del día 7 de julio de 1994, mediante la cual se pone en conocimiento de Confianza, la preclusión del término para cancelar las copias solicitadas. Soproin Ltda. y Seguros Generales Aurora S.A. Incidente de nulidad. Providencia, dictada, por el IDU, el 22 de abril de 1992, en la que se confirma la liquidación. Negado, mediante decisión de junio 24 de 1994. A juicio de la entidad  ejecutora, el recurso de queja se concede en el efecto devolutivo, razón por la cual la prosecución de la liquidación se encuentra ajustada a derecho. Soproin Ltda. y Seguros Generales Aurora S.A. Reposición y Apelación. Providencia de junio 24 de 1994, emanada del IDU, mediante la cual se resuelve el incidente de nulidad. Mediante decisión de junio 25 de 1994, el IDU, niega el recurso de reposición y concede la apelación en el efecto suspensivo, ante el Consejo de Estado. 5. La actora, Seguros Aurora S.A., afirma que la actuación del IDU, contenida en la providencia de abril 22 de 1994, providencia en firme, constituye una vía de hecho, violatoria de sus derechos al debido proceso y a la igualdad. 5.1 Fundamenta sus pretensiones en dos tipos de consideraciones. La primera de ellas de orden legal. A juicio de la sociedad aseguradora, la liquidación practicada por la ejecutora con base en el artículo 83 de la ley 45 de 1990, contraría lo dispuesto por el  artículo 1080 de C. de Co. Argumenta que el IDU efectuó la liquidación ".. a una tasa mensual superior al 4%, ... a partir de 1982". Sostiene que la liquidación de los intereses moratorios debió efectuarse teniendo en cuenta la tasa del 18 % anual, que fijaba el artículo 1080, antes de su modificación. Esta disposición, señala, quedó incorporada al contrato de seguro, celebrado en 1982, conforme a los artículos 38 de la ley 153 de 1887 y 2.036 del C. de Co. En su opinión, de la confrontación de los artículos 1080 del C. de Co, 38 de la ley 153 de 1.887 y  2.036 del C. de Co., con las fechas de expedición de las pólizas, " (...) necesariamente debe concluirse que la disposición aplicable es el artículo 1.080 del C. de Co. vigente para la época". 5.2 La segunda de sus consideraciones, de orden jurisprudencial, se basa en dos fallos proferidos el 18 de agosto de 1974  y del 19 de julio de 1991 por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado respectivamente, en los cuales las Altas Corporaciones han señalado : “Como quiera que de las relaciones contractuales surgen derechos y obligaciones para las partes, éstas deben quedar al abrigo del cambio de legislación, pues no parece justo y equitativo que celebrada una convención consultando la legislación existente, queden las partes expuestas en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones a una legislación posterior que acaso no previnieron ni se imaginaron. Es esta la razón para que desde el siglo pasado se hubiera sentado el principio legal de que los contratos se rigen por la ley vigente al tiempo de su celebración (art. 38 Ley 153 de 1.887), postulado reiterado por el actual Código de Comercio cuando preceptúa que "Los contratos Mercantiles bajo el imperio de la legislación que se deroga conservará la validez y efectos reconocidos en dicha legislación, con arreglo a lo establecido en los artículos 38 a 42 de la Ley 153 de 1887" " (Corte Suprema de Justicia,  agosto 18 de 1974). "Se tiene, entonces, que el artículo 83 de la ley 45 de 1990, de cuyo supuesto pretende el apoderado de la entidad ejecutante, derivar el cobro de intereses por todo el período de la vigencia de la norma no es de aplicación en este caso ni en uno ni en otro sentido, ni antes ni después de la vigencia de la norma, porque se reitera, el contrato de seguro se celebró bajo el postulado del artículo 1080 del Código de Comercio y esta norma se entiende incorporada a dicha convención y es la que señala el derecho del beneficiario a cobrar el interés  del 18 % anual y la obligación correlativa del asegurador de pagarlo durante todo el tiempo de la mora. Y no se ve razón alguna para establecer una contradicción entre estas disposiciones, como lo prevé el apoderado del ejecutante, recurriendo a los artículos 2o y 3o de la ley 153 de 1887, ni tampoco de la aplicación del artículo 40 de la misma ley que se refiere a la sustanciación y ritualidad de los juicios, cuyo supuesto no encaja en la situación de hecho y de derecho relacionados con el caso materia de estudio”. (Sección Quinta del Consejo de Estado,  julio 19 de 1991) La demandante concluye que "pese a la claridad de las disposiciones legales y de las decisiones jurisprudenciales", la autoridad pública demandada - División Segunda de Ejecuciones Fiscales -, liquidó  el crédito a una tasa mensual superior al 4%, tasa esta última de "imposible aplicación civil o mercantil" para la época de vigencia de las pólizas. A juicio de la actora, el IDU actuó "arbitrariamente sin razón jurídica alguna y carente de todo soporte objetivo" configurando una "vía de hecho violatoria del debido proceso". Adicionalmente - expresa -, la actuación del IDU, vulnera el derecho a la igualdad. Este derecho, - añade - "... se traduce en el derecho a que no se instauren o reconozcan  excepciones  que excluyan a los individuos de los que se concede a otros en idénticas circunstancias". Por lo tanto, - concluye - si las autoridades administrativas o judiciales aplican la ley "dependiendo de sus intereses íntimos,  de conceptualizaciones subjetivas o del querer del momento" se vulnera le derecho a la igualdad. La actora solicita se le conceda la tutela de sus derechos fundamentales y en consecuencia: (1) se ordene al IDU anular la liquidación del crédito; (2) se establezca de manera clara que el interés moratorio aplicable es el consagrado en el artículo 1080 del C. de Co. 6. La sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia proferida el 18 de agosto de 1994, rechazó la tutela interpuesta por los actores. El Tribunal estima que la tutela no procede cuando el afectado dispone de otros mecanismos de defensa. En el caso sub-examine, expresa, "la liquidación del crédito fue trasladada a la accionante el 14 de abril de 1994, no siendo objetada por la  sociedad. Sin embargo, ésta interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, contra la liquidación del crédito, los cuales fueron resueltos el día 24 de mayo de 1994". Así mismo señala que el incidente de nulidad, propuesto por las ejecutadas, fue rechazado. El fallador de primera instancia, concluye de lo anterior que "dentro de la vía gubernativa la compañía ejerció los recursos, y una vez agotados éstos, podía acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa, para ejercitar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, al tenor del artículo 85 del C.C.A. Como consecuencia teniendo la peticionaria como medio de defensa la acción anotada no procede la acción de tutela en este evento". 7. La actora impugnó la decisión. El recurso fue posteriormente sustentado, mediante escrito dirigido por la actora al Consejo de Estado. La sociedad demandante, sostiene, en el escrito, que dentro de un proceso ejecutivo, como lo es el proceso adelantado por el IDU contra la aseguradora, "La División Segunda del IDU actúa como ejecutor fiscal con carácter judicial y no como ente de la administración, por lo que la providencia de liquidación del crédito, no puede tomarse como un acto gubernativo (...)". Por esta razón, - indica -, la afirmación del Tribunal sobre la procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es incorrecta, toda vez que "al tenor de lo dispuesto en el artículo 85 del C.C.A. dicha acción sólo es procedente contra un acto administrativo”. A juicio de la actora, "no existen otros medios de defensa eficaces para impedir la violación de los derechos fundamentales conculcados por el Juzgado Segundo de Ejecuciones Fiscales del IDU". 8. El Consejo de Estado, mediante providencia del 6 de septiembre de 1994 resolvió la apelación en el sentido de negar la acción de tutela y confirmó la providencia del a- quo. La Alta Corporación reitera su posición  en torno  a que "no pueden ser titulares de derechos fundamentales sujetos que no son esenciales sino de creación artificial" En opinión del fallador de segunda instancia "si lo fundamental, lo esencial, lo natural es el hombre, sólo él puede ser titular de los derechos fundamentales (...) Los sujetos derivados, de creación por el ordenamiento jurídico correspondiente, sólo pueden ser titulares de derecho derivados, atribuidos  por ese mismo orden jurídico y, por supuesto, modificables y extinguibles por las respectivas instancias jurídico políticas (...)". Adicionalmente señala el alto Tribunal que "al ir dirigida la tutela contra una providencia  judicial que puso fin a un proceso, como es la que aprobó la liquidación del crédito dentro del proceso de ejecución coactiva adelantada contra la demandada (...)", la acción resulta improcedente. Pone de presente que, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional, la acción de tutela, sólo es procedente contra providencias judiciales, cuando las mismas configuran un vía de hecho. Estima que "En el caso sub-examine no existe elemento de juicio alguno que permita establecer la existencia de dicha vía en el proceso de ejecución que se adelantó por jurisdicción coactiva.” FUNDAMENTOS 1. Corresponde a la Corte determinar si la acción de tutela es el medio judicial idóneo para establecer si una entidad pública, que obra como ejecutor fiscal, ha violado derechos fundamentales del ejecutado o de su garante, pese a que contra la liquidación del crédito, dejaron de interponerse por los interesados los recursos legales ordinarios. Según la sociedad actora, la actuación del liquidador ostenta los rasgos de una típica vía de hecho. La arbitrariedad la hace consistir básicamente en la aplicación retroactiva de la ley a un supuesto gobernado por la ley anterior. La interpretación prohijada por el ejecutor, en punto al interés moratorio a cargo del asegurador, parece reñir con la jurisprudencia reiterada tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema de Justicia. De acogerse la tesis del demandante (aplicación preferente del artículo 1080 del Código de Comercio), la condena por este concepto ascendería a cincuenta y un millones novecientos mil ochocientos sesenta y ocho pesos (51'900.868) aproximadamente. Al paso que, de mantenerse la posición del IDU (aplicación del artículo 83 de la ley 45 de 1990), la condena sería de doscientos once mil millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos ochenta y nueve mil pesos con cincuenta y seis centavos (211’889.986.56). Dado que las pólizas se expidieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 45 de 1990, alega el actor, la efectividad de la liquidación reviste el carácter de protuberante arbitrariedad. 2. La sentencia desestimatoria del Consejo de Estado fundamenta la improcedencia de la tutela en el hecho de que la misma fue impetrada por una persona jurídica. La Corte Constitucional reiteradamente ha sostenido que la acción de tutela, por regla general, puede ser entablada también por personas jurídicas (sentencias T 411 de 1992 y  T 513 de 1993, entre otras). 3. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, denegó la acción de tutela, en primera instancia, bajo la equivocada apreciación de que el demandante había agotado la vía gubernativa y existía, por lo tanto, la posibilidad de ejercitar contra el acto liquidatorio la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En realidad, como lo reconoce el actor, se trataba de un acto firme y ejecutoriado. La liquidación, anota la Corte, se produjo dentro del procedimiento de ejecución coactiva y los recursos jurisdiccionales que las distintas partes interpusieron no prosperaron, pues, como se lee en el informativo, dentro del traslado de aquélla no se formularon objeciones ni impugnaciones (C. de P.C., arts. 108 y 521). 4. Con prescindencia de la suerte de la presente acción, el aspecto de fondo a que alude la demanda de tutela, tiene relevancia constitucional. En efecto, el principio de igualdad no se contrae exclusivamente a la producción de la ley. Asimismo, la aplicación de la ley a los diferentes casos debe llevarse a cabo con estricta sujeción al principio de igualdad. La Corte Constitucional repetidamente ha señalado que se vulnera el principio de igualdad si se otorga un trato desigual a quienes se hallan en la misma situación, sin que medie una justificación objetiva y razonable. Se pregunta la Corte si este principio se viola por el juez que resuelve una caso sometido a su consideración de manera distinta a como él mismo lo decidió ante una situación sustancialmente semejante o si se aparta de la jurisprudencia vigente sentada por los órganos jurisdiccionales de superior rango (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura). En materia judicial el principio de igualdad no puede entenderse de manera absoluta, lo que no quiere decir que pierda vigencia. La Constitución reconoce a los jueces un margen apreciable de autonomía funcional, siempre que se sujeten al imperio de la ley (CP arts. 230 y 228). De otra parte, la jurisprudencia tiene sólo el carácter de criterio auxiliar. Es evidente que si el principio de independencia judicial se interpreta de manera absoluta, se termina por restar toda eficacia al principio de igualdad. En la aplicación de la ley, los jueces podrían a su amaño resolver las controversias que se debaten en los procesos. En esta hipótesis no se podría objetar el hecho de que simultáneamente el juez, enfrentado a dos situaciones sustancialmente idénticas, fallase de distinta manera. Los principios y normas constitucionales se deben aplicar de manera coordinada y armónica. La interpretación más acorde con la Constitución es la que evita que la escogencia de un principio lleve al sacrificio absoluto de otro de la misma jerarquía. Si en el caso concreto, el juez está normativamente vinculado por los dos principios - igualdad e independencia judicial -, debe existir una forma de llevar los principios, aparentemente contrarios, hasta el punto en que ambos reciban un grado satisfactorio de aplicación y en el que sus exigencias sean mutuamente satisfechas. La Corte considera que existe un medio para conciliar ambos principios. Si el juez, en su sentencia, justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que su mismo despacho ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial. No podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y, por tanto, el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de discriminación. De otro lado, el juez continuará gozando de un amplio margen de libertad interpretativa y la jurisprudencia no quedará atada rígidamente al precedente. Cuando el término de comparación no está dado por los propios precedentes del juez sino por el de otros despachos judiciales, el principio de independencia judicial no necesita ser contrastado con el de igualdad. El juez, vinculado tan sólo al imperio de la ley (CP art. 230), es enteramente libre e independiente de obrar de conformidad con su criterio. Sin embargo, un caso especial se presenta cuando el término de comparación está constituido por una sentencia judicial proferida por un órgano judicial  colocado en el vértice de la administración de justicia cuya función sea unificar, en su campo, la jurisprudencia nacional. Si bien sólo la doctrina constitucional de la Corte Constitucional tiene el carácter de fuente obligatoria (Corte Constitucional, sentencia C-.083 de 1995, MP Dr. Carlos Gaviria Díaz), es importante considerar que a través de la jurisprudencia - criterio auxiliar de la actividad judicial - de los altos órganos jurisdiccionales, por la vía de la unificación doctrinal, se realiza el principio de igualdad. Luego, sin perjuicio de que esta jurisprudencia conserve su atributo de criterio auxiliar, es razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art. 13). A través de los recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución. 5. El término de comparación que ofrece el demandante para derivar el cargo de violación al principio de igualdad, no es una decisión del mismo organismo ejecutor, sino la jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia referente a la irretroactividad de la ley 45 de 1990 en relación con contratos de seguro celebrados con anterioridad a su vigencia. Es cierto que el funcionario ejecutor se ha abstenido de tomar en consideración la citada jurisprudencia que, aparte de decidir el caso concreto - esencialmente similar al examinado -, sienta una doctrina general sobre la correcta interpretación de la ley y de sus efectos, la cual de ser observada asegura uniformidad e igualdad en su aplicación. Sin embargo, no escapa a esta Corte que el demandante tuvo a su disposición los recursos ordinarios para impugnar, sobre esta base, la decisión de la administración. La acción de tutela, pese a la existencia de la violación de un derecho fundamental, sólo procede de manera subsidiaria o transitoria. Si el afectado dispone de un medio ordinario de defensa judicial, salvo que este sea ineficaz para el propósito de procurar la defensa inmediata del derecho quebrantado, la acción de tutela resulta improcedente. La incuria y negligencia de la parte que teniendo la posibilidad de utilizar los medios ordinarios de defensa que le suministra el ordenamiento, deja transcurrir los términos para hacerlo, y no los ejercita, mal puede ser suplida con la habilitación procedimental de la acción de tutela. En este mismo evento, la tutela transitoria tampoco es de recibo, como quiera que ésta requiere que en últimas el asunto pueda resolverse a través de los cauces ordinarios, lo que ab initio se descarta si por el motivo expresado las acciones  y recursos respectivos han prescrito o caducado. Nótese que de ser viable la acción de tutela en estas circunstancias, ésta no se limitaría a decidir el aspecto constitucional de la controversia - la violación del derecho constitucional fundamental- , sino, además, todos los restantes aspectos de pura legalidad, excediéndose el ámbito que la Constitución le ha reservado. Las consideraciones anteriores son suficientes para denegar la acción de tutela impetrada y revocar la sentencia proferida por el Consejo de Estado. En su lugar, se confirmará la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, pero no en razón de sus consideraciones, sino de las que aquí se han consignado. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión, RESUELVE: PRIMERO.- Confirmar el fallo proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado el día 6 de septiembre de 1994, no por las razones que allí se exponen, sino por las que en esta providencia se consignan. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO Conjuez MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General (Sentencia aprobada por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995)).

T-124-95 Sentencia No Sentencia No. T-124/95 SUSPENSION DE AFILIACION La interpretación que hace el Juez de segunda instancia del artículo 209 de la Ley 100 de 1993, sobre suspensión  de la afiliación, resulta equivocada, puesto que lo que señala ese precepto es que el no pago de las cotizaciones en el sistema contributivo producirá la suspensión de la afiliación del plan de salud obligatorio.  Hipótesis legal ésta, que no es predicable de los  hechos acreditados en el acervo probatorio.  Resultando aquella predicable de situaciones de mora al momento de producirse el riesgo amparado, y no de situaciones como la que conforma el presente caso, en la cual la actora cuando se produjo el reconocimiento de su derecho, no se encontraba en los predicamentos a que se refiere el citado artículo 209. Vale decir, que durante el tiempo en el cual la actora estuvo amparada en la cobertura familiar propia del plan de salud obligatorio a causa de los aportes de su hijo al mismo sistema, debieron practicársele los tratamientos médicos que requiriera, cosa que no se hizo,  y que no exonera tal omisión al Fondo Prestacional del Magisterio de Nariño, por la muerte posterior de su hijo. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Vulneración/ASISTENCIA MEDICA-Cobertura familiar El debido proceso administrativo, comprende la obligación de la administración de actuar con celeridad (artículo 209 de la Carta), obligación que fue desatendida por  el Fondo en la prestación de los servicios a su cargo. Se viola el derecho al debido proceso  administrativo cuando no se ejecutan los actos, pasos y procedimientos, cuya causa se ha producido conforme a la ley.  El debido proceso impone su no interrupción sin mediar razón legal que justifique su objetivo final.  Vale decir que no le estaba dado a  la administración, suspender los retardados trámites (retardo no imputable a la administrada), cuando éstos tenían justificación legal  plena, en su totalidad, antes de  desaparecer la cobertura familiar. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Práctica de cirugía Se ordena a la Gerente del Fondo Prestacional del Magisterio, que, en un término no superior a treinta (30) días a la notificación de esta providencia, disponga lo necesario para que la actora sea sometida a una cirugía de implantación de prótesis de cadera, incluyendo los gastos que ocasione la intervención, el valor  y suministro de la prótesis y el tratamiento pos-operatorio de rehabilitación. REF.: Expediente No. T-48465 Debido proceso administrativo. Peticionario: JUANA CARLOTA FUERTES  JACOME Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr.  VLADIMIRO NARANJO MESA Dr.   JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá D.C., marzo veintiuno (21)  de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Corte Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas, integrada por los H. Magistrados Jorge Arango Mejía, Vladimiro Naranjo Mesa y Fabio Morón Díaz, se pronuncia sobre la acción de la referencia en el grado jurisdiccional de revisión, teniendo en cuenta  los siguientes ANTECEDENTES La señora Juana Carlota Fuertes Jácome, actuando mediante apoderado, ejerció acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, contra el Fondo Prestacional del Magisterio de Nariño, por considerar que se viene vulnerando sus derechos fundamentales a la vida, salud, petición y seguridad social.  Para la protección de sus derechos, solicita se ordene la práctica de la  intervención quirúrgica a que tiene derecho como beneficiaria de los servicios asistenciales a cargo de la entidad accionada.  Solicita  adicionalmente se condene en abstracto a la indemnización de perjuicios causados.  El apoderado de la peticionaria, fundamenta su petición  en los siguientes hechos: -        Que la señora Juana Carlota Fuertes Jácome, venía siendo beneficiaria de los servicios que presta el Fondo Prestacional del Magisterio de Nariño, dada su calidad  de madre del afiliado Miguel David Quispe Fuertes. - Que Miguel Quispe Fuertes, falleció en accidente, el día 20 de mayo de 1994. -        Que con anterioridad a la muerte del afiliado, la peticionaria como usuaria de los servicios del Fondo Prestacional, había iniciado un tratamiento médico ante  la entidad, dentro del cual, por petición del médico especialista, se ordenó una "prótesis de cadera".  Este trámite advierte,  se inició a partir del 17 de  enero de 1994. -        Que el médico especialista Dr. Ricardo Guzmán, el día 8 de abril del mismo año solicitó al Fondo Prestacional del Magisterio la "prótesis"  para proceder a programar la cirugía, sin que esta petición haya sido atendida, a pesar de haberse insistido ante los funcionarios de la entidad, en especial ante el Dr. Mauricio Caicedo, Jefe de Médicos del Fondo. -        Que ante la negligencia administrativa de la entidad, elevó  petición ante la Gerente de la entidad, doctora Lucía del Socorro Basante de Oliva el día 17 de abril de 1994, nuevamente se insistió en la entrega de la "prótesis" para la operación a que debía someterse la peticionaria.  Actualmente sobre esta solicitud tampoco ha existido pronunciamiento. -       Que  la Gerente del Fondo Prestacional de Nariño, le comunicó verbalmente a la peticionaria, que no tenía derecho a la cirugía solicitada porque con la muerte de su hijo, perdió todo derecho a los servicios que venia recibiendo por parte de la entidad, en razón a que este hecho suspende el  pago de las cotizaciones en favor de la entidad, y que los pagos efectuados antes del fallecimiento sólo garantizaban su salud por tres meses más. -  Que como consecuencia de no habérsele efectuado la cirugía ordenada por el especialista, la peticionaria viene padeciendo fuertes dolores  que le han impedido caminar. -        Que las actuaciones del Fondo Prestacional del Magisterio de Nariño, vulneran el derecho a la vida y a la salud de la señora Juana Carlota Fuertes Jácome. Igualmente se vulnera el derecho de petición por no darse respuesta a las peticiones que se elevaron ante la entidad. LA PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Civil Municipal de Pasto, mediante providencia de Septiembre 1o. de 1994, resuelve:  "tutelar el derecho a la salud, impetrado por la señora: Juana Carlota Jácome, frente al Fondo Prestacional del Magisterio y Empleados de la Educación de Nariño. Ordena a la doctora Socorro Basante de Oliva, en su condición de Gerente del Fondo Prestacional del Magisterio, para que, en un término no superior a quince (15) días a la notificación de esta  providencia, reconozca el derecho que tiene la beneficiaria Juana Carlota Fuertes Jácome, a una cirugía para la implantación de prótesis de cadera, los gastos que ocasione la anterior intervención incluyendo el valor de la prótesis  y tratamiento postoperatorio de rehabilitación", con base en las siguientes consideraciones: -        Que  con base en el material probatorio se logró establecer que la señora Juana Carlota Fuertes Jácome, venía siendo beneficiaria de los servicios médicos por parte del  Fondo Prestacional del Magisterio, beneficio que recibía por ser la madre del docente afiliado Miguel David Quispe. -        Que el Fondo Prestacional del Magisterio reconoció  el derecho a la beneficiaria para que se le implantara una "prótesis de cadera" con la cirugía y demás beneficios post-operatorios de recuperación. -        Que el Fondo suspendió los derechos adquiridos por la señora Juana Carlota Fuertes, con base en el artículo 209 de la ley 100 de 1993, que dice: "Artículo 209.  Suspensión de la afiliación.  El no pago de la cotización en el sistema contributivo producirá la suspensión de la afiliación del plan de salud obligatorio.  Por el período de la suspensión no se podrán causar deuda ni intereses de ninguna clase." Que la norma anterior no es aplicable, teniendo en cuenta que el  Fondo Prestacional  había ordenado la cirugía a la beneficiaria Juana Carlota Fuertes, antes del fallecimiento de su hijo, el afiliado Miguel Quispe Fuertes.  Es decir que al ordenarse el implante de prótesis y la cirugía, se venía cumpliendo con los aportes a la entidad. -        Que "si a la beneficiaria Juana Carlota Fuertes, ya se le había concedido el derecho a la cirugía, implantación de prótesis de cadera y demás derechos a rehabilitación post-operatoria, debe respetarse aún  después de fallecer el aportante, allí (sic) está el ejercicio del derecho fiduciario para amparar esos hechos sucedidos al caso, impredecibles y que lesionan la seguridad social". -        Que como conclusión, considera el juzgador que la  omisión en que incurre  la  entidad accionada vulnera el derecho fundamental a la salud de la señora  Carlota Fuertes Jácome. LA IMPUGNACION La doctora Lucía del Socorro Basante de Oliva, en calidad de Gerente del Fondo Prestacional del Magisterio y empleados de la  Educación de Nariño, mediante escrito presentado el día 7 de septiembre de 1994, interpone recurso de apelación contra la decisión anterior, con base en los siguientes fundamentos: -        Que al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, a partir de la vigencia de la Ley 91 de 1989, le corresponde proveer a todos los docentes y beneficiarios, de los servicios de salud. -        Que "el citado Fondo Nacional contrató por intermedio de la Fiduciaria La Previsora con el Fondo Prestacional los servicios de salud para el Magisterio de Nariño del orden nacionalizado y nacional". -        Que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta las disposiciones contenidas en el contrato a que se hizo referencia, en el cual se establece la forma en que se aplicarán los descuentos a cargo del trabajador o  pensionado para su seguridad social. -        Que "es de elemental comprensión que el trabajador sólo está en capacidad de cotizar el 5% siempre y cuando viva".  En consecuencia el no pago de la cotización según lo establece la Ley 100 de 1993, trae  "la suspensión de la afiliación y el derecho a la atención del plan de salud obligatorio." -        Que  cuando se produce su muerte de Miguel David Quispe Fuertes, éste  deja de tener la calidad de afiliado al Fondo Prestacional por el hecho de no aportar cotizaciones, y en consecuencia o de la cotización según lo establoc el amparo que venía recibiendo  su señora madre Juana Carlota Fuertes Jácome, corre la misma suerte. -   Que lo reclamado por la señora Fuertes Jácome no es la protección de un derecho fundamental sino un derecho asistencial, "puesto que padecía de un problema en la cadera desde mucho antes de ser beneficiaria del Fondo Prestacional". -       Que el Fondo Prestacional cumplió hasta cuando existió el derecho del usuario Miguel David Quispe Fuertes, una vez fallecido, el Fondo Prestacional está en su derecho de abstenerse de continuar con el servicio puesto que es su obligación defender el patrimonio del Estado. -        Que la actuación del Fondo Prestacional se ajusta a las normas fiscales y de defensa del patrimonio. "El cumplimiento de presuntos derechos de sus beneficiarios no puede convertirse en derroche de fondos patrimoniales". LA SEGUNDA INSTANCIA El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto, en sentencia de 14 de septiembre de 1994, decide sobre la impugnación contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal, y resuelve: 1. "Revocar los numerales primero, segundo y tercero de la providencia proferida...." 2.  "Tutelar el derecho de petición de la accionante Juana Carlota Fuertes Jácome, para cuyo efecto ordena a la representante legal del Fondo Prestacional del Magisterio y Empleados de la Educación en Nariño, dé respuesta en el término de 48 horas a las solicitudes relacionadas con su derecho o no a la cirugía de transplante total de cadera".  Los fundamentos de la decisión se resumen a continuación. -        Que el servicio a que la actora dice tener derecho, es una prestación que debe darse por parte del Fondo Prestacional del Magisterio, de acuerdo con la reglamentación  interna y regido por las cláusulas del contrato  entre la entidad pública del orden  departamental y la fiduciaria La Previsora. -        Que emitir un pronunciamiento respecto de las pretensiones  elevadas por la  actora, "rebasa el ámbito de la competencia del juez de tutela, a quien en eventos similares no le corresponde señalar  el contenido  de las decisiones que deban tomar  las autoridades públicas en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por carecer de competencia para ello...". -        Que "la acción de tutela no se dirige a la discusión jurídica de derechos litigiosos sino al hecho mediante una acción u omisión de desconocimiento del derecho constitucional fundamental". -        Que a pesar de lo anterior, si observa el juzgador violación al derecho de petición, por no darse respuesta de las solicitudes que se elevaron ante el Gerente del Fondo Prestacional, dirigidas a obtener el reconocimiento  de los derechos asistenciales a cargo de la entidad. -        Que finalmente no es posible acceder al reconocimiento de las prestaciones en favor de la señora Juana Carlota Fuertes Jácome, por existir otros medios de defensa judicial, como sería acudir ante la jurisdicción contencioso  administrativa o autoridades de trabajo. CONSIDERACIONES a)  La Competencia Es competente la Sala de Revisión para conocer de la acción de tutela formulada por Juana Carlota Fuertes Jácome por intermedio de apoderado, de conformidad con lo preceptuado en los artículo 86 inciso 2o. y 241 numeral 9o. de la Constitución Política, desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. b)  La Materia Se presenta en el negocio de la referencia una situación en la cual  derechos de distinta jerarquía, algunos son amparables por vía de la tutela al paso que otros resultan derechos típicamente asistenciales. En efecto, se solicita el amparo del derecho a la salud, que como bien lo sostiene la decisión de segunda instancia, es un derecho asistencial que comprende el suministro de un conjunto de bienes y de servicios, suministro que debe hacerse  conforme a los preceptos legales que organizan su prestación. Otorgándole así una naturaleza jurídica que no resulta amparable mediante la tutela. Sin perjuicio de lo anterior, señala la Corte que la interpretación que hace el Juez de segunda instancia del artículo 209 de la Ley 100 de 1993, sobre suspensión  de la afiliación, resulta equivocada, puesto que lo que señala ese precepto es que el no pago de las cotizaciones en el sistema contributivo producirá la suspensión de la afiliación del plan de salud obligatorio.  Hipótesis legal ésta, que no es predicable de los  hechos  acreditados en el acervo probatorio.  Resultando aquella predicable de situaciones de mora al momento de producirse el riesgo amparado, y no de situaciones como la que conforma el presente caso, en la cual la actora cuando se produjo el reconocimiento de su derecho, no se encontraba en los predicamentos a que se refiere el citado artículo 209. Vale decir, que durante el tiempo en el cual la actora estuvo amparada en la cobertura familiar propia del plan de salud obligatorio a causa de los aportes de su hijo al mismo sistema, debieron practicársele los tratamientos médicos que requiriera, cosa que no se hizo,  y que no exonera tal omisión al Fondo Prestacional del Magisterio de Nariño, por la muerte posterior de su hijo. Si se tiene en cuenta que desde el mes de noviembre de 1993, se remitió a valoración y tratamiento  de especialidad a la señora Juana Carlota Fuertes Jácome (folio 9), y finalmente hacia el mes de enero de 1994 se hacen las valoraciones del estado de salud de la paciente quien presenta "severa osteoporosis", y para su atención se señala "cirugía de revisión de prótesis por reemplazo  total";  hacia el 8 de abril el mismo médico especialista Dr. Ricardo Guzmán Mora solicita "prótesis para poder programar"  (folio 10), lo que muestra que estaba reconocido el derecho y sólo faltaban algunos pasos de ejecución para otorgar a la  paciente la atención de que resultaba acreedora.  De suerte que cuando se produce  el fallecimiento de su hijo hacia el 20 de mayo de 1994, ya el derecho a la atención  se encontraba cubierto y, no existía mora en el pago de  las primas correspondientes.  Más aún, como lo reconoce la Gerente del Fondo  demandado en su declaración (folio 42) cuando la solicitud de la prótesis tiene un trámite que tarda "de 15 a 30 días", plazo que apenas venció al momento del deceso del hijo causante. Pero no se trata en el presente caso  del amparo del derecho a la salud,  pues como hemos dicho la tutela no ampara los derechos denominados de la "segunda generación".  Ese conflicto podría  ser resuelto por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin perjuicio de lo anterior, a juicio de esta Corte se han  violado dos derechos fundamentales que deben  ser amparados.  En primer lugar el derecho de petición al no haberse otorgado respuesta oportuna a la demandante de sus solicitudes y en segundo lugar el derecho  fundamental a un debido proceso administrativo. El debido proceso administrativo, comprende la obligación de la administración de actuar con celeridad (artículo 209 de la Carta), obligación que fue desatendida por  el Fondo en la prestación de los servicios a su cargo. Se viola igualmente el derecho al debido proceso  administrativo cuando no se ejecutan los actos, pasos y procedimientos, cuya causa se ha producido conforme a la ley. El debido proceso impone su no interrupción sin mediar razón legal que justifique su objetivo final.  Vale decir que no le estaba dado a  la administración, suspender los retardados trámites (retardo no imputable a la administrada), cuando éstos tenían justificación legal  plena, en su totalidad, antes de  desaparecer la cobertura familiar.   Puesto que, en las circunstancias del caso el derecho al debido proceso pone en evidencia el derecho a que ese se cumpla totalmente.  En razón de que, se repite, salvo causa legal, inexistente en el presente caso, el debido proceso administrativo no puede ser parcial o recortado y menos aún, sujeto para su cumplimiento a un trámite que se inicia hacia  noviembre de 1993, y que aún si tuviese  razón la parte demandada, sólo  se extendió hasta el 20 de mayo de 1994, de manera injustificada. El hecho de que se ampare el derecho al debido proceso, hace innecesario pronunciamiento, en el caso presente sobre el derecho de petición, vulnerado por el Fondo Prestacional del Magisterio de Nariño. Finalmente en relación con la solicitud de indemnización en abstracto, que solicita el demandante, no encuentra la Sala que el afectado no disponga de otro medio judicial para reclamar las indemnizaciones sobre daño emergente a que considera tener derecho, que de otra parte tampoco se encuentra probada, ni observa que la violación del derecho  sea el resultado de una omisión clara e indiscutiblemente arbitraria.  Razón por la cual no  se accede a la petición. Previas las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.-   Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito  de Pasto, el 14 de septiembre de  1994 en todas sus partes. Segundo.-  Tutelar el derecho al debido proceso de la demandante  Juana Carlota Fuertes Jácome, frente al Fondo Prestacional del Magisterio y Empleados de la Educación  de Nariño, para lo cual se ordena a la Doctora Lucía del Socorro Basante de Oliva, en su condición  de Gerente del Fondo Prestacional del Magisterio, que, en un término no superior a treinta (30) días a la notificación de esta providencia, disponga lo necesario para que la actora sea sometida a una cirugía de implantación de prótesis de cadera, incluyendo los gastos que ocasione la intervención, el valor  y  suministro de la prótesis y el tratamiento pos-operatorio de rehabilitación. Tercero.- Comuníquese el presente fallo al Juzgado Tercero Civil Municipal de Pasto, para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-125-95 Sentencia No Sentencia No. T-125/95 DERECHO AL AMBIENTE SANO La vinculación in abstrato del derecho al medio ambiente y los derechos a la vida y a la salud, con el objeto hacer comunicable la naturaleza fundamental de los últimos al primero, no es admisible, ya que con ello termina por desconocerse la distinción entre derechos colectivos y derechos fundamentales, y se prescinde de la evidencia empírica necesaria para demostrar la conexidad existente entre unos y otros en el caso concreto. Si bien la órbita de protección de un derecho colectivo cobija indirectamente la efectividad de derechos fundamentales, y la relación entre ambiente sano y vida sana es intuitivamente cierta, no es posible concluir sin incurrir en un error lógico y jurídico, como lo hace el fallador, que la vulneración del derecho al medio ambiente supone necesariamente la violación de los derechos a la salud o a la vida. El daño patrimonial ocasionado a las viviendas por la actividad transportadora, no se relaciona con los derechos a la vida y a la salud. CALIDAD DE VIDA-Transporte de materiales para construcción No significa que la calidad de vida de los habitantes del sector y sus derechos patrimoniales, no estén siendo afectados por las acciones particulares y las omisiones del Estado, o que, a largo plazo, las personas residentes en el lugar puedan presentar afecciones en su salud por las mismas causas, en cuyo caso la situación si podría conducir a plantear la procedencia de la acción de tutela. No obstante, la Sala debe insistir en que este mecanismo constitucional no es la vía judicial adecuada para propender la protección de derechos colectivos salvo que se demuestre la vulneración de un derecho fundamental, y, menos todavía, si los interesados están en posibilidad de interponer las acciones populares, de clase o de grupo que son las idóneas para el fin propuesto. DERECHO DE PETICION-Pronta Resolución/AUTORIDAD PUBLICA-Actuación/DERECHO DE PETICION-Núcleo esencial El derecho a una pronta resolución no se reduce al simple deber estatal de dar contestación. La respuesta de la administración debe ser coherente y referirse al fondo de la materia sometida a análisis por parte de los interesados. No se haría efectiva la facultad de suscitar la intervención oficial en un asunto de interés general o particular, si bastara a la administración esgrimir cualquier razón o circunstancia para dar por respondida la petición. De las pruebas se deduce que los peticionarios, en lo que respecta a las autoridades municipales, no han obtenido una pronta resolución, en sentido positivo o negativo, a la petición de construir una vía alterna para la salida de los materiales de construcción, la cual ha sido presentada por la comunidad desde  hace más de una década. MARZO 22/95 Ref:  Expediente T-49295 Actores: JAIME ALBERTO CANTOR, CARLOS SANCHEZ Y LINO ALONSO Magistrado Ponente: EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Temas: -Medio  Ambiente -Omisiones de las autoridades y violación de derechos fundamentales -Derecho fundamental a una pronta resolución La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José  Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente SENTENCIA En  el proceso de tutela  T- 49295 adelantado por los señores Jaime Alberto Cantor, Carlos Sánchez y Lino Alonso contra el doctor GONZALO RODRIGUEZ CHIA, Alcalde Municipal de Soacha, el Ministro de Minas y Energía, Doctor JORGE EDUARDO COCK LONDOÑO, y el  Ministro de Salud, Doctor ALONSO GOMEZ DUQUE. ANTECEDENTES 1. Los señores Jaime Alberto Cantor, Carlos Sánchez y Lino Alonso, vecinos del Municipio de Soacha, interpusieron acción de tutela contra el Alcalde Municipal de Soacha, el Ministro de Minas y Energía y el Ministro de Salud, por considerar que la omisión de las autoridades demandadas  vulnera  y amenaza sus derechos fundamentales a la salud y el medio ambiente. 2. Los actores señalan dos hechos que, junto con la omisión de las autoridades demandadas, vulneran sus derechos fundamentales: 2.1 Expresan que por la calle 13 con avenida 4a y 5a de Soacha, transitan permanentemente volquetas, doble troques y tractomulas de más de 40 toneladas que transportan materiales para construcción - arena, gravilla, recebo, ladrillo, cemento etc. -, situación que afecta la salud de los habitantes del sector y perjudica sus viviendas. Agregan que la zona es de carácter residencial, escolar y comercial, y que la alta velocidad con que se desplazan los vehículos de carga, amenaza la vida de los transeúntes. 2.2 Denuncian, además, el ejercicio ilícito de la actividad minera de extracción de materiales para la construcción, sin licencia de funcionamiento ni licencia sanitaria. 2.3 Los demandantes exponen que, durante más de quince años, han solicitado a la administración municipal una solución a los problemas anteriormente descritos, sin obtener ningún resultado. Las actuaciones administrativas emprendidas para dar solución al problema, dicen, nunca se han llevado a término. Los peticionarios afirman que la  omisión de las autoridades se manifiesta en la desatención de sus quejas por parte de la Alcaldía de Soacha y el Ministerio de Minas, y en la falta de vigilancia y control del Ministerio de Salud y de las autoridades delegadas sobre las emisiones atmosféricas de las fábricas. 2.3.1 En 1985, el alcalde de la localidad, expidió un decreto en el que se ordenó el desvío de los vehículos de alto tonelaje por una vía alterna, ubicada en la vereda Cagua. Sin embargo, aseveran los actores, ante las quejas de los empresarios, el decreto no tuvo aplicación. 2.3.2 A finales de 1992, se efectuó una reunión a la cual comparecieron el Alcalde de Soacha, los concejales de Bogotá y varios habitantes del sector. En ella se acordó conformar un comité, integrado por las juntas de acción comunal, a fin de buscar el desvío de los vehículos que transitan por la calle 13. No obstante, esta gestión nunca se realizó. 2.3.3 En enero de 1993, una representación del concejo municipal, en compañía del Alcalde de Chía, se reunió con el Ministro de Minas y Energía, a fin de lograr una solución a los problemas causados por la explotación de las receberas y canteras en la localidad de Soacha, sin que se haya logrado ponerle fin a dicho problemas. 3. Los demandantes pretenden que se ordene al Alcalde Municipal de Soacha, dar aplicación al decreto 131 de diciembre 10 de 1985, a fin de lograr el desvío del tráfico de alto tonelaje (i). Así mismo, reclaman la intervención del Ministerio de Salud, dirigida a revisar la instalación de fuentes fijas de contaminación del aire, con miras a adoptar las medidas de seguridad consagradas en el decreto 2206 de 1983 sobre control y vigilancia de emisiones atmosféricas y a establecer si las empresas cuentan con licencia sanitaria (ii). Solicitan, además, que el Ministerio de Minas y Energía verifique la existencia de permisos y licencias de explotación, de las empresas mineras (iii). Por último, piden que la Alcaldía Municipal exija el cumplimiento, por parte de las empresas, de las normas policivas sobre licencias de funcionamiento (iv). 4. El Juzgado Civil Municipal de Soacha, mediante sentencia de septiembre 23 de 1994, tuteló los derechos a la salud y al medio ambiente a los peticionarios. El Juez ordenó a la Alcaldía Municipal de Soacha adoptar las medidas dirigidas a la desviación del tráfico por la vía indicada en el fallo (1) y efectuar "el estudio topográfico y demás para establecer una vía de salida alternativa y definitiva de los materiales", en un término de seis meses (2). Además, ordenó a la Secretaría de Transito del Municipio, ejercer el control de velocidad, señalización y carpado de los vehículos en el término de 72 horas (3). Por último, ordenó a la Secretaría de Salud Pública tomar las medidas de saneamiento ambiental necesarias sobre las empresas de extracción de material (4). 4.1 El fallador recibió varios testimonios en el proceso de tutela, con base en los cuales pudo concluir que el motivo de la interposición de la tutela es el agrietamiento y caída de las viviendas por el tráfico pesado, así como la contaminación ambiental  generada por el dióxido de carbono y los materiales que se desprenden de los vehículos. "En nuestro comercio y vivienda artículos y enseres - relata uno de los habitantes del sector -  quedan completamente contaminados  de tierra y humo, .... en parte de la edificación el agrietamiento y los ventanales que son grandes, tenemos que estarlos cambiando o dividiendo para no cambiarlos completos por el alto costo, .... debido al permanente tránsito de volquetas y mulas que levantan polvo, tierra y humo que andan produciendo enfermedades bronquiales .... los niños y los adultos permanecen con gripa y asma ..." 4.2 En la diligencia de inspección judicial practicada al lugar de los hechos, el juez de tutela constató  que por  la avenida 13, transitan tractomulas de alto tonelaje, procedentes de las ladrilleras. Estas - afirma -, son aproximadamente treinta, y se encuentran ubicadas  en la parte alta de la vía Panamá, que es en la misma calle trece. Esta vía - continúa - carece de señalización, los vehículos transitan a velocidad excesiva, y no tienen carpa; en consecuencia, los materiales que transportan se esparcen, producen polución, y sobre los muebles de las viviendas se acumulan gruesas capas de polvo. Las casas están agrietadas por el movimiento de los vehículos pesados. El fallador de primera instancia, pudo apreciar que el ruido que producen los vehículos es de tal intensidad, que los habitantes se ven compelidos a comunicarse a gritos. Adicionalmente, señala que en la zona se encuentran ubicados cerca de ocho colegios, lo que acrecienta el riesgo de accidentes para los transeúntes. 4.3 Para el fallador, el derecho al medio ambiente sano, si bien está establecido en la Carta Política como un derecho colectivo, no se puede desligar del  derecho a la vida y a la salud de las personas. Señala que los factores perturbadores del medio ambiente pueden generar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual "un derecho colectivo deviene también un derecho individual". 4.4 Considera que la preservación del medio ambiente es responsabilidad del Estado, y que al ser las perturbaciones de los derechos fundamentales efectos del tráfico pesado por el sector se impone tutelar los derechos fundamentales al medio ambiente, la vida y la salud. 5. Carlos del Castillo Restrepo, en su calidad de apoderado de las sociedades Alfa Gres S.A., Arcillas de Soacha Ltda., Flor Gres S.A., ladrillera Santafé S.A., Tubos Moore S.A. y de los señores Sergio Andrés Gómez Gonfrier, Justo Ramón Carrillo Hernández, Gabriel Angel Bonilla Mor, Manuel Antonio Suárez Maldonado y Enrique Alberto Candanoza Rodríguez, presentó un memorial dirigido a la Corte Constitucional, en el cual solicita la revocatoria del fallo proferido por el Juzgado Civil Municipal de Soacha. Fundamenta su solicitud en la improcedencia de la acción de tutela para obtener la aplicación de normas legales (D. 306 de 1992, art. 2º) y en que los peticionarios no buscaron la protección de un derecho fundamental con el ejercicio de su acción. Además, afirma que no existen pruebas en el proceso de tutela que demuestren la vulneración de un derecho fundamental. Considera que la decisión del Juzgado de tutela en primera instancia en el sentido de tutelar el derecho al medio ambiente, no obedece a criterios técnicos adecuados. 6. El magistrado ponente, mediante auto del ocho (8) de febrero de 1995, decretó y ordenó una inspección judicial y ocular a la Alcaldía Municipal de Soacha y a la zona afectada, para cuya práctica comisionó al magistrado auxiliar Rodolfo Arango Rivadeneira. El objeto de la diligencia era establecer si en efecto la omisión de las autoridades administrativas vulneraba, y aún vulnera, los derechos fundamentales de los peticionarios. 6.1 En declaración rendida en el trámite de la inspección judicial, el Secretario General de la Alcaldía de Soacha, señor Carlos Arturo Sandoval Naranjo, manifestó no tener conocimiento de peticiones elevadas por la comunidad en relación con el tránsito de vehículos de alto tonelaje por las calles 13 y 15 de la localidad, "por cuanto hace aproximadamente un mes llegué a este despacho, el cual no recibí en debida forma por mi antecesor ...". En relación con la posibilidad de que en los archivos de la Alcaldía reposen solicitudes ciudadanas relativas a la problemática del tráfico pesado y de la explotación irregular de canteras, el funcionario expresó que ello era posible. 6.2 El Secretario de Tránsito y Transportes, señor Edgar Bohorquez Ramírez, puso a disposición del despacho sendos fólderes con documentación sobre las peticiones y las medidas adoptadas por la administración. En especial, se refirió a la petición elevada por vecinos del barrio Ricaurte, afectados por el desvío de camiones de carga ordenado por el Juez de tutela de primera instancia, no teniendo la administración, por el momento, solución alguna al problema del tráfico vehicular. En cuanto a las medidas adoptadas por las autoridades locales para el control de velocidad, de contaminación ambiental y de deterioro de las viviendas a lo largo de las calles 13 y 15, manifestó no tener conocimiento de las medidas que haya tomado la administración anterior. Con posterioridad a la sentencia de tutela, informa, se han realizado operativos en los que se ha sancionado a conductores de vehículos pesados por infringir el fallo de tutela que ordenó el desvío de los automotores. Por último, el Secretario de Tránsito y Transporte y manifestó: "Como lo expuse brevemente en un foro entre la administración y los señores propietarios y administradores de las diferentes canteras y empresas que hacen explotación de materiales el problema asume las características de gravedad tanto por el tránsito de los vehículos como la consecuente destrucción de las vías y de la contaminación ambiental que está afectando seriamente el municipio.  La solución de la vía perimetral proyectada es una solución, a mi sentir, a largo plazo, y es necesario que se entre a determinar, en últimas, por donde van a transitar los vehículos pesados, de manera inmediata, o si se ordena por quien corresponda se suspenda la explotación de las canteras y receberas, que son en últimas los generadores de esta problemática, y que no han sido vinculados como partes en las diferentes querellas o tutelas que se han tramitado y fallado y las que se encuentran en curso". 6.3 Luis Leonardo Cortes García, actuando en representación del Ministerio de Minas y Energía, anota que los controles respecto de la debida exploración y explotación de minerales no son periódicos, sino que se adelantan cuando se presenta alguna queja o una información de las autoridades locales. 6.4 Jaime Norberto Escandón, en su calidad de representante legal del Ministerio de Salud, sostiene que el Ministerio remitió a la Secretaría de Salud la comunicación dirigida por el Juzgado Civil Municipal de Soacha, en el presente proceso de tutela, sin que hasta el momento se haya informado de las gestiones adelantadas. No obstante, afirma que "en ejercicio de la función de control que ejerce el Ministerio daremos las instrucciones correspondientes a efecto de que se cumpla una minuciosa y eficaz inspección en el área de conflicto y para que se tomen las decisiones que la situación amerite". 6.5 El petente, Jaime Alberto Cantor Cantor, y el ciudadano y miembro de la comunidad de Soacha, Alvaro Beltrán Herrera, expresaron su inconformidad por la indiferencia, desinformación e incompetencia de las autoridades administrativas para dar solución al problema que los aqueja, situación que ha estimulado el uso de la fuerza - construcción de barricadas que obstaculizan el tránsito por algunas de las calles - para impedir la continua afectación de sus derechos. 6.6 La inspección ocular llevada a cabo en la zona de Soacha en que residen los presuntos afectados, permitió verificar que las vías alternas, señaladas por el Juez de tutela en primera instancia para el desvío del tráfico pesado, se encuentran sin pavimentar y en deficientes condiciones. En relación con la vía al sur, ésta bordea y cruza el barrio denominado "La Florida", mientras que la variante hacia el norte por la vía o avenida 22 hacia el "Parque Cagua", en su último trecho, penetra al barrio "Ricaurte", donde puede percibirse que sus habitantes han procedido a obstaculizar la vía con el fin impedir o, por lo menos, disminuir el tránsito de vehículos de carga por el sector. A lo largo del recorrido por la calle 13, se detectó el tránsito continuo de volquetas y camiones de alto tonelaje procedentes de las minas o cantones de arena, en dirección hacia la "Autopista el Sur", pese a la prohibición impuesta por las autoridades municipales en cumplimiento del fallo de tutela que se revisa. En lo que respecta a la calle 15, pudo observarse que sus habitantes construyeron y colocaron voluminosos bloques de cemento, logrando disuadir así a los transportadores de materiales de transitar por allí, y obligándolos a hacerlo únicamente por la calle 13. Es visible el estado de deterioro de las viviendas en los dos costados de esta vía, como consecuencia de la contaminación producida por la arena, el polvo, el ruido y la vibración que generan los automotores que transportan el material de construcción desde las canteras. 7. De la documentación aportada al proceso por los demandantes y por el Secretario de Tránsito y Transportes de Soacha, puede deducirse que desde hace más de una década, los habitantes de la zona comprendida entre la calle 13 y autopista Sur de Soacha, han venido denunciando a las autoridades el estado de deterioro de la calle 13, así como la contaminación ambiental generada por el tránsito de vehículos transportadores de materiales. 7.1 En 1984, pidieron al Alcalde Municipal, agilizar la construcción de una vía alterna aprobada desde 1982, por el Concejo Municipal. 7.2 En diciembre de 1985, la Alcaldía Municipal de Soacha expidió el decreto 131, mediante el cual ordenó el desvío del tráfico de vehículos de alto tonelaje, por una vía alterna comprendida entre la calle 23 y carrera 8ª, con el fin de permitir la repavimentación de la calle 13. 7.3 Posteriormente, en 1986, los habitantes del sector de la calle 13, reclamaron por escrito al Concejo Municipal de Soacha, la inclusión de las partidas presupuestales para la construcción de la vía alterna y la repavimentación de la zona. 7.4 En 1993, los miembros del comité de defensa de la calle 13, fueron invitados a participar en una reunión concertada por la Alcaldía, con el Ministro de Minas y Energía, a fin de tratar la problemática derivada de la explotación de las receberas. 7.5 Mediante resolución 104 del 3 de septiembre de 1994, la Secretaría de Tránsito y Transporte, restringió el tráfico de vehículos por la calle 13, a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, con el propósito de impedir que el paso de los automotores perturbara la tranquilidad de los moradores de la zona. 8. Luego de comunicada la iniciación del proceso de tutela a los demandados, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Soacha, expidió la resolución 110 de septiembre 13 de 1994 en la que, con fundamento en la facultad de regular y organizar el tránsito conferida en el Cógido Nacional de Tránsito y disposiciones concordantes, se prohibió el tráfico de vehículos de alto tonelaje por las calles 13, 14 y 15, a cualquier hora del día y en cualquiera de los dos sentidos de la vía, habida consideración de que se comprobó que su paso constante altera la tranquilidad y la paz de esta zona residencial. Con posterioridad a la decisión de tutela del 23 de septiembre de 1994, que ordenó la desviación del tráfico pesado, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Soacha expidió la circular informativa 004 de octubre 4 de 1994, en la que comunica a los conductores de camiones y tractomulas la prohibición de ingresar a las canteras por la calle 13, debiendo utilizarla únicamente como vía de salida y quedando prohibido el paso por las calles 14 y 15. Ante las quejas de los peticionarios por el incumplimiento del fallo de tutela, el Juez de instancia requirió a las autoridades municipales. Mediante diversos oficios, éstas informaron sobre el rechazo de los habitantes del barrio Ricaurte al desvío de los automotores ordenado por el fallo de instancia y sobre el posterior acuerdo entre las partes afectadas, los industriales y las autoridades, de permitir el tránsito de entrada por la calle 22 y el de salida por la calle 13,  mientras se construye la vía perimetral, cuyos planos topográficos fueron presentados en reunión del día 25 de noviembre. FUNDAMENTOS JURIDICOS Causas de la vulneración de los derechos fundamentales 1. Dos son las causas de la presunta vulneración de los derechos fundamentales de los peticionarios: una remota y otra inmediata. La primera corresponde a actuaciones de particulares - el transporte terrestre de materiales sin las precauciones adecuadas, ocasionando molestias y perjuicios a la comunidad, y la explotación ilícita de la actividad minera con efectos adversos sobre el medio ambiente -. La causa inmediata, en cambio, se refiere a la supuesta omisión de las autoridades locales y nacionales en dar solución a la problemática generada por las conductas de los particulares, mediante el ejercicio oportuno de las competencias legales. La presente acción de tutela ataca sólo esta última causa. Se dirige contra las autoridades públicas reticentes y busca, mediante la intervención judicial, impedir el tránsito de camiones de carga por ciertas avenidas, y activar el control y vigilancia sobre la actividad minera en defensa del medio ambiente sano. El fallo de tutela que se revisa 2. La decisión de tutela se funda en la íntima relación existente entre el derecho al medio ambiente sano y los derechos a la vida y a la salud. La sentencia toma en consideración el daño que el deterioro ambiental ocasiona a los seres humanos. La vinculación entre los derechos colectivos y los derechos fundamentales y la responsabilidad del Estado de preservar el medio ambiente sano, sirven de argumento al fallador para tutelar los "derechos fundamentales a la vida, a la salud y al medio ambiente" de los peticionarios. En razón de lo anterior, ordena el desvío del tráfico pesado (1), la realización de estudios y "el establecimiento de la vía alternativa", en un plazo de seis meses (2), el control vehicular (3) y la intervención de las autoridades de policía ambiental (4). Derecho colectivo al medio ambiente sano y procedencia de la acción de tutela 3. La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en precisar que el derecho colectivo al medio ambiente sano no es un derecho fundamental per se, por lo que su protección por vía de la acción de tutela sólo es admisible cuando se establece, en el caso concreto, su conexidad con algún derecho fundamental, de manera que, si no se protege oportunamente el primero, se ocasionaría la vulneración o amenaza del segundo. "Fundamental advertencia sobre este punto es aquella que señala de modo indubitable que este derecho constitucional colectivo puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango o naturaleza fundamental como la salud, la vida o la integridad física entre otros, para obtener, por vía de la tutela que establece el  artículo 86 de la Constitución Nacional, el amparo de uno y otro derechos de origen constitucional, pues en estos casos prevalece la protección del derecho constitucional fundamental y es deber del juez remover todos los obstáculos, ofensas y amenazas que atenten contra éste. En estos casos, como se ha dicho, el Juez al analizar la situación concreta que adquiera las señaladas características de violación de un derecho constitucional fundamental, deberá ordenar la tutela efectiva que se reclama" (Sentencia T- 067 de 1993). En la diligencia de inspección ocular, el fallador de instancia pudo verificar los efectos negativos del tránsito de vehículos de carga sobre el medio ambiente y el impacto sobre las viviendas de los peticionarios. No obstante, las razones esgrimidas para conceder la tutela nada tienen que ver con la situación fáctica observada. En efecto, a juicio del juez el derecho al medio ambiente sano "no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud" y los factores perturbadores del medio ambiente pueden generar daños irreparables a los seres humanos, por lo que "un derecho colectivo deviene también en un derecho individual". 4. La vinculación in abstrato del derecho al medio ambiente y los derechos a la vida y a la salud, con el objeto hacer comunicable la naturaleza fundamental de los últimos al primero, no es admisible, ya que con ello termina por desconocerse la distinción entre derechos colectivos y derechos fundamentales, y se prescinde de la evidencia empírica necesaria para demostrar la conexidad existente entre unos y otros en el caso concreto. Si bien la órbita de protección de un derecho colectivo cobija indirectamente la efectividad de derechos fundamentales, y la relación entre ambiente sano y vida sana es intuitivamente cierta, no es posible concluir sin incurrir en un error lógico y jurídico, como lo hace el fallador, que la vulneración del derecho al medio ambiente supone necesariamente la violación de los derechos a la salud o a la vida. Por otra parte, los peticionarios tampoco demostraron una afectación individual de sus derechos a la salud o a la vida. Sus quejas evidencian un problema de salubridad pública y de deterioro del medio ambiente que afecta a la comunidad residente en las inmediaciones de las calles 13, 14 y 15 de Soacha, sin que en el trámite del proceso de tutela haya sido posible concretar la vulneración de los derechos fundamentales de los demandantes. Adicionalmente, el daño patrimonial ocasionado a las viviendas por la actividad transportadora, no se relaciona con los derechos a la vida y a la salud. 5. Ahora bien, lo anterior no significa que la calidad de vida de los habitantes del sector y sus derechos patrimoniales, no estén siendo afectados por las acciones particulares y las omisiones del Estado, o que, a largo plazo, las personas residentes en el lugar puedan presentar afecciones en su salud por las mismas causas, en cuyo caso la situación si podría conducir a plantear la procedencia de la acción de tutela. No obstante, la Sala debe insistir en que este mecanismo constitucional no es la vía judicial adecuada para propender la protección de derechos colectivos salvo que se demuestre la vulneración de un derecho fundamental, y, menos todavía, si los interesados están en posibilidad de interponer las acciones populares, de clase o de grupo que son las idóneas para el fin propuesto. Omisiones de las autoridades, derecho de petición y tutela administrativa de los derechos 6. La Corte no coincide con el fallador de instancia en cuanto a la violación de los derechos fundamentales a la vida o a la salud. No obstante, considera que, atendidos los hechos expuestos, podría presentarse la vulneración del derecho fundamental de petición como consecuencia de las omisiones de las autoridades públicas demandadas. En efecto, analizadas las pruebas documentales aportadas al proceso, se observa que los habitantes del sector aledaño a las calles 13, 14, 15 de Soacha, han venido soportando por espacio de tres lustros los efectos de la cercana explotación de minas de arena, piedra y demás materiales para la construcción. Sus peticiones sirvieron para que en 1982 el Concejo municipal aprobara la construcción de la vía alterna para el transporte del material, sin que ésta se llevara finalmente a cabo. Posteriores solicitudes de la comunidad tuvieron como efecto la repavimentación de la calle 13, para lo cual se ordenó el desvió transitorio del tráfico pesado (Decreto 131 de 1985). Constituido un comité para la defensa de la calle 13 ante los efectos adversos de la explotación minera y de la actividad transportadora conexa, éste logró reunirse con el Ministro de Minas y Energía (1993), sin que de dicho encuentro se derivara solución alguna a su problemática. En septiembre 3 de 1994, la administración municipal restringió el tráfico de vehículos de carga entre las 10 de la noche y las cuatro de la mañana por la calle 13, para impedir la perturbación de los moradores (resolución 104). Días después, conocida la interposición de la acción de tutela por su actuación omisiva, la Alcaldía expidió la resolución 110 de septiembre 13 de 1994, ordenando el desvío del tráfico pesado y prohibiendo su tránsito por las calles 13, 14, 15, en cualquiera de los dos sentidos, dado que pudo comprobarse que "el paso constante de vehículos pesados altera la tranquilidad de los residentes en dichos perímetros", situación que vino a variar, luego del fallo de instancia, mediante circular informativa 004 de octubre 4 de 1994, en la que autoriza la salida, exclusivamente por la calle 13, de los vehículos cargados de material procedentes de las minas, como medida transitoria mientras se construye la vía perimetral. Las anteriores actuaciones de las autoridades locales contrastan con lo expuesto por el Secretario de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de Soacha, en el sentido de que "la solución de la vía perimetral proyectada es una solución, a mi sentir, a largo plazo, y es necesario que se entre a determinar, en últimas, por donde van a transitar los vehículos pesados, de manera inmediata, o si se ordena por quien corresponda se suspenda la explotación de las canteras y receberas, que son en últimas los generadores de esta problemática". Por otra parte, los Ministerios de Salud, y de Minas y Energía, también demandados, manifiestan que los controles sanitario y de explotación minera, no se ejercen periódicamente, sino ante queja particular o a solicitud de otra entidad oficial, no teniendo conocimiento de que en el presente asunto los interesados hubieran acudido previamente ante las autoridades competentes. 7. El derecho fundamental de petición no sólo incluye la facultad de elevar solicitudes respetuosas a las autoridades públicas por motivos de interés general o particular. Su núcleo esencial también incorpora "el derecho a obtener una pronta resolución" (CP art. 23). En efecto, a este respecto la Corte ha sostenido: "El derecho fundamental de petición ha dejado de ser expresión formal de la facultad ciudadana de elevar solicitudes a las autoridades para pasar a garantizar, en consonancia con el principio de democracia participativa (CP art. 1º), la pronta resolución de las peticiones. La tutela administrativa de los derechos fundamentales es un derecho contenido en el núcleo esencial del derecho de petición, que no sólo exige una respuesta cualquiera de la autoridad, sino la pronta resolución de la petición, bien sea en sentido positivo o negativo" (ST-219 de 1994). El derecho a una pronta resolución no se reduce al simple deber estatal de dar contestación. La respuesta de la administración debe ser coherente y referirse al fondo de la materia sometida a análisis por parte de los interesados. No se haría efectiva la facultad de suscitar la intervención oficial en un asunto de interés general o particular, si bastara a la administración esgrimir cualquier razón o circunstancia para dar por respondida la petición. De las pruebas se deduce que los peticionarios, en lo que respecta a las autoridades municipales, no han obtenido una pronta resolución, en sentido positivo o negativo, a la petición de construir una vía alterna para la salida de los materiales de construcción, la cual ha sido presentada por la comunidad desde  hace más de una década. 7.1 El Secretario General de la Alcaldía desconoce la existencia de peticiones anteriores a su reciente ingreso al despacho, que dice no haber recibido "en debida forma" de su antecesor. El Secretario de Tránsito y Transporte, por su parte, también carece de conocimiento sobre las medidas adoptadas por la administración anterior para controlar la velocidad, la contaminación ambiental y el deterioro de las viviendas a lo largo de las calles 13, 14 y 15 de la municipalidad. 7.2 Tampoco conocen los funcionarios públicos sobre la existencia de recursos presupuestales para la realización de la obra, sobre su factibilidad o su costo, limitándose a manifestar en reuniones con los afectados que se vienen realizando estudios topográficos. 7.3 A juicio del Secretario de Tránsito y Transporte, la solución definitiva consistente en la construcción de la vía perimetral, es una solución de largo plazo, por lo que la autoridad competente debe decidir si "se suspende la explotación de las canteras y receberas, que son en últimas las generadoras de esta problemática". 7.4 Los actos administrativos se limitan, unas veces, a prohibir y, en otras, a permitir, el tránsito de vehículos pesados a determinadas horas del día, sin referirse a la petición de una solución definitiva del problema. Las anteriores manifestaciones llevan a la Sala a efectuar las siguientes consideraciones: a) La ausencia de conciencia institucional de los funcionarios públicos alimenta  la sensación ciudadana de que la administración municipal se inaugura con ocasión de cada nuevo período electoral. No existe memoria de las problemáticas heredadas del gobierno anterior ni de las ejecutorias, planes y proyectos que vienen realizándose a nivel local. Hablando literalmente, "es como si el gobierno municipal se creara con la elección y posesión de la nueva administración", en perjuicio de la continuidad en las políticas públicas, de la eficacia de los derechos ciudadanos y del cumplimiento de los deberes del Estado (CP art. 2). b) El Alcalde Municipal es la autoridad competente para "presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio" (CP art. 315-5). No obstante, la administración local, guarda silencio sobre el estado del trámite presupuestal necesario para la implementación de una solución definitiva al problema del transporte de los materiales de construcción, situación que beneficia a un sector privado en desmedro de los derechos de otros particulares, compelidos a soportar las externalidades o efectos negativos de la actividad industrial desarrollada. c) El Secretario de Tránsito y Transporte, quien, pese a reconocer que "el problema asume las características de gravedad tanto por el tránsito de los vehículos como la consecuente destrucción de las vías y de la contaminación ambiental que está afectando seriamente al municipio", advierte que la solución de construir la vía perimetral es de largo plazo, debiendo la autoridad competente decidir si suspende la explotación minera, que es en últimas la generadora del conflicto. El largo plazo al que alude la administración, visto con el trasfondo de 15 años de evasivas y omisiones de las autoridades públicas, resulta relativizado y adquiere un carácter dramático y lesivo de la efectividad de los derechos ciudadanos. ¿Cuánto tiempo más requerirá la administración para la construcción de la vía alterna que solucionará el problema que beneficia a unos y perjudica a otros?. No pueden los funcionarios públicos, por incompetencia, desidia o complicidad con sectores pudientes de la sociedad, eludir sus responsabilidades de velar por la vida, honra y bienes de los habitantes (CP art. 2), mediante el ejercicio oportuno de sus competencias constitucionales y legales (CP art. 315). Referir a soluciones extremas, como la de "suspender la explotación minera", importante fuente de trabajo en la localidad, o traspasar la responsabilidad de la situación a sus causantes, es un fácil expediente de la administración local para abjurar de sus deberes constitucionales, que la obligan a procurar positivamente el bienestar de la comunidad (CP arts. 2, 334). d) Las actuaciones de la administración, que podrían constituir una resolución tácita, aunque sólo transitoria, a la petición ciudadana, sólo obedecen a las presiones de turno y demuestran ser contradictorias y altamente erráticas. Al día siguiente de interpuesta la acción de tutela, la administración prohibió el tránsito por las calles 13, 14 y 15, en cualquiera de los dos sentidos, tras haber comprobado la alteración de la tranquilidad y la paz. Pero, luego de la protesta de otro sector de la población, de los industriales y de los transportadores, no obstante el fallo de primera instancia, permitió el paso exclusivamente por la calle 13 - la más afectada - de los vehículos cargados de materiales procedentes de las minas, "mientras se construye la vía alterna" que, dicho sea de paso, "es una solución a largo plazo". "La mínima utilización de las competencias legales por las autoridades" - como ya lo advirtió en un caso similar esta Corte -  "ha permitido a los beneficiarios de la actividad industrial transferir el costo de las externalidades generadas en su proceso productivo a la comunidad, creando un desequilibrio que rompe con el principio de igualdad. Detrás de las razones técnicas esbozadas por la administración para diferir la solución definitiva del problema, mediante la adopción sistemática y escalonada de medidas legales de persuasión (...), se revela una clara falta de voluntad política que traiciona la confianza depositada en las autoridades y se aparta de la ética de servicio que es la razón de ser del Estado y el parámetro de conducta de los servidores públicos (...). A pesar de las reiteradas quejas de la comunidad durante más de una década, las autoridades ejecutivas no han adoptado las medidas necesarias para la pronta resolución del problema (...), vulnerando de esta forma el artículo 23 de la Constitución". (ST-219 de 1994). Derecho fundamental a obtener una pronta resolución y establecimiento del marco de referencia para la decisión administrativa que debe adoptar la autoridad 8.  El derecho fundamental de petición (CP art. 23) no se reduce a la posibilidad jurídica de solicitar respetuosamente a las autoridades públicas que se pronuncien con respecto a un determinado asunto, de forma que la mera contestación bastaría para hacer efectivo el derecho a obtener una pronta resolución. Limitar el contenido del derecho de petición a la facultad de exigir un pronunciamiento del Estado, es reducir la esfera de acción ciudadana a un modelo súbdito-soberano, donde las actuaciones del Estado son percibidas como emanaciones de la merced, gracia o mera liberalidad del mandatario de turno. El derecho de petición, dada su estrecha relación con el principio de democracia participativa (CP art. 1), si bien no implica el derecho a que la petición se resuelva en determinado sentido1 , incorpora en su núcleo esencial la facultad de exigir la actuación de la autoridad pública, en el ámbito de sus funciones, cuando ésta resulte imperiosa para garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, y el cumplimiento de las responsabilidades sociales del Estado (CP art. 2). Bajo esta segunda modalidad, el derecho a obtener una pronta resolución, contenido en el núcleo esencial del derecho de petición, sólo podría verse satisfecho si la autoridad pública actúa dentro de su ámbito funcional para dar respuesta efectiva a las demandas ciudadanas, más aún cuando la realización de las aspiraciones de la comunidad está necesariamente mediada por la intervención oportuna de la autoridad pública. En el presente asunto, la situación de un sector de la población de Soacha, sin que se conozcan los motivos, no ha sido seriamente considerada por las instancias de decisión política del municipio, que se han abstenido de resolver el fondo del problema que los afecta desde hace aproximadamente quince años. El Alcalde Municipal, aparte de sus competencias de gestión, goza de iniciativa normativa en la materia (CP art. 315-5). La construcción de la vía alterna o perimetral se revela objetivamente como la única solución, fáctica y técnicamente posible, con miras a garantizar el disfrute de los derechos ciudadanos, teniendo en cuenta que otro tipo de medidas - control de carpado, de señalización y de velocidad - tiene un efecto puramente paliativo. 9. El juez de instancia ordenó al Alcalde Municipal de Soacha dictar las medidas necesarias para desviar el tráfico por la vía alterna (1), efectuar el estudio topográfico y demás trabajos para establecer, en un plazo de seis meses, una vía de salida alternativa y definitiva de los materiales (2), y ejercer el control de velocidad, señalización y carpado de los vehículos (3). En cuanto al levantamiento del estudio topográfico, la Corte no encuentra que esta medida tenga efectividad inmediata, por no existir las apropiaciones presupuestales necesarias para la construcción de la obra pública demandada. La misma razón es predicable de la orden de "establecer la salida alternativa y definitiva en un plazo de seis meses". Cualquier medida en este sentido no podría conllevar menos de un año como plazo para su cumplimiento, a fin de que se adopten las decisiones presupuestales que le brinden soporte y efectividad. En cuanto a la orden de ejercer el control de velocidad, señalización y carpado de los vehículos, la Sala estima que ella es procedente, ante la omisión de las autoridades de tránsito en vigilar el adecuado transporte de materiales de construcción. 10. Las medidas para dar "prontamente resolución" a la petición elevada por un sector de la comunidad de Soacha, deberán adoptarse por la autoridad municipal dentro del marco de referencia que la Corte dejará establecido para garantizar el respeto de los derechos de los habitantes de la zona y de cuyo cumplimiento depende el restablecimiento del derecho fundamental violado. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión, RESUELVE PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 23 de septiembre de 1994, proferida por el Juzgado Civil Municipal de Soacha, pero sólo en el sentido de tutelar a los peticionarios su derecho fundamental de petición. En consecuencia, se ordena a la Alcaldía Municipal de Soacha dar pronta resolución a las peticiones elevadas por los vecinos de las calles 13, 14 y 15 de Soacha, de conformidad con los siguientes parámetros: a) El Alcalde Municipal de Soacha deberá incluir la construcción de la vía perimetral para la salida de materiales procedentes de la explotación minera que viene adelantándose en esa localidad, en los proyectos de acuerdo que en la primera oportunidad pueda presentar a consideración del Concejo Municipal. b) La financiación de la construcción de la vía alterna debe tomar en consideración que los principales beneficiarios de la obra, son las compañías que se ocupan de la explotación minera en la zona. c) El plazo máximo para la construcción de la vía alterna o perimetral será de dos (2) años, al término del cual, si ésta no se ha realizado, se suspenderá el transporte de materiales de construcción por la zona afectada, hasta tanto se de cumplimiento a la misma. d) Durante el plazo fijado para la resolución definitiva del problema, la Alcaldía Municipal, con la colaboración de las compañías concesionarias de licencias de explotación minera, ejercerá tareas permanentes de barrido y limpieza de las calles 13, 14 y 15,  con el objeto de reducir la contaminación ambiental en la zona como consecuencia de la actividad de extracción y transporte de materiales para la construcción. e) Igualmente, la Alcaldía Municipal deberá ejercer el control - de velocidad, señalización y carpado - sobre los vehículos de carga que transiten por las calles 13, 14 y 15 de Soacha, procedentes de las minas, canteras o receberas, con dirección a la Autopista del Sur. El Juzgado Civil Municipal de Soacha velará por su efectivo cumplimiento. SEGUNDO.- LIBRESE comunicación al mencionado Juzgado, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General (Sentencia aprobada por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintidós (22) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995)). 1 Corte Constitucional. Sentencia T-103 de 1995. MP. Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO y Sentencia T-575 de 1994. MP. Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.

T-131-95 Sentencia No Sentencia No. T-131/95 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Tratamiento médico/MENOR ENFERMO-Protección/CALIDAD DE VIDA Un primer grupo lo constituyen los menores, cuyo tratamiento ha sido suspendido por el ISS, después de haber cumplido su primer año de vida, por no tener su enfermedad un pronóstico favorable de curación. No existe razón de carácter constitucional, ni muchos menos legal,  que le impida al ISS prestar los servicios requeridos por estos menores y cuyo fin,  si bien no será la recuperación total de sus capacidades físicas y mentales, será la posibilidad de obtener un mejoramiento en su calidad de vida. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Suspensión de tratamiento médico/ INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Cotización Existe un segundo grupo, en el cual se encuentran los menores, a quienes no sólo se les suspendió el servicio por no tener un pronóstico favorable de curación, sino porque sus padres dejaron de cotizar al Instituto. En este caso, la suspensión del servicio alegada por el Instituto es válida,  pues  la única forma para acceder a sus servicios, es a través del sistema de cotizaciones. Así pues, si los padres de estos menores vuelven a cotizar, podrán obtener la asistencia médico asistencial que requieren sus hijos, pues,  la nueva ley de seguridad social no sólo permite la cobertura familiar, sino que prohibe aplicar preexistencias a sus afiliados. Ref: Expediente T- 51.668 DEMANDANTE:  María Carrasquilla contra Instituto de Seguros Sociales.  Seccional Cartago. PROCEDENCIA: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartago Valle. MAGISTRADO PONENTE: JORGE ARANGO MEJÍA. Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., en sesión de la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, a los veinticuatro (24) días del mes de   marzo de mil novecientos noventa y cinco  (1995). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartago, en el proceso de tutela  promovido por la Personera  Municipal de Cartago, doctora María Resfa Carrasquilla Hurtado, en representación de los menores Carlos David Jiménez; Beatriz Lorena Gómez B; Miguel Antonio Betancourt B; Santiago Jaramillo Hoyos; Leydy Johana Palacio Villa; Carolina Vélez; Natalia Andrea Luna G; Juan Gabriel Ramírez; Hugo Niel Miranda Lugo; Anderson M. Acosta Monsalve; Julián A. Castaño Sepúlveda y  Paola Tatiana Vicuña Aldana en contra del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Cartago. El expediente llegó a la Corte Constitucional, por remisión que hizo el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartago Valle, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección de la Corte eligió, para efectos de su revisión, el expediente de la referencia. I. ANTECEDENTES La actora, en su calidad Personera municipal de Cartago, y  en representación de los menores Carlos David Jiménez Torres, Beatriz Lorena Gómez Bonilla, Miguel Antonio Betancourt Barco, Santiago Jaramillo Hoyos, Leydy Johana Palacio Villa, Juan Gabriel Ramírez, Hugo Niel Miranda, Anderson Mauricio Acosta Monsalve, Julián Andrés Castaño Sepúlveda y Paola Tatiana Vicuña Aldana, presentó ante el Juzgado Penal del Circuito  de Cartago (reparto), acción de tutela en contra del Instituto del Seguro Social Seccional Cartago, por las siguientes razones: A. Hechos 1. Manifiesta la actora que los menores mencionados son beneficiarios de los servicios médico asistenciales que presta el Instituto del Seguro Social,  por ser hijos de personas afiliadas a este organismo. 2. Todos ellos, tienen en común que, desde su nacimiento padecen de enfermedades tales como parálisis cerebral, síndrome de down, e.t.c. Razón por la cual, el Instituto del Seguro Social les venía prestando los servicios médicos requeridos, hasta que los decidió suspender amparado en lo dispuesto por el artículo 26 del decreto 770 de 1975, según el cual: “ Los hijos de los asegurados amparados por el seguro de enfermedad general y maternidad tendrán derecho a la necesaria asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, así como a los correspondientes servicios paramédicos y médicos auxiliares de diagnóstico y tratamiento, durante el primer año de vida. "Cuando se diagnostique enfermedad durante el primer año de edad, el hijo asegurado tendrá derecho, en cualquier tiempo, a todas las prestaciones asistenciales necesarias, cuando a juicio del servicio médico no sea procedente su tratamiento dentro del primer año de vida y que exista desde el principio pronóstico favorable de curación." (negrillas fuera de texto) B. Derechos presuntamente vulnerados La actora, considera que  el Instituto del Seguro Social al negarse a prestar la asistencia médica requerida por los menores, está vulnerando los derechos fundamentales de los niños, especialmente,  la vida y la igualdad. C. Pretensión Solicita se inaplique el artículo 26 del decreto 770 de 1975, que condiciona la prestación de  los servicios médico asistenciales a los hijos de los asegurados por el Instituto de Seguros Sociales, a la existencia de un pronóstico favorable de curación. En consecuencia, se ordene a la entidad acusada, prestar a los menores los servicios y suministrar la medicina que requieran, para la conservación de su salud  y vida. Así como la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que se asegure y garantice la efectiva prestación de los servicios que requieren los menores. D. Pruebas La actora aportó como pruebas, entre otras, las copias de los registros civiles de nacimiento de los menores, algunas historias clínicas, tarjetas de comprobación de derechos, carnés de afiliación e.t.c. E. Actuación Procesal El juzgado, una vez asumió el conocimiento de la acción de tutela de la referencia, procedió a notificar al demandado, y citó a declarar a los padres de los menores, así como, al director del Instituto del Seguro Social, Seccional Cartago. En cumplimiento de lo anterior, se recibieron los siguientes testimonios: 1- Martha Lucia Hoyos Valencia, madre de Santiago Jaramillo Hoyos,  manifestó que su hijo nació en la clínica del Seguro de Cartago, en el año de 1981. Indicó que el menor desde su nacimiento padece de deficiencias físicas y orgánicas; razón por la cual, el Instituto del Seguro Social, Seccional Cartago ha venido prestándole los servicios médicos asistenciales requeridos, los cuales son renovados cada tres meses. Sin embargo, el Instituto no le ha proporcionado unos aparatos ortopédicos que requiere. 2- Beatriz Bonilla de Gómez, madre de Beatriz Lorena Gómez Bonilla, afirmó que la menor nació en la clínica del Seguro de Cartago, en el año de 1985, y  que desde su nacimiento padece de mongolismo. El Instituto ha venido prestándole la asistencia médico asistencial requerida. Sin embargo, hasta la fecha de presentación de la acción de tutela,  no se ha realizado una operación que la menor necesita. 3- María Claribel González Gallego, madre de Natalia Andrea Luna González,  manifestó que la menor, que nació en la clínica del Seguro de Cúcuta, en el año de 1979, desde su nacimiento padece del síndrome de down. El Instituto del Seguro Social, Seccional Cartago venía prestándole los servicios médico asistenciales requeridos, hasta cuando fueron suspendidos porque el síndrome en mención no tenía curación. 4- Luz Mery Aldana Vélez, madre de Paola Tatiana Vicuña Aldana, menor que  nació en la clínica del Seguro Social de Cartago, en el año de 1986. Indicó que desde su nacimiento padece de sordera profunda y, el Instituto del Seguro Social, Seccional Cartago le ha venido prestando los servicios médico asistenciales requeridos. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible que el Instituto implante un audífono que requiere la menor, a pesar de que ya está ordenado.  Igualmente, no se le presta el servicio de  terapia de lenguaje, pues, el director de la clínica no ha firmado contrato con la fonoaudióloga. 5- Janeth Lugo, madre del Hugo Niel Miranda Lugo, quien nació en la clínica del Seguro Social de Cartago, en el año de 1985. Indicó que desde su nacimiento, el menor padece de una deficiencia cerebral. El Instituto del Seguro Social, Seccional Cartago lo atendió hasta 1991, fecha a partir de la cual, el servicio le fue suspendido. 6- Graciela Barco Flórez, madre de Miguel Antonio Betancourt Barco, quien nació en la clínica del Seguro Social de Cartago, en el año de 1985. Indicó que el menor padece de síndrome de down. El Instituto del Seguro Social, Seccional Cartago le prestó los servicios médico asistenciales requeridos durante el primer año de vida. Sin emabargo, a partir de  1986, los servicios médicos fueron suspendidos, porque la enfermedad del menor no tenía curación. 7- Amparo de Sepúlveda de Castaño, madre de Julián Andrés  Castaño Sepúlveda, quien nació en la clínica del Seguro Social de Cartago, en el año de 1979. Indicó que desde su nacimiento, su hijo  padece de retardo mental, y que sólo hizo uso de los servicios médico asistenciales del Seguro Social durante los primeros cuatro meses de vida del menor,  porque decidió llevarlo a un pediatra particular. Sin embargo, al solicitar nuevamente los servicios del  Instituto, fue informada que su hijo ya no tenía derecho a dichos servicios. 8- María Nelly Villa Rendón, madre de Leydy Johana Palacio Villa, quien nació en la clínica del Seguro Social de Cartago, en el año de 1987. Indicó que la menor desde su nacimiento padece de retardo mental. El Instituto del Seguro Social de Cartago, le prestó el servicio médico asistencial hasta 1990,  fecha desde la cual,  es atendida por el “INTEI”. 9- Patricia Segura Marín, madre de Carolina Vélez, quien nació en la clínica del Seguro Social de Cartago, en el año de 1985. Indicó que la menor nació con labio leporino,  y la operación requerida para solucionar su problema no fue realizada por el Instituto del Seguro Social, sino por una entidad de carácter particular. Así mismo, solicitó el servicio de terapia de lenguaje, y la práctica de una nueva cirugía plástica, pero ello no fue posible, porque el Instituto había suspendido los servicios para su hija, quien en la actualidad es atendida por el “INTEI”. 10- Yeni Graciela García Castañeda, madre de Juan Gabriel Ramírez García, quien nació en la clínica del Seguro Social de Cartago, en el año de 1986. Indicó que el menor desde su nacimiento padece de autismo, razón por la cual, el Instituto del Seguro Social,  sólo le prestó los servicios médico asistenciales durante su primer año de vida. 11- Gloria Inés Monsalve Gutiérrez, madre de Anderson Mauricio Acosta Monsalve, quien nació en la clínica del Seguro Social de Cartago, en el año de 1991. Indicó que el menor desde su nacimiento padece de convulsiones, el Instituto del Seguro Social de Cartago, sólo le prestó los servicios médico asistenciales durante el primer año de vida. En la actualidad el menor es atendido por un médico particular. 12- Alberto José Morales Chaljub, quien se desempeña desde 1993 como gerente del Instituto del Seguro Social de Cartago. Manifestó que la entidad a su cargo presta a los afiliados y a los beneficiarios,  los servicios médicos y hospitalarios requeridos por éstos, según lo estipulado en la ley y los estatutos del Instituto. En relación con cada uno de los casos, explicó lo siguiente: - A los menores Beatriz Lorena Gómez Bonilla, Santiago Jaramillo Hoyos y Paola Tatiana Vicuña no se les ha suspendido el servicio médico asistencial, inclusive se les ha prestado el servicio médico dentro de la especialidad que cada uno requiere. Respecto del audífono requerido por Paola Tatiana Vicuña Aldana y el aparato ortopédico requerido por el Santiago Jaramillo Hoyos, manifestó que para obtenerlos deben cumplir con una serie de requisitos, como es que un especialista así lo prescriba.  Así mismo, explicó que el Instituto cuenta con fonoaudiólogas y, por ello, no se explica por qué se afirma que no ha sido posible el  tratamiento para Paola Tatiana Vicuña Aldana. - A Natalia Andrea Luna González y Hugo Niel Lugo, medicina laboral les certificó su mejoría, razón por la cual, fue  suspendido el servicio. - A los menores Miguel Antonio Betancourt Barco, Juan Gabriel Ramírez García y Julián Andrés Castaño Sepúlveda,  se les prestó el servicio durante el primer año de vida. Sin embargo, éste fue suspendido porque sus padres dejaron de cotizar al Instituto. - A la menor Leydy Johana Palacio Villa, le fue suspendido el servicio porque de acuerdo al pronóstico de medicina laboral,  su enfermedad no tenía curación. - A Carolina Vélez, no se le prestó el servicio, porque cuando sus padres solicitaron la prórroga, el problema del labio leporino ya había sido solucionado. Sin embargo, no se pronunció en relación con el retardo mental que padece la menor. - El relación con el menor Anderson Mauricio Acosta, expresó que en su historia clínica no se hace referencia a las convulsiones que,  según su madre,  padece. Sin embargo, cuando fueron solicitadas las historias clínicas por el Juzgado de conocimiento, este mismo funcionario argumentó no poseerlas, porque según él, ellas estaban en poder de los padres de los menores. Consta, igualmente, la partida de defunción del menor Carlos David Jiménez Torres, del 12 de septiembre de 1994. F. Sentencia de única instancia El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartago, mediante sentencia del 20 de octubre de 1994, DENEGÓ la acción de tutela solicitada, al considerar que no fueron vulnerados los derechos de los menores, invocados por la actora, puesto que la institución tiene para cada caso, una razón para no prestar o prorrogar el servicio. En concepto del juzgado, la Personera Municipal no debió generalizar la situación de los menores en cuestión, pues cada caso era distinto. Así mismo, consideró que el Instituto del Seguro Social, se limitó a cumplir con las normas que lo rigen, normas que no pueden ser desconocidas por el juez de tutela. Finalmente, manifestó que el despacho no puede inaplicar el decreto 770 de 1975, porque no tiene competencia para ello y,  además, porque existen otros medios para lograr su inaplicación. Como el fallo no fue impugnado, se remitió a la Corte para su eventual revisión. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Primera.- Competencia La Corte Constitucional es competente para decidir este asunto, en virtud de lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución, en concordancia con las normas pertinentes del decreto 2591 de 1991. Segunda.-  Lo que se pretende La actora, en su calidad de Personera municipal de Cartago, solicita se inaplique el artículo 26 de del decreto 770 de 1975 y, en consecuencia, se preste la atención médica requerida por cada uno de los menores, según sus necesidades. Al respecto, es necesario precisar lo siguiente: La Sección Primera del Consejo de Estado, declaró la nulidad de la expresión "... y que exista desde el principio pronóstico favorable de curación" del artículo 26 del decreto 770 de 1975, por medio de la sentencia del 10 de febrero del año en curso, con ponencia del doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz. En la mencionada providencia, se consideró necesario declarar la nulidad sobreviniente del aparte transcrito del referido decreto, por  establecer límites en la protección de derechos fundamentales como la vida, la salud y la dignidad humana de los menores de edad. En concepto de esa Corporación "... el menor que no tiene posibilidad de curación está irremediablemente condenado a padecer físicamente hasta que se produzca su deceso, ya que su vida carece de valor alguno para efectos asistenciales". Así pues, se declaró la nulidad del referido aparte, con efectos retroactivos al 7 de julio de 1991, fecha en la que entró en vigencia la Constitución de 1991. Es decir,  que el Instituto de Seguros Sociales, desde la fecha indicada,  no podía negarse a prestar  los servicios médico asistenciales, a los hijos menores de los asegurados amparados por el seguro de enfermedad general y maternidad, cuyo tratamiento tuviese que prestarse después del primer año de vida. Igualmente, con la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, la cobertura de los servicios prestados por el Instituto de Seguros fue ampliada, razón por la que se ha entendido que el artículo 26 del decreto 770 de 1975, fue derogado tácitamente por la referida ley. Al respecto,  esta Corporación, por medio de las sentencias T-01, T-020 y SU-043 de 1995, con ponencias de los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz, respectivamente, ha interpretado que dicho artículo no se encuentra vigente, porque la nueva  ley de seguridad social, ley 100 de 1993, fijó en su artículo 163, un plan de cobertura familiar que no  establece ninguna excepción para  la prestación efectiva de los servicios médico asistenciales a  los hijos de los afiliados, ya sean éstos menores de edad o mayores con alguna incapacidad. Al respecto se afirmó: "...puede deducirse que la cobertura del Plan Obligatorio de Salud cobija a los beneficiarios en cuanto pueda establecerse que los servicios médicos, asistenciales o quirúrgicos serán aptos para la recuperación de la salud del paciente, en los términos descritos. "Pero, además, la misma disposición autoriza que se brinde "soporte psicológico, terapia paliativa para el dolor, la disfuncionabilidad y la incomodidad o terapia de mantenimiento". "Lo dicho significa que las entidades, públicas o privadas, encargadas de llevar al afiliado y a su familia los beneficios del Plan Obligatorio de Salud no pueden ya esgrimir el diagnóstico de que la enfermedad es incurable como razón válida para negar todo tipo de atención al paciente." ( Cfr. Sentencia T-01 de 1995. Magistrado ponente,  doctor José Gregorio Hernández). Así las cosas, no existe ninguna razón para  que el Instituto de Seguros Sociales, se niegue a prestar sus servicios a los afiliados o sus beneficiarios, pues uno de los objetivos que debe cumplir esta institución de seguridad social, es el de garantizar no sólo las prestaciones económicas sino de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema. Es decir, proporcionar servicios donde predominen el respeto por la dignidad humana y la preservación de la salud y la vida, dentro de ciertos parámetros de calidad. Tercera.- Análisis de los casos  concretos Ante la imposibilidad de obtener las historias clínicas de los menores, porque según el director del Instituto, ellas estaban en poder de sus acudientes, esta Sala presumirá la veracidad de las declaraciones rendidas por cada uno de los padres, para efectos de resolver los casos en estudio. Así,  y tal como consta en las declaraciones que fueron reseñadas en el literal E, de esta providencia,  los casos que son objeto de estudio, han tenido un tratamiento disímil por parte del Instituto de los Seguros Sociales. Veamos: Un primer grupo lo constituyen los menores, cuyo tratamiento ha sido suspendido por el Instituto de Seguros Social, después de haber cumplido su primer año de vida, por no tener su enfermedad un pronóstico favorable de curación. En este grupo se encuentran los menores Natalia Andrea Luna González, Carolina Vélez Segura y Anderson Mauricio Acosta. En estos casos la tutela ha debido concederse, pues tal como se expresó en el acápite anterior, no existe razón de carácter constitucional,  ni muchos menos legal,  que le impida al Instituto de Seguros Sociales prestar los servicios requeridos por estos menores y cuyo fin,  si bien no será la recuperación total de sus capacidades físicas y mentales, será la posibilidad de obtener un mejoramiento en su calidad de vida.  Por tanto, en la parte resolutiva de esta sentencia,  se ordenará al Director del Instituto de Seguros Sociales, seccional Cartago, prestar todos los servicios médico asistenciales requeridos por los menores en cuestión. Existe un segundo grupo, en el cual se encuentran los menores Miguel Antonio Betancourt Barco, Julián Andrés Castaño Sepúlveda y Juan Gabriel Ramírez García, a quienes no sólo se les suspendió el servicio por no tener un pronóstico favorable de curación, sino porque sus padres dejaron de cotizar al Instituto, según la declaración rendida por el director del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Cartago. En este caso, la suspensión del servicio alegada por el Instituto es válida,  pues  la única forma para acceder a sus servicios, es a través del sistema de cotizaciones. Así pues, si los padres de estos menores vuelven a cotizar,  podrán obtener la asistencia médico asistencial que requieren sus hijos, pues,  la nueva ley de seguridad social no sólo permite la cobertura familiar, sino que prohibe aplicar preexistencias a sus afiliados ( artículos 163 y 164 de la ley 100 de 1993). Si los padres de estos menores no pueden seguir cotizando al seguro, por alguna razón, podrían buscar acceder al llamado "régimen subsidiado" que debe ser desarrollado por el Gobierno y cuyo propósito consiste, según el artículo 212 de la ley 100 de 1993, en "financiar la atención en salud a las personas pobres y vulnerables y sus grupos familiares que no tienen la capacidad de cotizar." Por otra parte, no se demostró y ni siquiera se insinuó que la vida de los tres menores, se encuentre en un peligro grave e inminente, que permitiera la adopción de medidas transitorias por parte de esta Sala, para salvaguardar sus derechos. Por estas razones, se denegará la presente tutela para los menores Miguel Antonio Betancourt Barco, Julián Andrés Castaño Sepúlveda y Juan Gabriel Ramírez García. Lo que no obsta para que el Instituto preste sus servicios si los padres de estos menores han seguido cotizando. Un tercer grupo lo constituyen aquellos menores a quienes el Instituto de Seguros Sociales,  les viene prestando alguna clase de atención. En este grupo se encuentran lo menores Santiago Jaramillo Hoyos, Beatriz Lorena Gómez Bonilla, Paola Tatiana Vicuña Aldana. A estos menores,  según la declaración rendida por el director de esa institución, se les viene prestando la atención requerida. Por esta razón, en concepto de la Sala, no existe razón alguna para conceder el amparo solicitado. Sin embargo, se oficiará al Instituto de Bienestar Familiar, Seccional Cartago,  para que vele por la prestación adecuada de  los  servicios requeridos por estos menores. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero: REVÓCASE PARCIALMENTE la sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartago (Valle), por las razones aquí expuestas. En su lugar, CONCÉDESE la acción de tutela interpuesta en favor de los menores Natalia Andrea Luna González, Carolina Vélez Segura y Anderson Mauricio Acosta. Por tanto, ORDÉNASE al director del Instituto de Seguros Sociales prestar  los servicios médico asistenciales que requieran estos menores. Segundo: CONFÍRMASE la sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito de  Cartago (Valle), en cuanto DENEGÓ la tutela solicitada en favor de los menores Miguel Antonio Betancourt Barco, Julián Andrés Castaño Sepúlveda, Juan Gabriel Ramírez García, Santiago Jaramillo Hoyos, Beatriz Lorena Gómez Bonilla, Paola Tatiana Vicuña Aldana, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero:  Por Secretaría General OFÍCIESE al Instituto de Bienestar Familiar, Seccional Cartago, para que vele por la prestación efectiva de los servicios médico asistenciales que requieran  los menores Natalia Andrea Luna González, Carolina Vélez Segura, Anderson Mauricio Acosta, Santiago Jaramillo Hoyos, Beatriz Lorena Gómez Bonilla y Paola Tatiana Vicuña Aldana. Cuarto: Por Secretaría General, REMÍTANSE el expediente de tutela y este fallo, al Juez Tercero Penal del Circuito de Cartago (Valle), para los efectos consagrados en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, publíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JORGE ARANGO MEJÍA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado MARTHA V. SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-132-95 Sentencia No Sentencia No. T-132/95 ACCION DE TUTELA-Improcedencia/PUESTO DE POLICIA-Retiro del sector No es competencia del juez de tutela inmiscuirse en asuntos que no son de su resorte. Pues, por un lado, no conoce las razones que tuvieron las autoridades de policía para adoptar la decisión de retirar el puesto que existía, y ni aun conociéndolas podría ordenar su restablecimiento, pues  no existe relación directa de causalidad entre la suspensión de un puesto de policía y la vulneración de derechos fundamentales invocados por el actor. La Sala no desconoce la importancia de la presencia de las autoridades en los diferentes sitios del país, y, especialmente, en esta capital, que tiene uno de los mayores índices de criminalidad. Pero, sería una ilusión pretender que tal estado de cosas pudiera ser modificado con la simple presentación de una acción de tutela, con la esperanza de que una orden de un juez solucione el problema. DEBIDO PROCESO/NOTIFICACION DE TUTELA En múltiples ocasiones en este aspecto:  en las acciones de tutela también se debe observar el debido proceso. Y uno de los pilares del debido proceso lo constituye, precisamente, el que se notifique a la parte demandada que se ha iniciado un proceso en su contra. El acto de la notificación debe cumplirse, sin tener en consideración si la decisión final será la de conceder o no la tutela demandada. REF: EXPEDIENTE T- 51959. DEMANDANTE: OROSMAN BAQUERO VILLALVA contra el ALCALDE MAYOR DE SANTAFE DE BOGOTA y el COMANDANTE DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL DISTRITO CAPITAL. PROCEDENCIA: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION TERCERA. MAGISTRADO PONENTE: JORGE ARANGO MEJIA. Aprobada en sesión de la Sala Primera de Revisión, celebrada en la ciudad de Santafé de Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, en el proceso promovido por OROSMAN BAQUERO VILLALVA. El expediente llegó a la Corte Constitucional, por remisión que hizo el Tribunal, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. I.       ANTECEDENTES. El actor presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 10 de octubre de 1994, acción de tutela por los siguientes motivos. a)      Hechos. Manifiesta que él reside en el barrio Belén, ubicado en Santafé de Bogotá, en la calle 5a. con carrera 3a. En la calle 6a. con carrera 5a. este, existía un puesto de policía, que prestaba vigilancia a los barrios Belén, Guavio y Los Laches, el cual fue retirado hace aproximadamente un año y medio. Por consiguiente, no existe vigilancia por parte de la policía en el sector. A raíz del retiro del mencionado puesto, el actor ha sido objeto de atracos, lesiones físicas y morales, ha sido herido y las puertas de su residencia han sido violadas, con sustracción de objetos. Sin embargo, no presenta pruebas de su dicho. El actor debe desplazarse por el sector a horas tempranas de la mañana, a las cinco, para ir a su trabajo, y regresa después de las diez de la noche. También señala que "todos los días los delincuentes aterrorizan a la ciudadanía disparando armas de fuego y esgrimiendo armas cortopunzantes con que intimidan a sus víctimas para despojarlas de sus prendas de vestir." Sobre esta situación, los medios de comunicación, noticiero de las Siete y el periódico El Tiempo, informaron, a raíz de la muerte de un niño de 10 años, por un enfrentamiento a bala entre bandas de delincuentes, hecho ocurrido el 5 de octubre pasado. En el expediente reposa el periódico de fecha 8 de octubre, con el relato de los hechos. Además, los noticieros comunicaron sobre los 35 casos de sangre ocurridos en las últimas dos semanas en el sector. b)      Derechos fundamentales vulnerados. El demandante señala que la omisión del Alcalde y del Comandante de la Policía vulnera sus derechos fundamentales a la vida, a los bienes y a la paz. c)       Pretensiones. El actor solicita que se restablezca el puesto de policía que funcionaba en el barrio Belén, o ubicarlo en un sitio cercano, en la calle 7a., entre carreras 2a. y 3a., y que se continúen las requisas que se venían practicando por el Comandante de la Policía, en el centro de esta capital, con el fin de desarmar a la ciudadanía y capturar a las personas contra las que se ha dictado medidas de aseguramiento. SENTENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. Mediante sentencia de fecha 20 de octubre de 1994, el Tribunal negó la tutela solicitada, al considerar que la no existencia de un puesto de policía, y la omisión de requisas, no implican violación a los derechos fundamentales aducidos por el actor. También estimó que corresponde a la administración pública determinar la forma de prestación del servicio de vigilancia pública, y puede el juez de tutela dictar órdenes al respecto. Además, el actor "cuenta con un mecanismo distinto a la acción de tutela, mediante el cual puede solicitar por la vía administrativa la prestación del servicio público que afirma se omite en detrimento de sus derechos. En efecto, puede hacer uso del mecanismo o recurso del derecho de petición para obtener se preste el servicio de vigilancia policial en el sector, desde luego en las condiciones en que misma Administración lo determine dentro de los parámetros de conveniencia y oportunidad." Finaliza el Tribunal así: ". . . anota la Sala que de los derechos invocados como vulnerados solamente sería tutelable el derecho a la vida, pues el derecho a los bienes no es fundamental y el derecho a la paz si bien es un derecho fundamental, como derecho colectivo que es no es tutelable, salvo que se trate de impedir un perjuicio irremediable, que en el evento sub-iudice no se configura." Esta providencia no fue impugnada. II.      CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Primera.-   Competencia. La Corte Constitucional es competente en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución. Segunda.-  Breve justificación de esta sentencia El artículo 35 del decreto 2591 de 1991, establece que "Las decisiones de revisión que revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general de las normas constitucionales deberán ser motivadas. Las demás podrán ser brevemente justificadas." (Se resalta). Por consiguiente, se procederá a hacer sólo una breve referencia a algunos aspectos  de este expediente, pues esta sentencia no va a modificar o revocar el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ni unificará jurisprudencia constitucional, ni el expediente bajo examen permite aclarar normas constitucionales. Tercera.-    Improcedencia de esta acción de tutela. El actor solicita a través de la acción de tutela que se restablezca el puesto de policía que funcionaba cerca a su residencia, pues necesariamente tiene que transitar a tempranas horas de la mañana y a altas horas de la noche. El no existir tal puesto de policía, dice el actor, pone en peligro su vida, sus bienes y la paz, lo que implica la violación de normas constitucionales. También solicita que se continúen practicando requisas, con el fin de desarmar a la ciudadanía y capturar a personas contra las cuales existen medidas de aseguramiento. Como prueba de la situación de peligro que se vive en la zona donde está ubicada su residencia, presenta las noticias de algunos medios de comunicación, sobre hechos en los que murió un menor, al parecer en un enfrentamiento entre bandas de delincuentes. La Corte comparte lo dicho por el Tribunal en el sentido de que no es competencia del juez de tutela inmiscuirse en asuntos que no son de su resorte. Pues, por un lado, no conoce las razones que tuvieron las autoridades de policía para adoptar la decisión de retirar el puesto que existía, y ni aun conociéndolas podría ordenar su restablecimiento, pues  no existe relación directa de causalidad entre la suspensión de un puesto de policía y la vulneración de derechos fundamentales invocados por el actor. La Sala no desconoce la importancia de la presencia de las autoridades en los diferentes sitios del país, y, especialmente, en esta capital, que tiene uno de los mayores índices de criminalidad. Pero, sería una ilusión pretender que tal estado de cosas pudiera ser modificado con la simple presentación de una acción de tutela, con la esperanza de que una orden de un juez solucione el problema. Además, dentro de la órbita de competencia propia de la Administración, se encuentra la de decidir cuál es la forma más apropiada para la prestación del servicio de vigilancia pública, que necesariamente no tiene que traducirse en la existencia de un puesto de vigilancia en un determinado sitio. Puede considerar que es más eficiente, y se adapta en mejor forma a sus recursos económicos y de personal, el realizar patrullajes periódicos en los barrios, hacer requisas, contar con puestos móviles de control, etc. Todas estas medidas las decide la Administración de acuerdo con la situación concreta de la misma, y no le corresponde al juez de tutela inmiscuirse en ellas, por medio de órdenes sobre asuntos que no son de su competencia. Finalmente, y como un argumento más sobre la improcedencia de esta tutela, lo demandado por el actor podría corresponder más bien a las denominadas acciones populares de que trata el artículo 88 de la Constitución. Para estos casos, la Corte Constitucional, sólo en forma excepcional, cuando se ha probado el nexo de causalidad entre lo demandado y la posible vulneración de derechos fundamentales del actor, ha procedido a conceder la tutela, generalmente como mecanismo transitorio, y siempre y cuando la orden del juez esté dentro de la órbita de su competencia. En el expediente bajo examen, no existe tal nexo de causalidad, y sólo obra el dicho del actor. No obstante, se ordenará poner en conocimiento de las autoridades demandadas, para lo de su competencia, copia de la presente sentencia. Cuarta.-     Falta de notificación de la demanda de tutela, y su saneamiento. LLama la atención en el presente expediente el hecho de que el Tribunal Administrativo no hubiera notificado la iniciación de la presente acción a los demandados, Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá y Comandante de la Policía de la ciudad. Pero, como no obstante esta irregularidad, la decisión del Tribunal sí fue puesta en conocimiento de los demandados, sin que hubieran manifestado su inconformidad, dentro de la oportunidad respectiva, se puede considerar saneado tal vicio. La Sala reitera lo que ha dicho en múltiples ocasiones en este aspecto:  en las acciones de tutela también se debe observar el debido proceso. Y que uno de los pilares del debido proceso lo constituye, precisamente, el que se notifique a la parte demandada que se ha iniciado un proceso en su contra. El acto de la notificación debe cumplirse, sin tener en consideración si la decisión final será la de conceder o no la tutela demandada. III.- DECISION. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMASE la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del 20 de octubre de 1994. En consecuencia, no se concede la tutela demandada por el señor Orosman Baquero Villalva. Segundo.- ENVIESE copia de esta sentencia al Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá y al Comandante de la Policía Metropolitana del Distrito Capital, para su conocimiento. Tercero.- COMUNIQUESE la presente decisión al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que sea notificada a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-133-95 Sentencia No Sentencia No. T-133/95 PERSONA JURIDICA-Titularidad de derechos fundamentales/DERECHOS FUNDAMENTALES-Alcance La Corte ha sostenido que pese a que las personas jurídicas no sean titulares de todos los derechos constitucionales fundamentales, si lo  son de aquellos que le correspondan según su naturaleza social y siempre en atención a la definición constitucional de los derechos de que se trate, como se verá enseguida, y que, además, algunos de los derechos constitucionales fundamentales sólo son predicables de ciertas personas naturales, como es el caso de los derechos constitucionales fundamentales de los niños, el de la no extradición de nacionales y el de los derechos políticos entre otros; inclusive, en este mismo sentido, y bajo las reservas doctrinarias y dogmáticas respectivas, se ha concluído que algunos derechos constitucionales fundamentales no son predicables de todos los individuos en general, como el caso de los derechos políticos que, en principio, sólo corresponden a los ciudadanos y el de asociación sindical que es sólo predicable de trabajadores y empleadores, y se proscribe para los miembros de la fuerza pública, entre otros. DERECHOS POLITICOS-Titularidad/DERECHOS COLECTIVOS La complejidad terminológica de estos asuntos impone aceptar que algunos derechos constitucionales fundamentales, como es el caso de los derechos políticos, sólo son predicables de los ciudadanos y no de todos seres humanos, y que otros también se reconocen en su proyección colectiva, como en el caso de la libertad de cultos y de profesión religiosa, que se regulan de conformidad con el artículo 19 de la Carta, no sólo como un asunto de la persona humana, sino de grupos o de colectividades, que, inclusive, en algunas de sus manifestaciones, no ostentan personería jurídica alguna. DOCTRINA CONSTITUCIONAL VIGENTE/JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL REITERADA En la jurisprudencia de esta Corporación sobre el tema, que al ser reiterada de modo unánime alcanza la condición de doctrina constitucional vigente, se advierte que en muchos casos se hace necesario definir, con la correspondiente ponderación y con el respectivo análisis, los verdaderos alcances y el contenido de las disposiciones constitucionales que se ocupan de aquellas materias, para no incurrir en equivocaciones de fondo como suele ocurrir en estos casos a la hora de poner en marcha una nueva normatividad constitucional de profundas repercusiones en la vida del derecho y la cultura en una sociedad. DERECHOS FUNDAMENTALES-Titularidad El tema de la titularidad de los derechos fundamentales no puede ser resuelto con carácter general y absoluto, ni con aproximaciones mecánicas, ni siquiera con reflexiones globales y definitivas, pero tampoco se acepta que por el mérito histórico de la disciplina de los derechos humanos, por su importancia para la evolución contemporánea del derecho público, la noción de derechos constitucionales fundamentales quede reducida a la anterior clasificación. DERECHOS CONSTITUCIONALES-Interpretación/DERECHOS CONSTITUCIONALES-Alcance No resulta conforme con la Constitución de 1991, la respetable reflexión que ilustra a la Honorable Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia según la cual, lo positivo de los derechos humanos contrarresta lo positivo de la nueva categoría de los derechos constitucionales fundamentales, y alcanza a reducirlas a una sola noción; se trata de una interpretación que resta valor, fuerza y vigor jurídico a una nueva y más generosa categoría de derechos contitucionales por el mérito de otras anteriores, cuya vigencia también encuentra un nuevo y preciso ámbito de relaciones especiales, reforzado con la existencia de declaraciones internacionales vertidas en instrumentos juridicos de pleno vigor ecuménico, con la creación de las jurisdiciones internacionales de derechos humanos y con el reconocimiento de instrumentos procesales de acceso a  la justicia internacional de los derechos humanos. Con la incorporación de esta nueva noción en el derecho constitucional colombiano, se trata del reconocimiento de una nueva categoría de relaciones de la sociedad, cuyo contenido debe ser regulado constitucionalmente para asegurar la vigencia del orden social y democrático de derecho y del Estado mismo, y que estas relaciones no sólo vinculan a los poderes públicos y principalmente al legislador, sino a los particulares en sus relaciones dentro de todo el tráfico jurídico. ESTADO SOCIAL DE DERECHO Estas consideraciones propias del Estado Social de Derecho contemporáneo, se erigen para garantizar la consecución del orden jurídico pluralista y democrático y de las bases mínimas para la convivencia social y, en todo caso, presuponen la conservación de un orden coactivo basado en el respeto de la libertad y del derecho. ACCION DE TUTELA-Titularidad La acción de tutela podrá ser ejercida por toda persona para la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y de los particulares en los casos señalados en la ley, y no excluye a las personas jurídicas para su ejercicio. En consecuencia éstas se encuentran legitimadas para solicitar el amparo correspondiente cuando los derechos fundamentales de que son titulares resulten vulnerados o amenazados. PERSONA JURIDICA­-Derechos Algunos de los mencionados derechos de la persona humana no se extienden a todos los individuos, ni se aplican de la misma manera  a todos los casos, y que nada se opone a que algunos derechos constitucionales fundamentales que se prediquen y apliquen en favor de la persona humana también se prediquen y apliquen en favor de la persona jurídica y de otras personas o sujetos o grupos de personas naturales, jurídicas, nacionales, extranjeras, de conformidad con las precisas disposiciones de la Constitución. SINDICATO-Titularidad para interponer tutela Reconocida la legitimación de las personas jurídicas para el ejercicio  de la acción de tutela, en ellas se incluye a las organizaciones sindicales legalmente constituídas, que mediante representante o apoderado, pueden adelantar las acciones judiciales en defensa de sus derechos e intereses constitucionales fundamentales, y los de sus afiliados. SINDICATO DE TRABAJADORES AMBULANTES Aunque el sindicato está en todo el derecho de participar o no en las "mesas negociadoras" convocadas por la administración, su negativa no responde a los objetivos de la organización, en busca de la  protección del derecho al trabajo de sus afiliados, y su participación en la decisión de políticas para el establecimiento de vendedores ambulantes y distribución del espacio público. Si verdaderamente se pretende el reconocimiento de los derechos de los trabajadores independientes, es en estas reuniones donde pueden hacer valer sus derechos, sin adelantarse a conceptos previos de quienes conforman  dichas reuniones. DERECHO AL TRABAJO/ESPACIO PUBLICO/VENDEDOR AMBULANTE-Reubicación Del libre ejercicio del derecho fundamental al trabajo depende la subsistencia de las familias de los vendedores ambulantes.  Sin embargo, la ocupación del espacio público no está legitimada por la Constitución.  Se impone por lo tanto establecer una pauta de coexistencia entre los derechos e intereses en conflicto, que resulte proporcional y armoniosa en relación con los valores y principios consagrados en la Constitución y que permita al Estado dar cumplimiento a la obligación a su cargo de "velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común". REF.: Expediente No. T-51655 Peticionario: SINDICATO DE COMERCIANTES INDEPENDIENTES DEL VALLE SICOINVA Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr.  VLADIMIRO NARANJO MESA Dr.   JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá D.C.,   marzo  veinticuatro (24)  de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala de Revisión de tutelas, integrada por los H. Magistrados JORGE ARANGO MEJIA,  VLADIMIRO NARANJO MESA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente,  resuelve sobre las sentencias relacionadas con la acción de la referencia, proferidas por el Tribunal Superior de Cali - Sala Laboral, el 20 de Septiembre de 1994, y por la Corte Suprema de Justicia - Sala Plena Laboral-, el día 20 de octubre del mismo año. I.  ANTECEDENTES A.  La Petición. El día nueve (9) de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro  (1994), el señor Alvaro Contreras, actuando en nombre del Sindicato de Comerciantes Independientes del Valle del Cauca (SICOINVA), presentó ante la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, escrito mediante el cual ejerce acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución, para que le sea concedido el amparo judicial correspondiente de los derechos constitucionales fundamentales consagrados en los artículos  13, 14, 20, 23, 25, 26, 38, 39 de la Constitución Nacional en favor de la organización sindical  "SICOINVA" y de sus afiliados, y que considera vienen siendo vulnerados por la Administración Municipal de Santiago de Cali-Departamento Administrativo de Control Físico. En primer término, y con el fin obtener la correspondiente protección de los mencionados derechos, el actor pretende de la administración de justicia,  lo siguiente: 1. Que se ordene la rectificación de la información suministrada por la Doctora Lucierne Obonaga, publicada en el Diario El País, el día 27 de agosto de 1994, que hace relación a las actividades del sindicato. 2. "Que se dé pronta resolución a  nuestras peticiones de aprobación de las solicitudes de licencia en los términos que lo establecen las leyes." 3. Que se declaren sin validez alguna, las diligencias de requerimiento adelantadas por el Departamento Físico, por atentar contra los artículos 25 y 26 de la C. N.. 4. Que "se ordene  a la Oficina de Control Físico reconocer la existencia legal de SICOINVA, reconocer su derecho de desistir de la participación de la mesa negociadora, no como consecuencia de un veto administrativo, sino por criterios de conformación metodológicas manejadas (sic) al interior de la mesa negociadora." 5. Que se "ordene a la oficina a la Oficina de Control Físico reconocer la independencia de la organización sindical de SICOINVA y la libertad que tiene cualquier vendedor de ejercer el libre derecho de asociarse a la misma." 6. "Ordenar a la Administración Municipal en aras de reivindicar el derecho de los habitantes de Cali de recibir información veraz e imparcial, impulsar un foro amplio y público con participación del Ministerio Público, de los medios de comunicación, del comercio organizado y nuestra organización sindical respecto al conflicto de la anarquía y   caos del espacio público.  El temario puede ser elaborado por una comisión conjunta con la administración Municipal." Los fundamentos de hecho y de derecho que señala el peticionario como causa de la acción impetrada se resumen como sigue: - Señala el peticionario, que mediante  acuerdo 32 de Diciembre de 1989, el Concejo de Cali estableció no cobrar impuestos de ventas ambulantes y estacionarios, hasta que la  creación   de  este  gravamen se determine mediante acuerdo del Concejo Municipal, y que esta disposición ha dado lugar a un manejo de "clientelismo político, corrupción administrativa, alquiler y venta de espacios públicos, especialmente en el centro de la ciudad." - Indica que a pesar de no haberse establecido actualmente el impuesto para ventas ambulantes, la Asamblea Departamental expidió la ordenanza 001 de julio de 1990, donde se determinó que para la expedición de "licencia de vendedor", se requiere aportar el comprobante del pago de impuesto. En consecuencia, al no poderse adjuntar este requisito, en la actualidad ningún vendedor de Cali, puede obtener la respectiva licencia. - Afirma que el Sindicato de Comerciantes Independientes del Valle "SICOINVA", se constituyó con el objeto de proteger los derechos y garantías en cabeza de vendedores independientes.  Sin embargo la doctora Lucierne Obonaga, Jefe del Departamento de Ventas Ambulantes, desde el mismo momento en que se enteró de las reuniones para la constitución de la organización, "....se da a la tarea de perseguir e intimidar..." a las personas  que entran a formar parte de la misma. -  Advierte que como actualmente no puede expedirse la correspondiente licencia de vendedor, lo máximo que puede obtenerse por parte de la administración es la "aprobación de la solicitud de la licencia."   Sin embargo, la doctora Lucierne Obonaga, ante una solicitud en tal sentido elevada por un miembro de la organización sindical, se limita a responder que la expedición de licencias de vendedor se encuentra suspendida, lo que considera no satisface el derecho de petición. - Adicionalmente informa que contra los asociados del sindicato que han elevado la solicitud de licencia, se han adelantado operativos por parte del Departamento de Control Físico,  en los que se les obliga a firmar un "requerimiento" en el que se señala que "a partir de la fecha, no podrá ejercer su actividad de vendedor ambulante, por carecer del respectivo permiso expedido por el Departamento."  Estas diligencias, se practican con violación de los establecido en el Código Nacional de Policía. - Afirma que la misma funcionaria Lucierne Obonaga, ha ordenado a los agentes de policía, decomisar mercancías a los vendedores que se identifiquen como afiliados de SICOINVA a través de carné y para su devolución exige alejarse de la asociación. - De otra parte señala que la funcionaria en entrevista al Diario el País, el día 27 de agosto de 1993, dio una información totalmente falsa, al manifestar que el presidente de "SICOINVA", estaba expidiendo carnets a vendedores para que se ubicaran en determinados espacios públicos "como si fuera un permiso de control físico", cuando la administración no ha expedido ninguno desde 1991. En este mismo sentido insiste en que la información dada por la funcionaria no es verdadera, "por que el carné que expide la organización sindical, solo lo acredita como miembro, pero en ninguna parte se establece como licencia o permiso para trabajar como vendedor ambulante". - La actuación de la administración ha colocado al Sindicato, en situación cuestionable que refleja desconfianza e inestabilidad frente a la opinión pública y vendedores - Advierte que se ha permitido por parte de la administración manipular los medios de comunicación, e impedido a la organización sindical, expresar y difundir sus pensamientos sobre el uso y goce del espacio público. B.  La Primera Instancia El Tribunal Superior de Cali, Sala Laboral, mediante sentencia de veinte (20) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), dentro de los términos constitucionales y legales, resolvió: "Denegar la acción de tutela formulada por el señor Alvaro Contreras quien actúa en nombre del Sindicato de Comerciantes Independientes del Valle del Cauca". Los fundamentos de la decisión se resumen a continuación: - Considera el Tribunal, que la solicitud de tutela elevada por Alvaro Contreras, pretende la protección del derecho al trabajo de personas indeterminadas, teniendo en cuenta que el peticionario actúa en representación de miembros de una organización sindical, cuyos nombres se desconocen, y en consecuencia no podría concederse acción de tutela, cuando ni siquiera puede establecerse a qué persona de manera individual se le ha vulnerado el derecho fundamental. - Señala que la pretensión del actor, dirigida a que se ordene el cumplimiento del artículo 133 de la ordenanza 001 del 12 de julio de 1990, (Código Departamental. de Policía), en el cual se consignan los requisitos para obtener la licencia de ventas ambulantes, no se puede atender por este mecanismo por cuanto esta disposición constituye un acto creador de situaciones jurídicas impersonales y objetivas. - En relación a la supuesta violación del derecho de petición, el Tribunal establece, que las solicitudes elevadas por los vendedores han sido atendidas, por la Administración Municipal según se desprende de las pruebas aportadas y las afirmaciones contenidas en el escrito petitorio. - En relación con la petición del Sindicato, dirigida a obtener el traslado de la Doctora Lucierne Obonaga, del cargo que desempeña en el Departamento de Control Físico, señaló el Tribunal que no es posible atenderla por este medio judicial, dado que ante el supuesto indebido comportamiento de la funcionaria pública, podrá hacerse uso de acciones penales y administrativas disciplinarias. C. La Impugnación - El Sindicato de Comerciantes Independientes del Valle del Cauca, SICOINVA, por intermedio de su representante legal, impugnó la anterior decisión, con base en los siguientes argumentos: -  Indica que la inconformidad principal de los miembros de la organización sindical, radica en la forma en que vienen siendo atendidas las solicitudes que se elevan por los ciudadanos ante la Oficina de Control Físico de Cali, dirigidas a  obtener  la "Licencia de Vendedor". -  Afirma que el artículo 134 de la Ordenanza 001 de julio 1990, establece que ante una solicitud de licencia de vendedor, la administración deberá responder por medio de resolución y ordenar su notificación personal o por edicto.  Este acto debe ser el resultado de un estudio, "teniendo en cuenta factores de seguridad, aseo, viabilidad, condición económica...".  Sin embargo, la Oficina de Control Físico no cumple con esta norma, "sino que de forma mecánica, omisiva, expide un oficio generalizado, citando en forma parcializada la primera parte del artículo 82 de la C.N. y omitiendo su segunda parte, en la cual llama a las entidades públicas a participar y regular la utilización del suelo y espacio aéreo urbano en defensa del interés común."  Esta forma de resolución  en concepto de la organización sindical, no constituye respuesta clara a las solicitudes, y en consecuencia se vulnera el derecho de petición. - Señala que la "administración municipal no ha tenido un trato equitativo para que la igualdad sea real y efectiva, como lo establece el artículo 13 de la C.N., y mucho menos ha adoptado medidas en favor de nuestro sindicato." - Se advierte en el escrito, que la organización sindical no pretende formar parte de mesas negociadoras, porque allí sólo se establecen reglas políticas y comerciales en el manejo del espacio público.  Lo único que pretende es  que se establezca el pago del impuesto a vendedores ambulantes, para  que una vez cumplida con la obligación, la administración pueda expedir las respectivas licencias. - Respecto de la decisión de instancia, aclara el representante de "SICOINVA", que no pretende mediante esta acción protección para los miembros del Sindicato, sino pretende protección de los derechos, garantías y deberes de la organización sindical como ente jurídico y legalmente constituído,  de acuerdo con la establecido en los artículos 38 y 39 de la Constitución Nacional. D. La Segunda Instancia La Corte Suprema de Justicia - Sala Plena Laboral, se pronunció   sobre la impugnación presentada, y resolvió: Confirmar la sentencia dictada el 20 de septiembre de 1994 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por la cual negó la tutela solicitada a nombre del Sindicato de Comerciantes del Valle del Cauca (SICOINVA). La sentencia se fundamenta en los argumentos que se resumen enseguida: En primer término, la Corte sostiene que: "La referencia hecha por la Constitución Nacional a la persona para consagrar en su favor derechos que califica de fundamentales, está circunscrita al único ser substancial que goza de derechos esenciales o inherentes a su condición de hombre: El Hombre. Las denominadas 'personas jurídicas' desde luego que gozan de derechos y nuestro ordenamiento positivo se los garantiza; sin embargo, los derechos de tales personas se los otorga la ley sin que les sean esenciales o inherentes". - Así las cosas, la nueva tesis planteada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que contraría la posición de esta Corporación y, desde luego, significa su desconocimiento evidente, consiste en que el artículo 86 de la Constitución Nacional debe ser interpretado como la consagración de un instrumento judicial enderezado a permitir exclusivamente a los seres humanos reclamar la protección inmediata de los derechos que le son inherentes a su condición de personas, así consideradas por el sólo hecho de existir, y sin que su personalidad jurídica ni la existencia de los derechos que le son esenciales dependa de un reconocimiento estatal como en el caso de otras personas. Además,  en el mismo sentido y de modo categórico la sentencia de la Sala Laboral de la Corte establece que si se entiende la acción de tutela de otra manera y se considera como titular de ella también a las personas jurídicas, no solamente se estaría desconociendo el claro texto de los artículos 93 y 94 de la Constitución, sino todos los antecedentes que concluyeron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En efecto, allí se sostiene que dotar a esas entidades colectivas que como instrumentos suyos ha creado el hombre en el decurso de su historia y en su proceso de civilización y humanización, es irrespetar en materia grave al ser humano y tratar de borrar de un plumazo toda concepción humanista sobre la que descansa la teoría de los derechos humanos o derechos fundamentales del hombre. Además, en la misma providencia se indica que: "Si lo anterior no fuera suficiente razón, aunque a juicio de esta Sala lo es, bastaría pasar una somera revista al catalogo de derechos fundamentales que enuncia la Constitución para -si se actúa de buena fe- concluir que como tales únicamente pueden ser entendidos aquellos que son inherentes a la persona humana; derechos que por lo mismo son inalienables, imprescriptibles, aún cuando sus desarrollos y aplicaciones concretas en tanto configuran derechos subjetivos de contenido patrimonial sean desde luego susceptibles de enajenarse y perderse al extinguirse por prescripción. (Se subraya) "Por ejemplo, sólo del ser humano se puede hablar del derecho a la vida y, como necesaria consecuencia de este derecho, proscribir la pena de muerte. Igualmente sólo respecto del hombre puede decirse que 'no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes'. Del mismo modo, solamente de los seres humanos puede decirse que nacen libres y que por lo mismo no podrán ser tratados en forma desigual por la ley o la autoridad, los que deben otorgarles los mismos derechos, libertades y oportunidades 'sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua o(sic) opinión política o filosófica'. Asimismo, sólo de los seres humanos puede predicarse el que tengan 'derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre'. De igual manera únicamente en procura de la protección del hombre puede prohibirse 'la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas'. También las libertades de conciencia y de cultos son privativas de los seres humanos. Lo mismo cabe decir del libre derecho de locomoción y del trabajo, que si se consagra como obligación social y se le dota de una especial protección por parte del Estado, es precisamente por ser emanación directa del esfuerzo humano. Igual como acontece con la libertad de escoger profesión u oficio y las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Del hombre y sólo del hombre puede proclamarse la libertad y únicamente respecto de él puede consagrarse que no pueda 'ser molestado en su persona o familia  ni reducido a prisión o arresto'. La detención preventiva, la prisión y el arresto y la prohibición de penas y medidas de seguridad imprescriptibles, solamente pueden tener como sujeto a la persona humana. Y si bien es cierto que el debido proceso se consagra para toda clase  de actuaciones, es notorio que se toma como paradigma de esta garantía constitucional el proceso que se adelanta en 'materia penal'; y por sabido muchas veces se calla, esta clase de penas únicamente al hombre le son imponibles. "Todos éstos y los demás derechos con características de esenciales se consagran por el hombre y para el hombre, por cuanto sólo respecto de los seres humanos es predicable lo jurídico como inherente a su ser. Las 'cosas’ -aún aquellas que son dotadas de personalidad para efectos técnico-jurídicos- jamás son equiparables con el ser humano. "De todo lo anterior resulta evidente que la acción de tutela está consagrada como una acción judicial de defensa de los derechos inherentes a la persona humana en procura de que ninguna autoridad pública, y tampoco los particulares en los caso en que las funciones que cumplen se asemejan en su obrar a la autoridad pública, pueda vulnerar o siquiera amenazarlos. “La acción de tutela para todos los demás derechos y garantías fundamentales y el habeas corpus específicamente referido al derecho de la libertad, son acciones que únicamente pueden entenderse como medios judiciales de defensa de la persona por antonomasia: El Hombre.” - De acuerdo con lo anterior, para la Sala Laboral de la Corte  Suprema de Justicia no es viable acceder al amparo tutelar reclamado ya que la persona que en el presente caso interpone acción de tutela, actúa en condición de presidente de un sindicato que agrupa trabajadores independientes y la protección judicial se reclama para amparar derechos propios de la persona jurídica y no de los seres humanos asociados que la conforman. - Advierte la Sala, que en algunos casos, los sindicatos, específicamente y las demás personas jurídicas en general, pueden valerse de la acción de tutela cuando su objetivo no es la defensa de sus propios intereses patrimoniales, o de otra índole, sino que mediante la misma se persigue la protección inmediata de seres humanos. Posibilidad de ejercitar la acción de tutela que dada la especialísima naturaleza de esta clase de personas jurídicas resulta en su concepto indiscutible cuando el sindicato hace uso de tal medio de defensa judicial, en procura de amparar a sus afiliados o inclusive a otros trabajadores de la empresa, aunque no sean socios de la organización sindical. II.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE A.  La Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer la revisión de la referencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33,34,35 y 36 de Decreto 2591 de 1991; además este examen se hace por virtud  de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada en el reglamento de esta Corporación. B.  La titularidad de los derechos constitucionales fundamentales y  legitimidad de las personas jurídicas para ejercer Acción de Tutela en el derecho constitucional colombiano. 1o.  La Corte Constitucional, en varias de sus decisiones suficientemente conocidas y difundidas,  ha venido insistiendo con absoluta claridad, nitidez y precisión en que el artículo 86 de la Constitución Política, legitima a todas las personas, incluyendo, desde luego, a las  jurídicas y aun, pero con bastantes y suficientes restricciones a las de derecho público, para el ejercicio de acción de tutela, en los casos de amenaza o vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales, o en los casos de violación o de amenaza de violación de los mismos derechos de otras personas, inclusive de los miembros, socios o asociados de las mismas, en atención a que aquellas también son titulares de derechos constitucionales fundamentales, según su propia naturaleza social y según el derecho de que se trate. Esto se ha sostenido, no sólo porque la Carta Política de 1991 no distingue el ámbito subjetivo de los titulares de la mencionada acción, de directo origen y de inicial regulación constitucional, sino porque, sin esfuerzo de erudición alguno, y sin romper con las disposiciones constitucionales vigentes, la noción contemporánea de los derechos constitucionales fundamentales, admite que ellos, según su contenido,  la materia de que se ocupen y los  ámbitos subjetivos precisos a los que se refieran, de conformidad con la naturaleza de unos y de otras, y salvo restricción normativa expresa o delimitación específica en casos determinados, también son predicables de las personas jurídicas y de grupos de personas reconocidas por el ordenamiento jurídico, sean gremiales, con ánimo de lucro, o con fines sociales y altruistas. En este sentido, la Corte Constitucional ha reiterado, con suficiente extensión, que los mencionados derechos no sólo son predicables en modo exclusivo de la persona humana, y que no  pueden examinarse como si fuesen únicamente derechos humanos. En efecto, la Corte ha sostenido que pese a que las personas jurídicas no sean titulares de todos los derechos constitucionales fundamentales, si lo  son de aquellos que le correspondan según su naturaleza social y siempre en atención a la definición constitucional de los derechos de que se trate, como se verá enseguida, y que, además, algunos de los derechos constitucionales fundamentales sólo son predicables de ciertas personas naturales, como es el caso de los derechos constitucionales fundamentales de los niños, el de la no extradición de nacionales y el de los derechos políticos entre otros; inclusive, en este mismo sentido, y bajo las reservas doctrinarias y dogmáticas respectivas, se ha concluído que algunos derechos constitucionales fundamentales no son predicables de todos los individuos en general, como el caso de los derechos políticos que, en principio, sólo corresponden a los ciudadanos y el de asociación sindical que es sólo predicable de trabajadores y empleadores, y se proscribe para los miembros de la fuerza pública, entre otros. Pero además, la complejidad terminológica de estos asuntos impone aceptar que algunos derechos constitucionales fundamentales, como es el caso de los derechos políticos, sólo son predicables de los ciudadanos y no de todos seres humanos, y que otros también se reconocen en su proyección colectiva, como en el caso de la libertad de cultos y de profesión religiosa, que se regulan de conformidad con el artículo 19 de la Carta, no sólo como un asunto de la persona humana, sino de grupos o de colectividades, que, inclusive, en algunas de sus manifestaciones, no ostentan personería jurídica alguna. 2o.  En la jurisprudencia de esta Corporación sobre el tema, que al ser reiterada de modo unánime alcanza la condición de doctrina constitucional vigente, se advierte que en muchos casos se hace necesario definir, con la correspondiente ponderación y con el respectivo análisis, los verdaderos alcances y el contenido de las disposiciones constitucionales que se ocupan de aquellas materias, para no incurrir en equivocaciones de fondo como suele ocurrir en estos casos a la hora de poner en marcha una nueva normatividad constitucional de profundas repercusiones en la vida del derecho y la cultura en una sociedad. En verdad, esta Corte ha reconocido que buena parte de los derechos constitucionales fundamentales, por su propia naturaleza y definición,  se atribuyen al individuo, y sugieren una titularidad individual predicable de la persona humana, no porque la Constitución establezca un elemento indisponible y rígido de exclusión en sus definiciones, sino porque así puede resultar de la naturaleza de las cosas, y del origen histórico de la noción o de la definición concreta de cada derecho, como bien se advierte en algunos pasajes de la providencia que se examina, sin que esto signifique una rotunda exclusión de las eventuales hipótesis de su extensión legislativa y jurisprudencial, por vía de la asimilación conceptual de sus elementos. En principio, es cierto que buena parte de aquellos derechos tienen su origen en esa categoría histórica  y filosófica del derecho  y en especial del derecho natural en sus diversas corrientes, y en su evolución moderna y contemporánea, pero también es cierto que el derecho constitucional ha desarrollado un concepto más amplio y complejo de derechos constitucionales que los de libertades públicas, derechos civiles o derechos públicos subjetivos; además, ha reconocido otros nuevos que sólo se desarrollan en las últimas decadas, y ha incorporado a esta categoría varios tipos de relaciones entre las personas, que no quedan comprendidos por aquellas clasificaciones históricas. Naturalmente, en tan decantada y repetida jurisprudencia, que ahora se desconoce por la honorable Corporación de la jurisdicción ordinaria cuya sentencia relacionada con la acción de tutela se revisa en este estrado de jurisdicción constitucional, esta Corporación no ignora que el tema de la titularidad de los derechos fundamentales no puede ser resuelto con carácter general y absoluto, ni con aproximaciones mecánicas, ni siquiera con reflexiones globales y definitivas, pero tampoco se acepta que por el mérito histórico de la disciplina de los derechos humanos, por su importancia para la evolución contemporánea del derecho público, la noción de derechos constitucionales fundamentales quede reducida a la anterior clasificación. 3o.  Desde este punto de vista no resulta conforme con la Constitución de 1991, la respetable reflexión que ilustra a la Honorable Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia según la cual, lo positivo de los derechos humanos contrarresta lo positivo de la nueva categoría de los derechos constitucionales fundamentales, y alcanza a reducirlas a una sola noción; se trata de una interpretación que resta valor, fuerza y vigor jurídico a una nueva y más generosa categoría de derechos contitucionales por el mérito de otras anteriores, cuya vigencia también encuentra un nuevo y preciso ámbito de relaciones especiales, reforzado con la existencia de declaraciones internacionales vertidas en instrumentos juridicos de pleno vigor ecuménico, con la creación de las jurisdiciones internacionales de derechos humanos y con el reconocimiento de instrumentos procesales de acceso a  la justicia internacional de los derechos humanos. 4o.  Así las cosas, la Corte Constitucional ha entendido que, con la incorporación de esta nueva noción en el derecho constitucional colombiano, se trata del reconocimiento de una nueva categoría de relaciones de la sociedad, cuyo contenido debe ser regulado constitucionalmente para asegurar la vigencia del orden social y democrático de derecho y del Estado mismo, y que estas relaciones no sólo vinculan a los poderes públicos y principalmente al legislador, sino a los particulares en sus relaciones dentro de todo el tráfico jurídico. Estas consideraciones propias del Estado Social de Derecho contemporáneo, se erigen para garantizar la consecución del orden jurídico pluralista y democrático y de las bases mínimas para la convivencia social y, en todo caso, presuponen la conservación de un orden coactivo basado en el respeto de la libertad y del derecho. Este nuevo ámbito de relaciones fundamentales para la sociedad no corresponde sólo a las necesarias garantías y límites para asegurar la integridad física, económica y espiritual del ser humano, ni para garantizar su supervivencia física; comprende, además elementos relacionados con derechos políticos, procesales, religiosos y educativos, considerados como sustanciales e indispensables para la sociedad, con un núcleo esencial que no puede ser objeto de supresión ni de limitaciones. Las definiciones constitucionales y la jurisprudencia constitucional, permiten su delimitación conceptual, su ponderación y el encuentro o la definición armónica con otros derechos, y, en todo caso, la naturaleza sustancial y el carácter indisponible de estos derechos, permite entender con suficiente claridad esta noción. Se concluye entonces que el precepto superior  (artículo 86 C.N.), establece que la acción de tutela podrá ser ejercida por toda persona para la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y de los particulares en los casos señalados en la ley, y no excluye a las personas jurídicas para su ejercicio. En consecuencia éstas se encuentran legitimadas para solicitar el amparo correspondiente cuando los derechos fundamentales de que son titulares resulten vulnerados o amenazados. Al respecto esta Corporación ha señalado en varias de sus decisiones lo siguiente: "Esta Corte ha dejado en claro que el artículo 86 de la Constitución Política acoge a las personas jurídicas como titulares de la acción de tutela, ya que su enunciado es genérico y es obvio que lo que se afirma del género comprende a la especie. Para esto es indispensable que la persona natural  que actúe en representación de una persona jurídica debe acreditar la personería correspondiente y su representación.(Sentencia T-430 de julio 24 de 1992.) "Igualmente cuando el artículo 14 del Estatuto Superior consagra que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, al ser un juicio universal, abarca a cada una de las partes.  Es decir, la persona jurídica tiene derecho a ser reconocida en su personalidad, a su acto y modo de ser, según se explicó. La persona jurídica no es titular de los derechos inherentes a la persona humana, es cierto, pero sí de derechos fundamentales asimilados, por razonabilidad, a ella.  No tiene el derecho a la  vida, pero sí al respeto a su existencia jurídica (Crf. art. 14 C.P.).  Igualmente, se encuentra que por derivación lógica, por lo menos, es titular de derechos constitucionales fundamentales, los cuales se presentan en ella no de idéntica forma a como se presentan en la persona natural". (Sent. No. T-396 de Septiembre 16 de 1993. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa). En conclusión, para esta Corporación es claro que algunos de los mencionados derechos de la persona humana no se extienden a todos los individuos, ni se aplican de la misma manera  a todos los casos, y que nada se opone a que algunos derechos constitucionales fundamentales que se prediquen y apliquen en favor de la persona humana también se prediquen y apliquen en favor de la persona jurídica y de otras personas o sujetos o grupos de personas naturales, jurídicas, nacionales, extranjeras, de conformidad con las precisas disposiciones de la Constitución. Ahora bien, reconocida como se tiene por esta Corporación la legitimación de las personas jurídicas para el ejercicio  de la acción de tutela, en ellas se incluye a las organizaciones sindicales legalmente constituídas, que mediante representante o apoderado, pueden adelantar las acciones judiciales en defensa de sus derechos e intereses constitucionales fundamentales, y los de sus afiliados. A este respecto la Corte ha sostenido: "Debe reiterarse que por el ordenamiento civil se señala que las personas jurídicas gozan de capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones y que en esta forma son igualmente  titulares de derechos fundamentales.  Entre ellos se encuentra el derecho de asociación, que precisamente sirve de fundamento para su creación y existencia en la vida jurídica." "En este sentido, no cabe duda de que las personas jurídicas a partir de su existencia son titulares de derechos fundamentales, y, en  consecuencia, se encuentran legitimadas para el ejercicio de la acción de tutela con el fin de obtener inmediata protección de los derechos; y que las organizaciones sindicales, por ser personas jurídicas, pueden ejercer acción de tutela cuando sean amenazados o vulnerados  sus derechos fundamentales o los de sus afiliados." (Sentencia T-573 de 1994. M.P. Dr. Fabio  Morón Díaz). Una vez establecida la legitimación de la Organización Sindical de Comerciantes del Valle para el ejercicio de acción de tutela, entra la Sala al análisis de los presupuestos fácticos planteados por el representante del Sindicato, a fin de establecer la violación de los derechos fundamentales invocados. El escrito de tutela presentado por el sindicato "SICOINVA", por intermedio de su representante, informa sobre una serie de actuaciones que viene adelantando la administración municipal de Santiago de Cali directamente por el Departamento Administrativo de Control Físico, las cuales considera  violatorias de derechos fundamentales en cabeza del Sindicato de Comerciantes del Valles del Cauca y de sus miembros. 1.  Se acusa a la administración de no dar trámite de ley a las solicitudes que elevan miembros del sindicato, dirigidas a obtener licencia de vendedor, y de la práctica de decomisos de mercancías y  requerimientos que bajo intimidación se hace firmar al  vendedor para que renuncie a su actividad, por el solo hecho de pertenecer a la organización sindical  "SICOINVA". 2. Se afirma  que el Sindicato "SICOINVA"  viene siendo víctima de discriminación por parte del Departamento Administrativo de Control Físico, al no brindarse garantías de participación en la determinación de políticas de organización y distribución del espacio público, que permitan la protección del derecho al trabajo de sus afiliados, dedicados al  comercio de ventas ambulantes. 3. Finalmente se afirma que la Administración Municipal, adelanta una campaña de desprestigio contra el Sindicato "SICOINVA" a nivel de medios de comunicación, en especial, se hace referencia a la publicación que hizo el diario El País,  de las declaraciones de la doctora Lucierne Obonaga, Jefe del Departamento de Ventas Ambulantes, el día 27 de noviembre de 1994. El derecho de petición El derecho fundamental de petición consagrado en la Carta Política en su artículo 23, concede  a los ciudadanos la posibilidad de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general y particular.  La garantía esencial del precepto busca además de la posibilidad de acudir ante la autoridad, obtener oportuna resolución. El ejercicio del derecho de petición, genera de manera inmediata para la autoridad la obligación  de resolver y de hacerlo oportunamente, el incumplimiento genera violación de este fundamental derecho. De acuerdo con la formulación de tutela, el representante insiste en la violación del derecho de petición por parte de la Administración Municipal de Santiago de Cali, al no dar respuesta de las solicitudes elevadas por    miembros del Sindicato "SICOINVA", dirigidas a obtener licencia de vendedor. Al respecto, como acertadamente lo establecen las decisiones de instancia, no se presenta violación del derecho de petición, teniendo en cuenta que las solicitudes elevadas fueron atendidas por la administración municipal, como consta en los documentos allegados. De otra parte, se advierte que existen otros  medios de defensa judicial para  controvertir  las decisiones adoptadas por la administración. Actuaciones Policivas Se acusa a la Doctora Lucierne Obonaga, Jefe del Departamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias, de adelantar una serie de diligencias de requerimiento, y decomisos que no se ajustan a las normas vigentes. Al respecto, se establece que los decomisos y requerimientos, se realizaron por la Oficina de Control Físico, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1284 de Septiembre de 1991, emanado del Gobierno Municipal de Santiago de Cali, por causales previamente establecidas allí; en este caso porque a quienes se les practicó tales diligencias  no tenían  licencia para el ejercicio de su actividad como vendedores. Derecho de Asociación De los documentos que obran en el expediente puede evidenciarse que   la administración municipal de Santiago de Cali, adelanta  un proceso de organización del espacio público. La organización sindical   "SICOINVA",  ha sido invitada por el  Departamento  de Control Físico por intermedio de su presidente, a   participar en mesas de concertación con los distintos representantes de los vendedores de la ciudad, en busca de soluciones al problema social de las ventas ambulantes.  El sindicato en forma voluntaria  ha sido renuente a asistir a las reuniones, adelantándose a considerar que la comisión negociadora está conformada por "oportunistas y deshonestos elementos que durante años han manipulado y negociado la estabilidad de los vendedores". De acuerdo con lo anterior, considera la Sala, que  aunque el sindicato está en todo el derecho de participar o no en las "mesas negociadoras" convocadas por la administración, su negativa no responde a los objetivos de la organización, en busca de la  protección del derecho al trabajo de sus afiliados, y su participación en la decisión de políticas para el establecimiento de vendedores ambulantes y distribución del espacio público. Si verdaderamente se pretende el reconocimiento de los derechos de los trabajadores independientes, es en estas reuniones donde pueden hacer valer sus derechos, sin adelantarse a conceptos previos de quienes conforman  dichas reuniones. Con base en los anteriores señalamientos podemos concluir, que la actuación de la administración, no desconoce los derechos de la organización sindical, en especial en cuanto a su participación en mesas negociadoras. Primacía del Interés público y el derecho al Trabajo El artículo 82 de la Constitución Nacional establece: “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular "Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.” La intención de la administración de reorganizar el espacio público no puede quedar sin definición en el tiempo desconociendo el derecho al trabajo de quienes como realidad social dependen de actividades de ventas ambulantes. No sobra advertir entonces al Departamento Administrativo de Control Físico, que en su  intención de establecer nuevas normas de organización del espacio público, distribución de vendedores ambulantes, y requisitos para expedir Licencia de Vendedor, admita en condiciones de igualdad a todos los grupos que representan  este sector de la sociedad, para que puedan exponer  iniciativas en favor  de sus intereses y  que las nuevas disposiciones se establezcan en el menor tiempo posible, con el fin de garantizar el derecho al trabajo de este sector de la población. En este punto la Corte ha señalado: "Del libre ejercicio del derecho fundamental al trabajo depende la subsistencia de las familias de los vendedores ambulantes.  Sin embargo, la ocupación del espacio público no está legitimada por la Constitución.  Se impone por lo tanto establecer una pauta de coexistencia entre los derechos e intereses en conflicto, que resulte proporcional y armoniosa en relación con los valores y principios consagrados en la Constitución y que permita al Estado dar cumplimiento a la obligación a su cargo de "velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común" (C.P. art. 82), así como de propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar." (C.P. art. 54).  (Corte Constitucional, sentencia T-222 de 1992. M.P. Dr. Jaime Sanín Greiffenstein). Conclusiones De las anteriores consideraciones se concluye: Que es preciso confirmar la sentencia de la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, pero por las motivaciones señaladas en esta providencia y que reiteran la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de los derechos constitucionales que le corresponden a las personas jurídicas, con las limitaciones propias de su naturaleza y en consecuencia, se confirma la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cali el día  veinte (20) de septiembre de mil novecientos  noventa  y cuatro (1994)  por estar ajustada a derecho. En mérito de lo expuesto, la Sala No. Ocho de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE Primero.   Confírmase la sentencia proferida por la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia el día 20 de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), pero no por las razones contenidas en ella, sino por las señaladas en la parte motiva de esta providencia; en consecuencia, confírmase la sentencia proferida por el Tribunal Superior  de Cali, el día veinte (20) de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), por estar ajustada a derecho. Segundo: Comunicar la presente decisión para los efectos del artículo 36 del Decreto  2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-134-95 Sentencia No Sentencia No. T-134/95 DERECHO DE PETICION-Vulneración/SILENCIO ADMINISTRATIVO El derecho de petición es un derecho constitucional fundamental susceptible de ser tutelado, pese a la ocurrencia del silencio administrativo negativo, pues éste ha sido consagrado para permitir el acceso a la jurisdicción en contra del acto ficto y en relación con la materia de lo pedido, y no como un medio de defensa judicial para hacer valer el derecho de petición considerado en sí mismo. La Corte Constitucional aprovecha este caso para hacer notar la equivocación en que incurre el juez cuando concluye que, por haber operado el silencio administrativo, "no existe derecho constitucional alguno violado". Tal apreciación es contraevidente, porque desconoce una realidad incontrastable, y representa ejemplo adecuado acerca de lo que no debe hacer, en el desarrollo de su actividad, el juez de tutela: cohonestar la negligencia administrativa y respaldar las violaciones de los derechos fundamentales. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-52565 Acción de tutela instaurada por FANNY AURORA NIETO DE MARTINEZ contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisa el Fallo proferido en el asunto de la referencia por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá. I. INFORMACION PRELIMINAR Actuando por conducto de apoderado, FANNY AURORA NIETO DE MARTINEZ ejerció acción de tutela contra la Caja Nacional de Previsión Social. Según el apoderado de la accionante, ésta le confirió mandato para continuar el trámite de su pensión de jubilación ante la Caja, por haber laborado al servicio de la Secretaría de Educación Distrital de Santa Fe de Bogotá por espacio superior a los veinte años y cumplir con los requisitos legales exigidos. Según lo que se narra en la demanda, la solicitud fue radicada en 1991 y el 18 de noviembre de 1993 la Caja expidió una resolución por la cual negaba el reconocimiento de la pensión. El apoderado interpuso entonces ante el organismo el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Hasta el momento de presentar la demanda de tutela, no se había resuelto sobre el recurso de reposición, pese a haber transcurrido más de tres meses. II DECISION JUDICIAL REVISADA El Juzgado Once Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, mediante providencia del 27 de octubre de 1994, resolvió negar la tutela solicitada, aduciendo que había operado el silencio administrativo negativo. No obstante reconocer que la Caja no ha resuelto sobre los recursos interpuestos, el Juzgado concluyó que "no existe, por lo tanto, derecho constitucional alguno violado, tal como lo pretende la accionante, porque expresamente el régimen administrativo consagra los eventos en los cuales opera el silencio administrativo negativo, de manera que, como ya se indicó, se debe considerar que la decisión es contraria a lo pretendido, lo que lleva en consecuencia a que implícitamente se haya resuelto la petición formulada". III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar el fallo que antecede, de acuerdo con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y según el Decreto 2591 de 1991. La obligación de resolver sobre los recursos interpuestos en la vía gubernativa. Eficiencia administrativa y respeto al gobernado De la sentencia revisada podría desprenderse que, acogiéndose al silencio administrativo negativo, la administración -al resolver "implícitamente"- estaría cumpliendo con las obligaciones que le corresponden. Craso error que la Corte Constitucional no puede permitir que pase inadvertido, en cuanto por la vía de semejante argumentación no sólo se desconoce de manera flagrante el derecho fundamental plasmado en el artículo 23 de la Carta sino que se desvertebra el sistema instituído por el Constituyente al hacer puramente teóricos los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía y celeridad que, según las normas fundamentales, deben presidir el ejercicio de la función administrativa. Si la ley ha consagrado el silencio administrativo negativo, lo ha hecho precisamente en consideración al administrado, a quien la negligencia del funcionario no solamente genera el perjuicio en que consiste la falta de respuesta, con ostensible vulneración de uno de sus derechos fundamentales, sino que le impide acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativa en cuanto -de no ser por la mencionada figura jurídica- no se tendría acto alguno demandable. Así lo ha entendido esta misma Sala de la Corte al expresar en distintas ocasiones que el de petición es un derecho constitucional fundamental susceptible de ser tutelado, pese a la ocurrencia del silencio administrativo negativo, pues éste ha sido consagrado para permitir el acceso a la jurisdicción en contra del acto ficto y en relación con la materia de lo pedido, y no como un medio de defensa judicial para hacer valer el derecho de petición considerado en sí mismo. Sobre el particular, conviene recordar lo señalado por la Sala: "...la obligación del funcionario u organismo sobre oportuna resolución de las peticiones formuladas no se satisface con el silencio administrativo. Este tiene el objeto de abrir para el interesado la posibilidad de llevar el asunto a conocimiento del Contencioso Administrativo, lo cual se logra determinando, por la vía de la presunción, la existencia de un acto demandable. Pero de ninguna manera puede tomarse esa figura como supletoria de la obligación de resolver que tiene a su cargo la autoridad, y menos todavía entender que su ocurrencia excluye la defensa judicial del derecho de petición..." (...) "...el silencio administrativo es la mejor demostración de que se ha conculcado el derecho de petición y el fundamento más claro para proceder a su tutela" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia Nº T-242 del 23 de junio de de 1993). Si así son las cosas, la Corte Constitucional aprovecha este caso para hacer notar la equivocación en que incurre el juez cuando concluye que, por haber operado el silencio administrativo, "no existe derecho constitucional alguno violado". Tal apreciación, como ya lo dijo esta Corte en caso similar (Cfr. Sentencia T-577 del 14 de diciembre de 1994) es contraevidente, porque desconoce una realidad incontrastable, y representa ejemplo adecuado acerca de lo que no debe hacer, en el desarrollo de su actividad, el juez de tutela: cohonestar la negligencia administrativa y respaldar las violaciones de los derechos fundamentales. Elemento consustancial a la función administrativa es la eficiencia, que, desde la perspectiva de la colectividad, justifica en buena parte la existencia del aparato estatal. Una entidad pública que no es capaz siquiera de resolver de manera oportuna los recursos que interponen los administrados contra sus actos, así sea para reafirmarlos, no es eficiente y los funcionarios que, dentro de ella, son causantes de esa incapacidad deben responder, según lo dispone con meridiana claridad el artículo 6º de la Constitución. Para ello han sido previstas las faltas disciplinarias y las correspondientes sanciones. Los recursos por la vía gubernativa no han sido establecidos como oportunidades puramente formales destinadas a agotar una etapa indispensable para acudir a la jurisdicción, sino que cumplen una función material, en cuya virtud se quiere brindar al administrado la oportunidad de que la propia administración, por la reconsideración que de su acto haga quien lo profirió o por el análisis de su superior jerárquico, revoque, modifique o aclare la decisión correspondiente. El recurrente tiene, entonces, un derecho -protegido por el artículo 23 de la Constitución- a que la administración resuelva oportunamente. Ello implica una obligación correlativa de los servidores públicos que tienen a su cargo esa resolución, entendida ésta con el alcance ya definido por la Corte en Sentencia T-575 del 14 de diciembre de 1994: "Desde el punto de vista jurídico, entre otros significados que no vienen al caso, "resolver" representa adoptar una decisión o dilucidar un litigio o controversia, en ambos casos con efectos vinculantes. Lo segundo corresponde, en principio, a las autoridades judiciales y lo primero, normalmente, a quien cumple función administrativa. En lo relativo al derecho de petición, la autoridad ante la cual se ejerce está obligada a resolver, pues, por contrapartida, el peticionario tiene la garantía constitucional de "obtener pronta resolución". Considera la Corte que el derecho de petición no tendría sentido si se entendiera que la autoridad ante quien se presenta una solicitud respetuosa cumple su obligación notificando o comunicando una respuesta apenas formal en la que no se resuelva sobre el asunto planteado. El derecho de petición lleva implícito un concepto de decisión material, real y verdadero, no apenas aparente. Por tanto, se viola cuando, a pesar de la oportunidad de la respuesta, en ésta se alude a temas diferentes de los planteados o se evade la determinación que el funcionario deba adoptar". Puesto que se encuentra que habiendo interpuesto los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, a la accionante no se le ha notificado providencia alguna que los resuelva, pese a hallarse vencidos los términos previstos en la ley, se revocará la sentencia revisada y se concederá la tutela, ordenando a la Caja Nacional de Previsión que desate de manera inmediata los recursos presentados. Puesto que se ha incurrido en clara violación del derecho fundamental de petición, invocado por el actor, y han sido desconocidos los principios constitucionales rectores de la función administrativa (artículo 209 C.P.), se compulsarán copias de esta sentencia con destino a la Procuraduría General de la Nación para que investigue quiénes fueron los responsables. DECISION En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia -Sala Quinta de Revisión-, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- REVOCAR en todas sus partes la Sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá el 27 de octubre de 1994. Segundo.- CONCEDER la tutela impetrada por FANNY AURORA NIETO DE MARTINEZ y, en consecuencia, ORDENAR al Subdirector de Prestaciones Económicas y al Director de la Caja Nacional de Previsión Social, en su caso, que, si todavía no lo han hecho, resuelvan, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, los recursos interpuestos por la accionante desde el 21 de diciembre de 1993 contra la Resolución Nº 41209 de noviembre 18 del mismo año. Tercero.- REMITASE copia de esta providencia al Procurador General de la Nación, para lo de su cargo. Cuarto.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-135-95 Sentencia No Sentencia No. T-135/95 ACCION DE TUTELA-Abuso/DERECHOS PRESTACIONALES Basta verificar, en el texto de la demanda, las peticiones elevadas por la accionante ante el juez de tutela, para constatar sin lugar a dudas el equivocado uso de la acción. Es evidente que ésta no estaba encaminada a obtener protección judicial por posible desconocimiento del derecho de petición, sino que buscaba, contra lo dispuesto en la Constitución y pese a la copiosa jurisprudencia sobre el tema, sustituir los procedimientos ordinarios para que, en el término de diez días y por una vía inapropiada, se forzara judicialmente a la Beneficiencia de Cundinamarca a resolver favorablemente las pretensiones laborales de la interesada. Se trata, a no dudarlo, de un caso que demuestra cómo algunos distorsionan de manera grave el excepcional y subsidiario instrumento plasmado en el artículo 86 de la Carta Política para la defensa de los derechos fundamentales. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-53830 Acción de tutela instaurada por NOHEMI VILLAVECES DE ACOSTA contra BENEFICIENCIA DE CUNDINAMARCA Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Revisa la Corte las providencias dictadas en el asunto de la referencia por el Juzgado 26 Penal del Circuito y por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, D.C. I. INFORMACION PRELIMINAR NOHEMI VILLAVECES DE ACOSTA dijo ser pensionada por parte de la Beneficiencia de Cundinamarca desde el día 1º de julio de 1991. Explicó que había trabajado durante dos períodos en dicha entidad: el primero del 16 de abril hasta el 30 de septiembre de 1979 y el segundo a partir del 14 de octubre de 1980 hasta el 30 de junio de 1991. Cuando se reintegró al segundo período, a la accionante le fue reconocida una prima de antiguedad del 5% del salario, que después se le aumento a 10%, a partir del 29 de junio de 1981, y luego al 15% desde el 14 de octubre de 1986. El 13 de abril de 1989, en carta dirigida al Director de Relaciones Industriales de la entidad, la actora pidió que se le reconociera un porcentaje equivalente al 29% por haber cumplido más de 17 años y medio. Esta misma solicitud la volvió a elevar el 3 de mayo de 1990 y el 26 de junio de 1991, antes de pensionarse. Afirmó que, como no se le había reconocido el 29% de que habla el Acuerdo 001 del 3 de mayo de 1991, solicitó se le reconociera lo previsto en la Ordenanza 13 de 1947, de la Asamblea de Cundinmarca, a cuyo tenor "los empleados y obreros del Departamento que hayan cumplido veinte años o más al servicio de Cundinamarca que no hayan sido pensionados y que se hallen en el ejercicio de sus funciones con una antiguedad no menor de cinco años, sin solución de continuidad, tendrán derecho a un aumento del 20% del sueldo o jornal que devenguen". Manifestó que, hasta la fecha de instaurar la acción de tutela, no había recibido respuesta. Mediante la demanda se pedía que se reliquidara la pensión de jubilación, así como el valor dejado de cancelar desde la fecha de causado el derecho, bien fuera en lo alusivo al 29% que solicitaba en un comienzo, ya al 20%, que demandó últimamente. Asimismo, pretendió la peticionaria que mediante la tutela se reliquidararan sus primas de vacaciones, servicios, navidad "y toda aquella a que tuviere derecho". II DECISIONES JUDICIALES El Juzgado 26 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, mediante Sentencia del 12 de septiembre de 1994, negó la tutela incoada. Consideró la Juez que, en efecto, se había venido vulnerando el derecho de petición de la accionante, pero también tuvo presente que el 6 de septiembre de 1994 se agregó a los autos un oficio de la Beneficiencia de Cundinamarca, por el cual se informaba a la señora VILLAVECES DE ACOSTA que no había lugar al reconocimiento solicitado por cuanto la aplicabilidad de la Ordenanza por ella invocada únicamente procedía para el año 1947, según concepto de la Oficina Jurídica de la entidad. Concluyó, entonces, que la violación del derecho de petición había cesado. "Debe aquí tenerse en cuenta que no se trata de obligar a la entidad al pago de lo debido, o al reconocimiento de lo solicitado, pues no compete a este Despacho inmiscuirse en ese trámite interno para la resolución de la petición en forma favorable o desfavorable". Impugnado el Fallo, fue confirmado por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, según Sentencia de l21 de octubre de 1994. Dijo el Tribunal que encontraba acertada la decisión, pero no por las razones en ella expresadas sino porque, según la documentación conocida, la Beneficiencia de Cundinamarca no transgredió en ningún momento el derecho a elevar peticiones respetuosas, en la medida en que a la recurrente se le había respondido en varias ocasiones, haciéndole saber que la entidad consideraba improcedente su reclamación. en tales condiciones -prosiguió- como la última petición, de septiembre de 1993, incluía idénticos términos a los que ya habían sido objeto de reiterada solución, la institución no tenía por que resolverla, pues la remitente conocía el criterio de su demandada, por lo que su insistencia no era más que una obstinada y necia actitud a la que no tenía que someterse la administración. Así -concluyó- lo que ha debido hacer la accionante "era acudir a los recursos que le otorgaba la legislación de lo Contencioso Administrativo y que ella conocía, como lo admitió en la diligencia de ampliación y ratificación del libelo, en lugar de desgastar inútilmente al ente oficial, a sabiendas de cuál era su criterio sobre esta materia, máximo cuando de la lectura de las fotocopias que anexó se sabe que nunca incluyó argumentación alguna para tratar de rebatir los puntos de vista en los que se fundamentaba la negativa". "De todo lo anterior se concluye -dijo el Tribunal- que lo que persigue la accionante mediante el presente libelo es, no que le ofrezcan respuesta, sino que se decida su pretensión conforme a su propio querer, situación que sólo sería posible previo el agotamiento de todo un procedimiento, donde tras cumplirse un período probatorio, se definiera la cuestión, que es de profundo contenido litigioso, dándole la razón". "Pero -argumentó- sucede que el mecanismo de la tutela no es el estadio para ventilar conflictos de tales contornos, como que, según se desprende del texto constitucional que lo consagra, de las normas que lo reglamentan y del desarrollo jurisprudencia y doctrinal que se a impreso a ese instituto, se concibió como instrumento subsidiario y residual para aquellos eventos en que frente a real quebrantamiento de un derecho constitucional fundamental el afectado no contare con otro medido de defensa judicial, o, de tenerlo, lo empleare como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, hipótesis éstas que no se dan aquí". III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos en referencia, según lo disponen los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991. Evidente abuso de la acción de tutela En aplicación de lo dispuesto por el artículo 35 del Decreto 2591 de 1991, este Fallo será brevemente justificado, ya que, dada la abierta improcedencia de la acción, en las instancias no podía resolverse nada distinto de lo que se resolvió. Basta verificar, en el texto de la demanda, las peticiones elevadas por la accionante ante el juez de tutela, para constatar sin lugar a dudas el equivocado uso de la acción. Es evidente que ésta no estaba encaminada a obtener protección judicial por posible desconocimiento del derecho de petición, sino que buscaba, contra lo dispuesto en la Constitución y pese a la copiosa jurisprudencia sobre el tema, sustituir los procedimientos ordinarios para que, en el término de diez días y por una vía inapropiada, se forzara judicialmente a la Beneficiencia de Cundinamarca a resolver favorablemente las pretensiones laborales de la interesada. Se trata, a no dudarlo, de un caso que demuestra cómo algunos distorsionan de manera grave el excepcional y subsidiario instrumento plasmado en el artículo 86 de la Carta Política para la defensa de los derechos fundamentales. La lectura de la demanda lleva a pensar, en razón de los términos y la forma utilizados, que fue redactada por un abogado, el cual, sin embargo, no puede ser sancionado en cuanto ha permanecido oculto. De no ser así, esta Corte ordenaría su inmediata investigación disciplinaria. Se confirmarán los fallos materia de examen. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMASE la Sentencia proferida el 21 de octubre de 1991 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, que a su vez confirmó la dictada por el Juzgado 26 Penal del Circuito de la misma ciudad, por medio de la cual se negó el amparo solicitado. Segundo.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-136-95 Sentencia No Sentencia No. T-136/95 TRABAJADOR-Subordinación Todo trabajador, por el hecho de hallarse vinculado a un determinado patrono, se encuentra subordinado a éste, pues depende de él en lo que concierne al ejercicio de la actividad que se le encomienda y en todo lo referente a la relación laboral. A tal punto es ello cierto que el legislador ha consagrado la subordinación como elemento esencial del contrato de trabajo. PRINCIPIO DE IGUALDAD EN MATERIA LABORAL Es evidente que la igualdad y la justicia distributiva resultan quebrantadas cuando, entre trabajadores igualmente calificados, que rinden lo mismo en cantidad, calidad y tiempo de trabajo para el mismo patrono, y en idénticas condiciones, se introducen formas de distinción en sus remuneraciones, por cuanto de manera injustificada se trata a unos como superiores y a otros como inferiores, contrariando la dignidad humana, a la que todos, por igual, tienen derecho. SALARIO-Diferencias/SALARIO-Discriminación Los motivos para establecer diferencias salariales, en igualdad de condiciones, deben ser razonables y no pueden corresponder al simple capricho del patrono ni implicar el castigo a quienes ejercen derechos reconocidos a los trabajadores por la Constitución o por la ley, o estímulo para que no los ejerzan. En ese orden de ideas, no es admisible la discriminación proveniente de estar o no afiliado a un sindicato, para favorecer a los no sindicalizados en contra de los sindicalizados, pues en tal evento no sólo se contraría el derecho a la igualdad sino que se atenta contra el derecho de asociación sindical consagrado en el artículo 39 de la Constitución. SALARIO El salario constituye elemento fundamental del derecho al trabajo y así lo consagra el artículo 53 de la Constitución Política, a cuyo tenor la remuneración justa es principio mínimo fundamental del trabajo. Cualquier situación anómala o injusta en relación con el salario repercute necesariamente en daño del trabajador, quien, según el artículo 25 de la Carta, merece la especial protección del Estado. SENTENCIA LABORAL-Cumplimiento que genera discriminación No obstante, la protección excepcional no cabe de ninguna manera contra la empresa, cuando ésta se limita a ejecutar lo dispuesto en una sentencia judicial ejecutoriada o en un laudo arbitral, que al fin y al cabo corresponde al ejercicio de la función de administrar justicia por particulares, según lo autoriza el artículo 116 de la Constitución Política. Allí, mientras el patrono acate de manera íntegra lo dispuesto por los jueces, actúa en desarrollo de una conducta legítima contra la cual no procede la tutela, según el diáfano texto del artículo 45 del Decreto 2591 de 1991. COOPFEBOR/TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO Los trabajadores que intentaron la acción la dirigieron contra FEBOR y no atacaron ni el laudo pronunciado por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio constituído en 1993 por orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para dirimir el conflicto colectivo planteado entre la Empresa y el Sindicato, ni tampoco la Sentencia mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá -Sala Laboral- resolvió acerca del recurso de homologación intentado contra la decisión arbitral. SINDICATO­-Representación de trabajadores/SINDICATO­-Improcedencia que afiliados actúen en su nombre/SINDICATO-Titularidad de acción de tutela Si bien es cierto el Sindicato puede agenciar, en cuanto representa, además de los intereses colectivos, los de los trabajadores miembros, no ocurre a la inversa, es decir, no puede aceptarse que individuos, por el sólo hecho de pertenecer a un sindicato, actúen en nombre de éste, pues si de intereses colectivos se trata -como en esta oportunidad acontece- debe acreditarse la representación legal de la persona jurídica. Ref.: Expediente T-54005 y T-53477 Acción de tutela instaurada por LUIS HERNANDO SAIDIZA PARDO y WILLIAM ESQUIVEL RUBIO contra FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA, COOPFEBOR. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisan los fallos proferidos en los asuntos de la referencia por los juzgados Noveno y Quince Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá. I. INFORMACION PRELIMINAR Las acciones de tutela fueron instauradas y resueltas separadamente, en expedientes seleccionados y acumulados por la Sala Doce de Selección, mediante auto del 12 de diciembre de 1994. Se consideró que había unidad de materia, por tratarse de las mismas partes, idénticos hechos e iguales pretensiones. Esta Sala de Revisión acoge la acumulación mencionada por esas mismas razones. Cada uno de los accionantes manifestó tener un contrato de trabajo vigente con la empresa demandada desde antes del 1º de enero de 1994, por lo cual expresaron hallarse en situación de subordinación respecto de ella. El Sindicato de Trabajadores de la Empresa, al cual están afiliados, fue fundado el 16 de marzo de 1993. Afirmaron que, en forma sistemática, la Empresa ha venido desconociendo el derecho de Asociación Sindical, mediante discriminación en contra de los trabajadores sindicalizados, en cuanto quienes no pertenecen al Sindicato tienen mejores derechos y prerrogativas a ellos otorgados desde cuando nació la entidad asociativa. Por esa razón intentaron una acción de tutela que culminó con sentencia favorable proferida por la Corte Constitucional el 13 de mayo de 1994. Dijeron que, a partir del 1 de enero de 1994, la Empresa les aumentó el salario a los trabajadores no sindicalizados en porcentajes que oscilaron entre el 18% y el 22%, discriminando a los sindicalizados sin aumento salarial hasta el día 15 de julio de 1994, fecha ésta a partir de la cual se aplica el Laudo Arbitral. Los accionantes sostuvieron que el último aumento a ellos efectuado fue para el año de 1993, razón por la cual duraron sin aumento más de año y medio como consecuencia de la discriminación. Afirmaron que, a raíz de lo expuesto, aproximadamente 115 trabajadores se han desafiliado del Sindicato y automáticamente la Empresa les ha hecho los aumentos salariales con retroactividad a enero de 1994 y les ha otorgado las demás garantías de que gozan los no sindicalizados, tales como la programación para laborar horas extras y el auxilio de alimentación. II DECISIONES JUDICIALES Mediante Fallo del 4 de noviembre de 1994, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá declaró improcedente la tutela en el caso de Luis Hernando Saidiza Pardo. El principio de igualdad -sostiene el Juez- se refiere al derecho de todas las personas a la protección y a un trato igual por parte de las autoridades pero en el campo laboral las partes pueden efectuar acuerdos en lo concerniente a salario, lo cual -terminó diciendo- es tan cierto que el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, modificatorio del artículo 132 del C.S. del T., así lo determina. Por eso concluyó que, como en el presente caso el aumento salarial de que trata el laudo arbitral y su respectivo recurso de homologación no constituían una transgresión por parte de la empleadora a las condiciones dignas y justas en que el trabajador viene desarrollando su labor, ni resultaban afectados sus derechos de asociación ni de trabajo, la acción de tutela no estaba llamada a prosperar. Por otra parte, estimó que el accionante disponía de otros medios de defensa judicial, pues, si se encontraba inconforme con sus aumentos salariales, podía controvertirlos en un proceso ordinario laboral. Finalmente, consideró que en el caso concreto no aparecía demostrado que existiera subordinación tal que le impidiera al accionante el ejercicio de sus derechos fundamentales. Por su parte, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, por Sentencia del 2 de noviembre de 1994, negó la tutela solicitada por William Esquivel, por considerarla improcedente, a la luz del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991. Entendió el juez que en el caso sub-judice existían otros medios de defensa judicial, consistentes en acudir a la jurisdicción laboral para que ésta resolviera previo un proceso ordinario. A su juicio, "se está entonces frente a una típica controversia laboral sobre la obligatoriedad o no de hacer aumento salarial al petente". Concluyó, además, que el accionante no estaba ante un perjuicio irremediable "porque en primer lugar se requiere que el perjuicio sea reparado integralmente sólo mediante una indemnización, que no es el caso presente, y en segundo lugar, el accionante, al tener la acción ordinaria ante la jurisdicción del trabajo, puede obtener el reconocimiento y pago de la equivalencia salarial pretendida". Ninguno de los dos fallos fue objeto de impugnación. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia Esta Corte es competente para revisar las sentencias mencionadas, según lo previsto por los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991. El concepto de subordinación frente a la tutela contra particulares Uno de los argumentos que expusieron los accionantes para fundamentar la procedencia de la acción consistió en su estado de subordinación frente a la entidad demandada. A la vez, motivo básico para negar la protección pedida en uno de los casos analizados consistió precisamente en que, a juicio del fallador, tal elemento no se daba y, en consecuencia, no tenía lugar la tutela contra una persona jurídica particular. Importa, pues, ratificar algunos criterios que la Corte Constitucional ha venido acogiendo en relación con el tema: "Entiende esta Corte que la subordinación alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación que también implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate". (Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-290 del 28 de julio de 1993). Así, pues, todo trabajador, por el hecho de hallarse vinculado a un determinado patrono, se encuentra subordinado a éste, pues depende de él en lo que concierne al ejercicio de la actividad que se le encomienda y en todo lo referente a la relación laboral. A tal punto es ello cierto que el legislador ha consagrado la subordinación como elemento esencial del contrato de trabajo. De ese modo, mal puede excluirse la subordinación como factor que, de manera excepcional, hace procedente la tutela contra particulares, en especial si -como acontece en este caso- la alegada violación a los derechos fundamentales del trabajador provendría precisamente del uso que de sus prerrogativas hace el patrono, en calidad de tal. Igualdad y derecho de asociación sindical El principio constitucional de la igualdad (artículos 5 y 13 de la Constitución) prescribe el mismo trato, sin discriminación, para todos aquellos que se encuentran en una misma situación jurídica. En el campo de la remuneración laboral, el patrono está obligado a evaluar los distintos factores que confluyen en la prestación de servicios por cada uno de sus trabajadores, a fín de reconocer salarios justos, proporcionales a la cantidad y calidad de trabajo, según lo dispuesto en el artículo 53 de la Carta Política. Es evidente que la igualdad y la justicia distributiva resultan quebrantadas cuando, entre trabajadores igualmente calificados, que rinden lo mismo en cantidad, calidad y tiempo de trabajo para el mismo patrono, y en idénticas condiciones, se introducen formas de distinción en sus remuneraciones, por cuanto de manera injustificada se trata a unos como superiores y a otros como inferiores, contrariando la dignidad humana, a la que todos, por igual, tienen derecho. Es por eso que el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo señala que "a trabajo igual, en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual". No ocurre lo mismo cuando las diferencias surgen de factores objetivos o subjetivos que hacen justo un mayor reconocimiento a quien más merece por su rendimiento o preparación, por razones de especialidad, por el lapso durante el cual labora o por las específicas circunstancias o modalidades en que se desenvuelve la relación laboral. A este respecto existe un amplio margen de apreciación y de acuerdo entre las partes. Debe observarse, sin embargo, que los motivos para establecer diferencias salariales, en igualdad de condiciones, deben ser razonables y no pueden corresponder al simple capricho del patrono ni implicar el castigo a quienes ejercen derechos reconocidos a los trabajadores por la Constitución o por la ley, o estímulo para que no los ejerzan. En ese orden de ideas, no es admisible la discriminación proveniente de estar o no afiliado a un sindicato, para favorecer a los no sindicalizados en contra de los sindicalizados, pues en tal evento no sólo se contraría el derecho a la igualdad sino que se atenta contra el derecho de asociación sindical consagrado en el artículo 39 de la Constitución. La empresa, frente al enunciado derecho, actúa de manera ilegítima cuando pretende hacer uso de los factores de remuneración o de las prestaciones sociales, sean éstas legales o extralegales, para golpear a quienes se asocian, para desestimular el crecimiento del sindicato o para presionar los retiros de éste. Debe recordarse que al derecho de asociación es inherente la libertad, por lo cual resulta violado tanto cuando se coacciona externamente al individuo para que se asocie como cuando se lo obliga a asociarse. Esa libertad tiene que ser garantizada por el patrono aún en mayor grado cuando se trata de la asociación sindical, ya que ello corresponde a un elemental principio de lealtad hacia los trabajadores. De allí que, en forma expresa, el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo haya prohibido las diferencias en el salario por razones de actividades sindicales. Ha dicho la Corte en repetidas ocasiones que el salario constituye elemento fundamental del derecho al trabajo y así lo consagra el artículo 53 de la Constitución Política, a cuyo tenor la remuneración justa es principio mínimo fundamental del trabajo. Cualquier situación anómala o injusta en relación con el salario repercute necesariamente en daño del trabajador, quien, según el artículo 25 de la Carta, merece la especial protección del Estado. Razones para que no prospere la tutela en este caso Cabría, entonces, la tutela si, no existiendo otro medio de defensa judicial, o siendo probado un perjuicio irremediable, se estableciera que una conducta unilateral de la empresa rompe la igualdad en mención y conduce a perseguir el ejercicio legítimo de los derechos individuales de trabajadores por el hecho de estar sindicalizados. No obstante, la protección excepcional no cabe de ninguna manera contra la empresa, cuando ésta se limita a ejecutar lo dispuesto en una sentencia judicial ejecutoriada o en un laudo arbitral, que al fin y al cabo corresponde al ejercicio de la función de administrar justicia por particulares, según lo autoriza el artículo 116 de la Constitución Política. Allí, mientras el patrono acate de manera íntegra lo dispuesto por los jueces, actúa en desarrollo de una conducta legítima contra la cual no procede la tutela, según el diáfano texto del artículo 45 del Decreto 2591 de 1991. Podría darse el caso de una acción de tutela que se instaurara contra tales providencias, en el supuesto de probadas vías de hecho o dado el caso de un perjuicio irremediable, en los términos desarrollados por la jurisprudencia de esta Corte a partir del Fallo C-543 del 1 de octubre de 1992. No es ese el caso sub-examine, pues los trabajadores que intentaron la acción la dirigieron contra FEBOR y no atacaron ni el laudo pronunciado por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio constituído en 1993 por orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para dirimir el conflicto colectivo planteado entre la Empresa y el Sindicato, ni tampoco la Sentencia mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá -Sala Laboral- resolvió acerca del recurso de homologación intentado contra la decisión arbitral. Los peticionarios actuaron contra la Empresa, imputando a ésta la discriminación inconstitucional consistente en haber introducido factores no justificados de distinción entre los salarios de los trabajadores sindicalizados y los no sindicalizados. Algunos de tales factores -los referentes a la asignación de horas extras- fueron considerados por la Sala Tercera de Revisión de esta Corte mediante Fallo T-230 del 13 de mayo de 1994 (M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), en el cual se reconoció la violación de derechos fundamentales de quien entonces ejerció la acción de tutela, habiendo sido concedida la protección constitucional. En el asunto objeto de controversia en este proceso -el relativo al monto de los aumentos salariales y las fechas de su aplicación-, resulta claro que FEBOR se limitó a cumplir el Laudo Arbitral en los términos en que lo dispuso la correspondiente sentencia de homologación, no habiendo lugar entonces a reclamo alguno contra su conducta, cuando menos en la materia considerada. En efecto, mediante auto del dieciséis (16) de marzo de 1995, el Magistrado Sustanciador solicitó al Gerente de la empresa FEBOR que informara si a los peticionarios se les efectuó aumento de sueldo en el año de 1994 y en caso afirmativo desde qué fecha y en qué porcentaje. Igualmente la fecha y porcentaje del aumento realizado al resto del personal. Por oficio G-019 del 23 de marzo del año en curso, el Gerente General de FEBOR respondió: "l. Al personal no sindicalizado se le hicieron aumentos entre el 18% y el 23% según evaluación de méritos para cada caso, aumento efectivo desde el mes de enero de 1994, para la gran mayoría. En algunos casos los aumentos se hicieron durante el primer trimestre y en fechas diferentes. 2. Al personal sindicalizado, se le aumentó el 22.6% (IPC) a partir del 15 de julio de 1994 dando estricto cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en fallo del 30 de junio de 1994, con el cual resolvía el recurso de homologación sobre el Laudo Arbitral que puso fin a la negociación colectiva con el Sindicato que los representa". El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, Sala Laboral, al desatar el recurso de homologación, resolvió: "Por lo tanto, el Tribunal declarará la inexequibilidad parcialmente del artículo primero del Laudo revisado en cuanto se señala un término de vigencia a partir de la fecha de su expedición (14 de marzo de 1994), para en su lugar declarar que la vigencia del mismo es a partir de la ejecutoria de esta providencia. La misma suerte corre el artículo décimo segundo, del cual se declarará la inexequibilidad parcial en cuanto a que los salarios básicos de sus trabajadores sindicalizados será aumentado en un 22% a partir de la ejecutoria de esta decisión." La sentencia parcialmente transcrita quedó ejecutoriada el 15 de julio  de 1994, según consta en Folio 66 del Expediente T-53477. Por otra parte, no pasa desapercibido ante la Sala el hecho de que el interés para ejercer la acción de tutela, más que de dos personas en particular -los accionantes-, es del Sindicato de Trabajadores, pues lo definido en el Laudo Arbitral y en la Sentencia que resolvió sobre el recurso de homologación es asunto de Derecho Colectivo del Trabajo, es decir que importa procesalmente al Sindicato en sí mismo aunque repercuta -y ello como consecuencia de la aplicación de las aludidas providencias- en el salario de cada uno de los trabajadores. Por eso, tiene validez para el caso en estudio la doctrina acogida por esta misma Sala en la Sentencia T-550 del 30 de noviembre de 1993, que negó la tutela intentada por trabajadores de la empresa "Colgate Palmolive Compañía", en torno a los alcances de una convención y un pacto colectivo de trabajo. Dijo en ese momento la Corte que en tal circunstancia estaba de por medio un interés de tipo sindical, ya que se trataba de establecer la vigencia y el cumplimiento de acuerdos colectivos. En esta oportunidad, también, hay un interés general de los sindicalizados, relacionado con los efectos de las decisiones judiciales en cuestión, que afectan a los trabajadores en concreto no por discriminaciones entre individuos efectuadas por la Empresa, sino por la decisión de los jueces correspondientes al resolver un conflicto entre ella y el Sindicato. Si bien es cierto el Sindicato puede agenciar, en cuanto representa, además de los intereses colectivos, los de los trabajadores miembros, no ocurre a la inversa, es decir, no puede aceptarse que individuos, por el sólo hecho de pertenecer a un sindicato, actúen en nombre de éste, pues si de intereses colectivos se trata -como en esta oportunidad acontece- debe acreditarse la representación legal de la persona jurídica. Se confirmarán las sentencias objeto de revisión. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMAR, pero por las razones que anteceden, los fallos proferidos por los juzgados Noveno y Quince Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá los días 28 de octubre y 2 de noviembre de 1994, respectivamente, al resolver sobre las acciones de tutela interpuestas por LUIS HERNANDO SAIDIZA PARDO y WILLIAM ESQUIVEL RUBIO. Segundo.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-138-95 Sentencia No Sentencia No. T-138/95 ACCION DE TUTELA-Titularidad/PERSONA JURIDICA-Titularidad de derechos fundamentales Las personas jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales por dos vías: a) Indirectamente cuando la esencialidad de la protección gira al rededor de la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales asociadas; b) Directamente, cuando las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales, no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro está, que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas". SERVICIO DE RADIODIFUSION-Concesión Unicamente el Ministerio de Comunicaciones está autorizado para otorgar concesiones para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora en el territorio nacional, mediante la selección del concesionario. La concesión de la indicada especie constituye un acto jurídico (contrato o licencia), en virtud del cual se transfieren temporalmente los derechos que le pertenecen al Estado sobre el uso del espectro electromagnético. ACCION DE TUTELA/SERVICIO DE RADIODIFUSION-Suspensión La tutela no puede constituir un escudo para legitimar el ejercicio de conductas ilícitas; cuando se acude a este mecanismo de protección necesariamente se parte del supuesto de que el peticionario se encuentra actuando dentro de una situación legitimada por el derecho, es decir, no ilícita. La sociedad peticionaria de la tutela no sólo se encontraba en una situación ilegitima, sino que deliberadamente pretendía seguir funcionando al margen de la ley y burlando las decisiones de las autoridades. Por lo tanto, las autoridades si estaban habilitadas jurídicamente para suspender la actividad de una emisora que operaba en forma clandestina y, por consiguiente, sin ningún título jurídico válido para prestar el servicio de radiodifusión sonora. Referencia: Expediente T- 52925 Demandante: Panorámica Publicidad Ltda. Tema: Improcedencia de la acción de tutela para legitimar el ejercicio de conductas ilícitas. MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO BARRERA CARBONELL. Santafé de Bogotá, D.C. marzo veintiocho (28) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Segunda de Tutela, integrada por los Magistrados ANTONIO BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el proceso correspondiente a la acción de tutela formulada por la Sociedad Panorámica Publicidad contra la Alcaldía Municipal y el Comandante de la Estación de Policía de Acacías. I .  ANTECEDENTES 1.  La demanda. La empresa Panorámica Publicidad Ltda., mediante apoderada, demandó ante el Tribunal Administrativo del Meta la tutela de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 13, 23, 25 y 29 de la Constitución Política infringidos, en su sentir, por la actuación del Alcalde y del Comandante de Policía del Municipio de Acacías (Meta), con motivo de la operación administrativa de suspensión de las actividades y sellamiento de las instalaciones de la emisora Panorámica Stereo de propiedad de la sociedad demandante. 2. Las pretensiones. Las pretensiones de la demanda de tutela se concretan en los siguientes términos: "1) Se ordene al señor Alcalde, abstenerse de realizar gestiones tendientes a impedir el funcionamiento habitual de la emisora Panorámica Stereo" "2) Se ordene al señor comandante de Policía Municipal de Acacias, levantar los sellos colocados en la entrada de la emisora Panorámica Stereo". "3) Se me permita dentro del plazo establecido en el decreto 1480 en su artículo 131 y con el término máximo del 13 de Septiembre/94, dar cumplimiento a los términos de este decreto en igualdad de condiciones a todas las emisoras del país, realizar las etapas de prueba y demás requerimientos técnicos" "4) Se permita laborar en forma normal sin obstrucciones al personal que labora en esta emisora". 3. Hechos. Señala la sociedad actora que el 18 de agosto de 1994, aproximadamente a las tres de la tarde, se presentó en las instalaciones donde funciona la emisora Panorámica Stereo el Comandante del Segundo Distrito de Policía del Municipio de Acacías, quien en cumplimiento de una orden emanada del Alcalde Municipal, procedió al sellamiento de dichas instalaciones, no obstante la oposición formulada por su director con fundamento en el decreto 1480 de 1994, que concedió un plazo de sesenta (60) días a las emisoras que venían prestando el servicio de radiodifusión sonora sin el cumplimiento de los requisitos legales para regularizar sus actividades. La emisora venía funcionando en forma ininterrumpida desde el año de 1990 "dando cumplimiento a los requerimientos de ley como son las normas sanitarias, sus obligaciones para con el municipio en cuanto corresponde a los impuestos de industria y comercio, cancelación de renovación de licencias de funcionamiento, impuestos de avisos, cuerpo de bomberos, etc." Hace caer en cuenta la demanda que la emisora ha sido objeto de diferentes reconocimientos por la ciudadanía, la policía, el concejo municipal y los comerciantes del lugar. Advierte la sociedad actora, que "en condiciones similares ha existido en el municipio otra emisora que en la actualidad es del hermano del señor Alcalde Municipal.... denominada FAMILIAR STERO", la cual ha funcionado con el beneplácito de éste, con lo cual da a entender que se patrocina un monopolio en favor de la familia del alcalde, al impedir que funcione otra emisora. 4. Fundamento de las pretensiones. La sociedad demandante argumenta que la actuación del Alcalde Municipal de Acacías se cumplió por fuera de su competencia, extralimitándose en sus funciones, porque "es evidente que la autoridad por antonomasia encargada del control de las telecomunicaciones es el Ministerio de Comunicaciones como delegado del Estado, sería esta la única entidad con autoridad para supervigilar y enjuiciar la utilización del espectro radial y por lo mismo, el ente encargado de autorizar el funcionamiento o no de emisoras del país". Dice que se violó el debido proceso, porque ni el alcalde ni las autoridades de policía pueden "proceder al cierre de emisoras sin el concepto y procedimiento administrativo debido para perfeccionar el cierre de emisoras que funcionan en forma ilegal", pues ésta clase de atribuciones le pertenecen exclusivamente al Ministerio de Comunicaciones, con fundamento en los arts. 10 de la ley 72 de 1989, 50 del decreto 1900 de 1990 y 3o., numeral 8 del decreto 1901 de 1990. La violación del principio de igualdad estriba según la peticionaria en que "el Alcalde Municipal y los comandantes de Policía dan trato desigual a esta emisora que represento frente al período de gracia concedido en todo el país a emisoras que como la que gerencio carecían de autorización del Ministerio, pero prestan un servicio a la comunidad". Considera vulnerado el derecho al trabajo porque con el cierre de la emisora se ha llegado a "impedir el normal desarrollo de las actividades laborales desempeñadas por los colaboradores de esta emisora, medio de subsistencia y desarrollo personal de quienes allí laboran". Y, por último, en cuanto atañe al derecho de petición, la actora hace consistir su violación en el silencio que han guardado, tanto el alcalde como el comandante de Policía de Acacías, frente a las solicitudes que se les han formulado. Al primero para que entre a "reponer y rectificar sus actos arbitrarios por los cuales había procedido al cierre de Panorámica Stereo", y al Comandante, para que se abstuviera de realizar la operación de sellamiento. II. LAS SENTENCIAS DE INSTANCIA. a. De primera instancia. El Tribunal Administrativo del Meta en fallo del 20 de septiembre de 1994 negó la tutela solicitada y tuvo en cuenta para adoptar su decisión las siguientes situaciones y criterios: 1.  Según los informes de la Oficina Jurídica y de la División de Medios del Ministerio de Comunicaciones, se pudo establecer que la emisora en cuestión funciona "sin permiso de este Ministerio" o simplemente "dicha estación es clandestina". Tales situaciones, anota el Tribunal,  "no han sido desvirtuadas, lo cual sería suficiente para denegar el amparo pretendido, en razón a que es la misma Constitución Nacional en su art, 75, la que determina que el uso de ese bien público, que lo es, el espectro electromagnético, requiere la gestión y control del Estado". 2. Según constancias probatorias, el sellamiento se cumplió inicialmente el 22 de junio, casi 20 días antes de la expedición del decreto 1480 del 13 de julio de 1994, de manera que la diligencia del 18 de agosto de este mismo año se cumplió porque se constató por la autoridad de policía que los sellos se rompieron "sin orden expresa de autoridad competente y que la emisora se encontraba funcionando". De todo lo anterior resulta para el Tribunal inconcebible "buscar el amparo constitucional, porque frente a un derecho que no se ha deferido a la peticionaria, los derechos constitucionales fundamentales eventualmente amenazados o vulnerados no pueden predicarse de una situación que no se ha consolidado, es decir, que sin existir la certeza sobre la condición jurídica para el cabal uso del espectro electromagnético, no es propicio para que este juez de tutela entre a definir situaciones administrativas, eminentemente técnicas, que corresponde concretamente al Ministerio de Comunicaciones, por disposición legal". Concluye el Tribunal señalando que la tutela, no es "el camino para garantizar derechos que no se han consolidado". b. De segunda instancia. El Consejo de Estado al conocer y resolver la impugnación promovida contra el fallo del Tribunal Administrativo del Meta revocó la decisión por razones de simple procedibilidad, ya que consideró que la demanda no ha debido admitirse en virtud de que la tutela, como instrumento de protección judicial de los derechos fundamentales, sólo puede predicarse de la persona humana y no de las personas colectivas o morales, como ocurre en el presente caso. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. 1. Competencia. La Sala es competente para conocer en grado de revisión del proceso de tutela, en virtud de lo dispuesto por los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. 2. Las personas jurídicas como titulares de la acción de tutela. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que conoció del fallo del Tribunal Administrativo en impugnación, parte del supuesto de que la acción de tutela únicamente "está establecida en la Constitución Nacional, como un mecanismo procesal que tiene como finalidad la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de la persona humana, cuando quiera que éstos sean violados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades o de los particulares en los casos previstos en la ley". Con respaldo en este argumento, al cual ha recurrido reiteradamente el Consejo de Estado, concluye la Sección en el sentido de que las personas jurídicas no pueden ejercer la referida acción, "ya que ella ha sido reservada para las personas humanas". La base central del argumento es más aparente que real, porque los derechos humanos por supuesto que se predican del ser humano, pero igualmente los derechos fundamentales tienen como titular a  cualquier persona, natural o jurídica, como se infiere del art. 86 de la Constitución que consagra la acción de tutela en favor de "toda persona", sin exclusión alguna, como una garantía contra las violaciones o amenazas que atenten contra sus derechos fundamentales. Los derechos fundamentales del hombre no sólo pueden ser quebrantados por la autoridad o un particular cuando son directamente objeto de una acción u omisión antijurídica, sino también cuando la violación o la amenaza se cierne sobre los derechos de las personas jurídicas que son, al fin de cuentas, derechos de sus asociados o miembros. En este sentido se admite que las personas físicas pueden ser, por relación de conexidad de derechos, sujetos de una violación de sus intereses tutelables, cuando se le desconocen a la persona moral sus derechos fundamentales. Pero se advierte, además, que las personas jurídicas también son titulares directos de algunos derechos fundamentales, como los relativos  al de asociación, debido proceso, buen nombre, igualdad, etc., los cuales en un momento dado pueden ser objeto de desconocimiento o amenaza por las autoridades o los particulares, circunstancia que indudablemente las legitima para acceder a la tutela como un mecanismo de protección de dichos intereses jurídicos. Bajo los anteriores supuestos la Corte se ha pronunciado repetidamente sobre los titulares de la acción de tutela y resulta oportuno exponer su criterio sobre este particular, asi:[1] "Para los efectos relacionados con la titularidad de la acción de tutela, se debe entender que existen derechos fundamentales que se predican exclusivamente de la persona humana, como el derecho a la vida y a la exclusión de la pena de muerte (art. 11); prohibición de desaparición forzada, torturas o penas crueles, inhumanas o degradantes (art. 12); el derecho a la intimidad familiar (art. 15), entre otros". "Pero otros derechos ya no son exclusivos de los individuos aisladamente considerados, sino también, en cuanto se encuentran insertos en grupos y organizaciones cuya finalidad sea específicamente  la de defender determinados ámbitos de libertad o realizar los intereses comunes". "En consecuencia, en principio, es necesario tutelar los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales, en caso concreto, a criterio razonable del juez de tutela". "Otros derechos constitucionales fundamentales, sinembargo, las personas jurídicas los poseen directamente: es el caso de la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada (art. 15), la libertad de asociación sindical (art. 38)". "Luego, las personas jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales por dos vías: a)Indirectamente cuando la esencialidad de la protección gira al rededor de la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales asociadas; b) Directamente, cuando las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales, no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro está, que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas". Para la Corte, entonces, no es extraño que las personas jurídicas promuevan la garantía de la tutela como mecanismo legítimo para proteger sus derechos fundamentales, cuando se vean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades y, en ciertos casos, de los particulares. 3. La regulación jurídica de la radiodifusión sonora. Bajo la denominación de telecomunicaciones se regula por la ley un servicio público que el Estado presta directamente, a través de las competentes entidades públicas, o indirectamente por conducto de los particulares, mediante el sistema de concesión (Ley 72/89, art. 5o. y D. 1900/90, art. 4o.). Los servicios de telecomunicaciones se clasifican, según la ley, en básicos, de difusión, telemáticos y de valor agregado, auxiliares de ayuda y especiales. (D. 1900/90, art. 27). Del servicio  de difusión forman parte, entre otros, la televisión y la radiodifusión sonora (D. 1900/90, art. 29). Este servicio, en los términos del decreto 1480 de 1994, se integra con todas las estaciones autorizadas para la emisión y transmisión de programas mediante el empleo de bandas previamente asignadas (arts. 1o. y 22). Unicamente el Ministerio de Comunicaciones está autorizado para otorgar concesiones para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora en el territorio nacional, mediante la selección del concesionario con arreglo a las exigencias y procedimientos establecidos en el decreto 1480 y en la ley 80 de 1993. La concesión de la indicada especie constituye un acto jurídico (contrato o licencia), en virtud del cual se transfieren temporalmente los derechos que le pertenecen al Estado sobre el uso del espectro electromagnético, para permitir, como lo dice el art. 1 del decreto 1480 de 1994, "a una persona natural o jurídica,  la emisión y transmisión de sonidos en que la comunicación se realiza en un sólo sentido a varios puntos de recepción en forma simultánea, para ser recibidas directamente por el público a través de las bandas asignadas a cada modalidad". En los términos de la ley 72 de 1989  (art. 10) y del decreto-ley 1990 de 1990 (art. 50), cualquier servicio de telecomunicaciones que opere sin autorización previa será considerado como clandestino, y debe ser objeto de las medidas preventivas de suspensión del servicio y decomiso de los equipos, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, conforme a la ley y los reglamentos. 4.  El caso en análisis. La sociedad peticionaria de la tutela venía operando en la ciudad de Acacías, Departamento del Meta, una estación de radio conocida bajo la denominación de Panorámica Stereo. Las actividades de radiodifusión sonora desarrolladas por dicha emisora, según se establece con las constancias y certificaciones expedidas por las dependencias competentes del Ministerio de Comunicaciones,  no se encontraban amparadas por una autorización del Estado, en la modalidad de concesión del servicio de radiodifusión sonora, la cual es dentro de nuestro sistema jurídico el único medio idóneo para legitimar esta clase de actividades. Interesa para la solución del caso determinar, en primer término, la competencia de la Alcaldía de Acacias para disponer la suspensión de actividades de la emisora y el sellamiento de sus instalaciones y, en segundo lugar, examinar si la actuación cumplida por las autoridades contra las cuales se dirige la tutela, desconocieron los derechos fundamentales cuya protección se invoca. La competencia del señor Alcalde de Acacías para disponer la suspensión de actividades de la emisora en cuestión se deriva del art. 10 de la ley 72 de 1989 que dice: "Cualquier servicio de telecomunicaciones que opere sin previa autorización del Gobierno es considerado clandestino y el Ministerio de Comunicaciones y las autoridades militares y de policía procederán a suspenderlo y a decomisar los equipos, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones de orden administrativo o penal a que hubiere lugar conforme a las normas legales  y reglamentarias vigentes". Dicha competencia aparece reafirmada por el art. 50 del decreto-ley 1900 de 1990, expedido con fundamento en las facultades extraordinarias conferidas al Gobierno por la referida ley 72, el cual señala: "Cualquier red o servicio de telecomunicaciones que opere sin autorización previa será considerado como clandestino y el Ministerio de Comunicaciones  y las autoridades militares y de policía procederán a suspenderlo y a decomisar los equipos, sin perjuicio de las sanciones de orden administrativo o penal a que hubiere lugar, conforme a las normas legales  y reglamentarias vigentes". Las normas precedentes diferencian las medidas preventivas de las sancionatorias aplicables y las autoridades responsables de aplicarlas en cada situación, cuando ocurra la violación del requisito de operación señalado. Confirman la apreciación anterior los textos transcritos al establecer que las medidas de suspensión y decomiso de los equipos se imponen por "el Ministerio de comunicaciones y las autoridades militares y de policía", (...) "sin perjuicio de la aplicación de las sanciones de orden administrativo o penal". El decreto-ley 1900 de 1990 precisa, al igual que el decreto reglamentario 1480 de 1994, las sanciones aplicables a las infracciones de las normas sobre telecomunicaciones y, particularmente relacionadas con la radiodifusión sonora, sin que dentro de ellas se incorpore la aludida medida preventiva. En efecto, dice el artículo 53 del decreto 1900: "La persona natural o jurídica que incurra en cualquiera de las infracciones señaladas en el artículo anterior será sancionado con multa hasta por el equivalente a un mil (1000) salarios mínimos legales mensuales, suspensión de la actividad hasta por dos (2) meses, revocación del permiso, caducidad del contrato o cancelación de la licencia o autorización, según la gravedad de la falta, el daño producido y la reincidencia en su comisión". Por su parte el artículo 121 del decreto 1480, dispone: "El incumplimiento por parte del concesionario del servicio de radiodifusión sonora de las normas establecidas en este decreto, dará lugar a la imposición de sanciones mediante resolución motivada del Ministerio de comunicaciones que podrán consistir, según la gravedad de la falta, en: "1. Multa hasta por una suma equivalente a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales". "2. Suspensión de las transmisiones hasta por un término de dos (2) meses". "3. Cancelación de la licencia de concesión para la prestación del servicio". Examinada la actuación cumplida por el Alcalde y el Comandante de Policía de Acacías y confrontadas las disposiciones legales y reglamentarias reseñadas,  se concluye que las autoridades demandadas procedieron con arreglo a precisas competencias que les fueron asignadas; por lo tanto, si estaban habilitadas jurídicamente para suspender la actividad de una emisora que operaba en forma clandestina y, por consiguiente, sin ningún título jurídico válido para prestar el servicio de radiodifusión sonora . Llama la atención a la Sala la circunstancia de que la sociedad peticionaria de la tutela no sólo se encontraba en una situación ilegitima, sino que deliberadamente pretendía seguir funcionando al margen de la ley y burlando las decisiones de las autoridades. En efecto, las actividades de radiodifusión sonora de la emisora fueron suspendidas por primera vez el 22 de Junio de 1994, como resultado de una investigación iniciada por el Personero Municipal de Acacías, la cual se puso en conocimiento de la Alcaldía y de las autoridades militares y de policía (fls. 111 y 112), y permitió establecer de manera fehaciente la operación clandestina de la emisora. Sin embargo, dichas medidas resultaron inanes, porque la sociedad peticionaria de la tutela se colocó en posición de rebeldía frente a las autoridades, pues procedió al rompimiento de los sellos colocados en las instalaciones de la emisora y continuó funcionando clandestinamente. La anterior situación obligó a que el Alcalde Municipal de Acacías mediante comunicación del 18 de agosto de 1994 ordenará al señor Comandante Segundo del Distrito de Policía de la localidad lo siguiente: "1. Solicitar al establecimiento antes mencionado la respectiva licencia del Ministerio de Comunicaciones, junto con la orden expresa del levantamiento del sello. 2.- De no cumplir con el requisito anterior proceder nuevamente al cierre del establecimiento por falta de los respectivos requisitos. 3.- Hacer la amonestación respectiva por el desacato y manifestarles las sanciones a las que se hacen merecedores en caso de reincidencia. 4.- Comisionar a la Inspección Tercera de Policía, para efectuar la respectiva diligencia". De suerte pues, que la nueva suspensión de actividades de la emisora  Panorámica Stereo, verificada el 18 de agosto de 1994, en cumplimiento de la orden antes mencionada, obedeció a la persistencia de la sociedad peticionaria en seguir operando una emisora contra expresa prohibición legal y con abierto desacato de una primera orden de policía, ejecutada materialmente en el sentido de sellar las instalaciones  de la emisora. El fundamento de la tutela, a juicio de la peticionaria, se encuentra en que la suspensión ocurrió cuando ésta disponía de un término para acomodar su situación a los términos de la ley, circunstancia que el Alcalde y el Comandante de Policía de Acacías desconocieron (art. 131 del decreto 1480 de 1994). Es evidente que la norma en referencia se expidió con el fin de sanear la situación de las emisoras que venían operando clandestinamente, y fue asi como estableció un plazo de 60 días, dentro del cual “podrán solicitar al Ministerio de Comunicaciones (...) la iniciación del procedimiento de selección objetiva para prestar el servicio en el municipio o distrito donde han venido operando”. Debe  precisarse que la disposición en cuestión comenzó a regir el 15 de julio de 1994, porque según sus propios términos su vigencia comenzaba a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. Además, que ella fue suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado mediante auto del 20 de enero del año en curso, por exceder las normas reglamentadas. Así pues, si se tiene en cuenta que la suspensión de las actividades de la emisora ocurrió el 22 de junio de 1994, resulta imposible que se pudiera invocar para oponerse a la medida una norma que aún no había sido expedida y, por lo mismo, no podía ser objeto de desconocimiento por las autoridades demandadas. Para la Corte no resulta establecida la vulneración de ninguno de los derechos fundamentales cuya protección se reclama, porque el supuesto básico para deducir su transgresión, necesariamente debe partir de la existencia de la titularidad legítima del pretendido derecho agredido, que en el caso de que se ocupa la Sala lo constituiría el derecho adquirido validamente de la sociedad actora para operar la emisora, pues sólo en este evento la suspensión de las operaciones de difusión por las autoridades demandadas podrían configurar un acto arbitrario atentatorio de los derechos fundamentales, como el de la igualdad y del debido proceso. Para la Sala resulta obvio que la tutela no puede constituir un escudo para legitimar el ejercicio de conductas ilícitas; cuando se acude a este mecanismo de protección necesariamente se parte del supuesto de que el peticionario se encuentra actuando dentro de una situación legitimada por el derecho, es decir, no ilícita. Si los particulares están sometidos a la Constitución y a la ley, si deben respetar y obedecer a las autoridades y tienen entre sus deberes no abusar de sus derechos y respetar los derechos ajenos (arts. 4o y 95-1 C.P.), no se concibe que puedan invocar una protección del Estado para desarrollar una actividad ilegitima. Cuando se invoca un derecho que exige como condición de su ejercicio la autorización del Estado, no le es dable a su presunto titular reclamar su protección sin que previamente se haya establecido su origen y existencia. Por lo tanto, no contando la sociedad peticionaria con la concesión del servicio de radiodifusión sonora, no puede reclamar su derecho a operar como emisora. Conclúyese de lo expuesto en que fue ajustada a la ley la operación administrativa de suspensión de actividades de la emisora Panorámica Stereo por las autoridades demandadas y que no se violaron los derechos fundamentales que se invocan. Es preciso, por lo que se ha visto, revocar el fallo del H Consejo de Estado, Sección Quinta y confirmar el proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó la tutela impetrada. IV.  DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Tutela, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. REVOCAR la sentencia de fecha veinticuatro (24) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y en su lugar CONFIRMAR el fallo de veinte (20) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) del Tribunal Administrativo del Meta que negó la tutela solicitada por la sociedad Panorámicas Publicidad Ltda. SEGUNDO. Para los fines del artículo 36 del decreto 2591 de 1991, por Secretaría General háganse las comunicaciones a que haya lugar. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1] . T- 411 de 17 de Junio de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

