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|---|---|
400 | T-211-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-211/95
DERECHO A LA
EDUCACION/LIBERTAD DE ENSEÑANZA-Reglamento estudiantil/DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD/MATERNIDAD-Protección
La Corte es
consciente del contenido del concepto de libertad de enseñanza que implica la
adopción de una ética por parte del respectivo colegio y en consecuencia el
deber jurídico de los estudiantes de acatarlo, pero esa concepción ética NO es
absoluta tiene que ser compatible con los fines de la educación que implica
respecto a los derechos humanos, por lo tanto deben cohabitar los diversos
derechos que están en juego respetándose el núcleo esencial de cada uno de
ellos. La calificación del núcleo esencial implica que cada derecho cumpla su
función; en conclusión, el colegio tiene derecho a una ética pero la alumna
tiene derecho a educarse y al libre desarrollo de la personalidad con relación
a la maternidad. En tal sentido se debe interpretar el derecho fundamental a
la educación frente a los reglamentos estudiantiles.
DERECHO A LA
AUTODETERMINACION DE SER MADRE
Se coarta la
libre decisión de la estudiante de escoger como nueva forma de vida su
condición de madre, limitándole la facultad de autodeterminarse conforme a su
propio arbitrio dentro de los límites permitidos. En este orden de ideas el
rector no tiene ninguna potestad para impedirle a la estudiante que dirija
soberanamente su vida, siempre que transite dentro de los lineamientos que le
impone la ley y sin que traspase la barrera donde se inicia el derecho de los
demás.
PRINCIPIO DE
DIGNIDAD HUMANA-Derecho
susceptible de tutelarse/ESTUDIANTE EMBARAZADA
Es el presupuesto
esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y
garantías contemplado en la Constitución. La dignidad, como principio fundante
del Estado, tiene valor absoluto no susceptible de ser limitado ni relativizado
bajo ninguna circunstancia, lo que a menudo sí acaece con los derechos que
deben necesariamente coexistir con otros y admiten variadas restricciones. La
dignidad es un derecho fundamental que es susceptible de tutelarse. Del hecho
de estar embarazada se deduce una relación sexual, pero no siempre se deduce
conducta inmoral. Como el retiro de la estudiante embarazada ocurrió, se han
violado los derechos a la educación, autonomía de ser madre e igualdad y por
estas razones debe prosperar la tutela.
REF: EXPEDIENTE
T-65732
Peticionario:
FARLEY SAMARIS LOPEZ GUISAO.
Procedencia:
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE APARTADO-.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Tema:
- Protección a la
educación de alumna embarazada.
Santa Fe de Bogotá
D.C., doce (12) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro
Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro
Naranjo Mesa.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En proceso de tutela
identificado con el número de radicación T-65732, adelantado por Samaris López
Guisao.
I. ANTECEDENTES
Con base en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la
Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para
efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le
correspondió el presente negocio a esta Sala, habiendo entrado al Despacho el
24 de abril del presente año.
1. Solicitud.
La menor (de 16
años) Farley Samaris López Guisao se presentó al Juzgado Segundo Penal
Municipal de Apartadó, al 20 de febrero de 1995, con el fin de instaurar acción
de tutela contra Berte de Jesús Montoya, sacerdote y rector del Colegio
Diocesano "Juan Pablo II", por cuanto le impide continuar estudiando,
en el décimo grado, por el hecho de estar embarazada.
2. Información
preliminar.
a) La menor, en el
momento de instaurar la tutela contaba con 6 meses de embarazo, fijándose como
fecha probable del parto el 16 de mayo de 1995 (dictamen del instituto de
medicina legal). Hay, urgencia para tomar una decisión porque la alumna ha
perdido dos meses de clases y está cercano el parto.
b) El 22 de febrero
de 1995 el Colegio certifica que la conducta de Samaris López fue
"Excelente" desde 1992 a 1994, que la disciplina fue
"buena" en 1993 y "Excelente" en 1992 y 1994.
c) En el mismo
colegio apareció la hoja de matrícula 00134, sentada el 16 de enero de 1995,
aunque sin firmas. Hay, además, prueba del pago de los derechos de matrícula de
1995 y de la cuota a la asociación de padres de familia. Y, la estudiante
asistió a los primeros días de clase.
d) El Rector
confiesa que retiró a la alumna, después de iniciadas las clases, por estar
embarazada. Dice, entre otras cosas:
"Yo no
entiendo ni comprendo qué autoridad inclusive la de los mismos legisladores
tendría un hijo estudiando en preescolar, en primaria o en bachillerato en un
establecimiento de carácter privado que tiene el derecho a la selección del personal
aceptaría tener su niño o su niña frente a un grupo de compañeros o compañeras
también niños y niñas o mayores de edad presentando una barriga sin contar con
una estabilidad familiar o una unión formal. Se podría entender como una mujer
de mala suerte, de una debilidad que nadie la censura o como una mujer dedicada
a la prostitución sean las razones que sean, o como una niña o una mujer
producto de una familia que descarga toda la responsabilidad de la formación en
un establecimiento educativo, Por estas razones no se le permitió a la señora
madre y a la niña firmar la matrícula se le citó nuevamente a la mamá y no
respondió al llamado entonces el sábado 18 de febrero en clase de dibujo
técnico se le llamó a la joven y se le dijo que su matrícula estaba en
entredicho."
e) El Rector hizo
por escrito esta propuesta:
"Como Rector
y como Amigo de ella le ofrezco el pago de pensión en el establecimiento
nocturno a donde ingrese, hasta por el valor de $8.000 (ocho mil pesos)
mensuales, equivalentes a una beca que ha venido disfrutando del ICETEX, ya
que uno de los obstáculos que ella ha presentado ha sido el de perder la beca;
así mismo se le concede la gracia de hacer el curso extraescolarmente de dibujo
técnico que para dicho grado se dicta los sábados de 8:00 a.m. a 12:00
p.m.".
f) Lo concreto es
que la alumna fue retirada del colegio, sin orden de expulsión, sin
investigación previa, simplemente porque está embarazada, sin estar casada,
ello atenta contra los mandamientos de la ley de Dios como lo dice el Rector.
En compensación se le ofrecieron $8.000,oo mensuales para que estudiara en otro
colegio, ofrecimiento que la menor no aceptó.
3. Decisión del
a-quo.
El 2 de marzo de
1995, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Apartadó, negó la tutela por
cuanto, en su sentir, no se ha vulnerado el derecho a la educación y le
comunicó al Colegio que "tomen la decisión que considere más
prudente".
El Juzgado adujo:
"Desde el
mismo nombre del colegio (Colegio Diocesano Juan Pablo Segundo), hasta el
contenido del reglamento en comento se vislumbra claramente que la institución
imparte una educación de acuerdo a los principios y bases de la religión
católica. La misma Constitución Nacional en su artículo 19 garantiza la
libertad de cultos y protege la diversidad de doctrinas religiosas existentes;
por lo tanto, toda persona es libre de escoger la religión que más se acomode
de acuerdo a sus propias creencias. No puede ir en contravia un derecho
constitucional con otro; es decir, no puede ser más importante un derecho que
otro. Por tradición Colombia ha sido un país donde un porcentaje de sus
habitantes profesa la religión católica y la mayoría conocemos sus bases y
principios.
"La
moralidad cristiana irreprochable" a que alude el reglamento estudiantil
en su capítulo 3, numeral 3.2 es un término bastante etéreo; del cual sólo
podría hablar una persona perteneciente a la iglesia; pues no es el juez de
tutela quien debe calificar la moralidad cristiana de las personas. El rector
del colegio que es un Ministro de la Iglesia puede tener un concepto más claro
sobre ese tópico y es quizás en ese plantel educativo la única persona que
puede calificar en ese aspecto el comportamiento de sus alumnos; y como
director del plantel que es, es la persona encargada de velar porque los
principios morales y cristianos que pretende impartir en el colegio, se
cumplan.
Más adelante agrega:
"En otros
términos los directivos del colegio no tienen porqué "tragar entero"
y cohonestar la actitud de FARLEY SAMARIS LOPEZ GUISAO pues ello va en contra
de todos sus principios y va en contra de todos los valores morales que
pretende inculcar en los alumnos que allí admiten; ello iría en contra de su
propia filosofía y en beneficio de un sólo alumno no pueden cambiar sus metas y
propósitos educativos, pues se iría al traste todo el período de formación
anterior.
La Constitución
Nacional en ningún momento condiciona el derecho a la educación, es decir a que
éste tenga operancia y efectividad en un lugar o institución determinado y cosa
diferente ocurriría si en el municipio de Apartadó sólo existiera esa
institución educativa; pero ello no es así, en éste municipio existen
diversidad de centros educativos, inclusive en criterio de éste despacho, le
favorecería más para su estado."
Y remata diciendo:
"La
Constitución Nacional es para los Jueces y los abogados; lo que la Biblia es a
los Ministros de la Iglesia y no es precisamente el Juez de tutela quien deba
interpretar los contenidos bíblicos; debe si, respetarlos. La "moralidad
cristiana" es un tema bastante álgido; dentro del cual se encuentran
inmersas una serie de conceptos y filosofías que chocan con la realidad jurídica
y normativa; pero no por ello podemos ordenar a un sacerdote que contravenga y
olvide los principios y valores que divulga. No podemos enfrentar las
creencias, la fe y la moralidad con nuestra Constitución; no podemos obligar a
un ministro de la iglesia a que cohoneste situaciones que su filosofía y sus
principios no comparten."
4. Qué existe en
el expediente respecto al desconocimiento de la "moralidad cristiana"
a la cual se refiere el Juzgado?
4.1. En el
reglamento del colegio aparece como justificación de la institución
"volver a vivir los valores tradicionales de la moral cristiana",
siendo objetivos "rescatar los valores morales", promoviendo la moral
cristiana "GRADUALMENTE" (art. 1-3-2) ya que Apartadó es "un
medio tan sacudido por la violencia y la descomposición moral" y por eso
son deberes de los alumnos entre otros:
"El
reconocimiento y acatamiento de la autoridad familiar, eclesiástica, educativa
y civil. La moralidad cristiana irreprochable, el respeto a las personas en
general y el amor de Dios, son cualidades que deben distinguir a todo alumno
del colegio dentro y fuera de él.
Los alumnos deben
respetar y obedecer a los profesores del colegio, reconociéndolos como personas
que buscan su bien, por encima de cualquier otro interés. Por lo mismo se le
debe expresar gratitud y lealtad.
Los alumnos deben
presentarse a todas las actividades formales del colegio con uniforme limpio y
completo, ya sea el de diario o el de educación física.
Deben demostrar
interés por su buena presentación personal, sin extravagancia. Los hombres con
el cabello corto y ordenado, las damas con la frente y la cara descubierta y
sin maquillaje, adornos ni joyas."
El artículo citado
es esgrimido por el sacerdote-rector para evitar:
"el
escándalo de estar en semana en clases cuando simultáneamente hay cursos de
preescolar, niños de primaria, niños de secundaria la gran mayoría de ellos
inocentes".
Escándalo que según
él proviene de Samaris López "presentando una barriga" y "una
niña embarazada para mi no es tan niña".
4.2. La política de
la Institución, la precisa el Rector en la siguiente frase:
"Todo lo que
se presenta hoy y se siga presentando lo atribuyo a no haber podido cortar el
MAL, para nosotros, Colegio Diocesano, que pretendemos firmar en los
principios, ya mencionados, pero también aplicando las PENAS MEDICINALES para
bien de esa comunidad".
Para el Vicerrector
Jorge Eliécer Urrego "para la educación de las madres en embarazo o madres
hay centros especiales". Y, respecto, a un caso anterior de una alumna que
estaba embarazada, justificó la no expulsión porque:
"estaba
terminando el año y no se notaba el embarazo, ni tenía el tiempo de parto y se
dejó el asunto quieto".
Al parecer, a las
directivas las preocupa la visualización del embarazo. La recepcionista Nelly
de Urrego dice que es:
"un mal
ejemplo sobre todo para los de pre-escolar, que son los más pequeños, ver niñas
en embarazo",
Y, el mismo Rector
califica retiro de la alumna como:
"CARIDAD
PREVENTIVA"
Por eso, le ofreció
a la alumna embarazada que continuara asistiendo los sábados a los talleres de
dibujo técnico, pero
"NO COMO
ALUMNA SINO COMO UNA PERSONA".
Una de las
educadoras, Gloria Patricia Valencia, agrega:
Ella siendo una
niña soltera no es como una modelo de la que podamos dar ejemplo a los
niños".
Pero, dicha testigo
afirma que al colegio llegan especialmente alumnos que provienen:
"de hogares
desintegrados... son niños en su mayoría de madres solteras, uniones libres, o
mamás que viven con otras personas diferentes a los padres de los
hijos..."
Y el mismo Juzgado
averiguó que en el curso de Samaris López el contorno familiar de los alumnos
es este:
"9 son hijos
de matrimonio legalmente constituido, 8 son hijos de madres solteras, 15 viven
solamente con su madre. Ninguno de sus compañeros es casado, sólo uno vive
en unión libre, 30 de ellos están de acuerdo con el matrimonio, 3 con la
unión libre, 8 alumnos tienen hermanas solteras y con hijos".
Discrepando de sus compañeros
de docencia, respecto a la actitud frente a la estudiante embarazada, la
doctora Vivian Salas López dice:
"PREGUNTADO.
Que efectos ha notado usted como educadora en los demás alumnos de su curso a
consecuencia del estado de FARLEY, CONTESTO. ellos la tratan con mucho
cariño, yo sólo he estado allí dos veces. PREGUNTADO. Que opinión le
merece a usted, en caso de conocerlos, los artículos de la Constitución
Nacional que hablan del derecho a la educación y de los derechos de los niños
prevalecen sobre los demás. CONTESTO. Me parece que está bien, yo creo
que en el caso de FARLEY ella debe continuar estudiando pero tiene que saber
encontrar el momento oportuno y de tener mucho talento y en el colegio está la
única institución en Uraba que imparte dibujo constructivo y arte y como ella
tiene tanto talento debe desarrollarlo completamente. PREGUNTADO. Diga
al Despacho si usted considera que sea nocivo para ella y para sus compañeras y
compañeros que ella estudie en estado de gravidez. CONTESTO.
Primeramente el embarazo no es una enfermedad pero ella tiene cierto riesgo
asistiendo al colegio pero ella debe asumirlo, los muchachos de ese colegio
tienen mucho problema en las casas, ellos son muy faltos de afectos y cariño,
me preocupa que ellos y ella creen que ese cariño sólo lo consigan con un niño
(sic) pero por otro lado es bueno que ellos aprendan de primera mano la lección
de qué esperando niño en mi concepto creo que lo mejor para ello es que vuelva
el año entrante. PREGUNTADO. Manifieste al Despacho que actitud
asumirían usted en caso de que esta tutela se fallasé en favor de FARLEY
SAMARIS, es decir que se ordenará el asentamiento de su matrícula CONTESTO.