T-139-95 Sentencia No Sentencia No. T-139/95 ACCION DE TUTELA CONTRA PERSONA INDETERMINADA-Improcedencia No existe acción de tutela cuando se dirige contra personas indeterminadas, puesto que si el sujeto pasivo de la acción no es conocido el juez de tutela no puede dirigir su poder y obtener una real solución del problema planteado. ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES/INDEFENSION-Inexistencia/ACCION DE TUTELA-Improcedencia La indefensión entre particulares es una relación fáctica y jurídica que coloca a la persona que la sufre en situación  de desventaja ostensible hasta el grado de quedar materialmente inerme para evitar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales. En esta tutela no existe prueba alguna de que el petente haya quedado inerme para defender sus derechos fundamentales. Se trata de una esposa e hijas que no desean (por motivos que se desconocen) convivir con su cónyuge y padre, esta reprochable y lamentable situación no es jurídicamente una situación de indefensión. En el presente asunto, donde sólo existe la manifestación del petente, sin prueba alguna que permita deducir la presente violación a un derecho fundamental y sin el menor asidero fáctico para concluir que el solicitante se encuentra en situación de indefensión, no puede proceder la tutela por doloroso que sea el caso personal de quien la impetra. REF: EXPEDIENTE T-37873 Peticionario: Alfonso Peñaloza Florez. Procedencia: Tribunal Superior de Santafé de Bogotá -Sala Civil-. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Tema: - Tutela contra particulares. Santa Fe de Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En proceso de tutela identificado con el número de radicación T-37873, adelantado por Alfonso Peñaloza Florez. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala. 1. Solicitud. 1.1. Tutela contra ausentes, contra "toda persona" y contra sí mismo: Alfonso Peñaloza Florez, impetró acción de tutela contra los particulares ausentes Martha Elena Caicedo Ferrer; sus tres hijas Iovania, Andreia y Dalaia Peñaloza Caicedo y contra personas indeterminadas o contra "TODA PERSONA --no identificada hasta la fecha, sobre la cual existen indicios o recaen sospechas-- que, directa o indirectamente, por acción o por omisión, haya prestado su concurso o lo esté prestando en el presente o lo comprometa en el futuro".Posteriormente en declaración ante el Juzgado 24 Civil del Circuito de esta ciudad, parecería dar a entender que la tutela también la instaura contra sí mismo porque dice: "solicito igualmente se tutele los derechos fundamentales de mis menores hijas, de quienes el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 presume el estado de indefensión y complementariamente la situación de subordinación e indefensión en relación conmigo mismo---" (versión de 9 de noviembre de 1994). 1.2. hechos señalados en la solicitud: a) El día 19 de diciembre de 1974, el accionante de esta tutela contrajo matrimonio católico con la señora Martha Elena Caicedo Ferrer, fruto del cual nacieron las niñas Iovania, Andreia y Dalaia Peñaloza Caicedo. b) Según narra el señor Peñaloza Florez, en dicho matrimonio la convivencia entre sus miembros fue permanente y solo "Al terminar la primera semana de enero de 1994, al parecer el día 6 o el día 7 --con aprovechamiento de una ausencia laboral mía iniciada el día 5 del mismo mes y año-- mi esposa y mis tres hijas hicieron abandono del hogar, desaparecieron del apartamento de habitación, en forma no advertida a mí, de manera sorpresiva y no explicada, además de no dejar indicación sobre el destino o rumbo seleccionado, es decir, ocultando el nuevo domicilio y la dirección de la nueva residencia." c) Hasta la fecha de presentación de esta acción de tutela, el peticionario no tiene conocimiento del paradero de su esposa e hijas, a pesar de que dirigió una misma nota a 6 direcciones de familiares de su esposa para obtener información sobre su familia. d) Como consecuencia de lo anterior las hermanas del petente de esta tutela, recibieron una carta firmada por la señora Martha Elena, cuya fotocopia se anexó al expediente. (folio 20), sin que se haya dado información sobre el lugar donde se encuentran. d) Afirma el solicitante de la tutela que abriga "serios temores acerca de la suerte presente y futura de mi esposa y de mis hijas --cuenten o no con la complicidad o indebido apoyo de terceros, que hayan provocado, patrocinado o amparado el hecho y continúen haciéndolo o con la  complicidad bajo cualquiera otra de las formas enunciadas anteriormente, en el encabezamiento del presente escrito-- en virtud de los riegos existentes, de sus edades y de su condición de mujeres, de su inexperiencia, de la posibilidad de ser engañadas, sorprendidas en su buena fé..." Con la actuación de los particulares atrás descritos, el peticionario considera violados el derecho a tener una familia, el "derecho al trato y a la comunicación" con su esposa y sus hijas, y los derechos consagrados en la Constitución Política en los artículos 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 25 y 28. 1.3. El señor Peñaloza qué busca a través de la acción de tutela?: "1. Rescatar la integridad de mi familia..." "Este rescate debe estar abonado y acompañado de encuentros de familia, es decir de un curso de familia". "2. Restablecer el trato y comunicación personales, directo y recíproco entre los miembros de mi familia..." "3. Declarar, comunicar, garantizar y asegurar --por parte de los miembros de mi familia o de quienes conozcan su domicilio o residencia-- la información permanente, precisa y exacta y completa, del domicilio y residencia de mi  familia..." "4. Recuperar la integridad del patrimonio psíquico, espiritual, material, económico y crematístico de mi familia..." 5. "Abstenerse toda persona, sin excepción... de cumplir cualquiera forma de conducta que vulnere los derechos de mi familia o conduzcan a su desintegración o la perpetúe o lleve a la descomposición de su patrimonio, o a la perpetuación de esa misma descomposición patrimonial, bajo cualquiera forma de acción o de omisión," "6. Proteger mi integridad personal, tanto física como psíquica y espiritual.." Estos hechos y peticiones los respalda en los correspondientes registros del estado civil, en extensos memoriales dirigidos al juez de tutela, en comunicaciones firmadas por el mismo Alfonso Peñaloza y dirigidas al general Octavio Vargas,  a una firma inmobiliaria y a Davivienda, en una constancia del mismo Peñaloza dejada en una Comisaría de Familia y en la fotocopia de una carta que según Peñaloza provenía de su esposa y que dice: "Bogotá, Enero de 1994 Alicia, Tere, Stella, Constanza: Debido a algunas circunstancias que no es del caso nombrar las niñas y yo hemos decidido alejarnos. Tenemos fé en que esta determinación es la más correcta para todos y estamos seguros de que Dios sabrá ayudarnos. lo que queremos es que estén tranquilos, vamos a estar bien. Por favor, les pedimos que estén al lado de la abuelita. Los quiere Marta Elena 2. Sentencia del Juzgado 24 Civil del Circuíto de Santafé de Bogotá. El Juzgado 24 Civil del Circuíto de esta ciudad al resolver en primera instancia la acción de tutela de la referencia, mediante sentencia de marzo 16 de 1994,, resolvió rechazar la acción de tutela, en consideración a los siguientes argumentos: - La acción de tutela no puede dirigirse contra personas indeterminadas.  Arguye el juzgado que es "improcedente la acción de tutela por carencia cualificada del sujeto contra quien se dirige, como por su objeto." - De acuerdo con el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela solo procede contra particulares en los casos donde se reuna los requisitos allí cualificados.  En este caso en particular en donde los sujetos contra los que se dirige la acción son indeterminados, hace que los hechos no puedan tipificarse dentro de la posibilidad de admitir tutela contra particulares. - Considera el A-quo que el señor Peñaloza, busca "solucionar jurídicamente problemas de índole matrimonial o conyugal con su esposa, sobre bienes sociales conyugales y lo relacionado con dos menores hijas, le corresponde concurrir ante los jueces de familia, si a bien lo tiene, promoviendo las acciones que para tales casos establece la ley." 3. La impugnación El señor Alfonso Peñaloza Florez, interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado 24 Civil del Circuíto de Santafé de Bogotá, con base en los siguientes argumentos: - La tutela es el único medio idóneo, apto para defender sus derechos fundamentales, debido a que - dice el peticionario- "se trata de encontrar protección inmediata a partir de derechos fundamentales, expresos o no.." - La tutela contra particulares cabe cuando haya un estado de indefensión, que es la situación en la que se encuentra el actor, indefensión frente a las consecuencias de desintegración de su familia. - La acción de tutela contra personas indeterminadas no está expresamente prohibida, por lo que estaría tácitamente permitida.  Además considera que a través de la investigación las personas que hoy son indeterminadas pueden determinarse. 4. Sentencia del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, D.C. El Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, D.C., en su Sala Civil, mediante providencia de abril 29 de 1994, confirmó la sentencia impugnada, con base en las siguientes consideraciones: - "tiene que existir un sujeto pasivo conocido contra quien enderezar la acción; de un lado, de otro, en caso de ser contra particular, estar inmerso en cualquiera de las causales del artículo 42 de la norma en cita.  Lo primero tiene su razón de ser, porque si no hay querellado, identificado, cómo puede aseverarse que está violado un derecho ?. O si la violación existe, pero se ignora de quien depende, cómo hacerle cumplir un fallo de Tutela ?" - En referencia a la acción de tutela dirigida contra la señora Martha Elena Caicedo Ferrer encuentra el Tribunal que "el estado de indefensión o subordinación del esposo frente a la esposa no se probó, presumiéndose igualdad entre ellos como esposos y padres, compartiendo similares derechos y obligaciones." - Considera el Tribunal que "no es la vida ni la integridad personal del señor Peñaloza la que se dice vulnerada o amenazada de serlo, pues los hechos se enfilan a la familia como núcleo para que permanezca unida, luego el derecho a la vida no se toca." - Existen otros medios de defensa judicial para obtener lo pretendido, como las contempladas en el Estatuto de Familia. 5.- Declaratoria de nulidad. Esta Sala de Revisión, en auto de 18 de octubre de 1994, consideró que se había violado el derecho de defensa de los particulares ausentes: esposa e hijas del petente, contra quienes se dirigió la tutela, por cuanto no se hizo diligencia alguna para notificarles la existencia de la acción. Por esta razón regresó el expediente al Juzgado de origen. 6.- Nueva actuación en el Juzgado 24 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá. Con criterio formalista, el a-quo inicialmente creyó que la forma de subsanar la falta de notificación de las personas contra quienes se dirigía la acción, era la fijación  de un Edicto en la Secretaría del Juzgado "por el término de dos días, vencido esto quedaran notificados del presente auto" (providencia de 4 de noviembre de 1994). Posteriormente, determinó que a costa del accionante se publicara el edicto en una emisora de amplia circulación (auto 9 de noviembre); lo cual se hizo en Radio Super los días 11 y 15 de noviembre; dándose así un medio eficaz de publicidad  a la existencia de la acción. 7. Sentencia del Juzgado 24 Civil del Circuito: El Juzgado, consideró improcedente la acción por cuanto no se ubican los hechos dentro de las situaciones tipificadas en los numerales 1 a 9 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 8.- Impugnación: Alfonso Peña presentó en término la impugnación y fundamenta su argumentación en el restablecimiento del trato y la comunicación personales con su familia. 9.- Sentencia del Tribunal de Santafé de Bogotá, Sala Civil, de 25 de enero de 1995. El ad-quem reiteró los argumentos expuestos en la providencia de 29 de abril de 1994, ya relacionada y confirmó la decisión del a-quo. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para conocer de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 35 y 42 del Decreto No. 2591 de 1991; además, su exámen se hace por virtud de la selección que de dichas acciones practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. 2.- Tutela contra particulares y estudio del caso concreto. La tutela contra particulares solo procede en las circunstancias señaladas en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. En el presente pese a la inhumana situación narrada por el petente, caso bajo ningún aspecto se está dentro de las 9 causales allí descritas. Pero como Peñaloza en algunos de sus escritos habla de indefensión y subordinación, habrá que explicar por qué no se dan estas circunstancias. Como, además, insiste en la violación del derecho que tiene al trato y comunicación con su familia, se requerirá estudiar este tema, observándose el máximo de prudencia porque esta tutela no ha tenido contradictor por la ausencia de las personas determinadas contra quienes se instauró, siendo más compleja la situación porque también se dirigió contra personas indeterminadas y aún contra el mismo petente. Entonces, habrá que evacuar este aspecto procesal en primer término. A) El procedimiento de tutela tiene como característica fundamental y esencial la de ser un procedimiento especial y breve que garantiza la protección ágil y cierta de derechos y libertades que la Constitución Política le reconoce a todas las personas. Procedimiento éste que debe regirse bajo principios expresamente consagrados en el artículo 3 del Decreto 2591 de 1991, como el de prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad, eficacia y publicidad.  Esto no quiere decir que el juez de tutela so pretexto de decidir una solicitud de protección de derechos fundamentales a través de un procedimiento que tiene un carácter sumario e informal pueda atentar contra derechos que también son amparados por la Constitución. Por ello es importante que la parte contra quien se dirige la acción, esté enterada de su existencia, o, al menos, emplearse los medios eficaces para que ello ocurra. Así lo explicó la Sala Primera de Revisión: "La Sala considera pertinente destacar que si tratándose de acciones de tutela dirigidas contra una autoridad pública, las notificaciones deben realizarse por el medio que el juez considere más expedito y eficaz, este principio opera con mayor razón cuando la acción está dirigida contra un particular.  El ideal, lógicamente, consiste en la notificación personal de la providencia que admite la demanda de tutela y ordena tramitarla.  Pero si esta notificación personal no es posible, en razón de la distancia y el angustioso término de diez (10) días fijados en la Constitución impide el emplazamiento de la persona demandada, tal notificación deberá hacerse por el medio que, siendo expedito y eficaz, asegure o garantice que el demandado tenga un conocimiento real del comienzo del proceso.  El juez debe ser especialmente cuidadoso para garantizar el derecho de defensa del particular.  Pues una acción de tutela tramitada sin que éste tenga conocimiento real de su existencia, jamás se ajustará al debido proceso."[1] Por supuesto que la búsqueda del medio expedito y eficaz no es una obligación de resultado, es decir, si el Juez utiliza los medios formales y materiales que esten a su alcance, se da por hecha la notificación, sin que pueda alegarse que el no resultado de la misma impide la continuación de la acción. Respecto a personas AUSENTES, concretamente determinadas: debe cumplirse con lo señalado en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991. Es muy distinto el caso de la persona ausente a la persona indeterminada por cuanto la Constitución Política, en su artículo 86, establece como elemento esencial de la acción de tutela la existencia de violación de derechos fundamentales o amenaza de conculcación de estos para la protección de los mismos. Protección que consistirá en una orden, lo cual implica que su efectividad reside en la posibilidad de que si existe un daño producido frente a derechos fundamentales pueda impartirse un mandato que debe ser obedecido y acatado. Además, el artículo 6 del numeral 5 del Decreto 2591 de 1991 considera improcedente la tutela por actos impersonales o abstractos. Por lo tanto es forzoso concluír que no existe acción de tutela cuando se dirige contra personas indeterminadas, puesto que si el sujeto pasivo de la acción no es conocido el juez de tutela no puede dirigir su poder y obtener una real solución del problema planteado Mucho menos procede la tutela cuando quien la instaura la dirige contra si mismo, ello es incoherente y atenta contra el principio: NEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. B) Ahora se analizará si puede estar en indefensión el padre porque su esposa e hijas se han ausentado de él. Es indispensable estudiar el caso concreto. El señor Peñaloza Flórez dice: "el mismo accionante (sic) está en la situación de indefensión ante las consecuencias de la desintegración de la familia y debido a que sus miembros ausentes se ocultan, callan su domicilio y la dirección de la residencia, cumplen acciones de desorientación para no ser hallados, rompen unilateralmente la comunicación" (memorial presentado al Juez de Tutela el 15 de noviembre de 1994). Hay que aclarar que no se puede confundir la presunta violación del derecho con la situación de indefensión. La Corte ha dicho: "La indefensión entre particulares es una relación fáctica y jurídica que coloca a la persona que la sufre en situación  de desventaja ostensible hasta el grado de quedar materialmente inerme para evitar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales".[2] En esta tutela no existe prueba alguna de que el petente haya quedado inerme para defender sus derechos fundamentales. Se trata de una esposa e hijas que no desean (por motivos que se desconocen) convivir con su cónyuge y padre, esta reprochable y lamentable situación no es jurídicamente una situación de indefensión. Menos aún puede afirmarse que hay subordinación de un señor, mayor de edad, profesional, intelectual, respecto de sus hijos y esposa. Como tampoco tiene sentido que el petente instaure la acción contra sus hijas menores y al mismo tiempo habla a nombre de ellas para invocar subordinación e indefensión respecto del padre (quien es precisamente el petente). C) Ahora una acotación sobre "trato y comunicación". Al ampararse a la familia como institución básica de la sociedad (art. 5 C.P.) y calificársela como núcleo fundamental de la misma y por lo tanto sujeta a la protección por parte del Estado y la sociedad (art. 42 C.P.), se está protegiendo su unidad, sin llegar al extremo de volverse un principio absoluto e inmodificable, puesto que respecto del cónyuge puede haber separación y disolución del vínculo, y, tratándose de los hijos, existen causales de pérdida de la patria potestad y de todas formas, al llegar a la mayor edad, no permanecen obligatoriamente sometidos a una férrea estructura familiar, menos aún patriarcal. Claro está que lo ético es mantener las buenas relaciones en la familia y ello implica la existencia del trato. Una de las acepciones de TRATO es: "Comunicación familiar y amigable" Implica reciprocidad, la cual difícilmente se logra mediante órdenes. Por supuesto que el ideal es que no se rompa el trato, especialmente entre familiares, pero si ello ocurre hay también medios sociales y personales para restablecerlo. La Constitución dice que debe haber RESPETO RECIPROCO entre los integrantes de una familia en su RELACIONES, la pregunta es: esto se logra mediante la tutela? En reciente sentencia, se estudió el caso de una señora que acudió a la tutela a fin de que sus hijos la obedecieran y se comportaran de manera respetuosa. La tutela no prosperó, así la conducta fuera reprochable desde el punto de vista moral. Esto dijo la Corte: "3. La familia es un objeto de regulación de enorme importancia jurídica y moral. Sin embargo, el derecho encuentra allí límites claros y precisos a su capacidad reguladora. Las condiciones requeridas para que la familia se constituya en un ideal social e individual son múltiples y sólo una parte relativamente pequeña corresponde al derecho. La familia es ante todo una cultura y una manera de percibir la realidad a través de unos valores específicos. Esta cultura familiar no sólo no puede ser directamente lograda por el derecho, sino que constituye un ámbito de libertad que debe ser protegido de toda inferencia institucional. 4. Los fines constitucionales relacionados con el núcleo familiar, sólo pueden ser entendidos como medios para la realización de fines superiores, tales como la felicidad individual o colectiva. El derecho juega un papel importante en la construcción de este ideal social, pero su contribución siempre es insuficiente, debido a que su función es de mediación y no de resultado. La peticionaria - que sólo acreditó la existencia de una situación familiar de desavenencia que no alcanza a ser calificada de violencia familiar - está demandando del ordenamiento jurídico una contribución que supera su capacidad para incidir en el cuerpo social. La solución a los problemas de la señora Márquez debe ser encontrada, en estas circunstancias, en el ámbito moral propio de las relaciones intersubjetivas familiares y no en el derecho. La tutela, en este caso, es improcedente, por razones puramente probatorias.[3] En el presente asunto, donde sólo existe la manifestación del petente, sin prueba alguna que permita deducir la presente violación a un derecho fundamental y sin el menor asidero fáctico para concluir que el solicitante se encuentra en situación de indefensión, no puede proceder la tutela por doloroso que sea el caso personal de quien la impetra. Por supuesto que impedir a toda costa que un ser humano no sepa dónde se encuentran sus hijas y su esposa, lo cual conlleva la imposibilidad del trato, es algo criticable, siempre y cuando no exista justificación legítima para la ausencia  y aunque la tutela no sea el camino idóneo para buscar una solución, de todas maneras esta Sala de Revisión invita a las partes a la reflexión. Sólo cabe agregar que en la jurisdicción de familia podrá encontrar el peticionario elementos para buscar el acercamiento familiar, valgan a manera de ejemplo, siempre y cuando no se tomen como forma coercítiva o intimidatoria: lo establecido en el artículo 288, numeral 9 del llamado Código del Menor: "Son funciones de la policía de menores:... vigilar el desplazamiento de menores dentro del país..." y el artículo 277 faculta al Defensor de Familia para ejercer funciones de policía y solicitar INFORMES a "entidades oficiales y privadas". Pero estas medidas no las puede ordenar esta Sala de Revisión porque la tutela se instauró contra particulares, no contra funcionarios. Los jueces de tutela, en el caso de estudio, han decidido con equilibrio y razonamientos dignos de mantenerse. En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte  Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR las sentencias del Juzgado 24 Civil del Circuito Santafé de Bogotá, de fecha 21 de noviembre de 1994, y del Tribunal Superior de esta ciudad, Sala Civil, de 24 de enero de 1995, proferidas dentro del proceso de la referencia. SEGUNDO: ORDENAR que por la Secretaría general de esta Corporación se comunique esta providencia al Juzgado de origen para las notificaciones y  efectos previstos en los artículos 36 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Enviése copia de esta sentencia al Defensor del Pueblo. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase y publíquese en la Gaceta Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA. Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1]Auto Septiembre 14 de 1993.  Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía. Expediente T-16617. [2]Sentencia T-189/93, Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. [3]Tutela T-060/95, Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

T-142-95 Sentencia No Sentencia No. T-142/95 ACTO ADMINISTRATIVO-Fuerza ejecutoria La ejecutoria está circunscrita a la facultad que tiene la administración de producir los efectos jurídicos del mismo, aún en contra de la voluntad de los administrados... La fuerza ejecutoria de los actos administrativos, es decir, su ejecutividad, depende entonces de dos aspectos fundamentales: la presunción de legalidad del acto administrativo, siempre que no haya sido desvirtuada, y su firmeza, que se obtiene, cuando contra los actos administrativos no proceda ningún recurso, o los recursos interpuestos se hayan decidido, o no se interpongan recursos o se renuncie expresamente a ellos, o cuando haya lugar a la perención, o se acepten los desistimientos”. ACTO ADMINISTRATIVO/SUSPENSION PROVISIONAL Una vez en firme el acto administrativo, la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establece la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”. “Si al demandarse la nulidad de un acto administrativo, el actor solicita la suspensión provisional, por considerarlo contrario al ordenamiento jurídico superior al cual debe sujetarse, y el juez de lo contencioso administrativo la decreta, aquél, pierde su fuerza ejecutoria en forma temporal hasta tanto haya un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad o ilegalidad del mismo, es decir, que los efectos no rigen, en forma tal que la Administración no puede aplicarlos, ni son oponibles. ACTO ADMINISTRATIVO/SUSPENSION PROVISIONAL-Improcedencia/ACTO ADMINISTRATIVO-Inaplicación La atribución de suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos está específicamente conferida por la Constitución a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y mal pueden interpretarse en contra de su perentorio mandato las disposiciones de los artículos 7 y 8 del Decreto 2591 de 1991, aplicables tan solo a aquellos actos contra los cuales no sea procedente dicho mecanismo, de conformidad con las reglas generales. No desconoce la Corte que la última de las disposiciones citadas, al permitir el ejercicio conjunto de la acción de tutela con las pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, faculta al juez para ordenar que tratándose de un perjuicio irremediable,  se inaplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita mientras dure el proceso, pero es obvio que ésta norma legal parte del supuesto de que en tales casos no procede la suspensión provisional, pues resultaría innecesario, inconveniente e inconstitucional que, siendo ella aplicable para alcanzar el específico fin de detener los efectos del acto cuestionado, se añadiera un mecanismo con idéntica finalidad por fuera del proceso contencioso administrativo y a cargo de cualquier juez de la República, con el peligro adicional de decisiones contradictorias, máxime si se tiene en cuenta que también la suspensión provisional se resuelve mediante trámite expedito tal como lo dispone el C.C.A. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES/ACTO ADMINISTRATIVO DE RECONOCIMIENTO DE PENSION/SUSPENSION PROVISIONAL/DEBIDO PROCESO-Vulneración/CARGA DE LA PRUEBA-Inversión en perjuicio del particular El ISS suspendió provisionalmente los efectos del acto administrativo por medio del cual se le creó al peticionario su situación de pensionado, sin que éste fuera citado, sin que pudiera conocer y controvertir los fundamentos de la suspensión, y sin que siquiera se intentara notificársela personalmente, a pesar de contar el órgano administrador con su dirección. Más claro resulta el proceder ilegítimo del ISS, si se tiene en cuenta que el acto contra el cual se impetró la tutela, fué producto de una falla de la administración, cuyo origen no aparece probado que sea imputable al administrado, y cuyos efectos no pueden hacerse recaer en él, sin que la administración aduzca su ilegalidad para propio beneficio, invirtiendo la carga de la prueba en perjuicio del actor. Ref.: Expediente No. T- 53089 Acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales -ISS- por presunta violación de los derechos al debido proceso, a la vida y a la seguridad social. Temas: Actor: Luis Alberto Castro Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz Acta No. Santafé de Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria Díaz, este último en calidad de ponente, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN, procede a dictar sentencia de revisión en el proceso instaurado por Luis Alberto Castro contra el Instituto de Seguros Sociales -ISS-. ANTECEDENTES 1. HECHOS. Luis Alberto Castro, considerando haber reunido los requisitos exigidos por el Decreto 758 de 1990 -artículo 12-, solicitó al Instituto de Seguros Sociales -ISS- el reconocimiento de su pensión por vejez. El ISS, mediante la Resolución No. 002073 del 29 de abril de 1994, reconoció el derecho del actor a recibir la pensión solicitada (folio 4). Sin embargo, mediante la Resolución No. 5423 del 16 de agosto de 1994, el mencionado Instituto suspendió la Resolución No. 002073 del mismo año, sin que Luis Alberto Castro conociera o autorizara tal trámite (folios 5-6). 2. DEMANDA. Luis Alberto Castro consideró que con la actuación del ISS se le vulneraron sus derechos al debido proceso, a la vida y a la seguridad social, razón por la cual solicitó al juez de tutela ordenarle a dicho Instituto continuar pagando las mesadas pensionales reconocidas por la Resolución 002073 de 1994. 3. PRIMERA INSTANCIA. Conoció del proceso el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cali, y después de practicar las pruebas que consideró pertinentes, resolvió acoger las pretensiones del actor y tutelar los derechos invocados, con base en la consideración siguiente: “Teniendo en cuenta las normas transcritas (artículo 29 de la Constitución y artículos 73 y 152 del Código Contencioso Administrativo), concluye el Juzgado que al conceder el Instituto de Seguros Sociales -Seccional Valle del Cauca-, mediante la Resolución No. 002073 de 29 de abril de 1994, la pensión de vejez y posteriormente suspender su efecto con la Resolución 5423 de 16 de agosto de 1994, sin agotarse ningún trámite para tal suspensión se ha violado el debido proceso administrativo por no haberse proferido la suspensión con el cumplimiento de las debidas formalidades”. “Así las cosas y aunque existe la acción contenciosa para proteger el derecho al debido proceso (Art. 84 y 85 Código Contencioso Administrativo) debe proceder la acción de tutela en el presente caso, toda vez que no se puede violar el derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales” (folios 19-20). 4. IMPUGNACIÓN. El Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca, descontento con la decisión de primera instancia, por medio de apoderado judicial, la impugnó en la oportunidad legal, aduciendo en su defensa: “El Instituto en desarrollo de las normas generales que lo rigen ha reglamentado las diferentes situaciones en lo que respecta a la prestación de servicios de salud y pago de prestaciones económicas entre otras, y en desarrollo de éstas últimas se expidió el Decreto 2665 de 1988 ´por el cual se expide el reglamento general de sanciones, cobranzas y procedimientos del Instituto de Seguros Sociales´, el cual en su artículo 42, literal b), prescribe: ´Suspensión de las prestaciones económicas y de salud. El ISS procederá a la suspensión inmediata de las prestaciones económicas y de salud en los siguientes casos:a)... b) cuando se compruebe que conforme a los reglamentos de los seguros, no se tenía derecho a ellas´”. “Es en aplicación de este precepto legal que se ha procedido a suspender la pensión de vejez, que por Resolución #02073 del 29 de abril de 1994, el ISS, le concediera al señor Luis Alberto Castro, al darse cuenta que por un error aritmético al contabilizar las semanas netas y válidas dentro del lapso de 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida (60 años), se comprobó que el accionante no tenía las 500 semanas mínimas exigidas en el período citado, como erróneamente se contabilizó en un principio al sumarle 794 semanas, cuando en realidad la sumatoria de semanas en ese período exigido julio 10 de 1933 (sic) a julio 10 de 1993 es de 490 semanas”. “...” “Si bien es cierto que el art. 29 de la C.N. establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, también lo es que las normas y preceptos del ISS son preceptos legales que a la fecha no han sido declarados inexequibles por el máximo Tribunal competente, por lo que como lo dice la Corte Constitucional en Sentencia que ya reseñamos (T-484 de agosto 11 de 1992), ´...sus reglamentos y procedimientos legales deben tenerse en cuenta...´, recordando además que el Artículo 6 de la C.N. señala que los funcionarios públicos solo pueden realizar actos que la Constitución y las leyes le permitan y que la omisión ó extralimitación en el ejercicio de sus funciones los hacen responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes” (folios 26-27). 5. SEGUNDA INSTANCIA. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, conoció de la impugnación y resolvió, el 27 de octubre de 1994, revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar, denegar la acción de tutela propuesta por Luis Alberto Castro, con base en las siguientes consideraciones: “Como primera medida, observa la Sala que contra la resolución a través de la cual se le suspendió el pago de la pensión al peticionario, como en ella misma se anota, procedían los recursos de reposición y apelación, mecanismos tendientes a enervar su contenido, además previo agotamiento de los mismos, vía gubernativa, el tutelante Luis Alberto Castro, cuenta con otros medios de defensa ante la jurisdicción ordinaria laboral en procura a establecer la efectividad de su derecho, por lo que al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 la tutela es improcedente”. “Ahora, en principio podría pensarse que el Seguro Social con su proceder desconoció el derecho fundamental del debido proceso administrativo (art. 29 C.N.), en cuanto no hubo previamente un consenso con el tutelante o un pronunciamiento judicial para disponer de tal suspensión, pero resulta que, esta medida, está expresamente dispuesta en el literal b) del artículo 42 antes citado, hasta tanto se clarifique por la vía ya indicada, si le asiste o no el derecho al peticionario y en tal medida, de prosperar, hablar de un derecho adquirido. Como tampoco, con tal proceder puede afirmarse que se atentó contra el derecho a la vida puesto que es la propia ley la que establece condiciones o requisitos para tener derecho a la pensión de vejez a cargo del Seguro Social que de no cumplirse, no se genera, aún bajo la premisa de ser vital, pues cosa diferente sería que no se le permitiera alcanzar tales requisitos por situaciones no contempladas en la ley, teniendo en este caso, la tutela otra orientación” (folios 35 vuelto-36). CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. COMPETENCIA. La Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre los fallos de instancia proferidos en el trámite del presente proceso, según los artículos 86 y 241 de la Constitución. Corresponde pronunciarse a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, de acuerdo con las normas del reglamento interno y el auto de la Sala de Selección Número Doce del 5 de diciembre de 1994.. 2. CONVENIENCIA DE ACLARAR LA DOCTRINA. La Corte Constitucional se pronunció sobre la suspensión unilateral por parte del Instituto de Seguros Sociales de prestaciones médico asistenciales y económicas, en las Sentencias T-484 de 1992, T-516 de 1993, T- 347 y 440 de 1994; aunque en todas ellas se concedió la tutela, en las dos primeras se otorgó como mecanismo definitivo y en las dos últimas como transitorio, remitiendo en uno de esos casos al actor ante la jurisdicción laboral y en el otro a la contencioso administrativa. Sobre la procedencia de la revocación del acto administrativo y su suspensión provisional cuando no existe consentimiento previo del afectado por ellas, también se pronunció la Corte en las Sentencias T- 443, 551 y 584 de 1992, y T- 230 de 1993. En los dos primeros casos se juzgó procedente, en los dos últimos improcedente. Además, la Corte expuso su doctrina sobre el acto administrativo, su existencia, eficacia y fuerza ejecutoria, su suspensión provisional y la supremacía de la Constitución, en la Sentencia C-069 del 23 de febrero de 1995. Es entonces conveniente aclarar la doctrina sobre los asuntos jurídicos que se plantean en la revisión del presente proceso. 3. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL. 3.1. Fuerza ejecutoria del acto administrativo. Sobre ella, dijo la Corte en la Sentencia C-069 del 23 de febrero de 1995 (Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara): “...está circunscrita a la facultad que tiene la administración de producir los efectos jurídicos del mismo, aún en contra de la voluntad de los administrados... La fuerza ejecutoria de los actos administrativos, es decir, su ejecutividad, depende entonces de dos aspectos fundamentales: la presunción de legalidad del acto administrativo, siempre que no haya sido desvirtuada, y su firmeza, que se obtiene según el artículo 62 del Decreto 01 de 1984, cuando contra los actos administrativos no proceda ningún recurso, o los recursos interpuestos se hayan decidido, o no se interpongan recursos o se renuncie expresamente a ellos, o cuando haya lugar a la perención, o se acepten los desistimientos”. Así, el acto administrativo tiene fuerza ejecutoria, produce sus efectos jurídicos, una vez ha quedado en firme luégo de cumplir con los requisitos de publicación o notificación, y cuando no queda por resolver recurso alguno en su contra. Debe entonces la Administración proceder a cumplirlo y a hacerlo cumplir. Ahora bien: tal como lo anotó la Corte en la Sentencia T-484 del 11 de agosto de 1992 (Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz), el particular que inicia con su petición una actuación de la administración, tendente a que se le resuelva una situación de carácter particular y concreto, o se le reconozca un derecho de igual categoría, puede exigir por vía de tutela que se expida el acto administrativo por medio del cual se da pronta resolución a su petición. 3.2. Suspensión provisional del acto administrativo por vía judicial. Una vez en firme el acto administrativo, “La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establece la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial” (artículo 238 de la C.N.). Sobre el punto, se señaló en la Sentencia C-069/95, antes citada: “En desarrollo de dicho precepto constitucional, los artículos 152 a 154 del Decreto 01 de 1984 (C.C.A.) subrogados por los artículos 31 y 32 del Decreto 2304 de 1989 determinaron las reglas para la suspensión de los efectos de los actos administrativos por parte del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos”. “...” “Así pues, la suspensión provisional es una declaración judicial atribuída por la Constitución Política a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. “Si al demandarse la nulidad de un acto administrativo, el actor solicita la suspensión provisional, por considerarlo contrario al ordenamiento jurídico superior al cual debe sujetarse, y el juez de lo contencioso administrativo la decreta, aquél, pierde su fuerza ejecutoria en forma temporal hasta tanto haya un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad o ilegalidad del mismo, es decir, que los efectos no rigen, en forma tal que la Administración no puede aplicarlos, ni son oponibles”. La atribución conferida por el Constituyente a la jurisdicción contencioso administrativa para suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos, enfrenta al juez de tutela con varias situaciones que han sido objeto de decisión por parte de la Corte: 1) existe violación o amenaza de un derecho fundamental por parte de una autoridad ejecutiva, pero el afectado no cuenta con acción contencioso administrativa, o dentro del trámite de ella no es posible controvertir tal violación; 2) existe violación o amenaza de un derecho fundamental, el afectado cuenta con acción y no procede, de acuerdo con las reglas del artículo 31 del Decreto 2304 de 1989, la suspensión provisional; 3) existe violación o amenaza de un derecho fundamental, el afectado cuenta con acción contencioso administrativa y procede la suspensión provisional de los efectos del acto. En situaciones en las que existe violación o amenaza de un derecho fundamental por parte de una autoridad ejecutiva, y no cuenta el afectado con acción ante la jurisdicción contencioso administrativa, o dentro del trámite de ella no es posible la controversia sobre la violación del derecho constitucional, la tutela procede como mecanismo definitivo de protección del derecho constitucional conculcado. Así quedó planteado en las Sentencias T-090 de 1995 y T-100 de 1994, ambas de la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas. Cuando existe violación o amenaza de un derecho fundamental, el afectado cuenta con acción contencioso administrativa, y no procede la suspensión provisional, el juez de tutela debe dar aplicación a los artículos 7 y 8 del Decreto 2591 de 1991: “Artículo 7°. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere”. “Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante”. “La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible”. “El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso”. “El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado”. “Artículo 8°. La tutela como mecanismo transitorio. Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. “En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado”. “Si no la instaura, cesarán los efectos de éste”. “Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el proceso”. Finalmente, cuando existe la violación o amenaza del derecho, hay acción contencioso administrativa y procede la suspensión provisional, el juez de tutela debe proceder como indica la Sentencia T-443 de 1992 (Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo): “La atribución de suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos está específicamente conferida por la Constitución a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y mal pueden interpretarse en contra de su perentorio mandato las disposiciones de los artículos 7 y 8 del Decreto 2591 de 1991, aplicables tan solo a aquellos actos contra los cuales no sea procedente dicho mecanismo, de conformidad con las reglas generales. No desconoce la Corte que la última de las disposiciones citadas, al permitir el ejercicio conjunto de la acción de tutela con las pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, faculta al juez para ordenar que tratándose de un perjuicio irremediable,  se inaplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita mientras dure el proceso, pero es obvio que ésta norma legal parte del supuesto de que en tales casos no procede la suspensión provisional, pues resultaría innecesario, inconveniente e inconstitucional que, siendo ella aplicable para alcanzar el específico fin de detener los efectos del acto cuestionado, se añadiera un mecanismo con idéntica finalidad por fuera del proceso contencioso administrativo y a cargo de cualquier juez de la República, con el peligro adicional de decisiones contradictorias, máxime si se tiene en cuenta que también la suspensión provisional se resuelve mediante trámite expedito tal como lo dispone el Código Contencioso Administrativo”. 3.3. Suspensión provisional del acto por vía administrativa. Al respecto, dijo la Corte en la Sentencia C-069/95 que se viene comentando: “Lejos de contrariar las normas constitucionales en que se apoya la demanda (artículos 189 y 209 de la C.N.), la Administración Pública tiene un control interno que se ejerce en los términos que señale la ley, de manera que el legislador está facultado por la Constitución (artículo 209) para consagrar causales excepcionales a través de las cuales la misma Administración puede hacer cesar los efectos de los actos administrativos, como ocurre cuando desaparecen los fundamentos de hecho o de derecho del mismo acto administrativo, sin que haya lugar a que al erigirse ésta pueda desprenderse quebrantamiento constitucional alguno, lo que da lugar a considerar que el cargo mencionado no está llamado a prosperar”. “...” “El criterio según el cual los casos mencionados de pérdida de fuerza ejecutoria no son adoptados la mayoría de las veces, por quien tiene la potestad de suspender o anular el acto respectivo, como lo es la jurisdicción de lo contencioso administrativo no implica que con ello se infrinja precepto constitucional alguno, ya que por el contrario el título al cual corresponde la norma demandada se refiere a la conclusión de los procedimientos administrativos, lo que da lugar a considerar que dichas causales legales son procedentes dentro de la actuación administrativa” (Subraya fuera del texto). “A lo anterior resulta importante agregar que la decisión adoptada por la administración en aplicación de cualquiera de las causales de que trata la norma acusada, es susceptible de ser demandada ante la misma jurisdicción contencioso administrativa dentro de la oportunidad legal correspondiente, lo que garantiza la tutela del orden jurídico y el restablecimiento de los derechos de los particulares que puedan ser lesionados en virtud de la expedición del acto sobre pérdida de fuerza ejecutoria por parte de la administración, cuando este se haga necesario”. Sin embargo, la Sala resalta que la decisión sobre pérdida de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos, está consagrada en la ley de manera tal que la controversia sobre la procedencia de las causales consagradas en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, debe darse dentro de la actuación que termina con su adopción, al menos en los casos de actos que hayan creado o modificado una situación jurídica particular o reconocido un derecho individual, pues así lo indica el artículo 2 de la Constitución Política, al señalar como uno de los fines esenciales del Estado, “...facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan...”. Así lo consideró la Corte en la Sentencia T-440 del cinco de octubre de 1994 (Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz), al señalar que el ISS vulneró el derecho al debido proceso al actuar en contra de la regla señalada. Dijo la Corte en esa oportunidad: “En el caso sub-exámine, encontramos que el ISS procedió equivocadamente; en efecto, desde un comienzo, ese ente administrativo, mediante sendos actos administrativos (resoluciones 12907 de 1976 y 03511 de 1981), concedió la calidad de pensionado por incapacidad permanente al peticionario. De las pruebas que obran en el expediente, se advierte la actuación ilegal del ISS, que en forma insolidaria y negligente despojó al asegurado de su pensión de invalidez permanente, y demás prestaciones asistenciales, sin mediar citación y decisión de ninguna especie...”. Más aún: cuando la administración no da al particular la posibilidad de participar en la decisión sobre la suspensión de los efectos del acto administrativo que le reconoció un derecho o le creó o modificó una situación jurídica particular, y omite expedir un acto que la contenga y sea atacable ante la jurisdicción contencioso administrativa, la Corte juzga que la tutela es procedente como mecanismo definitivo para la protección de los derechos fundamentales vulnerados por tal vía de hecho. Así lo expresó en la Sentencia T-516 del 10 de noviembre de 1993 (Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara): “Teniendo en cuenta que no sólo no existe causal legal que autorice la suspensión del pago de las mesadas pensionales, sino que además la resolución mediante la cual se reconoció la pensión constituye un acto administrativo que goza de la presunción de legalidad, y que de otra parte, contra el oficio que ordenó la suspensión de la ejecución de la citada resolución no proceden recursos ni medios de defensa judicial (por el hecho de no tener carácter ni naturaleza de acto administrativo), es por lo que surge la acción de tutela como el único mecanismo de protección ante la inexistencia de otros medios idóneos de defensa judicial que puedan asegurar la protección del derecho conculcado”. Vale mencionar también que en el caso de los actos administrativos que reconocen pensiones de vejez o invalidez, la garantía del debido proceso administrativo contenida en al artículo 29 Superior, ha de complementarse con el carácter de fundamental que adquiere, en estos casos, el derecho a la seguridad social, según lo expuso la Sentencia T-347 del 3 de agosto de 1994 (Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell): “En reiteradas jurisprudencias de las diferentes Salas de Revisión de esta Corte se ha dicho que el derecho a la seguridad social, asume el carácter de derecho fundamental, cuando su desconocimiento puede conllevar a la violación de otros derechos y principios fundamentales, como la vida, la integridad física, el libre desarrollo de la personalidad de las personas de la tercera edad y la dignidad humana (Sentencias T-426, T-471, T-491, T-534, T-571 de 1992, T-011, T-111, T-116, T-124, T-356, T-446, T-447, T-478, T-516 de 1993, T-068 y T-111 de 1994)”. “...” “Como se expresó por esta Sala de Revisión en la sentencia T-111/94, ante la pérdida de su capacidad laboral las personas de la tercera edad muchas veces se encuentran limitadas e imposibilitadas para obtener un mínimo vital de ingresos económicos que les permita disfrutar de una especial calidad de vida. En estas circunstancias, el no reconocimiento de las prestaciones a su favor por las entidades de previsión social, su no pago oportuno o la suspensión de éste, pueden significar atentados contra los aludidos derechos y principios; ello justifica plenamente la especial protección que la Constitución ha dispuesto para las personas de la tercera edad (art. 46, 47 y 48), la cual se traduce en la imperatividad de la norma del inciso 3 del art. 53, que dice: ´El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales´”. 3.4. Revocación directa del acto administrativo. Sobre la revocación directa del acto administrativo, la Corte recuerda la aclaración contenida en la Sentencia T-551 del 7 de octubre de 1992 (Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo): “El predominio del interés general es consagrado por el precepto legal como motivación imperativa ineludible para que el funcionario competente proceda a revocar el acto que riñe con aquél, no ya sobre el supuesto de consideraciones de índole jurídica sino sobre la base de la oposición real entre la permanencia de dicho acto y las conveniencias del bien colectivo. El acto administrativo de carácter general puede haber favorecido intereses de personas particulares habida cuenta de las circunstancias peculiares en que se hallen éstas. Pero en modo alguno convierte el acto administrativo en particular, individual y concreto, ni lo ampara en la previsión normativa del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo...”. Pero, cuando los actos administrativos “...hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrán ser revocados sin el consentimiento expreso y escrito del titular salvo, cuando resulten del silencio administrativo positivo, se den las causales previstas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, o fuere evidente que el acto se produjo por medios ilegales...” (Sentencia T-230 del 17 de junio de 1993, Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, y T-584 del 12 de noviembre de 1992, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero). 4. EL CASO MATERIA DE REVISIÓN. De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, es claro que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció a Luis Alberto Castro su pensión de vejez, después de estudiar la solicitud que éste presentó, y de verificar los datos que reposan en sus archivos. Es claro también que el ISS suspendió provisionalmente los efectos del acto administrativo por medio del cual se le creó al señor Castro su situación de pensionado, sin que éste fuera citado, sin que pudiera conocer y controvertir los fundamentos de la suspensión, y sin que siquiera se intentara notificársela personalmente, a pesar de contar el órgano administrador con su dirección. Más claro resulta el proceder ilegítimo del ISS, si se tiene en cuenta que el acto contra el cual se impetró la tutela, fué producto de una falla de la administración, cuyo origen no aparece probado que sea imputable al administrado, y cuyos efectos no pueden hacerse recaer en él, sin que la administración aduzca su ilegalidad para propio beneficio, invirtiendo la carga de la prueba en perjuicio del actor. En consecuencia, la Corte revocará la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, y tutelará los derechos a la seguridad social, a la protección y asistencia de la tercera edad y al debido proceso, que fueron vulnerados por el Instituto de Seguros Sociales a Luis Alberto Castro. La tutela se otorgará en la parte resolutiva de esta providencia como mecanismo provisional para evitar un daño irreparable, pues el señor Castro cuenta con acción ante la jurisdicción laboral, según explicó suficientemente la Sentencia T-347/94, antes citada: “Según el art. 2 del Código de Procedimiento Laboral, la jurisdicción del trabajo conoce de las controversias y ejecuciones que le atribuye la legislación sobre Seguro Social. Por consiguiente, las controversias que puedan presentarse entre el Instituto de Seguros sociales y sus afiliados en razón de la suspensión de una prestación económica o de salud son dirimidas por la jurisdicción laboral ordinaria y no por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La radicación de esta competencia en el juez laboral ordinario responde a la filosofía de la norma en lo relativo al carácter que tiene la suspensión de hacer cesar temporalmente el goce del derecho y no extinguirlo definitivamente, pues es aquél quien en últimas define si el beneficiario tiene o no derecho a disfrutar de la respectiva prestación, pues si se tratara de la revocación de un acto administrativo que ha reconocido un derecho subjetivo,  en el evento de que la ley permitiera su revocación, la lógica y la técnica jurídica, avalada en los preceptos de los artículos 236, 237 y 238 de la C.P., indicarían que su control jurisdicciónal debe estar atribuído a la jurisdicción de lo contencioso administrativo” DECISION En mérito de las consideraciones que anteceden, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. Revocar la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali, Sala Laboral, del 27 de octubre de 1994, y en su lugar, tutelar los derechos a la seguridad social, a la protección y asistencia de la tercera edad, y al debido proceso de Luis Alberto Castro. SEGUNDO. Ordenar al Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle, que durante las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia proceda a restablecer los efectos de la Resolución No. 002073 del 29 de abril de 1994, por medio de la cual le reconoció a Luis Alberto Castro la calidad de pensionado. TERCERO. Advertir al actor, Luis Alberto Castro, que la orden contenida en el numeral anterior se mantendrá por el término de cuatro (4) meses, durante los cuales deberá interponer la correspondiente acción ante la jurisdicción laboral ordinaria. Entablada la acción laboral durante ese término, los efectos de la orden se prolongarán hasta que el juez competente decida sobre el derecho a percibir la prestación; pero, si durante los cuatro meses siguientes a la notificación de este fallo, el señor Castro no instaura la acción laboral, los efectos de la orden cesarán definitivamente. CUARTO. Advertir al representante legal del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle, que en futuras oportunidades, debe abstenerse de incurrir en los mismos actos de violación de los derechos fundamentales de los pensionados de que dan cuenta las sentencias citadas en esta providencia, so pena de las sanciones contempladas en el Decreto 2591 de 1991 para el desacato. QUINTO. Remitir copia de este fallo al Director General del Instituto de Seguros Sociales. SEXTO. Comunicar la presente providencia al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cali para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-143-95 Sentencia No Sentencia No. T-143/95 _ DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Vulneración/PRINCIPIO A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL/DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración Existen trabajadores sindicalizados que tienen la misma remuneración salarial que los no sindicalizados. Pero con respecto al peticionario se aprecia una desigualdad salarial en relación con otros trabajadores no sindicalizados, que laboran en la misma sección, con idénticas o similares funciones y en condiciones de eficiencia iguales o parecidas. En tales circunstancias, y dado que el patrono no ha justificado el trato diferenciado, se presume que la no pertenencia al sindicato de los citados es la causa de la diferencia salarial con respecto al peticionario. Por lo tanto, existe vulneración del derecho de asociación sindical. REFERENCIA: Expediente T-48268. TEMA: La acción de tutela y el principio: a trabajo igual salario igual. PROCEDENCIA: Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. PETICIONARIO: Alberto Cortes Rodríguez. MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO BARRERA CARBONELL. Santafé de Bogotá, D. C., marzo treinta (30) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el proceso de la acción de tutela instaurada por Alberto Cortes Rodríguez contra la empresa Colombiana de Frenos S.A. COFRE. I. ANTECEDENTES. A. Hechos. Dice el peticionario de la tutela que los trabajadores afiliados al sindicato de la empresa Colombiana de Frenos S.A. COFRE presentaron un pliego de peticiones en el año de 1990, que luego de cumplido el procedimiento legal y al no existir acuerdo entre las partes, culminó con la integración de un Tribunal de Arbitramento, el cual profirió un laudo arbitral que contenía una serie de reivindicaciones para el personal sindicalizado. Dicho laudo fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta circunstancia fue aprovechada por la empresa para decretar un aumento de salarios, pero únicamente para el personal no sindicalizado. Puntualiza el peticionario que "un número de 5 compañeros, entre los cuales me cuento yo, no renunciamos al sindicato por lo que la empresa Colombiana de Frenos S.A. COFRE optó por no aumentarnos el salario, irrespetando la categoría a la cual pertenezco discriminándome salarialmente por el solo hecho de ser sindicalizado, actualmente estoy devengando $106.000.00 mientras que los compañeros que están ubicados en la categoría a la cual pertenezco tienen una asignación mensual de $172.000.00, a pesar de que yo desempeño las mismas funciones y tengo la misma responsabilidad que ellos". B. Derechos vulnerados o amenazados y pretensiones. Considera el demandante que la empresa COFRE ha violado sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, al trabajo y a la asociación sindical y, en tal virtud, demanda su tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Aun cuando el actor no precisa el objeto de sus pretensiones, la Sala interpreta que su petición de amparo persigue que a través de la tutela se ordene a la empresa que cese la violación de los aludidos derechos fundamentales, y que proceda a realizar la correspondiente nivelación salarial. C. Los fallos que se revisan. El Juzgado 10 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá mediante sentencia de agosto 5 de 1994, negó la tutela solicitada. Las consideraciones del Juzgado son, entre otras, las siguientes: De las pruebas allegadas al proceso de tutela, entre las cuales se tienen, la resolución expedida por el Director Regional de Trabajo y Seguridad Social y la relación de trabajadores sindicalizados tomada de las nóminas de pago de salarios de la empresa COFRE, se establece que no hay persecución sindical. Además que la empresa tiene actualmente 34 trabajadores sindicalizados, con lo cual se desvirtúa la afirmación del actor en el sentido de que en la empresa habían quedado 5 trabajadores sindicalizados, como consecuencia de las presiones ejercidas por el patrono para que se retiraran del sindicato. Al relacionar y comparar las cifras relativas a los sueldos básicos, al neto a pagar y a las horas extras de 4 trabajadores sindicalizados, entre los cuales se excluye al demandante, y de 4 no sindicalizados, el juzgado consideró que si bien se aprecian diferencias salariales, estas no obedecen a la circunstancia de la afiliación sindical, puesto que ellas existen no solamente entre los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, sino dentro de los trabajadores de una misma categoría. Con base en la muestra que se tomó como referencia observó el juzgado que sólo uno de los trabajadores sindicalizados labora medio tiempo extra, mientras que los otros no; en cambio todos los no sindicalizados si laboran horas extras, advirtiendo de que el hecho de que a aquéllos no se les programan horas extras, no es objeto de controversia. Por lo anterior, se estimó que el asunto objeto del debate no es similar al fallado por la Corte Constitucional con ocasión de la sentencia T-230/94, ya que en aquella oportunidad se analizaba el trato discriminatorio que practicaba una empresa, consistente en que no se programaba a los empleados sindicalizados para que realizaran trabajo suplementario, privándolos de esta manera de la remuneración por concepto de horas extras. En cambio en el presente caso se hace alusión a un presunto comportamiento positivo de amedrantamiento por la empresa encaminado a desestimular la afiliación a la organización sindical, mediante el mecanismo de otorgar salarios más bajos a los miembros del sindicato. No encontró el juzgado que se hubiera acreditado una vulneración de los derechos fundamentales del actor y, por lo tanto, consideró que sus pretensiones son improcedentes por la vía de la tutela, pues corresponde al ámbito de la competencia del juez laboral determinar la operancia práctica del principio a trabajo igual salario igual, el cual impone la valoración de una serie de condicionantes para su aplicación, como se deduce de la preceptiva del art. 143 del C.S.T. Finalmente expresó el juzgado que la tutela es improcedente porque no se puede estimar que el trabajador se encuentre en la situación de indefensión de que trata el art. 42-9 del decreto 2591. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, a través de sentencia de septiembre 12 de 1994, confirmó en todas sus partes el fallo del Juzgado 10 Civil del Circuito de la ciudad. Los fundamentos de su decisión fueron los siguientes: Estimó el Tribunal que es censurable la conducta procesal del actor al haber mantenido en reserva el hecho de haber promovido una acción ordinaria ante la jurisdicción laboral con el fin de obtener la declaración de que la empresa venía pagando al actor un salario inferior al establecido para los trabajadores no sindicalizados que realizan sus mismas funciones en igualdad de condiciones de eficiencia y jornada, asi como la condena al pago de las correspondientes diferencias salariales. Consideró el Tribunal que existe otro medio de defensa judicial que hace improcedente la tutela, y que ésta ni siquiera se puede conceder como mecanismo transitorio porque no se puede predicar la existencia de un perjuicio irremediable, más aun si se tiene en cuenta que por la vía del proceso ordinario laboral que se sigue por el actor ante el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, éste pretende que desde la fecha en que se produjo la desnivelación salarial se condene a la empresa a pagar las diferencias de salario que corresponden, tomando como punto de referencia a los trabajadores que desempeñan el mismo oficio. II. COMPETENCIA. Es competente esta Sala de Revisión para conocer y decidir sobre el asunto materia del negocio de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. 1. Procedencia de la acción de tutela en virtud de la subordinación. En razón de que el juzgador de primera instancia consideró que la presente acción de tutela era improcedente desde el punto de vista formal, porque con respecto al demandante no existe un estado de indefensión que haga viable este mecanismo de protección contra la empresa COFRE, esta Sala considera que como entre la empresa demandada y el peticionario existe un contrato de trabajo, éste se encuentra en un estado de subordinación que justifica la procedencia de la acción de conformidad con el art. 42 del decreto 2591 de 1991. 2. La igualdad en las relaciones de trabajo. El principio a trabajo igual salario igual. El nacimiento del derecho al trabajo respondió a la necesidad de regular en condiciones de igualdad, justicia y equidad las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, con el fin de proteger la vida y la salud de éstos y de este modo lograr unas especiales condiciones de existencia, acordes con su dignidad como personas humanas. Se busca a través del derecho, establecer una relación de equilibrio entre el capital y el trabajo, es decir, entre lo económico y lo social, mediante la consagración de unas normas protectoras del trabajo subordinado, dirigidas a reconocer unas garantías o derechos mínimos económico-sociales, para asegurar a los trabajadores el trabajo en condiciones dignas y justas. En la Constitución el trabajo representa un valor esencial, pues se erige en pilar fundamental del Estado Social de Derecho, como se desprende del preámbulo y de los arts. 1o, 2o, 25, 39, 48, 53, 54, 55, 56 y 64 de la C.P., porque reconoce que aquél constituye una necesidad social fundada en la solidaridad social, que contribuye a realizar la idea de justicia y a asegurar la dignidad del hombre. En tal virtud, la Constitución viene a conformar el orden normativo primario protector del núcleo esencial del derecho al trabajo. Bajo el entendido de la especial situación de desigualdad que se presenta en las relaciones de trabajo, el legislador ha arbitrado mecanismos que de alguna manera buscan eliminar ciertos factores de desequilibrio, de modo que el principio constitucional de la igualdad, penetra e irradia el universo de las relaciones de trabajo. Precisamente, el principio a trabajo igual salario igual se traduce en una realización especifica y práctica del principio de igualdad. Constitucionalmente el principio se deduce: - Del ideal del orden justo en lo social y lo económico, que tiene una proyección en las relaciones de trabajo (preámbulo, arts. 1o, 2o y 25 C.P.) - Del principio del reconocimiento a la dignidad humana, que necesariamente se manifiesta en la garantía del derecho al trabajo en condiciones dignas que aseguren un nivel de vida decoroso (arts. 1o, 25 y 53, inciso final C.P.). - Del principio de igualdad pues la naturaleza conmutativa del contrato de trabajo, traducida en la equivalencia de las prestaciones a que se obligan las partes, el suministro de la fuerza de trabajo a través de la prestación del servicio, y la remuneración o retribución mediante el salario, se construye bajo una relación material y jurídica de igualdad que se manifiesta en el axioma de que el valor del trabajo debe corresponder al valor del salario que se paga por este (art.13 C.P.). - De los principios sobre la igualdad de oportunidades, que supone naturalmente no sólo la correspondencia o el balance que debe existir entre el valor del trabajo y el valor del salario, sino con respecto a los trabajadores que desarrollan una misma labor en condiciones de jornada y eficiencia iguales; el establecimiento de la remuneración mínima vital y móvil "proporcional a la calidad y cantidad de trabajo", e incluso, la "irrenunciabilidad de los beneficios mínimos" establecidos en las normas laborales, pues el trabajo realizado en ciertas condiciones de calidad y cantidad tiene como contraprestación la acreencia de una remuneración mínima que corresponda o sea equivalente a dicho valor (art. 53 C.P.). El art. 143 del C.S.T., que consagra el mencionado principio a nivel legal, es un trasunto fiel de la filosofía recogida en los textos constitucionales de diferentes países y en los convenios y tratados internacionales, que prohiben la discriminación salarial fundada en hechos, circunstancias o situaciones que realmente no correspondan a la consideración objetiva de la calidad y cantidad de trabajo. Dice el art. 143 del C.S.T: "A trabajo igual salario igual". "1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en éste todos los elementos a que se refiere el art. 127." "2. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales." Esta norma anterior en más de 40 años a la Constitución Política, pone de presente que el legislador se anticipó al constituyente del 91 al proscribir el diferente trato en materia salarial fundado en razones distintas a las estrictamente laborales, originadas en la eficiencia, la cantidad y la calidad de trabajo, como son las atinentes al sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica o al desarrollo de actividades sindicales. En la sentencia C-230 de 19941 se dijo por la Sala Tercera de Revisión de esta Corte: "5.2. Las condiciones laborales, si bien no se encuentran enunciadas de manera explícita dentro de las razones objeto de discriminación del artículo 13, deben tener un tratamiento similar si se tiene en cuenta la especial protección constitucional de la calidad de trabajador. En consecuencia, si el trabajador aporta los indicios generales que suministren un fundamento razonable sobre la existencia de un trato discriminatorio, o que permitan configurar una presunción de comportamiento similar, le corresponde al empleador probar la justificación de dicho trato". Pero debe agregarse que el sustrato filosófico que subyace en el principio, se revela en el sentido de que lo que básicamente se reconoce es una relación de equivalencia de valores prestacionales, a modo de justicia conmutativa, en cuanto a lo que da o suministra el trabajador al patrono y lo que éste recibe a cambio, lo cual se adecúa a los valores constitucionales de la justicia, la igualdad y el orden justo. Cabría agregar además que el principio traduce igualmente la proyección de la democracia en las relaciones de trabajo porque estas al igual que aquélla se construyen básicamente sobre la idea de la igualdad jurídica y la igualdad material. Es necesario aclarar que el principio no juega por igual tratándose de trabajadores de una misma empresa que desempeñan una misma labor, pues se requiere para que opere la nivelación o la paridad salarial que el trabajo se realice en condiciones de jornada y eficiencia iguales. La valoración de las condiciones de eficiencia deben corresponder a situaciones objetivas y no a las calidades especiales de naturaleza personal (estudios, habilidades, destrezas, condiciones individuales, etc.) que potencialmente puedan hacer que resulte mas eficiente el trabajo de un trabajador con respecto a otro, sino en razón del resultado de la labor, es decir, del cumplimiento del fin que constituye el objeto del trabajo, pues de lo contrario resultaría muy difícil su aplicación, como de hecho ha sucedido con la norma del art. 143 del C.S.T., cuya efectividad prácticamente ha sido nula. El principio de efectividad de los derechos que nuestra Constitución recoge (art. 2), necesariamente obliga a optar en caso de conflicto por la adopción de fórmulas prácticas que, fundadas en la idea de la justicia material que emana de los principios valores y derechos constitucionales, hagan posible la operancia del principio en cuestión. En sentencia T-079 de 19952 , recogiendo el pensamiento de la sentencia C-230 de 1994, antes citada, se expresó lo siguiente: "La carga de la prueba del trato distinto, corresponde al empleador. Es una inversión del ONUS PROBANDI, en cuanto a que quien alega la vulneración del principio de igualdad no está obligado a demostrar que es injustificada la diferenciación que lo perjudica, esto ha sido aceptado por la Corte Constitucional en la sentencia T- 230 de 1994, anteriormente transcrita y es reiteradamente acogido por el Tribunal Constitucional Español". "En nuestra normatividad constitucional, esta apreciación sobre la carga de la prueba tiene su asidero en el art. 13 de la C.P. que establece la igualdad y prohibe la discriminación, sabio principio que es particularmente importante en el derecho laboral, por eso en cualquier contrato de trabajo, sea escrito o verbal va implícito el derecho fundamental que tienen los trabajadores a recibir trato jurídico igual para condiciones semejantes, salvo, como ya se dijo, que la diferenciación busque un fin constitucionalmente lícito, tenga respaldo razonable y esté objetivamente demostrado, en otras palabras que la distinción no se convierte en discriminación." "En conclusión. Quienes tienen la carga de probar la inexistencia de la desigualdad o la razonabilidad y objetividad del trato diferente son los empleadores a quienes se les imputa la violación al principio de igualdad. El afectado con el o presunto trato desigual sólo debe aportar el término de comparación". En otros términos, si los patronos por estar sometidos a la Constitución deben respetar el principio de igualdad que en las relaciones laborales se basa primordialmente en la idea de la conmutatividad de las prestaciones a que se obligan las partes, corresponde a aquéllos, cuando obra la prueba mínima de discriminación laboral, demostrar que el trato diferenciado se justifica objetiva y razonablemente. 2. El caso en estudio. 2.1.Vulneración del derecho a la asociación sindical. Obra en el expediente la resolución No 1678 de 4 de agosto de 1992, proferida por la Sección de Trabajo e Inspección y Vigilancia de la Dirección Regional del Trabajo, dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se puede establecer que COFRE fue sancionado sobre la base de los hechos que se exponen por el peticionario por violación al art. 39 de la ley 50 de 1990, es decir, por prácticas violatorias del derecho a la asociación sindical; no obstante, el Director Regional de Trabajo y Seguridad Social, como funcionario de segunda instancia, mediante resolución No 3805 del 3 de diciembre de 1993, esto es, antes de presentarse demanda de tutela, revocó dicha resolución, incluyendo las sanciones en ella impuestas. Igualmente aparece acreditado que la Fiscalía 36 Delegada de la Unidad 2a. de Investigación Previa y Permanente, al inhibirse por falta de atipicidad de proferir resolución de apertura de instrucción en las diligencias preliminares adelantadas por el presunto delito de violación al derecho de asociación y constreñimiento ilegal, otorga un elemento más para desestimar las aseveraciones del actor en cuanto a la vulneración o amenaza de vulneración del derecho a la asociación sindical. No obstante, la Sala observa la siguiente situación: existen trabajadores sindicalizados que tienen la misma remuneración salarial que los no sindicalizados. Pero con respecto al peticionario se aprecia una desigualdad salarial en relación con los trabajadores Antonio Marín y Jaime Pinzón, no sindicalizados, que laboran en la misma sección (discos-rines), con idénticas o similares funciones y en condiciones de eficiencia iguales o parecidas. En tales circunstancias, y dado que el patrono no ha justificado el trato diferenciado, se presume que la no pertenencia al sindicato de los citados es la causa de la diferencia salarial con respecto al peticionario. Por lo tanto, existe vulneración del derecho de asociación sindical. 2.2. Vulneración del derecho a la igualdad en razón de la discriminación en materia salarial. Con la prueba incorporada al proceso se establece que en la sección en la que labora el peticionario, es decir, en la de discos-rines, trabajan 8 operarios que son: Buitrago Mora Marco Antonio, González González Arturo, Marín José Antonio, Morales Maldonado José Ernesto, Pinzón Melo Jaime, Sánchez Benavides Desiderio, Rodríguez Sánchez Luis Alfredo, y Cortes Rodríguez Alberto, de los cuales pertenecen al sindicato estos dos últimos. Dicha confrontación se hace con el fin de determinar si existe diferente trato en cuanto a la asignación salarial dentro de los trabajadores de la sección de rines, pues el que pertenezcan a otras secciones obviamente puede comportar un régimen salarial diferente, como se constató a través de la diligencia de inspección judicial practicada en las instalaciones industriales de la empresa COFRE. Revisada la nómina de los trabajadores de la sección de discos-rines de la empresa durante los últimos años, especialmente las que corresponden a los años de 1991 a 1994, se aprecia que el señor Luis Alfredo Sánchez Rodríguez, quien labora en la misma dependencia en que lo hace el peticionario, goza de uno de los más altos salarios, no obstante hallarse sindicalizado; sin embargo, la diferencia salarial obedece a las especiales condiciones de eficiencia en que desarrolla su trabajo. En la sección de discos-rines los salarios son los siguientes: Buitrago Mora Marco Antonio, operario, $178.500,oo; González González Arturo, ajustador $251.500,oo; Marín José Antonio, operario $ 178.500,oo; Morales Maldonado José Ernesto, ajustador, $205.500,oo; Pinzón Melo Jaime operario $166.000,oo; Rodríguez Sánchez Luis Alfredo, operario $172.000,oo; Cortés Rodríguez Alberto, operario $106.000,oo, y Sánchez Benavides Desiderio, operario $ 178.500,oo. Por lo demás, adviértase que solamente quienes pertenecen a la categoría de los ajustadores están por encima de los $200.000.oo, categoría de la que no hace parte el peticionario. La efectividad del principio a trabajo igual salario igual, exige que la correspondiente labor se desarrolle  en empleo, jornada y condiciones de eficacia iguales, de un trabajador con respecto a otro u otros, pues aún cuando la actividad laboral sea la misma, las capacidades del trabajador pueden ser distintas e igualmente su rendimiento. En la diligencia de inspección judicial, se constató que si bien el señor Samuel Sozza labora como operario en la sección a que pertenece el peticionario, devenga mas que éste y los demás compañeros de sección, en razón a que por disposición médica fue trasladado de una sección donde se requería mayor experiencia, habilidad y esfuerzo físico, a una sección donde cumple funciones mas sencillas y de menos incidencia en la seguridad del objeto que se produce; por tales razones y para no desmejorarlo en las condiciones de trabajo de que venía gozando, se le mantuvo su asignación salarial anterior. En cuanto a las razones para establecer diferencias salariales entre los compañeros de sección, la empresa señaló los siguientes factores: 1. Capacidad técnica de ejecución, entendida ésta como el potencial del operario para ejecutar labores de producción en cantidad y calidad requerida, según el grado de dificultad y la función del trabajador, si es la de operación de máquinas o sencillamente las de ayudante; 2. Habilidad y destreza en operaciones de seguridad, que corresponde a la capacidad del trabajador para ejecutar operaciones de seguridad; 3. Capacidad de operación polifuncional que es la capacidad técnica del trabajador para ejecutar con habilidad y destreza operaciones en las diferentes líneas de producción; condición que permite la rotación del horario en dichas líneas y, 4. Grado de educación y conocimientos, que atañe a la disposición para adquirir nuevos conocimientos y grado de capacitación requerida para la ejecución de las distintas operaciones. Según el cuadro anexo al expediente, denominado matriz de operaciones, que la empresa elaboró tomando como punto de partida las 37 operaciones básicas de la línea de producción de la misma (discos, platos, zapatas y pastillas), se observa que la capacidad técnica de ejecución, la habilidad y destreza en operaciones de seguridad, son muy diferentes entre el peticionario y los trabajadores que devengan mayor salario que él, pues éste no está en condiciones de realizar mas de la mitad de las operaciones de la línea, además de que no ejecuta ninguna que requiera habilidad técnica, limitándose a ser ayudante o a desarrollar en su mayoría labores sencillas que no tienen incidencia en la seguridad del producto; dichas funciones las ha cumplido en la misma sección durante 12 años ya que no se encuentra capacitado para rotar por las demás líneas de producción, no obstante que se le ha invitado a participar en cursos y programas de capacitación. Para la empresa el supuesto de hecho del trato diferencial en materia salarial no es su pertenencia a su sindicato, sino la circunstancia de que el trabajador carece de las aptitudes y capacidades que tienen algunos de los otros trabajadores para poder rotar dentro de la misma línea a que pertenece y las demás líneas de producción de la empresa, situación que a su juicio resulta relevante para la diferencia en dicho trato. No obstante, como ya se dijo, para la Sala si se aprecia un trato diferencial en el salario no justificado por el patrono, entre el peticionario de la tutela y los señores Antonio Marín y Jaime Pinzón, quienes de acuerdo con el cuadro denominado matriz de operaciones incorporado a los autos, desarrollan al igual que aquél, la misma labor de operarios en la sección de discos-rines en idénticas o similares condiciones de eficiencia. Consecuencialmente, existe una vulneración del principio del derecho de igualdad al no otorgársele al peticionario igual salario en relación con sus compañeros que desempeñan la misma labor como operarios en la sección de discos-rines. 2.3. Procedencia de la tutela no obstante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial. - Habiéndose determinado por la Sala que si existió la vulneración de los derechos a la asociación sindical y a la igualdad del peticionario, es pertinente ahora considerar la procedencia de la tutela. Existe prueba en el expediente de que el peticionario de la tutela promovió un proceso ordinario laboral ante el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá con el fin de obtener el pago de las diferencias salariales alegadas, con arreglo al principio a trabajo igual salario igual. La demanda correspondiente se presentó con anterioridad a la petición de tutela - 21 de julio de 1994-, aún cuando aquélla fue notificada el 26 del mismo mes y año. El artículo 2º del Código Procesal del Trabajo indica que “La jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo”; en tal virtud, si uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo es el salario, las controversias relativas a la vigencia del aludido principio, corresponde juzgarlas a la jurisdicción ordinaria laboral. Por lo tanto, la tutela sólo cabría como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Como no es viable que a través de la acción de tutela se proceda a la fijación de salarios en relación con las épocas en las cuales se produjeron las respectivas diferencias salariales, porque ella es una materia reservada al juez laboral, aparte de que no cuenta con elementos de juicio adecuados para hacer tal fijación, considera que su misión se reduce a determinar que al respecto existió la alegada violación del derecho fundamental a la igualdad, dejando librada a la competencia del juez laboral establecer la cuantía de dichas diferencias salariales por el período precisado en la respectiva demanda laboral. - No obstante, la Sala no puede pasar por alto que en el caso en estudio se presenta una violación permanente de los aludidos derechos fundamentales, al no reconocérsele y pagársele al peticionario el mismo salario que la empresa ha establecido para los trabajadores Antonio Marín y Jaime Pinzón. Por consiguiente, y con el fin de que cese su violación, estima que el perjuicio es irremediable bajo el entendimiento de que no existe aparte de la tutela un instrumento rápido, eficaz e inmediato para que se le ponga fin a aquélla. De no concederse la tutela en la indicada modalidad, quedaría burlada la decisión del juez de tutela en el sentido de que existió la violación de dichos derechos fundamentales y de que la persona contra la cual se dirigió la tutela debe cesar su violación. Por las razones anotadas en la parte resolutiva de esta sentencia, se declarará que existió violación de los derechos a la asociación sindical y a la igualdad y se tutelarán dichos derechos, en el sentido de que, como mecanismo transitorio y mientras el Juez Noveno Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá decide lo concerniente a la fijación de las respectivas diferencias salariales, la empresa Colombiana de Frenos S.A. COFRE, debe cesar en la violación de los referidos derechos y proceder a reconocer y pagar, en lo sucesivo, la diferencia salarial que corresponda al trabajador peticionario de la tutela, tomando como punto de referencia el salario que se paga a los trabajadores Antonio Marín y Jaime Pinzón. IV. DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 12 de septiembre de 1994 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, la cual confirmó la sentencia del 5 de agosto de 1995 del Juzgado 10 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá. SEGUNDO: Por cuanto la Sala ha establecido que existió violación de los derechos a la asociación sindical y a la igualdad, en razón de haberse desconocido el principio a trabajo igual salario igual, se tutelarán dichos derechos, en el sentido de que, como mecanismo transitorio y mientras el Juez Noveno Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá decide lo concerniente a la fijación de las respectivas diferencias salariales, la empresa Colombiana de Frenos S.A. COFRE, debe cesar, en el término de 48 horas, contados a partir de la notificación de ésta sentencia, en la violación de los referidos derechos y proceder a reconocer y pagar, en lo sucesivo, la diferencia salarial que corresponda al trabajador peticionario de la tutela, tomando como punto de referencia el salario que se paga a los trabajadores Antonio Marín y Jaime Pinzón. TERCERO: LIBRAR las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los fines allí contemplados. Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Auto No. 028/95 SENTENCIA DE TUTELA-Improcedencia de aclaración Es improcedente la aclaración de los fallos dictados por la Corte Constitucional, según quedó definido en la sentencia C-113/93, en la cual se declaró inexequible el inciso 4o. del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, que permitía la aclaración de las sentencias. Expediente T-48268 Solicitud de aclaración de la sentencia T 143/95 PROCEDENCIA: Juzgado Décimo Civil del Circuito de Santafé de Bogotá.D.C. Peticionario: ALBERTO CORTES  RODRIGUEZ DEMANDADO: Empresa Colombiana de Frenos "COFRE" MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO BARRERA CARBONELL Auto aprobado en Santafé de Bogotá D.C. a los dos (2) días del mes de junio de 1995. La Sala Segunda de Revisión  de Tutela de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades legales y constitucionales, CONSIDERANDO: Que según escrito presentado el día 26 de mayo de 1995 ante la Secretaría de  esta Corporación, el Dr.  José Enrique Arboleda  Valencia solicitó aclaración de la sentencia T-143/95 dictada por la Sala Segunda de Revisión, en el sentido de que se precise lo siguiente: Si el Juzgado Laboral  del Circuito en donde cursa el proceso ordinario incoado por Alberto Cortes Rodríguez es el Noveno, como se dice en la aludida providencia  o es el Tercero. Si  el Juzgado Laboral del Circuito  en donde cursa el referido proceso conserva  su libertad o autonomía para pronunciar un fallo en que se considere que  no se produjeron violaciones  a los derechos  a la igualdad y libertad sindical. Y si en el evento de dictarse un fallo absolutorio, el condenado estaría obligado  a reintegrar lo recibido  en virtud de la tutela concedida como mecanismo transitorio. Que el mismo Dr. José Enrique Arboleda Valencia, manifestó dentro del expediente de tutela que el referido proceso ordinario laboral  se estaba tramitando ante el Juzgado Laboral  del Circuito, razón por la cual esta Sala, e incluso  la Sala Civil del Tribunal Superior  de Santafé de Bogotá, tomaron como referencia  esa información. Que la Sala estableció  que ante el Jugado Tercero Laboral del Circuito de Santafé  de Bogotá  se tramita el proceso ordinario laboral de Alberto Cortés Rodríguez contra la  empresa Colombiana de Frenos  "COFRE" (Expediente No. 33649). Que  es improcedente la aclaración de los falllos dictados por la Corte Constitucional, sgún  quedó definido en la Sentencia C-113/93, en la cual se declaró inexequible el inciso 4o. del artículo 21 del Decreto  2067 de 1991, que permitía la aclaración de las sentencias. Que no obstante, por la necesidad de asegurar el exacto entendimiento  y cumplimiento de la referida sentencia, RESUELVE: PRIMERO. NEGAR la petición de aclarar la sentencia T-143/95 dictada  dentro del proceso de tutela adelantado por Alberto Cortés  Rodríguez  contra la Empresa Colombiana  de Frenos  "COFRE". SEGUNDO: Oficiosamente, PRECISAR el ordinal segundo de dicha sentencia, en el sentido de indicar que el despacho judicial a que allí se le alude es el juzgado  Tercero Laboral  del Circuito de Santafé de Bogotá y no el Juzgado Noveno Laboral del Circuito. TERCERO: ORDENAR que por Secretaría se libren  las comunicaciones previstas en el artículo 36  del Decreto  2591  de 1991,  para los fines allí contemplados. Notífiquese y cúmplase. ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado CARLOS GAVIRIA  DIAZ Magistrado MARTHA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Auto No. 028/95 SENTENCIA DE TUTELA-Improcedencia de aclaración Es improcedente la aclaración de los fallos dictados por la Corte Constitucional, según quedó definido en la sentencia C-113/93, en la cual se declaró inexequible el inciso 4o. del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, que permitía la aclaración de las sentencias. Expediente T-48268 Solicitud de aclaración de la sentencia T 143/95 PROCEDENCIA: Juzgado Décimo Civil del Circuito de Santafé de Bogotá.D.C. Peticionario: ALBERTO CORTES  RODRIGUEZ DEMANDADO: Empresa Colombiana de Frenos "COFRE" MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO BARRERA CARBONELL Auto aprobado en Santafé de Bogotá D.C. a los dos (2) días del mes de junio de 1995. La Sala Segunda de Revisión  de Tutela de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades legales y constitucionales, CONSIDERANDO: Que según escrito presentado el día 26 de mayo de 1995 ante la Secretaría de  esta Corporación, el Dr.  José Enrique Arboleda  Valencia solicitó aclaración de la sentencia T-143/95 dictada por la Sala Segunda de Revisión, en el sentido de que se precise lo siguiente: Si el Juzgado Laboral  del Circuito en donde cursa el proceso ordinario incoado por Alberto Cortes Rodríguez es el Noveno, como se dice en la aludida providencia  o es el Tercero. Si  el Juzgado Laboral del Circuito  en donde cursa el referido proceso conserva  su libertad o autonomía para pronunciar un fallo en que se considere que  no se produjeron violaciones  a los derechos  a la igualdad y libertad sindical. Y si en el evento de dictarse un fallo absolutorio, el condenado estaría obligado  a reintegrar lo recibido  en virtud de la tutela concedida como mecanismo transitorio. Que el mismo Dr. José Enrique Arboleda Valencia, manifestó dentro del expediente de tutela que el referido proceso ordinario laboral  se estaba tramitando ante el Juzgado Laboral  del Circuito, razón por la cual esta Sala, e incluso  la Sala Civil del Tribunal Superior  de Santafé de Bogotá, tomaron como referencia  esa información. Que la Sala estableció  que ante el Jugado Tercero Laboral del Circuito de Santafé  de Bogotá  se tramita el proceso ordinario laboral de Alberto Cortés Rodríguez contra la  empresa Colombiana de Frenos  "COFRE" (Expediente No. 33649). Que  es improcedente la aclaración de los falllos dictados por la Corte Constitucional, sgún  quedó definido en la Sentencia C-113/93, en la cual se declaró inexequible el inciso 4o. del artículo 21 del Decreto  2067 de 1991, que permitía la aclaración de las sentencias. Que no obstante, por la necesidad de asegurar el exacto entendimiento  y cumplimiento de la referida sentencia, RESUELVE: PRIMERO. NEGAR la petición de aclarar la sentencia T-143/95 dictada  dentro del proceso de tutela adelantado por Alberto Cortés  Rodríguez  contra la Empresa Colombiana  de Frenos  "COFRE". SEGUNDO: Oficiosamente, PRECISAR el ordinal segundo de dicha sentencia, en el sentido de indicar que el despacho judicial a que allí se le alude es el juzgado  Tercero Laboral  del Circuito de Santafé de Bogotá y no el Juzgado Noveno Laboral del Circuito. TERCERO: ORDENAR que por Secretaría se libren  las comunicaciones previstas en el artículo 36  del Decreto  2591  de 1991,  para los fines allí contemplados. Notífiquese y cúmplase. ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado CARLOS GAVIRIA  DIAZ Magistrado MARTHA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Auto No. 034/95 SENTENCIA DE TUTELA-Improcedencia de aclaración Si se solicita aclaración de la sentencia, sería improcedente, según quedó definido en la sentencia C-113/93, en la que se declaró inexequible el inciso 4o. del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, que permitía la aclaración de sentencias. Ref.: Expediente T-48268 Solicitud de aclaración Sentencia T-143/95 Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell Santafé de Bogotá, julio dieciocho (18) de mil novecientos noventa y cinco (1995). El suscrito Magistrado sustanciador, en uso de sus facultades legales y constitucionales, CONSIDERANDO: Que según escrito presentado el día treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995), ante la Secretaría General de esta Corporación, el Dr. José Enrique Arboleda Valencia, solicita aclaración de la Sentencia T-143/95. Que del texto de su escrito se deduce que el Dr. Arboleda no fromula aclaración de la sentencia, lo cual, si así fuere, sería improcedente, según quedó definido en la sentencia C-113/93, en la que se delcaró inexequible el inciso 4o. del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, que permitía la aclaración de sentencias. RESUELVE: Por Secretaría General, envíese el escrito del Dr. José Enrique Arboleda Valencia al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, para su conocimiento. Cúmplase, ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado Sustanciador MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 2 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

T-144-95 Sentencia No Sentencia T-144/95 PENSION DE INVALIDEZ-Derecho Fundamental/DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL La Corte ha considerado que no obstante su naturaleza prestacional, el derecho a la seguridad social y en especial a la pensión de invalidez, como derivado de aquel, pueda asumir en determinadas circunstancias el carácter de fundamental, dada su íntima relación con los derechos a la vida, al trabajo y a la salud. El derecho a la seguridad social tiene su expreso reconocimiento de manera genérica en el artículo 48 de la Constitución y específicamente con respecto a las personas disminuidas físicas, sensoriales y psíquicas en el artículo 47 ibídem. PENSION DE INVALIDEZ-Finalidad El derecho a la pensión de invalidez es una de las formas de expresión del derecho a la seguridad social; busca compensar la situación de infortunio derivada de la pérdida de la capacidad laboral mediante el otorgamiento de una prestación económica y de salud. ACTO ADMINISTRATIVO-Improcedencia de revocatoria Los actos administrativos expresos expedidos por la administración que reconocen un derecho subjetivo no son revocables por ésta sino en los términos ya indicados. En tal virtud cuando la administración observe que un acto de esta naturaleza es contrario a la Constitución o la ley debe proceder a demandar su propio acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero no podrá revocarlo directamente. PERSONA DISMINUIDA FISICAMENTE-Protección No debe perderse de vista que diferentes textos constitucionales apuntan hacia la especial protección que el Estado debe dispensar a los disminuidos físicos sensoriales y síquicos. Además, que si el demandante siendo minusválido recibió una capacitación laboral adecuada para reincorporarse a la actividad laboral y, en tal virtud, trabajó para un patrono y cotizó al ISS con destino a los seguros de invalidez, vejez y muerte, su situación desde el punto de vista laboral y particularmente en lo que atañe con la protección propia de la seguridad social tiene respaldo constitucional en los arts. 13 inciso final, 47,48 y 54. DERECHOS DEL MINUSVALIDO-Capacitación laboral/DERECHO A LA IGUALDAD Si tanto el Estado como los particulares están obligados a ofrecer habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran, incluyendo los minusválidos, y si de otra parte, aquél debe de garantizarle a éstos "el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud", necesariamente ha de concluirse que cuando se capacitan para acceder o reingresar al mercado laboral deben gozar de las mismas condiciones laborales de los demás trabajadores para que no se rompa el principio de igualdad, condiciones que obviamente incluyen los derechos derivados de la seguridad social. PRESUNCION DE LA BUENA FE/INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Afiliación de invidente La conducta asumida por el peticionario se encuentra amparada por la presunción de buena fe pues no existe prueba dentro del expediente de la cual pueda deducirse que su afiliación al ISS se produjo en forma fraudulenta. Es mas, ésta entidad no puede llamarse a engaño con respecto al estado de salud que tenía el demandante al momento de ser afiliado al Seguro Social, pues debió detectar su situación de invidente en dicha oportunidad; por consiguiente, no le es dable al ISS oponer ahora después de haber decretado una pensión que el actor disfrutó durante muchos años un hecho o circunstancia que debió ser considerado al momento en que se produjo la afiliación. Si el ISS consideró fundado en razones que son atendibles que el demandante tenía derecho a la pensión de invalidez y ésta prestación se disfrutó por el beneficiario a ciencia y paciencia de dicha entidad, no le es permitido ahora actuar o ir en contra de sus propias razones. PRESTACIONES ECONOMICAS Y DE SALUD-Suspensión/REVOCATORIA DE ACTO ADMINISTRATIVO DE RECONOCIMIENTO DE PENSION-Improcedencia No es lo mismo suspender el pago de una prestación, en las hipótesis previstas en la norma en referencia, que revocar un acto administrativo en firme que ha reconocido un derecho prestacional. La suspensión a que alude la norma, que es diferente de la suspensión provisional del acto administrativo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, implica la privación temporal y no definitiva del derecho prestacional cuando la situación del beneficiario pueda  encuadrarse en alguno de los casos previstos en dicha norma. Esta es la interpretación no sólo jurídica sino la que en justicia y equidad corresponde, pues el afectado con la medida bien puede, adecuando su conducta a la preceptiva del inciso final de la disposición en referencia, o a través de los recursos gubernativos o en virtud de una acción ante el juez ordinario laboral, luego de agotada la vía gubernativa, obtener el restablecimiento de la prestación. En cambio la revocación del acto administrativo, necesariamente conlleva la extinción del derecho prestacional que antes había reconocido la administración a través del acto revocado, es decir, implica el desconocimiento de la situación jurídica particular y concreta que la propia administración había creado con anterioridad". ACCION DE TUTELA TRANSITORIA/PERJUICIO IRREMEDIABLE/TRABAJADOR INVIDENTE/DERECHO A LA SUBSISTENCIA/DERECHO A LA VIDA/DERECHO A LA SALUD No obstante existir en el presente caso un mecanismo ordinario de defensa judicial, como lo es el proceso ordinario ante la justicia laboral concederá la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, mientras el juez competente decide en definitiva si al demandante le asiste el derecho de continuar gozando de su pensión de invalidez. No cabe duda, que el perjuicio que se le podría causar al demandante tiene el carácter de irremediable, porque la no percepción de la pensión de invalidez que ha sido su único sustento durante 15 años, puede poner en peligro el derecho a la subsistencia, a la vida y a la salud del actor y de su familia. REFERENCIA: Expediente T- 50890 PETICIONARIO: JOSE ALVARO CARDENAS PROCEDENCIA: Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santafé de Bogotá D. C. TEMA: Protección del Estado para los disminuidos físicos sensoriales y síquicos. Tutela como mecanismo transitorio por la suspensión del pago de la pensión de invalidez por el ISS. MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO BARRERA CARBONELL Aprobada en Santafé de Bogotá, D. C., a los  treinta (30) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el proceso de la acción de tutela presentada por el señor JOSE ALVARO CARDENAS, contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. I. ANTECEDENTES. 1. La Pretensión. El señor José Alvaro Cárdenas solicita el restablecimiento del derecho a la pensión de Invalidez que le había reconocido el Instituto de Seguros Sociales, así como el suministro de la asistencia médica y el pago de mesadas pensionales que se le adeudan, por considerar que dicha entidad le ha vulnerado los siguientes derechos constitucionales fundamentales: a la vida (art. 11), Igualdad ante la ley (13), de la tercera edad (art. 46), de los disminuidos físicos (art. 47), seguridad social (art. 48), salud (art. 49), al trabajo (arts. 25 y 53) y a la propiedad-función social (art. 58, inc.1o.). 2. Los Hechos. Afirma el accionante, que cotizó al Seguro Social desde el 21 de agosto de 1967 al 31 de diciembre de 1977, para un total de 406 semanas. El Instituto de Seguros Sociales- Nacional, mediante resolución No. 7049 del 21 de julio de 1978 le reconoció una pensión por invalidez a partir del 16 de marzo de 1978, la cual le fue suspendida por medio de la resolución No. 03331 de mayo 29 de 1992, que luego se confirmó por la resolución No. 07850 de noviembre 26 de 1992. Mediante resolución No. 3371 de agosto 10 de 1993 el ISS modificó la resolución No. 03331 del 29 de mayo de 1992, en el sentido de revocar el derecho de pensión de Invalidez que le había reconocido. Luego por resolución No. 02356 de abril 5 de 1994 el ISS ordenó pagarle las mesadas pensionales por el período comprendido entre el  mes de julio de 1992 y el 19 de agosto de 1993. Dice el peticionario que cuando fue afiliado al ISS, bajo el número 010777008, contaba con la capacidad laboral para desempeñarse en su trabajo para el cual se le contrató, en razón de que había hecho un curso de capacitación para invidentes, lo cual se demuestra por la circunstancia de haber laborado durante un lapso de casi 10 años y cotizado al ISS alrededor de 420 semanas. Expresa que no hubo renuncia al derecho de la pensión por invalidez, toda vez que se encontraba en condiciones de laborar en la actividad para la cual se había preparado, situación aceptada por el ISS en la parte final del literal 5o. de la resolución No. 3371 de agosto 10 de 1993. Para revocar el derecho a la pensión de invalidez el ISS aduce que el demandante al momento de su afiliación ya era invidente por un accidente ocurrido con anterioridad, lo cual es cierto; pero igualmente lo es, que se había capacitado para desempeñar un oficio adecuado para invidentes que efectivamente desarrolló. Finalmente dice el actor que resulta inhumano e ilegal la revocatoria de su pensión de invalidez, después de haberla disfrutado durante 15 años, pues se encuentra totalmente inválido para desempeñar cualquier actividad y, además, tiene 58 años de edad y no cuenta con recursos económicos para el sustento de su familia, compuesta por esposa y una hija también invidente. 3. El Fallo que se revisa. El Juzgado Tercero Civil del Circuito, mediante providencia del 30 de septiembre de 1994, negó la tutela, en virtud de  que "...el accionante cuenta con otro medio judicial distinto a la tutela a quien recurrir para solicitar la protección de los derechos  aquí reclamados..., recurrir a la Jurisdicción Laboral para que a través de una demanda se dirima si tiene derecho a la pensión de invalidez y si le prospera obtener el pago de sus mesadas atrasadas". II. COMPETENCIA. En atención a lo dispuesto por los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto- ley 2591 de 1991, la Sala es competente para conocer en grado de revisión  sobre el asunto materia de la referencia. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. 1. ASPECTO PRELIMINAR. Conforme a los antecedentes que obran en el proceso, el ISS reconoció al petente una pensión de invalidez, a partir del 16 de marzo de 1978, según resolución No. 7049 del 21 de julio del mismo año. En virtud de la resolución No. 03331 de mayo 29 de 1992, dicha entidad resolvió suspenderle la pensión con base en el literal b) del artículo 42 del Decreto 2665 de 1988. Contra este acto se interpusieron los recursos de reposición y apelación. La Comisión de Prestaciones Económicas del ISS al desatar el recurso de reposición mediante resolución No. 07850 del 26 de noviembre de 1992, confirmó el acto recurrido, por considerar que  según dictamen médico emitido el 31 de enero de 1992, el asegurado sufrió un accidente antes del 21 de agosto de 1967, fecha en la cual fue inscrito por primera vez al ISS que le ocasionó la pérdida bilateral de la visión, y que si bien es cierto el asegurado laboró siendo invidente también lo es que tal estado lo adquirió antes de su afiliación, además, de que según los reglamentos del ISS las cotizaciones requeridas para obtener la pensión deben realizarse con anterioridad a la ocurrencia del riesgo. La jefe de la Oficina Jurídica Nacional del ISS resolvió el recurso de apelación en referencia a través de la resolución No. 3371 del 10 de agosto de 1993, la cual en lo pertinente dispuso: "ARTICULO UNICO: Modificar la Resolución No. 03331 del 29 de mayo de 1992, emanada de la Comisión de Prestaciones del ISS Nacional, mediante la cual se ordenó suspender el pago de la pensión de invalidez al asegurado JOSE ALVARO CARDENAS, en el sentido de determinar que se revoca el derecho a pensión de invalidez reconocido por Resolución No. 7049 del 21 de julio de 1978, determinando que surte efecto a partir de la fecha de ejecutoria de la Resolución No. 03331 del 29 de mayo de 1992". Se invocan como motivos para la revocación de la pensión de invalidez del señor Cárdenas los siguientes argumentos: "Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5o. del Acuerdo 224 de 1966 (Decreto 3041 de 1966) modificado por el artículo 1o. del acuerdo 019 de 1983 (Decreto 232 de 1984), vigente en la fecha en que fue declarado inválido el asegurado para tener derecho a pensión por invalidez de origen no profesional se requería además de ser declarado inválido permanente, tener acreditadas 150 semanas de cotización para los riesgos de invalidez, vejez y muerte dentro de los seis años anteriores a la invalidez, 75 de las cuales debían corresponder a los últimos tres años". "Que de acuerdo con lo establecido en la norma descrita y con base en los dictámenes médicos emitidos por los facultativos del Instituto, competentes para el efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 del Decreto Ley 2324 de 1948 en concordancia con el artículo 7o. del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990), el asegurado a la fecha en que fue afiliado al ISS (21- 08- 67), ya configuraba un estado de invalidez originado por una explosión de dinamita, tal como lo manifestó el mismo asegurado, de donde se concluye que pese a ser inválido, no acredita el requisito de número y densidad de semanas de cotización exigido con anterioridad a la estructuración del estado de invalidez que realmente lo fue en el año de 1964". "Que el artículo 42 del Decreto 2665 de 1988 en su literal b) dispone que el ISS procederá a la suspensión inmediata de las prestaciones económicas y de salud, cuando se compruebe que conforme a los reglamentos de los seguros no se tenía derecho a ellas". "Que el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), dispone que los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, entre otras causales, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley". "Que si bien es cierto que el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, estatuye que cuando un acto administrativo haya creado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular, también lo es que tal disposición establece que habrá lugar a la revocación de tales actos cuando se de alguna de las causales previstas en el art. 69 del C.C.A.". 1. 2. DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA PENSION DE INVALIDEZ COMO DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES. Reiteradamente la Corte ha considerado que no obstante su naturaleza prestacional, el derecho a la seguridad social y en especial a la pensión de invalidez, como derivado de aquel, pueda asumir en determinadas circunstancias el carácter de fundamental, dada su íntima relación con los derechos a la vida, al trabajo y a la salud. El derecho a la seguridad social tiene su expreso reconocimiento de manera genérica en el artículo 48 de la Constitución y específicamente con respecto a las personas disminuidas físicas, sensoriales y psíquicas en el artículo 47 ibídem. La seguridad social constituye un servicio público obligatorio dirigido, controlado y coordinado por el Estado para salvaguardar la vida, la dignidad humana, la integridad física o moral, contra toda clases de adversidades que pongan en peligro el desenvolvimiento de la vida individual y social, por cuanto su gran misión es combatir las penurias económicas y sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la colectividad, prestándoles asistencia y protección. La institución de dicho servicio encuentra además soporte en el artículo 13 de la C.P. que le impone al Estado la obligación de proteger especialmente a aquellas personas que por sus condiciones económicas, físicas o mentales, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. El derecho a la pensión de invalidez es una de las formas de expresión del derecho a la seguridad social; busca compensar la situación de infortunio derivada de la pérdida de la capacidad laboral mediante el otorgamiento de una prestación económica y de salud. Esta Sala en la sentencia T- 239/931 se pronunció sobre la materia en los siguientes términos: "Si bien el reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez compete a la entidad empleadora o a la institución de seguridad social a la que está adscrito el trabajador y, en caso de conflicto, a la justicia ordinaria, una vez obtenido su reconocimiento le corresponde al Estado garantizar la efectividad de este derecho fundamental, principalmente, mediante su pago oportuno ( C. P. art. 53)". "La pensión de invalidez representa para quien ha perdido parcial o totalmente la capacidad de trabajar y no puede por sí mismo proveerse de los medios indispensables para su subsistencia, un derecho esencial e irrenunciable (C.P. art. 48). El no pago oportuno de las pensiones de invalidez atenta directamente contra el derecho a la vida y los principios de dignidad y solidaridad humana sobre los que está fundado nuestro Estado Social de Derecho (C.P. art. 1º)". "No sólo la íntima conexidad entre la pensión de invalidez y los derechos a la vida y el trabajo llevan a la Corte a afirmar su linaje de derecho fundamental. La pensión de invalidez es una especie del derecho a la seguridad social, el cual ostenta igualmente el carácter de fundamental cuando su titularidad se predica de personas de la tercera edad (Sentencias T-426/92; T-011/93; T-135/93) o de disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos (Sentencia T-427/92)" "3. La condición de disminuido físico, sensorial o psíquico - que subyace a la calificación médica de pérdida de la capacidad laboral como presupuesto del reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez -, coloca a la persona afectada bajo la órbita del derecho a la igualdad y la hace acreedora de una protección especial del Estado por encontrarse en circunstancias de debilidad manifiesta (C.P. art. 13). El desconocimiento del derecho fundamental a la pensión de invalidez y a su pago oportuno puede entrañar igualmente una vulneración del derecho a la igualdad, en este caso al derecho a ser tratado de modo especial por encontrarse en una situación de desventaja frente a las demás personas (C.P. arts. 2 y 13). En consecuencia, no es desacertada la invocación del derecho a la igualdad por parte del accionante de tutela frente a lo que considera una omisión arbitraria de la autoridad pública que atenta contra sus derechos fundamentales". 1. 3. DE LA REVOCATORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS POR LA ADMINISTRACION. Sobre el tema de la revocación directa de los actos administrativos se ocupó esta Sala en la sentencia de T- 347/94, en la cual expresó lo siguiente: "Uno de los caracteres propios del acto administrativo es su revocabilidad, que se traduce en la potestad de la administración para revisar y volver a decidir sobre las cuestiones o asuntos sobre los cuales ha adoptado una decisión invocando razones de legalidad o legitimidad, con miras asegurar el principio de legalidad, o la oportunidad, el mérito o conveniencia de la medida que garanticen la satisfacción y prevalencia del interés público o social". "Según la legislación que nos rige, los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que lo hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a petición de parte, cuando se den las causales previstas en el art. 69 del C. C. A. esto es, por razones de legitimidad o legalidad -oposición con la Constitución o la ley- o por razones de mérito o conveniencia- cuando no estén conforme con el interés público social o cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona". "Cuando se trate de actos de contenido general es admisible su revocabilidad por la administración, sin ninguna limitación, mediante la invocación de las aludidas causales. En cambio, los actos administrativos que reconocen un derecho subjetivo o una situación jurídica particular y concreta en favor de una persona no son revocables sino con el consentimiento escrito y expreso del titular del derecho. (art. 73 inciso 1 del C. C. A.)". "Razones de seguridad jurídica y de respeto a los derechos adquiridos o de las situaciones jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona, como también la presunción de legalidad de las decisiones administrativas en firme, avalan el principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos subjetivos reconocidos por la administración a través de un acto administrativo". "Es cierto que según el inciso 2o. del art. 73 en referencia es posible la revocación de los actos administrativos de contenido subjetivo o particular y concreto "cuando resulten del silencio positivo, si se dan las causales previstas en el art. 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales"; pero esta norma debe ser entendida en el sentido de que hace alusión exclusivamente al llamado acto presunto, producto del silencio administrativo positivo, que ha reconocido una situación jurídica particular o un derecho subjetivo a una persona". "Dicho de otra manera, los actos administrativos expresos expedidos por la administración que reconocen un derecho subjetivo no son revocables por ésta sino en los términos ya indicados (arts. 73, inciso 1 del C.C.A.). En tal virtud cuando la administración observe que un acto de esta naturaleza es contrario a la Constitución o la ley debe proceder a demandar su propio acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (art. 149 inciso 1o. del C.C.A.), pero no podrá revocarlo directamente".2 2. EL CASO EN EXAMEN. Según las pruebas que obran en el informativo el accionante es una persona invidente, que ha disfrutado de dicha pensión por espacio de 15 años y que carece de recursos económicos para poder subsistir y gozar de una especial calidad de vida. También se ha establecido que el petente era invidente desde antes de su afiliación al ISS; pero había recibido la capacitación necesaria para desarrollar un trabajo como invidente, lo cual le permitió desempeñar su actividad laboral durante 10 años aproximadamente como afiliado a dicha entidad, y que según los reglamentos vigentes para esa época [art. 5o. del  Acuerdo 224 de 1966 (Decreto 3041 de 1966)], para tener derecho a pensión por invalidez de origen no profesional se requería además de ser declarado inválido permanente, haber cotizado 150 semanas para los riesgos de I.V.M., dentro de los seis años anteriores a la invalidez, 75 de las cuales debían corresponder a los últimos tres años. De lo planteado puede deducirse que dos son las cuestiones a dilucidarse en el presente caso: La presunta invalidez contraída por el peticionario con anterioridad a su afiliación al ISS., y la procedencia por parte de la administración de la revocación de la pensión de invalidez. - En cuanto a lo primero,  a juicio de la Sala, no debe perderse de vista que diferentes textos constitucionales apuntan hacia la especial protección que el Estado debe dispensar a los disminuidos físicos sensoriales y síquicos. Además, que si el demandante siendo minusválido recibió una capacitación laboral adecuada para reincorporarse a la actividad laboral y, en tal virtud, trabajó para un patrono y cotizó al ISS con destino a los seguros de invalidez, vejez y muerte, su situación desde el punto de vista laboral y particularmente en lo que atañe con la protección propia de la seguridad social tiene respaldo constitucional en los arts. 13 inciso final, 47,48 y 54. Precisamente, la última de estas disposiciones dice: "Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud". Se infiere de la norma transcrita que si tanto el Estado como los particulares están obligados a ofrecer habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran, incluyendo los minusválidos, y si de otra parte, aquél debe de garantizarle a éstos "el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud", necesariamente ha de concluirse que cuando se capacitan para acceder o reingresar al mercado laboral deben gozar de las mismas condiciones laborales de los demás trabajadores para que no se rompa el principio de igualdad, condiciones que obviamente incluyen los derechos derivados de la seguridad social. La conducta asumida por el peticionario se encuentra amparada por la presunción de buena fe (art. 83 C.P.) pues no existe prueba dentro del expediente de la cual pueda deducirse que su afiliación al ISS se produjo en forma fraudulenta. Es mas, ésta entidad no puede llamarse a engaño con respecto al estado de salud que tenía el demandante al momento de ser afiliado al Seguro Social, pues debió detectar su situación de invidente en dicha oportunidad; por consiguiente, no le es dable al ISS oponer ahora después de haber decretado una pensión que el actor disfrutó durante muchos años un hecho o circunstancia que debió ser considerado al momento en que se produjo la afiliación. Si el ISS consideró fundado en razones que son atendibles que el demandante tenía derecho a la pensión de invalidez y ésta prestación se disfrutó por el beneficiario a ciencia y paciencia de dicha entidad, no le es permitido ahora actuar o ir en contra de sus propias razones. - Con respecto a lo segundo, estima la Sala que el ISS carecía de competencia para revocar el acto que había decretado la pensión de invalidez en favor del peticionario, por las mismas razones que en un caso similar expuso en la sentencia T-347/94, en la cual se refirió a la interpretación que debe dársele a los arts. 73 del C.C.A. y 42 del decreto 2665 de 1988, en los siguientes términos: "...La primera de las normas citadas, como ya se dijo antes no permite la revocación de actos administrativos expresos que  han reconocido un derecho  subjetivo a una persona. Y la Segunda disposición, no se refiere a revocación del acto sino de suspensión. Estas son instituciones diferentes que tienen una naturaleza jurídica igualmente distinta, como se desprende del análisis que sigue:" "El art. 42 del decreto reglamentario 2665 de 1988 "por el cual se expide el reglamento general de sanciones, cobranzas y procedimientos del Instituto de Seguros Sociales", dispone: "Suspensión de las prestaciones económicas y de salud.- El ISS procederá a la suspensión inmediata de las prestaciones económicas y de salud en los siguientes casos: a) Cuando se causen por afiliación ilegal; b) Cuando se compruebe que conforme los Reglamentos de los Seguros, no tenía derecho a ellas, c) Cuando el pensionado por invalidez y mientras la pensión tiene carácter provisional, no se somete a exámenes y revisiones médicas ordenadas, conforme previsión de los respectivos Reglamentos, d) Cuando haya cesado la invalidez que le dio origen a la respectiva pensión y, e) Cuando las prestaciones hayan sido obtenidas de manera ilegal  o fraudulenta". "Así mismo habrá lugar a la suspensión de las prestaciones de salud: a) Por mora en el pago de los aportes patrono-laborales; b) Cuando se incurra en omisión en el suministro al ISS de los datos de identificación del derechohabiente y respecto a las prestaciones asistenciales de dicho derechohabiente y, c) Cuando hubiere renuncia en el sometimiento a las prescripciones, tratamientos médicos y exámenes médicos ordenados por los facultativos del ISS: La suspensión terminará, salvo los casos de afiliación ilegal y cuando nunca se hubiere tenido derecho a las prestaciones, cuando cese, la renuencia en el sometimiento a las prescripciones y exámenes médicos, la mora en el pago de los aportes patrono-laborales por cancelación total o por celebración de compromiso de pago o, en general, por haber desaparecido la causa que la motivó, de conformidad con los Reglamentos Generales de los respectivos Seguros". "Del contenido de la norma transcrita no se deduce, en modo alguno, que el ISS pueda revocar directamente el acto administrativo que ha reconocido a una persona el derecho al disfrute de una pensión de vejez ( pensión de invalidez), pues la norma se refiere exclusivamente a la "suspensión de las prestaciones económicas y de salud". No es lo mismo suspender el pago de una prestación, en las hipótesis previstas en la norma en referencia, que revocar un acto administrativo en firme que ha reconocido un derecho prestacional. La suspensión a que alude la norma, que es diferente de la suspensión provisional del acto administrativo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, implica la privación temporal y no definitiva del derecho prestacional cuando la situación del beneficiario pueda  encuadrarse en alguno de los casos previstos en dicha norma. Esta es la interpretación no sólo jurídica sino la que en justicia y equidad corresponde, pues el afectado con la medida bien puede, adecuando su conducta a la preceptiva del inciso final de la disposición en referencia, o a través de los recursos gubernativos o en virtud de una acción ante el juez ordinario laboral, luego de agotada la vía gubernativa (arts. 2 y 6 C.P.C.), obtener el restablecimiento de la prestación. En cambio la revocación del acto administrativo, necesariamente conlleva la extinción del derecho prestacional que antes había reconocido la administración a través del acto revocado, es decir, implica el desconocimiento de la situación jurídica particular y concreta que la propia administración había creado con anterioridad". "Según el art. 2 del Código de Procedimiento Laboral, la jurisdicción del trabajo conoce de las controversias y ejecuciones que le atribuye la legislación sobre Seguro Social. Por consiguiente, las controversias que puedan presentarse entre el Instituto de los Seguros Sociales y sus afiliados en razón de la suspensión de una prestación económica o de salud son dirimidas por la jurisdicción laboral ordinaria y no por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La radicación de esta competencia en el juez laboral ordinario responde a la filosofía de la norma en lo relativo al carácter que tiene la suspensión de hacer cesar temporalmente el goce del derecho y no extinguirlo definitivamente, pues es aquél quien en últimas define si el beneficiario tiene o no derecho a disfrutar de la respectiva prestación, pues si se tratara de la revocación de un acto administrativo que ha reconocido un derecho subjetivo, en el evento de que la ley permitiera su revocación, la lógica y la técnica jurídica, avalada en los preceptos de los artículos 236, 237 y 238 de la C.P., indicarían que su control jurisdiccional debe estar atribuido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo". Por las razones expuestas concluye la Sala, que no obstante existir en el presente caso un mecanismo ordinario de defensa judicial, como lo es el proceso ordinario ante la justicia laboral concederá la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, mientras el juez competente decide en definitiva si al demandante le asiste el derecho de continuar gozando de su pensión de invalidez. No cabe duda, que el perjuicio que se le podría causar al demandante tiene el carácter de irremediable, porque la no percepción de la pensión de invalidez que ha sido su único sustento durante 15 años, puede poner en peligro el derecho a la subsistencia, a la vida y a la salud del actor y de su familia. Sin perjuicio de lo expuesto, para salvaguardar los intereses del ISS, se dispondrá en la parte resolutiva que la acción laboral pertinente deberá instaurarse por el peticionario de la tutela dentro del término de cuatro meses, contados a partir de la notificación de esta sentencia, y que de no ejercitarse dicha acción en el período fijado cesarán los efectos de la tutela que se concede. IV. DECISION. Por las razones que anteceden, la Sala Segunda de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., y en su lugar, se dispone conceder la tutela solicitada por el señor José Alvaro Cárdenas, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En tal virtud, el señor José Alvaro Cárdenas podrá continuar disfrutando de la pensión de invalidez otorgada por el ISS, hasta tanto el juez ordinario laboral competente decide si éste tiene derecho o no al pago de dicha prestación económica y de salud. SEGUNDO: El señor José Alvaro Cárdenas deberá instaurar el correspondiente proceso laboral dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la presente sentencia; si así no lo hiciere cesarán sus efectos a partir de la expiración del referido término. TERCERO: LIBRAR comunicación al Juzgado Tercero Civil de Santafé de Bogotá D.C., a efecto de que notifique esta sentencia a las partes respectivas y adopten las decisiones necesarias para la ejecución de lo aquí dispuesto. Notifíquese, cópiese, publíquese e insértese en la Gaceta Constitucional. ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 M.P. Antonio Barrera Carbonell. 2 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