Yo promovería un movimiento en el colegio de aclaración sobre lo que pasó y fomentaría
el buen trato a FARLEY y el aprovechar las circunstancias para que los
compañeros y compañeras aprendan que hay un momento para todo en la vida,
también vigilaría el trato de los profesores y el personal administrativo hacia
FARLEY. PREGUNTADO. Señale las características del plantel educativo y
la calidad de los educandos. CONTESTO. El colegio está ubicado en una
zona con bastantes problemas sociales, el padre recibe alumnos que en otros
colegios rechazan por motivos disciplinarios y la situación familiar
generalmente es conflictiva, en el colegio lo hacen sentir personas y les dán
responsabilidad y yo he notado que en estos tres años los muchachos de este
grupo han cambiado . PREGUNTADO. Bajo gravedad de juramento diga al
Despacho si usted tiene más para decir, corregir o enmendar en la presente
diligencia. CONTESTO. Yo creo que lo que importa es lo que FARLEY quiera
sin presiones."
4.3. Las referencias
del colegio respecto a la conducta de Samaris López son las mejores, no sólo
porque así lo digan las calificaciones (todos los años: conducta excelente)
sino porque lo expresan sus compañeros de estudio.
Inlcusive, el Rector
emplea términos muy respetuosos al referirse a la joven como estudiante, su
rechazo es por el embarazo, pero él mismo dice que no lo objetaría dentro de
"una estabilidad familiar o una unión formal"; y al referirse a otra
estudiante embarazada, a quien no se retiró del Colegio, expresa que esa
otra joven "se la pasaba durmiendo en las clases, iba con los vestidos mas
extravagantes al colegio, faltaba cuando le parecia o no podía asistir, se
creyó superprotegida".
Tampoco existe el
más leve indicio que señale actitudes inmorales de la joven, y, el hecho del
embarazo no puede indicar necesariamente una inmoralidad.
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
A. Competencia.
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para conocer de revisión dentro de
la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso
segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 35 y 42 del Decreto No. 2591 de 1991; además, su exámen se
hace por virtud de la selección que de dichas acciones practicó la Sala
correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el
Reglamento de esta Corporación.
B. Temas
jurídicos a tratar.
Es importante
desarrollar un tema que, en principio, sustentaría una reiteración de
jurisprudencia: el derecho de la embarazada a continuar con su educación.
Además, por las
características del caso, se requiere estudiar también estos aspectos la
dignidad, la igualdad y la autonomía.
1. Los derechos a
la educación, autodeterminación e igualdad.
En un caso muy
similar, en el cual prosperó la tutela, la Corte dijo:
"El derecho
que está en juego y que se viola es el de la educación, porque la separación de
la estudiante del Colegio la priva de los conocimientos que a través de ella se
le brindan y que contribuye al perfeccionamiento de su ser. Del mismo modo se
le desconoce tanto el derecho a la igualdad de la persona humana al colocarla
en situación capitis deminutio por el hecho de encontrarse en estado de
embarazo como el derecho a la autodeterminación al pretenderse coartar su
libertad para desarrollar su propia personalidad."[1]
Referente al primero
de los derechos aludidos: el de educación, agregó:
"Impedir a
una persona el acceso a los conocimientos que sólo la educación transmite,
significa negarle las posibilidades de ser y de obtener las capacidades para
desempeñar los oficios y ejercitar los saberes que demanda la sociedad del
mundo moderno enriquecida día a día por inventos científicos y tecnológicos que
obligan al hombre a adquirirlos y ya como elemento esencial de supervivencia.
Piénsese por ejemplo, como se dice y reconoce hoy, que el analfabeta de fin
de siglo y del nuevo que próximamente se inaugura es el que desconoce la
informática y no el abecedario.
Xavier Zubiri,
gran filósofo español al hacer referencia sobre las potencialidades del hombre
señala que "la persona con sus capacidades accede a unas posibilidades,
las cuales una vez apropiadas se naturalizan en las potencias y facultades con
lo cual cambian las capacidades. Con estas nuevas capacidades, las personas se
abren en un nuevo ámbito de posibilidades. Es el ciclo capacidad, posibilidad,
capacitación: en la teoría como proceso". [2]
La Constitución
Nacional eleva la educación a la categoría de un derecho de la persona humana y
le otorga el carácter de servicio público que cumple una función social, pues
sólo con base en ella puede conseguirse el desarrollo autónomo y creativo del
individuo acorde con sus intereses y necesidades sociales.
Dice su artículo
67:
"La educación
es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social: Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
La educación
formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; y en la práctica del trabajo y la creación, para el mejoramiento
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente".
"...
Emilio Durkheim
en su libro "Educación y filosofía" señala que: "La educación
tiene antes que nada una función colectiva si tiene por objeto adaptar al niño
(el joven y la persona) al medio social en que está destinado a vivir, es
imposible que la sociedad se desinterese de semejante operación".
..."Si
atribuimos algún valor a la existencia de la sociedad, hace falta que la
educación asegure entre los ciudadanos una suficiente comunidad de ideas y
sentimientos sin las cuales toda sociedad es imposible".
..."Desde el
momento que la educación es una función esencialmente social el Estado no puede
desinteresarse de ella".[3]
Por último ha de decirse que esta Corporación en sentencia No. T-02
de 8 de mayo de 1992 otorgó a la educación el carácter de derecho fundamental.
Acerca del tema de la educación por último, el artículo 27 de la
Carta previene que "El Estado garantiza las libertades de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra".[4]
2. El derecho
fundamental a la educación frente a un reglamento del colegio.
La Corte es
consciente del contenido del concepto de libertad de enseñanza que implica la
adopción de una ética por parte del respectivo colegio y en consecuencia el
deber jurídico de los estudiantes de acatarlo, pero esa concepción ética NO es
absoluta tiene que ser compatible con los fines de la educación (art. 67 C.P.)
que implica respecto a los derechos humanos, por lo tanto deben cohabitar los
diversos derechos que están en juego respetándose el núcleo esencial de cada
uno de ellos. La calificación del núcleo esencial implica que cada derecho
cumpla su función; en conclusión, el colegio tiene derecho a una ética pero la
alumna tiene derecho a educarse y al libre desarrollo de la personalidad con
relación a la maternidad. En tal sentido se debe interpretar el derecho
fundamental a la educación frente a los reglamentos estudiantiles.
En la sentencia
antes citada, la T-420/92, se daba el caso de que disciplinariamente el reglamento
del colegio consideraba como falta "la inmoralidad comprobada y la
relación carnal". Sobre este aspecto dijo la Corte:
"Por último
la Sala no puede aceptar que por el hecho de que la estudiante haya quedado en
estado de embarazo, se deduzca o sirva de prueba para imputarle actos
"inmorales" y "carnales" dentro de dicho plantel. Es esta
una aseveración muy personal del rector huérfana de toda prueba."[5]
Y,el doctor Antonio
Barrera, sentencia,T-79/94 dijo:
"Como se
puede concluir de lo examinado, la cancelación de la matrícula de la demandante
por su progenitora, no obedeció a una decisión libre, sino, por el contrario, a
una determinación inducida por la Directora de la Normal, con la cual, además,
se le impuso a la afectada una sanción disciplinaria por el hecho de su
embarazo, mientras adelantaba el décimo grado de sus estudios de nivel medio.
Con la actitud
asumida, en los términos señalados, se vulneró el derecho fundamental a la
educación, porque se sancionó un hecho que no está previsto como un acto de
indisciplina, sin aplicar los procedimientos adecuados y desconociendo con
ello, el derecho de defensa, que se consagra, no sólo como la facultad de
utilizar los procedimientos y recursos apropiados de defensa, sino también, a
la garantía de que el hecho punible o sancionable esté expresa y previamente
consagrado en una norma preexistente, legítimamente expedida e
incuestionablemente vigente.
En el caso de
autos, como se ha visto, no estaba tipificado en el Reglamento de la Normal el
hecho del embarazo, como lo fue en alguna oportunidad, al decir de la propia
Directora del establecimiento académico, como una contravención; en tal
virtud, al tener en cuenta el estado de embarazo de la petente, como un acto
violatorio de dicho reglamento, por razones de orden moral, y acudir a su
aplicación, en forma ilegítima, para presionar el retiro de la petente y negar
luego su reintegro, se quebrantaron los derechos fundamentales a la educación,
a la igualdad ante la ley, desarrollo de la personalidad y al debido proceso."[6]
3. Derecho a la
autodeterminación de ser madre.
Continúa diciendo la
Corte en la tutela 420:
"La Sala
considera que el rector ha desobedecido también el mandato constitucional del
Derecho a la Autonomía establecido en el artículo 16 como derecho fundamental,
por cuanto coarta la libre decisión de la estudiante de escoger como nueva
forma de vida su condición de madre, limitándole la facultad de autodeterminarse
conforme a su propio arbitrio dentro de los límites permitidos. En este orden
de ideas el rector no tiene ninguna potestad para impedirle a la estudiante que
dirija soberanamente su vida, siempre que transite dentro de los lineamientos
que le impone la ley y sin que traspase la barrera donde se inicia el derecho
de los demás.
La nueva
condición de vida de la estudiante no infringe ninguna disposición de derecho,
como tampoco afecta el libre ejercicio de las potestades de los demás. Además a
favor de la maternidad se han consagrado disposiciones tuteladoras contenidas
en la legislación sobre seguridad social en el orden mundial como también en
las constituciones de los Estados.
En el nuestro, el
artículo 53 superior erige como principio mínimo fundamental laboral la
"protección esencial a la mujer, a la maternidad..."
Por todo ello el
rector de marras se inmiscuyó gravemente en la vida personal de la estudiante e
inexplicablemente se convirtió en un implacable Savonarola criollo de la moralidad
de ella, atentando contra su derecho a la autodeterminación."
4. La igualdad.
En la sentencia
T-420/92 se dijo:
"Considera
asi mismo esta Corporación que también se le ha vulnerado el derecho
fundamental de la igualdad a la joven Luz Carmenza Escudero Patiño, ya que el
rector al marginarla del derecho a la educación, le da un trato de inferioridad
en relación con las otras estudiantes y la discrimina cuando afirma que es
objetivo primordial de la moral del establecimiento cerrarle las puertas a las
madres solteras.
La Carta Política
proscribe tal proceder en su artículo 13, así:
"Todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ella se cometan".[7]
Con mayor razón se
viola el derecho a la igualdad si en un mismo colegio y ante un caso similar no
se retiró a la alumna y al mismo tiempo se permite que un alumno viva en unión
libre y no haya explicación satisfactoria para el trato discriminatorio que
afecta a la solicitante de la presente tutela.
Las transcripciones
hechas señalan una reiteración de jurisprudencia, sin embargo es necesario
estudiar este otro punto.
5. Respeto a la
dignidad.
Numerosas
providencias se han referido a la dignidad:
"Según el artículo 1o. de la Constitución, Colombia es una
República fundada, entre otros valores, en el respeto a la dignidad humana. Y
de conformidad con el inciso final del artículo 53, la ley no puede menoscabar
la libertad y la dignidad humanas.
Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué es la dignidad humana?
Según Kant, "...el hombre, y en general todo ser racional, existe
como un fin en sí mismo, no sólo como medio para usos cualesquiera de esta o
aquella voluntad; debe en todas sus acciones, no sólo las dirigidas a sí mismo,
sino las dirigidas a los demás seres racionales, ser considerado al mismo
tiempo como fin." Y partiendo del supuesto de que el hombre es un fin en
sí mismo, enuncia este imperativo categórico: "Obra de tal modo que
uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro,
siempre como un fin al mismo tiempo, y nunca solamente como un medio." ("Fundamentación
de la Metafísica de las Costumbres", y otros escritos, Ed. Porrúa S.A.,
México 1990, pág. 44).
En relación con la teoría de Kant sobre la persona, afirma Recasens
Siches:
"En este sentido dice que los seres racionales se
llaman personas en tanto que constituyen un fin en sí mismo, es decir, algo que
no debe ser empleado como mero medio, algo que, por consiguiente, encierra
albedrío. La persona es un ser enteramente diverso de las cosas, diverso por su
rango y dignidad. Personalidad es "libertad e independencia del mecanismo
de toda la naturaleza". Conviene, pues, subrayar que en Kant el concepto
de persona surge a la luz de una idea ética. Esto es, la persona se define no
atendiendo sólo a la especial dimensión de su ser (v.gr., la racionalidad, la
indivisibilidad, la identidad, etc.), sino descubriendo en ella la proyección
de otro mundo distinto al de la realidad, subrayando que persona es aquel ente
que tiene un fin propio qué cumplir por propia determinación, aquel que tiene
su fin en sí mismo, y que cabalmente por eso posee DIGNIDAD, a diferencia de
todos los demás, de las cosas, que tienen su fin fuera de sí, que sirven como
mero medio a fines ajenos y que, por tanto, tienen PRECIO. Y ello es así,
porque la persona es el sujeto de la ley moral autónoma, que es lo único que no
tiene un valor solamente relativo, o sea un precio, sino que tiene un valor en
sí misma y constituye así un autofín..." ("Filosofía del Derecho" y
"Estudios de Filosofía del Derecho", Giorgio Del Vecchio y Luis
Recasens Siches, UTEHA, México 1946, Tomo I, pág. 353).
El hombre, en síntesis, tiene dignidad porque es un fin en
sí mismo y no puede ser considerado un medio en relación con fines ajenos a él."[8]
En otra sentencia se
consignó:
La dignidad
humana, cuya vulneración ponen de presente los reclusos que en esta ocasión han
ejercido la acción de tutela, es en verdad principio fundante del Estado
(CP art.1). Más que derecho en sí mismo, la dignidad es el presupuesto esencial
de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías
contemplado en la Constitución.
La dignidad, como
principio fundante del Estado, tiene valor absoluto no susceptible de ser
limitado ni relativizado bajo ninguna circunstancia, lo que a menudo sí acaece
con los derechos que deben necesariamente coexistir con otros y admiten
variadas restricciones.
La naturaleza de principio
que ostenta la dignidad humana, impide que su desconocimiento pueda ser
alegado de manera principal y única como causa de la acción de tutela. Sin
embargo, ella se resiente cada vez que una acción u omisión de una autoridad
pública viola o pone en peligro un derecho fundamental. Además del
quebrantamiento de un derecho fundamental, el accionante de la tutela puede
invocar - como ocurre en el presente caso - el agravio infligido a su dignidad
humana, y así el Juez podrá apreciar en su fallo tanto la conculcación del
derecho como la profanación a la dignidad.[9]
Y, el doctor
Vladimiro Naranjo explica:
"La dignidad
humana exige pues que al hombre, en el proceso vital, se le respeten también su
salud y su integridad física y moral, como bienes necesarios para que el acto
de vivir sea digno. De ahí que el derecho a la integridad física y moral
consiste en el reconocimiento, respeto y promoción que se le debe a todo
individuo de la especie humana de su plenitud y totalidad corpórea y
espiritual, con el fin de que su existencia sea conforme a la dignidad
personal.
En el caso
materia de estudio, es conveniente considerar la armonía que debe haber entre
el derecho-deber de corrección que tienen los padres con respecto a sus hijos y
el derecho a la integridad física y moral de que son titulares todos los seres
humanos. Los padres pueden, evidentemente, aplicar sanciones a sus hijos como
medida correctiva, pero dicha facultad paterna no puede lesionar la integridad
física y moral del menor bajo su potestad. Lo anterior se funda en la razón de
ser pedagógica del castigo paterno, pues entre la lesión corporal o moral y la
acción correctiva existe la diferencia de que la lesión es un daño, mientras que
la corrección es un bien, por cuanto encauza al hijo hacia la perfección de su
conducta.
Los derechos
fundamentales del hijo menor, determinan que los padres no deban emplear
castigos lesivos de la dignidad personal de éste. La Constitución reconoce a los
padres el derecho de educar a sus hijos (Art. 68), a la vez que les impone tal
responsabilidad (Art. 67). Pero hasta dónde llega el castigo, es algo que
viene limitado por la misma integridad física y moral del hijo, que es
inviolable. De ahí que el padre de familia obra contrariamente a derecho cuando
movido por la iracundia aplica un castigo desproporcionado, anulando la
razonabilidad de la corrección. De ello lo que resulta no es la adecuada
formación del hijo, sino una reacción de incomprensión de éste hacia la medida
arbitraria determinada por un acto pasional. La corrección paterna no puede ser
otra cosa que un acto adecuado, es decir, proporcionado a la gravedad de la
falta, sin llegar jamás a constituirse en lesivo a la integridad o la dignidad
del hijo, como persona humana."[10]
En conclusión: la
dignidad es un derecho fundamental que es susceptible de tutelarse.
CASO CONCRETO.
Para "cortar el
mal" el rector del Colegio Diocesano de Apartadó le impidió continuar sus
estudios a Samaris López, joven embarazada calificada por el establecimiento
educactivo como de conducta EXCELENTE.
Difiere esta
conclusión, del comportamiento adoptado frente a otra joven que también resultó
embarazada, sin darse un explicación RAZONABLE al trato distinto. No puede
aceptarse como excusa que a una alumna no se la retira porque "no se
notaba el embarazo" (frase del vicerector) y a la López si se la retira
por estar "presentando una barriga sin contar con una estabilidad o una unión
formal" (frase del Rector).
Como tampoco se
justifica que se permita a un estudiante vivir en unión libre mientras por otro
lado se imponga una "pena medicinal" (expresión del Rector) a Samaris
López por estar embarazada.
Del hecho de estar
embarazada se deduce una relación sexual, pero no siempre se deduce conducta
inmoral.
Como el retiro de la
estudiante embarazada ocurrió, se han violado los derechos a la educación,
autonomía de ser madre e igualdad y por estas razones debe prosperar la tutela.
Si, además, a la
menor se le ofrece plata para que cambie de colegio, se le insinúa que asista
los sábados pero como "particular", se dice que por el embarazo se la
podría entender "como una mujer dedicada a la prostitución", se le da
un trato discriminatorio para "cortar el mal", habrá que concluir que
se le está afectando su dignidad.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 2 de marzo
de 1995 del Juzgado Segundo Penal Municipal de Apartadó y en su lugar tutelar
los derechos a la educación, autonomía, igualdad y dignidad de Farley Samaris
López Guisao.
SEGUNDO: ORDENAR a Berte de Jesús Montoya Gómez, en su
calidad de Rector del Colegio Diocesano Juán Pablo II, de Apartadó, reintegrar
a dicho colegio en el término de 12 horas, a la alumna Farley Samaris López
Guisao, a fin de que concluya sus estudios secundarios.
TERCERO: Comuníquese lo resuelto en esta
providencia, por la via más rápida, al Juzgado Segundo Penal Municipal de
Apartadó, para que haga las notificaciones y para los efectos previstos en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Envíese copia de esta sentencia al
Defensor del Pueblo y a la Alcaldía de Apartadó.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON
DIAZ
Magistrado
||
VLADIMIRO NARANJO MESA.
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]T-420/92, Ponente: Dr. Simón Rodríguez.
[2]Xavier Zubiri, citado por Luis José Gonzáles y Germán Marquinez en
"Educación para el Cambio", pág. 137, editorial el Buho, Bogotá, 1989
(tomado de "Siete Ensayos de Antropología Filosófica"), Xavier
Zubiri,Usta, Bogotá, 1982.
[3] Emilio Durkhein Educación y Sociología. Editorial Linotipo,
Bogotá, 1973. Pág. 82-83.
[4]T-420/92, ya citada.
[5] Ibidem.
[6]Sentencia T-079/94, Ponente: Dr. Antonio Barrera.
[7]Ibidem
[8]T-542/93, Ponente: Dr. Jorge Arango.
[9]T-401/92, Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes.
[10]T-123/94, Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo. |
401 | T-212-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-212/95
RECURSO DE
APELACION EN PENAL-Sustentación/DEBIDO
PROCESO
La exigencia
según la cual quien hace uso del recurso de apelación debe sustentarlo para que
pueda ser atendido, encuentra plena conformidad con las expresiones de la
Constitución, que reconocen el mencionado derecho a la doble instancia y del
debido proceso penal. Si no se sustenta el recurso no se ejerce cabalmente el
derecho constitucional a la doble instancia en los asuntos que terminan con
sentencia judicial; por ello se debe concluir que el derecho a que las
sentencias puedan ser objeto de apelación comporta el deber de sustentar la
apelación, para que puede entenderse ejercido el derecho.
PRINCIPIO DE LA
DOBLE INSTANCIA/DEBIDO PROCESO
La voluntad del
Constituyente al establecer el derecho a la doble instancia en el inciso
primero del artículo 31, no es la de consagrar un mecanismo más o menos
automático de revisión o de consulta de las sentencias judiciales, ni el
derecho al doble juicio en la Rama Judicial para duplicar innecesariamente el
proceso, sino, apenas, el derecho y el deber, salvo las excepciones que
establezca la ley, de acudir a la doble instancia dentro de los elementos
específicos de configuración legal del debido proceso, que complementan sus
definiciones generales y básicas, y dentro de las expresiones que establecen
los derechos y las garantías de carácter procesal, para que, cuando sea procedente,
no sea un solo juez o una sola instancia la que examine definitivamente la
causa y ella se cierre para siempre con un solo juicio; sino por el contrario,
se trata de la oportunidad procesalmente regulada de acudir, dentro de las
reglas del debido proceso, ante otra autoridad judicial, generalmente superior
a la que toma la decisión en primera instancia, para someter todo o una parte
de la actuación judicial con el fin de procurar la atención de las posiciones
de las partes inconformes con la sentencia o con la actuación, o para
garantizar la efectividad de los derechos de las partes que disienten de lo
resuelto.
VIA DE HECHO
La Corte
Constitucional no ha variado su jurisprudencia sobre el punto de la
improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que han
hecho tránsito a cosa juzgada, puesto que el artículo 40 del Decreto 2591 de
1991, fue declarado inexequible por esta Corporación en sentencia C-543 de
octubre 1o. de 1992; empero, y en desarrollo de esa misma jurisprudencia, de
igual modo se ha advertido que esa decisión no ha impedido que la acción de
tutela pueda adelantarse en todo caso, contra providencias judiciales, cuando
se establezca que la decisión es el resultado directo de una actuación por
fuera del ordenamiento jurídico que la despoja de su carácter y la convierte
en una vía de hecho del juez.
REF.:
Expediente No. T-56173
Actor:
WILSON BARRIOS
VANEGAS
Magistrados:
Dr. FABIO MORON
DIAZ
-Ponente-
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Dr. JORGE
ARANGO MEJIA
Santafé de Bogotá
D.C., mayo quince (15) de mil novecientos noventa y cinco (1995)
La Sala de Revisión
de Tutelas, integrada por los H. Magistrados JORGE ARANGO MEJIA, VLADIMIRO
NARANJO MESA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve
sobre las sentencias relacionadas con la acción de la referencia, proferidas
por el Tribunal Contencioso Administrativo de Barranquilla el cinco (5) de
octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), y por el Consejo de
Estado el dieciocho (18) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro
(1994), previos los siguientes
ANTECEDENTES
A. La Petición
1. En escrito
presentado al H. Tribunal Administrativo del Atlántico el día veintiuno (21) de
septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y mediante apoderado
debidamente constituído, el señor Wilson Barrios Vanegas ejerció la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución, con el fin de obtener
la protección judicial directa, específica y autónoma de su derechos
constitucionales fundamentales al “debido proceso” y “de defensa”, reconocidos
en los artículos 29 y 31 de la Constitución Nacional, supuestamente
desconocidos en una providencia de segunda instancia de la Sala Penal del H.
Tribunal Superior de Barranquilla por la que se inhibió de desatar un recurso
de apelación presentado oportuna y cabalmente, conforme al Código de
Procedimiento Penal; la acción de tutela de la referencia fue ejercida para que
mediante la correspondiente orden judicial proferida dentro de los trámites
previstos en el Decreto 2591 de 1991, se imponga a la Sala Penal del mencionado
tribunal, la obligación específica de dar trámite al recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primer grado, proferida por el Juzgado
Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla, en la cual el peticionario fue
condenado a la pena de 17 años de prisión, por el delito de homicidio agravado.
2. Los
fundamentos de hecho y de derecho que señala el apoderado del peticionario se
resumen como sigue:
- En primer
término señala que Wilson Barrios Vanegas fue condenado por el Juzgado Cuarto
Penal del Circuito de Barranquilla mediante sentencia de doce (12) de abril
de 1994, a la pena de 17 años de prisión por el delito de homicidio agravado;
además, advierte que contra esta decisión se presentó recurso de apelación, en
su opinión, de manera oportuna y debidamente sustentado, según los requisitos
de ley.
- En segundo
término advierte el apoderado del peticionario que el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla en proveído de junio veinte (20) de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), resolvió inhibirse de conocer del recurso
de apelación, bajo el supuesto según el cual el recurrente no sustentó el
recurso de apelación, pues del contenido del mismo sólo se obtienen expresiones
y discrepancias genéricas que de ningún modo señalan los puntos en los cuales
no está de acuerdo con el proveído “objeto de censura”.
- Considera
el peticionario que la decisión del Tribunal dejó a Wilson Barrios en
situación de indefensión, vulnerando su derecho al debido proceso establecido
entre otras disposiciones en el artículo 29 de la Constitución Nacional, en el
cual se advierte: "que quien sea sindicado tiene, entre otros derechos de
impugnar la sentencia condenatoria".
- Por último,
advierte que la decisión del Tribunal Superior, Sala Penal, le dá una
importancia inusitada al derecho procedimental sobre el derecho sustancial y
que su excesivo formalismo desconoce los derechos constitucionales que asisten
al condenado, como son el derecho de defensa y el derecho a la presunción de
inocencia.
B. La
Sentencia de Primera Instancia
El Tribunal
Administrativo del Atlántico mediante sentencia de cinco (5) de octubre de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), resolvió conceder la tutela promovida por
el Wilson Barrios Vanegas y, en consecuencia, dispuso que la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, contra la que se
dirige la acción, y en el término que establece la ley, debía adoptar las
medidas procesales pertinentes para conceder, tramitar y decidir el recurso de
apelación interpuesto por el defensor del procesado contra la sentencia
condenatoria, proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de
Barranquilla.
Las siguientes son
las consideraciones que sirven de fundamento al Tribunal administrativo del
Atlántico, que actúa como juez de primera instancia, para conceder la tutela reclamada.
- Señala el
Tribunal que, en su oportunidad, el defensor del ahora peticionario, sí
sustentó el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria proferida por
el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, y que no obstante apenas haya
hecho referencia a la supuesta omisión en que podría haber incurrido el
juzgador penal de primera instancia, en el sentido de no practicar una serie de
pruebas técnicas, que le permitirían recaudar el material probatorio suficiente
y que exige la ley para condenar, esta sola argumentación es suficiente para
estudiar y decidirlo. En este sentido advierte el Tribunal que no obstante que
el condenado y su apoderado no hayan presentado ningún otro argumento ni
elaborado ningún otro concepto que sirviera para fundamentar realmente el
recurso, la argumentación presentada es suficiente para dar satisfacción al
mencionado requisito, como lo dispone la ley frente a la nueva normatividad
constitucional que surge dentro del ámbito de la Carta Política de 1991.
- Advierte el
Tribunal Administrativo del Atlántico que esta sola argumentación debería
lograr que el organismo contra el que se presenta la tutela hubiera estudiado y
decidido el recurso de apelación debidamente interpuesto; además, en este mismo
sentido indica que los argumentos de la Sala Penal del Tribunal Superior de
Barranquilla contra cuya decisión se dirige la demanda de tutela, no son
aceptables teniendo en cuenta la prevalencia que tiene el derecho sustancial
frente al derecho procesal, consagrado como principio y como normas
fundamentales de la función pública que cumple la Rama Jurisdiccional, según el
artículo 228 del Estatuto Constitucional.
Concluye el
Tribunal, que una vez examinados y estudiados los argumentos expuestos por el
defensor del condenado Wilson Barrios Vanegas, el recurso propuesto contra la
sentencia atacada debía ser analizado y decidido por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, con el fin de amparar
el derecho al debido proceso y, además, el de las dos instancias procesales.
C. La
Impugnación
Los Magistrados de
la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, doctores Julio Ojito
Palma, lva Crespo de Gómez y Rodrigo Labba Navarro, mediante escritos
separados impugnaron la sentencia de 5 de octubre de 1994, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, y en términos generales señalan lo
siguiente:
- Los
impugnantes advierten que según lo previsto en el artículo 32 de la Ley 81 de
1993, que modificó el artículo 215 del Código de Procedimiento Penal y dentro
del contexto de la normatividad procedimental aplicable al caso en cuestión, se
exige que el recurso de apelación sea debidamente sustentado, en el sentido de
que se manifiesten claramente los motivos por los cuales no se comparte la
sentencia objeto del recurso; además, los impugnantes indican que el Tribunal
Administrativo del Atlántico que concedió el amparo o la tutela de los derechos
reclamados por el peticionario, únicamente tuvo en cuenta el criterio subjetivo
del apelante, por demás vago e impreciso, y que en todo caso no le permitía
conocer los motivos del recurso de apelación de la sentencia condenatoria.
También indican que
el memorial de sustentación presentado por el defensor del condenado no hace
afirmaciones concretas, sino simples y superfluas referencias a principios
elementales de contradicción, sin incursionar de manera específica en ellos,
por lo que resulta imposible atender la admisión del recurso propuesto por el
defensor del señor Wilson Barrios.
- De otra
parte, señalan que en este caso la acción se dirige contra una providencia
judicial sustentada en normas legales vigentes, y en criterios
jurisprudenciales, que no puede ser catalogada como "vía de hecho",
y en consecuencia no es procedente el ejercicio de acción de tutela.
D. La Sentencia
de Segunda Instancia
- La Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado, en
decisión del dieciocho (18) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro
(1994), al conocer y fallar en segunda instancia sobre la acción de la
referencia, y dentro de los términos de la impugnación propuesta por los
mencionados Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, resolvió revocar la sentencia de 5 de octubre de
1994, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que había
concedido la tutela reclamada, y en su lugar, procedió a rechazarla por
improcedente, con base en la consideración que se resume en seguida:
La honorable
Corporación, cabeza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, señaló
que en reiterados pronunciamientos suyos adoptó el criterio jurisprudencial de
que contra las providencias judiciales era improcedente acción de tutela,
criterio que fue acogido por la Corte Constitucional en sentencia C-543 del
primero (1o.) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992), mediante la
cual se declararon inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de
1991.