T-145-95 Sentencia No Sentencia No. T-145/95 DERECHO A LA IGUALDAD/PADRE COMUNITARIO-Afiliación al ISS El actor tiene derecho a ser afiliado al ISS en la misma forma y en las mismas condiciones en que lo han sido las madres comunitarias. Es decir, si a ellas se las ha afiliado a los riesgos de enfermedad general y maternidad con el régimen subsidiado, así debe ser afiliado el actor. El trato que se le otorgue al actor, debe ser el mismo de las madres comunitarias. REF: PROCESO T-52.963 DEMANDANTE: ISRAEL MERA GUTIERREZ contra INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, SECCIONAL DEL CAUCA. PROCEDENCIA: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYAN. MAGISTRADO PONENTE: JORGE ARANGO MEJIA. Aprobada en sesión de la Sala Primera de Revisión, celebrada en la ciudad de Santafé de Bogotá, a los tres (3) días del mes de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán en el proceso promovido por ISRAEL MERA GUTIERREZ. El expediente llegó a la Corte Constitucional, por remisión que hizo el Tribunal, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. I.-      ANTECEDENTES. El actor presentó ante el Juzgado Laboral del Circuito de Popayán, el 31 de agosto de 1994, acción de tutela contra el Instituto del Seguro Social, Seccional Cauca, por las siguientes razones. a) Hechos. 1. El actor, desde hace aproximadamente 13 años, ha estado vinculado a los Hogares Comunitarios de Bienestar, de la vereda Riosucio Armonival, corregimiento los Anayes, municipio del Tambo, departamento del Cauca. Desde el 15 de enero de 1990, se vinculó como padre comunitario en el mencionado programa. 2. El actor solicitó ser afiliado al Instituto de Seguros Sociales, para el seguro de enfermedad general y maternidad, E.G.M. Esta solicitud la hizo con base en la circular 208, emanada del Subdirector de Seguros Económicos de los Seguros, de fecha 8 de julio de 1994. Sin embargo, el Instituto negó tal afiliación, con base en un concepto de la Oficina Jurídica Nacional, según el cual "no son madres comunitarias los padres que cuidan a los niños en los Hogares de Bienestar . . . En concordancia no podrán afiliarse como madres comunitarias los de sexo masculino." (las negrillas pertenecen al texto original) b) Derechos presuntamente vulnerados. El actor considera que el Instituto de Seguros Sociales al negar su afiliación, vulneró sus derechos a la igualdad, al trabajo y a la seguridad social, derechos consagrados en los artículos 13, 25 y 43 de la Constitución. c) Pretensión. Solicita se ordene al Instituto del Seguro Social afiliarlo al seguro de enfermedad general y maternidad, E.G.M., en forma subsidiada. d) Pruebas aportadas por el actor. El actor aportó documentos relacionados con su petición, y pruebas de su vinculación a los hogares comunitarios de bienestar. e) Actuación procesal. El Juzgado Laboral del Circuito, una vez asumió el conocimiento de la presente acción, notificó al Instituto de Seguros Sociales. Así mismo, ofició al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que le suministrara información sobre los hogares comunitarios. En virtud de lo anterior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aportó, entre otros, los siguientes documentos: - Copia de la Circular No. 028 del 1 de junio de 1994, suscrita por el Director Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la que se indica que las madres comunitarias que estén en capacidad de cotizar, pueden acceder al Sistema General de Pensiones, de conformidad con lo establecido por la ley 100 de 1993. Y que, para tal efecto, se procederá ante el Instituto de Seguros Sociales en la misma forma que se hizo para el seguro de E.G.M. - Ley 89 de 1988, por la cual se asignan recursos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Decreto 2019 de 1989, por el cual se reglamenta el la ley 89 de 1988, en lo que se refiere a los Hogares Comunitarios de Bienestar. - Acuerdo 504 de 1990, por el cual se extiende la cobertura del Seguro de Enfermedad General y Maternidad a las madres comunitarias de los Hogares de Bienestar. Este acuerdo fue expedido por la Junta Administradora del Instituto de Seguros Sociales. f) Sentencia de primera instancia. El Juzgado Laboral del Circuito de Popayán, mediante Sentencia del 8 de septiembre de 1994, concedió la tutela solicitada, por considerar que el Instituto de Seguros Sociales, al no permitirle al demandante su afiliación, vulneró sus derechos a la igualdad, a la vida y al libre desarrollo de la personalidad. Aduce el Juzgado que el decreto 2019 de 1989 no establece diferencia de sexo para ejercer el cargo de madre comunitaria pues, en su artículo 3o., literal b), se estipula:  "Las asociaciones de padres se integran por los padres o personas bajo cuya responsabilidad se encuentren los niños beneficiarios del programa y por quienes solidariamente quieran participar como madres comunitarias...." (subrayas del Juzgado). Por otro lado, señaló que el derecho a la seguridad social se garantiza a todos los habitantes y mal podría negársele a una persona en razón de su sexo, máxime cuando la norma que lo consagra no ha hecho distinción alguna. Así mismo, adujo que al negarse el derecho a la seguridad social, se está vulnerando el derecho a la salud, así como, a la vida, porque si no se previene un estado patológico que pueda sobrevenirle al actor, se estaría atentando contra la vida del mismo. Finalmente consideró vulnerado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues el actor al desempeñarse como madre comunitaria, demuestra gran sensibilidad social, y, al negársele la afiliación, puede presentar un cambio brusco en su personalidad. Por las anteriores consideraciones, indica el Juzgado, el Instituto de Seguros Sociales vulneró el derecho a la igualdad del actor, pues, por un concepto emitido por un funcionario de la Institución, se desconoció lo estipulado en la Constitución Política. En consecuencia, el Juzgado ordenó al Instituto de Seguros Sociales proceder a afiliar al actor, en el término de 48 horas, “como le corresponda en su caracter (sic) de madre comunitaria.” g) Impugnación. El Instituto impugnó el fallo, por considerar que, conforme al acuerdo 504 de 1990, la resolución 5785 de 1993 y el decreto 1791 de 1990, la ley 89 de 1988 y el decreto 2019 de 1989, la cobertura del seguro social obligatorio se extendió sólo a las "madres comunitarias". Señala que los literales c) y d),  del artículo 3o., del decreto 2019 de 1989, determinan en forma clara e inequívoca que los Hogares Comunitarios funcionan bajo el cuidado de una madre comunitaria, que se encarga de los menores; pero, en ningún momento establece que la madre comunitaria podría ser un padre o un monitor, como lo es el señor Israel Mera Gutiérrez. Además, según el concepto emitido por la Oficina Jurídica Nacional del Instituto, " no son madres comunitarias los padres que cuidan los niños en los Hogares de Bienestar"; en consecuencia, el aceptar al actor como madre comunitaria significaría que la Seccional estaría desacatando normas de forzoso cumplimiento, puesto que el concepto precitado tiene tal carácter para los funcionarios de la Institución, salvo decisión en contrario del Director General del Instituto. Por lo anterior, sólo en el momento en que se declare su nulidad o se modifique el decreto 2019 de 1989, ampliando el concepto de madre comunitaria al de padre o monitor comunitario, podría aceptarse la afiliación. Concluye que la acción de tutela no es el medio para obtener la modificación de la normatividad precitada, pues, para ello, existen otros medios de defensa judicial, ante la jurisdicción contencioso administrativa. h) Sentencia de segunda instancia. Mediante Sentencia proferida el 24 de octubre de 1994, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán revocó el fallo del a quo. El Tribunal consideró que el Instituto tiene razón al negarse a afiliar al actor como madre comunitaria al Seguro de Enfermedad General y Maternidad, pues la normatividad que regula la materia no lo permite. Además, porque el cargo de madre comunitaria no pude ser desempeñado por un hombre. Así mismo, consideró que el Instituto no vulneró el derecho a la igualdad, pues el actor no ha sido discriminado o marginado, como tampoco se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta, simplemente el Instituto está dando cumplimiento a normas de carácter legal. Dijo también el Tribunal: “. . .se tiene que el Director Nacional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, advirtió a los Directores Regionales. que según lo establecido en la ley 100 de 1.993, LAS MADRES COMUNITARIAS de los Hogares de Bienestar podían acceder a partir del 1o. de abril de 1994, al sistema General de Pensiones, pudiendo las MADRES que así lo deseen afiliarse al Seguro I.V.M. (Invalidez, Vejez y Muerte), o al de E.G.M. (Enfermedad en general y maternidad). El señor ISRAEL MERA GUTIÉRREZ, podría, si estuviera permitido a los de sexo masculino, afiliarse al seguro por Enfermedad en General, pero por obvias y evidentes razones no podría quedar amparado ni ser afiliado al Seguro por MATERNIDAD.” (las negrillas y mayúsculas pertenecen al texto original). En consecuencia, el Tribunal ordenó la cancelación de la afiliación efectuada por el Instituto, en cumplimento del fallo del a quo. h) Pruebas solicitadas por la Corte Constitucional. Por auto de fecha 27 de enero de 1995, la Corte solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Cauca, la siguiente información: - Si el señor ISRAEL MERA GUTIÉRREZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 76.030.037 del Tambo, Cauca, está o ha estado vinculado a los Hogares Comunitarios de Bienestar, de la Vereda Riosucio Armonival, Corregimiento los Anayes, municipio El Tambo, departamento del Cauca. - ¿Cuál es la labor que realiza o ha realizado el señor MERA GUTIÉRREZ en los hogares comunitarios en el lugar mencionado.? - Si el valor de la beca que el señor MERA GUTIERREZ recibe o ha recibido, según la planilla de becas que obra en el expediente, corresponde al valor reconocido a las madres comunitarias, a monitores, a trabajadores solidarios, o a cualquier otra modalidad. - ¿Existen padres comunitarios? La Directora Regional del Instituto, en comunicación de 2 de febrero de 1995, manifestó que el actor está vinculado como padre comunitario  en el programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, desde el día 15 de enero de 1990. Además suministró la siguiente información: “2. El Padre Comunitario MERA GUTIÉRREZ, viene realizando las siguientes acciones en el Hogar Comunitario de Bienestar así: “a. Organización y realización de actividades con grupos de niños; en las áreas de nutrición y salud, pedagógica y socioafectiva. “b. Trabajo en grupos de familias para fortalecer la relación familiar y desarrollar el sentido de pertenencia y su vinculación en la práctica al mejoramiento de condiciones materiales. “c. Colaborar con los programas preventivos que se desarrollan en la comunidad. “3. El señor MERA GUTIÉRREZ, a partir de febrero de 1994 hasta enero de 1995, recibió mensualmente por concepto de beca neto, el valor de Cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta y cinco pesos ($55.665.oo) moneda corriente. “4. En los Hogares de Bienestar a cargo del Centro Zonal No. 2 de Prevención Sur Popayán sólo existen dos Padres Comunitarios. “5. Además, y para información de la Honorable Corporación, en la actualidad se hallan vinculados un total de 27 Padres Comunitarios al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar que desarrolla esta Regional.” II.-    CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Primera.- Competencia. La Corte Constitucional es competente en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución. Segunda.- ¿Qué son los hogares comunitarios de bienestar? En el presente caso, es necesario hacer un breve recuento sobre la creación y funcionamiento de los hogares comunitarios, pues de ello dependerá, en gran medida, la decisión a adoptar. El decreto 2019 de 1989 establece dentro de los objetivos del programa “Hogares Comunitarios de Bienestar”, los siguientes: “Que el Programa “Hogares Comunitario de Bienestar” ha sido desarrollado por el gobierno para apoyar a los padres de familia en la atención de sus hijos, especialmente en los sectores más pobres del país. “Que el programa “Hogares Comunitarios de Bienestar” se fundamenta en el trabajo solidario de la comunidad, encaminado a garantizar a los niños la atención de sus necesidades básicas, especialmente en los aspectos de nutrición, protección y desarrollo individual.” La forma como funcionan los mencionados hogares, según el decreto citado, es la siguiente: “Artículo 1o. Los Hogares Comunitarios de Bienestar a que se refiere el parágrafo número 2 del artículo primero de la ley 89 de 1988, se constituyen mediante becas que asigne el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y los recursos locales, para que familias en acción mancomunada atiendan las necesidades básicas de nutrición, salud, protección y desarrollo individual y social de los niños de estratos sociales pobres del país. “Artículo 2o. El funcionamiento y desarrollo del programa Hogares Comunitarios de Bienestar será ejecutado directamente por la comunidad, a través de asociaciones de padres de familia, las cuales administrarán los recursos asignados por el gobierno y los aportes provenientes de la comunidad, mediante su vinculación a los programas de autogestión comunitaria para el cuidado de los niños y demás actividades propias del programa.” De acuerdo con el mismo decreto, corresponde a las asociaciones de padres de familia designar a las personas bajo cuya responsabilidad estarán los menores beneficiarios del programa. Dicen los literales b), c) y d),  del artículo 3o.: “Artículo 3o. “b) Las asociaciones de padres se integran por los padres o personas bajo cuya responsabilidad se encuentren los niños beneficiarios del programa y por quienes solidariamente quieran participar como madres comunitarias.  . . . “c) . . . y [las asociaciones] seleccionan las madres que se encargarán del cuidado de los menores, dentro de las personas que estén dispuestas a aportar su trabajo solidario para este fin y que hayan recibido y aprobado la capacitación correspondiente. . . . (negrillas fuera del texto) “d) Cada “Hogar Comunitario de Bienestar”, funciona bajo el cuidado de una madre comunitaria, escogida por la asociación de padres del programa, y cada día una madre o un familiar de los niños que asisten al hogar, debe ayudar a la madre comunitaria en el cuidado de los niños.” En el documento suministrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, denominado “Normas Técnico-Administrativas de los Hogares de Bienestar”, sobre la forma de organización de madres comunitarias, se lee: “Organización de madres comunitarias “La organización debe puntualizar para el caso de las madres comunitarias que se espera de ellas: “- Que se inscriban para la capacitación de introducción al programa. “- Que organicen y realicen actividades con grupos de niños. “- Que trabajen con grupos de padres de familia para fortalecer la relación familiar y desarrollar el sentido de pertenencia y su vinculación en la práctica, al mejoramiento de condiciones materiales. “- Que colaboren con los programas preventivos que desarrollen en su comunidad.” Tercera.- Labores  que desempeña el actor como padre comunitario y su relación con las que desempeñan las madres comunitarias. El Instituto de Seguros Sociales, Seccional Cauca, basa su negativa de afiliar al actor en lo señalado en el concepto de la Oficina Jurídica del Instituto, OJN-DS-29 de julio de 1992, concepto que es de obligatorio cumplimiento para las seccionales. Dice el concepto citado: “. . . usted solicita concepto sobre la posibilidad de afiliar al Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios, a los monitores de los Hogares Comunitarios, quienes desempeñan funciones pedagógicas y de orientación a los padres, propios del proyecto y que normalmente realizan las madres comunitarias. “Sobre el particular, nos permitimos manifestarle: “ . . . “En consecuencia y de acuerdo con las normas anteriormente citadas, no le es legalmente posible al Instituto afiliar al régimen de los Seguros Sociales Obligatorios, a personas distintas de las Madres Comunitarias, a menos que se modifique o adicione el decreto 2019 de 1989, en el sentido de asimilar el papel de monitores o de padres, al de Madres Comunitarias o solicitar al Instituto, previo trámite legal, la extensión de la cobertura en una forma más amplia para todas las personas que desempeñen una labor solidaria, como integrantes de dichos Hogares.” (se subraya) Pero veamos si el actor es un monitor, en cuyo caso, de acuerdo con el concepto no puede ser afiliado, o si desempeña las funciones encomendadas a las madres comunitarias, y es padre comunitario. En primer lugar, de conformidad con lo expresado a la Corte Constitucional por la Directora Regional de Bienestar Familiar, el actor “se vinculó como Padre Comunitario en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, de la Vereda Riosucio Armonival. Hogar dependiente de la Asociación de Usuarios de Hogares de Bienestar, Corregimiento de los Anayes, municipio de El Tambo, Departamento del Cauca, el día 15 de enero de 1990.” (se resalta) La misma Directora manifiesta que el actor viene realizando las siguientes funciones en dicho hogar: “a. Organización y realización de actividades con grupos de niños; en las áreas de nutrición y salud, pedagógica y socioafectiva. “b. Trabajo en grupos de familias para fortalecer la relación familiar y desarrollar el sentido de pertenencia y su vinculación en la práctica al mejoramiento de condiciones materiales. “c. Colaborar con los programas preventivos que se desarrollan en la comunidad.” Es decir, el demandante tiene bajo su responsabilidad a un hogar comunitario. Además, de acuerdo con la planilla de becas, folio 3, el valor de la beca recibida por el actor, corresponde al mismo de las madres comunitarias, suma que hasta enero de 1995 era de $55.665,oo mensuales. La Directora Regional, también señala que el señor Mera Gutiérrez no es el único padre comunitario en la zona, ni en la regional, pues existen dos en la zona y la regional tiene en total con 27. De acuerdo con lo anterior, se observa: - El actor no es un monitor, sino un padre comunitario. En consecuencia, el concepto de la oficina jurídica del Instituto de Seguros Sociales no se refiere a él. - El actor, como padre comunitario, según la información suministrada por Bienestar Familiar, desempeña las labores que han sido asignadas a las madres comunitarias. - El actor fue seleccionado por la asociación de hogares comunitarios en la misma forma como se selecciona a las madres comunitarias, es decir, porque reúne las características que se exigen en el programa para tal desempeño. - El actor ha venido recibiendo mensualmente por concepto de beca, una suma de dinero igual a la que reciben las madres comunitarias. En conclusión, el actor tiene derecho a gozar de las mismas prerrogativas que se le otorguen a las madres comunitarias. A situaciones iguales, se debe dar un trato igual, pues de lo contrario se viola el derecho a la igualdad, de que trata el artículo 13 de la Constitución, especialmente en lo que se refiere a que todas las personas recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, sin discriminación por razón de su sexo. Y a que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Pero para la decisión a adoptar, es necesario estudiar qué es lo solicitado por el actor y si éste tiene otro medio de defensa judicial. Cuarta.- Lo que solicita el demandante. El demandante solicita que el Instituto de Seguros Sociales acepte su afiliación para el seguro de enfermedad general y maternidad, E.G.M., en forma subsidiada, tal como el Instituto lo ha hecho con las madres comunitarias, dado que él se desempeña en un hogar de bienestar, como padre comunitario. El Instituto, como ya se dijo, se negó a hacerlo por las razones ya expresadas. Pero, ¿en qué consiste el seguro por él pedido, especialmente en lo referente a maternidad? Se necesita precisar este tema, pues el ad quem consideró que el actor podría, si estuviera permitido a los de sexo masculino, afiliarse al seguro por enfermedad general, “pero por obvias y evidentes razones no podría quedar amparado ni ser afiliado al Seguro por MATERNIDAD.” (las mayúsculas pertenecen al texto original). Al parecer, el Tribunal considera que el seguro de maternidad sólo cobija a las afiliadas, pero, esta interpretación, es equivocada, pues, según el decreto 770 de 1975, que aprobó el acuerdo 536 de 1974, expedido por el Consejo Directivo de los Seguros Sociales, y reglamentó el seguro de enfermedad general y maternidad, cuando se trate de afiliado, el seguro cobija a su esposa o compañera permanente, en los siguientes términos. “Artículo 19. La esposa del asegurado que hubiere cotizado un mínimo de cuatro (4) semanas, tendrá derecho a las prestaciones asistenciales previstas en caso de maternidad. A falta de esposa, tendrá derecho a las mencionadas prestaciones la mujer con quien el asegurado esté haciendo vida marital, siempre que sean solteros y que la compañera hubiere sido inscrita en el Seguro Social con ocho (8) meses de anticipación, por lo menos a la fecha de la iniciación del reposo prenatal. Este último requisito no se exigirá cuando se compruebe la existencia de hijos comunes.” En síntesis, el seguro de enfermedad general y maternidad, es un seguro que cobija a hombres y mujeres. Quinta.- ¿Existe otro medio de defensa judicial? En la impugnación, el apoderado de la entidad demandada, considera que existen las acciones correspondientes ante la autoridad judicial competente,  especialmente contra el decreto 2019, de 1989, literales c) y d) del artículo 3o., donde se  estableció “en forma clara e inequívoca que los Hogares Comunitarios funcionarán bajo el cuidado de una madre comunitaria, la cual se encargará del cuidado de los menores. En ningún momento establece que esta madre podrá ser un padre o un monitor, como lo es el Sr. Israel Mera G.” Sin embargo, el contenido del literal c), no es claro e inequívoco, como se afirma, pues textualmente dice: “c) Con base en el autodiagnóstico la asociación determina el número de Hogares, de acuerdo con los recursos disponibles, a razón de uno por cada quince (15) niños, y seleccionan  (sic) las madres que se encargarán del cuidado de los menores, dentro de las personas que estén dispuestas a aportar su trabajo solidario para este fin y que hayan recibido y aprobado la capacitación correspondiente. Así mismo examina las condiciones físicas y ambientales para su mejoramiento cuando sea necesario.” (se subraya) Es decir, las asociaciones seleccionan a las madres dentro de las  personas que reúnan determinadas características. El término persona, como sabemos, incluye a hombre y a mujer. Así lo prevé el artículo 33 del Código Civil, según el cual la palabra persona, en su sentido general se aplica a los individuos de la especie humana. Además, esta interpretación se ajusta plenamente al principio de igualdad consagrado en la Constitución. Sobre la posibilidad de demandar por parte del actor las demás circulares que contienen los conceptos jurídicos del Instituto de Seguros Sociales, no obra en el expediente que éstos hubieran sido puestos en conocimiento del actor. Sólo existe a folio 4, fotocopia de una comunicación, sin fecha ni número que la identifique, que dice así: “Señores PRESIDENTES: ASOCIACIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR FAMILIAR CORREGIMIENTO LOS ANAYES JARDÍN INFANTIL “ALEGRE DESPERTAR” RIOSUCIO - MUNICIPIO DE EL TAMBO (C) “Me permito dar respuesta a sus oficios fechados el 10 de los corrientes. “Sobre este particular y como divulgación al interior del programa de Madres Comunitarias, concepto de la Oficina Jurídica Nacional OJN-5220 del 21 de octubre de 1.993, según el cual no son madres comunitarias los padres que cuidan niños en los Hogares de Bienestar, ratificando el concepto de la misma dependencia (Oficina Jurídica Nacional) OJN-DS-3360 del 29 de Julio de 1.993. “En concordancia no podrán afiliarse como madres comunitarias los de sexo masculino.” (las negrillas corresponden al texto original) Esta comunicación esta firmada por el encargado día a día afiliación y registro en el ISS del Cauca. Como ya vimos, el concepto a que se refiere esta comunicación, hace relación a los monitores de dichos hogares. Situación que no es la del actor. Por consiguiente, y sin desconocer la posibilidad de que el demandante pueda hacer uso de las acciones respectivas ante la jurisdicción correspondiente, la presente tutela se concederá sin condicionarla a tal evento. Se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 6o., numeral 1., del decreto 2591 de 1991, en cuanto dice: “. . . La existencia de dichos medios [de defensa judicial] será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.” Sobre este aspecto, y tratándose de situaciones especiales, la Corte Constitucional manifestó: “6.4. PROCEDENCIA PREFERENTE DE LA ACCIÓN DE TUTELA, AÚN EXISTIENDO OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL. La regla general de procedencia de la acción de tutela indica que cuando se da la violación o amenaza de un derecho fundamental, y el titular del derecho violado o amenazado cuenta con un medio de defensa judicial diferente a la tutela, ha de preferirse ese otro medio de defensa y, la acción de tutela sólo procede "como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable."(artículo 86 de la Constitución Política). “. . . “Así las cosas, es perfectamente posible que, cuando la persona cuyo derecho fundamental ha sido violado, interpone los medios de defensa prejudiciales -recursos de la vía gubernativa, querellas de policía, conciliación, etc.- o judiciales apropiados para la defensa de los derechos de rango legal -procesos ante las jurisdicciones ordinarias-, a través de ellos logre la protección inmediata del derecho fundamental violado. Esto no sólo es posible, sino que coincide con la práctica corriente; y ha llevado a que la Corte Constitucional, en su función de revisar los fallos de instancia de los procesos de tutela, haya elaborado una doctrina sobre la carencia de objeto en esa materia. Véase, por ejemplo, la Sentencia T-033/94 (2 de febrero, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo). “. . . “La Corte, empero, encuentra necesario hacer la siguiente precisión: cuando el juez de tutela halle que existe otro mecanismo de defensa judicial aplicable al caso, debe evaluar si, conocidos los hechos en los que se basa la demanda y el alcance del derecho fundamental violado o amenazado, resultan debidamente incluídos TODOS los aspectos relevantes para la protección inmediata, eficaz y COMPLETA del derecho fundamental vulnerado, en el aspecto probatorio y en el de decisión del mecanismo alterno de defensa. Si no es así, si cualquier aspecto del derecho constitucional del actor, no puede ser examinado por el juez ordinario a través de los procedimientos previstos para la protección de los derechos de rango meramente legal, entonces, no sólo procede la acción de tutela, sino que ha de tramitarse como la vía procesal prevalente. Así como la Constitución no permite que se suplante al juez ordinario con el de tutela, para la protección de los derechos de rango legal, tampoco permite que la protección inmediata y eficaz de los derechos fundamentales, sea impedida  o recortada por las reglas de competencia de las jurisdicciones ordinarias. “En los casos en los que, aun existiendo otro mecanismo de defensa judicial, la acción de tutela, por las razones anotadas, resulte prevalente, el juez de tutela podrá señalar en su fallo, la libertad del actor para acudir al otro medio de defensa del derecho, a fin de reclamar la responsabilidad en que ya haya incurrido quien lo violó o amenazó.” ( Sentencia T-100 de 1994, Magistrado ponente: doctor Carlos Gaviria Díaz). (se subraya) CONCLUSION: El actor tiene derecho a ser afiliado al Instituto de los Seguros Sociales en la misma forma y en las mismas condiciones en que lo han sido las madres comunitarias. Es decir, si a ellas se las ha afiliado a los riesgos de enfermedad general y maternidad con el régimen subsidiado, así debe ser afiliado el actor. Si por razones de aplicación de la ley 100 de 1993, tal forma de afiliación al Instituto ha sido modificada, el trato que se le otorgue al actor, debe ser el mismo de las madres comunitarias. Pues, el sentido de esta Sentencia no es ordenar que al actor se le afilie a un determinado seguro por parte del Instituto demandado. No, esta Sentencia sólo ordenará que el Instituto acepte la afiliación del actor en las mismas condiciones correspondientes a las madres comunitarias. Por lo anterior, se revocará la Sentencia del Tribunal y se confirmará, pero con modificaciones, la del Juzgado Laboral del Circuito de Popayán. III.- DECISION. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- REVOCASE la Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, del 24 de octubre de 1994, y en su lugar se confirma, por las razones expuestas, la del Juzgado Laboral del Circuito de Popayán, de fecha 8 de septiembre de 1994. En consecuencia, se concede la tutela demandada por el señor ISRAEL MERA GUTIERREZ. Segundo.- ORDENASE al Instituto de Seguros Sociales, Seccional Cauca, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, proceda a afiliar al señor ISRAEL MERA GUTIERREZ a los mismos seguros y en la misma forma en que se ha hecho o se haga con las madres comunitarias, siempre y cuando el señor Mera Gutiérrez continúe siendo padre comunitario. Tercero.- COMUNIQUESE la presente decisión al Juzgado Laboral del Circuito de Popayán, para que sea notificada a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-146-95 Sentencia No Sentencia No. T-146/95 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia/VIA DE HECHO Procede la acción de tutela contra providencias judiciales, en aquellos casos donde la actuación de la autoridad pública, y en particular de la autoridad judicial, carece de fundamento objetivo y sólo obedece a actuaciones caprichosas y arbitrarias adelantadas con extralimitación de funciones, generando como consecuencia la violación o amenaza de derechos fundamentales de la persona, e incurriendo de esa manera en lo que se ha denominado como "vías de hecho". Por ello, todo proceder de los servidores públicos, que ignore ostensible y flagrantemente el ordenamiento jurídico, se constituye en verdadera vía de hecho y por tanto, susceptible de la protección y el amparo que se otorga a través de la acción de tutela. PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PENA/PENA PRINCIPAL/PENA ACCESORIA No encuentra la Sala que el juez de segunda instancia en el proceso penal, haya actuado en forma arbitraria o ilegal, de manera que pueda pensarse que se está frente a una vía de hecho o una violación del derecho al debido proceso; por el contrario, se trata de una actitud correctiva del ad-quem, reivindicatoria de la legalidad de la condena, desconocida por el a-quo, quien no aplicó en forma correcta las disposiciones penales señaladas para el caso concreto, en lo que se refiere a la clasificación de las penas y por tanto, no puede afirmarse que se configure una vía de hecho  cuando el juez aplica la ley. JUEZ-Sometido sólo al imperio de la Ley Cuando la Constitución Política (Art. 230) contempla la independencia del Juez al señalar que “Los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley”, no le está otorgando una libertad tal, que los coloque por encima o al margen de la misma ley.De lo que se trata, es de que el juez aplique el mandato legal por ser la manifestación de la voluntad soberana del Estado, y no de que debe interpretarlo en forma discrecional cuando la ley no le ha dado dicha facultad. Además, se recuerda que la potestad jurisdiccional es una potestad reglada, es decir, predeterminada por la ley. PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS-Improcedencia/PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PENA Tampoco considera la Sala que el tribunal Superior de Pasto haya hecho más gravosa la situación del apelante único, pues, el ad-quen no modificó el quantum de la pena ya que éste permanece intacto. Lo que en últimas modificó fue su clasificación, sin que ello signifique un perjuicio para el condenado o altere de alguna forma la condena. Además, no puede decirse que el artículo 31 de la Constitución Política, al consagrar el principio de la no agravación punitiva cuando se trata de apelante único, está abriendo camino a la ilegalidad ni al caos jurídico, ya que debe presumirse que el acto sobre el cual se fundamenta la posible vulneración ha sido emitido dentro de la legalidad existente, pues la norma superior no puede proteger situaciones de hecho generadas por el desconocimiento de la ley, ya que se trataría de legitimar una decisión ilegal. Ref: Expediente No. T-53561 Peticionario: JORGE QUIÑONES HERNANDEZ Procedencia: Corte Suprema de Justicia Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Tema: Debido proceso Santafé de Bogotá, D.C., tres (3) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el proceso de tutela radicado bajo el número T-53561, adelantado por Jorge Enrique Quiñones Hernández contra el Juez Penal del Circuito de Mocoa. I. ANTECEDENTES De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la Sentencia correspondiente. 1. Solicitud El ciudadano Jorge Enrique Quiñones Hernández, interpuso ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, acción de tutela con el fin de que se le  amparara el derecho fundamental al debido proceso y el principio fundamental de la no reformatio in pejus, consagrados en los artículos 29 y 31 de la Constitución Política. 2. Hechos Afirma el peticionario que el Juzgado Penal del Circuito de Mocoa, lo condenó a él y a otras personas, por los delitos de peculado por aplicación oficial diferente y celebración indebida de contratos (en concurso), a la pena principal de dieciocho (18) meses de prisión, y a la accesoria de cinco (5) años de interdicción de derechos y funciones públicas y multa de cincuenta mil (50.000) pesos. Sostiene el actor, que una vez conocida la decisión del a-quo, presentó recurso de apelación alegando su inocencia, pero el Tribunal Superior de Pasto en providencia de septiembre 8 de 1993, confirmó la Sentencia y, además, decidió aclararla señalando: "(...) que tanto la sanción de prisión como las de multa e interdicción de derechos y funciones públicas, según lo preceptuado por los artículos 133 y 136 del C. P., todas tienen el carácter de principales(...)", con lo cual considera el condenado, se hizo más gravosa su situación de apelante único, violando el artículo 29 y 31 de la Constitución Política. Frente a esta nueva situación, el señor Quiñones Hernández interpuso, a través de apoderado judicial, el recurso extraordinario de casación, que le fue concedido por el Tribunal Superior de Pasto. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar la nulidad de  todo lo actuado desde la concesión del recurso de casación por el ad-quem, y lo consideró improcedente, ya que, en primer lugar, " ninguno de los delitos por los cuales se condenó al procesado recurrente en casación tiene señalada en la ley pena privativa de la libertad que haga viable el denominado recurso común o tradicional de ese orden, (...)", y, en segundo lugar, " la impugnación incoada por el propio imputado no era ni podía ser, a juzgar por el recurrente y por los términos del recurso, la excepcional referida en el inciso tercero del artículo 218 del C. de P.P., cuyo otorgamiento es de competencia discrecional de la Corte." Así las cosas, consideró el peticionario que recorrido todo el camino judicial sin lograr el restablecimiento de sus derechos constitucionales fundamentales   al debido proceso y al principio fundamental según el cual, "El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único", señalados en los artículo 29 y 31 de la Constitución Política respectivamente, decidió recurrir a la acción de tutela, en procura de buscar el amparo de los derechos mencionados. 3. Pretensiones Solicita el actor que, como consecuencia del amparo de los derechos conculcados, se ordene "revocar parcialmente la Sentencia del Tribunal Superior de Pasto proferida el ocho (8) de septiembre de 1993, por ser violatoria de los artículos 29 y 31 de la Constitución, en lo relativo a la agravación de la pena impuesta por el juzgado de primera instancia y, en su lugar, se deje la pena que el tribunal calificó como principal, en accesoria, además de adecuar el quantum de la pena accesoria al quantum de la pena principal impuesta por el juez de primera instancia" III. ACTUACION PROCESAL 1. Primera instancia La Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, mediante providencia de fecha doce (12) de octubre de 1994, resolvió no conceder la tutela solicitada por el ciudadano Jorge Enrique Quiñones Hernández, teniendo en cuenta los siguientes argumentos: - Que la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, en cuanto  impone la aclaración de que "tanto la sanción de prisión como las de multa e interdicción de derechos y funciones públicas, según lo preceptuado por los arts. 133 y 136 del C. P., todas tienen el carácter de principales (...)", no obedece a un desconocimiento del ordenamiento jurídico; por el contrario, lo que busca es adecuar la decisión del a-quo, en cuanto no se la encuentra acorde con dicho ordenamiento. - Que en virtud de lo anterior, se pone en evidencia que no se está frente a una situación de vía de hecho, sino que se trata de una providencia que busca reivindicar la legalidad de la condena, lo que descarta la posibilidad de que se pueda calificar como una decisión arbitraria y por tanto contraria a la normatividad legal y constitucional, modificable por vía de tutela. - Que la misma Sala Penal de la h. Corte Suprema de Justicia, no encontró que la Sentencia del ad-quem ameritaba una revisión por la vía del recurso excepcional de Casación establecido en el inciso tercero del Art. 218 del C. de P. P. - Que finalmente, el proceder del ad-quem ni siquiera encuadra dentro del concepto de la reformatio in pejus, pues la Sala no agravó la pena y por el contrario, su quantum ha permanecido invariado. Lo único que modificó fue su calificación, buscando adecuarla al ordenamiento jurídico, manteniendo intacta su dosificación. 2. Impugnación. Mediante memorial presentado el día dieciocho (18) de octubre de 1994, el señor Jorge Quiñones Hernández, impugnó el fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, por considerar que la Sentencia recurrida es violatoria del art. 31 de la Constitución Política y de los artículos 17 y 217 del C. P. P., que establecieron en materia penal, la prohibición de la reformatio in pejus. Insiste el apelante que la Sentencia condenatoria del Tribunal, es contraria a derecho, quebranta los postulados de la Carta y desborda la competencia otorgada al juez de segundo grado. 3. Segunda instancia Mediante providencia de fecha nueve (9) de noviembre de 1994, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, resolvió confirmar el fallo de fecha doce (12) de octubre de 1994, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, con base en los siguientes argumentos: En primer lugar, señala la Sala que lo que se ha pretendido por medio de la acción de tutela, es dejar sin efecto la modificación del carácter de accesorias por el de principales de las penas de multa y de interdicción de derechos y funciones públicas. En segundo lugar, consideró que la pena de multa tiene siempre el carácter de principal, mientras que la de interdicción de derechos y funciones públicas asume la condición de accesoria cuando no se establece por la ley como principal. Así, en los delitos contra la administración pública, la interdicción de derechos y funciones públicas es pena principal, luego es claro que la actuación cuestionada, dado su contenido y atendidos los preceptos legales mencionados, no supone agravación ninguna de la situación del apelante y por tanto, no se ha configurado quebranto alguno del artículo 31 de la Constitución Política. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución Política y 31 a 36 del decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia. 2. Consideraciones previas sobre la acción de tutela frente al debido proceso y las vías de hecho. En numerosas oportunidades esta Corporación se ha pronunciado sobre la importancia del derecho al debido proceso (artículo 29 de la C.P.) y a sus implicaciones frente a actuaciones injustificadas de las autoridades públicas, concluyendo que el incumplimiento de las normas que rigen para cada proceso genera una violación y un desconocimiento del mismo. Por otra parte, se ha sostenido que este derecho es el conjunto de garantías que buscan asegurar al ciudadano que ha acudido al proceso, una recta y cumplida administración de justicia y la debida fundamentación de las resoluciones judiciales. Sobre el debido proceso, ha dicho la Corte: "El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem. Como las demás funciones del estado, la de administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los términos establecidos con antelación por normas generales y abstractas que vinculan positiva y negativamente a los servidores públicos. Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y únicamente pueden actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de justicia. "Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarios para garantizar la efectividad del derecho material." (Sentencia No. T- 001 de 1993, Magistrado Ponente, doctor Jaime Sanín Greiffenstein). Así las cosas, toda actuación tanto de funcionarios judiciales como de autoridades administrativas, debe observar y respetar los procedimientos previamente establecidos para preservar las garantías que buscan proteger los derechos de quienes están involucrados en una situación o relación jurídica, cuando dicha actuación, en un caso concreto, podría conducir a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción. Igualmente, esta Corporación ha sostenido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en aquellos casos donde la actuación de la autoridad pública, y en particular de la autoridad judicial, carece de fundamento objetivo y sólo obedece a actuaciones caprichosas y arbitrarias adelantadas con extralimitación de funciones, generando como consecuencia la violación o amenaza de derechos fundamentales de la persona, e incurriendo de esa manera en lo que se ha denominado como "vías de hecho". Por ello, todo proceder de los servidores públicos, que ignore ostensible y flagrantemente el ordenamiento jurídico, se constituye en verdadera vía de hecho y por tanto, susceptible de la protección y el amparo que se otorga a través de la acción de tutela. Sobre el particular, ha señalado esta Corporación: "A los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, les está vedado actuar por fuera de las funciones atribuidas por la Constitución o la ley. El Estado Social de Derecho (CP art. 1), los fines sociales del Estado (CP art. 2) y el principio de igualdad ante la ley (CP. art. 13), constituyen el marco constitucional de la doctrina de las vías de hecho, la cual tiene por objeto proscribir las actuaciones arbitrarias de la autoridad que vulneran los derechos fundamentales de las personas. "Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de7 fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona." (Sentencia No. T- 079 de 1993, Magistrado Ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz). De igual forma, esta misma Sala de Revisión se ha pronunciado sobre el tema en cuestión, en los siguientes términos: "Por otra parte, si bien esta Corporación, en Sentencia No. C-543 de 1992, declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del decreto 2591 de 1991, la doctrina acogida por esta misma Corte ha determinado que la acción de tutela resulta procedente cuando se pretenda proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas que se hayan visto amenazados o vulnerados mediante "vías de hecho" por parte de las autoridades públicas y, en particular, de las autoridades judiciales. "En el caso que ocupa la atención de esta Sala, conviene señalar que la acción de tutela contra providencias judiciales procede, siempre y cuando la decisión contenga un fundamento arbitrario, caprichoso o abusivo por medio del cual se haya violado un derecho fundamental de la persona, es decir, se haya incurrido en "vías de hecho". En otras palabras, al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas, todo ello de acuerdo con los criterios que establezca la ley, y no de conformidad con su propio arbitrio." (Sentencia No. T- 435 de 1994, Magistrado Ponente, doctor Vladimiro Naranjo Mesa). 3. El caso concreto 3.1 El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, no violó el derecho fundamental al debido proceso y tampoco hizo más gravosa la situación del apelante único. Resulta claro que lo que se ha pretendido a través de la presente acción de tutela es dejar sin efecto la modificación hecha por el Tribunal Superior de Pasto, en lo relativo a la supuesta agravación de la pena impuesta por el Juzgado de primera instancia en el curso del proceso penal adelantado contra el actor, por los delitos de peculado por destinación oficial diferente y celebración indebida de contratos (contrato sin cumplimiento de requisitos legales). En cuanto a la modificación, señaló el Tribunal: "La graduación y dosificación de la pena está correcta; la sanción de prisión como las de multa e interdicción de derechos y funciones públicas, según lo preceptuado por los arts. 133 y 136 del C. P., todas tienen el carácter de principales, en cuyo sentido habrá de modificarse la Sentencia objeto de revisión." (negrillas fuera de texto). En su parte resolutiva  decidió: "MODIFICAR, la Sentencia condenatoria apelada, en el sentido de IMPONER, a los penados LUIS MARINO BOLAÑOS IBARRA, JORGE QUIÑONES HERNANDEZ y RUBEN DARIO AREVALO BISBICUZ, conocidos en el proceso, las sanciones de multa e interdicción de derechos y funciones públicas, en los términos señalados en el fallo de primer grado para cada uno, como penas principales, según se expresó en la motivación precedente." (negrillas fuera de texto). Así, para el peticionario, la aclaración hecha por el ad-quem al cambiar el carácter de accesoria por el de principal de las penas de multa y de interdicción de derechos y funciones públicas, constituye una clara violación del derecho al debido proceso y al principio de la no reformatio in pejus. Sin embargo, encuentra la Sala que no obstante haber aclarado la Sentencia,  el Tribunal no agravó la pena impuesta por el a-quo ni modificó la decisión de primera instancia sobre la base de un claro desconocimiento del ordenamiento jurídico. Simplemente, adecuó la decisión del fallador a la normatividad aplicable de acuerdo con la decisión recurrida, en acatamiento al principio de la legalidad de la pena, que hace parte de la garantía fundamental del debido proceso, consagrado en los artículos 29 y 230 de la Constitución Política. En cuanto a la legalidad de las penas, resulta oportuno recordar lo señalado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de Casación, de julio 29 de 1992, radicación 6304, (Magistrado ponente, doctor Dídimo Páez Velandia), lo siguiente: "La legalidad de la pena constituye garantía no solamente con relación al procesado, sino para el Estado igualmente, pues el ejercicio del poder punitivo que cumple a su nombre la autoridad judicial legítima ha de ser desarrollado solamente en las condiciones prescritas en la ley, y no puede ser soslayado por un acto ilegal de uno de sus funcionarios, ni ignorado por el juez al que jerárquicamente le compete revisar el pronunciamiento precisamente en procura de hacer efectiva la legalidad de las decisiones." (Negrillas fuera de texto). Sobre este punto no sobra recordar también que la acción de tutela ha sido concebida para solucionar en forma efectiva, situaciones de hecho generadas por actos u omisiones de autoridades públicas o de particulares, que amenacen o vulneren un derecho fundamental, en aquellos casos en los cuales el sistema jurídico no tenga previsto otros mecanismos de defensa judicial. Asimismo, como se ha dicho, existe violación del derecho fundamental al debido proceso en aquellos casos en que las autoridades públicas actúan sobre la base de abusos y desviaciones originadas no sólo en las actuaciones procesales, sino también, en las decisiones que adopten dichas autoridades. En el caso particular, no encuentra la Sala que el juez de segunda instancia en el proceso penal, haya actuado en forma arbitraria o ilegal, de manera que pueda pensarse que se está frente a una vía de hecho o una violación del derecho al debido proceso; por el contrario, como se dijo, se trata de una actitud correctiva del ad-quem, reivindicatoria de la legalidad de la condena, desconocida por el a-quo, quien no aplicó en forma correcta las disposiciones penales señaladas para el caso concreto, en lo que se refiere a la clasificación de las penas y por tanto, no puede afirmarse que se configure una vía de hecho  cuando el juez aplica la ley. Cabe señalar que, la clasificación de las penas está contenida en los artículos 41 y 42 del Código Penal, en la siguiente forma: "ART. 41 - penas principales. Los imputables estarán sometidos a las siguientes penas principales: 1. Prisión. 2. Arresto. 3. Multa. "ART. 42 - Penas accesorias. Son penas accesorias, cuando no se establezcan como principales, las siguientes: (...) 3. Interdicción de derechos y funciones públicas." (Negrillas fuera de texto). Se observa, entonces, que la pena de multa se encuentra descrita en la norma como pena principal: luégo, resulta evidente que no es accesoria. Con relación a la pena de interdicción de derechos y funciones públicas, el artículo 42, la señala como accesoria pero sólo en aquellos casos en los que no se establezca como pena principal. Así, cuando un tipo penal la contempla expresamente, debe entenderse que es esencial a la norma y por ello principal; por tanto desconocer ese carácter implicaría de suyo ignorar el modo de ser que el legislador quiso darle a la ley. Así las cosas, en el caso particular, los delitos por los cuales fue condenado el actor (peculado por destinación oficial diferente y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, artículos 136 y 146 del código penal), tienen señaladas las penas de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas y multa, en forma expresa y clara. Luégo se está frente a penas principales, que conforman una unidad de tipo, a la cual debe ceñirse el juez cuando impone la condena, sin establecer diferencias y respetando de esa forma la legalidad existente. No sobra recordar, que el monto y calidad de las penas están estrechamente relacionados con el bien jurídico que se protege, ya que según sea la importancia de éste y la lesión que al mismo se cause con la infracción, así se incrementará o disminuirá la sanción, no sólo en su cantidad sino también en su calidad. Ahora bien, cuando la Constitución Política (Art.230) contempla la independencia del Juez al señalar que “Los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley”, no le está otorgando una libertad tal, que los coloque por encima o al margen de la misma ley.De lo que se trata, es de que el juez aplique el mandato legal por ser la manifestación de la voluntad soberana del Estado, y no de que debe interpretarlo en forma discrecional cuando la ley no le ha dado dicha facultad. Además, se recuerda que la potestad jurisdiccional es una potestad reglada, es decir, predeterminada por la ley. Cabe agregar también, que lo que pretende el actor no es solamente que se modifique la Sentencia del Tribunal, sino, además, que se le dé aplicación al artículo 52 del estatuto penal, según el cual, "la pena de prisión implica las accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas, por un periodo igual al de la pena principal." Sin embargo, se insiste, los delitos por los cuales fue condenado el actor (en concurso, peculado por destinación oficial diferente y contrato sin cumplimiento de requisitos legales), traen descritas en forma independiente y autónoma las sanciones que deben aplicarse, debiendo por tanto el juez imponer las sanciones contenidas en las normas especiales aplicables al caso concreto, sin entrar a distinguirlas, porque la norma es clara y no distingue. Tampoco considera la Sala que el tribunal Superior de Pasto haya hecho más gravosa la situación del apelante único (art. 31 de la Constitución Política), pues como se dijo, el ad-quen no modificó el quantum de la pena ya que éste permanece intacto. Lo que en últimas modificó fue su clasificación, sin que ello signifique un perjuicio para el condenado o altere de alguna forma la condena. Además, no puede decirse que el artículo 31 de la Constitución Política, al consagrar el principio de la no agravación punitiva cuando se trata de apelante único, está abriendo camino a la ilegalidad ni al caos jurídico, ya que debe presumirse que el acto sobre el cual se fundamenta la posible vulneración ha sido emitido dentro de la legalidad existente, pues la norma superior no puede proteger situaciones de hecho generadas por el desconocimiento de la ley, ya que se trataría de legitimar una decisión ilegal. Sobre la reformatio in pejus, comenta Manzino en su tratado de Derecho Procesal Penal: "Pero la prohibición de la reformatio in peius tiene como presupuesto que la pena infligida por el primer juez sea legal, mientras que, si no lo es (ejemplo: aplicación de la reclusión en medida inferior al minimo consentido), no puede valer como término de comparación". (Manzino, Vincenzo. Tratado de Derecho Procesal Penal T. Buenos Aires, 1954 Trad. Santiago Sent´s Melendo y Marino Ayerra Redín, pág. 143). Finalmente, cabe agregar que el recurso extraordinario de casación consagrado en el inciso primero del artículo 218 del C.P.P. interpuesto por el actor contra la Sentencia de segunda instancia en el proceso penal, no prosperó, porque los delitos por los cuales fue condenado no tienen señalada en la ley pena privativa de la libertad que hubiera hecho viable dicho recurso. Pero además, la Corte consideró que el actor no interpuso el recurso excepcional de casación consagrado en el inciso tercero del artículo 218 del C.P.P. (para que fuera concedido discrecionalmente), porque éste no lo dijo expresamente, ni tampoco demostró la violación de ningún derecho fundamental que implicara su defensa, lo que en últimas, coincide con la posición de esta Sala y de los jueces de instancia, en el sentido de que por este motivo no es procedente la acción de tutela. Así las cosas, encuentra la Sala Novena de Revisión que el Tribunal Superior de Pasto, al modificar la Sentencia condenatoria de primera instancia proferida contra Jorge Enrique Quiñones, no violó el derecho al debido proceso y tampoco desconoció el principio contenido en el artículo 31 de la Constitución Política, pues su actuación se limitó a precisar que las penas de multa e interdicción de derechos y funciones públicas, para el caso concreto, no son accesorias sino principales, sobre la base de que ello es lo que señala la ley y sin que en ningún caso se afecte el quantum de la condena. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión  de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO:        CONFIRMAR el fallo de fecha 9 de noviembre de 1994, proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se confirma el fallo de fecha 12 de octubre de 1994, proferido por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, que no concedió la tutela solicitada por Jorge Enrique Quiñones Hernández, pero por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO:       ORDENAR que por la Secretaría General de esta Corporación se comunique el contenido de esta providencia a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado Ponente JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-147-95 Sentencia No Sentencia No. T-147/95 MESADA PENSIONAL-Pago oportuno/PARTIDA PRESUPUESTAL-Ejecución/DERECHOS DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Protección/DERECHO A LA SUBSISTENCIA El Estado adquiere el compromiso de garantizar el pago oportuno de las pensiones, para lo cual debe proveer en los respectivos presupuestos del orden nacional, departamental, distrital y municipal las partidas necesarias para atender de manera cumplida y satisfactoria su obligación constitucional, especialmente cuando quienes se ven afectados por el incumplimiento o la desidia de las autoridades estatales, son personas de la tercera edad, a quienes en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 constitucional, el Estado debe concurrir con la sociedad y la familia a su protección y asistencia, así como a garantizarles los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Estas personas requieren del pago oportuno de sus mesadas pensionales en orden a garantizar su subsistencia y las condiciones mínimas para su existencia digna. Se trata además, de personas quienes legítimamente tienen el derecho a un pago oportuno y cumplido, teniendo en cuenta que han prestado sus servicios al Estado y esperan de él como mínima retribución, que se les paguen sus mesadas pensionales. MESADA PENSIONAL-Pago por prelación/DERECHOS ADQUIRIDOS EN EL TIEMPO-Prelación En casos como el que se examina, en el cual se presenta un desfase en cuanto a la partida que se requiere para cancelar el total de la nómina de pensionados de la entidad, de donde se infiere que no se logra cancelar oportuna ni debidamente las mesadas a todos los pensionados, lo indicado para estos eventos es establecer un orden de prioridades en virtud del cual la distribución de esos pagos debe hacerse con fundamento en un criterio de justicia social y de derechos adquiridos en el tiempo. Se deberán cancelar dando prelación a los pensionados más antiguos, es decir, que debe establecerse una regla de distribución de esos pagos según el tiempo en que se adquirió el derecho a la pensión. REF: Expediente No. T - 56.427 PETICIONARIO: Carlos Bermudez Cañizares contra la Caja de Previsión Social del Magdalena. PROCEDENCIA: Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta. MAGISTRADO PONENTE: DR. HERNANDO HERRERA VERGARA Santa Fé de Bogotá, D.C., Abril cuatro (4) de mil novecientos noventa y cinco (1995). Procede la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados HERNANDO HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Y FABIO MORON DIAZ, a revisar los fallos proferidos por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Marta, el 27 de septiembre de 1994 y por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta el 22 de noviembre del mismo año, dentro del proceso de tutela de la referencia. El negocio llegó al conocimiento de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, por la vía ordinaria de la remisión que hizo el Juzgado Tercero Civil del Circuito, en virtud a lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Conforme a los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Segunda de Selección de la Corte escogió para efectos de revisión la presente acción de tutela. I. ANTECEDENTES. A. HECHOS. El ciudadano Carlos Bermudez Cañizares instauró acción de tutela contra la Caja de Previsión Social del Magdalena con el objeto de que se le proteja su derecho fundamental a la seguridad social, representado en el pago de las mesadas pensionales correspondientes. El peticionario fundamenta su solicitud, en que mediante Resolución Número 578 del 26 de mayo de 1980 fue pensionado por la Caja de Previsión Social del Departamenteo del Magdalena. No obstante, señala que se le viene incumpliendo con dicha obligación y que en la actualidad se le están adeudando las mesadas correspondientes desde el mes de julio de 1993 hasta la fecha de la presentación de la demanda de tutela, lo cual asciende a la suma de $7.635.003 pesos. Estima que con dicha actitud omisiva de la Caja, se le desconoce adicionalmente su derecho a la igualdad, pues existen otros pensionados a quienes se les viene cancelando oportunamente su mesada pensional. B. DEMANDA. En virtud a lo anterior, solicita se ordene a la Caja de Previsión Social del Departamento del Magdalena que se le cancelen las mesadas pensionales a que tiene derecho, así como el pago oportuno hacia el futuro de las mismas. II. LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE SE REVISAN. A. Sentencia de Primera Instancia. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Marta, mediante providencia del 27 de septiembre de 1994, resolvió tutelar el derecho fundamental a la igualdad del señor Carlos Bermudez Cañizares, ordenando a la Caja de Previsión Social del Magdalena cancelarle las mesadas pensionales que le adeudan desde el mes de julio de 1993. Fundamentó su decisión el mencionado despacho judicial, en que la omisión en el pago oportuno de las mesadas pensionales es objeto de tutela cuando según las circunstancias de cada caso, tiene la potencialidad de poner en peligro y vulnerar derechos y principios fundamentales como la vida, la dignidad humana, la integridad física y moral, el libre desarrollo de la personalidad y los derechos de las personas de la tercera edad, quienes requieren de un mínimo de elementos materiales para subsistir, medios que sólo pueden adquirir a través de sus mesadas pensionales, pues carecen de capacidad laboral y de medios físicos para proporcionarselos él mismo. Con base en lo anterior y en las pruebas recaudadas, observa el Juzgado un retraso no justificado y una conducta morosa que contraría con un Estado social de derecho, imparcial y célere, razón por la cual encuentra viable el amparo de los derechos constitucionales fundamentales del solicitante. B. Impugnación. La Sentencia de primera instancia fue impugnada por el apoderado de la Caja Departamental de Previsión Social del Magdalena quien manifestó que el actor dispone de otros medios de defensa judicial para la protección de sus derechos, motivo por el cual la tutela en los términos del artículo 6o del Decreto 2591 de 1991 es improcedente. Señala que al peticionario no se le ha negado su derecho fundamental, pues su pensión está reconocida mediante resolución expedida por la autoridad departamental y en consecuencia, para el cobro de la misma existen los procesos ejecutivos laborales que son la vía expedita para obtener por ese mecanismo judicial el pago de los dineros adeudados. Finalmente, aduce que es un hecho notorio que la Caja Departamental de Previsión Social del Magdalena no tiene suficiente capacidad económica, por lo que solicita se revoque en todas sus partes la providencia impugnada. C. Sentencia de Segunda Instancia. Mediante fallo de 22 de noviembre de 1994, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta resolvió revocar el fallo de tutela impugnado, y en su lugar, denegar la tutela instaurada por Carlos Bermudez Cañizares. El Juzgado fundamenta su decisión en diversas providencias emanadas del Tribunal Administrativo del Magdalena y del Consejo de Estado, en las cuales se negó la tutela para el pago de las mesadas atrasadas, por cuanto como lo pretendido es el pago de las mesadas pensionales atrasadas, “el petente para lograr la plena satisfacción de sus acreencias, debe acudir al proceso ejecutivo laboral”. Por lo tanto, estima que al disponer el peticionario de otros medios de defensa judicial, la acción de tutela es improcedente. IV.      CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Primera. La competencia. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta. Segunda. Problema Jurídico. Advierte la Sala que el accionante pretende mediante el ejercicio de la acción de tutela el pago de las mesadas atrasadas y sucesivas, que le fueron reconocidas mediante Resolución No. 578 de mayo 26 de 1980, emanada de la Caja de Previsión Social del Departamento del Magdalena, las cuales le han dejado de cancelar desde el mes de julio de 1993. En virtud a lo anterior, deberá la Sala de Revisión con fundamento en las pruebas que obran en el expediente y de acuerdo con las normas constitucionales, determinar si la acción de tutela es el instrumento idóneo para lograr la cancelación de las mesadas pensionales que la entidad de previsión demandada le adeuda al accionante. * De las pruebas que obran en el expediente. a) Según certificación expedida por la Caja Departamental de Previsión Social del Magdalena el 9 de septiembre de 1994: =   “El señor CARLOS BERMUDEZ CAÑIZARES es pensionado de esa institución según Resolución No. 578 de mayo 26 de 1980”. =   “No se le han cancelado al señor BERMUDEZ hasta la fecha las Mesadas, Primas y diferencias Pensionales correspondientes a: * Difer. Enero a Junio/90. Res. 2129. Sept.13/90.          $    328.444 * Meses Abril a Dic./91. Res. 0428. Julio 5/91 $ 3.014.298 * Meses Julio a Dic./93. Res. 0034. Feb. 11/93              $ 3.165.006 * Meses Feb. a Agos./94. Res. 0181. Marzo 3/94   $ 4.472.125 __________ Valor Total:                                                                  $10.431.354 b) Memorial dirigido al Juez Civil Municipal de Santa Marta por el Gerente de la Caja Departamental de Previsión Social del Magdalena, fechado 26 de septiembre de 1994, en el cual manifiesta: “Las razones que me asisten para no haberle cancelado los meses de (...) al accionante de la referencia son las mismas que afectan a los demás pensionados que tampoco se le ha cancelado, el desfase que existe en esta Entidad en relación a los dineros que ingresan para el pago de pensionados Departamentales, y la nómina de los mismos, ya que ingresan $62.287.156,78 correspondientes al 15% del valor global de las nóminas Departamentales, de aquellas entidades afiliadas a la Caja, y las nóminas de pensionados Dptales asciende a la suma de $134.361.161,00 (900 pensionados), con este desfase notorio que tenemos es imposible poder cancelarle a todos los pensionados oportunamente como es el querer, la voluntad de la Gerencia de esta Caja atender en sus pagos a los pensionados de esta entidad” (negrillas y subrayas fuera de texto). Tercera. Procedencia de la acción de tutela para lograr el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales atrasadas y sucesivas. Respecto a los mecanismos jurídicos y legales para hacer efectivos los derechos a la seguridad social, en principio puede afirmarse que quien así encuentre afectados o lesionados sus derechos fundamentales, dispone de medios de defensa judicial para reclamar el pago de las mesadas pensionales adeudadas, como lo son las acciones ejecutivas laborales o las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. No obstante que el afectado en el derecho al pago oportuno de sus mesadas pensionales dispone de otro medio de defensa judicial, como lo es acudir al proceso ejecutivo laboral, debe analizarse si en presencia de los derechos constitucionales fundamentales de las personas de la tercera edad, es viable acceder a la acción instaurada por el demandante, pues estima la Corte que el Juez de tutela no puede ser indiferente ante la situación de los pensionados, ni puede dejar de considerar las condiciones específicas de debilidad en las que se encuentran las personas de la tercera edad y la protección especial que la Constitución y los convenios internacionales les conceden en el artículo 46 del ordenamiento superior. De esta manera, se busca que el Estado promueva y garantice en la medida de sus posibilidades, las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (CP. artículo 13), y nada más apropiado para ello que se proteja efectivamente a los ciudadanos de la tercera edad, quienes por sus condiciones constituyen un sector de la población que merece y requiere de una especial protección por parte del Estado -como obligación constitucional- y de la sociedad, dentro del principio de la solidaridad social en que éste se cimienta (CP. artículo 48). Esta Sala de Revisión considera que las conductas omisivas de las entidades de previsión encargadas de atender y cumplir debida y prontamente con sus obligaciones frente a los pensionados, atenta contra el principio fundamental que rige nuestro Estado social de derecho y que constituye uno de sus fines esenciales, consistente en la eficacia real y no formal de los derechos fundamentales de los asociados. En efecto, el simple reconocimiento de las pensiones no implica que el derecho haya sido satisfecho en debida forma. Para ello es indispensable en aras de darle eficacia material, que efectivamente al pensionado se le cancelen cumplidamente las mesadas futuras y atrasadas, y que se le reconozca en aquellos casos que así se solicite. Obligación que debe hacerse efectiva dentro de los términos legales previstos para ello, en aras a no afectar ni desmejorar los derechos ni la calidad de vida de los pensionados. No en vano el constituyente de 1991 tuvo en cuenta la situación de desprotección ante la cual se encuentran los pensionados, razón por la cual plasmó en el inciso tercero del artículo 53 de la Carta Política la obligación a cargo del Estado de garantizar el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Por ello, no puede aceptarse el argumento expuesto por el representante de la entidad de previsión accionada, según el cual los derechos de los pensionados pueden suspenderse por la falta de presupuesto de la entidad. Señaló el citado funcionario en oficio remitido al Juez de instancia, que las razones que le asisten para no cancelarle las mesadas al accionante y demás pensionados “es el desfase que existe en la entidad en relación a los dineros que ingresan para el pago de pensionados departamentales y la nómina de los mismos”. Es claro y diáfano el mandato contenido en el inciso tercero del artículo 53 de la Carta, en virtud del cual el Estado tiene a su cargo el deber de garantizar el derecho de los pensionados al pago oportuno de sus mesadas pensionales, para efectos de lo cual está en la obligación de adelantar las gestiones y adoptar los mecanismos que hagan efectivo el derecho. El Estado adquiere pues, el compromiso de garantizar el pago oportuno de las pensiones, para lo cual debe proveer en los respectivos presupuestos del orden nacional, departamental, distrital y municipal las partidas necesarias para atender de manera cumplida y satisfactoria su obligación constitucional, especialmente cuando quienes se ven afectados por el incumplimiento o la desidia de las autoridades estatales, son personas de la tercera edad, a quienes en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 constitucional, el Estado debe concurrir con la sociedad y la familia a su protección y asistencia, así como a garantizarles los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Estas personas requieren del pago oportuno de sus mesadas pensionales en orden a garantizar su subsistencia y las condiciones mínimas para su existencia digna. Se trata además, de personas quienes legítimamente tienen el derecho a un pago oportuno y cumplido, teniendo en cuenta que han prestado sus servicios al Estado y esperan de él como mínima retribución, que se les paguen sus mesadas pensionales. En tal virtud, cuando no se atiende en forma oportuna el pago de las pensiones legales por parte de las entidades del Estado, deben adoptarse los mecanismos correspondientes y adecuados en orden a hacer efectiva la garantía constitucional plasmada en el artículo 53 de la Carta, especialmente cuando están de por medio los derechos fundamentales a la vida y a la salud de las personas de la tercera edad. Por lo tanto, el pago de las pensiones legales cuando éstas han sido ya reconocidas legalmente mediante el respectivo acto administrativo emanado de la entidad de previsión, deben mantener un nivel de eficiencia aceptable para dar respuesta a las necesidades sociales, en orden a la realización de los fines sociales del Estado, a la justicia social y a promover frente a los demás pensionados, una igualdad real y efectiva. Más aún, habiéndose dado al Estado colombiano por el constituyente de 1991 un carácter social, se hace indispensable que acometa acciones positivas en favor de la comunidad. En este contexto, el pago cumplido de las pensiones legales es una de tales actuaciones positivas a las que está obligado el Estado. Por ello, es para la Sala fundamental que las autoridades del orden nacional, departamental, distrital y municipal adopten de manera prioritaria las medidas encaminadas a que se incluyan en los proyectos de presupuesto las partidas suficientes en orden a que los pensionados, en particular los de las entidades de previsión, reciban en forma oportuna el pago de sus mesadas. Sobre el particular, es del caso referirse a la jurisprudencia que sobre el tema ha producido esta Corporación, la cual en la Sentencia No. T-168 de 1994, emanada de esta misma Sala de Revisión, expresó: “Es así como las entidades que se encargan del pago de esas pensiones no deben incurrir en mora al tiempo de cancelarlas, puesto que ello significaría poner en peligro la vida y la integridad de quienes se hallan sujetos a esos pagos para subsistir. En el caso que se examina, encontramos que se omitió hacer, en forma oportuna, el pago correspondiente al actor y aunque se trata de un retraso, más no de la suspensión del derecho pensional como lo afirma el actor, sí encuentra la Sala que se ha incurrido en retrasos para efectuarlo, con lo cual se está vulnerando el derecho al pago oportuno de las pensiones que tiene el actor y que se halla consagrado en el artículo 53 de la Constitución Nacional y por ende, el derecho a la seguridad social” (negrillas y subrayas fuera de texto). Por su parte, en la Sentencia No. T-184 de 1994, MP. Dr. Alejandro Martinez, se expresó acerca del pago de las mesadas pensionales: “En cuanto a la eficacia que deben tener los medios alternativos de defensa judicial llamados a "sustituir" la tutela, es claro que el otro medio de defensa judicial debe poseer necesariamente, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza tiene la acción de tutela. En el caso de las pensiones de jubilación, la acción ejecutiva laboral ha resultado inoperante para la defensa efectiva de los derechos de los pensionados, debido a la existencia de la norma legal que prohibe la inembargabilidad de los bienes y rentas del presupuesto. En este sentido, son improcedentes los argumentos sobre el "otro mecanismo de defensa". El Juez de tutela no puede ser indiferente ante la situación de los pensionados y no puede por tanto, dejar de considerar las condiciones específicas de debilidad en las que se encuentran las personas de la tercera edad y la protección especial que los Convenios Internacionales y la Constitución les conceden. El simple reconocimiento de las pensiones no implica que el derecho haya sido satisfecho en debida forma. Para ello es indispensable en aras de darle eficacia material, que al pensionado no sólo se le reconozca su derecho al cumplir con los requisitos legales, sino que adicionalmente, se le cancelen las mesadas atrasadas o futuras a que tiene derecho. Obligación que debe hacerse efectiva dentro de los términos legales previstos para ello, en aras a no afectar ni desmejorar los derechos ni la calidad de vida de los pensionados” (negrillas y subrayas fuera de texto). *     El caso concreto y el amparo de los derechos del peticionario. En el caso concreto, se observa que a pesar que desde el año de 1980 se le reconoció al accionante su pensión legal, la cual se le canceló hasta el mes de julio de 1993, no encuentra la Sala justificación alguna que exima de responsabilidad a la entidad de previsión accionada, para haber suspendido el pago de las mesadas pensionales al peticionario, acumulándose un total de $10.431.354, como valor total de lo adeudado desde el citado mes de julio de 1993 hasta la fecha al señor Bermudez por concepto de mesadas, primas y diferencias pensionales, especialmente teniendo en cuenta que tiene 80 años de edad. No puede aceptarse como argumento que la entidad carece de recursos para cancelarle a los pensionados, cuando ellas están en la obligación constitucional y legal de constituir fondos y reservas destinadas a la cancelación de las pensiones legales, cuya falta de pago oportuno,  no sólo vulnera el ordenamiento constitucional -artículo 53-3-, sino que afecta de manera ostensible los derechos fundamentales en relación con la seguridad social del accionante. Así mismo, es necesario hacer referencia a la información suministrada por el señor Gerente Regional de la Caja de Previsión Social del Magdalena, según la cual para el pago de mesadas pensionales, la entidad recibe una suma equivalente al 15% del valor global de las nóminas departamentales ($62.287.156,78), la cual distribuye entre el total de pensionados de la Caja. Y señala que “con este desface notorio que tenemos es imposible poder cancelarle a todos los pensionados oportunamente”. Con base en lo anterior, estima la Sala oportuno indicar que en casos como el que se examina, en el cual se presenta un desfase en cuanto a la partida que se requiere para cancelar el total de la nómina de pensionados de la entidad, de donde se infiere que no se logra cancelar oportuna ni debidamente las mesadas a todos los pensionados, lo indicado para estos eventos es establecer un orden de prioridades en virtud del cual la distribución de esos pagos debe hacerse con fundamento en un criterio de justicia social y de derechos adquiridos en el tiempo. Así entonces, con esa partida que recibe la Caja de Previsión Social del Departamento del Magdalena, que es insuficiente para atender el pago de las mesadas de todos los pensionados, se deberán cancelar dando prelación a los pensionados más antiguos, es decir, que debe establecerse una regla de distribución de esos pagos según el tiempo en que se adquirió el derecho a la pensión. No puede aceptarse por la Sala un criterio contrario que desconozca los derechos de los pensionados más antiguos, no sólo por el momento en que se hicieron acreedores a su derecho, sino por la edad que tienen. No es igual la situación de un pensionado de 80 años -como el caso del accionante-, que no tiene medios ni posibilidades de acceder a obtener otro tipo de ingresos, frente a otros de edad inferior que si bien es cierto tienen el mismo derecho pensional reconocido, este tan solo se ha decretado en época más reciente. Cómo comparar entonces, la situación de un pensionado de 80 años, cuyo derecho ha sido reconocido hace más de 15 años, con uno de 57 años, que apenas podrá tener 2 años de haberse hecho acreedor al derecho. Ello obviamente no desconoce el principio y derecho constitucional de la igualdad, pues se está en este caso frente a una situación en que es necesario por parte del Estado adoptar medidas en orden a que se protejan a quienes están en situaciones de debilidad o desigualdad, que aquí se predican con respecto al actor. Así pues, tiene plena aplicación en el caso concreto, el principio según el cual “primero en el tiempo, primero en el derecho”, por lo que, la entidad accionada debe adoptar las medidas encaminadas a que de los dineros que ingresan para el pago de pensionados departamentales, se destinen en forma prioritaria al pago oportuno de las mesadas de los pensionados más antiguos, pues lo contrario sería no sólo injusto, sino desconocedor de los principios de la justicia social y del Estado social de derecho. Cuarta. Conclusión. En virtud a lo anterior, concluye la Sala que habrá de revocarse la Sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, y en su lugar confirmar la providencia del Juzgado Segundo Civil Municipal de esa ciudad, en cuanto concedió la tutela de los derechos del señor CARLOS BERMUDEZ CAÑIZARES, consistente en el pago oportuno de su pensión de jubilación que le había sido reconocida por la Caja de Previsión Social del Departamento del Magdalena. Por lo tanto, se ordenará en la parte resolutiva de esta providencia a la Caja de Previsión Social del Departamento del Magdalena, cancelarle al señor BERMUDEZ las mesadas, primas y diferencias pensionales que le adeudan correspondientes a los meses de abril a diciembre de 1991 (Resolución No. 0428 de julio 5 de 1991), julio a diciembre de 1993 (Resolución No. 0034 de febrero 11 de 1993) y febrero a agosto de 1994 (Resolución No. 0181 de marzo 3 de 1994), siempre y cuando dicho pago no se hubiese efectuado con anterioridad a la notificación de esta providencia, advirtiéndole adicionalmente a la entidad accionada, su obligación constitucional de pagar en forma oportuna las mesadas pensionales futuras al accionante. VI.    DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, obrando en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, el 22de noviembre de 1994, y en su lugar conceder la tutela del derecho a la seguridad social del señor CARLOS BERMUDEZ CAÑIZARES. SEGUNDO.  ORDENAR a la Caja de Previsión Social del Departamento del Magdalena, a través de su Gerente, a que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a cancelarle al señor CARLOS BERMUDEZ CAÑIZARES, las mesadas pensionales que se le adeudan, de conformidad con el certificado suscrito por la misma Caja el 9 de septiembre de 1994 (el cual obra en el expediente), siempre y cuando dicho pago no se hubiese efectuado con anterioridad a la notificación de esta providencia. TERCERO.- Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO   FABIO MORON DIAZ Magistrado                                 Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-148-95 Sentencia No Sentencia No. T-148/95 DERECHO DE PETICION-Pronta resolución Una vez formulada la petición, de manera respetuosa, cualquiera que sea el motivo de la misma, bien sea particular o general, el ciudadano adquiere el derecho a obtener pronta resolución. Lo que hace efectivo el derecho es que la petición elevada sea resuelta rápidamente. Por tanto, es una obligación inexcusable de la administración resolver prontamente las peticiones presentadas por los ciudadanos, lo cual no significa una respuesta favorable perentoriamente. Pero en cambio, puede afirmarse que su pronta resolución hace verdaderamente efectivo el derecho de petición. SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO La operancia del silencio administrativo no exime a la administración de la obligación de decidir las peticiones que en forma respetuosa le sean formuladas y que por lo tanto, no es admisible la tesis que en este caso expone el juez de instancia, según la cual esta figura constituye un medio de defensa judicial que hace improcedente la tutela. REF.: EXPEDIENTE No. T - 58.294 PETICIONARIA: Maria Inés Iregui de Villamil contra la Caja Nacional de Previsión Social. PROCEDENCIA: Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá. TEMA: Derecho de Petición y Silencio Administrativo. MAGISTRADO PONENTE: Dr. HERNANDO HERRERA  VERGARA. Santa Fe de Bogotá, Abril cuatro (4) de mil novecientos noventa y cinco (1995). Procede la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados HERNANDO HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Y FABIO MORON DIAZ, a revisar el fallo proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá el día 14 de diciembre de 1994, en el proceso de tutela de la referencia. I.     ANTECEDENTES. La señora MARIA INES IREGUI DE VILLAMIL, acude a la acción de tutela con el fin de que se le resuelva la petición que formuló ante la Caja Nacional de Previsión Social, en relación con el reconocimiento y pago de la reliquidación de su pensión de jubilación. Por ello, estima que están siendo vulnerados por la accionada sus derechos fundamentales de petición, subsistencia y seguridad social. Señala que con el radicado número 20204810 de junio 16 de 1994, solicitó a la Sección de Pensiones Nacionales de la Caja Nacional de Previsión, el reconocimiento y pago de la reliquidación de su pensión de jubilación, sin que hasta la fecha la entidad de previsión haya resuelto la misma. En tal virtud, solicita se le tutelen los derechos fundamentales vulnerados y en consecuencia se ordene a la Subdirección de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social resolver en algún sentido la petición formulada, y que adicionalmente, se condene a la demandada a la indemnización que resulte por la violación de sus derechos. II.      EL FALLO QUE SE REVISA. El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, mediante Sentencia de 14 de diciembre de 1994 resolvió negar la tutela de los derechos invocados por la accionante, con fundamento en que operó el silencio administrativo negativo y que por lo tanto para la defensa de sus derechos dispone de las acciones pertinentes ante la jurisdicción contencioso administrativa. Sustenta su decisión en que “la acción de tutela, al amparo del derecho de petición, para una pronta decisión resulta impróspera, máxime cuando el código contencioso administrativo, contempla el fenómeno de la ocurrencia del silencio administrativo negativo, si transcurrido el plazo señalado en la ley (3 meses), a partir de la presentación de la petición, sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que ésta es negada. Puede entonces el interesado, ocurrir en acción contenciosa administrativa, para obtener la declaración de nulidad del acto administrativo negativo -presunto- contenido en el silencio administrativo, proveniente de la accionada, al no dar contestación a la solicitud formulada, dentro del término de ley; y en consecuencia, deprecar el reconocimiento de la reliquidación de la pensión de jubilación peticionada”. Por lo anterior, concluye que la tutela en este caso no procede por expreso mandato del artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, en razón a que existen otros recursos o medios de defensa judiciales, “que ineluctablemente debe seguir el accionante so pena de sacrificar al ordenamiento jurídico, con grave perjuicio para el debido proceso, y por ende el derecho de defensa”. No habiendo sido impugnada la anterior providencia, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 para efectos de su eventual revisión, y habiendo sido seleccionado, procede la Sala Sexta de Revisión a resolver acerca del fallo proferido en primera y única instancia por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá. III.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Primera.    La competencia. Es competente esta Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional para proferir Sentencia en relación con el fallo proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Segunda.   Breve justificación para revocar la Sentencia que se revisa. 2.1 Del problema jurídico. En el asunto sometido a revisión, la accionante solicitó desde el 16 de junio de 1994 ante la Sección de Pensiones Nacionales de la Caja Nacional de Previsión, el reconocimiento y pago de la reliquidación de la pensión de jubilación, sin que hasta la fecha la entidad accionada le haya resuelto su petición. Por lo tanto, solicita que a través de la tutela, se ordene a la Caja de Previsión se le de respuesta a su solicitud. Es de resaltar que el a-quo negó la tutela, con fundamento en que operó el fenómeno del silencio administrativo negativo, y que por ende la accionante dispone de otros medios de defensa judicial, como son las acciones consagradas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 2.2. Del amparo del derecho de petición mediante la acción de tutela a pesar de la existencia del silencio administrativo negativo. Con fundamento en los hechos expuestos en la demanda de tutela y en los argumentos del Juzgado Sexto Laboral del Circuito para denegar dicha solicitud, debe la Sala reiterar su jurisprudencia, en el sentido de que a pesar de que opere el fenómeno del silencio administrativo, las autoridades, representadas en este caso en las entidades de previsión, están en la obligación constitucional de responder las peticiones que ante ella formulen los particulares, en ejercicio del legítimo derecho que consagra el artículo 23 de la Carta Política. Ha expresado la Corporación[1], que el derecho de petición constituye un derecho constitucional fundamental susceptible de ser tutelado, y que el mismo carecería de efectividad[2] si se tradujera sólo en la presentación de la petición. Por el contrario, lo que le otorga efectividad al derecho es que la petición debe ser contestada en forma rápida y oportuna en beneficio de quien la formula. Sobre el particular, se ha indicado que[3]: “De su texto se deducen los límites y alcances del derecho: una vez formulada la petición, de manera respetuosa, cualquiera que sea el motivo de la misma, bien sea particular o general, el ciudadano adquiere el derecho a obtener pronta resolución. Puede afirmarse que el derecho fundamental sería inocuo si sólo se formulara en términos de poder presentar la respectiva petición. Lo que hace efectivo el derecho es que la petición elevada sea resuelta rápidamente. De nada serviría el derecho de petición, si la misma Constitución no consagrara el correlativo deber de las autoridades de proferir pronta resolución. Desde luego, no puede tomarse como parte del derecho de petición una prerrogativa que lleve forzosamente a que la administración defina de manera favorable las pretensiones del solicitante. Por tanto, es una obligación inexcusable de la administración resolver prontamente las peticiones presentadas por los ciudadanos, lo cual no significa una respuesta favorable perentoriamente. Pero en cambio, puede afirmarse que su pronta resolución hace verdaderamente efectivo el derecho de petición”. En el presente caso, señala el a-quo que no procede la tutela del derecho de petición, por cuanto ha operado el fenómeno del silencio administrativo negativo, el cual deja al accionante abierta la posibilidad de acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para lograr que se hagan efectivas sus pretensiones. Debe reiterar la Sala reiterar la jurisprudencia de la Corte[4], según la cual la operancia del silencio administrativo no exime a la administración de la obligación de decidir las peticiones que en forma respetuosa le sean formuladas y que por lo tanto, no es admisible la tesis que en este caso expone el juez de instancia, según la cual esta figura constituye un medio de defensa judicial que hace improcedente la tutela[5]. En dicha providencia, emanada de esta misma Sala de Revisión, se expresó: "conviene destacar que reiterada jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la operancia de la figura conocida como "silencio administrativo" en modo alguno satisface la efectividad del derecho de petición.  La ya referida Sentencia No T-426 de 1992, sobre el particular deja en claro que, "la posibilidad de las autoridades de no contestar reclamaciones o solicitudes que conlleva la configuración del fenómeno del silencio administrativo (arts 40 a 42 código contencioso administrativo) no debe entenderse como vía expedita para el desconocimiento del núcleo esencial del derecho fundamental de petición". Por lo anterior, la omisión de la entidad de previsión al no dar respuesta a las peticiones que ante ella se formulen con la necesaria prontitud, constituye una vulneración del derecho de petición, a pesar de que ello genera la ocurrencia del fenómeno jurídico del silencio administrativo, el cual no releva a la administración del deber de resolver la solicitud. Así lo dispone el artículo 40, inciso 2º, del Código Contencioso Administrativo, a cuyo tenor la ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades ni las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, haciendo la salvedad del caso en que el interesado hubiere hecho uso de los recursos de la vía gubernativa con fundamento en él, contra el acto ficto. De ninguna manera puede tomarse la figura del silencio administrativo como supletoria de la obligación constitucional de resolver que tiene a su cargo la autoridad, y menos todavía entender que su ocurrencia excluye la defensa judicial del derecho de petición considerado en sí mismo. Tercera. Procedencia de la tutela en el asunto que se revisa. En virtud a lo expuesto, concluye la Sala de Revisión que a pesar de que haya operado el silencio administrativo negativo, es claro que se vulneró y se sigue vulnerando -en tanto la Caja Nacional de Previsión Social se abstenga de resolver la solicitud formulada- el derecho fundamental de petición garantizado a toda persona por el artículo 23 de la Constitución Política. En razón a lo anterior, estima esta Sala de Revisión que en el asunto que se examina se ha producido un desconocimiento del derecho de petición de la accionante por parte de la Caja Nacional de Previsión Social, por cuanto han transcurrido más de nueve meses desde que la señora MARIA INES IREGUI DE VILLAMIL solicitó se le resolviera acerca del reconocimiento y pago de la reliquidación de su pensión de jubilación, sin que hasta la fecha se hayan resuelto o se conozca respuesta alguna sobre el particular. Se  revocará, entonces,  la Sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá que denegó la petición de tutela presentada por la accionante, y en su lugar se concederá el amparo, ordenando a la entidad responsable resolver acerca de la petición elevada ante ella, independientemente del sentido en que lo haga, pues el contenido de lo solicitado es de carácter laboral y habrá de ser la correspondiente jurisdicción la encargada de decidir si el accionante tiene o no derecho al pago y reconocimiento de la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora MARIA INES IREGUI DE VILLAMIL. IV.    DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, obrando en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO.        REVOCAR la Sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá el 14 de diciembre de 1994, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar conceder la tutela del derecho de petición de la señora MARIA INES IREGUI DE VILLAMIL. SEGUNDO.       ORDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva la solicitud radicada con el número 20204810 de junio 16 de 1994, presentada por la señora IREGUI DE VILLAMIL, si para la fecha de la misma aún no se ha dado respuesta a la petición. TERCERO. LIBRENSE por la Secretaría General de la Corte Constitucional las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO   FABIO MORON DIAZ Magistrado                                   Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1] Cfr. Corte Constitucional Sentencias Nos. T-464/92. MP. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-473/92, MP. Dr. Ciro Angarita Baron; T-495/92 Dr. Ciro Angarita Barón y T-010/93 MP. Dr. Jaime Sanín Greiffestein. [2] Cfr. Corte Constitucional Sentencias T-315, T-262 y T-263  de 1993 entre otras. [3] Cfr. Corte Constitucional Sentencia T-119/93. [4] Cfr. Corte Constitucional  Sentencias T-243/93; T-262/93; T-263/93; T-264/93; T-315 /93; T-355/93; T-253/93; T-385/93; T-387/93; T-476/93; T-184/94; T-279/94 entre otras. [5] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. T-315 de 1993.

T-149-95 Sentencia No Sentencia No. T-149/95 ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Presupuestos/PRESUNCION DE BUENA FE La actuación temeraria presupone la violación del principio de la buena fe. Una probable explicación del comportamiento de los actores sería la de que éstos buscaban constituir las pruebas necesarias para demostrar posteriormente la existencia de un trato discriminatorio. Esta interpretación, a diferencia de la presupuesta por los falladores de tutela, consulta el principio de la presunción de buena fe en las gestiones que los particulares adelantan ante las autoridades PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD A LOS BENEFICIOS MINIMOS LABORALES/PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA El artículo 53 de la Carta Política consagra el principio fundamental de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales - entre ellos el salario-. El principio de irrenunciabilidad de los beneficios laborales se apoya en el mejoramiento constante de los niveles de vida y en la dignificación del trabajador. Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público. Los derechos y prerrogativas en ellas reconocidos se sustraen a la autonomía de la voluntad privada, por lo que no son disponibles salvo los casos exceptuados por la ley. La imposibilidad constitucional de modificar las condiciones de trabajo en perjuicio del trabajador tiene sustento en el carácter esencial de estos beneficios para la conservación de la dignidad humana. DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Vulneración/CONVENCION COLECTIVA-Retroactividad/DERECHOS ADQUIRIDOS-Vulneración/ACTOS DISCRIMINATORIOS EN MATERIA SALARIAL Y SINDICAL Si bien la sindicalización de los petentes comporta un cambio de régimen laboral, la convención colectiva sólo puede regir hacia el futuro. La aplicación retroactiva de la convención, mediante la imposición al trabajador de escalas salariales menores contenidas en ella, desconoce los derechos adquiridos y viola el principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. La actuación de la empresa no sólo desconoce los derechos adquiridos de los trabajadores al pretender aplicarles retroactivamente la convención, en desmedro de los beneficios salariales reconocidos anteriormente. Ella atenta, además, contra el artículo 39 de la Carta, ya que, mediante medios ilegales, se pretende disuadir a los trabajadores de ejercer libremente su derecho de asociación sindical. SALARIO-Reducción/PERJUICIO IRREMEDIABLE/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA Durante un año, los peticionarios han dejado de percibir aproximadamente una cuarta parte de su salario. Si bien la reducción salarial no supone un perjuicio irremediable para un trabajador de altos ingresos, en el presente caso, dado el reducido monto del salario de los demandantes y su carácter congruo, la disminución en el porcentaje señalado tiene la potencialidad de ocasionarles un perjuicio grave e inminente, siendo procedente el otorgamiento de la tutela transitoria, en contra de la entidad particular respecto de la cual se encuentran temporalmente en situación de subordinación. ABRIL 4 DE 1995 Ref:  Expedientes T-52386 y 52388 Actores: JOSE MIGUEL MORA HERRERA y ORLANDO BUITRAGO ROJAS Magistrado Ponente: EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Temas: -Actuación temeraria en la interposición    de la acción de tutela -Principio de irrenunciabilidad de los beneficios laborales -Actos discriminatorios en materia salarial y sindical La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José  Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En los procesos de tutela  T-52386 y 52388 adelantados por los señores JOSE MIGUEL MORA HERRERA y ORLANDO BUITRAGO ROJAS, respectivamente, contra la compañía Vidrios Templados Colombianos S.A. VITEMCO S.A.. ANTECEDENTES 1. JOSE MIGUEL MORA HERRERA (expediente T-52386) y ORLANDO BUITRAGO ROJAS (expediente T-52388), interpusieron, por separado, acciones de tutela contra Vidrios Templados Colombianos S.A. -VITEMCO S.A. -, como mecanismo transitorio, para proteger sus derechos a la igualdad, al trabajo, a la asociación sindical y a la negociación colectiva. 2. Relatan los demandantes, vinculados a la sociedad VITEMCO desde 1982 y 1988, respectivamente, que en marzo de 1994 se afiliaron al Sindicato de Trabajadores de la compañía, siendo elegidos miembros de su Junta Directiva. 3. Como consecuencia de la afiliación sindical, la compañía decidió disminuirles el salario mensual devengado, de $230.000 a $176.000 pesos mensuales. 4. Consideran que la conducta de la empresa configura un típico acto de discriminación sindical y salarial, con el propósito de sancionarlos por la afiliación al sindicato, lo que vulnera sus derechos fundamentales. La conducta anti-sindical - afirman - se refleja en el hecho de que en 1991 había sesenta trabajadores afiliados al sindicato y en 1994 este número se redujo a trece. 5. Solicitan que se ordene a la Empresa VITEMCO S.A. cesar sus actos de discriminación y proceder a efectuar la nivelación de su asignación básica mensual, mientras el juez ordinario se pronuncia sobre la controversia laboral. 6. El representante legal de VITEMCO S.A., informa al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Tribunal de tutela en primera instancia, que en la empresa existe un pacto colectivo de trabajo, que cobija a los trabajadores no sindicalizados y una convención colectiva, que regula la relación laboral con los trabajadores sindicalizados. En cuanto a la situación de los peticionarios, manifiesta que éstos adquirieron voluntariamente la condición de trabajadores sindicalizados, lo que justifica su cambio inmediato de régimen salarial, de conformidad con el pacto colectivo y la ley laboral. Resulta incompatible - sostiene la empresa - ser beneficiario al mismo tiempo de un pacto y de una convención. Cita como respaldo la cláusula del pacto colectivo que dice: "En consecuencia si uno o varios trabajadores beneficiarios de éste llegasen a sindicalizarse, cesarán automáticamente para éstos,  todos los beneficios del presente pacto, incluido naturalmente los aumentos salariales, eliminándose toda posibilidad para tales empleados de quedar amparados al mismo tiempo por el pacto y la convención así sea en forma parcial." Además, considera que los demandantes abusaron de la acción de tutela, por el hecho de haber ejercido previamente otra acción, por los mismos hechos, ante el Tribunal Superior de Bogotá, de cuyo fallo acompaña copia (*). 7. El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante Sentencias del 7 de octubre y del 12 de octubre de 1994, denegó las solicitudes de tutela elevadas por MORA HERRERA y BUITRAGO ROJAS contra VITEMCO S.A. Señala en sus providencias que los petentes actuaron temerariamente al interponer dos acciones por los mismos hechos ante diferentes autoridades judiciales. En las referidas Sentencias se hacen las siguientes consideraciones: 7.1 Los actores en las acciones interpuestas ante el Tribunal Superior se refieren a la represalia de la empresa originada en la afiliación al sindicato, como igualmente lo hacen en la presente acción. Además, se trata de la misma parte demandada, no obstante que la empresa se transformó en sociedad anónima. 7.2 Existen varios elementos que llevan a concluir que los petentes debían conocer el valor real de su sueldo al momento de interponer la primera acción en la que se alega la falta de entrega de los recibos de pago. La segunda acción, en consecuencia, mal podía basarse en la disminución salarial. 7.3 Los demandantes "no pueden pretender fraccionar la acción de tutela tanto en lo referente al contexto fáctico como frente a los derechos fundamentales invocados y supuestamente vulnerados. Tal actitud desbordaría los límites de la acción y se propugnaría por (sic) una situación que precisamente se pretende evitar, con la formulación por parte del legislador, de normas como la del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991". 8. Los interesados impugnan las anteriores decisiones. Niegan que haya identidad entre la primera y segunda acción de tutela, pues los hechos y derechos invocados en una y otra son diferentes. Anotan que en el presente caso solicitan se ordene a la demandada cesar en sus actos de discriminación, mientras que con la primera acción, pretendían se dispusiera la entrega de unos comprobantes de pago. 9. El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante sendas Sentencias del 27 de octubre de 1994, confirma las decisiones impugnadas. Considera que las acciones de tutela presentadas por los peticionarios, ante el Tribunal Superior de Bogotá y el Consejo Seccional de la Judicatura, se refieren a los mismos hechos y derechos, motivo suficiente para rechazarlas in limine y ordenar el envío de las actuaciones a la Fiscalía General para que se adelante la respectiva averiguación penal. FUNDAMENTOS JURIDICOS La Corte procede a revisar (CP art. 241-9) las decisiones correspondientes a los procesos acumulados T-52386 y T-52388. Dado que los fallos de tutela en primera y en segunda instancia, en ambos procesos, coinciden en la denegatoria de lo solicitado, por estimar que los demandantes actuaron temerariamente al presentar la misma acción de tutela ante varios tribunales (D. 2591 de 1991, art. 38), la Sala de revisión debe establecer primero si existió la actuación temeraria afirmada por los juzgadores, para luego, si es del caso, analizar si la modificación salarial, dispuesta por Vitemco a raíz de la sindicalización de los peticionarios, constituye un acto violatorio de sus derechos fundamentales. Actuación temeraria 1.  El Consejo Seccional de la Judicatura sostiene que no le está permitido a los demandantes "fraccionar la acción de tutela tanto en lo referente al contexto fáctico, como frente a los derechos fundamentales invocados y supuestamente vulnerados", lo que equivaldría a desbordar los límites de la acción de tutela. En los casos sub examine, estima que la actuación temeraria de los petentes se evidencia en que, pese a conocer el valor real de su sueldo a partir de la afiliación al sindicato, en la primera acción de tutela se limitaron a alegar la falta de entrega de los comprobantes de pago, reservando para una posterior acción la materia relativa a la presunta disminución salarial. El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en segunda instancia, confirmó las decisiones impugnadas, ya que en ambas acciones de tutela los demandantes reclamaban la protección de los derechos a la igualdad y al trabajo, con fundamento en la disminución salarial efectuada por la empresa a partir de su afiliación al sindicato. 2. La Corte comparte la preocupación de los falladores de instancia, en el sentido de que el ejercicio abusivo de la acción de tutela por parte de personas inescrupulosas, atenta contra los principios de moralidad, eficacia y economía de la administración de justicia (CP arts. 205, 228). No obstante, en el presente caso, no encuentra que se haya incurrido en esta modalidad de ejercicio temerario, por las siguientes razones: 2.1 El legislador sanciona con el rechazo de la solicitud, el ejercicio plural de una misma acción de tutela ante varios jueces o tribunales, salvo la existencia de un motivo expresamente justificado (D. 2591 de 1991, art. 38). Los hechos que dan lugar a la interposición de una acción de tutela, se refieren a la actuación u omisión de una autoridad pública o de un particular, en los casos establecidos en la ley (CP art. 86, D. 2591 de 1991, art. 42). El deber de manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no se ha presentado otra acción de tutela, sólo es predicable "respecto de los mismos hechos y derechos". Una interpretación sistemática de las anteriores disposiciones legales permite concluir que los hechos que motivan la solicitud de tutela no pueden apreciarse separadamente de los derechos fundamentales cuya vulneración o amenaza se aduce. 2.2. Los peticionarios señalan dos actuaciones, ambas efectuadas por la misma compañía, en momentos diferentes, que vulneran sus derechos fundamentales. La primera alude a la omisión en entregar recibos de pago del salario, con la consecuente violación de los derechos de petición, igualdad y trabajo. La segunda involucra el acto discriminatorio de la reducción salarial, que presuntamente desconoce el derecho a la igualdad y a la asociación sindical. La omisión en suministrar determinada información es un hecho que, por sí mismo, podría ser suficiente para interponer la acción de tutela. La singularidad de este hecho resulta incontestable; así lo demuestra el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá al denegar las primeras solicitudes de tutela con el argumento de que los derechos invocados no eran de rango constitucional. Por otra parte, el acto discriminatorio, consistente en el cambio de régimen salarial, constituye un segundo hecho que no compromete ya el derecho de petición, sino los derechos fundamentales a la igualdad y a la asociación sindical, sobre cuya vulneración versa la segunda acción de tutela. 2.3. La actuación temeraria presupone la violación del principio de la buena fe. No es explicable porqué si la situación fáctica denunciada desde un principio era supuestamente la misma, y comprendía la discriminación salarial, los peticionarios se limitaron a solicitar la entrega de comprobantes de pago, y a estas precisas pretensiones se circunscribieron los fallos de tutela iniciales. Tampoco es suficiente para inferir una actitud torticera, suponer que los peticionarios debían "conocer el valor real de su sueldo" al momento de interponer la primera solicitud de tutela. Una probable explicación del comportamiento de los actores sería la de que éstos buscaban constituir las pruebas necesarias para demostrar posteriormente la existencia de un trato discriminatorio. Esta interpretación, a diferencia de la presupuesta por los falladores de tutela, consulta el principio de la presunción de buena fe en las gestiones que los particulares adelantan ante las autoridades (CP art. 83). En conclusión, la Corte no comparte las apreciaciones de los tribunales de tutela en el sentido de que los demandantes actuaron temerariamente. Procede, por lo tanto, a estudiar el fundamento de sus pretensiones. ¿Disminución o modificación salarial? 6. La discriminación salarial constituye, prima facie, una violación de los derechos fundamentales a la igualdad de oportunidades (CP arts. 13 y 53) y a un trabajo en condiciones dignas y justas (CP art. 25)1 , por lo que el asunto objeto de estudio ostenta carácter constitucional. 7. Los demandantes afirman que la actuación patronal, que se tradujo en la disminución de sus salarios de $230.000 a $176.000 pesos, es discriminatoria y viola los derechos a la igualdad, al trabajo, a la asociación sindical y a la negociación colectiva. Vitemco S.A., por su parte, justifica la modificación salarial en el cambio de régimen laboral que automáticamente se habría producido con la afiliación de los trabajadores al sindicato. Debe la Corte determinar si la afiliación de un trabajador a un sindicato, cuya relación laboral se regía antes por un pacto colectivo, conlleva, en efecto, la modificación inmediata de su nivel salarial, caso en el cual no existiría la alegada discriminación. 8. En abstracto, le asiste razón a la entidad demandada cuando afirma que no es jurídicamente admisible que un trabajador se beneficie, al mismo tiempo, tanto del pacto colectivo como de la convención, regímenes éstos con diferente naturaleza y destinatarios. En efecto, la convención colectiva fija las condiciones que rigen los contratos de los trabajadores sindicalizados (Código Sustantivo del Trabajo, art. 467), mientras que los pactos colectivos, suscritos entre empleadores y trabajadores no sindicalizados, solamente son aplicables a quienes los hayan suscrito o adhieran posteriormente a ellos (Código Sustantivo del Trabajo, art. 481).  La imposibilidad de que un trabajador ostente simultáneamente la condición de sindicalizado y de no sindicalizado, hace que la aplicación de uno y otro régimen sea excluyente. Términos de comparación y test de razonabilidad 9. La referida discriminación se basa en el trato salarial dado a los trabajadores sujetos al pacto colectivo, en comparación con el trato diferente otorgado a aquéllos que, en ejercicio de la libertad de sindicalización, deciden ingresar a un sindicato. A juicio de los afectados, no existe una justificación objetiva y razonable para la disminución salarial. La decisión del empleador los coloca en situación de desventaja respecto de los trabajadores de igual condición y rendimiento, todavía sujetos al pacto. Se aduce el cambio de régimen laboral como criterio diferenciador del trato dado a los demandantes y a los trabajadores cobijados por el pacto colectivo. La Corte observa que la diferencia de trato no obedece tanto al cambio de régimen laboral sino a la aplicación inmediata del régimen convencional a aquellos, con los efectos que esta medida tiene sobre su salario. La decisión patronal de reducir el salario con base en la aplicación inmediata de la convención colectiva del trabajo a los actores, debe ser examinada a la luz del test de razonabilidad que, en punto a la igualdad, ha utilizado la Corte. En efecto, la diversidad de trato entre trabajadores no sindicalizados y sindicalizados, que obtienen esta condición luego de haber alcanzado un determinado nivel salarial, sólo tendría justificación objetiva y razonable en caso de ser una medida válida, eficaz y proporcional2 . La validez del criterio diferenciador supone que éste no sea contrario al orden constitucional o legal3 . La eficacia hace relación a que el medio elegido sea adecuado para alcanzar el fin propuesto. La proporcionalidad exige, por otra parte, que la utilización de la medida no termine por sacrificar otros valores iguales o superiores a aquellos que la fundamentan. Inconstitucionalidad del criterio de diferenciación 10. Como fundamento para modificar el salario, la entidad demandada invoca el pacto colectivo suscrito por los actores. En él se establece que, de llegar a sindicalizarse, cesarían para ellos, todos los beneficios, "incluidos naturalmente los aumentos de salario". La anterior estipulación es manifiestamente contraria a la Constitución y a la ley. El artículo 53 de la Carta Política consagra el principio fundamental de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales - entre ellos el salario -, y prohibe que, a través de la ley, de los contratos o de los acuerdos y convenios de trabajo, puedan menoscabarse la libertad, la dignidad o los derechos de los trabajadores. El principio de irrenunciabilidad de los beneficios laborales se apoya en el mejoramiento constante de los niveles de vida y en la dignificación del trabajador. Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público. Los derechos y prerrogativas en ellas reconocidos se sustraen a la autonomía de la voluntad privada, por lo que no son disponibles salvo los casos exceptuados por la ley (CP art. 53; C.S.T, art. 14). La imposibilidad constitucional de modificar las condiciones de trabajo en perjuicio del trabajador tiene sustento en el carácter esencial de estos beneficios para la conservación de la dignidad humana. El cambio de régimen laboral, con la consecuente modificación salarial, que invoca el empleador, se revela contrario a la Constitución y resulta, por lo tanto, inválido como fundamento de la diferenciación de trato. A la luz de las anteriores consideraciones, resulta evidente que la razón esgrimida por la entidad demandada para modificar el salario a los peticionarios, no constituye una justificación objetiva y razonable. Vulneración de los derechos a la igualdad, al trabajo, a la asociación sindical y a la negociación colectiva 11. Si bien la sindicalización de los petentes comporta un cambio de régimen laboral, la convención colectiva sólo puede regir hacia el futuro. La aplicación retroactiva de la convención, mediante la imposición al trabajador de escalas salariales menores contenidas en ella, desconoce los derechos adquiridos (CP art. 58) y viola el principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales (CP art. 53). El salario representa la remuneración dineraria que el trabajador recibe como contraprestación por su trabajo. El salario, una vez se causa, es un derecho subjetivo que ingresa a la esfera patrimonial del trabajador. Por otra parte, las cláusulas salariales contenidas en los acuerdos o convenios de trabajo, en cuanto sean más favorables a los trabajadores, modifican el contrato de trabajo. Los beneficios que de ellas se derivan ostentan el carácter de derechos del trabajador, los cuales no pueden ser menoscabados con la aplicación retroactiva de otros acuerdos o convenciones (CP art. 53). La actuación de la empresa no sólo desconoce los derechos adquiridos de los trabajadores al pretender aplicarles retroactivamente la convención, en desmedro de los beneficios salariales reconocidos anteriormente (CP arts. 53 y 58). Ella atenta, además, contra el artículo 39 de la Carta, ya que, mediante medios ilegales, se pretende disuadir a los trabajadores de ejercer libremente su derecho de asociación sindical. Procedencia de la tutela transitoria 12. Los peticionarios entablan las acciones de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Pretenden que se les otorgue una protección transitoria a sus derechos fundamentales, mientras se produce un pronunciamiento definitivo de la jurisdicción ordinaria. Durante un año, desde marzo de 1994 hasta el presente, los peticionarios han dejado de percibir aproximadamente una cuarta parte de su salario. Si bien la reducción salarial no supone un perjuicio irremediable para un trabajador de altos ingresos, en el presente caso, dado el reducido monto del salario de los demandantes y su carácter congruo, la disminución en el porcentaje señalado tiene la potencialidad de ocasionarles un perjuicio grave e inminente, siendo procedente el otorgamiento de la tutela transitoria, en contra de la entidad particular respecto de la cual se encuentran temporalmente en situación de subordinación (D. 2591, art. 42-4, -9). DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión, RESUELVE: PRIMERO.- REVOCAR las Sentencias de tutela proferidas por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ambas de fecha 27 de octubre de 1994, correspondientes a los procesos de tutela T-52386 (JOSE MIGUEL MORA HERRERA contra VITEMCO S.A.) y T-52388 (ORLANDO BUITRAGO ROJAS contra VITEMCO S.A.), respectivamente. SEGUNDO.- CONCEDER TRANSITORIAMENTE a los peticionarios la tutela de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y a la libre asociación sindical. En consecuencia, ORDENAR al representante legal de VIDRIOS TEMPLADOS COLOMBIANOS S.A. que, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contados a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a: 1) pagar la porción del salario dejada de percibir durante 1994 y lo que va corrido de 1995, a los trabajadores JOSE MIGUEL MORA HERRERA y ORLANDO BUITRAGO ROJAS, de conformidad con el salario devengado al momento de afilarse al sindicato; 2) aplicar y pagar el aumento salarial señalado para 1995 en la convención colectiva del trabajo, tomando como base el salario de 1994 sin la disminución efectuada; 3) tomar en cuenta los mencionados reajustes para la reliquidación de las prestaciones sociales a que tienen derecho los peticionarios y efectuar los aportes correspondientes. Las anteriores medidas tendrán vigencia hasta tanto la justicia laboral resuelva definitivamente esta controversia. Los peticionarios cuentan con un término de cuatro (4) meses, contados a partir de la notificación de la presente providencia, para ejercer las respectivas acciones, so pena de la cesación automática de la protección transitoria aquí brindada. TERCERO.- LIBRESE comunicación al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. (Firmas Expediente T-52386 - 52388) EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General (Sentencia aprobada por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los cuatro (4) días del mes de Abril de mil novecientos noventa y cinco (1995) ). (*) De las Sentencias de tutela proferidas por el Tribunal Superior  del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, se deduce que los petentes interpusieron anteriormente acciones de tutela contra la misma sociedad, con el objeto de que se le ordenara entregar los comprobantes de pago de nómina correspondientes al mes de abril de 1994 y posteriores. El Tribunal Superior de Bogotá denegó lo solicitado, por considerar que los derechos invocados no tenían rango constitucional. 1 Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 1993 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero 2 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 1994 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz 3 Corte Constitucional. Sentencia T-136 de 1995 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo

T-150-95 Sentencia No Sentencia No. T-150/95 BIENES DE USO PUBLICO-Afectación La afectación consiste en una manifestación de voluntad expresa del poder público, por medio del cual se incorpora  un bien al uso o goce de la comunidad, ya sea directo o indirecto.  Como se desprende de la anterior definición, para que el fenómeno de la afectación sea posible requiere de dos momentos claramente identificables: a) un aspecto material, esto es, la existencia de un bien apto para el uso público y b) el aspecto intencional o subjetivo, que consiste en la declaración de voluntad o en el accionar del órgano estatal que demuestra de manera directa e inequívoca el deseo de consagrar un bien al uso público. Entre nosotros, la afectación puede consistir en una manifestación de voluntad o en hechos de la administración, por cuanto existen bienes naturales en donde la sola presencia del bien implica la titularidad del dominio en cabeza del Estado, pues, hay normas genéricas que así lo disponen, (a manera de ejemplo los ríos son de uso público de acuerdo con lo perceptuado en el artículo 677 C.C.).   Pero respecto de la afectación por hechos de la administración respecto de los bienes artificiales, nuestra legislación ha señalado que la naturaleza jurídica particular no se altera por el uso público. BIENES DE USO PUBLICO-Desafectación La Desafectación es el fenómeno jurídico por el cual un bien que ostenta la calidad de uso público deja de serlo, por cuanto cambia su calidad de bien de dominio público a la de un bien patrimonial ya sea del Estado o de los particulares.  Es necesario aclarar que la desafectación no consiste en una extinción del dominio sino en una modificación del régimen jurídico que se le aplica. En nuestra legislación, existe normatividad expresa que niega la desafectación de ciertos bienes de uso público, así, el artículo 170 del Decreto 1333 de 1986 establece que “las vías, puentes y acueductos públicos no podrán enajenarse ni reducirse en ningún caso”. BIENES DE USO PUBLICO-Protección Estatal El bien de uso público por la finalidad a que está destinado, otorga al Estado la facultad de detentar el derecho a la conservación de los mismos y por tanto la normatividad que los regula ordena velar por el mantenimiento, construcción y protección de esos bienes contra ataques de terceros. La protección se realiza a través de dos alternativas: por un lado la administrativa, que se deriva del poder general de policía del Estado y se hace efectivo a través del poder de sus decisiones ejecutorias y ejecutivas. Por otro lado existe otra alternativa que permite la defensa de los bienes de uso público, que es la posibilidad que tienen los habitantes de recurrir a la vía judicial, a través de acciones posesorias, reinvindicatorias o la acción popular. LIBERTAD DE CIRCULACION El derecho fundamental de la libre circulación se encuentra consagrado en el artículo 24 de la C.P. y consiste en la posibilidad que tiene toda persona de desarrollarse dentro de un contexto donde puede desplazarse sin más restricción que la que razonablemente establezca la ley. El legítimo ejercicio del derecho a la circulación se constituye en un presupuesto para el ejercicio de otros derechos constitucionales, cuyo desarrollo supone el reconocimiento a un derecho de movimiento que garantiza la independencia física del individuo. La principal manifestación de este derecho se encuentra en la libertad de elección que el individuo tiene sobre lugares cuyo uso se encuentran a su disposición, puesto que en materia de uso de un lugar público, la costumbre de la gente no impide el ejercicio del derecho legítimo a la libertad de escogencia. VIA PUBLICA-Cierre La omisión de las autoridades de policía, consistente en tolerar el cierre de algo que evidentemente es una calle, viola el derecho a la libertad de circulación que tienen los residentes del sector y los usuarios de la calle, por cuanto es legítimo el derecho de todo ciudadano a elegir la vía de acceso que el Estado coloque a su disposición. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD/LIBERTAD DE LOCOMOCION/DERECHO DE ELECCION Dentro de la esfera del derecho al libre desarrollo de la personalidad, se encuentra el legítimo derecho del individuo a elegir su medio, forma y lugar de locomoción, siempre y cuando exista norma de circulación que lo permita.  Por cuanto el hombre es conciencia y libertad; si una persona intuitivamente escoge una calle para transitar, las autoridades administrativas no pueden enderezarle su comportamiento con la disculpa de que otros acostumbran circular por otras vías ya que ello significaría DETERMINISMO.  Exigirle a a alguien que transite por las calles o potreros usados por la mayoría, sería comparable al acto de obligar a un escritor a emplear el computadora, escondiendo su antigua máquina de escribir, lo justo es permitir la elección.  Si se reprime el derecho de elección, se obstaculiza el compromiso a decidir y ello atenta contra la existencia auténtica, circunstancia que implica un perjuicio irremediable, porque la libertad se convierte en un compromiso de decisión. PERJUICIO IRREMEDIABLE-Situación de tracto sucesivo Entendido el perjuicio irremediable como aquella situación que no se puede retrotraer ni recuperar por ningún medio, esta Sala de Revisión considera que, un factor preponderante dentro de esa calificación,  se encuentra directamente ligado con el transcurrir del tiempo, puesto que es indiscutible que en ciertas circunstancias la oportunidad para ejercer la acción correspondiente, niega la posibilidad de obtener la reparación del daño.  Por tanto la presencia de una situación de tracto sucesivo que vulnera derechos fundamentales, origina un daño que puede tornarse irreparable e irreversible. Dentro del caso objeto de examen se evidencia que el carácter progresivo del daño origina un perjuicio irremediable, lo que se traduce en aserción a la vulneración del derecho a la libre circulación y al libre desarrollo de la personalidad, en cuanto cercena el derecho de todo individuo a escoger entre alternativas permitidas. REF: EXPEDIENTE T-54186 Peticionario: Enrique Arbeláez Mutis. Procedencia: Juzgado Promiscuo Municipal de Villamaría (Caldas). Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Temas: -Afectación y desafectación de bienes de uso público. -Los derecho a la circulación y al libre desarrollo de la personalidad se vulneran cuando hay negación del derecho a escoger el transito por una vía pública, a una persona que la usa. Santa Fe de Bogotá D.C.,  cuatro (4) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En proceso de tutela identificado con el número de radicación T-54186, adelantado por Enrique Arbeláez Mutis en contra del Alcalde y el Concejo de Villamaría (Caldas), luego se vinculó procesalmente a la empresa VARTA S.A. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. 1. Solicitud. El 21 de julio de 1994, Enrique Arbeláez Mutis presenta ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Villamaría, escrito contentivo de una acción de tutela, la cual se fundamenta en los siguientes hechos: a) Por iniciativa del Alcalde de Villamaría, el Concejo de ese municipio, mediante Acuerdo 001 de marzo 8 de 1993, decidió desafectar del uso público un tramo de la vía situado en la calle 4a, comprendido entre las carreras 9a y 11 de tal municipio. El Concejo consideró pertinente la desafectación por cuanto encontró que la calle perdió notoriamente la condición de bien de uso público al “estar siempre ocupada por vehículos de carga pesada lo que hace que ya no sea transitada habitualmente.”, más aún cuando la calle que se desafecta se encuentra subutilizada por el uso de calles adyacentes suficientes para el tráfico ágil y organizado. b) El mencionado acuerdo autoriza al alcalde de dicha localidad para que celebre contrato de permuta con la sociedad Colombiana de Baterías -COBALTECO S.A., quien se compromete a canjear la vía pública (que tendría un valor de $6.833.268=) por un lote de terreno situado en el Barrio “La Capilla” de Villamaría, con una extensión aproximada de 3400 metros cuadrados.  En el mencionado terreno la Alcaldía busca construir el “Centro Integral Campesino”, que se organizará en una casa campesina, plaza de mercado y centro de Acopio. c) En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 001 de 1993, el alcalde de Villamaría celebró contrato de permuta con la sociedad COBALTECO S.A. y lo protocolizó en la Notaría Única del Círculo de esa ciudad, mediante escritura pública número 1593 de julio 14 de 1993. Es necesario anotar que la sociedad COBALTECO S.A. cambió su nombre el 26 de abril de 1994, por el de VARTA S.A., según certificado de existencia y representación 6708766 de la Cámara de Comercio de Bogotá. d) Como consecuencia de la firma del contrato de permuta, la sociedad VARTA S.A. cerró el espacio de la vía pública que canjeó. e) Cabe añadir que el señor Registrador de Instrumentos Públicos y Privados de Villamaría se negó a inscribir el contrato de permuta de la vía pública, por “falta de título de tradición” de la misma, lo cual quedó plenamente demostrado en el expediente f) De acuerdo con lo expresado por ENRIQUE ARBELAEZ MUTIS, él transitaba por la calle objeto de desafectación, como parte de su recorrido para desplazarse de las instituciones educativas donde asisten sus menores sobrinos, al domicilio de los niños, a quienes acompaña en su ruta debido al afecto que guarda por los menores. (adjuntó partidas para demostrar el parentesco, certificados de estudios de sus sobrinos para probar el sitio donde reciben clases y escritura pública de la casa de su hermano). Por la conducta de las entidades demandadas en la presente acción de tutela, el peticionario considera violados los derechos a un ambiente sano y a disfrutar del espacio público, por la cual le solicita a esta Corporación el rescate del bien “patrimonial público”. 2. Actuación Judicial 2.1. En el Juzgado Promiscuo Municipal de Villamaría. El Juzgado Promiscuo Municipal de Villamaría al resolver en primera instancia la acción de tutela de la referencia, mediante Sentencia de agosto 4 de 1994, decidió tutelar el derecho “al espacio público y de libre locomoción de los habitantes”, en consecuencia dispone la restitución de la vía canjeada.  Ordena la inaplicación del acuerdo y el contrato de permuta que originaron la presente tutela. Además, previene al alcalde y al Concejo de Villamaría para que en el futuro se abstengan de incurrir en actos violatorios de los derechos fundamentales de los habitantes.  El Juzgado fundamenta su decisión con base en: - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 674 del Código Civil las vías públicas son bienes de uso público y como tales se caracterizan por ser parte del espacio público, que por disposición constitucional son imprescriptibles e inalienables.  El derecho al espacio público es de aquellos que ostentan el carácter colectivo y se encuentra garantizado constitucionalmente en el artículo 82 de la Carta cuando dispone el deber para el Estado de velar por la protección del espacio público que debe prevalecer sobre el interés particular, aspecto que -según afirma el juzgado- no se tuvo en cuenta en la negociación que permuta el tramo de la vía pública. - El derecho a la locomoción de los habitantes del municipio de Villamaría, tanto vehicular como peatonal se vulneró por actuaciones de la autoridad municipal que autorizan a particulares ejercer actos de dominio sobre la calle. - A pesar de que la jurisdicción competente para definir la legalidad de los actos administrativos es la contencioso administrativa, el artículo 86 de la Carta autoriza al juez de tutela para que si lo estima pertinente suspenda la aplicación de las actuaciones administrativas “cuando es urgente la protección del derecho fundamental que se reclama.”. Por lo tanto mientras la jurisdicción competente no estudie la legalidad del acto administrativo que originó la presente tutela, se inaplicará dicho acuerdo. 2.2. Nulidad de la Sentencia El representante legal de la Sociedad VARTA S.A., mediante escrito de fecha agosto 12 de 1994 solicita la nulidad de toda la actuación surtida ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Villamaría a partir del auto que admite la demanda.  Afirma el solicitante que la empresa que representa no fue notificada del auto admisorio de la solicitud de tutela, por consiguiente se le vulneró el derecho al debido proceso que debe regir toda actuación administrativa y judicial.  Además, considera el interviniente, la falta de notificación del mencionado auto origina vicio de nulidad que no es susceptible de saneamiento por el paso del tiempo, de acuerdo con las causales señaladas en el Código de Procedimiento Civil. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales, que asumió el conocimiento, en providencia de agosto 19 de 1994 decretó la nulidad de la actuación surtida en el Juzgado Promiscuo Municipal de Villamaría a partir del auto que admite la demanda, para efectos de permitir a los representantes de la empresa COLBATECO S.A. su intervención que asegure el principio de contradicción, de la publicidad y el derecho a la defensa, principios que deben regir toda actuación judicial. Consideró el Juzgado que dentro del proceso “se cometió un flagrante error de procedimiento, que llevó a transgredir mínimas garantías procesales respecto de aquella persona jurídica que fue vinculada por el fallo..”.  En conclusión, a la mencionada empresa se le dió el carácter de sujeto procesal. 2.3. Decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de Villamaría En cumplimiento a lo ordenado por el Ad-quem, el Juzgado Promiscuo Municipal de Villamaría notificó de la admisión de la solicitud al representante legal de VARTA S.A. y mediante Sentencia de septiembre 13 de 1994, mantuvo su decisión de tutelar los derechos al espacio público y a la libre locomoción de los habitantes de su municipio, con base en los mismos argumentos ya expuestos en la providencia anulada, pero agrega lo siguiente: - En el presente asunto salta a la vista la existencia de otros medios de defensa judicial que permitan proteger la integridad del bien de uso público, pero ante la violación de los derechos a la libre locomoción y al espacio público, y la poca efectividad de los mecanismos de protección, el juez de tutela debe prestar protección inmediata y específica de los derechos vulnerados. 3. La Impugnación La apoderada de la Sociedad VARTA S.A. y el Alcalde de Villamaría JAIRO ALBERTO LLANO GOMEZ, interpusieron recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Villamaría, con base en los siguientes argumentos: - Consideran los demandados que el accionante dispone de medios de defensa judicial que excluyen la acción de tutela, entre los cuales se encuentra la acción de nulidad contra el Acuerdo 001 de 1993, la cual debe interponerse ante la jurisdicción contencioso administrativa, o la acción de restitución de bienes de uso público prevista en el Decreto 640 de 1937, o la “Resolución de Restitución”, acción policiva prevista en el Código Nacional de Policía o las vías contempladas en la Ley 9a de 1989 que impiden la perturbación y ocupación de bienes de uso público. - El peticionario obra en defensa del interés colectivo ya que nunca demostró su propio perjuicio, ni la violación a su derecho individual, lo que conlleva a demostrar que la acción popular es la vía pertinente. - Arguyen los impugnantes que la acción de tutela tampoco es procedente como mecanismo transitorio, por cuanto la definición de perjuicio irremediable que contiene el decreto 306 de 1992 se refiere a aquel que “solo puede ser íntegramente indemnizable” - Afirman que el artículo 313 de la Constitución Política otorga facultades a los Concejos municipales para reglamentar el uso del suelo. Y el artículo 6º de la Ley 9º de 1989 autoriza a los Concejos para ejercer la función de variar el destino de los bienes de uso público, por lo tanto la validez del acuerdo 001 de 1993 se presume y hasta tanto la autoridad competente no diga lo contrario, el acto administrativo debe surtir todos sus efectos. - Opinan los demandados que el tramo de vía pública que se canjea “carece y ha carecido siempre de la prueba legal y única del dominio en cabeza de la entidad municipal”, por el contrario esa franja es de propiedad de VARTA S.A..  El hecho que la administración haya construido una calle no cambia la titularidad ni la calidad jurídica al bien. 4. Actuación en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales El Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales luego de aceptar el impedimento manifestado por el Juez Cuarto Civil del Circuito, mediante Sentencia de octubre 31 de 1994 resuelve en segunda instancia la acción de tutela de la referencia. El Ad-quem decide revocar el fallo que revisa y en consecuencia se abstiene de tutelar los derechos invocados por el peticionario.  A pesar de lo anterior el juzgado Primero resuelve prevenir al señor Alcalde de Villamaría para que garantice el uso permanente de la vía objeto de discusión como primera autoridad de policía de esa localidad y libra oficio a la Procuraduría General de la Nación para que investigue la conducta del alcalde  Llano Gómez.  El Juzgado fundamenta su decisión con base en los siguientes argumentos: -La acción de tutela no es la vía pertinente para atacar un acto administrativo, ni tampoco para lograr una suspensión provisional del mismo, ya que esta actuación le corresponde únicamente al juez contencioso administrativo. - La inaplicación del acuerdo 001 de 1993 se puede efectuar solamente si existe un perjuicio irremediable, esto es un perjuicio valorable pecuniariamente, que de acuerdo con las pruebas allegadas al expediente nunca se probó.  Menos aún puede hablarse de inaplicación de una escritura pública, por cuanto esa figura no ampara “actos realizados por vía de negociaciones”. - Ahora, el dominio sobre el bien no se encuentra radicado en cabeza de la sociedad VARTA S.A., por cuanto el tramo de la vía objeto de estudio nunca fue registrado como bien particular, requisito indispensable para ostentar la titularidad de un bien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 756 del Código Civil, la tradición de la propiedad de bienes raíces se efectuará por la inscripción del título en la respectiva oficina.  Este aspecto que no se tuvo en cuenta cuando la mencionada empresa colocó “puertas en mallas” para cerrar la calle y obstruyó el flujo peatonal y vehicular de un bien de dominio público, sin que el Alcalde como primera autoridad de policía haya tomado medidas al respecto. - Arguye el juzgado que, según lo ordenado por el artículo 5º de la Ley 9º de 1989 el espacio público de las ciudades se encuentra constituido -entre otras- por las áreas requeridas para la circulación tanto peatonal como vehicular, de tal suerte que la vía de la carrera 4a. entre calles 9º a 11, efectivamente corresponde al espacio público del municipio de Villamaría.  Espacio que ha sido violado por la actuación de VARTA S.A., sin que el alcalde haya impedido tal situación. Por estas razones el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales ordena al Alcalde de Villamaría garantizar el uso permanente de la vía y libra comunicación a la Procuraduría General de la Nación para que investigue la conducta omisiva de esa autoridad. 5. Aspecto Probatorio en la Corte Constitucional La Sala Séptima de Revisión de esta Corporación, mediante auto de febrero 22 del año en curso, decretó la práctica de una inspección judicial en la calle 4a. entre carreras 9a y 11 de Villamaría, con el fin de observar la “incidencia directa sobre el goce de los derechos fundamentales del peticionario de la presente tutela”.  En dicha inspección se pudo constatar lo siguiente: - La utilización del tramo de la vía objeto de discusión se encuentra limitada al parqueo de vehículos de Varta, que realizan labores de cargue y descargue de la mercancía, eventualmente existe uso peatonal.  Las personas no utilizan la zona porque hay cierto grado de restricción al paso. - En el sector existe una calle paralela a la vía objeto de discusión, la calle 3era, que puede considerarse arteria para el transporte de la zona y sobretodo para el acceso de la escuela Kennedy al Barrio “La Pradera”, lugar donde habita un hermano del peticionario de la presente tutela.  Además en el sector se encuentran las instalaciones de otra institución educativa que moviliza gran cantidad de alumnos, el colegio Gerardo Arias Ramírez, siendo la costumbre de los alumnos transitar por campo abierto y no por la calle 4a, según lo confirma la versión de las estudiantes CAROLINA HURTADO, GLORIA MILENA RAMIREZ Y FRANCIA ELENA ECHEVERRY, menores que inadvertidamente fueron invitadas a declarar sobre los interrogantes planteados en la diligencia de inspección. - Se pudo constatar que el padre y una hermana del peticionario residen en un sector cuyo acceso directo no requiere del uso de la calle objeto de inspección. Pero que el peticionario la considera importante para su desplazamiento y el de sus sobrinos menores que estudian en los Colegios Kennedy y Arias hacia el domicilio de su otro hermano que se encuentra situado en el Barrio “La Pradera”. - Respecto de la situación planteada por el cierre de la vía, dijo Enrique Arbeláez Mutis : “no he sentido un peligro inminente en cuanto a que este impedimento de transcurrir por la calle pueda ocasionar algún accidente pero si hay una observación muy lógica de que la carrera novena y las casas adyacentes a la cuarta, pues no cuentan con andenes o seguridad peatonal y se trata es de prevenir y no solamente para mí sino para todo un conglomerado de estudiantes que se desplazan por este sector....” - Agrega el actor que encuentra su ruta de acceso mas conveniente por la calle 4a, por cuanto la utilización vehicular de esa vía era muy reducida al encontrarse ocupada por automotores de Varta S.A, lo que otorgaba mayor seguridad para él y sus sobrinos.  Sobretodo porque el uso que él daba de la vía responde al derecho que el transeúnte tiene de escoger libremente entre las diferentes alternativas que se presenten; para el actor la utilización de la vía desafectada responde a una costumbre de él, que no necesariamente coincide con el uso común. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir Sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto No. 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dichas acciones practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. Temas Jurídicos a Tratar 1. Un problema sometido a consideración de esta Sala consiste, básicamente, en determinar si la situación planteada por la desafectación de un bien de uso público y por la autorización de su venta a un particular que sin haberse efectuado la tradición realizó actos de propietario, vulneró derechos constitucionales fundamentales del actor.  Por lo tanto, se entrará en primer término a estudiar lo referente a tutela contra particulares y el aspecto relativo a la desafectación de los bienes de uso público. De otro lado se analizará si la acción de tutela es procedente para evitar la desafectación de bienes de uso público o si existen otros medios jurídicos. Además, en relación con la Sentencia que se revisa, esta Sala analizará el deber constitucional y legal de toda autoridad de policía de velar por el correcto uso de los bienes de uso público. En segundo lugar se estudiará la relación de causalidad entre el cierre de la vía y el presunto daño causado a los derechos fundamentales del peticionario.   Para lo cual se resolverá esta inquietud: ¿constituye una actitud legítima del actor utilizar una vía (la calle 4) que el común de la población no la emplea pero que para el peticionario es una vía que representa el ejercicio del derecho a escoger?.  Por lo tanto se estudiará el derecho a la libre circulación del peticionario, su derecho al libre desarrollo de la personalidad.  Y, la otra inquietud: podía VARTA S.A., sin ocurrir la tradición del inmueble, cerrar la calle 4a. con “puertas en mallas”?. Tutela Contra particulares en el caso materia de esta acción. 2. El inciso 5º del artículo 86 de la Constitución Nacional, dispone la procedencia de la acción de tutela contra particulares cuando su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, sin que ello implíque una exclusión a la acción popular. Entonces, hizo bien el Juzgado Civil del Circuito de Manizales cuando ordenó notificar a la empresa VARTA S.A. de la iniciación de esta acción, teniéndola como parte dentro del proceso. Posteriormente se indicará en esta Sentencia que el interés para interponer la presente tutela no queda excluido de la posibilidad de instaurar la acción popular. Dominio Público. 3. La legislación civil y constitucional distingue con claridad dos clases de dominio, lo que comporta la aplicación de dos regímenes jurídicos diferentes. Por un lado, el dominio privado que regula relaciones de coordinación, por lo tanto se encuentran sometidas al régimen que regula las relaciones entre particulares. Este dominio puede ser individual (artículo 58 de la Constitución) o colectivo, éste con algunas limitaciones para el comercio, el artículo 329 de la Carta la recoge como “no enajenable”, el artículo 55 transitorio como enajenable “en los términos que señale la ley”.  Por otro lado se encuentra el dominio público definido como el conjunto de bienes que la administración afecta  al uso directo de la comunidad o que lo utiliza para servir a la sociedad (artículos 63, 82, 102, 332 de la Carta)1 .  Dentro de esta última categoría se diferencian dos clases: 4. Bienes del Estado cuyo régimen es igual al de los particulares, también se denominan bienes fiscales.  Se definen en el artículo 674 del Código Civil  como aquellos bienes “cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes..”.  Son bienes patrimoniales del Estado o de sus entes territoriales destinados a la prestación de servicios públicos que la administración utiliza en forma inmediata. Dentro de esta especie se encuentran también los bienes fiscales adjudicables, que son aquellos por los cuales el Estado asume la titularidad en la medida que se traslade el uso y explotación a manos particulares, en principio a cambio de una contraprestación económica para el Estado, ejemplo: las minas, los bienes baldíos. 5. Bienes afectados al Uso Público. Se encuentran en cabeza del Estado u otros entes estatales y se caracterizan por ser bienes usados por la comunidad, la cual los puede aprovechar en forma directa, libre, gratuita, impersonal, individual o colectivamente, generalmente tienen que ver con los intereses vitales de la comunidad. Estos bienes no son res nullius, pero respecto de su titularidad existen dos teorías que vale la pena destacar. Para algunos teóricos, el propietario de los bienes de uso público es el Estado, quien ejerce sobre ellos una reglamentación de uso.  Esta posición es la que acoge el artículo 674 del Código Civil, los define como aquellos bienes cuyo “dominio pertenece a la República” y el “uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de las calles, plazas, puentes y caminos...”.  Este listado meramente enunciativo se complementa con varias normas, entre las cuales se encuentra la disposición contenida en el artículo 116 del Decreto 2324 de 1984 donde define como bienes de uso público las playas, terrenos de baja mar y las aguas marinas. La segunda teoría es acogida por varios doctrinantes (entre los cuales se destaca Bielsa, Marienhoff, José J. Gómez) quienes consideran que el titular de estos bienes es la colectividad o el pueblo, de suerte que el Estado ejerce únicamente la administración a través de su poder administrativo regulador y reglamentario. El derecho al aprovechamiento de los bienes de uso público encuentra su regulación legal en disposiciones que son el resultado de la obligación constitucional de velar por la protección del espacio público, que comprende los bienes de uso público. Así el Decreto 2811 de 1974 o Código de Recursos Naturales consagra los “modos de adquirir el derecho a usar los recursos naturales renovables de dominio público”, el Código Nacional y los Códigos departamentales de Policía señalan a las autoridades de policía, conductas a seguir para la preservación de los bienes de uso público. 6. El artículo 63 de la Constitución Nacional otorga a los bienes de uso público como efecto jurídico el carácter  de imprescriptibles, porque son bienes no susceptibles de usucapión. De inalienables, esto es, son bienes que se encuentran fuera del comercio ya que no pueden ser materia de actos jurídicos que impliquen tradición o pérdida de la finalidad del bien.  Debe aclararse que a este concepto no se opone la posibilidad que tiene el Estado de regular y permitir formas de utilización de estos bienes,  por cuanto existen usos “especiales” o “diferenciales”2 , pero no preferentes que son otorgados bajo la forma de concesión o permiso a determinado grupo de personas, cuya utilización no puede desvirtuar el carácter de público de esta clase de bienes, a manera de ejemplo podemos citar las casetas de dulces que se instalan temporalmente dentro de un parque. Y son  Inembargables puesto que la Constitución explícitamente impide embargos, secuestros o cualquier medida de ejecución judicial tendiente a restringir el uso directo e indirecto del bien. Sobre este punto esta Sala de Revisión se ha pronunciado así: “Esto muestra entonces que la teoría de la comercialidad de los bienes se rompe cuando se trata de bienes de uso público. No es válido entonces exigir matrícula inmobiliaria de tales bienes para determinar si son de uso público, puesto que tales bienes, por sus especiales características, están sometidos a un régimen jurídico especial, el cual tiene rango directamente constitucional. Por ello, durante la vigencia de la anterior Constitución, la Corte Suprema de Justicia había dicho que "el dominio del Estado sobre los bienes de  uso público, es un dominio sui generis". Y la Corte Constitucional también ha diferenciado con nitidez, en anteriores decisiones, el dominio público y la propiedad privada.  Así, según la Corte, los bienes de dominio público se distinguen "por su afectación al dominio público, por motivos de interés general (CP art. 1º), relacionadas con la riqueza cultural nacional, el uso público y el espacio público. " En particular, sobre los bienes de uso público, la Corte señaló en esa misma Sentencia que éstos son  inalienables, imprescriptibles e inembargables, ...”3 La doctrina4 clasifica este tipo de bienes según el origen o formación de la cosa, división que tiene importancia desde el punto de vista jurídico dentro de la teoría del dominio público, en: - Bienes de uso Público Naturales, es decir, bienes que se encuentran en el estado en que la naturaleza los ofrece.  La Constitución en el artículo 63 se refiere a los parques naturales que son de este tipo de bienes. - Bienes de uso público artificiales, son los que el legislador declaró públicos y cuya creación depende de hechos humanos, en nuestra legislación están contenidos, entre otros, en el artículo 674 de la legislación civil. La Afectación al uso público. Como primera medida es importante aclarar que esta Sala de Revisión avocará el estudio teórico de la desafectación y afectación de los bienes de uso público que el tema plantea, pero no se referirá a la conveniencia o impertinencia del acto administrativo que origina la presente tutela, por cuanto es a la justicia contencioso administrativa a quien le corresponde el estudio concreto. 7. Ahora bien, la afectación consiste en una manifestación de voluntad expresa del poder público, por medio del cual se incorpora  un bien al uso o goce de la comunidad, ya sea directo o indirecto.  Como se desprende de la anterior definición, para que el fenómeno de la afectación sea posible requiere de dos momentos claramente identificables: a) un aspecto material, esto es, la existencia de un bien apto para el uso público y b) el aspecto intencional o subjetivo, que consiste en la declaración de voluntad o en el accionar del órgano estatal que demuestra de manera directa e inequívoca el deseo de consagrar un bien al uso público. Entre nosotros, la afectación puede consistir en una manifestación de voluntad o en hechos de la administración, por cuanto existen bienes naturales en donde la sola presencia del bien implica la titularidad del dominio en cabeza del Estado, pues, hay normas genéricas que así lo disponen, (a manera de ejemplo los ríos son de uso público de acuerdo con lo perceptuado en el artículo 677 C.C.).   Pero respecto de la afectación por hechos de la administración respecto de los bienes artificiales, nuestra legislación ha señalado que la naturaleza jurídica particular no se altera por el uso público.  Así lo establece el artículo 674 del Código Civil cuando dispone que: “Los puentes y caminos construidos a expensas de personas particulares, en tierras que les pertenecen, no son bienes de la unión, aunque los dueños permitan su uso y goce a todos los habitantes del territorio.” Al respecto la Corte Suprema de Justicia explica el punto cuando aclara que “ los actos de mera facultad no confieren posesión ni dan lugar a prescripción alguna.”5 En conclusión, nuestra legislación recoge como formas de afectación la manifestación de voluntad de la administración, el suceso de hechos de la naturaleza, por supuesto en bienes naturales, pero no los hechos que incorporen un bien artificial particular al uso público. Requisitos para la afectación de un bien al uso público 8. Esta Sala de Revisión se referirá a las reglas básicas para que la afectación al uso público de un bien surta efectos jurídicos. a) La existencia de una manifestación de voluntad o de actitudes de la administración que permita asegurar que el uso de un bien se encuentra a disposición del público. Dentro de la primera opción (manifestación de voluntad) se encuentra la facultad de que dispone el ente estatal de obtener un bien (Capítulo III de la Ley 9a. de 1989, el artículo 17 del Decreto 855 de 1994, adquisición de inmuebles por negociación directa) y destinarla al uso público, o la posibilidad de expropiar un bien cuyo uso sea menester ofrecerlo al público (el artículo 58 constitucional faculta al Estado para expropiar bienes por motivos de utilidad pública o de interés social que el legislador defina).  Dentro de la segunda opción, o sea, las actitudes de la administración, se cita a guisa de ejemplo la inauguración de una obra que se abre al público o presentar abierta una calle para su uso. b) Existencia de un título de dominio. Esta formalidad se presenta en forma diversa de acuerdo con el tipo de afectación que se realiza, entonces, si se adquiere un bien, en este caso, se requiere un título traslaticio de dominio que lo respalde, si se expropia es necesaria la Sentencia judicial o el acto administrativo que lo decrete.  Pero también existen bienes que se afectan por ministerio de la ley, por cuanto el título puede consistir en una ley que faculta al Estado para detentar el derecho real de manera directa. (ejemplo: el Código Civil dispone que las calles son de uso público). c)  La afectación debe ser real y efectiva, esto es, que la cosa sea apta para el destino público y que tenga el carácter de ser idónea para el uso público.  En palabras de la Ley 9a. de 1989, artículo 5º, se requiere que el bien presente un interés público manifiesto y conveniente. Desafectación de los Bienes de Uso Público 9. La Desafectación es el fenómeno jurídico por el cual un bien que ostenta la calidad de uso público deja de serlo, por cuanto cambia su calidad de bien de dominio público a la de un bien patrimonial ya sea del Estado o de los particulares.  Es necesario aclarar que la desafectación no consiste en una extinción del dominio sino en una modificación del régimen jurídico que se le aplica. 10. Con relación a la teoría de la desafectación en el derecho colombiano existen dos teorías que se expondrán a continuación, pero que por la relevancia constitucional que revisten, esta Sala de revisión considera que no es procedente para el caso tomar posición respecto de alguna de ellas debido a que esa decisión le corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional, en el eventual estudio de constitucionalidad que sobre el tema se plantee.  Al respecto esta Sala tan solo esbozará las dos tesis planteadas. La primera teoría: hace referencia a la negación de desafectación respecto de bienes de uso público, de los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación, por cuanto el artículo 63 de la Carta Política, otorga a esos bienes el carácter de inalienables. Además se considera que la titularidad de los bienes de uso público se encuentra en cabeza de la comunidad, por lo cual el Estado no tiene el poder de disposición respecto de ellos. Por otro lado la segunda tesis[1] se esboza en consideración con los siguientes argumentos: - Las características de inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de uso público que se predican en el artículo 63 de la Constitución se conservan mientras el bien ostente la calidad de dominial, por lo tanto si un bien cambia de categoría jurídica puede someterse a las reglas establecidas en el Código Civil, que regulan lo referente a los bienes patrimoniales. Esta teoría recoge lo afirmado por Marienhoff que dispone la calificación de un bien como un “concepto jurídico”, en donde la existencia del dominio público o privado depende de la voluntad del legislador. En el derecho, la norma general de conducta predica que las cosas se deshacen como se hacen. Entonces la forma como se realiza la desafectación de un bien es la forma como se afecta, por tanto, la desafectación debe sucederse a través de un acto que demuestre una manifestación de voluntad clara e inequívoca del deseo de sustraer del dominio público un bien, que debe acompañarse de hechos fácticos.  Pero solo en situaciones excepcionalísimas es la ley quien señala cómo se efectuará la desafectación a través de hechos de la naturaleza, es el caso consagrado en el artículo  719 del Código Civil, cuando dispone que el aumento que recibe la ribera de un río o de un lago por el lento e imprescriptible retiro de las aguas, pueden dar origen a la adquisición de ese terreno (es la figura del aluvión). Dentro de esta tesis, se sostiene que respecto de hechos del hombre, la desafectación no produce efecto alguno, por cuanto existe norma constitucional que dispone la obligación para el Estado de preservar y garantizar el espacio público, dentro del cual se encuentra el uso público. (artículos 82 y 88 de la Carta).[2] Para los doctrinantes que defienden esta tesis, los requisitos para que la desafectación de bienes de uso público sea posible es menester: a) Que el bien encargado de prestar un uso público haya perdido su propósito, no por actos negligentes u omisiones de las autoridades encargadas de preservarlos, esto es, que la pérdida de utilidad pública de un bien no se debe al incumplimiento de la ley. b) Que exista el asentimiento de la autoridad competente directo e inequívoco de desafectar un bien de uso público o un hecho de la naturaleza que así lo demuestre. Entonces, la falta de uso de un bien no es el único factor determinante dentro de la teoría de la desafectación, por cuanto de no existir una manifestación clara de autoridad competente o ley que lo autorice sería aplicar la prescripción extintiva del dominio a este tipo de bienes, aspecto que está prohibido expresamente por la Constitución. (artículo 63). c) Para desafectar un bien de uso público situado en áreas urbanas y suburbanas, el artículo 6º de la Ley 9a. de 1989, establece la necesidad de “canjear” un bien por otro de características equivalentes, esto es, por otro bien que sea capaz de prestar el mismo uso común, con la salvedad de que no se trate de vías públicas (dentro de la cual se encuentra las calles, puentes, etc.), por las razones que se expondrán a continuación. Hasta aquí la presentación de las dos tesis sobre desafectación. 11. Ahora bien, es pertinente hacer referencia a que en nuestra legislación, independientemente de la teoría que se acoja, existe normatividad expresa que niega la desafectación de ciertos bienes de uso público, así, el artículo 170 del Decreto 1333 de 1986 establece que “las vías, puentes y acueductos públicos no podrán enajenarse ni reducirse en ningún caso”. En relación con el retiro del servicio de vías públicas, el artículo 6º de la Ley 9a, establece: “las calles nunca podrán ser encerradas en forma que priven a la ciudadanía de uso, goce, disfrute visual y libre tránsito.  Toda ocupación permanente que se haga de estos objetos es atentatoria a los derechos del común, y los que en ello tengan parte serán obligados a restituir, en cualquier tiempo que sea, la parte ocupada y un tanto más de su valor, además de los daños y perjuicios de que puedan ser responsables.”. Es deber de las Autoridades la Preservación del Uso Público. 12. El bien de uso público por la finalidad a que está destinado, otorga al Estado la facultad de detentar el derecho a la conservación de los mismos y por tanto la normatividad que los regula ordena velar por el mantenimiento, construcción y protección de esos bienes contra ataques de terceros. La protección se realiza a través de dos alternativas: por un lado la administrativa, que se deriva del poder general de policía del Estado y se hace efectivo a través del poder de sus decisiones ejecutorias y ejecutivas.  Para el caso el artículo 124 del Decreto 1355 de 1970 o Código Nacional de Policía, dispone que “a la policía le corresponde de manera especial prevenir los atentados contra la integridad de los bienes de uso público.”  En el mismo sentido y respecto del caso de esta tutela, el artículo 297 de la Ordenanza 018 de 1971 o Código de Policía de Caldas dispone que “la policía garantizará el uso permanente de las vías públicas, atendiendo el normal y correcto desarrollo del tránsito y evitando todo acto que pueda perturbarlo.” El alcalde como primera autoridad de policía de la localidad (artículo 84 de la Ley 136 de 1994), tiene el deber jurídico de ordenar la vigilancia y protección del bien de uso público en defensa de los intereses de la comunidad, por lo tanto en su cabeza se encuentra la atribución de resolver la acción de restitución de bienes de uso público tales como vías públicas urbanas o rurales, zona de paso de rieles del tren, según lo dispuesto en el artículo 132 del Código de Policía. Además, el Personero municipal en defensa del interés público puede “demandar de las autoridades competentes las medidas de policía necesarias para impedir la perturbación y ocupación de los bienes fiscales y de uso público.”(artículo 139 numeral 7º del Decreto 1333 de 1986). 13. Por otro lado existe otra alternativa que permite la defensa de los bienes de uso público, que es la posibilidad que tienen los habitantes de recurrir a la vía judicial, a través de acciones posesorias, reinvindicatorias o la acción popular consagrada en el artículo 1005 del Código Civil.  Si  no es legítima o es muy discutible la legitimidad de la alteración del carácter de uso público de un bien, y, además hay la vulneración de derechos fundamentales, es probable que se pueda ejercer la acción de tutela contra la Entidad territorial y, si además esa violación la realiza con hechos un  particular que aún no tiene el dominio, con mayor razón cabe la tutela como mecanismo transitorio. Derecho a la Libertad de Circulación 14. El derecho fundamental de la libre circulación se encuentra consagrado en el artículo 24 de la Carta Política y consiste en la posibilidad que tiene toda persona de desarrollarse dentro de un contexto donde puede desplazarse sin más restricción que la que razonablemente establezca la ley. El legítimo ejercicio del derecho a la circulación se constituye en un presupuesto para el ejercicio de otros derechos constitucionales, cuyo desarrollo supone el reconocimiento a un derecho de movimiento que garantiza la independencia física del individuo. La principal manifestación de este derecho se encuentra en la libertad de elección que el individuo tiene sobre lugares cuyo uso se encuentran a su disposición, puesto que en materia de uso de un lugar público, la costumbre de la gente no impide el ejercicio del derecho legítimo a la libertad de escogencia, así lo dispone también el artículo 1º del Decreto 1344 de 1970 o Código Nacional de Tránsito Terrestre, cuando reza: el “transito terrestre de personas, animales y vehículos por las vías de uso público es libre, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades, para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes.”, (negrillas fuera del texto). Incluso, el inciso 1º del artículo 22 del Pacto de San José de Costa Rica señala que: “1. toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales... 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido, sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas, o los derechos y libertades de los demás. 4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede así mismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.” Al respecto la Sala Tercera de Revisión de tutelas tuvo oportunidad de pronunciarse señalando: “Tanto la actuación de autoridad no competente como la del particular que se adueña del espacio público lesionan dos derechos consagrados en la Constitución:   el individual de libre locomoción  y el colectivo, que corresponde a toda la comunidad, relativo al uso del espacio público. La libertad de locomoción, a la cual alude el artículo 24 de la Carta, implica que toda persona, salvo las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio. Según se infiere de la norma y de las disposiciones consagradas en convenios y pactos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968), únicamente la ley puede introducir restricciones, generalmente vinculadas con razones de seguridad, orden público, salud pública o aplicación de decisiones judiciales, todas las cuales se encuadran dentro de los criterios a cuyo amparo el derecho mencionado no es absoluto y está supeditado al interés general reconocido por el legislador.”[3] 15. Por lo anterior y en consideración al estudio del caso concreto, esta Sala de Revisión examina que la omisión de las autoridades de policía, consistente en tolerar el cierre de algo que evidentemente es una calle, viola el derecho a la libertad de circulación que tienen los residentes del sector y los usuarios de la calle, por cuanto es legítimo el derecho de todo ciudadano a elegir la vía de acceso que el Estado coloque a su disposición. Derecho al Libre desarrollo de la Personalidad 16. Con relación a este derecho fundamental la Corte Constitucional se ha pronunciado así: “El libre desarrollo de la personalidad se traduce en la libertad de opción y de toma de decisiones de la persona, siempre que no se alteren, como la misma norma lo establece, los derechos de los demás y el orden jurídico. El ejercicio concreto de este derecho exige un presupuesto básico: que la persona tenga la capacidad síquica para autodeterminarse. De lo contrario el derecho debe ser asegurado en su núcleo esencial mediante un debido tratamiento y curación, que le permita a la persona finalmente gozar a plenitud del mismo.”[4] Y concreta el contenido del derecho en este sentido: “La esencia del libre desarrollo de la personalidad como derecho, es el reconocimiento que el Estado hace de la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás. El fin de ello es la realización de las metas de cada individuo de la especie humana, fijadas autónomamente por él, de acuerdo con su temperamento y su carácter propio, con la limitación de los derechos de las demás personas y del orden público.”[5] Por lo transcrito se concluye que dentro de la esfera del derecho al libre desarrollo de la personalidad, se encuentra el legítimo derecho del individuo a elegir su medio, forma y lugar de locomoción, siempre y cuando exista norma de circulación que lo permita.  Por cuanto el hombre es conciencia y libertad; si una persona intuitivamente escoge una calle para transitar, las autoridades administrativas no pueden enderezarle su comportamiento con la disculpa de que otros acostumbran circular por otras vías ya que ello significaría DETERMINISMO. Exigirle a a alguien que transite por las calles o potreros usados por la mayoría, sería comparable al acto de obligar a un escritor a emplear el computadora, escondiendo su antigua máquina de escribir, lo justo es permitir la elección.  Si se reprime el derecho de elección, se obstaculiza el compromiso a decidir y ello atenta contra la existencia auténtica, circunstancia que implica un perjuicio irremediable, porque la libertad se convierte en un compromiso de decisión. Irreparabilidad del perjuicio por el paso del tiempo. 17. Es necesario destacar que tanto en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política como en el Decreto 2591 de 1991, se estatuye la acción de tutela con un carácter de medio de defensa subsidiario, cuyo ejercicio se encuentra condicionado a la existencia concreta y específica de una amenaza o vulneración de derechos fundamentales, y por tanto se constituye en una vía de defensa de los derechos en la medida que no subsistan otros medios de defensa judiciales aplicables al caso o que se presenten los medios pero no sean suficientes para evitar un perjuicio irremediable. En el mismo sentido las distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional, se han pronunciado aclarando y reafirmando la necesidad de la prueba de un perjuicio irremediable que permita la utilización de la acción de tutela cuando existan otros medios de defensa judicial aplicables al caso.  Así se ha definido el perjuicio irreparable: “Se entiende por irremediable el daño para cuya reparación no existe medio o  instrumento.  Es el daño o perjuicio que una vez se produce, no permite retrotraer las circunstancias al estado anterior a la vulneración del derecho. El legislador abandonó la teoría del daño no resarcible económicamente, que en oportunidades se ha sostenido, en especial para considerar algunos elementos del perjuicio moral. Se ha considerado, por intérpretes de la norma,  que su redacción adolece de defecto al afirmar que  el dicho perjuicio irremediable sería aquél no reparable en su integridad, mediante indemnización, interpretación equivocada porque abandona la manifestación expresa y literal de la ley. Se trata de daños como la pérdida de la vida, o la integridad personal, que pudiendo ser indemnizados totalmente en sus efectos materiales y morales, no puede recuperarse por ningún  medio.”[6] (subrayas fuera del texto). En estas condiciones y entendido el perjuicio irremediable como aquella situación que no se puede retrotraer ni recuperar por ningún medio, esta Sala de Revisión considera que, un factor preponderante dentro de esa calificación,  se encuentra directamente ligado con el transcurrir del tiempo, puesto que es indiscutible que en ciertas circunstancias la oportunidad para ejercer la acción correspondiente, niega la posibilidad de obtener la reparación del daño.  Por tanto la presencia de una situación de tracto sucesivo que vulnera derechos fundamentales, origina un daño que puede tornarse irreparable e irreversible. Lo anterior no quiere decir que toda situación en donde se presente un perjuicio, se torne irremediable, pues, toda actividad humana se da en el tiempo y se encuentra condicionada al mismo, ya que el tiempo es un elemento integrante e indispensable para el hombre.  Es así como los distintos sistemas jurídicos rigen conductas ubicadas en determinado tiempo y espacio, donde se encuentran, que a la vez se hallan en un proceso de transformación.  Lo que se quiere demostrar es que, existen ciertas circunstancias de factum, en donde se puede afirmar que el daño puede considerarse de tracto sucesivo irreparable, por cuanto el transcurso del tiempo torna insalvable e insustituible la situación que ya se consumó. Con relación a la importancia del tiempo para ejercer una acción procesal, la Sala Plena de la Corte Constitucional dijo: “Cuando los juristas romanos manifestaron que el tiempo rige el acto jurídico, tempus regit actum,  señalaron el sentido de la oportunidad de ejercer la acción, pues el tiempo determina el adecuado ejercicio de ésta, con el fin de que el derecho siempre sea no sólo lo justo y equitativo, sino lo proporcionado con la realidad, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar. La oportunidad es una condición de viabilidad del ejercicio del derecho y de la eficacia de la acción. Lo justo jamás puede ser inoportuno. El concepto de oportunidad se refiere, ante todo, a la necesidad o conveniencia determinadas por el tiempo o por el espacio, las dos dimensiones ineludibles de toda conveniencia humana, por ser realidades evidentes. En el nacimiento, vida y extinción de las relaciones jurídicas, el tiempo es factor que cabe ponderar en plano relevante. Al transponerse el umbral de la mayoría de edad, cesan las incapacidades que la minoría engendraba; la creación intelectual que la Carta Magna protege con énfasis, atribuye sus prerrogativas por el término que acuerde la ley. Si bien en solitarias ocasiones, el tiempo es capaz de producir consecuencias jurídicas sin la necesidad de que se le sumen otras circunstancias (así en el plazo), la mayoría de las veces requiere de ellas para provocar modificaciones jurídicas. El transcurso de cierto lapso, unido a otros elementos de factum, puede llevar a presumir el fallecimiento de una persona, por vía de la institución de la ausencia. La mora, base misma del edificio obligacional, es otro ejemplo singular. La prescripción utiliza al tiempo para producir sus consecuencias, pero le agrega otros ingredientes que denotan sus particularidades. La oportunidad, dice el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, es la conveniencia de tiempo y de lugar. Por tanto, el tiempo determina si la acción es conveniente o inconveniente; en otras palabras, si la acción es adecuada o inadecuada. El criterio preponderante es el de conveniencia”[7] Tutela Transitoria 18. Una vez agotado el estudio sobre el aspecto sustancial del presente caso, entra la Sala a estudiar el aspecto procedimiental de la misma, por cuanto dentro del análisis que el juez de tutela debe realizar, las dos premisas son aspectos fundamentales para la decisión a tomar. Al respecto se pregunta: ¿que medios judiciales podrían aplicarse al caso objeto de examen? Para el caso concreto el actor podría emplear los siguientes medios: a) como la actuación que origina la presente tutela se deriva de la expedición del Acuerdo 005 de 1993 que profirió el Concejo de Villamaría, por medio del cual se desafecta un bien de uso público y como todo acto administrativo, es susceptible de ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, de acuerdo con lo perceptuado en los artículo 131 y 132 del Código Contencioso Administrativo, entonces es procedente solicitar a través de la acción de nulidad (artículo 84 C.C.A.) la anulación de ese acto perturbador de derechos constitucionales fundamentales. b) Además, puede ejercitarse la acción policiva prevista en el artículo 124 del Código de Policía y que esta Sala hizo referencia en el acápite 12. c) El artículo 1005 del Código Civil establece "La municipalidad y cualquiera persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso público, y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados. "Y siempre que a consecuencia de una acción popular haya de demolerse o enmendarse una construcción, o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará al actor, a costa del querellado, con una suma que no baje de la décima, ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda, o el resarcimiento del daño; sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad." En desarrollo de esta norma, el artículo 8º de  la Ley 9a. de 1989 dispone que dicha acción podrá ejercitarse contra cualquier persona pública o privada “para la defensa e integridad y condiciones de uso, goce y disfrute visual” de los bienes constitutivos del espacio público.  En el mismo sentido se orientan los artículos 5º y 6º del Decreto 2400 de 1989. En conclusión, de la lectura de las normas podemos afirmar que existe normatividad expresa referente a la acción popular que permite la defensa de las vías públicas como bienes de uso público. 19. Cabe añadir que la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos ha sido clara en señalar que  la acción popular y la acción de tutela, presentan puntos de coincidencia y polos donde se excluyen, por cuanto si existe  prueba fehaciente en donde se llegue a la necesaria conclusión de la presencia de un perjuicio subjetivado o la concretización de un perjuicio, la acción de tutela es procedente, pero no lo es cuando no hay para el solicitante la inmediatez ni el perjuicio irremediable.  Al respecto la Sala Plena de esta Corporación en Sentencia de unificación de jurisprudencia expresó: “Fundamental advertencia sobre este punto es aquella que señala de modo indubitable  que este derecho constitucional colectivo puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango o naturaleza fundamental como la salud, la vida o la integridad física entre otros, para obtener, por vía de la tutela que establece el  artículo 86 de la Constitución Nacional, el amparo de uno y otro derechos de origen constitucional, pues en estos casos prevalece la protección del derecho constitucional fundamental y es deber del juez remover todos los obstáculos, ofensas y amenazas que atenten contra éste. En estos casos, como se ha dicho, el Juez al analizar la situación concreta que adquiera las señaladas características de violación de un derecho constitucional fundamental, deberá ordenar la tutela efectiva que se reclama. 7.  Por tanto, para que fuera procedente la acción de la referencia, el peticionario, si no estaba impedido para actuar como se verá más adelante, debió intentar una Acción Popular con fines concretos o ejercer la Acción de Tutela basando su petición en el amparo judicial específico de un derecho constitucional fundamental. Por estas razones, que son las mismas del juez cuya Sentencia se revisa, se confirmará la denegación de la tutela pedida”.[8] Estudio del Caso Concreto Esta Sala entrará a analizar la vulneración de los derechos a la libre circulación y al libre desarrollo de la personalidad en el caso sub-iudice. Considera esta Sala que la situación que se plantea en el caso sub- examine con relación a la inclusión de VARTA S.A. como sujeto pasivo de la acción de tutela, obedece a que con su actuación, afectó el derecho de la comunidad y del peticionario de acceder a la vía pública que cerró, por ende su conducta no es legítima. Dentro del expediente se encuentra comprobado que el señor Enrique Arbeláez era usuario de la vía objeto de desafectación, aunque su circulación por la zona se ve alternada con la utilización de las vías paralelas a la calle 4a., esto es, por las calles 3era y la vía peatonal a través de un potrero que antes fue un campo de fútbol, sin que ello represente algún tipo de carga adicional para el peticionario de esta tutela, por la no utilización de la calle 4a. Es claro entonces, que respecto de la situación concreta, la decisión de impedir el traslado de una persona por una vía que conserva el carácter de pública, se constituye en una omisión que en forma continua y sucesiva viola el derecho fundamental de elegir alternativas legalmente constituidas y amparadas en los artículos 16 y 24 de la Constitución. Entonces, bajo los lineamientos que la Corte Constitucional ha señalado, dentro del caso objeto de examen se evidencia que el carácter progresivo del daño origina un perjuicio irremediable, lo que se traduce en aserción a la vulneración del derecho a la libre circulación y al libre desarrollo de la personalidad, en cuanto cercena el derecho de todo individuo a escoger entre alternativas permitidas. Con relación al derecho a la libre circulación, esta Sala encuentra que la conducta de ARBELAEZ MUTIS, es legítima en la medida que existe libertad de locomoción, derecho que puede ser limitado por el justo derecho de los demás, lo cual no ocurre en el presente caso porque VARTA S.A. no ha logrado la tradición del tramo de vía pública, también puede ser limitado por el orden jurídico, pero no hay norma alguna que impida en este caso concreto al peticionario, transitar por la calle 4a, y las limitaciones señaladas en el inciso 3º del artículo 22 del Pacto de San José, no se presentan en el caso objeto de esta tutela. Una vez aclarado el punto, la Sala de Revisión se referirá a los dos destinatarios de la tutela en forma autónoma.  En primer lugar, la conducta del alcalde como primera autoridad administrativa, por cuanto es a quien le corresponde velar por los intereses de la comunidad y por ende custodiar los bienes de uso general, es reprochable, puesto que no desplegó las medidas conducentes que evitaran el cierre de una vía que todavía no había salido del patrimonio estatal. También es importante referirse a la investigación disciplinaria contra el exalcalde de Villamaría, JAIRO LLANO GOMEZ, que el juzgado 1º Civil del Circuito de Manizales solicitó se iniciara.  Esta Sala no evaluará la orden de dicha autoridad, que se supone ya ha iniciado su trámite, pero respetará la decisión del a-quo de solicitar a la Procuraduría General de la Nación una investigación disciplinaria que aclare asuntos que el juzgado no consideró correctos, puesto que, por disposición legal es un deber de todo ciudadano denunciar las conductas que considere violatorias de la ley y la Constitución, por lo tanto se confirmará el punto de la Sentencia que se revisa, referente a la solicitud de investigación disciplinaria elevada contra el exalcalde de Villamaría. En segundo lugar, la acción de tutela objeto de estudio se dirigió contra la Sociedad Varta S.A., por su comportamiento respecto del cierre de una vía cuya tradición no se había efectuado.  Al respecto esta Sala hace referencia al artículo 756 del Código Civil cuyo tenor sería suficiente para demostrar el ejercicio arbitrario del cierre de una vía por parte de un particular que está colocando al peticionario frente a un estado de indefensión respecto de tal situación.  La disposición en comento en su primer inciso dispone: “Tradición de inmuebles Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raices por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos.” La compraventa de bienes inmuebles se somete a la correspondiente inscripción del título y hasta tanto no se realice dicha acción, el bien no sale del patrimonio del vendedor y por ende el comprador no puede ejercer plenos actos de dominio sobre el bien.  Por lo tanto la Sociedad Varta S.A., cerró la vía pública sin autoridad para ello, por lo que esta Sala de Revisión ordenará que se garantice el uso de la Calle 4ta mientras se realiza la correspondiente tradición de la vía. Por otro lado y en respuesta a la tesis que sostiene el señor representante legal de la empresa demandada VARTA S.A., sobre la no existencia de prueba del dominio de la calle en cabeza de la entidad municipal, esta Sala de Revisión considera que la ley presume que un bien que tiene características propias de bien de uso público (una calle, un puente), está afectado al uso de la comunidad y por tanto si ese bien es de dominio privado, los propietarios deben demostrar su titularidad a través del correspondiente folio de matrícula inmobiliaria. En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional RESUELVE PRIMERO:  REVOCAR la Sentencia de octubre 31 de 1994, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales y REVOCAR los numerales 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la Sentencia de septiembre 13 de 1994, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Villamaría. SEGUNDO: TUTELAR TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales a la libre circulación y al libre desarrollo de la personalidad de ENRIQUE ARBELAEZ MUTIS y ORDENAR a las autoridades municipales de Villamaría el despliegue de las medidas pertinentes que garanticen al peticionario de esta tutela, el uso de la calle 4ta, entre carreras 9º y 11, según las consideraciones realizadas en este fallo. TERCERO: ORDENAR al Representante legal de la SOCIEDAD VARTA S.A., sucursal Villamaría, remover los obstáculos que obstruyen el paso del señor ENRIQUE ARBELAEZ MUTIS por la calle 4ta de la ciudad de Villamaría (Caldas), hasta tanto no se efectúe la tradición del bien objeto de discusión, según lo expresado en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: COMUNICAR a través de la Secretaría General de la Corte Constitucional el contenido completo de la Sentencia al doctor Jairo Alberto Llano González exalcalde de Villamaría (Caldas), al señor Alcalde electo de ese municipio, al Presidente del Concejo de Villamaría, al Director de la Policía de Villamaría, al representante legal de la Sociedad VARTA S.A, con domicilio en Villamaría. y al peticionario de la presente tutela. QUINTO: Por Secretaría General de la Corte Constitucional, ENVÍESE copia del  presente fallo al Defensor del Pueblo. SEXTO: DEVOLVER el expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de Villamaría (Caldas), a efectos de cumplir con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese, publíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA. Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional en Sentencia T-566/92 distinguió tres clases de propiedad, la privada, estatal (cuyo titular es el Estado) y pública (se predica de la nación), aquí enmarcamos el dominio en dos grandes grupos, el privado y el público en sentido genérico. 2 Así los denomina el tratadista Miguel Marienhoff en su libro Tratado de Derecho Administrativo. Tomo V. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1988. Pgna 169 s.s. Esta denominación la acoge el Código de Recursos Naturales. 3 Sentencia T-572/94. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 4 Al respecto puede verse Parada Ramón, Marienhoff, Escola Jorge, Dromi Roberto, Vidal Perdomo Jaime. 5 Puede verse la Sentencia de 21 de abril de 1953, proferida por la Sala de Negocios de la Corte Suprema de Justicia. Gaceta Judicial LXXIV. Pgna 798. [1] La esencia de esta teoría se encuentra esbozada en decisión de octubre 10 de 1973 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. M.P. Alberto Moreno Gómez.  Revista Justicia Administrativa. Volumen I No. 5 1975. [2] Al respecto puede verse las Sentencias T-502/92, T-508/92 entre otras. [3] Corte Constitucional. Sentencia T-550/92. M.P. Jose Gregorio Hernández Galindo. [4] Corte Constitucional. Sentencia C-176/93. M.P. Alejandro Martínez Caballero. [5] Corte Constitucional. Sentencia T-594/93. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. [6] Corte Constitucional. Sentencia T-468/92. M.P. Fabio Morón Díaz. [7] Corte Constitucional. Sentencia C-072/94. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. [8] Corte Constitucional. Sentencia SU-067/93 M.P. Ciro Angarita Barón y Fabio Morón Díaz.