De acuerdo con lo
anterior, el H Consejo de Estado procedió a revocar la providencia impugnada y
advirtió que, como la acción de tutela incoada pretende que se ordene a la Sala
Penal del Tribunal del Distrito Judicial de Barranquilla que revoque la
providencia de junio veinte (20) de mil novecientos noventa y cuatro (1994), y
que, en su lugar, se conceda el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de abril doce (12) de mil novecientos noventa y cuatro (1994), lo que
corresponde es rechazar la petición.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
A. La Competencia
Esta Sala de la
Corte Constitucional es competente para conocer la revisión de las decisiones
que se reseñan en la parte de antecedentes de esta providencia, en atención a
lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral 9o. de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991; además, este examen se hace en virtud de la selección
que de dicho acto practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó
en la forma prevista en el reglamento de esta Corporación.
B. La Materia
del Asunto que se Revisa
1. En primer
término, la Corte Constitucional encuentra que la principal cuestión que se
debate en esta oportunidad y que aparece tratada en las providencias que se
examinan, en esta actuación específica de revisión de las decisiones
relacionadas con la tutela judicial de los derechos constitucionales
fundamentales, es la de la definición jurisprudencial de los alcances del
artículo 215 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el derecho
constitucional de impugnar o apelar toda sentencia judicial, que aparece
expresamente establecido en el inciso primero del artículo 31 de la
Constitución Nacional, como una parte sustancial del derecho al debido proceso
penal y del derecho de defensa, especialmente, cuando se trata de una condena
en la que se establece una pena privativa de la libertad.
2. Obsérvese que en
este caso se presentó el recurso de apelación dentro de los términos procesales
correspondientes y que, así mismo, en el término procesal exigido, el apoderado
del condenado dijo “sustentarlo”, al allegar un escrito en el que manifiesta
las consideraciones que estima pertinentes sobre la providencia que ataca, y
que considera suficientes para que se decrete su revocación o modificación.
Así las cosas, lo
cierto es que la divergencia fundamental entre la Sala Penal del H. Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, de un lado, y el apoderado del
peticionario y el Tribunal Administrativo del Atlántico que concede la tutela,
de otro, radica, precisamente, en lo que se entiende por debida sustentación
del recurso y los distintos componentes del derecho de defensa y del debido
proceso, dentro del marco de la nueva Constitución Política y que aparecen
interpretados de modo distinto, en este caso, por los varios agentes de esta
divergencia doctrinaria.
3. Como se dejó en
claro en la parte que resume la petición contenida en la demanda de tutela de
la referencia, con esta revisión se busca determinar, para el caso específico
de la apelación presentada por el peticionario, en su condición de condenado en
materia penal, cuál es el alcance de la mencionada disposición del Código de
Procedimiento Penal en la que se establece la obligación de sustentar el
recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, y si, dado el trámite
que procede según el mismo artículo del citado código, puede declararse la
inhibición del juez o tribunal competente para desatarlo.
En especial, se
pretende el mejor entendimiento de la definición del contenido del artículo 215
del Código de Procedimiento Penal, que dispone que quien haya interpuesto
recurso de apelación debe sustentarlo, so pena de la correspondiente inhibición
del juez que conoce de la apelación y de la declaratoria de desierto que puede
hacer el funcionario judicial.
Es más, en el fondo
de este asunto se cuestiona si bastan algunas expresiones genéricas e
indeterminadas sobre la supuesta inconformidad de una parte contra una
sentencia judicial, para entender que se ejerce el derecho constitucional
fundamental de naturaleza procesal a la doble instancia, y si en dichas
condiciones existe el deber de examinar, sin fundamento específico alguno, la
sentencia que se dice contradicha por el apelante.
4. En efecto, se
trata de definir en este caso el contenido jurídico de las expresiones que
establecen el deber de sustentar el recurso de apelación que se puede
interponer contra las providencias judiciales en materia penal, pero ante el
contenido de los derechos constitucionales fundamentales de defensa y al debido
proceso, según los términos del mencionado artículo que establece que “Quien
haya interpuesto el recurso de apelación, debe sustentarlo. Si no lo hace, el
funcionario lo declara desierto mediante providencia de sustentación contra la
cual procede el recurso de reposición”.
5. Para cumplir con
estas finalidades, en primer término, corresponde a esta Corporación advertir
que, en oportunidad anterior y por vía del control de constitucionalidad de las
leyes la Corte Constitucional se ocupó del examen del artículo 32 de la Ley 81
de 1993 por el que se modificó el artículo 215 del citado código y dejó en
claro cual es su jurisprudencia al respecto de este asunto; en efecto, la Corte
Constitucional, en sentencia C-365 de 1994, declaró la exequibilidad del
mencionado artículo 32 de la Ley 81 de 1993, actual artículo 215 del Código de
Procedimiento Penal. y advirtió que:
"Los recursos,
concebidos como instrumentos de defensa mediante los cuales quien se considera
afectado por una decisión judicial o administrativa la somete a nuevo estudio
para obtener que se revoque, modifique o aclare, hacen parte de las garantías
propias del debido proceso.
En efecto, el artículo
29 de la Constitución exige que todo juzgamiento se lleve a cabo con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Entre éstas,
que son señaladas por la ley, está la posibilidad de instaurar recursos contra
las determinaciones que se van adoptando en el curso del trámite procesal o al
finalizar el mismo.
.........................
1o. No se desconoce
la garantía de la doble instancia en lo referente a sentencias (artículos 29 y
31 C.N.), por cuanto la exigencia de sustentación no implica negar el recurso o
excluir toda posibilidad del mismo...la norma no le impide al afectado
recurrir sino que, permitiendo que lo haga, establece una carga procesal en
cabeza suya, la de señalar ante el superior los motivos que lo llevaron a contradecir
el fallo.
El apelante acude a
un instancia superior con suficiente competencia para revisar lo actuado, y
ante ella expone los motivos de hecho o de derecho que, según su criterio debe
conducir a que por parte del superior se enmiende lo dispuesto por la
providencia apelada.
.............................
2o. No se niega el
acceso a la administración de justicia (artículo 229 C.N.), ya que no se
establecen obstáculos que hagan imposible llegar al juez, sino que, por el
contrario, ello se facilita mediante su alegato, quien apela tiene la
oportunidad de hacer conocer al fallador de segundo grado los elementos de
juicio en que se apoya su inconformidad.
El acceso a la
administración de justicia implica la certidumbre de que cumplidas las exigencias
previstas en la ley se obtendrán decisiones relativas al asunto que ha sido
llevado a los estrados judiciales. No comporta, entonces, la ausencia de
requisitos o cargas, ya que unas y otras son inherentes al ejercicio del
derecho.
Tampoco es cierto
que mediante esta exigencia se haga prevalecer el procedimiento sobre el
derecho sustancial, ya que la norma acusada no conduce a la nugatoriedad o al
desconocimiento de los derechos que pueda tener el apelante. Más bien se trata
de que éste los haga explícitos con miras a un mejor análisis acerca del
contenido de sus pretensiones y de la providencia misma; al poner de relieve
los motivos que llevan al descontento del apelante, se obliga al juez de
segunda instancia a fundar su decisión en las consideraciones de fondo a las
que dé lugar el recurso."
Obsérvese que,
existiendo la prohibición de la Reformatio in Pejus, el apelante único conoce
de antemano que, instaurado el recurso, la decisión del superior no podrá
empeorar su situación, de tal manera que, si en tal caso no le fuera exigida la
sustentación de aquel, se propiaciaría el ejercicio irresponsable de este
derecho, con la consiguiente dilación del proceso.” (Corte Constitucional,
sentencia T-365/94. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
6. Así las cosas,
para la Corte Constitucional el mencionado deber legal, establecido de manera
general y abstracta por el artículo 215 del C.P.P., no viola ningún precepto
constitucional y, por el contrario, aquella disposición se ajusta plenamente a
las prescripciones constitucionales pertinentes, como una garantía mayor en
favor de los afectados con la providencia judicial en general y del condenado
en particular; en este sentido, es claro que la exigencia según la cual quien
hace uso del recurso de apelación debe sustentarlo para que pueda ser atendido,
encuentra plena conformidad con las expresiones de la Constitución, que
reconocen el mencionado derecho a la doble instancia y del debido proceso
penal.
En verdad, en una
interpretación sistemática de las disposiciones constitucionales mencionadas,
se destaca perfectamente que la voluntad del Constituyente al establecer el
mencionado derecho a la doble instancia en el inciso primero del artículo 31,
no es la de consagrar un mecanismo más o menos automático de revisión o de
consulta de las sentencias judiciales, ni el derecho al doble juicio en la
Rama Judicial para duplicar innecesariamente el proceso, sino, apenas, el
derecho y el deber, salvo las excepciones que establezca la ley, de acudir a la
doble instancia dentro de los elementos específicos de configuración legal del
debido proceso, que complementan sus definiciones generales y básicas, y dentro
de las expresiones que establecen los derechos y las garantías de carácter
procesal, para que, cuando sea procedente, no sea un solo juez o una sola
instancia la que examine definitivamente la causa y ella se cierre para siempre
con un solo juicio; por el contrario, se trata de la oportunidad procesalmente
regulada de acudir, dentro de las reglas del debido proceso, ante otra
autoridad judicial, generalmente superior a la que toma la decisión en primera
instancia, para someter todo o una parte de la actuación judicial con el fin de
procurar la atención de las posiciones de las partes inconformes con la
sentencia o con la actuación, o para garantizar la efectividad de los derechos
de las partes que disienten de lo resuelto.
En efecto,
resultaría poco razonable entender que para el Constituyente basta la simple
mención de la inconformidad sobre una sentencia para imponer el deber de
revisarla o reexaminarla automáticamente y para remover la actuación judicial y
la sentencia correspondiente sin la definición de los motivos de la
inconformidad; por ello, es claro que el legislador entendió, cabalmente, que
dentro del marco de la nueva normatividad constitucional, nada se opone a que
se exija la debida sustentación de la apelación y del recurso propuesto, y así
lo advirtió la Corte en el fallo que se transcribe. De otra parte, es claro que
esta situación habilita al juez de segunda instancia para inhibirse de fallar
sobre el recurso no sustentado como lo hace la providencia judicial contra la
que se plantea la acción autónoma de tutela que se examina.
7. De igual modo, esta
misma consideración ha servido a la Sala Penal de la H. Corte Suprema de
Justicia para advertir de modo reiterado que:
"La
sustentación del recurso de apelación es carga del impugnante que le obliga a
señalar en concreto las razones de su disentimiento con la providencia
recurrida y que lo llevan a postular una determinación diferente que sea menos
gravosa para sus intereses procesales....
La carencia de
requisitos formales del memorial sustentatorio, no debe conducir, sin embargo,
a que se desconozca la voluntad del legislador que exige al apelante el deber
de sustentar y no simplemente ofrecer una apariencia de sustentación. La
formalidad a que se refiere la ley demanda que señale los puntos de desacuerdo
y las razones de hecho o de derecho sobre las cuales aquellos descansan. No
constituye, por tanto, sustentación adecuada, el empleo de frases o expresiones
en las cuales simplemente se manifieste un desacuerdo genérico pero no se
indique en concreto los aspectos que deben ser reformados o revocados por el
superior, ni tampoco estará cabalmente sustentado el recurso que carezca de
razones de tipo probatorio o jurídico, que debe llevar a dicha reforma o
revocarla". (Auto -abril 11 de 1984. M.P. Luís Enrique Aldana Rozo).
De igual modo,
aquella Corporación advirtió que:
"El memorial de
sustentación de recurso, debe ser una alegación en la que de manera precisa,
concreta y vinculada con los hechos o razones jurídicas del proceso, sea
presentado por el recurrente para que manifieste de manera específica las
razones por las cuales discrepa de la decisión que impugna. Tiene como
finalidad este memorial, que no se abuse del recurso ordinario de apelación y
que se haga uso de él, cuando existan razones de discrepancia entre el criterio
de una de las partes y la decisión que se recurre." (Sala de Casación
Penal, marzo 19 de 1992. M.P. Dr. Edgar Saavedra Rojas).
Es más, de lo dicho,
resulta evidente que si no se sustenta el recurso no se ejerce cabalmente el
derecho constitucional a la doble instancia en los asuntos que terminan con
sentencia judicial; por ello se debe concluir que el derecho a que las
sentencias puedan ser objeto de apelación comporta el deber de sustentar la
apelación, para que puede entenderse ejercido el derecho.
Las anteriores
referencias también se advierten con miras a establecer que, quien va a
decidir el recurso de apelación, tiene la facultad de examinar si los
argumentos expuestos en el memorial de sustentación constituyen una verdadera
inconformidad con la decisión impugnada y en que forma se entiende ejercido el
derecho; empero, no se trata de establecer una definición jurisprudencial
mecánica y absurda que no establezca las distinciones propias que corresponden,
según los sujetos que ejercen el derecho de apelar las sentencias judiciales.
Al respecto cabe
observar que, es deber del juez que conoce de la apelación, distinguir en
cuanto al sujeto que ejerce el recurso y al lenguaje y los elementos empleados
para la manifestación de las razones del discenso, para mejor entender e
interpretar los argumentos de la sustentación planteada y para garantizar el
ejercicio real y efectivo de los derechos constitucionales de las personas,
mucho más cuando se trata del ámbito de la normatividad penal, que en todo caso
debe estar rodeado de las mayores garantías judiciales y legales disponibles.
En efecto, como lo
advirtió la H. Corte Suprema de Justicia en su Sala Penal, si bien la ley no
hace distinción en la sustentación, según sea la persona del recurrente, pues
su exigencia se limita al deber de sustentar el recurso, la razón natural de
las cosas impone la necesidad de tener en cuenta quien ha impugnado y
sustentado el recurso, pues ciertamente deben interpretarse con mayor laxitud
los fundamentos aducidos por el procesado, lego en derecho y semianalfabeto,
quien con lenguaje vernáculo expresa su inconformidad, y con mayor rigor en
precisión y claridad los que presenta un profesional del derecho por ser
conocedor de la ciencia, de sus métodos y técnicas. (Cfr. Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, M.P. Dídimo Páez Velandia. Mayo 23 de 1988) .
8. Como se ha
visto, la acción de tutela de la referencia se dirige contra la decisión
judicial proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla Sala Penal, mediante
la cual se declaró inhibida de conocer del recurso de apelación interpuesto por
el defensor del señor Wilson Enrique Barrios contra la sentencia mediante la
cual el Juez Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla, condenó al procesado a
la pena principal de diecisiete (17) años de prisión; empero, cabe observar que
la decisión del Tribunal se fundamenta en la indebida sustentación del recurso
al considerar que "se trata de un conjunto de expresiones y discrepancias
genéricas que de ningún modo señalan los puntos en los cuales no está de
acuerdo con el proveído objeto de censura, ni expresa cuáles son las razones
probatorias concretas que dejó de evaluar el a-quo y que determinarían un
pronunciamiento diferente en la segunda instancia." En este orden de cosas
y examinado el recurso interpuesto, la Corte encuentra que asiste razón a la
Sala Penal del H. Tribunal de Barranquilla en la decisión de inhibirse de dar
trámite al recurso propuesto, y por ello estima que no debió dársele acogida a
la petición de tutela, pues lo procedente era denegarla.