T-155-95 Sentencia No Sentencia No. T-155/95 PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS-Excepciones/PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA PENA La no reformatio in pejus como imposibilidad de agravar la sanción impuesta en primera instancia cuando se trate de apelante único, es aplicable siempre y cuando el fallo se ajuste a la realidad constitucional y legal. La no reformatio in pejus no es un principio absoluto y mecánico sino que admite la excepción que impone el principio de legalidad de los delitos y de las penas de rango constitucional. NOTA DE RELATORIA: En relación con el tema ver sentencia SU-327/95 REF.: Expediente No. T-51343 Peticionario: NELSON CAJIGAS RIOS Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr.  VLADIMIRO NARANJO MESA Dr.   JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá D.C.,  abril seis (6) de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Corte Constitucional, Sala de Revisión de tutelas, integrada por los H. Magistrados JORGE ARANGO MEJIA, VLADIMIRO NARANJO MESA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente,  resuelve sobre las Sentencias relacionadas con la acción de la referencia, proferidas por el  Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cali y el Tribunal Superior de Cali -Sala Penal-. I.   ANTECEDENTES A. La petición Con fecha treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), el recluso NELSON CAJIGAS RIOS, presentó ante el Juez Penal del Circuito de reparto  de la ciudad de Cali (Valle), un escrito en el que ejerce en nombre propio la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política, con el fin de obtener la protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y a la defensa, que considera vulnerados por la decisión de febrero 28 de 1994, de la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la que, no obstante ser apelante único, se aumenta a 25 años la pena prisión de 10 inicialmente impuesta por el Juez Veintiocho Penal del Circuito de Cali. Para la protección específica de los mencionados derechos, solicita que por virtud de la Sentencia de tutela se ordene la aplicación de la condena de 10 años de prisión, proferida por el Juez competente y no la impuesta por el Tribunal. B.  Hechos -        El recluso NELSON CAJIGAS RIOS manifiesta que mediante Sentencia proferida  el 23 de octubre  de 1993, por el Juzgado Veintiocho Penal del Circuito de Cali , fue condenado a la pena de diez (10) años de prisión como autor del delito de homicidio por los hechos ocurridos en día 27 de febrero de 1993, y que la Sentencia fue apelada por sugerencia de su defensor, solicitando "una pequeña rebaja de la pena". -        Además, señala que al desatarse el recurso ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali se le impuso sanción de veinticinco (25) años de prisión con fundamento en lo prescrito en el art. 29 de la Ley 40 de 1993, al considerar que el juez a-quo había incurrido en una decisión  judicial ilegal por el hecho de fallar de acuerdo con el artículo 323 del  Código Penal, y porque este artículo se encuentra "suspendido o modificado" desde el día 19 de enero de 1993, fecha en que entró a regir la Ley 40 de 1993. -        Afirma que al aumentarse la pena "sin ninguna clase de audiencia", se incurrió en violación al debido proceso y al derecho de defensa, por lo cual solicita la protección de estos derechos fundamentales. C.  El Envío del Asunto al Tribunal Superior El conocimiento de la acción de tutela le correspondió al Juzgado Séptimo Penal del Circuito  de la ciudad de Cali, cuyo titular, por auto del 1o. de julio de mil novecientos noventa y cuatro, ordenó la remisión de los folios de la acción instaurada, al señor Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, al considerar que  la acción debía ser asumida, tramitada y decidida por  una autoridad judicial que tuviera el mismo rango jerárquico de la autoridad que profirió los acusados. D.   La improcedencia de la tutela 1.      El Tribunal Superior de Cali -Sala de Decisión Penal-, en Sentencia del veintiuno (21) de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), sobre el asunto de la referencia resolvió:  "Negar por improcedente la tutela impetrada por Nelson Cajigas Ríos, dirigida contra la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali", con fundamento en las siguientes consideraciones: -        Que la Sentencia del Juzgado 28 Penal del Circuito de Cali, por la cual se condenó al peticionario a la pena principal de diez (10) años de prisión como autor del delito de homicidio, en los hechos ocurridos el 27 de febrero de 1993, y que fue apelada por el condenado ante el Tribunal Superior de Cali -Sala Penal-, correspondiéndole el asunto a la Sala de decisión presidida por la H. Magistrada Dra. Ana Hilda Gudziol Vidal,  fue modificada debida y cabalmente, en el sentido de imponer al procesado la pena principal de veinticinco (25) años de prisión, con fundamento en la existencia de una violación al principio de legalidad consagrado en la Constitución y, en especial, por la violación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 40 de 1993, que modificó el artículo 323 del Código Penal. -        Que la decisión que resuelve la apelación, a pesar de que el condenado fue apelante único, no es violatoria del derecho fundamental al debido proceso, no obstante que se haya aumentado la pena impuesta de diez (10) a veinticinco (25) años, porque en este caso se hizo una adecuación de la pena de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 la Ley 40 de enero 19 de 1993, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos y que establece una pena superior a la señalada por el a-quo, quien, por el contrario, basó su decisión en el artículo 323 del Código Penal, ignorando que había sido modificado por el artículo 29 de la citada ley. -        Que de acuerdo con lo anterior, y con base en la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, "no obstante existir objetivamente un incremento punitivo, el Tribunal en sentido estricto no agravó la pena impuesta por el a-quo, sino que ajustó la tasación punitiva a la normatividad aplicable según el fallo recurrido, en acatamiento al principio de legalidad de la pena que forma parte principal de la garantía fundamental del debido proceso, consagrada en forma expresa y reiterativa en la Carta (art. 29 y 230)". -        Otro de los puntos que considera el Tribunal para denegar la correspondiente acción de tutela, se refiere a la improcedencia de este mecanismo judicial cuando se dirige contra Sentencias judiciales y advierte  que la Sentencia contra la cual se dirige esta acción se encuentra ejecutoriada, es decir que ha hecho tránsito a cosa juzgada, "ya que el recurso extraordinario de Casación interpuesto contra la misma fue declarado desierto por no haberse presentado la demanda, según lo certifica la Secretaría de la Corporación." 2.  La Impugnación El accionante fue notificado personalmente de la anterior decisión el día 21 de julio de 1994, y en el mismo acto solicitó apelación sin motivación alguna. 3.  La Anulación de la Actuación en Segunda Instancia La Corte Suprema de Justicia mediante fallo de veintitrés (23) de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (1994), al conocer de la apelación  contra la decisión proferida por el Tribunal Superior de Cali en el asunto de la referencia resolvió: "Decretar la nulidad de la actuación cumplida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, en virtud de la tutela ejercida por el procesado Nelson Cajigas o Cajicas Ríos, en contra de una de las Salas de Decisión Penal de la misma Corporación" y, “En consecuencia, vuelvan las diligencias al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cali, a fin de que profiera el fallo correspondiente, por ser de su exclusiva competencia." Las consideraciones de la Corte se resumen a continuación: -        Advierte que de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la competencia para conocer de la acción de tutela, está atribuída a todos los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza de los derechos fundamentales que motiva la pretensión, por lo que se autoriza al accionante para que elija, entre esos jueces o magistrados, a cual de ellos le formula la petición. -        Considera que en el presente caso, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito a quien correspondió por reparto conocer inicialmente de la presente acción, "no podía so-pretexto de preservar el buen nombre, confianza e imparcialidad de la administración de justicia, asignarle oficiosamente la competencia al Tribunal, teniendo como único fundamento el no poder entrar a cuestionar por vía de tutela la actuación cumplida por su superior jerárquico -la Sala de Decisión del Tribunal de Cali-, contrariando las normas ya mencionadas y desconociendo la reiterada jurisprudencia de esta colegiatura en sus diferentes Salas especializadas y de la Corte Constitucional". -        Concluye la Corte que " no era el Tribunal de Cali competente para conocer de la primera instancia de la solicitud de tutela elevada por Nelson Cajigas o Cajicas Ríos, razón por la cual  se decretará la nulidad de la actuación cumplida por el a-quo y como consecuencia, las diligencias serán remitidas inmediatamente al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de la misma ciudad, para que dicte el fallo que corresponda." -        En cumplimiento de la decisión anterior, proferida por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 23 de agosto de 1994, nuevamente se da trámite a la acción de tutela iniciada por el señor Nelson  Cajigas Ríos, ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cali a quien inicialmente había correspondido por reparto. E.  La nueva Sentencia de Primera Instancia del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cali y su Revisión El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de la ciudad de Cali, resolvió denegar la acción de tutela invocada, con base en los siguientes razonamientos: -        "Todo homicidio simple o agravado que en Colombia se consume a partir del día 19 de enero de 1993, debe regularse para efectos punitivos conforme a las claras previsiones de la ley 40 de 1993 del mismo año". Razón por la cual se debe aplicar el artículo 29 de la ley mencionada, teniendo en cuenta que el accionante cometió el delito de homicidio el 27 de febrero de 1993. -  Manifiesta que el Juez 28 Penal del Circuito de la ciudad de Cali, al proferir la condena de 10 años por el delito de homicidio simple incurrió en una clara violación al principio de legalidad y al derecho fundamental del debido proceso, en razón a que aplica una disposición que fue "suspendida o modificada"  por la ley 40 de 1993.  Presentándose así, una excepción al principio de la "reformatio in pejus" consagrado en el artículo 31 de la carta, mediante el cual se prohibe al superior agravar la pena impuesta cuando el condenado sea el apelante único. F.  La impugnación -        El actor impugna la decisión del juez a-quo, al considerar que el Tribunal accionado sí ha vulnerado el principio de la reformatio in pejus, por el hecho de haberle aumentado la condena de diez (10) a veinticinco (25) años de prisión, sin tener en cuenta su condición de apelante único. -        Reitera que la Sentencia de segunda instancia impugnada vulnera su derecho fundamental al debido proceso, en razón a que la Sentencia del Juez de primera instancia fue revocada, sin celebrar audiencia pública; señala que sobre este punto no ha habido pronunciamiento, por la cual solicita la protección de dicho derecho. G. La Segunda Instancia El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali (Valle) -Sala de Decisión-, mediante Sentencia de octubre catorce (14) de mil novecientos noventa y cuatro (1994), se pronuncia sobre la Sentencia de tutela y resuelve: "Confirmar la Sentencia de septiembre 20 de 1994, por medio de la cual el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cali negó la tutela impetrada por Nelson Cajigas Ríos, dirigida contra Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión." -        Las consideraciones expuestas en esta oportunidad por el Tribunal Superior al conocer de la apelación de la decisión proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito, son las mismas expuestas en la decisión de Julio 21 de 1994, que se resumen en el literal D-1 de este documento. II.   CONSIDERACIONES A. La Competencia Esta Corporación es competente para conocer de esta revisión, de conformidad con lo establecido en el inciso 2o. del artículo 86 y el numeral 9o del  artículo 241, ambos de la Carta Política, desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. B. La Materia del Caso 1.  Lo primero que se debe advertir en este caso es que examinadas las decisiones de instancia que resultan del proceso penal,  y en especial la de la Sala de Decisión Penal del H. Tribunal Superior de Cali, producida en sede de segunda instancia y contra la que se dirige la acción de tutela, es evidente y absoluta la  contradicción entre lo que ambos despachos entienden como la disposición jurídica aplicable al caso y, en especial, en el establecimiento de los elementos de la definición legal del delito y de la pena que corresponden a la conducta subjudice, con los cuales se debía resolver el asunto de la punibilidad y de la definición de la pena imponible. En efecto, mientras en el despacho de primera instancia se estimó, como aplicable por la materia regulada y por el tipo penal que describe y define la conducta punible de homicidio, el artículo 323 del Decreto-Ley 100 de 1884, en el Tribunal Superior de Cali, se estimó que la norma aplicable era el artículo 29 de la Ley 40 de 1993. Por tanto, en el fondo de esta diferencia de opiniones y de posiciones jurídicas, se trata de la definición de la norma legal aplicable y de la de la validez, vigencia y operancia de dos disposiciones jurídicas que regulan una misma conducta, o lo que es lo mismo, de un asunto de legalidad de los delitos y de las penas a que se refiere el artículo 29 de la Carta Política. Además, esta clase de enfrentamientos y de conflictos en punto a la definición de la normatividad penal aplicable no es frecuente, dado el especial celo que suele guardarse en esta materia entre los distintos agentes y operadores jurídicos en el área del derecho penal; se trata de una situación sui generis que se produjo en varios despachos del país a raíz de la promulgación y de la entrada en vigencia de la Ley 40 de 1993, que decretó una sustancial transformación de la referencia normativa en el tema del homicidio y del homicidio con ocasión del secuestro. En verdad, en un sistema jurídico como el nuestro, no son frecuentes este tipo de controversias de orden normativo y es muy raro que un juez penal no sepa cual es la regulación jurídica de las conductas punibles sometidas a su competencia. Empero, en este caso existen suficientes razones para que se haya producido la incertidumbre, que dió lugar a las diferentes consideraciones que inspiran a los dos despachos del conocimiento; desde luego, no es plausible el patrocinio de esta clase de equivocaciones en punto de la mencionada definición de las reglas aplicables al ilícito penal. Por último, también es claro que el Despacho que conoció de la segunda instancia del proceso penal adelantado por el homicidio cometido por el actor de la tutela, modificó radicalmente  la cantidad de la pena  y con base en la ley que estimó como aplicable, reformó aquella parte de la Sentencia, no obstante que el conocimiento del asunto haya llegado a dicha instancia bajo la condición del ejercicio del recurso de apelación presentado únicamente por el condenado, todo lo cual parece encuadrar prima facie   en los supuestos del artículo 31 inciso segundo de la Carta. 2.  Para resolver sobre el asunto que aparece como materia de las providencias que se revisan, es preciso advertir en primer término que la Corte Constitucional mediante Sentencia de diciembre 7 de 1993, declaró la constitucionalidad del artículo 29 de la ley 40 de 1993; en la mencionada oportunidad, esta Corporación advirtió que “....el legislador si ha atendido los criterios de razonabilidad y proporcionalidad para la dosificación de las penas que los artículos acusados de la demanda prevén para los delitos de homicidio y secuestro en sus diferentes modalidades, habida cuenta de su gravedad y de aquellas circunstancias en las que subyace la transgresión de normas esenciales a la convivencia humana y civilizada, que comprometen además la vida misma del individuo y atacan mortalmente tanto el núcleo familiar como a la estructura de la sociedad democrática, legítimamente organizada dentro de un orden justo.” Además, en la citada providencia se indicó que “No se remite a duda que los delitos de secuestro y homicidio lesionan de manera grave o, en el mejor de los casos, quebrantan ostensiblemente los bienes supremos de la vida, la libertad, la dignidad, la familia y la paz, entre otros, derechos fundamentales amparados por la Constitución y resquebrajados por crímenes justamente calificados como de los más abominables por la humanidad, afectando así la tranquilidad de miles de familias y la convivencia ciudadana. “Dentro de la concepción del Estado Social de Derecho y con base en la importancia que a los derechos fundamentales otorga nuestra Carta Política, cuando se vulneran los derechos a la vida, a la libertad y a la dignidad a través de los delitos de homicidio y secuestro, se hace necesario por parte del Estado la imposición de una pena, y ante todo de un tratamiento punitivo aleccionador y ejemplarizante, atendiendo los bienes jurídicos cuyo amparo se persigue; es decir, que a tales hechos punibles se le debe aplicar las más rígidas sanciones con el objeto de que produzcan un impacto que se encuentre en consonancia con la magnitud del delito cometido y de los derechos vulnerados. “Por todo ello, no estima la Corte que la imposición de sanciones elevadas (en cuanto al número de años de prisión) para delitos de semejante gravedad y atrocidad, como el secuestro y el homicidio, cometidos contra los derechos esenciales del ser humano - la vida, la libertad, la dignidad, la convivencia pacífica, la familia, la intimidad, entre otros- constituya, como lo pretende la censura, agravio alguno a las disposiciones constitucionales invocadas en la demanda. Por el contrario, una de las formas, quizá la más idónea para asegurar los fines del estado, sea la de garantizar la convivencia pacífica, la cual se logra a través de la prevención y represión de las conductas delictivas mediante la imposición de penas y sanciones que sean verdaderamente proporcionales a la gravedad del hecho punible y a la mayor o menor afectación de los derechos fundamentales de las personas. “Sanciones como las previstas en las normas acusadas atienden  los fines de retribución, ya que su cuantum responde a la necesidad de represión de conductas punibles; además satisface los objetivos de la función preventiva como quiera que su rigor se endereza a evitar la consumación de nuevos hechos delictivos, castigando en forma ejemplarizante a todos aquellos que pretendan incurrir en esa modalidad punible.”  (Corte Constitucional, diciembre 7 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara). En todo caso se observa que la ley en comento fue promulgada y entró en vigencia el 20 de enero de 1993 (D.O. No. 40726), mientras que el ilícito se produjo un mes y siete (7) días después, es decir el 27   de febrero de 1993, desde luego en oportunidad en la que la nueva disposición aplicable era precisamente el artículo 29 la nueva ley que derogó lo dispuesto por el artículo 323 del Decreto-Ley 100 de 1980. De igual modo se observa que la nueva ley era aplicable y operante, pues su promulgación se había producido a cabalidad y por lo mismo su vigencia ya era plena. 3.  Además, en relación con el problema de la compatibilidad entre el principio de la legalidad de los delitos y de las penas y de la función judicial y el de la No Reformatio In Pejus, cuando el condenado sea apelante único, se tiene que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia  dejó en claro el problema al señalar que: “Encuentra la Corte que no obstante existir objetivamente un incremento punitivo, el Tribunal en sentido estricto no agravó la pena impuesta por el Juzgado Superior a-quo, sino que ajustó la tasación punitiva a la normatividad aplicable según el fallo recurrido, en acatamiento al principio de la legalidad de la pena que forma parte principal de la garantía fundamental del debido proceso, consagrada en forma expresa y reiterativa en la Carta (arts. 29 y 230). "....... "La legalidad de la pena constituye garantía no solamente con relación al procesado, sino para el Estado igualmente pues el ejercicio del poder punitivo que cumple a su nombre la autoridad judicial legítima ha de ser desarrollado solamente en las condiciones prescritas en la ley, y no puede ser soslayado por un acto ilegal de uno de sus funcionarios, ni ignorando por el Juez al que jerárquicamente le compete revisar el pronunciamiento precisamente en procura de hacer efectiva la legalidad de las decisiones. "Cuando la Constitución en su artículo 230 consagra la independencia del Juez al disponer inequívocamente que 'Los jueces en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley', no les da una independencia tal que los coloque por encima o al margen de la misma. Es evidente que el juez debe aplicar el mandato legal, por ser la expresión de la voluntad soberana del Estado, tal como objetivamente lo reconoce él en el caso concreto, y no según su discrecionalidad. "Tratadistas connotados se han pronunciado en tal sentido, Manzini, por ejemplo, al comentar en su Tratado de Derecho Procesal Penal precisamente la 'reformatio in peius', dice: 'Pero la prohibición de la reformatio in peius tiene como presupuesto que la pena infligida por el primer juez sea legal, mientras que, si no lo es (ejemplo: aplicación de la reclusión en medida inferior al mínimo consentido), no puede valer como término de comparación' ". (Manzini, Vicenzo, Tratado de Derecho Procesal Penal. T.V. Buenos Aires, 1954, Trad. Santiago Sentís Melendro y Marino Ayerra Redín, pág,143). "Resulta claro entonces que el artículo 31 C.N. al consagrar la garantía de la no agravación punitiva cuando es impugnante único el procesado, no está dando patente de corso a la ilegalidad ni al caos jurídico, pues la garantía como tal presume que el acto haya sido cumplido dentro de la legalidad. La pena cuya agravación se proscribe en esta disposición es la que resulta de una computación que consulte los principios elementales de graduación que suministra el legislador. La norma superior no puede indiscriminadamente cobijar todo evento de incrementación de pena cuando el apelante único sea el procesado, pues conservando el mismo rango de la que consagra la legalidad del delito y de la pena, principios universalmente reconocidos, ha de atemperarse para dejar a salvo tan esencial presupuesto de la justicia. "Casar el fallo como lo sugiere la Delegada, sería colocar la casación, que es control de legalidad por excelencia, al servicio de una causa ilegal, pues se reviviría el fallo de primera instancia que es objetivamente contrario a la ley reguladora del caso. Así pues, no se accederá a tal solicitud". ( Corte Suprema de Justicia, Casación 6304. M.P. Dr.Dídimo Páez Velandia, Julio 29 1992). En este mismo sentido se ha dicho, con razón, que no pueden darse normas contradictorias de carácter constitucional, y por lo mismo no puede existir jerarquía entre ellas, es decir que se diesen normas más importantes que las otras; es por ello que cuando se llegare a presentar un aparente conflicto de normas constitucionales, el aplicador de la ley deberá interpretarlas de tal manera que les dé la justa y armoniosa apreciación que necesita el texto de la Carta Política para mantener su integridad ideológica y su unidad, aplicando criterios de ponderación y armonía para balancear los conflictos aparentes de normas. El texto constitucional se convierte así, por el principio de legalidad en una garantía para el ciudadano en cuanto a que el legislador no podrá imponer penas de las que han sido excluidas por el texto constitucional y para los funcionarios judiciales que ejercen la represión la garantía al ciudadano que no se le podrán imponer penas por fuera de los límites temporales establecidos en la ley. Es por ello que este principio y el de la no  reformatio in pejus deben ser conciliados y armonizados en su interpretación, en el sentido de que los jueces jerárquicamente superiores se encuentran impedidos para agravar la pena impuesta en primera instancia, pero siempre y cuando ella se haya ajustado al principio constitucional de la legalidad, porque es obvio que los jueces dentro del principio también constitucional de la independencia, según el cual sólo están sometidos al imperio de la Constitución y de la Ley, al tasar las penas necesariamente deben hacerlo dentro de los parámetros señalados por tal normatividad, es decir, teniendo en cuenta las diversas circunstancias de atenuación y agravación punitiva. Además es claro que bajo ninguna circunstancia se podrán deducir penas por debajo del mínimo legal o por encima del máximo legal. Por ello, cuando el superior jerárquico advierte que se impuso una pena inexistente, o una de las prohibidas constitucionalmente, se dejó de aplicar la legalmente prevista, o se tasó por fuera de los límites previstos en la ley, se encuentra en la obligación constitucional de adecuar el fallo a la normatividad existente; deber que ha de cumplir el juez de segunda instancia y con mayor celo el de casación, por cuanto una de sus finalidades fundamentales es garantizar la legalidad del proceso. Así las cosas, siguiendo la jurisprudencia nacional al respecto, no existe contradicción, ni puede darse entre los principios constitucionales que se estudian porque, está sobreentendido que la no reformatio in pejus como imposibilidad de agravar la sanción impuesta en primera instancia cuando se trate de apelante único, es aplicable siempre y cuando el fallo se ajuste a la realidad constitucional y legal; lo contrario nos llevaría a la conclusión de que la fuerza de la Sentencia de primera instancia sería de tal naturaleza que quedaría por encima de la Constitución y de la Ley, porque a pesar de imponer una pena desconociendo el mínimo legal, los superiores jerárquicos estarían imposibilitados para hacer los ajustes necesarios exigidos por el principio constitucional de la legalidad. La Corte Suprema de Justicia  también  expresó al respecto: "... si en el fallo del juzgado se había dado cumplimiento al principio de la legalidad del delito y de la pena, porque teniendo también este precepto arraigo en la Carta Constitucional (artículo 29), mal podría admitirse supeditado de algún modo a otro canon de ese mismo rango, si, como tradicionalmente lo sostuvo la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, son inexistentes dentro de la Constitución Política disposiciones entre sí opuestas o contradictorias, exigiéndose en la interpretación de unas y otras armonía. "Así, pues, si bien es cierto que la Corte de manera pacífica y reiterada ha dado aplicación inmediata al principio consagrado en el artículo 31 constitucional, regresando a la pena impuesta en la primera instancia cuando descubre la presencia de incrementos a ella decretados por el tribunal ad-quem contra la iniciativa de los procesados que han actuado como apelantes exclusivos, invariablemente ha dejado también a salvo como principios superiores los de la legalidad y del debido proceso, pues lejos de hallarse estos instituidos en exclusiva guarda o favor del procesado, constituyen garantía de igualdad dentro de un Estado de Derecho, y a manera de columna vertebral el de legalidad se erige como amparo para el ciudadano de bien que da por cierto que no será perseguido ni penado por la comisión de hechos no descritos previamente en la ley como delitos, y para el transgresor en la certeza que solo se le procesará de conformidad con la ley preexistente, ante el juez competente y con la plenitud de las garantías y derechos, y que de llegarse a la postre a su sanción, jamás se le afectará con una medida distinta de aquellas que en clase y duración ha fijado la ley de modo expreso y antelado. "...... "... si el Tribunal Superior de Cali  se limitó al desatar el recurso de alzada interpuesto contra la Sentencia de primera instancia, a rectificar esa discordancia entre la parte motiva y la resolutiva del fallo del juzgado, imponiendo al acusado 'la pena mínima legal prevista en el artículo 329 del Código Penal', mal puede interpretarse su actuación como una transgresión al artículo 31 constitucional o determinante de un incremento punitivo, pues ese error contenido en la resolutiva de la decisión del Juzgado, no podía generar para el recurrente derechos superiores al propio mandato constitucional de la legalidad del proceso y de la pena. "Tampoco el incremento decretado en la segunda instancia respecto del cuantun de los perjuicios morales materia de resarcimiento permite inferir la violación que del canon 31 de la Carta Política pretende la censura. No huelga sobre este aspecto recordar, y como ya con reiteración lo ha venido sosteniendo esta Sala, que si el precepto superior invocado veda con exclusividad el incremento de la pena, mal puede extenderse por simple interpretación su alcance al ámbito del restablecimiento del derecho, pues una y otra decisión tienen naturaleza bien distinta como apuntan a fines diferentes, orientada la pena como consecuencia del poder punitivo del Estado a cumplir objetivos de retribución, protección y resocialización directamente orientados hacia el delincuente, en tanto que con el resarcimiento del daño se pretende restablecer el equilibrio quebrantado con el hecho punible, apuntando hacia el reconocimiento y satisfacción de los derechos del ofendido o perjudicando, cuya tutela ha encomendado la ley a las autoridades". (Casación Nro. 6906. M.P. Dr.Juan Manuel Torres Fresneda). Por todo lo anterior, compartiendo como comparte la Corte Constitucional las reflexiones y los fundamentos de la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia por la que se define que la no reformatio in pejus no es un principio absoluto y mecánico sino que admite la excepción que impone el principio de legalidad de los delitos y de las penas de rango constitucional, encuentra que las decisiones de tutela por las que se resolvió el asunto en cuestión deben confirmarse. Por lo anterior, la Corte reitera que el principio establecido en el artículo 31 de la Carta que opera igualmente como derecho constitucional fundamental, debe entenderse en cuanto relacionado y concordado con el principio de legalidad de los delitos y de las penas que también es de rango constitucional, pudiendo, en consecuencia, quien conoce de la apelación, aplicar la pena correspondiente dentro de los límites de la responsabilidad y de los elementos de la culpabilidad definidos por el Juez de primera instancia. En mérito de lo expuesto, la Sala de Revisión No. ocho de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.-   CONFIRMAR  las Sentencias del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cali, de 20 de septiembre de 1994 y del Tribunal Superior de Cali -Sala de Decisión Penal-, del 14 de octubre de 1994 en las que se niega la tutela reclamada por NELSON CAJIGAS RIOS. Segundo.-  Líbrense por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos contemplados. Cópiese, notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ Magistrado Expediente  T-51343 Vienen firmas.... VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA  DE MONCALEANO Secretaria General

T-156-95 Sentencia No Sentencia No. T-156/95 PENSION DE JUBILACION-Pago/DERECHOS DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD El Estado adquiere por mandato del inciso 3o. del artículo 53 Superior, el compromiso de garantizar el pago oportuno de las pensiones, para lo cual debe proveer en los respectivos presupuestos del orden nacional, departamental, distrital y municipal las partidas necesarias para atender de manera cumplida y satisfactoria su obligación consittucional, especialmente cuando quienes se ven afectados por el incumplimiento o la desidia de las autoridades estatales, son personas de la tercera edad. ACTO DE INCLUSION EN NOMINA La inclusión en nómina "es un acto instrumental, de trámite o preparatorio de la decisión administrativa, no susceptible de ser atacado en vía gurbernativa y que, consecuencialmente, tampoco puede controvertirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de donde surge que es la acción de tutela el único mecanismo de defensa ante la inexistencia de otros medios judiciales que puedan asegurar la protección del derecho conculcado. REF: Expedientes Acumulados Nos. T-48173, 48177, 48477, 54816, 54818, 54823, 54827, 54828, 54830, 54847, 54878, 54879, 54903, 54906, 54911, 54912, 54946, 55002, 55217, 55218, 55220, 55221, 55224, 55245, 55246, 55247, 55248, 55249, 55266, 55392, 55393, 55394, 55396, 55411, 55422, 55437, 55630, 55808, 55809, 55823, 55824, 56749, 56799, 56800, 56885, 56886, 61820, 64737. PETICIONARIOS: Josefina Bravo de Daza y otros. TEMA:  Pensión de jubilación. Pago de mesadas atrasadas y de cesantías parciales. MAGISTRADO PONENTE: HERNANDO HERRERA VERGARA. Santa Fe de Bogotá, abril cinco de mil novecientos noventa y cinco. La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA, procede a revisar los fallos de tutela proferidos en su totalidad por los despachos judiciales de la ciudad de Santa Marta que a continuación se relacionan: en primera instancia las Sentencias proferidas por los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Civiles Municipales; Juzgados Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno Penales Municipales; Juzgado Segundo Civil del Circuito; Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, y Juzgado Tercero Civil del Circuito. Y en segunda instancia, los fallos proferidos por los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito; Juzgado Noveno Penal del Circuito; y Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Penal, a los que les correspondió el estudio y decisión de cada expediente, como consecuencia de las acciones de tutela instauradas por las siguientes personas: Josefina Bravo de Daza (exp. No. 48173); Edita Cenobia Ramírez Villar (exp. No. 48177), Alejandrina Barros de Acosta (exp. 48477), Miladis de Jesús Rosales de Fábregas (exp. No. 54816), Santiago Luna Villalobos (exp. No. 54818), José Antonio Gutiérrez Soto (exp. No. 54823), Luda Ruth Cantillo de Silva (exp. No. 54827), Adolfo Enrique Reyes Mesa (exp. No. 54828), Manuela de la Cruz Badillo (exp. 54830), Carmen Cecilia Govea García (exp. No. 54847), Ofelia María Pimienta de Robinson (exp. No. 54878), Isaac Enrique Sánchez Ladino (exp. No. 54879), Rafael Aponte Colón (exp. No. 54903), Carolina Díaz Vda. de Mejía (exp. No. 54906), Aurora Josefa Rivas de Reyes (exp. No. 54911), Gabriel Francisco Avendaño Maestre (exp. No. 54912), Margarita Jordi de Jiménez Nieto (exp. No. 54946), Zunilda Elisa Zagarra de Pinedo (exp. No. 55002), José del Carmen Galán Varela (exp. No. 55217), Eduardo Lara Daza (exp. No. 55218), Alicia Laurens Hormechea (exp. No. 55220), Angel María Ferreira Cantillo (exp. No. 55221), Rita Clara Soto de Robles (exp. No. 55224), María Magola Reyes Gil (exp. No. 55245), Gabriel Manjarrés Camargo (exp. No. 55246), Judith Dávila de Moscarela (exp. No. 55247), Esther Leticia Moscarela de Corro (exp. No. 55248), María Encarnación Gómez Villalobos (exp. No. 55249), Paulina Núñez de Roca (exp. No. 55226), Regina Esther Guardiola López (exp. No. 55392), Sabina Esther Ballesteros Suárez (exp. No. 55393), Eloisa Agustina Núñez Carbono (exp. No. 55394), María Magdalena Machuca Mulet (exp. No. 55396), Olivia Margoth Matiu de Delima, Tulia Esther Morán Fernández, Juana Bautista González de Agudelo, Elba Cenit Sierra de Ponce, Ana Joaquina Rivera de Rondano, Hernando Manuel Cotes Fajardo, Alvaro Alfonso Amador Vega, Denis Bermúdez de Caraballo, Elix María de la Hoz Hernández y Eduardo Bolívar Cabello, quien desistió de la acción durante su trámite, (exp. No. 55411), Cecilia González de Borrego (exp. No. 55422), Eva Ester Collante de Pardo (exp. No. 55437), Fidelina Esther Díaz de Cortés (exp. No. 55630), Carmela Cohen Ochoa (exp. No. 55808), Rosa Vega de Carrascal (exp. No. 55809), Hilda Prado Fuenmayor (exp. No. 55823), Mirtha Isabel Valera Fernández (exp. No. 55824), Lelia Marina Mozo de Zúñiga (exp. No. 56749), Filadelfa Pacheco de Hernández (exp. No. 56799), Ana Isabel Revollo Morales (exp. No. 56800), Marina del Rosario  Hernández de Meriño (exp. No. 56885), Carmen Vanegas Parejo (exp. No. 56886), Stella Robles de Ojeda (exp. No. 61820), Angel Guillermo Llerena (exp. No. 64737). De conformidad con la decisiones adoptadas por la Sala de Selección No. 1 de la Corte Constitucional, mediante autos de fechas 24 y 31 de enero de 1995, y de la Sala de Selección No. 2 de esta Corporación a través de providencia del 3 de febrero de 1995, los expedientes se han acumulado y se fallarán por medio de este proveído. I. ANTECEDENTES. 1. Las personas arriba mencionadas prestaron sus servicios a entidades públicas del Departamento del Magdalena, y a cada una de ellas les fue reconocido, en diferentes fechas, su derecho a la pensión de jubilación de conformidad con los requisitos establecidos por la ley, por medio de resolución emitida por la Caja de Previsión Social del citado Departamento. Por su parte, los accionantes José Antonio Gutiérrez Soto (exp. No. 54823) y Mirtha Isabel Varela Fernández (exp. No. 55824) solicitaron el pago de las cesantías parciales ante la misma accionada. 2. La Caja de Previsión Social del Magdalena no les ha pagado a los accionantes las mesadas pensionales atrasadas a las que tienen derecho, y tampoco ha cancelado las cesantías parciales a los accionantes José Antonio Gutiérrez Soto y Mirtha Isabel Varela Fernández, según se detalla en el numeral 4o. de los antecedentes. 3. Los demandantes, por separado, presentaron acción de tutela contra la Caja de Previsión Social del Departamento del Magdalena con el fin de obtener el pago de las mesadas atrasadas por concepto de pensión de jubilación que ésta les adeuda, y en el caso de los accionantes arriba citados, el pago de las cesantías parciales solicitadas, por cuanto consideran vulnerados los derechos a la vida, a la igualdad y a la tercera edad, como consecuencia del incumplimiento en el pago de las obligaciones pensionales, y en la cancelación de las cesantías parciales. 4. Las mesadas dejadas de pagar o las cesantías parciales no canceladas por la Caja de Previsión Social del Departamento del Magdalena a cada uno de los accionantes, son las siguientes: 4.1. Expediente No. 48173. Accionante: Josefina Bravo de Daza. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 972 del 21 de octubre de 1976. Se le han dejado de pagar las mesadas de enero a junio de 1990; abril a diciembre de 1991; mayo a diciembre y prima de 1993; febrero a abril, junio y julio de 1994; y prima semestral de 1994. 4.2. Expediente No. 48177. Accionante: Edita Cenobia Ramírez Villar. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 995 del 26 de agosto de 1993. Se le han dejado de pagar la totalidad de mesadas de los años 1986 y 1987; abril a diciembre y primas de a 1992; junio a diciembre y primas correspondientes a 1993; y las mesadas de febrero a agosto de 1994. 4.3. Expediente No. 48477. Accionante: Alejandrina Barros de Acosta. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 1207 del 7 de octubre de 1977. Se le han dejado de pagar las mesadas de mayo a diciembre y prima de 1988; enero a diciembre y prima de 1989; enero a diciembre y prima de 1990; enero a marzo de 1991; abril a diciembre y primas correspondientes a 1993; y mesadas de febrero a julio de 1994. 4.4. Expediente No. 54816. Accionante: Milady Rosales de Fábregas. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 2493 del 10 de diciembre de 1982. Se le han dejado de pagar las mesadas de abril a diciembre de 1991; julio a diciembre de 1993; y mesadas de febrero a septiembre y prima de 1994. 4.5. Expediente No. 54.818. Accionante: Santiago Luna Villalobos. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 1741 de 29 de septiembre de 1981. Se le han dejado de pagar las mesadas de julio a diciembre de 1993; y febrero a septiembre de 1994. 4.6. Expediente No. 54823. Accionante: José Antonio Gutiérrez Soto. Se le reconoció su derecho al pago de cesantías parciales mediante Resolución No. 1022 del 26 de septiembre de 1994. Solicita la cancelación de las mismas. 4.7. Expediente No. 54827. Accionante: Luda Ruth Cantillo de Silva. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 048 del 11 de enero de 1979. Se le han dejado de pagar las mesadas correspondientes a los años de 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994 hasta el mes de septiembre, más las primas correspondientes a cada periodo mencionado. 4.8. Expediente No. 54828. Accionante: Adolfo Enrique Reyes Mesa. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 1785 del 10 de septiembre de 1979. Se le han dejado de pagar las mesadas de julio a diciembre de 1993; y febrero a octubre de 1994 y la prima semestral correspondiente. 4.9. Expediente No. 54830. Accionante: Manuela de la Cruz de Badillo. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 053 del 9 de febrero de 1971. Se le han dejado de pagar las mesadas de julio a diciembre de 1993; y febrero a septiembre de 1994. 4.10. Expediente No. 54847. Accionante: Carmen Govea García. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 101 del 11 de marzo de 1971. Se le han dejado de pagar las mesadas de septiembre a diciembre de 1991; julio a diciembre de 1993; y febrero a agosto de 1994. 4.11. Expediente No. 54878. Accionante: Ofelia María Pimiento de Robinson. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 1854 del 6 de diciembre de 1978. Se le han dejado de pagar las mesadas de julio a diciembre de 1993; y febrero a agosto de 1994. 4.12. Expediente No. 54879. Accionante: Isaac Enrique Sánchez Ladino. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 3843 del 6 de diciembre de 1989. Se le han dejado de pagar las mesadas de abril a diciembre de 1991; noviembre a diciembre de 1993; y febrero a agosto de 1994. 4.13. Expediente No. 54903. Accionante: Rafael Aponte Colón. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 2034 del 19 de mayo de 1989. Se le han dejado de pagar las mesadas de julio a diciembre de 1993; y febrero a septiembre y prima semestral de 1994. 4.14. Expediente No. 54906. Accionante: Carolina Díaz Vda. de Mejía. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 2086 del 1o. de junio de 1989. Se le han dejado de pagar las mesadas de septiembre a diciembre y prima correspondiente a 1985; enero a diciembre y prima correspondiente a 1986; enero a diciembre y prima de 1987; enero a diciembre y prima de 1988; enero a junio de 1990; noviembre a diciembre de 1991; julio a diciembre de 1993; y febrero a agosto de 1994. 4.15. Expediente No. 54911. Accionante: Aurora Josefa Rivas de Reyes. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 0152 del 22 de febrero de 1989. Se le han dejado de pagar diez mesadas de 1991; las mesadas correspondientes al año 1993; y febrero a agosto de 1994. 4.16. Expediente No. 54912. Accionante: Gabriel Avendaño Maestre. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 1473 del 30 de agosto de 1990. Se le han dejado de pagar las mesadas de diciembre de 1991; julio a diciembre de 1993; y febrero a agosto de 1994. 4.17. Expediente No. 54946. Accionante: Margarita Jardi de Jiménez Nieto. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 515 del 8 de junio de 1976. Se le han dejado de pagar las mesadas de abril y mayo de 1988; septiembre a diciembre y prima de 1989; enero a junio de 1990; septiembre a diciembre de 1991; abril a diciembre de 1993; enero a octubre de 1994. 4.18. Expediente No. 55002. Accionante: Zenilda Elisa Zarraga de Pinedo. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 1208 del 6 de octubre de 1993. Se le han dejado de pagar la prima de 1986; prima de 1987; mesadas de junio y julio de 1988; mesadas de junio 1990, de marzo a septiembre de 1991; octubre a diciembre y prima de 1991; julio a diciembre y prima de 1993; y febrero a septiembre y prima de 1994. 4.19. Expediente No. 55217. Accionante: José del Carmen Galán Varela. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 452 del 11 de julio de 1975. No obra en el expediente constancia de las mesadas atrasadas, aun cuando se ofició a la accionada para que enviara tal información, lo cual no ocurrió. 4.20. Expediente No. 55218. Accionante: Eduardo Lara Daza. No está incluido en nómina desde abril 11 de 1975. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 203 del 11 de abril de 1975. No obra en el expediente constancia de las mesadas atrasadas, aun cuando se ofició a la accionada para que enviara tal información, lo cual no ocurrió. 4.21. Expediente No. 55220. Accionante: Alicia Laurens Hormechea. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 470 del 8 de octubre de 1969. Se le han dejado de pagar las mesadas de marzo a diciembre de 1988; enero a diciembre y prima de 1989; enero a junio de 1990; abril a diciembre de 1991; julio a diciembre de 1993; y febrero a octubre de 1994. 4.22. Expediente No. 55221. Accionante: Angel Ferreira Cantillo. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 190 del 10 de noviembre de 1967. Se le han dejado de pagar las mesadas de enero a junio de 1990; abril a diciembre de 1991; julio a diciembre de 1993; y febrero a octubre de 1994. 4.23. Expediente No. 55224. Accionante: Rita Clara Soto de Robles. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 162 del 13 de marzo de 1970. Se le han dejado de pagar las mesadas de julio, agosto y diciembre de 1984; abril a diciembre de 1991; julio a diciembre de 1993; y febrero a octubre de 1994. 4.24. Expediente No. 55242. Accionante: María Magola Reyes Gil. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 3435 del 22 de diciembre de 1986. Se le han dejado de pagar la prima de 1990; mesadas de abril a diciembre de 1991; y febrero a septiembre de 1994. 4.25. Expediente No. 55246. Accionante: Gabriel Antonio Manjarrés Camargo. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 519 del 5 de noviembre de 1969. En el expediente no hay constancia de las mesadas que se le adeudan. 4.26. Expediente No. 55247. Accionante: Judith Dávila de Moscarella. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 621 del 1o. de septiembre de 1975. Se le han dejado de pagar las mesadas de noviembre y diciembre de 1993; y febrero a octubre de 1994. 4.27. Expediente No. 55248. Accionante: Esther Moscarella de Cor. No hay en el expediente constancia de las mesadas atrasadas, aunque se solicitó tal prueba a la accionada, sin que ésta fuera allegada oportunamente. 4.28. Expediente No. 55249. Accionante: María Encarnación Gómez Villalobos. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 1979 del 27 de junio de 1979. Se le han dejado de pagar las mesadas de abril a junio de 1985; enero y prima de 1986; enero de 1987; enero a diciembre de 1988; enero a diciembre y prima de 1989; enero a junio de 1990; abril a diciembre de 1991; julio a diciembre de 1993; y febrero a octubre de 1994 más prima semestral. 4.29. Expediente No. 55266. Accionante: Paulina Núñez de Roca. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 1249 del 9 de octubre de 1978. Se le han dejado de pagar la prima de 1987; mesadas de enero a diciembre de 1988; enero a diciembre y prima de 1989; julio a diciembre de 1991; agosto a diciembre de 1993; y febrero a agosto de 1994. 4.30. Expediente No. 55392. Accionante: Regina Esther Guardiola López. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 1454 del 24 de octubre de 1978. Se le han dejado de pagar la prima de 1987; enero a diciembre de 1988; enero a diciembre y prima de 1989; enero a junio de 1990; abril a diciembre de 1991; julio a diciembre de 1993; y febrero a octubre de 1994. 4.31. Expediente No. 55393. Accionante: Sabina Ballesteros Suárez. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 863 del 18 de mayo de 1983. Se le han dejado de pagar las mesadas de noviembre a diciembre de 1993; y febrero a octubre de 1994. 4.32. Expediente No. 55394. Accionante: Eloísa Núñez Carbono. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 177 del 7 de febrero de 1980. Se le han dejado de pagar las mesadas de junio a agosto de 1988; enero a diciembre y primas semestrales de 1989; enero a junio de 1990; julio a diciembre de 1993; y febrero a octubre de 1994. 4.33. Expediente No. 55396. Accionante: María Magdalena Machuca. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 3691 del 31 de diciembre de 1990. Se le han dejado de pagar las mesadas de noviembre de 1990; abril a diciembre de 1991; julio a diciembre de 1993; y febrero a septiembre de 1994. 4.34. Expediente No. 55411. Accionantes: a) Olivia Matiu de Delima: Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 103 del 20 de febrero de 1970. Se le han dejado de pagar las mesadas de febrero a septiembre de 1994. b) Tulia Esther Morán Fernández: Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 312 del 15 de mayo de 1975. Se le han dejado de pagar las mesadas de julio a diciembre de 1988; prima de 1989; enero a junio de 1990; abril a diciembre de 1991; julio a diciembre de 1993; y febrero a septiembre de 1994. c) Juana Bautista de Agudelo: Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 0051 del 5 de febrero de 1991. Se le han dejado de pagar las mesadas de agosto a octubre de 1990; abril a diciembre de 1991; julio a diciembre de 1993; y febrero a septiembre de 1994. d) Elba Cenit Sierra de Ponce: no obra en el expediente prueba acerca de las mesadas que se le adeudan. e) Ana Judith Rivera de Rondano: no obra en el expediente prueba acerca de las mesadas que se le adeudan. f) Hernando Cotes Fajardo: Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 1081 del 26 de mayo de 1980. Se le han dejado de pagar las mesadas de junio a septiembre de 1994. g) Alvaro Amador Vega: Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 1214 del 23 de junio de 1987. Se le han dejado de pagar las mesadas de julio a diciembre de 1993; y febrero a septiembre de 1994. h) Denis Bermúdez de Caraballo: Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 303 del 16 de octubre de 1978. Se le han dejado de pagar las mesadas de mayo a diciembre de 1993; y febrero a septiembre de 1994. i) Elix de la Hoz: Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 2307 del 20 de junio de 1989. Se le han dejado de pagar las mesadas de enero a junio de 1990; septiembre a diciembre de 1991; noviembre y diciembre de 1993; y febrero a agosto de 1994. 4.35. Expediente No. 55422. Accionante: Cecilia González de Borrego. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 1411 del 5 de noviembre de 1980. Se le han dejado de pagar las mesadas de febrero a octubre de 1994. 4.36. Expediente No. 55437. Accionante: Eva Collante de Pardo. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 1192 del 5 de octubre de 1977. Se le han dejado de pagar las mesadas de febrero a diciembre de 1988; enero a diciembre y prima de 1989; enero a junio de 1990; abril a diciembre de 1991; julio a diciembre de 1993; y febrero a octubre de 1994. 4.37. Expediente No. 55630. Accionante: Fidelina Esther Díaz Cortés. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 0870 del 24 de junio de 1992. Se le han dejado de pagar 9 días de mayo, junio a diciembre de 1990, y la prima semestral correspondiente al mismo año; enero a diciembre de 1991; enero a abril de 1992; septiembre a diciembre de 1993; y febrero a octubre de 1994. 4.38. Expediente No. 55808. Accionante: Carmela Cohen Ochoa. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 1775 del 6 de septiembre de 1979. Se le han dejado de pagar las mesadas de junio a diciembre de 1988; enero a diciembre de 1989; julio a diciembre de 1993; y febrero a septiembre de 1994. 4.39. Expediente No. 55809. Accionante: Rosa Vega de Carrascal. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 5564 del 28 de agosto de 1980. Se le han dejado de pagar las mesadas de julio a diciembre de 1993; y febrero a octubre de 1994. 4.40. Expediente No. 55823. Accionante: Hilda Prado Fuenmayor. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 1685 del 18 de julio de 1983. Se le han dejado de pagar las mesadas de enero a diciembre de 1985; enero a junio de 1990; abril a diciembre de 1991; julio a diciembre de 1993; y febrero a septiembre de 1994. 4.41. Expediente No. 55824. Accionante: Mirtha Isabel Varela. Se le reconoció su derecho al pago a las cesantías parciales mediante Resolución No. 1192 del 11 de noviembre de 1994. 4.42. Expediente No. 56749. Accionante: Leila Mozo de Zúñiga. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 3243 del 22 de agosto de 1979. Se le han dejado de pagar las mesadas de julio a diciembre de 1993; y febrero a octubre de 1994. 4.43. Expediente No. 56799. Accionante: Filadelfa Pacheco de Hernández. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 0092 del 14 de enero de 1980. Se le han dejado de pagar las mesadas de junio a agosto de 1988; enero a diciembre y prima correspondiente a 1989; abril a diciembre de 1991; y julio a diciembre de 1993. 4.44. Expediente No. 56800. Accionante: María Isabel Revollo (Robayo) Morales. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 0592 del 27 de mayo de 1994 (sic). Se le han dejado de pagar las mesadas de enero a diciembre de 1993; y febrero a octubre de 1994. 4.45. Expediente No. 56885. Accionante: Marina Hernández de Merino. No obra en el expediente la constancia de las mesadas que se le adeudan. 4.46. Expediente No. 56886. Accionante: Carmen Vanegas Parejo. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 635 del 14 de abril de 1981. Se le han dejado de pagar las mesadas de junio a agosto de 1988; enero a diciembre y prima correspondiente a 1989; enero a junio de 1990; julio a diciembre de 1993; y febrero a octubre de 1994. 4.47. Expediente No. 61820. Accionante: Stella Robles de Ojeda. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 2024 del 23 de junio de 1980. Se le han dejado de pagar las mesadas de abril a diciembre de 1991; julio a diciembre de 1993; y febrero a octubre de 1994. 4.48. Expediente No. 64737. Accionante: Angel Guillermo Llerena Camacho. Se le reconoció su derecho a la pensión de jubilación mediante Resolución No. 0724 del 27 de marzo de 1987. Se le han dejado de pagar las mesadas de junio a diciembre y prima de junio de 1994. II. PRETENSIONES. Los accionantes acuden al mecanismo de la tutela con el fin de que se ordene a la Caja de Previsión Social del Magdalena el pago de las mesadas pensionales atrasadas. A su vez, los accionantes José Antonio Gutiérrez Soto y Mirtha Isabel Varela Fernández pretenden obtener el pago de las cesantías parciales solicitadas ante la misma accionada. III. LAS DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN. Previamente a la decisión de primera instancia, los distintos juzgados de conocimiento solicitaron al Gerente de la Caja de Previsión Social del Magdalena el envío de la relación de los pensionados a quienes se les cancelaron sus mesadas hasta el mes de octubre de 1994, y cuyo pago no hubiera sido ordenado por fallo de tutela; además, se ofició a la accionada para que indicara el valor mensual de éstas y el último cargo ocupado, con base en el cual se les reconoció la pensión a los accionantes. Igualmente, se solicitó a cada demandante la relación del estado actual de las mesadas dejadas de cancelar. Las decisiones judiciales sometidas a revisión de la Corte Constitucional son las siguientes: 1. Primera Instancia. 1.1. Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta. A este despacho le correspondió el estudio y decisión de las acciones de tutela respecto de los expedientes Nos. 54816, 54878, 54906, 54911, 54912, 54946, 55217, 55218, 55245, 55246, 55247, 55248, 55249, 56749, 56799, 56800, 56885 y 56886. El Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta dictó la respectiva Sentencia en cada uno de los asuntos sometidos a su consideración, y concedió la tutela en favor de los accionantes por considerar que "en el caso de pensiones de jubilación, la acción ejecutiva laboral, ha resultado inoperante para la defensa de los derechos de los pensionados debido a la existencia de la norma legal que prohibe la inembargabilidad de los bienes y rentas del presupuesto". En consecuencia ordenó que las mesadas atrasadas fueran canceladas a los accionantes en el término de 5 días a partir de la notificación. 1.2. Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Marta. A este despacho le correspondió el estudio y decisión de las acciones de tutela respecto de los expedientes Nos. 54818, 54823, 54879, 54903, 55808. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Marta dictó la respectiva Sentencia en cada uno de los asuntos sometidos a su consideración, y resolvió conceder la tutela del derecho a la igualdad de los accionantes por considerar que: "(...) la omisión en el pago oportuno de las mesadas pensionales es objeto de tutela cuando según las circunstancias de cada caso, tiene la potencialidad de poner en peligro y vulnerar derechos y principios fundamentales como la vida (artículo 11 Constitución Política), a la dignidad humana (artículo 1o. Constitución Política), a la integridad física y moral (artículo 12 Constitución Política), al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16 Constitución Política), de las personas de la tercera edad (artículo 46 de la Constitución Política), y es que toda persona, más aún los ancianos, requieren de un mínimo de elementos materiales para subsistir, medios que sólo pueden adquirir a través de sus mesadas pensionales, pues carecen de capacidad laboral y de medios físicos para proporcionárselos ellos mismos". En consecuencia ordenó que las mesadas atrasadas fueran canceladas a los accionantes en un término de 48 horas contados a partir de la notificación de la Sentencia. En el exp. 54823 ordenó el pago de las cesantías parciales del accionante. 1.3. Juzgado Tercero Civil Municipal de Santa Marta. A este despacho le correspondió el estudio y decisión de las acciones de tutela respecto de los expedientes Nos. 55392, 55393, 55394, 55396, 55411 y 55422. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Santa Marta dictó la respectiva Sentencia en cada uno de los asuntos sometidos a su consideración, y resolvió conceder la acción de tutela por considerar que: "(...) una acción ejecutiva en la realidad que nos ocupa, pues no aliviaría, al menos, con la oportunidad y eficacia requerida, ya que el objetivo principal del artículo 53 de la Constitución Política es proteger el pago oportuno de las mesadas pensionales, con el fin de garantizar una vida digna y de igualdad a los pensionados, con relación a los demás pensionados, cumpliendo así con lo preceptuado por el artículo 46 de la Carta Magna, cuyo fin es la protección y asistencia de las personas de la tercera edad". En consecuencia el Juzgado Tercero Civil Municipal de Santa Marta ordenó que las mesadas atrasadas fueran canceladas en el orden cronológico correspondiente a partir de la fecha de notificación de la providencia. 1.4. Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta. A este despacho le correspondió el estudio y decisión de las acciones de tutela respecto de los expedientes Nos. 48173, 48177, 48477, 54830, 54847, 55221, 55823 y 55824, éste último relativo al pago de cesantías parciales. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta dictó la respectiva Sentencia en cada uno de los asuntos sometidos a su consideración tutelando los derechos demandados por considerar que: "(...) la accionada ha impedido a los accionantes el goce efectivo de la pensión, violando con ello esa garantía y su derecho a ser tratado en igualdad de condiciones, puesto que esta situación coloca en desventaja a los pensionados, al tolerar que un mismo derecho tenga tratamiento y efectos diferentes y que esta situación es más trágica si se tiene en cuenta que se trata de los derechos de las personas de edad avanzada que ya han cumplido las exigencias legales para obtener el otorgamiento de la pensión de vejez." En consecuencia, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta ordenó que las mesadas atrasadas fueran canceladas a los accionantes dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la providencia. 1.5. Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta. A este despacho le correspondió el estudio y decisión de las acciones de tutela respecto de los expedientes Nos. 55224 y 55809. El Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta dictó la respectiva Sentencia en cada uno de los asuntos sometidos a su consideración, y resolvió tutelar el derecho a la igualdad mas no el derecho a la vida por considerar que "no ha sido violado el derecho a la vida bajo ningún aspecto ni activo ni omisivo por parte de la entidad accionada". Respecto al derecho a la igualdad, ese despacho expresó que "(...) se puede deducir que se conculca el derecho de igualdad impetrado debido a la no contestación del informe pedido o sea por vía de raciocinio presuntativo sentar la conclusión de que no está en nómina debiendo estarlo". En consecuencia, ordenó incluir en nómina de pago a los accionantes en el término de diez días contados a partir de la notificación de la providencia. Respecto al expediente No. 55630, este Juzgado se pronunció negando la tutela por considerar que "existe otro mecanismo de defensa judicial". "(...) de los documentos aportados se desprende la existencia de un título ejecutivo, que da certeza del derecho sustancial en él consignado (...). En cuanto al derecho de igualdad, en lo concerniente al pago, la existencia del mencionado título ejecutivo, éste Juzgado ha recibido una circular, verdadera prueba documentaria, de cuya lectura se aprecia que la Caja quiere cancelar a todos sus afiliados sin contar con los medios económicos (...)". 1.6. Juzgado Sexto Penal Municipal de Santa Marta. A este despacho le correspondió el estudio y decisión de la acción de tutela respecto del expediente No. 55220 y resolvió conceder la tutela al corroborar que varios pensionados en la misma entidad han recibido oportunamente sus mesadas pensionales, demostrándose así el trato discriminatorio otorgado a la accionante. En consecuencia, ordenó el pago de las mesadas atrasadas en orden cronológico. 1.7. Juzgado Séptimo Penal Municipal de Santa Marta. A este despacho le correspondió el estudio y decisión de la acción de tutela respecto del expediente No. 55002. El Juzgado resolvió conceder la tutela de los derechos de la accionante por considerar que "el derecho fundamental invocado ha sido vulnerado por la entidad accionada al no cancelar sus mesadas atrasadas". En consecuencia, ordenó que las mesadas fueran canceladas en un término de diez días hábiles contados a partir de la notificación de la Sentencia. 1.8. Juzgado Octavo Penal Municipal de Santa Marta. A este despacho le correspondió el estudio y decisión de la acción de tutela respecto del expediente No. 54828. El Juzgado resolvió dictar Sentencia concediendo la acción de tutela en relación con el derecho a la igualdad, más no en cuanto al derecho a la vida por considerar que: "(...) la entidad accionada cancela las mesadas de acuerdo al criterio subjetivo, constituyendo por tanto una violación al trato equitativo que toda persona merece y por lo tanto en este orden de ideas sería una discriminación. En cuanto al derecho a la vida invocado en esta acción no se puede deducir que se ha presentado peligro en su integridad física, pues para eso existe el otro mecanismo de defensa judicial a través de la jurisdicción laboral." En consecuencia, el Juzgado ordenó a la accionada cancelar las mesadas atrasadas de acuerdo con un criterio objetivo para llevar el orden de los pagos. 1.9. Juzgado Noveno Penal Municipal de Santa Marta. A este despacho le correspondió el estudio y decisión de la acción de tutela respecto del expediente No. 54827. El Juzgado resolvió dictar Sentencia concediendo la acción de tutela por considerar que "no existe equidad en la distribución de los ingresos que recibe la Caja de Previsión Social del Magdalena para cancelar las mesadas atrasadas a sus pensionados y mucho menos un orden cronológico." En consecuencia ordenó efectuar el pago de las mesadas atrasadas en un término de 48 horas contados a partir de la notificación de la Sentencia. 1.10. Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta. A este despacho le correspondió el estudio y decisión de la acción de tutela respecto del expediente No. 55437. El Juzgado resolvió dictar Sentencia concediendo la tutela por considerar "que la accionada ha tenido un trato discriminatorio en el pago de las mesadas atrasadas". En consecuencia, ordenó a la Caja de Previsión Social del Departamento del Magdalena cancelar las mesadas correspondientes, al momento del recibo de la comunicación que notifique la decisión. 1.11. Juzgado Noveno Penal del Circuito de Santa Marta: Este despacho conoció y decidió acerca del expediente No. 55266, concediendo la tutela en favor del accionante y ordenando el pago de las mesadas atrasadas en orden cronológico. 1.12. Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta. A este despacho le correspondió el estudio y decisión de la acción de tutela respecto del expediente No. 61820 y dictó Sentencia no concendiendo la tutela solicitada por la accionante por considerar que "Esa pretensión tiene un remedio judicial, como es el proceso ejecutivo laboral, razón por la cual la acción de tutela es improcedente al tenor del artículo 6o. numeral 1o. del Decreto 2591 de 1991. Por lo demás, en el presente caso, no se le ha utilizado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable." 1.13. Juzgado Segundo Penal Municipal de Santa Marta. A este despacho le correspondió el estudio y decisión de la tutela respecto del expediente No. 64737. El Juzgado resolvió negar la tutela solicitada por el accionante por considerar que cuenta con otro medio de defensa judicial. 2. Segunda instancia. Respecto de los expedientes Nos. 54830, 54878, 54879, 54903, 55002 y 55266 los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito, y el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Santa Marta, confirmaron los fallos de primera instancia que concedieron la tutela por considerar como ciertos los hechos, quedando demostrado así el posible trato discriminatorio con violación del artículo 13 de la Constitución Política. El Juzgado 2o. Civil del Circuito revocó el fallo de primera instancia y concede la tutela de los derechos del accionante en el exp. 55630 y en los expedientes Nos. 54818, 54830, 54878, 54879, 54903 ordenó el pago pero en orden cronológico; en el exp. 54823 no ordenó el pago de las cesantías parciales solicitadas. A su turno, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Penal, de esa ciudad revocó el fallo de primera instancia en el exp. 55266 pero al igual que el a-quo ordenó el pago de las mesadas atrasadas. En relación con los expedientes Nos. 54906, 54911, 54912 y 55411 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta resolvió revocar la Sentencia de primera instancia y denegar la acción de tutela, por considerar que existe otro medio de defensa judicial. En cuanto al expediente No. 64737, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Santa Marta decidió confirmar la Sentencia del a-quo que negó la tutela solicitada por el accionante, por contar con otro medio de defensa judicial. En relación con los demás expedientes acumulados en este proveído no hubo segunda instancia, ya que las Sentencias judiciales respectivas no fueron recurridas por las partes. IV. REMISION DEL EXPEDIENTE A LA CORTE CONSTITUCIONAL. Una vez en firme los fallos de primera instancia que no fueron apelados, así como las Sentencias de segunda instancia en los casos en los que la hubo, según lo señalado en el numeral III. de este proveído, los distintos juzgados, dando cumplimiento a lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remitieron los expedientes a esta Corporación para su eventual revisión. Después de haber sido seleccionados y repartidos, y de haberse dispuesto la acumulación de los expedientes por las Salas 1 y 2 de Selección de esta Corporación, entra la Sala Sexta de Revisión a quien correspondió, a estudiar y fallar los asuntos de la referencia. IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. PRIMERA. COMPETENCIA. La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala de Revisión, para proferir Sentencia en relación con los fallos dictados por los Juzgados Municipales y de Circuito de Santa Marta en cada uno de los procesos acumulados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero, y 241 num. 9o. de la Constitución Política. SEGUNDA. EL CASO OBJETO DE ESTUDIO. Los accionantes consideran vulnerados sus derechos a la vida, a la igualdad y a la tercera edad como consecuencia de la falta de pago de sus mesadas pensionales. El atraso en el pago de las mesadas de la pensión de jubilación debidamente solicitadas, a los cuales sí se refiere de manera expresa el artículo 48 de la Carta, en concordancia con el artículo 53 inciso 3o. del mismo estatuto, el cual establece que "El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales", como sucede con la pensión de jubilación obtenida con el lleno de los requisitos exigidos por la ley, en principio vulnera los derechos fundamentales de las personas de la tercera edad, por lo cual es necesario hacer algunas precisiones. En efecto, con la situación planteada por los accionantes, en primer término es viable considerar que se amenaza o vulnera su derecho fundamental a la seguridad social por su conexidad con los derechos a la vida, a la integridad física y la igualdad, y particularmente se desconoce la garantía del pago oportuno de las pensiones legales del artículo 53 de la Carta Política. No obstante, debe analizarse si en presencia de los derechos fundamentales de las personas de la tercera edad, a la luz de la Constitución Política, es viable acceder a las pretensiones de los accionantes, ya que la Corporación no debe ser indiferente ante la situación de los pensionados, ni puede olvidar el que se consideren las condiciones específicas de debilidad en que se encuentran las personas de la tercera edad y la protección especial que la Carta Política les concede en el artículo 46, como también lo hacen los convenios internacionales que se refieren a ellos. En relación con los derechos a la igualdad y a la tercera edad que invocan los accionantes en las demandas de tutela, la falta de pago oportuno de las mesadas pensionales representa una vulneración de los artículos 13 y 46 de la Constitución Política, por cuanto es deber del Estado dar especial protección "a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta" (artículo 13 inciso final), y tal deber merece especial atención en el caso de las personas de la tercera edad en cuanto "El Estado les garantizará los servicios de la seguridad integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia" (artículo 46 inciso final). Además, como ya se advirtió, los artículos 48 y 53 inc. 3o. de la Carta consagran una especial protección por parte del Estado y de la sociedad, dentro del principio de solidaridad social, y en particular el último precepto establece que "El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales". La manifestación clara e indiscutible del principio de igualdad en el caso sub-exámine, no es otra que el pago oportuno de las mesadas pensionales por parte de la Caja de Previsión Social del Magdalena a todas las personas a las que se les haya reconocido tal derecho de conformidad con los requisitos establecidos por la ley. Y, tratándose de mesadas atrasadas, se restablece el derecho a la igualdad de los pensionados cancelando el monto total de aquellas, en el orden cronológico o de antiguedad de las mismas. Esta Sala de Revisión considera que las conductas omisivas de las entidades de previsión encargadas de atender y cumplir debida y oportunamente con sus obligaciones en relación con sus pensionados, atenta no solamente contra los derechos enunciados, sino también contra el principio fundamental que rige nuestro Estado Social de Derecho como es el de la eficacia real y no formal de los derechos fundamentales de los asociados. El simple reconocimiento de las pensiones no implica que el derecho haya sido satisfecho en debida forma. Para ello es indispensable en aras a darle eficacia material, que efectivamente al pensionado se le cancelen cumplidamente las mesadas pensionales, y que se le reconozca en aquellos casos que así se solicite, cuando se cumplen los requisitos establecidos por la ley, obligación que debe hacerse efectiva dentro de los términos previstos para ello, en aras a no afectar ni desmejorar los derechos y la calidad de vida de los pensionados. No en vano el constituyente de 1991 tuvo en cuenta la situación de desprotección ante la cual se encuentran los pensionados, razón por la cual plasmó en el inciso 3o. del artículo 53 de la Carta la obligación a cargo del Estado de garantizar el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Por ello no es de recibo el argumento de que los derechos de los pensionados pueden suspenderse por falta de presupuesto de la entidad El Estado adquiere por mandato del inciso 3o. del artículo 53 Superior, el compromiso de garantizar el pago oportuno de las pensiones, para lo cual debe proveer en los respectivos presupuestos del orden nacional, departamental, distrital y municipal las partidas necesarias para atender de manera cumplida y satisfactoria su obligación consittucional, especialmente cuando quienes se ven afectados por el incumplimiento o la desidia de las autoridades estatales, son personas de la tercera edad, a quienes en cumplimiento del artículo 46 de la Carta Política, el Estado debe concurrir con la sociedad a su protección y asistencia, y a garantizarles los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Estas personas requieren el pago oportuno de sus mesadas pensionales en orden a que se les garantice su subsistencia y las condiciones mínimas de dignidad que merecen. Se trata además, de personas quienes como consecuencia de que prestaron sus servicios al Estado y adquirieron su derecho de conformidad con la ley, esperan de él como mínima retribución que les pague sus mesadas pensionales. En virtud de lo anterior, se deben adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la garantía constitucional plasmada en el artículo 53 Constitucional, especialmente cuando están de por medio los derechos fundamentales a la vida y a la salud de las personas de la tercera edad. Por lo tanto, el pago de las pensiones legales cuando éstas han sido ya reconocidas legalmente por medio del correspondiente acto administrativo emanado en este caso de la Caja de Previsión Social del Magdalena, esta debe mantener un nivel de eficiencia aceptable para dar respuesta a las necesidades sociales, en orden a la realización de los fines sociales del Estado, a la justicia social y a promover frente a los demás pensionados una igualdad real y efectiva. Más aún, habiéndose dado al Estado colombiano por el Constituyente de 1991 un carácter social, se hace indispensable que acometa acciones positivas en favor de la comunidad. En este contexto, el pago cumplido de las pensiones legales es una de tales actuaciones positivas a las que está obligado el Estado. Sobre los aspectos analizados, es del caso referirse a la jurisprudencia emanada de la Corporación, la cual en la Sentencia No. T- 168 de 1994 de esta misma Sala de Revisión, expresó: "Es así como las entidades que se encargan del pago de esas pensiones no deben incurrir en mora al tiempo de cancelarlas, puesto que ello significaría poner en peligro la vida y la integridad de quienes se hallan sujetos a esos pagos para subsistir. En el caso que se examina, encontramos que se omitió hacer, en forma oportuna, el pago correspondiente al actor y aunque se trata de un retraso, mas no de la suspensión del derecho pensional como lo afirma el actor, sí encuentra la Sala que se ha incurrido en retrasos para efectuarlo, con lo cual se está vulnerando el derecho al pago oportuno de las pensiones que tiene el actor y que se halla consagrado en el artículo 53 de la Constitución Nacional y por ende, el derecho a la seguridad social". (negrillas y subrayas fuera del texto) Por su parte, en la Sentencia No. T- 184 de 1994, M.P. Dr. Alejandro Martínez, se expresó acerca del pago de las mesadas pensionales: "En cuanto a la eficacia que deben tener los medios alternativos de defensa llamados a "sustituir" la tutela, es claro que el otro medio de defensa judicial debe poseer necesariamente, la misma eficacia en materia de protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza tiene la acción de tutela. En el caso de las pensiones de jubilación, la acción ejecutiva laboral ha resultado inoperante para la defensa efectiva de los derechos de los pensionados, debido a la existencia de la norma legal que prohibe la inembargabilidad de los bienes y rentas del presupuesto. En este sentido, son improcedentes los argumentos sobre el "otro mecanismo de defensa". El Juez de tutela no puede ser indiferente ante la situación de los pensionados y no puede por tanto, dejar de considerar las condiciones específicas de debilidad en las que se encuentran las personas de la tercera edad y la protección especial que los Convenios Internacionales y la Constitución les conceden. El simple reconocimiento de las pensiones no implica que el derecho haya sido satisfecho en debida forma. Para ello es indispensable en aras de darle eficacia material, que al pensionado no sólo se le reconozca su derecho a cumplir con los requisitos legales, sino que adicionalmente, se le cancelen las mesadas atrasadas o futuras a que tiene derecho. Obligación que debe hacerse efectiva dentro de los términos legales previstos para ello, en aras a no afectar ni desmejorar los derechos ni la calidad de vida de los pensionados" (negrillas y subrayas fuera del texto). No obstante, si la causa del no pago de las mesadas pensionales de alguno de los accionantes radica en el hecho de que no ha sido incluído en la nómina de pensionados de la entidad accionada, ésta inclusión debe ordenarse mediante Sentencia de tutela, para que la Caja de Previsión Social del Magdalena proceda a efectuar el pago, de conformidad con las consideraciones hechas en esta providencia, reiterando así la posición de la Corporación en este aspecto, que en el pasado, a través de esa misma Sala de Revisión ha expresado: "La inclusión en nómina "es un acto instrumental, de trámite o preparatorio de la decisión administrativa, no susceptible de ser atacado en vía gurbernativa y que, consecuencialmente, tampoco puede controvertirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de donde surge que es la acción de tutela el único mecanismo de defensa ante la inexistencia de otros medios judiciales que puedan asegurar la protección del derecho conculcado". En el caso del pago de las cesantías parciales, cuya tutela demandan dos de los accionantes, se debe destacar que el respeto al derecho a la igualdad y a la seguridad social se manifiesta en el pago oportuno y en orden cronológico, según el momento de presentación de la solicitud y una vez cumplidos los requisitos establecidos por la ley. Lo anterior es consecuencia de la aplicación del "criterio objetivo" al que hizo referencia en la respectiva providencia el Juzgado 8o. Penal Municipal de Santa Marta, criterio que garantiza la igualdad de las personas ante la Constitución y la ley. Sin embargo, en este aspecto es claro que la acción ejecutiva laboral representa una garantía idónea para la defensa de los derechos eventualmente vulnerados, pues se trata de funcionarios activos que gozan de la plenitud de sus posibilidades, y no entran en la órbita de las consideraciones antes efectuadas en relación con los derechos de las personas de la tercera edad, y por tanto la acción de tutela resulta improcedente. Por todo lo anterior, esta Sala de Revisión dispondrá revocar los fallos de tutela objeto de revisión que negaron el pago de mesadas pensionales atrasadas que la Caja de Previsión Social de Santa Marta les adeuda a los accionantes, y también revocará las providencias que ordenaron el pago de las cesantías parciales solicitadas por José Antonio Gutiérrez Soto y Mirtha Isabel Varela, ya que cuentan con otro mecanismo de defensa judicial como lo es la acción ejecutiva laboral, a través de la cual se puede obtener la protección de sus derechos. Finalmente, no ordenará la restitución de los dineros cancelados a los accionantes que solicitaron el pago de las cesantías parciales por parte de la Caja de Previsión Social del Magdalena en atención al principio constitucional de la buena fe de que trata el artículo 83 de la Carta Política y por cuanto además se refiere al pago de sumas debidas, si dicho pago fue realizado. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución RESUELVE: 1. Confirmar las Sentencias dictadas por el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta en los procesos Nos. 54816, 54946, 55217, 55218, 55245, 55246, 55247, 55248, 55249, 56749, 56799, 56800, 56885 y 56886, en cuanto se concedió la tutela de los derechos de los accionantes y se ordenó el pago de las mesadas atrasadas por la Caja de Previsión Social del Magdalena. 2. Confirmar las Sentencias dictadas por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Marta en los procesos Nos. 54818 y 55808 en cuanto se concedió la tutela de los derechos de los accionantes y se ordenó el pago de las mesadas pensionales atrasadas por parte de la Caja de Previsión Social del Magdalena en orden cronológico. 3. Confirmar las Sentencias dictadas por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Santa Marta en los procesos Nos. 55392, 55393, 55394, 55396 y 55422 en cuanto se concedió la tutela de los derechos de los accionantes y se ordenó el pago de las mesadas pensionales atrasadas por parte de la Caja de Previsión Social del Magdalena en el orden cronológico o de antigüedad correspondiente. 4. Confirmar las Sentencias dictadas por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta en los procesos Nos. 48173, 48177, 48477, 54847, 55221 y 55823 en cuanto se concedió la tutela de los derechos de los accionantes y se ordenó el pago de las mesadas atrasadas por parte de la Caja de Previsión Social del Magdalena. 5. Confirmar las Sentencias dictadas por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta en los procesos Nos. 55224 y 55809 en cuanto concedieron la tutela del derecho a la igualdad de las accionantes y se dispuso su inclusión en nómina, y se adiciona con el fin de ordenar el pago de las mesadas atrasadas que se les adeudan. 6. Confirmar la Sentencia dictada por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Santa Marta en el proceso No. 55220 en cuanto concedió la tutela de los derechos del accionante y ordenó el pago de las mesadas atrasadas por parte de la accionada. 7. Confirmar la Sentencia dictada por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Santa Marta en el proceso No. 54828, en cuanto concedió la tutela de los derechos del accionante y ordenó el pago de las mesadas atrasadas por parte de la demandada. 8. Confirmar la Sentencia dictada por el Juzgado Noveno Penal Municipal de Santa Marta en el proceso No. 54827, en cuanto concedió la tutela de los derechos del accionante y ordenó el pago de las mesadas atrasadas por parte de la demandada. 9. Confirmar la Sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta en el proceso No. 55437 en cuanto concedió la tutela de los derechos del accionante y ordenó el pago de las mesadas atrasadas por parte de la Caja de Previsión Social del Magdalena. 10. Confirmar las Sentencias dictadas por los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito, Noveno Penal del Circuito y el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Penal, de la ciudad de Santa Marta en los expedientes Nos. 54830, 54878, 54879, 54903, 55002, 55266 y 55630 respectivamente, en cuanto ordenaron el pago de las mesadas atrasadas por parte de la Caja de Previsión Social del Magdalena. 11. Revocar las Sentencias dictadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta en los procesos Nos. 54906, 54911, 54912 y 55411 en cuanto denegaron la tutela de los accionantes, y en su lugar se concede la tutela de los derechos de los demandantes y se ordena el pago de las mesadas atrasadas por parte de la accionada. 12. Revocar la Sentencia dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta en el expediente No. 61820, en cuanto negó la tutela de los derechos de la accionante, y en su lugar se dispone conceder la tutela de los mismos y se ordena el pago de las mesadas atrasadas por parte de la Caja de Previsión Social del Magdalena. 13. Revocar la Sentencia dictada por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Santa Marta en el expediente No. 64737 en cuanto negó la tutela de los derechos del accionante, y en su lugar se concede la tutela, y se ordena el pago de las mesadas atrasadas por parte de la demandada. 14. Revocar el fallo proferido por el Juzgado 4o. Civil Municipal de Santa Marta en el proceso No. 55824 en cuanto tuteló los derechos del accionante y ordenó el pago de las cesantías parciales. En su lugar, se niega la tutela de los derechos invocados por existir otro mecanismo de defensa judicial como es la acción ejecutiva laboral. 15. Confirmar la Sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta en el exp. 54823 en cuanto negó el pago de las cesantías parciales. 16. Para el caso de los numerales 14 y 15, no habrá lugar a restituir los dineros recibidos por los actores en caso de haberse efectuado dicho pago por la entidad accionada antes de la notificación de este fallo. 17. La Caja de Previsión Social del Magdalena realizará los pagos solamente con respecto a las mesadas adeudadas de que trata esta providencia en un término de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la misma, en el orden cronológico correspondiente, siempre y cuando dichos pagos no se hubieren efectuado por parte de la citada entidad con anterioridad a la notificación mencionada. 18. Líbrense por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-157-95 Sentencia No Sentencia No. T-157/95 DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Efectividad La efectividad del derecho a la seguridad social no sólo corresponde al trabajador, sino también al empleador quien tiene la obligación de afiliar a sus empleados al sistema de seguridad social y de cancelar en forma oportuna y cumplida los respectivos aportes. La empresa no puede ser indiferente en relación con el servicio público de la seguridad social de los asalariados, para los efectos de que se cumpla con el ordenamiento constitucional, según el cual, éste debe prestarse con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley y bajo la dirección, coordinación y control del Estado. CONCORDATO/DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL/SERVICIOS PUBLICOS/DERECHO A LA SALUD Cuando una empresa ha sido admitida al trámite de concordato, en aras de defender los intereses del empleador y de proteger los derechos de los trabajadores, se prohibe que le sean suspendidos los servicios públicos. Por lo tanto, teniendo la seguridad social categoría de servicio público obligatorio, no puede la entidad de previsión accionada, suspender la prestación del servicio a la empresa admitida a concordato por el hecho tener créditos insolutos a favor de aquella, ni negarle a sus trabajadores el acceso al mismo, pues ello desconoce los derechos de la peticionaria a la salud y seguridad social. DERECHOS FUNDAMENTALES-Conexidad/ACCION DE TUTELA Dándose el factor de conexidad entre los derechos a la salud y a la seguridad social de la peticionaria, con el derecho fundamental a la vida, es procedente la acción de tutela para hacer efectiva su protección, la cual se concreta en la orden a la entidad accionada de prestarle los servicios médicos que requiere para atender su enfermedad. REF: Expediente No. T - 56.362 PETICIONARIA: Dora Maria Lozano Paz contra el Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca. PROCEDENCIA: Juzgado Treinta y Uno Penal Municipal de Cali. MAGISTRADO PONENTE: DR. HERNANDO HERRERA VERGARA Santa Fé de Bogotá, D.C., Abril seis (6) de mil novecientos noventa y cinco (1995). Procede la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados HERNANDO HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Y FABIO MORON DIAZ, a revisar el fallo proferido por el Juzgado Treinta y Uno Penal Municipal de Cali el 23 de noviembre de 1994, en el proceso de la referencia. El negocio llegó al conocimiento de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, por la vía ordinaria de la remisión que hizo el mencionado despacho judicial, en virtud a lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Conforme a los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Primera de Selección de la Corte escogió para efectos de revisión la presente acción de tutela. I.  INFORMACION PRELIMINAR. La señora Dora Maria Lozano Paz instauró acción de tutela contra el Instituto de los Seguros Sociales con el objeto de que se le protejan los derechos a la salud y al trabajo, los cuales considera vulnerados por no prestársele los servicios médicos que requiere como consecuencia de la enfermedad de hipertensión que padece, para lo cual necesita ser controlada con frecuencia. La accionante fundamenta su petición, en los siguientes H E C H O S : Señala que desde hace más de 24 años labora para la Empresa INDULAMPA LTDA., estando afiliada al Instituto de los Seguros Sociales hace 32 años. No obstante, manifiesta que ha sido afectada por la no prestación del servicio médico por requerir de un tratamiento adecuado y tener que ingerir droga de por vida. Indica que desde hace cinco meses no le pagan quincena en la empresa, la cual entró en concordato, “pero a nosotros los obreros no nos comunicaron la decisión que habían tomado; ellos sin darnos explicación, entraron en concordato y no volvieron a pagar salarios, nos deben intereses de cesantía, horas extras, prima de junio”. A pesar de esa circunstancia, señala que siguieron prestando sus servicios normalmente durante dos meses “ya que el patrón decía que ya iba a llegar el dinero para cancelarnos salarios, pero hace tres meses paramos en vista de que no se solucionaba nada”. Agrega igualmente, que “no tenemos ningún tipo de servicio médico; cuando nos enfermamos debemos pagar médico particular y comprar la droga que nos receten; no podemos dejar de asistir a la empresa porque si no se llevan la maquinaria: estos lo hacemos las 24 horas, somos 150 obreras y todas asistimos”. En relación con las cotizaciones al Seguro Social, manifiesta que no lo han vuelto a hacer desde hace cinco meses, “porque durante los últimos pagos que nos hizo la empresa nos descontó del salario los aportes que nos correspondía pagar, pero nunca fueron entregados al seguro social”. Finalmente, señala que esta situación la afecta económicamente, “porque de mi trabajo depende mi familia, ya que soy una mujer separada y debo a una cooperativa que me había hecho un préstamo para arreglar la casa, en todo me he ido atrasando y como no tengo servicio médico, me he visto afectada ya que debo ingerir un medicamento durante toda la vida porque soy hipertensa”. P R E T E N S I O N E S : En virtud a los hechos expuestos, la peticionaria solicita se ordene al Instituto de los Seguros Sociales que le siga prestando el servicio, ya que ha cotizado durante 32 años contínuos y cree haber cumplido con las semanas requeridas para hacerse acreedora a él. II. LA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE SE REVISA. Mediante fallo de 23 de noviembre de 1994, el Juzgado Treinta y Uno Penal Municipal de Cali resolvió negar por improcedente la tutela instaurada por la señora Dora Maria Lozano Paz, pues en su criterio, el Instituto de los Seguros Sociales en el presente caso no ha causado amenaza o vulneración de los derechos constitucionales fundamentales de la accionante, pues se ha limitado a tener en cuenta los términos establecidos en el artículo 12 del Decreto 2665 de 1988, a cuya observancia y cumplimiento están obligados el Instituto y los patronos. Advierte que además, se había adelantado con anterioridad un proceso de concordato preventivo, por lo que concluye que la peticionaria cuenta y ha contado con los medios de orden jurídico puestos a su disposición para acudir a las jurisdicciones pertinentes, y adicionalmente, se trata de la defensa de derechos sociales, culturales y económicos respecto de los cuales no procede la tutela. III.    REMISION DEL EXPEDIENTE A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION. No siendo impugnada la anterior providencia, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 para su eventual revisión, por lo que, habiendo sido seleccionado por la Sala Primera de esta Corporación y repartido a la Sala Sexta de Revisión de Tutelas, se entra a resolver. IV.      CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Primera. La competencia. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por el Juzgado Treinta y Uno Penal Municipal de Cali. Segunda. Problema Jurídico. La accionante pretende que a través de la acción de tutela se ordene al Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca, seguirle prestando los servicios que requiere, pues no sólo afirma haber cotizado durante 32 años, sino que además presenta “hipertensión arterial moderada controlada, la cual requiere de control y valoración diaria”. Señala que dichos servicios le fueron suspendidos a raíz de que el empleador entró en proceso concordatario preventivo potestativo, por lo que no siguió cancelando los aportes respectivos a la entidad de previsión. Tercera.  De los Derechos a la Salud y a la Seguridad Social. En forma reiterada la jurisprudencia constitucional ha sostenido que los derechos a la salud y a la seguridad social pueden tener el carácter de fundamentales, pero para que así sea, es indispensable que en el caso concreto, se hallen en conexidad con derechos de tal naturaleza que puedan ponerse en peligro por la ineficaz o deficiente prestación de aquellos.1 Ha reiterado la Corte Constitucional2 el concepto de la seguridad social como derecho fundamental, cuando se cumplen los siguientes supuestos: “... primero, que opere en conexión con otro derecho fundamental; segundo, entendida como la asistencia pública que debe prestarse ante una calamidad que requiera, de manera urgente, la protección del Estado y de la sociedad, por afectar de manera grave e inminente la vida humana o la salud; tercero, ante casos de extrema necesidad, y cuarto, que se pueda prestar de acuerdo con las posibilidades reales de protección de que disponga el Estado para el caso concreto. ... Los derechos a la vida y a la salud están en íntima conexión con la efectividad de la seguridad social, ya que todo ser humano tiene derecho a una existencia digna. ... Por ello para esta Corporación la seguridad social implica la coherencia entre validez y eficacia. De nada sirve a la comunidad que estén consagradas las garantías, si éstas no se realizan”. Según el ordenamiento constitucional -artículo 49-, la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado, el cual se halla obligado a garantizar que todas las personas puedan acceder a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. En este sentido, expresa la norma, corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud a los habitantes, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Ha señalado esta Corporación al respecto3 , que: “La salud en sí misma no pertenece en principio a la categoría de derechos fundamentales -salvo el caso expreso de los niños por mandato constitucional- lo cual excluye su tutela cuando se trata de protegerla de manera exclusiva. Tan sólo es exigible su amparo judicial inmediato en cuanto se halle vinculado clara y directamente con la salvaguarda de un derecho fundamental, en términos que éste resulte afectado o amenazado como consecuencia de la falta de oportuna protección a la salud. En tales circunstancias, debidamente establecidas por el juez de tutela, el derecho a la salud se trueca en fundamental, pero bajo la perspectiva y dentro del específico ámbito del caso concreto” (negrillas y subrayas fuera de texto). Por su parte, y en relación con el derecho a la seguridad social, el artículo 48 constitucional dispone que éste es un derecho irrenunciable de los trabajadores y un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado. * Los derechos enunciados y el caso concreto. La accionante en su escrito de tutela manifiesta que por encontrarse el empleador sometido a un proceso concordatario preventivo potestativo, la entidad de previsión accionada no le viene prestando los servicios médicos que requiere para atender la enfermedad de hipertensión arterial que padece, ni le cancelan sus salarios, por lo que considera vulnerados los derechos a la salud, a la seguridad social y al trabajo. Para determinar la procedibilidad de la tutela, es necesario examinar las pruebas que obran dentro del expediente, a saber: a) concepto emitido por el perito forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional del Sur, fechado 18 de noviembre de 1994, en relación con la enfermedad que sufre la peticionaria, donde se indica: “DISCUSION: Se trata de una mujer en su quinta década de vida quien al examen físico no presenta enfermedad aguda o crónica con cifra tensional 160/90, la cual es igual al último control de Dic/93. No hay signos de descompensación cardio vascular. CONCLUSION: La paciente presenta hipertensión arterial moderada controlada, requiere control y valoración mensual e ingesta diaria de la droga prescrita para mantener controlada su patología”. b) Memorial de fecha 15 de noviembre de 1994, remitido por la Coordinadora de Afiliación y Registro del Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca al juez de tutela de instancia, en el que expresa: “No obstante lo dispuesto anteriormente y sólo cuando se trate de casos de emergencia o de accidentes de trabajo, el ISS concederá durante el período de mora, los servicios de salud causados durante dicho período, debiendo el patrono reembolsarle el valor a las Tarifas del ISS, junto con los intereses corrientes bancarios, causados desde que se concedió la prestación hasta la fecha en que mediante resolución se ordene su reembolso, fecha a partir de la cual se deberán los intereses moratorios bancarios” (negrillas y subrayas fuera de texto). Con base en lo anterior, la Sala a efectos de determinar si la tutela instaurada es procedente o no, debe hacer las siguientes precisiones: a) La efectividad del derecho a la seguridad social no sólo corresponde al trabajador, sino también al empleador quien tiene la obligación de afiliar a sus empleados al sistema de seguridad social y de cancelar en forma oportuna y cumplida los respectivos aportes. La empresa no puede ser indiferente en relación con el servicio público de la seguridad social de los asalariados, para los efectos de que se cumpla con el ordenamiento constitucional, según el cual, éste debe prestarse con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley y bajo la dirección, coordinación y control del Estado. Desde luego que cuando el servicio público de la seguridad social se encuentra afectado como sucede en el presente caso frente a la situación derivada del trámite a concordato con respecto a la empresa INDULAMPA LTDA., la legislación prevee mecanismos e instrumentos que están destinados a proteger a los trabajadores, a fin de evitar la continuidad de la prestación de los servicios públicos, y concretamente el de la seguridad social a la referida empresa por parte del Instituto de los Seguros Sociales, previstos en el Decreto 350 de 1989. Ello, claro está, dentro de una situación económica normal de la empresa. Pero cuando ésta se encuentra frente a una grave circunstancia que la afecte, como sucede en el presente caso, en que ha sido admitida a concordato, la ley prevé mecanismos e instrumentos destinados a proteger a los trabajadores en relación con la prestación de los servicios públicos a la empresa -entre ellos el de la seguridad social-, consagrados en el Decreto 350 de 1989. b) En cuanto a la obligatoriedad de la entidad de previsión accionada de prestar el servicio de seguridad social a la peticionaria en su calidad de trabajadora de la empresa admitida a trámite de concordato, el artículo 18 del Decreto 350 de 1989, dispone: “las personas o sociedades que estén prestando servicios públicos a la empresa admitida al trámite de concordato, no podrán suspender la prestación de éstos por causa de tener créditos insolutos a favor de aquellas, y el valor de los nuevos servicios que presten a partir de la admisión de la solicitud de concordato, se pagarán como gastos administrativos” (negrillas y subrayas fuera de texto). Por su parte, el artículo 42 ibídem, establece: “los gastos de administración de la empresa..., causados durante el trámite del concordato y su vigencia, serán pagados de preferencia y no estarán sujetos al sistema que en el concordato se establezca para el pago de las demás acreencias. (...)” (negrillas y subrayas fuera de texto). En relación con la prohibición legal de suspender los servicios públicos a las empresas admitidas a concordato, la doctrina ha señalado4 : “El artículo 18 no puede concebirse en el sentido de que si al momento de la admisión al concordato los servicios públicos se encuentran suspendidos, las entidades encargadas de prestarlos no están obligadas a hacerlo, pues de interpretarse así dicha expresión, la finalidad, la intención, el espíritu de la ley quedaría automáticamente truncado, ya que ninguna empresa puede conservarse y recuperarse sin los servicios públicos absolutamente necesarios para el desarrollo de la actividad social. Si interpretamos literalmente la citada expresión, la ley concursal perdería su verdadero sentido teleológico, cual es la conservación y recuperación de la empresa convocada o admitida a concordato. Si al momento de admitirse (fecha de admisión) o convocarse (fecha de convocación) una empresa al concordato, los servicios públicos estuvieren suspendidos (por ejemplo por falta de pago), las personas o sociedades a cuyo cargo corren dichos servicios, deberán reanudarlos de inmediato, pues por una parte, no pueden permanecer suspendidos a pretexto de “...tener créditos insolutos” y por otra, porque a partir de la fecha de la admisión o de la convocación del concordato, las obligaciones que se causen por concepto de servicios públicos o por otros conceptos, constituyen créditos no concordatarios. Dichas obligaciones son totalmente ajenas al proceso concordatario. No hacen parte de él y se pagarán como gastos de administración” (negrillas y subrayas fuera de texto). De conformidad con lo anterior, cuando una empresa ha sido admitida al trámite de concordato, en aras de defender los intereses del empleador y de proteger los derechos de los trabajadores, se prohibe que le sean suspendidos los servicios públicos. Por lo tanto, teniendo la seguridad social categoría de servicio público obligatorio, no puede la entidad de previsión accionada -el Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca-, suspender la prestación del servicio a la empresa admitida a concordato por el hecho tener créditos insolutos a favor de aquella, ni negarle a sus trabajadores el acceso al mismo, pues ello no sólo desconoce lo establecido en el Decreto 350 de 1989, sino que afecta los derechos de la peticionaria a la salud y seguridad social, la cual en concepto del perito forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional del Sur, “por el hecho de padecer hipertensión arterial moderada controlada, requiere control y valoración mensual e ingesta diaria de la droga prescrita para mantener controlada su patología”. c) La entidad de previsión accionada no se releva de su obligación para con los trabajadores de la empresa INDULAMPA LTDA., por el hecho de haber sido admitida a concordato, por lo que la accionante puede y tiene derecho a obtener los servicios que requiere para la protección de sus derechos a la salud y a la seguridad social, representados en la atención y control de la enfermedad de hipertensión arterial que padece. Derechos estos que en caso de no ser protegidos, pueden llegar a afectar el derecho fundamental a la vida y a la integridad personal, así como su dignidad humana. No debe olvidarse el concepto transcrito, emitido por el perito forense del Instituto Nacional de Medicina Legal, según el cual la peticionaria requiere control y valoramiento mensual e ingesta diaria de la droga prescrita para mantener controlada su patología. Por lo tanto, dandose el factor de conexidad entre los derechos a la salud y a la seguridad social de la peticionaria, con el derecho fundamental a la vida, es procedente la acción de tutela para hacer efectiva su protección, la cual se concreta en la orden a la entidad accionada de prestarle los servicios médicos que requiere para atender su enfermedad. Además de ello, se trata de una obligación legal a la que no se puede relevar el Instituto de los Seguros Sociales en cumplimiento de su función de garantizadora del servicio público de la seguridad social, pues de lo contrario incurre en una violación al principio constitucional según el cual las autoridades públicas están en la obligación de cumplir la Constitución y la ley. En tal virtud, se revocará el fallo que se revisa, y en su lugar se concederá la tutela de los derechos a la salud y a la seguridad social de la accionante, ordenando al Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca, suministrarle a la señora LOZANO PAZ la atención y los servicios médicos que requiere en orden a atender la hipertensión arterial que padece. VI.    DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, obrando en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO. REVOCAR por las razones expuestas, el fallo proferido por el Juzgado Treinta y Uno Penal Municipal de Cali, el 23 de noviembre de 1994, dentro del proceso de tutela instaurado por la señora DORA MARIA LOZANO PAZ. SEGUNDO.  CONCEDER la tutela de los derechos a la salud y seguridad social de la señora DORA MARIA LOZANO PAZ, ordenando al Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca, para que dentro de las cuarenta y ocho horas (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, le suministre los servicios médicos que requiere para atender la enfermedad de hipertensión arterial que padece. TERCERO.  Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO   FABIO MORON DIAZ Magistrado                                 Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. T-02 de 1995. 2 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. T-290 de junio 21 de 1994 3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. T-576 de 1994. 4 Cfr. Superintendencia de Sociedades. Ofi. 211 de marzo 17 de 1993 publicada en el Boletín Jurídico No. 002 de junio de 1993.

T-158-95 Sentencia No Sentencia No. T-158/95 DERECHO A LA SALUD/DERECHOS FUNDAMENTALES-Interpretación/INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Obligaciones/INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Suministro de medicamento A pesar de no aparecer dentro del Capítulo 1, Titulo  II de la Constitución, que se refiere a los Derechos Constitucionales Fundamentales, adquiere esa categoría por considerarlo, como lo ha hecho esta Corporación, un "derecho fundamental por conexidad, los cuales son aquellos que no siendo denominados como tales en el texto constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueran protegidos en forma inmediata los primeros, se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos. Es el caso de la salud, que no siendo en principio derecho fundamental, adquiere esta categoría cuando la desatención del enfermo amenaza con poner en peligro su derecho a la vida". En el asunto sub exámine, estima la Corte que se vulneró el derecho a la integridad física, y consecuencialmente los derechos a la salud y a la seguridad social del accionante como consecuencia del no suministro oportuno a este de medicamentos por parte del I.S.S., pues se puso en peligro su integridad física, ya que como empleado no debe soportar los efectos jurídicos del incumplimiento de las obligaciones contractuales del patrono. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL/MORA EN LOS APORTES/SERVICIO PUBLICO DE SALUD/PRINCIPIO DE CONTINUIDAD El incumplimiento de las obligaciones por concepto de aportes que deben pagarse al ISS, no exime al Instituto de sus obligaciones médico asistenciales surgidas en virtud del respectivo contrato, ya que como es natural, el trabajador no es el llamado a soportar los efectos jurídicos de dicho incumplimiento, pues ello atenta contra los derechos fundamentales a la vida, la salud y el servicio público de la seguridad social de carácter obligatorio a cargo del Estado. Ya que la mora en el pago de los aportes no constituye causal para exonerar al I.S.S. de continuar prestando dichos servicios médico asistenciales. REF: EXPEDIENTE T- 56456 PETICIONARIO: Miguel Angel Ibarguen Rivas contra el Instituto de los Seguros Sociales -Seccional Magdalena-. TEMA: Salud y Vida. MAGISTRADO PONENTE Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA. Santa Fe de Bogotá, abril cinco (5) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA, procede a revisar el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de la ciudad de Santa Marta, el veintinueve (29) de noviembre de 1994 en el proceso de la referencia. I. ANTECEDENTES. 1. El señor MIGUEL ANGEL IBARGUEN RIVAS, manifiesta "que me encuentro enfermo desde hace más o menos dos meses y en los Seguros Sociales me estuvieron tratando, pero cuando vieron que su enfermedad no era de su competencia me remitieron donde la Dra. Maira Jimeno Ceballos - Dermatóloga, la cual me ha atendido en dos ocasiones (..)." 2. Asegura que en la primera consulta con la mencionada Dermatóloga le fueron formulados unos medicamentos que le debían ser entregados por la farmacia del I.S.S. -Seccional Magdalena- la cual no los tenía, y que por ello fue remitido a la Cruz Roja, donde tampoco contaban con existencias de aquellos. 3. Como consecuencia de lo anterior y por la urgencia de empezar su tratamiento, el peticionario compró los medicamentos formulados en una farmacia particular y solicitó a la oficina de Coordinación Médica del I.S.S -Seccional Magdalena- para que le reembolsara el valor de los mismos, pero que ello "se salía ya de la competencia del Seguro Social." 4. Afirma el señor IBARGUEN que el 28 de octubre asistió a una nueva cita médica con la Dermatóloga, quien le recetó unos nuevos medicamentos, los cuales hasta la fecha no le han sido suministrados por el I.S.S. 5. Previamente a la admisión de la demanda, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta solicitó al accionante que indicara expresamente el derecho que consideraba vulnerado, e hiciera el juramento acerca del no ejercicio anterior de la acción de tutela por los mismos hechos, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991. El señor IBARGUEN indicó como vulnerado o amenazado el derecho a la vida "ya que la actitud de los SEGUROS SOCIALES atenta contra mi salud". Igualmente efectuó el referido juramento, de conformidad con las disposiciones vigentes. PRETENSIONES El peticionario MIGUEL ANGEL IBARGUEN RIVAS solicita que se "autorice al Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Magdalena, entregarme estas drogas que son de mucha necesidad para mí". II. LA DECISION JUDICIAL QUE SE REVISA. Una vez admitida la demanda el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta notificó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -Seccional Magdalena- y le concedió un término de tres (3) días "para que se descargue". El Gerente Seccional Administrativo del I.S.S., Seccional Magdalena, dio respuesta al Juzgado indicando que "el señor Miguel Ibarguen Rivas se encuentra afiliado al I.S.S., por parte de la Industria Licorera del Magdalena, la cual se encuentra en mora de pago de aportes al I.S.S. Como es bien sabido por ese Despacho el Instituto de los Seguros Sociales no es una Entidad de Beneficencia, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado y su presupuesto está formado por aportes de sus afiliados. En consecuencia si la Industria Licorera del Magdalena está en mora, el I.S.S., no está en la obligación de prestar servicios a los trabajadores de patronos en mora y las prestaciones sociales en este caso quedan en  cabeza del patrono responsable de la mora". El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta, mediante Sentencia del veintinueve (29) de noviembre de 1994, resolvió "No tutelar el derecho a la vida invocado por el señor MIGUEL ANGEL IBARGUEN RIVAS contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES SECCIONAL MAGDALENA" con base en los siguientes argumentos: "(...) Ya vimos que los SEGUROS SOCIALES se defiende argumentando que para que el afiliado pueda gozar de la prestación de todos los servicios médicos, es indispensable que su patrón esté al día en el pago de los aportes que esa afiliación requiere, por cuanto sabido es, que esa entidad no es un instituto de beneficencia, sino una Empresa Industrial y Comercial del Estado, cuyo presupuesto está formado por los aportes de sus afiliados. Y que en el caso que nos ocupa, el patrón del señor MIGUEL ANGEL IBARGUEN que es la Industria Licorera del Magdalena, está en mora en el pago de dichos aportes, por tanto ellos no están obligados a prestarle el servicio médico y otros al accionante. Este Despacho acepta y da credibilidad a los descargos enunciados, al igual que le ha dado credibilidad a los hechos del libelo incoatorio. En consecuencia, concluimos las anteriores consideraciones dejando bien en claro, que el Juzgado no puede tutelar el derecho a la vida invocado, ya que la entidad accionada - INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES- no es la responsable de que no hubiesen entregado las medicinas, o en su defecto su pago al señor IBARGUEN." III. REMISION DEL EXPEDIENTE A LA CORTE CONSTITUCIONAL. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de la ciudad de Santa Marta, dando cumplimiento a lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remitió el expediente a esta Corporación para efectos de su eventual revisión. Después de haber sido seleccionada y repartida por la Sala de Selección No. 1, entra la Sala Sexta de Revisión a quien correspondió, a estudiar y fallar el asunto de la referencia. IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. PRIMERA . COMPETENCIA. La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala de Revisión, para proferir Sentencia en relación con la Sentencia dictada por el Juzgado  Cuarto Civil Municipal de la ciudad de Santa Marta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero, y 241 numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 36 del Decreto 2591 de 1991. SEGUNDA. EL CASO OBJETO DE ESTUDIO. Esta Corporación en reiteradas oportunidades se ha referido al derecho a la seguridad social, definiendo su alcance de conformidad con el artículo 48 de la Carta Política, y afirmando su carácter de fundamental, cuando se configura su conexidad con los derechos también fundamentales a la vida, la salud y el trabajo. Ha dicho la Corporación: "La seguridad social, ha sido concebida como el conjunto de medidas adoptadas por la sociedad y por el propio Estado, para garantizar a los diferentes sectores de la población los servicios y las condiciones de vida necesarios, cuando se presente una pérdida o reducción importante de los medios de existencia, causados por circunstancias no propiamente creadas o queridas por los afectados, y que tienen su origen en los riesgos sociales, asociados principalmente con la actividad laboral, o con la imposibilidad de acceso al trabajo, o con el deterioro de las condiciones físicas o de salud de las personas. Solamente en el año de 1991 se le dio un fundamento constitucional expreso a este derecho, que antes unicamente había sido objeto de una regulación a nivel legislativo y reglamentario. (...) La seguridad social es un presupuesto básico para lograr el bienestar social de la gran masa de la población; es una necesidad sentida del hombre, en la medida en que al obtener un amparo contra los riesgos sociales mencionados, bien a través de su prevención o remediándolos por diferentes medios cuando ellos ocurren, se convierte en una herramienta idónea para mejorar la calidad de vida de quienes integran la comunidad. El derecho a la seguridad social ha sido considerado reiteradamente por esta Corte, como un derecho constitucional fundamental, dada su intima relación con los derechos a la vida (art. 11), al trabajo (art. 25) y a la salud (art. 49). (Sentencias C-134 y T-011, M.P. Alejandro Martinez  Caballero, T-116 y T-356 M.P. Hernando Herrera Vergara, entre otras)."1 En el caso sub exámine el criterio expuesto en la citada providencia se reitera, toda vez que se está analizando el alcance del derecho a la seguridad social en relación con los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y a la salud de la accionante. Por lo tanto, el estudio del presente asunto desde la perspectiva de la acción de tutela es procedente. 2. La salud es un derecho fundamental. La Corte Constitucional ha expresado así mismo en reiteradas ocasiones que la salud es un derecho fundamental por su conexidad con los derechos a la vida, a la integridad física y al trabajo, los cuales también son fundamentales. Ha dicho la Corporación: "A pesar de no aparecer dentro del Capítulo 1, Titulo  II de la Constitución, que se refiere a los Derechos Constitucionales Fundamentales, adquiere esa categoría por considerarlo, como lo ha hecho esta Corporación2 , un "derecho fundamental por conexidad, los cuales son aquellos que no siendo denominados como tales en el texto constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueran protegidos en forma inmediata los primeros, se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos. Es el caso de la salud, que no siendo en principio derecho fundamental, adquiere esta categoría cuando la desatención del enfermo amenaza con poner en peligro su derecho a la vida". Todo lo anterior permite concluir que en la Constitución de 1.991 la salud de los colombianos es -por conexidad- un derecho fundamental cuya efectividad corresponde en buena medida garantizar al Estado, tomando muy en cuenta las específicas necesidades de su titular y los recursos existentes para satisfacerlas. (...) El derecho a la salud (CP art. 49), cuando su vulneración o amenaza compromete otros derechos fundamentales como la vida, la integridad o el trabajo, o está relacionado íntimamente con la protección de estos, goza de carácter fundamental y es susceptible de ser protegido por vía de la acción de tutela. Cuando no lo es, por el contrario, no puede ser amparado a través de éste mecanismo."3 En el asunto sub exámine, estima la Corte que se vulneró el derecho a la integridad física, y consecuencialmente los derechos a la salud y a la seguridad social del accionante como consecuencia del no suministro oportuno a este de medicamentos por parte del I.S.S., pues se puso en peligro su integridad física, ya que como empleado no debe soportar los efectos jurídicos del incumplimiento de las obligaciones contractuales del patrono -INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA- con el citado Instituto. Acerca de la obligatoriedad para la prestación los servicios médicos ha expresado la Corporación lo siguiente: "En tanto servicio público la seguridad social ha de ser permanente, resultando inadmisible su interrupción; a ese carácter permanente se suma el de la obligatoriedad, pues "a la luz de la Constitución, el Estado es responsable de garantizar que las entidades de la seguridad social -públicas o particulares- estén dispuestas en todo momento a brindar atención oportuna y eficaz a sus usuarios".  La atención médica tiene que ser constante, de modo que "los inconvenientes que se presenten en el desarrollo del contrato entre la Institución de Seguridad Social y el patrono, no deben influir sobre la prestación del servicio médico, porque atenta contra los más elementales de la persona que la entidad obligada se desentienda de su responsabilidad. (...) Cabe entonces distinguir entre la obligación del patrono frente a su trabajador y aquella otra obligación surgida entre el patrono y el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES en razón del contrato interinstitucional de prestación de servicios médicos. La primera obligación encuentra sustento en los aportes del trabajador; el patrono, por su parte, puede prestar directamente los servicios o contratarlos con un tercero, hipótesis esta última cuyo riesgo no puede en ningún caso afectar al trabajador. Tal como lo puntualizó la Sala Séptima de Revisión, "en ambas situaciones -por vía directa o indirecta- la responsabilidad es única y exclusivamente del patrono, cuando el servicio médico asistencial sea suspendido o cancelado por el incumplimiento en el pago de los aportes o en la forma de pago pactada en el contrato", de donde se desprende que no le son oponibles al trabajador afiliado "los efectos jurídicos del contrato que su patrono celebre con terceros para la prestación de los servicios asistenciales".4 Así pues, la prestación de los servicios que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ofrece a las personas afiliadas corresponde a un sistema contributivo en el que aportan tanto el patrono como el empleado, con el fin de mantener vigente el derecho a la atención médica de tales afiliados, en lo relativo a la salud. De esta situación se desprende que un empleado que haya cumplido con la obligación legal de cancelar las cotizaciones del I.S.S. tiene derecho a acceder a los servicios que este presta, como ya se anotó, por cuanto a él no le son oponibles los efectos del incumplimiento contractual del patrono. En el caso presente el accionante acudió al I.S.S. con el fin de obtener los servicios médicos requeridos como consecuencia de sus dolencias dermatológicas, y luego de haber sido atendido por la médico especialista, no se le suministraron los medicamentos que requirió. Según el Gerente Seccional Administrativo del I.S.S. en el Magdalena, la situación que enfrenta en la actualidad el señor IBARGUEN es consecuencia de la mora por parte de la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA en el cumplimiento de la obligación que le corresponde de pagar las respectivos aportes al I.S.S. Estima la Corte que el incumplimiento de las obligaciones por concepto de aportes que deben pagarse al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, al cual se encuentra afiliado el demandante, por parte de la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA, no exime al Instituto de sus obligaciones médico asistenciales surgidas en virtud del respectivo contrato, ya que como es natural, el trabajador no es el llamado a soportar los efectos jurídicos de dicho incumplimiento, pues ello atenta contra los derechos fundamentales a la vida, la salud y el servicio público de la seguridad social de carácter obligatorio a cargo del Estado, de que trata el artículo 48 de la Constitución Política. Acerca de esta situación esta Corporación ha señalado que: "Pero a pesar de lo anterior, la Sala de Revisión advierte al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales que debe cumplir con sus obligaciones médico-asistenciales surgidas en virtud de contrato interadministrativo y que salvo la fuerza mayor deben continuar con la ejecución de los contratos a pesar de existir una mora en el pago, porque de lo contrario incurrirían en una vulneración o amenaza del derecho fundamental a la salud y a la seguridad social, derechos que imponen un tratamiento prioritario y preferencial por parte del poder público y el legislador con miras a su protección efectiva."5 Se debe concluir entonces que el I.S.S. debe continuar prestando los servicios médico asistenciales al demandante, sin perjuicio de las acciones que tiene frente a la mora por parte de la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA, por concepto de aportes al Instituto, a fin de que ellas le sean canceladas a través de los medios correspondientes, pero sin que esta situación pueda ir en detrimento del afiliado como se ha dejado expuesto en esta providencia, ya que la mora en el pago de los aportes no constituye causal para exonerar al I.S.S. de continuar prestando dichos servicios médico asistenciales ya que con su actitud vulnera los derechos fundamentales mencionados. La Corte Constitucional reafirma su criterio según el cual el I.S.S. no puede hacer extensivos a la accionante los efectos del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA, y por ello este tiene derecho a seguir gozando de los servicios médicos respectivos; por tanto revocará la providencia emanada del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, sin que haya lugar a decretar ningún reembolso por gastos sufragados por el demandante ya que dicha decisión no es de competencia del Juez de tutela. V.  DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución RESUELVE PRIMERO.  REVOCAR la Sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta el 29 de noviembre de 1994 y en su lugar se dispone TUTELAR los derechos a la seguridad social, a la salud y a la vida del accionante por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia se ordena al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -Seccional Magdalena- a prestar al señor MIGUEL ANGEL IBARGUEN RIVAS los servicios médicos que requiera en su condición de afiliado a esa entidad, y a suministrarle los medicamentos indispensables que se le formulen por parte del mismo. SEGUNDO. Líbrense por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos contemplados en esa norma. Notifíquese, cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Sentencia No. C- 012 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell. 2 Sentencia No. T- 571 del 26 de octubre de 1.992. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Sanín Greiffenstein. 3 Sentencia No. T-116 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara. 4 Sentencia No. T- 520 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara. 5 Sentencia No. T- 406 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.

T-159-95 Sentencia No Sentencia No. T-159/95 DERECHOS DEL NIÑO/SERVICIO PUBLICO DE SALUD/INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES/MENOR ENFERMO-Rehabilitación La Corte Constitucional reitera la especial protección que merecen los derechos fundamentales de los niños, y particularmente en lo relativo al acceso a los servicios de salud. El ISS no puede suspender programas que por disposición legal y reglamentaria hacen parte del Plan Obligatorio de Salud, en lo que hace específicamente a la ejecución de programas de rehabilitación física y readaptación sicosocial y laboral de los beneficiarios, dentro de los cuales se pueden considerar las terapias para menores discapacitados. REF: EXPEDIENTE T- 56698 PETICIONARIO: José María Amaya Beltrán y otros contra el Instituto de los Seguros Sociales. TEMA: Derecho a la Salud. MAGISTRADO PONENTE Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA. Santa Fe de Bogotá, abril cinco (5) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA, procede a revisar el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá el veintiocho (28) de octubre de 1994, y la Sentencia de segunda instancia emanada del Juzgado Once Civil del Circuito de la misma ciudad el primero (1o.) de diciembre de 1994 en el proceso de la referencia. I. ANTECEDENTES. 1. Los señores JOSE MARIA AMAYA BELTRAN, JANNETH VIVIANA ENCIZO, JAIRO FAJARDO MORENO, SONIA ELENA PUENTES PEREZ Y NOHORA MENDEZ TOLEDO han acudido al mecanismo de la acción de tutela en representación de sus hijos menores de edad LIZETH ADRIANA AMAYA URREGO, MAYRA ALEJANDRA AVILES ENCIZO, ERIKA VIVIANA FAJARDO TORRES, NATHALY BARAHONA MENDEZ y CARLOS ANDRES YARA PUENTES contra el Instituto de los Seguros Sociales con el fin de que les sea tutelado el derecho a la salud a sus hijos menores, cuyas edades "van desde un (1) hasta siete (6) años de edad", quienes nacieron con impedimento en la función del oído y algunas funciones del habla. 2. Los padres de los menores de edad están afiliados al Instituto de los Seguros Sociales, razón por la que sus hijos tienen derecho a la prestación de los servicios de salud en cuanto a la atención médica, educación, terapias y audífonos que requieran. 3. Los citados servicios han sido prestados a los menores por el término de dos años hasta la expedición del Decreto 1839 de 1994, que entró en vigencia el 5 de agosto del mismo año. Como consecuencia de lo anterior, afirman los demandantes, "se suspendió gradualmente cada uno de los servicios concedidos con anterioridad a la expedición del Decreto". PRETENSIONES Con fundamento en los hechos expuestos y en el Decreto 2591 de 1991, los peticionarios en representación de sus hijos menores de edad LIZETH ADRIANA AMAYA URREGO, MAYRA ALEJANDRA AVILES ENCIZO, ERIKA VIVIANA FAJARDO TORRES, NATHALY BARAHONA MENDEZ Y CARLOS ANDRES YARA PUENTES solicitan que se reconozcan sus derechos y "los derechos de nuestros hijos de familia concedidos en vigencia de la Ley anterior al Decreto en mención. (...) Se sirva ordenar a la autoridad que corresponda la corrección, suspensión y restablecimiento del derecho adquirido". Los accionantes consideran vulnerados los artículos 4o., 13, 44, 49 y 50 de la Constitución Política. II. LAS DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN. 1. Primera Instancia. El Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá, previamente a adoptar la decisión de fondo, ofició al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.S.S.), para que informara en un término no mayor a tres días contados desde la fecha de recibo del mismo si los peticionarios son afiliados al Instituto, si los menores "son derecho habientes de los citados solicitantes", y si estos "son atendidos en la actualidad en el servicio médico en la especialidad de otorrinolaringología". Así mismo solicitó a esa entidad que explicara los motivos por los cuales se ha venido suspendiendo gradualmente el servicio médico a los mencionados menores. Al citado oficio le dio respuesta el Doctor PEDRO REINA CORREDOR, Gerente de la Clínica del Niño del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y expresó que los menores "sí son atendidos en nuestro servicio de Otorrinolaringología, de acuerdo a las recomendaciones impartidas en los controles médicos realizados para cada uno de ellos en forma periódica por el personal Especialista en dicha rama de la medicina, teniendo en cuenta los requerimientos individuales, incluyendo el suministro de audífonos según el caso". Además señaló que "de las citas ya cumplidas normalmente con otros especialistas según la necesidad de cada caso, en el curso del presente año estos pacientes han venido siendo evaluados, controlados y tratados por la especialidad de Otorrinolaringología así: Lizeth Amaya, en Abril y Septiembre. Mayra Avilés, en Enero, Abril, Julio y Septiembre. Erika Fajardo, en Marzo, Mayo, Julio y Octubre. Nathaly Barahona, en Febrero, Marzo, Abril, Junio, Julio y Septiembre. Carlos Yara, en Abril, Mayo, Junio, Agosto y Septiembre". Finalmente manifestó que no se tiene conocimiento de la suspensión gradual del servicio médico de los menores por parte del I.S.S., pero que la entidad presta la asistencia profesional dentro del marco de la reglamentación vigente. También obra respuesta del Coordinador Sección Afiliación y Registro del I.S.S. -Seccional Cundinamarca-, JOSE ROBERTO MANJARRES PIRAGUA, quien se refirió a la afiliación del señor JAIRO FAJARDO MORENO, la cual continúa vigente; de la señora NOHORA MENDEZ TOLEDO, quien fue desafiliada el 1o. de diciembre de 1991; de JOSE MARIA AMAYA BELTRAN, quien fue desafiliado el 9 de diciembre de 1990; de JANNETH VIVIANA ENCISO Y SONIA ELENA PUENTES PEREZ, de quienes no se encontró registro de afiliación. Además señaló que se solicitó a la División Nacional de Informática de la entidad que enviara "directamente al Juzgado las historias laborales y/o certificados de semanas correspondientes, donde el sistema computarizado que allí manejan, emite el record total de períodos de asegurados, con fechas, patronales, estado de cuenta, cotizaciones, salarios de base y novedades causadas." Con base en este informe de sistemas, en relación con JANNETH VIVIANA ENCISO se pudo establecer que se retiró el 2 de abril de 1993; y SONIA ELENA PUENTES PEREZ, que no figura en el registro histórico de la entidad. El Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá, dictó Sentencia el veintiocho (28) de octubre de 1994, y resolvió "negar la tutela interpuesta por los ciudadanos JOSE MARIA AMAYA BELTRAN, JANNETH VIVIANA ENCIZO, JAIRO FAJARDO MORENO, SONIA ELENA PUENTES PEREZ Y NOHORA MENDEZ TOLEDO contra el Instituto de Seguro Social", con base en los siguientes argumentos: "(...) De la documentación allegada y en especial de lo manifestado por el I.S.S., se desprende sin discusión alguna que no existe prueba de que el derecho a la salud de los menores señalados se esté vulnerando por el Estado y más concretamente por el I.S.S., pues dicha entidad a través de la Clínica que atiende a los menores manifiesta que a los mismos se les ha venido prestando la asistencia y los tratamientos que conforme a los exámenes médicos estos requieren, de ahí que la presente tutela debe ser negada. Sin embargo, es importante resaltar y recordar que la C.N. en su art. 48 establece que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección y coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficacia, universalidad y solidaridad, en los términos que establece la ley. Así lo reconoce el I.S.S., y por tanto la asistencia médica que a través del I.S.S., se les ha venido prestando a los menores, no debe de ninguna manera deteriorarse, la misma debe prestarse como hasta ahora se ha dado, máxime por las deficiencias que los mismos presentan y por que el Estado quiere proteger de manera especial a los niños y el mismo no puede de manera injustificada cerrarle las puertas cuando este requiere de especial tratamiento. Recuérdese que los niños serán los primeros entre los primeros (...). Diferente es, que si una ley de manera directa disminuye la posibilidad de la ayuda prestada por el I.S.S., los perjudicados con esta determinación no pueden ver en la tutela el medio para derogar la misma, por cuanto esto se debe conseguir por procedimientos diferentes, como sería el caso de demandarla ante la autoridad competente para ello." La Sentencia proferida por el Juez de primera instancia fue impugnada por el accionante JOSE MARIA AMAYA, en compañía de su cónyuge GLADYS EDILMA URREGO, dentro de los términos legales y pasó a reparto al Juzgado Once Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, la cual se fundamentó en las mismas razones enunciadas en la demanda inicial, aclarando que ambos obran a nombre de su hija menor LIZETH ADRIANA AMAYA URREGO, y que "Yo JOSE MARIA AMAYA no estoy aportando pero mi esposa GLADYS EDILMA URREGO con número de cédula 51.625. 551 y con número de afiliación número 951625551 y No. patronal 01200106997 sí está aportando en la actualidad." Al escrito de impugnación adjuntaron copia de las tarjetas del I.S.S. de la madre de la menor. También impugnó el citado fallo, en escrito separado la accionante NOHORA MENDEZ en compañía de su esposo ELKIN BARAHONA CERQUERA, con base en los mismos argumentos expuestos en la demanda, pero con la aclaración de que la madre de la menor no está aportando al I.S.S. en el momento, pero su esposo "ELKIN BARAHONA CERQUERA con No. de cc. #79.416.615 de Btá. y con # de afiliación No. 979416615 y No. patronal 01006125327 sí está aportando en la actualidad y aun cuando nació nuestra hija." 2. Segunda Instancia. El Juzgado Once Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá dictó Sentencia el 1o. de diciembre de 1994 y resolvió confirmar la Sentencia de primera instancia con los siguientes argumentos: "(...) "LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS PREVALECEN SOBRE LOS DEMAS DERECHOS" Bajo esta máxima constitucional debemos precisar el análisis de la acción de tutela impetrada, y compartiendo el discurrir el A-quo debemos concluir que si bien el I.S.S., no ha suspendido categóricamente la atención a los menores en el área de otorrinolaringología, ésta está siendo restringida como quiera que el presupuesto asignado para aliviar a los menores que deben ser atendidos en esta especialidad, al tenor de la Ley 100 que reformó la seguridad social, no seguirá costeando este tipo de ayuda. Ante tal eventualidad, por la vía de la acción de tutela, no puede el Juez, modificar Ley o decreto y mucho menos ordenar que sean atendidos con la regularidad que se venía haciendo, precisamente porque por orden del Estado (gobierno) tal auxilio no puede seguirse costeando sino correrá por cuenta del padre de familia. La órbita legal no puede ser irrumpida mediante la acción que se intentó, sino que debe demandarse ante la autoridad que corresponde. Es ostensible el desamparo y la injusticia que impera dejando en desprotección a los menores que requieren de tal ayuda, pero es ostensible que existe un medio alternativo que tiene una efectividad  igual o mayor a la de la acción de tutela para lograr la protección inmediata del derecho vulnerado." III. REMISION DEL EXPEDIENTE A LA CORTE CONSTITUCIONAL. Una vez en firme la decisión de segunda instancia, el Juzgado Once Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, dando cumplimiento a lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remitió el expediente a esta Corporación para efectos de su eventual revisión. Después de haber sido seleccionada y repartida por la Sala de Selección No. 2, entra la Sala Sexta de Revisión a quien correspondió, a estudiar y fallar el asunto de la referencia. IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. PRIMERA . COMPETENCIA. La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala de Revisión, para proferir Sentencia en relación con los fallos dictados por el Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá y por el Juzgado Once Civil del Circuito de la misma ciudad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero, y 241 numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 36 del Decreto 2591 de 1991. SEGUNDA. EL CASO OBJETO DE ESTUDIO. La Corte Constitucional en reiteradas oportunidades se ha pronunciado acerca de la prevalencia de los derechos de los niños con fundamento en el artículo 44 de la Carta Política, disposición que además consagra la salud como un derecho fundamental de los niños, en casos similares al que es objeto de estudio. Esta Corporación ha expresado en un fallo reciente: "No obstante, el artículo 44 de la Constitución enuncia varios derechos, entre ellos el de la salud, que en el caso de los niños son derechos fundamentales. Su consagración en tales términos se explica por la especial protección de la cual quiso el Constituyente rodear a la niñez, dada su natural indefensión y la esperanza que representa para la sociedad. En el inciso 2º del mismo artículo se consagra, como obligación de la familia, la sociedad y el Estado, la de "asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos". El artículo 2º de la Constitución Política considera entre los fines esenciales del Estado el de garantizar la efectividad de los derechos en ella plasmados, entre los cuales están, desde luego, y con prelación, los que corresponden a los niños. (...) El Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor), dispone en su artículo 18: "Las normas del presente Código son de orden público y, por lo mismo, los principios en ellas consagrados son de carácter irrenunciable y se aplicarán de preferencia a disposiciones contenidas en otras leyes". El artículo 2º establece: "Los derechos consagrados en la Constitución Política, en el presente Código y en las demás disposiciones vigentes, serán reconocidos a todos los menores, sin discriminación alguna por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición suya, de sus padres o de sus representantes legales". De acuerdo con el artículo 3º, "Todo menor tiene derecho a la protección, al cuidado y a la asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social; estos derechos se reconocen desde la concepción. Cuando los padres o las demás personas legalmente obligadas a dispensar estos cuidados no estén en capacidad de hacerlo, los asumirá el Estado con criterio de subsidiariedad". En relación con el derecho a la salud, dicho Código señala: "Artículo 9º.- Todo menor tiene derecho a la atención integral de su salud, cuando se encontrare enfermo o con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, a su tratamiento y rehabilitación. El Estado deberá desarrollar los programas necesarios para reducir la mortalidad y prevenir las enfermedades, educar a las familias en las prácticas de higiene y saneamiento y combatir la malnutrición, otorgando prioridad en estos programas al menor en situación irregular y a la mujer en período de embarazo y de lactancia. El Estado, por medio de los organismos competentes, establecerá programas dedicados a la atención integral de los menores de siete (7) años. En tales programas se procurará la activa participación de la familia y la comunidad". (...) Insiste de nuevo la Corte en el sentido constitucional que debe inspirar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas: el juez del Estado Social de Derecho debe desentrañar el sentido de los términos usados por el legislador para hacerlos acordes con los postulados constitucionales, es decir, entenderlos a la luz de la Constitución y no de espaldas a ella. El juez en tal sentido debe producir el efecto de que toda norma se integre al sistema y contribuya a realizar los fines constitucionales del Estado."1 En el caso sub-exámine se observa que a los menores representados por sus padres, el I.S.S. les ha prestado oportunamente los servicios médicos requeridos como consecuencia de sus problemas auditivos y del habla, no presentándose vulneración alguna, en principio, de sus derechos fundamentales, de acuerdo con lo expuesto en las providencias materia de revisión. Sin embargo, en la demanda y en los escritos de impugnación se advierte una cierta preocupación de los accionantes en cuanto a la aplicación del "Decreto 1839 (sic) de 1994", ya que en su concepto con la vigencia del mismo "se suspendió gradualmente cada uno de los servicios concedidos con anterioridad a la expedición (...)". No obstante, de las pruebas practicadas por el a-quo, se observa que el I.S.S. ha continuado prestando periódicamente los servicios de salud requeridos por los menores, tal como señaló el Gerente de la Clínica del Niño mediante el escrito de fecha 26 de octubre de 1994 (folios 53 y 54), a través del cual dio respuesta al oficio emanado del Juzgado 31 Civil Municipal de Bogotá, y que no fue controvertido por los demandantes. Así mismo, el Jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud, mediante escrito fechado el 15 de febrero de 1995 dirigido a la Directora Nacional de Recursos y Acciones Jurídicas de la Defensoría del Pueblo, cuya copia informal hizo llegar a esta Corporación la accionante GLADYS EDILMA URREGO, se refiere al tema objeto de estudio y señala que: "En relación con el oficio de la referencia, a través del cual solicita información sobre si "la decisión adoptada por el Instituto de Seguros Sociales de suspender los programas de carácter educativo destinados a menores discapacitados que requieren diferentes terapias -terapias del lenguaje por ejemplo- al igual que el suministro de aparatos que ayudan para las mismas -audífonos, etc.-, se encuentra o no acorde con lo estipulado en el inciso 2o. del artículo 162 de la Ley 100 de 1993, me permito manifestarle lo siguiente: (...) Como puede observarse (...) la ley 100 de 1993, al crear el Plan Obligatorio de Salud para los afiliados cotizantes, determinó que este sería el contemplado en el Decreto Ley 1650 de 1977, el cual en su artículo 75 al señalar las prestaciones correspondientes del Plan, en los literales b) y c) de los numerales 1o. y 2o. respectivamente, determina entre los servicios médicos y asistenciales a prestar, la ejecución de programas de rehabilitación física y de readaptación sicosocial y laboral de los beneficiarios, dentro de los cuales se pueden considerar las terapias para menores discapacitados, citadas en su oficio; además en el Acuerdo 008 de 1994, del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y el Decreto 1938 del mismo año, al establecer las exclusiones y limitaciones al Plan, en el literal n) de los artículos 7o. y 15 respectivamente, se refieren a actividades, procedimientos e intervenciones de carácter educativo, instruccional o de capacitación que se lleven a cabo durante el proceso de rehabilitación, distintos, como claramente lo establece la norma, a aquellos necesarios estrictamente para el manejo médico de las enfermedades y sus secuelas. Conforme a lo anteriormente señalado, esta Oficina considera que el Instituto de los Seguros Sociales, Empresa Promotora de Salud, no puede, suspender  programas que por disposición legal y reglamentaria hacen parte del Plan Obligatorio de Salud (...)". En el caso presente, los accionantes pretenden que se tutelen los derechos de sus hijos a través de la prestación oportuna de los servicios de salud por parte del I.S.S. Si bien es cierto, como ya se expresó, que la Corte Constitucional no encuentra vulneración alguna del derecho fundamental a la salud de los menores pues según se deduce de los fallos de instancia "De la documentación allegada y en especial de lo manifestado por el I.S.S., se desprende sin discusión alguna que no existe prueba de que el derecho a la salud de los menores se esté vulnerado por el Estado y más concretamente por el I.S.S., pues dicha entidad a través de la Clínica que atiende a los menores manifiesta que a los mismos se les ha venido prestando la asistencia y los tratamientos que conforme a los exámenes médicos estos requieren, de ahí que la presente tutela debe ser negada", no deja de ser oportuno advertir a la mencionada entidad que no puede dejar de prestarles en debida forma los servicios que le sean requeridos como consecuencia de la aplicación de las normas jurídicas derivadas de la Ley 100 de 1993, artículos 2 y 162 pues, como bien lo expresa el Jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud, estas son actividades necesarias para el manejo médico de las enfermedades y sus secuelas, razón por la cual quedan incluidas dentro de los servicios que el I.S.S. debe prestar como consecuencia de la creación del Plan Obligatorio de Salud para sus afiliados. De lo anterior se desprende que las disposiciones constitucionales invocadas por los accionantes, a saber: artículo 4o. que consagra la supremacía de la Constitución sobre la ley u otras normas jurídicas, y el deber de las autoridades y de los particulares de someterse a ellas; artículo 44 que establece los derechos fundamentales de los niños, en particular el de salud, y su prevalencia en relación con los derechos de los demás; artículo 49 que dispone los lineamientos constitucionales en lo relativo a la atención de la salud y el saneamiento ambiental; y el artículo 50 que consagra el derecho de los niños menores de un año a recibir atención gratuita en las instituciones de salud que reciban aportes de Estado, no se encuentran vulneradas por la conducta del I.S.S., pues según las pruebas aportadas, este en ningún momento ha dejado de prestar la atención médica que requieren los menores como consecuencia de sus dolencias auditivas y del habla. Tampoco se observa por parte de esta Corporación violación alguna de otros preceptos constitucionales. En consecuencia, la Corte Constitucional reitera la especial protección que merecen los derechos fundamentales de los niños, y particularmente en lo relativo al acceso a los servicios de salud, y llamará la atención del I.S.S. para que de especial cumplimiento a los requerimientos de salud de los menores en el manejo de sus problemas auditivos y del habla, pues dentro del esquema legal del Plan Obligatorio de Salud, se trata de actividades que no están excluidas o limitadas por este. Así pues, la Corporación confirmará los fallos de primera y de segunda instancia, en cuanto no encuentra vulneración o amenaza alguna de los derechos fundamentales de los menores representados por sus padres, destacando como lo hizo el a-quem que a través de la acción de tutela no se puede pretender la modificación de la ley o de otra norma jurídica, pues para ello existen otros mecanismos jurídicos de control cuando sus disposiciones puedan atentar contra la Constitución, aunque sí se ordenará advertir al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que de conformidad con las normas relacionadas por la Superintendencia Nacional de Salud en su escrito de 15 de febrero de 1995, este Instituto -Empresa Promotora de Salud- no puede suspender programas que por disposición legal y reglamentaria hacen parte del Plan Obligatorio de Salud, en lo que hace específicamente a la ejecución de programas de rehabilitación física y readaptación sicosocial y laboral de los beneficiarios, dentro de los cuales se pueden considerar las terapias para menores discapacitados. V.  DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución RESUELVE PRIMERO.  CONFIRMAR las Sentencias emanadas del Juzgado 31 Civil Municipal y 11 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, en cuanto negaron la tutela de los derechos de los menores LIZETH ADRIANA AMAYA URREGO, MAYRA ALEJANDRA AVILES ENCIZO, ERIKA VIVIANA FAJARDO TORRES, NATHALY BARAHONA MENDEZ Y CARLOS ANDRES YARA PUENTES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Háganse las advertencias al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de que trata la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Líbrense por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos contemplados en esa norma. Notifíquese, cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Sentencia No. T- 204 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