En segundo lugar
advierte esta Sala que la Corte Constitucional no ha variado su jurisprudencia
sobre el punto de la improcedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales que han hecho tránsito a cosa juzgada, puesto que el artículo 40 del
Decreto 2591 de 1991, fue declarado inexequible por esta Corporación en
sentencia C-543 de octubre 1o. de 1992; empero, y en desarrollo de esa misma
jurisprudencia, de igual modo se ha advertido que esa decisión no ha impedido
que la acción de tutela pueda adelantarse en todo caso, contra providencias
judiciales, cuando se establezca que la decisión es el resultado directo de
una actuación por fuera del ordenamiento jurídico que la despoja de su carácter
y la convierte en una vía de hecho del juez, cosa que no sucede en este caso
pues se encuentra suficiente fundamento para la inhibición del Tribunal que
conoció del recurso de apelación contra la sentencia en mención.
En relación con lo
que se considera como vía de hecho esta Corporación en reciente jurisprudencia
estableció:
"La vía de
hecho consiste en una transgresión protuberante y grave de la normatividad que
regía el proceso dentro del cual se profirió la providencia objeto de acción, a
tal punto que, por el desconocimiento flagrante del debido proceso o de otras
garantías constitucionales, hayan sido vulnerados materialmente por la
providencia misma los derechos fundamentales del accionante.
Esto significa que
la vía de hecho es en realidad el ejercicio arbitrario de función judicial, en
términos tales que el fallador haya resuelto, no según la ley -que por
tanto, ha sido francamente violada- sino de acuerdo con sus personales
designios.
No cualquier error
cometido por el Juez en el curso del proceso tiene el carácter de vía de hecho,
pues entenderlo así implicaría retroceder al ritualismo que sacrifica a la
forma los valores de fondo que deben realizarse en todo trámite judicial y, por
otra parte, quedaría desvirtuada por una decisión de tutela la inexequibilidad
declarada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, que, se repite, ha
hecho tránsito a cosa juzgada constitucional." (Sentencia T-118 de marzo
16 de 1995. M.P. Dr. José Gregorio Hernádez Galindo).
Considera la Sala
que la decisión proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla Sala Penal,
es el resultado de la interpretación del memorial de sustentación presentado
por el defensor del condenado, de la cual no se observa arbitrariedad en
relación con la normatividad que regula este trámite , ni con la jurisprudencia
que sobre la misma han venido señalando las altas Corporaciones.
No constituyéndose
vía de hecho el pronunciamiento a que se ha venido haciendo referencia, resulta
improcedente la acción de tutela, por cuanto se trata de decisión judicial que
hizo tránsito a cosa juzgada.
En merito de lo
expuesto, esta Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: Confirmar la sentencia proferida en el
caso de la referencia por el H. Consejo de Estado el dieciocho (18) de
noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), por las razones expuestas
en esta providencia.
Segundo: Líbrense por Secretaría las comunicaciones
de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese,
notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase.
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
402 | T-213-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-213/95
DERECHOS
COLECTIVOS/DERECHO AL AMBIENTE SANO
En principio no
puede acudirse a la acción de tutela para la defensa del ambiente -derecho de
carácter colectivo- ya que para el efecto se han instituído constitucional las
acciones populares. Ello no se opone, sin embargo, a la tutela del derecho
individual de quien, siendo parte de la comunidad, es afectado o amenazado en
forma directa por la contaminación del ambiente, pues su salud y aun su vida
están de por medio, ello siempre y cuando como lo ha sostenido la
jurisprudencia constitucional, se acredite el nexo causal existente entre el
motivo alegado por el peticionario para la perturbación ambiental y el daño o
amenaza que dice padecer. Unicamente de la conjunción de esos tres elementos
puede deducirse la procedencia de la acción de tutela para que encaje dentro
del artículo 86 de la Constitución y sea viable el amparo.
ACCION DE TUTELA-Nexo causal/DERECHO AL AMBIENTE SANO-Explotación
minera/ACCION DE TUTELA-Improcedencia/ACCION POPULAR
Para la
procedencia de la tutela en los eventos en que esté de por medio la alteración
del entorno natural -medio ambiente o ecosistema-, es indispensable que el
afectado en uno de sus derechos fundamentales, acredite plena prueba del nexo
causal existente entre las modificaciones o afectaciones ambientales y los
efectos en alguno de los derechos fundamentales, tales como la vida o la salud
de las personas, o entre aquellas y la verdadera y actual amenaza que puedan
estar afrontando. Es decir, se requiere demostrarle al juez de tutela el
convencimiento de que son las alteraciones producidas en el ambiente y no otras
causas, las que constituyen origen real y verdadero de la amenaza o vulneración
del derecho fundamental, lo que no sucede en el asunto sub-examine. No aparece
demostrada ni la vulneración de derecho constitucional fundamental alguno, ni
prueba que permita acreditar la amenaza o violación de los derechos, la tutela
es improcedente, disponiendo los accionantes entonces, de las acciones
colectivas o populares para la protección de sus derechos que se dicen
afectados por la empresa accionada.
REF: Expediente
No. T - 54.990
PETICIONARIO: Luis Arcenio Avellaneda Quinche y Otros
contra la Empresa Agregados de la Sabana Ltda.
PROCEDENCIA: Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá.
MAGISTRADO
PONENTE:
DR. HERNANDO
HERRERA VERGARA
Santa Fé de Bogotá,
D.C., Mayo dieciseis (16) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Procede la Sala
Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados HERNANDO
HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Y FABIO MORON DIAZ, a revisar
los fallos proferidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de Guasca, el 21 de
octubre de 1994 y por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá el 24 de
marzo de 1995, dentro del proceso de tutela de la referencia.
I.
ANTECEDENTES.
Luis Arcenio
Avellaneda Quinche y otros, a través de apoderado, en su condición de
habitantes del Municipio de Guasca, instauraron acción de tutela contra la
Empresa Agregados de la Sabana, con el objeto de que se les protejan sus
derechos al medio ambiente sano y a la libertad de locomoción.
Señalan los
peticionarios que desde el año de 1977, la Empresa Agregados de la Sabana Ltda.
viene ejerciendo actividades mineras de explotación de gravas en la vereda el
Santuario del Municipio de Guasca, en el terreno comprendido entre la carretera
que de esa localidad conduce a Guatavita y el río Siecha, abriendo cavas de más
de diez metros de profundidad, que varían el ecosistema, ya que según expresan,
por acción de la gravedad, el agua, la humedad y los pozos de aguas naturales y
aljibes, se desplazan a tales cavas convirtiendo el territorio en seco e
improductivo con la consiguiente ruina de los campesinos de la región y la
proliferación de insectos transmisores de enfermedades tanto para animales como
para los cultivos y los seres humanos.
Expresan que antes
de empezar dicha explotación, los campesinos del sector utilizaban el agua del
río por medio de canales para el riego de cultivos y pastos. A estos beneficios
ahora no pueden acceder por cuanto la empresa minera invirtió las curvas de
nivelación, imposibilitando el suministro de agua por canales y zanjas.
Indican
adicionalmente, que el transporte de los materiales mencionados se hace en
vehículos inadecuados y de gran peso, con lo cual han destruído las vías de
acceso, poniendo en grave peligro a los transeúntes que por allí pasan, así
como los vehículos pequeños que utilizan la vía, debido a la velocidad y
espacio que aquellos ocupan.
En tal virtud,
solicitan que se ordene la suspensión de las obras de explotación y transporte
de materiales de construcción por contaminación y deterioro del medio ambiente
y por violar el derecho a la libertad de locomoción. Así mismo, que de
conformidad con el artículo 9o. del Código de Minas, se ordene a la Empresa
Agregados de la Sabana Ltda. a realizar las obras y trabajos especiales de
preservación o mitigación de sus efectos negativos o de los deterioros
originados en dichas actividades, sobre los recursos naturales renovables, el
medio ambiente y el desarrollo de la agricultura y la ganadería, al igual que
reparar la carretera por ellos destruída desde el sitio de procesamiento de
materiales de construcción que ellos poseen en Guasca hasta el Municipio de la
Calera. Finalmente, que se condene a la empresa accionada al pago de las
indemnizaciones y costas a que haya lugar.
II.
LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE SE REVISAN.
A.
Sentencia de Primera Instancia.
El Juzgado Promiscuo
Municipal de Guasca, mediante providencia del 21 de octubre de 1994, resolvió
negar la solicitud de tutela presentada por los habitantes de ese Municipio.
Fundamentó el Juzgado su decisión, en que:
“En lo que atañe
al perjuicio que sufra una comunidad, por causa del deterioro del medio
ambiente y las vías públicas, ha de tenerse en cuenta, que precisamente para
esos eventos la Constitución Política ha contemplado un especial procedimiento
encaminado a brindarle protección efectiva en caso de verificarse que en
realidad el interés común está siendo dañado o amenazado”.
Así, señala, “es
claro que el medio ambiente sano y el buen estado de las vías, hacen parte de
ese gran temario que puede encerrarse dentro del concepto del interés colectivo
que reclama la atención prioritaria de las autoridades, desde luego mediante la
acción popular que no son nuevas dentro del ordenamiento jurídico colombiano,
pues están plasmadas algunas desde el Código Civil y ampliadas al campo propio
de éstas acciones en el precepto constitucional del Art. 88, considerándoseles
como remedios colectivos frente a los agravios y perjuicios públicos”.
B. Impugnación.
Los accionantes,
dentro del término legal, manifestaron en forma simple que impugnaban la
decisión adoptada por el Juez Promiscuo Municipal de Guasca, el cual al estimar
procedente el recurso interpuesto, remitió el expediente al Juzgado Trece Civil
del Circuito de Bogotá, para que se tramitara y resolviera la impugnación.
Mediante providencia
del 17 de noviembre de 1994, el citado despacho judicial resolvió inadmitir el
recurso “de apelación”, con base en que “se presentó un recurso desnudado de
fundamentos y razones motivantes de su inconformidad”, al no cumplir la
impugnación con los presupuestos necesarios para su admisión, de conformidad
con lo normado en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991.
Por lo anterior, el
expediente fue remitido a la Corte Constitucional, la cual mediante auto de
fecha 8 de febrero de 1995, emanado de la Sala Sexta de Revisión de Tutelas,
con fundamento en la jurisprudencia de la Corporación, se abstuvo de efectuar
la revisión de fondo de la providencia proferida por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Guasca, y ordenó al Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá
tramitar y resolver la impugnación formulada por el señor Luis Arcenio
Avellaneda Quinche.
C.
Sentencia de Segunda Instancia.
En cumplimiento de
lo dispuesto por la Corte Constitucional, el Juzgado Trece Civil del Circuito
de Bogotá mediante providencia de 24 de marzo de 1995, resolvió confirmar en
todas sus partes el fallo de tutela impugnado.
El Juzgado
fundamentó su decisión en la jurisprudencia de la Corte Constitucional
(sentencia No. 321 de 10 de agosto de 1993), en virtud de la cual:
“no cabe la
tutela en principio para defender los intereses colectivos, ya que su propósito
esencial reside en la protección de los derechos individuales fundamentales,
por lo cual surge como titular de esta acción la persona a quien se le han
vulnerado o puesto en peligro de quebranto tales derechos constitucionales
fundamentales y que por consiguiente, es ella quien debe pedir en forma directa
o a través de representante, la protección inmediata de los citados
derechos...”.
Y agrega que:
“No obstante lo
anterior, según esta misma jurisprudencia, para que pueda invocarse
excepcionalmente la tutela cuando pese a existir un interés colectivo, la
situación que lo afecta repercute también de manera directa en daño o amenaza a
derechos fundamentales individuales y concretos, siempre que quien invoque la
acción acredite su interés específico.
Lo plasmado pone
de relieve la improcedencia de la acción de tutela presentada por los
habitantes de la vereda El Santuario del Municipio de Guasca, pues ella por su
generalidad y colectividad, tropieza frente a una acción popular pregonada en
el Art. 88 de la Constitución, que no está autorizada para adelantarse por la
vía de la acción de tutela, máxime cuando no se ha instaurado por persona
directa y ciertamente afectada, ni tampoco existe en el plenario la presencia
de una prueba contundente y fehaciente con relación al daño padecido por la
persona respecto de la amenaza, la acción o la omisión de la persona jurídica
de derecho privado, en la órbita de los derechos fundamentales reclamados como
conculcados. Menos aparece acreditada la relación causal que debe primar entre
lo narrado por éste frente al ámbito de la perturbación ambiental que pudiése
alegarse.
Descaminada
completamente resulta la tutela presentada pues es notable su improcedencia
como ha quedado visto, por lo cual la providencia que en ese sentido la negó,
debe confirmarse”.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Primera.
La competencia.
De conformidad con
lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero y 241 numeral noveno de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por el
Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá.
Segunda.
Breve justificación para confirmar el fallo que se revisa.
El problema
planteado en la demanda de tutela está encaminado a la protección del medio
ambiente a que tienen derecho los vecinos y la comunidad en general de la
Vereda El Santuario del Municipio de Guasca, que según ellos, está siendo
vulnerado por la Empresa Agregados de la Sabana Ltda., pues según indican,
existe una explotación minera de materiales de construcción -gravilla- que la
empresa accionada realiza mediante la excavación de cavas de más de 10 metros
de profundidad, que a su juicio varían el ecosistema en donde por acción de la
gravedad, el agua, la humedad y los pozos de aguas naturales se desplazan hacia
las mencionadas cavas, convirtiendo el terreno en territorios secos e
improductivos, lo que conlleva a la ruina de los campesinos. De contera, porque
al extraer dichos materiales se está deteriorando la carretera que sirve de
medio de locomoción al mismo vecindario, pues dado el peso de los automotores,
“se están produciendo en la carretera grandes huecos que parecen cráteres, que
son un peligro para transeúntes como para los vehículos pequeños”.
Por lo tanto, de lo que
se trata en el presente asunto, es de obtener a través de la tutela, la
protección del derecho al medio ambiente sano, que se dice afectado por las
actividades que realiza la empresa accionada de extracción de materiales de
construcción.
Siguiendo los
lineamientos jurisprudenciales que en materia de protección de derechos
colectivos ha trazado la Corte Constitucional, debe concluirse la improcedencia
de la tutela invocada por los peticionarios, por las razones que a continuación
se exponen, y que llevarán a esta Sala a confirmar el fallo que se revisa.
a)
De cuándo procede la tutela para la protección de los derechos colectivos.
Las Acciones Populares.
La Carta Política de
1991 regula en el artículo 88 la acción reconocida a la colectividad para
lograr la protección judicial de sus intereses en distintos campos, entre los
cuales cabe destacar el relacionado con el ambiente (también lo hace el Código
Civil, en sus artículos 1005 y s.s.). El artículo 86, por su parte, consagra la
acción de tutela como mecanismo de protección individual y subjetivo, mediante
el cual se busca la defensa efectiva de los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, frente a una vulneración o amenaza por parte de
una autoridad pública o de los particulares, en los eventos previstos en la
ley.
En cuanto a la
diferencia que existe entre estos dos tipos de acciones como instrumento de
protección del ambiente, esta Corporación ha expresado:
"...la Carta
de 1991 es explícita en adoptar el modelo que consagra el "Derecho al goce
de un ambiente sano" no como un derecho constitucional fundamental, sino
como un derecho y un interés constitucional de carácter colectivo; en este
sentido la Acción de Tutela, cuyos fundamentos se examinan más arriba, no es
procedente para obtener de manera autónoma su protección como lo proponen los
actores, pues, como se vió, aquella procede para obtener el amparo de los
derechos constitucionales fundamentales y no el de otros derechos que, como los
colectivos, deben perseguirse judicialmente por virtud del ejercicio de las
Acciones Populares o de las Acciones de Clase o de Grupo en los términos de su
regulación legal". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia T-067
del 24 de febrero de 1993. M.P.: Drs. Fabio Morón Díaz y Ciro Angarita Barón).
"...la
defensa del ambiente sano concierne a la comunidad en cuanto tal y para el
amparo de los derechos que a ella corresponden ha sido previsto el mecanismo de
las acciones populares que, en ese sentido, tienen un objeto diferente al de la
acción de tutela. Eso explica el porqué de la norma contenida en el artículo
6º, numeral 3, del Decreto 2591 de 1991, a cuyo tenor no procede la acción de
tutela cuando se pretenda proteger los derechos mencionados en el artículo 88,
a menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
Pero si,
además, una persona individualmente considerada puede probar que la misma causa
(perturbación del medio ambiente) está afectando o amenazando de modo directo
sus derechos fundamentales o los de su familia, al poner en peligro su vida, su
integridad o su salubridad, cabe la acción de tutela en cuanto a la protección
efectiva de esos derechos fundamentales en el caso concreto, sin que
necesariamente el amparo deba condicionarse al ejercicio de acciones
populares".
(...)
"Desde este
punto de análisis se considera que una acción de tutela instaurada por
persona directa y ciertamente afectada (artículo 10 del Decreto 2591 de
1991) puede prosperar en casos como el que se estudia, claro está
sobre la base de una prueba fehaciente sobre el daño soportado por el
solicitante o respecto de la amenaza concreta por él afrontada en el campo de
sus derechos fundamentales (artículo 18 Decreto 2591 de 1991).
Igualmente deberá acreditarse el nexo causal existente entre el motivo
alegado por el peticionario para la perturbación ambiental y el daño o amenaza
que dice padecer. Unicamente de la conjunción de esos tres elementos puede
deducirse la procedencia de la acción de tutela para que encaje dentro del
artículo 86 de la Constitución". (Cfr. Corte Constitucional. Sala
Tercera de Revisión. Sentencia T-437 del 30 de junio de 1992) (negrillas y
subrayas fuera de texto).
De esa manera,
entonces, en principio no puede acudirse a la acción de tutela para la defensa
del ambiente -derecho de carácter colectivo- ya que para el efecto se han
instituído constitucional -artículo 88- y legalmente -arts. 1005 y s.s. C.C.-
las acciones populares. Ello no se opone, sin embargo, a la tutela del derecho
individual de quien, siendo parte de la comunidad, es afectado o amenazado en
forma directa por la contaminación del ambiente, pues su salud y aun su vida
están de por medio, ello siempre y cuando como lo ha sostenido la
jurisprudencia constitucional, se acredite el nexo causal existente entre el
motivo alegado por el peticionario para la perturbación ambiental y el daño o
amenaza que dice padecer. Unicamente de la conjunción de esos tres elementos
puede deducirse la procedencia de la acción de tutela para que encaje dentro
del artículo 86 de la Constitución y sea viable el amparo.
Desde luego, para
que los eventos indicados tengan cabida, es indispensable que quien ejerce la
acción de tutela pruebe que en realidad, dentro de sus circunstancias y de
manera fehaciente, están en peligro o sufren lesión sus propios derechos
fundamentales (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-376 del 7 de septiembre
de 1993), pues de lo contrario la tutela será improcedente, debiendo acudir el
afectado a los otros medios de defensa judicial previstos en la Constitución y
la ley, a saber, las acciones populares o de clase.
b)
Improcedencia de la tutela en este caso por no existir relación de
causalidad entre los derechos colectivos que se dicen vulnerados y derecho
constitucional fundamental alguno.
Teniendo en cuenta
lo anterior, y con fundamento en el escrito de tutela y las pruebas que obran
dentro del expediente, la Sala encuentra que los peticionarios no acreditan la
vulneración de ninguno de sus derechos constitucionales fundamentales por parte
de la empresa accionada, sino que simplemente se limitan a señalar que por las
actividades de explotación de minerales que viene adelantando desde 1977 la
Empresa Agregados de la Sabana en la Vereda El Santuario del Municipio de Guasca,
han visto amenazados sus derechos “fundamentales” al medio ambiente y a la
libre locomoción, los cuales, como se ha dicho, el primero no es fundamental y
requiere para que prospere su amparo a través de la tutela de la afectación de
un derecho constitucional fundamental en forma conexa o por relación de
causalidad, y en cuanto al segundo, no aparece demostrada su afectación, pues
en ningún momento se les ha impedido a los accionantes el libre tránsito o
circulación por la zona donde realiza sus actividades la empresa accionada.
Para la procedencia
de la tutela en los eventos en que esté de por medio la alteración del entorno
natural -medio ambiente o ecosistema-, es indispensable que el afectado en uno
de sus derechos fundamentales, acredite plena prueba del nexo causal existente
entre las modificaciones o afectaciones ambientales y los efectos en alguno de
los derechos fundamentales, tales como la vida o la salud de las personas, o
entre aquellas y la verdadera y actual amenaza que puedan estar afrontando. Es
decir, se requiere demostrarle al juez de tutela el convencimiento de que son
las alteraciones producidas en el ambiente y no otras causas, las que
constituyen origen real y verdadero de la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, lo que no sucede en el asunto sub-examine.
En caso contrario,
como sucede en el caso materia de revisión, donde no aparece demostrada ni la
vulneración de derecho constitucional fundamental alguno, ni prueba que permita
acreditar la amenaza o violación de los derechos, la tutela es improcedente,
disponiendo los accionantes entonces, de las acciones colectivas o populares
para la protección de sus derechos que se dicen afectados por la empresa
accionada.
En tal virtud, por
las razones expuestas, habrá de confirmarse el fallo que se revisa, proferido
por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá, el 24 de marzo de 1995.
IV. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, obrando en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
PRIMERO.
CONFIRMAR el fallo
proferido por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá, el 24 de marzo de
1995, en relación con la acción de tutela interpuesta por LUIS ARCENIO
AVELLANEDA QUINCHE Y OTROS.
SEGUNDO. Por la Secretaría General de la Corte
Constitucional, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ
Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
403 | T-214-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-214/95
SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL-Objetivo
El objetivo
fundamental del sistema de seguridad social es garantizar los derechos
irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida
acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que
la afecten. Sistema que comprende las obligaciones del Estado y la sociedad,
las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las
prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios.
INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES-Afiliación
del cónyuge/SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL-Cobertura
El parágrafo 1o.
del artículo 60 del Decreto 3063 de 1989, aducido por la entidad accionada para
negar el derecho a la afiliación al Seguro Social al esposo de la peticionaria,
no es aplicable, pues ha sido derogado tácitamente por una norma posterior,
como lo es el artículo 163 de la Ley 100 de 1993, desarrollado por los
artículos 51 del Decreto 1298 de 1994 y 12 del D.R. 1919 de 1994. Bajo la
vigencia de la nueva ley de seguridad social, la accionante tendrá el derecho
de hacer efectiva la cobertura familiar, es decir a que sea beneficiario del
sistema su esposo, acudiendo a inscribir a cada uno de los miembros que
conforman su grupo familiar ante la entidad promotora de salud respectiva,
previo el lleno de los requisitos señalados en la ley y los decretos
reglamentarios.
REF.: Expediente
No. T-56.601
PETICIONARIO: Lucila Peralta de Garibello contra el
Instituto de los Seguros Sociales, Regional Tolima.
PROCEDENCIA: Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué.
MAGISTRADO
PONENTE:
HERNANDO HERRERA
VERGARA
Santa Fé de Bogotá,
Mayo dieciseis (16) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Procede la Sala
Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados HERNANDO HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Y FABIO
MORON DIAZ, a revisar el fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Ibagué el día 21 de noviembre de 1994, en el proceso de tutela de
la referencia.
I. INFORMACION
PRELIMINAR.
La accionante, en su
calidad de afiliada al Seguro Social bajo el número 928536698, mediante el
ejercicio de la acción de tutela solicita la protección de su derecho a la
igualdad, en razón a que le fue negada por ese Instituto, Seccional Ibagué, una
petición de afiliación de su cónyuge, GERMAN GARIBELLO TRIANA como beneficiario
de esa entidad de previsión social, adjuntando para el efecto los documentos
requeridos. Por lo tanto, estima que se le vulneró dicho derecho por cuanto
cree que ha sido discriminada en su condición de mujer, pues no le han dado lo
que establece la Carta Política vigente, “y en consideración a que como lo digo
en mi petición, el ISS afilia a la esposa-cónyuge o compañera del afiliado
trabajador, lo cual no ocurre con el esposo, cónyuge o compañero de la
trabajadora afiliada cual es mi caso”.
II. LA
DECISION JUDICIAL QUE SE REVISA.
El Juzgado Segundo
Civil Municipal de Ibagué, mediante providencia de noviembre 21 de 1994,
resolvió negar la tutela instaurada, con base en que a su juicio no se
demuestra la violación de derecho constitucional fundamental alguno, ni la
existencia de daño irremediable.
Expresa el Juzgado,
que la peticionaria al elevar la solicitud al Instituto de los Seguros
Sociales, Regional del Tolima, no demostró la invalidez de su esposo, como lo
exige la norma legal -Decreto 3063 de 1989, artículo 60-, lo que “quiere
decirnos que esta situación de desempleo no le da derecho a la concesión que su
esposa está buscando para él”. Por lo tanto, concluye que no demostrándose la
invalidez de su esposo como requisito fundamental y necesario para tener
derecho a los servicios de afiliación derivados de su señora esposa, la acción
de tutela no prospera.
No habiendo sido
impugnada la anterior providencia, el expediente fue remitido a la Corte
Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991, por lo que habiendo sido seleccionado y repartido a esta Sala de
Revisión, se procede a decidir.
III. DE LAS
PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE.
Obran dentro del
expediente las siguientes pruebas:
a) Oficio dirigido por la señora Lucila
Peralta de Garibello al Director Regional del I.S.S. -Tolima-, de fecha 13 de
octubre de 1994, en el cual manifiesta:
“Acogiéndome a lo
establecido en el Art. 23 de la Constitución Nacional, comedidamente me permito
solicitar a Usted se sirva ordenar, a quien corresponda, me sea tramitada la
afiliación como beneficiario del Seguro Social a mi esposo GERMAN GARIBELLO
TRIANA, para lo cual me permito adjuntar los siguientes documentos (...). La
anterior solicitud la elevo como afiliada al Seguro Social bajo el No.
928536698 y en consideración a que mi esposo no tiene ningún tipo de empleo, ni
devenga sueldo alguno, teniendo en cuenta además que al trabajador (hombre)
afiliado al Seguro, éste le afilia como beneficiaria a su esposa, cónyuge o
compañera, y acogiéndome a lo estipulado en los arts. 13 y 43 de la Carta
Magna”.
b) En relación con la solicitud formulada por
la accionante al Instituto de los Seguros Sociales, éste a través del Jefe de
Departamento Seccional Comercial, dió respuesta mediante oficio de 28 de
octubre de 1994, en el cual expresó:
“El artículo 60
del Decreto 3063 de 1989 establece las personas que pueden adscribirsen como
derecho-habiente al ISS, en ella se incluye al cónyuge, el compañero, los hijos
y padres.
Parágrafo 1o. el
mismo artículo “El derecho consagrado en este artículo para el esposo o
compañero, los hijos estudiantes mayores de 18 años y hasta los 23 años, así
como para el padre, se hará efectivo, previo estudio actuarial, el cual puede
realizarse en forma gradual y escalonada.
Mientras se
expide el nuevo reglamento de enfermedad general y maternidad continuará con el
derecho a los servicios de salud el esposo inválido de la afiliada y el padre
del afiliado mayor de 60 años o inválido.
Con la anterior
se puede observar que solo es posible la prestación de servicio de salud al
esposo inválido”.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. La
competencia.
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para revisar el fallo proferido por
el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. Problema
jurídico.
Pretende la
accionante que mediante el instrumento excepcional de la tutela, se ordene al
Instituto de los Seguros Sociales, Seccional Tolima, la afiliación de su esposo
como beneficiario de esa entidad de previsión, solicitud que le ha sido negada,
aduciendo la accionada que el Decreto 3063 de 1989 en su artículo 60 parágrafo
1o., dispone que sólo podrán adscribirse al régimen de los Seguros Sociales, el
esposo o compañero en situación de invalidez.
En virtud de la
decisión del I.S.S., considera la actora que se le ha vulnerado su derecho a la
igualdad, pues se siente discriminada en su condición de mujer, ya que señala,
el ISS afilia a la esposa, cónyuge o compañera del afiliado trabajador, lo cual
no ocurre con el esposo, cónyuge o compañero de la trabajadora afiliada.
* De las normas
legales que se invocan por la entidad accionada para negar la afiliación del
esposo de la accionante y su vigencia.
Para determinar si
se vulneró el derecho a la igualdad de la peticionaria, es necesario examinar
las normas legales invocadas por la entidad accionada para negar la afiliación.
Según el artículo
9o. del Decreto 3063 de 1989, se entiende por derechohabiente para efectos de
los Seguros Sociales, “la persona natural que por su vinculación o parentesco
con un afiliado, puede recibir los servicios de salud, de conformidad con los
reglamentos”.
Por su parte, según
el artículo 58 ibídem, “la adscripción de un derechohabiente será efectuada por
el Instituto de los Seguros Sociales a solicitud personal y escrita del
afiliado de quien derive su derecho”.
Según las normas
legales, para que un afiliado pueda adscribir a los Seguros Sociales a un
derechohabiente, deberá acreditar el vínculo familiar que los une, el derecho
que le asiste al derechohabiente por razón de la edad o la dependencia
económica respecto del afiliado o la invalidez, según el caso.
Según el artículo 60
del mismo decreto, podrán adscribirse al régimen del Instituto de los Seguros
Sociales las personas que allí se indican, dentro de las cuales se encuentra el
cónyuge del afiliado (siempre que no haya perdido el derecho por las causales
señaladas) o su compañero (a) permanente. No obstante, de conformidad con el
parágrafo 1o. del artículo 60 ibídem,
“el derecho
consagrado en este artículo para el esposo o compañero (...) se hará efectivo,
previo el estudio actuarial (...). Mientras se expide el nuevo Reglamento de
Enfermedad General y Maternidad continuará con el derecho a los servicios de
salud, el esposo inválido de la afiliada y el padre del afiliado mayor de 60
años o inválido”.
Esta disposición se
invoca por la accionada para negar la petición de afiliación hecha por la
accionante en favor de su esposo, en cuanto le exige para concederle el
derecho, acreditar el estado de invalidez.