T-160-95 Sentencia No Sentencia No. T-160/95 HONORARIOS DE PERITO-Objeción/JUEZ DE TUTELA-Incompetencia Las partes y el auxiliar podrán objetar los honorarios en el término de la ejecutoria del auto que los señale, debiéndo resolver el juez previo traslado a la otra parte. No puede entonces pretenderse que el juez de tutela interfiera o invada competencias que no le corresponden, como lo relacionada con la objeción en la fijación de honorarios de los peritos o auxiliares de la justicia. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia/VIA DE HECHO-Inexistencia/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Utilización Si la persona que se dice “presuntamente” afectada por una decisión judicial, no hace uso de los mecanismos que las distintas jurisdicciones consagran con el objeto de controvertir dichas decisiones o de defender sus derechos que se dicen vulnerados o amenazados, o lo hacen pero en forma extemporánea, no puede acudir a la tutela como una instancia adicional o alternativa que “reviva” oportunidades o recursos procesales ya agotados y cuyas providencias se encuentren ejecutoriadas, pues ello no solo desnaturaliza el sentido y esencia misma del instrumento extraordinario de la tutela, sino que además implicaría el desconocimiento de los principios constitucionales del juez natural y de la firmeza de las providencias judiciales. Lo anterior sólo tendría una excepción, cual es, la existencia de una vía de hecho, que no se encuentra probada dentro del proceso. REF.: EXPEDIENTE No. T - 62.130 PETICIONARIO: Camilo Antonio Díaz Gomez contra el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá. PROCEDENCIA: Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá. MAGISTRADO PONENTE: Dr. HERNANDO HERRERA  VERGARA. Santa Fé de Bogotá, Abril seis (6) de mil novecientos noventa y cinco (1995). Procede la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados HERNANDO HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Y FABIO MORON DIAZ, a revisar el fallo proferido por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá el día 25 de enero de 1995, en el proceso de tutela de la referencia. I.     ANTECEDENTES. El señor CAMILO ANTONIO DIAZ GOMEZ acude a la acción de tutela con el fin de que se le proteja su derecho al debido proceso, vulnerado por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá, al decretar unos honorarios excesivos en favor de los auxiliares de la justicia, quienes practicaron un avalúo sobre el predio objeto de la litis. Señala el peticionario que en dicho Juzgado existe una demanda de embargo hipotecario solicitada por Carlos Duarte y Jorge Gomez, acreedores de una deuda hipotecaria contraída por él sobre un lote de terreno de su propiedad, ubicado en la Dorada, Caldas. Relata que ha venido arreglando con los acreedores pero siempre se han presentado inconvenientes; “sin embargo me han dado a entender que por lo mismo no seguían los trámites en el Juzgado a fin de estancar el proceso mientras se llegaba a un arreglo, sin embargo el Juzgado no sólo nombró peritos para avalúo sino que estos viendo que no consignaban los acreedores lo fijado por el juez, decidieron de todas maneras proceder a hacer el avalúo; fue así como se aparecieron por La Dorada, me buscaron y pidieron conceptos a lo que yo me limité incialmente a comunicarles del posible arreglo y lo improcedente de su gestión, cosa que aparentemente ya sabían, después me pidieron información y pidieron prestados avalúos que yo tenía a lo cual no me opuse pues todavía confío en las personas, pero asombrado quedé no sólo de sus peticiones sino que quedé perplejo cuando comparo avalúos y éstos dejan mucho que desear a comparación del que aquí adjunto”. Afirma el accionante que los honorarios que cobran los peritos además de excesivos no merecen ni la mitad de uno hecho por un profesional según la tabla de tarifas de avalúos hechos por profesionales de la Lonja de Propiedad Raíz, que es la entidad rectora en la materia (adjunta copia de un avalúo realizado a un lote contiguo hecho por un profesional perteneciente a una empresa asociada a la Lonja de Propiedad Raíz). Igualmente, considera que los peritos no tuvieron en cuenta la valorización del sector y se limitaron a aumentar un poco el valor del metro cuadrado que aparece en el avalúo que se adjunta, sin considerar que el lote de la demanda es de mucho mayor valor que el que aparece en el otro avalúo por tener frente sobre una vía más importante, y que a la fecha de los avalúos del juzgado los lotes vecinos habían sufrido un cambio por explancaiones (sic) y la iniciación de la construcción de una avenida nueva que pasa por medio de estos lotes y que no estaban cuando se hicieron todos estos avalúos, lo cual también incrementa el valor. Concluye que “porque una persona tenga bienes de propiedad valiosos no quiere decir que los auxiliares de la justicia se aprovechen como dicen al caído caerle y de paso lesionar el buen nombre de la señora justicia”. II.      EL FALLO QUE SE REVISA. De manera previa a la decisión de instancia, el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá, ordenó la recepción de las siguientes pruebas, que obran dentro del expediente, y de las cuales deben resaltarse: a) Oficio remitido por el Presidente Ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Avaluadores, en la cual se informa que el valor de los honorarios que tiene establecidos en relación con el avalúo practicado sobre un inmueble ubicado en la localidad de La Dorada, Caldas, por un valor de $220.000.000.oo, es así: “Si el Avalúo es Corporativo, es decir practicado por dos Miembros de esta Sociedad y presentado a nombre de la misma, los Honorarios son: Primeros      25 millones 3.50 por mil                 $ 87.500 Siguientes      25 millones 3.00 por mil                 $ 75.000 Siguientes      50 millones 2.50 por mil                 $ 125.000 Siguientes       120 milones 2.00 por mil               $ 240.000 ­­________ $ 527.500 Estos Honorarios tiene un recargo del 50% porque el predio está ubicado fuera de Santafé de Bogotá.                                        $ 263.750 ________ Valor Total                                                    $ 791.250 Si el Avalúo es practicado directamente por uno de los Miembros de esta Sociedad y presentado por éste solamente con su firma, los Honorarios son: Primeros                  25 millones 1.75 por mil                  $  43.750 Siguientes       25 millones          1.50 por mil                      37.500 Siguientes       50 millones          1.25 por mil                      62.500 Siguientes      120 millones        1.00 por mil                   120.000 _______ Estos honorarios tiene un recargo del 50% porque el predio está ubicado fuera de Santafé de Bogotá.                                        $ 131.875 _______ Valor Total                                                    $ 395.625”. b) Diligencia de Inspección Judicial al expediente “Proceso Hipotecario de Carlos Arturo Duarte Mendoza y Jorge Enrique Gomez Mendoza contra Camilo Antonio Diaz Gomez”, efectuada el 20 de enero de 1995, en la cual se constató lo siguiente: “El Juzgado pudo constatar que a folios 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 aparece el dictamen que motivó la providencia de fecha febrero once (11) de 1994, que oportunamente fijó como honorarios a los peritos la suma de $800.000.oo.-- El señor demandado y hoy quejoso CAMILO ANTONIO DIAZ GOMEZ, constituyó apoderado en tiempo para objetar los honorarios de los peritos.- A dicha objeción se le dió trámite declarándose no probada providencia que por no ser recurrida en tiempo causó ejecutoria pues a folio 56 del expediente aparece presentado el recurso por el apoderado del demandado, en forma extemporánea lo que motivó el auto de marzo 22 de 1994, que reza así: “... por extemporáneo no se dá trámite al anterior recurso””. Con base en las pruebas mencionadas, el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá, mediante Sentencia de 25 de enero de 1995 resolvió tutelar parcialmente el derecho al debido proceso impetrado por el señor CAMILO ANTONIO DIAZ, así como oficiar al Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá, para que reconsidere los honorarios de los auxiliares de la justicia. Sustenta su decisión en que: “El quejoso actuó a través de apoderado y mediante éste objetó exclusivamente los honorarios de los peritos, en cuanto a su monto se refiere; objeción que fue impróspera y que el señor apoderado impugnó extemporáneamente. De manera que en cuanto a la actuación procesal propiamente conforme a los lineamientos del art. 238 del C. de P.Civil, se encuentra ajustada a derecho y la negligencia del apoderado no puede modificarse a través de la acción de tutela”. En cuanto al monto fijado de honorarios a los auxiliares de la justicia, señaló: “En el sub-iudice, para tratar de establecer si fue o no exageradamente gravado el accionante con la fijación de los honorarios periciales, se solicitó la colaboración de la Sociedad Colombiana de avaluadores, quien dictaminó que si el avalúo era corporativo de acuerdo con el valor de $220.000.000.oo, a éste le correspondían unos honorarios de $791.250.oo y que si era a nivel particular o de sus miembros, la cifra sería de $395.625.oo. Como en el caso examinado no lo fue a nivel corporativo, si estaría la asignación por encima de lo que realmente correspondería. En conclusión, se tutelará únicamente en lo concerniente a la tasación de los honorarios fijados, para que sean nuevamente asignados por el Juez Trece Civil del Circuito, dentro de los límites de ponderación anotados”. No habiendo sido impugnada la anterior providencia, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 para efectos de su eventual revisión, y habiendo sido seleccionado, procede la Sala Sexta de Revisión a resolver acerca del fallo proferido en primera y única instancia por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá. III.  Del cumplimiento del Fallo de Tutela por el Juez Ordinario. El Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá, mediante auto de fecha 27 de enero de 1995, dió cumplimiento al fallo de tutela, disponiendo lo siguiente: “Dice la prueba que sirvió de fundamento al Juez de tutela para disponer la reconsideración del rubro anotado que “el avalúo era corporativo de acuerdo con el valor de $220.000.000.oo a éste valor corresponderían unos honorarios de $791.250.oo y que si era a nivel particular o de sus miembros, la cifra sería de $395.625.oo.”- Dicha prueba no explica cuál es el fundamento diferenciador entre un dictamen rendido a nivel “corporativo” y el que corresponde a la línea particular “o de sus miembros”.- El Juzgado de tutela tampoco explica dicho tópico.- Encuentra el Juzgado que en uno y otro caso deduciendo su intencionalidad, en ambas condiciones la prueba pericial es realizada de manera pluralizada, por así disponerlo la ley.- Art. 234 C.P.C. No encuentra el Juzgado un parámetro orientador que permita conciliar de ese modo “los intereses de la justicia en términos que equitativamente se retribuya el servicio prestado”; y “lo que realmente correspondería”, dejando un sabor de aplicación “dada la autonomía para fijar los honorarios” al criterio razonado, equitativo y justo del Juez. El dictamen rendido dentro de este proceso estimó en la suma de $220.000.000.oo el valor de los bienes hipotecados.- El Juzgado por tal experticio asignó la suma de $800.000.oo como honorarios para cada uno de los expertos. Esta fijación estuvo rodeada de directrices como la dimensión del trabajo, el conocimiento de quienes confluyeron en la presentación de dicha prueba, la precisión, claridad del dictamen como lo detallado del mismo y el avalúo que finalmente le dieron. Aquilatando entonces la razonabilidad y autonomía del Juez en consideración a los particulares elementos de juicio que aparecen y lo considerado por el Juez de Tutela, y sin existir una medida que limite el quéhacer del funcionario para su aplicación en estas lides, y obedeciendo lo resuelto en el fallo de tutela, el Despacho reconsidera la asignación de honorarios contenida en el auto de 11 de febrero retropróximo, y en su lugar los reduce a la suma de $700.000.oo M/cte., para cada uno de los expertos. Estima el Juzgado haber cumplido y obedecido lo resuelto por el Juez de Tutela sobre el punto debatido”. IV.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Primera.    La competencia. Es competente esta Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional para proferir Sentencia en relación con el fallo proferido por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Segunda. Del problema jurídico. Afirma el accionante que los honorarios que cobran los peritos dentro del proceso instaurado por los señores Duarte y Gomez, por embargo hipotecario sobre un lote de terreno ubicado en la Dorada, Caldas, son excesivos “ya que no merecen ni la mitad de uno hecho por un profesional según la tabla de tarifas de avalúos hechos por profesionales de la Lonja de Propiedad Raíz, que es la entidad rectora en la materia”. No obstante el actor no expresa en la demanda las pretensiones, ellas se deducen del escrito de tutela: que se revise y modifique el valor decretado como honorarios a los auxiliares de la justicia por el Juzgado Trece Civil del Circuito, dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario que cursa en ese despacho. Dicha solicitud fue amparada por el juez de instancia, quien al considerar vulnerado el debido proceso por parte del accionado, le ordenó reconsiderar el monto de los honorarios con base en las tarifas fijadas por la Sociedad Colombiana de Avaluadores. La Sala brevemente hará algunas precisiones en cuanto a la competencia para fijar honorarios de los peritos y los medios de defensa de que disponen las partes para controvertirlos, lo cual le permitirá concluir la improcedencia de la tutela, como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. De los Honorarios de los Auxiliares de la Justicia y los mecanismos judiciales para controvertirlos. Teniendo en cuenta que el propósito de la demanda de tutela es obtener la modificación de los honorarios decretados por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá en favor de los auxiliares de la justicia designados por ese despacho para efectos de realizar el experticio ordenado dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario que en dicho juzgado se adelanta, debe hacer algunas precisiones la Sala sobre el particular. Según el artículo 388 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1o., “Honorarios de los auxiliares de la justicia. El juez señalará los honorarios de los auxiliares de la justicia cuando hayan finalizado su cometido, o una vez aprobadas las cuentas mediante el trámite correspondiente si quien desempeña el cargo estuviere obligado a rendirlas. En el auto que señale los honorarios, se determinará a quién corresponde pagarlos. Las partes y el auxiliar podrán objetar los honorarios en el término de ejecutoria del auto que los señale. El juez resolverá previo traslado a la otra parte por tres días. Ejecutoriada la providencia que fije los honorarios, dentro de los tres días siguientes, la parte que los adeuda deberá pagarlos al beneficiario, o consignarlos a la orden del juzgado o tribunal para que los entregue a aquél, sin que sea necesario auto que lo ordene” (negrillas y subrayas fuera de texto). Por su parte, el artículo 239 del mismo estatuto, modificado por el D.E. 2289 de 1989, artículo 1o., señala en relación con los honorarios de los peritos: “En el auto de traslado del dictamen se señalarán los honorarios de los peritos de acuerdo con la tarifa oficial, y lo que de ellos deba pagar cada parte. En el caso de que que requieran expertos de conocimientos muy especializados, podrá el juez señalarles los honorarios sin limitación alguna, teniendo en cuenta la prestancia de aquéllos y las demás circunstancias del caso. ... Los peritos restituirán los honorarios si prospera alguna objeción que deje sin mérito el dictamen, o la parte que el juez señale en el caso de que aquélla prospere parcialmente....”. De acuerdo con lo anterior, es claro que las partes dentro de cualquier proceso ordinario, cuando se decrete la práctica de una prueba en la que deban intervenir peritos o auxiliares de la justicia, pueden no sólo objetar el dictamen que estos rindan, sino adicionalmente los honorarios que el respectivo juzgado les fije a los mismos. Objeción que deberá resolver el mismo juez, con base en la sustentación que la parte presuntamente afectada deberá presentar para fundamentar su solicitud. Así pues, como lo señala la misma norma legal, las partes y el auxiliar podrán objetar los honorarios en el término de la ejecutoria del auto que los señale, debiéndo resolver el juez previo traslado a la otra parte. No puede entonces pretenderse que el juez de tutela interfiera o invada competencias que no le corresponden, como lo relacionada con la objeción en la fijación de honorarios de los peritos o auxiliares de la justicia. La jurisdicción civil tiene señalados los procedimientos e instrumentos de que disponen las partes para objetar las decisiones de los jueces, como lo es para el caso de los honorarios, la posibilidad de controvertir el auto por medio del cual se determinan dichos honorarios, por lo que mal puede el juez de tutela entrar a decidir su legalidad, cuando no tiene competencia para ello, pues estaría invadiendo una órbita ajena a la suya. Aún más, según se lee de la diligencia de inspección judicial practicada al expediente que contiene el proceso hipotecario de Carlos Arturo Duarte Mendoza y Jorge Enrique Gomez Mendoza contra Camilo Antonio Diaz Gomez, que obra a folio 10 del expediente de tutela: “El Juzgado pudo constatar que a folios 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 aparece el dictamen que motivó la providencia de fecha febrero once (11) de 1994, que oportunamente fijó como honorarios a los peritos la suma de $800.000-oo. El señor demandado y hoy quejoso CAMILO ANTONIO DIAZ GOMEZ, constituyó apoderado en tiempo para objetar los honorarios de los peritos.- A dicha objeción se le dió trámite declarándose no probada, providencia que por no ser recurrida en tiempo causó ejecutoria pues a folio 56 del expediente aparece presentado el recurso por el apoderado del demandado, en forma extemporánea lo que motivó el auto de marzo 22 de 1994, que reza así: “... Por extemporáneo no se dá trámite al anterior recurso” (negrillas y subrayas fuera de texto). Ha señalado en forma reiterada la Corte Constitucional el carácter subsidiario y residual que tiene la acción de tutela -artículos 86 de la Carta Política y 6o. del Decreto 2591 de 1991-, en cuanto a que ella no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Por lo tanto, se revocará la providencia que se revisa, por cuanto el actor disponía de los medios de defensa judiciales consagrados en el Código de Procedimiento Civil -artículos 239 y 388- para objetar los honorarios de los peritos decretados mediante auto de fecha febrero 11 de 1994 proferido por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá, y de otra parte, que habiendo tenido la oportunidad de haber hecho uso de ellos, lo hizo pero en forma extemporánea, como así lo declaró el citado juzgado mediante auto de fecha 22 de marzo del mismo año. Por lo tanto, estima la Sala que si la persona que se dice “presuntamente” afectada por una decisión judicial -como sucede en este caso con el auto que fijó los honorarios de los peritos-, no hace uso de los mecanismos que las distintas jurisdicciones consagran con el objeto de controvertir dichas decisiones o de defender sus derechos que se dicen vulnerados o amenazados, o lo hacen pero en forma extemporánea, no puede acudir a la tutela como una instancia adicional o alternativa que “reviva” oportunidades o recursos procesales ya agotados y cuyas providencias se encuentren ejecutoriadas, pues ello no solo desnaturaliza el sentido y esencia misma del instrumento extraordinario de la tutela, sino que además implicaría el desconocimiento de los principios constitucionales del juez natural y de la firmeza de las providencias judiciales. Lo anterior sólo tendría una excepción, cual es, la existencia de una vía de hecho, que no se encuentra probada dentro del proceso. Considera la Sala que la decisión adoptada por el juez del conocimiento del proceso ejecutivo con título hipotecario, tuvo pleno sustento legal y fue debidamente fundamentada y sustentada, razón por la cual no se encuentra vulneración del derecho al debido proceso del accionante. Como lo señaló el Juez Trece Civil del Circuito en auto de fecha enero 27 de 1995, por medio del cual dió cumplimiento al fallo de tutela que se revisa, “No encuentra el Juzgado un parámetro orientador que permita conciliar de ese modo “los intereses de la justicia en términos que equitativamente se retribuya el servicio prestado” y “lo que realmente correspondería”, dejando un sabor de aplicación “dada la autonomía para fijar los honorarios” al criterio razonado, equitativo y justo del juez El dictamen rendido dentro del proceso estimó en la suma de $220.000.000.oo el valor de los bienes hipotecados.- El Juzgado por tal experticio asignó la suma de $800.000.oo como honorarios para cada uno de los expertos.- Esta fijación estuvo rodeada de directrices como la dimensión del trabajo, el conocimiento de quienes confluyeron en la presentación de dicha prueba, la precisión, claridad del dictamen como lo detallado del mismo y el avalúo que finalmente le dieron. Aquilatando entonces la razonabilidad y autonomía del Juez en consideración a los particulares elementos de juicio que aparecen y lo considerado por el Juez de Tutela, y sin existir una medida que limite el quéhacer del funcionario para su aplicación en estas lides, y obedeciendo lo resuelto en el fallo de tutela, el Despacho reconsidera la asignación de honorarios contenida en el auto de 11 de febrero retropróximo, y en su lugar los reduce a la suma de $700.000.oo M/cte., para cada uno de los expertos”. Además, como se indicó, el actor -demandado dentro del citado proceso- tuvo la oportunidad de controvertir la decisión cuya tutela se demanda, dejando prescribir el término legal para ello. Por lo anterior, se revocará la Sentencia proferida por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá el día 25 de enero de 1995, y en su lugar se denegará la demanda de tutela instaurada por el ciudadano Camilo Antonio Díaz Gómez. No obstante la improcedencia de la tutela, la Corte en relación con lo resuelto por el juez de tutela de instancia que ordenó al Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá reconsiderar los honorarios de los auxiliares de la justicia, y como efectivamente lo hizo al reducir el valor de los honorarios de los peritos -de $800.000 a $700.000 m/cte.-, se abstendrá de revocar en esa parte la decisión que se revisa. V.      DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, obrando en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO. REVOCAR parcialmente por las razones expuestas, el fallo proferido por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá, el 25 de enero de 1995, y en su lugar denegar la tutela del debido proceso instaurada por el señor CAMILO ANTONIO DIAZ GOMEZ. SEGUNDO.  Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO   FABIO MORON DIAZ Magistrado                                           Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-161-95 Sentencia No Sentencia No. T-161/95 ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Improcedencia/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL En el presente caso no se dan los presupuestos legales que se requieren para la procedencia de la tutela contra particulares, sino que además el accionante dispone de otros medios para defender sus derechos, y por cuanto además, ni en la demanda ni en las pruebas que obran en el expediente se pudo advertir la existencia de perjuicio irremediable, que permitiese el ejercicio de la acción en forma transitoria. La acción de tutela no puede ser propuesta con fines indemnizatorios ni de reparación en las relaciones entre particulares, pues para ello están previstas las vías judiciales ordinarias, las que no pueden ser sustituídas por este procedimiento preferente y sumario. REF.: EXPEDIENTE No. T - 62.139 PETICIONARIO: José de Jesus Soler Garcia contra Publio Ciro Cifuentes Rojas, Raul Siachoque Naranjo y Rafael Tobo. PROCEDENCIA: Juzgado Promiscuo Municipal de Nobsa. MAGISTRADO PONENTE: HERNANDO HERRERA VERGARA Santa Fé de Bogotá, D.C., Abril seis (6) de mil novecientos noventa y cinco (1995). Procede la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados HERNANDO HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Y FABIO MORON DIAZ, a revisar el fallo proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Nobsa, en el proceso de la referencia. I. ANTECEDENTES. El ciudadano JOSE DE JESUS SOLER GARCIA presentó acción de tutela contra los señores Publio Ciro Cifuentes Rojas, Raul Siachoque Naranjo y Rafael Tobo, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la paz y a la tranquilidad. El demandante señala que es propietario de una finca ubicada en el punto denominado el "Bujio", Municipio de Nobsa, Boyacá, donde los accionados botan los residuos de carbón (carracocho) producido por los hornos de quema de "cal" de su propiedad. Aduce que los accionados “se han dado la tarea de botarme la basura, quemada, de nombre carracocho quemado, carbón que no quema, tumbaron la cerca y reventaron el alambre, botando toda clase de basuras, utilizando la calle de apagadero de cal haciendo los montones en la calle pública, entorpeciendo el paso de los transeuntes que por allí pasan”. Señala además, que “hace aproximadamente 4 años, CIRO FUENTES ROJAS, abrió un hueco del tamaño de un camión, hueco que utiliza para cargar los carros de cal”. Y agrega que “en el mes de diciembre debí cancelar la suma de OCHENTA MIL PESOS ($80.000) al señor EDUARDO SIACHOQUE, para pagar el alquiler de la máquina retro, para sacar la basura del lugar, más el valor de las volquetas, $170.000”. Por último, afirma que ha acudido ante las diferentes autoridades locales, como es la Inspección de Policía de Nobsa, en busca de protección (no obstante, no señala si ha obtenido respuesta alguna). Por lo anterior, solicita al juez de tutela que en un término de 48 horas se le ordene a los accionados “trasladar su recogedero de basuras, para que sea llevado a un sitio adecuado". II.  LA PROVIDENCIA JUDICIAL OBJETO DE REVISION De manera previa a la decisión que se habría de adoptar, el Juzgado Promiscuo de Nobsa practicó una diligencia de inspección judicial al lugar de los hechos objeto de la demanda de tutela, constatando lo siguiente: “Una vez allí recorrimos la finca de propiedad del señor SOLER GARCIA, observándose que hacia el costado contiguo a la calle se halla la cerca un tanto deteriorada por que (sic) han botado desechos de los hornos que quedan a la parte superior o arriba. Se observan vestigios de que han botado residuos del procesamiento de la cal a la finca antes mencionada que se halla separada de los hornos por una vía pública, la cual se encuentra invadida de residuos de resevo o carracocho lo mismo que de cal, así mismo se pudo observar que existen un huecos (sic) en la vía pública frente a un horno”. Con base en dicha prueba, el Juzgado Promiscuo Municipal de Nobsa, mediante providencia del 1° de febrero de 1995, resolvió negar la tutela instaurada por el señor SOLER GARCIA, con fundamento en que a pesar de que al accionante se le han causado ciertos perjuicios debido al depósito de desechos en la "vera del camino" por parte del demandado, la tutela es improcedente porque este último no se halla en ninguno de los casos contemplados en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, y por cuanto no se da la existencia de perjuicio irremediable alguno. Concluyó el Juzgado que el accionante tiene otro medio de defensa, como lo es acudir ante el alcalde de la localidad a fín de que restablezca la vía, ordenando el relleno de los huecos e impidiendo que invadan la vías con residuos que quedan como consecuencia del procesamiento de la cal. III       CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Primera.   La competencia De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Nobsa, Boyacá. Segunda. Improcedencia de la acción de tutela frente a particulares. a) Problema jurídico. En el caso sometido a revisión, el peticionario dirige la acción de tutela contra unos particulares, quienes vienen desde hace algún tiempo arrojando la basura que producen los hornos de quemar cal de su propiedad a la calle, lo que le han ocasionado perjuicios materiales, consistentes en la afectación de cercas y alambres, el entorpecimiento del paso de los transeuntes y la apertura de grandes huecos que utilizan para cargar los camiones con calle. Pretende entonces, que se ordene a las autoridades locales efectuar el traslado del recolector de basura a un sitio adecuado. b) Acción de Tutela frente a particulares. Según el artículo 86, inciso 5º de la Constitución Política, “la ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”. Así pues, la acción de tutela procede no solamente contra autoridades públicas -artículo 86, inciso 1o de la CP.- sino también contra particulares cuando por la acción u omisión de éstos se cause agravio o amenaza a los derechos constitucionales fundamentales de una persona. A diferencia de lo que ocurre en relación con las autoridades, según lo dispuesto por el artículo 86 de la Carta, la ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. En desarrollo de esa disposición, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, dispone los eventos en los cuales la acción de tutela procede contra acciones u omisiones de particulares, a saber: a) Cuando aquél contra quien se interpone estén encargadas de la prestación de un servicio público (numerales 1o, 2o y 3o); b) Cuando respecto de ellas el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión (numerales 4o y 9o); c) Cuando aquél contra se hubiere hecho la solicitud, viole o amenace violar el artículo 17 de la Constitución o cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del hábeas data o cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas (numerales 5o, 6o y 7o), y d) Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas. c) Improcedencia de la tutela en el caso que se examina. Con fundamento en las causales señaladas en la Constitución y la ley para la procedencia de la tutela frente a particulares, debe examinar la Corte si el caso que se revisa se encuentra dentro de alguno de los supuestos allí enumerados. Es decir, si la situación en que se encuentra el accionante respecto de los accionados, es susceptible del amparo a través de la tutela. Es evidente para la Sala, que en el presente asunto los sujetos pasivos de la acción de tutela no están encargados de la prestación de un servicio público; que sus conductas no afectan en forma grave y directa el interés colectivo y por último, que el actor no se halla respecto de los accionados en estado de subordinación o indefensión, pues de los documentos que obran en el expediente se desprende que son personas adultas que se encuentran en igualdad, y entre los cuales no existe relación de dependencia, y que además, en el caso planteado, no se presenta ausencia de medios de defensa judicial o policivos, a los que puede acudir el accionante en defensa de sus derechos. En este sentido, el peticionario puede acudir directamente ante la autoridad local -el alcalde-, con el propósito de poner en su conocimiento la situación en que se encuentra, para que este, en su calidad de representante y defensor de los intereses de la comunidad, adopte las medidas que considere pertinentes para proteger los derechos que se dicen afectados. Así pues, se confirmará la providencia que se revisa, ya que no sólo no se dan los presupuestos legales que se requieren para la procedencia de la tutela contra particulares, sino que además el accionante dispone de otros medios para defender sus derechos, y por cuanto además, ni en la demanda ni en las pruebas que obran en el expediente se pudo advertir la existencia de perjuicio irremediable, que permitiese el ejercicio de la acción en forma transitoria. En conclusión, observa la Sala que el peticionario confunde los alcances y la naturaleza de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política, con los alcances y la naturaleza de otras acciones y procedimientos judiciales previstos en el ordenamiento jurídico, como vías ordinarias y directas para la protección de derechos personales y reales o de contenido civil; en este sentido, también debe indicar la Corte Constitucional que la acción de tutela no puede ser propuesta con fines indemnizatorios ni de reparación en las relaciones entre particulares, pues para ello están previstas las vías judiciales ordinarias, las que no pueden ser sustituídas por este procedimiento preferente y sumario. En consecuencia, el peticionario equivoca la vía para la obtención de los fines propuestos, razón por la cual no es procedente conceder la tutela reclamada, como así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia. IV. DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION R E S U E L V E : PRIMERO.   Confirmar el fallo proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Nobsa, Boyacá, el 1° de febrero de 1995, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Líbrense por la Secretaría General de la Corte Constitucional, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO   FABIO MORON DIAZ Magistrado                                 Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-162-95 Sentencia No Sentencia No. T-162/95 ACCION DE TUTELA-Abuso No necesita la Corte extenderse en consideraciones relativas a la abierta improcedencia de la acción instaurada, pues basta repasar la narración del propio accionante para persuadirse de que éste, en inaudito y reprochable comportamiento, pretendió que los jueces entraran a resolver problemas cotidianos completamente baladíes, surgidos por diferencias menores entre él y su vecino, obstruyendo la administración de justicia y llevando hasta el ridículo una acción que, por su especial objeto -la protección de los derechos fundamentales- es altamente respetable y debe ser usada únicamente dentro de los términos constitucionales y para los fines que la Carta Política estableció. Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-43964 Acción de tutela instaurada por JUDAEL VILLALOBOS contra BERNARDO ANTONIO GONZALEZ BUITRAGO Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995). I. INFORMACION PRELIMINAR La acción de tutela fue instaurada por JUDAEL VILLALOBOS contra BERNARDO ANTONIO GONZALEZ BUITRAGO, alegando que éste ha realizado encuestas en el sector donde ambos residen, con el fin de crear al accionante y a su familia una mala imagen en el barrio. Todo se originó -dijo la demanda- en que GONZALEZ quemaba desperdicios en la zona verde de su casa, afectando a su vecino con el humo, por lo cual, requerido por éste para que no prosiguiera su conducta, continuó con las quemas y, además, se dirigió a una Inspección Permanente de Policía para hacer un requerimiento sin causa contra VILLALOBOS, señalando que, si le sucedía algo, él sería el responsable. Posteriormente -añadió- GONZALEZ acusó a VILLALOBOS de escuchar música a diario y a un volumen muy alto y efectuó una especie de censo entre los vecinos sobre el particular. En la demanda se narraron otros hechos que no es del caso transcribir, relativos a constantes enfrentamientos entre los dos vecinos, se alegó amenaza contra la dignidad humana y contra la integridad física y moral del solicitante y se pidió al juez que estudiara el caso para poner fin a las actitudes del demandado. II. DECISIONES JUDICIALES El Juzgado Quinto Penal Municipal de Palmira, por medio de fallo proferido el 21 de junio de 1994, que luego fue confirmado por el Séptimo Penal de Circuito de la misma ciudad, resolvió declarar improcedente la acción de tutela, por encontrar infundados los motivos de perturbación que alegaba el accionante, ya que, según lo estimó el Juez, las conductas materializadas por GONZALEZ BUITRAGO no afectaban a VILLALOBOS, ni atentaban contra su fama y nombre en la localidad donde ambos residen. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar el fallo en referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y según el Decreto 2591 de 1991. Manifiesto abuso de la acción de tutela No necesita la Corte extenderse en consideraciones relativas a la abierta improcedencia de la acción instaurada, pues basta repasar la narración del propio accionante para persuadirse de que éste, en inaudito y reprochable comportamiento, pretendió que los jueces entraran a resolver problemas cotidianos completamente baladíes, surgidos por diferencias menores entre él y su vecino, obstruyendo la administración de justicia y llevando hasta el ridículo una acción que, por su especial objeto -la protección de los derechos fundamentales- es altamente respetable y debe ser usada únicamente dentro de los términos constitucionales y para los fines que la Carta Política estableció. Se confirmará el fallo materia de revisión. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMASE la Sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal Municipal de Palmira el 21 de junio de 1994, que denegó la tutela impetrada por JUDAEL VILLALOBOS. Segundo.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-163-95 Sentencia No Sentencia No. T-163/95 ACCION DE TUTELA-Abuso/HONORARIOS-Pago/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL A pesar de la forma explícita en que la Corte Constitucional ha señalado el sentido y los alcances de la acción de tutela, ciertas personas interesadas en decisiones que, según el sistema vigente, deben ser adoptadas en procesos ordinarios, se obstinan en instaurar acciones de tutela por causas que, sin asomo de duda, rebasan el sentido y el objeto del amparo. La indebida utilización de este excepcional instrumento perjudica en grado sumo a la administración de justicia, congestiona juzgados y tribunales, priva a muchas personas verdaderamente legitimadas de la intervención judicial que requieren y desacredita la institución, dando lugar a su permanente crítica. Resulta evidente que el peticionario pretendió obtener el pago de sus honorarios valiéndose de una acción del todo improcedente para tal fin, pues, dada su profesión, debía conocer que contaba con idóneos medios judiciales, precisamente consagrados con el indicado propósito. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-45477 Acción de tutela instaurada por GUILLERMO OYOLA HERAZO contra el Alcalde Municipal de Sahagún Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Corte Constitucional, por intermedio de su Sala Quinta de Revisión, procede a efectuar el examen de los fallos proferidos por los juzgados Promiscuo Municipal y del Circuito de Sahagún -Córdoba-, mediante los cuales se resolvió acerca del asunto en referencia. I. INFORMACION PRELIMINAR GUILLERMO OYOLA HERAZO, abogado, ejerció la acción de tutela contra el Alcalde municipal de Sahagún por considerar que la actitud de éste respecto al pago de honorarios profesionales vulneraba sus derechos fundamentales a la propiedad y a la dignidad. Según la demanda, OYOLA HERAZO fue apoderado especial del Municipio en el curso de un proceso contencioso administrativo y, en esa condición, adelantó gestiones procesales, llegando, inclusive, hasta la etapa probatoria. Le fue revocado el poder conferido y el Alcalde -dijo el accionante- se ha negado a pagarle doce millones de pesos que el Municipio le adeuda en razón del contrato de mandato. Afirmó el actor que ese dinero hacía parte de su patrimonio y que, por lo tanto, en virtud de la negativa de pago se lo estaba privando de su propiedad privada y que, con la sistemática renuencia del Alcalde, le fue desconocido su derecho a la existencia digna. Precisó que el Alcalde no había firmado el contrato de prestación de servicios profesionales, razón alegada para no pagarle, pero que él lo allegó, suscrito por su parte, en los mismos términos de los que antes había celebrado con el Municipio. Afirmó que en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá se adelantaba en su contra un proceso ejecutivo con título hipotecario por una cuantía cercana a los diez millones de pesos, adeudados a una corporación de ahorro y vivienda, por lo cual necesitaba el pago de sus honorarios. Pidió al juez de tutela que ordenara al Alcalde de Sahagún pagarle la suma en mención e intereses moratorios. También solicitó que al Alcalde o a quien hiciera sus veces se le ordenara tramitar y firmar la documentación requerida para el pago. II. DECISIONES JUDICIALES Mediante Sentencia del 3 de junio de 1994, el Juzgado Promiscuo Municipal de Sahagún resolvió no tutelar los derechos invocados por el actor, por cuanto, según expresó, aunque la administración municipal incurrió en incumplimiento por no suscribir el contrato de prestación de servicios profesionales y por no pagar unos honorarios ya ganados, ello no se puede debatir en sede de tutela. Es preciso -concluyó- que el peticionario acuda a las vías judiciales ordinarias. Dijo, además, que, pese a ser el de propiedad un derecho constitucional, no tiene la categoría de fundamental. El Fallo fue impugnado ante el superior jerárquico, pero éste, el Juez Civil del Circuito de Sahagún, se abstuvo de dar curso a la impugnación (Auto del 21 de julio de 1994), aduciendo que no se había sustentado debidamente. Interpuesto un recurso de reposición contra la providencia, el juzgado decidió confirmarla el 9 de agosto de 1994. Esta Sala de la Corte, a la cual se repartió el expediente una vez seleccionado para su revisión, por medio de auto fechado el 19 de octubre de 1994, aplicando reiterada jurisprudencia, declaró sin valor ni efecto las providencias en mención y ordenó al Juzgado Civil de Circuito de Sahagún resolver de fondo sobre la impugnación presentada. Vuelto el expediente al juez de segunda instancia, éste profirió Sentencia el 7 de diciembre de 1994, confirmando la impugnada, con apoyo en las mismas razones que expuso el juez de primer grado. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar las providencias mencionadas, según lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y con arreglo a las normas del Decreto 2591 de 1991. Palmaria improcedencia de la tutela. Indebido uso de la acción No estaban descaminados los jueces de instancia cuando negaron la tutela al abogado Guillermo Oyola Herazo, cuyo desconocimiento de los más elementales principios constitucionales lo llevó a incoar una acción a todas luces llamada a fracasar. Es suficiente, para los fines de demostrar la evidente equivocación del peticionario, hacer memoria sobre las terminantes expresiones usadas por el Constituyente al definir que "esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable" (Artículo 86 C.P. Subraya la Corte). Desde su primera Sentencia de revisión constitucional la Corte dejó en claro el carácter supletorio de la acción de tutela, que no fue ideada como procedimiento de universal aplicación encaminado a reemplazar el sistema jurídico ordinario: "...la acción de tutela no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el propósito claro y definido, estricto y específico, que el propio artículo 86 de la Constitución indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce". (Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 3. Sentencia 1 del 3 de abril de 1992). Posteriormente, la Sala Plena de la Corporación, mediante Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992, señaló: "...la tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria". En reciente Fallo, esta Sala tuvo oportunidad de reiterar: "...El artículo 86 de la Constitución ha sido claro al destacar que la acción de tutela es improcedente, salvo caso de perjuicio irremediable, cuando el actor dispone de otros medios judiciales para asegurar la eficacia de los derechos que estima conculcados o amenazados". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-117 del 16 de marzo de 1995). Por su naturaleza, pues, la acción prevista en el artículo 86 de la Carta está llamada a servir de medio para la eficaz protección de los derechos constitucionales fundamentales. Sin embargo, a pesar de la forma explícita en que la Corte Constitucional ha señalado el sentido y los alcances de este mecanismo, ciertas personas interesadas en decisiones que, según el sistema vigente, deben ser adoptadas en procesos ordinarios, se obstinan en instaurar acciones de tutela por causas que, sin asomo de duda, rebasan el sentido y el objeto del amparo. La indebida utilización de este excepcional instrumento perjudica en grado sumo a la administración de justicia, congestiona juzgados y tribunales, priva a muchas personas verdaderamente legitimadas de la intervención judicial que requieren y desacredita la institución, dando lugar a su permanente crítica. Para la Corte Constitucional resulta muy grave que sean precisamente algunos abogados, como el firmante de la demanda objeto de examen, cuyo conocimiento sobre la normatividad aplicable a los distintos procesos sería de presumir, quienes propicien el desquiciamiento del orden jurídico con el objeto de satisfacer por la vía rápida, aunque sea inadecuada e improcedente, sus propios intereses y expectativas. Por eso, se juzga oportuno tomar un caso de las características del presente como ejemplo de los abusos en que no pueden seguir incurriendo quienes buscan la solución de sus conflictos. Lo menos que puede esperarse de un abogado es que conozca la Constitución y que sepa cuándo una acción procede y cuándo no. La sagrada misión que cumple, en cualquiera de los múltiples papeles que puede desempeñar, exige un mínimo de idoneidad profesional que le es exigible, incluso, mediante la aplicación del régimen disciplinario que le corresponde observar, haciéndolo pasible de sanciones por los desbordamientos que le sean imputables, en daño de la administración de justicia. En el caso sometido a estudio, resulta evidente que OYOLA HERAZO pretendió obtener el pago de sus honorarios valiéndose de una acción del todo improcedente para tal fin, pues, dada su profesión, debía conocer que contaba con idóneos medios judiciales, precisamente consagrados con el indicado propósito. Sabía también el accionante que su situación no encajaba dentro del concepto del perjuicio irremediable, ampliamente desarrollado por la jurisprudencia, y que, por lo tanto, la acción de tutela no podía prosperar en su caso ni siquiera como mecanismo transitorio. Más todavía, no se tomó la molestia de plantear esa modalidad de protección extraordinaria y prefirió pedir que, con carácter definitivo, se ordenara al Alcalde de Sahagún suscribir un contrato y pagar el monto de honorarios que él pretendía percibir y que cabalmente era objeto de una controversia trabada con la administración municipal. Quiso, entonces, sacar al juez de tutela del ámbito funcional que le es propio y hacer que se pronunciara sobre cuestiones litigiosas que no eran de su incumbencia. Afortunadamente los falladores de instancia se percataron del despropósito y negaron la protección impetrada. Se confirmarán tales fallos y se compulsarán copias de lo actuado a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que, si lo estima pertinente, investigue la conducta del abogado. DECISION Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMAR los fallos proferidos por los Juzgados Promiscuo Municipal y Civil del Circuito de Sahagún -Córdoba-, mediante los cuales se resolvió acerca de la acción instaurada por GUILLERMO OYOLA HERAZO. Segundo.- ENVIAR copia de la presente providencia y de sus antecedentes al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para los fines propios de su competencia. Tercero.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-164-95 Sentencia No Sentencia No. T-164/95 ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad No cabe en principio la acción de tutela si hay a disposición del interesado otro medio de defensa judicial siempre que éste resulte apto para la garantía cierta del derecho fundamental, es decir que no sea puramente teórico, y que su objeto sea específicamente la protección del mismo, lo cual significa que los fines que se persiguirían con la tutela puedan alcanzarse por conducto del mecanismo judicial alternativo. Si el juez ante el cual se instaura la acción de tutela encuentra configuradas esas condiciones -que se desprenden especialmente de los artículos 1º, 5º, 86 y 228 de la Constitución Política- debe negarla, a menos que establezca de manera fehaciente la inminencia de un perjuicio irremediable, evento en el cual podrá otorgarla transitoriamente mientras se adopta la resolución judicial de fondo. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-54525 Acción de tutela instaurada por VICENTA URQUIZA DE GOMEZ contra BAVARIA S.A. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisan los fallos proferidos por el Juzgado Laboral del Circuito de Girardot y por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. I. INFORMACION PRELIMINAR Narró la peticionaria que, habiendo fallecido su esposo el 19 de junio de 1993, la empresa para la cual trabajaba desde hacía más de diez años -Bavaria S.A.- no le había cancelado las prestaciones sociales, por cuanto -según afirmó el Jefe de Personal de la Compañía- tenían que ir a un juicio de sucesión. Expresó que tan sólo le pagaron lo relativo a cesantías e intereses, y ello apenas el 9 de agosto de 1994. Dijo que inclusive el auxilio funerario, que debe cancelarse a la muerte del trabajador, fue pagado únicamente el 14 de abril de 1994. II. DECISIONES JUDICIALES El Tribunal Laboral del Circuito de Girardot, mediante Fallo del 7 de septiembre de 1994, resolvió declarar improcedente la acción de tutela, por cuanto, a su juicio, la solicitante cuenta con otros mecanismos judiciales para hacer efectivo el pago de los dineros que no se le han entregado. Podía señaló- iniciar el juicio de sucesión del causante y dar el aviso correspondiente a Bavaria S.A., Cervecería de Girardot, para que le pague a la sucesión. Impugnada la Sentencia, fue revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca (Fallo del 16 de noviembre de 1994). Se concedió la tutela, ordenando a Bavaria S.A., -Cervecería de Girardot- que en cuarenta y ocho horas cancelara a la solicitante las sumas que no le había pagado por concepto del trabajo extra, las vacaciones, la prima de servicios, la de navidad, la de vacaciones y la de antigüedad, que se adeudaban a su cónyuge fallecido. Manifestó el Tribunal que ciertos derechos, no obstante hacer parte de la herencia, tienen, por disposiciones especiales, un tratamiento diferente al común y la ley autoriza su entrega directa, por fuera del proceso de sucesión. El patrono -agregó-, de conformidad con las disposiciones sustantivas pertinentes, puede entregarle directamente a los herederos del trabajador que fallece, previo el cumplimiento de ciertos requisitos, las remuneraciones causadas por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, el seguro de vida, los gastos de entierro del trabajador, la pensión de jubilación y el auxilio de cesantía cuando su monto no excede de 50 veces el salario mínimo mensual más alto. Puede afirmarse -afirmó la Sentencia- que, excepto la limitante existente para el auxilio de cesantía, "el legislador quiso que los créditos laborales se le paguen directamente a los herederos del trabajador sin necesidad de acudir al proceso de sucesión". De lo dicho se concluye -terminó diciendo- que las acciones judiciales con que cuenta la petente (juicio de ordinario, proceso ejecutivo y proceso de sucesión) son mecanismos subsidiarios al pago directo, a los herederos, de las acreencias laborales devengadas por el trabajador fallecido. El Tribunal estimó violados los artículos 2 y 53 de la Constitución Política y aseguró que la conducta asumida por el Jefe de Personal de Bavaria S.A. -Cervecería de Girardot- ha afectado en forma grave a la incoante y a sus hijos, pues, en sus actuales circunstancias, requiere de ese dinero para atender su subsistencia y sus necesidades básicas, derechos que, tratándose de menores, también son fundamentales conforme al artículo 44 de la Carta. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia Esta Corte es competente para revisar las aludidas Sentencias, según lo disponen los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991. Improcedencia de la acción de tutela para solicitar que se ordene el pago de prestaciones sociales Una vez más debe reiterarse que la acción de tutela no es un medio idóneo cuando se instaura con miras a alcanzar objetivos para los cuales el ordenamiento jurídico ha señalado otros mecanismos o procedimientos. A juicio de esta Corte, el juez de tutela no puede penetrar en el ámbito propio de las cuestiones litigiosas que deben debatirse ante la jurisdicción ordinaria. Tal sería, por ejemplo, el caso de las discrepancias surgidas entre el cónyuge supérstite de un trabajador fallecido y la empresa para la cual éste laboraba, en relación con el monto de las prestaciones adeudadas o en cuanto a los procedimientos indicados para obtenerlas. En reciente providencia, esta misma Sala tuvo ocasión de señalar: "...la acción de tutela presenta, como una de sus características primordiales, la de subsidiariedad, derivada de los perentorios términos del artículo 86 de la Carta. Ella consiste en que, salvo el caso de un perjuicio irremediable que se haga preciso contrarrestar mediante una tutela transitoria, no puede demandarse esta especial forma de protección judicial cuando, dentro del sistema jurídico, han sido previstos otros medios de defensa cuya utilización ante los jueces tenga por objeto el mismo asunto". "...no cabe en principio la acción de tutela si hay a disposición del interesado otro medio de defensa judicial siempre que éste resulte apto para la garantía cierta del derecho fundamental, es decir que no sea puramente teórico, y que su objeto sea específicamente la protección del mismo, lo cual significa que los fines que se persiguirían con la tutela puedan alcanzarse por conducto del mecanismo judicial alternativo. Si el juez ante el cual se instaura la acción de tutela encuentra configuradas esas condiciones -que se desprenden especialmente de los artículos 1º, 5º, 86 y 228 de la Constitución Política- debe negarla, a menos que establezca de manera fehaciente la inminencia de un perjuicio irremediable, evento en el cual podrá otorgarla transitoriamente mientras se adopta la resolución judicial de fondo". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Quinta de Revisión. Sentencia T-022 del 1º de febrero de 1995). Posteriormente la Corte, en Fallo T-135 del 27 de marzo de 1995, señaló que cuando la tutela no está encaminada a obtener protección judicial por posible desconocimiento de derechos fundamentales, o por su amenaza, sino que busca, contra lo dispuesto en la Constitución y pese a la copiosa jurisprudencia sobre el tema, sustituir los procedimientos ordinarios para que, en el término de diez días y por una vía inapropiada, sea forzada una persona o entidad a resolver favorablemente las pretensiones laborales del interesado, debe ser negada, en cuanto impropia e improcedente, en los términos del artículo 86 de la Constitución. Como en oportunidades anteriores lo ha dicho la Corte, la protección constitucional no podría otorgarse tampoco como mecanismo transitorio, por cuanto al hacerlo se produciría el pago y, entonces, la eventual decisión que adoptara el juez ordinario resultaría completamente inocua frente a situaciones creadas. En Sentencia T-117 del 16 de marzo de 1995, la Sala Quinta de Revisión lo ha consignado en los siguientes términos: "...la improcedencia de la acción en tales materias es absoluta, pues no podría prosperar ni siquiera como mecanismo transitorio, en cuanto esta modalidad de protección constitucional parte del supuesto de que se reserva al juez competente la decisión definitiva en el punto objeto de controversia, siendo claro que, en el caso de un eventual fallo final en contra de la trabajadora, éste carecería de sentido, o cuando menos de aplicación práctica, una vez desembolsadas las sumas reclamadas". Desde luego, ya creada la situación individual y concreta del pago, recibido de buena fe por el trabajador o beneficiario y efectuada la liquidación por la propia empresa demandada en relación con los derechos laborales que a aquél correspondían, la revocación de la tutela otorgada por un juez de la República no puede implicar la devolución de lo que se adeudaba y fue cancelado. Tal revocación apenas tendría efectos en el caso de que el pago no se hubiere producido, pues entonces el peticionario deberá ejercer las acciones ordinarias para el logro de sus objetivos. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- REVOCAR la Sentencia proferida el 16 de noviembre de 1994 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca, por cuanto no cabía la acción de tutela instaurada. Segunda.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-165-95 Sentencia No Sentencia No. T-165/95 DERECHO A LA VIDA-Protección Siempre que la vida humana se vea afectada, en su núcleo esencial, mediante lesión o amenaza inminente y grave, el Estado social deberá proteger de inmediato al afectado, a quien le reconoce su dimensión inviolable. Así el orden jurídico total se encuentra al servicio de la persona,  que es el fin del derecho. Con mayor razón debe ser prevalente tratándose de la vida de un niño. _DERECHO A LA VIDA DEL NIÑO-Prevalencia Es, pues, por la indefensión del menor que sus derechos prevalecen, es decir, que se les anticipa la protección, dado el inmenso valor social y moral  que el Estado reconoce en la niñez. Cuando un menor se encuentra en estado de extrema necesidad, obviamente actuará en su favor el Estado, y más aún cuando aquella situación que padece amenaza grave e inminentemente su proceso vital, de suerte que de no actuar, la muerte se hace próxima e irreversible. DERECHO A LA SALUD DEL NIÑO-Prevalencia/DERECHOS FUNDAMENTALES-Núcleo Esencial El derecho a la salud  en cuanto derivado necesario del derecho a la vida, es un derecho fundamental, y un medio indispensable para que ésta sea digna. Referido a los niños es pues, un derecho prevalente y por tanto incondicional. El Estado tiene, en desarrollo de la función protectora que le es esencial, el deber irrenunciable e incondicional de amparar la salud de los niños, dentro del límite de su capacidad protectora. Se trata de un derecho prevalente, incondicional, limitado y de protección inmediata cuando se amenaza o vulnera su núcleo esencial. Por núcleo esencial de un derecho fundamental, ha entendido la Corte la esencia misma del bien jurídico protegido. DERECHO A LA SALUD DEL NIÑO-Atención médica en el exterior Debe ser acogida la pretensión de la peticionaria, teniendo en cuenta la extrema gravedad de su situación, que encuadra en el estado de extrema necesidad vital. Sinembargo, en casos como éstos debe constatarse primero si los tratamientos adecuados pueden realizarse en el país, y si ello es así, debe remitirse al paciente a los centros nacionales, con el fin de no incurrir en erogaciones excesivamente cuantiosas y en medios extraordinarios en relación con la capacidad protectora del Estado. En cuanto al caso sub lite, como se evidenció, no puede ser satisfecho plenamente con los recursos de que se dispone en Colombia, según el concepto autorizado arriba transcrito. Es por ello que, accediendo a la petición de la actora, esta Corporación procederá a tutelar el derecho a la salud de la menor. Ref: Expediente T- 62994 Peticionaria: Carolina Urina Jassir Procedencia: Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D.C. Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Temas: Derechos a la salud  del menor. Santafé de Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el proceso de tutela radicado bajo el número T- 62994, adelantado por la menor Carolina Urina Jassir, en contra del Instituto de Seguros Sociales. I. ANTECEDENTES De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la Sentencia correspondiente. 1. Solicitud La menor Carolina Urina Jassir interpuso ante el Juzgado Tercero de Familia de Santafé de Bogotá D.C., acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales, con el fin de que se le ampararan sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la salud y a la seguridad social, consagrados en los artículos 11 y 44 de la Constitución Política. La solicitud presentada por la menor Urina Jassir fue coadyuvada por la procuradora primera en lo judicial -asuntos de familia-. 2. Hechos Afirma la peticionaria que hace aproximadamente dos años y ocho meses,  los médicos del Hospital San Ignacio de Santafé de Bogotá D.C., le diagnosticaron una leucemia linfoblástica aguda. Dice que en el mes de agosto de 1994 sufrió una recaída en su enfermedad, razón por la cual fue remitida por la seccional del Instituto de Seguros Sociales del Atlántico a la seccional Bogotá de dicha entidad, con el fin de que se le practicara un trasplante de médula ósea; así, y siguiendo los procedimientos establecidos para tal efecto, dice que el día 21 de octubre de 1994 elevó la correspondiente solicitud ante la demandada, con el fin de obtener la autorización para el trasplante. "El Comité Médico de Trasplantes de la Clínica San Pedro Claver -afirma- y posteriormente el Comité ad-hoc de remisiones al exterior, conceptuaron que debía realizarse a la mayor brevedad posible un trasplante alogénico de médula ósea en el exterior por no contar el país con la tecnología para realizar una irradiación corporal total que me garantice mi curación completa (...) La subgerencia de Salud de la seccional de Cundinamarca del ISS aprobó lo anterior y lo remitió a la oficina principal en el CAN. (...) Al llegar este caso a la Oficina Jurídica del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el día 15 de noviembre del presente año, no se ha continuado con el procedimiento , produciéndose con esta demora un atentado contra mi vida, debido a la urgencia del tratamiento." Según la accionante, la demora se ha debido a que a su padre le faltan por cotizar algunas semanas, requisito necesario para obtener la remisión al exterior. Manifiesta que su padre ha cotizado (hasta la fecha de presentación de la acción de tutela) un total de ciento seis (106) semanas al Instituto de Seguros Sociales, pero que anteriormente había cotizado un total de doscientas setenta y dos (272) semanas a la Caja Nacional de Previsión, las cuales deben ser sumadas, ya que "según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, esta sumatoria se puede realizar porque ambas instituciones son organismos del Estado, ya que se establece en esta ley un sistema único de seguridad social.", lo cual, a su juicio, sería suficiente para que se ordenara su remisión al exterior. Además, sostiene que el artículo 164 de la Ley 100 de 1993 "rebajó las semanas de cotización en estos casos a a un máximo de cien (100) semanas". Finalmente afirma que debido a la dilación por parte del Instituto de Seguros Sociales en el trámite de su caso, se ha visto obligada a recibir tratamientos quimioterapéuticos en la Unidad de Hemato-Oncología del Hospital San Ignacio, lo cual, debido a su estado, considera como "paliativos y que tienen efectos secundarios importantes." 3. Pretensiones Solicita la accionante que se ordene al Instituto de Seguros Sociales su remisión al exterior, con el fin de que se le practique el trasplante de médula ósea que requiere. II. ACTUACION PROCESAL 1. Primera instancia Mediante auto de fecha primero (1o.) de diciembre de 1994, el Juzgado Tercero de Familia de Santafé de Bogotá D.C., asumió el conocimiento de la presente acción de tutela, y decretó y recolectó las pruebas que a continuación se relacionan: A. Declaración del señor Miguel Alberto Urina Triana El declarante, quien manifestó ser el padre de la menor  peticionaria, ratificó los hechos expuestos en el escrito de tutela y además señaló que, en caso de ordenarse el envío de su hija al exterior, sería atendida en un hospital sin ánimo de lucro, y que, según el diagnóstico de un doctor de apellido Vaugham, con el trasplante de médula ósea se lograría la total curación de la menor, razón por la cual dicha operación debe realizarse lo más pronto posible. B. Diagnóstico clínico de Carolina Urina Jassir, elaborado por el médico Andrés Forero Torres El día 25 de octubre de 1995, el médico Andrés Forero Torres, tras hacer un diagnóstico clínico de la situación de su paciente, consideró que "es muy importante considerar en este momento su situación , pues como bien es conocido por la experiencia mundial con estos niños, el chance de entrar en remisión nuevamente con quimioterapia convencional es muy alto; sin embargo casi todos estos niños luego de entrar en segunda remisión entran en una segunda recaída en término muy corto de tiempo y es en esta recaída, en general refractaria a tratamiento, lo que lleva a la muerte del paciente en corto tiempo. Por esta razón, el único chance que queda para estos pacientes de una curación real, una vez recaen, es la de llevarlos a transplante alogénico (de donante) de médula ósea." Igualmente afirma que ha adelantado gestiones en la Universidad de Alabama, donde ya se conoce el caso y existe un concepto favorable para el transplante que requiere. C. Acta de fecha 26 de octubre de 1994, del Comité de Remisiones al Exterior del Instituto de Seguros Sociales En dicha acta consta que el  Comité de Remisiones al Exterior del Instituto de Seguros Sociales rindió concepto favorable para la remisión de la  peticionaria al exterior con el fin de que se le realizara un trasplante de médula ósea, "lo cual requiere de una irradiación corporal total previa al transplante propuesto, y que estos tratamientos no se pueden realizar en el país, como tampoco la dosificación de sangre de cordón umbilical." Del mismo modo consta en el acta en comento que "de acuerdo con concepto de los doctores Robert Castleberry y Peter Emanuel del Departamento Médico -División de Hemiología y Oncología- de la Escuela de Medicina The University of Alabama of Birmingham, se consideró a la paciente para trasplante alogénico de médula ósea", razón por la cual recomendaron que la remisión se hiciera al mencionado centro médico. D. Oficio de fecha 6 de diciembre de 1994, remitido por el vicepresidente IPS (encargado) del Instituto de Seguros Sociales De acuerdo con lo manifestado por el vicepresidente IPS (encargado) del Instituto de Seguros Sociales, el trámite a seguir por parte del ISS para la remisión de pacientes al extranjero se encuentra reglamentado en la Ley 20 de 1987 y en los decretos reglamentarios 1307 de 1988 y 237 de 1989, que aportó al presente proceso. De otra parte, sostiene que, de acuerdo con la historia laboral del señor Miguel Urina Triana, padre de la menor, éste, a la fecha, únicamente ha cotizado ciento siete (107) semanas; "para el efecto se aclara que es requisito sine qua non, para tener derecho a la remisión al exterior de un beneficiario del ISS, que el afiliado haya cotizado al Instituto un mínimo de ciento cincuenta semanas, en cualquier tiempo, de conformidad con lo establecido de manera expresa en el artículo 1o. del Decreto 237/89, modificatorio del numeral 3o. del artículo 2o. del Decreto 1307/88..." Igualmente afirma que en el caso del señor Urina Triana, no se puede realizar la sumatoria de las semanas cotizadas al ISS con las semanas cotizadas a la Caja de Previsión Social, ya que, de acuerdo con la Ley 100 de 1993, esta sumatoria sólo es permitida para el caso de pensiones. El vicepresidente IPS (encargado) del Instituto de Seguros Sociales aportó copia del memorando de fecha 15 de noviembre de 1994, en el cual la Dirección Jurídica Nacional -Coordinación Seguros- de dicha entidad corrobora lo aquí afirmado. 2. Fallo de primera instancia Mediante providencia de fecha 12 de diciembre de 1994, el Juzgado Tercero de Familia de Santafé de Bogotá D.C., resolvió tutelar los derechos fundamentales a la vida, la salud y la seguridad social de la menor Carolina Urina Jassir; en consecuencia, ordenó al Director general del Instituto de Seguros Sociales que, dentro del término de 48 horas, procederá a efectuar todos los trámites y las respectivas apropiaciones presupuestales para que se remitiera a la menor al exterior, a una institución que se considerara adecuada para realizarle el tratamiento que requiere. El fallo fue sustentado en el argumento de la prevalencia de los derechos de los niños, así como en la especial protección que se les debe brindar. Mediante memorial presentado el día 15 de diciembre de 1994, la apoderada especial del ISS impugnó la decisión del a-quo, argumentando que su representada se rige por unas leyes y reglamentos que, como en el presente caso, no pueden ser ignorados; así, afirma que el afiliado no cumple con el requisito de haber cotizado las ciento cincuenta semanas que exige el artículo 2o. del Decreto 237 de 1987 para la eventual remisión al exterior. 3. Segunda instancia Mediante providencia de fecha 6 de febrero de 1995, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá resolvió, revocar la Sentencia de fecha 12 de diciembre de 1994, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad, y en su lugar denegó la acción de tutela interpusta por la menor Carolina Urina Jassir Consideró el Tribunal que "no obstante que el Instituto de Seguros Sociales, a través de sus directivos, no habían hecho un pronunciamiento acerca de la viabilidad de la remisión al exterior de la menor, el Juzgado Tercero (3o.) de Familia de esta ciudad procedió a tutelar los derechos que se mencionaban como vulnerados, cuando no existía por lo menos hasta ese momento, decisión alguna oficial sobre el particular." Así, afirmó el ad-quem que el juez de tutela no puede reemplazar a la administración en las decisiones de su competencia y que "sólo una vez, la misma, tome una determinación en uno u otro sentido podría predicarse la violación de los derechos fundamentales alegados". III. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución Política y 31 a 36 del decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia. 2. Pruebas decretadas por la Sala Novena de Revisión. Mediante auto de fecha seis (6) de marzo de 1995, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional ordenó oficiar al director del Instituto Colombiano de Seguros Sociales para que informara si se había tomado una decisión definitiva sobre la remisión al exterior de la menor Carolina Urina Jassir, con el fin de que se le realizara el trasplante requerido. En respuesta a la anterior solicitud, la Directora Jurídica Nacional de la accionada, mediante oficio 0977 de 10 de marzo de 1995, informó lo siguiente: "El ISS, dando cumplimiento a lo dispuesto en Sentencia dictada con fecha 12 de diciembre de 1994, por el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad, mediante resolución No. 5061, del 14 de los mismos mes y año, autorizó la remisión para tratamiento médico - quirúrgico, al Hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham (USA), de la derechohabiente CAROLINA URINA JASSIR, en su calidad de hija del afiliado MIGUEL URINA TRIANA, a fin de que se le practicara un trasplante alogénico de médula ósea, previa irradadiación total. "Además, la citada resolución ordenó reconocerle al afiliado MIGUEL URINA TRIANA, un anticipo en pesos colombianos, equivalentes a US$ 125,000.oo y suministrarle el pasaje aéreo para la menor URINA JASSIR, ida y regreso de Santafé de Bogotá - Birmingham - Santafé de Bogotá y adoptó otras determinaciones concernientes a este caso. "Consecuentes con lo anterior y luego de efectuados los trámites administrativos pertinentes, al señor MIGUEL URINA TRIANA, padre de CAROLINA, el ISS le hizo entrega decla suma de 104.061.250,oo, por concepto del anticipo antes mencionado, al igual que del pasaje aéreo TKT AA 001 6838230621-22, expedido por la Agencia de Viajes LANSEMAR LTDA." (...) "Con anterioridad a lo expuesto, el 12 de diciembre de 1994, el ISS emitió la resolución No. 5039, en la cual quedó establecido que en razón a que el afiliado MIGUEL URINA TRIANA no reunía los requisitos exigidos por las normas legales que regían la materia, se negaba la solicitud de remisión de la derechohabiente CAROLINA, a la ciudad de Birmingham (USA)." Al oficio en comento, la funcionaria aportó los siguientes documentos: -Copia de la resolución No. 5061 de 14 de diciembre de 1994, mediante la cual el ISS dió cumplimiento al fallo de primera instancia. -Orden de pago No. 0000007229 del 15 de diciembre de 1994, por valor de 104.061.250 pesos por concepto de anticipo para los gastos médicos en el exterior de Carolina Urina Jassir. -Factura de compraventa No. 41681 del 20 de diciembre de 1994, correspondiente al tiquete aéreo Bogotá - Birmingham - Bogotá, expedido por la agencia de viajes y turismo LANSEMAR LTDA, en favor de Carolina Urina Jassir. - Copia de la resolución No. 5039 de 12 de diciembre de 1994, mediante la cual el ISS negó la remisión al exterior a la accionante. Posteriormente, esta Sala de Revisión consideró pertinente oficiar al Instituto Nacional de Cancerología, con el fin de que informara si dicha entidad, o cualquier otra institución en el país, cuenta con los recursos técnicos y científicos para practicar el trasplante requerido por la menor Carolina Urina.  En igual sentido se ofició al ISS, entidad a la cual se le solicitó adicionalmente que informara si en la actualidad el señor Miguel Urina Triana reúne los requisitos legales para que su hija sea remitida al exterior para que se le practique la cirujía que requiere. En cumplimiento a lo solicitado, se allegaron al presente proceso los siguientes documentos: - Oficio 200 de 16 de marzo de 1995, suscrito por el director del Instituto Nacional de Cancerología, mediante el cual informa que, ni la entidad a su cargo, ni ninguna otra institución médica del país cuenta con los recursos técnicos y científicos para practicar un trasplante de médula ósea, previa irradiación corporal total al paciente que padece una leucemia linfoblástica aguda, con recaída al sistema nervioso central y a médula. - Oficio de fecha 17 de marzo de 1995, remitido por la Directora Jurídica Nacional del Instituto de Seguros Sociales, mediante el cual afirma que en el país no existe una entidad que cuente con los recursos técnicos y científicos para practicar un trasplante de médula ósea, previa irradiación corporal total al paciente que padece una leucemia linfoblástica aguda, con recaída al sistema nervioso central y a médula. Igualmente afirmó que en la actualidad el señor Miguel Urina Triana ha cotizado un total de 123 semanas, razón por la cual no reúne el requisito exigido para que el Instituto pueda autorizar la remisión al exterior de su hija Carolina; finalmente aseguró que " si tomamos en cuenta el nuevo Sistema de Seguridad Social, introducido a partir de la Ley 100 de 1993, encontramos que éste no contempla la remisión de pacientes al exterior." 3.  La materia 3.1  El Estado y la sociedad deben proteger de manera inmediata el derecho a la vida El Estado social de derecho no se limita a garantizar, mediante un reconocimiento formal, el derecho a la vida, sino que lo promociona, protege y hace todo lo que esté a su alcance para lograr su efectividad. La doctrina humanista y social que inspira a la Carta Política es la dignidad de la vida humana, la cual se hace efectiva en los derechos fundamentales y en la solidaridad del hombre dentro de la sociedad; dicha concepción se hace realidad en la aplicación de la justicia distributiva por parte del Estado, que determina su acción de acuerdo con las necesidades sociales y personales. Esa es la razón por la cual el Estado colombiano se fundamenta en la dignidad de la persona, es decir, en el merecimiento ontológico de ésta, con base en la racionalidad. ¿Hasta dónde llega la capacidad protectora del Estado? Como nadie está obligado a lo imposible, es obvio que la acción protectora del Estado debe estar en consonancia con sus capacidades reales de acción, ya que el mundo jurídico se fundamenta en la realidad y opera de acuerdo con ella. Es así como resulta impropio pretender acciones extralimitadas por parte de un Estado que, ontológicamente, no puede rebasar los límites de su propia potencia. El Estado tiene su razón de ser en la protección de la vida humana y debe proyectar su función en aras de una más justa calidad de vida. La Constitución encabeza su listado de derechos fundamentales con la inviolabilidad del derecho a la vida, lo cual implica que sobre este derecho descansan todos los demás y que, en virtud de ello, se protege incondicionalmente. La universalidad de este derecho implica su validez en todo tiempo y lugar y su incondicionalidad, la efectividad debida siempre al ser humano en lo referente a su mismo ser. Siempre que la vida humana se vea afectada, en su núcleo esencial, mediante lesión o amenaza inminente y grave, el Estado social deberá proteger de inmediato al afectado, a quien le reconoce su dimensión inviolable. Así el orden jurídico total se encuentra al servicio de la persona,  que es el fin del derecho. Si entonces, el derecho a la vida aparece como el primero de los derechos fundamentales y, por ello, debe gozar de la protección del Estado y de la sociedad, con mayor razón debe ser prevalente tratándose de la vida de un niño. 3.2  Derecho prevalente de los niños En el ordenamiento constitucional colombiano, (artículo 44) se consagra, en efecto, la prevalencia de los derechos el menor. La razón de ser del precepto constitucional citado está en directa armonía con el artículo 13 de la Carta, que prevé especiales cuidados "a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta". Es, pues, por la indefensión del menor que sus derechos prevalecen, es decir, que se les anticipa la protección, dado el inmenso valor social y moral  que el Estado reconoce en la niñez. Cuando un menor se encuentra en estado de extrema necesidad, obviamente actuará en su favor el Estado, y más aún cuando aquella situación que padece amenaza grave e inminentemente su proceso vital, de suerte que de no actuar, la muerte se hace próxima e irreversible. Lo que sería imperdonable es que el Estado dejara de cumplir con su deber de poner los medios adecuados, y a su alcance, para socorrer a un menor en estado de extrema necesidad vital, pues si toda persona de conformidad con el artículo 95-2 tiene la obligación de "obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas" (negrillas fuera del texto original), con mayor razón el Estado que, según Kelsen, es la personificación del orden jurídico total. 4.  El derecho de los niños a la salud El derecho a la salud  en cuanto derivado necesario del derecho a la vida, es un derecho fundamental, y un medio indispensable para que ésta sea digna. Referido a los niños es pues, un derecho prevalente y por tanto incondicional. El Estado tiene, en desarrollo de la función protectora que le es esencial, el deber irrenunciable e incondicional de amparar la salud de los niños, dentro del límite de su capacidad protectora. No hay que pretender que el Estado se obligue más allá de sus capacidades, porque equivaldría a obligarlo a lo imposible, lo cual es jurídicamente inaceptable, ya que lo imposible no tiene objeto jurídico definido. Por tanto, el derecho fundamental a la salud de los niños, tiene, unos requisitos esenciales que no se pueden soslayar. Se trata de un derecho prevalente, incondicional, limitado y de protección inmediata cuando se amenaza o vulnera su núcleo esencial. Prevalente, porque dada la indefensión en que se encuentran los niños, el Estado, mediante una protección especial, tiende a suplir esa deficiencia. Ese es el sentido del artículo 13 superior, cuando establece que el Estado brindará especial protección a las personas que se encuentren en estado de indefensión por su debilidad manifiesta. De este modo, cuando la Carta Política señala en el artículo 44 que el derecho de los niños es prevalente, de una u otra manera está compensando, equitativamente, a los débiles, con lo cual se reafirma la justicia social que inspira el ordenamiento constitucional colombiano. Incondicional, porque es un enunciado categórico, no hipotético. Como es un deber irrenunciable, se traduce en un derecho incondicional, es decir, siempre válido, y, por ende, con perpetua vocación de eficacia. No hay, pues, argumento que justifique la no actuación del Estado ante la enfermedad grave de un infante desprotegido. Una de las características del Estado Social de Derecho es, sin duda, que no se limita a reconocer los derechos fundamentales, sino que tiende a hacerlos eficaces. Protección inmediata por cuanto se amenaza o vulnera el núcleo esencial. Esto quiere decir que ante la gravedad que para el Estado representa la lesión del derecho fundamental de un infante, o su amenaza, tiene que ampararse inmediatamente al sujeto, no sólo en virtud de su indefensión, sino por el interés especial que recae sobre los niños, por múltiples factores, como son la esperanza que se tiene en ellos, y porque la mayor inversión que puede hacer un Estado es en el fortalecimiento de su material humano, sobre todo en su infancia y su juventud. Por núcleo esencial de un derecho fundamental, ha entendido la Corte la esencia misma del bien jurídico protegido. Así, por ejemplo, el núcleo esencial del derecho a la salud son las facultades orgánicas y funcionales del ser humano, necesarias para vivir. Es decir, el mínimo de condiciones de bienestar que se requieren en la vida, en el sentido de la existencia biológica, y por extensión la espiritual, aunque esta última hace referencia ya al derecho al libre desarrollo de la personalidad en un aspecto más directo. 5.  El caso concreto Con base en los argumentos antes expuestos y dados los hechos que obran en el expediente, encuentra la Sala que debe haber una protección inmediata y razonable a la menor Carolina Urina Jassir, por varios motivos de orden constitucional y legal. Desde el punto de vista de la normatividad superior, se tiene que el derecho a la vida de la menor prevalece y es inviolable (Arts. 11 y 44 C.P.), que existe la obligación de la asistencia humanitaria  por parte de toda persona (Art. 95-2), que en este caso la seguridad social se le debe a la  niña como derecho fundamental (Art. 44 C.P.), y que el Estado protege especialmente a los débiles (Art. 13 C.P.). Lo anterior a todas luces, amerita la protección inmediata de las autoridades, para que brinde el auxilio, debido en justicia, a que haya lugar. Ahora bien, desde el punto de vista legal, el caso sub lite se enmarca dentro de lo previsto en el artículo 164 de la Ley 100 de 1993, que estipula en su inciso segundo: "El acceso a la prestación de algunos servicios de alto costo para personas que se afilien al sistema podrá estar sujeto a períodos mínimos de cotización que en ningún caso podrá exceder 100 semanas de afiliación al sistema, de las cuales 26 semanas deberán haber sido pagadas en el último año (...)". Así las cosas, resaltan varios aspectos que son importantes para la Sala. En primer lugar, el padre de la menor cuenta con más de 100 semanas de cotización; en segundo lugar, ha pagado más de 26 semanas en el último año: y, finalmente, según el artículo 228 superior, prima lo substancial, en este caso, el derecho fundamental prevalente de la menor, que no puede dejar de protegerse so pretexto de un requisito netamente formal, cuando hay formas jurídicas adecuadas a su situación, como la estipulada en el artículo 164 inciso segundo de la Ley 100 de 1993, que es el más favorable. Obran en el expediente el documento expedido por el Comité de Remisiones al Exterior, del 25 de octubre de 1994, en el cual se lee que "los resultados de los exámenes paraclínicos y del estado actual de evolución de la paciente en referencia, quien padece leucemia linfocilca (sic) aguda está acorde con los procedimientos arriba mencionados, los cuales no se pueden realizar en el país por carencia de recursos técnicos adecuados" (Folio 86 del expediente), y los conceptos pedidos, para el caso, por la Sala, al Instituto de Cancerología y al Seguro Social, que reafirman que en Colombia no puede realizarse la intervención médica adecuada a las necesidades de la menor. En consecuencia, esta Sala considera que debe ser acogida la pretensión de la peticionaria, teniendo en cuenta la extrema gravedad de su situación, que encuadra en el estado de extrema necesidad vital. Sinembargo, en casos como éstos debe constatarse primero si los tratamientos adecuados pueden realizarse en el país, y si ello es así, debe remitirse al paciente a los centros nacionales, con el fin de no incurrir en erogaciones excesivamente cuantiosas y en medios extraordinarios en relación con la capacidad protectora del Estado. En cuanto al caso sub lite, como se evidenció, no puede ser satisfecho plenamente con los recursos de que se dispone en Colombia, según el concepto autorizado arriba transcrito. Es por ello que, accediendo a la petición de la actora, esta Corporación procederá a tutelar el derecho a la salud de la menor Carolina Urina Jassir. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión  de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero:  REVOCAR la Sentencia del doce (12) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., y en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la vida, la salud y la seguridad social de la menor CAROLINA URINA JASSIR. En consecuencia, se confirma el fallo de primera instancia, en virtud del cual la citada menor deberá ser enviada al exterior, para que se realice el transplante de médula ósea que requiere. Segundo:  ORDENAR copia de esta Sentencia al Director del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales con el fin de que acceda a las pretensiones de la peticionaria. Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado Ponente JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-171-95 Sentencia No Sentencia No. T-171/95 DERECHO A LA PROPIEDAD/ACCION DE TUTELA-Improcedencia/INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA-Compra de predio El derecho a la propiedad no es en sí mismo un derecho fundamental, se requiere que otros derechos, consagrados como tales resulten afectados directamente con la vulneración del derecho a la propiedad para que proceda la tutela, y no se dan esos supuestos en el caso que la Sala revisa. Es claro que no se ha vulnerado ni amenazado ningún derecho fundamental al peticionario y, por tanto, la acción de tutela no es procedente. CONDENA EN PERJUICIOS-Improcedencia La condena en perjuicios no es procedente cuando se concede la acción de tutela como mecanismo transitorio. Es lógico pensar  que si existe un mecanismo alterno para proteger los derechos fundamentales, existe también un procedimiento alternativo para obtener la reparación de los perjuicios causados. Además la tutela no es una acción de resarcimiento en estricto sentido, debido a que la valoración que se hace no versa sobre la tasación de un perjuicio; lo que se pretende es garantizar el goce del derecho fundamental conculcado o amenazado. PRUEBAS EN TUTELA La acción de tutela, a pesar de ser un procedimiento sumario, no faculta al juez para fallar sin contar con el suficiente respaldo probatorio, ni lo exime de aceptar solicitar o decretar las pruebas pertinentes. DERECHO DE RANGO LEGAL/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL La Corte encuentra que en el proceso iniciado por el peticionario, no hubo violación o amenaza a los derechos fundamentales del actor, y éste ya hizo uso de los medios judiciales ordinarios para salvaguardar el derecho de rango legal que le fué conculcado; por tanto, no es del caso otorgarle la tutela que solicitó. REF.:  Expediente Número T-47602 Acción de tutela en contra de la Corporación Autónoma Regional del Cauca - C.V.C. - y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - INCORA -. DEMANDANTE: JUAN BAUTISTA SANCHEZ GARCIA. TEMAS: - Inexistencia de violación de derechos fundamentales - Tutela como mecanismo transitorio y la condena en perjuicios. - Pruebas en el trámite de la tutela. -Existencia de otros medios judiciales de defensa. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS GAVIRIA DIAZ. Santafé de Bogotá D.C., (24) veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria Díaz, éste último en calidad de ponente, procede a dictar Sentencia en el grado jurisdiccional de revisión, teniendo en cuenta lo siguiente: Juan Bautista Sánchez García, a través de su apoderado, interpuso acción de tutela en contra de la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.V.C. y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - INCORA-  por los siguientes : 1.  HECHOS - El Solicitante posee un predio rural ubicado en el corregimiento Las Piedras, Municipio de Popayán. El inmueble esta situado dentro de la cuenca del río Las Piedras, que surte de agua al municipio de Popayán. - La finca ha sido objeto de invasiones, daños y tala de bosques, presuntamente por parte de indígenas pertenecientes al vecino cabildo de Quintana, quienes pretenden que el INCORA les adjudique el terreno. - Señala el actor que la C.V.C. tiene  la obligación legal de ejercer un control directo en la conservación y adecuación de tierras en el sector; pese a ello, se ha limitado a pasar revista, pero sin tomar medidas conducentes a evitar el perjuicio. - El 25 de junio de 1992 el INCORA le envió una nota al demandante, indicándole que el Instituto podía adquirir dicho inmueble, sin que a la fecha se haya producido un ofrecimiento concreto. Por estos hechos, el demandante considera vulnerado el principio fundamental consagrado en el art. 8 de la Constitución, y sus derechos a la igualdad (art. 13), de petición (art. 23), de propiedad (art. 58) y a la libertad económica (art. 333). 2.  PETICION Juan Bautista Sánchez García solicita en su demanda: 1). Ordenar a la C.V.C. tomar las medidas necesarias para evitar la tala de bosques y proceder a reforestar las áreas devastadas. Igualmente que se le condene en costas y perjuicios por incumplir con el deber legal que le compete. 2). Ordenar al INCORA que defina la adquisición del predio, y que se le condene  también a pagar las costas y los perjuicios. 3. FALLOS DE INSTANCIA 3.1. Fallo del Juzgado Primero Civil del Circuito de Popayán Para resolver, el Juzgado Primero descartó la vulneración del derecho a la igualdad, pues no encontró diferencia alguna entre las circunstancias de Sánchez García y los demás propietarios de la región. Tampoco reconoció que se hubiera vulnerado el derecho de petición del actor, por que las entidades demandadas absolvieron oportunamente sus solicitudes. Además, declaró que ni la C.V.C. ni el INCORA conculcaron el derecho de dominio de Sánchez García, ni tienen como función garantizarlo. En cambio, el juzgado del conocimiento indicó que la tala indiscriminada de árboles vulnera el derecho colectivo al ambiente sano, y quienes la practicaron en la finca del demandante vulneraron también su derecho a la propiedad. Concluyó el Juzgado Primero Civil del Circuito tutelando los derechos a la salud y a la propiedad, y ordenando para lograr su efectividad: 1.) A la C.V.C., tomar medidas tendientes a evitar la tala de bosques, sancionando a los responsables, y reforestar las áreas devastadas en coordinación con los miembros del cabildo indígena y la Fundación Pro - Cuenca del Río Las Piedras. 2.) Al INCORA, estudiar la posibilidad de adquirir el predio de Sánchez García, previa oferta de éste. 3.) No accedió a condenar a la indemnización de perjuicios, pues las entidades demandadas no son responsables directas del daño causado, y el actor cuenta con otros medios de defensa judicial para lograr que se le indemnice. 3.2. Fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán. Indica el Tribunal que pese a disponer el actor de acciones administrativas, civiles y policivas, se concede la tutela debido a la lentitud de éstos medios judiciales. Estima conveniente la protección de los derechos a la propiedad, la salud, de petición y al medio ambiente, y  ordena a las entidades demandadas  que, en un plazo de 4 meses, elaboren el estatuto de conservación de tierras de la cuenca hidrográfica del río Las Piedras. Condena en costas y a indemnizar los perjuicios causados por la tala de bosques, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de Decreto 2591 de 1991. 4. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 4.1. COMPETENCIA Es competente esta Sala para adelantar la revisión de  los fallos proferidos por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Popayán y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 inciso 2, y 241 numeral 9 de la Carta Política, en concordancia con los artículos 33  y 34 del Decreto 2591 de 1991. 4.2.  INEXISTENCIA DE VULNERACION O AMENAZA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. El objeto de la acción de tutela, regulado en el Decreto 2591/91, es la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por una acción u omisión de autoridad pública o un particular en los casos que señala el precitado decreto. El juez de primera instancia argumenta que la protección del medio ambiente cuenta con las acciones populares consagradas en el artículo 88 de la Constitución, pero que, en este caso, procede la tutela, porque el peticionario acreditó que con el daño causado al medio ambiente se afectan sus derechos fundamentales. Al respecto el a-quo señaló en su providencia: " ...que por la misma causa de perturbación de esas riquezas naturales como es la tala indiscriminada en la finca de su propiedad, de los árboles de roble que preservan la cuenca hidrográfica del río las piedras, que surte de agua al Acueducto Municipal de la ciudad de Popayán, se está afectando o amenazando de modo directo no solo su derecho a la propiedad, que se considera fundamental, sino también de manera indirecta su derecho a la salud, al verse afrontando junto con la comunidad de esta ciudad, a soportar un posible racionamiento o falta de agua potable, como elemento indispensable para la subsistencia " (folio 93). Aunque es indudable que la tala del bosque y la quema de los árboles para obtener carbón, afectan el ecosistema de la vertiente del río Las Piedras en la que se encuentra la finca del demandante, las pruebas que obran en el expediente sólo permiten afirmar que se violó el derecho colectivo al ambiente y el de dominio, pero no el derecho a la salud como lo afirman los fallos de instancia. Al demandante no se le practicó un examen médico legal, ni él afirma padecer quebranto de salud alguno debido a los hechos que se juzgan. Tampoco existe prueba de que la tala haya ocasionado escasez de agua en la finca Las Piedras y, aunque así fuera, el señor Sánchez García no sería afectado por ella, ya que no reside allí. Según el mapa que obra a folio 23, sólo en dos sitios del inmueble se ha detectado la destrucción del bosque, y ella, aún presentandose en toda el área de la heredad, dificilmente afectaría la provisión de agua de Popayán. Pero, si asi fuera, la salud del actor tampoco sufriría, ya que esta probado que el reside en Cali. No es entonces de recibo para esta Sala la relación de causalidad en la que los falladores de instancia basaron su juicio sobre la violación o amenaza al derecho a la salud del actor. El derecho a la propiedad, fue entendido  como fundamental por la Corte Constitucional  en Sentencia T - 506 /  92 con ponencia del Dr. Ciro Angarita Barón en los siguientes términos: "Los derechos fundamentales que son aplicables de manera indirecta son aquellos derechos económicos sociales o culturales, que se encuentran en una estrecha relación de conexidad con los derechos fundamentales de aplicación directa. Este tipo de aplicación es resultado de la necesidad de establecer una ponderación de las circunstancias de cada caso concreto y ello, a su vez, se deriva de su naturaleza de derechos que suponen un tratamiento desigual con el fin de lograr cierta  igualdad material". "La propiedad es un derecho económico y social a la vez. En consecuencia, la posibilidad de considerarlo como derecho fundamental depende de las circunstancias específicas  de su ejercicio. De aquí se concluye que tal carácter  no puede ser definido en abstracto, sino en cada caso concreto. Sin embargo, esto no significa que tal definición pueda hacerse de manera arbitraria. A la hora de definir el carácter de derecho fundamental de la propiedad en un caso concreto, el juez de tutela debe tener como criterio de referencia a la Constitución misma y no simplemente al conjunto de normas inferiores que definen sus condiciones de validez. Esto significa que, en su interpretación, el juez de tutela debe mirar el caso concreto  bajo la óptica de los principios, valores y derechos constitucionales, de tal manera que ellos sean respetados". "Sólo en el evento en que ocurra una violación del derecho a la propiedad que conlleve para su titular un desconocimiento evidente de los principios y valores constitucionales que consagran el derecho a la vida, a la dignidad y a la igualdad, la propiedad adquiere naturaleza de derecho fundamental y, en consecuencia, procede la acción de tutela. Dicho en otros términos, la propiedad debe ser considerada como un derecho fundamental, siempre que ella se encuentre vinculada de tal manera al mantenimiento de unas condiciones materiales de existencia, que su desconocimiento afecte el derecho a la igualdad  y a llevar una vida digna." Se concluye que el derecho a la propiedad no es en sí mismo un derecho fundamental, se requiere que otros derechos, consagrados como tales resulten afectados directamente con la vulneración del derecho a la propiedad para que proceda la tutela, y no se dan esos supuestos en el caso que la Sala revisa. Con los hechos acreditados durante el proceso, no se violaron los derechos fundamentales del señor Sánchez García, aunque ciertamente se afectó el ambiente y se vulneró la propiedad.     ¿ Constituyen esos hechos una amenaza a los derechos fundamentales del actor, que haga procedente la tutela? Al respecto, la Corte ha señalado lo siguiente: "La amenaza a un derecho constitucional fundamental tiene múltiples expresiones: puede estar referida a las circunstancias específicas de una persona respecto al ejercicio de aquel; a la existencia de signos positivos e inequívocos sobre el designio adoptado por un sujeto capaz de ejecutar actos que configuren la violación del derecho; o estar representada en el desafío de alguien (tentativa), con repercusión directa sobre el derecho de que se trata; también puede estar constituida por actos no deliberados pero que, atendiendo a sus características, llevan al juez de tutela al convencimiento de que si él no actúa mediante una orden, impidiendo que tal comportamiento continúe, se producirá la violación del derecho; igualmente pueden corresponder a una omisión de la autoridad cuya prolongación en el tiempo permite que aparezca o se acreciente un riesgo; también es factible   que  se   configure  por  la existencia  de  una  norma  -autorización o mandato- contraria a la preceptiva constitucional, cuya aplicación efectiva en el caso concreto sería en sí misma un ataque o un desconocimiento de los derechos fundamentales. En este último evento, la utilización del artículo 86 de la Carta se cristaliza en la inaplicación del mandato o autorización inconstitucional en el caso particular, con arreglo al artículo 4º de la Carta, siempre y cuando se cumpla el requisito de la incompatibilidad entre los dos preceptos". ( Corte Constitucional. Sala Quinta de revisión. Sentencia T - 349 de agosto 27 de 1993). Teniendo en cuenta esas precisiones, hay que señalar que la tala puede seguirse presentando en la finca Las Piedras, y los derechos fundamentales del actor no están ni estarían gravemente amenazados. Desvirtuados los argumentos de los jueces de instancia, es claro que no se ha vulnerado ni amenazado ningún derecho fundamental al peticionario y, por tanto, la acción de tutela no es procedente. 4.3.  LA TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO Y LA CONDENA EN PERJUICIOS. Glosando el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, estima la Corte que la conducta del demandado - por acción u omisión - debe reunir los siguientes requisitos para que sea procedente la condena al pago de perjuicios: 1.) Que el afectado no disponga de otros medios judiciales de defensa. Ello significa que el solicitante carece de un medio de defensa judicial para que le sea indemnizado el perjuicio, en términos de permitirle el goce del derecho constitucional conculcado. 2.) Que la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria. Esta conducta, aparte de tener  las características enunciadas, se predicará de la persona o entidad demandada. Se infiere que el juez constitucional debe precisar y determinar quién es el responsable del acto que vulnera o amenaza vulnerar los derechos constitucionales del actor. 3.) Que sólo cobije el daño emergente, entendido éste como el bien económico que salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Aplicando estas pautas al caso, se encuentra que el a-quo concedió la tutela en forma definitiva, el ad-quem confirmó dicho numeral de la Sentencia de primera instancia, pero en la parte considerativa del fallo del Tribunal, el amparo se concede en forma transitoria por los siguientes apartes: " b. Es posible que el actor tenga no solo acciones administrativas sino también civiles y policivas para proteger su derecho...." ".... Esto, como mecanismo transitorio y mientras se ejercen las acciones pertinentes o del afectado, ejercicio de ellas que no podrá ser superior al término de 4 meses". La condena en perjuicios no es procedente cuando se concede la acción de tutela como mecanismo transitorio. Es lógico pensar  que si existe un mecanismo alterno para proteger los derechos fundamentales, existe también un procedimiento alternativo para obtener la reparación de los perjuicios causados. Además la tutela no es una acción de resarcimiento en estricto sentido, debido a que la valoración que se hace no versa sobre la tasación de un perjuicio; lo que se pretende es garantizar el goce del derecho fundamental conculcado o amenazado. Así, en el caso  del señor Sánchez García no procede la condena a indemnizar los perjuicios causados porque, aún existiendo éstos, no son atribuibles a las entidades demandadas, y como no se configuró la violación o amenaza de un derecho fundamental, ello hace improcedente la acción. 4.4. PRUEBAS EN EL TRAMITE DE LA ACCION DE TUTELA El artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 hace referencia al trámite de la impugnación en los siguientes términos: " Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente". "El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión." Según el artículo citado, el juez de segunda instancia puede revocar o confirmar el fallo. No se puede revocar total o parcialmente una Sentencia, ni confirmarla, sin el debido sustento probatorio. La acción de tutela, a pesar de ser un procedimiento sumario, no faculta al juez para fallar sin contar con el suficiente respaldo probatorio, ni lo exime de aceptar solicitar o decretar las pruebas pertinentes. La Corte Constitucional se ha manifestado al respecto, por ejemplo en la Sentencia T .321 de 1993 de esta misma Sala en los siguientes términos: El juez de tutela, como cualquier otro juez de la república, está sujeto a las mismas reglas que rigen la práctica, valoración y apreciación de las pruebas en los demás procesos. Lo que ocurre es que en los procesos de tutela, no está sujeto a los estrictos y precisos límites fijados en la ley para cada uno de ellos, como al cumplimiento de las exigencias formales allí establecidas, de manera que una vez obtenidos todos los elementos de juicio que considere suficientes para definir el caso, sin recurrir a averiguaciones innecesarias, impertinentes e inconducentes, puede proceder a tutelar el derecho o denegar la petición, sin exceder los límites temporales fijados por la Constitución y la ley. De otra parte, obsérvese que el legislador al reglamentar esta acción, autoriza al juez para cumplir una serie de actividades, precisamente tendientes a verificar la ocurrencia real de los hechos que dieron lugar a la presunta infracción del derecho fundamental invocado, y es así como en el artículo 19 del decreto 2591 de 1991, expresa que el juez de tutela puede "requerir informes al órgano o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud" y pedir "el expediente administrativo o la documentación donde consten los antecedentes del asunto"; y el artículo 20 autoriza resolver de plano la petición de tutela, cuando el informe que se solicite a la autoridad "no fuere rendido dentro del plazo correspondiente", con la consecuencia de que se "tendrán por ciertos los hechos, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa." La Sala llama la atención al Juzgado Primero Civil del Circuito y a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, por la notoria discordancia que se presenta en este caso, entre lo que aparece probado en el expediente y lo resuelto en los fallos de instancia. La acción de tutela es una viá procesal bastante informal, pero en ningún caso es o puede tomarse como excusa para desatender las pruebas, sin importar lo loable que pueda considerarse la orden que se imparta ignorando lo probatoriamente establecido. 4.5.  EXISTENCIA DE OTRO MEDIO JUDICIAL DE DEFENSA Una de las causales de improcedencia de la acción de tutela consagradas en el Decreto 2591/91, es la existencia de otro medio judicial de defensa. Para este caso, el petente cuenta con la acción consagrada en el Código Penal, por la actuación tipificada en el artículo 370 como daño en bien ajeno. A folios 13 y 33 del expediente, figuran dos denuncias presentadas por el actor a través de su apoderado el 23 de abril de 1991 y el 21 de mayo de 1992 respectivamente. Así la Corte encuentra que en el proceso iniciado por el señor Sánchez García, no hubo violación o amenaza a los derechos fundamentales del actor, y éste ya hizo uso de los medios judiciales ordinarios para salvaguardar el derecho de rango legal que le fué conculcado; por tanto, no es del caso otorgarle la tutela que solicitó. Igualmente la Ley 99 de 1993, en sus artículos 83 y 84 contempla las sanciones para quienes infrinjan normas protectoras del medio ambiente. Este articulado consagra una acción autónoma que busca   proteger los recursos naturales, tal acción policiva especial también está a disposición del actor. 6.  DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO:  REVOCAR el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popaýan - Sala Civil - el seis (6) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) SEGUNDO:   NEGAR la acción de tutela interpuesta por  Juan Bautista Sánchez García contra de la Corporación Autónoma regional del Cauca C.V.C. y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - INCORA-. Cópiese, notifíquese, comuníquese,  cúmplase e insértese en la gaceta de la  Corte Constitucional. CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-172-95 Sentencia No Sentencia No. T-172/95 DERECHO A LA POSESION-No fundamental/PROCESO REIVINDICATORIO/VIA DE HECHO-Inexistencia/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL El hecho de que una persona se comporte como señor y dueño de un bien, sea o no de su propiedad, lo reconoce la ley colombiana como generador de consecuencias jurídicas y lo protege bajo la denominación de posesión; pero, no es uno de los derechos consagrados por el Constituyente de 1991 como fundamental. La promotora de la presente acción de tutela contaba con el proceso ordinario reinvindicatorio para atender a la defensa del derecho que pretendió reclamar ante el Inspector de Policía. La acción de tutela no puede usarse por el demandante, o por el juez que conozca de ella, para pretermitir los otros mecanismos de defensa judicial que la ley pone a disposición del actor. Ref.: Expediente No. T-52357 Acción de tutela contra el Inspector Primero Civil de Policía de Cúcuta por la presunta violación de la posesión. Temas: La posesión no es un derecho fundamental. Inexistencia de una vía de hecho. Existencia de otro mecanismo de defensa judicial. Suplantación del juez del conocimiento. Actor: Nancy Luna Quiroz Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz Santafé de Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1.995). La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria Díaz, este último en calidad de ponente, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN, procede a dictar Sentencia en el proceso de tutela radicado bajo el número T-52357. ANTECEDENTES 1. HECHOS. El 28 de marzo de 1.994, Maritza Leonor Pérez Ramírez, obrando como incidentalista dentro de la investigación preliminar adelantada por la Fiscalía 263405, Unidad Previa y Permanente de Cúcuta, se trasladó en compañía del Fiscal, el Personero en lo Penal y un Técnico Judicial, hasta un predio de su propiedad ubicado en la Diagonal Santander No. 5E-24, Urbanización Rosetal, Manzana ´E´. Al llegar al lote, se encontraron con que estaba abierta la puerta y en su interior se encontró a la señora Nelly Sarmiento de Aguilar, “...quien manifestó que se encontraba en el lugar desde hace 8 días contados en hacia atrás (sic) desde la fecha de la diligencia, en calidad de ocupante y como cuidandera por orden del señor Henry Pardo y de la señora que es dueña del lote de nombre Nancy; aclarando de igual forma que allí no está pagando nada por ningún concepto” (folio 41). Con base en esos hechos, Maritza Leonor Pérez Ramírez, a través de apoderado instauró una querella por ocupación de hecho el 18 de abril de 1.994 (folios 40 a 50). La Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta admitió la querella, reconoció personería a la apoderada de la querellante, y decretó “...el lanzamiento de todas las personas que se encuentran en el inmueble...”, comisionando para llevarlo a cabo al Inspector Primero Civil de Policía (folios 51 a 58). El 14 de junio de 1.994 se inició la diligencia de lanzamiento y durante su realización, se hizo presente la señora Nancy Luna Quiroz, quien adujo ser la propietaria del inmueble y por medio de apoderado planteó su oposición a la realización del lanzamiento, solicitando que se recibiera testimonio a varias personas. El Inspector, luégo de escuchar a los testigos y a los apoderados, decidió suspender la diligencia y citar a las partes para continuarla el día siguiente (folios 2 a 7). El 15 de junio, el Inspector Primero Civil decidió culminar la diligencia, a pesar de la petición del apoderado de la opositora, y ordenó el lanzamiento de los ocupantes del predio, dejando constancia de las mejoras encontradas. El 12 de agosto de 1.994, Nancy Luna Quiroz presentó demanda de tutela en contra del Inspector Primero Civil de Policía de San José de Cúcuta, aduciendo que éste había incurrido en una vía de hecho durante la diligencia de lanzamiento, y solicitando protección para su posesión. 2. PRIMERA INSTANCIA. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cúcuta conoció del proceso, ordenó practicar las pruebas que consideró pertinentes, se abstuvo de citar a Maritza Leonor Pérez Ramírez en calidad de interviniente, y decidió (el 26 de agosto), denegar la protección solicitada por la señora Luna Quiroz para su posesión, con base en la consideración siguiente: “Evidentemente, conforme lo planteado por la petente para fundamentar la acción de tutela y las pruebas allegadas al plenario, se infiere sin mayor hesitación que nos encontramos frente a un litigio judicial donde se discute la propiedad del inmueble frente a la posesión del mismo y en estas circunstancias la acción de tutela no es viable, ya que no es un mecanismo que sea factible de elegir a discreción del interesado, en éste caso propietario, para esquivar de un modo específico el procedimiento que ha regulado la ley, que prevalece sobre aquella. En otros términos, es la acción ordinaria la que debe ejercer la petente para hacer valer su derecho de propiedad, ya que no hay concurrencia entre los hechos en que se fundamenta con la viabilidad de la acción de tutela” (folio 91). “Por tanto y conforme lo anterior es necesario ubicar la acción de tutela dentro del contexto y alcance que le corresponde para evitar la desviación de su naturaleza y la distorsión de sus fines. Fué concebida como una forma eficiente de brindar protección judicial a los derechos fundamentales frente a amenazas y violaciones concretas no susceptibles de ser contrarrestadas mediante el uso de otro procedimiento que se intente ante los jueces. Luego, la acción de tutela no subsume ni sustituye el sistema jurídico ni puede hacerse uso de ella para dirimir conflictos entre particulares, cuando existen precisamente con ese objeto, acciones y procesos definidos por la ley” (folio 92). 3. IMPUGNACIÓN. El apoderado de la demandante impugnó la decisión de primera instancia, aduciendo las siguientes razones: Ante la Alcaldía “no se surtió ningún proceso de lanzamiento por ocupación de hecho... se trata de un procedimiento breve y sumario en el que el supuesto ocupante no tiene otra oportunidad de ser oído que la misma diligencia de lanzamiento, cuya decisión final no tiene recurso alguno” (folio 98). El amparo se solicita para la posesión y no para la propiedad, como parece haberlo entendido el Despacho. “...no cabe duda que obligar a mi mandante a enfrentar un debate sobre la propiedad es obligarla a trasladarse a terrenos muy diferentes y mucho más exigentes, en un proceso cuyo resultado puede calificarse de aleatorio, frente a la situación privilegiada que tenía” (folio 99). 4. SEGUNDA INSTANCIA. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Son José de Cúcuta, Sala Civil, conoció de la impugnación, no decretó pruebas, y tampoco citó a Maritza Leonor Pérez Ramírez como interviniente. El 21 de octubre de 1.994 decidió revocar la Sentencia impugnada, tutelar la posesión de Nancy Luna Quiroz, ordenarle al Inspector Primero Civil de Policía de Cúcuta restituír a la demandante en la posesión del predio objeto de litigio y remitir copias a la Fiscalía, a fin de que se investigara la posible comisión de un ilícito. Consideró la Sala Civil del Tribunal Superior de Cúcuta: “El procurador judicial de la peticionaria hace hincapié en su solicitud, que la señora Maritza Leonor Pérez Ramírez ya había vendido dichos terrenos, lo que de por sí era suficiente para fallarse en su contra, es decir, no hacer efectiva la solicitud elevada, por carecer de interés para obrar” (folio 124). Pasa la Sala Civil a examinar el certificado de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para concluír que las señoras Nancy Luna Quiroz y Carmen Yolanda Carrillo son las propietarias y, por eso, Maritza Leonor Pérez Ramírez no tenía la posesión del lote. “De bulto se observa el grosso (sic) error en que incurrió el señor Inspector, cuando vulneró manifiestamente el debido proceso, pues pese a haber ejercido una oposición con plenitud de las formalidades legales, realizó un análisis sin sustento jurídico alguno que le indujo a rechazar esa oposición”. “Este acto violatorio de todos los principios elementales del derecho de defensa, constituye elemental transgresión del artículo 29 de la Constitución Nacional, atinente al debido proceso, que implica que la actuación deba ser realizada con las formalidades propias del juicio a que es sometido (sic) una persona”. “Por estas simples razones, es palmar (sic) la ruda agresión de los derechos de la opositora Nancy Luna Quiroz, quien quedó inerme con la decisión adoptada por el señor Inspector, pues no existía otro medio a su alcance en esa situación, para la defensa de sus derechos” (folio 127). “Considera la Sala que esa manifiesta y obstencible (sic) violación de sus derechos por parte del Inspector, no puede traducirse en un castigo que deba soportar la opositora en esa diligencia, como producto de la falta de análisis del caso sometido a estudio del Inspector que adelantó la diligencia”. “Por estas rezones, lo congruente y justo es reconocer la violación de los derechos en cabeza de la peticionaria de la tutela Nancy Luna Quiroz, cuando fue despojada de la posesión material que tenía sobre el bien, mediante vías de hecho, produciendo claramente la violación del debido proceso” (folio 128). CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. COMPETENCIA. El 5 de diciembre de 1.994, la Sala de Selección de Tutelas Número Once decidió excluír de revisión el expediente No. T-52357; sin embargo, la Sala de Selección Número Uno escogió el proceso y lo repartió, por sorteo, a la Sala Cuarta de Revisión (folios 151 a 157). 2. IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA. En el proceso que se revisa, la acción de tutela no procede porque: 1) la posesión no es un derecho fundamental; 2) A juicio de la Corte, no existió vía de hecho en el trámite de la querella que originó el presente proceso; 3) la actora contaba con otro mecanismo judicial de defensa y no existía perjuicio irremediable; y 4) existiendo otro mecanismo judicial de defensa, no es procedente que el juez de tutela suplante al juez ordinario. 2.1. La posesión. El hecho de que una persona se comporte como señor y dueño de un bien, sea o no de su propiedad, lo reconoce la ley colombiana como generador de consecuencias jurídicas y lo protege bajo la denominación de posesión, en las normas del Título VII del Código Civil; pero, no es uno de los derechos consagrados por el Constituyente de 1.991 como fundamental, así algún sector de los doctrinantes la hayan considerado como tal. La posesión, como la propiedad, goza de la garantía estipulada en el artículo 58 de la Carta Política; pero ello no es suficiente para que proceda la acción interpuesta. Si bien es cierto que en algunos casos se ha otorgado la tutela a quien reclama protección para su posesión (véase la Sentencia T-174 adoptada por esta Sala de Revisión el 5 de mayo de 1.993), en ninguno de esos casos se tuteló la posesión misma, sino el derecho al debido proceso u otro de los fundamentales, con cuya violación indirectamente se afectaba a aquella. En el caso de la señora Luna Quiroz, no existe la vía de hecho a la que alude el fallo de segunda instancia, como se verá en el aparte siguiente, ni hay prueba o alegato sobre la vulneración de ningún otro derecho fundamental; por tanto, la acción de tutela es improcedente. 2.2. Inexistencia de una vía de hecho. En el caso que se revisa, el asunto constitucional se circunscribe a decidir si un inspector de policía, a quien se comisiona para llevar a cabo una diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, incurre en una vía de hecho si durante esa diligencia se presenta una oposición y él, luégo de valorar las pruebas del opositor, decide no atender a su solicitud de suspender la actuación. A juicio de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cúcuta, el Inspector Primero sí incurrió en una vía de hecho al desatender “...una oposición con plenitud de las formalidades legales” respaldada por dos testigos. Para la Corte, la actuación administrativa se inició cuando el Alcalde de Cúcuta comisionó al Inspector Primero de Policía para que diera cumplida aplicación a los artículos 15 de la Ley 57 de 1.905 y 6 a 15 del Decreto 992 de 1.930. En cumplimiento de esa misión, el Inspector fijó en el inmueble el aviso de la diligencia (art. 6, D.992/30, folio 60), y llegado el día de practicar ésta, le dió inicio en horas hábiles (art. 12, D. 992/30),  atendió debidamente a la oposición presentada por Nancy Luna Quiroz, reconoció personería a su representante judicial, le permitió presentar documentos y testigos, preguntar y objetar preguntas de la contraparte, alegar en pro de los intereses de su cliente, y le recibió un memorial que consideró al decidir. Al continuar con la diligencia el día siguiente, expuso cuál era su valoración de las pruebas que obran en el expediente, y cuáles los fundamentos para concluír la diligencia ordenando el lanzamiento, haciendo entrega del bien, tal como lo ordenó el Alcalde, y dejando a las partes en libertad de acudir ante el juez civil para dirimir sus diferencias sobre el derecho de propiedad. Por parte alguna aparece, pues, la vía de hecho. No puede decirse que el Inspector Primero haya incurrido en tal irregularidad por decidir en contra de lo solicitado en “...una oposición con plenitud de las formalidades legales”, como lo pretende el Tribunal de Cúcuta, porque toda oposición atendible en una diligencia como la que realizó, ha de cumplir con la plenitud de las formas legales para ser tenida en cuenta, y eso no significa que necesariamente hayan de acogerse las pretensiones del opositor al decidir. Si el comisionado encuentra, como ocurrió en este caso, que el título exhibido no justifica la permanencia del querellado en el bien, entonces así debe decidirlo y completar el lanzamiento que le fue encomendado. Eso fue lo que encontró y decidió el Inspector Primero en la diligencia objeto de la acción porque, a su juicio, el título de Nancy Luna Quiroz no era conducente a acreditar la posesión sino el dominio, y porque aún siendo la señora Luna Quiroz propietaria del inmueble, le era oponible la pacífica y pública posesión del inmueble desde el 11 de abril de 1.989, que Maritza Leonor Pérez Ramírez probó sumariamente al presentar la querella (folios 45 a 48). Tampoco encontró el Inspector Primero que los testimonios aportados por la parte opositora tuvieran la virtud de justificar la presencia de los querellados en el inmueble. La señora Nelly Sarmiento de Aguilar, quien esperaba que una vez terminara de acondicionar el predio se le diera en arriendo, confirmó lo manifestado al Fiscal: que se encontraba en el bien como tenedora a nombre del señor Enrique (Henry) Pardo y una señora de nombre Nancy, desde el veinte de marzo de 1.994; todo lo cual concuerda con los hechos aducidos en la demanda de querella (folios 2 a 10, 40 a 42, y 49-50). El señor Belisario Barreto fué impreciso y contradictorio en su dicho, no logrando “...demostrar feacientemente (sic) la posesión de la señora Nancy Luna y al no determinarse claramente la tenencia de la señora Nelly Sarmiento de Aguilar ni tampoco justificarsen las actuaciones del señor Henry Pardo...” (folio 9) En cambio, el Inspector sí habría incurrido en una vía de hecho, si hubiera procedido como lo hizo la Sala Civil del Tribunal Superior de Cúcuta, entrando a decidir cuál de las partes en conflicto era la titular del derecho de dominio, para inferir de esa conclusión a quién le correspondía la posesión sobre el bien. El Inspector encontró que dos presuntos propietarios disputaban la posesión de un inmueble, que uno de ellos probó que era poseedor hasta que el otro le perturbó su ejercicio, y ordenó que las cosas volvieran al estado en que estaban antes de la perturbación, hasta que el juez civil decidiera a quién correspondía el derecho. La Corte no halla en tal actuación ninguna vía de hecho y, en consecuencia, no concederá el amparo, por que es improcedente. 2.3. Existencia de otro mecanismo de defensa e inexistencia de un perjuicio irreparable. Como lo anotó el Juez Tercero Civil del Circuito en el fallo de primera instancia, la promotora de la presente acción de tutela contaba con el proceso ordinario reivindicatorio para atender a la defensa del derecho que pretendió reclamar ante el Inspector de Policía. El Tribunal Superior de Cúcuta juzgó que no era justo obligar a la señora Luna Quiroz a acudir ante la jurisdicción ordinaria para reclamar que se la restableciera en la posesión del inmueble. Sin embargo, la ley civil vigente sí considera justo que aquél que se pretende propietario de un inmueble y está privado de la posesión del mismo por otro que reclama igual derecho, deba acudir ante el juez civil a través del proceso reivindicatorio. Y el Decreto 992 de 1.930, en su artículo 15 prescribe que el titular de la acción administrativa sumaria de lanzamiento, tiene derecho a la protección policiva de su posesión, si la solicita dentro de los treinta días siguientes al momento en que tuvo conocimiento de la perturbación. A la luz de las razones y normas expuestas, el Inspector Primero Civil se atuvo en su decisión al imperio de la ley (art. 230 de la Constitución), y procede revocar la decisión del Tribunal Superior de Cúcuta, pues la tutela no procede en este caso. 2.4. Suplantación del juez del conocimiento. Como quedó establecido, el conflicto entre las presuntas propietarias del inmueble sobre el cual se realizó la diligencia de lanzamiento, debe ser dirimido por el juez civil, a través del proceso reivindicatorio. Sin embargo, en el fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Cúcuta asumió la tarea de determinar, según las pruebas aportadas en el trámite de la tutela, a quién correspondía el dominio, “...pasando por alto que en nuestro derecho civil se respeta la posesión por encima de cualquier derecho y que para perderse ésta debe ser producto de una decisión por medio de la cual se haya debatido con las formalidades propias de todo juicio, la situación en que se encuentra la persona con relación al bien” (Sentencia de segunda instancia, folio127). Actuando de esa manera, el Tribunal Superior de Cúcuta llegó a la conclusión de que la actora, Nancy Luna Quiroz, no sólo es la propietaria, sino que su título proviene de la querellante, Maritza Leonor Pérez Ramírez. A tal conclusión fue posible llegar, porque la señora Pérez Ramírez no se enteró de la acción de tutela interpuesta en contra del Inspector, y no pudo hacer efectivo el derecho de intervenir en el proceso de acuerdo con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1.991. De haber intervenido la señora Pérez Ramírez en alguna de las instancias como lo hizo en la revisión, habría aportado el oficio 1160 DAS. NOS.GIC. del 3 de marzo de 1.994, que contiene el estudio grafológico de las firmas contenidas, entre otras, en las escrituras públicas Nos. 996 de mayo 2 de 1.991 y 2713 de diciembre 20 de 1.991, que sirven de base a las conclusiones de la Sentencia de segunda instancia, las que “..son apócrifas y producto de imitación libre y creación libre” (folios 167 a 189). Para evitar llegar a extremos como el expuesto, es necesario insistir en que la acción de tutela no puede usarse por el demandante, o por el juez que conozca de ella, para pretermitir los otros mecanismos de defensa judicial que la ley pone a disposición del actor. DECISION En mérito de las consideraciones expuestas, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. Revocar en todas sus partes la Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San José de Cúcuta, Sala Civil, del 21 de octubre de 1.994. SEGUNDO. Denegar la tutela solicitada por Nancy Luna Quiroz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Ordenar al Inspector Primero Civil de Policía de San José de Cúcuta que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente Sentencia, proceda a restituír a la señora Maritza Leonor Pérez Ramírez la posesión del inmueble situado en la Diagonal Santander No. 5E-24, Manzana “E”, de la Urbanización Rosetal. CUARTO. Comunicar la presente providencia al Juzgado Tercero Civil del Circuito de San José de Cúcuta para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1.991. Comuníquese, notifíquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-173-95 Sentencia No Sentencia No. T-173/95 DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL Si bien las asociaciones sindicales defienden los intereses de los trabajadores afiliados, su papel preponderante en las relaciones obrero-patronales hace que su actuación afecte de manera decisiva el goce efectivo del derecho de todos los trabajadores (afiliados y no afiliados) a promover el mejoramiento de sus condiciones laborales. Es por esta razón por la que el ordenamiento jurídico no puede ser indiferente frente a las condiciones de funcionamiento de organizaciones de esa naturaleza, mucho más cuando está fundado en valores de participación y pluralismo. En el ejercicio de su fuero interno, un sindicato puede establecer las condiciones de funcionamiento que estime pertinentes, siempre que ellas sean compatible con los principios rectores de una sociedad democrática. LIBERTAD DE ASOCIACION SINDICAL La libertad de asociación sindical debe ser entendida no sólo en su sentido negativo tradicional, esto es, como el derecho a no ser compelido a pertenecer a un sindicato, sino también en un sentido positivo, como la posibilidad efectiva de todo trabajador de pertenecer a una organización que defienda sus intereses profecionales, con la sola condición de cumplir los requisitos estatutarios que no atenten contra el núcleo esencial del derecho de asociación sindical, haciendo ilusoria esa posibilidad.  En esta segunda acepción, el derecho fundamental consagrado en el artículo 39 de la Carta implica la prohibición para los sindicatos de impedir arbitrariamente el ingreso de trabajadores que cumplan los requisitos establecidos en sus estatutos, y la imposibilidad Jurídica de establecer en éstos condiciones de afiliación que dejen al capricho de los miembros del sindicato la aprobación de la solicitud de ingreso de nuevos afiliados. Este derecho de que gozan los trabajadores puede ser efectivamente ejercido sólo en la medida en que los estatutos sindicales establezcan condiciones de admisión razonables, que no dejen a la discreción absoluta e inmotivada de los afiliados la posibilidad de acceder a él. LIBERTAD DE TRABAJO/LIBERTAD DE ASOCIACION Cláusulas de la naturaleza de la pactada entre COMFAORIENTE y el sindicato acusado constituyen en sí mismas una limitación indebida de la libertad de los trabajadores de afiliarse o no a la organización sindical.  Otorgar un tratamiento preferencial a los empleados sindicalizados en un aspecto vital para todos los trabajadores, como lo es el de la estabilidad laboral, genera sin duda una presión sobre los no afiliados para hacer parte del sindicato, y contraría el principio de igualdad de oportunidades consagrado en el artículo 53 de la Carta. DERECHO DE AFILIACION A SINDICATOS-Requisitos El derecho de afiliación del que todo trabajador es titular, se hace efectivo sólo si es supeditado a condiciones cuya realización no depende de la voluntad de la organización sindical.  Esto no impide, sin embargo, que el sindicato pueda evaluar la conducta de los trabajadores ya afiliados y decidir la expulsión de alguno de ellos, cuando dicha medida esté fundada en motivos razonables, previstos estatutariamente y compatibles con los principios democráticos. REF.: Expedientes T-55293 y T-55388. Acción de tutela contra el Sindicato de Trabajadores de la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano (SINTRACOMFAORIENTE). Tema: -Derecho de asociación sindical -Libertad de trabajo Actores: Cruz Delina Guerrero Hernández y Eduardo Ramírez Merchán. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz. Santafé de Bogotá, D.C., abril veinticuatro (24) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, integrada por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria Díaz, este último en calidad de ponente, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION pronuncia la siguiente Sentencia en los procesos de tutela T-55293, promovido por la ciudadana Cruz Delina Guerrero Hernández contra el Sindicato de Trabajadores de la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano (SINTRACOMFAORIENTE), y T-55388, iniciado por el ciudadano Eduardo Ramírez Merchán contra la misma organización sindical. De acuerdo con el Auto de la Sala de Selección No.1, de enero 31 de 1995, los dos expedientes fueron acumulados por presentar unidad de materia. ANTECEDENTES I. EL PROCESO T-55293 A.  LA DEMANDA CRUZ DELINA GUERRERO HERNANDEZ interpuso acción de tutela el día 29 de septiembre de 1994 ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, contra el Sindicato de Trabajadores de la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano (SINTRACOMFAORIENTE), con el fin de que se protegiera su derecho de asociación sindical. De acuerdo con lo establecido en la demanda, la peticionaria había sido vinculada mediante contrato de trabajo a término indefinido, más de seis meses atrás, por la CaJa de Compensación Familiar del Oriente Colombiano (COMFAORIENTE).  Por este hecho, a su juicio, cumplía con los requisitos necesarios para afiliarse al sindicato de trabajadores de esa empresa. En consecuencia, la señora GUERRERO HERNANDEZ solicitó la afiliación al sindicato, recibiendo una respuesta negativa fundada en un primer momento (mayo 19 de 1994) en el hecho de estar pendiente la negociación del pliego de peticiones, y posteriormente (Julio 11 y septiembre 10 de 1994) en la falta de los votos necesarios por parte de los miembros de la Asamblea General del Sindicato para la aprobación de su ingreso (según el artículo 6 de los estatutos del sindicato, la Junta Directiva conceptúa sobre la nueva afiliación y somete su posición a la votación de la Asamblea General). La verdadera razón de la negativa del sindicato a permitir su ingreso es, en el sentir de la petente, el deseo de los trabajadores ya afiliados de cerrar la entrada a nuevos miembros, toda vez que de acuerdo con los términos del artículo 21 de la convención colectiva firmada entre SINTRACOMFAORIENTE y la empresa, cuando por razones técnicas o económicas ésta deba licenciar algunos de sus empleados, "el licenciamiento de personal será preferiblemente para el no sindicalizado". La renuencia del sindicato y la existencia de esta cláusula constituyen, según la actora, una amenaza no sólo contra su derecho de asociación sindical sino también contra sus derechos al trabajo y a la igualdad, especialmente en momentos en los que existen planes de fusión entre cajas de compensación de la región. Solicita la actora, en consecuencia, que al tutelar los derechos invocados, se ordene la aceptación de su solicitud de afiliación al sindicato. B-  LA SENTENCIA DE PRIMERA  INSTANCIA El 10 de octubre de 1994 el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta profirió Sentencia tutelando el derecho de asociación sindical de la señora Guerrero Hernández y ordenando la convocatoria de la Asamblea de SINTRACOMFAORIENTE dentro de los 15 días siguientes para que la solicitud de afiliación fuese aprobada. El fallador de primera instancia sustenta su decisión en dos argumentos centrales: el carácter esencial del derecho de asociación sindical, y la existencia de una disposición legal expresa que consagra el derecho de todo trabajador a afiliarse a un sindicato con la única condición de cumplir con los estatutos de éste. En cuanto a la primera razón, afirma el juez de primera instancia que, como lo estableció la Corte Constitucional en la Sentencia T-418 de Junio 19 de 1992, el derecho de asociación sindical quedó expresamente reconocido como fundamental al ser incluído en el Titulo II, Capitulo 1, de la Constitución Política.  El carácter fundamental de este derecho queda corroborado, para ese fallador, por indicación de la ley natural y por los imperativos de respeto al trabajador, de necesidad de perfeccionamiento del ser humano y de realización de otros derechos y libertades. En segundo lugar, invoca el artículo 2 de la Ley 26 de 1976, aprobatoria del Convenio 087 de la OIT, que dispone que los trabajadores tienen el derecho de afiliarse a las asociaciones sindicales con la sola condición de observar los estatutos de éstas.  Igualmente, el artículo 358 del Código Sustantivo del Trabajo establece qua los sindicatos son asociaciones de libre ingreso y retiro de los trabajadores. C. LA IMPUGNACION DE SINTRACOMFAORIENTE Dentro del término establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, William Agudelo Parada, Presidente de SINTRACOMFAORIENTE, impugnó el fallo de primera instancia, aduciendo la existencia de normas legales expresas que otorgan a los sindicatos la facultad de establecer su organización interna y los requisitos de admisión de afiliados, así como el seguimiento estricto de los estatutos que se dio en el caso de la discusión del ingreso de la actora al sindicato. En efecto, según el impugnante, el artículo 382 del Código Sustantivo del Trabajo establece el derecho de toda asociación sindical de redactar libremente sus estatutos, que pueden contener, entre otros, (numeral 3) las condiciones y restricciones de admisión.  El único límite de esa facultad es el respeto a la Constitución, las leyes y las buenas costumbres, según el artículo 46 de la Ley 50 de 1990. Siendo esto así, la negativa de la Asamblea de SINTRACOMFAORIENTE frente a la solicitud de afiliación de la actora, esta ajustada a derecho.  Las reuniones de la Asamblea contaron con el quórum necesario y las votaciones se realizaron de acuerdo con lo establecido por los estatutos. En consecuencia, solicita el impugnante que se revoque el fallo de primera instancia. D- EL FALLO QUE SE REVISA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, mediante Sentencia proferida el 17 de noviembre de 1994, confirmó la Sentencia de primera instancia. Comienza la sustentación de su fallo el Tribunal, estableciendo una distinción entre el derecho de asociación general y el derecho de asociación sindical o profesional: mientras que aquél es ante todo un derecho frente al Estado, ésto lo es de una clase frente a otra. Prosigue aludiendo a la consagración del derecho de asociación sindical en el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, así como en el Preámbulo del Tratado de Versalles de la OIT y en el Convenio 84 de esta organización. Para el Tribunal, si bien es cierto que el artículo 358 del C.S.T permite que los sindicatos establezcan en sus estatutos condiciones de admisión, y que SINTRACOMFAORIENTE se ha ceñido a la letra de sus estatutos, también es cierto que no existe justificación alguna para que se le impida a la peticionaria ingresar al sindicato.  La sola invocación a la falta de la mayoría de votos necesaria, no constituye un motivo legítimo para desconocer el derecho de la actora a pertenecer al sindicato cuestionado. II. EL PROCESO T-55388 A. LA DEMANDA El 4 de noviembre de 1994, EDUARDO RAMIREZ MERCHAN acudió ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta para pedir que, por medio de Sentencia de tutela, se protegiera su derecho de asociación sindical, vulnerado por el Sindicato de Trabajadores de la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano (SINTRACOMFAORIENTE). Para sustentar dicha pretensión, el actor afirma que a pesar de haber solicitado la aprobación de su afiliación al sindicato desde el 9 de mayo de 1994, ésta fue negada en las diversas Asambleas Generales de la organización sindical.  Sólo el día 24 de octubre recibió una respuesta, en su sentir infundada, en la que se le niega la afiliación por no haber cumplido los requisitos previstos en los estatutos de SINTRACOMFAORIENTE. Tales, exigencias astatutarias (presentación de fotocopia de la cédula de ciudadanía para acreditar la mayoría de edad, certificación de trabajo de COMFAORIENTE, certificación médica de no padecer enfermedades contagiosas, observancia de buena conducta en público y en privado), son controvertidas por el peticionario, quien las considera superfluas, toda vez que la mayoría de edad es evidente, la certificación laboral y médica son innecesarias frente a compañeros de la misma empresa y, sobre todo, la certificación de buena conducta por cuenta del sindicato hace que dependa de éste el cumplimiento de un requisito necesario para la afiliación. Concluye el actor señalando que la actitud hostil del sindicato obedece, en el fondo, a la intención de los trabajadores afiliados a cerrar herméticamente el acceso a nuevos miembros, con el fin de privar a éstos de la prerrogativa contenida en la convención colectiva celebrada entre la empresa y el sindicato en examen, que establece en su artículo 21 que en caso de necesidad de reestructurar la planta de personal de COMFAORIENTE, serán licenciados preferentemente trabajadores no sindicalizados. B. EL FALLO QUE SE REVISA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta docidió, mediante Sentencia de fecha 17 de noviembre de 1994, no tutelar el derecho invocado por el peticionario. En sus consideraciones, el fallador de tutela sostiene que esta acción no procede por dos razones principales: en primer lugar, de acuerdo con las pruebas allegadas al expediente, la respuesta negativa del sindicato frente a la solicitud de afiliación del actor estuvo plenamente justificada por la negligencia de éste en el cumplimiento de los mínimos requisitos exigidos por el sindicato.  En segundo lugar, los estatutos no pueden ser modificados por la vía de la tutela, pues el objetivo de ésta es la protección de derechos fundamentales, y no de derechos de mero rango legal, como el del trabajador a pedir la revisión de las normas que rigen la actividad del sindicato de la empresa donde labora. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1.     Competencia de la Corte La     Corte Constitucional es competente para revisar las Sentencias de instancia proferidas en estos procesos, de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Política. Corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas proferir el fallo, de acuerdo con el reglamento interno de la Corporación y los autos proferidos por la Sala de Selección Número 1 el 24 y el 31 de enero de 1995. 2- La libertad de asociación sindical 2.1. Consagración constitucional. Libertad de asociación general y libertad de asociación sindical. El artículo 39 de la Constitución Política consagra, dentro del Capítulo 1 del Título II, el derecho fundamental de asociación sindical en los siguientes términos: "Los trabajadores v empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarón al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo precede por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de asoclación slndical los miembros de la Fuerza Pública. " Como lo ha sostenido la Corte en jurisprudencia reiterada (cf. especialmente las Sentencias T-418 de 1992 y T-230 de 1994), la libertad de asociación sindical posee rasgos diferenciadores frente a la libertad genérica de asociación, consagrada en el artículo 38 de la Carta.  Mientras esta garantiza a todas las personas la posibilidad jurídica de acordar la realización de actividades conjuntas, sin restricciones distintas a las consagradas en la Constitución y las leyes, aquélla tiene titulares y fines propios: son los trabajadores quienes, a través de su ejercicio, reivindican la importancia de su papel dentro del proceso económico, y promueven la mejoría de sus condiciones laborales.  Es por esto por lo que se puede afirmar que en tanto que la libertad de asociación es un poder Jurídico frente al Estado, la de asociación sindical lo es, por lo menos de manera inmediata, de una clase productiva frente a otra.  Así lo muestra la génesis histórica de esas libertades: la primera corresponde a los derechos de primera generación, propios del liberalismo racionalista, mientras la segunda fue incorporada por el pensamiento social de la primera mitad del presente siglo. 2.2.  Los sindicatos y la libertad de asociación sindical a la luz de los principios democráticos. Dentro de la lógica intrínseca a la libertad de asociación sindical, el sindicato aparece como la organización encargada de asumir la defensa de los intereses de los trabajadores.  Su razón de ser en el seno de sociedades industrializadas, organizadas jurídicamente bajo la forma de Estados sociales de derecho, no es otra que la necesidad de la existencia de un intermediario entre los empleadores y los trabajadores individualmente considerados.  Y es precisamente gracias a esa tarea primordial, que los sindicatos gozan de una especial protección por parte del ordenamiento jurídico (v.gr. fuero sindical, artículo 39 de la Constitución Política y 405 del Código Sustantivo del Trabajo; sanciones a quienes obstaculicen su actividad, artículo 354 del C.S.T), y que su reconocimiento Jurídico opera con la simple inscripción del acta de constitución. Para el desarrollo de esa tarea, la ley otorga a los sindicatos la posibilidad de establecer las reglas de su organización interna y su funcionamiento.  Así, el artículo 362 del C.S.T. establece que "toda organización sindical tiene el derecho de redactar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos." Se entiende, entonces, que siendo los sindicatos organizaciones entre particulares, en principio los parámetros que los rigen -incluyendo las condiciones de ingreso, como lo prevé el numeral 39 de la disposición mencionada-, son de libre escogimiento por parte de quienes participen en su conformación. No obstante, eate principio no tiene un alcance ilimitado.  Si bien las asociaciones sindicales defienden los intereses de los trabajadores afiliados, su papel preponderante en las relaciones obrero-patronales hace que su actuación afecte de manera decisiva el goce efectivo del derecho de todos los trabajadores (afiliados y no afiliados) a promover el mejoramiento de sus condiciones laborales. Es por esta razón por la que el ordenamiento jurídico no puede ser indiferente frente a las condiciones de funcionamiento de organizaciones de esa naturaleza, mucho más cuando está fundado en valores de participación y pluralismo (artículo 1 de la Carta).  Así lo quiso el constituyente de 1991 al ordenar en el segundo inciso del artículo 39, la sujeción de los sindicatos "al orden legal y a los principios domocráticos" (subrayado de la Sala).  En el ejercicio de su fuero interno, un sindicato puede establecer las condiciones de funcionamiento que estime pertinentes, siempre que ellas sean compatible con los principios rectores de una sociedad democrática. 2.3. Libertades de asociación sindical positiva y negativa. No corresponde a la Sala establecer de manera exhaustiva los principios democráticos a los cuales debe sujetarse todo sindicato. Teniendo en cuenta los casos sub-examine, dos rasgos fundamentales de la sociedad democrática delineada en la Constitución de 1991 deben ser resaltados: su carácter participativo y su vocación igualitaria. Ambos aparecen incluídos en el Preámbulo mismo de la Carta, y su espíritu permea todo su texto (v.gr. artículos 1, 2, 13, 103 y Bs.). En el seno de una democracia participativa, el papel decisorio de los individuos es ejercido no sólo en los espacios políticos tradicionales (v.gr. elecciones parlamentarias o presidenciales), sino también en contextos más reducidos y más cercanos a las actividades diarias de las personas (empresas, sindicatos, universidades, etc).  Esta tendencia -denominada por la teoría política "uso extensivo de la democracia"1 , presente en mandatos constitucionales como los de los artículos 45 y 68, que buscan asegurar la participación de los jóvenes y la comunidad educativa en las decisiones que les incumben, respectivamente, unida al uso intensive de mecanismos políticos tradicionales (of.  Capítulo 1 del Titulo IV de la C.P.), constituye el núcleo de la filosofía participativa de nuestro Estatuto Superior. La participación de todas las personas interesadas en el resultado de un proceso de toma de decisiones, es tal vez el más importante de los "principios democráticos" a que se refiere el artículo 39 de nuestra Constitución.  Siendo el sindicato el foro de discusión y decisión por excelencia de asuntos determinantes para el desarrollo de las relaciones entre empleador y empleados, forzoso es concluir que el respeto a la posibilidad de participar en él es un límite del fuero interno otorgado por el ordenamiento Jurídico a los sindicatos. En consecuencia, la libertad de asociación sindical debe ser entendida no sólo en su sentido negativo tradicional, esto es, como el derecho a no ser compelido a pertenecer a un sindicato, sino también en un sentido positivo, como la posibilidad efectiva de todo trabajador de pertenecer a una organización que defienda sus intereses profecionales, con la sola condición de cumplir los requisitos estatutarios que no atenten contra el núcleo esencial del derecho de asociación sindical, haciendo ilusoria esa posibilidad.  En esta segunda acepción, el derecho fundamental consagrado en el artículo 39 de la Carta implica la prohibición para los sindicatos de impedir arbitrariamente el ingreso de trabajadores que cumplan los requisitos establecidos en sus estatutos, y la imposibilidad Jurídica de establecer en éstos condiciones de afiliación que dejen al capricho de los miembros del sindicato la aprobación de la solicitud de ingreso de nuevos afiliados. Idéntica conclusión se desprende del texto del artículo 2 del Convenio No. 87 de la O.I.T (Ley 26 de 1976), que establece lo siguiente: Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y .sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen conveniente Así como el de afiliarce a estas organizaciones,  con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Este derecho de que gozan los trabajadores puede ser efectivamente ejercido sólo en la medida en que los estatutos sindicales establezcan condiciones de admisión razonables, que no dejen a la discreción absoluta e inmotivada de los afiliados la posibilidad de acceder a él. Así lo exige además la segunda característica de la democracia delineada en la Constitución de 1991, que la Sala considera importante resaltar: la igualdad entre todas las personas (artículo 13 de la C.P.), que es recogida, para el caso particular de los trabajadores, como uno de los principios rectores del estatuto del trabajo en el artículo 53 de -la Carta.  En efecto, como lo ha establecido la Corte en Jurisprudencia reiterada, para que una diferencia de trato sea compatible con la garantía general de igualdad entre los individuos, ella debe tener una Justificación objetiva y razonable (Sentencia T-238 de 1993; Sentencia T-250 de 1993, entre otras).  La decisión de un sindicato de aceptar el ingreso de unos trabajadores y de negar la entrada a otros sin motivación alguna, no cumple a las claras esta condición, pues se caracteriza precisamente por la ausencia de justificación. 3- La libertad de trabajo La existencia, en el caso sub-examine, de una convención colectiva pactada entre el sindicato y la empresa, en virtud de la cual en caso de necesidad técnica o económica "el licenciamiento de personal será preferiblemente para el no sindicalizado", merece un analisis adicional a la luz del derecho fundamental a la libertad de trabajo, consagrado en el artículo 25 de la Constitución en los siguientes términos: El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. En efecto, cláusulas de la naturaleza de la pactada entre COMFAORIENTE y el sindicato acusado constituyen en sí mismas una limitación indebida de la libertad de los trabajadores de afiliarse o no a la organización sindical.  Otorgar un tratamiento preferencial a los empleados sindicalizados en un aspecto vital para todos los trabajadores, como lo es el de la estabilidad laboral, genera sin duda una presión sobre los no afiliados para hacer parte del sindicato, y contraría el principio de igualdad de oportunidades consagrado en el artículo 53 de la Carta. Ahora bien: aunada a la disposición estatutaria que prevé la aprobación de la afiliación por votación mayoritaria no motivada, dicha prerrogativa otorga a los miembros del sindicato un verdadero instrumento de injerencia sobre la estabilidad laboral de los empleados no afiliados y, por lo tanto, sobre su derecho al trabajo.  Este tipo de pacto sigue la lógica de las llamadas "cláusulas de exclusión" del derecho laboral inglés2 , que establecen como condición de permanencia en la empresa la pertenencia a la organización sindical, sistema que fue condenado por la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso "Young, James y Webster vs. Reino Unido".  En esa ocasión, la Corte de Estrasburgo afirmó que "una amenaza de despido que implica la pérdida de los medios de existencia constituye una forma muy grave de constricción... que toca la sustancia misma de la libertad de asociación3 ." En consecuencia, amén de atentar contra el derecho del trabajador a afiliarse a un sindicato o a abstenerse de hacerlo, la combinación de las cláusulas aludidas constituye una vulneración del derecho al trabajo consagrado en el artículo 25 de nuestra Carta, al colocarlo en una situación injustificada de inestabilidad laboral. 4- Los casos en cuestión Hechas las anteriores consideraciones generales, válidas para los dos supuestos fácticos objeto de análisis en esta decisión, procede la Sala a examinar cada uno de estos casos en particular. De acuerdo con los hechos quo dieron base a la tutela impetrada por la señora Cruz Delina Guerrero Hernández, el rechazo de la solicitud de afiliación presentada por ésta a SINTRACOMFAORIENTE se debió a la simple falta de los votos favorables de la mayoría de los miembros del sindicato, motivo que, como quedó establecido anteriormente, vulnera arbitrariamente el derecho de asociación sindical de la actora, al igual que su libertad de trabajo.  En estas condiciones, el fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, que tuteló los derechos de la accionante en el caso en examen, debe ser confirmada. En relación con el proceso de tutela iniciado por el señor Eduardo Ramírez Merchán, es necesario destacar que la razón de la respuesta negativa del sindicato acusado, a su solicitud de ingreso, no fue la falta de la votación requerida estatutariamente (y no podía serlo, porque al momento de darse la respuesta ya había sido proferido el fallo de primera instancia en el caso de la señora Guerrero Hernández, que advertía al sindicato la vulneración del derecho de asociación sindical), sino la renuencia del actor a cumpllr con los minimos requisitos exigidos por el sindicato.  Las exigencias de una fotocopia de la cédula de ciudadanía y de certificaciones médicas y laborales son -en el criterio de esta Sala- requisitos comunes y razonables, que no vulneran en forma alguna el derecho constitucional del trabajador a afiliarse al sindicato, y que pueden ser establecidas por éste en el ejercicio de las facultades que le otorga el ordenamiento legal (artículo 362, numeral 3 del C.S.T.). No sucede lo mismo con el requisito consistente en la certificación de buena conducta emanado del sindicato.  En este punto asiste la razón al peticionario cuando afirma que el sindicato no puede convertirse en juez y parte en el ingreso de un nuevo afiliado.  La conclusión contraria tendría por efecto otorgar al sindicato por otra vía -la de la certificación de buena conducta- un poder discrecional incompatible con los principios democráticos, que la Sala ha censurado en la parte general de la presente providencia.  El derecho de afiliación del que todo trabajador es titular, se hace efectivo sólo si es supeditado a condiciones cuya realización no depende de la voluntad de la organización sindical.  Esto no impide, sin embargo, que el sindicato pueda evaluar la conducta de los trabajadores ya afiliados y decidir la expulaión de alguno de ellos, cuando dicha medida esté fundada en motivos razonables, previstos estatutariamente y compatibles con los principios democráticos (artículo 39 C.P.). Teniendo en cuenta esta precisión, la Sentencia del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, que no concedió la tutela al actor, debe ser confirmada, en tanto esté fundada an la negativa de éste a cumplir los requisitos de presentación de la cédula de ciudadania y de los certificados laboral y médico. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, RESUELVE PRIMERO:        Confirmar el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal del Distrito Judicial de Cúcuta en el proceso de tutela adelantado por Cruz Delina Guerrero Hernández contra el Sindicato de Trabajadores de la Caja de Compensación del Oriente Colombiano (SINTRACOMFAORIENTE). SEGUNDO:        Confirmar el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta dentro del proceso de tutela iniciado por Eduardo Ramirez Merchan contra SINTRACOMFAORIENTE. Comuníquese, notifíquese, cmplase e ins6rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CARLOS GAVIRIA DIAZ Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Helmut Dübiel. ¿Qué es el neoconservadurismo?. Ed. Anthropos. Barcelona. 1993. p. 48. 2 Guillermo González Charry. Derecho Colectivo del Trabajo. Tomo I. Ed. Diké. Bogotá. 1990. p. 91 y ss. 3 Sentencia de 13 de agosto de 1981. Citado en: Vincent Berger. Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l´Homme. Ed. Sirey. Paris. 1994. p. 397.

T-174-95 Sentencia No Sentencia No. T-174/95 PERJUICIO-Improcedencia de su pago La Corte encuentra acertada la decisión del juzgador de instancia de abstenerse de condenar al pago de perjuicios a los demandados mediante el proceso de tutela, ya que ésta no es la vía procesal dispuesta por la ley para determinar la responsabilidad que corresponde a las personas a cuyo cargo están los dementes, sino el proceso civil ordinario. La Sentencia resarcitoria, cabe reiterarlo en esta oportunidad, es eminentemente excepcional en materia del proceso de tutela, y su reconocimiento está sujeto a que el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria. ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES POR OMISION Si las omisiones de los particulares, en general, pueden vulnerar o amenazar los derechos fundamentales de las personas, y justifican la interposición de la acción de tutela, a fortiori, este mecanismo de defensa judicial es procedente cuando la omisión implica el incumplimiento de un deber impuesto por ley. En ambos eventos, no obstante, el afectado debe encontrarse en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción, salvo que se trate de los casos contemplados en los numerales 1 a 8 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. ACCION DE TUTELA CONTRA PADRES DE FAMILIA POR CUIDADO DE HIJO DEMENTE La solicitud de tutela, consistente en la entrega del presunto demente a su familia para que proceda a su reclusión en un centro especializado, desestima que el ordenamiento legal ha previsto medidas específicas para afrontar las aludidas situaciones límite, de forma que sólo la conducta del individuo que atenta o pone en peligro bienes jurídicos tutelados, y no exclusivamente su condición mental, sea el factor desencadenante de la restricción de sus derechos fundamentales. LOCURA-Tratamiento/PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA DEL DEMENTE/PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD CON ENFERMO MENTAL Quien ha perdido la razón, no pierde con ello su condición, su dignidad humana ni sus atributos como titular de derechos fundamentales. La solidaridad social exige tolerancia y aceptación de la persona enajenada o separada del sentido común de la población, sin que ello signifique el deber de soportar la afectación de derechos o valores de igual o superior jerarquía. El respeto de la diferencia, así ésta repugne a lo convencional, es un principio dimanante de la Constitución Política que guía la interpretación y la aplicación de los mecanismos legales de defensa de los derechos y exigibilidad de los deberes, tanto de las personas normales como de las "anormales". Por otra parte, son los disminuidos físicos y mentales, y no las personas afectadas por su presencia, los llamados a recibir la protección especial del Estado, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en que se encuentran (CP arts. 13 y 47). REPRESENTACION DE MENOR EN TUTELA El principio de prevalencia de los derechos prevalentes del niño no es razón suficiente para que terceras personas, que no ostentan la calidad de representantes legales, actúen en nombre de los menores, basados en la mera invocación de la obligación social de prestarles asistencia y protección. ABRIL 24 DE 1995 Ref: Expediente T-54737 Actores: JOSE PAULINO FUENTES RINCON Y MARIA LUCRECIA MUÑOZ Magistrado Ponente: EDUARDO CIFUENTES  MUÑOZ Temas: - Acción de tutela contra  particulares - Obligaciones familiares respecto del demente - Tratamiento de la locura y principios de  dignidad humana y solidaridad social - Improcedencia de la acción de tutela La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE  LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-54737 promovido por los señores JOSE PAULINO FUENTES RINCON y MARIA LUCRECIA MUÑOZ DE FUENTES, contra la familia CHAPARRO CANTOR. ANTECEDENTES 1. José Paulino Fuentes Rincón y María Lucrecia Muñoz De Fuentes, interponen acción de tutela contra la familia Chaparro Cantor, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la intimidad, a la paz y al trabajo. Los actores, residentes en la vereda de Orgóniga, Municipio de Panqueba, Departamento de Boyacá, manifiestan que en el sector habita José Saturio Chaparro Cantor, quien desde hace varios años presenta un estado de demencia intermitente. Dicen ser víctimas de las constantes agresiones del señor Chaparro Cantor, quien, en sus períodos de enajenación mental, profiere toda clase de insultos y arroja piedras al tejado de su vivienda. Esta situación, sostienen, los mantiene en continuo estado de zozobra y al borde de una "crisis psicológica". Los demandantes añaden que las actuaciones del señor Chaparro Cantor afectan directamente a los alumnos de la Escuela Urbana Mixta, toda vez que éste "los agrede física y psicológicamente, desnudándose en su presencia...". Tal actitud, afirman, vulnera los derechos de los niños. Pretenden que se obligue a la familia Chaparro Cantor a responsabilizarse del enfermo, mediante su reclusión en un centro especializado. Solicitan, además, que se condene a la familia Chaparro Cantor al pago de los daños físicos y morales. 2. El Juez Promiscuo Civil Municipal de Panqueba observa que es de público conocimiento que el señor José Saturio Chaparro Cantor padece trastornos mentales temporales desde hace más de doce años. De las consecuencias de esta situación dan testimonio María Luzmila Martínez de Puentes y María Ramos Muñoz de Guerrero, declarantes en el proceso de tutela: "Hace como unos catorce o quince años que viene padeciendo ataques de demencia. Es por épocas, y lo han llevado varias veces a Tunja, al Hospital Siquíatrico de Tunja, de donde vuelve después recuperado. ... Llega como si estuviera normal y saluda, conoce la gente, charla formal, trabaja..., eso es por unos dos meses y vuelve a tornarse otra vez agresivo, grita cosas sin sentido, se disfraza, causa pánico en los niños de la concentración ya que su casa queda en frente. En una ocasión, amenazó con pegarles a los niños... Le da por comer los alimentos crudos". "...tiene sus ratos de estar bien no es ofensivo, pero cuando le dan esas maluqueras queda sin sentido y grita lo que se le viene a la mente.... Es por temporadas que se pone mal, se amarra cosas en la cara, y tarros en los pies ....". El juez encuentra fundados los reclamos de los peticionarios, toda vez que el señor Chaparro quebranta la paz de su hogar y afecta a la niñez panquebana, ya que su conducta produce en los menores un temor síquico que puede, en un momento dado, repercutir en su formación. El Juzgado Promiscuo Civil Municipal de Panqueba, mediante providencia del 25 de octubre de 1994, concede la tutela. Ordena al Personero Municipal, en su condición de representante de la comunidad, que, en el término de 48 horas, tome las medidas pertinentes para el traslado y entrega de José Saturio Chaparro Cantor a su padre y hermanos que residen en Santa Fe de Bogotá. Ordena, igualmente, oficiar a los hermanos del señor Chaparro Cantor para que se hagan cargo de él y le proporcionen el tratamiento médico adecuado para su enfermedad. 3. El magistrado ponente, mediante auto del nueve (9) de marzo de 1995, ofició al director del Hospital Siquíatrico de Boyacá a fin de que informara sobre el historial clínico de José Saturio Chaparro Cantor, el diagnóstico de su enfermedad y el tratamiento a seguir. No obstante, mediante oficio 0043 del 22 de marzo de 1995, el mencionado funcionario informa que revisado el archivo de historias clínicas de la institución, no aparece historia clínica del señor José Saturio Chaparro Cantor. FUNDAMENTOS JURIDICOS Pretensiones de los demandantes y Sentencia objeto de revisión 1. Los peticionarios, afectados por las actuaciones de quien afirman sufre de un estado de demencia intermitente, interponen la acción de tutela contra la familia CHAPARRO CANTOR, con el objeto de que sus miembros sean obligados judicialmente a responsabilizarse del demente agresor y a indemnizar los daños causados. 2. Aun cuando el juez de tutela no condena al pago de los perjuicios presuntamente sufridos por los actores, sí concede la tutela solicitada, y ordena al Personero Municipal, en su calidad de representante de la comunidad, adoptar las medidas necesarias para el traslado y entrega del enfermo síquico a sus familiares residentes en Santa Fe de Bogotá, dado que la conducta de JOSE SATURIO CHAPARRO CANTOR quebranta la paz del hogar de los petentes y afecta a la niñez de la localidad. Improcedencia de la acción de tutela en materia indemnizatoria 3. La Corte encuentra acertada la decisión del juzgador de instancia de abstenerse de condenar al pago de perjuicios a los demandados mediante el proceso de tutela, ya que ésta no es la vía procesal dispuesta por la ley para determinar la responsabilidad que corresponde a las personas a cuyo cargo están los dementes (Código Civil, art. 2346 y ss), sino el proceso civil ordinario. La Sentencia resarcitoria, cabe reiterarlo en esta oportunidad, es eminentemente excepcional en materia del proceso de tutela, y su reconocimiento está sujeto a que el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria (D.2591 de 1991, art. 25). La doctrina constitucional de la Corporación ha sostenido sobre las condiciones para decretar condenas indemnizatorias en procesos de tutela, lo siguiente: "La indemnización sólo es posible decretarla si se concede la tutela, razón por la cual la prosperidad de la acción en esta materia - que, por ende, resulta ser accesoria - únicamente puede darse si prospera la pretensión principal, es decir, si el juez ha encontrado aquélla procedente y, además, ha concluido que las razones de hecho y de derecho por él evaluadas dan lugar a impartir una orden de inmediato cumplimiento en cuya virtud se realicen, en el caso específico, los postulados constitucionales. Pero, fuera de eso, se requiere que la indemnización sea necesaria para asegurar el goce efectivo del derecho; que el afectado no disponga de otro medio judicial para obtener el resarcimiento del perjuicio; que la violación sea manifiesta y provenga de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria"1 . Exigibilidad de los deberes legales de los particulares a través de la acción de tutela 4. El aspecto jurídico de mayor relevancia en el presente proceso se relaciona con la pregunta de sí la acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo para exigir los deberes legales de ciertas personas, cuando su incumplimiento vulnera o amenaza los derechos fundamentales de terceros. La ley coloca en cabeza de los parientes del adulto incapaz por demencia, plena o temporal, el deber de su protección y cuidado. Las instituciones de la tutela y de la curaduría, denominadas genéricamente guardas, son cargos impuestos a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos, o administrar competentemente los negocios (CC arts. 428). La tutela se ejerce respecto de los impúberes (CC art. 431). A la curaduría están sujetos los que "por prodigalidad o demencia han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito" (CC art. 432). El artículo 550 del Código Civil establece un orden de prelación entre las personas legalmente llamadas a ejercer el cargo de curador del demente (curatela legítima). La guarda corresponde al cónyuge (i);  a los descendientes (ii); a los ascendientes (iii); a sus padres naturales no casados o a sus hijos naturales (iv); y, a los colaterales (v). En el presente caso, de presentar el señor CHAPARRO CANTOR efectivamente un estado de demencia, serían su padre o madre y sus hermanos los llamados por ley a hacerse cargo de su cuidado y protección. 5. Los peticionarios pretenden se ordene a la familia del presunto demente, que se responsabilice de él, debido a que sus acciones afectan la intimidad y la paz del hogar y los derechos fundamentales de los niños de la comunidad. Se trata de una acción de tutela dirigida no contra la persona que vulnera o amenaza los derechos fundamentales o contra las autoridades policivas que omiten el deber de mantener la paz y la tranquilidad públicas ante los brotes de locura de un incapaz, sino contra los legalmente obligados a cuidarlo y protegerlo. Si las omisiones de los particulares, en general, pueden vulnerar o amenazar los derechos fundamentales de las personas, y justifican la interposición de la acción de tutela, a fortiori, este mecanismo de defensa judicial es procedente cuando la omisión implica el incumplimiento de un deber impuesto por ley. En ambos eventos, no obstante, el afectado debe encontrarse en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción, salvo que se trate de los casos contemplados en los numerales 1 a 8 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Indefensión frente a las omisiones de los particulares y situaciones límite en materia de enajenación mental 6. La afectación de los derechos fundamentales no proviene tanto de las acciones de la persona presuntamente incapaz de comprender su licitud o ilicitud, sino de la omisión de los obligados por ley a suministrarle cuidado, protección y vigilancia. La indefensión de los solicitantes de tutela respecto de los particulares que omiten el cumplimiento de sus deberes, sólo se configuraría si el interesado no tuviera a su disposición medios legales de defensa para evitar la violación de sus derechos fundamentales, o si, pese a la utilización de dichos mecanismos, la demora o inacción de las autoridades públicas los coloca en una situación de desventaja manifiesta frente al infractor2 . La ley autoriza, "si la locura fuere furiosa, o si el loco causare notable incomodidad a los habitantes", que cualquiera del pueblo provoque su interdicción (CC art. 548). Por otra parte, la misma ley permite la retención momentánea del demente en los casos en que sea de temer que "se dañe a sí mismo o cause peligro o notable incomodidad a otros" (CC art. 554), así como la privación de su libertad, mediante la reclusión en un casa de "locos", en virtud de autorización judicial (ibid). La legislación ha previsto soluciones razonables a las situaciones límite creadas por personas con desequilibrios mentales temporales. Sólo la locura furiosa o la notable incomodidad, justifican la limitación temporal de la libertad personal de quien traspasa el umbral de la "normalidad". La solicitud de tutela, consistente en la entrega del presunto demente a su familia para que proceda a su reclusión en un centro especializado, desestima que el ordenamiento legal ha previsto medidas específicas para afrontar las aludidas situaciones límite, de forma que sólo la conducta del individuo que atenta o pone en peligro bienes jurídicos tutelados, y no exclusivamente su condición mental, sea el factor desencadenante de la restricción de sus derechos fundamentales. Tratamiento de la locura, solidaridad social y dignidad humana 7. La historia de la humanidad ofrece numerosos ejemplos de los intentos de eliminar, expulsar u ocultar la locura mediante la aniquilación, la expatriación o la reclusión de los locos. La política de exterminio de los limitados físicos o mentales promovida por los nazis, las naves de los locos en las que eran transportados, rumbo al exilio los enfermos mentales y los heterodoxos en la edad media, y el establecimiento de los manicomios en la modernidad, son sólo algunos ejemplos de los mecanismos ideados por el hombre para separar a las personas tenidas por anormales de la sociedad y negar una realidad que muestra al ser humano en su dimensión más cruda: el ser "sin razón", reducido a la "animalidad". No obstante, la Constitución Política de 1991 no ignora la situación de desventaja en que se encuentran los disminuidos físicos o mentales (CP arts. 13 y 47). Los principios de dignidad humana y de solidaridad social sobre los que se erige el Estado Social de derecho en Colombia refuerzan la tolerancia frente al demente, inspiradora de las disposiciones civiles que autorizan la restricción de sus derechos sólo en casos de violencia o perturbación de la tranquilidad pública, y establecen procedimientos judiciales y policivos para el control de tales situaciones extremas. Quien ha perdido la razón, no pierde con ello su condición, su dignidad humana ni sus atributos como titular de derechos fundamentales. La solidaridad social exige tolerancia y aceptación de la persona enajenada o separada del sentido común de la población, sin que ello signifique el deber de soportar la afectación de derechos o valores de igual o superior jerarquía. El respeto de la diferencia, así ésta repugne a lo convencional, es un principio dimanante de la Constitución Política que guía la interpretación y la aplicación de los mecanismos legales de defensa de los derechos y exigibilidad de los deberes, tanto de las personas normales como de las "anormales". Por otra parte, son los disminuidos físicos y mentales, y no las personas afectadas por su presencia, los llamados a recibir la protección especial del Estado, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en que se encuentran (CP arts. 13 y 47). Improcedencia de la acción de tutela en el caso concreto 8. En el presente caso, los peticionarios interpusieron la acción de tutela sin antes haber intentado utilizar las medidas legales para el control de los brotes de violencia que últimamente dicen aquejar al señor CHAPARRO CANTOR. No se encontraban, por lo tanto, en una situación de indefensión respecto de la familia que, según su versión, omite sus deberes de cuidado y protección del incapaz, cuando nada les impedía solicitar la intervención judicial o policial para retener permanente y temporalmente al demente agresor. Adicionalmente, la Sala observa que, pese a los esfuerzos del juez por notificar a la parte demandada, esta comunicación no fue posible debido al desconocimiento de su residencia en Santa Fe de Bogotá, ciudad a la cual posiblemente se trasladó la familia Chaparro Cantor. Una irregularidad adicional en el trámite y resolución de la acción de tutela consistió en vincular a una autoridad pública que no fue demandada, mediante la Sentencia que concedió la tutela y que ordenó al Personero Municipal de Panqueba hacerse cargo del traslado y entrega del demente a su familia. Finalmente, los peticionarios tampoco se encontraban legitimados para interponer la acción de tutela a nombre de la niñez de la zona afectada por los actos impúdicos del demente, siendo otros los medios legales a su disposición para la protección del los menores.  Esta Corte ha sostenido en otras oportunidades que el principio de prevalencia de los derechos prevalentes del niño no es razón suficiente para que terceras personas, que no ostentan la calidad de representantes legales, actúen en nombre de los menores, basados en la mera invocación de la obligación social de prestarles asistencia y protección. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión, RESUELVE: PRIMERO.- REVOCAR la Sentencia del 25 de octubre de 1994, proferida por el Juzgado Promiscuo Civil Municipal de Panqueba. SEGUNDO.- DENEGAR la tutela impetrada por los peticionarios. TERCERO.- LIBRESE comunicación al mencionado Juzgado, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente (Continúan firmas. Expediente T-54737) CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General (Sentencia aprobada por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995) ). 1 Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 1994. M.P. Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 2 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-251 de 1993 y T-219 de 1994

T-175-95 Sentencia No Sentencia No. T-175/95 ACCION DE TUTELA-Falta de pruebas/DERECHO A LA SALUD-No se demostró violación No puede un juez conceder una tutela si en el respectivo proceso no aparece probada la violación concreta a un derecho fundamental. Los hechos acreditados en el expediente simplemente aluden a un fenómeno de estancamiento temporal de aguas producido en una vía pública por no haberse, en su oportunidad, esparcido el balastro que se había dejado allí por el contratista de una obra de pavimentación, a la postre concluida. La prueba practicada estableció la inexistencia de focos infecciosos y la probabilidad de que en el futuro pudieran formarse si el material depositado dejaba de removerse. De otra parte, no obra prueba alguna sobre la ocurrencia de enfermedades o epidemias que tuvieran como causa el hecho descrito. OBRA PUBLICA-Puede causar violación de derechos La realización de obras públicas, puede generar múltiples inconvenientes a los habitantes y vecinos, máxime si se presentan demoras o se incurre en negligencia por parte de los contratistas. No puede, por lo tanto, descartarse que en su desarrollo, por acción u omisión, puedan violarse derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, para que la acción de tutela sea procedente, es indispensable que la violación recaiga sobre un derecho fundamental y que el quebranto o amenaza se prueben. ABRIL 24 DE 1995 Ref: Expediente T-55675 Actor: ADOLFO APONZA GONZALEZ Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Tema: Derecho a la salud La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-55675 adelantado por Adolfo Aponza González contra el Alcalde Municipal de Jamundí, Valle, y el señor Antonio Hair Mosquera. ANTECEDENTES 1. El señor Adolfo Aponza González, vecino del Municipio de Jamundí, Valle, interpuso acción de tutela contra el Alcalde de dicho municipio, Jorge Eliécer Aragón Mafia, y el señor Antonio Hair Mosquera, en su calidad de contratista responsable por los trabajos de pavimentación en la zona donde habita el actor. El demandante considera vulnerado y amenazado el derecho a la salud de los niños y demás miembros de la comunidad que residen en la carrera 12, entre calles 15 y 17 del barrio La Esperanza, de Jamundí. Señala en la acción que "a raíz de estar la vía taponada se han creado problemas de estancamiento de las aguas cada invierno creando consigo la aparición de zancudos". 2. Manifiesta el peticionario que en varias ocasiones personas de la comunidad se han dirigido al Alcalde y al contratista sin obtener resultado alguno, pues "uno nos manda para donde el otro y viceversa". Dice que la gente del barrio es testigo de las reclamaciones hechas ante los individuos demandados. Agrega que siempre que cae un aguacero la vía se inunda completamente, lo cual obliga a los afectados a tapar los huecos con balastro. 3. Adjunta a la acción de tutela, en el folio 2 del expediente, aparece una listado de 57 firmas de adultos y menores, dentro de las cuales se encuentran las de las personas que en otras piezas del expediente se identifican como vecinos del lugar. 4. El Juez 2° Penal Municipal de Jamundí, a quien correspondió el estudio de la acción, realizó una inspección judicial en la que se observó que las vías se encontraban destapadas y que grandes montones de tierra y piedras causaban la desnivelación de la calle, y a pesar de que el lugar estaba húmedo, se constató que al llover las barreras de balastro impedían que las aguas corrieran libremente. 5. Pablo Antonio Triana, residente del sector declaró que la vecindad está perjudicada y, en especial, su casa, por estar ubicada en el nivel más bajo, ya que cuando llueve las barreras de balastro hacen que el agua entre y forme charcos. Explicó que a pesar de que la vía ha estado siempre destapada, la razón por la cual hasta ahora se instauró la acción, se debe a que el balastro obstaculizó el paso del agua. Dijo desconocer si las enfermedades que sufren los niños se originan en los hechos denunciados, pero reiteró que al llover se empoza el agua, se multiplican los zancudos y aumentan las emanaciones de malos olores. Solicitó al final de su declaración "que nos riegue ese balastro porque cuando llueve no corre el agua en toda la cuadra". 6. En igual sentido declaró la señora Rocío Hurtado de Fernández. Afirmó que el balastro fue depositado en las calles del vecindario ocho días antes de las elecciones. 7. Jorge Eliécer Aragón Mafla, Alcalde Municipal de Jamundí, en su declaración ante el juez de tutela explicó que el contrato de la obra de pavimentación del sector se efectuó después de las elecciones para evitar que ésta se utilizara como "bandera política abusando así de la necesidad de la comunidad". Con respecto a las preocupaciones de los habitantes del sector en relación con la pavimentación de la calle, aseguró el Alcalde, que desde el 4 de noviembre de 1994, está pactado el compromiso de pavimentación con el contratista Antonio Hair Mosquera, contrato que ineludiblemente se debe cumplir. En cuanto al balastro o piedras regadas en el sector ocho días antes de las elecciones, señaló que "si ha sido el contratista tratando de adelantar algo de su obra ha sido bajo su cuenta y riesgo pues la única seguridad que el puede contar para sus inversiones es con el contrato que apenas se firmó el 4 de noviembre del presente año (1994), después de las elecciones". Manifestó no conocer casos de epidemias o infecciones en el municipio y señaló que a pesar de que habita en una zona totalmente pavimentada, en su residencia es igualmente acosado por los zancudos. 8. El señor Antonio Hair Mosquera, contratista de la obra de pavimentación de la carrera 12, entre calles 15 y 17, del barrio La Esperanza, declaró que se encontraba desarrollando dicha obra. Informó al juzgado que antes de la firma del contrato, y por su cuenta y riesgo, empezó a poner el balastro para la sub-base de la obra. Explicó que el balastro se deja en montones en distintos lugares hasta completar la cantidad requerida para la obra y que, al momento de la declaración, faltaba depositar quince “viajes”. Manifestó que nunca le fue notificado que se formaban focos de infección que atentaran contra la salud de los residentes de la zona por el hecho de no esparcir el balastro. 9. El Juzgado 2° Penal Municipal efectuó una ampliación de la diligencia de inspección judicial, atendida, además, por el Promotor y el Auxiliar de Saneamiento del Hospital Piloto de Jamundí. En ella se observó que existían dos pozos ocasionados por dos arrumes de balastro. La nivelación hecha para la pavimentación había averiado un alcantarillado domestico. En el  momento de la inspección no se observó presencia de larvas de mosquitos o zancudos en los estancamientos. Se señaló, sin embargo, que de permanecer el balastro sin esparcir, la acumulación de aguas lluvias podría generar focos de infección. Consideraron los representantes de saneamiento del Hospital Piloto que si el balastro se riega, "lógicamente" los estancamientos de agua desaparecen. Por último recomiendan al juez que ordene la construcción  de una canaleta en la parte baja para que las aguas lluvias sigan su curso hasta la quebrada y disponga el arreglo de la alcantarilla, destapada por las obras de pavimentación, adicionándole un tubo para evitar los malos olores. 10. El Juez Segundo Penal Municipal de Jamundí, mediante Sentencia de noviembre 23 de 1994, concedió la tutela en contra del señor Antonio Hair Mosquera por considerar que éste al anticipar la obra de pavimentación sin tener asegurado el contrato ni haber recibido los desembolsos correspondientes, perjudicó al actor y a la comunidad que reside en la carrera 12 entre las calles 15 y 17 del barrio La Esperanza, amenazando el derecho fundamental a la salud. 10.1  El juez no concedió la acción en contra del Alcalde Jorge Eliécer Aragón Mafla, por considerar que su conducta no había afectado ni amenazado ningún derecho fundamental. 10.2 El juez ordenó al señor Antonio Hair Mosquera dar cumplimiento, en el término de 48 horas, a las recomendaciones hechas por los encargados de la Oficina de Saneamiento del Hospital Piloto. 11. La Corte, mediante auto del 13 de marzo de 1995, ordenó oficiar al Personero Municipal de Jamundí para que informara acerca del estado del sector comprendido en la carrera 12 entre calles 15 y 17 del barrio La Esperanza. La Personera señaló en su respuesta que la vía se encuentra completamente pavimentada. FUNDAMENTOS JURÍDICOS El derecho fundamental vulnerado según la Sentencia que se estudia 1. En la acción de tutela que se revisa el actor demanda la protección del derecho fundamental a la salud de los niños y, en general, de toda la comunidad que habita en la carrera 12 entre calles 15 y 17 del municipio de Jamundí, en el departamento del Valle. Según la Sentencia de instancia, los trabajos de pavimentación de las calles mencionadas han generado acumulación de balastro formando barreras que impiden el libre discurrir de las aguas lluvias. Señala el juez que, a la luz del dictamen realizado en el curso del proceso,  el estacionamiento de aguas puede dar lugar a focos infecciosos. Así mismo el juez observa que en el desarrollo de la obra de pavimentación se destapó un alcantarillado domiciliario, lo que ha ocasionado malos olores. Todo lo anterior lleva al fallador a conceder la acción de tutela para proteger el derecho a la salud. En consecuencia, ordena al constructor esparcir el balastro por él acumulado, realizar una canaleta para liberar los pozos y arreglar la alcantarilla doméstica averiada a raíz de los trabajos de pavimentación. La prueba de la violación No puede un juez conceder una tutela si en el respectivo proceso no aparece probada la violación concreta a un derecho fundamental. Los hechos acreditados en el expediente simplemente aluden a un fenómeno de estancamiento temporal de aguas producido en una vía pública por no haberse, en su oportunidad, esparcido el balastro que se había dejado allí por el contratista de una obra de pavimentación, a la postre concluida. La prueba practicada estableció la inexistencia de focos infecciosos y la probabilidad de que en el futuro pudieran formarse si el material depositado dejaba de removerse. De otra parte, no obra prueba alguna sobre la ocurrencia de enfermedades o epidemias que tuvieran como causa el hecho descrito. En estas condiciones, la amenaza al derecho a la salud era meramente conjetural y reducida, si se tiene presente que la ubicación del balastro era provisional y su destino final - como en efecto ocurrió - era la de servir para la pavimentación de la vía. La vulneración al derecho a la salud si se vincula de manera directa e íntima con la pérdida o amenaza a la vida, puede dar lugar a la protección judicial propia de la acción de tutela, pero deberá probarse y si se trata de una amenaza ésta ha de ser real y grave, lo que justamente se echa de menos en este caso. La realización de obras públicas, puede generar múltiples inconvenientes a los habitantes y vecinos, máxime si se presentan demoras o se incurre en negligencia por parte de los contratistas. No puede, por lo tanto, descartarse que en su desarrollo, por acción u omisión, puedan violarse derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, para que la acción de tutela sea procedente, es indispensable que la violación recaiga sobre un derecho fundamental y que el quebranto o amenaza se prueben. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE PRIMERO.- Revocar la Sentencia del 23 de noviembre de 1994 proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Jamundí y, en consecuencia, denegar la tutela solicitada por Adolfo Aponza González. SEGUNDO.-  Líbrese comunicación al mencionado juzgado, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente (Continúan Firmas Expediente T-55675) CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General (Sentencia aprobada por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995) ).

T-176-95 Sentencia No Sentencia No. T-176/95 HABEAS DATA-Vulneración Para que exista una vulneración del derecho al habeas data, la información contenida en el archivo debe haber sido recogida de manera ilegal, sin el consentimiento del titular del dato (i), ser errónea (ii) o recaer sobre aspectos íntimos de la vida de su titular no susceptibles de ser conocidos públicamente (iii). CADUCIDAD DEL DATO-Límite temporal Se han establecido, de manera provisional, unos límites a la permanencia del dato en los archivos, en el entendido de que la reglamentación del habeas data es facultad del legislador. A juicio de esta Corporación, la mala conducta comercial pasada no debe ser mantenida en el archivo a perpetuidad. Sin embargo, un límite de los datos en el tiempo debe armonizarse con la necesidad de información sobre el comportamiento comercial que permita a las instituciones financieras calcular sus riesgos. ABRIL 24 DE 1995 Ref.: Expediente T-58238 Actor: Nelson Mauricio Echavarría. Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Temas: - Acción de tutela contra particulares. - Derecho al habeas data y caducidad del dato financiero. La Sala Tercera de Revisión  de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela número T-58238 promovido por el señor NELSON MAURICIO ECHAVARRIA contra la firma DATACREDITO ANTECEDENTES 1. Nelson Mauricio Echavarría Sánchez interpuso acción de tutela contra Datacrédito por considerar que la entidad  vulneró sus derechos fundamentales a la intimidad (CP art. 15), al buen nombre (CP art. 22) y al habeas data (CP art. 15). 2. Los hechos que motivaron la interposición de la acción de tutela son los siguientes: 2.1  El  28 de septiembre de 1992, el actor obtuvo un préstamo de la sociedad Invercrédito. La cancelación de la deuda debería efectuarse en 36 cuotas mensuales, pagaderas a partir del 28 de octubre de 1992. Debido a problemas de índole económica no le fue posible cancelar la acreencia, por lo que fue reportado como deudor moroso a la central de datos de Datacrédito. 2.2 En julio 1 de 1994, el actor llegó a un acuerdo con Invercrédito y canceló la totalidad de la deuda. Invercrédito, le expidió un paz y salvo y reportó el pago a Datacrédito. Esta última entidad procedió a actualizar la información, cambiando el dato de "reincidencia en mora de 120 días" por el de "cartera recuperada". Según el demandante, esta última expresión “sigue implicando una mora en el crédito", lo cual vulnera su buen nombre e intimidad. 2.3 Datacrédito se ha negado a eliminar su nombre del registro histórico, pese a las reiteradas peticiones en tal sentido. 2.4 Los bancos Angloamericano, Caldas y Citibank, según el actor, le han negado solicitudes de crédito, debido a que aparece registrado en Datacrédito. 3. El peticionario estima que una vez cancelada la obligación, haya o no existido mora, la entidad debe suprimir el dato: "... si un exconvicto tiene derecho a ser bajado de una pantalla del Das o en la Sijin, después de haber pagado la condena, porque una persona de bien no tiene derecho a ser bajado, cómo en este caso, de la pantalla, habiendo pagado una deuda?". Considera que la negativa de Datacrédito viola sus derechos a la intimidad, al buen nombre y al habeas data. 4. El Juzgado Cincuenta y siete Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá, mediante providencia del día 28 de noviembre de 1994, denegó la tutela solicitada. 4.1 El fallador de instancia señala que el actor autorizó a la firma Invercrédito para incluir sus datos en el archivo de Datacrédito. De las pruebas - anota -, se desprende que el señor Echevarría incurrió en mora. A su juicio, el manejo del crédito por parte del demandante fue "pésimo", tal y como se desprende del reporte verídico de la entidad demandada. 4.2  No puede perderse de vista que los bancos de datos prestan un servicio, que permite a sus clientes evaluar los riesgos de sus actividades comerciales. En opinión del fallador de instancia, "lo que constituye un atentado contra la intimidad de las personas no es el informe veraz en el proceder en el ejercicio del comercio o el manejo del crédito, sino el empleo abusivo de la informática en el acopio de datos...". En el presente caso, sostiene, no es posible afirmar que "se haya siquiera intentado vulnerar un derecho que se encuentra incólume, toda vez que el señor Echavarría Sánchez autorizó ampliamente a la firma Invercrédito.... para suministrar información de la forma corriente o deficiente en que utilizara el crédito..." El juez de tutela agrega que el actor carece de elementos probatorios suficientes para afirmar que la negativa dada por parte de otros establecimientos bancarios a su solicitud de crédito, se debe a la existencia del registro en Datacrédito. 4.3 Estima que "nadie puede beneficiarse de sus propias falencias" y que "resultaría injusto equiparar en el banco de datos el comportamiento de un individuo que cumple cabalmente sus obligaciones con el del actor, quien incumplió". 4.4 Por último, considera que la veracidad de la información no se afecta por la existencia de datos históricos. FUNDAMENTOS Las tesis enfrentadas versan sobre la extensión del ámbito de protección del habeas data. 1. El actor considera que una vez cancelada una obligación, la firma encargada del manejo de la información debe proceder de inmediato a cancelar todo dato referente al manejo del crédito. De lo contrario, estima el demandante, se vulnera el derecho a la intimidad, al buen nombre y al habeas data, ya que el dato no puede convertirse en una condena permanente. El juez de tutela sostiene que la existencia de archivos históricos, siempre y cuando los datos sean veraces y se encuentren actualizados, en nada viola el derecho al habeas data, ni otros derechos fundamentales del actor. La posibilidad de poseer y transmitir información sobre el manejo dado al crédito por los usuarios del sistema económico, salvaguarda los intereses de las entidades financieras y de la sociedad en general, además de ajustarse a la ley. Núcleo esencial del derecho al habeas data 2.  La Corte Constitucional ha señalado que el derecho al habeas data, consagrado en el artículo 15 de la C P, constituye un derecho fundamental claramente diferenciado del derecho a la intimidad y el buen nombre. La jurisprudencia constitucional ha delimitado el alcance del derecho al habeas data: "Cuál es el núcleo esencial del habeas data?. A juicio de la Corte, está integrado por el derecho a la autodeterminación informática y por la libertad, en general, y en especial económica. "La autodeterminación informática es la facultad de la persona a la cual se refieren los datos, para autorizar su uso y circulación, de conformidad con las regulaciones legales. "Y se habla de libertad económica, en especial, porque ésta podría ser vulnerada al restringirse indebidamente en virtud de la circulación de datos que no sean veraces, o que no hayan sido autorizados por la persona concernida o por la ley". ... "El contenido del habeas data se manifiesta por tres facultades concretas que el citado artículo 15 reconoce a la persona a la cual se refieren los datos recogidos o almacenados. a) El derecho a conocer las informaciones que a ella se refieren; b) El derecho a actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas al día, agregándoles los hechos nuevos; c) El derecho a rectificar las informaciones que no correspondan a la verdad. "Existe, además, el derecho a la caducidad del dato negativo, no consagrado expresamente en el artículo 15 de la Constitución, pero que se deduce de la misma autodeterminación informática, y también de la libertad. ... "Hay que aclarar que la actualización, y la rectificación de los datos contrarios a la verdad, son, en principio, obligaciones de quien maneja el banco de datos; y que si él no las cumple, la persona concernida puede exigir su cumplimiento"1 . De lo anterior se desprende que para que exista una vulneración del derecho al habeas data, debe desconocerse alguno de los tres aspectos enunciados. Es decir, la información contenida en el archivo debe haber sido recogida de manera ilegal, sin el consentimiento del titular del dato (i), ser errónea (ii) o recaer sobre aspectos íntimos de la vida de su titular no susceptibles de ser conocidos públicamente (iii). Por el contrario, el suministro de datos veraces, cuya circulación haya sido previamente autorizada por su titular, no resulta, en principio, lesiva de un derecho fundamental. Caducidad del dato negativo 3. A juicio de la Corte, "el deudor tiene derecho a que la información se actualice, a que ella contenga los hechos nuevos que le beneficien. Y, por lo mismo, también hacia el pasado debe fijarse un límite razonable, pues no sería lógico ni justo que el buen comportamiento de los últimos años no borrara, por así decirlo, la mala conducta pasada"2 La Corte ha establecido, de manera provisional, unos límites a la permanencia del dato en los archivos, en el entendido de que la reglamentación del habeas data es facultad del legislador. A juicio de esta Corporación, la mala conducta comercial pasada no debe ser mantenida en el archivo a perpetuidad. Sin embargo, un límite de los datos en el tiempo debe armonizarse con la necesidad de información sobre el comportamiento comercial que permita a las instituciones financieras calcular sus riesgos. Por lo tanto, esta Corporación ha fijado como parámetros de razonabilidad para la permanencia de los datos en los archivos históricos de las entidades que recogen información en los bancos de datos, los siguientes: a) En el evento de un pago voluntario, sin que se haya presentado nuevo incumplimiento, el transcurso es de dos años. b) En el evento de que el tiempo de mora sea inferior a un año y concurriendo las dos primeras circunstancias del numeral anterior, el término de caducidad es igual al doble del de la mora. c) De producirse, el pago dentro de un proceso ejecutivo la caducidad es de cinco años. d) Por último, en el evento de darse el pago tras la notificación del mandamiento de pago, el término de caducidad del dato negativo es de dos años. 4. En el caso concreto, el actor incurrió en una mora de seis meses y el pago se produjo el 10 de julio de 1994. Por lo tanto, para la fecha de la interposición de acción de tutela - 25 de octubre de 1994 -, no se había cumplido el término de caducidad del dato, razón por la cual no puede afirmarse la existencia de un uso abusivo del poder informativo. Toda vez que la empresa Datacrédito actualizó la información recogida en sus registros, y que no había transcurrido el término de vigencia del dato que se estima razonable, la Corte no encuentra configurada la violación de un derecho fundamental. En el caso en examen, la información se recaudó con el consentimiento de su titular, es completa y veraz y, hasta el momento de la interposición de la presente acción, el dato histórico no había caducado, por lo que no había lugar a conceder la tutela solicitada . DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE PRIMERO. - CONFIRMAR la Sentencia del 28 de noviembre de 1994, proferida por el Juez Cincuenta y Siete Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá SEGUNDO.- LIBRESE comunicación al mencionado Juzgado, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. (Firmas Expediente T-58238) Notifíquese, cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta de La Corte Constitucional y cúmplase. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General. (Sentencia aprobada por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995) ). 1 Corte Constitucional, Sentencia U-082 de 1995. M.P.  Dr. Jorge Arango Mejía 2 Ibid.

T-177-95 Sentencia No Sentencia No. T-177/95 INMUEBLES-Oposición a la entrega/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL Nuestras normas procesales sí prevén la manera de resolver oposiciones a la entrega de bienes cuando éstas, como en el caso que nos ocupa, han sido en principio aceptadas por la autoridad comisionada. En consecuencia, existiendo otro medio de defensa judicial para insistir en la entrega del inmueble, la acción de tutela propuesta por peticionario, con arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el inciso 3o. del artículo 86 de la Constitución, y tal cual lo determinó la Sentencia que se revisa, no está llamada a prosperar. AUTO ILEGAL-Improcedencia de su revocatoria Es bien sabido que en aras de la seguridad procesal, la ley, en principio, no permite que los autos puedan modificarse de oficio. Lo máximo que el funcionario puede hacer, es proceder a su reforma siempre y cuando haya mediado recurso de reposición o solicitud de aclaración. Del inciso segundo del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1o., numeral 139, del decreto 2282 de 1989, que sólo autoriza para aclarar de oficio autos dentro del término de su ejecutoria, no puede deducirse una facultad amplia para la reforma oficiosa de tales providencias. Esto, se repite, en principio, pues, como lo ha sostenido la jurisprudencia, los autos manifiestamente ilegales no se ejecutorían realmente, porque se rompe la unidad del proceso. Teniendo en cuenta que la acción de tutela no es un medio para subsanar errores u omisiones de los litigantes, la Sala, por este aspecto, tampoco habrá de conceder el amparo impetrado. Referencia     :      proceso T-55083 Actor            :      Jairo Valencia Uribe Procedencia  :      TRIBUNAL SUPERIOR DEL                                                         DISTRITO JUDICIAL DE CA-                           LI, SALA DE DECISIÓN CIVIL Ponente        :      doctor JORGE ARANGO M. Sentencia aprobada en sesión del veinticinco (25) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995). La SALA PRIMERA (1a.) DE REVISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, integrada por los magistrados JORGE ARANGO MEJÍA, ANTONIO BARRERA CARBONELL y EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, decide sobre la Sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI, SALA DE DECISIÓN CIVIL, de fecha cuatro (4) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). I. ANTECEDENTES A. Hechos El actor, el cinco (5) de octubre del año pasado, presentó, ante el JUZGADO TERCERO (3o.) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI, una demanda de tutela contra la INSPECCIÓN CATORCE (14) DE COMISIONES CIVILES de esa ciudad, la cual fue repartida al JUZGADO PRIMERO (1o.) CIVIL del mismo Circuito (radicación: folio 410, partida 12152, 5 de octubre de 1994). La reclamación estuvo enderezada a la protección del derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la Constitución). Pues bien, en el presente caso ocurrió que el JUZGADO CUARTO (4o.) CIVIL MUNICIPAL DE CALI, dentro del proceso de entrega del tradente al adquirente propuesto por JAIRO VALENCIA URIBE contra MARÍA GENOVEVA URIBE DE VALENCIA, el día dieciocho (18) de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993), dictó una Sentencia ordenando a la demandada entregar a su contraparte el lote de terreno ubicado en la carrera 3B número 70-87 del Barrio Buenos Aires de Cali, junto con la mejora en él construída. Para el cumplimiento del fallo, el Juzgado, el primero (1o.) de junio del mismo año, con destino a la SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, libró el despacho comisorio número 179. El adelantamiento de la comisión, finalmente, correspondió a la INSPECCIÓN CATORCE (14) DE COMISIONES CIVILES de dicha ciudad. El tres (3) de diciembre de mil novecientos noventa y tres (1993), la Inspección procedió al desarrollo de la diligencia de entrega, encontrando oposición por parte de la señora AYDÉE ZAPATA TORO, quien alegó ser poseedora del inmueble por más de treinta (30) años. No obstante, el Inspector, en decisión no recurrida, rechazó de plano tal oposición; suspendió la diligencia y señaló, para la verificación de la entrega, la fecha del siguiente seis (6) de diciembre. Reiniciada oportunamente la diligencia, y por solicitud de un delegado de la Personería Municipal para quien la opositora sí demostró sumariamente su calidad de poseedora, el comisionado, en providencia que tampoco fue recurrida, aceptó la oposición y dispuso la devolución de la actuación a la autoridad comitente. Esta última, por auto del ocho (8) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), devolvió el despacho a la Inspección considerando que no había sido cumplido por el comisionado. En desarrollo de esta nueva orden y habida cuenta de la insistencia del interesado en la entrega, la Inspección comisionada, el veintinueve (29) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), dejó a la opositora en calidad de secuestre y, con arreglo al parágrafo 3o., numeral 1o., del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, devolvió el despacho al juez del conocimiento para la práctica de las pruebas relacionadas con la oposición. Por lo anterior, el actor solicitó “ordenar a la Inspección Catorce de Comisiones Civiles realizar la entrega ordenada mediante Sentencia del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cali” y “una vez efectuada ésta, ordenar el archivo del expediente”. B. Los fallos de instancia a. La Sentencia del a quo El JUZGADO PRIMERO (1o.) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI, el trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), negó, por improcedente, “la acción de tutela instaurada por el señor JAIRO VALENCIA URIBE por medio de apoderado judicial contra la INSPECCIÓN 14 DE COMISIONES CIVILES DE ESTA CIUDAD”. Para el juzgador hubo violaciones del debido proceso, como consecuencia del quebrantamiento del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil y la vulneración del principio de la imposibilidad judicial de la revocación oficiosa. En este sentido, dijo que “no podía el comisionado revocar la providencia inicialmente proferida y que quedara en firme porque no se interpusieron recursos contra élla”, agregando que “tampoco estaba permitido devolver el despacho al comisionado para continuar con la diligencia de entrega, cuando admitida la oposición el demandante no interpuso recurso contra tal providencia o insistió expresamente en la entrega”. Sin embargo, no encontró procedente la tutela por la existencia de otro medio idóneo de defensa judicial. Al respecto manifestó: “El trámite establecido en el art. 338, parágrafo 3o., del C. de P. Civil, que actualmente adelanta el Juzgado 4o. Civil Municipal en el proceso a que hemos hecho referencia, permite decidir fundadamente sobre la oposición a la diligencia de entrega, mediante providencia susceptible de recurso de apelación. “Puede entonces el demandante demostrar la improcedencia de la oposición formulada por la señora AYDÉE ZAPATA TORO, y lograr así la entrega del inmueble que es lo que pretende por medio de esta acción de tutela. “El procedimiento señalado constituye por tanto un medio tan eficaz como la tutela para la defensa del derecho al debido proceso que ha sido vulnerado en este caso, y por consiguiente existiendo aquél no es procedente esta acción de tutela, más aún si no se utilizó como mecanismo transitorio ni se estableció la existencia de un perjuicio irremediable.” b. La Sentencia del ad quem El TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI, SALA DE DECISIÓN CIVIL, el día cuatro (4) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), confirmó el fallo impugnado. En lo pertinente dijo: “En el sub-lite, frente a las manifiestas irregularidades -bien descritas por la juez de instancia- que han acaecido en el desarrollo de la diligencia de entrega del inmueble, ordenada en la Sentencia que culminó el proceso abreviado de entrega del tradente al adquirente, y que han originado un singular batiburrillo procesal que, desde luego, ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, observa la Sala que surtiéndose en la actualidad ante el comitente -según se desprende de la copia de la actuación allegada a los autos- el trámite establecido en el parágrafo 3o. del art. 338 del C. de P. Civil, en el cual se decidirá a fondo sobre la oposición a la diligencia de entrega mediante providencia susceptible de alzada, y dentro del cual puede el tutelante esgrimir los argumentos necesarios tendientes a anonadar la oposición formulada y obtener así la entrega del inmueble, no procede la tutela aquí deprecada -en virtud del principio de subsidiariedad ya comentado- que persigue idéntico fin.” II. CONSIDERACIONES A. Competencia La Sala es competente para decidir sobre la Sentencia que se revisa, por lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991. B. ¿Contaba el actor con otro medio de defensa judicial para exigir la entrega del inmueble reclamado? La respuesta a este interrogante es de importancia para la correcta resolución del presente caso, porque el inciso 3o. del artículo 86 de la Carta dice que la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. El artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1o., numeral 160, del decreto 2282 de 1989, regula el camino que deben seguir las autoridades judiciales y administrativas cuando se vean en la necesidad de decidir sobre eventuales oposiciones a la entrega de bienes. Allí, en el inciso primero del parágrafo 2o. y en el numeral 1o. del parágrafo 3o., se establece, por una parte, que cuando se admite la oposición y al demandante no le propera el recurso de reposición o insiste en la entrega, “el bien se dejará al opositor en calidad de secuestre”, y por otra parte, que “si la diligencia se practicó por comisionado y la oposición se refiere a todos los bienes objeto de la diligencia, se remitirá inmediatamente el despacho al comitente, quien dentro de los tres días siguientes procederá como se indica en el inciso anterior”, significando con ello que el juez de conocimiento, dentro del término anotado, está obligado a proferir “auto que otorgue el término de tres días a partir de su notificación, para que el opositor y quien solicitó la entrega pidan pruebas que se relacionen con la oposición”. Complementariamente, el numeral 2o. del parágrafo 3o., ordena que una vez practicadas las pruebas o precluída la oportunidad para ello, “se resolverá la oposición con base en dichas pruebas y en las practicadas durante la diligencia”. En otras palabras, resulta claro que nuestras normas procesales sí prevén la manera de resolver oposiciones a la entrega de bienes cuando éstas, como en el caso que nos ocupa, han sido en principio aceptadas por la autoridad comisionada. En consecuencia, existiendo otro medio de defensa judicial para insistir en la entrega del inmueble, la acción de tutela propuesta por el señor JAIRO VALENCIA URIBE, con arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el inciso 3o. del artículo 86 de la Constitución, y tal cual lo determinó la Sentencia que se revisa, no está llamada a prosperar. Adicionalmente, como bien lo observó el juzgador de primera instancia, tampoco es procedente la tutela en la modalidad de mecanismo transitorio, pues el interesado jamás probó la presencia de un perjuicio irremediable por precaver. C. ¿Qué hacer en relación con la desacertada intervención del ministerio público y la ilegal revocación del auto que denegó la oposición? Como se recuerda, la INSPECCIÓN CATORCE (14) DE COMISIONES CIVILES DE CALI, el seis (6) de diciembre de mil novecientos noventa y tres (1993), oficiosamente revocó el auto que había rechazado la oposición presentada por la señora AYDÉE ZAPATA TORO. Con tal conducta, el funcionario de policía incurrió en error procedimental, pues, pese a la notoria improcedencia de la solicitud del agente del ministerio público -derivada del hecho de que el numeral 4o. del parágrafo 1o. del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil claramente dice que “cuando la diligencia se efectúe en varios días, sólo se atenderán las oposiciones que se formulen en día en que el juez identifique el sector del inmueble o los bienes muebles a que se refieran las oposiciones”-, no la rechazó como era su deber. Además, es bien sabido que en aras de la seguridad procesal, la ley, en principio, no permite que los autos puedan modificarse de oficio. Lo máximo que el funcionario puede hacer, es proceder a su reforma siempre y cuando haya mediado recurso de reposición o solicitud de aclaración. Del inciso segundo del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1o., numeral 139, del decreto 2282 de 1989, que sólo autoriza para aclarar de oficio autos dentro del término de su ejecutoria, no puede deducirse una facultad amplia para la reforma oficiosa de tales providencias. Esto, se repite, en principio, pues, como lo ha sostenido la jurisprudencia, los autos manifiestamente ilegales no se ejecutorían realmente, porque se rompe la unidad del proceso. No obstante lo insólito de la petición del agente del ministerio público y el equivocado proceder de la Inspección de Policía, lo cierto es que el apoderado del señor JAIRO VALENCIA URIBE no interpuso ningún recurso contra la revocación del auto que había denegado la oposición de la señora AYDÉE ZAPATA TORO. En estas condiciones, teniendo en cuenta que la acción de tutela no es un medio para subsanar errores u omisiones de los litigantes, la Sala, por este aspecto, tampoco habrá de conceder el amparo impetrado. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR el fallo proferido por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI, SALA DE DECISIÓN CIVIL, el día cuatro (4) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que, a su vez, confirmó la decisión del JUZGADO PRIMERO (1o.) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI, dictada el trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), la cual negó, por improcedente, “la acción de tutela instaurada por el señor JAIRO VALENCIA URIBE por medio de apoderado judicial contra la INSPECCIÓN 14 DE COMISIONES CIVILES DE ESTA CIUDAD”. SEGUNDO. COMUNICAR este fallo al JUZGADO PRIMERO (1o.) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI, para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte. JORGE ARANGO MEJÍA Magistrado ponente ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado MARTHA SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-181-95 Sentencia No Sentencia No. T-181/95 MALTRATO CONYUGAL/MALTRATO A MENOR/PRESUNCION DE INDEFENSION/DERECHO A LA VIDA/DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL La demandante y sus hijas menores se encuentran en estado de indefensión respecto a su compañero permanente y padre. Para las hijas la indefensión se presume y para la compañera se deduce de la relación de concubinos en un ambiente propenso a las actitudes violentas del hombre y a la dependencia económica. Se puede deducir que las amenazas en el caso concreto si han existido, son amenazas graves porque atentan contra la vida y la integridad personal. La tutela debe de concederse de manera definitiva porque esta acción es el instrumento adecuado para prevenir, en lo posible, la amenaza de violencia que se cierne contra la peticionaria y sus menores hijas. REF: EXPEDIENTE T-56099 Peticionaria: Cruz María Sotelo Procedencia: Juzgado Quince Penal del Circuito de Santafé de Bogotá. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá D.C., (25) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-56099. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, procediéndose a dictar la Sentencia de revisión. 1. Solicitud. Cruz María Sotelo Castillo, en nombre propio instauró acción de tutela contra Ramiro Hernández, su compañero permanente, con fundamento en lo siguiente: "Es que el siempre que llega borracho o del mal genio me maltrata de palabra, amenazándome que él me va a matar y me golpea. En varias ocasiones me ha sacado de la casa, diciéndome que no tengo nada que hacer ahí porque la casa es de él; incluso hace más o menos mes y medio me le fue a quemarle las manitas a las niñas con el equipo de soldadura porque se le habían perdido cinco mil pesos, no sé si la plata que dejó la dejó mal contada porque las  niñas no están acostumbrados a quitarle plata a nadie y además las niñas permanecen encerradas en la casa, bajo llave. Yo se los devolví de mi dinero, del sueldo que gano pero él no estuvo conforme y fue a darle puñaladas a la niña más grandecita que se llama Adriana y visto a eso yo decidí entonces separarme de él, e incluso él dijo que dividiéramos la casa, pero nosotros no hicimos ningún papel, no hemos hecho nada; entonces él decidió arreglar su mitad de casa. Anoche volvió a repetirse la misma escena; anoche llegué de viaje con las niñas y estaba borracho y una vez que llegó empezó a tratarnos mal, a ser grosero y hasta un tiro me hizo hacia los pies con una pistola que tiene; entonces me despachó de la casa y me dijo que yo no tenía ningún derecho. Yo me fui porque no me podía quedar ahí y las niñas también se fueron conmigo". 2. Testimonio de una de las hijas: Adriana Hernández Sotelo, de 12 años, dice: "PREGUNTADO.... Dígale al Despacho si usted y sus hermanas han recibido maltratos por parte de su padre. CONTESTO. Pues si señor pues un día me quería enterrar un cuchillo, porque se le había perdido plata, pegarnos casi no porque casi no permanece en la casa, el nos ofende como si nos quisiera matar de una vez, nos ha intentado pegar pero mi mamá y mi hermana no nos dejan pegar. PREGUNTADO.... Diga al Juzgado usted, por qué cree que su padre reacciona de esta manera. CONTESTO. Yo creo es que no quiere a mi mamá y porque yo creo que también es para ofendernos a nosotros. PREGUNTADO. Su mamá en diligencia anterior dice que su padre le iba a quemar las manos. Usted nos puede contar cómo fue que sucedió esto. Contesto. Pues fue cuando se le perdió la plata, él se fue de la casa por un rato y dijo que cuando volviera nos iba a quemar las manos con el equipo de soldadura. El llegó como a las seis y media de la tarde y cogió un cuchillo para abrir la pieza porque no tenía llaves y para sacar el equipo de soldadura, mi hermana Carmen Rosa le cogió la mano a mi papá para quitarle el cuchillo entonces él se corto una mano y luego fue a entrar a la pieza donde estábamos nosotros a enterrarme el cuchillo, entonces mi hermano se paró en la puerta y hizo que botara el cuchillo encima a una cama, luego mi papá como le habían quitado el cuchillo entró a la pieza y sacó la pistola a amenazarlas que si no se iban las mataba a mi mamá y nosotros nos fuimos." 3. Versión del acusado Ramiro Hernández: Relata la incompresión familiar, tratando de desviar la atención hacia la adquisición de un lote. Niega haber amenazado o agredido a su compañera e hijas. 4. Decisión del Juzgado: El 23 de noviembre de 1994 el Juzgado 15 Penal del Circuito de esta ciudad, resolvió: "CONCEDER como mecanismo transitorio limitado a dos meses (2) contados a partir de la notificación de esta providencia, lapso en el cual la accionante deberá concurrir ante las autoridades que se señalaron  en la parte motiva para ejercer las acciones procedentes, la acción de tutela en relación con la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y el derecho de las menores Adriana, Katerine y Daysi a tener una familia y al amparo frente a las distintas formas de violencia física o moral. Si no lo hiciere, una vez terminado o fenecido el término aquí establecido, se terminará la protección temporal. 2.- ORDENAR al señor RAMIRO HERNANDEZ RUEDA que se abstenga de realizar todo acto que ponga en peligro la integridad física y la vida tanto de la accionante como de sus hijas. 3.- ORDENAR  que las autoridades de policía ejerzan dentro de sus competencias legales la vigilancia sobre la conducta del señor Hernández Rueda en relación con el presente asunto. 4.- PREVENIR al señor RAMIRO HERNANDEZ RUEDA para que se abstenga de efectuar agresiones físicas o morales a los miembros de su familia advirtiéndole que el desacato a lo dispuesto en las acciones de Tutela conlleva sanción de arresto hasta de seis meses y multa hasta de veinte salarios mínimos." FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir Sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. 2. Caso concreto. Cruz María Sotelo Castillo y sus hijas menores se encuentran en estado de indefensión respecto a Ramiro Hernández Rueda, compañero permanente de la primera y padre de Adriana, Katerine y Deisy Hernández Sotelo. Para las hijas la indefensión se presume y para la compañera se deduce de la relación de concubinos en un ambiente propenso a las actitudes violentas del hombre y a la dependencia económica porque las mujeres viven o vivían en un inmueble que según Hernández le pertenece a él y del cual las aleja cuando llega embriagado y en actitud hostil. La solicitante pide que cese "el mal trato y la responsabilidad (sic) hacia mis hijas y porque él me maltrata". Hernández Rueda niega cualquier clase de violencia o amenazas, pero reconoce los "malos entendimientos", "aunque siempre hemos discutido y nos hemos irrespetado tanto el uno como el otro, de pronto una vez si nos golpeamos hace unos ocho años" y solicita que por medio de la tutela "nos ayudaran a repartir estos bienes porque entre nosotros no hay comprensión". A excepción de las versiones de la madre y de una hija, no existe otro elemento de juicio que corroborara lo dicho por ellas. Pese a la ausencia de otras pruebas, las declaraciones de las mujeres ofrecen serios motivos de credibilidad porque con frecuencia y rapidez deben abandonar el hogar ante las amenazas. Por eso, se estima prudente la determinación del a-quo de ordenarle a las autoridades de policía una especial vigilancia (cuestión que hasta el momento no se ha hecho efectiva), y de ordenarle a Ramiro Hernández que se abstenga de realizar cualquier acto violento, de lo contrario incurrirá en desacato. En efecto, se puede deducir que las amenazas si han existido, son amenazas graves porque atentan contra la vida y la integridad personal, de ahí que le asiste razón al Juzgado para tutelar estos derechos. En cuanto al derecho a tener un hogar, esto es algo natural, protegido constitucionalmente, y, Ramiro Hernández no puede, cuando se embriaga, hacer retirar del hogar a su compañera y a sus hijas, dejándolas a la interperie u obligándolas a protegerse en casa de un familiar, sobre este último aspecto se impone señalar una medida eficaz, cual sería la de la inmediata presencia de la policía, no sólo cuando haya amenazas sino cuando Hernández saca de la habitación a su compañera e hijas. Esta Sala de Revisión considera que la tutela debe de concederse de manera definitiva porque esta acción es el instrumento adecuado para prevenir, en lo posible, la amenaza de violencia que se cierne contra Cruz María Sotelo y sus menores hijas. Es por ello que se modificará la Sentencia del a-quo, en cuanto concedió la tutela como mecanismo transitorio. En mérito de lo expuesto la Sala 7ª de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de primera instancia en cuanto tuteló los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y el derecho a tener una familia, pero REVOCAR en cuanto la concedió como mecanismo transitorio y en su lugar se otorga de manera definitiva. SEGUNDO. CONFIRMAR los numerales 2º y 4º, en cuanto le ordenan y previenen a Ramiro Hernández Rueda para que se abstenga de realizar todo acto violento contra su compañera permanente y sus hijas. TERCERO. ADICIONAR el numeral 3º en el sentido de ordenarle a las autoridades de Policía del Barrio Nueva España de Santafé de Bogotá, tanto al Alcalde Local como al Comandante de Policía respectivos, que tomen las medidas de protección inmediatas y urgentes cuando reciban información de que Cruz María Sotelo Castillo o sus hijas menores Adriana, Katherin y Alejandra Hernández Sotelo sean amenazadas por Ramiro Hernández o sean retiradas por él del hogar que habitan. CUARTO. El incumplimiento por parte de Ramiro Hernández Rueda de la obligación de no lanzar a la calle a su compañera o hijas, o de atentar contra la vida e integridad personal de ellas, será sancionada por el Juez de Tutela, previo incidente de desacato, con arresto de hasta seis meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubieren lugar. QUINTO.  Comisionar al Juez de primera instancia para que notifique la Sentencia a las partes y adopte las decisiones necesarias señaladas en el art. 36 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO. Envíese copia del fallo al Defensor del Pueblo, al Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, al Comando de Policía de esta ciudad. Notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado Corte Constitucional Sentencia T- 56099 VLADIMIRO NARANJO MESA. Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-182-95 Sentencia No Sentencia No. T-182/95 DERECHO AL SUFRAGIO-Residentes en el lugar/ELECCIONES LOCALES/CENSO ELECTORAL-Inscripciones Sin pretender desvirtuar la legalidad de la actuación que se impugna en casos concretos, pues, lo cierto es que, como lo pudo comprobar el despacho de instancia, las personas que ejercen en este caso la acción de tutela, y que reciben el amparo tutelar, son todas vecinas y residentes del Municipio y como tales cumplen con la condición constitucional de ser residentes en el lugar en el cual se celebrarían las elecciones locales para las cuales se inscribieron por no hacer parte del censo electoral formado, sin que existiera en verdad fundamento alguno para obligarlos a votar en otro lugar en contra de la misma disposición constitucional que se utiliza como fundamento de la resolución respectiva. REF.: Expediente No. T-54121 Actores: MARIA GUADALUPE CANO DE BOHORQUEZ Y OTROS Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr.  VLADIMIRO NARANJO MESA Dr.   JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá D.C., Abril veintiseis (26)  de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala de Revisión de tutelas, integrada por los H. Magistrados JORGE ARANGO MEJIA, VLADIMIRO NARANJO MESA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre la Sentencia relacionada con la acción de la referencia, proferida por el Juzgado Penal Municipal de Girardota (Antioquia), el veintiséis (26) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), previos los siguientes, ANTECEDENTES A.  La Petición Los actores MARIA GUADALUPE CANO DE RODRÍGUEZ, SIGIFREDO DE JESUS ARIAS ALVAREZ, NICOLAS DE JESUS CATAÑO CORDOBA, BEATRIZ ELENA MIRANDA TORO, OLGA PATRICIA MIRANDA TORO, AURA INES TORRES DE VELEZ, ALFREDO DE JESUS TAMAYO LONDOÑO, HECTOR WILSON CHICA ALARCON, DIANA PATRICIA GRANDA BEDOYA, RUTH GLADYS GONZÁLEZ SALDARRIAGA, LEONILA DE JESÚS GIL GIL, FRANCISCO JAVIER RESTREPO URIBE, JOSÉ VICENTE ROSERO MUÑOZ, MARTA CECILIA GUERRA VASQUEZ, NICOLAS EDUARDO GOMEZ SUAREZ, ANTONIO JOSE VALENCIA  BLANDÓN, ELKIN DE JESUS MORENO ALVAREZ, BEATRIZ ELENA LEDEZMA BERMÚDEZ, ARGIRO ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ, MARTA CECILIA GOMEZ GUTIERREZ, JOSÉ IVAN GARCIA PIEDRAHITA, NEIDA DEYANIRA RAMÍREZ ZULUAGA, ANGEL DE JESUS GOMEZ GUTIERREZ, JORGE HUMBERTO VELÁZQUEZ AGUDELO, JOSE ALVARO RAMIREZ ZULUAGA, OLGA LUCIA SANCHEZ VELAZQUEZ, BENJAMIN ANTONIO SIERRA MUÑOZ, ELEVIA LOAIZA DE MURCIA, LUZ AMANDA MORALES ESPAÑA, ADRIANA MARIA VILLA GARCIA, MAURO ENRIQUE ESCOBAR RICO, DIEGO LUIS COLORADO  BARRIENTOS, MARIA ISMELDA BUSTAMANTE RIVERA, LUIS ARGIRO ROJAS AGUDELO, BERTA MARIA RENDON DE RAMIREZ, CARLOS HUMBERTO RUIZ VELAZQUEZ, FLOR MARY RAMIREZ RENDON, BERNARDO ANTONIO BEDOYA LÓPEZ, OSCAR JAVIER HENAO SALDARRIAGA, MARIA ELENA DUQUE DE BEDOYA y CRUZ ELENA ZAPATA GARCES, presentaron en forma separada ante el Juzgado Penal Municipal de Girardota, la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución, para que les sea concedido el amparo judicial del derecho constitucional fundamental al sufragio, consagrado en el artículo 40 de la Carta Política, que consideran vulnerado con la resolución 277 del 26 de septiembre de 1994, proferida por el Consejo Nacional Electoral. En este sentido, pretenden los actores "se ordene a la Registraduría  Nacional del Estado Civil y a su delegada en Girardota, la inscripción de las cédulas para hacer efectivo el derecho invocado." El Juzgado Penal Municipal mediante auto de 26 de octubre de 1994, teniendo en cuenta que las varias acciones de tutela que se presentaron ante ese Despacho, pretenden el mismo objetivo, y, atendiendo el principio de economía procesal, decide acumular todas las acciones a efecto de que se decidan en un mismo fallo. 2.  Los fundamentos de hecho y de derecho que los peticionarios señalan como causa de la acción interpuesta se resumen así: -   Indican los peticionarios que dentro de los términos de ley inscribieron sus cédulas de ciudadanía en la Registraduría Municipal del Estado Civil de Girardota, con el objeto de ejercer el derecho y el deber de participar en las elecciones a realizarse el 30 de octubre de 1994. -        Indican que mediante resolución 277 de 1994, el Consejo Nacional Electoral, resolvió dejar sin efecto las inscripciones de cédulas realizadas entre el 1o. de julio  y el 30 de agosto de 1994 en el Municipio de Girardota. -        Consideran que la decisión del Consejo Nacional Electoral, amenaza y viola su derecho al sufragio, teniendo en cuenta que se registraron  oportunamente para votar, y que residen en el Municipio  de Girardota. B.  Las Decisión de Instancia que se revisa Previo el análisis de la documentación aportada, el Juzgado Penal Municipal de Girardota en Sentencia de veintiséis (26) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), resolvió acceder a la tutela "del derecho constitucional fundamental que para votar consagra el artículo 40 de la Carta y, por ello dichas personas pueden votar en las elecciones a celebrarse el próximo domingo 30 de octubre de 1994. Así las cosas, el Consejo Nacional Electoral, el Registrador Nacional del Estado Civil de Girardota (Antioquia), adoptarán las medidas necesarias para que las mencionadas personas puedan participar en la elección de las autoridades locales del Municipio de Girardota y, votar en el puesto de este Municipio donde inscribieron sus cédulas de ciudadanía". Lo anterior aparece fundamentado en las consideraciones que se resumen a continuación: -    Para el despacho es claro que la resolución 277 del 26 de septiembre de 1994 expedida por el Consejo Nacional Electoral es un acto administrativo, toda vez que emana de una autoridad pública que cumple funciones administrativas. En estas condiciones dicho acto puede ser atacado mediante la acción de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante la cual toda persona puede solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de dicho acto, además de la suspensión provisional según el artículo 152 del C.C.A. -    De acuerdo con lo anterior, señala el juzgador que existiendo otros medios de defensa judicial, la acción de tutela resulta improcedente; sin embargo, el contenido del artículo 6o. numeral 1 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela permite que aún existiendo otros medios de defensa judicial, la procedencia de la misma "como mecanismo transitorio para impedir un perjuicio irremediable y señala además que la existencia de recursos o medios de defensa judiciales deben ser apreciados en concreto en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante". -    Advierte que la resolución 277 de 1994 del Consejo Nacional Electoral al negarle a los actores, o al amenazarles a estos el libre ejercicio de un derecho legal fundamental como es el voto, les causa un perjuicio irremediable, como quiera que se pierde la oportunidad que tiene la comunidad para expresar que conoce sus derechos y deberes fundamentales, que no son otra cosa que las reglas básicas de la vida social y de los cuales depende la paz, la autonomía y la dignidad de las personas. -    Señala que la resolución del Consejo Nacional Electoral, "además de constituir una amenaza para que los electores puedan ejercer libremente un derecho constitucional fundamental, cual es el de elegir y tomar parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática", viola el debido proceso e igualdad de las personas ante la ley, al desconocer el artículo 4o. numeral tercero de la Ley 163 de 1994. -    Advierte el juzgador que en momento alguno el Despacho está asumiendo facultades para sustituir al Contencioso Administrativo "en la definición sobre la validez de la Resolución 277 del 26 de septiembre de 1994 expedida por el Consejo Nacional Electoral, ni suponemos siquiera que podemos suspender provisionalmente aquel acto, pues ello representaría invadir el ámbito constitucional de dicha jurisdicción". -    Señala que las pruebas allegadas y practicadas, establecen que los peticionarios residen evidentemente en el Municipio de Girardota (Antioquia). -        En relación con el ejercicio de la acción de nulidad  y suspensión provisional ante la jurisdicción contencioso administrativa del acto proferido por el Consejo Nacional Electoral, advierte el juzgado que este medio judicial no resultaba eficaz para el caso concreto, teniendo en cuenta circunstancias económicas de los actores, la dificultad de trasladarse hasta el Consejo de Estado para hacer valer allí sus derechos, y la premura del tiempo en relación con la celebración de los comicios. CONSIDERACIONES DE LA CORTE A. La Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer la revisión de la referencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991, además este examen se hace en virtud de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada en el reglamento de esta Corporación. B. La materia del caso. 1.  En esta oportunidad se ocupa la Corte de la revisión de una decisión judicial producida dentro del trámite de la acción de tutela de los derechos constitucionales fundamentales, prevista en el artículo 86 de la Constitución Nacional, producida con ocasión del cuestionamiento de la inconstitucionalidad en concreto y con alcances subjetivos de la  actuación de una autoridad administrativa, por la que según los argumentos de los peticionarios se impide, sin fundamento jurídico superior, el ejercicio del derecho constitucional fundamental al sufragio de un número indeterminado de personas residentes en el municipio de Girardota, Departamento de Antioquia. 2.  En efecto, en este asunto se trata del trámite judicial específico de un conjunto determinado de peticiones, debidamente determinadas en razón del objeto de la demanda de tutela y de las personas que reclaman la protección inmediata del mencionado derecho, y cabalmente acumuladas de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, que se adelantó con el fin de obtener  una orden judicial determinada, para que en cada caso y en el mencionado municipio, se permitiera a los peticionarios ejercer el mencionado derecho, ante la inminencia de la aplicación forzada de la decisión oficiosa de carácter administrativo cuestionada, y para evitar el supuesto perjuicio irremediable que se produciría, en opinión de los actores, de permitirse su ejecución antes de la definición judicial ordinaria y contencioso administrativa de la validez y de la nulidad de aquella actuación. En este sentido se deja en claro, tal y como lo advirtió el despacho de instancia, que el Consejo Nacional Electoral ejerció sus funciones dentro del marco de las disposiciones constitucionales correspondientes que le entregan la “...suprema inspección y vigilancia de la organización electoral” y la facultad de velar “...por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías”, por lo cual decidió dejar sin efecto la inscripción de cédulas realizadas entre el 1o. de julio y el 30 de agosto en los mencionados municipios y entre ellos en el municipio de Girardota. 3.  De otra parte, con la petición se pretende, en sentido específico, impedir que de la aplicación de una disposición administrativa de carácter general a determinadas personas y en determinadas condiciones subjetivas y objetivas de carácter especial, se desprenda la violación de la Constitución por amenaza y desconocimiento de un derecho constitucional fundamental; por ello, es claro para el despacho de instancia que los peticionarios en este caso reclaman el amparo tutelar de carácter judicial y de naturaleza constitucional del citado derecho, y no la definición de la legalidad en abstracto de la actuación administrativa de carácter general, que cuestionan como causa directa de la violación del derecho fundamental al sufragio. 4.  Advierten los peticionarios que la Resolución No. 277 del 26 de septiembre de 1994 del Consejo Nacional Electoral, por la que se dejó sin efecto la inscripción de cédulas entre el 1o. de julio y el 30 de agosto de 1994, en quince (15) municipios (Cisneros, Concordia, Envigado, La Ceja, Fredonia, Caucasia, Barbosa, El Peñol, Girardota, Andes, Buriticá, Itagüí, Hispania, Liborina y Valdivia), del departamento de Antioquia, es causa de la violación de su derecho constitucional fundamental reconocido en el artículo 40 de la Carta Política, por cuanto efectivamente ellos residen en el municipio de Girardota, que es el lugar en el que aparecen inscritas sus cédulas con el propósito de ejercer sus derechos constitucionales al sufragio en las elecciones a realizarse el domingo 30 de Octubre de 1994 5.  Se observa que para el despacho de instancia resulta de las actuaciones surtidas que “Afectados como se encuentran los accionantes por la amenaza que para ellos constituye la Resolución 277 del 26 de septiembre expedida por el Consejo Nacional Electoral, han interpuesto la acción de tutela aduciendo que se registraron oportunamente para sufragar el 30 de octubre de 1994 y, mediante declaraciones de testigos han demostrado que residen en el Municipio de Girardota; además de que este despacho, personalmente el Juez y su Secretario se trasladaron hasta las direcciones que adujeron los actores, habiéndose constatado, tanto con ellos como por personas vecinas y familiares, que efectivamente residen allí. Igualmente, dos de los actuantes anexaron certificación en la que consta que efectivamente ejercen su profesión u oficio en el Municipio de Girardota como empleados adscritos al Tránsito Municipal.” 6.  Sin que haya lugar a definición alguna en esta sede judicial respecto de la legalidad, ni de la validez formal, ni de los contenidos de la citada resolución del Consejo Nacional Electoral, como es imposible que ocurra en este trámite de revisión eventual, de una decisión judicial relacionada con la tutela de los derechos constitucionales fundamentales, observa la Corte que, a su vez, en la parte de consideraciones de la providencia administrativa que es tachada, como se ha advertido, de causa de la violación que se pretende remediar y evitar en varias de sus manifestaciones, se mencionan algunos acontecimientos y se consignan ciertas observaciones genéricas relacionadas indirectamente con la posible violación a las disposiciones legales que regulan el régimen de inscripción de electores, y que garantizan la vigencia de las disposiciones constitucionales en materia de elecciones de orden local. En este sentido es suficientemente claro que el Consejo Nacional Electoral, en la oportunidad correspondiente, recibió algunas quejas, testimonios, reclamos y mensajes relacionados con la posible ocurrencia de hechos configurativos de conductas irregulares contempladas en el ordenamiento jurídico como conductas objeto de sanción legal, como la del traslado masivo, notorio y desmedido de ciudadanos electores vecinos de otros lugares, hasta por cifras superiores al cincuenta por ciento (50%) del anterior censo electoral y  ante las cifras de las dos últimas elecciones celebradas en el país, en especial, al del evento electoral anterior del 13 de marzo del mismo año. En la fundamentación del mencionado acto, aparece con suficiente claridad, que la situación así relatada genera desconocimiento de la libertad del sufragio, del censo electoral, de la imparcialidad de las elecciones y del correspondiente evento, todo lo cual afecta la pulcritud de los procesos electorales y resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 265 y 316 de la Carta Fundamental que establecen, respectivamente, las funciones del Consejo Nacional Electoral, así como su deber de hacer cumplir la plenitud de todas las garantías en los procesos electorales, y la limitación del derecho al sufragio en el caso de elecciones de autoridades locales y de la definición de asuntos del mismo carácter a los ciudadanos residentes en el respectivo municipio. De igual modo, también es claro que en la mencionada resolución el Consejo Nacional Electoral fundamenta la decisión correspondiente con base en un argumento novedoso, por decir lo menos, consistente en atribuir una supuesta eficacia y aplicabilidad directa al mencionado artículo 316 de la Carta, que, como se acaba de advertir, establece como límite al sufragio para las elecciones de las autoridades locales y para la adopción de decisiones del mismo carácter, la situación jurídica de la residencia en el respectivo municipio. 7.  Por lo que corresponde a la definición de este caso, la Corte encuentra que asiste razón al despacho de instancia en los argumentos y en la fundamentación racional que elabora para resolver en el fondo sobre las peticiones formuladas y para conceder la tutela reclamada; en efecto, sin pretender desvirtuar la legalidad de la actuación que se impugna en casos concretos, pues, lo cierto es que, como lo pudo comprobar el despacho de instancia, las personas que ejercen en este caso la acción de tutela, y que reciben el amparo tutelar, son todas vecinas y residentes del Municipio de Girardota y como tales cumplen con la condición constitucional de ser residentes en el lugar en el cual se celebrarían las elecciones locales para las cuales se inscribieron por no hacer parte del censo electoral formado, sin que existiera en verdad fundamento alguno para obligarlos a votar en otro lugar en contra de la misma disposición constitucional que se utiliza como fundamento de la resolución respectiva. En este sentido es cierto, y cuando menos en este estrado no se puede desvirtuar la aseveración que sirve de fundamento y motivación externa a la resolución 277 de 1994, pues sin duda alguna se presentaban condiciones de relativa alteración de la pureza del proceso electoral; además, es competencia del organismo rector de los procesos electorales asegurar, por virtud de procedimientos específicamente previstos para dicho fin, la definición de la residencia de los inscritos para elecciones locales y si es del caso, previo el mismo procedimiento dejar sin efecto la inscripción. Al respecto es preciso advertir que el artículo 4o. de la ley 163 de 1994, “Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral”  establece que: "Artículo 4o.  Residencia electoral. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral. Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del juramento, residir en el respectivo municipio. Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside  en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción. Se exceptúa el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el cual se seguirán aplicando las disposiciones del Decreto No. 2762 de 1991. PAR. TRANS.   Para los efectos del inciso final de este artículo, los residentes y nativos del departamento  Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrán votar en todas las elecciones de 1994 con la sola presentación de la cédula de ciudadanía." Como se puede observar, la ley misma en el entendido de que es expresión de la interpretación que hace el legislador respecto de la Constitución, desvirtúa el pretendido carácter que le atribuye la resolución del Consejo Nacional Electoral al citado artículo 316 de la Carta, ya que en éste se reclama y se exige para comprobar “que el inscrito no reside en el respectivo municipio” y para declarar sin efecto la inscripción, la práctica de un procedimiento breve y sumario de verificación, lo cual presupone que en caso de comprobarse la residencia del ciudadano inscrito, prevalece su derecho fundamental y resulta perfectamente válida la protección judicial específica. Es posible que en cada caso se haya cumplido con la verificación genérica del aumento de las inscripciones, y que haya existido en verdad el traslado manipulado, evidente e inaceptable de ciudadanos residentes en otros municipios para alterar la pureza de los correspondientes procesos, pero en verdad la decisión puede ser objeto de verificación en cada caso concreto  como ocurrió en la actuación judicial que se examina y cuya providencia se confirma. En este orden de ideas también queda a salvo la vigencia de los procedimientos judiciales correspondiente para perseguir la definición de la validez del acto que se ataca y que ella puede adelantarse ante las instancias judiciales competentes de lo contencioso administrativo. En mérito de lo expuesto, la Sala No. Ocho de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.-  Confirmar  la Sentencia proferida por el Juez Penal Municipal de Girardota (Antioquia) el veintiséis (26) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). Segundo.-    Líbrense por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General SENTENCIA No.  T-182/95 REF.: Expediente No. T-54121 Actores: MARIA GUADALUPE CANO DE BOHORQUEZ Y OTROS Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr.  VLADIMIRO NARANJO MESA Dr.   JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá D.C., Abril veintiseis (26)  de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala de Revisión de tutelas, integrada por los H. Magistrados JORGE ARANGO MEJIA, VLADIMIRO NARANJO MESA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre la Sentencia relacionada con la acción de la referencia, proferida por el Juzgado Penal Municipal de Girardota (Antioquia), el veintiséis (26) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), previos los siguientes, ANTECEDENTES A.  La Petición Los actores MARIA GUADALUPE CANO DE RODRÍGUEZ, SIGIFREDO DE JESUS ARIAS ALVAREZ, NICOLAS DE JESUS CATAÑO CORDOBA, BEATRIZ ELENA MIRANDA TORO, OLGA PATRICIA MIRANDA TORO, AURA INES TORRES DE VELEZ, ALFREDO DE JESUS TAMAYO LONDOÑO, HECTOR WILSON CHICA ALARCON, DIANA PATRICIA GRANDA BEDOYA, RUTH GLADYS GONZÁLEZ SALDARRIAGA, LEONILA DE JESÚS GIL GIL, FRANCISCO JAVIER RESTREPO URIBE, JOSÉ VICENTE ROSERO MUÑOZ, MARTA CECILIA GUERRA VASQUEZ, NICOLAS EDUARDO GOMEZ SUAREZ, ANTONIO JOSE VALENCIA  BLANDÓN, ELKIN DE JESUS MORENO ALVAREZ, BEATRIZ ELENA LEDEZMA BERMÚDEZ, ARGIRO ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ, MARTA CECILIA GOMEZ GUTIERREZ, JOSÉ IVAN GARCIA PIEDRAHITA, NEIDA DEYANIRA RAMÍREZ ZULUAGA, ANGEL DE JESUS GOMEZ GUTIERREZ, JORGE HUMBERTO VELÁZQUEZ AGUDELO, JOSE ALVARO RAMIREZ ZULUAGA, OLGA LUCIA SANCHEZ VELAZQUEZ, BENJAMIN ANTONIO SIERRA MUÑOZ, ELEVIA LOAIZA DE MURCIA, LUZ AMANDA MORALES ESPAÑA, ADRIANA MARIA VILLA GARCIA, MAURO ENRIQUE ESCOBAR RICO, DIEGO LUIS COLORADO  BARRIENTOS, MARIA ISMELDA BUSTAMANTE RIVERA, LUIS ARGIRO ROJAS AGUDELO, BERTA MARIA RENDON DE RAMIREZ, CARLOS HUMBERTO RUIZ VELAZQUEZ, FLOR MARY RAMIREZ RENDON, BERNARDO ANTONIO BEDOYA LÓPEZ, OSCAR JAVIER HENAO SALDARRIAGA, MARIA ELENA DUQUE DE BEDOYA y CRUZ ELENA ZAPATA GARCES, presentaron en forma separada ante el Juzgado Penal Municipal de Girardota, la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución, para que les sea concedido el amparo judicial del derecho constitucional fundamental al sufragio, consagrado en el artículo 40 de la Carta Política, que consideran vulnerado con la resolución 277 del 26 de septiembre de 1994, proferida por el Consejo Nacional Electoral. En este sentido, pretenden los actores "se ordene a la Registraduría  Nacional del Estado Civil y a su delegada en Girardota, la inscripción de las cédulas para hacer efectivo el derecho invocado." El Juzgado Penal Municipal mediante auto de 26 de octubre de 1994, teniendo en cuenta que las varias acciones de tutela que se presentaron ante ese Despacho, pretenden el mismo objetivo, y, atendiendo el principio de economía procesal, decide acumular todas las acciones a efecto de que se decidan en un mismo fallo. 2.  Los fundamentos de hecho y de derecho que los peticionarios señalan como causa de la acción interpuesta se resumen así: -   Indican los peticionarios que dentro de los términos de ley inscribieron sus cédulas de ciudadanía en la Registraduría Municipal del Estado Civil de Girardota, con el objeto de ejercer el derecho y el deber de participar en las elecciones a realizarse el 30 de octubre de 1994. -        Indican que mediante resolución 277 de 1994, el Consejo Nacional Electoral, resolvió dejar sin efecto las inscripciones de cédulas realizadas entre el 1o. de julio  y el 30 de agosto de 1994 en el Municipio de Girardota. -        Consideran que la decisión del Consejo Nacional Electoral, amenaza y viola su derecho al sufragio, teniendo en cuenta que se registraron  oportunamente para votar, y que residen en el Municipio  de Girardota. B.  Las Decisión de Instancia que se revisa Previo el análisis de la documentación aportada, el Juzgado Penal Municipal de Girardota en Sentencia de veintiséis (26) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), resolvió acceder a la tutela "del derecho constitucional fundamental que para votar consagra el artículo 40 de la Carta y, por ello dichas personas pueden votar en las elecciones a celebrarse el próximo domingo 30 de octubre de 1994. Así las cosas, el Consejo Nacional Electoral, el Registrador Nacional del Estado Civil de Girardota (Antioquia), adoptarán las medidas necesarias para que las mencionadas personas puedan participar en la elección de las autoridades locales del Municipio de Girardota y, votar en el puesto de este Municipio donde inscribieron sus cédulas de ciudadanía". Lo anterior aparece fundamentado en las consideraciones que se resumen a continuación: -    Para el despacho es claro que la resolución 277 del 26 de septiembre de 1994 expedida por el Consejo Nacional Electoral es un acto administrativo, toda vez que emana de una autoridad pública que cumple funciones administrativas. En estas condiciones dicho acto puede ser atacado mediante la acción de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante la cual toda persona puede solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de dicho acto, además de la suspensión provisional según el artículo 152 del C.C.A. -    De acuerdo con lo anterior, señala el juzgador que existiendo otros medios de defensa judicial, la acción de tutela resulta improcedente; sin embargo, el contenido del artículo 6o. numeral 1 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela permite que aún existiendo otros medios de defensa judicial, la procedencia de la misma "como mecanismo transitorio para impedir un perjuicio irremediable y señala además que la existencia de recursos o medios de defensa judiciales deben ser apreciados en concreto en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante". -    Advierte que la resolución 277 de 1994 del Consejo Nacional Electoral al negarle a los actores, o al amenazarles a estos el libre ejercicio de un derecho legal fundamental como es el voto, les causa un perjuicio irremediable, como quiera que se pierde la oportunidad que tiene la comunidad para expresar que conoce sus derechos y deberes fundamentales, que no son otra cosa que las reglas básicas de la vida social y de los cuales depende la paz, la autonomía y la dignidad de las personas. -    Señala que la resolución del Consejo Nacional Electoral, "además de constituir una amenaza para que los electores puedan ejercer libremente un derecho constitucional fundamental, cual es el de elegir y tomar parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática", viola el debido proceso e igualdad de las personas ante la ley, al desconocer el artículo 4o. numeral tercero de la Ley 163 de 1994. -    Advierte el juzgador que en momento alguno el Despacho está asumiendo facultades para sustituir al Contencioso Administrativo "en la definición sobre la validez de la Resolución 277 del 26 de septiembre de 1994 expedida por el Consejo Nacional Electoral, ni suponemos siquiera que podemos suspender provisionalmente aquel acto, pues ello representaría invadir el ámbito constitucional de dicha jurisdicción". -    Señala que las pruebas allegadas y practicadas, establecen que los peticionarios residen evidentemente en el Municipio de Girardota (Antioquia). -        En relación con el ejercicio de la acción de nulidad  y suspensión provisional ante la jurisdicción contencioso administrativa del acto proferido por el Consejo Nacional Electoral, advierte el juzgado que este medio judicial no resultaba eficaz para el caso concreto, teniendo en cuenta circunstancias económicas de los actores, la dificultad de trasladarse hasta el Consejo de Estado para hacer valer allí sus derechos, y la premura del tiempo en relación con la celebración de los comicios. CONSIDERACIONES DE LA CORTE A. La Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer la revisión de la referencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991, además este examen se hace en virtud de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada en el reglamento de esta Corporación. B. La materia del caso. 1.  En esta oportunidad se ocupa la Corte de la revisión de una decisión judicial producida dentro del trámite de la acción de tutela de los derechos constitucionales fundamentales, prevista en el artículo 86 de la Constitución Nacional, producida con ocasión del cuestionamiento de la inconstitucionalidad en concreto y con alcances subjetivos de la  actuación de una autoridad administrativa, por la que según los argumentos de los peticionarios se impide, sin fundamento jurídico superior, el ejercicio del derecho constitucional fundamental al sufragio de un número indeterminado de personas residentes en el municipio de Girardota, Departamento de Antioquia. 2.  En efecto, en este asunto se trata del trámite judicial específico de un conjunto determinado de peticiones, debidamente determinadas en razón del objeto de la demanda de tutela y de las personas que reclaman la protección inmediata del mencionado derecho, y cabalmente acumuladas de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, que se adelantó con el fin de obtener  una orden judicial determinada, para que en cada caso y en el mencionado municipio, se permitiera a los peticionarios ejercer el mencionado derecho, ante la inminencia de la aplicación forzada de la decisión oficiosa de carácter administrativo cuestionada, y para evitar el supuesto perjuicio irremediable que se produciría, en opinión de los actores, de permitirse su ejecución antes de la definición judicial ordinaria y contencioso administrativa de la validez y de la nulidad de aquella actuación. En este sentido se deja en claro, tal y como lo advirtió el despacho de instancia, que el Consejo Nacional Electoral ejerció sus funciones dentro del marco de las disposiciones constitucionales correspondientes que le entregan la “...suprema inspección y vigilancia de la organización electoral” y la facultad de velar “...por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías”, por lo cual decidió dejar sin efecto la inscripción de cédulas realizadas entre el 1o. de julio y el 30 de agosto en los mencionados municipios y entre ellos en el municipio de Girardota. 3.  De otra parte, con la petición se pretende, en sentido específico, impedir que de la aplicación de una disposición administrativa de carácter general a determinadas personas y en determinadas condiciones subjetivas y objetivas de carácter especial, se desprenda la violación de la Constitución por amenaza y desconocimiento de un derecho constitucional fundamental; por ello, es claro para el despacho de instancia que los peticionarios en este caso reclaman el amparo tutelar de carácter judicial y de naturaleza constitucional del citado derecho, y no la definición de la legalidad en abstracto de la actuación administrativa de carácter general, que cuestionan como causa directa de la violación del derecho fundamental al sufragio. 4.  Advierten los peticionarios que la Resolución No. 277 del 26 de septiembre de 1994 del Consejo Nacional Electoral, por la que se dejó sin efecto la inscripción de cédulas entre el 1o. de julio y el 30 de agosto de 1994, en quince (15) municipios (Cisneros, Concordia, Envigado, La Ceja, Fredonia, Caucasia, Barbosa, El Peñol, Girardota, Andes, Buriticá, Itagüí, Hispania, Liborina y Valdivia), del departamento de Antioquia, es causa de la violación de su derecho constitucional fundamental reconocido en el artículo 40 de la Carta Política, por cuanto efectivamente ellos residen en el municipio de Girardota, que es el lugar en el que aparecen inscritas sus cédulas con el propósito de ejercer sus derechos constitucionales al sufragio en las elecciones a realizarse el domingo 30 de Octubre de 1994 5.  Se observa que para el despacho de instancia resulta de las actuaciones surtidas que “Afectados como se encuentran los accionantes por la amenaza que para ellos constituye la Resolución 277 del 26 de septiembre expedida por el Consejo Nacional Electoral, han interpuesto la acción de tutela aduciendo que se registraron oportunamente para sufragar el 30 de octubre de 1994 y, mediante declaraciones de testigos han demostrado que residen en el Municipio de Girardota; además de que este despacho, personalmente el Juez y su Secretario se trasladaron hasta las direcciones que adujeron los actores, habiéndose constatado, tanto con ellos como por personas vecinas y familiares, que efectivamente residen allí. Igualmente, dos de los actuantes anexaron certificación en la que consta que efectivamente ejercen su profesión u oficio en el Municipio de Girardota como empleados adscritos al Tránsito Municipal.” 6.  Sin que haya lugar a definición alguna en esta sede judicial respecto de la legalidad, ni de la validez formal, ni de los contenidos de la citada resolución del Consejo Nacional Electoral, como es imposible que ocurra en este trámite de revisión eventual, de una decisión judicial relacionada con la tutela de los derechos constitucionales fundamentales, observa la Corte que, a su vez, en la parte de consideraciones de la providencia administrativa que es tachada, como se ha advertido, de causa de la violación que se pretende remediar y evitar en varias de sus manifestaciones, se mencionan algunos acontecimientos y se consignan ciertas observaciones genéricas relacionadas indirectamente con la posible violación a las disposiciones legales que regulan el régimen de inscripción de electores, y que garantizan la vigencia de las disposiciones constitucionales en materia de elecciones de orden local. En este sentido es suficientemente claro que el Consejo Nacional Electoral, en la oportunidad correspondiente, recibió algunas quejas, testimonios, reclamos y mensajes relacionados con la posible ocurrencia de hechos configurativos de conductas irregulares contempladas en el ordenamiento jurídico como conductas objeto de sanción legal, como la del traslado masivo, notorio y desmedido de ciudadanos electores vecinos de otros lugares, hasta por cifras superiores al cincuenta por ciento (50%) del anterior censo electoral y  ante las cifras de las dos últimas elecciones celebradas en el país, en especial, al del evento electoral anterior del 13 de marzo del mismo año. En la fundamentación del mencionado acto, aparece con suficiente claridad, que la situación así relatada genera desconocimiento de la libertad del sufragio, del censo electoral, de la imparcialidad de las elecciones y del correspondiente evento, todo lo cual afecta la pulcritud de los procesos electorales y resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 265 y 316 de la Carta Fundamental que establecen, respectivamente, las funciones del Consejo Nacional Electoral, así como su deber de hacer cumplir la plenitud de todas las garantías en los procesos electorales, y la limitación del derecho al sufragio en el caso de elecciones de autoridades locales y de la definición de asuntos del mismo carácter a los ciudadanos residentes en el respectivo municipio. De igual modo, también es claro que en la mencionada resolución el Consejo Nacional Electoral fundamenta la decisión correspondiente con base en un argumento novedoso, por decir lo menos, consistente en atribuir una supuesta eficacia y aplicabilidad directa al mencionado artículo 316 de la Carta, que, como se acaba de advertir, establece como límite al sufragio para las elecciones de las autoridades locales y para la adopción de decisiones del mismo carácter, la situación jurídica de la residencia en el respectivo municipio. 7.  Por lo que corresponde a la definición de este caso, la Corte encuentra que asiste razón al despacho de instancia en los argumentos y en la fundamentación racional que elabora para resolver en el fondo sobre las peticiones formuladas y para conceder la tutela reclamada; en efecto, sin pretender desvirtuar la legalidad de la actuación que se impugna en casos concretos, pues, lo cierto es que, como lo pudo comprobar el despacho de instancia, las personas que ejercen en este caso la acción de tutela, y que reciben el amparo tutelar, son todas vecinas y residentes del Municipio de Girardota y como tales cumplen con la condición constitucional de ser residentes en el lugar en el cual se celebrarían las elecciones locales para las cuales se inscribieron por no hacer parte del censo electoral formado, sin que existiera en verdad fundamento alguno para obligarlos a votar en otro lugar en contra de la misma disposición constitucional que se utiliza como fundamento de la resolución respectiva. En este sentido es cierto, y cuando menos en este estrado no se puede desvirtuar la aseveración que sirve de fundamento y motivación externa a la resolución 277 de 1994, pues sin duda alguna se presentaban condiciones de relativa alteración de la pureza del proceso electoral; además, es competencia del organismo rector de los procesos electorales asegurar, por virtud de procedimientos específicamente previstos para dicho fin, la definición de la residencia de los inscritos para elecciones locales y si es del caso, previo el mismo procedimiento dejar sin efecto la inscripción. Al respecto es preciso advertir que el artículo 4o. de la ley 163 de 1994, “Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral”  establece que: "Artículo 4o.  Residencia electoral. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral. Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del juramento, residir en el respectivo municipio. Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside  en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción. Se exceptúa el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el cual se seguirán aplicando las disposiciones del Decreto No. 2762 de 1991. PAR. TRANS.   Para los efectos del inciso final de este artículo, los residentes y nativos del departamento  Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrán votar en todas las elecciones de 1994 con la sola presentación de la cédula de ciudadanía." Como se puede observar, la ley misma en el entendido de que es expresión de la interpretación que hace el legislador respecto de la Constitución, desvirtúa el pretendido carácter que le atribuye la resolución del Consejo Nacional Electoral al citado artículo 316 de la Carta, ya que en éste se reclama y se exige para comprobar “que el inscrito no reside en el respectivo municipio” y para declarar sin efecto la inscripción, la práctica de un procedimiento breve y sumario de verificación, lo cual presupone que en caso de comprobarse la residencia del ciudadano inscrito, prevalece su derecho fundamental y resulta perfectamente válida la protección judicial específica. Es posible que en cada caso se haya cumplido con la verificación genérica del aumento de las inscripciones, y que haya existido en verdad el traslado manipulado, evidente e inaceptable de ciudadanos residentes en otros municipios para alterar la pureza de los correspondientes procesos, pero en verdad la decisión puede ser objeto de verificación en cada caso concreto  como ocurrió en la actuación judicial que se examina y cuya providencia se confirma. En este orden de ideas también queda a salvo la vigencia de los procedimientos judiciales correspondiente para perseguir la definición de la validez del acto que se ataca y que ella puede adelantarse ante las instancias judiciales competentes de lo contencioso administrativo. En mérito de lo expuesto, la Sala No. Ocho de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.-  Confirmar  la Sentencia proferida por el Juez Penal Municipal de Girardota (Antioquia) el veintiséis (26) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). Segundo.-    Líbrense por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-183-95 Sentencia No Sentencia No. T-183/95 ACCION DE TUTELA-Rechazo/DEMANDA DE TUTELA-Corrección La acción de tutela no expresa claramente "la acción o la omisión que la motiva". Más aún, ni siquiera con una claridad inferior en grado a la que exige la norma. Razón por la cual el juez de instancia ordenó mediante providencia, oficiar a la accionante, "para que en el término de 2 días y de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, precise los hechos en que fundamenta su acción". Auto que fue desatendido por la accionante al no precisar, en la causa, lo solicitado. Este hecho, imponía al juez de instancia, el rechazo de la solicitud, que no solo no fue corregida en los dos días que le fijó aquel despacho, ni en el tercer día, sino que tampoco lo fue de manera extemporánea. COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA/COMPETENCIA DE TUTELA-Lugar donde ocurrieron los hechos/ FALLO DE TUTELA-Nulidad por falta de competencia El artículo 37 es claro al fijar la competencia a prevención para conocer de la acción de tutela, en los jueces o tribunales con jurisdicción "en el lugar donde ocurriera la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud", y no donde se expidió el acto como lo entendió el juez que recepcionó la solicitud. A juicio de esta Corte el Juzgado, no era el competente para fallar sobre la acción, resultando su decisión objeto de anulación, pues no puede tener efectos una providencia judicial expedida por juez no competente. REF.: Expediente No. T-54134 Actora: ELVIA ROSA GALEANO OLAVE Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr.  VLADIMIRO NARANJO MESA Dr.   JORGE ARANGO MEJIA Santafé de Bogotá, D.C., abril veintiseis (26) de mil                                     novecientos noventa y cinco (1995). La Corte Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas No. Ocho, integrada por los H. Magistrados JORGE ARANGO MEJIA, VLADIMIRO NARANJO MESA y FABIO MORON DIAZ, se pronuncia sobre la acción de la referencia en el grado jurisdiccional de revisión, teniendo en cuenta los siguientes ANTECEDENTES La señora Elvia Rosa Galeano de Olave, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada legalmente en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, formuló demanda contra el Consejo Nacional Electoral, el Registrador Nacional y Municipal por violación de los derechos fundamentales de sufragio, igualdad y debido proceso. -        La solicitud presentada por la peticionaria mediante telegrama se limita a establecer lo siguiente: "Presento acción de tutela contra Consejo Electoral Registradores Municipal y Nacional por violación derechos fundamentales de sufragio, igualdad, debido proceso, soy presidente, quiero votar mi pueblo resido en cra. 9 No. 12-36 centro bajo gravedad de juramento manifiesto no he interpuesto acción tutela contra mismas autoridades, ni estos hechos." La acción de la referencia se presentó ante el Juez Segundo Civil Municipal de Barbosa, funcionario que mediante auto de doce (12) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), ordenó remitirla a Santafé de Bogotá, por considerar que no era competente por estar dirigida contra el H. Consejo Nacional Electoral, entidad que tiene su sede en esta ciudad. LA PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Civil Municipal, mediante Sentencia de nueve (9) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), decide la acción de tutela y resuelve:  "Denegar la solicitud de amparo que ha solicitado la señora Elvia Rosa Galeano de Olave en contra del señor Registrador Nacional del Estado Civil  y el Consejo Nacional Electoral",  previas las siguientes  consideraciones: -        Que lo pretendido por la accionante es la protección de su derecho "a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político consagrado en el artículo 40, de la misma manera al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta, y así se permita por parte de los accionados participar en las elecciones que se llevarían a cabo el 30 de octubre de 1994 al accionante, toda vez que esa facultad fue negada en forma arbitraria, ligera e inconstitucional por los mismos", al expedirle la resolución No. 297 de 1994, mediante la cual se determinó invalidar las inscripciones de cédulas de ciudadanía en el municipio de Barbosa (Santander), impidiéndole participar en las elecciones de 30 de octubre de 1994. -        Que de acuerdo con lo anterior, la peticionaria tiene a su disposición otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales, como sería acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para solicitar la nulidad del acto administrativo con el restablecimiento de derecho, incluso acompañada de la suspensión  adicional de la decisión. -        Que de otra parte, si las inscripciones realizadas entre el 1o. de julio a 30 de agosto de 1994, se dejaron sin efecto mediante resolución 297 del mismo año, también es cierto que el artículo 3o. de la misma establece:  "Podrán votar en los municipios afectados con esta medida las personas que habiendo nacido u obtenido su cédula de ciudadanía se hayan inscrito además, en el respectivo municipio". CONSIDERACIONES DE LA CORTE A.  La Competencia Es competente la Sala para conocer de esta revisión, de conformidad con lo establecido en el inciso 2o. del artículo 86 y numeral 9o. del artículo 241, ambos de la Carta Política, desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. B.  La Materia La acción comprende el análisis de los contenidos de la formulación de la acción de tutela, la indagación sobre el juez competente y los efectos de una providencia judicial expedida por juez incompetente. 1. Contenido de la Demanda de Tutela. Si bien es cierto que la acción de tutela es un recurso general reconocido a toda persona sin distinciones ni discriminación por razones de edad, sexo, condición o naturaleza, y que el reclamo de lo contenido en lo que se pretende, está liberado de exigencias formales, permitiéndose en el mismo una discrecionalidad en el manejo de los hechos, de las razones y de los conceptos, no quiere decir que dicha informalidad pueda llegar al límite de la imprecisión, ausencia de claridad o de sentido en la solicitud de tutela. Lo anterior, es el resultado de la naturaleza popular de la acción y del interés político con ella garantizado, la defensa de los derechos fundamentales, ambos definidos en la Carta Política. Sin embargo, la acción de tutela requiere, como un medio indispensable para su eficacia, de un contenido cierto de su solicitud, que exprese con la mayor claridad posible la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública si fuere posible y las demás circunstancias relevantes para decidir el asunto. Agrega el precepto legal (art. 4 del Decreto 2591 de 1991), que no será indispensable citar la norma constitucional infringida ni ninguna formalidad, pudiendo presentarse como en el caso de la referencia, por vía telegráfica u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito; tampoco será necesaria la intervención de apoderado e incluso en las hipótesis contenidas en el inc. 3 de la norma, podrá ser ejercida verbalmente. En el presente caso la acción de tutela no expresa claramente "la acción o la omisión que la motiva". Más aún, ni siquiera con una claridad inferior en grado a la que exige la norma. Razón por la cual el juez de instancia ordenó mediante providencia del 28 de octubre de 1994 (folio 7), oficiar a la accionante, "para que en el término de 2 días y de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, precise los hechos en que fundamenta su acción". Auto que fue desatendido por la accionante al no precisar, en la causa, lo solicitado (artículo 17 Decreto 2591 de 1991). Este hecho, imponía al juez de instancia, el rechazo de la solicitud, que no solo no fue corregida en los dos días que le fijó aquel despacho, ni en el tercer día a que hace referencia el artículo 17 citado, sino que tampoco lo fue de manera extemporánea. Entonces, es claro que no le era dable al señor juez considerar hechos que no obran al expediente, tales los señalados en los ANTECEDENTES de la Sentencia (folio 10): "Los hechos en que la accionante funda sus pedimentos, pueden circunscribirse a que mediante resolución 297 de 1994, el Consejo Nacional Electoral, el Registrador Nacional y Municipal, determinaron invalidar las inscripciones de cédulas de ciudadanía en el Municipio de Barbosa (Santander) impidiéndose con ello participar en las elecciones que se llevarían a cabo el 30 de octubre del año en curso." Hechos estos, de cuyo conocimiento no hay referencias, ni en la solicitud de la interesada, ni, se repite, en la corrección que le fue pedida, ni en ningún otro folio del expediente. No sabe esta Corte el origen de la información del juez ni el decurso de esta para llegar a convertirse en fundamento de la decisión. Como práctica judicial resulta poco aconsejable, sobre todo si se trata de la protección de derechos como los amparados en la acción de tutela. Este tipo de prácticas,  quitan certeza a los contenidos de la decisión y ponen en peligro la transparencia de los intereses en juego en las decisiones de la justicia. 2. El Juez Competente y los Efectos de su Decisión. El Juzgado 2o. Civil Municipal de Barbosa (Santander) en providencia de 12 de octubre de 1994, interpretó de manera equivocada el artículo 37 del decreto 2591/91, al entender que el lugar donde se produjo el acto u omisión que se pretende tutelar fue la ciudad de Santafé de Bogotá, que es precisamente donde el Honorable Consejo Nacional Electoral, tiene su sede natural (folios 3 y 4). En efecto, el artículo 37 es claro al fijar la competencia a prevención para conocer de la acción de tutela, en los jueces o tribunales con jurisdicción "en el lugar donde ocurriera la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud", y no donde se expidió el acto como lo entendió el juez que recepcionó la solicitud. A juicio de esta Corte el Juzgado Tercero Civil Municipal de Santafé de Bogotá, no era el competente para fallar sobre la acción, resultando su decisión objeto de anulación, pues no puede tener efectos una providencia judicial expedida por juez no competente. Con base en lo anterior, esta Sala, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.-  Anular la Sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Santafé de Bogotá, el nueve (9) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) en el asunto de la referencia. Segundo.- Rechazar la acción de tutela formulada por la señora Elvia Rosa Galeano de Olave, contra el Consejo Nacional Electoral, el Registrador Municipal del Estado Civil (Barbosa -Santander), y el Registrador Nacional del Estado Civil. Tercero.-  Notifíquese la presente decisión en los términos del artículo 36 del  Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. Expediente T-54134 Vienen firmas..... FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-184-95 Sentencia No Sentencia No. T-184/95 DERECHO A LA SALUD-Intervención quirúrgica/AUTORIDAD PUBLICA-Omisión de atención médica En relación con la vulneración de los derechos fundamentales a la salud y seguridad social, encuentra la Corte como lo hicieron los jueces de tutela de instancia, que es innegable la falta de asistencia médica a la que se encontraba sometida la accionante por parte de la Alcaldía Municipal en su condición de empleador, lo cual le producía a la peticionaria cada día un desmejoramiento progresivo de su salud, conduciéndola no sólo a una existencia angustiosa, sino además a una negación de sus derechos, especialmente cuando se trata de la salud, cuya desprotección o falta de atención pone en grave peligro su existencia y vida digna. Situación que se comprobó con las declaraciones de la actora y de los médicos que venía atendiendola, quienes determinaron desde principios de 1994 la necesidad de practicar una intervención quirúrgica, para la recuperación de su salud. ACCION DE TUTELA-Cesación Existe cesación de la actuación impugnada por el cumplimiento del fallo de tutela que ordenó la intervención quirúrgica de la accionante, la cual ya se efectuó. REF: Expediente No. T - 54.552 PETICIONARIO: Amira Marcel Mina Mosquera contra el Municipio de Suarez, Cauca. PROCEDENCIA: Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santander de Quilichao. MAGISTRADO PONENTE: DR. HERNANDO HERRERA VERGARA Santa Fé de Bogotá, D.C., Abril veintiseis (26) de mil novecientos noventa y cinco (1995). Procede la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados HERNANDO HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Y FABIO MORON DIAZ, a revisar los fallos proferidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de Suarez, Cauca, el 9 de noviembre de 1994 y por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santander de Quilichao el 30 de marzo de 1995, dentro del proceso de tutela de la referencia. I. ANTECEDENTES. La señora Amira Marcel Mina Mosquera instauró acción de tutela contra el Alcalde Municipal de Suárez con el objeto de que se le proteja su derecho fundamental a la seguridad social. Fundamenta su solicitud en el hecho de que el Municipio de Suárez se ha negado a cubrir un riesgo como es su enfermedad, habiendo enterado de tal situación al señor Alcalde Municipal desde el mes de febrero de 1994, mientras que su salud continúa agravándose paulatinamente. Señala que presenta dolores agudos abdominales muy fuertes, inflamación y hasta pérdida del conocimiento. Expresa haber presentado la respectiva certificación médica y cotización de la intervención que deben practicarle, pero señala que hasta el momento no ha recibido ningún aporte o cubrimiento por parte del mencionado municipio. Ante esa falta de respuesta de las autoridades locales, estima afectada en su derecho a la seguridad social, al no poseer los recursos para cubrir los gastos que demanda su atención médica, mientras que su salud se vá menguando. Por lo anterior, solicita que se ordene al Municipio cubrirle los gastos de cirugía y demás necesarios para recuperar su salud. II. LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE SE REVISAN. A. Sentencia de Primera Instancia. El Juzgado Promiscuo Municipal de Suárez, mediante providencia del 9 de noviembre de 1994, resolvió tutelar los derechos fundamentales a la seguridad social, dignidad, salud y libre desarrollo de la personalidad de la actora AMIRA MARCEL MINA MOSQUERA, en el sentido de ordenar al señor Alcalde Municipal de Suárez que en el término de 48 horas luego de notificada la Sentencia, haga el respectivo desembolso con el objeto de cubrir la totalidad de los gastos que demande la hospitalización, cirugía, droga, honorarios médicos de la peticionaria, por concepto de resección quiste ovario. Fundamentó su decisión el Juzgado en los siguientes argumentos: “Una afección en la salud que produce dolor intenso y que puede ser conjurada mediante una intervención quirúrgica, se constituye en una forma de trato cruel, cuando verificada su existencia, se omite el tratamiento para su curación, el dolor intenso reduce las capacidades de las personas, impide su libre desarrollo y afecta su integridad física y psíquica. La autoridad competente que se niega sin justificación suficiente a tomar las medidas necesarias para evitarlo, omite sus deberes, desconoce el principio de la dignidad humana y vulnera los derechos a la salud y a la integridad física, psíquica y moral de la persona. Pues bien, en el asunto sub-exámine, tenemos una clara omisión del empleador, esto es el Municipio de Suárez a través de su representante legal el Alcalde Municipal, al deber de afiliar a su empleada AMIRA MARCEL MINA MOSQUERA al sistema general de Seguridad Social, con el objeto de propender por una protección integral, en cuanto se refiere a la cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad con el artículo 162 respecto del Plan obligatorio de Salu Ley 100 de 1993; inscribiendo en consecuencia a dicha empleada a una entidad promotora de Salud tal como lo ordena la Ley precitada. Ahora bien, todo lo anteriormente esbozado se halla reforzado con el escrito de demanda impetrado por la Actora, lo que a su vez es corroborado por la certificación visible a folios 12, expedido por la Alcaldía Muncipal de Suárez, en donde se expresa que la cobertura por concepto de salud solo abarca hasta consulta externa quedando huérfano el empleado (afiliado) del resto de beneficios, incumpliendose de esta forma la obligación del empleador (municipio), llegando de pronto a incurrir en las previsiones contenidas en el Artículo 271 de dicha ley (sanciones para el empleador). Como puede verse, se ha violado no solo el derecho fundamental a la salud, si no que aparecen violados derechos fundamentales tales como el de la dignidad, libre desarrollo de la personalidad y en general el de la seguridad social, base suficiente para tutelar dichos derechos”. B. Impugnación. El señor Alcalde Municipal de Suárez dentro del término legal, manifestó en forma simple que impugnaba la decisión adoptada por el Juez Promiscuo Municipal, el cual al estimar procedente el recurso interpuesto, remitió el expediente al Juzgado Penal del Circuito (reparto) con sede en Santander de Quilichao, para que se tramitara y resolviera la impugnación. Por reparto, el expediente fue remitido al Juzgado Segundo Penal del Circuito, el cual mediante providencia del 18 de noviembre de 1994 resolvió declarar que “no hay lugar a desatar la alzada propuesta por el Alcalde Municipal de Suárez, al no cumplir su impugnación con los presupuestos necesarios para su admisión, de conformidad con lo normado en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991”. Frente a lo anterior, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional, la cual mediante auto de fecha 23 de enero de 1995, emanado de la Sala Sexta de Revisión de Tutelas, con fundamento en la jurisprudencia de la Corporación, se abstuvo de efectuar la revisión de fondo de la providencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Suárez, y ordenó al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santander de Quilichao tramitar y resolver la impugnación formulada por el Alcalde Municipal de Suárez. C. Sentencia de Segunda Instancia. En cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santander de Quilichao mediante providencia de 30 de marzo de 1995, resolvió confirmar en todas sus partes el fallo de tutela impugnado, previniendo al señor Alcalde Municipal de Suárez, para que en ningún caso vuelva a incurrir en la omisión de garantizar el derecho a la salud y a la seguridad social de los empleados que laboral para el municipio. El Juzgado fundamenta su decisión en que: “Estudiado el diligenciamiento sabemos que la señora Amira Marcel Mina Mosquera labora como docente para el Municipio de Suárez (Cauca) y como se sintiera afectada en su salud por fuertes dolores abdominales consultó con un especialista en Ginecología quien le dictaminó un quiste anexial izquierdo que exigía tratamiento quirúrgico. Como solicitara ayuda económica al Alcalde y no se le prestó atención debida y no tuvo otro remedio que recurrir a la Acción de Tutela. La tutelante comprobó que efectivamente padece el mal que alega con informe ecográfico y con cotización de cirugía de médico cirujano..., cuyo costo es de $1.200.000.oo- .... En el presente caso es innegable la falta de asistencia médica de la señora accionante estaría conduciendola no solo a una existencia torturante y angustiosa carente de razón de ser, sino al fin de una existencia con negación del derecho fundamental a la vida especialmente cuando se trata de gastos médicos de valor imprescindible e inalcanzable para el presupuesto de la tutelante y además se hace imprescindible su intevención quirúrgica. La Seguridad Social se impone, pues, como derecho fundamental, porque es claro desarrollo del derecho a la salud como derecho inherente al derecho fundamental a la vida. Por las anteriores razones debemos estar de acuerdo con la decisión del señor (sic) Promiscuo Municipal de Suárez (Cauca) y deberá confirmarse aunque como sabemos, ya se dió cumplimiento a la tutela y cesaron los motivos de vulneración de los derechos fundamentales de la profesora Mina Mosquera”. III.      CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Primera. La competencia. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santander de Quilichao. Segunda. Breve justificación para confirmar el fallo que se revisa. Con fundamento en el artículo 35 del Decreto 2591 de 1991, las decisiones de revisión que profiera la Corte Constitucional podrán ser brevemente justificadas, lo cual en el presente asunto es pertinente, ya que no sólo la Corte comparte íntegramente los razonamientos que llevaron a los jueces de tutela de primera y segunda instancia a conceder la tutela invocada por la señora Amira Marcel Mina Mosquera, ante la vulneración de sus derechos fundamentales a la salud y seguridad social por la omisión y negligencia de la autoridad pública -el alcalde municipal de Suárez-, sino que adicionalmente como lo señaló el a-quo, han cesado los motivos de violación de los derechos fundamentales citados de la peticionaria. En relación con la vulneración de los derechos fundamentales a la salud y seguridad social, encuentra la Corte como lo hicieron los jueces de tutela de instancia, que es innegable la falta de asistencia médica a la que se encontraba sometida la accionante por parte de la Alcaldía Municipal de Suárez en su condición de empleador, lo cual le producía a la señora Mina Mosquera cada día un desmejoramiento progresivo de su salud, conduciéndola no sólo a una existencia angustiosa, sino además a una negación de sus derechos, especialmente cuando se trata de la salud, cuya desprotección o falta de atención pone en grave peligro su existencia y vida digna. Situación que se comprobó con las declaraciones de la actora y de los médicos que venía atendiendola, quienes determinaron desde principios de 1994 la necesidad de practicar una intervención quirúrgica, para la recuperación de su salud. De otro lado, en relación con la sustracción de materia, es del caso citar la declaración rendida por la accionante ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito el día 24 de marzo de 1995, en la cual se señala: “El señor Luis Fernando Coronado alcalde anterior del Municipio de Suárez, Cauca, dio estricto cumplimiento a lo que ordenó el señor Juez Promiscuo de Suárez, Cauca. Me operaron en la Clínica Tequendama el Dr. Martin Guardiola y Fabio Iglesias, salí bien de la operación, me encuentro trabajando nuevamente, la cirugía, los gastos, drogas, honorarios todo lo pagó la Alcaldía pero por cuenta del Alcalde anterior. Me operaron el día 5 de Enero de 1995 y me dijeron que tenía que asistir mensualmente a consulta médica. Me siento satisfecha con la operación y quedé bien de salud” (negrillas y subrayas fuera de texto). En razón a lo expuesto, existiendo cesación de la actuación impugnada por el cumplimiento del fallo de tutela que ordenó la intervención quirúrgica de la accionante, la cual ya se efectuó, esta Sala se abstendrá de analizar los derechos fundamentales vulnerados, y procederá a confirmar la Sentencia que se revisa. IV.    DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, obrando en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO. CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santander de Quilichao, el 30 de marzo de 1995, en relación con la acción de tutela interpuesta por la señora AMIRA MARCEL MINA MOSQUERA. SEGUNDO.  Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO   FABIO MORON DIAZ Magistrado                                 Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-185-95 Sentencia No Sentencia No. T-185/95 PERSONA JURIDICA PUBLICA-Titularidad/DEBIDO PROCESO No cabe duda acerca de que la titularidad del derecho que el artículo 29 de la Constitución Política contempla, corresponde a todas las personas naturales o jurídicas y en este último evento, privadas o públicas que, conforme a lo dispuesto por el ordenamiento, tengan capacidad para ser parte dentro de un proceso. Así pues, fuerza concluir que la titularidad del derecho fundamental al debido proceso deriva de la capacidad que tienen las personas jurídicas de derecho público para ser parte en los procesos judiciales máxime si los intereses en juego en ocasiones se hallan garantizados constitucionalmente, como acontece con las Universidades que gozan de la autonomía que la Carta les reconoce. ACCION DE TUTELA CONTRA AUTO QUE IMPUSO MULTA-Improcedencia No atañe a esta Sala, en ejercicio de sus competencias, entrar a rebatir estas razones; simplemente se limita a destacar que la actuación surtida no se revela contraria a derecho, convicción que se ve reforzada si se tiene en cuenta que en contra de la decisión inicial, la parte afectada interpuso los recursos de reposición y apelación logrando por ese medio la exclusión de la sanción impuesta a la apoderada judicial por entender que su presencia "no era forzosa". REF: EXPEDIENTE No. T- 55.945 PETICIONARIO: Universidad Distrital Francisco José de Caldas contra el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá. PROCEDENCIA: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. TEMA: Titularidad para el ejercicio de la acción de tutela por personas jurídicas. MAGISTRADO PONENTE: Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA. Santafé de Bogotá, D.C.,  abril 26 de mil novecientos noventa y cinco (1995). Procede la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados HERNANDO HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO y FABIO MORON DIAZ, a revisar los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, el 25 de octubre de 1994, y por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, el once (11) de noviembre del mismo año. El negocio llegó al conocimiento de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, por vía ordinaria de la remisión que hizo el Consejo de Estado, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Conforme a lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección número Uno de la Corte escogió para efectos de revisión la presente acción de tutela. I. INFORMACION PRELIMINAR. LOMBARDO RODRIGUEZ LOPEZ, Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, mediante poder legalmente conferido a la Abogada LUZ STELLA CORONADO SAENZ, instauró acción de tutela en representación de la Universidad, contra el Juzgado 23 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, y el Tribunal Superior, Sala Civil, de esta misma ciudad, por violación de sus derechos fundamentales al "(...) debido proceso y al derecho sustantivo, artículos 29 y 228 de la Constitución Nacional (...)". La apoderada de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, fundamenta su demanda en los siguientes HECHOS: 1. “En el Juzgado 23 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, se adelanta proceso ejecutivo instaurado por MARIA LUISA RUIZ, contra la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS. Se notificó en legal forma y se procedió a formular las excepciones de rigor”. 2. El Juzgado 23 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, citó a la parte demandada para que el día 3 de febrero de 1994 a las 10:00 A.M. concurriera a la celebración de la audiencia de conciliación y ese mismo día, los estudiantes citaron al Rector a una reunión para debatir el Estatuto de la Universidad, reunión que en sentir del accionante “(...) terminó en vías de hecho prolongándose en el tiempo, impidiendo fisicamente (sic) los estudiantes la salida de los asistentes y desde luego del Rector. Este hecho ajeno a la voluntad del Rector le impidió asistir a la Audiencia en la hora señalada”. 3. “Dentro del término legal, le presento (sic) excusa al Señor Juez, con base en los hechos ocurridos.  La cual fue certificada por el Secretario General de la UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS, a quien le constaba lo sucedido (...)” La excusa no fue aceptada por el Juez y como consecuencia de lo ocurrido sancionó a la parte demandada y a la apoderada. 4. Contra el auto que impuso las sanciones se interpusieron los recursos de reposición y apelación; al resolver el Juez la reposición, revocó parcialmente la decisión, exonerando a la apoderada y disminuyendo la sanción del Rector. 5.  Posteriormente, el auto fue enviado en apelación al Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, el  cual resolvió agravar la sanción al rector "(...) de 1 salario mínimo a 5 salarios, por la no asistencia a la Audiencia.  Quebrantando el principio de la reformatio impejus (sic), al hacer más gravosa la situación del único apelante". 6. “Al no aceptarse la excusa y fijar nueva fecha para la Audiencia, se da por no contestada la demanda y los hechos de la parte demandante como ciertos, ocasionándose un perjuicio a la Universidad Distrital”. PRETENSIONES El apoderado de la accionante solicitó que se “(...) garantice la imparcialidad del proceso establecido en la Carta Constitucional, ya que de lo detallado en los hechos se evidencia la amenaza de que fue objeto la Administración Pública, ya que se vulneró un derecho fundamental, como el debido proceso en el momento en que el Juez, desconoció la excusa presentada en el término legal y mediante plena prueba(...)". II.  LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES OBJETO DE REVISION. 1. Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante providencia del 25 de octubre de 1994, rechazó la tutela, con fundamento en las consideraciones que a continuación se resumen: 1.) “ Las decisiones que la accionante busca controvertir a través de esta acción están contenidas en dos autos dictados por el Juzgado 23 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá y la Sala Civil del Tribunal Superior. ”. 2.) “(...) la acción de tutela no puede ser ejercida contra providencias y demás Sentencias judiciales definitivas, es decir que ponen fin a la actuación en los procesos judiciales”, toda vez que, mediante Sentencia No. C-543 de 1992 La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Pese a que la Corte Constitucional ha sentado "nuevas bases para la acción de tutela respecto de actuaciones judiciales", en Sentencias referentes a la denominada "vía de hecho", algunas de las cuales transcribe parcialmente; consideró el despacho judicial que "ninguna de las situaciones descritas.....tuvo lugar en el caso que se analiza". 3.) "De las pruebas aportadas al expediente surge con claridad que aquel procedimiento que debe cumplirse ante el Juzgado y el Tribunal para resolver lo relativo a la sanción y negativa de la Audiencia de Conciliación tuvo su curso normal en ambos despachos”. Estimó, además que "si bien la sanción impuesta a la accionante fue incrementada por el superior jerárquico del Juez, su monto se mantiene en general, dentro de los lineamientos que permite el Decreto No. 2651 de 1991, es decir que puede ser hasta de diez salarios mínimos". 4.) “En consecuencia, la tutela resulta improcedente respecto del derecho al debido proceso y el derecho a la prevalencia del derecho sustancial, alegados por el peticionario, ya que la aplicación de este último no puede llevar al desconocimiento de la Ley”. 2. IMPUGNACION. En sentir de la apoderada del accionante, la tutela se dirige en contra del auto que negó la excusa presentada por la Universidad, porque la prueba fue presentada en tiempo; la certificación de inasistencia a la audiencia la expidió el Secretario General de la Universidad, dado el carácter que ostenta como funcionario de un ente público que da fe de los actos de la entidad, según funciones establecidas en la Ley. Además de lo anterior expresa que la causa de lanasistencia fue la fuerza mayor o caso fortuito. La tutela busca que se restablezca el debido proceso y a que se le dé el reconocimiento de plena prueba a la excusa por no asistir a la audiencia. 3. SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, mediante providencia del once (11) de noviembre de 1994, resolvió confirmar la Sentencia, por los siguientes motivos: “La Sala comparte la decisión del Tribunal a-quo al considera improcedente la acción de tutela impetrada, además de los argumentos expuestos por las siguientes consideraciones: En múltiples oportunidades al resolver acciones de tutela incoadas por personas jurídicas ha señalado la Sala doctrina que aprecia que las personas jurídicas en razón de su existencia no natural y relativa no son titulares de derechos fundamentales (...)". III. REMISION DEL EXPEDIENTE A LA CORTE CONSTITUCIONAL. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remitió el expediente a esta Corporación para efectos de su eventual revisión. Después de haber sido seleccionada y repartida, entra la Sala Sexta de Revisión a quien correspondió, a estudiar y fallar el asunto de la referencia. IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Primera. La competencia. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, y por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Segundo. La materia. El primer aspecto en el que, una vez más, debe insistir la Sala a propósito del caso que en esta oportunidad ocupa su atención, tiene que ver con la titularidad para el ejercicio de la acción de tutela que también se reconoce a las personas jurídicas. Es amplio el desarrollo jurisprudencial que la Corporación ha producido acerca de este tópico; al respecto, cabe puntualizar los siguientes lineamientos: -El derecho colombiano distingue dos tipos de personas, las naturales y las jurídicas, de modo que cuando el artículo 86 de la Carta se refiere a "toda persona" como titular de la acción, no establece diferencias de ninguna índole y, por ende, no hay razón valedera para excluir a las personas jurídicas de la posibilidad de impetrar la tutela. -Resulta obvio que, si la acción de tutela se dirige a la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que están siendo vulnerados o amenzados por una autoridad pública o por un particular en los supuestos que la ley prevé; al admitir, en concordancia con el planteamiento anterior, su ejercicio por personas jurídicas, se reconoce que estas son titulares de los derechos constitucionales fundamentales. -Debe puntualizarse, sin embargo, que, en razón de la naturaleza específica de las personas jurídicas, existen algunos derechos que no son predicables de ellas sino exclusivamente de las personas físicas o naturales, lo cual no se opone a que busquen la protección de los derechos cuya titularidad les atañe mediante el ejercicio de los mecanismos que el ordenamiento jurídico dispone para tal fín. En la presente causa, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas acude al instrumento tutelar aduciendo la vulneración del debido proceso y el desconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial porque, a juicio del accionante, ni el Juzgado 23 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, ni el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta misma ciudad, aceptaron la excusa presentada para justificar la inasistencia del Rector y Representante Legal a una audiencia de conciliación previamente programada dentro de un proceso ejecutivo seguido en contra de la entidad, situación que acarreó la imposición de las sanciones legalmente previstas y que además, según la apoderada, irroga perjuicio a la institución universitaria toda vez que "al no aceptarse la excusa y fijar nueva fecha para la audiencia, se da por no contestada la demanda y los hechos de la parte demandante como ciertos". Ante todo, resulta ineludible destacar la naturaleza pública de la persona que promueve la acción de tutela. Sobre el particular, la Corte ha indicado que "las personas jurídicas -incluso de derecho público- son titulares de algunos derechos fundamentales, entre ellos -por vía de simple ilustración- los derechos de defensa y debido proceso, consagrados en el artículo 29 de la Constitución" (Sentencia T- 081 de 1993. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). La Sala prohija estos criterios. No cabe duda acerca de que la titularidad del derecho que el artículo 29 de la Constitución Política contempla, corresponde a todas las personas naturales o jurídicas y en este último evento, privadas o públicas que, conforme a lo dispuesto por el ordenamiento, tengan capacidad para ser parte dentro de un proceso. Así pues,  fuerza concluir que la titularidad del derecho fundamental al debido proceso deriva de la capacidad que tienen las personas jurídicas de derecho público para ser parte en los procesos judiciales máxime si los intereses en juego en ocasiones se hallan garantizados constitucionalmente, como acontece con las Universidades que gozan de la autonomía que la Carta les reconoce ( Artículo 69 C.P.). En el caso sub exámine la Univerdidad Distrital Francisco José de Caldas, vinculada a un proceso ejecutivo, en calidad de parte demandada, aboga por la protección del derecho consagrado en el artículo 29 que en opinión de su Representante Legal le fue violado. La Sala no advierte en ello motivos que ab initio tornen improcedente la acción de tutela, porque ubicándose el debido proceso en la categoría de los derechos constitucionales fundamentales, no resulta coherente ni jurídico sostener que una de las partes se encuentra privada de la posibilidad de ejercer las prerrogativas que el mencionado derecho ofrece porque su específica naturaleza le impide ser titular del mismo. Semejante predicado conduce, sin mayor obstáculo, a la equivocada conclusión de que en un proceso en el que se ventile un litigio que enfrente a una persona natural y a una persona jurídica, la primera gozaría de todas las garantías propias del debido proceso, en tanto que la segunda se vería privada de esas garantías puesto que "las personas jurídicas en razón de su existencia no natural y relativa no son titulares de derechos fundamentales", o más aún, fácilmente podría llegar a sostenerse que en un proceso en el que ambas partes fueran personas jurídicas no habría lugar para la observancia y el cumplimiento del debido proceso porque ninguna de las partes estaría cobijada por sus contenidos, ya que, las personas jurídicas, "no son titulares de derechos fundamentales" y el debido proceso es uno de ellos. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional no puede acoger una interpretación que no se compadece con los principios constitucionales referentes a los sujetos de la acción de tutela. Si bien es cierto, conforme a lo brevemente expuesto, que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas podía impetrar la tutela argumentando la vulneración del debido proceso, estima la Sala que la acción no está llamada a prosperar puesto que, tal como lo entendió el despacho de primera instancia, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-543 de 1992,  declaró inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, que contemplaba la posibilidad de instaurar la acción prevista en el artículo 86 de la Constitución Política en contra de providencias judiciales. Señaló la Corte en esa oportunidad: "Vistas así las cosas, en nuestro sistema pugna con el concepto mismo de esta acción la idea de aplicarla a procesos en trámite o terminados, ya que unos y otros llevan implícitos mecanismos pensados cabalmente para la guarda de los derechos, es decir, constituyen por definición "otros medios de defensa judicial" que a la luz del artículo 86 de la Constitución, excluyen por regla general la acción de tutela". Y más adelante, puntualizó que: "(...) No está dentro de las atribuciones del juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en curso, adoptando decisiones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su función, quien lo conduce, ya que tal posibilidad está exluida de plano en los conceptos de autonomía e idependencia funcionales ( artículos 228 y 230 de la Carta) a los cuales ya se ha hecho referencia. " De ningún modo es admisible, entonces, que quien  resuelve sobre la tutela extienda su poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate en un proceso, o en relación con el derecho que alli se controvierte. "No puede, por tanto, proferir resoluciones o mandatos que interfieran u obstaculicen diligencias judiciales ya  ordenadas por el juez de conocimiento, ni modificar providencias por él dictadas , no solamente por cuanto ello representaría una invasión en la órbita autónoma del juzgador y en la independencia y desconcentración que caracterizan a la administración de justicia ( artículo 228 C.P.), sino porque, al cambiar inopinadamente las reglas predeterminadas por la ley en cuanto a las formas propias de cada juicio ( artículo 29 C.P.) ; quebrantaría abierta y gravemente los principios constitucionales del debido proceso. Lo anterior, sin tener en cuenta  la ostensible falta de competencia que podría acarrear la nulidad de los actos y diligencias producidos como consecuencia de la decisión con los consiguientes perjuicios para las partes, la indebida prolongación de los procesos y la congestión que, de extenderse, ocasionaría esta práctica en los despachos judiciales. " De las razones anteriores concluye la Corte que no procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez competente". (Sentencia C-543 de 1992 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo). Además de lo expuesto, la Corte precisó en el pronunciamiento citado que "nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales desconozcan o amenacen derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión cause un perjuicio irrmediable (...)" Ninguna de estas hipótesis se configura en el caso sub lite. El Juzgado 23 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá estimó que la excusa no resultaba aceptable, "pues era previsible la reunión" y que la circunstancia de que proviniera de un funcionario de la propia dependencia es "intrascendente", ante la anotada previsibilidad; argumento que compartió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de  Bogotá con la advertencia adicional de no haber encontrado "probado  en el proceso el hecho imprevisto" que se aduce. No atañe a esta Sala, en ejercicio de sus competencias, entrar a rebatir estas razones; simplemente se limita a destacar que la actuación surtida no se revela contraria a derecho, convicción que se ve reforzada si se tiene en cuenta que en contra de la decisión inicial, la parte afectada interpuso los recursos de reposición y apelación logrando por ese medio la exclusión de la sanción impuesta a la apoderada judicial por entender que su presencia "no era forzosa". Aun cuando se mantuvo la multa a la parte demandada, habiéndola aumentado el superior de un salario mínimo mensual a cinco, la Sala comparte el criterio del fallador de tutela de primera instancia en el sentido de considerar que "su monto se mantiene en general, dentro de los lineamientos que permite el decreto 2591 de 1991, es decir que puede ser hasta de diez salarios mínimos", criterio que la apoderada de la Universidad expuso al sustentar el recurso de apelación interpuesto contra el auto del Juzgado 23 Civil del Circuito, en los siguientes términos: "Para sorpresa   en   el   auto   que   resuelve la   reposición   el    señor    Juez, toma la decisión de exonerarme y la disminución de la sanción al señor rector, no se puede explicar a la luz de la norma, tal decisión, ya que la norma establece en forma clara y precisa que la sanción se debe tasar a partir de cinco salarios mínimos hasta diez salarios mínimos no permite la interpretación, ya que es taxativa en señalar la máxima y la mínima sanción, por tanto es inexplicable la decisión del inferior , al legislar sobre la materia". En consecuencia, no se quebranta el principio de la no reformatio in pejus. La Corte Constitucional reitera así su criterio en el sentido de afirmar que las personas jurídicas pueden ejercer la acción de tutela de conformidad con el artículo 86 de la Carta Política y con el Decreto 2591 de 1991 por tratarse de titulares de derechos fundamentales, pero no tutelará los derechos del accionante por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. V. DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución RESUELVE: PRIMERO. Confirmar pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia la Sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, el once (11) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que a su vez confirmó la Sentencia proferida por el por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, el veinticinco (25) de octubre de 1994. SEGUNDO.  Líbrense por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, envíese al Despacho de origen y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General.

T-186-95 Sentencia No Sentencia No. T-186/95 ACCION DE TUTELA-Cesación/ACCION DE TUTELA-Sustracción de materia En el asunto que se examina hay sustracción de materia por carencia actual de objeto, por lo tanto las pretensiones consistentes en la desvinculación del Batallón o el otorgamiento de permisos para trabajar no son posibles, por cuanto a la fecha de esta providencia ya no se encuentra prestando el servicio militar. REF.: Expediente No. T- 57.956 PETICIONARIO: CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ contra la CUARTA BRIGADA - BATALLON No. 4 BUENOS AIRES Medellín. TEMA: FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE : Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA Santa Fe de Bogotá, abril 26 de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,  integrada por los Magistrados ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA, procede a revisar el fallo proferido por el Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal de Medellín, el 13 de Diciembre de 1994. El expediente llegó a conocimiento de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional por remisión que le hizo el Juzgado citado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Con fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Revisión Número Dos de la Corte Constitucional, escogió, para efectos de revisión la presente acción de tutela. I. INFORMACION PRELIMINAR. 1. La señora CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ acude a la acción de tutela para reclamar la protección de su derecho fundamental a la familia, consagrado en el artículo 42 de la Constitución Política, con el fin de que su compañero pueda estar al lado de sus hijos y velar por su sostenimiento, ya que a la fecha de la demanda se encontraba prestando el servicio militar. 2. La accionante manifiesta que en el mes de agosto de 1993 su compañero LUIS GIOVANNY MINA DIAZ se presentó voluntariamente al Ejército para definir su situación militar, época en la cual se encontraba conviviendo con la accionante, y que aquél fue incorporado a las filas. 3. Para la época de la presentación de la demanda, de la unión de hecho de la accionante y su compañero había nacido un hijo y otro estaba por nacer, y además aquel tenía una cicatriz como consecuencia de una operación en el abdomen, circunstancias que consideró lo podrían exonerar de la prestación del servicio militar, lo cual no ocurrió. 4. En la fecha de la presentación de esta acción, el compañero de la demandante llevaba 16 meses en servicio militar, restándole dos meses para terminarlo. Doña CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ afirmó en la demanda que debido a la ausencia de su compañero en el hogar se vió obligada a hacer labores para personas que le proporcionaron vivienda y alimento a cambio de colaborar en los quehaceres de la casa, pasando dificultades con sus hijos por estar lejos de su padre. 5. Agregó también que la cédula de ciudadanía del señor LUIS GIOVANNY MINA DIAZ fue retenida por el Mayor Manacero del Batallón Bomboná, en su opinión, para evitar que aquél desertara. PRETENSIONES: La accionante solicitó que su compañero fuera exonerado de la prestación del servicio militar por el tiempo que le hacía falta, o subsidiariamente que le fueran concedidos permisos para que pudiera trabajar y velar por el sustento de la familia. II. LA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE SE REVISA. El Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal de Medellín, previamente a la decisión de fondo, solicitó a la accionante la ampliación de la demanda, y citó a su compañero permanente a fin de que rindiera declaración. Así mismo, mediante oficio solicitó al Jefe de Reclutamiento de la Cuarta Brigada para que informara la situación militar del señor LUIS GIOVANNY MINA DIAZ. Al citado oficio se le dio respuesta por parte del Comandante de la Cuarta Zona de Reclutamiento permitiendo conocer al Juzgado que el compañero de la accionante fue incorporado al Batallón de Infantería No. 41 Rafael Reyes el día 20 de agosto de 1993, y que en ese momento "no elevó ninguna petición de exoneración del servicio". El Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal de Medellín dictó Sentencia el 13 de diciembre de 1994 y resolvió "negar por improcedente la acción de tutela formulada por la señora CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ". Sobre el particular, indicó el Juzgado: "(...) Que no le corresponde a esta jurisdicción y muchos (sic) a través del mecanismo de la acción de tutela decidir el asunto origen de la misma, toda vez que está claro que como lo que pretende la demandante es que su compañero sea exonerado del pago del servicio militar, actividad en la que lleva ya diez y seis meses (16), se sabe por sus propios testimonios que no formularon una petición con el lleno de los requisitos contemplados en los artículos 27 y s.s. de la ley 48/93 que reglamenta el SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y MOVILIZACION, ante las fuerzas militares, autoridades encargadas de darle trámite a dicha labor administrativa.(...) Así lo está señalando el inciso final del art. 19 de la mencionada ley, en los siguientes términos: "Los reclamos que se presenten después del sorteo y hasta 15 días de la incorporación, serán resueltos mediante la presentación de pruebas sumarias o por parte del interesado; quien no comprobare inhabilidades o causal de exención será aplazado por una año, al término del cual se efectuará su clasificación o incorporación". En el caso que nos ocupa está demostrado que ni la demandante ni Luis Giovanny, no agotaron ni han agotado los medios necesarios tendientes a obtener sus pretensiones y ésta es precisamente una de las causales de improcedencia de la tutela consagrada de manera expresa en el art. 6o. del decreto 2591 de 1991, pues esta acción protege en forma exclusiva los derechos constitucionales fundamentales por lo tanto no puede ser utilizada para hacer respetar derechos que solo tienen rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquier otra norma de rango inferior.(...) Ahora bien, en relación con los permisos que requiere con el fin de emplearse y atender a su familia, tampoco es de la incumbencia de esta jurisdicción, ya que para conseguirlos debe dirigirse al JEFE DE PERSONAL DEL BATALLON, tal como lo ha venido haciendo hasta ahora." III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Primera. Competencia. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 inciso 3o. y 241, numeral 9o. de la Carta Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1.991, esta Sala es competente para revisar el  fallo proferido por el Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal de Medellín. Breve Justificación  para  confirmar el fallo que se revisa. El Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal de Medellín negó por improcedente la acción de tutela formulada por la accionante ya que a su juicio no se elevó en debida forma ni oportunamente una petición para evitar la incorporación a filas de su compañero, en los términos que determina la Ley 48 de 1993. En relación con los permisos que requería el señor MINA DIAZ con el fin de emplearse y atender las necesidades económicas de su familia, estimó el Juzgado que tampoco era de "la incumbencia de esta jurisdicción", ya que para conseguirlos debió dirigirse al Jefe de Personal del Batallón. Esta Corporación considera que el ejercicio del derecho de petición en los términos del artículo 23 de la Carta Política es requisito indispensable para obtener una oportuna respuesta de parte de las autoridades públicas, y por consiguiente también de las autoridades militares. Ello ocurre, en relación con en el caso sub exámine, al ser invocada una causal de exoneración para la prestación del servicio militar según lo dispuesto por la Ley 48 de 1993, o al solicitarse uno o varios permisos requeridos por quien se encuentra al servicio de la Fuerza Pública, y en el evento de que no se obtenga pronta respuesta cabe la tutela del citado derecho fundamental, cuya protección no fue solicitada por la accionante en su demanda. El Magistrado Ponente mediante comunicación enviada el 4 de abril del año en curso al Batallón No. 4 Buenos Aires de Medellín, solicitó al Teniente Coronel Alvaro Gaitán Quinch, Comandante del mismo, que informara si el señor LUIS GIOVANNY MINA DIAZ continuaba prestando el servicio militar en dicho batallón o en otro diferente, con el fin de entrar a decidir sobre el fondo del asunto. El oficio fue contestado el mismo día, poniéndose así en conocimiento de esta Sala que el citado señor había sido integrante del Cuarto Contingente de 1993 en ese Batallón y que fue licenciado en ceremonia especial el día 22 de febrero del presente año, fecha a partir de la cual dejó de pertenecer a esa Unidad táctica, y por tanto ya culminó su servicio militar. En razón a lo anterior, considera la Sala que en el asunto que se examina hay sustracción de materia por carencia actual de objeto, por lo tanto las pretensiones consistentes en la desvinculación del Batallón o el otorgamiento de permisos para trabajar en favor de LUIS GIOVANNY MINA DIAZ  no son posibles, por cuanto a la fecha de esta providencia ya no se encuentra prestando el servicio militar. Así las cosas, esta Sala de Revisión confirmará la Sentencia proferida por  el Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal de Medellín el 13 de diciembre de 1994, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. IV.    DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, obrando en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal de Medellín el 13 de diciembre de 1994, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. LIBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que trata el Artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, publíquese, comuníquese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, envíese al Despacho de origen y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-187-95 Sentencia No Sentencia No. T-187/95 DERECHO DE PETICION-Pronta resolución/DERECHO DE PETICION-Contenido/TRASLADO DE INTERNO/INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Demora en resolver peticiones El derecho de petición no agota su contenido en la simple posibilidad de dirigirse a las autoridades públicas, en interés particular o general, sino que, adicionalmente, implica la obtención de una resolución que, según los términos de la Carta, debe ser pronta. De ahí que la autoridad pública incumple con sus obligaciones cuando se limita a expedir constancias de que la solicitud fue recibida o radicada y, más aún, cuando demora más allá del término previsto o razonable la decisión del asunto sometido a su consideración o guarda absoluto silencio sobre el trámite y la respuesta producida. La inquietud planteada no ha obtenido la resolución debida y que la incertidumbre que afecta al actor tampoco fue disipada. REF:  Expediente No. 62.237 PETICIONARIO:  José Edemilson López Osorio. TEMA:  Derecho de petición. PROCEDENCIA:  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. MAGISTRADO PONENTE: Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA. Santafé de Bogotá, D.C. abril 26 de 1995. La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA, procede a revisar la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Penal el veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y cinco, en el proceso de la referencia. I.   INFORMACION  PRELIMINAR. El señor José Edemilson López Osorio impetró la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, con el fin de que se le ordene resolver una solicitud que presentó ante la Dirección General de esa entidad. A.   HECHOS. Según el peticionario, sirven de fundamento para el ejercicio de la acción de tutela los siguientes hechos: 1. En la actualidad se encuentra recluido en la Penitenciaría Nacional de Picaleña de Ibagué (Tolima) cumpliendo la pena de diez años de prisión que le impuso el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira (Risaralda). 2. En reiteradas oportunidades el accionante ha elevado peticiones ante la Dirección General del  INPEC con el fin de que se le traslade a un "centro carcelario ubicado en la ciudad de Pereira y hasta la presente no he obtenido respuesta alguna bien sea favorable o negativa." 3. Manifiesta que igualmente la oficina jurídica del establecimiento carcelario en donde se encuentra elevó petición en idéntico sentido, mediante oficio No. 2240 del 10 de octubre de 1994, y que ésta tampoco ha obtenido respuesta. En sentir del peticionario la decisión que el Instituto adopte debe ser favorable, porque ha observado una conducta ejemplar y no existe impedimento alguno por haber superado la fase de máxima seguridad. Señala, además, que con el traslado se le permitiría el acercamiento a su familia, mejores condiciones "para gozar del permiso de 72 horas" y para contar con la asistencia de la fiadora "que vive en Pereira". II.    LA SENTENCIA OBJETO DE REVISION. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Penal, mediante Sentencia de enero veintiséis (26) de mil novecientos noventa y cinco (1995) resolvió denegar la tutela, de conformidad con las siguientes consideraciones: 1. La demora en resolver la solicitud "no solo de LOPEZ OSORIO sino de otros internos del mismo penal donde se encuentra recluido aquel, es atribuible al trámite de la documentación aportada, en cuanto no se han seguido claros parámetros internos exigidos para la toma de una determinación definitiva respecto de la petición del actor.". 2. La documentación fue remitida al INPEC el 10 de octubre de 1994, el 10 de noviembre de ese mismo año fue devuelta a la Penitenciaría Nacional de Picaleña para que se cumpliera "con todas las exigencias ordenadas en la Circular 135 de septiembre 27/94 y en la resolución No. 2314 de 1994...". 3. Sólo "hasta el 18 de enero de 1995 (68 días después) el INPEC remitió oficio al Director de la Penitenciaría Nacional de Picaleña, para que se informara al interno LOPEZ OSORIO de lo que ha ocurrido con el trámite dado a su solicitud, hecho último que si bien demoró en llegar a conocimiento del interno, de todas maneras significa que se le mantiene al tanto de lo que viene ocurriendo con dicho trámite.". 4. Estima el despacho judicial que el INPEC no ha podido resolver la solicitud "por el no cumplimiento de los requisitos formales que el caso amerita", de manera que "a pesar de transcurrir un lapso superior a los tres meses de presentada la petición de traslado, término que aparentemente superaría el establecido por la ley para la expedición de un acto administrativo (....), debe entenderse que necesariamente este último no le correría al funcionario sino a partir del momento en que la actuación se encuentra en condiciones para producir el acto que satisfaga el derecho de petición, hecho que se repite, por las anomalías advertidas en el trámite de la documentación de LOPEZ OSORIO, no ha ocurrido por parte del INPEC.". III. REMISION DEL EXPEDIENTE A LA CORTE CONSTITUCIONAL. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., Sala Penal, dando cumplimiento a lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remitió el expediente a esta Corporación para efectos de su eventual revisión. Después de haber sido seleccionada y repartida por la Sala de Selección No. 3, entra la Sala Sexta de Revisión a quien correspondió, a estudiar y fallar el asunto de la referencia. IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. PRIMERA . COMPETENCIA. La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala de Revisión, para proferir Sentencia en relación con la providencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero, y 241 numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 36 del Decreto 2591 de 1991. SEGUNDA. EL CASO OBJETO DE ESTUDIO. El recluso JOSE EDEMILSON LOPEZ OSORIO estima conculcado su derecho de petición porque, según se desprende del escrito de tutela, el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, INPEC, no ha resuelto acerca de la solicitud de traslado que formuló el 10 de octubre de 1994. Por el contrario, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá entiende que la alegada vulneración del derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política no se configura, porque el dispendioso trámite que se le ha impartido a la documentación aportada le impide al Instituto contar con los elementos de juicio indispensables para resolver y, además de lo anterior, porque el tardío oficio en el que se dispone que, por intermedio del Director de la penitenciaría, se le informe al interno que su petición se examinará y que luego se le comunicará "lo pertinente", satisface las exigencias del derecho. En numerosas oportunidades, diversas Salas de Revisión de la Corte Constitucional han señalado, con toda claridad, que el derecho de petición no agota su contenido en la simple posibilidad de dirigirse a las autoridades públicas, en interés particular o general, sino que, adicionalmente, implica la obtención de una resolución que, según los términos de la Carta, debe ser pronta. De ahí que la autoridad pública incumple con sus obligaciones cuando se limita a expedir constancias de que la solicitud fue recibida o radicada y, más aún, cuando demora más allá del término previsto o razonable la decisión del asunto sometido a su consideración o guarda absoluto silencio sobre el trámite y la respuesta producida. De acuerdo con la doctrina constitucional expuesta por la Corte, el derecho de petición "se concreta en dos momentos sucesivos, ambos dependientes del servidor público a quien se dirige la solicitud: el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso de la persona a la administración para que esta considere el asunto que se le plantea, y el de la respuesta, cuyo sentido trasciende el campo de la simple adopción de decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante.". (Sentencia No. T-553 de 1994. M.P: Dr. José Gregorio Hernández Galindo). A la prontitud en atender las peticiones, que la norma constitucional contempla, se suma la ineludible "resolución" que entraña arribar a una respuesta que, de manera efectiva, aborde el fondo de lo demandado a la autoridad pública, en forma tal que corresponda a una verdadera solución, positiva o negativa, del respectivo asunto. Esta Corte ha puntualizado que el derecho contemplado en el artículo 23 superior "no tendría sentido si se entendiera que la autoridad ante quien se presenta una solicitud respetuosa cumple su obligación notificando o comunicando una respuesta apenas formal en la que no se resuelva sobre el asunto planteado. El derecho de petición lleva implícito un concepto de decisión material, real y verdadero, no apenas aparente. Por tanto, se viola cuando, a pesar de la oportunidad de la respuesta, en esta se alude a temas diferentes de los planteados o se evade la determinación que el funcionario deba adoptar.". (Sentencia No. T-575 de 1994. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo). Ahora bien, cuando quiera que resulte imposible contar con una decisión dentro de un término razonable no es el silencio actitud que contribuya a la observancia del derecho; para que éste resulte respetado la autoridad debe informar, oportunamente, de esa circunstancia al peticionario haciéndole saber de las dificultades presentadas y, en todo caso, indicándole el momento en que tomará la decisión pertinente o requiriéndolo para que aclare o complete la solicitud o cumpla las exigencias legales del caso. Como se anotó, de las respuestas debe enterarse al solicitante. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que "(...) la respuesta tan solo goza de ese carácter si está garantizada la comunicación entre la entidad estatal y la persona interesada, en tal forma que ésta se entere a plenitud sobre lo resuelto. Lo contrario significa que la administración, al reservarse el sentido de su determinación -así en efecto la haya adoptado- se ha abstenido de responder, violando por consiguiente el derecho, si se tiene en cuenta el fundamento constitucional del mismo, que radica en asegurar que el Estado atiende a los gobernados dentro de un criterio de efectividad.". (Sentencia No. T-553 de 1994. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo). En el caso sub lite JOSE EDEMILSON LOPEZ OSORIO acude a la acción de tutela en procura de obtener respuesta a una solicitud de traslado elevada ante el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, INPEC. La posibilidad de ejercer el derecho de petición por parte de los internos además de estar garantizada constitucionalmente se encuentra prevista a nivel legal, en efecto, el artículo 58 del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) dispone que "Todo interno recibirá a su ingreso información apropiada sobre (...) los procedimientos para formular peticiones o quejas.". A su turno el artículo 73 de ese ordenamiento indica que "Corresponde a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de los internos condenados  de un establecimiento a otro, por decisión propia o por solicitud formulada ante ella." .El artículo 74 prevé que el traslado puede ser solicitado, entre otros, por el interno. Así las cosas, el evento que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala muestra una constante violación del derecho de petición ya que, examinados los antecedentes, en primer término se encuentra que, desde el momento en que se presentó la solicitud hasta aquel en que se instauró la acción de tutela, transcurrieron más de tres meses sin que el interno hubiese tenido noticia acerca de la suerte de su petición. Se advierte, además, excesiva lentitud en los trámites como que la entidad demandada tardó un mes en devolver la documentación allegada al Director de la Penitenciaría Nacional de Picaleña exigiendo la aplicación de "lo estipulado en la resolución Nro. 2314 de 1994, literal g", requisito este último  que transcurridos dos meses no había sido satisfecho  por el Director del aludido establecimiento; circunstancias todas estas aceptadas, sin mayor explicación, por la Dirección del INPEC, y que lejos de justificar la tardanza constituyen prueba del palmario desconocimiento del derecho  en que incurre no sólo el Instituto, que ha podido recabar mayor colaboración y agilidad, sino también la Dirección de la Penitenciaría Nacional de Picaleña por la excesiva demora en retornar la solicitud debidamente diligenciada. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional estima que el oficio enviado por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO al Director de la penitenciaría para que informe al interno acerca del estado de su solicitud no corresponde, en lo más mínimo, a la satisfacción del derecho de petición. Cabe destacar que: 1) se remitió una vez instaurada la acción de tutela, 2) con anterioridad ninguna información tuvo el interno, 3) su envío, por ende, es notoriamente tardío, 4) no constituye "resolución" porque no aborda el tema del traslado pedido ni decide sobre él, 5) se limita a solicitar al Director de la penitenciaría que se encargue de informar a LOPEZ OSORIO que una vez se obtenga "lo pedido la documentación será sometida a estudio por parte de la Junta de Traslados y posteriormente se le dará a conocer lo pertinente", es decir, no se dirige directamente al peticionario ni explica con claridad el motivo de la demora, tampoco indica el posible momento en que se producirá la decisión definitiva, 6) no aparece acreditado que efectivamente el contenido de este oficio haya sido comunicado al peticionario. Así pues, lo cierto es que la inquietud planteada no ha obtenido la resolución debida y que la incertidumbre que afecta al actor tampoco fue disipada; procede, entonces, revocar la Sentencia revisada y en su lugar se dispondrá que dentro del perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO deberá resolver, en forma definitiva, la solicitud de traslado formulada por el interno JOSE EDEMILSON LOPEZ OSORIO siempre que para la fecha de esta providencia dicha entidad no hubiera dado respuesta a la petición del accionante, no sin antes recordar los planteamientos que esta Sala consignó en Sentencia No. T-388 de 1993: "Ahora bien, la Administración Penitenciaria está llamada a conservar en su plenitud el carácter protector que definen normas como las que se han señalado porque configuran un espacio mínimo de garantías en favor del recluso, algunos de cuyos derechos se suspenden o sufren considerable mengua en razón de la específica situación en que se encuentra, y además porque dentro de la relación penitenciaria el interno, en tanto sujeto pasivo, es la parte más débil. La efectividad de los derechos que constitucional y legalmente se reconocen a las personas que cumplen pena de prisión o que de cualquier modo se encuentran privadas de la libertad no requiere solamente la actitud pasiva propia de la simple noción de respeto por esa esfera que el Estado no puede invadir o desconocer, sino que implica el actuar positivo del ente estatal con miras a la superación de obstáculos y a la consolidación de condiciones que hagan posible la realidad de los derechos al interior de los Centros de Reclusión. Para nadie es extraño que la vulneración de un derecho de un interno o un mínimo descuido en el incumplimiento de los deberes que atañen a la Administración Penitenciaria  acarrea un sinnúmero de consecuencias con repercusión notable en diversos niveles, dada la mayor vulnerabilidad que, respecto de otros integrantes de la sociedad, padecen los reclusos, ya en virtud de su específica condición, ora por  las circunstancias fácticas de la realidad carcelaria.".(M.P: Dr. Hernando Herrera Vergara). V.   DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución RESUELVE: PRIMERO.   REVOCAR la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Penal, el día veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995) por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.  CONCEDER la tutela impetrada por el señor JOSE EDEMILSON LOPEZ OSORIO. En consecuencia, se ordena al Director del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, INPEC, resolver, en forma definitiva, la solicitud de traslado presentada por el accionante, a lo cual procederá dentro del improrrogable término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta Sentencia siempre que para la fecha de esta providencia dicha entidad no hubiere respondido la petición del señor LOPEZ OSORIO, a quien igualmente se le deberá notificar la presente Sentencia. TERCERO.   La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá deberá verificar el exacto cumplimiento de lo dispuesto en esta providencia. CUARTO.   LIBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-188-95 Sentencia No Sentencia No. T-188/95 SENTENCIA LABORAL-Cumplimiento/OBLIGACION DE HACER/JURISDICCION LABORAL/PROCESO EJECUTIVO LABORAL En tratándose de una obligación de hacer, el mecanismo idóneo para que se ordene el reintegro de un trabajador es acudir a la jurisdicción laboral mediante el proceso ejecutivo laboral. MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL Mal puede utilizarse la acción de tutela como alternativa para ventilar hechos litigiosos, que deben ser tramitados a través de la justicia ordinaria laboral. Considera la Corporación, que no está por demás hacer énfasis en que los procesos ejecutivos laborales se caracterizan por su celeridad, ya que se tratan de juicios especiales, que son tan efectivos como la propia ACCION DE TUTELA, pues el hecho de que se deba cumplir con ciertas formalidades o actos procesales, ello no le resta su efectividad y dinamismo”. REF: Expediente No. T - 63.130 PETICIONARIO: Alberto Alirio Suárez Ortega contra el Banco Tequendama, Sucursal Cúcuta. PROCEDENCIA: Tribunal Superior de Cúcuta, Sala Laboral. * “En tratándose de una obligación de hacer, el mecanismo idóneo para que se ordene el reintegro de un trabajador es acudir a la jurisdicción laboral mediante el proceso ejecutivo laboral”. * “Mal puede utilizarse la acción de tutela como alternativa para ventilar hechos litigiosos, que deben ser tramitados a través de la justicia ordinaria laboral. Considera la Corporación, que no está por demás hacer énfasis en que los procesos ejecutivos laborales se caracterizan por su celeridad, ya que se tratan de juicios especiales, que son tan efectivos como la propia ACCION DE TUTELA, pues el hecho de que se deba cumplir con ciertas formalidades o actos procesales, ello no le resta su efectividad y dinamismo”. MAGISTRADO PONENTE: DR. HERNANDO HERRERA VERGARA Santa Fé de Bogotá, D.C., Abril veintiseis (26) de mil novecientos noventa y cinco (1995). Procede la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados HERNANDO HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Y FABIO MORON DIAZ, a revisar los fallos proferidos por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, el 15 de diciembre de 1994, y por el Tribunal Superior de Cúcuta, Sala Laboral, el 8 de febrero de 1995, en el proceso de la referencia, instaurado por el señor Alberto Alirio Suarez Ortega, mediante apoderado. I.  ANTECEDENTES. El accionante solicita que a través de la acción de tutela, se le protejan sus derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, al buen nombre, así como al cumplimiento de las Sentencias judiciales, los cuales estima le han sido vulnerados por el Banco Tequendama, Sucursal Cúcuta, por los hechos que a continuación se exponen. Señala el apoderado del actor, que el día 23 de julio de 1990 fue despedido injustamente por el accionado después de 14 años de servicios al mismo. Ante dicha situación, inició proceso ordinario laboral, obteniendo fallo favorable a sus pretensiones tanto en primera (diciembre de 1992) como en segunda instancia (4 de junio de 1993), así como en el trámite del recurso de casación resuelto por la Corte Suprema de Justicia el 17 de agosto de 1994. Relata que en el fallo de primera instancia se ordenó el reintegro del accionante al cargo de contador que venía desempeñando al momento del despido, o a uno igual o de mejor jerarquía, y en las mismas condiciones de empleo que tenía. El accionado mediante oficio de noviembre 3 de 1994, citó al peticionario para reintegrarlo al servicio del Banco en cumplimiento de lo dispuesto por la Sentencia proferida dentro del mencionado proceso ordinario. No obstante, señala, “le tomó por sorpresa la orden del señor Gerente de que se sentara en una silla frente a él sin funciones y sin poder tocar ningún documento de la empresa, con presión sicológica, a la vista y con el contacto directo al público, como escarmiento a los demás trabajadores, violando la Sentencia y el derecho fundamental que me dieran funciones, trabajo y la dignidad humana”. Quince días después, el señor Gerente afirma que en cumplimiento de la Sentencia del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, fue asignado en el cargo de Cajero 1, que según el Banco, equivale a uno similar al que anteriormente desempeñaba. Indica que las funciones del cargo Cajero 1 que presuntamente es equivalente al de Contador - el cual venía desempeñando -, es la de atender a los clientes en ventanilla, recibiendo consignaciones o pagos. Actualmente los cargos en el Banco Tequendama se distinguen por categorías escalafonados así: contador, es 8; cajero es 4. Afirma el apoderado del accionante, que “esto es una burla a un mandato judicial y al derecho subjetivo de ejercer la actividad de contador, cual era la labor que allí desempeñaba”. Por lo anterior, solicita que como medida provisional, en el auto que se avoque el conocimiento de la tutela, se ordene la suspensión inmediata de la orden impartida mediante oficio No. 003821 de noviembre 18 de 1994, por atentar contra los derechos invocados, ya que los perjuicios que están ocasionando al trabajador, ponen en inminente peligro sus derechos. Además, pretende que se tutele el derecho invocado por violación flagrante de los derechos fundamentales mencionados, y que en consecuencia se ordene al Banco Tequendama a que se reincorpore o reinstale al accionante al cargo que venía desempeñando o a uno de superior categoría y según el grado de escalafón en un término de cuarenta y ocho horas. Finalmente, solicita se condene al ente tutelado al resarcimiento de los perjuicios que ha causado. II. LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE SE REVISAN. A. Sentencia de Primera Instancia. Mediante providencia de 15 de diciembre de 1994, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta resolvió negar la tutela instaurada por el señor Alberto Alirio Suarez Ortega, indicándole que debe hacer uso de las acciones contempladas en el Código Procesal del Trabajo para la defensa de sus derechos y el logro de sus pretensiones. Fundamenta su decisión, en que la acción de tutela es improcedente por cuanto puede el accionante acudir a la vía judicial ordinaria señalada -justicia ordinaria laboral- para la defensa de los derechos que cree vulnerados al tenor de lo dispuesto por el artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, reglamentado por el Decreto 306 de 1992, artículos 1 y 2, y en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Al respecto, señala que: “Evidentemente es un hecho cierto que al actor ..., el Juzgado 4o. Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante demanda ordinaria laboral que aquél incoó contra el Banco Tequendama, le ordenó a éste el REINTEGRO en la forma como lo dispuso en su numeral 1o. de la Sentencia así: “1o. Ordenar el REINTEGRO del señor Alberto Alirio Suárez, al cargo de Contador del Banco Tequendama que venía desempeñando para julio 23-90, o a uno igual o de mejor categoría y en las mismas condiciones de empleo que tenía. Es un hecho cierto que el petente Alberto Alirio Suarez Ortega según las declaraciones recibidas de (...), así como al señor GERENTE del Banco accionado (...), fue Reintegrado al Banco Tequendama y ejerce el Cargo de Cajero auxiliar o Auxiliar I como le denomina el Gerente y la Subgerente pero en ningún momento ejerce el cargo de CONTADOR. Estima el Juzgado, que la obligación de hacer impuesta por el Juzgado 4o. Laboral del Circuito de Cúcuta al Banco Tequendama, según la condena impuesta, es al sentir del petente incompleta, pues se le REINTEGRO pero no al cargo que venía desempeñando al momento del despido que era el de Contador, y por tal motivo se le debe cumplir lo mandado al Banco Tequendama por el Juzgado 4o. Laboral según Sentencia judicial obrante en el plenario. Empero, como efectivamente para el cumplimiento de las obligaciones laborales originadas en una relación de trabajo que emane de una Sentencia judicial, como en el caso de autos, existe en el Código de Procedimiento Laboral, los llamados Procedimientos especiales y entre ellos el Juicio Ejecutivo, en donde el art. 100 de dicho ordenamiento jurídico procesal laboral se lee (...). Y el inciso segundo de dicha norma -art. 100 C.P.L.- es claro cuando prescribe que entratándose de fallos judiciales que contengan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva teniendo en cuenta en lo posible lo preceptuado en el hoy llamado Código de Procedimiento Civil. Y en concordancia entonces con el Código de Procedimiento Civil, para obtener el cumplimiento de Sentencias judiciales, este ordenamiento jurídico tiene prevista la norma del art. 488... De lo reseñado, se colige que el petente, estima el Despacho, tiene otras vías judiciales ordinarias para hacer valer lo que pretende a través de la acción de tutela, como es iniciar el juicio ejecutivo laboral contra el Banco Tequendama para que cumpla la obligación de hacer que le impuso la Sentencia del Juzgado 4o. Laboral del Circuito de Cúcuta. Ahora bien, encuentra el Juzgado que la hipótesis del perjuicio irremediable para la tutela como mecanismo transitorio, tampoco se configura, conclusión a la que es posible arribar al examinar el artículo 1o. del Decreto 306 de 1992...” B. Impugnación. El apoderado del accionante impugnó la Sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral de Cúcuta, al considerar que éste no tuvo en cuenta algunos parámetros importantes para determinar si la acción de tutela es el mecanismo idóneo para el cumplimiento íntegro de una Sentencia judicial, respecto de la cual, como sucede en este caso, el demandado cumplió parcialmente, al reintegrar al actor a su trabajo, pero no en el cargo de contador u otro igual o de superior categoría. Sostiene adicionalmente, que la acción ejecutiva que invoca el juez, es un trámite largo y engorroso, mediante el cual no es posible el reconocimiento de perjuicios morales, irremediables y sicológicos. En tal virtud, solicita la revocatoria de dicha providencia y el amparo de sus derechos. C. Sentencia de Segunda Instancia. El Tribunal Superior de Cúcuta, Sala Laboral, mediante providencia de 8 de febrero de 1995, resolvió confirmar la Sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito, con fundamento en que la acción de tutela es improcedente para lograr el cumplimiento de Sentencias judiciales. Agrega además, que no existe perjuicio irremediable que permita el amparo solicitado por el peticionario. Considera el Tribunal para sustentar su decisión, que: “Comoquiera que para el caso en estudio lo que pretende el actor es el que se reinstale al demandante al cargo de Contador o a otro igual o superior categoría, es de anotar que en tratándose de una obligación de hacer, el mecanismo idóneo para ello es el de acudir a la jurisdicción laboral, mediante el proceso ejecutivo, de conformidad con lo rituado en el Artículo 493, modificado por el Decreto 2282/83, Artículo 264. Fluye de lo anterior que existiendo otro mecanismo legal, mal puede utilizarse la ACCION DE TUTELA como alternativa para ventilar hechos litigiosos, que deben ser tramitados a través de la justicia ordinaria laboral”. Concluye el Tribunal, que no se violó el derecho fundamental al trabajo, puesto que el accionante se encuentra laborando en el Banco y percibe su salario, ni tampoco los derechos al buen nombre ni a la honra, pues no se haya demostrada su vulneración. III.      CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Primera. La competencia. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta. Segunda.    Improcedencia de la Acción de Tutela por existir otros medios de defensa judiciales. La presente demanda de tutela está encaminada a que se ordene la protección del derecho al trabajo del accionante, mediante el reintegro al mismo cargo y en las condiciones de trabajo que ostentaba al momento del despido, efectuado sin justa causa. Encuentra la Sala, que más que el reintegro del trabajador al cargo, lo que se pretende es que se haga efectivo el cumplimiento de la providencia judicial proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, el día 2 de diciembre de 1992, mediante la cual se resolvió el proceso de acción ordinaria laboral de reintegro promovido por el señor Alberto Alirio Suarez Ortega contra el Banco Tequendama, reconociendo el derecho fundamental del trabajador, desconocido por la entidad bancaria accionada. En la parte resolutiva del mencionado fallo se ordenó lo siguiente: "PRIMERO: ORDENAR EL REINTEGRO del señor ALBERTO ALIRIO SUAREZ, al cargo de CONTADOR DEL BANCO TEQUENDAMA, que venía desempeñando para Julio 23/90, o a uno igual o de mejor categoría, y en las mismas condiciones de empleo que tenía. SEGUNDO: CONDENAR a la entidad Bancaria demandada, a efectuar el pago de los salarios y prestaciones sociales....” (negrillas y subrayas fuera de texto). En virtud a lo anterior, la entidad bancaria accionada mediante oficio fechado 3 de noviembre de 1994, le comunicó al demandante su propósito de hacer efectiva la orden contenida en la Sentencia emanada del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, como así lo hizo al asignarlo al cargo de Cajero No. 1. Estima el accionante que la decisión del Banco de incorporarlo a un cargo de inferior jerarquía al que ocupaba antes de su despido, desconoce lo dispuesto en la providencia del Juzgado Cuarto Laboral, pues “no se puede considerar que el cargo de CONTADOR sea el mismo de CAJERO No. 1, por cuanto existen diversas categorías siendo el grado de contador Nro. 8 y el de Cajero Nro. 4”. Evidentemente encuentra la Corte, que como lo señaló el juez de tutela de primera instancia, es un hecho cierto que al señor Alberto Alirio Suarez, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante Sentencia proferida el 2 de diciembre de 1992 dentro del proceso ordinario laboral que aquél incoó contra el Banco Tequendama, le ordenó el Reintegro al cargo de Contador del Banco Tequendama que venía desempeñando para julio 23 de 1990, o a uno igual o de mejor categoría y en las mismas condiciones de empleo que tenía. Teniendo en cuenta lo decidido dentro del proceso ordinario laboral, el Gerente del Banco Tequendama procedió mediante oficio No. 0033821 de 18 de noviembre de 1994 (folio 6 del expediente), en cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, a reintegrar al accionante al cargo de Cajero I, “el cual equivale a uno similar al que anteriormente desempeñaba”. En el mismo sentido lo reiteró en la audiencia pública realizada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, el 12 de diciembre de 1994, dentro del proceso de tutela que se revisa, cuando declaró que al accionante se le reintegró “en un cargo similar dado que el cargo que él desempeñaba en el año de 1990, ya no existe dentro de la organización del Banco”. Y agregó igualmente, que: “En 1990 él desempeñaba el cargo de Contador, a raíz de la modernización que desarrolló la entidad, dicho cargo desaparece dentro del organigrama y la mayoría de los empleados hoy se denominan Auxiliar I, Auxiliar II, depende del área del cual se ubique, puede ser caja, puede ser ahorros, puede ser remesa”. Debe destacarse de la declaración rendida por el Gerente del Banco accionado, la afirmación según la cual la persona que reemplazó al accionante al momento de su despido en el año de 1990, fue la “Auxiliar Contable Doris Anaya”, quien revisada la nómina anexa al expediente (folio 110), devenga la suma de $265.845.oo mensuales, mientras que el señor Alirio Alberto Suares (accionante de tutela) devenga una suma igual a $260.247.oo. Es de resaltar, que según la reestructuración del Banco Tequendama, existen diversas categorías de funciones, dentro de las cuales se destacan el Contador II, Categoría V, y el Cajero I, Categoría IV (quien ejerce dentro de otras actividades, la de efectuar cuadros contables y demás operaciones del área). Encuentra la Sala que en este orden de ideas, como lo que se pretende, según se anotó, es que al actor se le “reinstale al cargo de contador o otro de igual o superior jerarquía”, la acción de tutela es improcedente, pues existe otro medio de defensa para lograr la protección del derecho que se dice vulnerado. Existe pues, una controversia entre el accionante y el accionado, la cual radica en la afirmación del primero del incumplimiento del Banco de la orden contenida en una Sentencia judicial, que ordenó su reintegro al cargo que ocupaba al momento del despido o a uno de superior categoría, mientras que el segundo afirma haber dado cumplimiento a la orden judicial, al haber reintegrado al peticionario al cargo que ocupaba con anterioridad al despido, según la reestructuración administrativa de la que fue objeto el banco. Comparte entonces la Sala, las apreciaciones de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, para quien en tratándose de una obligación de hacer, el mecanismo idóneo para que se ordene el reintegro de un trabajador es acudir a la jurisdicción laboral mediante el proceso ejecutivo laboral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 493 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1983, artículo 264. En tal virtud, ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, idóneo y efectivo para la defensa del derecho que el accionante afirma le ha sido vulnerado por el Banco Tequendama, en su condición de accionado, no es procedente la acción de tutela, al tenor de lo establecido en el artículo 86 de la Carta Política y 6o. del Decreto 2591 de 1991. Será pues la jurisdicción ordinaria, dentro de un proceso ejecutivo laboral, a quien corresponderá definir la controversia suscitada entre el accionante y el Banco Tequendama, y allí decidir si se dió o no por el accionado cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito (2 de diciembre de 1992), dentro del proceso ordinario laboral de reintegro promovido por Alberto Alirio Suarez Ortega contra el Banco Tequendama. Así pues, como lo sostuvo el a-quo, “mal puede utilizarse la acción de tutela como alternativa para ventilar hechos litigiosos, que deben ser tramitados a través de la justicia ordinaria laboral. Considera la Corporación, que no está por demás hacer énfasis en que los procesos ejecutivos laborales se caracterizan por su celeridad, ya que se tratan de juicios especiales, que son tan efectivos como la propia ACCION DE TUTELA, pues el hecho de que se deba cumplir con ciertas formalidades o actos procesales, ello no le resta su efectividad y dinamismo”. Finalmente, en cuanto a la posibilidad de que la tutela prospere como mecanismo transitorio, por existir un perjuicio irremediable, ello no se da en el presente caso, por cuanto de una parte, el mismo accionante no señala en su demanda ni sustenta los hechos que permitan inferir o deducir la existencia de dicho perjuicio, y de la otra, por cuanto el peticionario en la actualidad se encuentra laborando en el Banco y percibe su salario como retribución al servicio que presta. Por lo expuesto, esta Sala no encuentra motivos que den lugar a revocar el fallo que se revisa, y por el contrario, al estimar que la tutela es improcedente por la existencia de otro medio de defensa judicial para la protección del derecho que se dice vulnerado, confirmará la Sentencia del Tribunal Superior de Cúcuta, Sala Laboral, del 8 de febrero de 1995. IV. DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO: CONFIRMAR por las razones expuestas, el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta proferido el 8 de febrero de 1995, en relación con la acción de tutela instaurada por ALBERTO ALIRIO SUAREZ ORTEGA. SEGUNDO: Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO   FABIO MORON DIAZ Magistrado                                  Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-189-95 Sentencia No Sentencia No. T-189/95 REVOCACION DE ACTO ADMINISTRATIVO-Improcedencia/INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Cuando un acto administrativo reconoce un derecho como el de la pensión de vejez o jubilación o una prestación social o cualquier otro derecho en favor de un particular, dicho derecho no puede ser revocado ni desconocido unilateralmente por la misma entidad de previsión sin el consentimiento expreso y escrito de su beneficiario, porque ello atenta contra los derechos adquiridos. En consecuencia, creada una situación jurídica individual, como la que se configuró para la accionante en virtud de la Resolución emanada del ISS, ésta es irrevocable unilateralmente por la administración. REF.: EXPEDIENTE No. T - 63.165 PETICIONARIA: Flor de Maria Mateus Cantor contra el Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Cundinamarca. PROCEDENCIA: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda. TEMA: Revocatoria del reconocimiento de una pensión de sobreviviente. “Cuando un acto administrativo reconoce un derecho como el de la pensión de vejez o jubilación o una prestación social o cualquier otro derecho en favor de un particular, dicho derecho no puede ser revocado ni desconocido unilateralmente por la misma entidad de previsión sin el consentimiento expreso y escrito de su beneficiario, porque ello atenta contra los derechos adquiridos, los cuales se encuentran plenamente garantizados por el artículo 58 de la Carta Política”. MAGISTRADO PONENTE: Dr. HERNANDO HERRERA  VERGARA. Santa Fé de Bogotá, Abril veintiseis (26) de mil novecientos noventa y cinco (1995). Procede la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados HERNANDO HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Y FABIO MORON DIAZ, a revisar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda el día 10 de febrero de 1995, en el proceso de tutela de la referencia. I.     ANTECEDENTES. La señora FLOR MATEUS CANTOR, acude a la acción de tutela con el fin de que se le protejan sus derechos a la seguridad social y al pago de pensiones, vulnerados por el Instituto de los Seguros Sociales, con ocasión de la revocatoria del reconocimiento de la pensión de sobreviviente. Señala que mediante la Resolución No. 011844 de 1994, el Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Cundinamarca, resolvió “conceder la pensión para sobreviviente por el fallecimiento del asegurado HECTOR E. RINCON SANCHEZ, a los beneficiarios FLOR DE MARIA MATEUS CANTOR, DIANA Y MERY LUCIA RINCON MATEUS, ya que cumple con el trámite reglamentario, y se comprobó que el asegurado cotizó las semanas reglamentarias según el Art. 25 del Acuerdo 049 de 1990”. Dicha pensión, expresa, la recibió solamente durante los meses de noviembre y diciembre de 1992, enero, febrero y marzo de 1993, y a partir de abril de ese año fue retirada de la nómina sin que se le indicara el motivo por el cual se tomaba esa decisión. Tan solo hasta el 2 de noviembre de 1993 recibió el auto número 0032, en el cual le manifestaban la revocatoria de la resolución 011844, argumentando para el efecto que, “no existía vínculo laboral entre el patrono y el asegurado”, sin tener en cuenta las semanas cotizadas, dandole un plazo de 120 días para presentar las respectivas pruebas que le permitieran acceder a la pensión, como así lo hizo, anexando declaraciones juramentadas donde consta que el esposo fallecido trabajó en el taller de servicio de Cárdanes de las dos Jotas. Indica, sin embargo, que no figura contrato de trabajo escrito, ya que éste fué verbal, ni hay constancia de los pagos efectuados a su esposo por concepto de sueldos, puesto que en el taller no hay un sistema contable sólido y no se registran las nóminas. A pesar de ello, su difunto esposo permaneció vinculado al I.S.S., entidad que lo trató en su enfermedad hasta el fallecimiento. Finalmente, relata que recibió la Resolución No. 08217 de junio 10 de 1994 del I.S.S., en la que se revoca la Resolución No. 011844 del 11 de septiembre de 1992. En tal virtud, solicita que teniendo en cuenta el hecho de que su esposo cotizó al Instituto de los Seguros Sociales las semanas reglamentarias, se le tutelen los derechos mencionados, ordenando a la entidad accionada le hagan efectivo el pago de la pensión. II.      EL FALLO QUE SE REVISA. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, mediante Sentencia del 10 de febrero de 1995, resolvió negar la tutela invocada por la señora FLOR MARIA MATEUS CANTOR, con fundamento en la existencia de otros medios de defensa judicial. En cuanto al derecho al trabajo, señala el Tribunal que sólo en la medida en que se demuestre el cumplimiento de los presupuestos y requisitos exigidos por la ley correspondiente, ese derecho queda amparado por la norma constitucional -artículo 25-, y por lo tanto, su protección se obtiene mediante las acciones judiciales ordinarias establecidas para controlar la legalidad de las actuaciones administrativas. Sustenta dicha consideración en la providencia del Consejo de Estado de 30 de junio de 1992. Concluye que como la accionante dispone de otro medio de defensa judicial, “la acción de tutela no utilizada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable es improcedente, según los artículos 6-1 y 8 del Decreto 2591 de 1991, que reglamenta el artículo 86 de la Constitución Nacional”. Además, afirma, “no se está ante el evento de un perjuicio irremediable que solo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización como la normatividad lo exige para su viabilidad. Por lo antes dicho se entiende que no pueden tutelarse los derechos que se han intentado”. No habiendo sido impugnada la anterior providencia, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 para efectos de su eventual revisión, y habiendo sido seleccionado, procede la Sala a revisar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. III.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Primera. La competencia. Es competente esta Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional para proferir Sentencia en relación con el fallo proferido por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Segunda.    Revocatoria de la Sentencia que se revisa por desconocimiento de la jurisprudencia de esta Corporación. Observa la Sala que se pretende mediante el ejercicio de la acción de tutela, que se deje sin efecto una decisión de carácter administrativo proferida por el Instituto de los Seguros Sociales, mediante la cual se revocó una resolución que concedió a la accionante una pensión de sobrevivientes. Para determinar en este caso la procedencia de la tutela, es necesario examinar las pruebas que obran en el expediente, de las cuales a continuación se hace una breve referencia. A. Pruebas. 1. Resolución No. 011844 de septiembre 11 de 1992. El I.S.S. Seccional Cundinamarca profirió la resolución mencionada, por medio de la cual concedió una pensión para sobrevivientes, indicando: “Que el día 02 de octubre de 1991, falleció el asegurado HECTOR E. RINCON SANCHEZ, C.C. (...), afiliación ... de la Seccional Cundinamarca por causas de origen no profesional, teniendo como último patrono RINCON SANCHEZ IGNACIO A. Patronal .... Que cumplido el trámite reglamentario se comprobó que el asegurado cotizó 269 semanas dentro de los últimos 6 años anteriores a su muerte y 537 en cualquier época. ... Que por lo anteriormente expuesto, se concluye que el causante dejó derecho a pensión para sobrevivientes, la cual ha de concederse a partir de la fecha de su fallecimiento....”. 2. Auto No. 0032 de 1993. El I.S.S. Seccional Cundinamarca, mediante el auto No. 0032 de noviembre 2 de 1993, resolvió que: “Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 28 y 74 del C.C.A., se le comunica que revisado el expediente que dió origen a la prestación reconocida mediante Resolución en referencia (011844 - 11 de septiembre de 1992) y teniendo en cuenta la investigación administrativa No. 185, adelantada en la fecha del 30 de junio de 1992, a la Empresa “RINCON SANCHEZ IGNACIO ANTONIO” patronal No. 01003803306, se estableció que entre el asegurado RINCON SANCHEZ HECTOR HERICINDO, y tal patronal, no existió tal vínculo laboral, motivo suficiente a la revocatoria de la citada providencia, acorde con lo dispuesto en los artículos 69 y 74 del C.C.A. Por lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28, 35 y 58 del Código citado, cuenta usted con un término de 20 días hábiles a partir de la presente comunicación para que se haga parte y presente las pruebas tendientes a ratificar su derecho a la prestación” (negrillas y subrayas fuera de texto). 3. Resolución No. 08217 de 1994. El I.S.S. Seccional Cundinamarca profirió posteriormente la Resolución No. 08217 de junio 10 de 1994, revocando la Resolución No. 011844 del 11 de septiembre de 1992, en la que expresó: “Que al revisar los antecedentes procesales en los cuales se basó la decisión, se establece que para el otorgamiento de la prestación fue incluído el período de cotización comprendido entre el 5 de septiembre de 1986 y el 31 de octubre de 1991, con la Empresa RINCON SANCHEZ IGNACIO con patronal..., el que de acuerdo con la investigación administrativa No. 185... el 15 de junio de 1992, carece de la vinculación laboral de que trata el artículo 6o. del Decreto ley 1650 de 1977, en concordancia con la Ley 50 de 1990 (art. 1o.) al no encontrarse en sus archivos, contrato de trabajo, relación de nóminas y pagos y en general, la subordinación personal del asegurado, con cargo a dicho patronal. .... Que como consecuencia de lo anterior, el señor RINCON SANCHEZ no dejó cotizado para invalidez, vejez y muerte (IVM) ni una semana, de las 150 que dentro de los 6 años anteriores al fallecimiento o 300 en cualquier época, exige el artículo 25 del Decreto 758 de 1990 para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y por esa razón es procedente revocar la Resolución No. 011844 del 11 de septiembre de 1992, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69 y 74 del Decreto 01 de 1984 (C.C.A.) y así se ordenará en la parte resolutiva de esta providencia....” (negrillas y subrayas fuera de texto).. 4. Oficio No. 14473 del I.S.S. Seccional Cundinamarca. Mediante oficio No. 14473 del 20 de abril de 1995, la doctora Matilde Lopez de Lopez, en su condición de Jefe de la Sección de Prestaciones Económicas del Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Cundinamarca, informó a esta Sala de Revisión lo siguiente en relación con la Resolución No. 011844 de 1992: “En este orden de ideas y transcurrido el término otorgado en nuestro auto de apertura a pruebas, sin que se aportara ninguna, el I.S.S. expide la resolución No. 08217 del 10 de Junio de 1994 revocando con esta el proveído No. 011844 de 1992, en el expediente no se observa escrito o acción por parte de la señora Mateus Cantor Flor de María, tendiente a atacar el contenido del acto administrativo No. 08217 de 1992”. B. Procedencia de la Tutela por desconocimiento de los derechos adquiridos de la accionante - Revocatoria del fallo que se revisa. Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, y de conformidad con la jurisprudencia que sobre el particular ha proferido esta Corporación, concluye la Sala la procedencia de la acción de tutela en el asunto que se examina, por las siguientes razones. No obstante a la cónyuge del difunto afiliado al Instituto de los Seguros Sociales -accionante de tutela-, mediante acto administrativo -la Resolución No. 011844 de 1992- se le concedió el derecho a recibir la pensión para sobrevivientes, la cual recibió durante el período comprendido entre los meses de octubre de 1992 y marzo de 1993, la misma entidad de previsión social mediante Resolución No. 08217 de 1994, determinó revocar la primera resolución, negando el derecho de la accionante a la pensión. Frente a esa circunstancia, se observa que la entidad de previsión mencionada mediante una resolución administrativa, reconoció el derecho a la pensión de sobrevivientes en favor de la accionante y sus hijos, pero posteriormente revocó en forma unilateral dicha decisión. Sobre el particular, el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo dispone: “Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular...”. Al respecto, ha sostenido el H. Consejo de Estado[1] que tanto el artículo 24 del Decreto 2733 de 1959, como el inciso 1o. del 73 del C.C.A., tienen por finalidad, garantizar la protección de los derechos individuales y la firmeza de las situaciones jurídicas de carácter particular y concreto, para que no puedan ser revocados ni los unos ni las otras, en forma unilateral por la administración. Lo que se busca con la prohibición o restricción legal al ejercicio de la revocatoria por parte de la administración, se funda en la inmutabilidad de los actos administrativos que hayan consagrado un derecho subjetivo a favor de un particular -inmutabilidad que se sustenta en la necesaria seguridad jurídica que debe asistir a los administrados en sus relaciones con la administración-, los cuales gozan del principio de la irrevocabilidad por parte de la administración, a fin de evitar que ésta sea el juez de sus propios actos. En consecuencia, creada una situación jurídica individual, como la que se configuró para la accionante en virtud de la Resolución No. 011844 de 1992 emanada del Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Cundinamarca, ésta es irrevocable unilateralmente por la administración, salvo que concurra el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho. Contrario a lo dispuesto en el artículo 73 del C.C.A., el Instituto de los Seguros Sociales expidió la Resolución No. 08217 de junio 10 de 1994, por medio de la cual revocó la Resolución No. 011844 de 1992 -acto de carácter particular y concreto en virtud de la cual se reconoció la pensión para sobrevivientes en cabeza de la accionante y de sus hijos-, razón ésta que conduce a estimar el desconocimiento y la violación del ordenamiento legal citado, ya que el acto administrativo señalado que era irrevocable, fue revocado en forma unilaterial por la entidad accionada, sin consentimiento de la titular del derecho. Adicionalmente, no se cumplió el requisito previo que permitía legalmente la revocatoria del acto administrativo que le reconoció el derecho a la señora Mateus Cantor, cual era el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. Por el contrario, ésta controvierte la decisión injustificada de la administración que desconoce su derecho. En estos casos, lo procedente no es la revocatoria directa del acto administrativo creador de una situación jurídica individual y colectiva, sino la acción correspondiente ante la jurisdicción competente a fin de que se obtenga la nulidad de dicho acto por quebrantar preceptos superiores de derecho. Como lo señaló esta misma Sala en providencia No. T-516 de noviembre 10 de 1993, cuando un acto administrativo reconoce un derecho como el de la pensión de vejez o jubilación o una prestación social o cualquier otro derecho en favor de un particular, dicho derecho no puede ser revocado ni desconocido unilateralmente por la misma entidad de previsión sin el consentimiento expreso y escrito de su beneficiario, porque ello atenta contra los derechos adquiridos, los cuales se encuentran plenamente garantizados por el artículo 58 de la Carta Política. Conforme a lo anterior, encuentra la Sala que se deberá revocar el fallo que se revisa, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en su lugar acceder a la tutela instaurada por la señora Flor de Maria Mateus Cantor, ordenando al Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Cundinamarca, para que en un término no superior a los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a efectuarle el pago de las mesadas que por concepto de la pensión para sobrevivientes le adeudan desde el mes de abril de 1993 hasta la fecha, como así se ordenará en la parte resolutiva de esta providencia, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 011844 de 1994, emanado del ISS - Cundinamarca. IV. DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION R E S U E L V E : PRIMERO.   Revocar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 10 de febrero de 1995, dentro de la acción de tutela instaurada por FLOR DE MARIA MATEUS CANTOR, y en su lugar, Conceder la tutela instaurada por la señora Flor de Maria Mateus Cantor, ordenando al Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Cundinamarca, para que en un término no superior a los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a efectuarle el pago de las mesadas que por concepto de la pensión para sobrevivientes le adeudan desde el mes de abril de 1993 hasta la fecha, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 011844 de 1994, emanado de la Comisión de Prestaciones Económicas del ISS Cundinamarca. SEGUNDO.  Líbrense por la Secretaría General de la Corte Constitucional, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO   FABIO MORON DIAZ Magistrado                                 Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1] Cfr. Consejo de Estado, Sentencia de mayo 6 de 1992. Sección Segunda.