A juicio de la Sala
dicha norma no consagra un trato discriminatorio como erróneamente lo pretende
la accionante, pues la disposición debe entenderse aplicable al afiliado,
hombre o mujer, como así se deduce de su lectura. No existe como lo exige el
artículo 13 de la Carta para efectos de considerar la vulneración al derecho a
la igualdad, un trato que coloque en una situación desventajosa al esposo de la
afiliada frente a los demás derechohabientes.
Por lo tanto,
inicialmente podría decirse que la tutela invocada por la señora Lucia Peralta
de Garibello sería improcedente, pues al tenor de las normas legales invocadas
por la entidad accionada para negar el derecho de afiliación al cónyuge de la
peticionaria, no sólo no se vulnera el derecho a la igualdad, sino que el
Instituto de los Seguros Sociales habría actuado ajustado a la normatividad
legal.
No obstante lo anterior,
la Corte estima que su misión de protectora de los derechos constitucionales
fundamentales le obliga a examinar la totalidad del ordenamiento legal para
determinar si en el caso particular es procedente la tutela por vulneración de
otro derecho no invocado en la demanda de tutela, o por la omisión de la
entidad accionada en observar la normatividad que rige su actividad.
*
Omisión de la entidad accionada en aplicar las normas legales que rigen en la actualidad en
cuanto a la seguridad social y a la salud.
Encuentra la Corte
que la decisión adoptada por el Instituto de los Seguros Sociales, Seccional
Tolima, mediante la cual se le niega al esposo de la accionante el beneficio de
ser afiliado a dicha entidad, desconoce abiertamente el derecho que le asiste a
toda persona a la seguridad social, y en particular, al cónyuge o compañero (a)
permanente de un afiliado a dicho sistema, a beneficiarse de su protección.
Derecho éste consagrado en el artículo 48 de la Carta Política y desarrollado a
través de la Ley 100 de 1993, “por la cual se crea el sistema de seguridad
social integral”.
El objetivo
fundamental del sistema de seguridad social es garantizar los derechos
irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida
acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que
la afecten. Sistema que comprende las obligaciones del Estado y la sociedad,
las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las
prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios.
Se crea de
conformidad con el artículo 162 de esta ley, un Plan Obligatorio de Salud para
todos los habitantes del territorio nacional, el cual permitirá la protección
integral de las familias a la maternidad y enfermedad general, en las fases de
promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación para todas las patologías.
Dicho plan de salud
tendrá, según el artículo 163 ibídem, una cobertura familiar, de la cual serán
beneficiarios el o la cónyuge o el compañero o la compañera permanente del
afiliado cuya unión sea superior a 2 años, los hijos menores de 18 años (...).
Por su parte, el
Decreto No. 1298 de 1994, por el cual se expide el Estatuto Orgánico del
Sistema de Seguridad Social en Salud, dispone en su artículo 51 la denominada
“cobertura familiar”, la cual según la norma, “comprenderá el (o la) cónyuge o
el compañero o la compañera permanente del afiliado cuya unión sea superior a 2
años; los hijos menores de 18....”.
El parágrafo 3o. de
esta norma establece que “las entidades promotoras de salud que se creen
tendrán desde el comienzo de su operación cobertura familiar para sus
afiliados”.
De otro lado, el
Decreto No. 1919 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley
1298 de 1994, consagra lo relacionado con los regímenes de afiliación,
cobertura familiar, mecanismos de afiliación y cotizaciones. Así, el artículo
2o. del decreto señala dentro de las características del sistema general de
seguridad social en salud, las siguientes:
“b) serán
afiliados al sistema bajo las normas del régimen contributivo todas
aquellas personas con capacidad de pago y los miembros de su familia”.
...
d) La afiliación
al sistema es de cobertura familiar (...)....”
Por su parte, el
artículo 7o. del decreto dispone que tendrán la calidad de afiliados en
el régimen contributivo (que se aplicará a aquellas personas que se
afilien mediante el pago de una cotización o aporte económico previo) del
sistema general de seguridad social en salud, como beneficiarios, los miembros
del grupo familiar del cotizante.
En este sentido, el
artículo 12 ibídem señala que:
“Art. 12.- Cobertura
familiar. El grupo familiar del afiliado cotizante o subsidiado, estará
constituido por:
a) El
cónyuge;
b) A falta de
cónyuge, la compañera o compañero permanente, siempre y cuando la unión sea
superior a dos años....”
Por su parte, el
artículo 13 del decreto dispone que:
“Los
afiliados deberán inscribir ante la entidad promotora de salud -EPS- a cada uno
de los miembros que conforman su grupo familiar según lo dispuesto en
el artículo anterior...
El afiliado
deberá demostrar la convivencia con la compañera o compañero permanente, por
medio de una declaración extrajudicial de testigos presentada ante juez o
notario, en la que conste nombres y apellidos de la pareja y tiempo de
convivencia, que en ningún caso podrá ser inferior a dos (2) años al momento de
su inscripción”.
Así pues, encuentra
la Sala después de examinado el ordenamiento legal, y concretamente lo normado
en la Ley 100 de 1993, que las normas invocadas por el Instituto de los Seguros
Sociales, Seccional Tolima en su oficio de octubre 28 de 1994, para negar a la
accionante la solicitud de afiliación de su esposo en calidad de
derechohabiente -parágrafo 1o. del artículo 60 del Decreto 3063 de 1993-, han
perdido eficacia, y que en la actualidad bajo la vigencia de la Ley 100 de
1993, debe aplicarse lo allí dispuesto, en particular el artículo 163 que
desarrolla la denominada cobertura familiar, que convierte en
beneficiarios del sistema obligatorio de salud, al (o a la) cónyuge o el
compañero (a) del afiliado, sin exigir requisitos, como los que contemplaba la
normatividad anterior -Decreto 3063 de 1989-.
De esa manera,
observa la Corte que la entidad accionada desconoció la normatividad legal
imperante, por lo que la petición de tutela formulada por la accionante es
procedente, no por la vulneración del derecho a la igualdad, sino por afectar
el derecho a la seguridad social tanto de la accionante, en su calidad de
afiliada al Seguro Social, como de su esposo German Garibello, como
beneficiario de aquella, al tenor del ordenamiento legal.
* Conclusión.
Conforme a lo
anterior, y teniendo en cuenta que las normas contenidas en la Ley 100 de 1993
tienen plena y cabal aplicación en el presente caso, puede concluirse lo
siguiente:
a) El parágrafo 1o. del artículo 60 del
Decreto 3063 de 1989, aducido por la entidad accionada para negar el derecho a
la afiliación al Seguro Social al esposo de la peticionaria, no es aplicable,
pues ha sido derogado tácitamente por una norma posterior, como lo es el
artículo 163 de la Ley 100 de 1993, desarrollado por los artículos 51 del
Decreto 1298 de 1994 y 12 del D.R. 1919 de 1994.
Según el artículo
163 en comento, el plan de salud obligatorio tendrá cobertura familiar, para
cuyos efectos serán beneficiarios del sistema el o la cónyuge o el compañero
(a) permanente del afiliado cuya unión sea superior a 2 años.
b) En lo términos anteriores y bajo la
vigencia de la nueva ley de seguridad social, la accionante tendrá el derecho
de hacer efectiva la cobertura familiar, es decir a que sea beneficiario del
sistema su esposo, acudiendo a inscribir a cada uno de los miembros que
conforman su grupo familiar ante la entidad promotora de salud respectiva,
previo el lleno de los requisitos señalados en la ley y los decretos
reglamentarios.
Derecho este que no
le podrá ser negado, salvo que se encuentre dentro de alguna de las hipótesis
previstas por la ley y los decretos por las cuales no se tenga acceso a dicha
garantía, como v.gr. que el cónyuge, esposo (a) o compañero (a), esté afiliado
en forma simultánea a otro régimen del sistema.
c) En virtud a lo anterior, se revocará la
providencia del Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué, y en su lugar, se
concederá la tutela del derecho a la seguridad social del señor GERMAN
GARIBELLO TRIANA, en su condición de cónyuge de la accionante, ordenando al
señor Gerente del Instituto de los Seguros Sociales, Regional Tolima, para que
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
presente providencia, proceda a resolver de conformidad con los artículos 48 de
la Constitución y 163 de la Ley 100 de 1993, acerca de la inscripción del señor
GERMAN GARIBELLO TRIANA como posible beneficiario de los servicios que presta
esa entidad, y en particular, en cuanto hace a la cobertura familiar
comprendida dentro del Plan Obligatorio de Salud.
VI. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, obrando en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
PRIMERO.
REVOCAR el fallo
proferido por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué, el 21de noviembre
de 1994.
SEGUNDO. CONCEDER
la tutela del derecho a la
seguridad social de la accionante y de su cónyuge, y en consecuencia,
ORDENAR al señor Gerente de la Seccional Tolima del Instituto de los
Seguros Sociales, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de la presente providencia, proceda a decidir de conformidad
con los artículos 48 de la Constitución Política y 163 de la Ley 100 de 1993,
acerca de la inscripción del señor GERMAN GARIBELLO TRIANA, en su calidad de
cónyuge de la afiliada, como posible beneficiario de los servicios que presta
esa entidad, y en particular, en cuanto hace a la cobertura familiar
comprendida dentro del Plan Obligatorio de Salud.
TERCERO.- Por la Secretaría General de la Corte
Constitucional, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ
Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
404 | T-215-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-215/95
CONTRATO DE
TRABAJO-Modificación/ACCION
DE TUTELA-Improcedencia/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL
Se permite a la
empresa asignarle al trabajador otras funciones inherentes y relacionadas con
su actividad profesional. En el mismo sentido, según el mencionado contrato, el
patrono está habilitado para fijar o señalar horarios extraordinarios de
trabajo, los cuales el trabajador al firmar el contrato de trabajo, aceptó en
forma expresa y voluntaria. Si el trabajador está inconforme con las nuevas
cargas laborales a él asignadas, así como con el horario adicional de trabajo
-que en este caso se ajustan a lo estipulado en el contrato-, está habilitado
para acudir a la vía judicial ordinaria para que allí se dirima el conflicto
suscitado, competencia que es ajena al juez de tutela.
PERSECUCION
LABORAL-Inexistencia
No sólo la
vulneración de los derechos mencionados por el actor como desconocidos por la
accionada, no aparece demostrada, sino que adicionalmente por la naturaleza de
la controversia y lo que a través de ella se persigue, hacen que el juez de
tutela carezca de competencia para entrar a resolver dicha situación, de la
cual debe conocer el juez ordinario laboral, y que por tanto escapa al ámbito y
atribuciones conferidas al juez de tutela.
REF. PROCESO No.
T - 61.186
Acción de tutela de
Gonzalo Asdrúbal Zuluaga Parrado contra la Empresa Promociones Todelar.
MAGISTRADO
PONENTE:
DR. HERNANDO
HERRERA VERGARA
Santa Fé de Bogotá
D.C., Mayo dieciseis (16) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Procede la Sala
Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
HERNANDO HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO y FABIO MORON DIAZ, a
revisar los fallos proferidos por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá, el 10 de noviembre de 1994 y por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, el 19 de enero de 1995, en el proceso de tutela de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
El Señor Gonzalo
Asdrúbal Zuluaga Parrado, fomuló acción de tutela con el fin de que le sean
tutelados sus derechos constitucionales fundamentales al trabajo en condiciones
dignas y justas, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a no
ser sometido a trato cruel, inhumano y degradante, los cuales considera
vulnerados por las directivas de la Sociedad Promociones Todelar, a quien
presta sus servicios desde hace más de 20 años como narrador, actor y director
de elenco.
Comienza la
exposición de los hechos, señalando que “no se justifica que por caprichos de
una Empresa, se inhabilite a un empleado que ha prestado sus servicios por más
de 20 años desempeñando sus funciones como Narrador, Actor-Director, que ha
conseguido los mejores éxitos dentro de la radio-novelíticanacional (sic), cuyo
contrato está vigente desde el día 5 de septiembre de 1992 hasta la fecha
siendo menospreciado y reemplazado por personas que solo conocen el manejo de
una consola, o sea un simple operario de sonido que por mucho tiempo que venga
desempeñando esta labor, carece de la experiencia necesaria para responder como
Director de un Elenco en tan delicada labor”.
Indica que sin
razones válidas y en forma denigrante, le impiden realizar su trabajo, ya que
le sacaron los muebles de la oficina, le cerraron las puertas de los estudios
para evitar su ingreso y lo dejaron a la deriva de pasillo en pasillo durante
más de un año, sin tener un sitio indicado para realizar sus labores,
“pareciendo mas bien un celador”.
A su juicio, “todo
esto tiene una contestación muy clara y evidente: por el solo hecho de haber
votado en favor de la HUELGA sin pertenecer al Sindicato, siendo como
consecuencia el único damnificado de la Empresa, porque parte de los empleados
del sindicato recibieron BONIFICACION al terminar la huelga; ahora no hay quien
responda”.
Manifiesta el
peticionario que al finalizar la huelga, fue llamado por el señor Luis Antonio
Gómez, directivo de la empresa, el cual le reclamó “el porqué yo, Gonzalo
Zuluaga, como persona responsable en el manejo del grupo de Actores y el Elenco
en general, había dirigido los dramatizados por teléfono, cosa que le contesté:
mi casa no es un estudio de grabación y eso es violar los derechos de Huelga”.
Hecho que según el
actor, sucedió porque durante el tiempo que duró la huelga, la Empresa no
suspendió su programación ordinaria, en especial los dramatizados, y que “yo no
quería tener problemas con los señores del Sindicato. Además, le manifesté que
la producción al aire fue bastante mala, que se le faltó el respetó a los
oyentes con tantos cambios en los papeles de reparto y que la musicalización en
iguales condiciones”.
Agrega que dicha
llamada de atención fue dada por orden del Vicepresidente, a lo cual manifestó
que “los señores de Vicepresidencia son muy buenas personas, de buena familia,
muy honrados, pero eso sí, desconocen totalmente el desarrollo de un
dramatizado”.
Todo esto sirvió en
su criterio, para que el citado directivo indispusiera a la Empresa, aduciendo
que él se expresaba muy soesmente cuando se dirigía a la Vicepresidencia, ante
lo cual reaccionó el jefe de personal, quien a través de un memo le informó que
quedaba suspendido del servicio por espacio de dos meses.
Al cumplimiento de
la sanción, el “señor Luis Antonio Gomez me dijo que la Empresa estaba muy
ofendida por el hecho de haber votado en favor de la Huelga y que por lo tanto
decidió suspender mis funciones como Director del Elenco. Quince días después,
le escribí al señor Gomez para que me explicara las razones de lo ocurrido y no
obtuve respuesta alguna. Ahora viene un cuento como para RIPLEY... Después de 7
meses sin hacer nada, recibo un MEMO en el que se me asigna en una oficina y en
un escritorio dañado, el sitio ideal según la EMPRESA para que el suscrito no
fumara tanto en la sala de espera y pensara en algo. Todo esto es inaudito, atrevido,
irrespetuoso, beligerante es toda una persecución sicológica, por el solo hecho
de llevar más de 20 años solo buscan que les renuncie”.