T-190-95 Sentencia No Sentencia No. T-190/95 IMPUGNACION PARCIAL FALLO DE TUTELA El de impugnar las providencias mediante las cuales se resuelve acerca de acciones de tutela es un derecho de rango constitucional, reconocido a las partes que intervienen en el respectivo procedimiento, y, por ello, el acceso a la segunda instancia no está condicionado al cumplimiento de requisitos formales distintos al de hacer uso del recurso dentro del término dispuesto por la ley. La sentencia de tutela puede ser impugnada total o parcialmente, en ejercicio del mismo derecho de rango constitucional. La misma sentencia, en aquellas resoluciones que no aluden al asunto principal, puede afectar derechos de cualquiera de las partes y, por tanto, no tiene sentido excluirlas de la opción de impugnar, menos todavía cuando el Constituyente no estableció al respecto discriminación alguna. TERMINO JUDICIAL-Finalidad/TERMINO JUDICIAL-Obliga a las partes y al juez Los términos judiciales tienen por objeto la fijación de límites legales al lapso que pueden tomarse los jueces para resolver acerca de los asuntos que se les confían. Los términos judiciales obligan tanto a quienes tienen la calidad de partes o intervinientes dentro de los procesos como a los jueces que los conducen. DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Efectividad El acceso a la administración de justicia, no debe entenderse en un sentido puramente formal, en cuya virtud pueda una persona acudir a los tribunales, sino que radica sobre todo en la posibilidad real y verdadera, garantizada por el Estado, de que quien espera resolución -ya por la vía activa, ora por la pasiva- la obtenga oportunamente. MORA JUDICIAL/OMISION JUDICIAL El transcurso de lapsos prolongados, más allá del término previsto por el legislador, para la toma de decisiones que afectan la libertad del individuo, representa no solamente la transgresión de un mandato legal por parte del funcionario, bien sea el instructor o el fallador, sino que se traduce en omisión, concebida como falta de la actividad debida, la cual en sí misma -con plena independencia del contenido y del sentido de la determinación que hubiera podido adoptar- es violatoria de los derechos a la libertad personal y al debido proceso. SINDICADO-Definición de situación jurídica No puede perderse de vista que, por otra parte, la permanencia indefinida de una persona a la expectativa de actos que resuelvan acerca de su situación jurídica, en especial cuando se tiene conocimiento público sobre la iniciación de procesos penales e investigaciones en su contra, ocasiona necesariamente un perjuicio a su honra y a su buen nombre. Si bien ello acontece como contingencia propia de la actividad estatal ordenada a la persecución del delito, la persona cuya conducta está subjudice tiene derecho a una definición pronta y cierta sobre el particular, de modo que la falta de observancia de los términos para hacerlo compromete también, inconstitucionalmente, la reputación del individuo y afecta su dignidad. PRINCIPIO DE EFICIENCIA/MORA JUDICIAL-Carga laboral Para la Corte es claro que la eficiencia, cuya consagración se manifiesta en el artículo 228 de la Carta cuando impone el cumplimiento de los términos procesales, constituye principio de ineludible acatamiento por parte de los jueces y fiscales, so pena de las sanciones legales por la falta disciplinaria en que incurren cuando los desconozcan, lo cual tiene por finalidad específica la de obtener prontitud y calidad en la impartición de justicia. Los funcionarios judiciales no pueden, por vía general, esquivar la responsabilidad que les cabe por la inobservancia de los términos, escudándose apenas en la disculpa de la congestión de trabajo debida al número de procesos en curso. TERMINO JUDICIAL-Obligación/MORA JUDICIAL-Dilación injustificada Esa norma, entendida en armonía con la del artículo 228, establece un principio general -el de obligatoriedad de los términos-, que únicamente admite excepciones muy circunstanciales, alusivas a casos en concreto, cuando no quepa duda del carácter justificado de la mora. La justificación, que es de alcance restrictivo, consiste únicamente en la situación probada y objetivamente insuperable, que impide al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisión. INVESTIGACION PREVIA-Término El respeto a los términos en el curso de la investigación no es una dádiva en favor de la persona contra quien se ha iniciado, sino una obligación ineludible del Estado, el cual, partiendo de la presunción constitucional de inocencia, debe agotar, dentro del debido proceso, las etapas conducentes a la definición cierta y oportuna acerca de si esa persona es penalmente responsable. Están de por medio los derechos fundamentales del implicado y la necesaria certidumbre de la sociedad sobre la eficaz gestión estatal en la lucha contra el delito. Según la norma legal que rige el proceso, el funcionario no puede tomarse más de dos meses para proferirla, si se trata de imputado conocido, ni de cuatro cuando la competencia haya sido confiada a los jueces regionales. DEBIDO PROCESO-Vulneración por mora judicial Se vulneró el derecho al debido proceso que ampara a la accionante, dado el carácter injustificado de la dilación, y faltó a la eficiencia exigible a la administración de justicia, por lo cual es pertinente conceder la protección solicitada. PRINCIPIO DE AUTONOMIA FUNCIONAL DE LOS JUECES La autonomía funcional de los jueces, que no puede ser desconocida por los de tutela, de conformidad con perentorios mandatos constitucionales. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-44649 Acción de tutela instaurada por MARIA ROCIO HENAO DE ARCILA contra el Fiscal Regional de Santa Fe de Bogotá, D.C. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se examinan los fallos proferidos por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito y por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, D.C., al resolver sobre el asunto en referencia. I. INFORMACION PRELIMINAR La acción de tutela fue ejercida por la abogada defensora de MARIA ROCIO HENAO DE ARCILA, a nombre de ésta. La profesional que firmó la demanda dijo haber conocido coincidencialmente sobre las diligencias preliminares adelantadas por la Fiscalía Regional en el caso de la señora HENAO, cuando defendía a otra persona. Después se hizo cargo de defenderla y en ejercicio de su función solicitó que se le expidiera una certificación para pagar el impuesto de industria y comercio y copias acerca de la investigación llevada a cabo, con el fin de hacer un estudio más detallado de las pruebas. Pidió luego la abogada que se profiriera decisión inhibitoria y presentó un estudio sobre los términos procesales. Por último, en ejercicio del derecho de petición, impetró de la Fiscalía que se le informaran los motivos por los cuales no se había dado respuesta a ninguna de las solicitudes mencionadas. En la demanda de tutela expresó la apoderada que había sido violado el artículo 29 de la Constitución, por cuanto el proceso venía siendo objeto de dilaciones injustificadas. Puso de presente que las diligencias preliminares habían tomado más de cuatro años sin que se hubiera proferido ninguna resolución que les pusiera fin. Mediante la acción de tutela pretendió la accionante que se ordenara proferir inmediatamente resolución inhibitoria y que se condenara a la Nación al pago de daños y perjuicios presuntamente causados a la sindicada. II. DECISIONES JUDICIALES En primera instancia, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, por Sentencia del 30 de junio de 1994, decidió tutelar el derecho al debido proceso de María Rocío Henao de Arcila y ordenó que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, el funcionario correspondiente profiriera resolución tendiente a finalizar el trámite previo. También ordenó solicitar a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial que investigara al Fiscal Regional por posible falta disciplinaria. Señaló la providencia que las personas a quienes se imputa un hecho delictivo tienen derecho a que el funcionario judicial a quien corresponda adelantar la investigación lo haga con celeridad razonable. Recordó que, según el artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, "la investigación previa cuando existe imputado conocido se realizará en el término máximo de dos meses, vencidos los cuales se dictará resolución de apertura de investigación o resolución inhibitoria", añadiendo, sin embargo, que "cuando se trate de delitos de competencia de jueces regionales el término será máximo de cuatro meses". Concluyó, entonces, que esa resolución, cualquiera que sea, no es opcional sino imperativa, por lo cual "no puede el funcionario judicial retardar indefinidamente la investigación previa basado en disquisiciones de que faltan pruebas". Si esto último sucede, será un razonamiento que el investigador debe plasmar en su decisión, como sustento de la misma, pero nunca excusa para que deje de cumplir con sus obligaciones y menos para dejar de aplicar normas procesales que son de orden público y de inmediato cumplimiento. El Fiscal Regional impugnó el Fallo, alegando que en su Despacho existía un notorio cúmulo de trabajo, de lo cual resultaba la mora en el perfeccionamiento de algunos expedientes. Dijo también que las preliminares a las que se refería la demanda fueron remitidas por competencia a la ciudad de Medellín, donde la Fiscalía a la que correspondiera debía asumir el trámite del caso. Expresó que había recibido dichas diligencias preliminares el 15 de diciembre de 1993, por lo cual no hubo una mora de tres años. Manifestó que cuando entró a laborar en la Fiscalía Regional de Santa Fe de Bogotá recibió más de mil preliminares y que, para evacuarlas, ha trabajado sábados, domingos y festivos, habiéndole sido imposible ponerse al día. En providencia del 22 de julio de 1994, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá resolvió abstenerse de conocer el Fallo a través del cual fueron tutelados los derechos de María Rocío Henao de Arcila y ordenó enviar las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. El argumento del Tribunal consistió en que, a su juicio, la impugnación no estaba dirigida "contra acto de acción u omisión de autoridad pública por violación de derechos fundamentales, sino contra la decisión de compulsar copias para investigar la supuesta falta disciplinaria en que hubiere podido incurrir (el Fiscal Regional) en la evacuación de las diligencias preliminares". "Es decir -agregó el Tribunal- el impugnante no controvierte en modo alguno los argumentos del fallo de tutela por vulneración a derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional con esa decisión, sino contra el auto de sustanciación que ordena ser investigado disciplinariamente por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial, organismo a donde el impugnante debe aportar la documentación que estime pertinente en orden a justificar la presunta mora que se le atribuye". Seleccionado el caso en la Corte Constitucional, según lo previsto en el Decreto 2591 de 1991, fue repartido a esta Sala, la cual, mediante providencia del 2 de diciembre de 1994, se abstuvo de efectuar la revisión de fondo de las decisiones hasta entonces proferidas en este asunto, por haberse pretermitido una instancia. Se declaró sin valor ni efecto el auto del Tribunal y se ordenó a éste tramitar la impugnación y resolver acerca de ella, lo cual se hizo mediante Sentencia del 18 de enero de 1995. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, confirmó en todas sus partes el fallo impugnado. A su juicio, la acción de tutela resultaba procedente y debía prosperar, pues, desde la fecha en que le fueron asignadas las diligencias preliminares al Fiscal Regional, transcurrieron más de seis meses, en abierta transgresión a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 81 de 1994. Agregó que, si se tiene en cuenta que el Derecho Penal es público, sus normas son de rigurosa observancia y necesaria aplicación. Dentro de ellas está el cumplimiento de los términos judiciales, como uno de los pilares del debido proceso, pues éste encierra un conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier actuación y que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida justicia, sin dilaciones injustificadas. Dijo que el exceso de trabajo en los despachos judiciales no es carga que deba soportar el sindicado. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte Constitucional es tribunal competente para revisar los fallos en referencia, según lo disponen los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991. Posibilidad de impugnación parcial de los fallos de tutela Como ha venido sosteniendo la Corte, el de impugnar las providencias mediante las cuales se resuelve acerca de acciones de tutela es un derecho de rango constitucional, reconocido a las partes que intervienen en el respectivo procedimiento, y, por ello, el acceso a la segunda instancia no está condicionado al cumplimiento de requisitos formales distintos al de hacer uso del recurso dentro del término dispuesto por la ley. En el caso examinado, la determinación inicial del Tribunal de segundo grado consistió en no dar curso a la impugnación, por cuanto ésta, según su criterio, no versaba sobre el tema de la violación o amenaza de derechos fundamentales sino que pretendía controvertir la decisión adoptada por el juez de primera instancia sobre envío de copias al Ministerio Público para la investigación de posibles faltas disciplinarias. Debe decir la Corte al respecto, como ya lo hizo en auto del 2 de diciembre de 1994, que la posibilidad de impugnación alude a la decisión judicial como un todo, esto es se refiere a la integridad de su contenido. Obviamente, a quien ha sido afectado por la providencia judicial -que puede ser el accionante o la persona o autoridad contra la que se instauró la acción- le interesa en principio que el superior del juez verifique lo actuado para que se revoque o modifique aquélla, en lo que le es desfavorable. Puede ser que el impugnante acepte parte del fallo -aun en el evento de haberse proferido en su contra- y, en consecuencia, a ese respecto no habría impugnación, pero ésta sí se tendría en los aspectos que el recurrente estima deban ser reconsiderados. Así las cosas, la sentencia de tutela puede ser impugnada total o parcialmente, en ejercicio del mismo derecho de rango constitucional al que se alude. Tal como lo manifestó la Sala en la aludida providencia, si ello es así, mal puede el juez de segunda instancia descalificar la impugnación por la sola circunstancia de que se refiera a una parte del proveído judicial atacado, pues admitirlo así significaría aceptar que decisiones tales como las de compulsar copias o adelantar ciertos trámites adicionales a la determinación de fondo no hacen parte de la sentencia. Consideró la Sala -y estima necesario reiterarlo- que, si bien desde el punto de vista material bien puede distinguirse entre las resoluciones adoptadas por el juez, ya que no todas tocan con el fondo de la controversia -la cual radica en determinar si la acción instaurada está llamada a prosperar y en definir las órdenes judiciales que en caso afirmativo deben impartirse-, es lo cierto que la misma sentencia, en aquellas resoluciones que no aluden al asunto principal, puede afectar derechos de cualquiera de las partes y, por tanto, no tiene sentido excluirlas de la opción de impugnar, menos todavía cuando el Constituyente no estableció al respecto discriminación alguna. Despréndese de lo dicho que, habiéndose interpuesto a tiempo el recurso, desconocerlo y abstenerse de tramitarlo, sobre la base de clasificar las decisiones tomadas por el juez de primera instancia, implica vulnerar el derecho que la Carta Política otorga a las partes dentro del procedimiento de tutela. Ello es todavía más claro si se tiene en cuenta el carácter preferente y sumario de este mecanismo, el cual puede implicar la adopción de determinaciones que prima facie parezcan acertadas pero que ameriten su modificación o revocatoria merced al más reposado análisis del superior, fundado en los argumentos expuestos por el impugnante. Estos, si bien no son indispensables para que se tramite la impugnación, pueden ser presentados con el objeto de ilustrar al juez o tribunal competente sobre los puntos que son motivo de descontento. Entonces, no se justificaba la distinción hecha por el Tribunal cuando se abstuvo de resolver en segunda instancia suponiendo que la parte del Fallo relativa a la investigación de los aspectos disciplinarios no podía ser objeto de ataque. Términos judiciales y debido proceso Los términos judiciales tienen por objeto la fijación de límites legales al lapso que pueden tomarse los jueces para resolver acerca de los asuntos que se les confían. La jurisdicción no puede operar adecuadamente ni cumple la tarea que le es propia si los procesos se extienden indefinidamente, prolongando la indefinición de los litigios y controversias y atentando gravemente contra la seguridad jurídica a la que tienen derecho los asociados. El acceso a la administración de justicia, como lo ha dicho esta Corte, no debe entenderse en un sentido puramente formal, en cuya virtud pueda una persona acudir a los tribunales, sino que radica sobre todo en la posibilidad real y verdadera, garantizada por el Estado, de que quien espera resolución -ya por la vía activa, ora por la pasiva- la obtenga oportunamente. La función del juez exige, desde luego, un tiempo mínimo dentro del cual establezca, mediante la práctica y evaluación de pruebas, la veracidad de los hechos objeto de sus decisiones, y también demanda un período de reflexión y análisis en torno a la adecuación del caso a las previsiones normativas, todo con el fin de asegurar que, en su genuino sentido, se hará justicia. Pero no es menos cierto que la decisión judicial tardía comporta en sí misma una injusticia, en cuanto, mientras no se la adopte, los conflictos planteados quedan cubiertos por la incertidumbre, con la natural tendencia a agravarse, y no son resarcidos los perjuicios ya causados por una determinada conducta o por la persistencia de unas ciertas circunstancias, ni impartidas las órdenes que debieran ejecutarse para realizar los cometidos del Derecho en el asunto materia de debate, por lo cual la adopción de las providencias judiciales que permitan el avance y la definición de los procesos corresponde a un derecho de las partes, o de las personas afectadas, y a una legítima aspiración colectiva -la de asegurar el funcionamiento de la administración de justicia-, cuya frustración causa daño a toda la sociedad. Así, pues, el lapso del que dispongan los jueces para arribar a la toma de decisiones, mediante providencias intermedias o definitivas, debe tener también un máximo, señalado en norma general previa, de tal manera que no quede al arbitrio del funcionario. Ello significa que los términos judiciales obligan tanto a quienes tienen la calidad de partes o intervinientes dentro de los procesos como a los jueces que los conducen. De allí que el artículo 228 de la Constitución haya dispuesto, como mandato perentorio, que los términos procesales se observarán con diligencia y que su incumplimiento será sancionado. La Corte Constitucional ha señalado y ratifica ahora lo siguiente: "El mencionado artículo 228 alude de manera directa al tema que nos ocupa y estatuye de modo perentorio: "Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado".  Esta norma debe interpretarse en relación con el artículo 6º de la Constitución, relativo a la responsabilidad de los servidores públicos por omisión en el ejercicio de sus funciones y con el 256 Ibidem, que al enunciar las atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura, confía a este organismo la de "llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales". En cuanto al derecho de la persona afectada por la omisión, de manera específica se configura una obstrucción indebida para el acceso a la eficaz administración de justicia (artículo 229), derecho éste cuyo carácter fundamental es para la Corte innegable, habida cuenta de su necesaria vinculación con otros derechos tales como la vida, la integridad personal, la libertad, el debido proceso, la igualdad ante la ley, la propiedad, el trabajo, el derecho a la personalidad jurídica y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros, pues la realización concreta de estas depende en grado sumo de la celeridad con que actúen los jueces en el cumplimiento de la misión que les ha encomendado el Constituyente. Considera la Corte que no se trata únicamente de velar por el cumplimiento de los términos por sí mismo ya que él no se concibe como fin sino como medio para alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jurídica, sino de asegurar que, a través de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtención de pronta y cumplida justicia. Al tenor del artículo 122 de la Carta, "ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben".  Ese juramento compromete al juez y conduce a su responsabilidad cuando falta a su deber, según los artículos 6 y 124 de la Constitución". (Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-431 del 24 de junio de 1992). En Sentencia T-572 del 26 de octubre de 1992 (M.P.: Dr. Jaime Sanin Greiffenstein), la Corporación resaltó la importancia del acatamiento a los términos judiciales como parte integrante del derecho a un debido proceso: "...el funcionario judicial -el juez- debe velar por la aplicación pronta y cumplida de la justicia. Los términos procesales son improrrogables y obligan tanto a las partes como a los jueces. El funcionario que incumpla los términos procesales o que dilate injustificadamente el trámite de una querella, solicitud, investigación o un proceso sin causa motivada, incurrirá en causal de mala conducta. El abuso en la utilización de los recursos y mecanismos procesales, que conducen a la dilación de los trámites jurisdiccionales, contraría este principio. Se debe por tanto fortalecer la institucionalización de la mora como causal de mala conducta, para obligar al Juez a cumplir estrictamente los términos procesales y a darle un curso ágil y célere a las solicitudes que ante la administración judicial presenten los ciudadanos,  dentro de la garantía consagrada en el artículo 29 de la Constitución - el debido proceso-". La Corte estima necesario afirmar en esta ocasión, complementando lo ya dicho, que el carácter imperativo del enunciado precepto constitucional impide a los jueces optar por aplicaciones flexibles o amplias de las normas que establecen topes a los términos y, por el contrario, están obligados a un concepto estricto e implacable que otorgue certeza y garantice exactitud. El desarrollo de los procesos con invariable apego a los términos señalados en la ley, además de realizar el principio de celeridad -aplicable a todas las actuaciones estatales-, permite a quienes participan en ellos obtener conocimiento preciso sobre los distintos momentos de definición y acudir con mayor seguridad a las sucesivas etapas procesales, en defensa de sus derechos. Tales criterios son aplicables con mayor razón en el campo penal, toda vez que, estando de por medio la libertad de las personas y el deber estatal de perseguir y castigar el delito, la prontitud en la adopción de resoluciones judiciales tiene un carácter de verdadera urgencia, que sólo admite la demora razonable implícita en la formación del criterio del fallador, cuya extensión en el tiempo no debe superar el término que haya señalado la ley. El transcurso de lapsos prolongados, más allá del término previsto por el legislador, para la toma de decisiones que afectan la libertad del individuo, representa no solamente la transgresión de un mandato legal por parte del funcionario, bien sea el instructor o el fallador, sino que se traduce en omisión, concebida como falta de la actividad debida, la cual en sí misma -con plena independencia del contenido y del sentido de la determinación que hubiera podido adoptar- es violatoria de los derechos a la libertad personal y al debido proceso. No puede perderse de vista que, por otra parte, la permanencia indefinida de una persona a la expectativa de actos que resuelvan acerca de su situación jurídica, en especial cuando se tiene conocimiento público sobre la iniciación de procesos penales e investigaciones en su contra, ocasiona necesariamente un perjuicio a su honra y a su buen nombre. Si bien ello acontece como contingencia propia de la actividad estatal ordenada a la persecución del delito, la persona cuya conducta está subjudice tiene derecho a una definición pronta y cierta sobre el particular, de modo que la falta de observancia de los términos para hacerlo compromete también, inconstitucionalmente, la reputación del individuo y afecta su dignidad. Para la Corte es claro que la eficiencia, cuya consagración se manifiesta en el artículo 228 de la Carta cuando impone el cumplimiento de los términos procesales, constituye principio de ineludible acatamiento por parte de los jueces y fiscales, so pena de las sanciones legales por la falta disciplinaria en que incurren cuando los desconozcan, lo cual tiene por finalidad específica la de obtener prontitud y calidad en la impartición de justicia. Los funcionarios judiciales no pueden, por vía general, esquivar la responsabilidad que les cabe por la inobservancia de los términos, escudándose apenas en la disculpa de la congestión de trabajo debida al número de procesos en curso. Las dilaciones injustificadas. Carácter estricto de la justificación El artículo 29 de la Constitución señala que hace parte de la garantía fundamental en él plasmada el derecho de todo sindicado a un debido proceso "sin dilaciones injustificadas". Esa norma, entendida en armonía con la del artículo 228, establece un principio general -el de obligatoriedad de los términos-, que únicamente admite excepciones muy circunstanciales, alusivas a casos en concreto, cuando no quepa duda del carácter justificado de la mora. La justificación, que es de alcance restrictivo, consiste únicamente en la situación probada y objetivamente insuperable, que impide al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisión. Por otra parte, considera la Corte que las causas de justificación en la materia deben ser fijadas en la ley, razón por la cual no pueden obedecer a la caprichosa interpretación del funcionario de turno. Desde luego, vencido el término que no pudo cumplirse por el inconveniente justificado, resulta perentorio el trámite preferente para el asunto que no se alcanzó a decidir en tiempo. De allí que no pueda admitirse de ninguna manera el aplazamiento indefinido de la resolución, estando obligado el juez o fiscal, en ese excepcional evento, a otorgar prioridad al proceso que resultó afectado por la causa justificada. De lo anterior se concluye que la sóla referencia a una acumulación de procesos a conocimiento del juez o fiscal no constituye por sí misma, sin más evaluación, argumento suficiente para justificar la dilación en que se haya incurrido. En lo concerniente a la investigación previa, a cargo de las fiscalías, debe recordarse que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116 y en el Título VIII, capítulo 6, de la Constitución Política, la Fiscalia General de la Nación forma parte de la Rama Judicial del poder público y, en consecuencia, le son aplicables los principios generales relacionados con la administración de justicia y los preceptos constitucionales que regulan su actividad. Así ocurre con el ya mencionado artículo 228 de la Carta, que manda a los servidores públicos a cargo de la función judicial observar los términos procesales con diligencia, contemplando imperativamente que su incumplimiento será sancionado. El respeto a los términos en el curso de la investigación no es una dádiva en favor de la persona contra quien se ha iniciado, sino una obligación ineludible del Estado, el cual, partiendo de la presunción constitucional de inocencia, debe agotar, dentro del debido proceso, las etapas conducentes a la definición cierta y oportuna acerca de si esa persona es penalmente responsable. Están de por medio los derechos fundamentales del implicado y la necesaria certidumbre de la sociedad sobre la eficaz gestión estatal en la lucha contra el delito. Se reitera lo expresado en caso similar por esta misma Sala: "De la diligencia con que se adelanten las investigaciones y se impulse y lleve a cabo la indagación inicial, a cargo de la Fiscalía, depende en gran medida la oportunidad y la eficacia de actuaciones procesales posteriores y el logro final de los objetivos que en este campo persigue la administración de justicia: el merecido castigo al delincuente y, hasta donde sea posible, el resarcimiento de los perjuicios causados a su víctima". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-399 del 17 de septiembre de 1993). El artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 41 de la Ley 81 de 1993, dispone: "La investigación previa cuando existe imputado conocido, se realizará en el término máximo de dos meses, vencidos los cuales se dictará resolución de apertura de investigación o resolución inhibitoria. No obstante, cuando se trate de delitos de competencia de jueces regionales el término será máximo de cuatro meses". Como lo expresó el Juez de primera instancia, bien que la resolución sea inhibitoria, ora que mediante ella se ordene la apertura de investigación -lo cual debe ser calificado y definido por el fiscal correspondiente-, lo cierto es que, según la norma legal que rige el proceso, el funcionario no puede tomarse más de dos meses para proferirla, si se trata de imputado conocido, ni de cuatro cuando la competencia haya sido confiada a los jueces regionales. El caso concreto De acuerdo con los documentos que aparecen en el expediente, el proceso identificado con el número 19280, al cual se encontraba vinculada la señora MARIA ROCIO HENAO DE ARCILA, fue radicado en la Dirección Seccional de Orden Público de Santa Fe de Bogotá, D.C., el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y tres (1993), y hasta el día 15 de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), fecha en que se instauró la acción de tutela, la autoridad judicial no había proferido ninguna de las resoluciones que jurídicamente procedían. Aunque no se presentó la mora en la magnitud alegada por la demandante, el comportamiento del Fiscal Regional en relación con el proceso que se adelantaba contra la accionante, se encuentra regulado, según lo dicho, por el artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, que señala términos preclusivos cuyo máximo es de cuatro meses cuando el delito imputado es de competencia de los jueces regionales, como acontece en esta oportunidad. La necesidad de fijar un término en la etapa de investigación previa, llevó a la Corte Constitucional, en Sentencia C-412 del 28 de septiembre de 1993, a declarar inexequible el artículo 324 del Decreto 2700 de 1991, norma reemplazada por el artículo 41 de la Ley 81 de 1993, que actualmente corresponde al artículo 324 del Código de Procedimiento Penal. En aquella oportunidad, la Corte Constitucional manifestó: "De otra parte, las normas legales relativas a la investigación previa no tienen por objeto delimitar el campo de las conductas humanas lícitas o ilícitas. Dichas normas se integran a las normas procesales enderezadas a establecer las formas esenciales que debe revestir la actividad del Estado en el evento de que se proponga perseguir y sancionar el delito. La investigación previa, punto inicial de la función punitiva del Estado, tiene como horizonte la final intervención del juez, lo cual sumado a la necesidad de anticipar a esta etapa el normal desenvolvimiento de los derechos de defensa del imputado, impone sujetar la actuación pública que en ella se realiza a la garantía del debido proceso. Aceptada la premisa anterior, es forzoso concluir que no se aviene al debido proceso y, por el contrario, lo niega, la configuración de una etapa investigativa carente de término. Se contraviene la idea medular del proceso que se sustenta en la esencialidad y en la previsibilidad de las formas, pues, una etapa indefinida en el tiempo no canaliza ni puede servir de molde idóneo a la actividad del Estado que reclama disciplina y orden y que, en la investigación del delito debe avanzar de manera progresiva y a través de una serie de actos vinculados entre sí y orientados hacía un resultado final que necesariamente se frustraría si a las diferentes etapas no se les fija término, más aún si son contingentes y puramente instrumentales como acaece con la investigación previa". "De ahí que sólo por conducto del proceso - y a través de sus diferentes y sucesivas etapas - pueda el Estado perseguir el delito. Puede así mismo sostenerse que las personas involucradas en los hechos punibles tienen un verdadero derecho al proceso cuya naturaleza y configuración en el Estado democrático debe ser eminentemente participativa. Este derecho de estirpe constitucional se niega cuando, desvirtuando su función, se prolonga irrazonablemente la etapa pre-procesal de la investigación previa, pese a la existencia de imputado y a la conflictividad actual o potencial de su relación con el Estado. Se vulnera ese derecho también frente a la persona investigada a quien no se le comunica oportunamente esa situación. Estas violaciones pueden darse como consecuencia de la indefinida dilación temporal de la investigación previa. Dado que es en el proceso donde con mayor intensidad y plenitud de garantías puede participar el imputado, la investigación previa debe tener un período razonablemente breve, circunscribirse a asegurar las fuentes de prueba y a verificar el cumplimiento de los presupuestos mínimos que se requieran para ejercer la acción penal, que es precisamente lo que se echa de menos en la disposición acusada". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-412 del 28 de septiembre de 1993. M. P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Observa la Sala, entonces, que en el asunto sometido a revisión, el Fiscal Regional encargado de la investigación previa adelantada contra MARIA ROCIO HENAO DE ARCILA, incumplió injustificadamente el término  con que contaba para proferir la correspondiente resolución, pues la excusa invocada, consistente en el crecido número de expedientes para la época de su posesión, no es admisible en el caso concreto, si se considera que, en lo concerniente a la resolución que interesa a la imputada, transcurrió un término muy amplio, que excedió en mucho el legalmente previsto, sin que aquélla se hubiera producido. Con ello vulneró el derecho al debido proceso que ampara a la accionante, dado el carácter injustificado de la dilación, y faltó a la eficiencia exigible a la administración de justicia, por lo cual es pertinente conceder la protección solicitada. Se confirmarán las decisiones de instancia. Eso sí, debe advertir la Corporación que la accionante excedió las facultades que en su favor consagra el artículo 86 de la Carta, toda vez que al ejercer la acción solicitó que fuera proferida "...la resolución inhibitoria a la que hay lugar", petición que resulta abiertamente improcedente, pues se repite que la facultad para decidir sobre la clase de resolución que deba dictarse -inhibitoria o de apertura de investigación- está radicada en cabeza del funcionario judicial. Ello hace improcedente la tutela para el fin pretendido por la peticionaria, como ya lo señaló la Sala Plena de la Corte en Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992, al afirmar la autonomía funcional de los jueces, que no puede ser desconocida por los de tutela, de conformidad con perentorios mandatos constitucionales. Dijo entonces esta Corporación: "El principio democrático de la autonomía funcional del juez, hoy expresamente reconocido en la Carta Política, busca evitar que las decisiones judiciales sean el resultado de mandatos o presiones sobre el funcionario que las adopta. Aún cuando el superior jerárquico debe efectuar el estudio de una sentencia apelada o consultada (artículo 31 de la Constitución), aquél no está autorizado por las disposiciones sobre competencia funcional para impartir órdenes a su inferior respecto al sentido del fallo, sino que, en la hipótesis de hallar motivos suficientes para su revocatoria, debe sustituir la providencia dictada por la que estima se ajusta a las prescripciones legales pero sin imponer su criterio personal en relación con el asunto controvertido.  De ningún modo se podría preservar la autonomía e independencia funcional de un juez de la República si la sentencia por él proferida en un caso específico quedara expuesta a la interferencia proveniente de órdenes impartidas por otro juez ajeno al proceso correspondiente, probablemente de especialidad distinta y, además, por fuera de los procedimientos legalmente previstos en relación con el ejercicio de recursos ordinarios y extraordinarios. Téngase  presente que en el Estado de Derecho no son admisibles las atribuciones implícitas ni las facultades de alcance indeterminado,  lo cual equivale al rechazo del acto proferido por quien carece de autoridad previa y claramente definida por norma positiva para actuar en la materia correspondiente (artículos 6º, 122 y 123 de la Constitución). De este postulado se concluye con facilidad que en el campo de la administración de justicia quien cumpla tan delicada función pública únicamente puede hacerlo revestido de jurisdicción y competencia.  Ya que la segunda tiene a la primera por presupuesto, si falta la jurisdicción tampoco se tiene la competencia para fallar en el caso concreto. Como se puede advertir, habiendo establecido el Constituyente jurisdicciones autónomas y separadas (Título VIII de la Constitución) y puesto que el funcionamiento de ellas ha de ser desconcentrado y autónomo (artículo 228 de la Carta), no encaja dentro de la preceptiva fundamental un sistema que haga posible al juez, bajo el pretexto de actuar en ejercicio de la jurisdicción Constitucional, penetrar en el ámbito que la propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la ordinaria o la contencioso administrativa a  fin de resolver puntos de derecho que están o estuvieron al cuidado de estas. Considerar que semejante opción se aviene a lo preceptuado por la Carta, tanto vale como aceptar que ésta consagró jurisdicciones jerarquizadas, lo cual no encuentra sustento en la normatividad vigente". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992). De otra parte, la Sala encuentra que no es procedente la condena contra la Nación, solicitada por la accionante, toda vez que la peticionaria cuenta, para alcanzar tal objetivo, con los medios ordinarios dispuestos por el Código Contencioso Administrativo. A este respecto, la Corte Constitucional tiene establecido: "En otros términos, la indemnización por la vía de la tutela es excepcional: - Para que proceda es indispensable que el afectado no disponga de otro medio judicial. Esta exigencia no se refiere a la defensa del derecho fundamental invocado sino a la obtención del resarcimiento del perjuicio, como ya lo resaltó esta Corte en el fallo últimamente mencionado. En consecuencia, si, consideradas las circunstancias del caso, el accionante tiene posibilidad de intentar la acción ordinaria enderezada a la indemnización de los daños que se le han causado, no es la tutela el medio judicial idóneo para ello, pese a haber prosperado. - La violación del derecho tiene que haber sido manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria. No es suficiente, entonces, con el hecho objetivo de que el derecho fundamental aparezca afectado o en peligro, sino que se requiere que el desconocimiento del derecho haya sido ostensible y que el sujeto activo haya actuado en abierta transgresión a los mandatos constitucionales, a su arbitrio, con evidente abuso de su poder. - La indemnización debe ser necesaria en el caso concreto para asegurar el goce efectivo del derecho. Es eso lo que justifica que de modo excepcional pueda ser buscada y decretada dentro del procedimiento de tutela, toda vez que -se repite- el sentido principal de la institución es el de garantizar que serán respetadas las normas de la Carta en materia de derechos fundamentales. Entonces, hacer uso de la acción con el sólo propósito de obtener el resarcimiento de perjuicios equivaldría a desfigurarla. - Como ya lo hizo ver la Corte en su Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992, la condena en abstracto no procede sino sobre el supuesto de que, en esa materia, han sido atendidas a cabalidad las reglas del debido proceso, pues tal garantía constitucional es aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-403 del 14 de septiembre de 1994). Advertencia necesaria Repárese en que la Corte Constitucional, al avalar las decisiones de instancia que brindaron protección a la accionante, no absuelve ni condena a la imputada, pues ello no le corresponde en el preciso ámbito de su jurisdicción. De allí que no pueda entenderse este Fallo como argumento a favor de las pretensiones de fondo que la defensora de la accionante quiera obtener ante la Fiscalía Regional. El único sentido de la tutela otorgada es el de favorecer una oportuna definición a cargo del funcionario judicial en el evento examinado, cualquiera sea su sentido. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMANSE los fallos del treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), y del dieciocho (18) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995), proferidos por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, D.C. y por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, mediante los cuales se resolvió conceder la petición de tutela formulada por MARIA ROCIO HENAO DE ARCILA contra la Fiscalía Regional, Seccional Santa Fe de Bogotá, D.C. Segundo.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-191-95 Sentencia No Sentencia No. T-191/95 DERECHO AL NOMBRE DEL NIÑO/DERECHO A LA FILIACION Toda persona -y en especial el niño- tiene derecho no solamente a llevar los apellidos de sus padres sino a obtener certeza sobre su filiación, tanto paterna como materna, con el fin de reclamar su condición de hijo y para que se cumplan, en beneficio suyo, las obligaciones de sus progenitores. RECONOCIMIENTO DE HIJO El acto del reconocimiento se entiende como la expresión externa de la íntima persuasión acerca de que se es el padre, no basada en la seguridad que ofrezca una prueba científica sino en la fe que el hombre deposita en la madre del reconocido. Así, pese a que es función de las entidades públicas encargadas de la protección de los menores y de la familia la de contribuir eficazmente a la búsqueda de la verdadera paternidad, con miras a la garantía de los derechos que la Constitución y la ley otorgan a los hijos, el reconocimiento no es un acto que pueda supeditarse a la práctica oficial de pruebas, pues proviene de la convicción interna del padre, y, por tanto, no puede alegarse que sea el Estado el responsable de la indefensión de los niños no reconocidos con motivo de las dudas en que haya caído el sujeto en torno a su verdadera condición de padre. ACCION DE TUTELA CONTRA INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-Improcedencia/PROCESO DE FILIACION/PROCESO DE INVESTIGACION DE PATERNIDAD En el presente caso no se ve sustento jurídico a la posición asumida por el actor en cuanto, de una parte, no se ha probado negligencia del ICBF ni violación alguna de sus derechos fundamentales, y de otra, desfigurando el sentido del acto voluntario de reconocimiento de los hijos, el petente ha pretendido trasladar su propia responsabilidad al ente oficial, conduciendo en la práctica a la desprotección de los menores, por causa de sus vacilaciones respecto de la conducta de la madre. Esto último muestra, además, que el solicitante ha partido de presumir el engaño de su antigua compañera, en cuanto se empeña en la búsqueda de pruebas para desvirtuarlo, al contrario de lo que surge del principio constitucional de la buena fe. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-55461 Acción de tutela instaurada por instaurada por IVAN DARIO ORTIZ RENDON contra el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisa el fallo proferido en el asunto de la referencia por el Juzgado Vigésimo Octavo Penal Municipal de Medellín. I. INFORMACION PRELIMINAR IVAN DARIO ORTIZ RENDON ejerció la acción de tutela contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Medellín por no haber practicado adecuadamente las pruebas genéticas necesarias para establecer si es el padre de dos menores. El peticionario convivió con LUZ ADRIANA CHALARCA GRISALES por espacio de dos años y aparentemente de esa unión nacieron dos niños que en la actualidad cuentan con dos y tres años de edad. Las dudas del accionante acerca de su paternidad radican, respecto del primero de los hijos, en que, durante los meses anteriores a la convivencia, la madre estuvo viviendo en el Japón y la actividad que allí desempeñaba no era otra que la prostitución, pues fue sometida a la trata de blancas. En cuanto a la niña menor, la inquietud del demandante se funda en que durante el tiempo de la concepción estuvo detenido y, por ello, no sabe a ciencia cierta si es o no su hija. ORTIZ dice requerir las pruebas genéticas que realiza el ICBF para adquirir certeza sobre su condición de padre y, en consecuencia, registrar a los menores con su apellido y asumir las obligaciones correspondientes. En la actualidad se desconoce el paradero de la madre y los niños están al cuidado de la abuela, quien carece de recursos económicos suficientes para hacerse cargo de ellos. II. DECISION JUDICIAL REVISADA El Juzgado Vigésimo Octavo Penal Municipal de Medellín, mediante Fallo del 11 de noviembre de 1994 decidió no conceder la tutela solicitada. En su lugar, se resolvió oficiar al Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con la orden de ofrecer la asesoría que se requiera en el caso considerado. El Juez llegó a la conclusión de que por parte del ICBF no se violó ningún derecho fundamental al accionante ni a los menores pues, como lo afirma el mismo demandante, se le prestó la asesoría necesaria para tratar de verificar si los niños son hijos suyos. Por otra parte, expresó que las leyes vigentes sobre la materia indican que son otras las vías que se deben agotar para establecer en forma concreta lo que pretende el actor. Agregó al respecto lo siguiente: "Para adelantar esa clase de diligencias, la señora Carmen Emilia Grisales, en su calidad de abuela materna de los niños y quien ha estado al cuidado de los mismos, deberá acudir a la mayor brevedad posible ante una Notaría para que realice el registro civil de nacimiento de esos hijos, así sea solamente con el apellido de la mamá, pues de la declaración de la señora Carmen Emilia Grisales se desprende claramente que ninguna de las personas llamadas al cumplimiento de este requisito lo ha hecho". III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar el Fallo en referencia, según lo dispuesto por los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y por el Decreto 2591 de 1991. Derecho fundamental de los niños a un nombre y a conocer su filiación. La confianza como base de la íntima convicción que lleva al reconocimiento. La Constitución Política consagra, además de los derechos fundamentales inherentes a la condición de ser humano, los que, con el mismo carácter y aun con prevalencia sobre los de otros, corresponden a los niños, los cuales han sido enunciados en el Artículo 44. Entre ellos se encuentra el de tener un nombre, que es atributo de la personalidad según la ley civil y que, al diferenciar a unas personas respecto de las demás, constituye una manifestación de la individualidad, como lo expresa el Artículo 3º del Decreto 1260 de 1970. De acuerdo con la misma norma, este elemento, indispensable en el curso de la convivencia social, comprende, fuera del llamado nombre de pila, que distingue al individuo entre los demás miembros de la familia, los apellidos, que definen su filiación, y, en su caso, el seudónimo. Especial importancia tiene el nombre en cuanto a la relación del hijo con sus progenitores, de quienes toma sus apellidos. La maternidad, esto es "el hecho de ser una mujer la verdadera madre del hijo que pasa por suyo" (Artículo 335 C.C.), se tiene en principio por el nacimiento, aunque puede ser impugnada probándose falso parto o suplantación del pretendido hijo al verdadero, de conformidad con los artículos 335 a 338 del Código Civil. En cuanto al padre se refiere, transmite al hijo su apellido mediante el matrimonio o por acto de reconocimiento otorgado en los términos previstos en la ley, o como consecuencia de la investigación de la paternidad (Ley 75 de 1968). Determinada la filiación del hijo, los padres asumen las obligaciones y responsabilidades propias de su condición, tales como las de manutención, crianza y educación del menor, de acuerdo con las leyes. La definición acerca de la paternidad y la maternidad es, por otra parte, necesario fundamento de los derechos sucesorales del hijo, según las reglas del Código Civil (Artículos 1226, 1239 y concordantes). Así, pues, toda persona -y en especial el niño- tiene derecho no solamente a llevar los apellidos de sus padres sino a obtener certeza sobre su filiación, tanto paterna como materna, con el fin de reclamar su condición de hijo y para que se cumplan, en beneficio suyo, las obligaciones de sus progenitores. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991, establece en su artículo 7º que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho, desde que nace, a adquirir un nombre y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. En el Código del Menor -Decreto 2737 de 1989-, en el cual también se resaltan esos derechos, ha sido establecido adicionalmente: "Artículo 5º.- Todo menor tiene derecho a que se defina su filiación. A esta garantía corresponde el deber del Estado de dar todas las oportunidades para asegurar una progenitura responsable". Las normas del Código del Menor son de orden público y, por lo mismo, los principios consagrados en él son de carácter irrenunciable. El derecho del menor a un nombre y al conocimiento de su filiación resulta fundamental no solamente por el ya aludido mandato constitucional sino por cuanto en ello está de por medio su dignidad humana, ya que supone la posibilidad de ser identificado y diferenciado respecto de los demás individuos y el ejercicio de otros derechos, como los relativos a su alimentación, crianza, educación y establecimiento. Por otra parte, es evidente la relación entre este derecho y el que favorece a todo individuo según el Artículo 14 de la Constitución, consistente en el reconocimiento de su personalidad jurídica, como ya lo tiene dicho esta Corte (Cfr. Sentencia C-109 del 15 de marzo de 1995. M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero). Miradas las cosas a la inversa, también es de interés de los progenitores establecer jurídicamente que en efecto gozan de esa condición respecto de determinada persona, no solamente para los fines de cumplir con sus propias obligaciones sino por la natural inclinación a brindar a sus hijos cariño y apoyo, y aun para definir igualmente los derechos que la ley les otorga sobre la persona y el patrimonio de aquellos, tales como la patria potestad. También los padres pueden heredar a sus hijos, en las condiciones previstas por la ley (Artículos 1239 y siguientes del Código Civil), y en las circunstancias que ella contempla, tienen derecho a reclamar alimentos (Artículo 411 ibidem). Por lo que hace al acto de reconocimiento de un hijo, se supone que quien lo lleva a cabo tiene cabal conciencia y convicción acerca de la paternidad, no solamente por las obligaciones que contrae sino por todo lo que ello representa en el campo de la propia realización personal. Como acto unilateral, que tiene su origen y desarrollo en la conciencia y en el querer del agente, resulta natural que quien se dispone a reconocer un hijo busque una correspondencia entre la verdad formal que habrá de figurar en el registro y la verdad real, que emana de los hechos. En otros términos, ya que se trata de una manifestación de voluntad expresamente dirigida a producir efectos jurídicos, es de presumir que, si el hombre llamado a resolver si reconce o no a alguien como su hijo carece de los elementos de juicio mínimos para otorgar su consentimiento, no estará dispuesto a admitir, con las consecuencias del compromiso jurídico, que es el titular de la paternidad, mientras que, por el contrario, su convicción interna al respecto, por la confianza depositada en la mujer con quien ha convivido o sostenido relaciones, lo llevará espontáneamente, si se trata de un individuo responsable, a hacer pública y explícita su condición de padre, mediante el acto de reconocimiento, sin que para ello sea indispensable contar con pruebas científicas irrefutables acerca de la paternidad. Entre otras cosas, tal certeza científica es bien difícil de alcanzar como elemento de juicio incontrovertible, ya que por el aspecto genético los métodos de comprobación disponibles en Colombia, que pueden estar al alcance de toda la población, no arrojan una certidumbre total en torno a que determinado individuo es el padre de una persona. Persisten las dificultades, originadas en la posibilidad de que un mismo resultado pueda provenir, con igual fundamento, del cruce entre los genes de la madre y los de cualquiera entre muchos individuos del mismo signo genético, en tanto que las posibilidades de certeza al establecer que alguien no es el padre, por eliminación de combinaciones que genéticamente no podrían arrojar el resultado de que se trata, son mucho mayores. Es decir, desde el punto de vista de su incidencia en la convicción con efectos jurídicos, la prueba genética es admisible entre nosotros para excluir a determinado varón como padre de una persona, pero no para incluirlo en calidad de indiscutible y seguro progenitor. El acto del reconocimiento se entiende, entonces, como la expresión externa de la íntima persuasión acerca de que se es el padre, no basada en la seguridad que ofrezca una prueba científica sino en la fe que el hombre deposita en la madre del reconocido. Así, pese a que es función de las entidades públicas encargadas de la protección de los menores y de la familia la de contribuir eficazmente a la búsqueda de la verdadera paternidad, con miras a la garantía de los derechos que la Constitución y la ley otorgan a los hijos, el reconocimiento no es un acto que pueda supeditarse a la práctica oficial de pruebas, pues proviene de la convicción interna del padre, y, por tanto, no puede alegarse que sea el Estado el responsable de la indefensión de los niños no reconocidos con motivo de las dudas en que haya caído el sujeto en torno a su verdadera condición de padre. Es el hombre -en este caso el demandante- quien debe resolver con prontitud si reconoce o no a determinadas personas como sus hijos. Si lo hace espontáneamente, asumirá la integridad de las consecuencias y obligaciones que el reconocimiento acarrea. Si, por el contrario, su falta de certidumbre lo lleva a no hacerlo, será el Estado el que, de conformidad con las normas legales pertinentes y no a raíz de la acción de tutela incoada por quien tiene en sus manos la posibilidad de reconocer, inicie el respectivo juicio de filiación para la defensa efectiva de los menores y sus derechos. Así las cosas, en el presente caso no se ve sustento jurídico a la posición asumida por el actor en cuanto, de una parte, no se ha probado negligencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ni violación alguna de sus derechos fundamentales, y de otra, desfigurando el sentido del acto voluntario de reconocimiento de los hijos, el petente ha pretendido trasladar su propia responsabilidad al ente oficial, conduciendo en la práctica a la desprotección de los menores, por causa de sus vacilaciones respecto de la conducta de la madre. Esto último muestra, además, que el solicitante ha partido de presumir el engaño de su antigua compañera, en cuanto se empeña en la búsqueda de pruebas para desvirtuarlo, al contrario de lo que surge del principio constitucional de la buena fe. Se confirmará el Fallo objeto de revisión, que negó la tutela solicitada, pero, en guarda de los derechos fundamentales de los niños, se compulsarán copias al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que, por conducto del Defensor de Familia, inicie el proceso de investigación de la paternidad. DECISION Con fundamento en lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMASE, pero por los argumentos que integran la parte motiva de esta Sentencia, el Fallo proferido por el Juzgado Vigésimo Octavo Penal Municipal de Medellín el 11 de noviembre de 1994, mediante el cual se negó la tutela impetrada por IVAN DARIO ORTIZ RENDON. Segundo.- SE COMPULSAN copias de lo actuado, con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Medellín- para que se inicie, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, el proceso de investigación de la paternidad de los menores en cuestión. Tercero.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-192-95 Sentencia No Sentencia No. T-192/95 ACCION DE TUTELA-Improcedencia por falta de pruebas No sólo no se encuentran suficientemente probados los hechos que llevaron a los demandantes a interponer la acción de tutela, sino que en algunos casos se vieron desvirtuados y la mayoría de sus denuncias no podían ser objeto de discusión dentro de un proceso de esta naturaleza. La acción de tutela está reservada exclusivamente a la protección de derechos constitucionales fundamentales cuando su amparo mediante otros medios judiciales de defensa es imposible o ineficaz. Ref.: Expediente No. T-55619. Acción de tutela contra la profesora de una escuela rural por presunto maltrato a los estudiantes. Tema: -    Improcedencia de la tutela debida a falta de prueba suficiente de los hechos denunciados y a ausencia de lesividad de los hechos probados. Actor: Efraín Camacho Navarro y otros. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz. Santafé de Bogotá, D.C., mayo cuatro (4) de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, integrada por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria Díaz, este último en calidad de ponente, pronuncia, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente sentencia en el proceso de tutela T-55619, con base en las razones que se exponen a continuación. ANTECEDENTES Los ciudadanos Efraín Camacho Navarro, Pedro Antonio Mateus Sanabria, Ada Lilia Saavedra Téllez, Gladys Sofía Marín Rueda, Noé Combita Pineda y Rafael Antonio Gómez solicitan, a través de la acción de tutela, la protección del derecho fundamental de sus hijos a la educación, consagrado en el artículo 44 de la Carta Política, y vulnerado, según afirman, por Evangelina Quiroga Téllez a raíz de los siguientes 1.  HECHOS: Los demandantes alegan ser padres de familia de varios alumnos de la demandada, Evangelina Quiroga, quien desde hace más de veinte años es profesora de la escuela rural de la vereda Costa Rica, ubicada en el municipio de La Belleza, Santander. Denuncian los peticionarios que la profesora ha incurrido en conductas humillantes y antipedagógicas con sus hijos, las cuales resultan violatorias del derecho fundamental de los menores a la educación. Las actuaciones que se le imputan a la maestra son las siguientes: -   Arrancarles a los niños las hojas del cuaderno cuando no hacen bien las tareas, con el fin de que las repitan. -   Aislarlos del grupo cuando, por timidez, no leen bien en público. -   Hacerlos limpiar su baño privado y extraer toallas higiénicas, en una ocasión en que se obstruyó la tubería. -   Sacarlos del salón de clase y dejarlos estudiando por su cuenta en la cocina, la alcoba o el kiosco, cada vez que los alumnos del bachillerato rural S.A.T. (Sistema de Aprendizaje Tutorial) necesitan el salón. -   No explicarles bien las lecciones. -   A unos niños los acusó de robo, sin ningún fundamento. -   Incumple sus deberes de maestra de la primaria por dedicar su tiempo a otras actividades, tales como la atención del bachillerato rural S.A.T., recientemente creado en la vereda y del cual también es profesora. -   No atiende los reclamos de algunos padres de familia y toma represalias contra los hijos de éstos. -   La profesora malversó un dinero que los alumnos del S.A.T. recolectaron mediante rifas y otras actividades. Esta es la denuncia más insistentemente reiterada por los demandantes. Los problemas enunciados llevaron a dos de los padres a retirar a sus hijos de la escuela y a matricularlos en un colegio que queda a una hora de camino de sus casas, mientras que la escuela está a sólo diez minutos. El Director de Núcleo de Desarrollo Educativo -superior jerárquico de la maestra según el Decreto 2480/86-, a raíz de la queja que formularon los padres, citó a la demandada a una reunión, a la cual injustificadamente dejó de asisitir. Por sugerencia de la Oficina de Escalafón Docente este funcionario inició entonces un procedimiento disciplinario contra la profesora. SOLICITUD: Los peticionarios sostienen que la profesora Evangelina Quiroga, después de 20 años de enseñar en la misma vereda, ya está cansada y, por lo tanto, solicitan su reemplazo. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA: Correspondió a la Juez Promiscuo Municipal de La Belleza pronunciarse en primera instancia sobre la acción de tutela instaurada. Luego de escuchar numerosas declaraciones, consideró probados los hechos narrados y los encontró violatorios de los derechos fundamentales de los niños. Como sustento del fallo expuso las siguientes razones: " Luego, las anomalías cometidas por la docente al colocar los niños a recoger papel higienico y toallas higiénicas, así como el arrancarles las hojas de los cuadernos y tildarlos de ladrones, de (sic) no ser igual con todos, de sacar los niños del salón y ubicarlos en la cocina o en un kiosco o pieza cuando llegan los alumnos del S.A.T., constituyen violaciones de los derechos fundamentales de los niños a recibir una educación en condiciones normales..." ........." " Luego, las desaveniencias que se han presentado entre la docente EVANGELINA y los padres de familia por las irregularidades acabadas de mencionar, y por cuestiones de un dinero recogido por el bachillerato S.A.T. de una serie de actividades, son nocivas para el desarrollo y bienestar del menor, llegándose a los extremos del retiro del plantel educativo de varios alumnos". Resolvió entonces conceder la tutela y, en consecuencia, exigir a la demandada moderación en el comportamiento con sus alumnos, escuchar los reclamos de los padres de familia para tratar de llegar a un acuerdo, y abstenerse de tomar represalias contra los hijos de éstos. IMPUGNACIÓN: Evangelina Quiroga impugnó el fallo alegando que de ninguna de las dieciséis declaraciones que obran en el expediente puede deducirse una violación cierta de los derechos fundamentales de sus alumnos y que, por el contrario, se trata de afirmaciones vagas que no constituyen prueba alguna de que su actuar haya sido incorrecto. "Antes que ser acusaciones es una retaliación porque no se les permitió el manejo de las actividades del S.A.T., habiendo un comité responsable de ello". FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA: El Juez Civil del Circuito de Puente Nacional revocó el fallo impugnado y negó la tutela, considerando que no existía prueba suficiente de los hechos. Refiriéndose concretamente a la denuncia de que la maestra ordenó a un alumno extraer las toallas higiénicas que obstruían la tubería como retaliación por un reclamo de sus padres, expresa el ad-quem lo siguiente: "... la demostración de la realización de esa conducta por parte de la profesora no existe en el expediente. Porque los demandantes no la aseveraron por percepción directa, sino con base en comentarios, y quienes declararon no lo afirmaron tajantemente...". Adicionalmente se expone un motivo más de improcedencia de la tutela, consistente en que sólo uno de los demandantes tenía legitimación para interponerla, pues ninguno de los otros era padre de niños que estudiaran en la escuela a cargo de la maestra demandada. Además, el único demandante legitimado por ser, este sí, padre de familia de una alumna de la profesora demandada, declaró no conocer directamente los hechos sino tan sólo saber de ellos por comentarios de terceras personas. Considera el ad-quem que el verdadero motivo detrás de la interposición de esta acción de tutela, es la desavenencia surgida entre los padres y la maestra por causa del manejo de un dinero, cuestión que no puede ser debatida por esta vía. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para conocer de la revisión de la sentencia de tutela proferida por el Juez Civil del Circuito de Puente Nacional. El presente examen se hace conforme al reglamento interno de la corporación y acorde con la selección que del proceso hizo la Sala Primera de Selección. 2. Carencia de legitimidad para actuar: Se encuentra legitimado para interponer acción de tutela exclusivamente el perjudicado con una actuación violatoria de sus derechos fundamentales, por si o por medio de su representante legal, salvo cuando esta acción se interpone en calidad de agente oficioso de un tercero, en los estrictos términos del Decreto 2591 de 1991. Las anteriores condiciones no se cumplieron en el caso revisado, ya que sólo uno de los demandantes adujo ser padre de una alumna de la docente demandada y ninguna violación de los derechos de su hija fue alegada. Sin embargo, al haberse proferido sentencia, la Corte procede a revisarla de fondo. 3. Las pruebas recaudadas. El problema central del caso puesto a consideración de esta Sala gira en torno a la veracidad de los hechos relatados por los demandantes y al grado en que tales hechos pueden calificarse como violatorios de derechos fundamentales. Dado lo anterior, se procede a hacer un estudio de las declaraciones rendidas por los demandantes al hacer ampliación de su demanda, con el fin de verificar el grado de relevancia de los datos aportados por cada uno de ellos. Se omite deliberadamente, por innecesario, el resumen de las otras diez declaraciones de testigos y demás personas ajenas al caso pues, tal como se verá más adelante, lo dicho por los propios demandantes es prueba suficiente de la improcedencia de la acción instaurada. a) Declaración de Rafael Antonio Gómez Vargas: (folio 32) El señor Gómez Vargas tiene una hija como alumna de la profesora Evangelina Quiroga. Sostiene que la creación del bachillerato S.A.T fue lo que originó el conflicto con la maestra, pues los padres temían que ella no le dedicara suficiente tiempo a los alumnos de primaria. Llama la atención la Sala sobre el hecho de que al declarante no le consta lo afirmado en la demanda pues, según dijo textualmente, "esos son los comentarios de algunos padres". De la declaración del señor Gómez Vargas se infiere que, a pesar de encontrarse legitimado para interponer la acción de tutela en defensa de los derechos de su hija, no sólo no se ha visto afectado por las actuaciones imputadas a la maestra, sino que ni siquiera le consta que hayan ocurrido. b) Declaración de Noé Combita Pineda: (folio 33) El señor Combita Pineda decidió cambiar a su hija de escuela debido a los problemas surgidos con la profesora Evangelina Quiroga por el supuesto mal manejo del dinero recolectado por los alumnos del S.A.T. "Todo empezó por la creación de ese bachillerato" afirma. Sin embargo, acepta que el S.A.T. no ha interferido con las actividades de la primaria, ya que éste sólo funciona los viernes por la tarde y los sábados, en horarios distintos de la primaria. Se queja de que la profesora no escucha reclamos de los padres, que amenaza con bajarles la nota a los niños y que toma represalias contra éstos cada ves que sus padres le hacen un reclamo. No obstante lo anterior, no especifica las conductas que considera violatorias de los derechos de su hija y, por el contrario, es claro en afirmar que la retiró del colegio por el problema del dinero tantas veces mencionado. De esta declaración se concluye sin dificultad que los derechos de la hija del señor Noé Combita Pineda no han sido vulnerados. Actualmente estudia normalmente en otra escuela y este cambio obedeció a una decisión voluntaria de su padre, sin que la menor se viera involucrada ni afectada por las desavenencias surgidas entre aquél y la maestra. c) Declaración de Ada Lilia Saavedra Téllez: (folio 35) Es demandante en la acción de tutela, pero ya no tiene hijos en la escuela. Aclara que los retiró de allí debido a que la profesora no cumplió con las actividades en las que había prometido invertir el dinero recolectado. Su declaración se reduce a denunciar el mal manejo que la profesora hizo del dinero y a afirmar que presentó unas cuentas falsas. Sostiene que la demandada la amenazó diciéndole "que lo que yo hiciera con ella mis hijos la pagaban". Sin embargo, no menciona que efectivamente la maestra haya tomado represalias contra sus hijos, cosa que resulta por demás improbable, pues los niños ya no estudiaban en la escuela al momento en que supuestamente se profirió tal amenaza. Se refiere a algunos de los hechos enumerados en la demanda, pero no por su conocimiento directo sino por haberlos oído de terceras personas. Resulta claro entonces, que lo que la motivó a interponer la acción de tutela fue su desacuerdo con el manejo que la profesora le dió al dinero de la recolecta. d) Declaración de Gladys Sofía Marín: (folio 37) La señora Marín retiró a un hijo del S.A.T. debido al mal manejo de los fondos. Su hija menor sí estudia en la escuela pero bajo el cuidado de otra profesora, no de la demandada. Se extiende en el relato de un sinnúmero de hechos irrelevantes para el caso, entre ellos, que la profesora la acusó de chismosa y que fue grosera e imponente con ella. Todos los otros hechos que se formulan en la demanda los oyó de terceras personas y no le constan directamente; además, en ellos no se han visto involucrados sus hijos. Concluye su relato diciendo que su hija está asustada porque el próximo año entra a estudiar con la maestra accionada y, por consiguiente, pide que cambien de profesora. e) Declaración de Efraín Camacho: (folio 38) - El señor Camacho dice actuar en su calidad de Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda. No tiene hijos en la escuela ni le consta ninguno de los hechos que dieron lugar a la acción de tutela. De éstos se ha enterado por lo que le contaron los padres de familia disgustados con la docente, o por lo escuchado en las reuniones que se han realizado con ella para tratar de resolver el conflicto. f) Declaración de Pedro Antonio Mateus Sanabria: (folio 48) El señor Mateus retiró a sus hijos de la escuela debido a que la maestra no les explicaba bien las lecciones y tomaba represalias contra ellos por los reclamos que él le hacía relacionados con el manejo del dinero recolectado. Concretamente, acusa a la profesora de haber mandado a su hijo a romper una tubería del baño que estaba obstruída, teniendo entonces que sacar unas toallas higiénicas que encontró allí. En declaración rendida por el menor (folio 51), este manifestó: "Eso lo sacamos entre dos niños, los botamos con palos a un hoyo.... Eso fue en una oportunidad en que estaba muy tapado, y después de que destaparon no nos volvió a mandar". Mediante testimonio de la madre de uno de los alumnos de la escuela, quien no es accionante en esta tutela (folio 53), se estableció que, luego del infructuoso intento de los niños, su esposo, quien es albañil, reparó la tubería. No aparece claro para esta Sala que la conducta aquí denunciada en cabeza de la profesora haya tenido el carácter de represalia contra el menor por los reclamos de su padre. Por el contrario, lo relatado parece más bien un percance propio de la vida cotidiana el cual, injustificadamente, ha sido maximizado por los accionantes en esta tutela. 4. Improcedencia de la acción de tutela. Del estudio de las declaraciones antecedentes se deduce con claridad la improcedencia de la acción de tutela sometida a revisión y, en consecuencia, esta Sala habrá de confirmar el fallo proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Puente Nacional, Santander. No sólo no se encuentran suficientemente probados los hechos que llevaron a los demandantes a interponer la acción de tutela, sino que en algunos casos se vieron desvirtuados y la mayoría de sus denuncias no podían ser objeto de discusión dentro de un proceso de esta naturaleza. La acción de tutela está reservada exclusivamente a la protección de derechos constitucionales fundamentales cuando su amparo mediante otros medios judiciales de defensa es imposible o ineficaz. Es asi como, atendiendo al caso concreto, no es factible dirimir, a través de la acción de tutela, el conflicto suscitado a raíz del supuesto mal manejo que la profesora hizo de los fondos recolectados por sus estudiantes de bachillerato, pues para ello se han establecido otras vías judiciales, tanto en materia penal como civil. Cabe aclarar aquí, que cada grupo de bachillerato S.A.T. cuenta con un comité estudiantil que es autónomo en el manejo de estos dineros, razón por la cual resulta improbable que Evangelina Quiroga, como profesora del grupo, deba rendir cuentas de ese manejo. Tampoco es posible proscribir mediante tutela conductas inocuas que en nada resultan lesivas de derechos fundamentales, tales como la presunta antipatía de la profesora hacia algunos padres de familia o su reticencia a escuchar reclamos. Tales reclamos pueden hacerlos los demandantes, como de hecho ya los hicieron, ante el superior jerárquico de la maestra, para que éste tome las medidas disciplinarias que considere pertinentes. Ahora bien, algunas de las actuaciones imputadas a la docente implicarían, sin duda, en caso de ser ciertas, una violación de los derechos fundamentales de los estudiantes. Sin embargo, estas afirmaciones no se probaron o resultaron desvirtuadas. Es asi como no se probó que la profesora tomara represalias contra los hijos de los padres que le hacían algún reclamo, ni que su comportamiento con los alumnos fuera discriminatorio o humillante, actuaciones ciertamente reprochables en un maestro. Por el contrario, obran en el expediente pruebas suficientes, pues un gran número de declarantes asi lo afirma, de que el trato que la docente da a sus alumnos es amable y respetuoso. Sus alumnos, incluídos varios hijos de padres enemistados con ella, la consideran una buena maestra y están satisfechos con la enseñanza que les imparte. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, RESUELVE : PRIMERO:        CONFIRMAR el fallo proferido en segunda instancia por el Juez Civil del Circuito de Puente Nacional, Santander, mediante el cual negó la tutela instaurada. SEGUNDO:       COMUNICAR esta decisión al juez de primera instancia para los efectos del artículo 36 de Decreto 2591 de 1991. Comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CARLOS GAVIRIA DÍAZ Magistrado ponente JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-193-95 Sentencia No Sentencia No. T-193/95 PERDIDA DE INVESTIDURA-Trámite Cuando el Constituyente de 1991 atribuyó al Consejo de Estado la competencia para conocer de las solicitudes de privación de la investidura de los Congresistas, y remitió a la ley para definir las formas propias de ese juicio, a falta de una norma especial posterior a la nueva Constitución y en presencia de normas preexistentes, había de entenderse que estas últimas continuaban rigiendo, a condición de no ser contrarias al Estatuto Superior. VIA DE HECHO-Inexistencia/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia En el caso sometido a revisión, la actuación del Consejo de Estado estuvo fundada legalmente, no obedeció a la voluntad subjetiva o capricho de la autoridad, no vulneró los derechos fundamentales del procesado, y existe otra vía de defensa judicial; es decir, no se da ninguno de los requisitos concurrentes exigidos por la jurisprudencia de la Corte para que proceda la tutela en contra de la sentencia proferida por el Consejo de Estado. ACCION DE TUTELA CONTRA CONSEJO DE ESTADO POR PERDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA Al decretar en forma debida la pérdida de la investidura de un Congresista, el Consejo de Estado no viola o amenaza el derecho al trabajo de aquél, aunque ciertamente afecta sus posibilidades futuras de ejercerlo, excluyendo de entre las profesiones u oficios por las que puede libremente optar, la de ser miembro del Congreso. Tal mengua en las posibilidades laborales del ex-congresista, no se debe a una actuación arbitraria, sino a la aplicación del ordenamiento constitucional, previa la verificación de una actuación irregular del afectado. PERDIDA DE INVESTIDURA-Efectos Una sentencia del Consejo de Estado en la que se decrete la pérdida de investidura de un Congresista, le impide volverlo a ser en cualquier período constitucional posterior. Entonces si la pérdida de la investidura se decreta y queda en firme antes de que el Consejo Nacional Electoral haga la declaratoria de elección y expida la credencial correspondiente, esta autoridad electoral debe abstenerse de entregar credencial alguna a quien esté incurso en la inhabilidad citada, pues el mandato del artículo 4 de la Constitución es perentorio. Ref.: Expediente No. T-56727 Acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, por presunta violación de los derechos al debido proceso, la igualdad, la honra y el buen nombre, la participación política y el trabajo. Temas: Tutela contra sentencias. Trámite de la pérdida de investidura. Otros derechos presuntamente violados y protección provisional. Efectos jurídicos de la pérdida de investidura. Actor: Ricaurte Losada Valderrama Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz Santafé de Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de mil novecientos noventa  cinco (1995). La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrrera Vergara y Carlos Gaviria Díaz, este último en calidad de ponente, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN, procede a dictar sentencia en el grado jurisdiccional de revisión, luego de considerar los siguientes ANTECEDENTES. 1. HECHOS. El 11 de marzo de 1994, el ciudadano César Araque solicitó al Consejo de Estado decretar la pérdida de la investidura de Senador de la República de Ricaurte Losada Valderrama, ya que éste, desde antes de su elección, ocurrida el 27 de octubre de 1991, y hasta el 5 de noviembre de 1992, desempeñó el cargo de presidente y representante legal de la “Fundación Fondo Educativo Jorge Eliécer Gaitán”, coincidiendo ese ejercicio con el de Congresista. La solicitud fue admitida el 16 de marzo de 1994, y el proceso así iniciado se tramitó por la vía del procedimiento ordinario, hasta la expedición de la Ley 144 de 1994 -13 de julio-, en la cual se consagró un procedimiento especial para rituar esta clase de juicios. A partir de la expedición de la Ley 144 de 1994, el Consejo de Estado aplicó al proceso en curso el trámite especial establecido en ella, y así, el 7 de septiembre decretó “... la pérdida de la investidura de Senador de la República del señor Ricaurte Losada Valderrama...” (folio 192 del primer cuaderno del expediente No. AC-1610 del Consejo de Estado). El afectado por esa decisión promovió, el 28 de octubre de 1994, un incidente de nulidad que el Consejo de Estado desestimó mediante providencia del 9 de noviembre del mismo año. 2. DEMANDA DE TUTELA. Fue presentada el 18 de noviembre de 1994, por Ricaurte Losada Valderrama en contra del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, “...por haber proferido la providencia del 7 de septiembre de 1994-expediente No. AC-1610, a través de la cual se me despoja de la investidura de Senador de la República, violando los siguientes derechos fundamentales: 1. El debido proceso; 2. El derecho a la igualdad; 3. El derecho a la honra y al buen nombre; 4. El derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público; 5. El derecho al trabajo” (folio 1 del expediente de tutela). El actor solicitó al juez de tutela decretar la nulidad de todo lo actuado en el proceso de pérdida de su investidura o, en subsidio, declarar que la pérdida de la investidura decretada por el Consejo de Estado sólo hace relación al período 1991-1994, y no es aplicable al período 1994-1998, para el cual resultó reelecto. Además, pidió que como medida provisional encaminada a la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente violados, se ordenara “...a la Mesa Directiva del Senado no ejecutar la petición de desinvestidura, hasta tanto se resuelva en forma definitiva esta tutela...” (folio 17). 3. FALLO DE INSTANCIA. Conoció del presente proceso la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, y lo tramitó de acuerdo con las normas del Decreto 2591 de 1991 sin que se observe en el expediente causal alguna de nulidad. El 30 de noviembre de 1994 -Acta No. 063-, con ponencia del Magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda y de manera unánime, la Sala de Familia resolvió la demanda formulada por el señor Losada Valderrama denegando el amparo que éste solicitó, con base en las consideraciones que resumen las siguientes transcripciones: “Las actuaciones judiciales que deben surtirse para ponerle fin a cada contienda o conflicto de intereses están previstas en el ordenamiento jurídico. Unas conforman el grupo de los procedimientos especiales, cada uno de los cuales tiene su propia modalidad, según el fin o propósito que le corresponde y acorde con la materia a que debe referirse. Otras, por lo contrario, encuéntranse englobadas en el procedimiento ordinario, caracterizado por la amplitud de los términos y del debate por llevarse a cabo. En el campo atañedero a la jurisdicción contencioso administrativa, deben seguir esta ruta los asuntos determinados en el artículo 206 del C.C.A., amén de ´todos los litigios para los cuales la ley no señale un trámite especial´; lo que significa, sin duda alguna, como lo enseña la jurisprudencia en cada una de las especialidades de la jurisdicción, que la vía que por regla general debe seguirse para que actúe el derecho positivo por medio de pronunciamiento judicial es la ordinaria, salvo que la propia ley disponga otra cosa” (folio 43). “El H. Consejo de Estado entendió, dentro del marco de la Constitución y de la ley, sin contrariar el sentido del ordenamiento, que el proceso por adelantarse respecto de la mencionada solicitud era el ordinario, criterio que, según se vió, se apoya en sana interpretación de fuerte raigambre jurisprudencial”. “Como lo han enseñado los más altos Tribunales del país en materia de tutela, ésta no procede contra providencia judicial, a menos que por medio de ella se haya incurrido en violación patente o grosera de derechos fundamentales tutelados por la Constitución. Y está bien que así sea, por cuanto la tutela no es un recurso contra las decisiones emanadas de los jueces. Y en el sub-lite, además, no se aprecia, desde ningún punto de vista, que se haya infringido el artículo 29 de la Constitución Política, sobre el cual se monta de modo principal la acción instaurada”. “Hubo, por tanto, juzgamiento de la conducta de que conoció el H. Consejo de Estado, respetando el derecho de defensa e inclusive brindándole mayores oportunidades al Congresista Losada Valderrama a virtud de los más amplios términos que brinda la vía ordinaria que se siguió” (folio 44). “Por lo antes expuesto no se observa que se haya incurrido en violación del debido proceso, sino que en un principio, para aplicar al caso concreto el artículo 184 de la Constitución Política de Colombia, se emplearon como instrumento las normas de procedimiento previstas en el proceso ordinario y con posterioridad, al entrar en vigencia la ley 144 de 1994, se produjo la adecuación del trámite que se requería. Ni se recortaron las oportunidades del Congresista para pedir pruebas, tal y como lo muestra la copia del trámite adelantado por el H. Consejo de Estado, ni se le cercenó su derecho de defensa con la interpretación que se acogió en el sentido de seguir por la vía ordinaria el debate relativo a la pérdida de investidura del Congresista Ricaurte Losada Valderrama” (folio 45). “No hay, por tanto, elemento de juicio que permita inferir siquiera como mera posibilidad que respecto de Ricaurte Losada Valderrama hubiese habido trato discriminatorio y lesivo de sus derechos fundamentales, pues en relación con él se concluyó por el H. Consejo de Estado que había ocupado la Presidencia de la Fundación Fondo Educativo Jorge Eliécer Gaitán hasta el 5 de noviembre de 1992 y que si ´la fundación cumplió estrictamente con los fines para los cuales fue creada, conceder becas y auxilios escolares, surge evidente la actuación del representante legal en todos los trámites para su asignación, en la emisión de las órdenes de pago respectivas, y en fin todas las actividades que suponen el funcionamiento activo de la entidad. Por manera que no puede aceptarse que el Senador durante el tiempo en que se desempeñó como representante legal de la Fundación no realizó ningún acto para ella, como lo afirma el demandado´. Y agrega: ´No puede pasar inadvertido que no era una fundación cualquiera la que presidía y representaba el Senador; se trataba de una entidad que actuaba como intermediaria entre el Estado y la comunidad en la distribución de becas y auxilios y que se nutría casi exclusivamente de auxilios y donaciones de personas públicas y privadas, es decir, que gozaba del favor estatal y la buena voluntad de los particulares para el ejercicio de su actividad, por lo cual la presencia del Senador le era especialmente valiosa” (folio 50). “Por otra parte, no encuentra la Sala soporte a la afirmación del demandante en el sentido de que el H. Consejo de Estado al decretar la pérdida de la investidura del Senador Ricaurte Losada Valderrama se haya apoyado en una causal distinta de las señaladas en la Constitución Política y creada por dicha Corporación. Por lo contrario, como se vió, su fundamento no fue otro que el haberse incurrido por Ricaurte Losada Valderrama en violación de la prohibición que contempla el artículo 180 del citado ordenamiento, y el hecho de serle aplicable, por tanto, la causal 1a. del artículo 183 Ib., basándose en el análisis que hizo de la situación y de las reglas jurídicas aplicables; por lo que no se aprecia, por este respecto, que se haya lesionado derecho fundamental alguno, pues no se creó ni inventó motivo para decretar la pérdida de investidura”. “En cuanto a la violación del derecho a la honra y al buen nombre no encuentra la Sala soporte valedero de ninguna clase para sostener que ello se ha cometido. Si así fuera, se llegaría al absurdo de que jamás se podría imponer sanción por autoridad alguna, ya que los grandes diarios se dedican a la publicación de tales acontecimientos. Si alguno de estos diarios atropella derechos ciudadanos, los afectados pueden incoar en su contra las acciones correspondientes; pero ello sería una situación ajena al juez que impuso la medida, ni ello presta mérito para convertirlo en sujeto pasivo de la pretensión de tutela”. “Por lo que respecta al derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político a que se refiere el artículo 40 de la Constitución, cabe anotar que si bien es cierto que esta norma lo consagra, por otro lado es innegable que cada ciudadano tiene el límite que le impone su propia realidad individual, la que puede verse afectada en ciertos casos por decisiones emanadas de la jurisdicción”. “No comparte la Sala, por último, el criterio del demandante en el sentido de que con la decisión del 7 de septiembre de 1994 se violó su derecho al trabajo. Y no lo comparte por la potísima razón de que el demandante no tiene impedimento para proyectarse laboralmente. Otra cosa es que deba sufrir las consecuencias de la pérdida de su investidura de Congresista, lo que dista mucho de constituír detrimento al derecho fundamental a que se refiere. Se trata, sí, de consecuencias surgidas a raíz de la sanción que se le impuso a la luz de la Constitución y de la ley, pilares insustituibles de todo Estado de derecho”. “Fluye espontáneamente de lo expuesto la improcedencia de la tutela como mecanismo transitorio, pues si no se aprecia violación de ninguno de los derechos fundamentales a que se refiere el demandante en su libelo, se descarta de inmediato la posibilidad de cualquier perjuicio irremediable” (folios 52-53). Este fallo no fue impugnado. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. COMPETENCIA. Corresponde a la Corte Constitucional la revisión del fallo de instancia proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala de Familia, en virtud de los artículos 86 y 241 de la Constitución Política. La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas debe proferir la sentencia correspondiente, de acuerdo con el reglamento interno y el Auto del 3 de febrero de 1995, expedido por la Sala de Selección Número Dos. 2. TUTELA CONTRA SENTENCIAS. La doctrina de la Corte sobre las acciones de tutela en contra de providencias judiciales, se encuentra, entre otras, en las sentencias C-543, T-06, T-223, T-413, T-433, T-474, T-502, T-523, T-531, T-555, T-568, T-569, T-582 y T-583 de 1992; T-090, T-117, T-147, T-158, T-320, T-323, T-513 y T-570 de 1993; T-055, T-081, T-139, T-175, T-203, T-231, T-245, T-258, T-289, T-327, T-343, T-346 de 1994. A continuación, se transcriben dos apartes de la Sentencia C-543 del 1° de octubre de 1992 ( Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo), que resultan relevantes para la revisión del presente proceso: 2.1. “Tutela contra sentencias ante el principio de la cosa juzgada” “La Carta Política, al ampliar el espectro de los derechos y garantías y al plasmar los mecanismos para su efectivo respaldo, dotó al orden jurídico de nuevos elementos que están destinados a fortalecer, lejos de debilitar el Estado de derecho y los valores jurídicos esenciales que lo inspiran. Es inadmisible que, por haberse instituido una figura como la acción de tutela, cuyo fin está exclusivamente relacionado con el amparo inmediato y cierto de los derechos ante situaciones no previstas por los medios ordinarios, se haya puesto fin a la vigencia de los postulados básicos en los cuales se ha fundado y desarrollado nuestra civilización jurídica. Uno de ellos es el principio de la cosa juzgada, que se traduce en el carácterinmutable, intangible, definitivo, indiscutible y obligatorio de los fallos cuando se han dado los trámites y se han cumplido las condiciones y requisitos previstos por la ley”. “El fin primordial de este principio radica en impedir que la decisión en firme sea objeto de nueva revisión o debate, o de instancias adicionales a las ya cumplidas, o que se reabra el caso judicial dilucidado mediante el fallo que reviste ese carácter, con total independencia de su sentido y alcances, dotando de estabilidad y certeza las relaciones jurídicas y dejando espacio libre para que nuevos asuntos pasen a ser ventilados en los estrados judiciales”. “La cosa juzgada, que confiere a las providencias la fuerza de verdad legal dentro del ámbito individualizado del asunto litigioso resuelto, se funda en el principio de la seguridad jurídica, la cual para estos efectos, reside en la certeza por parte de la colectividad y sus asociados en relación con la definición de los conflictos que se llevan al conocimiento de los jueces” (Gaceta de la Corte Constitucional, 1992, Tomo 6, Octubre, págs. 222-223). 2.2. “Subsistencia del orden jurídico compatible con la Carta” “Debe tenerse en cuenta que, como ya lo dijo esta Corte (Sentencia No. C-434. Junio 25 de 1992, Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz), la Constitución de 1991 no contiene una cláusula por medio de la cual haya sido derogada en bloque la legislación que estaba vigente al momento de su expedición. El artículo 380 se limitó a derogar la Carta de 1.886 con todas sus reformas. Es decir, los cambios se produjeron en el nivel constitucional; las demás escalas de la jerarquía normativa siguen vigentes mientras no sean incompatibles con la nueva Constitución (art. 4 C.N.)”. “Es claro que las leyes por medio de las cuales han sido establecidas las competencias de los jueces en las diversas materias objeto de su función, los procedimientos previos a las decisiones que adoptan y los recursos que pueden intentarse contra tales decisiones en nada desconocen la preceptiva constitucional y, por el contrario, son desarrollo de las normas contenidas en el Título VIII de la Carta”. “En ese orden de ideas, la acción de tutela no puede asumirse como un sistema de justicia paralelo al que ha consagrado el ordenamiento jurídico en vigor. El entendimiento y la aplicación del artículo 86 de la Constitución tan solo resultan coherentes y ajustados a los fines que les son propios si se los armoniza con el sistema. De allí que no sea comprensible como medio judicial capaz de sustituir los procedimientos y las competencias ordinarias o especiales, pues ello llevaría a un caos no querido por el Constituyente” (ibídem pag.222). 3. TRÁMITE DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA. Según aduce el actor, su derecho fundamental al debido proceso fue violado “porque el art. 184 de la C.P., establece que: ´La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley...´, y cuando la solicitud de pérdida de la investidura fue admitida el día 16 de marzo de 1994, el Honorable Consejo de Estado, le dió trámite utilizando el procedimiento ordinario, del que no podía hacer uso, pues hacía falta la ley previa que ordena la disposición constitucional citada, la que sólo fue expedida el 13 de julio de 1994 (ley 144), es decir que el trámite llevado a cabo entre el 16 de marzo y el 13 de julio de 1994, resulta ostensiblemente inconstitucional y de contera violatorio del debido proceso que determina un término perentorio de 20 días para pronunciamientos de esta naturaleza ...” (folios 1 y 2). Así, esta Sala ha de analizar si entre el 16 de marzo de 1994 -fecha de admisión de la solicitud de pérdida de investidura-, y el 13 de julio del mismo año -fecha de expedición de la Ley 144, e inicial de su aplicación al proceso en curso-, el Consejo de Estado incurrió en una vía de hecho al juzgar sobre la realización, por parte del señor Ricaurte Losada Valderrama, de la causal 1a. del régimen de incompatibilidades establecido en el artículo 180 de la Carta Política. Del resultado de ese estudio depende la procedencia de la acción de tutela bajo revisión, pues la Corte ha sido clara al señalar que sólo en los casos en que se haya incurrido en vías de hecho al aplicar el procedimiento es posible otorgar el amparo; más aún, dijo la Corte en la Sentencia T-327/94 (15 de julio, Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa): “...las vías de hecho no siempre dan lugar a la acción de tutela, porque, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, para que proceda la acción referida contra providencias que presentan en su contenido el vicio de las vías de hecho, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que la conducta del agente carezca de fundamento legal; b) Que la acción obedezca a la voluntad subjetiva de quien desempeña la autoridad judicial; c) Que tenga como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales, de manera grave e inminente; d) Que no exista otra vía de defensa judicial, o que, existiendo, se interponga la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o que el examen particular que realice el juez de tutela verifique que la otra vía, en cuanto a su eficacia, no es la más adecuada para la protección inmediata del derecho fundamental violado o amenazado”. a) Carencia de fundamento legal. En el caso del señor Losada Valderrama, la conducta del Consejo de Estado no adolece de falta de fundamento legal porque, según consta en el auto que decidió sobre la nulidad del proceso de pérdida de investidura, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo actuó acorde a ley preexistente. En palabras del Consejero Alvaro Lecompte Luna (auto de Sala Plena del 19 de febrero de 1993, citado a folios 60 y 61 del expediente de pérdida de la investidura), la explicación de tal fundamento es la siguiente: “El instituto jurídico y judicial de la pérdida de investidura de los congresistas, de estirpe constitucional como se ha visto, no hace depender su vigencia de la expedición de una ley especial o particular que desarrolle su consagración en la Carta Política. El art. 184 es bien claro al decir que la ´pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley...´ de manera que se está refiriendo a algo que ya existe, a la ley, en el sentido amplio, pero también preciso de la palabra”. “Como bien lo dice la señora Procuradora Delegada y como ya tuvo ocasión esta Sala de explicarlo en el fallo de 8 de septiembre de 1992 con ponencia del Magistrado Doctor Guillermo Chahín Lizcano, caso Escrucería Manzi, el art. 206 del C.C.A., establece un procedimiento ordinario, previsto para aquellos litigios para los cuales no haya, no exista, uno especial. De modo que mientras una ley no demarque un derrotero mejor que permita tramitar la solicitud de pérdida de la investidura en un término tan breve (de veinte días hábiles) como el que aparece en el tantas veces citado art. 184, se impone la aplicación de esas normas, empero no sean tan adecuadas para el asunto instituído por la nueva Constitución. Y a ello no se opone la espera de una anunciada ley procedimental especial (art. 304, Ley 5a. de 1992, ya citado)”. Así, cuando el Constituyente de 1991 atribuyó al Consejo de Estado la competencia para conocer de las solicitudes de privación de la investidura de los Congresistas, y remitió a la ley para definir las formas propias de ese juicio, a falta de una norma especial posterior a la nueva Constitución y en presencia de normas preexistentes, había de entenderse que estas últimas continuaban rigiendo, a condición de no ser contrarias al Estatuto Superior (ver la cita del aparte 2.2. de esta providencia). b) Obediencia de la autoridad a su voluntad subjetiva o capricho. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo tampoco obedeció al actuar como lo hizo a su mero capricho o voluntad subjetiva, según lo expuso en el auto en comento. En palabras del Consejero Carlos Betancur Jaramillo, citadas a folio 62 del expediente de pérdida de investidura, se lee: “La adopción del procedimiento ordinario no es simple capricho ni la sola aplicación literal del artículo 206 del C.C.A.  No; existe una razón sustantiva de fondo que trasciende lo meramente procesal, y que es aquélla que le dice al juez que no puede dejar de fallar ´pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley´, so pena de incurrir en responsabilidad por denegación de justicia”. “Este sabio mandato está contemplado en el artículo 48 de la Ley 153 de 1.887”. c) Vulneración de los derechos fundamentales del procesado. Basta la comparación del trámite del proceso ordinario regulado por el Código Contencioso Administrativo (Título XXIV, Del procedimiento ordinario), con el “procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas” consagrado en la Ley 144 de 1994 (Diario Oficial, martes 19 de julio de 1994, Año CXXX No. 41.449, págs. 1 y 2), y con el trámite cumplido en el expediente radicado en el Consejo de Estado bajo el No. AC-1610, para concluír que al señor Losada Valderrama, antes que violársele el derecho al debido proceso, se le dió plena oportunidad de estar debidamente representado en él, se le concedieron términos más amplios, y más ocasiones para defenderse en el trámite cumplido, de las que hubiera tenido con la sola aplicación de la Ley 144 de 1994, a la que se adecuó el proceso una vez fue expedida. La presunta violación de otros derechos fundamentales, será examinada en aparte posterior. d) Inexistencia de otra vía de defensa judicial. Tampoco este requisito para la procedencia de la tutela está presente en el sub-lite; tal y como lo reconoce el actor, el artículo diecisiete de la Ley 144 de 1994 (cuya constitucionalidad no se cuestiona), establece que: “Son susceptibles del Recurso Extraordinario Especial de Revisión, interpuesto dentro de los cinco (5) años siguientes a su ejecutoria, las sentencias mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un Parlamentario, por las causales establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, y por las siguientes: a) Falta del debido proceso; b) Violación del derecho de defensa; c)...” Del análisis anterior esta Sala concluye que en el caso sometido a revisión, la actuación del Consejo de Estado estuvo fundada legalmente, no obedeció a la voluntad subjetiva o capricho de la autoridad, no vulneró los derechos fundamentales del procesado, y existe otra vía de defensa judicial; es decir, no se da ninguno de los requisitos concurrentes exigidos por la jurisprudencia de la Corte para que proceda la tutela en contra de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 7 de septiembre de 1994. 4. OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES PRESUNTAMENTE VIOLADOS Y PROTECCIÓN PROVISIONAL. En su demanda, el actor aduce que, a más del derecho al debido proceso, la actuación del Consejo de Estado vulneró sus derechos a la igualdad, a la honra y al buen nombre, a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público, y el derecho al trabajo. Por tales razones, y en virtud del artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, solicita que “se ordene a la Mesa Directiva del Senado no ejecutar la petición (sic) de desinvestidura, hasta tanto se resuelva en forma definitiva esta tutela, con el objetivo de evitar que la violación de los derechos fundamentales de que he sido víctima, se materialice en la producción de un perjuicio irremediable” (folio 17 del expediente de tutela). Sin embargo, por las consideraciones expuestas en el aparte 3, esta Sala no encuentra procedente la tutela solicitada por el señor Losada Valderrama; además, por las siguientes razones, no es pertinente ordenar la inaplicación temporal de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 7 de septiembre de 1994, hasta que se decida definitivamente esta tutela o hasta que se resuelva el recurso extraordinario especial de revisión: a) La tutela no es procedente por violación del derecho fundamental al debido proceso, ya que no existió en el trámite de la pérdida de investidura la vía de hecho aducida por el actor. b) La tutela como mecanismo transitorio no es procedente para evitar el presunto perjuicio irremediable que se le causaría al actor con la violación de su derecho a la igualdad, por la simple razón de que éste no fue vulnerado en la actuación del Consejo de Estado. Tal conclusión se desprende de comparar la sentencia en la que se decide privarle de su investidura, con los fallos en los que se resuelve similar petición, referida a los Congresistas Julio César Guerra Tulena (folios 1 a 23 del anexo 18 del expediente de tutela), Gabriel Acosta Bendek (folios 1 a 70 del anexo 19), y Ricardo Rosales Zambrano (folios 1 a 28 del anexo 20); de esa comparación se concluye que las situaciones de hecho sobre las cuales se pronunció el Consejo de Estado en los procesos de los últimos tres congresistas, es diferente a la que se encontró probada en el caso del señor Losada Valderrama. Aquellos no ocupaban cargos unipersonales como éste, ni eran los representantes legales de las entidades a las que estaban vinculados, ni eran ordenadores de gasto, ni las entidades a las que pertenecían se ocupaban de intermediar entre el Estado y la comunidad en el reparto de auxilios -al menos, esto se desprende del estudio de las sentencias aportadas al proceso-. Además no pueden ser objeto de consideración de la Sala de Revisión los procesos anteriores fallados por el Consejo de Estado, y la forma como se han decidido. c) Tampoco encuentra la Sala que el Consejo de Estado haya divulgado a través de su fallo hecho alguno referente al actor, que no hubiera sido probado en el proceso o que debiera mantener reservado, por lo que no existe en el expediente de tutela ninguna razón para predicar que se vulneraron o amenazaron los derechos a la honra y al buen nombre del señor Losada Valderama. d) La presunta violación al derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público, debe ser examinada desde el punto de vista del titular de ese derecho que fue privado de su investidura, y del de los electores que lo eligieron. El señor Losada Valderrama tenía derecho a ser elegido Congresista y, en calidad de tal, a participar en el ejercicio y control del poder público, dentro de los límites establecidos por la misma Constitución que le otorgó ese derecho. Parte de los límites establecidos en la Carta, es el régimen de incompatibilidades consagrado en el artículo 180 Superior, y no constituye violación al derecho, el que el organo competente verifique y declare que su titular violó ese régimen de incompatibilidades. Los electores del señor Losada Valderrama tienen derecho a que sea él y no otro el que los represente, en tanto lo elijan de acuerdo con las normas del régimen electoral vigente, y el elegido no incurra en causal de pérdida de la investidura que aquéllos le otorgan con su voto. Así, fue el Congresista que incurrió en falta, el que frustró el derecho de sus electores a que les representara el candidato de sus preferencias, y no el Consejo de Estado, que se limitó a ejercer su competencia y a controlar el ejercicio de funciones incompatibles con su investidura que hizo el Senador. e) Finalmente, ha de señalarse que al decretar en forma debida la pérdida de la investidura de un Congresista, el Consejo de Estado no viola o amenaza el derecho al trabajo de aquél, aunque ciertamente afecta sus posibilidades futuras de ejercerlo, excluyendo de entre las profesiones u oficios por las que puede libremente optar (artículo 26 C.N.), la de ser miembro del Congreso. Tal mengua en las posibilidades laborales del ex-congresista, no se debe a una actuación arbitraria, sino a la aplicación del ordenamiento constitucional, previa la verificación de una actuación irregular del afectado. 5. EFECTOS JURÍDICOS DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA. Debe la Sala referirse a este tema, pues la segunda pretensión de la demanda es del siguiente tenor: “...subsidiariamente solicito la declaratoria de que la elección de Senador de la República para el período constitucional 1994-1998, está incólume, en virtud de que la demanda, así como la parte motiva de la referida providencia, hacen relación exclusivamente al período constitucional 1991-1994 y el período siguiente, es decir 1994-1998, no se mencionó en el proceso, ni se debatió sobre él, ni se solicitó prueba alguna sobre el mismo, ni hay sobre él ninguna prueba en el expediente, lo cual significa que sobre este período no hubo proceso. Esto es lo mínimo que puede ordenarse para que no se vaya a cometer el atropello de sacarme del Congreso sin que se haya surtido un proceso contra los actos administrativos del Consejo Nacional Electoral que siguen en firme, generadores de una nueva investidura que ni siguiera existía cuando fue presentada la demanda del período 1991-1994” (folio 17 del expediente de tutela). Es claro para la Corte que si se solicitó la pérdida de la investidura de Congresista del señor Losada Valderrama durante el período 1991-1994, por una violación al régimen de incompatibilidades en la que aquél incurrió durante ese período, la sentencia del Consejo de Estado que la declare se refiere a ése y no a otro período. Sin embargo, una sentencia del Consejo de Estado en la que se decrete la pérdida de investidura de un Congresista, le impide volverlo a ser en cualquier período constitucional posterior, en virtud de la inhabilidad consagrada por el Constituyente en el artículo 179 numeral 4 de la Carta Política. Dando aplicación a este mandato superior, si la pérdida de la investidura se decreta y queda en firme antes de que el Consejo Nacional Electoral haga la declaratoria de elección y expida la credencial correspondiente, esta autoridad electoral debe abstenerse de entregar credencial alguna a quien esté incurso en la inhabilidad citada, pues el mandato del artículo 4 de la Constitución es perentorio. En el caso de que la sentencia del Consejo de Estado quede en firme después de realizados los escrutinios, declarada la elección y entregada la credencial, tanto el Consejo Nacional Electoral como las Mesas Directivas del Congreso de la República deben aplicar el numeral 4 del artículo 179 Superior, en lugar de los actos administrativos que le son incompatibles. Por su parte, el juez de tutela no puede acoger la pretensión subsidiaria del señor Losada Valderrama en el proceso que se revisa, porque ninguno de sus derechos fundamentales fue violado o amenazado por la actuación del Consejo de Estado; porque, en consecuencia, ni procede la tutela, ni existe perjuicio irremediable que precaver, y porque el juez de tutela no es competente para ordenar que se inaplique la norma constitucional. DECISIÓN En mérito de las consideraciones expuestas, la Sala Cuarta de Revisión de tutelas, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala de Familia, del 30 de noviembre de 1994, por medio de la cual se denegó la tutela impetrada por el señor Ricaurte Losada Valderrama. SEGUNDO. Comunicar la presente providencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CARLOS GAVIRIA DÍAZ Magistrado Ponente JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO Magistrado HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-195-95 Sentencia No Sentencia No. T-195/95 OBRA PUBLICA-Improcedencia de ejecución La acción de tutela entendida como un procedimiento preferente y sumario, cuya protección en caso de prosperar implica el pronunciamiento de órdenes judiciales de inmediato cumplimiento, es improcedente en todos aquellos casos en que se busca obtener la ejecución de una determinada obra pública, como en el presente asunto, ya que estaría el juez a través de su decisión, entrometiéndose en materias de política administrativa y llevando a un co-gobierno de la rama judicial, contrario al principio de separación de funciones que consagra la Carta Política. PARTIDA PRESUPUESTAL-Inclusión para construcción de puente La sola inclusión de una partida en el presupuesto no conduce a la exigibilidad inmediata de su ejecución, pues ésta depende también, de la disponibilidad efectiva de los recursos de tesorería que se encuentren destinados a satisfacer la necesidad de que se trata, y de las prioridades que señalen la Constitución y la ley, o las que en uso de sus atribuciones fije la Administración en los acuerdos de gastos. A pesar de lo anterior, la Sala considera pertinente referirse a un punto concreto de la alegación del actor, en el sentido de que se está amenazando su vida y la de su familia, como también sus bienes, con el desbordamiento de la quebrada, lo que, podría solucionarse con la construcción de un puente. Sobre el particular, no encuentra la Corte claridad en cuanto a que sea la construcción del puente la solución a la amenaza que dice correr el demandante y su familia con el desbordamiento de la quebrada, más aún, cuando está demostrado que en el lugar existía ya un puente, el mismo cuya construcción solicita, y que éste fue arrasado por la quebrada hace algunos años. FENOMENOS NATURALES Las manifestaciones propias de la naturaleza como son las lluvias y temporales, o las erupciones volcánicas, los movimientos telúricos, entre otras, generan riesgo o amenaza en forma general para todos los habitantes del país, lo que no implica que se esté negando la protección de derecho fundamental alguno por parte de la autoridad a los millones de compatriotas que habitan el territorio desde tiempos inmemorables, por el sólo hecho de vivir bajo la posible ocurrencia de fenómenos naturales. DEBER DEL ESTADO DE PROCURAR MANTENER Y MEJORAR CONDICIONES DE VIDA Corresponde sí al Estado procurar el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de vida de la población, pero con sujeción a ciertos parámetros y prioridades, y supeditado por las posibilidades presupuestales y de cobertura, disponibles, pero es también obligación de la población colaborar abiertamente en su supervivencia y bienestar. En el caso particular, dado que el accionante considera que en época de invierno el desbordamiento de la quebrada San Miguel puede eventualmente generar algún riesgo a su salud, debe éste adoptar todas las medidas conducentes para asegurar su bienestar y el de su familia y estar atento a los cambios que las lluvias puedan ocasionar a la mencionada quebrada, ya que como se dijo, el juez de tutela no puede ordenar la construcción de obras, y además porque no está probado técnicamente que la construcción del puente disminuya o acabe con el riesgo alegado. ZONAS DE ALTO RIESGO-Desbordamiento de quebrada De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, el actor se hizo propietario del predio que colinda con la quebrada hace aproximadamente cuatro años, es decir en una fecha posterior a la caída del puente, a la destrucción de la vivienda del antiguo propietario y por ende a la existencia de la variante de la carretera (hechos ocurridos hace más o menos 10 años). Así, entonces, adquirió el bien con pleno conocimiento de causa sobre los posibles riesgos y los perjuicios a que se podrían verse expuesto él, su familia y sus bienes, frente a la variante  de la vía y al posible desbordamiento de la quebrada, más aún, conociendo que la misma es borrascosa y caudalosa en época de invierno. REF:  Expediente No. T - 54.991 Peticionario: Humberto Antonio Macías Carvajal Procedencia: Juzgado Promiscuo Municipal de Ituango, Antioquia. Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Tema: Improcedencia de la acción de tutela frente a la ejecución de obras públicas. Santafé de Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela radicado bajo el número T-54.991 adelantado por Humberto Antonio Macías Carvajal, contra el Secretario de Obras Públicas Departamentales de Antioquía. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efecto de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión. 1. Solicitud El ciudadano Humberto Antonio Macías Carvajal, se presentó ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Ituango, Antioquia, e interpuso, en forma verbal, acción de tutela con el fin de amparar el derecho fundamental a su vida y  la de su familia, como también su derecho a la propiedad consagrados en los artículos 11 y 58 de la Constitución Política respectivamente. 2. Hechos Afirma el actor, que habita en la vereda "El Río" municipio de Ituango cerca a la quebrada San Miguel. Que dicha quebrada se encontraba atravesada por un puente el cual unía la carretera que de Ituango conduce a la Granja, pero hace aproximadamente diez años dicho puente se cayó, razón por la cual una cuadrilla de trabajadores departamentales de sostenimiento de carreteras hizo una variante a unos 20 metros del puente, dentro de su propiedad. Señaló, que después de construida la variante, cuando la quebrada se crece no sigue por su cauce normal sino que se desvía por la misma, entra a su finca y ocasiona daños a todos los sembrados, como también amenaza con llevarse su casa, y por lo tanto pone en peligro su vida y la de su familia. Igualmente sostiene el actor, que hace varios años (de 8 a 10) la creciente de la quebrada se llevó la casa del señor Gustavo Salinas, quien era en ese entonces propietario del predio que desde hace cuatro años le pertenece, sin que afortunadamente hubiera ocasionado la perdida de vidas humanas. Asegura que si se construye el puente se soluciona el problema, ya que llegado el invierno se crece la quebrada pero ésta seguiría su cauce normal, sin causar daños ni tragedias que lamentar. Afirma, que desde hace cuatro años está buscando que las autoridades solucionen el problema de la construcción del puente, "pero todo se ha quedado en simples promesas". Inclusive sostiene, que inició hace algún tiempo una acción policiva, pero esta no prosperó, pues la Inspección decretó la caducidad de la acción, por haberse interpuesto después de transcurrido seis meses de ocurrida la primera perturbación. 3. Pretensiones Solicita el actor que, como consecuencia del amparo de los derechos conculcados, se ordene al Secretario de Obras Públicas de Antioquia, disponga lo conducente para la construcción de un puente sobre la quebrada San Miguel, en la Vereda "El Río", municipio de Ituango. II. ACTUACION PROCESAL 1. Primera instancia Mediante auto de fecha 2 de noviembre de 1994, el Juzgado Promiscuo Municipal de Ituango, asumió el conocimiento de la presente acción de tutela, y decretó y recolectó las pruebas  que a continuación se relacionan: 1.1. Declaración del señor Jesús María Gómez Peña. El señor Gómez Peña jefe de obras del Municipio de Ituango, afirmó en la declaración que conoce la quebrada San Miguel en el punto donde se comunica la carretera Ituango la Granja, concretamente en la finca del demandante, señor Humberto Macías. Sostiene que conoce del problema que ocasiona la quebrada cuando se crece, pues es muy caudalosa y borrascosa en el invierno, lo que puede ocasionar un desastre. Afirmó igualmente, que al construir nuevamente el puente que un día existió sobre la quebrada, ésta se canalizaría y se entrarían a solucionar en buena parte los problemas que ocasiona en invierno, aun cuando no sabe exactamente en qué punto debe construirse el puente. 1.2. Diligencia de inspección ocular. Esta se llevó a cabo el día 5 de noviembre de 1994, por el Juez Promiscuo Municipal de Ituango y en la misma señaló: "Acorde con lo observado, se consta, que la quebrada corre por su cauce normal, al atravezar la vía, cae a un cauce profundo, siguiendo por detrás de la vivienda del accionante, a una distancia de sesenta metros de la misma. En conclusión, como la vía es inclinada, es natural, que si la quebrada crece y es obstaculizada, como lo afirma el accionante en la parte superior de la vía, para evitar el daño de la carretera y por ende, lograr el paso de vehículos, ésta, busque la salida por la vía carreteable hacia abajo, poniendo en peligro la vivienda y bienes de propiedad del señor Macías Carvajal, que está ubicada en la parte inferior de la misma. (...)" 2. Fallo de primera instancia El Juzgado Promiscuo Municipal de Ituango, mediante providencia de fecha nueve (9) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), resolvió conceder la acción de tutela impetrada por el señor Humberto Antonio Macías Carvajal, contra el Secretario de Obras Públicas de Antioquia. Sostuvo el despacho, que después de practicadas las pruebas descritas, es claro el peligro inminente que representa la quebrada San Miguel para la vida y bienes, no sólo del señor Humberto Macías sino también para los moradores que habitan los alrededores de la quebrada. Sostuvo igualmente, que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la C.P., puede ser utilizada cuando se amenaza o se vulnera un derecho constitucional fundamental. Así, en el presente caso no se encuentra probada la vulneración de ningún derecho, pero sí la amenaza del derecho a la vida del actor y el de la propiedad, pues cada vez que llueve en la región, la quebrada se desborda siguiendo la variante de la carretera, lo que puede ocasionar un desastre que tenga como consecuencia la pérdida de vidas humanas. Finalmente el a quo consideró: "que la conducta o comportamiento que ha motivado la petición, no goza de otro medio de defensa, el único con el que se contaba fue el instaurado ante la Inspección de Policía de Ituango; el cual no prosperó por haber transcurrido más de seis meses desde el momento del primer acto perturbatorio." La decisión no fue impugnada por ninguna de las partes. III- CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia. 2. El caso concreto 2.1 Improcedencia de la acción de tutela cuando se trate de obtener la ejecución de una obra pública. Pretende el actor a través de la presente acción de tutela, que se construya un puente sobre la quebrada San Miguel, en la vereda el Río del municipio de Ituango, ya que la quebrada, por falta de ese puente, se está entrando a terrenos de su propiedad. Sobre la materia ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación, que la acción de tutela entendida como un procedimiento preferente y sumario, cuya protección en caso de prosperar implica el pronunciamiento de órdenes judiciales de inmediato cumplimiento, es improcedente en todos aquellos casos en que se busca obtener la ejecución de una determinada obra pública, como en el presente asunto, ya que estaría el juez a través de su decisión, entrometiéndose en materias de política administrativa y llevando a un co-gobierno de la rama judicial, contrario al principio de separación de funciones que consagra la Carta Política (art. 113). Sobre el particular ha señalado esta Corporación: "En consecuencia, la acción de tutela, entendida como procedimiento preferente y sumario que, en el caso de prosperar, implica el pronunciamiento de órdenes judiciales de inmediato cumplimiento (art. 86 C.N.), viene a ser improcedente cuando se trata de obtener que se lleve a cabo determinada obra pública por el solo hecho de estar prevista en el Presupuesto una partida que la autoriza. Aceptar que el juez de tutela -sin tener certeza sobre la existencia y disponibilidad actuales del recurso- pudiera exigir de la administración la ejecución de todo rubro presupuestal en un término tan perentorio como el previsto en el artículo 29, numeral 5, del Decreto 2591 de 1991, bajo el apremio de las sanciones contempladas en los artículos 52 y 53 eiusdem, llevaría a un co-gobierno de la rama judicial en abierta violación del artículo 113 de la Carta Política, desnaturalizaría el concepto de gestión administrativa y haría irresponsable al gobierno por la ejecución del Presupuesto, en cuanto ella  pasaría a depender de las determinaciones judiciales." (Sentencia No. T-185 de 1993, Magistrado Ponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo). Así entonces, para llevar a cabo obras específicas, se requiere que éstas se encuentren previstas en el correspondiente presupuesto, cuya conformación y ejecución hace parte de una función específicamente administrativa, que por naturaleza propia implica la apreciación y evaluación por parte del Ejecutivo de las prioridades de gastos e inversiones y el momento oportuno para realizar dichas obras, dentro de una  determinada vigencia fiscal. Además, la sola inclusión de una partida en el presupuesto no conduce a la exigibilidad inmediata de su ejecución, pues ésta depende también, de la disponibilidad efectiva de los recursos de tesorería que se encuentren destinados a satisfacer la necesidad de que se trata, y de las prioridades que señalen la Constitución y la ley, o las que en uso de sus atribuciones fije la Administración en los acuerdos de gastos. A pesar de lo anterior, la Sala considera pertinente referirse a un punto concreto de la alegación del actor, en el sentido de que se está amenazando su vida y la de su familia, como también sus bienes, con el desbordamiento de la quebrada, lo que, podría solucionarse con la construcción de un puente. Sobre el particular, no encuentra la Corte claridad en cuanto a que sea la construcción del puente la solución a la amenaza que dice correr el demandante y su familia con el desbordamiento de la quebrada San Miguel, más aún, cuando está demostrado que en el lugar existía ya un puente, el mismo cuya construcción solicita, y que éste fue arrasado por la quebrada hace algunos años. Sin embargo, lo que sí resulta obvio es que el desbordamiento de la quebrada se origina por la intensidad de las lluvias que en época de invierno caen sobre la región, y que eventualmente puede generar una amenaza para quienes habitan los lugares próximos a ella. Esto obedece a un fenómeno natural al cual se encuentran expuestos no solo el actor y su familia, sino todas aquellas personas que conviven en zonas aledañas a las riberas de los ríos, el mar, las quebradas, las laderas de volcanes u otros accidentes geográficos susceptibles de alteraciones de orígen natural, sin que esto implique violación de derecho fundamental alguno por parte de la autoridad pública o de otros particulares, que traiga como consecuencia su protección a través de la acción de tutela. Y es que las manifestaciones propias de la naturaleza como son las lluvias y temporales, o las erupciones volcánicas, los movimientos telúricos, entre otras, generan riesgo o amenaza en forma general para todos los habitantes del país, lo que no implica que se esté negando la protección de derecho fundamental alguno por parte de la autoridad a los millones de compatriotas que habitan el territorio desde tiempos inmemorables,  por el sólo hecho de vivir bajo la posible ocurrencia de fenómenos naturales. Corresponde sí al Estado procurar el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de vida de la población, pero con sujeción a ciertos parámetros y prioridades, y supeditado por las posibilidades presupuestales y de cobertura, disponibles, pero es también obligación de la población colaborar abiertamente en su supervivencia y bienestar, tal como lo expresa la Constitución Política en el artículo 49 inciso final, el cual señala: "Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad". (negrillas fuera de texto). En el caso particular, dado que el accionante considera que en época de invierno el desbordamiento de la quebrada San Miguel puede eventualmente generar algún riesgo a su salud, debe éste adoptar todas las medidas conducentes para asegurar su bienestar y el de su familia y estar atento a los cambios que las lluvias puedan ocasionar a la mencionada quebrada, ya que como se dijo, el juez de tutela no puede ordenar la construcción de obras, y además porque no está probado técnicamente que la construcción del puente disminuya o acabe con el riesgo alegado. Cabe señalar igualmente que, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, el actor se hizo propietario del predio que colinda con la quebrada hace aproximadamente cuatro años, es decir en una fecha posterior a la caída del puente, a la destrucción de la vivienda del antiguo propietario y por ende a la existencia de la variante de la carretera (hechos ocurridos hace más o menos 10 años). Así, entonces, adquirió el bien con pleno conocimiento de causa sobre los posibles riesgos y los perjuicios a que se podrían verse expuesto él, su familia y sus bienes, frente a la variante  de la vía y al posible desbordamiento de la quebrada, más aún, conociendo que la misma es borrascosa y caudalosa en época de invierno. Finalmente, si la variante de la carretera afecta su predio y le genera algunos perjuicios, ello no es asunto que le competa dirimir al juez de tutela, pues para eso existen las vías ordinarias a las que debe acudir el actor (jurisdicción contencioso administrativa), para reclamar al Estado los daños que éste le haya podido causar, sin olvidar que la acción de tutela no está diseñada para ser utilizada al arbitrio de las personas, como medio alternativo de los procedimientos judiciales ordinarios, o ser utilizada cuando en forma negligente se pretermiten los términos de las acciones ordinarias. En virtud de lo anterior, la Sala habrá de revocar el fallo de fecha 9 de noviembre de 1994, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ituango, por las consideraciones consignadas en esta providencia. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR  el fallo de fecha 9 de noviembre de 1994, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ituango, mediante el cual se concedió la acción de tutela interpuesta por Humberto Antonio Macías Carvajal, contra el Secretario de Obras Públicas Departamentales de Antioquia por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR que por la Secretaría General de esta Corporación, se comunique esta providencia al Juzgado Promiscuo Municipal de Ituango, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-196-95 Sentencia No Sentencia No. T-196/95 PRINCIPIO NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA La procedencia de la acción de tutela frente a las actuaciones de las autoridades públicas o de los particulares, debe partir del supuesto de que el demandante no es responsable por la comisión de los hechos que constituyen la violación o la amenaza de sus derechos fundamentales. Si el actor, por imprudencia, negligencia o voluntad propia ha permitido o facilitado que se ocurran determinados sucesos que de una forma u otra atentan contra sus derechos constitucionales fundamentales, no puede posteriormente aspirar a que el Estado, mediante la acción de tutela, proceda a reparar una situación cuya responsabilidad recae sobre el mismo interesado. Debe reiterarse que mal podría un juez de tutela avocar el conocimiento de situaciones en las cuales la vulneración o la amenaza de derechos fundamentales no fue consecuencia directa de la actuación u omisión de una autoridad pública, sino que sus causas se deben a particulares que, por un motivo u otro, se colocaron en dicha situación y desconocieron las normas legales que regulan la protección de las rondas de los ríos y quebradas. EJECUCION DE OBRA PUBLICA-Improcedencia/PARTIDA PRESUPUESTAL-Inclusión No está dentro de las facultades del juez de tutela ordenar a la administración incluir uno o más proyectos dentro de un rubro presupuestal en una determinada vigencia fiscal pues con ello se estaría inmiscuyendo dentro de las atribuciones propias del órgano ejecutivo, en violación  del artículo 115 de la Constitución Política. SERVICIO PUBLICO DE ALCANTARILLADO/DERECHO AL AMBIENTE SANO/DERECHO A LA SALUD-Aguas negras La Sala considera prudente recomendar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado que se estudie la posibilidad de incluir dichas obras dentro de la vigencia presupuestal de 1996, con el fin de dar solución al problema bajo examen, para lo cual -no sobra advertirlo- se deberá contar imperiosamente con la colaboración de la comunidad afectada, pues las obras que es preciso acometer requieren de especificaciones de orden técnico que necesariamente significan una cierta incomodidad para quienes habitan en cercanías a la quebrada “Morales” en los barrios República de Canadá y Los Libertadores. Asimismo la Sala encontraría encomiable que la entidad demandada procurara, en lo medida de lo posible, adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar el desbordamiento de la quebrada y la consecuente probabilidad de afectar la salud de los residentes y de los menores que se encuentran en el jardín infantil localizado en cercanías del lugar. Ref.: Expediente No. T-55091 Peticionarios: Libardo Bravo, Rafael Sanabria, Francisco Rodríguez, Jesús Sánchez y José Manuel Mendivelso. Procedencia: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Temas: Procedencia de la acción de tutela Santafé de Bogotá, D.C. cinco (5) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el proceso de tutela radicado bajo el número T- 55091, adelantado por los señores Libardo Bravo, Rafael Sanabria, Francisco Rodríguez, Jesús Sánchez y José Manuel Mendivelso, contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santafé de Bogotá D.C. I. ANTECEDENTES De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente. 1. Solicitud Los señores Libardo Bravo, Rafael Sanabria, Francisco Rodríguez, Jesús Sánchez y  José Manuel Mendivelso, interpusieron ante el Juzgado 22 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, acción de tutela contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santafé de Bogotá D.C, con el fin de que se les amparara su derecho a gozar de un ambiente sano, consagrado en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política. 2. Hechos Los peticionarios afirman que la quebrada “Morales” que divide los barrios “Los Libertadores” y “República de Canadá” (donde tienen su domicilio) "se convirtió en un vertedero de materiales orgánicos y de los mismos trabajadores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado que, al no hacer un drenaje de los tubos de aguas negras, los rompen haciendo que estas aguas desemboquen en la quebrada convirtiéndola en una cloaca, dando como resultado la proliferación de ratas, ratones, moscas, zancudos, atentando contra la salud de los habitantes que están al lado y lado de la quebrada". Adicionalmente, argumentan que al lado de la quebrada existe un jardín infantil, razón por la cual los menores de edad resultan ser las personas más afectadas con el problema. Para tales efectos, señalan que han acudido ante distintas autoridades del distrito, pero que no han obtenido ningún tipo de respuesta, o solución al problema. 3. Pretensiones Solicitan los demandantes que se ordene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santafé de Bogotá D.C. que realice las obras necesarias para la canalización de la Quebrada Morales III. ACTUACION PROCESAL 1. Primera instancia Mediante auto de fecha trece (13) de octubre de 1994, el Juzgado 22 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá D.C. asumió el conocimiento de la presente acción de tutela y decretó y recolectó pruebas que se enuncian a continuación. 2. Pruebas 2.1. Oficio 3058 de 19 de octubre de 1994, remitido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santafé de Bogotá. Mediante este oficio, la directora jurídica de la citada entidad informó que se celebró con el ingeniero Jorge Salazar C., el contrato No. 514 de diciembre veintiocho (28) de 1993, para el diseño del “Interceptor La Nutria-Los Libertadores”, con el propósito de solucionar la insuficiencia de los colectores, que ocasiona el fluir de las aguas negras por los cauces existentes. Según la funcionaria, dicho proyecto se encuentra en la etapa de corrección por el contratista. Afirmó también que el referido proyecto será ejecutado dentro del “Programa Santafé I”,  “para lo cual se estudiará la posibilidad de incluirlo en la vigencia de 1996. No sobra aclarar que el presupuesto de 1994 y 1995 se encuentra ya asignado.” De otra parte la funcionaria informó que, de acuerdo con las políticas de la Empresa de Acueducto, no se considera que se deba canalizar o entubar el cauce de la quebrada, "sino que se debe preservar y conservar su zona de ronda, la cual en parte se encuentra invadida, cuando la ley exige que se debe dejar una zona libre de construcciones de 12m. a cada lado del borde del cauce, para poder construir los interceptores de aguas negras y demás obras de infraestructura." Igualmente manifestó que  dicha empresa ha adelantado el mantenimiento del alcantarillado paralelo a la quebrada "Morales", evitando así que se aumente la contaminación de la misma. Al respecto agrega: "Se dice igualmente que dado que el mayor problema es la desestabilización de la ronda que amenaza con cerrar y represar el cauce de la quebrada, esa dirección  adelantó una visita técnica conjunta con la doctora Gloria Lucía Ruiz, funcionaria de INGEOMINAS y que se espera obtener de esa entidad recomendaciones preventivas sobre el particular". Finalmente manifiesta que el Barrio República de Canadá no posee alcantarillado oficial. 2.2. Comunicaciones remitidas por los peticionarios a diferentes entidades públicas. Constan en el expediente, copias de las diferentes comunicaciones que los actores remitieron a las entidades públicas competentes para conocer del asunto objeto de la presente acción de tutela. Tal es el caso de la carta del veintiuno (21) de agosto de 1993 dirigida al gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santafé de Bogotá D.C., en la cual se solicita colaboración para que se llevara a cabo la canalización de la quebrada "Morales". Asimismo obran  copias de las invitaciones dirigidas al Director del DAMA, al Secretario de Obras Públicas y el Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santafé de Bogotá D.C., para que acudieran el día 28 de agosto de 1994 a la reunión de la Junta de Acción Comunal del barrio "Los Libertadores", en la cual se buscaba encontrar solución al problema de la quebrada "Morales" 3. Fallo de primera instancia. Mediante providencia de fecha veintiséis (26) de octubre de 1994, el Juzgado 22 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá D.C. resolvió negar por improcedente la presente acción de tutela, ya que " de una parte al Juzgado no le consta la existencia y disponibilidad actual del presupuesto y de otra, no puede el juez de tutela abarcar campos de la gestión administrativa, (...) pudiendo si los usuarios tomar las vías adecuadas con el fin de que se realicen los diseños correspondientes para su posterior licitación y demás pasos a seguir, teniendo en cuenta además, como así lo informa la Empresa de Acueducto y Alcantarillado sobre las medidas tomadas sobre el manejo de aguas lluvias y negras, proyectos que serán ejecutados dentro del programa Santafé I, con la posibilidad de incluirlo en la vigencia de 1996, por estar ya asignado el presupuesto de 1994 y 1995." El fallo en comento fue impugnado por los peticionarios, ya que consideraron que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son derechos fundamentales cuya protección no puede estar sometida a la gestión administrativa y a una disponibilidad presupuestal futura. 4. Fallo de segunda instancia Mediante providencia de fecha dieciséis (16) de noviembre de 1994, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D.C., resolvió confirmar el fallo de primera instancia. A juicio del ad-quem, a través de la presente acción de tutela se buscaba la protección de los derechos a la salubridad pública y a gozar de un ambiente sano de los habitantes de los barrios "Los Libertadores" y "República de Canadá", los cuales son de naturaleza colectiva, y para cuya defensa la ley consagró las denominadas acciones populares, hecho que hace improcedente la presente acción, máxime si se tiene en cuenta que los peticionarios no la invocaron como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución Política y 31 a 36 del decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia. 2. Los presupuestos necesarios para interponer una acción de tutela. En reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional[1], se ha afirmado que la acción de tutela es un instrumento jurídico que permite brindar a cualquier persona, sin mayores requisitos de orden formal, la protección específica e inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando, de acuerdo con las circunstancias concretas de cada caso y a falta de otro medio de orden legal que permita el debido amparo de los derechos, éstos sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública o de una organización privada en los términos taxativos que señale la ley. Se trata, pues, de una acción que presenta como características fundamentales la de ser un mecanismo inmediato o directo para la debida protección del derecho constitucional fundamental violado; y la de ser subsidiaria, esto es, que su implementación solamente resulta procedente a falta de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable. Considera la Sala necesario advertir en este punto que la procedencia de la acción de tutela frente a las actuaciones de las autoridades públicas o de los particulares, debe partir del supuesto de que el demandante no es responsable por la comisión de los hechos que constituyen la violación o la amenaza de sus derechos fundamentales. En otras palabras, si el actor, por imprudencia, negligencia o voluntad propia ha permitido o facilitado que se ocurran determinados sucesos que de una forma u otra atentan contra sus derechos constitucionales fundamentales, no puede posteriormente aspirar a que el Estado, mediante la acción de tutela, proceda a reparar una situación cuya responsabilidad recae sobre el mismo interesado. Se trata, pues, de la simple aplicación del principio general del derecho de que “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”. Pretender lo contrario significaría, entonces, que la culpa, la imprudencia o la negligencia serían objetos jurídicamente protegidos, lo cual resulta a todas luces absurdo y contrario a los fundamentos esenciales de un Estado de derecho. 3. El caso en concreto El asunto que en esta oportunidad le corresponde revisar a esta Sala, se refiere a la petición de tutela elevada por algunos habitantes de los barrios Libertadores y República de Canadá, con el fin de que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santafé de Bogotá proceda a canalizar la quebrada “Morales”, toda vez que el desborde de las aguas negras y materiales orgánicos atenta contra el ambiente y contra la salud, tanto de los demandantes como de los niños que asisten a un jardín infantil que se encuentra en cercanías a la mencionada quebrada. Encuentra la Sala que la presente acción de tutela no está llamada a prosperar, toda vez que del material probatorio que obra en el expediente se desprende que, por una parte, los demandantes se han colocado en una situación que facilita la vulneración de su derecho a la salud por el desbordamiento de la referida quebrada; y, por otra parte, la entidad pública demandada ha adoptado las medidas necesarias para solucionar el problema, medidas estas, que como se verá más adelante, dependen de una planeación y de una ejecución presupuestal de acuerdo con los programas establecidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santafé de Bogotá. En cuanto al primer punto, la Sala debe resaltar el hecho de que en los barrios República de Canadá y Los Libertadores se desarrolló una urbanización con desconocimiento de las normas legales y,  por ende, sin planeación ni ordenamiento físico alguno. Por ello, estas zonas han sido calificadas como “irregulares”, pues primero se construyen las viviendas y luego, con el transcurso del tiempo, se procura la instalación de los servicios públicos esenciales, como energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, entre otros, cuando el proceso usual y adecuado es justamente el contrario: realizar una planeación adecuada que garantice la debida prestación de los servicios públicos esenciales, para así posteriormente permitir la urbanización. Para efectos del asunto que se examina, debe señalarse que tanto la legislación nacional como la municipal establecen requisitos para la construcción de viviendas en las cercanías de los ríos, quebradas, embalses, lagunas y canales. Así, por ejemplo, el Acuerdo No. 6 de 1990 (Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá), dispone que debe existir una ronda o faja de terreno “paralela al lado y lado de la línea de borde del cauce permanente de los ríos, embalses, lagunas quebradas y canales, hasta de treinta metros de ancho, que contempla las áreas inundables para el paso de las crecientes no ordinarias y necesarias para la rectificación, amortiguación, protección y equilibrio ecológico” (Art. 139). De igual forma, las disposiciones legales contemplan una franja adicional de aproximadamente doce metros que se denomina como “zona de manejo y preservación ambiental” para la protección de la ronda. De las pruebas que fueron allegadas al expediente, la Sala encuentra que las fotografías que acompañan la demanda de tutela muestran que varias de las viviendas que supuestamente se encuentran en peligro, o que se ven afectadas por el desbordamiento del cauce de esa quebrada, están a unas distancias mínimas del borde de la misma, es decir, se construyeron en contravención con las normas legales referidas, las cuales, conviene advertirlo, no sólo se contemplan para la preservación y conservación de las aguas, sino que también buscan garantizar la seguridad y la salud de los moradores en cercanías de esos lugares. Por las anteriores razones, no debe desconocerse que a pesar de que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado ha visitado la zona, se han encontrado inconvenientes de orden técnico para dar una solución inmediata al problema existente en torno a la quebrada “Morales”, inconvenientes que, por lo demás, se encaminan a señalar la imposibilidad de canalizar la quebrada. De conformidad con lo expuesto, debe reiterarse que mal podría un juez de tutela avocar el conocimiento de situaciones en las cuales la vulneración o la amenaza de derechos fundamentales no fue consecuencia directa de la actuación u omisión de una autoridad pública, sino que sus causas se deben a particulares que, por un motivo u otro, se colocaron en dicha situación y desconocieron las normas legales que regulan la protección de las rondas de los ríos y quebradas. Si bien la Sala reconoce que el problema en cuestión es uno de los tantos flagelos de orden social que aquejan al Distrito Capital, su solución depende más de una decisión de orden político-administrativo, cuya competencia exclusiva recae sobre las autoridades públicas de Santafé de Bogotá. Por otra parte, debe insistirse en que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santafé de Bogotá no ha sido ajena al asunto que motivó la presente acción de tutela. En efecto, en el expediente se demuestra que diversos funcionarios han visitado los barrios Los Libertadores y República de Canadá y han conceptuado que técnicamente no es posible canalizar la quebrada “Morales”, con lo cual -adicionalmente- se descarta cualquier orden que pueda impartir el juez de tutela en caso de atender la solicitud de los peticionarios, pues no sobra advertir que obras como estas, dependen de la autonomía de la administración y se fundamentan en conceptos de especialistas en dichas materias, los cuales, como es lógico, escapan al conocimiento de los encargados de administrar justicia. Adicionalmente, la entidad demandada informó al juez de primera instancia acerca de los planes que se proyecta desarrollar para ofrecer una solución integral al problema en comento. Es así  como, en relación con las aguas negras, se celebró un contrato para la instalación del “Interceptor La Nutria-Los Libertadores”; y, respecto de las aguas lluvias, se propone realizar las correspondientes obras dentro del “Programa Santafé I”. Ambos trabajos planean incluirse dentro del presupuesto de la empresa para la vigencia de 1996, toda vez que el presupuesto 1994-1995 ya se encuentra comrpometido. Ahora bien, frente al argumento de los actores respecto de la necesidad de acometer esas obras en forma inmediata, debe la Sala aclarar que no está dentro de las facultades del juez de tutela ordenar a la administración incluir uno o más proyectos dentro de un rubro presupuestal en una determinada vigencia fiscal[2], pues con ello se estaría inmiscuyendo dentro de las atribuciones propias del órgano ejecutivo, en violación  del artículo 115 de la Constitución Política. No obstante lo expuesto, la Sala considera prudente recomendar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado que se estudie la posibilidad de incluir dichas obras dentro de la vigencia presupuestal de 1996, con el fin de dar solución al problema bajo examen, para lo cual -no sobra advertirlo- se deberá contar imperiosamente con la colaboración de la comunidad afectada, pues las obras que es preciso acometer requieren de especificaciones de orden técnico que necesariamente significan una cierta incomodidad para quienes habitan en cercanías a la quebrada “Morales” en los barrios República de Canadá y Los Libertadores. Asimismo la Sala encontraría encomiable que la entidad demandada procurara, en lo medida de lo posible, adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar el desbordamiento de la quebrada y la consecuente probabilidad de afectar la salud de los residentes y de los menores que se encuentran en el jardín infantil localizado en cercanías del lugar. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión  de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero: CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia del dieciséis (16) de noviembre de 1994, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, la que, a su vez, confirmó la sentencia del 26 veintiséis de octubre de 1994, dictada por el Juzgado 22 Civil del Circuito de esa misma ciudad, a través de la cual se denegó la acción de tutela de la referencia. Segundo: ORDENAR que por la Secretaría General de esta Corporación, se comunique el contenido de esta providencia a la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado Ponente JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1]T-001/92, T-0013/92, T-015/92, T-222/92, T-414/92, T-424/92, T-436/92, entre otras. [2] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. T-185/93. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

T-197-95 Sentencia No Sentencia No. T-197/95 PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL/DEBIDO PROCESO/VIA DE HECHO Es derecho sustancial aquel que no necesita de otro para subsistir, es decir, que existe en sí y no en otro; por oposición al derecho accidental, aquel que existe en función de otro. La forma jurídica, en principio, es accidental, pero -se repite- puede llegar a sustancializarse cuando constituye una garantía necesaria para las personas. Ahí está el debido proceso, entendido como la garantía que tienen las partes de que sus pretensiones serán atendidas por la jurisdicción con objetividad e imparcialidad, señalando previamente las reglas a cumplir, con el fin de dar efectividad a los intereses jurídicamente protegidos en igualdad de oportunidades. Cuando se vulneran algunos de los mencionados elementos, que constituyen el núcleo esencial del debido proceso, se está ante las vías de hecho; en los demás casos, no. VIA DE HECHO/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES Son vías de hecho aquellas que atentan directamente contra el núcleo esencial del debido proceso, y colocan  a una de las partes en manifiesto estado de indefensión. La acción de tutela contra providencias judiciales por razón de "vías de hecho", procede, al igual que los demás casos de tutela, siempre y cuando no existan otros mecanismos de defensa judicial para amparar el derecho presuntamente vulnerado, salvo que en la situación se trate de la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable. La anterior doctrina persigue, en últimas, la prevalencia del principio de la independencia de los jueces, del acceso a la administración de justicia, de la seguridad jurídica y de la vigencia del Estado social de derecho. CONCILIACION El derecho a la conciliación es una prerrogativa inviolable, y su consumación hace tránsito a cosa juzgada, por primar la exteriorización de un acuerdo de voluntades, que es de rigor cumplir para cada una de las partes. Una cosa es un acuerdo incumplido, y otra muy distinta la nulidad del mismo. El incumplimiento de lo pactado, no anula la conciliación. Todo lo contrario, es por la eficacia de la misma que dicha conciliación presta mérito ejecutivo. La litis está abierta a la conciliación, y es más, si se trata de derechos susceptibles de transacción, ha de buscarse, a toda costa, la conciliación. El acto de conciliar no puede ser de una manera única, rígida e inflexible, porque lo que importa realmente es el fin que persigue. Es un acto que admite múltiples formas de realización. Se permiten todos los medios para conciliar, mientras no vulneren el derecho de nadie, y, por sobre todo, mientras no se desconozca el derecho de defensa. CONCILIACION El actor puede con el acta de conciliación acudir ante la jurisdicción civil para iniciar un proceso ejecutivo, en el cual le satisfagan sus pretensiones, en caso de que el funcionario competente halle mérito para ello. Ref: Expediente T-56418 Peticionario: Humberto Aya Baquero Procedencia: Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas. Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA Tema:   Vías de hecho Santafé de Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el proceso de tutela radicado bajo el número T- 56418, adelantado por el señor Humberto Aya Baquero, en contra del auto de fecha primero (1o.) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Salgar (Cundinamarca), y confirmado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas, mediante auto de fecha seis (6) de septiembre de ese mismo año, dictado dentro del proceso ordinario de restitución de inmueble arrendado, promovido en su contra. por el señor José Antonio Peña Infante. I.      ANTECEDENTES De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió la acción de tutela de la referencia. para efectos de su revisión. De conformidad con el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente. 1. Solicitud El señor Humberto Aya Baquero interpuso ante el Juzgado Civil del Circuito de La Dorada (Caldas), acción de tutela en contra del auto de fecha primero (1o) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Salgar (Cundinamarca), y confirmado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas mediante auto de fecha seis (6) de septiembre de ese mismo año, dictado dentro del proceso ordinario de restitución de inmueble arrendado, promovido en su contra por el señor José Antonio Peña Infante, con el fin de que se le amparara su derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. 2. Hechos Afirma el peticionario que en el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Salgar (Cundinamarca), se adelantó un proceso ordinario de restitución de inmueble arrendado, promovido en su contra por el señor José Antonio Peña Infante. Dice que dentro de dicho proceso se reconocieron las mejoras que realizó en  el inmueble  objeto de  restitución,  las cuales  fueron  avaluadas  por  peritos, en  la  suma  de  tres  millones  setecientos  cincuenta  mil  pesos ($ 3.750.000). Manifiesta que el día siete (7) de diciembre de 1993, se reunió con el señor Rigoberto Peña Ocampo, y con el apoderado de los otros herederos del señor José Antonio Peña Infante, quienes le prometieron pagarle el valor de las mejoras realizadas, "y nos dirigimos al Juzgado Promiscuo Municipal con la finalidad de terminar el proceso", tal como quedó plasmado en el acta de ese mismo día. Pese a lo anterior, asegura  que nunca le fue entregada la suma  pactada, razón por la cual acudió ante un abogado con el propósito de que se le hiciera entrega de ese dinero. Como consecuencia de ello, su  representante solicitó la nulidad de la conciliación celebrada, ante lo cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Salgar, mediante auto de fecha primero (1o.) de marzo de 1994, resolvió negar esa pretensión y declaró terminado el proceso, ya que dicha conciliación hace tránsito a cosa juzgada;  además se ordenó la restitución del inmueble objeto de controversia, en favor del demandante. Dicho auto fue apelado por el apoderado del peticionario, con fundamento en que la conciliación realizada no se había sujetado a los parámetros del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, ya que no hubo auto que citara a audiencia para tal efecto. "Si apreciamos el expediente -afirma el actor- podemos constatar que el auto por medio del cual se debió ordenar dicha conciliación no existe, pues el día en que se efectuó la diligencia materia de controversia, fui inducido por el abogado de los herederos del demandante y acepté confiado en las promesas de hacerme efectivo el pago posteriormente y además de la presión ejercida sobre la señora OFELIA SANCHEZ DE DIAZ, mi suegra, a quien no le pagaban los conceptos o valores derivados de derechos herenciales, si no se adelantaba dicha conciliación, y por ende en forma exabrupta concurrimos al despacho del señor Juez Promiscuo Municipal de Puerto Salgar y se adelantó la conciliación mencionada." Además, afirma que a la citada audiencia no concurrieron los otros herederos del demandante, Yolanda Peña Sánchez y Diego Peña Ocampo y que el juez no dio cumplimiento al parágrafo tercero del artículo 101 citado , ya que no cumplió con su deber de instar a las partes para que conciliaran sus diferencias. De los documentos que obran en el expediente se tiene que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas, mediante auto de fecha seis (6) de septiembre de 1994, resolvió confirmar el auto fecha primero (1o.) de marzo de 1994, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Salgar,  ya que el apoderado del señor Aya Baquero no invocó ninguna de las causales taxativamente señaladas por el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil como causales de nulidad. 3. Pretensiones Solicita el peticionario que se ordene al Juzgado Promiscuo Municipal de  Puerto Salgar que se abstenga de hacer efectiva la restitución del inmueble ordenada en el auto de fecha primero (1o.) de marzo de 1994, hasta tanto no "se decrete el saneamiento del proceso tutelado y se proceda a darle el procedimiento ordenado por el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil (...)." III. ACTUACION PROCESAL 1. Primera instancia Mediante auto de fecha veintisiete (27) de octubre de 1994, el Juzgado Primero Penal del Circuito de La Dorada (Caldas) ordenó remitir el presente expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas (Cundinamarca), toda vez que los hechos que dieron lugar a la acción de tutela tuvieron lugar en el municipio de Puerto Salgar. El juez promiscuo del Circuito de Guaduas se declaró impedido para conocer del presente asunto, motivo por el cual se remitió el expediente al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas. Mediante auto de fecha diez (10) de noviembre de 1994, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas avocó el conocimiento de la presente acción de tutela y decretó la ampliación de la solicitud de tutela, así como una inspección judicial al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Salgar, con el fin de examinar el expediente correspondiente al proceso de restitución de inmueble arrendado adelantado por José Antonio Peña Infante, en contra de Humberto Aya Baquero. 2. Pruebas 2.1. Inspección Judicial al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Salgar El día veintiuno (21) de noviembre de 1994, el juez Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas se trasladó a las instalaciones del Juzgado Promiscuo de Puerto Salgar, con el fin de examinar el expediente correspondiente al proceso de restitución de inmueble arrendado adelantado por José Antonio Peña Infante, en contra de Humberto Aya Baquero, el cual fue fotocopiado en su totalidad, y  hace parte del presente expediente. 3.  Fallo de única instancia Mediante providencia de veinticinco (25) de noviembre de 1994, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas resolvió negar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Humberto Aya Baquero. A juicio del juzgado, en el presente caso era posible la celebración de una audiencia de conciliación,  de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2o. del Decreto 2651 de 1991, "por el cual se expiden normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales". Sin embargo, consideró que en el proceso de restitución de inmueble arrendado "no aparece el auto que dispuso consignar el acuerdo de las partes, ni antes ni dentro del acto, como tampoco la solicitud de los interesados en conciliar si era su voluntad. De hecho, si el art. 101 del C.P.C. cita para audiencia a las partes aún cuando no acudan los apoderados, es obvio que el señor apoderado ante la no asistencia de sus patrocinados, ha debido presentar el poder en que expresamente se le facultaba para tal evento, documento que no obra en el acta." Igualmente estimó que, pese a que la pretendida audiencia de conciliación se enmarca dentro de los parámetros del artículo 4o. del Decreto 2651 de 1991, "es un hecho que para llegar al mismo, ha debido seguirse el procedimiento que media entre los artículos 2o. y 4o. del mismo Decreto, procedimiento que no obra dentro del expediente para que se concluya la misma." "En el caso concreto -anota el Juzgado Promiscuo de Familia de Guaduas- no se explica el despacho cómo no se dio por terminado el proceso en el momento de la diligencia de audiencia, sino después, aún cuando no se había cumplido el compromiso por parte del señor HUMBERTO AYA BAQUERO. Por otra parte, cree este Juzgado que de acuerdo con el texto del Decreto 2591, en su artículo 40, parágrafo primero, parte final, la presente acción de tutela debió presentarse conjuntamente con el recurso de apelación del fallo que respondió a la solicitud de nulidad interpuesta, y que fue concedido y desatado por el señor Juez Promiscuo del Circuito de esta ciudad. Por demás, no se tramito la nulidad en legal forma, dentro de un incidente en cuaderno separado, probando los hechos alegados en el escrito, para que el juez, con mejor conocimiento de causa, fallara dicho incidente." En virtud de lo anterior, manifestó el juez de única instancia que la presente acción de tutela resulta improcedente, "pese a que existen vicios en el trámite procedimental y sustancial." IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución Política y 31 a 36 del decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia. 2.      El derecho al debido proceso 2.1   Fundamento del proceso La base sobre la cual se asienta o estriba la realidad procesal es la necesidad de encauzar por vías imparciales y adecuadas las pretensiones jurídicas. Siempre se ha tratado de una ritualidad, para con ello realzar el significado del proceso y las normas preestablecidas para reglamentarlo.  Se ha entendido que cuando una persona llega al ritual del proceso, se encuentra ante un estado de justicia mayor, inexorable y con la facultad de dilucidar la pretensión frente a un orden superior. Por eso, frente al proceso, no hay en principio per se, relatividad, porque todos acata el criterio de justicia que él representa. Ahora bien, la ritualidad también supone una garantía, y es que el procedimiento sea preestablecido, con lo cual se sabe que no habrá pretermisión ni improvisación alguna. Como es preestablecido por el soberano, es debido, y entonces, si llega a omitirse algún paso, habrá injusticia. Las formas procesales fueron el inicio de un camino hacia la objetividad, que día a día se iría perfeccionando. Pero debe advertirse que el proceso es un medio y jamás un fin. Cuando el artículo 228 de la Carta consagra la prevalencia de lo sustancial, no está indicando que el derecho sea aformal, porque tal derecho sería inexistente, sino que el medio se debe ordenar al fin. En los presupuestos del medio, está la eficacia de la finalidad, y por ello mal está pretermitir formas jurídicas procesales garantes de la objetividad. 2.2    Esencia del proceso Lo que distingue al proceso, pues, es ser una forma jurídica que garantiza  la recta aplicación de los medios de discernimiento para llegar a la verdad jurídica, de acuerdo con principios de orden público, que se expresan en un conjunto de actos coordinados y preestablecidos por la ley.  Como toda forma, tiene las notas de objetividad, generalidad, imparcialidad y orden. Por otro lado, es una forma jurídica que garantiza la recta aplicación de los medios de discernimiento, lo que equivale a afirmar que el Estado, a través del proceso, protege la inalterabilidad del medio justo,  para llegar al fin justo. El proceso, pues, consiste en una garantía, es decir, en un aval de imparcialidad y de justicia. 3.      Primacía de lo sustancial La forma jurídica existe para dar estabilidad y orden al contenido jurídico que ha de aplicarse. La materia determina la forma, y no al revés; por ello, ésta debe estar proporcionada a aquella. Partiendo de este hecho, se colige que lo formal en ningún caso puede primar sobre lo material. La forma jurídica se sustancializa cuando ya está preconstituido el derecho sustancial que garantiza y protege. Pero pretender que una situación jurídica consolidada en lo material no es tal por faltar un requisito formal, es contrariar, a todas luces, el espíritu de la Carta. No se puede negar la substancia por la ausencia del accidente; entonces no se puede desconocer una situación jurídica real, por no haberse establecido un ritual no sustancial. Es en aras de la función de garantía que el aspecto formal cobra efectos de sustancialidad. Pero la forma por la forma misma, no tiene razón de ser. En otras palabras, la función de la forma jurídica es conformar el derecho sustancial, nunca impedir su desarrollo. Cuando el fin ya está constituido, y es conforme a derecho, el medio se torna en contingente, es decir, puede darse o no. Alegar la nulidad de un efecto jurídico operante, en aras de una minucia formal, es claramente un abuso del derecho, y éste jamás es fuente de legitimidad, porque en lugar de perfeccionar, priva de bienes jurídicos. Es derecho sustancial aquel que no necesita de otro para subsistir, es decir, que existe en sí y no en otro; por oposición al derecho accidental, aquel que existe en función de otro. La forma jurídica, en principio, es accidental, pero -se repite- puede llegar a sustancializarse cuando constituye una garantía necesaria para las personas. Ahí está el debido proceso, entendido como la garantía que tienen las partes de que sus pretensiones serán atendidas por la jurisdicción con objetividad e imparcialidad, señalando previamente las reglas a cumplir, con el fin de dar efectividad a los intereses jurídicamente protegidos en igualdad de oportunidades. Cuando se vulneran algunos de los mencionados elementos, que constituyen el núcleo esencial del debido proceso, se está ante las vías de hecho; en los demás casos, no. 3.1    Las vías de hecho Son vías de hecho aquellas que atentan directamente contra el núcleo esencial del debido proceso, y colocan  a una de las partes en manifiesto estado de indefensión. Es abundante la jurisprudencia que ha sentado esta corporación sobre el particular. En efecto, la Sentencia No.  T- 079/93, por ejemplo, señala: "Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona. "Carece de fundamento objetivo la actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la Ley. La legitimidad de las decisiones estatales depende de su fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el ejercicio de las funciones públicas (CP art. 121), es condición de existencia de los empleos públicos (CP art. 122) y su desconocimiento genera la responsabilidad de los servidores públicos (CP arts. 6, 90). Una decisión de la autoridad no es constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley (CP art. 13), principio que le imprime a la actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de Derecho que les da su legitimidad. "La decisión revestida de las formalidades de un acto jurídico encubre una actuación de hecho cuando ésta obedece más a la voluntad o al capricho del agente estatal que a las competencias atribuidas por ley para proferirla. El criterio para evaluar qué conductas tienen fundamento en el ordenamiento jurídico y cuáles no es finalista y deontológico. Las autoridades públicas están al servicio de la comunidad (CP art. 123) y en el cumplimiento de sus funciones deben ser conscientes de que los fines esenciales del Estado son, entre otros, servir a dicha comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (CP art. 2). Las autoridades públicas deben ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe (CP art. 83). La conducta dolosa o gravemente culposa de los servidores públicos debe ser excluida del ordenamiento jurídico y su demostración genera la responsabilidad patrimonial del Estado, así como el deber de repetir contra el agente responsable del daño (CP art. 90). "La vulneración de los derechos fundamentales por parte de servidores públicos que actúan sin fundamento objetivo y razonable, y obedecen a motivaciones internas, desconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona (CP art. 5), la protección constitucional de los derechos fundamentales (CP art. 86) y la prevalencia del derecho sustancial (CP art. 228). En caso de demostrarse  su ocurrencia, el juez de tutela deberá examinar la pertenencia del acto al mundo jurídico y proceder a la defensa de los derechos fundamentales vulnerados en el curso de una vía de hecho por parte de la autoridad pública".[1] En otro pronunciamiento, relacionado también con el tema de la acción de tutela contra las providencias judiciales, la Corte agregó: "(...) la doctrina de la Corte ha efectuado un análisis material y ha establecido una diáfana distinción entre las providencias judiciales -que son invulnerables a la acción de tutela en cuanto corresponden al ejercicio autónomo de la función judicial y respecto de las cuales existen, dentro del respectivo proceso, los medios judiciales de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico- y las vías de hecho por cuyo medio, bajo la forma de una providencia judicial, quien debería administrar justicia quebranta en realidad los principios que la inspiran y abusa de la autonomía que la Carta Política reconoce a su función, para vulnerar en cambio los derechos básicos de las personas. "En ese orden de ideas, la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho. "En tales casos, desde luego, el objeto de la acción y de la orden judicial que puede impartirse no toca con la cuestión litigiosa que se debate en el proceso, sino que se circunscribe al acto encubierto mediante el cual se viola o amenaza un derecho fundamental".[2] Si bien la Corte Constitucional ha sentado los criterios necesarios para definir la presencia de una vía de hecho dentro de una determinada actuación judicial[3], esta Corporación también se ha preocupado por establecer, en forma categórica, que no es posible incoar la acción de tutela en estos casos por el simple hecho de que el juez haya cometido una irregularidad procesal y el afectado cuente con los mecanismos ordinarios para solicitar el amparo de su situación jurídica. En otras palabras, la acción de tutela contra providencias judiciales por razón de "vías de hecho", procede, al igual que los demás casos de tutela, siempre y cuando no existan otros mecanismos de defensa judicial para amparar el derecho presuntamente vulnerado, salvo que en la situación se trate de la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable. La anterior doctrina persigue, en últimas, la prevalencia del principio de la independencia de los jueces, del acceso a la administración de justicia, de la seguridad jurídica y de la vigencia del Estado social de derecho. De acuerdo con la jurisprudencia citada, se tiene entonces que las vías de hecho no conducen a una situación estable y justa, porque al pretermitirse un elemento esencial del debido proceso, no hay, en estricto sentido, proceso y, por tanto, ha de decretarse la nulidad de lo actuado, y establecer nuevamente las etapas que constituyen la garantía procesal debida a toda persona. 4.      La conciliación El acto de conciliar consiste en armonizar intereses en principio divergentes, pero que pueden coincidir en un punto determinado, mientras la convergencia no implique la renuncia de un derecho fundamental en su núcleo esencial. El derecho a la conciliación es una prerrogativa inviolable, y su consumación hace tránsito a cosa juzgada, por primar la exteriorización de un acuerdo de voluntades, que es de rigor cumplir para cada una de las partes. Una cosa es un acuerdo incumplido, y otra muy distinta la nulidad del mismo. El incumplimiento de lo pactado, no anula la conciliación. Todo lo contrario, es por la eficacia de la misma que dicha conciliación presta mérito ejecutivo. La disputa no es la única vía en lo jurídico. Pensar eso, corresponde a una mentalidad ya superada, pues el proceso está abierto, si se puede, al acto de conciliar, por múltiples motivos, entre los que se encuentran la economía procesal, la autonomía de la voluntad, la pronta y debida justicia y, por sobre todo, la paz social. La litis está abierta a la conciliación, y es más, si se trata de derechos susceptibles de transacción, ha de buscarse, a toda costa, la conciliación. Es por ello que el artículo 6o. del Decreto 2651 de 1991, impone al juez la obligación de ofrecer la conciliación entre las partes, porque siempre el arreglo pacífico es mejor que el pleito en sí. Lo anterior se entiende mejor si se admite que la conciliación es más apropiada y conveniente que el enfrentamiento, porque lleva implícita una nota de racionalidad. La conciliación implica un consenso, y el fruto de éste siempre es racional, y en tal virtud liga a las partes entre sí. El proceso no es un conjunto de requisitos que riñan con la racionalidad, ni mucho menos un conjunto de principios inflexibles. Se entiende que el proceso es la racionalización de un conflicto de intereses, en la mayoría de los casos, o el mecanismo racional para lograr la satisfacción de una pretensión, en otros. El derecho tiende de suyo hacia la convivencia, y la conciliación es una de las formas de coexistencia pacífica de los intereses en principio contrapuestos. Se rige, pues, por la idea del interés jurídico limitado por el propio titular, en aras de una utilidad próxima y mayor. Conciliar no implica por esencia renuncia, sino recíproca y voluntaria limitación de las pretensiones de las partes, de tal manera que a través de ella buscan armonizar los derechos por éstas invocados. El  universo jurídico es una convergencia de intereses, en virtud de la limitación. De una u otra manera, la limitación comporta al mismo tiempo, pero bajo otro aspecto, una garantía, pues al circunscribir la pretensión a un marco determinado, hay la seguridad de que dicho marco jurídico es inviolable por parte de los demás. Por otro lado, el acto de conciliar es firme porque es efecto de la autonomía de la voluntad, esencia del derecho, como lo señaló Kant en la "Metafísica de las Costumbres". Ahora bien, el acto de conciliar no puede ser de una manera única, rígida e inflexible, porque lo que importa realmente es el fin que persigue. Es, pues, un acto que admite múltiples formas de realización. Se permiten todos los medios para conciliar, mientras no vulneren el derecho de nadie, y, por sobre todo, mientras no se desconozca el derecho de defensa. 5.      El caso concreto Se discute en el presente caso, la existencia o no de una vía de hecho en la actuación del juez promiscuo municipal de Puerto Salgar, que por medio de auto interlocutorio negó la nulidad alegada por el abogado del actor, mediante la cual se pretendía dejar sin efectos el acta de conciliación en la que las partes, dentro de un proceso de restitución de inmueble, resolvieron de común acuerdo el litigio (el demandado -actor en el proceso de tutela- devolviendo el bien, y el demandante pagando las mejoras hechas al inmueble). Se discute, entonces, si de acuerdo con el Decreto 2651 de 1991 se desconocieron o no los requisitos descritos en los artículos 2o. y siguientes, en cuanto a  los formalismos que se deben observar para adelantar la conciliación. Al respecto cabe señalar que el artículo 2o. del mencionado Decreto hace referencia a los procesos que se encontraban en curso en el momento de entrar a regir el mismo, cuando señala: "Artículo 2o.  En los procesos en que no se haya proferido sentencia de primera o única instancia, que versen total o parcialmente sobre cuestiones susceptibles de transacción, distintos de los laborales, penales y contencioso administrativos y de aquellos en los cuales alguna de las partes estuviere representada por curador ad litem, las partes, de común acuerdo, pueden pedir al juez que aquellas se sometan a trámite de conciliación, y que si ésta fracasa o fuere parcial, a posterior arbitramento salvo que acuerden acudir a amigable composición". Esta situación no es la que se presenta en el caso bajo exámen, ya que el proceso de restitución de inmueble se inició en una fecha posterior a la expedición de la norma descrita, cual, es el mes de enero de 1993. Así, debe darse aplicación es al artículo 6o. del Decreto, que señala que en todos los procesos "habrá por lo menos una oportunidad de conciliación que tendrá lugar, a más tardar, al concluir la etapa probatoria del respectivo proceso", único requisito exigido. Además, cabe señalar que, de acuerdo con el artículo 6o., inciso 2o., la conciliación es obligatoria, so pena de sanción para el funcionario que incumpla la norma. En efecto, la norma señala: "Artículo 6o.  .................................................................................. "Para tal fin, de oficio o a solicitud de parte se citará a una audiencia en la cual el juez instará a las partes para que concilien sus diferencias, si fueren susceptibles de transacción, y si no lo hicieren, deberá proponer la fórmula que estime justa sin que ello signifique prejuzgamiento. El incumplimiento de este deber constituirá falta sancionable de conformidad con el régimen disciplinario. En esta clase de audiencias sólo permitirá diálogo entre el juez y las partes y entre éstas y sus apoderados con el fin de asesorarlas para proponer fórmulas de conciliación". Por tanto, no se incurrió en vía de hecho por parte del juez del conocimiento al desechar la nulidad interpuesta, pues es claro que en el acta de conciliación las partes expresaron su voluntad libremente, sin que la norma establezca requisitos, como sí lo hace el artículo 2o. de la misma ley, no aplicable al caso concreto. Por tanto, no puede el actor, por el hecho de que se haya incumplido el acuerdo pactado en la conciliación, alegar su inconsistencia formal, so pretexto de que el juez desconoció los parámetros señalados en la norma, lo cual es equivocado; pero además, no se puede negar un acuerdo de voluntades expresado libremente por las partes, el cual, dado el caso, sería sanable al haber sido reconocido y firmado por los sujetos procesales que intervinieron en la conciliación. Cabe recordar, igualmente, que en el derecho civil, pilar fundamental y esencial del derecho privado, prevalece el principio de la autonomía de la voluntad, y la ley sólo cumple una función subsidiaria frente al desconocimiento de sus normas generales y especiales. Por tal motivo, la Sala procederá a confirmar la Sentencia de única instancia proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de La Dorada (Caldas), el veinticinco (25) de noviembre de 1994, pero por los motivos expuestos en esta providencia. En efecto, la Sala considera que  no se han presentado irregularidades procesales, ya que el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Salgar (Cundinamarca) obró de conformidad con el artículo 6o. del Decreto 2651 de 1991. Además, el actor puede con el acta de conciliación acudir ante la jurisdicción civil para iniciar un proceso ejecutivo, en el cual le satisfagan sus pretensiones, en caso de que el funcionario competente halle mérito para ello. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión  de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO.-       CONFIRMAR, pero por los motivos expuestos en esta Providencia, la Sentencia del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas (Cund.), proferida el día veinticinco (25) de noviembre de 1994. SEGUNDO.-       COMUNICAR, a través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, el contenido de la presente Sentencia al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas (Cund.). Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado Ponente JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1]Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 2. Sentencia No. T-079/93. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. [2]Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 5. Sentencia No. T-173/93. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. [3]Cfr. Corte Constitucional Sentencias Nos. C-543/92, T-520/92, T-079/93, T-173/93, T-198/93, T-336/93, T-424/93, T-433/93, T-576/93., T-055/94, T-135/94. T-175/94 y T-231/94, entre otras.

T-198-95 Sentencia No Sentencia No. T-198/95 MESADA PENSIONAL-Pago oportuno/PARTIDA PRESUPUESTAL-Ejecución/DERECHOS DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Protección/DERECHO A LA SUBSISTENCIA El Estado adquiere pues, el compromiso de garantizar el pago oportuno de las pensiones, para lo cual debe proveer en los respectivos presupuestos del orden nacional, departamental, distrital y municipal las partidas necesarias para atender de manera cumplida y satisfactoria su obligación constitucional, especialmente cuando quienes se ven afectadas por el incumplimiento o la desidia de las autoridades estatales, son personas de la tercera edad, a quienes en cumplimiento de los dispuesto en el artículo constitucional, el Estado debe concurrir con la sociedad y la familia a su protección y asistencia, así como a garantizarles los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Estas personas requieren del pago oportuno de sus mesadas pensionales en orden a garantizar su subsistencia y las condiciones mínimas para su existencia digna. Se trata además, de personas quienes legítimamente tienen el derecho a un pago oportuno y cumplido, teniendo en cuenta que han prestado sus servicios al Estado y esperan de él como mínima retribución, que se les paguen mesadas pensionales. MESADA PENSIONAL-Pago por prelación Cuando sea comprobadamente insuficiente la partida presupuestal destinada a atender el pago de mesadas pensionales, la entidad de previsión debe darle prelación a los pensionados más antiguos, no sólo por el momento en que se hicieron acreedores a su derecho, sino por la edad que ostentan. REF: EXPEDIENTES ACUMULADOS T-65128; T-65136 y T-65137 Peticionarios: Marco Augusto Serrano Arteaga; Elia Rosa Visbal Fernández; Neovis Robles de López. Procedencia: Juzgado 3º Civil Municipal de Santa Marta; Juzgado 3º Civil del Circuito de Santa Marta. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Tema: - Procedencia de la acción de tutela para el pago de mesadas pensionales atrasadas. Santa Fe de Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero -Presidente de la Sala-, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En los procesos de tutela acumulados identificados con los números de radicación T-65128, T-65136 y T-65137. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, las acciones de tutela de la referencia. Así mismo, mediante auto del 17 de abril del año en curso, la mencionada Sala decidió acumularlas por existir unidad de materia. Por reparto le correspondió el presente negocio a la Sala Séptima de Revisión, que comparte el criterio de acumulación. 1. Solicitudes. 1.1. Expediente T-65128. Marco Augusto Serrano Arteaga, de 88 de edad, pensionado mediante Resolución No. 079 de 1968 de la Caja de Previsión Social del Departamento del Magdalena, impetra acción de tutela contra la mencionada Caja de Previsión Social dado que desde el mes de mayo de 1994 a febrero de 1995 no se le han cancelado las mesadas pensionales y primas correspondientes. Se afirma que se les ha pagado a otros pensionados en similares condiciones a las aquí descritas. Así mismo, se afirma que el pensionado depende de su mesada la cual es de $266.389. El accionante sostiene que tal actitud omisiva vulnera, principalmente, sus derechos a la igualdad, al trabajo y a la vida digna. 1.2. Expediente T-65136. Elia Rosa Visbal Fernández, de 72 años de edad, pensionada sustituta de su hermana Francia María Cotes Fernández, mediante Resolución No. 1100 de 1991 de la Caja de Previsión Social del Departamento del Magdalena, que le reconoció $41.582,99 mensualmente (reajustables), impetra acción de tutela contra la mencionada Caja de Previsión Social debido a que se le adeudan las mesadas pensionales y primas de los años 1992, 1993 y los meses de febrero a noviembre de 1994. Se afirma que si se les ha pagado a otros pensionados en similares condiciones a las aquí descritas. Los declarantes Arnaldo Orozco y Melquiades Donado dicen que Elia Rosa Visbal no posee bienes económicos y dependía de su hermana. La peticionaria manifiesta que la conducta de la Caja de Previsión conculca su derecho a la igualdad. 1.3. Expediente T-65137. Neovis Robles de López, pensionada mediante Resolución No. 1453 de 1984 de la Caja de Previsión Social del Departamento del Magdalena, impetra acción de tutela contra la mencionada Caja de Previsión Social dado que se le adeudan las mesadas pensionales y primas  correspondientes a los meses de: - Agosto a diciembre de 1990. - Enero a diciembre de 1991. - Julio a diciembre de 1993. - Febrero a diciembre de 1994. Se afirma que si se les ha pagado a otros pensionados en similares condiciones a las aquí descritas. En este caso se trata de una pensión de invalidez por que Neovis Robles de López perdió más del 96% de su capacidad laboral, lo cual implicó incapacidad permanente. Inicialmente se le fijó una pensión de $43.460,19. La actora sostiene su alegato en la posible violación a sus derechos a la igualdad y de la tercera edad, por parte de la entidad acusada. 2. Fallos. 2.1. Expediente T-65128. 2.1.1. Juzgado 3º Civil Municipal de Santa Marta. Sentencia del 22 de febrero de 1995. El Juzgado denegó la tutela sosteniendo que "como se puede apreciar con la prueba documental allegada al plenario, se observa que a los pensionados citados por el petente, se encuentran en igual de condiciones que el petente, por cuanto se les adeuda las mesadas correspondientes al segundo semestre del año de 1994 y los meses de enero a febrero de 1995, por lo que el Juzgado considera que no se ha quebrantado el derecho a la igualdad". 2.2. Expediente T-65136. 2.2.1. Juzgado 2º Civil Municipal de Santa Marta. Sentencia del 11 de enero de 1995. La primera instancia tuteló el derecho a la igualdad de la accionante arguyendo que "evaluadas las pruebas de acuerdo con los principios de la sana crítica, hemos llegado al pleno conocimiento de que sí se violó el derecho a la igualdad con que gozamos todas las personas, en lo que hace referencia a la señora ELIA ROSA VISBAL FERNANDEZ, pues por el hecho de haberse preferido o pagado a unos y a otros no, contraría notoriamente con un Estado social de Derecho, eficiente, imparcial y célere". 2.2.2. Juzgado 3º Civil del Circuito de Santa Marta. Sentencia del 21 de febrero de 1995. Interpuesta y admitida la impugnación, el Ad-quem revocó la sentencia de primera instancia manifestando que existen otros medios de defensa judiciales. 2.3. Expediente T-65137. 2.3.1. Juzgado 2º Civil Municipal de Santa Marta. Sentencia del 11 de enero de 1995. El a-quo tuteló el derecho a la igualdad de la accionante expresando que "evaluadas las pruebas presentadas por la tutelante, hemos llegado al pleno conocimiento de que sí se violó el derecho a la igualdad con que gozamos todas las personas, pues por el hecho de haberse preferido o pagado a unos y a otros no, contraría notoriamente con un Estado social de Derecho, eficiente, imparcial y célere". 2.3.2. Juzgado 3º Civil del Circuito de Santa Marta. Sentencia del 21 de febrero de 1995. Interpuesta y admitida la impugnación, el Ad-quem revocó la sentencia de primera instancia manifestando que existen otros medios de defensa judiciales. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto No. 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dichas acciones practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. 2. Tema a tratar. Los peticionarios interponen las acciones de tutela porque se les adeudan mesadas pensionales. Dado lo anterior, se plantea la procedencia de la tutela como mecanismo adecuado para cobrar mesadas pensionales adeudadas. En ese orden de ideas, se reiterará la jurisprudencia de la Corporación en ese sentido. 3. Procedencia de la acción de tutela para lograr el pago de las mesadas pensionales atrasadas. Al respecto de la procedencia de la acción de tutela para lograr el pago de las mesadas pensionales atrasadas, la jurisprudencia actual de la Corte Constitucional es la siguiente: Es claro y diáfano el mandato contenido en el inciso tercero del artículo 53 de la Carta, en virtud del cual el Estado tiene a su cargo el deber de garantizar el derecho de los pensionados al pago oportuno de sus mesadas pensionales, para efectos de lo cual está en la obligación de adelantar las gestiones y adoptar los mecanismos que hagan efectivo el derecho. El Estado adquiere pues, el compromiso de garantizar el pago oportuno de las pensiones, para lo cual debe proveer en los respectivos presupuestos del orden nacional, departamental, distrital y municipal las partidas necesarias para atender de manera cumplida y satisfactoria su obligación constitucional, especialmente cuando quienes se ven afectadas por el incumplimiento o la desidia de las autoridades estatales, son personas de la tercera edad, a quienes en cumplimiento de los dispuesto en el artículo constitucional, el Estado debe concurrir con la sociedad y la familia a su protección y asistencia, así como a garantizarles los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Estas personas requieren del pago oportuno de sus mesadas pensionales en orden a garantizar su subsistencia y las condiciones mínimas para su existencia digna. Se trata además, de personas quienes legítimamente tienen el derecho a un pago oportuno y cumplido, teniendo en cuenta que han prestado sus servicios al Estado y esperan de él como mínima retribución, que se les paguen mesadas pensionales. En tal virtud, cuando no se atiende en forma oportuna el pago de las pensiones legales por parte de las entidades del Estado, deben adoptarse los mecanismos correspondientes y adecuados en orden a hacer efectiva la garantía constitucional plasmada en el artículo 53 de la Carta, especialmente cuando están de por medio los derechos fundamentales a la vida y a la salud de las personas de la tercera edad. Por lo tanto, el pago de las pensiones legales cuando éstas han sido ya reconocidas mediante el respectivo acto administrativo emanado de la entidad de previsión, deben mantener un nivel de eficiencia aceptable para dar respuesta a las necesidades sociales, en orden a la realización de los fines sociales del Estado, a la justicia social y a promover frente a los demás pensionados, una igualdad real y efectiva. Más aún, habiendose dado al Estado colombiano por el constituyente de 1991 un carácter social, se hace indispensable que cometa acciones positivas en favor de la comunidad. En este contexto, el pago cumplido de las pensiones legales es una de tales actuaciones positivas a las que está obligado el Estado. Por ello, es para la Sala fundamental que las autoridades del orden nacional, departamental, distrital y municipal adopten de manera prioritaria las medidas encaminadas a que se incluyan en los proyectos de presupuesto las partidas suficientes en orden a que los pensionados, en particular los de las entidades de previsión, reciban en forma oportuna el pago de las mesadas.(negrillas fuera de texto)[1] Así mismo, en lo que atañe a la eficacia del otro medio judicial de defensa en materia de cobro de mesadas pensionales, la Corporación ha manifestado que: En cuanto a la eficacia que deben tener los medios alternativos de defensa judicial llamados a "sustituir" la tutela, es claro que el otro medio de defensa judicial debe poseer necesariamente, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza tiene la acción de tutela. En el caso de las pensiones de jubilación, la acción ejecutiva laboral ha resultado inoperante para la defensa efectiva de los derechos de los pensionados, debido a la existencia de la norma legal que prohibe la inembargabilidad de los bienes y rentas del presupuesto. En este sentido son improcedentes los argumentos sobre el "otro mecanismo de defensa". El Juez de tutela no puede ser indiferente ante la situación de los pensionados y no puede por tanto, dejar de considerar las condiciones específicas de debilidad en las que se encuentran las personas de la tercera edad y la protección especial que los Convenios Internacionales y la Constitución les conceden. El simple reconocimiento de las pensiones no implica que el derecho haya sido satisfecho en debida forma. Para ello es indispensable en aras de darle eficacia material, que el pensionado no sólo se le reconozca su derecho al cumplir con los requisitos legales, sino que adicionalmente, se le cancelen las mesadas atrasadas o futuras a que tiene derecho. Obligación que debe hacerse efectiva dentro de los términos legales previstos para ello, en aras a no afectar ni desmejorar los derechos ni la calidad de vida de los pensionados. (negrillas fuera de texto)[2] Por otro lado, la misma Corte ha sostenido que cuando sea comprobadamente insuficiente la partida presupuestal destinada a atender el pago de mesadas pensionales, la entidad de previsión debe darle prelación a los pensionados más antiguos, no sólo por el momento en que se hicieron acreedores a su derecho, sino por la edad que ostentan[3]. 4. El caso en cuestión. Los actores de la presente tutela acumulada se encuadran dentro de los supuestos de la jurisprudencia reiterada. En efecto, Elia Rosa Visbal tiene 72 años, Marco Augusto Serrano, 88 años, ambos dependen de la pensión para su subsistencia; y, Neovis Robles de López, si bien es cierto que tiene 57 años, es una inválida, con incapacidad superior al 96%, por tanto, se les concederán las acciones por violación al derecho fundamental a la seguridad social. En ese orden de ideas, se revocarán las sentencias revisadas. En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional RESUELVE PRIMERO: REVOCAR las Sentencias proferida por: a) Juzgado 3º Civil Municipal de Santa Marta, el 22 de febrero de 1995, dentro del expediente T-65128;  b) Juzgado 3º Civil del Circuito de Santa Marta, el 21 de febrero de 1995, dentro del expediente T-65136; y c) Juzgado 3º Civil del Circuito de Santa Marta, el 21 de febrero de 1995, dentro del expediente T-65137, dentro del expediente T-66152. En su lugar, CONCEDER la tutela del derecho a la seguridad social al señor Marco Augusto Serrano Arteaga y a las señoras Elia Rosa Visbal Fernández y Neovis Robles de López. SEGUNDO: ORDENAR a la Caja de Previsión Social del Departamento del Magdalena, a través de su Gerente, a que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a cancelarle al señor Marco Augusto Serrano Arteaga y a las señoras Elia Rosa Visbal Fernández y Neovis Robles de López, las mesadas pensionales y las primas que se le adeudan, siempre y cuando dicho pago no se hubiese efectuado con anterioridad a la notificación de esta providencia. TERCERO: COMUNICAR a través de la Secretaría General de la Corte Constitucional el contenido de la sentencia al Juzgado 3º Civil Municipal de Santa Marta, al Juzgado 3º Civil del Circuito de Santa Marta, al Gerente de la Caja de Previsión Social del Departamento del Magdalena, al Defensor del Pueblo y a los peticionarios de la presente tutela. Notifíquese, comuníquese, publíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA. Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1]Corte Constitucional. Sentencia No. T-147/95. M.P.: Dr. Hernando Herrera Vergara. [2]Corte Constitucional. Sentencia No. T-184/94. M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero. [3]Corte Constitucional. Sentencia No. T-147/95. M.P.: Dr. Hernando Herrera Vergara.

T-199-95 Sentencia No Sentencia No. T-199/95 DERECHO A LA INFORMACION-Veracidad/HABEAS DATA/RECTIFICACION DE INFORMACION La información, para ser veraz, tiene que ser completa, es decir, se espera que comprenda todos los aspectos esenciales del asunto que constituye su objeto. De tal modo que la información incompleta no puede reclamar el calificativo de verdadera. DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Vulneración Las compañías demandadas han vulnerado el derecho que tiene la sociedad accionante de acceder a la administración de justicia para la solución del conflicto en que se encuentra involucrada, toda vez que se ha usado un medio de presión para obligarla de hecho al pago sin darle oportunidad de debatir judicialmente y de obtener, al cabo de un proceso, una definición, favorable o desfavorable. CONDUCTA LEGITIMA DE PARTICULAR/ABUSO DEL DERECHO/DERECHO AL BUEN NOMBRE-Vulneración La conducta legítima del particular es, entonces, la que tiene respaldo en el ordenamiento jurídico vigente al momento de actuar. Si el juez la encuentra configurada al analizar los hechos que se someten a su consideración, sin que, por otra parte, se pueda establecer un ejercicio abusivo de sus derechos, no le está permitido conceder una tutela contra aquél, pues ello significaría deducirle responsabilidad por haberse ceñido a los mandatos que lo vinculaban. Al contrario, probada la violación o la amenaza de un derecho fundamental como consecuencia del comportamiento ilegítimo del particular contra quien la acción se instaura, lo cual implica la certidumbre de que su conducta -positiva o negativa- contradice o ignora los mandatos constitucionales o se aparta de las prescripciones de la ley, o representa abuso, ha de otorgarse la protección judicial, con el fin de hacerle exigible, en el terreno práctico y con la efectividad suficiente, el adecuado cumplimiento del orden jurídico, salvaguardando a la vez las garantías constitucionales del accionante. En este casi no hubo una conducta legítima de las entidades demandadas, pues abusaron de sus derechos, la una pretendiendo forzar un cobro sin que se hubiera definido judicialmente si lo exigido por ella le era en realidad debido y la otra ejerciendo su actividad de información en detrimento del derecho al buen nombre de una persona jurídica sin verificar lo que informaba y suministrando datos incompletos y distorsionados. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-55739 Acción de tutela instaurada por "INTERAMERICANA DE INVERSIONES RINCON Y CIA LTDA." contra "CENTRALUM" y "DATACREDITO". Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los nueve (9) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisan los fallos proferidos por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá y por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. I. INFORMACION PRELIMINAR Mediante oficio del 14 de febrero de 1995, en ejercicio del derecho de insistencia previsto en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, el Defensor del Pueblo solicitó a la Corte Constitucional que seleccionara para revisión el proceso en referencia, con el objeto de evitar un perjuicio grave para la sociedad accionante. Los magistrados en turno, según consta en auto del 1º de marzo de 1995, decidieron acoger la solicitud, por lo cual, una vez seleccionado el caso, fue repartido a esta Sala de la Corte. La Defensoría del Pueblo sintetiza los antecedentes del asunto y los hechos que dieron lugar a la acción de tutela en la siguiente forma: "a. La firma accionante realizó contrato verbal con la SOCIEDAD DE ACEROS Y ALUMINIOS CENTRALUM S.A., a la que adelantó la suma de siete millones de pesos (7'000.000) M/Cte. b. CENTRALUM S.A. habría incumplido el contrato, razón por la cual la sociedad accionante se abstuvo de pagar el resto del dinero debido, por lo que CENTRALUM S.A. demandó, correspondiendo el proceso al Juzgado 18 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, excepcionando la petente el pago del rédito de la obligación, procediendo a constituir el depósito que le ordenó el Juzgado al tenor del Art. 519 del C.P.C. c. CENTRALUM S.A., para presionar el pago de la accionante por una vía distinta al proceso, procedió a reportarla a COMPUTEC S.A. DATACREDITO, bancos de datos comerciales que prestan servicios de información al sector bancario, industrial y comercial. d. Manifiesta la petente que dicha información ha interferido gravemente la obtención de préstamos requeridos por ella para desarrollar su actividad constructora. e. Igualmente afirma que la información suministrada por COMPUTEC S.A. DATACREDITO está lesionando sus intereses, afectando el buen nombre de la entidad y puede ocasionar la parálisis de su actividad económica" La sociedad demandante ejerció la acción por conducto de apoderado, expresando que le habían sido vulnerados los derechos fundamentales contemplados en los artículos 14, 15, 16, 23 y 29 de la Constitución Política. Señaló igualmente el perjuicio que le causaba la actuación, a su juicio inconstitucional, de la compañía contra la cual se dirigió la acción. Dijo el abogado de la demandante que ésta es una firma constructora que requiere, para el desarrollo de su objetivo social, solicitar créditos a las entidades financieras y obtener materiales de construcción que le son suministrados por diferentes proveedores, por lo cual sus derechos están amenazados de modo cierto e inminente por la sociedad demandada. Argumentó, por lo tanto, que su patrocinada, al ejercitar la acción, se fundaba en un interés jurídico actual y suficiente, como para pedir el amparo en concreto en virtud de agresión y permanente amenaza. De acuerdo con la solicitud de tutela, la información que suministra la central de datos "DATACREDITO" está lesionando los intereses de la accionante, afectan su buen nombre y pueden contribuir a paralizar la actividad que desarrolla, causando un perjuicio de proporciones considerables en materia económica, además del daño en el crédito, que habrá de perjudicar sensiblemente sus operaciones hacia el futuro. A la demanda se acompañaron, entre otros documentos, los que acreditan la existencia y representación de las sociedades procesalmente enfrentadas, así como las relativas al juicio ejecutivo instaurado por "Central de Aceros y Aluminios S.A." contra "Interamericana de Inversiones y Cía. Ltda.", que se tramita en el Juzgado 18 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá. II. DECISIONES JUDICIALES En primera instancia resolvió la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, que negó la tutela impetrada, mediante sentencia del 3 de noviembre de 1994. Expresó que, de acuerdo con la información suministrada por "COMPUTEC S.A. -DATACRÉDITO-", en el banco de datos figura que una obligación de la accionante respecto de "Aceros y Aluminios Ltda." vencía en enero de 1994, por lo cual, a la fecha del informe, presentaba mora superior a los 120 días. "En las anteriores condiciones -manifestó el Tribunal- no se puede entender que a la accionante se le amenacen o se hayan violado los derechos de personalidad jurídica, recolección, tratamiento y circulación de datos, libre desarrollo de la personalidad, peticiones respetuosas a las autoridades y el debido proceso consagrado en la C.P.. En tal virtud, el registro informativo que reporta el centro de cómputo DATACREDITO no es errado, porque por razones que no son objeto de análisis en esta oportunidad, CENTRAL DE ACEROS Y ALUMINIOS S.A. CENTRALUM adelantó acción en contra de INTERAMERICANA DE INVERSIONES RINCON Y CIA LTDA.. En consecuencia, una vez se defina por el juez de instancia lo que en derecho corresponda, el accionante, si lo cree conveniente, ante la justicia ordinaria podrá adelantar las acciones pertinentes en defensa de su intereses sociales y patrimoniales". Así, pues, concluyó que, por no existir una información equivocada, "el habeas data reportado con mora en el pago por el término superior a 120 días y cobro en ejecución, es suficiente ilustración para negar el amparo deprecado". Impugnada la sentencia, fue confirmada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia por fallo del 24 de noviembre de 1994. A juicio de la Corte Suprema, el derecho al Habeas Data no comprende la facultad para que las entidades privadas o públicas encargadas incorporen, mantengan o cancelen informaciones distintas a las que realmente corresponden a la verdad porque ello, además de reflejar una ilustración pública falseada o equivocada, arriesga a la comunidad a que tome un comportamiento inadecuado teniendo como fundamento dicha divulgación. De allí -prosiguió la Corte Suprema- que sea la veracidad de la información el fundamento básico para que, de un lado, el particular pueda reclamar contra lo que no se ajuste a ella; y para que, de otro, la comunidad tenga la seguridad de la información. Según la sentencia revisada, no se ha quebrantado el Habeas Data por cuanto, como lo admite el accionante, no existe afirmación equivocada, pues se encuentra en mora en el pago por término superior a 120 días y obra en su contra ejecución judicial. Además -expresa- la acción no está dirigida contra la entidad que ha negado a la accionante el crédito pero, por otra parte, tampoco es posible establecer cómo puede obrarse ilegítimamente cuando una entidad, en uso de la libertad patrimonial, se abstiene de conceder préstamos solicitados y que sólo dependen de su voluntad. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias aludidas, puesto que así lo disponen los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política. La selección y el reparto del expediente se llevaron a cabo según las normas del Decreto 2591 de 1991. La indefensión de la persona ante los bancos de datos La acción de tutela, según lo dispone el artículo 86 de la Constitución Política, cabe ante todo contra las autoridades públicas, ya que éstas, por definición, disponen de una considerable ventaja sobre el gobernado, quien, de no ser por el Derecho, se encuentra indefenso ante ellas. Así las cosas, la persona, a falta de otros instrumentos judiciales, debe gozar de uno que proteja con eficiencia sus derechos fundamentales contra acciones u omisiones oficiales que los lesionen o amenacen, con lo cual se introduce un factor de mínimo equilibrio en las relaciones entre los sujetos activos y pasivos del poder. Obviamente, no son las autoridades las únicas que se hallan en posición de dominio sobre las personas. También los particulares, si bien excepcionalmente y bajo ciertas condiciones, pueden vulnerar o comprometer derechos fundamentales y, por ende, resultaría injusto que mientras se consagran medios constitucionales para la defensa de la persona ante los agentes estatales, se la dejara expósita en manos de los entes privados. A la luz del mencionado artículo de la Carta, una de las situaciones en que procede la acción de tutela contra particulares es aquella consistente en la indefensión del accionante. Sobre tal concepto ha indicado la Corte, diferenciándolo del de subordinación: "Entiende esta Corte que la subordinación alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación que también implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate". (Cfr. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-290 del 28 de julio de 1993). La Carta Política ha dejado en cabeza del legislador la determinación de los casos en que puede proponerse la tutela contra particulares en cualquiera de los supuestos constitucionales básicos. El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 establece tal posibilidad en su numeral 6º: "Cuando la entidad privada sea aquélla contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución". La consagración expresa de esta vía de acceso al juez de tutela se explica fácilmente a partir de la indudable impotencia en que se halla la persona común frente a un banco de datos. El poder informático es, de suyo, un medio dotado de excepcional capacidad de penetración, que no por útil a la sociedad moderna deja de representar un factor de riesgo para los derechos fundamentales, si no se ajusta a unas reglas de moderación y adecuado uso, como lo establece el artículo 15 de la Constitución Política. Todo dato, pero particularmente el financiero, puede afectar de manera grave y en ocasiones irreversible a los individuos a quienes se refiere, lo que hace menester que respecto de su manejo, procesamiento y difusión se establezcan límites razonables que, sin impedir ni obstaculizar el derecho a la información que se canaliza por conducto de las redes informáticas y los archivos de entidades públicas y privadas, preserven de manera cierta y eficaz los derechos a la intimidad, a la honra y al buen nombre de los asociados. Ya ha dilucidado esta Corte que el derecho a la intimidad no es en principio afectado por un dato económico o financiero, mientras éste lo sea en realidad y no desborde su naturaleza para penetrar en el campo reservado de la privacidad que favorece a toda persona. Pero también ha sido enfática en afirmar que si ese desbordamiento se produce, caben el Habeas Data y la acción de tutela para la defensa del derecho fundamental y de la dignidad humana. En cuanto a la honra y el buen nombre, son evidentes las posibilidades de choque entre él y la expansión de informaciones inexactas o erróneas que pongan en tela de juicio, ante el conglomerado, la confianza que se tiene en los hábitos comerciales, financieros y de negocios de una determinada persona. La información incompleta no es información verdadera El funcionamiento de las centrales y bancos de datos, que tiene tanta importancia para asegurar dentro del sector financiero un sistema de seguridad y previsión frente a los deudores riesgosos, tiene sustento constitucional en el derecho a la información, respecto del cual ha destacado la jurisprudencia de esta Corte que es de doble vía, es decir, que tanto le corresponde al que la emite como a quien la recibe. Este último, según lo dice el artículo 20 de la Constitución, tiene derecho a la veracidad e imparcialidad de lo que se le informa. Por otra parte, tal derecho pierde su fundamento de interés general cuando se pretende ejercer con el exclusivo objeto de ofrecer a un particular armas de intimidación o presión sobre otro particular, como acontece en el caso que se estudia. Sobre el dato financiero ha sostenido la Corte (Cfr. Sala Plena. Sentencias de Unificación SU-082 y SU-089 del 1º marzo de 1995. M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía) que, mientras no haya caducado según los criterios razonables que a falta de disposición legislativa ha señalado la jurisprudencia, puede permanecer registrado y divulgarse libremente, en cuanto con ello se sirve al interés general implícito en el adecuado y transparente manejo del crédito. Pero, claro está, de acuerdo con el principio constitucional, ese dato, para ser conservado y transmitido debe corresponder a la verdad. En la providencia de segunda instancia ha sostenido con razón la Corte Suprema de Justicia que la veracidad de la información es el fundamento básico para que, de un lado el particular pueda reclamar contra lo que no se ajuste a ella y para que, de otro, la comunidad tenga certeza sobre la información. También ha expresado ese Tribunal que el derecho al Habeas Data no comprende la facultad de exigir que las entidades que suministran datos incorporen o mantengan informaciones distintas a las que realmente correspondan a la verdad, porque, además de reflejar una ilustración pública falsa, arriesga a la colectividad a que adopte un comportamiento inadecuado teniendo como fundamento dicha divulgación. La Corte Constitucional acoge y respalda esas consideraciones, entre otros motivos porque corresponden a reiterada doctrina suya, pero estima que, en el caso concreto, ellas han debido servir para conceder la tutela impetrada y no para negarla, toda vez que precisamente la sociedad actora resultó lesionada en sus derechos fundamentales por la existencia y difusión de datos que reflejaban apenas una verdad parcial, que conduce a equívocos y que, por ende, no se ajusta a las exigencias constitucionales del derecho a la información. En efecto, debe afirmarse una vez más que la información, para ser veraz, tiene que ser completa, es decir, se espera que comprenda todos los aspectos esenciales del asunto que constituye su objeto. De tal modo que la información incompleta no puede reclamar el calificativo de verdadera. La información divulgada en contra de una persona o entidad ocultando aquellos aspectos favorables que, integrados a los negativos, eliminarían cualquier equívoco, afecta de manera injusta la honra y el buen nombre de aquel a quien se refieren y, por lo tanto, frente a ellas cabe la rectificación y actualización de lo informado. En ello consiste el Habeas Data (Artículo 15 C.P.), sobre el supuesto de que se trata de un mecanismo constitucional, en sí mismo derecho fundamental, que tiene por objeto específico la efectividad de otros derechos fundamentales como la intimidad, la honra y el buen nombre de quien pueda resultar afectado por la inclusión y divulgación de informaciones suyas en archivos y bancos de datos. En lo que respecta al buen nombre, como lo señaló la Sala Plena de esta Corte en las aludidas sentencias de unificación, entra en conflicto con el derecho a la información "cuando aquél se vulnera por la divulgación de ésta". A propósito del Habeas Data, debe la Corte corregir el impropio sentido que a este concepto atribuye la sentencia de primera instancia, puesto que en ella, al hablar del Habeas Data reportado con mora en el pago", se confunde el dato o información con el derecho constitucional a conocerlo, actualizado y rectificado, lo cual constituye error protuberante. En punto de la veracidad del dato, que puede reclamarse en ejercicio del Habeas Data, la Sala Plena ha agregado, precisamente en torno al tema: "Hay que partir de la base de que la información debe corresponder a la verdad, ser veraz, pues no existe derecho a divulgar información que no sea cierta". (Cfr. Sentencias de unificación citadas). A juicio de esta Corporación, una persona no puede ser sometida, con motivo o por causa de parcial y distorsionada información comercial o financiera, a la pérdida de su credibilidad y prestigio, pues éstos corresponden a derechos inalienables que gozan de plena garantía constitucional como integrantes del buen nombre. En el caso examinado no es completa y, por tanto, carece de veracidad la información que reposa en DATACREDITO y que esta entidad divulga acerca de que la sociedad accionante se encuentra en mora de cumplir una obligación, pues se oculta que la falta de pago se ha producido, a raíz del incumplimiento de la otra parte en un negocio subyacente, en el curso de una controversia jurídica que no está llamada a resolver "COMPUTEC -DATACREDITO-" sino que debe decidirse en los estrados judiciales. Para la Corte, la situación que resulta de los hechos acreditados en el expediente no corresponde al caso corriente de la mora en el pago de una obligación ante entidad crediticia, que sería susceptible de registro en bancos de datos para la información de todo el sector financiero, sino que se trata de un contrato bilateral entre particulares, cuya debida ejecución por uno de ellos se discute por el otro. Este último ha hecho uso de la exceptio non adimpleti contractus, prevista en el artículo 1609 del Código Civil en los siguientes términos: "ARTICULO 1609.- En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos". El artículo 1546 ibídem dispone: "En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios". De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, "INTERAMERICANA DE INVERSIONES RINCON Y CIA LTDA." se negó a pagar el saldo acordado con "CENTRAL DE ACEROS Y ALUMINIOS S.A.", porque esta empresa incumplió el contrato en virtud del cual se libró un título valor que sirvió de fundamento para iniciar el proceso judicial correspondiente. Es claro que entre los contratantes han surgido discrepancias en torno al cumplimiento del contrato, lo cual implica que, mientras los jueces de la República no hayan definido cuál de ellos tiene la razón, no puede afirmarse que uno de los dos se encuentre en mora ni se puede, por tanto, resolver el conflicto mediante su registro como deudor moroso en un banco de datos, anticipándose la otra parte a lo que pueda resolver el juez. Tanto es así que, al contestar la demanda instaurada por "CENTRALUM S.A." en proceso ejecutivo singular que cursa en el Juzgado 18 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, "INTERAMERICANA DE INVERSIONES RINCON Y CIA. LTDA." ha excepcionado diciendo que "al no haber realizado el trabajo CENTRALUM en las condiciones pactadas, no puede hacer exigible la obligación y mucho menos la totalidad de ella". La Corte Constitucional no entrará a definir el fondo de la cuestión litigiosa planteada, pues ello excede las competencias del juez de tutela, según reiterada jurisprudencia (Cfr. Sala Plena. Sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992), pero, en el campo de los derechos fundamentales, debe señalar y condenar la conducta asumida por la sociedad "CENTRAL DE ACEROS Y ALUMINIOS S.A." en cuanto, sin esperar a que el Juzgado 18 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá resuelva acerca de la demanda instaurada y de las excepciones de mérito planteadas frente a ella, ha pretendido obtener un pago mediante presión indebida merced al reporte parcial e incompleto de una información que perjudica el buen nombre de su contraparte en el litigio. Es evidente, entonces, el abuso en que incurrió "CENTRAL DE ACEROS Y ALUMINIOS S.A.", alegando el ejercicio de un derecho que no ha sido judicialmente definido. La Sala considera, además, que "COMPUTEC S.A. -División DATACREDITO-" no obró con el cuidado y diligencia que impone la responsabilidad propia de sus actividades, toda vez que admitió y registró el dato suministrado por un particular respecto de otro sin verificar si había sido judicialmente definido el conflicto entre las partes, haciéndose responsable también por el daño al buen nombre de la compañía afectada. Admitir como válida la conducta que en el asunto examinado observó la central de datos implicaría extender hacia el futuro y sin ninguna clase de control las posibilidades de que cualquiera pudiese suministrar a esta clase de empresas, con su beneplácito, datos sin confirmar, tergiversados, manipulados o sencillamente falsos, con el fin de presionar pagos, configurándose así formas extorsivas de cobranza que desconocerían las competencias de los jueces y que, por tanto, de ninguna manera podrían entenderse como sano ejercicio del derecho a la información. De otra parte, la Corte considera que las compañías demandadas han vulnerado el derecho que tiene la sociedad accionante de acceder a la administración de justicia para la solución del conflicto en que se encuentra involucrada, toda vez que se ha usado un medio de presión para obligarla de hecho al pago sin darle oportunidad de debatir judicialmente y de obtener, al cabo de un proceso, una definición, favorable o desfavorable. También es ostensible que se ha desconocido el principio de la buena fe, dentro del cual se presume que son celebrados los contratos, pues "CENTRALUM S.A.", bajo la amenaza de acabar con el prestigio comercial de "INTERAMERICANA DE INVERSIONES RINCON Y CIA. LTDA.", mediante su registro en el banco de datos bajo un rubro que no corresponde a la verdad integral de lo acontecido, pese a la existencia de un mecanismo jurídico para la solución del conflicto -de todas maneras utilizado-, no ha actuado con la debida lealtad hacia el otro contratante. El ejercicio abusivo de un derecho es conducta ilegítima contra la cual puede intentarse la acción de tutela El artículo 45 del Decreto 2591 de 1991 señala que no cabe la acción de tutela contra las conductas legítimas de un particular. Importa, pues, definir si la sociedad demandada actuó legítimamente al solicitar a "DATACREDITO" el registro de una posible mora por parte de la compañía accionante y si fue legítima la actitud del banco de datos al aceptar ese registro sin confirmar los hechos y al divulgarlos. Esta Sala, en su sentencia T-017 del 30 de enero de 1995, señaló los alcances de la mencionada disposición legal en los siguientes términos: "El objetivo de la norma consiste en asegurar que la acción de tutela se ejerza únicamente sobre los supuestos constitucionales de la violación o amenaza de los derechos fundamentales, ocasionadas por acciones u omisiones contrarias al ordenamiento jurídico. Se desarrolla, en últimas, el artículo 6º de la Constitución Política, a cuyo tenor los particulares sólo son responsables ante las autoridades -en este caso los jueces de tutela- por infringir la Constitución o las leyes. La persona debe gozar de una mínima garantía, ofrecida por el Estado y por el ordenamiento jurídico, de que, mientras ajuste su conducta a las normas en vigor -en primer lugar las constitucionales, pero también las impuestas por la ley en tanto no sean incompatibles con la Constitución (artículo 4º C.P.)- y no abuse de sus derechos, no se verá sometida a la imposición de sanciones ni le será deducida responsabilidad alguna. Ello es consecuencia necesaria de los principios básicos del Estado de Derecho y excluye, por tanto, la arbitrariedad del juez, quien únicamente podrá decidir en contra del particular fundado en la convicción real de que éste ha transgredido o desbordado las reglas de convivencia que el sistema jurídico establece. De conformidad con lo expuesto, no puede deducirse la vulneración de derechos fundamentales y menos todavía la responsabilidad del acusado si a éste no se le demuestra, dentro de las normas del debido proceso (artículo 29 C.P.), que se ha apartado de la recta y cabal observancia de la preceptiva constitucional y legal que lo obligaba en los términos del artículo 4º, inciso 2º, de la Carta: "Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades". La conducta legítima del particular es, entonces, la que tiene respaldo en el ordenamiento jurídico vigente al momento de actuar. Si el juez la encuentra configurada al analizar los hechos que se someten a su consideración, sin que, por otra parte, se pueda establecer un ejercicio abusivo de sus derechos, no le está permitido conceder una tutela contra aquél, pues ello significaría deducirle responsabilidad por haberse ceñido a los mandatos que lo vinculaban. Al contrario, probada la violación o la amenaza de un derecho fundamental como consecuencia del comportamiento ilegítimo del particular contra quien la acción se instaura, lo cual implica la certidumbre de que su conducta -positiva o negativa- contradice o ignora los mandatos constitucionales o se aparta de las prescripciones de la ley, o representa abuso, ha de otorgarse la protección judicial, con el fin de hacerle exigible, en el terreno práctico y con la efectividad suficiente, el adecuado cumplimiento del orden jurídico, salvaguardando a la vez las garantías constitucionales del accionante. Insiste la Corte en que el respeto al orden instituído debe estar acompañado del razonable uso de los derechos que se tienen a la luz del sistema jurídico. El abuso del derecho, aunque éste se halle amparado formalmente en una norma jurídica, no legítima la conducta de quien actúa en perjuicio de la colectividad o afectando los derechos ajenos. De allí que el artículo 95 de la Constitución establezca, como primer deber de la persona y del ciudadano, el de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios". Con arreglo a estos criterios, que la Sala ratifica, puede concluirse fácilmente que no hubo una conducta legítima de las entidades demandadas, pues abusaron de sus derechos, la una pretendiendo forzar un cobro sin que se hubiera definido judicialmente si lo exigido por ella le era en realidad debido y la otra ejerciendo su actividad de información en detrimento del derecho al buen nombre de una persona jurídica sin verificar lo que informaba y suministrando datos incompletos y distorsionados. Se revocarán las providencias objeto de revisión, pues en ellas se partió del supuesto erróneo de que la sociedad demandada entregó al banco de datos y éste almacenó y divulgó un dato verdadero, cuando en realidad no lo era, dado su carácter incompleto. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- REVOCAR el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 24 de noviembre de 1994, mediante el cual fue confirmada la decisión en cuya virtud la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, D.C., resolvió negar la tutela solicitada por "INTERAMERICANA DE INVERSIONES RINCON Y CIA LTDA." contra "CENTRAL DE ACEROS Y ALUMINIOS S.A." y "COMPUTEC S.A. -División DATACREDITO-". Segundo.- TUTELAR los derechos al buen nombre y al debido proceso, de los cuales es titular "INTERAMERICANA DE INVERSIONES RINCON Y CIA. LTDA." Tercero.- ORDENASE a "COMPUTEC S.A. -División DATACREDITO-" que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, excluya total y definitivamente de su central de información los datos que posee sobre "INTERAMERICANA DE INVERSIONES RINCON Y CIA. LTDA.", relacionados con el proceso ejecutivo que contra esta entidad inició "CENTRAL DE ACEROS Y ALUMINIOS S.A." y que actualmente cursa en el Juzgado 18 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, D.C. Por el cumplimiento del esta Sentencia será responsable el representante legal de "COMPUTEC S.A", a quien se advierte que el desacato será sancionado en la forma prevista por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- PREVENIR a la empresa "CENTRAL DE ACEROS Y ALUMINIOS S.A." para que en el futuro se abstenga de realizar comportamientos como los que han dado lugar a la presente decisión y a "COMPUTEC S.A. -División DATACREDITO-" para que en próximas oportunidades omita registrar y divulgar informaciones que, por depender de una sentencia judicial, solamente deben ser reportadas y recibidas luego de ejecutoriada la respectiva providencia. Quinta.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-200-95 Sentencia No Sentencia No. T-200/95 LIBERTAD DE CULTOS-Alcance/LIBERTAD DE CULTOS-Límitaciones En ejercicio de una libertad que el Estado garantiza, todos pueden afiliarse a la confesión religiosa de sus preferencias y, obviamente, habiéndose matriculado en una de ellas, el feligrés se compromete a acatar los deberes y obligaciones que exige la profesión de fe. Si bien el Estado se halla obligado por las normas constitucionales a permitir que los fieles de las distintas religiones tomen parte activa en los ritos propios de sus creencias, sin obstáculos ni impedimentos,  los agentes estatales no pueden permanecer pasivos ante situaciones que, desbordando el curso razonable de las ceremonias religiosas, impliquen daño o amenaza a la vida, la integridad personal o la dignidad de los concurrentes o de terceros. Pero el fanatismo religioso, que puede conducir al flagrante peligro de los mismos integrantes de una colectividad de creyentes, o los ritos satánicos, que causan grave daño a la integridad física y moral de los circunstantes, no están comprendidos dentro de la libertad de  cultos. AUTONOMIA DE LAS RELIGIONES/AUTORIDAD ECLESIASTICA-Reglamento En el campo religioso, cada iglesia es libre de establecer, según sus criterios, los reglamentos y disposiciones con arreglo a los cuales habrán de cumplirse los objetivos inherentes a la fe que practica. Las decisiones de tales autoridades, dentro de las competencias que la propia confesión religiosa establece, son obligatorias para sus feligreses en la medida en que sus ordenamientos internos lo dispongan. De la misma manera, las religiones gozan de libertad para establecer requisitos y exigencias en el campo relativo al reconocimiento de dignidades y jerarquías así como en lo referente a los sacramentos, ritos y ceremonias. Todo esto implica un orden eclesiástico que cada comunidad religiosa establece de modo independiente, sin que las autoridades del Estado puedan intervenir en su configuración ni en su aplicación, así como las jerarquías eclesiásticas tampoco están llamadas a resolver asuntos reservados a las competencias estatales. AUTONOMIA DE LA IGLESIA CATOLICA-Bautismo La Iglesia Católica no depende de las autoridades estatales para desarrollar su papel espiritual en el seno de la sociedad colombiana y que no puede ser limitada por aquéllas, corregida u obligada, en lo que concierne específicamente a asuntos de índole religiosa, librados de modo exclusivo a sus principios y normas, que no provienen de la potestad civil y que no se deben a ella. La Iglesia Católica -como todas las religiones que operan en Colombia- puede señalar, sin autorización del Estado, de acuerdo con los lineamientos fundamentales de la fe religiosa y de conformidad con las decisiones de sus propias autoridades, las condiciones y requisitos que deben cumplirse para acceder a los sacramentos, que son elementos típicamente religiosos en cuya administración no intervine la potestad civil, ni para impedirla ni para propiciarla. Uno de ellos es precisamente el del Bautismo. Se trata de un asunto ajeno a la autoridad de la legislación positiva del Estado y sustraído, por tanto, a las decisiones de los jueces, los cuales nada pueden resolver acerca de si el aludido sacramento se imparte o no a determinadas personas, ya que las exigencias previas son también religiosas y están reservadas a la autoridad eclesiástica. -Sala Quinta de Revisión- Ref.: Expediente T-57398 Acción de tutela instaurada por LUZ ADRIANA DIAZ ARREDONDO, CLAUDIA MILENA GONZALEZ TOBON, DIANA PATRICIA GONZALEZ y GLORIA PATRICIA GARCIA contra la ARQUIDIOCESIS DE MANIZALES. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los nueve (9) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Se revisan los fallos proferidos en el caso de la referencia por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. I. INFORMACION PRELIMINAR LUZ ADRIANA DIAZ ARREDONDO, CLAUDIA MILENA GONZALEZ TOBON, DIANA PATRICIA GONZALEZ y GLORIA PATRICIA GARCIA ejercieron acción de tutela contra la Arquidiócesis de Manizales. DIAZ ARREDONDO es madre soltera; GONZALEZ TOBON y GARCIA han procreado en unión de hecho y GONZALEZ es casada civilmente. Todas se afirman católicas, no sólo por tradición sino por convicción interna, y manifiestan que, en tal condición, quieren educar a sus hijos en la fe católica. Se han dirigido a varias parroquias de Manizales -"María Auxiliadora", "San José", "Chipre" y "La Inmaculada"-, con el objeto de tramitar los bautizos de los menores, pero siempre -según declaran- se les ha manifestado que sus hijos son "producto del pecado", que son "hijos naturales" y que "el matrimonio civil no tiene ninguna validez". Finalmente, por diferentes caminos, llegaron todas a la Iglesia de San Antonio. El párroco les dijo que no podía bautizar a los niños por decisión propia y que, en consecuencia, era indispensable la autorización del Arzobispo de Manizales. A él se dirigieron las accionantes y se les negó la autorización por cuanto la orden de no bautizarlos había salido precisamente de allí. II. DECISIONES JUDICIALES En primera instancia, resolvió la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 8 de noviembre de 1994. La protección fue negada por cuanto, a juicio del Tribunal, no podría entenderse que la autoridad civil incursionara en un acto de fe y de conciencia, propio del fuero interno del individuo y que puede ser demandado por éste a la autoridad eclesiástica y concedido por ella si su fe y sus principios así lo ameritan. Según el Tribunal, menos todavía puede el Estado intervenir para obligar a la Iglesia a conceder o reconocer efectos que son de rango eminentemente espiritual y, por ende, gozan de un fuero que escapa a cualquier consideración de los funcionarios estatales. Por ello, la tutela -dijo la sentencia- resulta a todas luces improcedente. Absurdo sería -agregó- que un juez de la República obligara a la autoridad eclesiástica a suministrar el Sacramento del bautismo a un habitante del territorio nacional, no sólo porque la Iglesia es autónoma para regular estas materias por reconocimiento del Estado sino por cuanto no es del resorte de éste determinar si se cumple o no en un caso determinado con los requisitos de la fe católica. Además -concluyó-, de acuerdo con la Circular Pastoral remitida al expediente por el Arzobispo de Manizales, a las personas procreadas en uniones extramatrimoniales no se les niega el Sacramento del bautismo sino que simplemente se les exige acoplarse a determinada reglamentación ejecutable en el tiempo para obtener el suministro de ese acto de fe. Ella consiste en prácticas de catequesis por un determinado lapso para establecer si realmente el beneficiario y los padres quieren acogerse a los postulados del catolicismo. Sostuvo el Tribunal que indiscutiblemente, como potestad espiritual autónoma, la Iglesia está facultada para consignar tales reglamentaciones. Impugnado el fallo, fue confirmado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo del 13 de diciembre de 1994, en el cual se resaltó que el Concordato entre la Santa Sede y la República de Colombia -Tratado Público regido por el Derecho Internacional, aprobado e incorporado a la legislación colombiana mediante la Ley 20 de 1974- estableció a favor de la Iglesia Católica un fuero dotado de plena autonomía frente a la potestad civil, dejándola en plena libertad para ejercer su autoridad espiritual y su jurisdicción eclesiástica. Según la providencia, la Iglesia tiene su gobierno y sus normas autónomas y separadas del aparato legal que rige para el Estado y sus asociados, por lo cual es improcedente la acción de tutela. Ahora -terminó diciendo- si se entendiera que mediante esta acción se cuestiona una omisión de un particular, sería pertinente señalar que, como lo establece el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la tutela cobra vida en el señalado evento siempre y cuando la falencia se encuentre subsumida dentro de uno de los casos que la misma norma consagra, circunstancia extraña a lo mostrado en autos. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos que anteceden, según lo disponen los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y de acuerdo con las normas del Decreto 2591 de 1991. El alcance y los límites de la libertad de cultos La Constitución Política garantiza la libertad de conciencia (Artículo 18), asegurando a cada uno la inviolabilidad de sus creencias en materia religiosa, las cuales no pueden ser afectadas por la actividad del Estado o por la injerencia de los particulares. Al tenor del precepto constitucional, nadie puede ser molestado por razón de sus convicciones ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia. Por tanto, en la esfera de su interioridad inalienable, cada uno resuelve con autonomía aquello que habrá de configurar su fe religiosa, su concepción sobre la divinidad, los principios de su comportamiento frente a ella y su aceptación o rechazo a los símbolos que la representan. En el campo de esta libertad hay lugar, inclusive, para no creer en nada, si tal es el resultado del proceso interior mediante el cual se fija la posición de la persona frente a los temas espirituales. Como consecuencia de las propias concepciones, cada hombre asume unas conductas externas que traducen en la práctica las ideas religiosas que profesa. En ejercicio de una libertad que el Estado garantiza, todos pueden afiliarse a la confesión religiosa de sus preferencias y, obviamente, habiendose matriculado en una de ellas, el feligrés se compromete a acatar los deberes y obligaciones que exige la profesión de fe. La comunidad demanda normalmente signos externos que muestren el compromiso de los creyentes y su identificación con los valores que propugna. Los fieles, en desarrollo de la misma libertad, convencidos como están sobre las verdades de sus creencias, asumen la tarea de divulgarlas y de ganar nuevos adeptos. La Constitución garantiza, entonces, la libertad de cultos (Artículo 19), en cuya virtud toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Pero, desde luego, estas libertades no son absolutas. Han de ejercerse dentro del respeto al orden jurídico y a los derechos fundamentales de las personas. Al respecto, cabe reiterar lo dicho por la Corte: "El artículo 18 de la Constitución garantiza la libertad de conciencia. Ni el Estado ni los particulares pueden impedir que se profesen determinadas creencias, ni ocasionar molestias al individuo por causa de sus convicciones. En concordancia con esa garantía, la Constitución asegura a las personas su libertad de practicar, individual o colectivamente, los cultos, devociones y ceremonias propios de su credo religioso y la difusión de los criterios y principios que conforman la doctrina espiritual a la que él se acoge (artículo 19 C.N.). Empero, estas libertades no son absolutas. Encuentran sus límites en el imperio del orden jurídico, en el interés público y en los derechos de los demás. Su ejercicio abusivo, como el de cualquier otro derecho, está expresamente proscrito por el artículo 95, numeral 1, de la Constitución. Una correcta interpretación constitucional no puede llevar a convertir la libertad de cultos en motivo para cercenar los demás derechos fundamentales. Su uso debe ser razonable y adecuado a los fines que persigue. Los desbordamientos quedan sujetos a la acción de las autoridades, que, según el perentorio mandato del artículo 2º de la Constitución, han sido instituidas, entre otras cosas, para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus creencias, pero también para asegurar los derechos y libertades de los demás y para garantizar el cumplimiento de los deberes sociales de los particulares. La Corte Constitucional ratifica en esta ocasión la doctrina de la convivencia de los derechos, es decir, la tesis de que pueden hacerse compatibles sobre la base de que, siendo relativos, su ejercicio es legítimo mientras no lesione ni amenace otros derechos, ni atente contra el bien general. En la medida en que ello acontezca, se torna en ilegítimo. Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-465 del 26 de octubre de 1994). Resulta, entonces, que si bien el Estado se halla obligado por las normas constitucionales a permitir que los fieles de las distintas religiones tomen parte activa en los ritos propios de sus creencias, sin obstáculos ni impedimentos, siendo proscrita también cualquier gestión suya encaminada a forzar tales prácticas, pues la conducta oficial debe ser de total imparcialidad, los agentes estatales no pueden permanecer pasivos ante situaciones de esta naturaleza que, desbordando el curso razonable de las ceremonias religiosas, impliquen daño o amenaza a la vida, la integridad personal o la dignidad de los concurrentes o de terceros. Así, por ejemplo, en desarrollo de la función constitucional de las autoridades, que consiste en proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus vidas, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades (Artículo 2º C.P.), ellas están obligadas a intervenir cuando los ritos de una congregación o secta puedan implicar la práctica de sacrificios humanos, torturas, atentados contra la salud material o psíquica de las personas. En ese orden de ideas, el fanatismo religioso, que puede conducir al flagrante peligro de los mismos integrantes de una colectividad de creyentes, o los ritos satánicos, que causan grave daño a la integridad física y moral de los circunstantes, no están comprendidos dentro de la libertad de  cultos. Así lo ha manifestado con claridad el artículo 5º de la Ley Estatutaria 133 de 1994: "ARTICULO 5º No se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley las actividades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos; el satanismo, las prácticas mágicas o supersticiosas o espiritistas u otras análogas ajenas a la religión". La Corte Constitucional declaró exequible la norma, destacando que "obviamente este tipo de actos es y puede ser objeto de control de legalidad y de tutela judicial específica de un derecho constitucional fundamental" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-088 del 3 de marzo de 1994). La Corte reitera lo dicho en el sentido de que el precepto transcrito desarrolló las disposiciones constitucionales y dió al concepto de libertad religiosa un alcance, que no es otro que el resultante del conjunto normativo plasmado en la Ley Estatutaria. Esta Sala añade a lo ya dicho que el satanismo y las prácticas mágicas o supersticiosas no pueden constituir expresión ni forma de la libertad de cultos, en cuanto por definición contradicen la idea de la divinidad, son esencialmente opuestas a la religión y, por ende, en ellas no puede ampararse nadie, como si hiciera ejercicio de un derecho constitucional, menos todavía si comportan violación o amenaza de derechos fundamentales. Así, pues, si el Estado encuentra que se llevan a cabo prácticas de la índole mencionada en contra de la integridad o la vida de las personas, no solamente goza del derecho sino que tiene la obligación de actuar para la protección efectiva de los derechos que pudieran resultar afectados. Autonomía de las religiones frente al Estado En el inciso segundo de su artículo 19, la Constitución declara que todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Todas las congregaciones, independientemente de su origen y de los principios que las inspiren, gozan ante el Estado colombiano de las mismas garantías y pueden ejercer, dentro de los aludidos límites, su actividad pastoral y las gestiones encaminadas a la realización de los fines que les son propios. En el campo religioso, cada iglesia es libre de establecer, según sus criterios, los reglamentos y disposiciones con arreglo a los cuales habrán de cumplirse los objetivos inherentes a la fe que practica. Igualmente hacen parte de la garantía constitucional la autonomía de sus autoridades y la fijación de las normas con base en las cuales ellas actúan. Las decisiones de tales autoridades, dentro de las competencias que la propia confesión religiosa establece, son obligatorias para sus feligreses en la medida en que sus ordenamientos internos lo dispongan. De la misma manera, las religiones gozan de libertad para establecer requisitos y exigencias en el campo relativo al reconocimiento de dignidades y jerarquías así como en lo referente a los sacramentos, ritos y ceremonias. Todo esto implica un orden eclesiástico que cada comunidad religiosa establece de modo independiente, sin que las autoridades del Estado puedan intervenir en su configuración ni en su aplicación, así como las jerarquías eclesiásticas tampoco están llamadas a resolver asuntos reservados a las competencias estatales. El legislador, mediante la Ley 133 de 1994, declarada exequible por la Corte Constitucional, según Sentencia C-088 del 3 de marzo de 1994, estableció con claridad (Artículo 13) que "las iglesias y confesiones religiosas tendrán, en sus asuntos religiosos, plena autonomía y libertad y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y disposiciones para sus miembros". Agrega el precepto legal estatutario que en dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por aquéllas para la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y de su carácter propio, así como del debido respeto de sus creencias, sin perjuicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en especial de los de la libertad, igualdad y no discriminación. Entonces, la Constitución de 1991 garantiza el pluralismo religioso, es decir, permite la coexistencia de las diversas confesiones y creencias, a la vez que garantiza a todas, por igual, la libre práctica de sus cultos y el desarrollo de las actividades que buscan extender entre la población sus convicciones, siempre que al hacerlo respeten el orden jurídico y los derechos fundamentales de las personas. La Carta, en diversas normas, desarrolla esta garantía, con miras a una convivencia pacífica basada en el respeto de todos a las ideas y creencias de los demás y en la necesidad de propiciar que cada uno, en la órbita propia de su individualidad, adopte bajo un responsable uso de su libertad, las decisiones que mejor convengan a sus ideales y convicciones. El artículo 38 de la Constitución permite que los fieles de una religión se agrupen mediante organizaciones que la representen y el artículo 42 ibídem reconoce efectos civiles a los matrimonios religiosos, en los términos que establezca la ley. Las autoridades del Estado no entran a definir las reglas internas de las asociaciones en cuestión sino que se limitan a asegurar su funcionamiento libre, en cuanto no perturbe el orden jurídico. Por lo que respecta a los matrimonios, la normatividad civil acoge lo que en el seno de la respectiva religión se haya dispuesto para la validez de los vínculos que se establezcan, sin entrar en controversia acerca de los requisitos y trámites de orden sacramental que las autoridades eclesiásticas y las normas por ellas expedidas hayan previsto. La actitud del Estado consiste apenas en tomar como punto de referencia lo que certifiquen los respectivos funcionarios eclesiásticos, con el fin de que lo actuado, según las prescripciones religiosas, tenga consecuencias en el terreno civil, como lo dispongan las leyes. Autonomía de la Iglesia Católica frente al Estado colombiano Según el Preámbulo de la Constitución, ésta fue decretada, sancionada y promulgada invocando la protección de Dios. Si bien el Estado no asume posiciones a favor o en contra de confesiones determinadas, ni se afilia a ninguna de ellas, toda vez que no hay en Colombia una religión oficial, tampoco desdeña las creencias del pueblo, a las cuales respeta y hace respetar, disponiendo los elementos normativos indispensables para asegurar que sea efectiva la libertad de cultos y absteniéndose de interferir en las funciones espirituales que cumplen los prelados y apóstoles de los distintos movimientos religiosos. El Estado -dice el artículo 2º de la Ley 133 de 1994- no es ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. En cuanto a la Iglesia Católica, cuya fe es profesada por la mayoría de la población, el Estado no le brinda trato preferente en detrimento de los demás cultos, ya que la diversidad de creencias no puede constituir motivo de desigualdad o discriminación ante la ley y las autoridades, pero es claro que -como lo expresa el artículo 11 de la mencionada Ley Estatutaria- continúa reconociéndole personería jurídica de Derecho Público Eclesiástico, lo cual es extensivo a las entidades erigidas o que se erijan conforme a lo establecido en el inciso 1º del artículo IV del Concordato celebrado en 1973 entre Colombia y la Santa Sede, aprobado por la Ley 20 de 1974 y en vigencia desde el 2 de julio de 1975. Existen, por tanto, unas normas, pertenecientes a un Tratado Público debidamente celebrado y en vigor que, en aquellos puntos que no fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional (Sentencia C-027 del 5 de febrero de 1993. M.P.: Dr. Simón Rodríguez Rodríguez), deben ser acatadas de manera íntegra por las partes. El artículo II del Concordato, declarado exequible por la Corte Constitucional, dispone que la Iglesia Católica conservará su plena libertad e independencia de la potestad civil y, por consiguiente, podrá ejercer libremente toda su autoridad espiritual y su jurisdicción eclesiástica, conformándose en su gobierno y administración con sus propias leyes. Por su parte, el artículo III ibídem reitera que la legislación canónica es independiente de la civil y no forma parte de ésta, pero será respetada por las autoridades de la República. Comentando estas normas, la Corte, en el Fallo al que se acaba de hacer referencia, puso de presente: "Una manifestación entonces de la libertad religiosa (art. 19 C.N.) es la de aceptar la independencia y autonomía de la autoridad eclesiástica de la Iglesia Católica, como una realidad viviente y hecho sociológico e indiscutible del pueblo colombiano, mas dentro del marco espiritual y pastoral que le es propio". (...) "Valga resaltar que en tratándose de actividades exclusiva y esencialmente dedicadas al ejercicio espiritual y culto de la religión, goza ésta de todas las prerrogativas sin que el Estado pueda entrometerse en ello.  Es este el campo reservado a su dominio sagrado en que puede desenvolverse con toda amplitud y libertad (art. 19 C.N.)". Ese reconocimiento, que constituye elemento integrante de las garantías constitucionales sobre libertad de conciencia y de cultos, significa que la Iglesia Católica no depende de las autoridades estatales para desarrollar su papel espiritual en el seno de la sociedad colombiana y que no puede ser limitada por aquéllas, corregida u obligada, en lo que concierne específicamente a asuntos de índole religiosa, librados de modo exclusivo a sus principios y normas, que no provienen de la potestad civil y que no se deben a ella. Tal concepción favorece no solamente a la Iglesia, considerada como ente jurídico autónomo, sino a las personas que profesan el catolicismo, quienes, libres de cualquier presión externa, se ciñen a sus propias convicciones y desarrollan, en un clima de libertad, sus aspiraciones de orden espiritual. Como expresaba JACQUES MARITAIN desde 1947 en su obra "Los derechos del hombre y la ley natural", buscando el fundamento de la dignidad que hoy reivindican entre nosotros varias normas constitucionales, "la persona humana tiene derecho a la libertad por el mismo hecho de ser una persona, un todo dueño de sí mismo y de sus actos, y que por consiguiente no es un medio, sino un fin que debe ser tratado como tal". Garantizando la libertad de cultos y comprometiéndose el Estado a no interferir entre la Iglesia y sus fieles se realiza el valor superior de la dignidad humana y se hace efectiva la libertad de cada uno en su forma más genuina. Por ende, la independencia de la Iglesia Católica en un país mayoritariamente afiliado al catolicismo desarrolla a cabalidad los principios constitucionales, sin detrimento de las demás confesiones, que, según lo visto, gozan de la misma autonomía y de una total libertad para establecer, en el plano religioso, lo que más convenga a los fundamentos doctrinarios a los que se acoge cada una de ellas. En asuntos como el examinado, la Iglesia Católica -como todas las religiones que operan en Colombia- puede señalar, sin autorización del Estado, de acuerdo con los lineamientos fundamentales de la fe religiosa y de conformidad con las decisiones de sus propias autoridades, las condiciones y requisitos que deben cumplirse para acceder a los sacramentos, que son elementos típicamente religiosos en cuya administración no intervine la potestad civil, ni para impedirla ni para propiciarla. Uno de ellos es precisamente el del Bautismo, que vincula a la persona con la Iglesia y cuyo sentido último corresponde sin lugar a dudas a la expresión de la fe acogida y practicada por los padres del bautizado, quienes, sin perjuicio de las posteriores decisiones que pueda adoptar el niño en la edad adulta, lo inician, mediante el aludido procedimiento, en el ideario católico, en las creencias y en los ritos que le son inherentes. Se trata de un asunto ajeno a la autoridad de la legislación positiva del Estado y sustraído, por tanto, a las decisiones de los jueces, los cuales nada pueden resolver acerca de si el aludido sacramento se imparte o no a determinadas personas, ya que las exigencias previas son también religiosas y están reservadas a la autoridad eclesiástica. La acción de tutela instaurada en este caso resultaba, por ello, del todo improcedente, como bien lo afirmaron los tribunales de instancia. De haber sido despachada favorablemente la demanda, el Estado habría desbordado los límites de su jurisdicción, invadiendo una que le es totalmente extraña. Ella no solamente está fuera de cualquier ordenamiento positivo, sino que escapa inclusive al ámbito temporal en cuanto únicamente tiene relevancia y efectos en el campo de los asuntos espirituales. Así, pues, cualquier resolución judicial en torno a si debían o no tramitarse los bautismos objeto de controversia habría implicado flagrante violación de la Constitución Política, pues habría vulnerado abiertamente la libertad de cultos de los católicos y la de conciencia de las autoridades eclesiásticas correspondientes, y necesariamente habría implicado violación de los artículos II y III del Concordato celebrado entre Colombia y la Santa Sede, fuera del desconocimiento de la normatividad estatutaria consagrada en la Ley 133 de 1994. Distinta hubiera sido la situación si los jerarcas de la Iglesia hubieran vinculado elementos de tipo religioso con consecuencias que afectaran los derechos fundamentales, como habría acontecido en el evento de exigir partidas eclesiásticas de bautismo u otro sacramento como requisito indispensable para atender a un enfermo en peligro de muerte en un centro hospitalario administrado por la respectiva confesión religiosa. Tal conducta no correspondería al ejercicio de una potestad espiritual sino a todas luces material, nada menos que en relación con el derecho a la vida y, por tanto, habría caído bajo la competencia de los jueces en cuanto al restablecimiento y protección de los derechos fundamentales quebrantados. No es tal circunstancia ni otra parecida la que aquí se debate, habiendo sido cabalmente establecida la improcedencia de la acción, motivos por los cuales serán confirmadas las ya citadas providencias. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMANSE los fallos del ocho (8) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y del trece (13) de diciembre del mismo año, proferidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales -Sala Civil-, y por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil-, mediante los cuales se resolvió sobre la petición de tutela formulada por LUZ ADRIANA DIAZ ARREDONDO, CLAUDIA MILENA GONZALEZ TOBON, DIANA PATRICIA GONZALEZ y GLORIA PATRICIA GARCIA, contra la ARQUIDIOCESIS DE MANIZALES. Segundo.- LIBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado                      Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-201-95 Sentencia No Sentencia No. T-201/95 SALARIO-Criterio de diferenciación/DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración/CARRERA ADMINISTRATIVA-Vulneración El tertium comparationis, o criterio de diferenciación, incorporado en el acto administrativo de determinación de las escalas salariales, consiste en el hecho de ostentar un determinado empleo cuya supresión pretende la administración. La omisión de la autoridad administrativa introdujo una diferenciación de trato entre los servidores públicos del municipio, y los servidores públicos con el cargo de Secretario grado 10. MUNICIPAL-Modificación de empleos/DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL/CARRERA ADMINISTRATIVA-Protección La objetividad y razonabilidad del criterio de diferenciación, no obstante, debe apreciarse según los medios escogidos para alcanzar la finalidad propuesta, así como respecto de los efectos que dicha elección tiene para la vigencia de otros valores constitucionales de igual o mayor significación. La autoridad municipal eligió la diferenciación salarial como medio para modificar los empleos de la administración municipal. El medio escogido por la administración para propiciar la sustitución de empleos en el ámbito municipal, consistente en no reconocer a los servidores públicos que ocupan el cargo de secretario grado 10 el incremento salarial correspondiente al año 1994, es ostensiblemente inadecuado y desproporcionado, pese a la posibilidad de aceptar un cargo de mejor remuneración. La inadecuación del medio empleado se hace patente en el ofrecimiento a la petente, como única opción para no ser desmejorada salarialmente, de un empleo de libre nombramiento y remoción de mayor remuneración, pese a su condición de funcionaria de carrera administrativa. La estabilidad del cargo, una de las garantías constitucionales y legales más importantes de la carrera administrativa, resulta desconocida con el mecanismo diseñado por la autoridad pública para modificar la planta de personal de la administración. AUTONOMIA MUNICIPAL-Límites Si bien las autoridades municipales están facultadas para suprimir cargos, no es indiferente cómo lleven a cabo este cometido. El ejercicio de la autonomía, se repite, está sujeto a la Constitución y a la ley, por lo que las decisiones a nivel local deben respetar bienes y valores de superior jerarquía. A este respecto, el Concejo de Bucaramanga no tiene en cuenta que la peticionaria goza de la calidad de empleada de carrera administrativa, condición protegida por la Constitución y la ley que no puede ser desconocida por actos u omisiones de las autoridades administrativas. Respecto al cambio de la naturaleza de los empleos, el artículo 5º de la Ley 27 de 1992 - por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución -, dispone: "Los empleados de carrera cuyos cargos sean declarados de libre nombramiento y remoción, deberán ser trasladados a empleos de carrera con funciones afines y remuneración igual o superior a la del cargo que desempeñan, si existieren vacantes en las respectivas plantas de personal; en caso contrario, continuarán desempeñando el mismo cargo y conservarán los derechos de carrera mientras permanezcan en él". ACCION DE TUTELA POR OMISION DE LA ADMINISTRACION La acción de tutela es la vía procedente para impedir, en el presente caso, que la actuación omisiva de la autoridad pública vulnere o amenace los derechos fundamentales. Los otros medios de defensa judicial que, en principio, estarían a disposición del afectado por las omisiones administrativas, no son idóneos para la protección inmediata del derecho fundamental vulnerado o amenazado. En efecto, las acciones de nulidad, y de nulidad y restablecimiento del derecho, serían inadecuadas para proteger el derecho a la igualdad y al trabajo, ya que, por un lado, no habría acto administrativo sobre el cual recayera la demanda de nulidad, como tampoco habría existido un derecho legal conculcado materia de un eventual restablecimiento. De otra parte, la acción de reparación directa presupone la existencia de un daño, supuesto de hecho que excluye la procedencia de la acción de tutela. Más que una pretensión indemnizatoria, la peticionaria busca que cese la discriminación en su contra. Las acciones contractual y de definición de competencias, son también manifiestamente inapropiadas para el objetivo buscado. Por último, los derechos vulnerados exhiben rango constitucional, por lo que su protección corresponde a la jurisdicción constitucional. SALARIO-Reajuste/PARTIDA PRESUPUESTAL-Orden para que se incluya La orden a impartir por parte del juez de tutela con miras a proteger los derechos fundamentales violados o amenazados, debe tener en cuenta las posibilidades jurídicas y fácticas para su realización. Como quiera que el reconocimiento del reajuste salarial depende de su inclusión en el presupuesto, sólo podrá ordenarse que este se incorpore en el próximo acuerdo municipal que se decrete sobre la materia. La orden consistirá entonces en que se tomen las medidas para garantizar el reajuste salarial de los años 1994 y 1995 (con base en el sueldo reajustado de 1994) a la peticionaria, por parte de las autoridades administrativas competentes. Mayo 10 de 1995 Ref:     Expediente T-56630 Actor: SONIA ESMERALDA ARIZA GUERRERO Magistrado Ponente: EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Temas: - Derecho a la igualdad - Inadecuación y desproporción del   medio de diferenciación - Protección constitucional de los empleos de carrera La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela número T-56630 promovido por la Señora  SONIA ESMERALDA ARIZA GUERRERO contra el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA . ANTECEDENTES 1. SONIA ESMERALDA ARIZA GUERRERO fue nombrada en propiedad para ocupar el cargo de Secretario de la Inspección de Control de Calidad, Pesas y Medidas, grado 10, dependiente de la Secretaría de Gobierno, con una asignación mensual de $ 158.600 pesos, mediante Decreto 437 del 27 de mayo de 1992, expedido por el Alcalde Mayor de Bucaramanga. 2. Sonia Esmeralda tomó posesión el día 23 de junio de 1992. El manual de funciones y calidades vigente en la entidad, establecía para dicho cargo las funciones de certificar los actos administrativos ejecutoriados por el Inspector, sustanciar y tramitar los procesos por contravenciones de las normas de control de calidad, precios, pesos y medidas, entre otras. Para ser nombrada, Sonia Esmeralda debió acreditar como requisitos que había cursado 5 años de derecho, tenía experiencia de un año en consultorio jurídico y había recibido capacitación durante un mes en la  Alcaldía Municipal. 3. Luego de su posesión, Sonia Esmeralda solicitó su incorporación a la carrera administrativa. El Servicio Civil, Seccional Santander, mediante oficio del 9 de marzo de 1994, le comunicó que por resolución 91 del 4 de marzo del mismo año y a partir de esa misma fecha, había sido inscrita en la carrera administrativa en el empleo de Secretario de Inspección de Control de Calidad, Precios, Pesos y Medidas. 4. La asignación salarial fijada por el Concejo de Bucaramanga para el cargo de Secretario de Inspección, grado 10, para el año de 1993, fue de $ 199.800 pesos (resolución 113 del 9 de diciembre de 1992), correspondiente a un reajuste del 25,9% con respecto de la asignación de 1992. Para el año de 1994, el mismo Concejo Municipal no previó reajuste salarial para el cargo de Secretario de Inspección y mantuvo vigente la asignación dispuesta para el año de 1993. En su reemplazo, el artículo 9 del Acuerdo 109 del 10 de diciembre de 1993 - por el cual se establecían las asignaciones mensuales para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1994 -, dispuso: "A partir del primero (1º) de Enero de 1994, los funcionarios que desempeñan los cargos de Secretario en las Inspecciones, Comisarías y Juzgados de Ejecuciones Fiscales podrán posesionarse como Secretario II Grado 11 en sus respectivas dependencias. "En la medida en que se produzcan estos ascensos se eliminarán los cargos de secretarios". 5. El Alcalde de Bucaramanga expidió el Decreto 834 del 30 de diciembre de 1993, por el cual se modificó parcialmente el Decreto 442 del 28 de junio de 1993, cuyo artículo único determinó que los cargos de Secretario de Inspección grado 10 adscritos a la Secretaría de Gobierno Municipal, entre otros, son empleos de carrera y no de libre nombramiento y remoción como aparece en  el artículo 1º del decreto modificado. 6. Sonia Esmeralda Ariza instauró acción de tutela contra el Municipio de Bucaramanga. Afirma la peticionaria que el Concejo Municipal vulnera su derecho fundamental a la igualdad, ya que el Acuerdo 109 de 1993 la  despoja del grado salarial 10 establecido para los Secretarios de Inspección, y le fija una remuneración igual a la devengada en el año de 1993, mientras que los demás funcionarios del mismo grado sí se benefician con un aumento salarial del 26%, al igual que los restantes empleados oficiales al servicio del Municipio de Bucaramanga. La actora considera que la actuación del órgano administrativo vulnera igualmente su derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas. "Dentro del mismo acuerdo se condicionó (artículo 9) el restablecimiento del grado conjuntamente con el incremento salarial al hecho de renunciar al cargo de Secretario grado 10 amparado por la calidad de empleado público escalafonado en carrera administrativa, siempre y cuando me posesionara inmediatamente en un nuevo cargo denominado secretario II grado once (11) de libre nombramiento y remoción (...) Mientras en la actualidad soy empleada de carrera administrativa, por ser aparentemente inamovible me desmejoran salarialmente con la intención de obtener mi renuncia y un cargo burocrático más dentro del reparto de los intereses políticos". La petente aduce la procedencia de la acción de tutela, debido a que ya operó la caducidad de las acciones contencioso administrativas que podrían haberse interpuesto contra el Acuerdo Municipal N°109 de Diciembre de 1993. 7. Solicita se ordene al representante legal del Municipio de Bucaramanga efectuar el reintegro de su cargo a la escala salarial grado diez (10) y se proceda a reajustarle el salario como a todos los demás funcionarios, en igualdad de condiciones. Pretende, igualmente, que se ordene la reparación del daño emergente causado mediante las acciones y omisiones del Concejo Municipal, y que se advierta a dicho funcionario para que no vuelva a incurrir en la conducta descrita. 8. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 23 de  noviembre de 1994, niega por improcedente la tutela solicitada. Afirma el fallador que los términos empleados por la petente permiten inferir que era consciente de que el acto (Acuerdo Municipal N° 109 de Diciembre de 1993) podía ser demandado por la vía contencioso administrativa, "habiendo dejado transcurrir los términos que tenía para hacerlo ...". A su juicio, sí la demandante gozó de la oportunidad de incoar una acción judicial oportunamente, y no agotó ese procedimiento a sabiendas de su existencia, "carece de viabilidad el buscar como medio alternativo la acción de tutela, cuando entre otras cosas no se ha impetrado para evitar un perjuicio irremediable". FUNDAMENTOS JURIDICOS Situación descrita por la peticionaria 1. La peticionaria denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo. Estima que la omisión del Concejo Municipal de Bucaramanga, de decretar para el cargo que ocupa - Secretario de inspección de control de calidad, precios, pesos y medidas - un incremento salarial para el año de 1994 equivalente al de los demás funcionarios de la administración local, constituye un trato discriminatorio, inequitativo e indiscutiblemente arbitrario. Por otra parte, advierte que la omisión administrativa - que se traduce en un desmejoramiento salarial -, y la posibilidad de renunciar al cargo de carrera administrativa y acogerse a un cargo de libre nombramiento y remoción, con una mayor asignación salarial (Acuerdo 109 de 1993, artículo 9), violan el derecho al trabajo. Derecho a la igualdad: términos de comparación y criterio de diferenciación 2. La petente considera que es discriminada respecto de los demás servidores públicos del municipio de Bucaramanga, a los cuales les fue aumentado en un 26% el salario para el año 1994, mientras que a ella, y a los demás funcionarios que ocupan el cargo de Secretario grado 10, el Concejo Municipal omitió decretar el referido aumento. La comparación de las escalas salariales aprobadas por el Concejo de Bucaramanga para los años 1993 (acuerdo 113 de 1992) y 1994 (acuerdo 109 de 1993), muestra que para el cargo de Secretario de Inspección se mantuvo en 1994 la asignación de $ 199.800 dispuesta para 1993, mientras que los demás funcionarios de la administración local recibieron un aumento en su asignación mensual del 26%. De esta forma, la omisión de la autoridad administrativa introdujo una diferenciación de trato entre los servidores públicos del municipio, y los servidores públicos con el cargo de Secretario grado 10, para los cuales el acuerdo 109 previó la posibilidad de renunciar al cargo y de acogerse a otro de diferente denominación, con mejor salario, pero de libre nombramiento y remoción. El tertium comparationis, o criterio de diferenciación, incorporado en el acto administrativo de determinación de las escalas salariales, consiste en el hecho de ostentar un determinado empleo cuya supresión pretende la administración. En efecto, sólo a los funcionarios con el cargo de Secretario grado 10, se les suprime el grado y mantiene sin variación su asignación salarial de 1993 para el año 1994, mientras que a los demás servidores públicos se les reajusta el salario. La finalidad buscada con esta diferenciación se evidencia explícitamente en el artículo 9 del acuerdo 109 de diciembre 10 de 1993, que dispone la eliminación del cargo "en la medida que se produzcan estos ascensos". Justificación objetiva y razonable 3. Según reiterada doctrina de la Corte, "toda desigualdad no constituye necesariamente una discriminación; la igualdad sólo se viola si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida"[1]. Finalidad buscada 4. La finalidad buscada por la administración en el acuerdo 109 de 1993, o sea, la eliminación de unos empleos y la creación de otros, en principio, goza de fundamento constitucional. El principio autonómico que atempera el carácter unitario de nuestro régimen político (CP art. 1), garantiza a las entidades territoriales, entre ellas a los municipios, autonomía en la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley (CP art. 287). La Carta Política atribuye al alcalde, como jefe de la administración local, la facultad de crear, suprimir o fusionar empleos de sus dependencias, con arreglo a los acuerdos correspondientes (CP art. 315-7), lo cual encuentra justificación práctica en la necesidad de adecuar el tamaño y capacidad de gestión de la administración a las cambiantes exigencias de la población. En abstracto, ningún reparo de índole jurídica puede hacerse a la autoridad pública competente que decide desestimular la permanencia en un cargo, mediante el ofrecimiento a los servidores públicos afectados de la posibilidad de posesionarse en otro de reciente creación y de mejor remuneración. Si la administración goza de la atribución de suprimir un empleo de sus dependencias, con mayor razón puede adoptar medidas para hacer menos atractiva la permanencia en un cargo. En este sentido, la determinación del Concejo de Bucaramanga (Acuerdo 109 de 1993, art. 9) de desestimular la permanencia en el cargo de Secretario en las Inspecciones, Comisarías y Juzgados de Ejecuciones Fiscales, y propiciar su modificación por el cargo de Secretario II grado 11, es una finalidad legítima, con base en la cual es lícito diferenciar entre unos empleos y otros. Constitucionalidad de los medios escogidos 5. La objetividad y razonabilidad del criterio de diferenciación, no obstante, debe apreciarse según los medios escogidos para alcanzar la finalidad propuesta, así como respecto de los efectos que dicha elección tiene para la vigencia de otros valores constitucionales de igual o mayor significación. La autoridad municipal eligió la diferenciación salarial como medio para modificar los empleos de la administración municipal. En sí mismo, el reajuste del salario a unos cargos y a otros no, puede ser un eficaz  instrumento para persuadir a ciertos funcionarios para que acepten un cambio de empleo que se considera conveniente. No obstante, para que la diferenciación introducida no devenga en trato discriminatorio o arbitrario, la autoridad pública debe evaluar si el medio utilizado es adecuado, necesario y proporcional a los fines propuestos. El medio escogido por la administración de Bucaramanga para propiciar la sustitución de empleos en el ámbito municipal, consistente en no reconocer a los servidores públicos que ocupan el cargo de secretario grado 10 el incremento salarial correspondiente al año 1994, es ostensiblemente inadecuado y desproporcionado, pese a la posibilidad de aceptar un cargo de mejor remuneración. En efecto, si bien las autoridades municipales están facultadas para suprimir cargos (CP art. 315-7), no es indiferente cómo lleven a cabo este cometido. El ejercicio de la autonomía, se repite, está sujeto a la Constitución y a la ley (CP art. 287), por lo que las decisiones a nivel local deben respetar bienes y valores de superior jerarquía. A este respecto, el Concejo de Bucaramanga no tiene en cuenta que la peticionaria goza de la calidad de empleada de carrera administrativa, condición protegida por la Constitución (CP art. 125) y la ley (L. 27 de 1992) que no puede ser desconocida por actos u omisiones de las autoridades administrativas. Respecto al cambio de la naturaleza de los empleos, el artículo 5º de la Ley 27 de 1992 - por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución -, dispone: "Los empleados de carrera cuyos cargos sean declarados de libre nombramiento y remoción, deberán ser trasladados a empleos de carrera con funciones afines y remuneración igual o superior a la del cargo que desempeñan, si existieren vacantes en las respectivas plantas de personal; en caso contrario, continuarán desempeñando el mismo cargo y conservarán los derechos de carrera mientras permanezcan en él". 6. La inadecuación del medio empleado se hace patente en el ofrecimiento a la petente, como única opción para no ser desmejorada salarialmente, de un empleo de libre nombramiento y remoción de mayor remuneración, pese a su condición de funcionaria de carrera administrativa. La estabilidad del cargo, una de las garantías constitucionales y legales más importantes de la carrera administrativa, resulta desconocida con el mecanismo diseñado por la autoridad pública para modificar la planta de personal de la administración. La petente, quien con justificada razón se niega a perder su calidad de funcionaria de carrera administrativa, debe soportar, por ese sólo hecho,  una reducción (en términos reales) de su salario, dada la inflación registrada en 1993 (23% aproximadamente). 7. El medio utilizado por la autoridad pública es igualmente desproporcionado. Los beneficios administrativos de la supresión del cargo de secretario grado 10 y su sustitución por el de secretario II, grado 11, de ninguna manera serían equiparables a la lesión de derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo de la petente y del principio medular de la organización estatal y de la función pública según el cual los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo específicas excepciones (CP art. 125). Las autoridades municipales habrían podido escoger un medio menos lesivo para la consecución de la finalidad buscada, por ejemplo mediante el ofrecimiento de una remuneración suplementaria o de un mayor grado en la escala salarial sin afectar el poder adquisitivo ni la calidad de los funcionarios de carrera que optaren por permanecer en su cargo, lo que sí resultaría compatible con la igualdad de oportunidades para todos los servidores públicos y con la protección del trabajo en condiciones dignas y justas. Procedencia de la acción de tutela respecto de omisiones de la administración 8. El Tribunal de instancia deniega la solicitud de tutela con fundamento en la disponibilidad de otro medio de defensa judicial. A su juicio, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho era la vía adecuada para impugnar el acto administrativo emanado del Concejo de Bucaramanga. No obstante, en su concepto, la acción administrativa caducó (C.C.A., art. 136), sin que sea admisible ahora que la petente intente utilizar la acción constitucional como una alternativa adicional. El fallador de tutela no distingue entre las acciones y omisiones de la autoridad pública demandada, al momento de denegar por improcedente la acción de tutela. Si bien le asiste razón en cuanto a la posibilidad de incoar la acción de nulidad contra el artículo 9º del acuerdo 109 del 10 de diciembre de 1993 - que contemplaba la facultad para los secretarios grado 10 de acogerse a otro empleo con mayor remuneración -, no sucede lo mismo respecto de la omisión en reajustar el salario para el año 1994 a dichos servidores públicos. Como se ha demostrado, esta actuación omisiva carece de justificación objetiva y razonable y vulnera los derechos fundamentales de la peticionaria. Las acciones contencioso administrativas no son, en este caso, los medios judiciales idóneos para impedir la omisión de la autoridad pública demandada. La acción de tutela es la vía procedente para impedir, en el presente caso, que la actuación omisiva de la autoridad pública vulnere o amenace los derechos fundamentales. Los otros medios de defensa judicial que, en principio, estarían a disposición del afectado por las omisiones administrativas (C.C.A. art. 83), no son idóneos para la protección inmediata del derecho fundamental vulnerado o amenazado. En efecto, las acciones de nulidad, y de nulidad y restablecimiento del derecho, serían inadecuadas para proteger el derecho a la igualdad y al trabajo, ya que, por un lado, no habría acto administrativo sobre el cual recayera la demanda de nulidad, como tampoco habría existido un derecho legal conculcado materia de un eventual restablecimiento. De otra parte, la acción de reparación directa presupone la existencia de un daño, supuesto de hecho que excluye la procedencia de la acción de tutela. Más que una pretensión indemnizatoria, la peticionaria busca que cese la discriminación en su contra. Las acciones contractual y de definición de competencias, son también manifiestamente inapropiadas para el objetivo buscado. Por último, los derechos vulnerados exhiben rango constitucional, por lo que su protección corresponde a la jurisdicción constitucional. La orden a impartir por parte del juez de tutela con miras a proteger los derechos fundamentales violados o amenazados, debe tener en cuenta las posibilidades jurídicas y fácticas para su realización. Como quiera que el reconocimiento del reajuste salarial depende de su inclusión en el presupuesto, sólo podrá ordenarse que este se incorpore en el próximo acuerdo municipal que se decrete sobre la materia. La orden consistirá entonces en que se tomen las medidas para garantizar el reajuste salarial de los años 1994 y 1995 (con base en el sueldo reajustado de 1994) a la peticionaria, por parte de las autoridades administrativas competentes[2]. En cuanto a las demás personas teóricamente colocadas en las mismas circunstancias, el fallo de la Corte no puede cobijarlas, dados los efectos inter partes de este tipo de decisión. La Corte advierte, sin embargo, que la administración debería adoptar, con fundamento en los principios de la buena fe (CP art. 83) y de efectividad de los derechos, principios y deberes consagrados en la Constitución (CP art. 2), las medidas necesarias para evitar nuevas demandas contra el Estado por los mismos hechos. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión, RESUELVE: PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, proferida el 23 de  noviembre de 1994. SEGUNDO.- CONCEDER a SONIA ESMERALDA ARIZA GUERRERO la tutela de sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo. En consecuencia, ordenar al Alcalde de Bucaramanga y al Concejo de la misma ciudad, en vista de la indicada omisión inconstitucional, que adopten las medidas pertinentes para garantizar que en el próximo acuerdo que fije las asignaciones salariales de los servidores públicos del municipio, se incorpore el reajuste salarial de 1994 y de 1995, con base en el salario reajustado de 1994, a que tiene derecho la peticionaria. TERCERO.- LIBRESE comunicación al mencionado Tribunal, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General (Sentencia aprobada por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995) ). [1]Corte Constitucional. Sentencia T-422 de 1992 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz [2] Corte Constitucional. Sentencia T-185 de 1993 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo

T-202-95 Sentencia No Sentencia No. T-202/95 DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL DE COMPAÑERO PERMANENTE/ PRINCIPIO DE IGUALDAD /DISCRIMINACION POR SEXO A partir de la vigencia de la ley 71 de 1988, el compañero permanente también tiene derecho a la sustitución pensional y, en tal virtud, es equivocada la aseveración que se hace en los actos de la aludida Seccional en el sentido de que al peticionario no le asiste el derecho a la sustitución pensional. Por otra parte, el hecho de que las resoluciones en cuestión fueron dictadas bajo la vigencia de la Constitución Política de 1991, implica que dichas actuaciones administrativas debieron sujetarse a lo dispuesto en el artículo 13 que reconoce el derecho a la igualdad y prohibe, entre otras, las discriminaciones por razón del sexo. SUSTITUCION PENSIONAL/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA/DERECHOS DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Condiciones dignas/DERECHO A LA SUBSISTENCIA Agotada la vía gubernativa, el peticionario tiene un medio alternativo de defensa judicial como es la acción ordinaria ante la justicia laboral. Sin embargo, atendiendo las condiciones personales del peticionario, quien es persona de avanzada edad (más de 70 años), enferma y que al parecer no dispone de medios económicos para atender a su subsistencia, según se infiere de lo acreditado en el expediente, procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues el reconocimiento de la sustitución pensional y su pago efectivo se constituyen en algo inaplazable y vital para su subsistencia en condiciones dignas. REF.: Expediente T-56159. Acción de tutela contra el Instituto de los Seguros Sociales -Seccional-Cundinamarca y D.C.-. ACTOR: Manuel Sabogal Pardo. TEMA: Sustitución pensional para el compañero permanente. MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO BARRERA CARBONELLl. Santafé de Bogotá, D.C., mayo diez (10) de mil novecientos noventa y cinco (1995). I. ANTECEDENTES. 1. La pretensión y los hechos. Por conducto de apoderado el señor Manuel Sabogal Pardo, en escrito del 20 de septiembre de 1994 impetra la tutela de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 13, 23 y 25 de la Constitución Política, los cuales estima vulnerados por el Instituto de los Seguros Sociales -Seccional Cundinamarca y Distrito Capital y, en tal virtud, expuso los siguientes hechos: A la señora Nelly Indaburo Lozano, fallecida el 10 de febrero de 1988, le fue reconocida por el ISS mediante resolución 02614 del 10 de abril de 1988 una pensión por invalidez de origen no profesional, a partir del 3 de noviembre de 1987. El peticionario hizo vida marital de hecho aproximadamente durante 15 años con la citada. Por medio de la resolución 001050 del 28 de febrero de 1989 se le reconoció al actor la condición de esposo de la afiliada Nelly Indaburo Lozano. Con fecha 4 de febrero de 1993 el demandante elevó solicitud al Instituto de los Seguros Sociales Seccional -Cundinamarca y Distrito Capital, la sustitución de la afiliada Nelly Indaburo Lozano, en su condición de compañero permanente. Ante la demora de dicho instituto en resolver la petición del actor, instauró una acción de tutela ante el Juzgado 74 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá. Mediante providencia del 25 de abril de 1993 el juzgado resolvió no conceder la tutela, pero esta decisión fue revocada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, corporación ésta que en sentencia del 12 de mayo de 1993 revocó la decisión de primera instancia y accedió a la tutela del derecho de petición. Por medio de la resolución No. 05596 del 6 de julio de 1993, la Comisión de Prestaciones Sociales del ISS -Seccional Cundinamarca D.C., negó la sustitución pensional solicitada por el señor Manuel Sabogal Pardo. Contra dicha resolución se interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación; el primero de éstos fue resuelto por la misma comisión según resolución No. 09786 del 2 de noviembre de 1993, en el sentido de confirmar el acto recurrido y el segundo, fue decidido por medio de la resolución 1900 del 13 de mayo de 1994, expedida por el gerente de la aludida seccional, igualmente en sentido adverso a los intereses del petente. La decisión de no otorgar al peticionario la sustitución pensional obedeció a que éste tenía vínculo matrimonial vigente, con la señora Marina Franco Sabogal, con fundamento en las siguientes consideraciones: El artículo 29 del Decreto 758 de 1990, en concordancia con el Decreto 1160 de 1989 reglamentario de la ley 71 de 1988, en su artículo 13 prevé: "Para que el compañero o compañera permanente tenga derecho a la pensión de sobrevivientes, se requerirá, que sea soltero o que siendo casado estuviere separado legal y definitivamente de cuerpos y de bienes, y que haya hecho vida marital con el causante durante los 3 años inmediatamente anteriores a su fallecimiento"; al respecto el señor Manuel Sabogal Pardo aportó declaraciones extraproceso para acreditar la convivencia con la causante por más de 3 años y hasta el momento del deceso de ésta, pero no ha aportando la prueba de la separación legal de bienes y de cuerpos del matrimonio católico contraído con la señora Marina Franco Sabogal. Mediante sentencia del 24 de mayo de 1994, la Sección Segunda. del H Consejo de Estado declaró nula la frase "que siendo casado estuviere separado legal y definitivamente de cuerpos y de bienes" del artículo 29 del Acuerdo No. 49 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios. 2.  Fallos objeto de revisión. ·        En sentencia del 3 de octubre de 1994 el Juzgado 25 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá tuteló el derecho a la igualdad de Manuel Sabogal Pardo al considerar que al peticionario le fue vulnerado por el ISS - Seccional Cundinamara y D. C. su derecho a la igualdad, y ordenó a esta entidad "que en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de este fallo, reexamine la apelación interpuesta por el solicitante en contra de la resolución 05596 del 6 de julio de 1993 emitida por la Comisión de Prestaciones Económicas de esta entidad, pero esta vez  resguardando los principios y garantías constitucionales y en particular respetando el derecho a la igualdad consagrado en el art. 13 de la nueva Constitución Colombiana". Se destacan en la sentencia del juzgado los siguientes apartes: "La resolución 1900 del 13 de mayo de 1994 confirma la determinación tomada el 6 de julio del año inmediatamente anterior en la resolución 05596, sosteniendo la negativa a la sustitución pensional en lo dispuesto por el art. 1o. de la ley 33 de 1973. Esto es que la ley sólo contemplaba a la VIUDA como beneficiario de esa prestación con clara exclusión del cónyuge supérstite hombre o compañero permanente que se encontrara en la misma situación que la mujer. La razón fundamental para la aplicación de esa disposición al caso en concreto fue la vigencia de la misma para la fecha del deceso de la pensionada (10 de febrero de 1988) aun cuando se reconoce que esa situación varió sustancialmente al entrar a regir la ley 71 de 1988 que consagró la sustitución pensional para el cónyuge o compañero permanente supérstite sin distingos de sexo. Para cuando se emitieron las dos resoluciones en cuestión por parte del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, julio de 1993 y mayo de 1994, ya estaba en vigor la Constitución Nacional de 1991. De suerte, al adoptar las decisiones de su competencia y aplicar las leyes en lo de su cargo, era precisamente esta nueva Constitución la que debían observar los funcionarios de todo orden de manera que sus determinaciones al tiempo que acatar la ley cuidarán de salvaguardar los principios fundamentales de la Carta que ya no regía". Al comparar la disposición legal aplicada al caso en concreto por las autoridades del ISS, estando en vigencia la nueva Carta Constitucional, claramente se evidencia una apreciable incompatibilidad de la ley con la norma superior pues aquella establece una odiosa discriminación por razón del sexo entre cónyuges o compañeros permanentes para efectos de gozar del derecho a la sustitución pensional, lo que ciertamente riñe con el derecho fundamental a la igualdad consagrado por el art. 13 de la reciente Constitución Política Colombiana y por consiguiente, al presentarse semejante incongruencia la norma que debió primar, por mandato igualmente Constitucional, fue y será el que consagra la igualdad entre los sexos como principio y derecho fundamental constitucional. De suerte, aun por sobre los principios de aplicación de las leyes en el tiempo, las directrices del ISS debieron aplicar de preferencia el mandato superior inaplicando, por vía de excepción de inconstitucionalidad, la norma contenida en el art. 1o. de la ley 33 de 1973 por cuanto así se lo ordenaba el art. 4o. de la Constitución. En ese orden de ideas, es claro aquí que la resolución No. 01900 del 13 de mayo de 1994, emitida por el señor Gerente del ISS, seccional Cundinamarca y Distrito Capital, no sólo vulnera el derecho a la igualdad de MANUEL SABOGAL PARDO, consagrado como fundamental por el art. 13 Constitucional, del que hace parte como directivo, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2o. C.N.)". ·        La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente la acción de tutela. Básicamente argumentó el Tribunal para adoptar su decisión que al tenor de los artículos 62-2 y 63 del C.C.A. una vez decidida la apelación que interpuso el actor, el acto administrativo que negó la sustitución pensional quedó en firme y por ende, agotada la vía gubernativa, es decir, culminaba toda actuación del ISS; y por tal motivo no era procedente ordenar el reexamen de la apelación interpuesta contra la resolución No. 5596, pues para ello existe la alternativa de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en aras de anular la referida decisión. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. 1. Competencia A la luz de lo consagrado en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y 32 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Corporación es competente para revisar el fallo judicial cuyo resumen antecede. 2. Inexistencia de temeridad en el ejercicio de esta nueva acción de tutela. Si bien el artículo 38 del decreto 2591 de 1991 establece que cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes, no es del caso desestimar la pretensión del peticionario, en atención a la nueva situación que se presenta a raíz del fallo del H. Consejo de Estado que anuló el art. 29 del acuerdo 49 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, pues precisamente este acuerdo sirvió de fundamento para la expedición de las decisiones que negaron la sustitución pensional al demandante. 3.  Sentencia del Consejo de Estado en relación con el acuerdo 49 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (expediente No. 6263. Autoridades Nacionales. Actor: Ignacio Castilla C. M.P. Dr. Diego Younes Moreno), declaró la nulidad de la frase "que siendo casado estuviese separado legal y definitivamente de cuerpos y de bienes" del art. 29 del acuerdo 49 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, aprobado mediante el decreto 758 de 1990. En apoyo de su determinación dijo el Consejo lo siguiente: "1) La ley que se estima vulnerada por el actor es la ley 71 de 1988, aplicable tanto al sector público como al sector privado junto con las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4 de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985 y 113 de 1985. Asi lo expresa el texto  del artículo 11 de la ley 71 de "Esta ley y las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a. de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de previsión social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas, que reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez." "2) Esta sala con ponencia de la Dra. Clara Forero de Castro, al declarar nulas las expresiones contenidas en el decreto 1160 de 2 de junio de 1989, reglamentario de la ley 71 de 1988 y sobre similar material, dijo lo siguiente: E. Artículo 13, inciso segundo, que dice: "En caso de vínculo matrimonial del compañero o compañera permanente que reclame el derecho a la sustitución pensional, se deberá presentar la respectiva sentencia judicial sobre la nulidad o el divorcio, debidamente ejecutoriada". Dice la demanda que este inciso, además de exceder la potestad reglamentaria, es injusto porque en el evento de vínculo matrimonial exige al compañero (a) permanente sentencia judicial sobre la nulidad o divorcio del matrimonio para reclamar sustitución pensional. Y agrega "... el titular de esta prestación (la pensión) es doblemente  perjudicado, primero porque al separarse del cónyuge que tuviere derecho a pensión de jubilación y este falleciere, el cónyuge pierde el derecho por no encontrarse haciendo vida marital, en segundo lugar se niega la sustitución de pensión al compañero o compañera permanente que tuviese vínculo matrimonial y sobre este no exista pronunciamiento judicial". "Es verdad que el requisito de presentar sentencia judicial debidamente ejecutoriada sobre nulidad o divorcio del matrimonio con el fin de obtener sustitución pensional para el compañero (a) permanente con vínculo matrimonial, no lo establece la ley 71 de 1988 ni ninguna de las otras leyes que regulan la sustitución". "Y si como ya se dijo, no exige la ley ser soltero para tener la calidad de compañero (a) permanente, tampoco hay razón para exigir sentencia judicial de nulidad o divorcio". "3) Igualmente en el sistema jurídico colombiano de la sustitución pensional, rige el postulado de la igualdad entre cónyuges supérstites y compañeros permanentes. nuestra ley en esta materia acogió un criterio material referido a la convivencia de la pareja al momento de la muerte y no tanto al del vínculo matrimonial para indicar quien tiene derecho a gozar de la pensión en caso de muerte del titular". "Sobre el particular dijo la Corte Constitucional en sentencia de 12 de mayo de 1993 T-190, con ponencia del Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz: Respecto del derecho a la sustitución pensional rige el principio de igualdad entre cónyuges supérstites compañeros (as) permanentes porque, siendo la familia el interés jurídico a proteger, no es jurídicamente admisible privilegiar un tipo de vínculo específico al momento de definir quien tiene derecho a este beneficio. Por el contrario la ley acoge un criterio material -convivencia afectiva al momento de la muerte-, y no simplemente formal- vínculo matrimonial- en la determinación de la persona legitimada para gozar de la prestación económica producto del trabajo de la persona fallecida. En consecuencia, en el hipotético caso de la negación de este derecho a la compañera permanente bajo el argumento de un vínculo matrimonial preexistente, pero disociado de la convivencia efectiva- v. Gr. Por el abandono de la esposa debido a la carga que representaba el cónyuge limitado físicamente-, se configuraría una vulneración del derecho de igualdad ante la  ley en perjuicio de quien materialmente tiene derecho a la sustitución pensional". "De lo anterior, se deduce que como el legislador acogió respecto de la sustitución pensional el criterio material de convivencia entre parejas antes que el referido al criterio formal del vínculo matrimonial, mal puede el Consejo Nacional de los Seguros Obligatorios y el Gobierno Nacional variar esta materia sin estar autorizados por el legislador para ello". "4) Por consiguiente, como la ley 71 de 1988, ni las demás normas legales a las cuales se remite el acto acusado exige la condición de que el compañero o compañera permanente si es casado debe estar separado legal y definitivamente de cuerpos y de bienes, se concluye que el acto acusado excedió las previsiones legales y por lo tanto le asiste razón al demandante  debiendose anular la frase acusada". "5) Al respecto conviene aclarar que el artículo 54 del D.L. 1045 de 1978 en cuanto exige que "no se admitirá la calidad de compañero permanente cuando se tenga el estado civil de casado, salvo en los casos de sentencias de separación de cuerpos", no es aplicable en el presente caso por cuanto dicha disposición legal rige para los empleados oficiales del orden nacional según lo preceptúa el artículo primero de dicho decreto ley, y el acto acusado en el sub-lite tiene destinatarios a los empleados del sector privado, como quiera que está incorporado en el llamado "Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de invalidez, vejez y muerte" o seguros I.V.M.". 4. La materia. 4.1. En la resolución 05596 de la Comisión de Prestaciones Económicas del ISS.-Seccional Cundinamarca y D.C. se señala como fundamento de la negativa a conceder la sustitución pensional el artículo 29 del Decreto 758 de 1990, que corresponde al artículo 29 del acuerdo 49 del mismo año, declarado nulo por el Consejo de Estado en la aludida sentencia, en cuanto señalaba que para que el compañero o compañera tuvieran derecho a la pensión de sobreviviente cuando fueran casados se requería estuvieran separados legal y definitivamente de cuerpos y de bienes. En la resolución 01900, en virtud de la cual el Gerente de la mencionada Seccional resolvió el recurso de apelación, se comparte el argumento anterior, pero además se aclara "que la negativa de la sustitución pensional obedece a que la ley 90 de 1946 y el decreto 3041 de 1966 sólo previeron como beneficiarias de esta prestación a las viudas o compañeras permanentes, por tal razón al compañero de la causante no le asiste el derecho reclamado", más aun si se tiene en cuenta que el artículo 1 de la ley 33 de 1973, vigente a la fecha del fallecimiento de la señora Nelly Indaburu Lozano (10 de febrero de 1988), sólo preveía la sustitución pensional para la viuda. No obstante, se observa que el artículo 3 de la ley 71 de 1988 dispuso extender "las previsiones sobre sustitución pensional de la Ley 33 de 1973, de la ley 12 de 1975, de la ley 44 de 1980 y de la ley 113 de 1985 en forma vitalicia, al cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, a los hijos menores o inválidos, a los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado, en las condiciones que a continuación se establecen:". Por consiguiente, no cabe duda que a partir de la vigencia de dicha Ley, el compañero permanente también tiene derecho a la sustitución pensional y, en tal virtud, es equivocada la aseveración que se hace en los actos de la aludida Seccional en el sentido de que al peticionario no le asiste el derecho a la sustitución pensional. Por otra parte, el hecho de que las resoluciones en cuestión fueron dictadas bajo la vigencia de la Constitución Política de 1991, implica que dichas actuaciones administrativas debieron sujetarse a lo dispuesto en el artículo 13 que reconoce el derecho a la igualdad y prohibe, entre otras, las discriminaciones por razón del sexo. En este orden de ideas es claro que los referidos actos se apartan de la preceptiva de la ley 71 de 1988 y vulneran el derecho a la igualdad del peticionario, no sólo por las razones antes expuestas, sino porque no se adecuan a los criterios expuestos en la sentencia T-190 del 12 de mayo de 1993, a la cual se hizo alusión anteriormente. 4.2. En el presente caso, dado que se encuentra agotada la vía gubernativa, el peticionario tiene un medio alternativo de defensa judicial como es la acción ordinaria ante la justicia laboral según el artículo 2o del C.P.L. Sin embargo, atendiendo las condiciones personales del peticionario, quien es persona de avanzada edad (más de 70 años), enferma y que al parecer no dispone de medios económicos para atender a su subsistencia, según se infiere de lo acreditado en el expediente, procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues el reconocimiento de la sustitución pensional y su pago efectivo se constituyen en algo inaplazable y vital para su subsistencia en condiciones dignas. En razón de lo expuesto se revocará la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá y, en su lugar, se confirmarán los ordinales 1o, 3o y 4o de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado 25 Penal del Circuito de esta ciudad, en cuanto concedieron la tutela impetrada, y se modificará el ordinal 2o en el sentido de que la tutela se concede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable en los términos del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991 IV. DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Contitución, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del once (11) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá y, en su lugar, CONFIRMAR los ordinales 1o, 3o y 4o de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, dictada el tres (3) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) por el Juzgado 25 Penal del Circuito de esta ciudad, en cuanto concedieron la tutela impetrada. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal 2o de la sentencia del Juzgado 25 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, el cual quedará así: La tutela se concede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable en los términos del artículo 8 del decreto 2591 de 1991. Por lo tanto, la parte demandante deberá instaurar la correspondiente acción dentro del término de 4 meses contados a partir de la notificación de esta sentencia; si así no lo hiciere, cesarán los efectos de este fallo. TERCERO: LIBRAR comunicación de esta providencia al Juzgado 25 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 del decreto 2591 de 1991. COPIESE, NOTIFIQUESE, CUMPLASE y PUBLIQUESE EN LA GACETA CONSTITUCIONAL. ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado MARTHA V SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-206-95 Sentencia No Sentencia No. T-206/95 NOTICIERO-Responsabilidad/NOTICIERO QAP/DERECHO A LA INFORMACION-Veracidad e imparcialidad Los encargados de los medios masivos de comunicación no pueden excusarse diciendo que ellos se limitan a difundir las afirmaciones injuriosas o calumniosas que cualquiera les presente.  Ellos tienen el derecho de informar, pero la información tiene que ser veraz e imparcial.   Y la que se difundió sobre el doctor Becerra Barney no tenía ninguna de estas dos calidades: no era veraz, como se comprobó plenamente en los días inmediatamente siguientes; y no era imparcial, como es ostensible si se tiene en cuenta la expresión coloquial usada por el propio noticiero. DERECHO A LA INFORMACION-Veracidad Cuando se divulga una noticia que no corresponde a la verdad, se está faltando al deber de difundir información veraz e imparcial; y se está violando, por lo mismo, el derecho del público a recibir la que reuna tales calidades. Y si esa información atenta contra el buen nombre o contra la honra de alguien se está, además, violando el derecho de éste. No se exige al periodista, como si fuera un juez infalible, comprobar por medio de una prueba incontestable la veracidad de la noticia. Pero sí está en la obligación de adelantar, con prudencia y diligencia, las averiguaciones conducentes. Entre ellas, en tratándose de hechos delictuosos, deberá preguntarse, porque ello es sensato, por qué quien se dice dueño de la información no acude a la autoridad competente sino al periodista. PERJUICIO-Improcedencia En cuanto a la condena al pago de perjuicios, en abstracto, que hiciera el juzgado, obró correctamente el Tribunal al revocarla, porque tales perjuicios no se alegaron en la demanda, ni se demostraron en el proceso. LIBERTAD DE EXPRESION-Límites/DECISION JUDICIAL-Obligación de acatarla En ejercicio de la libertad de expresión, los particulares pueden analizar y controvertir públicamente las decisiones de los jueces, no sólo por su aspecto estrictamente jurídico, sino por la estimación que se haga de los hechos pertinentes en la providencia. Pero, es evidente que quienes son partes en un proceso están más obligados que los demás a respetar a los jueces y a acatar sus decisiones, en especial las contrarias a sus intereses. PERIODISTA-Reconocimiento de equivocaciones En tratándose de los periodistas, es ostensible que el reconocimiento de las equivocaciones, en lugar de disminuír su autoridad frente a la opinión pública, la acrecienta, pues cualquiera entiende que el mismo valor que se tiene para rectificar lo erróneo se tendrá para insistir en lo verdadero. NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACION Al momento de proferirse el fallo de primera instancia, existía tal nulidad, que podría haber sido propuesta al notificarse el mismo fallo. La nulidad descrita se saneó, de conformidad con el numeral 3 del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, porque las personas indebidamente representadas, citadas o emplazadas, actuaron en el proceso sin alegarla. REF: Expediente T- 56.732 Actor: Manuel Francisco Becerra Barney contra María Elvira Samper Nieto y María Isabel Rueda Serbousek, como responsables del noticiero Q.A.P. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal. Magistrado sustanciador: Dr. Jorge Arango Mejía. Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, en el proceso de tutela promovido por el señor Manuel Francisco Becerra Barney contra las señoras María Elvira Samper Nieto y María Isabel Rueda Serbousek, como responsables del noticiero Q.A.P. El expediente llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. I.  Hechos.- Los hechos que deben tenerse en cuenta al revisar el presente proceso, son los siguientes: Primero.- El doctor Manuel Francisco Becerra Barney promovió acción de tutela contra el noticiero de televisión Q.A.P., por una noticia divulgada el día 15 de septiembre de 1994. Segundo.- La noticia en mención la presentó el noticiero así: "El anterior Contralor, Manuel Francisco Becerra, estuvo a punto de meterle un gol a la Nación.  Dejó listo para la firma un contrato de auditoría con una firma de la cual es socia su mujer.  El Contralor actual dijo que el contrato no ha llegado a su despacho y que si llega no lo firmará". Posteriormente, en la misma emisión del noticiero, se amplió la noticia diciendo que el ex contralor estaba "en la mira de la Liga Ciudadana contra la corrupción que lidera el ex parlamentario Gustavo Petro". Además, que el contrato que el doctor Becerra Barney pretendía firmar "era por veinte millones de dólares " para que la firma Arthur Andersen hiciera la auditoría de los comités de la Federación Nacional de Cafeteros en Europa y Norteamérica". Se agregaba que de tal firma era socia la señora Luz María Jaramillo, esposa del doctor Becerra Barney.  Este, se decía, había promovido en el Congreso una ley "para que sean empresas particulares" las que se encarguen de la "auditoría internacional de la Contraloría General de la República". Se informaba, además, de la firma de dos contratos, por $813´000.000 y $ 112´000.000, respectivamente, con el Instituto de Seguros Sociales y con el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, por la sociedad Andersen Consulting, "que opera desde las mismas oficinas de Arthur Andersen, y cuyo accionista es uno de los socios de la esposa de Becerra". Tercero.-  En la emisión correspondiente al 16 de septiembre, es decir, al día siguiente, se dió oportunidad al doctor Becerra Barney de negar los hechos en que se basaba la acusación, lo mismo que al señor Gustavo Petro de ratificar su denuncia. Cuarto.- El día 4 de octubre de 1994, Q.A.P. dijo rectificar "según texto enviado por el señor ex contralor Manuel Francisco Becerra", "la información suministrada por la Liga Ciudadana contra la corrupción el pasado 15 de septiembre".  Leyó apartes de la carta recibida del doctor Becerra Barney, y agregó: "El anterior texto fue enviado por el señor ex contralor en ejercicio del derecho de rectificación. El noticiero sin asumir responsabilidad alguna sobre su contenido lo publica para que la opinión pública cuente con su versión oficial, sin debatir si las oportunidades que se le dio (sic) en la emisión del 16 de septiembre fueron o no suficientes para su defensa integral. Igualmente reitera que las denuncias fueron hechas por la "Liga contra la Corrupción" que lidera el ex representante Gustavo Petro con su respectiva fuente por considerar que eran de interés para la comunidad". (negrilla fuera de texto). Quinto.-  Considerando que se habían violado sus derechos al buen nombre, a la honra y a la intimidad, el doctor Becerra Barney instauró acción de tutela, que por reparto correspondió al Juzgado 74 Penal del Circuito de Bogotá. La demanda fue presentada el 29 de septiembre de 1994. Sexto.-  El 13 de octubre, el juzgado mencionado dictó el fallo de primera instancia, y en su parte resolutoria ordenó: " Primero.- TUTELAR los derechos fundamentales de la intimidad y el buen nombre, como el de la honra, previstos en los artículos 15, inciso 1o. y artículo 21 de la Constitución Nacional en favor del doctor MANUEL FRANCISCO BECERRA BARNEY. Como personas que vulneraron estos derechos se señala al señor VICTOR JAVIER SOLANO TOVAR, como a las señoras MARIA ISABEL RUEDA y MARIA ELVIRA SAMPER. "Segundo.-  En el improrrogable término de 48 horas contadas a partir de la notificación personal de esta sentencia, el noticiero Q.A.P., deberá rectificar la noticia difundida el día 15 de septiembre a las nueve y treinta de la noche en los términos precisos que se señalaron en el numeral 6o. de la parte considerativa, para lo cual éstos se le transcribirán y se le remitirán mediante oficio. "Tercero.- Se les condena al pago en abstracto por el daño emergente causado; su reparación será en forma solidaria "Cuarto.- Si este fallo no es apelado, se enviará a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión". Séptimo.- Notificada la sentencia, fue impugnada por el apoderado de las directoras del noticiero Q.A.P., señoras María Isabel Rueda Serbousek y  María Elvira Samper Nieto. En síntesis, se alegó que el noticiero se había limitado a presentar una acusación hecha por Gustavo  Petro; que, al no notificarse el auto admisorio de la demanda de tutela a las directoras de Q.A.P., se violó el debido proceso; y que era improcedente la condena al pago de perjuicios.  Además, que "mal podía el ex contralor acudir a la tutela sin haber promovido el proceso ordinario llamado a juzgar la conducta que él consideró atentatoria contra su buen nombre y honra". Octavo.-  Ante el Tribunal Superior de Bogotá, que conoció de la segunda instancia, el doctor Becerra Barney manifestó su inconformidad con el cumplimiento que Q.A.P. dió a la decisión de primera instancia, porque "se me hace una rectificación en la cual se me vuelve a colocar a la opinión pública como un delincuente o por lo menos al lado de un delincuente", refiriéndose a Miguel Rodríguez Orejuela, acusado de narcotráfico. Noveno.-  El 24 de noviembre de 1994, el Tribunal Superior confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, pues revocó la condena al pago de perjuicios, concedió la tutela demandada, y determinó concretamente cómo debería hacerse la rectificación: "3o. Imponer a las directoras del Noticiero Q.A.P. MARIA ELVIRA SAMPER NIETO y MARIA ISABEL RUEDA SEBOUSEK (sic) que en la próxima emisión del noticiero cumplan la rectificación ordenada en la sentencia impugnada y en los términos señalados en la parte considerativa, so pena de las sanciones previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, modificándose en este sentido los términos de la impuesta por el Juzgado". Para adoptar esta decisión, el Tribunal consideró que no era aceptable tomar la rectificación como una oportunidad para criticar el fallo que la ordenaba. Dijo el Tribunal que "si además de la crítica hecha al fallo, se volvieron a reproducir apartes de las imágenes y detalles de los hechos materia de la noticia que se cuestionó, calificándolos públicamente de ciertos o inexactos, pues aquí no se ha producido ninguna rectificación y menos si como lo afirma el accionante bajo juramento se exhibió su fotografía al lado del sujeto Gilberto Rodríguez Orejuela (sic), pues sencillamente la rectificación no sólo no se cumplió, sino que su nombre y honra tutelados continuaron en tela de juicio ante la opinión nacional por el acompañamiento de otro hecho adverso". Y añadió: "El telenoticiero puede difundir las noticias que quiera contra el accionante por separado, pero no puede manipular o distorsionar lo que es el cumplimiento de una sentencia, pues ello constituye una burla a la justicia". Décimo.-  Llegado el proceso a la Corte y seleccionado para su revisión, la misma Corte consideró necesario conocer cómo se habían cumplido las rectificaciones ordenadas por las sentencias de primera y segunda instancia. Con este fin, dictó el auto de fecha marzo 27 de 1995, que ordenó el envío de "COPIAS INTEGRAS de las emisiones correspondientes a los noticieros en los cuales se hicieron las rectificaciones ordenadas por las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en este proceso". En respuesta, el 30 de marzo de 1995, se recibió una grabación que contiene copia de la emisión del día 14 de octubre de 1994, en la cual se dijo hacer la rectificación ordenada por el fallo de primera instancia.  Nada se recibió en relación con lo dispuesto por el Tribunal al resolver en segunda instancia. Solamente el día 4 de mayo del año en curso, llegó una comunicación firmada por las señoras Samper y Rueda, con la cual remiten la grabación correspondiente a la emisión del día 25 de noviembre de 1994, en la cual se hizo la rectificación ordenada por el Tribunal. II. Consideraciones de la Corte Constitucional Procede la Corte Constitucional a resolver sobre este asunto, previas las siguientes consideraciones- Primera.- Competencia La Corte Constitucional es competente para conocer de este proceso, en virtud de lo dispuesto por el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución. Segunda.- Las sentencias de primera y segunda instancia Si se analizan las sentencias de primera y segunda instancias dictadas en el curso de este proceso, se llega a la conclusión de que ambas acertaron al ordenar que se hiciera la rectificación, por estas razones. En primer término, no es válido el argumento consistente en afirmar que el noticiero se limitó a presentar las aseveraciones de Gustavo Petro, y que, en consecuencia, sólo éste es responsable de las mismas.  Esto, por dos motivos. El primero, que el noticiero sí agregó algo de su propia cosecha.  En el titular, donde no se menciona  a Petro, se dice: "El anterior contralor Manuel Francisco Becerra, estuvo a punto de meterle un gol a la Nación. Dejó listo para la firma un contrato de auditoría  con una firma de la cual es socia su mujer.  El Contralor actual dijo que el contrato no ha llegado a su despacho y que si llega no lo firma". Esto se presentó, indudablemente, como un hecho que el noticiero daba por cierto, de cuya veracidad respondía.  Así lo demuestra no sólo su presentación, sino lo que más adelante se dice:  "Q.A.P. consultó al Contralor David Turbay quien dijo que a su despacho no ha llegado el contrato de los $ 20 millones de dólares y que si llega tampoco lo firma". De otro lado, los encargados de los medios masivos de comunicación no pueden excusarse diciendo que ellos se limitan a difundir las afirmaciones injuriosas o calumniosas que cualquiera les presente.  Ellos tienen el derecho de informar, pero la información tiene que ser veraz e imparcial.   Y la que se difundió sobre el doctor Becerra Barney no tenía ninguna de estas dos calidades: no era veraz, como se comprobó plenamente en los días inmediatamente siguientes; y no era imparcial, como es ostensible si se tiene en cuenta la expresión coloquial usada por el propio noticiero: "... meterle un gol a la nación..." Al respecto ha dicho la Corte: "Del artículo 20 de la Carta Política, cuyo texto indica que los medios de comunicación "son libres y tienen responsabilidad social", se deduce que, cuando se publica una información sobre la cual se conoce su autor y éste merece ser rectificado por no ser veraz e imparcial, la víctima puede acudir al juez para demandar protección, actuando tanto contra el medio como contra el autor de la publicación, o contra los dos al tiempo". (Sentencia T-074/95, febrero 23 de 1995, Sala 5a. de Revisión, Magistrado ponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo). Tampoco es aceptable la tesis según la cual el periodista nada tiene que hacer para comprobar la veracidad y la imparcialidad de la información que un tercero le suministra, antes de difundirla.  Esa obligación existe en tratándose de toda clase de noticias; pero cuando éstas consisten en la imputación a alguna persona de hechos delictuosos o deshonrosos, se hace aún más exigente. Cuando se divulga una noticia que no corresponde a la verdad, se está faltando al deber de difundir información veraz e imparcial; y se está violando, por lo mismo, el derecho del público a recibir la que reuna tales calidades. Y si esa información atenta contra el buen nombre o contra la honra de alguien se está, además, violando el derecho de éste. No se exige al periodista, como si fuera un juez infalible, comprobar por medio de una prueba incontestable la veracidad de la noticia. Pero sí está en la obligación de adelantar, con prudencia y diligencia, las averiguaciones conducentes. Entre ellas, en tratándose de hechos delictuosos, deberá preguntarse, porque ello es sensato, por qué quien se dice dueño de la información no acude a la autoridad competente sino al periodista. En el caso que nos ocupa, las acusaciones del señor Petro fueron fácilmente destruídas, y no en cualquier forma sino con prueba documental originada en quienes podían desvirtuarlas.  En efecto, la comunicación del Contralor General de la República, de fecha septiembre 21 de 1994, unida a las certificaciones de la Jefe de la Unidad de Recursos Físicos de la Contraloría, y de la Jefe de la Oficina Jurídica de la misma, demostraba la falsedad del cargo relativo a la tramitación del supuesto contrato por US$20´000.000; demostración aún más completa si se tienen en cuenta la carta del señor Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, de septiembre 16 de 1994, sobre la inexistencia del proyecto de contrato, y el comunicado de prensa del representante de Arthur Andersen & Cía. Colombia, de la misma fecha. De manera que ya el 21 de septiembre de 1994, los responsables del noticiero Q.A.P. sabían, o tenían por qué saber, que la acusación principal, la relativa al supuesto contrato, no correspondía a la verdad. Finalmente, el 21 de noviembre de 1994, el Subsecretario General de la Cámara de Representantes expidió constancia sobre el hecho de que el Ministro de Hacienda fue quien presentó el proyecto de ley sobre el control interno cuya autoría, se atribuía al doctor Becerra Barney. A todo lo cual se suma la intervención ante el noticiero del doctor Hernán Jiménez Barrero, antiguo Secretario General de la Contraloría, encaminada a desvirtuar las acusaciones de Petro, y anterior a la divulgación de la noticia, pues tuvo lugar el mismo 15 de septiembre. Intervención que no mereció crédito a los encargados del noticiero. En síntesis: cuando el 20 de septiembre de 1994 el doctor Manuel Francisco Becerra Barney solicitó la rectificación, por carta que aparece en el expediente, el noticiero ha debido hacerla. ¿Cómo? Sencillamente, reconociendo que la información que había difundido, no era verdadera, y no dejándolo al criterio de los televidentes, pues éstos no disponían de los elementos de juicio que sí tenía Q.A.P Es cierto que en la emisión del 4 de octubre de 1994 el noticiero Q.A.P. dijo rectificar "la información suministrada por la "Liga ciudadana contra la Corrupción el pasado 15 de septiembre, "según texto enviado por el señor ex contralor Manuel Francisco Becerra Barney".  Pero tal rectificación no fue suficiente, por dos razones: La primera, porque se presentó no como hecha por el noticiero, sino por el propio doctor Becerra Barney. La segunda, porque el noticiero, pese a tener ya en su poder documentos que demostraban la falsedad de las acusaciones, no lo reconoció, y puso, o trató de poner, en pie de igualdad las afirmaciones contrarias a la verdad y la versión de quien las había desvirtuado.  En efecto, el noticiero concluyó así: "El anterior texto fue enviado por el señor ex contralor en ejercicio del derecho de rectificación.  El noticiero sin asumir responsabilidad alguna sobre su contenido lo publica voluntariamente para que la opinión pública cuente con su versión oficial, sin debatir si las oportunidades que se le dió en la emisión del 16 de septiembre fueron o no suficientes para su defensa integral, igualmente reitera que las denuncias fueron hechas por la "Liga Contra la Corrupción" que lidera el ex representante GUSTAVO PETRO con su respectiva fuente por considerar que eran de interés para la comunidad". Como la rectificación no se hizo, anduvieron acertados los jueces de instancia al ordenarla. En cuanto a la condena al pago de perjuicios, en abstracto, que hiciera el juzgado, obró correctamente el Tribunal al revocarla, porque tales perjuicios no se alegaron en la demanda, ni se demostraron en el proceso. Tercera.-  Cómo se hizo la rectificación ordenada por la sentencia de primera instancia El Juzgado 74 Penal del Circuito de Bogotá, en la sentencia de octubre 13 de 1994 ordenó que la rectificación se hiciera en los términos consignados en el aparte VI de la parte motiva de la misma sentencia.  A ello ha debido limitarse el noticiero Q.A.P. en su emisión del día 14 de octubre de 1994.  No se hizo así, como se verá. Después de transmitir la rectificación ordenada, el noticiero siguió refiriéndose al tema, bajo esta introducción:  "La anterior rectificación es el resultado de un proceso que se dio en las siguientes circunstancias..." Se hizo a continuación una dura crítica de la sentencia, en la cual se habló de violación del debido proceso, pruebas secretas, imposibilidad de presentar pruebas por parte de los demandados, imposibilidad de impugnar la sentencia etc.  Además se dio oportunidad para que Petro se ratificara en las acusaciones que la sentencia había considerado falaces. Y para terminar, diciendo hacer uso del "derecho de réplica", y bajo el título de "Quién es el tutelante", se quiso presentar al doctor Becerra Barney como persona con vínculos con sindicados públicamente del delito de narcotráfico, como Miguel Rodríguez Orejuela.  Para ello se utilizaron fotografías de épocas pasadas.  Todo esto nada tenía que ver con la rectificación ordenada y tenía, al parecer, el único fin de inferir una nueva ofensa a quien había triunfado en el proceso de tutela. Así lo entendió el Tribunal, y por eso dijo en su sentencia: "Pero si además de la crítica hecha al fallo, se volvieron a reproducir apartes de las imágenes y detalle de los hechos materia de la noticia que se cuestionó, calificándolos públicamente de ciertos o inexactos, pues aquí no se ha producido ninguna rectificación y menos si, como lo afirma el accionante bajo juramento, se exhibió su fotografía al lado del sujeto Gilberto Rodríguez Orejuela, (sic) pues sencillamente la rectificación no sólo no se cumplió, sino que su nombre y honra tutelados continuaron en tela de juicio ante la opinión nacional.." Por esta razón en la sentencia de segunda instancia se ordenó hacer la rectificación "en los términos y condiciones de equidad e imparcialidad... pero sin adiciones o comentarios, so pena de las sanciones previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 en caso de desacato..." Las apreciaciones del Tribunal son correctas.  Dictada una providencia judicial, existen medios para controvertirla, previstos en las normas procesales.  En el caso que nos ocupa, las directoras del noticiero Q.A.P. podían impugnar la sentencia, como lo hicieron; podían proponer la nulidad de lo actuado, nulidad que no propusieron; habrían podido pedir, cuando se tramitaba la segunda instancia, la práctica de las pruebas que estimaran conducentes, etc. En una etapa posterior, ya en la revisión por la Corte Constitucional, podrían, como lo han hecho en escrito presentado el 28 de abril de 1995, controvertir el fallo, exponiendo todos sus motivos de inconformidad. Todo lo anterior, dentro del proceso de tutela. Pero, además, existen otros medios al alcance de quien crea que en un proceso judicial se han cometido faltas o delitos: puede acusar al funcionario judicial ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, o la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con la falta o el delito que crea se ha cometido y con la jerarquía de su presunto autor. Utilizando abusivamente los medios de comunicación, las partes en el proceso no pueden convertirse en jueces de los jueces, y descalificar las sentencias de éstos, en una especie de juicio público no previsto en ley alguna. Los procesos judiciales tienen un escenario propio, que no es otro que el de los juzgados y tribunales.  En ese escenario se tramita el proceso, y quienes son partes en él realizan, con sujeción a la ley procesal, los actos encaminados a su defensa. Es claro que, en ejercicio de la libertad de expresión, los particulares pueden analizar y controvertir públicamente las decisiones de los jueces, no sólo por su aspecto estrictamente jurídico, sino por la estimación que se haga de los hechos pertinentes en la providencia. Pero, es evidente que quienes son partes en un proceso están más obligados que los demás a respetar a los jueces y a acatar sus decisiones, en especial las contrarias a sus intereses. Al respecto, el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil consagra entre los deberes de las partes y sus apoderados, éste: "Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez, a los empleados de éste, a las partes y a los auxiliares de la justicia". El que las partes recurran a medios ajenos al proceso para impugnar providencias dictadas en éste, no sólo es contrario al derecho procesal, sino, en la generalidad de los casos, inútil. Los jueces, sometidos solamente al imperio de la ley, son, porque tienen que serlo, inmunes a las amenazas y a los halagos, vengan de donde vinieren. Lo que se hizo el 14 de octubre, so pretexto de cumplir una sentencia, es inaceptable, porque implica una conducta contraria al orden jurídico. De una parte, se presentó ante la opinión pública la sentencia como una torpeza y una insensatez, faltándole al respeto a quien la había dictado; y de la otra, diciendo hacer uso del derecho de réplica, se intentó agraviar a quien había sido víctima de la información falsa. Para la Corte es claro que la sentencia de primera instancia no se cumplió oportunamente, pues las sentencias se cumplen como se dictan y no según el capricho de la parte obligada. Cuarta.- ¿ Cómo se cumplió la sentencia del Tribunal Superior ? Como se dijo, el Tribunal ordenó a las señoras Rueda Serbousek y Samper Nieto cumplir "la rectificación ordenada en la sentencia impugnada y en los términos señalados... so pena de las sanciones previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991...". ¿Cómo se cumplió esta sentencia? A cabalidad, según lo demuestra la grabación correspondiente a la emisión del día 25 de noviembre de 1994: "A continuación Q.A.P. da cumplimiento a un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá. "El noticiero Q.A.P. reconoce que se equivocó al darle credibilidad a una información suministrada por la liga ciudadana contra la corrupción, cuyo vocero es el ex representante GUSTAVO PETRO, funcionario diplomático de Colombia en Bélgica, según esa fuente el ex contralor MANUEL FRANCISCO BECERRA habría dejado listo para ser adjudicado un contrato de auditoría externa que  favorecería a la empresa de la que es socia la esposa del ex contralor. No es cierto que el ex contralor le haya querido meter un gol al país como lo dijo el noticiero en la emisión de 15 de septiembre". Así, con sencillez y claridad, deben reconocerse los errores. En tratándose de los periodistas, es ostensible que el reconocimiento de las equivocaciones, en lugar de disminuír su autoridad frente a la opinión pública, la acrecienta, pues cualquiera entiende que el mismo valor que se tiene para rectificar lo erróneo se tendrá para insistir en lo verdadero. Quinta.- Las irregularidades cometidas en la tramitación del proceso en primera instancia Como bien lo han observado las demandadas, en varias oportunidades, especialmente en el escrito de impugnación de la sentencia de primera instancia, y en el presentado ante esta Corte el 28 de abril de 1995, el auto admisorio de la demanda de tutela se les ha debido notificar, para que pudieran participar en el proceso desde su comienzo. La omisión de la notificación mencionada, configuraba la causal de nulidad prevista por el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, numeral 8, según el cual el proceso es nulo en todo o en parte "cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición". Es evidente, en consecuencia, que al momento de proferirse el fallo de primera instancia, existía tal nulidad, que podría haber sido propuesta al notificarse el mismo fallo. Pero, ¿qué sucedió? Sencillamente, que la nulidad descrita se saneó, de conformidad con el numeral 3 del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, porque las personas indebidamente representadas, citadas o emplazadas, actuaron en el proceso sin alegarla. Si se revisa el escrito presentado por el apoderado de las señoras Samper y Rueda, con fecha octubre 20 de 1994, se comprueba que en él no se propuso en ningún momento la nulidad. El apoderado se limitó a impugnar la sentencia de primera instancia; y expresamente advirtió: "Inconformidades sobre el Procedimiento.- "Alcance de la impugnación por aspectos procedimentales.- "Manifiesto a la señora Juez que mis clientes me han instruído en el sentido de solicitar que los argumentos expresados en los siguientes numerales, solamente sean tenidos en cuenta, si fracasan los planteamientos mediante los cuales se ataca la decisión en el fondo". Y a renglón seguido expuso sus reparos sobre el trámite, entre ellos el relativo a la falta de citación, pero sin siquiera insinuar lo relativo a la nulidad, y menos alegarla. En conclusión, es ostensible que la nulidad fue saneada. III. Decisión En conclusión, la Corte confirmará la sentencia de segunda instancia, dictada por el Tribunal, sentencia que, como se indicó, ya fue cumplida en su integridad. Por lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Penal, el día 24 de noviembre de 1994, con la advertencia de que tal sentencia ya fue cumplida por las obligadas. Segundo.- COMUNÍQUESE la presente sentencia al Juzgado Setenta y Cuatro (74) Penal del Circuito de Bogotá, para que sea notificada a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO  BARRERA CARBONELL Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-207-95 Sentencia No Sentencia No. T-207/95 DERECHOS PRESTACIONALES Los derechos prestacionales, en determinadas situaciones, generan un derecho subjetivo, esto quiere decir que el titular del derecho puede exigir su ejecución a través de las vías judiciales. En otras ocasiones, los derechos de prestación tienen contenido programático, o sea, su efectividad no puede ser exigida a través de los mecanismos judiciales. En este último caso, en realidad, más que derechos son principios orientadores de la función pública, simples metas de la gestión estatal. Los derechos de prestación con contenido programático tienen tal entidad porque precisamente son sólo un programa de acción estatal, una intención institucional. DERECHOS PRESTACIONALES-Naturaleza Por regla general, los derechos de prestación son derechos programáticos, debido a que los derechos de prestación exigen un esfuerzo presupuestal y logístico del Estado que sólo se puede realizar con la debida planeación y arbitrio de recursos mediante el procedimiento fijado por la Carta Política. Gradualmente, los derechos de prestación con contenido programático se les van dando condiciones de eficacia que hace posible que emane un derecho subjetivo. Por eso, a nivel teórico, en efecto, el estado inicial de un derecho de prestación es su condición programática la cual luego tiende a transmutarse hacia un derecho subjetivo. OBRA PUBLICA/NEGLIGENCIA ADMINISTRATIVA/COGOBIERNO Excepcionalmente la orden del juez de tutela puede corregir la omisión de una autoridad administrativa cuando tal conducta implica la violación directa o por conexidad de un derecho fundamental. En el caso específico de la ejecución de una determinada obra pública, el juez de tutela orienta la gestión administrativa dentro de los parámetros que la Carta indica cuando, en concreto, se haya probado la violación o amenaza del derecho fundamental del accionante por la falta de determinada inversión y ante comprobada  negligencia administrativa, teniendo en cuenta el elemento presupuestal. No se trata de un co-gobierno, sino de hacer cumplir unos concretos mandatos constitucionales que orientan la gerencia pública, en injustificada ausencia de decisión del gestor. DERECHO A LA SALUBRIDAD PUBLICA/DERECHO A LA VIDA/DERECHO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Se ha probado hasta  la saciedad que la falta de un sistema de desagüe de aguas negras o de una adecuada disposición de escretas constituye un factor de gran riesgo  para la salud de la comunidad que soporta tal situación, que obviamente se traduce en una amenaza y violación de los derechos  a la salud y a la vida. “El agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas, la salubridad pública o la salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal ser objeto de protección a través de la acción de tutela”. EJECUCION DE OBRA PUBLICA/ACCION POPULAR/DERECHO FUNDAMENTAL-Protección/FALLA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO/DERECHO A LA SALUD-Aguas negras Una acción de tutela dirigida a obtener obras de alcantarillado no es improcedente por la existencia de otros medios de defensa judiciales como las acciones populares, cuando se demuestra que existe una violación o amenaza directa al derecho fundamental de la persona que interpone la tutela y que esta situación tenga una relación de causalidad directa con la omisión de la administración que afecte el interés de la comunidad, dado que en estos casos se genera una unidad de defensa, que obedece al principio de economía procesal y al de prevalencia de la acción de tutela sobre las acciones populares. En efecto, se presenta un atentado directo a la salud de los accionantes, que podría llegar a la muerte, por la exposición de las aguas negras tanto en la calle como en sus propias casas. Esto se debe  la inexistencia de un adecuado sistema de disposición de excretas, prestación que recae en la administración municipal. DERECHOS FUNDAMENTALES-Orden judicial de protección La orden judicial de protección de derechos fundamentales sólo puede ir encaminada a imprimirle cierta dinámica al proceso de gestión administrativa, o sea, influir en determinadas fases del mentado proceso más no en todas, pues no sería plausible que el juez de tutela se inmiscuyera en decisiones puramente administrativas, a guisa de ejemplo, la parte técnica. Esto implica que la cobertura que brinda la orden judicial debe dar el suficiente margen de acción a la administración, para que ella defina cual es la mejor manera de conjurar el problema dentro de un período razonable. REF: EXPEDIENTE T-54994 Peticionarios: Oscar Hernando Vera Parada y Silvia Margarita Gallego Ortiz. Procedencia: Juzgado 2º Penal Municipal de Turbo -Antioquía-. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Temas: - Los derechos prestacionales. Naturaleza y procedencia de su protección a través de la acción de tutela. Santa Fe de Bogotá D.C., doce (12) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero -Presidente de la Sala-, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En proceso de tutela identificado con el número de radicación T-54994, adelantado por Oscar Hernando Vera Parada y Silvia Margarita Gallego Ortiz. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala. 1. Solicitud. Oscar Hernando Vera Parada y Silvia Margarita Gallego Ortiz impetraron acción de tutela contra el municipio de Turbo -Antioquía-, fundamentado en los siguientes hechos: a) Los accionantes son residentes y propietarios de negocios comerciales ubicados en la calle 104 con carrera 17. b) Desde hace ocho meses, en el mencionado lugar se han venido presentando taponamientos de las tuberías que conducen las aguas negras, dada la falta de limpieza y adecuado mantenimiento de las mismas. Lo anterior ha causado el estancamiento de las aguas negras en el sector de la calle 104 con carrera 17 y el rebosamiento de baños en las viviendas aledañas, entre las cuales se encuentran las pertenecientes a los actores. Los accionantes consideran que la conducta omisiva del municipio de Turbo -Antioquia- en mantener adecuadamente las cañerías destinadas a evacuar las aguas negras viola los derechos a la integridad física (art. 11 C.P.), la libre circulación (art. 24 C.P.), al trabajo (art. 25 C.P.), a la salud (art. 49 C.P.), a un ambiente sano (art. 79 C.P.) y a una vivienda digna (art. 51 C.P.). 2. Sentencia del Juzgado 2º Penal Municipal de Turbo -Antioquía-, emitida el 18 de noviembre de 1994. El Juzgado comprobó las afirmaciones de los accionantes, en torno a la situación fáctica, con la realización de una inspección judicial y la recolección de diversos testimonios dentro de la diligencia antecitada. Tomando en consideración lo anterior, el Juzgado sostuvo que "el derecho al servicio del alcantarillado, en aquellas circunstancias que afecten de manera evidente derechos y principios constitucionales fundamentales, como son los consagrados en los artículo 1º (Dignidad Humana), 11 (Vida), y 13 (Derechos de los disminuidos), debe ser considerado como derecho susceptible de ser protegido por la acción de tutela”. Agregó el Juzgado 2º Penal Municipal de Turbo que "la violación del derecho a la salubridad pública contra los habitantes de la calle 104 y aledañas adquiere una connotación especial por el hecho de haberse cerrado la vía para el tránsito vehicular debiendo transitar por calles no aptas para este fin con el consecuente deterioro de las mismas, incitando a los habitantes del lugar a pronunciarse contra ello”. Así las cosas, el Juzgado 2º Penal Municipal de Turbo -Antioquía- concedió la tutela impetrada por Oscar Hernando Vera Parada y Silvia Margarita Gallego Ortiz, ordenando a la administración municipal de Turbo "la construcción del alcantarillado de la calle 104 con carrera 17. Dicha construcción deberá llevarse dentro de un plazo razonable que no exceda de tres meses. Mientras ello ocurra debe adoptar, inmediatamente, medidas provisionales idóneas, encaminadas a la cesación de las molestias y perjuicios que se están ocasionando a los habitantes del lugar”. 3. Actividad Probatoria en la Corte Constitucional. Esta Sala de Revisión, mediante auto del 18 de abril del año en curso, a fin de recaudar los suficientes elementos que permitieran concretar la existencia de los requisitos para que proceda una acción de tutela para obras públicas, decretó las siguientes pruebas: Primero: SOLICITESE al Alcalde Municipal de Turbo -Antioquía- los siguientes documentos: a) Ejemplar del presupuesto del Municipio de Turbo para el año de 1994. b) Ejemplar del presupuesto del Municipio de Turbo para el año de 1995. c) Informe sobre la ejecución presupuestal a noviembre de 1994, específicamente en los ítems y rubros relacionados con la Ley 60 de 1993 y que desarrollen el artículo 357 de la Constitución. d) Detallado cronograma de actividades desarrollados en los dos últimos años por la Alcaldía Municipal de Turbo respecto del problema del alcantarillado del sector comprendido entre la calle 104 y la carrera 17. e) Informe sobre las respuestas dadas a las peticiones verbales de la comunidad en relación al problema del alcantarillado del sector comprendido entre la calle 104 y la carrera 17. Se fija un término de cuarenta y ocho horas para que se envíe el anterior material documental a la Corporación. Segundo: SOLICITESE al Alcalde Municipal de Turbo que conteste las siguientes preguntas: a) ¿Existía para la época de la interposición de la presente tutela un sistema de alcantarillado en el sector comprendido entre la calle 104 y la carrera 17?. b) Si es afirmativa la anterior ¿quien lo construyó? ¿fue una acción de la comunidad, del municipio o fue una obra en conjunto?. c) Si fue una acción de la comunidad ¿por qué no se le prestó asesoría calificada por parte del municipio?. d) Si no había sistema de alcantarillado para la época de la interposición de la acción de tutela de la referencia ¿existía algún sistema de desagüe de aguas negras?. e) ¿Cuál es el estado del proceso de contratación del alcantarillado de Turbo?. Se fija un término de cuarenta y ocho horas para que se envíe a la Corte constitucional las respuestas al anterior cuestionario. Tercero: SUSPENDANSE los términos en el proceso de tutela No. T-54994 por un término de veinte (10) días hábiles, a partir de la comunicación del presente auto, a través de la Secretaría General de esta Corporación. La administración municipal de Turbo no envió las pruebas antecitadas. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud  de la selección que de dichas acciones practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. 2. Temas a tratar. Los accionantes propugnan en la tutela de la referencia por la presencia de la administración municipal en la puesta en marcha de obras de alcantarillado en cierto sector de la ciudad de Turbo. Siendo así las cosas, a continuación la Corte abordará los temas de la eficacia de un derecho de prestación como la posibilidad de acceder a una red de alcantarillado y su posible protección a través de la acción de tutela, para luego resolver el caso concreto. 3. Los derechos de prestación. La incorporación del valor igualdad a lo largo de la Constitución de 1991 (preámbulo, 13, 53, 70, 180, entre otras disposiciones) no implica sólo el reconocimiento de la dignidad intrínseca del ser humano, sino, además, la realización de la igualdad material a través del compromiso estatal y social tendiente a la obtención de unas mínimas condiciones materiales de existencia para el hombre. En efecto, el reconocimiento constitucional de la igualdad no se queda simplemente en la consagración formal del concepto igualitario, sino avanza hacia una aplicación práctica de la igualdad en el entorno real del ser humano, resolviendo sus necesidades primarias como salud, educación, agua potable, etc. Ciertamente, la injerencia del Estado en la sociedad tiene como horizonte la consecución de sus fines esenciales (art. 2º C.P.), cuya efectiva y eficaz ocurrencia se traduce en la subvención de las básicas necesidades insatisfechas del hombre. Estos deberes estatales correlativamente colocan en cabeza de los administrados unos derechos a tener ciertas prestaciones. Los derechos prestacionales, en determinadas situaciones, generan un derecho subjetivo, esto quiere decir que el titular del derecho puede exigir su ejecución a través de las vías judiciales. En otras ocasiones, los derechos de prestación tienen contenido programático, o sea, su efectividad no puede ser exigida a través de los mecanismos judiciales. En este último caso, en realidad, más que derechos son principios orientadores de la función pública, simples metas de la gestión estatal. Los derechos de prestación con contenido programático tienen tal entidad porque precisamente son sólo un programa de acción estatal, una intención institucional. Por regla general, los derechos de prestación son derechos programáticos. Se afirma lo anterior debido a que los derechos de prestación exigen un esfuerzo presupuestal y logístico del Estado que sólo se puede realizar con la debida planeación y arbitrio de recursos mediante el procedimiento fijado por la Carta Política. Gradualmente, los derechos de prestación con contenido programático se les van dando condiciones de eficacia que hace posible que emane un derecho subjetivo. Por eso, a nivel teórico, en efecto, el estado inicial de un derecho de prestación es su condición programática la cual luego tiende a transmutarse hacia un derecho subjetivo, en tanto y en cuanto, se creen elementos que concedan eficacia a la posibilidad de exigir la obligación estatal de ejecutar la prestación. Tales elementos varían según la prestación de que se trate y el medio de exigibilidad utilizado. No se puede mirar bajo la misma óptica prestaciones que requieran diferentes respuestas del Estado en términos presupuestales y organizativos. Así mismo, las condiciones de eficacia requeridas por un determinado medio judicial para su procedencia, pueden ser diferentes a las exigidas por otros mecanismos judiciales. En ese orden de ideas, la posibilidad de exigir un derecho de prestación es apreciable sólo en el caso concreto y dependiendo del tipo de derecho. 4. Procedencia de la protección de los derechos de prestación a través de la acción de tutela. Dicho lo anterior, la Corte Constitucional entra a analizar las condiciones de eficacia exigidas al derecho de prestación para que éste sea protegido por la acción de tutela. La Corporación en diversas sentencias ha tratado de delimitar la procedencia de la tutela para la protección de derechos de prestación, fijando determinadas condiciones de eficacia, para el caso en concreto, pues "en los derechos de prestación ... la violación se hace patente por medio de un proceso inverso en el cual el alcance y sentido de las normas se determina en buena parte mediante  las circunstancias específicas del caso”[1] Se han determinado derechos prestacionales fundamentales[2], cuya virtualidad es la aplicación inmediata por expreso mandato constitucional o dado su carácter fundamental por naturaleza. En estos casos, el derecho prestacional es un derecho fundamental común y corriente. Así mismo, Existen otros derechos prestacionales que se hacen exigibles por su conexidad, a partir del caso en concreto, con un derecho fundamental. Se ejemplifica lo anterior con un fallo de la Corporación, en el cual se sostuvo que la exigibilidad, a través de la acción de tutela, de prestaciones constitucionales como los derechos a la salud, a la seguridad social integral, y a la protección y asistencia a la tercera edad, está sujeta a la comprobación de una violación  o amenaza de los derechos fundamentales sobre una persona que se encuentre bajo la condición de debilidad manifiesta aunada a la imposibilidad material de su familia para darle asistencia, en particular cuando la completa ausencia de apoyo lo priva de su derecho al  mínimo vital[3] Podemos ubicar otro tipo de derechos prestacionales que necesariamente requieren del desarrollo legislativo para cobrar plena eficacia. La Corte ha sostenido que: Los derechos constitucionales de prestación le otorgan un amplio margen de discrecionalidad a la ley para que los desarrolle, lo que debe interpretarse sin desmedro del carácter normativo de tales preceptos. El principio de reserva de la ley en materia de derechos de prestación no puede ser interpretado de tal manera que anule el carácter normativo del derecho o que vulnere su núcleo esencial. La obligación que se deriva de la norma constitucional se sitúa en un espacio intermedio en el cual existe clara responsabilidad del legislativo, sin que ella deba ser aplicada de manera ineluctable. El ámbito de discrecionalidad del legislador debe ser fijado constitucionalmente  tanto en relación con la acción (la ley) como en relación con la omisión. En cuanto  a lo primero, la constitucionalidad de la ley debe plantearse ante todo con base en su compatibilidad con el principio de igualdad, de un lado, y con los valores y principios del estado social, de otro lado. En cuanto a la omisión, la actitud del órgano legislativo debe ser examinada dentro de límites objetivos razonables. Al respecto es necesario tener en cuanta los siguientes principios: 1) Las exigencias propias de la organización del servicio implican por lo general restricciones económicas que no pueden ser resueltas en el corto plazo y 2) la protección del derecho de un usuario no puede implicar el sacrificio del derecho de otros. (subrayas fuera de texto)[4] Por otro lado, cuando el derecho de prestación requiere de una respuesta del Estado cuya magnitud implica grandes movimientos presupuestales y logísticos, a guisa de ejemplo, un tramo de carretera o un puesto de salud, la Corporación ha establecido que: ... la acción de tutela, entendida como procedimiento preferente y sumario que, en el caso de prosperar, implica el pronunciamiento de órdenes judiciales de inmediato cumplimiento viene a ser improcedente cuando se trata de obtener que se lleve a cabo determinada obra pública por el solo hecho de estar prevista en el Presupuesto una partida que la autoriza. Aceptar que el juez de tutela -sin tener certeza sobre la existencia y disponibilidad actuales del recurso- pudiera exigir de la administración la ejecución de todo rubro presupuestal en un término tan perentorio, llevaría a un co-gobierno de la rama judicial en abierta violación del artículo 113 de la Carta Política, desnaturalizaría el concepto de gestión administrativa y haría irresponsable al gobierno por la ejecución del Presupuesto, en cuanto ella  pasaría a depender de las determinaciones judiciales. Ahora bien, lo expuesto no se opone a que el juez, en casos excepcionales y graves, habiendo apreciado en concreto la violación o amenaza de un derecho fundamental por la falta de determinada inversión y ante comprobada negligencia administrativa, imparta instrucciones a la competente dependencia oficial para que lleve a cabo las diligencias necesarias, dentro de la normatividad vigente, con miras a que en la programación posterior del presupuesto se proyecte el recurso necesario para efectuar el gasto y culminar la obra, logrando así la protección razonable y efectiva del derecho. Es claro que la autonomía del administrador al fijar prioridades en la ejecución del presupuesto no es absoluta y que el lugar preferente en la definición de lo gastos debe ser ocupado, según la Constitución (artículo 2º), por aquellas acciones que conduzcan a la realización de los fines esenciales del Estado, entre ellos la efectividad de los derechos fundamentales. (negrillas fuera de texto)[5] Así las cosas, excepcionalmente la orden del juez de tutela puede corregir la omisión de una autoridad administrativa cuando tal conducta implica la violación directa o por conexidad de un derecho fundamental. En el caso específico de la ejecución de una determinada obra pública, el juez de tutela orienta la gestión administrativa dentro de los parámetros que la Carta indica cuando, en concreto, se haya probado la violación o amenaza del derecho fundamental del accionante por la falta de determinada inversión y ante comprobada  negligencia administrativa, teniendo en cuenta el elemento presupuestal. Se repite, no se trata de un co-gobierno, sino de hacer cumplir unos concretos mandatos constitucionales que orientan la gerencia pública, en injustificada ausencia de decisión del gestor. En efecto, en la Constitución Política se definen un norte específico a seguir en la administración estatal, por ejemplo el artículo 356 C.P. se establece que “los recursos del situado fiscal se destinarán a financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media, y la salud, en los niveles que la ley señala, con especial atención a los niños”, así mismo, el artículo 357 ibídem establece que la participación municipal en los ingresos corrientes de la Nación estará orientada por una ley, a iniciativa del Gobierno, que “determinará el porcentaje mínimo de esa participación y definirá las áreas prioritarias de inversión social que se financiarán con dichos recursos”. Se aprecia, entonces, cómo la Carta Política no deja la acción estatal como una rueda suelta sino la condiciona y la encauza de determinada manera, en aras de “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia de un orden justo” (art. 2º C.P.). 5. Procedencia de la acción de tutela en el caso concreto, para la protección del derecho prestacional a disfrutar un sistema  de desagüe de aguas negras. Vistos los diferentes casos de exigibilidad de derechos prestacionales, la presente Sala entra a considerar la procedencia de la tutela en el específico caso de la protección del derecho prestacional a gozar un sistema  de desagüe de aguas negras. El anterior derecho prestacional se podría hacer exigible a través de la acción de tutela cuando se haya probado dentro del proceso la violación o amenaza del derecho  fundamental del peticionario de la acción de tutela por la ausencia de cierta inversión pública aunada a la comprobada negligencia administrativa, partiendo de la base de una disponibilidad presupuestal. Ciertamente, es relativa la determinación de criterios de eficacia de un derecho prestacional, como los antes designados, pues la actualización del contenido obligacional de una prestación imputable al Estado que implique una obra pública debe ser apreciada en concreto. En abstracto, se ha probado hasta  la saciedad que la falta de un sistema de desagüe de aguas negras o de una adecuada disposición de escretas constituye un factor de gran riesgo para la salud de la comunidad que soporta tal situación, que obviamente se traduce en una amenaza y violación de los derechos  a la salud y a la vida[6]. En palabras de la Corte Constitucional, “El agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas, la salubridad pública o la salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal ser objeto de protección a través de la acción de tutela”[7]. La Corporación, en la sentencia Nº 231/93, ha demostrado la inminencia del daño abstracto, cuando una persona habita expuesta a elementos en descomposición y aguas negras, así: Igualmente la amenaza se demuestra con la inminencia del daño que puede ocasionar a la vida el habitar en un sitio cercano a “elementos en descomposición y aguas negras”, lo cual también está demostrado en el proceso, Según el Manual de Enfermedades de Posible Control por Acciones Sobre el Ambiente[8], son numerosas las enfermedades que viven y se reproducen en un ambiente acuático. Recientemente la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, La Academia Nacional de Ciencias y la Organización Mundial de la Salud concluyeron que en la conducción de aguas, en ductos de aguas lluvias, acueductos etc., en  los que exista contacto con excretas o aguas negras, la posibilidad de aparición de epidemias es muy alta. Una de las enfermedades transmitidas a través del contacto de la piel con aguas infestadas de organismos patógenos es la esquistosomiasis (bilharziasis). Las enfermedades relacionadas con  la disposición de aguas negras son las transmitidas por parásitos de vector-caracol y las siguientes infecciones lemínticas del tracto intestinal: ascariasis (lombriz intestinal), anquilostomiasis, estrongiloidiasis (lombriz filiforme), tricuriasis (lombriz latiguiforme) entre otras. La ascariasis y la tricuris son enfermedades de transmisión fecal-oral, básicamente a través de la mano hacia la boca o por ingestión de agua contaminada[9]. El siguiente cuadro resume las enfermedades que se transmiten por la deficiencia del abastecimiento de agua o del saneamiento[10]  : GRUPO ENFERMEDAD VIA POR LA QUE SALEN ORGANISMOS VIAS POR LAS QUE ENTRAN ORGANISMOS Enfermedades transmitidas por el agua Cólera Fiebre Leptospirosis Giardiasis Amibiasis Hepatitis Infecciosa H Hor OrH H H H O O P.O O O O Enfermedades “lavadas” por agua Sarna Sepis de la piel Pilán Lepra Piojos y Tifus Trocama Conjuntivitis Desentería Bacilar Salmonelosis Diarrea Enteroviral Fiebre Paratifoidea Ascaridiosis Tricuriasis Enterobiasis Anquilostomiasis C C C N Pi C C H H H H H H H C C C ? Pi C C O O O O O O O.P Enfermedades con base en el agua Esquitosomiasis Urinaria Esquistosomiasis rectal Dracontiasis (Gusano Guinca) Or H Pi P P O Vectores relacionados  con el agua Fiebre amarilla Dengue más fiebre hemorrágica de dengue Fiebre del Nilo occ. y del Valle de la Falla Arbovirus encephalitidos Filariasis de Bencroft Paludismo Oncorcercorsis Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi. mosq. Pi. mosq. Pi. mosq. Pi. mosq. Pi. mosq. Pi. mosq. Pi. mosq. Enfermedades debidas a la aliminación de heces Encefalitis letárgica Necatoriasis Clonorquiasis Difilobotriosis Fasciolopsiasis Paragonimiasis Pi.H H H H H H.B Pi. mosca tse-tse P Pescado Pescado Plantas Comestibles Cangrejo de Río __________________________________________ A. H2 Heces O3 orali Or: Orinas P2 Percutáneas C: Cutánea. B. Pi: Aunque algunas veces se transmiten por el agua, con más frecuencia son “lavadas” por el agua. C. Es muy raro que el agua para usos domésticos las produzca. Sobre la amenaza inmediata a la vida por parte de las aguas  negras, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro, estableció que debería concederse la debida prioridad al tratamiento y la eliminación de las excretas dada la amenaza que supone  para la vida humana[11]. Igualmente en el Decreto 2105 de 1983 se adoptó como definición de “contaminación de  agua”, la polución de ésta que produce o puede producir enfermedad y aún la muerte del consumidor. En ese orden de ideas, en abstracto, esta plenamente probada la amenaza del derecho fundamental a la salud y a la vida cuando una persona se encuentra residiendo en un sector en el cual no hay adecuada disposición de excretas; sin embargo, la amenaza o violación del derecho fundamental en casos como los planteados, así como la negligencia de la administración en la solución del problema que causa la antecitada amenaza o violación, tiene que ser apreciada por el juez de tutela en el caso en concreto. Dada la constatación  en abstracto de la amenaza a la vida por la inexistencia de un sistema de alcantarillado, el juez de tutela sólo tendría que determinar: a) contaminación ambiental; b) afección directa de la contaminación al accionante. Es de mérito advertir que una acción de tutela dirigida a obtener obras de alcantarillado no es improcedente por la existencia de otros medios de defensa judiciales como las acciones populares, cuando se demuestra que existe una violación o amenaza directa al derecho  fundamental de la persona que interpone la tutela y que esta situación tenga una relación de causalidad directa con la omisión de la administración que afecte el interés de la comunidad, dado que en estos casos se genera una unidad de defensa, que obedece al principio de economía procesal y al de prevalencia de la acción de tutela sobre las acciones populares[12]. Analizando al caso concreto, en el expediente está plenamente probada la amenaza directa a  los derechos fundamentales del señor Vera Parada con la inspección judicial realizada por el juez de primera instancia y con la declaración rendida por el aludido dentro de la mencionada inspección judicial. El Juez 2º Penal Municipal de Turbo -Antioquía- constató que la calle 104 entre carreras 16 y 17 “se encuentra bañadas de aguas negras” (folio 5º). Igualmente, el promotor de saneamiento de la localidad, señor Luis Alberto Palacio Navarro, manifestó en la mencionada diligencia que el estancamiento de las aguas negras puede producir y esta produciendo malaria, tifo y enfermedades en la piel, en la población del sector. Por último, en la precitada declaración el actor Oscar Hernando Vera Parada afirma que: “... mi perjuicio ha sido el de utilizar a medias los servicios de baño y lavadero, ya que el patio interno de la casa está rebosado de aguas negras, teniendo que soportar malos olores que producen éstas aguas negras, en el negocio muchos clientes han dejado de venir para no tener que meter los pies en ésta laguna de aguas negras y por consiguiente las ventas se rebajaron altamente” (reverso del folio 5º), situación fáctica comprobada en la diligencia antecitada (folio 5º). Con respecto a la señora Gallego Ortiz, tal persona sólo actuó en la petición de tutela, sin embargo, en tal libelo afirmó que su lugar de residencia y trabajo se encontraba situado en la calle 104 con carrera 17, aserto no desvirtuado en el presente proceso. La Sala toma en cuenta que en la inspección judicial antes citada se constató que el sector de la calle 104 entre carreras 16 y 17 se encontraba en el mismo estado ya expresado. Así las cosas, se deduce que los derechos fundamentales a la vida y a la salud de la accionante Gallego Ortiz se encuentran amenazados por la falta de un sistema de desagüe de aguas negras. Se verifica, además, que la presente tutela no es improcedente por la existencia de otros medios de defensa judiciales como las acciones populares, dados que en estos casos se genera una unidad de defensa, siempre y cuando se presenten los requisitos antecitados, los que en este caso se cumplen, pues existe una amenaza directa al derecho fundamental de los accionantes, la cual tiene una relación de causalidad directa con la omisión de la administración de Turbo que esta afectando el interés de la comunidad. En efecto, se presenta un atentado directo a la salud de los accionantes, que podría llegar a la muerte, por la exposición de las aguas negras tanto en la calle como en sus propias casas. Esto se debe a la inexistencia de un adecuado sistema de disposición de excretas, prestación que recae en la administración municipal de Turbo. Dado que lo buscado por los accionantes es la exigibilidad de un derecho prestacional que se traduce en una obra pública, al caso en comento le es aplicable los requisitos de eficacia  de obtención de una obra pública a través de tutela. A continuación se constatarán. Primero, se presenta una amenaza a los derechos fundamentales de los accionantes, como ya se expuso. Segundo, el artículo 357 constitucional señala que la ley definirá las áreas prioritarias de inversión social en las cuales se invertirá la participación municipal en los ingresos corrientes de la nación. Tales áreas de inversión social fueron definidas por el artículo 22 de la Ley 60 de 1993, estableciendo un 20% de asignación de la participación antedicha para agua potable y saneamiento básico, cuando no se haya cumplido la meta de cobertura de un 70% de la población con agua potable. Partiendo de lo anterior, se puede aseverar que existe, en principio una partida destinada al agua potable y al saneamiento básico, ítem éste último donde se encuentra el alcantarillado. Así las cosas, la presente Sala solicitó al alcalde municipal de Turbo ciertos informes que dejarían en claro cual era el estado de la partida  presupuestal dedicada al saneamiento, por ejemplo, que era insuficiente, o que estaba comprometida, eventos eximitorios de responsabilidad de la administración, en este caso. Mas no se obtuvo respuesta dentro del término estipulado, por tanto, partiendo de lo establecido en el artículo 20 del decreto 2591 de 1991, el cual señala que si el informe solicitado a la autoridad acusada no fuere rendido dentro del plazo correspondiente se tendrán por ciertos los hechos, la Sala presume que la partida presupuestal era suficiente para conjurar el problema sanitario y que se presentó negligencia de la administración al no actuar teniendo los medios para hacerlo. Por otro lado, las declaraciones de los accionantes en las cuales se asevera la negligencia del municipio de Turbo, no fueron desvirtuadas, por tanto, a juicio de esta Sala, se presenta una grave negligencia de la administración municipal de Turbo. En el caso sub-examine, la orden judicial de protección de derechos fundamentales sólo puede ir encaminada a imprimirle cierta dinámica al proceso de gestión administrativa, o sea, influir en determinadas fases del mentado proceso más no en todas, pues no sería plausible que el juez de tutela se inmiscuyera en decisiones puramente administrativas[13], a guisa de ejemplo, la parte técnica. Esto implica que la cobertura que brinda la orden judicial debe dar el suficiente margen de acción a la administración, para que ella defina cual es la mejor manera de conjurar el problema dentro de un período razonable. En este orden de ideas, se confirmará la sentencia revisada, en cuanto concede la acción de tutela a los actores, sin embargo, se revocará la orden dada por el Juzgado 2º Penal Municipal de Turbo -Antioquía-, y en su lugar se ordenará a la administración municipal de Turbo -Antioquía- la realización de las gestiones necesarias para solucionar, en forma definitiva, el problema de desagüe de aguas negras en el sector comprendido entre la calle 104 y la carrera 17 de la ciudad de Turbo, dentro de un período razonable. En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 2º Penal Municipal de Turbo -Antioquía- dentro del proceso de la referencia, en cuanto tuteló el derecho a la salud de Oscar Hernando Vera Parada y Silvia Margarita Gallego Ortiz. SEGUNDO: REVOCAR la orden emitida por el Juzgado 2º Penal Municipal de Turbo -Antioquía- dentro del proceso de la referencia, y en su lugar, ORDENAR a la administración municipal de Turbo -Antioquía- la realización de las gestiones necesarias para solucionar, en forma definitiva, el problema de desagüe de aguas negras en el sector comprendido entre la calle 104 y la carrera 17 de la ciudad de Turbo, dentro de un período razonable. TERCERO: COMUNICAR a través de la Secretaría General de la Corte Constitucional el contenido de la sentencia al Juzgado 2º Penal Municipal de Turbo -Antioquía-, al Alcalde del municipio de Turbo, al Defensor del Pueblo y a los peticionarios de la presente tutela. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1] Corte Constitucional. Sentencia Nº T-597/93. M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñóz [2] Corte Constitucional. Sentencia Nº T-323/94. M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñóz [3] Corte Constitucional. Sentencia Nº T-533/92. M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñóz [4]Corte Constitucional. Sentencia Nº T-597/93. M.P.: Dr.  Eduardo Cifuentes Muñóz. [5] Corte Constitucional. Sentencia Nº T-185/93. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo. [6] Corte Constitucional. Sentencia Nº T-406/92. M.P.: Dr. Ciro Angarita Barón [7] Corte Constitucional. Sentencia Nº T-578/92. M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero [8] Enfermedades de posible control por acciones sobre el ambiente. Ministerio de Salud. 1978. [9] MC. JUNKIN, Eugene. Agua y Salud Humana. Organización Panamericana de la Salud. Oficina Sanitaria Panamericana. Oficina Regional de la O.M.S. pág. 29. [10] LINARES MEDINA,  Luis Alfonso. El Problema de la Contaminación del Agua en la Vereda Colombiana. Tesis de Grado 1984. Facultad de Estudios Interdisciplinarios. Pontificia Universidad Javeriana. págs. 21-22. [11] Agenda 21. Declaración de Río (Proyectos). Naciones Unidas, pág. 283. [12] Corte Constitucional. Sentencias Nº T-254/93 T-539/93, T-354/94, T-431/94, entre otras. [13]Corte Constitucional. Sentencia No. T-195/95. M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero.

T-208-95 Sentencia No Sentencia No. T-208/95 PERJUICIO IRREMEDIABLE-Requisitos/ACCION DE TUTELA-Improcedencia/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL/UNIFORMES DE TRABAJO Para que el perjuicio sea irremediable ha de ser INMINENTE, las medidas deben ser URGENTES, el perjuicio GRAVE y la urgencia y la gravedad determinen que la tutela sea IMPOSTERGABLE. En el presente caso es el mismo abogado quien se encarga de quitarle todo piso a la urgencia porque los poderes se le dieron en 1993 y la tutela la presenta un año después, a la inminencia porque reclama en 1994 lo de 1990 a 1993, a la gravedad porque en la misma petición afirma que los trabajadores ya compraron los uniformes y sólo desea que se les compense lo gastado, y, no puede hablarse de que la tutela es impostergable porque el poder era inicialmente para un ejecutivo laboral. DOTACION LABORAL-Naturaleza prestacional El Código Laboral caracteriza a la entrega de ZAPATOS y VESTIDO DE LABOR como PRESTACION y que "queda prohibido a los patronos pagar en dinero las prestaciones establecidas en este Capítulo", habrá que concluir que no se trata de un derecho fundamental constitucional y que la dotación es una prestación que se puede demandar judicialmente, no siendo viable la reclamación por la via de tutela. REF: EXPEDIENTE T-56109 Peticionario: Claudio Tobo Puentes. Procedencia: Juzgado Décimo Civil del Circuito de Santafé de Bogotá. Temas: -Procedencia en la petición de tutela. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. Santa Fe de Bogotá D.C., doce (12) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-56109, instaurado por Claudio Tobo Puentes. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto Nº 2591 de 1991, la Sala de Selección de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del Decreto Nº 2591, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia. 1. Solicitud. El abogado Claudio A. Tobo Puentes presentó poderes dirigidos inicialmente al "Juez Laboral de Santafé de Bogotá (reparto)", suscritos por: 1. PEDRO LUIS ALZATE MARTINEZ 2. MARTHA CECILIA ARCILA ALVAREZ 3. JOSE ALADIEL ESPINOSA 4. MARIA MERLENY GUAPACHA GOMEZ 5. MARIA MAHECHA DE HERNANDEZ 6. HENRY LOPEZ ARANGO 7. MARIA CONSUELO BERNAL HERNANDEZ 8. MARHA RUBY OSPINA 9. NORBERTO CRISTANCHO CIFUENTES 10. LUIS FERNANDO CAMARGO SOLANO 11. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ DE CRUZ 12. FABIOLA ABDALA GUERRERO 13. CARLOS LIBARDO LEAL GARZON 14. MARIA DEL CARMEN PARADA PARADA 15. AMPARO PATIÑO CARVAJAL 16. ORLANDO ALFREDO SANA TOLOZA 17. LUZ MARIA ESCOBAR 18. LUZ MERY MUÑOZ FALLA 19. MARTHA LUCIA PARRA CORREA 20. RAUL PINEDA RONCANCIO 21. RICARDO RINCON OCAMPO 22. JORGE IVAN ARANGO 23. JOSE RODRIGO ATEHORTUA 24. ADRIANA MARIA CEBALLOS 25. AMPARO FRANCO OSSA 26. MARTHA INES MONTOYA 27. ROSALBA RESTREPO RUA 28. GLORIA INES SERNA GARCES 29. LUZ AMPARO YEPES URIBE 30. CORNELIO ARBOLEDA 31. PILAR CADAVID GARCIA 32. JOSE CENON CASTRO VALDERRAMA 33. JORGE RAMON DIAZ 34. DALIDA MUNIVE BUSTO 35. ELIZABETH MARINA PAEZ 36. MOIRA DEL CARMEN PUELLO 37. CARMEN VICENTA RODRIGUEZ 38. NANCY ESTELLA RUBIO 39. DORIS NUBIA BAEZ 40. CARLOS ANIBAL CABRERA 41. MILVIA DEL ROSARIO ESTRADA 42. NUBIA MARGARITA GUERRERO 43. ADOLFO ALBEIRO MUÑOZ 44. RODRIGO LEON BAOS PEÑA 45. MARIA MEDINA 46. JOSE TITO ORDOÑEZ 47. NOREIVA PARAFAN PAZ 48. YTALO PINTO TOMBE 49. NANCY ESMERALDA ROSAS PIAMBA 50. DORA ESTELLA ACOSTA BECERRA 51. MARTHA HELENA AGUILAR GALINDO 52. MISAEL ALARCON SUAREZ 53. BEATRIZ ALVAREZ CASTRO 54. ANA ISABEL ANGEL TORRES 55. ILBA ARANGO GONGORA 56. LUZ HELENA BARRIOS MERCHAN 57. HERNANDO BECERRA VEGA 58. MARIA SOLEDAD BEDOYA SALAZAR 59. SEGUNDO BALDOMERO CABRERA JOYA 60. JOSE MIGUEL CARDENAS TOVAR 61. JOSE IGNACIO CASTAÑEDA MURCIA 62. JUAN BAUTISTA CASTAÑO CORREA 63. DIOSELINA CASTIBLANCO MARIN 64. BETULIA CASTRO MENDEZ 65. FABIOLA CELIS YAÑEZ 66. NOHORA RAQUEL CERON DE AVILA 67. LUZ ESTELLA CHAVEZ 68. VICTOR MANUEL CHISICA CUERVO 69. NOHELIA CRUZ MORENO 70. MARIA YOLANDA CUELLAR DE GARZON 71. ROSA M. DEL P. SOCORRO CUJIÑO A. 72. MARTHA CECILIA DAZA 73. CARMEN E. DE ACOSTA 74. YESID OMAR DIAZ GONZALEZ 75. ROQUELINA ESTER FERNANDEZ DE VELEZ 76. LUIS EDUARDO GALVIS 77. AMAURY GIOVANY GARCIA 78. IRMA GARCIA SAAVEDRA 79. PABLO LUIS GARZON CASTELLO 80. HERNANDO GRISALES ROCHA 81. CESAR AUGUSTO GUALTEROS 82. LUIS HERNANDO GUTIERREZ 83. MARIA  D. GUZMAN GARCIA 84. MARIA EUGENIA HEREDIA VIVEROS 85. MARIA REBECA HERNANDEZ BERNAL 86. LUIS AURELIO JASPE ORTEGA 87. LUZ MIRYAM JIMENEZ LOZANO 88. BETTY MARIBEL LARA SEGURA 89. JHON ALBERTO LAVERDE QUIÑONEZ 90. JORGE EDUARDO LEON CIFUENTES 91. LUIS ALFONSO LOPEZ PINEDA 92. MYRIAM MAHECHA 93. FANNY MARIN RAMIREZ 94. DELIO MARTINEZ RIVERA 95. LUIS CONRADO MEJIA 96. GUSTAVO MONROY GALLO 97. SIMEON MORALES 98. ROSALBA OROZCO DE DUQUE 99. ROSA ISBELIA PEREZ DE RODRIGUEZ 100. MARILUZ PRECIADO SUAZA 101. PABLO PRIETO 102. LUIS EDUARDO PRIETO CORTES 103. NEIRA DEL SOCORRO QUINCHIA RODRIGUEZ 104. NELLY CECILIA QUINTANA DE MEJIA 105. HUGO HUMBERTO RAMIREZ CARRILLO 106. MANGOLY RAMIREZ TOVAR 107. ALCIRA JULIANA RIVERA DEYONGH 108. LUIS ANTONIO RODRIGUEZ 109. ISLIAM DORIS RODRIGUEZ MUÑOZ 110. MIGUEL ORLANDO RODRIGUEZ PULIDO 111. JANETH MARCELA ROJAS LOPEZ 112. MARIA DOLORES ROLDAN 113. RUD FRANCIS RONDON ROMERO 114. MARIA ROSENDA ROSAS ESPINEL 115. DIEGO JESUS ROZO PINILLOS 116. ALBINA RUBIO 117. MARIA DEL CARMEN RUIZ LUNA 118. NAZARIO SALAMANCA LEON 119. PEDRO SARMIENTO REINA 120. CECILIA SARMIENTO SANCHEZ 121. DORALICE SOTO CAMACHO 122. STELLA TORRES DE MARTINEZ 123. MARIA TERESA VANEGAS 124. LUZ MARINA VILLALBA BERMUDEZ 125. ENVER CASTILLO PEREA 126. CARLOS ARIAS 127. ORLANDO RAFAEL ARRIETA 128. MYRIAM BUELVAS 129. VITELIA MEDRANO DE MERCADO 130. JORGE ENRIQUE MENDEZ 131. MANUEL MERLANO NAVARRO 132. CARLOS JOSE PATERNINA 133. SEGUNDO ROMAN GALEANO AMAYA 134. AMALIA GUZMAN 135. BALVINA PACHECO OCHOA 136. JUAN DE DIOS CARDENAS Los poderes se otorgan para que "se inicie y lleve hasta sus terminación ACCION EJECUTIVA LABORAL, contra el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS "DANCOOP" con el objeto de obtener el pago por capital e intereses de todas y cada una de las prestaciones que la entidad demandada me adeuden hasta la fecha, por concepto de dotaciones de vestido y calzado que conforme a la ley se me han dejado de suministrar hasta la fecha". Sin embargo, con máquina de escribir diferente se agregó al final del poder: "Que en caso necesario puede ser utilizado para acción de tutela ante autoridad competente". Y, en el encabezamiento también se hizo este agregado: "Y/O JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO (REPARTO)". Sin aclararse de cuál ciudad. Esos poderes, en principio estaban dirigidos al "Juez Laboral de Santafé de Bogotá (Reparto)", y fueron autenticados ante Notario y en aquellos sellos de Notaría donde se dice para quién va el escrito se relacionó el Juzgado Laboral y no se hace mención del Juzgado Civil del Circuito. La autenticación o nota de presentación de todos los poderes se hizo en diferentes Notarías del país, 71 en Bogotá y el resto en otras capitales según la ciudad de residencia del poderdante. Los poderes se firmaron en el segundo semestre de 1993 y un año después, el 7 de octubre de 1994, el abogado Tobo Puentes presenta solicitud de tutela "en mi calidad de procurador judicial de todos los ciudadanos colombianos y mayores de edad actualmente empleados y exempleados del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS DANCOOP que será contra quien se dirige la tutela y a quienes en detalle relaciono" y hace la enumeración de 136 personas, las ya indicadas en esta sentencia. Pide que se ampare a tales personas en su derecho al trabajo y consecuencialmente se obligue a DANCOOP a pagarles en el término de 10 días "las dotaciones de calzado y vestido que les adeuda conforme a las prestaciones del listado adjunto a esta tutela". El listado se refiere a dotaciones correspondientes a 1990, 1991, 1992 y 1993. Pide, además, que DANCOOP continúe con la obligación de cumplir con las dotaciones de vestido y calzado ordenadas en la Ley 70 de 1988 sin ninguna interrupción, que se imponga "multas sucesivas y demás sanciones que las normas y su despacho ordene para estos casos "y que como indemnización se paguen los intereses comerciales bancarios y las costas del proceso. Fundamenta sus pretensiones en que la Ley 70 de 1988 estableció a favor de los trabajadores 3 dotaciones anuales de vestido y calzado; indica que DANCOOP no ha cumplido con ello, lo cual conlleva en su criterio una violación “por omisión”. Insiste en que tal omisión no se justifica con la explicación dada por DANCOOP en el sentido de que “una vez que el Ministerio de Hacienda ubique los dineros por este concepto, se procederá a dar cumplimiento a dichas obligaciones”. Termina diciendo que “ya los elementos de las dotaciones fueron compradas y consumidas por ellos y por tal debe compensárseles las dotaciones en efectivo y ordenar que se continúen pagando las prestaciones de las dotaciones en el tiempo ordenado por la ley”. Es decir, pide en dinero lo correspondiente a 1990, 1991, 1992 y 1993, señala una cantidad de $600.000 por persona y solicita en especie a partir de 1994. 2. PRUEBAS. Con la solicitud de tutela se adjuntó esta prueba documental: a- Petición hecha el 26 de octubre de 1992 por Claudio Tobo, reclamando las dotaciones de algunos trabajadores de DANCOOP, b- Un escrito presentado el 13 de agosto de 1993, dice que "anexo, el cuadro que contiene la liquidación de cada uno de los empleados y ex-empleados", "en 3 folios"; pero NO aparece tal anexo. c- Figura en 3 folios, sin constancia alguna de presentación, un escrito en el cual hace referencia a que DANCOOP reconoció en forma expresa el derecho de dotación en $60.000 a cada uno, mediante comunicación de 1º de julio de 1993. (Este escrito no menciona ningún nombre, ni contiene liquidación alguna). d- En esa comunicación, de 1º de julio de 1993, de la Oficina Jurídica de DANCOOP, se manifiesta que se debe incluir en el presunto $36.600.000 para dos dotaciones y dice: "con base en este valor se concluye, que la partida para una dotación de un funcionario es de SESENTA MIL PESOS ($60.000) M/cte. para 1993". e- Con anterioridad, el 18 de enero de 1993, el Director de DANCOOP le contestó a Claudio Tobo haciendo precisiones sobre 21 trabajadores e indicando que del listado citado por Tobo, 9 no figuran en el archivo. f- También hay una comunicación de 30 de agosto de 1993 en la cual se dice que ya se contestó el 18 de enero y el 20 de abril de 1993 y que "nuevamente se reitera que una vez el Ministerio de Hacienda ubique los dineros por este concepto se procederá a dar cumplimiento a dicha obligación". No existe prueba alguna que señale concretamente que todas y cada una de las personas que firman los poderes laboraron en DANCOOP, cuál su salario, si se trata de empleados públicos o trabajadores oficiales, durante cuánto tiempo laboraron, si los 136 agotaron la vía gubernativa y, salvo la expresión de la oficina jurídica de que la partida para una dotación de un funcionario es de $60.000,oo para 1993, no hay otro elemento de juicio sobre cuantificación de las dotaciones, menos aún respecto a 1994 porque los poderes fueron presentados y autenticados en 1993 y en ellos expresamente se dice en dos oportunidades que se reclama lo debido HASTA LA FECHA, es decir, hasta 1993. 3. DECISIONES. El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, el 18 de octubre de 1994, denegó la tutela porque en su sentir se trata de una acción popular (art. 88 C.P.) y se reclama un derecho de estricto rango legal. El Tribunal de Santafé de Bogotá, Sala Civil, confirmó con similares razones, en providencia de 23 de noviembre de 1994. FUNDAMENTOS JURIDICOS A. COMPETENCIA. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. B. CASO CONCRETO Y TEMAS JURIDICOS. 1. La jurisdicción del trabajo conoce de los juicios ejecutivos laborales (arts. 100 y ss. Código Procesal del Trabajo); de manera que el otorgamiento de un poder especial le da al abogado designado la postulación para pedir en los términos que señale el mandato judicial. Cuando en el poder se dice concretamente que es para una acción ejecutiva laboral, el apoderado judicial sólo tiene aquellas facultades que le son propias de este juicio. Y si se precisa que es para el Juzgado Laboral de Santafé de Bogotá, tendrá validez para esta ciudad y no para otra. 2. Si al poder se le hace un agregado ampliándolo para actuar en OTRA JURISDICCION: la CONSTITUCIONAL, se tiene un poder especial para varios procesos separados que "Sólo podrá conferirse por escritura pública" (art. 65 del C. de P.C.). Podrá pensarse que tratándose de la tutela no es aplicable esta norma del procedimiento civil, dada la informalidad de la tutela, pero, en todo caso, pierde seriedad el añadirle a los 136 memoriales-poder referentes a juicio ejecutivo laboral, la frase de que el poder "puede ser utilizado para acción de tutela". Y, se tergiversa el mandato si además se agrega que el poder especial dirigido al Juez Laboral (y de ello dan fé, autenticaciones ante Notario) puede ser también para "Y/O JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO". 3. Si, en gracia de discusión, se aceptan los irregulares poderes y la expresión de estar dirigidos tanto al Juez Laboral de Santafé de Bogotá como al "Juez Civil del Circuito" sin decir de donde, de todas maneras surge, tratándose de la tutela, esta complicación: El interesado escoge, siempre que se someta a la competencia territorial (del lugar donde ocurrió la violación o la amenaza del derecho fundamental), el Juez o Tribunal que estime conveniente. Ocurre que, en la presente tutela se reclama por la entrega de unas dotaciones debidas a trabajadores que al parecer laboraban o laboran en diferentes partes del país (así lo señalan la vecindad reseñada en los poderes y se colige de la presentación en Notarias de diferentes capitales). Pues bien, podría plantearse esta alternativa: la violación tuvo ocurrencia o en el lugar del trabajo o en la capital de la República donde se dice por el solicitante que no se soluciona el problema. En 71 de los 136 casos el lugar del trabajo es la capital de la Repúblia, luego, para la tutela podría admitirse que se puede instaurar en Bogotá; pero, lo complicado es que el abogado escogió el Juez Civil del Circuito de Santafé de Bogotá (Reparto) para todos los 136 que dieron poder. En el segundo caso, o sea, considerando que Santafé de Bogotá es la ciudad donde presuntamente se ha violado el derecho, podría, en gracia de discusión, admitirse el poder no obstante la incongruencia. 4. Pero, si en virtud del principio de celeridad se admitieran como irregularidades y no com nulidades los inconvenientes surgidos de los agregados hechos a todos los poderes, lo que no puede esquivarse es lo perentorio del mandato: "obtener el pago por Capital e Intereses de todas y cada una de las pretensiones que la entidad demandada me adeuden hasta la fecha, por concepto de dotaciones de vestido y calzado que conforme a la ley se me han dejado de suministrar hasta la fecha" (subrayas fuera del texto). Es decir, el abogado sólo está facultado para reclamar capital e intereses hasta la fecha en que se otorgaron los poderes, segundo semestre de 1993, luego las pretensiones relativas a 1994 y todo lo que surgiere con posterioridad, escapan al mandato conferido, fuera de no ser susceptibles de reclamar mediante tutela como se explicará posteriormente y de que el Código de Trabajo prohibe la compensación en dinero a la prestación de calzado y overoles (art. 234 C. del T.). 5. La petición hecha a finales de 1994 para que se pague en dinero efectivo las dotaciones de 1990, 1991, 1992 y 1993 no son susceptibles de tramitar mediante tutela porque esta acción sólo procede cuando no existe otro medio de defensa judicial y en el presente caso el mismo solicitante reconoce que la via adecuada es el juicio ejecutivo laboral, tanto es así que los poderes se otorgaron fundamentalmente para adelantar tal juicio. Indudablemente el título ejecutivo es la Ley 70 de 1988 y tenía que demostrar que cada trabajador o ex-trabajador se ubicaba dentro de los requisitos del artículo 1º de dicha ley. 6. Excepcionalmente cabe la tutela, como mecanismo transitorio, cuando pese a existir otra via judicial, se esté ante un perjuicio irremediable. Para que el perjuicio sea irremediable ha de ser INMINENTE, las medidas deben ser URGENTES, el perjuicio GRAVE y la urgencia y la gravedad determinen que la tutela sea IMPOSTERGABLE. La Corte ha repetido en numerosos fallos la siguiente jurisprudencia: "A- El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente". Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética.  Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada.  Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado.  Hay inminencias que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado.  Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto.  Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia. B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia.  Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación:  si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares.  Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad de la urgencia. C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona.  La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza  a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas.  Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente.  Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente. D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna.  Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos.  Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social. De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de  hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de  manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio. El fundamento de la figura jurídica que ocupa la atención de esta Sala es la inminencia de un daño o menoscabo graves de un bien que reporta gran interés para la persona y para el ordenamiento jurídico, y que se haría inevitable la lesión de continuar una determinada circunstancia de hecho. El fin que persigue esta figura es la protección del bien debido en justicia, el cual exige lógicamente unos mecanismos transitorios, urgentes e impostergables, que conllevan, en algunos casos, no una situación definitiva, sino unas medidas precautelativas"[1] . En el presente caso es el mismo abogado quien se encarga de quitarle todo piso a la urgencia porque los poderes se le dieron en 1993 y la tutela la presenta un año después, a la inminencia porque reclama en 1994 lo de 1990 a 1993, a la gravedad porque en la misma petición afirma que los trabajadores ya compraron los uniformes y sólo desea que se les compense lo gastado, y, no puede hablarse de que la tutela es impostergable porque el poder era inicialmente para un ejecutivo laboral y el criticable agregado que se le hizo para extenderlo a la tutela plantea una pregunta obvia: por qué no inicio el juicio ejecutivo laboral en ese año largo durante el cual tuvo los poderes? 7. Tanto en las sentencias (expresamente) como en la solicitud (tácitamente) se le da a la dotación el carácter de obligación con rango legal. No puede pensarse que mediante la tutela, con la simple afirmación de que a una persona se le deben unas dotaciones de años atras, se le está violando el derecho fundamental al trabajo. La Ley 70 de 1988 establecio la entrega de dotaciones para los empleados del sector oficial, aclarando que no es factor salarial, que se caracteriza por la gratuidad y que sólo tienen derecho quienes tengan una remuneración mensual inferior a 2 salarios mínimos y hayan cumplido 3 meses de labores. Los artículos de la Ley 70 expresamente dicen: "Artículo 1º Los empleados del sector oficial que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, superintedencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta, tendrán derecho a que la entidad con que laboran les suministre cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos (2) veces el mínimo legal vigente. Esta prestación se reconcoerá al empleado que haya cumplido más de tres (3) meses al servicio de la entidad empleadora. Artículo 2º Esta prestación no es salario, ni se computará como factor del mismo en ningún caso. Artículo 3º Esta Ley rige a partir de su publicación." Si a lo anterior se agrega que el Código Laboral caracteriza a la entrega de ZAPATOS y VESTIDO DE LABOR como PRESTACION (Capítulo 4º) y que "queda prohibido a los patronos pagar en dinero las prestaciones establecidas en este Capítulo", habrá que concluir que no se trata de un derecho fundamental constitucional y que la dotación es una prestación que se puede demandar judicialmente, no siendo viable la reclamación por la via de tutela. 8. Mucho menos tiene cabida que en la sentencia de tutela se ordene el pago de perjuicios porque eso ocurriría en el caso de que la tutela hubiere prosperado y en circunstancias muy especiales. Como tampoco hay lugar a condenar en costas a DANCOOP. Por el contrario, las posibles irregularidades que aparecen en los poderes obligan a esta Sala a ponerlas en conocimiento del Consejo Seccional de la Judicatura para lo que estime del caso. En mérito de lo expuesto la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR las decisiones del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, de 18 de octubre de 1994, y de la Sala Civil del Tribunal Superior de esta ciudad, de 23 de noviembre de 1994, pero por las razones expuestas en este fallo. SEGUNDO: Comuníquese al Juzgado Décimo Civil del Circuito de Santafé de Bogotá para que notifique la sentencia a las partes, al tenor del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Envíese copia de la sentencia al Consejo Seccional de la Judicatura, en esta ciudad,  para los efectos indicados en la parte motiva del presente fallo. CUARTO: Envíese copia al Defensor del Pueblo. Notifíquese, comuníquese  y cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA. Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1]Corte Constitucional. Sentencia Nº T- 225/93 Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa

T-209-95 Sentencia No Sentencia No. T-209/95 DERECHO A LA PENSION DE JUBILACION-Pago oportuno/ACCION DE TUTELA El pago de las pensiones se hace efectivo si previamente al mismo se realiza la inclusión en la nómina de pensionados" que constituye un acto de trámite o preparatorio, no atacable en vía gubernativa ni susceptible de controversia ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de donde surge "que el único medio judicial de defensa para la protección del derecho fundamental, es precisamente la acción de tutela". _ PENSION DE INVALIDEZ/DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración La condición de disminuido físico, sensorial o psíquico -que subyace a la calificación médica de pérdida de la capacidad laboral como presupuesto del reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez-, coloca a la persona afectada bajo la órbita del derecho a la igualdad y la hace acreedora de una protección especial del Estado por encontrarse en circunstancias de debilidad manifiesta. El desconocimiento del derecho fundamental a la pensión de invalidez y a su pago oportuno puede entrañar igualmente una vulneración del derecho a la igualdad, en este caso al derecho a ser tratado de modo especial por encontrarse en situación de desventaja frente a las demás personas. PENSION DE INVALIDEZ-Orden de inclusión en nómina La acción de tutela se orienta a lograr el reconocimiento de una pensión "por servicios prestados", en lugar de la pensión de invalidez que se reclamó. En criterio de la Sala, este aspecto escapa al ámbito propio del instrumento de defensa de los derechos fundamentales previsto en el artículo 86 superior, porque es a la entidad de seguridad social a la que corresponde decidir si reconoce o no tal pensión, siempre que previamente se presente la solicitud respectiva y se acrediten los requisitos exigidos. Según se desprende de la declaración rendida por la esposa del solicitante, pese a considerar  que, al momento de su retiro, reunía los requisitos de tiempo y edad para obtener una pensión distinta a la de invalidez,  ninguna diligencia se cumplió ante la Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá con el fin de reclamarla;  todo lo contrario, lo que se solicitó y obtuvo fue la pensión de invalidez y, con base en ese reconocimiento, la Corte Constitucional procede a conceder la tutela. Lo anterior no obsta para que, en el evento de estimarlo viable y conveniente, el interesado presente una solicitud enderezada a obtener una pensión diferente. REF:        EXPEDIENTE No. 62.011. Peticionario: Carlos Ovidio Cruz Montero. Procedencia: Juzgado 29 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. Santa Fe de Bogotá D.C., doce (12) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-62.011, adelantado por Carlos Ovidio Cruz Montero en contra de la Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá. Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991,  la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional, escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. I. ANTECEDENTES 1.      Solicitud. El 12 de enero de 1995, Carlos Ovidio Cruz Montero  presentó, ante el Juzgado 49 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, una acción de tutela,  invocando como vulnerado el derecho fundamental de petición. Señaló el actor, en confuso escrito, que laboró al servicio de las secretarías de Gobierno y Hacienda. Relata que ingresó a trabajar el 20 de enero de 1970 habiendose retirado el 6 de febrero de 1993, y que radicó los papeles para obtener una pensión de invalidez que no le ha sido reconocida, motivo por el cual, él y su familia atraviesan por una difícil situación ya que carecen de otros recursos. Manifiesta, además,  que en la actualidad se encuentra imposibilitado para desempeñar un empleo. 2.      Actuación Judicial. El asunto fue repartido al Juzgado 29 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá que asumió el conocimiento y solicitó, a la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital y, a la Caja de Previsión Social del Distrito, los informes y documentación pertinentes. Igualmente,  el despacho judicial dispuso oír al accionante “a efectos de puntos relacionados con la acción de tutela por él formulada”. En su declaración, Carlos Ovidio Cruz Montero expuso que reclamaba el pago de una pensión “por servicio completo”, en razón de haber cumplido el tiempo indispensable. Ante las dificultades que el accionante tuvo para expresarse, de las cuales el Juzgado dejó constancia, se le solicitó indicar a una persona que, enterada de los hechos,  estuviera en condiciones de comunicarlos al Juzgado. El accionante designó a su señora, María Isabel Forero Florez quien, hallándose presente, fue interrogada e informó lo siguiente: -Convive con el peticionario desde hace 16 años y tienen dos hijos de 9 y 16 años de edad. -A causa de un “infarto cerebral” que le dejó inválido el lado derecho, Carlos Ovidio Cruz Montero se retiró, a partir del 6 de febrero de 1993,  del cargo que ocupaba en la Secretaría de Gobierno del Distrito. -El 23 de febrero de 1994 solicitaron a la Caja de Previsión Social del Distrito el reconocimiento de la pensión de invalidez, solicitud que fue radicada bajo el número 121. - Al momento de retirarse del trabajo, el peticionario había cumplido los requisitos para acceder a "la pensión por tiempo de servicio". En esas circunstancias, la acción de tutela se dirige, en primer término, a obtener una respuesta y, en segundo lugar, a que se ordene a la Caja pagar la "pensión por servicio prestado ...y no por invalidez", si bien ante la entidad demandada no se efectuó la rectificación correspondiente. -Manifiesta la declarante que se encuentran en precaria situación económica porque su esposo no puede trabajar y ella tampoco, pues debe atenderlo. El hijo mayor estudia y trabaja para sostener el hogar. 3. La sentencia que se revisa. El Juzgado 29 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, mediante sentencia de 24 de enero de 1995, resolvió negar la tutela y "Recomendar a la Caja de Previsión Social de Santafé de Bogotá , D.C. que dentro de los términos de razonabilidad, oportunidad y eficacia se disponga la inclusión en nómina del pensionado CARLOS OVIDIO CRUZ MONTERO". Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones: -En lo que atañe al derecho de petición, "resulta situación superada" ya que, "mediante resolución No. 01960 del 27 de octubre de 1994, se reconoció al mentado ciudadano pensión por invalidez y sólo resta incluirlo en nómina". -En cuanto tiene que ver con la tardanza para incluirlo en nómina, pese a que nada justifica  la incuria oficial, "el efecto protector de la tutela no puede cobijar la posibilidad de que por vía de tan excepcional mecanismo se disponga y ordene el pago de una obligación del Estado ya reconocida a virtud de acto administrativo en firme, pues en tales condiciones, ha dicho nuestro Máximo Tribunal Constitucional, cuenta el afectado con mecanismos alternos para obtener el pago y las indemnizaciones que por mora se pudieren generar, acciones que comprenden el juicio ejecutivo laboral contra la entidad renuente". II.  FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. Competencia. Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 3o. y 241 numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. 2.La materia. Según se desprende de la información que reposa en el expediente, el señor Carlos Ovidio Cruz Montero, mediante resolución No. 1531 de 1993, fue retirado del empleo que venía desempeñando en la Secretaría de Gobierno de Santa Fe de Bogotá, a partir del 6 de febrero de ese año, fecha esta última en la cual, de acuerdo con informe de la Caja de Previsión Social del Distrito, cumplió "180 días de incapacidad continua". (Folios 5, 43 y 44). El 23 de febrero de 1994 el accionante solicitó, ante la Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá, el reconocimiento de la pensión de invalidez en razón de no hallarse en condiciones para trabajar. Por resolución No. 1960, fechada el 27 de octubre del año anterior, la Caja decidió reconocer la pensión pedida y ordenar el pago correspondiente desde el 7 de febrero de 1993. (Folio 83). El 12 de enero del presente año, el señor Cruz Montero impetró una acción de tutela en contra de la Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá y adujo, como derecho conculcado, el contemplado en el artículo 23 de la Carta Política, derecho que, conforme a reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional no se agota en la simple posibilidad de dirigirse a las autoridades, sino que, dentro de su núcleo esencial, comprende la resolución real y efectiva de la cuestión planteada; respuesta que, de acuerdo con la literalidad de la norma superior, debe ser "pronta". Así pues, tanto la falta de contestación como la decisión tardía vulneran el derecho de petición. En el caso sub-exámine, la Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá, en el escrito que envió al juez de tutela, indica que "Al presentar la solicitud de pensión de invalidez se le hizo saber al peticionario que debido al cúmulo de trabajo de la Oficina de Prestaciones Económicas de esta Entidad, era imposible dar cumplimiento al término estipulado, pues las peticiones se vienen evacuando en el respectivo orden cronológico de acuerdo a la presentación ". (Folio 65). Es cierto que una circunstancia como la anotada es previsible, pero no basta enterar al solicitante de la imposibilidad de generar una respuesta oportuna y de los motivos del retraso, ya que, conforme a lo previsto por el Código Contencioso Administrativo, es indispensable señalar "la fecha en que se resolverá o dará respuesta". (Art, 6), de lo contrario, el interesado quedará sumido en una reprochable incertidumbre. Como se anotó, la Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá, produjo una resolución reconociendo la pensión, ocho meses después de haberse radicado la solicitud, y aún cuando, por ese motivo, el juez de conocimiento entiende que la situación quedó "superada, no sobra advertir acerca de la oportunidad de la respuesta y de los aspectos reseñados en el apartado anterior. Ahora bien, manifiesta el peticionario que no se ha efectuado el pago de las mesadas correspondientes a la pensión reconocida. Al respecto, lo primero que debe dilucidarse, para estimar la procedencia de la acción de tutela, es si la Corte se encuentra frente a un derecho constitucional fundamental y, en caso afirmativo, si se configura la violación alegada. Sobre el particular, es pertinente recordar que, conforme la Corte lo ha establecido, en determinadas circunstancias el derecho a la seguridad social adquiere el carácter de fundamental, cuando su "no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como la vida (C. P. Art.11), la dignidad humana (C.P. art1), la integridad física o moral (C.P. art 12) o el libre desarrollo (C.P. art 16) de las personas de la tercera edad (C.P: art. 46)". (Sentencia T-426 de 1992. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). En relación con la pensión de invalidez la Corte, en sentencia No. 481 de 1992, precisó: "En cuanto al derecho al trabajo (Preámbulo y artículos 1, 25,26,39,53,55 y 56 de la C.N.), que es sin la menor duda un derecho fundamental, basta decir para los propósitos de este fallo que él da lugar a una serie de prestaciones que se reflejan en la seguridad social, pero que en este caso, ésta, por su derivación directa e inmediata del trabajo, no es la seguridad social genérica y programáticamente universal de que trata el artículo 48 ibídem y de cuyo carácter como derecho fundamental puede dudarse. La pensión de invalidez de que trata este asunto, aunque está enmarcada dentro del régimen de la seguridad social, -específica y concreta como se ha dicho- es resultado directo e inmediato del trabajo y como éste, es derecho fundamental y merece especial protección del Estado". (M.P. Dr. Jaime Sanín Greiffenstein) La entidad demandada informó al Juzgado 29 Penal del Circuito de esta ciudad que el pensionado "no ha sido incluido en la nómina definitiva, lo cual se hará en el menor tiempo posible". El despacho judicial estima que no es posible ordenar "el pago de una obligación del Estado ya reconocida a virtud de acto administrativo en firme", y se limita a recomendar que "dentro de los términos de razonabilidad, oportunidad y eficacia se disponga la inclusión en nómina". En lo relativo a este tema, previa la definición del carácter fundamental del derecho a disfrutar de la pensión de invalidez, esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional ha advertido que "El pago de las pensiones se hace efectivo si previamente al mismo se realiza la inclusión en la nómina de pensionados" que constituye un acto de trámite o preparatorio, no atacable en vía gubernativa ni susceptible de controversia ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de donde surge "que el único medio judicial de defensa para la protección del derecho fundamental, es precisamente la acción de tutela". En la misma sentencia, la Corte expuso los siguientes planteamientos que se reiteran en esta oportunidad: "Las solicitudes de los peticionarios para ser incluidos en la nómina de pensionados y así recibir efectivamente sus respectivas pensiones, no han sido atendidas por la entidad demandada. Es más, ni siquiera ha existido al respecto pronunciamiento alguno. La anterior omisión involucra un problema jurídico constitucional sobre la eficacia de los derechos: ¿es suficiente el reconocimiento de las respectivas pensiones de los peticionarios por parte de la Caja Nacional, o si  por el contrario, se necesita el pago efectivo de las mismas para dar cumplimiento con el mandato constitucional de la efectividad real de los derechos fundamentales? Esta Corporación considera, en concordancia con lo expuesto anteriormente, que la conducta omisiva de la Caja Nacional, atenta contra el principio fundamental que rige nuestro Estado Social de Derecho y que constituye uno de sus fines esenciales, consistente en la eficacia real y no formal de los derechos fundamentales de los asociados. En efecto, el simple reconocimiento de las pensiones, que si bien es un requisito indispensable, no implica que el derecho haya sido satisfecho en su debida forma. Para ello, y en aras de darle eficacia material, es necesario que a los peticionarios se les incluya en la nómina de pensionados y, lo que es aún más importante, que efectivamente se les empiece a cancelar cumplidamente las mesadas futuras y las atrasadas".(Sentencia No. T-135 de 1993. M.P . Dr. Alejandro Martínez Caballero). Acerca del pago efectivo de las mesadas, tratándose de la pensión de invalidez, la Corte ha puntualizado que: "Si bien el reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez compete a la entidad empleadora o la institución de seguridad social a la que está adscrito el trabajador y, en caso de conflicto, a la justicia ordinaria, una vez obtenido su reconocimiento le corresponde al Estado garantizar la efectividad de este derecho fundamental, principalmente mediante su pago oportuno (C.P. art. 53). La pensión de invalidez representa para quien ha perdido parcial o totalmente la capacidad de trabajar y no puede por sí mismo proveerse de los medios indispensables para la subsistencia, un derecho esencial e irrenunciable (C.P. art. 48). El no pago oportuno de las pensiones de invalidez atenta directamente contra el derecho a la vida y los principios de dignidad y solidaridad humana sobre los que está fundado nuestro Estado Social de Derecho (C.P. art. 1). No sólo la íntima conexidad entre la pensión de invalidez y los derechos a la vida y el trabajo llevan a la Corte a afirmar su linaje de derecho fundamental. La pensión de invalidez es una especie del derecho a la seguridad social, el cual ostenta igualmente el carácter fundamental cuando su titularidad se predica de las personas de la tercera edad (SentenciasT-426/92, T-011/93, T-135/93) o de disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos (Sentencia T-427/92). La condición de disminuido físico, sensorial o psíquico -que subyace a la calificación médica de pérdida de la capacidad laboral como presupuesto del reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez-, coloca a la persona afectada bajo la órbita del derecho a la igualdad y la hace acreedora de una protección especial del Estado por encontrarse en circunstancias de debilidad manifiesta (C.P. art.13). El desconocimiento del derecho fundamental a la pensión de invalidez y a su pago oportuno puede entrañar igualmente una vulneración del derecho a la igualdad, en este caso al derecho a ser tratado de modo especial por encontrarse en situación de desventaja frente a las demás personas (C.P. arts. 2 y 13). En consecuencia, no es desacertada la invocación del derecho a la igualdad por parte del accionante de tutela frente a lo que considera una omisión arbitraria de la autoridad pública que atenta contra sus derechos fundamentales". (Sentencia T-239 de 1993. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). El despacho que conoció de la acción de tutela negó la protección impetrada destacando que "quedan a salvo del accionante mecanismos alternos de defensa y protección al derecho que reclama". Sobre este punto, es necesario poner de presente que, el otro medio de defensa judicial, debe tener la misma eficacia que la acción de tutela para la protección del derecho fundamental de que se trate; situación que no resulta posible predicar en esta ocasión, puesto que, someter al accionante a los dilatados trámites de un proceso ejecutivo, implicaría la prolongación de las circunstancias desfavorables al pleno y cabal disfrute de sus derechos y, además, ponderadas las específicas condiciones en que se encuentra, comportaría la práctica negación de la protección que la Carta brinda a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos y, por contera, el palmario desconocimiento del derecho a la igualdad que impone proteger a las personas que "por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta". La inidoneidad de los otros medios de defensa judicial es constatable a partir de la imposibilidad en que se halla el actor para dedicarse al trabajo, la penuria por la que atraviesan él y su familia, a punto tal que la mesada pensional es el único recurso que contribuiría a otorgarles una existencia digna. Todos estos aspectos comprueban la urgente e inaplazable necesidad de protección. Por último, la acción de tutela se orienta a lograr el reconocimiento de una pensión "por servicios prestados", en lugar de la pensión de invalidez que se reclamó. En criterio de la Sala, este aspecto escapa al ámbito propio del instrumento de defensa de los derechos fundamentales previsto en el artículo 86 superior, porque es a la entidad de seguridad social a la que corresponde decidir si reconoce o no tal pensión, siempre que previamente se presente la solicitud respectiva y se acrediten los requisitos exigidos. Según se desprende de la declaración rendida por la esposa del solicitante, pese a considerar  que, al momento de su retiro, el señor Cruz Montero reunía los requisitos de tiempo y edad para obtener una pensión distinta a la de invalidez,  ninguna diligencia se cumplió ante la Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá con el fin de reclamarla;  todo lo contrario, lo que se solicitó y obtuvo fue la pensión de invalidez y, con base en ese reconocimiento, la Corte Constitucional procede a conceder la tutela. Lo anterior no obsta para que, en el evento de estimarlo viable y conveniente, el interesado presente una solicitud enderezada a obtener una pensión diferente. En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 24 de enero de 1995, proferida por Juzgado 29 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá D.C. SEGUNDO. CONCEDER la tutela impetrada, en consecuencia, se ordena al Gerente de la Caja de Previsión Social de Santa Fe de Bogotá D.C. que incluya en nómina al señor Carlos Ovidio Cruz Montero y que proceda al pago efectivo de la pensión de invalidez reconocida al petente mediante resolución No. 1960 de octubre 27 de 1994. TERCERO. El Juzgado 29 Penal del Circuito de Santa fe de Bogotá vigilará el estricto cumplimiento de lo ordenado en esta providencia. CUARTO. LIBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-210-95 Sentencia No Sentencia No. T-210/95 DERECHO DE PETICION-Pronta Resolución/ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDAD EN LIQUIDACION El derecho de petición comprende la facultad de dirigirse a las autoridades públicas, en interés particular o general, y adicionalmente, la obtención de una pronta resolución, de modo que la autoridad pública que guarda silencio, absteniéndose de brindar una respuesta o que la produce, pero con evidente tardanza, conculca el derecho. La resolución que la norma impone implica entrar al fondo del asunto, de manera que la decisión que finalmente se adopte en realidad resuelva, positiva o negativamente, la cuestión planteada, aludiendo, en todo caso, a la materia pertinente. El hecho de que la Empresa Distrital de Servicios Públicos se encuentre en proceso de liquidación no autoriza la desatención de las solicitudes, porque los particulares no deben soportar las nocivas consecuencias de las dificultades por las que atraviese la administración REF: EXPEDIENTE No. 64.502 Peticionario: Guillermo Martínez León. Procedencia: Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Tema: Derecho de petición. Santa Fe de Bogotá D. C., doce (12) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-64.502, adelantado por Guillermo Martínez León en contra de la Empresa Distrital de Servicios Públicos, EDIS. Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional, escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. I.  ANTECEDENTES 1. Solicitud. El 16 de febrero de 1995, Guillermo Martínez León presentó, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,  escrito contentivo de una acción de tutela, solicitando que, como consecuencia del amparo del derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, se ordenara a la Empresa Distrital de Servicios Públicos  dar respuesta a una petición formulada ante esa entidad. Indicó el peticionario que el 13 de enero del año en curso radicó la petición y que " no obstante haber transcurrido los términos consagrados en el art. 6 del Código contencioso Administrativo, y a pesar de ser respetuosa mi petición, hasta el momento no ha sido objeto de respuesta ...". Señaló, además, que tan sólo  pretende la respuesta a su petición y no la solución concreta al hecho que la motiva. 2. La Sentencia que se revisa. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,  mediante sentencia de febrero 24 de 1995, resolvió denegar la tutela, con base en los siguientes argumentos: -La Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá respondió la solicitud del peticionario el 17 de enero del presente año, "explicándole que le dio traslado de su solicitud  al Coordinador General de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos  -que es el competente- en razón a la liquidación de la Edis", respuesta que, según el fallador se ajusta a las prescripciones del Código Contencioso Administrativo, por cuanto  "la solicitud presentada a funcionario incompetente se deberá remitir al competente y darle aviso al interesado de esa situación". - No se tiene prueba de que la Edis haya recibido la solicitud del actor, "más cuando está en proceso de liquidación y se han establecido nuevas dependencias administrativas para atender los asuntos que le corresponden", a lo cual se suma que la Coordinación General de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos  no fue demandada en esta acción de tutela, por lo cual no puede haber pronunciamiento sobre ella..." - En relación con la expedición de una fotocopia de la comunicación dirigida al Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del trámite de otra acción de tutela, se consideró que la Sala no podía ordenarla porque la referida comunicación "nada tiene que ver con el accionante" y porque  "se estaría suplantando una decisión de fondo de carácter administrativo ordinario por un procedimiento residual, como es la acción de tutela" que no procede "para hacer respetar derechos y prestaciones sociales que tienen rango eminentemente legal".  Finalmente, se indicó que la tutela no procede  ya que "el accionante tiene acción judicial ordinaria ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo " y no existe el perjuicio irremediable que, de conformidad con el artículo 6-1 del decreto 2591 de 1991, es aquel que sólo puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización. II.  FUNDAMENTOS JURIDICOS 1.  COMPETENCIA Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 3o. y 241 numeral 9o. De la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. LA MATERIA. La acción de tutela a cuya revisión se procede en esta oportunidad, permite a la Corte insistir sobre algunos de los criterios que, en reiterada jurisprudencia, ha venido fijando, en procura del cabal entendimiento del instrumento de defensa de los derechos constitucionales fundamentales que el artículo 86 de la Carta Política prevé. A. En primer término, es preciso recabar acerca del importante papel que corresponde a los jueces de la República, tratándose del trámite y decisión de las acciones de tutela que ante ellos se presentan. Se encuentra suficientemente establecido que, al referido mecanismo de protección, puede acudir cualquier persona que sienta vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales por la autoridad pública o por los particulares, en los casos que la ley contempla; con prescindencia de especiales exigencias relativas a la edad, sexo, origen, raza o condición social; circunstancia que explica su carácter informal. En concordancia con las características señaladas, atañe al juez desplegar siquiera un mínimo de actividad tendiente a fijar y a estimar debidamente los hechos que sirven de base al amparo impetrado, para que, previos la pertinente consideración y análisis, esté en adecuadas condiciones de decidir si concede o niega la protección pedida. Así las cosas, resulta reprochable, en grado sumo, que el juez se apresure a proferir un fallo, sin haberse preocupado por verificar y sopesar la información o por decretar las pruebas necesarias para clarificar la situación del accionante y sus específicas circunstancias. En el evento que ahora se examina, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se limitó a avocar el trámite y a efectuar las respectivas notificaciones, omitiendo cualquiera otra actuación orientada a allegar los elementos indispensables al propósito de lograr una persuasión, fundada y razonable, sobre el asunto sometido a su juicio. Una actitud semejante revela el olvido de la tarea que la Constitución Política confía a los jueces, al encargarlos, mediante la acción de tutela, de la protección de los derechos constitucionales fundamentales; relevante objetivo que se ve frustrado cuando se omite la debida ponderación y el examen serio y concienzudo de cada caso concreto. B. En segundo término, la Sala advierte que, además de la convicción que debe procurar el juez respecto de los hechos, es necesario que el fallador sepa cuál es la normativa que debe aplicar para resolver el asunto y cuál es el derecho vigente.  El Tribunal argumenta que "de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6-1 del D.L. 2591 de 1991 no se está ante el evento de un PERJUICIO IRREMEDIABLE que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una INDEMNIZACION como la normatividad lo exige para su viabilidad", cuando lo cierto es que la definición citada dejó de pertenecer al ordenamiento jurídico, en virtud de la sentencia No. 531 de 1993, por medio de la cual esta Corte declaró "INEXEQUIBLE el inciso 2 del numeral primero del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991" que la contenía. C. Ahora bien, Guillermo Martínez León pretende que la Empresa Distrital de Servicios Públicos resuelva una solicitud suya radicada el 13 de enero de 1995. Consta en el expediente que la petición mencionada se dirigió también a la Oficina Jurídica de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá  que, el 17 de enero del año en curso, informó al peticionario el traslado de su reclamación al Coordinador General de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, "por ser de competencia de la Empresa Distrital de Servicios Públicos -Edis- en liquidación". El Tribunal Administrativo de Cundinamarca entiende que esta comunicación constituye una adecuada respuesta en lo que tiene que ver con la Alcaldía Mayor y que, por ende, el derecho consagrado en el artículo 23 superior no resulta desconocido. Considera, además, que no se tiene prueba acerca de que la Edis haya recibido la solicitud  y que la acción de tutela no está llamada a prosperar por no haberse dirigido contra la Coordinación General de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos. Por su parte, el accionante estima que su inquietud no ha sido resuelta, situación que, en su sentir, se traduce en la violación del derecho de petición, y por eso, intentó la acción de tutela en contra de la Edis. D. La Corte Constitucional, por intermedio de sus diversas Salas de Revisión, ha expuesto con absoluta claridad que el derecho de petición comprende la facultad de dirigirse a las autoridades públicas, en interés particular o general, y adicionalmente, la obtención de una pronta resolución, de modo que la autoridad pública que guarda silencio, absteniéndose de brindar una respuesta o que la produce, pero con evidente tardanza, conculca el derecho. Fuera de lo anterior, la doctrina constitucional, fijada por la Corte, ha indicado que no cualquier respuesta satisface las exigencias propias del derecho contemplado en el artículo 23 de la Constitución. La resolución que la norma impone implica entrar al fondo del asunto, de manera que la decisión que finalmente se adopte en realidad resuelva, positiva o negativamente, la cuestión planteada, aludiendo, en todo caso, a la materia pertinente. Una respuesta que tan sólo se ocupe de temas diferentes a los directamente vinculados a la solicitud o que evada el sentido real o verdadero de la determinación que deba tomarse, pese a que sea oportuna, se manifiesta contraria a la cabal observancia del derecho de petición. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte: "...el expuesto sentido de la resolución tiene cabida tan sólo cuando la autoridad a la cual se ha dirigido la persona peticionaria goza de competencia para resolver el asunto materia de petición y si, además, en los casos en que el objeto de la petición tiene previamente señalado un procedimiento, es decir, aquellos en que el trámite ha sido reglado, han sido cumplidos los requisitos exigidos por la ley. Es claro que en el marco del Estado de Derecho,  cuando el peticionario ha presentado la solicitud ante funcionario incompetente, la contestación de éste no puede consistir sino en la expresión oportuna de que le es imposible resolver, procediendo por tanto, a dar traslado a quien corresponda la competencia. De todas maneras para cumplir en estos casos con el mandato constitucional, es necesaria la respuesta en el expresado sentido ; se violaría el derecho si basado en su incompetencia, el servidor público se olvidara del tema o, aún remitiéndolo al competente, dejara de dar oportuna noticia sobre ello al peticionario.". (Sentencia T-575 de 1994. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo). E. Tal como se consignó más arriba, la petición que motivó el ejercicio de la acción de tutela fue dirigida a la Empresa Distrital de Servicios Públicos y a la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá. De conformidad con lo hasta aquí expuesto, es incuestionable que la Alcaldía cumplió oportunamente el deber de dar respuesta indicándole al peticionario que, de su escrito, se daba traslado al funcionario competente. Empero, no es posible afirmar lo mismo de la Edis y del Coordinador General de la Unidad de Servicios Públicos, pues pasado un mes, desde el momento en que la Alcaldía dio traslado de la petición, ninguna noticia había tenido el solicitante acerca del destino o del eventual trámite impartido a su escrito, y no es válido justificar la demora, como lo hace el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, aduciendo que, en el caso de la Empresa accionada, se carecía de prueba que demostrara que efectivamente había recibido la petición y que, en relación con el Coordinador, no cabía pronunciamiento alguno por no haber sido demandado. La deficiencia probatoria, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca observa, no sería tal si el despacho de conocimiento hubiera obrado con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia (art.3 D.L: 2591 de 1991), requiriendo de la entidad demandada los informes del caso, el expediente administrativo o la documentación contentiva de los antecedentes del asunto (artículos 20, 21 y 22 del D.L. 2591 de 1991). En cuanto a la legitimación pasiva del Coordinador General de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, en criterio de la Sala, una simple interpretación del escrito de tutela y de los elementos aportados por el actor basta para concluir que se halla cobijado por la acción impetrada, en efecto, el actor la dirigió en contra de la Edis, pero anexó a su escrito la comunicación que la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá le envió para informarle del traslado de la reclamación  al mencionado Coordinador, "por ser de competencia de la Empresa Distrital de Servicios Públicos", de donde surge, con total nitidez, que el Coordinador debe atender los asuntos relacionados con la Edis y que, siendo así las cosas, resulta impropio escindir los campos de actuación para favorecer el desempeño independiente de dos dependencias que, al contrario, deben actuar conjunta  y coordinadamente. El hecho de que la Empresa Distrital de Servicios Públicos se encuentre en proceso de liquidación no autoriza la desatención de las solicitudes, porque los particulares no deben soportar las nocivas consecuencias de las dificultades por las que atraviese la administración y, además, porque el trámite y la decisión de asuntos como el planteado por el accionante se confían a otras instancias, en este caso al Coordinador General de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, que no podría cumplir sus cometidos  si pretendiera actuar sin establecer contacto con la Empresa en proceso de liquidación. El traslado que se le corrió de la petición formulada a la Edis es suficientemente demostrativo de los anteriores asertos. En virtud de la indispensable cooperación entre la Empresa y el aludido coordinador , es posible, entonces, predicar que carece de sustento la afirmación del  Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el sentido de que éste último no fue demandado, por lo tanto, la notificación de la presente acción de tutela a la Empresa Distrital de Servicios Públicos (folios 9 y 10),  dada la colaboración y el contacto necesario, es, en sentir de esta Sala, suficiente para entender vinculado al Coordinador que, se repite, atiende algunas situaciones relacionadas con la Empresa. En la petición que el actor elevó, solicita, adicionalmente, que se le expida fotocopia  de un concepto de la oficina jurídica de la Edis. A este respecto es oportuno recordar que, sin perjuicio de su especificidad y autonomía,  el derecho a obtener copias es manifestación concreta del derecho de petición y, por lo tanto, comporta una pronta resolución. El Código Contencioso administrativo prevé el silencio administrativo positivo (art. 22), que opera cuando las autoridades dejan transcurrir el término máximo de 10 días y no responden las peticiones relacionadas con documentos. En tales eventos, si las copias requeridas no se entregan dentro de los tres días siguientes a la configuración del silencio administrativo positivo, se vulnera el derecho fundamental a obtenerlas y, ante la ausencia de un medio judicial que pueda garantizar su protección eficaz, procede la acción de tutela. (Sentencias T-464/92, T-473/92, T-306/93). En las circunstancias anotadas, la Sala no abriga dudas acerca de la vulneración del derecho fundamental de petición y del derecho a obtener copias, en consecuencia, ordenará, en la parte resolutiva, adoptar la decisión pertinente y entregar la copia pedida dentro del perentorio término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia. En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia de febrero 24 de 1995, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. SEGUNDO. CONCEDER la tutela impetrada  y en consecuencia, ordenar a la Empresa Distrital de Servicios Públicos, Edis y al Coordinador General de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos que, si todavía no lo han hecho, resuelvan la solicitud presentada por Guillermo Martínez León y le expidan copia del concepto jurídico por él solicitado, en el improrrogable término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia. TERCERO. LIBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General