Indica que ante la
situación descrita, se encuentra en un estado de indefensión, ya que no puede
esgrimir una defensa con un empleador hostil, e insiste que la circunstancia
planteada es un odio contra él, ya que estando su contrato vigente para el
cargo de Director Artístico del Elenco, está siendo obligado a realizar labores
diferentes para las que fue contratado, con lo que se le ha afectado su
personalidad y desconocido su trayectoria y condiciones profesionales, así como
su derecho a la igualdad respecto de otros servidores de la Empresa.
Concluye señalando
que “no puedo darme el lujo de renunciar o entablar un proceso ordinario
laboral, porque me vería aún más afectado ya no solo en la parte laboral,
afectiva del libre desarrollo de mi personalidad, sino económicamente”.
PRETENSIONES :
Con base en los
anteriores argumentos, el accionante solicita que mediante esta acción, se
ordene a la Empresa Promociones Todelar lo siguiente: a) que no continúe
con la persecución personal y laboral a la que viene siendo sometido; b)
que cumpla con lo estipulado en su contrato de trabajo como Director-Artístico
del Elenco y se le permita el desarrollo integral de su labor, sin que en el
futuro sea obligado a realizar labores diferentes para las que fue contratado,
y c) que no vuelva a incurrir en este tipo de prácticas discriminatorias
y violatorias de los derechos de sus trabajadores.
II. LAS
DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
A. SENTENCIA
DE PRIMERA INSTANCIA.
La Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá, mediante providencia de 10 de noviembre de 1994,
resolvió tutelar los derechos fundamentales invocados por el accionante, con
fundamento en las siguientes consideraciones:
Manifiesta la Sala
que si bien el peticionario podría utilizar otros medios de defensa judicial
para proteger los derechos que se derivan del contrato de trabajo, resulta
claro que esos instrumentos resultarían insuficientes para proteger los demás
derechos invocados, como el libre desarrollo de la personalidad, a no ser
sometido a tratos inhumanos, a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas y
justas. Por ello, estima que es procedente verificar si existe la violación de
tales derechos fundamentales, en orden a impartirles la protección a que haya
lugar. Al respecto, sostiene que:
“En la evaluación
de la anterior situación fáctica (del actor), estima la Sala que cuanto hace al
desempeño de funciones distintas a las de su cargo, estima que puede que ello
sea verdad pero no tiene atendibilidad, como quiera que el contrato es claro en
expresar que además de las funciones propias de Director del Elenco debe
cumplir las de “.... labores anexas y complementarias del mismo de conformidad
con las órdenes e instrucciones que le imparta el Patrono o sus
Representantes”. Síguese entonces, que de acuerdo a esta norma en blanco de
facultad patronal es factible que la empresa le haya empleado para
asignarle a su trabajador otras funciones de trabajo. De no ser correcta esta
interpretación, el accionante aquí está habilitado para acudir a la vía
judicial ordinaria y otro tanto, acontece con la variación del horario
de trabajo y su extensión a los días sábados por ser punto que no compete
dirimirlo a la acción de tutela”.
" Situación
totalmente distinta de flagrante violación de derechos fundamentales del
peticionario, es que en verdad GONZALO ASDRUBAL ZULUAGA PARRADO no viene
desempeñando su función de Director Artístico desde hace más de un año y en su
lugar se le ha relegado a permanecer en un escritorio sin ningún tipo de
función constituyendo este hecho un procedimiento sin duda arbitrario y hostil,
atentatorio del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, libre
desarrollo de la personalidad e igualdad, y por ende el respeto a la dignidad
humana. Al efecto, acreditado el trabajo profesional del accionante
como Director del Elenco es deleznable que de un momento a otro, se le confine
a un escritorio sin ninguna función útil y racional sin explicación alguna, y
no se trata de que lo estén afirmando bajo juramento solo los trabajadores de
la Empresa (...), quienes al unísono así lo testifican, sino también el señor
ERNESTO RAMIREZ VENEGAS, Coordinador del Elenco quien asumió la función de
Director por el tiempo que el accionante se encuentra desplazado de sus
funciones “Ninguna.. él está en el segundo piso... donde queda el Departamento
de Pautas, no lo veo haciendo ninguna función, infirmando el dicho de la Dra.
MARIA NELCY CHAVES RUEDA, abogada y jefe de personal de la empresa en el
sentido de que el accionante en el momento actual, pese a que no viene
cumpliendo “a cabalidad” sus funciones, se encuentra al frente de las mismas,
cuando la realidad es que no está cumpliendo tarea ni función alguna,
y lo reemplaza el mencionado RAMIREZ VANEGAS, conforme lo evidencia la
prueba testifical aludida que pone de presente además el trato degradante y
discriminatorio para con quien le ha servido durante tantos años y ve afectados
su buen nombre y valores de índole profesional. En suma, se da
ampliamente la violación al artículo 25 de la C.N., en el cual están inmersos
los anteriores bienes jurídicos: “El trabajo es un derecho y una obligación
social y goza, en todas sus modalidades de la especial protección del Estado.
Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.
No estando por demás agregar a este propósito que si entre las medidas
adoptadas contra el trabajador en apariencia pueden revestir legalidad, en su
interior son reveladoras de una sistemática actitud de persecución, tortuosa y
degradante a su dignidad humana, porque de otro modo no se entiende que
si el programa o programas de trabajo a cargo del señor GONZALO A. ZULUAGA
PARRADO no despiertan mayor interés...”.
Finalmente, estima
la Sala que:
"Si el hecho
de ubicar al Director del Elenco Artístico en un escritorio sin función
correspondiera a un derecho patronal que aquel debiera acatar, como lo prevé el
articulo 45 del Decreto 2591 de 1991, se trataría sin duda de una de las
conductas legitimas contra las que no procede la acción de tutela y como tal la
defendería la empresa PROMOCIONES TODELAR, pero la realidad es otra, esta
entidad niega categóricamente que al accionante se le haya dado este trato, y
agrega que por el contrario, se le ha mantenido en el ejercicio de su funcion,
hecho que es desvirtuado por la abrumadora y calificada prueba testimonial
de los también trabajadores de la empresa, quienes lejos de querer perjudicarla
simplemente y consecuentes con el apremio del juramento prestado se limitaron a
vertir la verdad de un hecho real e insoslayable” (negrillas y subrayas fuera
de texto).
Con fundamento en
estas apreciaciones, y consecuente con lo dispuesto en los artículos 1o. a 5o.
del Decreto 2591 de 1991, el Tribunal resuelve tutelar los derechos invocados,
ordenando a la Empresa Promociones Todelar, restablecer de manera inmediata al
trabajador en las funciones establecidas en el contrato individual de trabajo y
se abstenga en el futuro de realizar acciones o procedimientos contrarios que
atenten contra estos derechos.
B. LA IMPUGNACION.
Mediante escrito
presentado por María Nelcy Chavez Rueda, obrando en condición de apoderada de
la Empresa Promociones Todelar, impugnó la providencia del Tribunal Superior de
Bogotá, fundamentándose en las siguientes consideraciones:
Estima que el
Tribunal basó su providencia únicamente en las pruebas aportadas por el
accionante sin tener en cuenta en momento alguno, las allegadas por la
accionada, especialmente las documentales que muestran a Gonzalo Zuluaga como
una persona que con soberbia desatiende todas las ordenes que se le imparten. Pruebas
que a su juicio denotan que el peticionario, con su cargo de Director, siempre
ha intentado imponer sus condiciones por encima de las políticas de la Empresa.
Indica que Zuluaga
ha recurrido a la tutela para eludir el cumplimiento de deberes y obligaciones
que como trabajador le corresponden, como así lo contempla el artículo 58 del
Código Sustantivo del Trabajo. Agrega que el accionante siempre distorsiona el
contenido de las instrucciones que se le imparten dentro de sus funciones como
Director.
Afirma la
impugnante, que en relación a las funciones que corresponden a la dirección del
elenco, no es simplemente dirigir unos radioactores frente a un micrófono como
erróneamente lo cree el señor Zuluaga, sino que supone otros aspectos como
planear, proyectar, seleccionar la producción y determinar la obra novelística
a emitirse en el futuro, además de las funciones que señala el contrato de
trabajo, cuando dice "...y demás colaboración que para edición y emisión
de novelas y programas que sea necesaria”. Indica que a la fecha, la Empresa no
cuenta con la planeación artística y novelística para el año de 1995 porque el
señor Zuluaga se niega a cumplir con sus funciones.
La impugnante
analiza en su escrito todos y cada uno de los testimonios en que se basa la
providencia que se impugna y concluye que el Tribunal fundamentó su decisión en
declaraciones que son inexactas y en algunos casos de personas que no
pertenecen a la empresa y que ignoran realmente cuales son las funciones del
señor Zuluaga, por lo que considera vulnerado el derecho al debido proceso.
Además de ello
estima que en la providencia del Tribunal existe incongruencia e incoherencia
entre la parte considerativa y resolutiva, además que con ella uno de los
elementos constitutivos del contrato de trabajo como la subordinación, quedaría
sin fundamento alguno y la Empresa perdería la facultad de impartir ordenes e
instrucciones al trabajador, así como la facultad de fijar los horarios de
trabajo que ella requiera.
Finalmente agrega la
impugnante, que la acción de tutela presentada resulta improcedente ya que las
pruebas testimoniales aportadas por la empresa y que no fueron tenidas en
cuenta por el Tribunal, desvirtúan la violación de los derechos invocados y que
si el accionante considera vulnerados los derechos que aduce, debe acudir a la
justicia ordinaria para lograr la protección de los derechos que emanan de la
relación laboral.
C. SENTENCIA
DE SEGUNDA INSTANCIA.
La Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de 19 de enero de
1995, resolvió revocar el fallo impugnado, con fundamento en que:
1o) Cualquier modificación que en detrimento del
asalariado haga el patrono al contrato de trabajo, no puede ser objeto de la
acción de tutela sino de las acciones ordinarias, salvo que se invoque como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, siempre y cuando
la determinación unilateral atente o vulnere derechos fundamentales del
trabajador.
2o) No se ha presentado vulneración de los derechos
invocados por el accionante, pues el contrato individual de trabajo celebrado
con la Empresa PROMOCIONES TODELAR LIMITADA, es claro en sus condiciones,
voluntariamente aceptadas por el trabajador.
“En dicho
documento que es ley para las partes, ZULUAGA PARRADO fue contratado para
desempeñarse como DIRECTOR del grupo de actores “ELENCO TODELAR”, RADIO ACTOR,
NARRADOR, PRODUCTOR, PROMOCIONES y demás colaboraciones para la edición y
emisión de novelas y programas Todelar “y en labores anexas y complementarias
del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el
Patrono o sus Representantes” (Cláusula 1a., literal b.), a más que
expresamente se comprometió a prestar sus servicios en forma exclusiva a la
empresa”.
3o) No puede constituir, señala la H. Corte, vulneración
de derechos fundamentales del trabajador la modificación de la jornada laboral
o de la labor encomendada, cuando en forma expresa y voluntaria se ha pactado
por él tal posibilidad, lo que constituye en este caso, facultad del empleador
para realizarlas, máxime cuando no existe limitante alguna para éste en tal
sentido.
4o) Estima la H. Corte Suprema, que el señor Zuluaga
Parrado en ningún momento ha recibido orden de los directivos de TODELAR para
realizar labores que dada su condición de Director Artístico no le
correspondan. Cita como ejemplo, la orden que le fue impartida por su superior
jerárquico el 27 de julio de 1994, en el sentido de seleccionar 10 títulos de
radionovelas del autor mejicano J.J. VIZCAINO y además, “una sinopsis de cada
uno de los posibles repartos, de acuerdo con su concepto”, lo cual
indudablemente corresponde a su función de Director Artístico y en nada atenta
contra su dignidad y libre desarrollo de su personalidad.
5o) En cuanto al hecho de que con ocasión de una huelga
en la Empresa Promociones Todelar, el accionante fue suspendido en sus
funciones de Director por dos (2) meses y reemplazado por Ernesto Ramírez
Vanegas, relegado a un escritorio sin función alguna, expresó la Corte que,
"esto no
resulta exacto si se tiene en cuenta que según lo expresa ZULUAGA PARRADO dicha
suspensión la cumplió del 8 de julio al 8 de septiembre de 1993 y el memorando
a que se hizo referencia data del 24 de julio de 1994 en el que se le exige
además de la selección de las obras del escritor mejicano y la readaptación de
los libretos, 'un reporte diario por escrito de las actividades realizadas por
usted', con lo cual no puede deducirse cosa distinta que para dicha fecha, al
parecer las directivas se vieron precisadas a controlar las actividades del
trabajador quien ... no cumplió con sus funciones y tampoco rindió los informes
solicitados, todo lo cual le acarreó una nueva suspensión por dos (2) meses a
partir del 1o. de septiembre de 1994."
6o) Indica la Corte, que el actor en su escrito de tutela
no presenta reparo alguno al procedimiento adoptado por el departamento jurídico
y de personal en las suspensiones de que fue objeto, es decir, sus derechos al
debido proceso y de defensa fueron ejercidos plenamente. Entonces, se pregunta
la Sala si para el 29 de agosto de 1994 se le comunica una nueva sanción
precisamente por no cumplir con sus funciones de Director del Elenco, no
entiende cómo puede afirmarse que a Gonzalo Zuluaga se le relegó a un
escritorio sin funciones.
Estima que de
conformidad con la respuesta del accionante a la Oficina de Personal al ser
requerido en descargos por su actitud negligente, según la cual “sólo cuando
tenga notificación por escrito donde asuma de nuevo mis funciones como
Director-Artístico del Elenco, entonces corresponderé como profesional que
soy”, se vé claramente la negativa del señor Zuluaga para cumplir con sus
deberes y esa la razón para la imposición de la nueva sanción.
A juicio de esa Alta
Corporación, el accionante entendió que la designación y continuación de
Ernesto Ramírez Vanegas en el cargo de Director del Elenco Todelar, comportaba
una degradación de su trabajo, olvidando que en el pasado dicha posición la
compartió con Gaspar Ospina, lo cual tampoco atenta contra su derecho al
trabajo, pues el contrato celebrado entre las partes, faculta incluso al
patrono para que pueda libremente disponer la rotación con otros trabajadores
de igual categoría.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
PRIMERA. LA
COMPETENCIA.
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia en relación
con el fallo proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y
241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
SEGUNDA: PROBLEMA
JURIDICO.
El actor solicita
que se protejan sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y
justas, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a no ser
sometido a tratos crueles y degradantes, los cuales a pesar de llevar más de 20
años de servicio, le están siendo vulnerados por la Empresa Promociones
Todelar, al habersele asignado -no obstante su condición de Director-Artístico
del Elenco de Todelar-, desarrollar funciones distintas para las que fue
contratado, por el hecho de haber participado y votado favorablemente en una
huelga a mediados de 1993 -sin tener la condición de sindicalizado-, y
desatarse contra él una persecución laboral que le ha ocasionado dos suspensiones
de 2 meses y la modificación sin razón alguna de su horario de trabajo, así
como tener que “estar de pasillo en pasillo como un celador”.
En tal virtud,
solicita se le ordene a la accionada permitirle desarrollar su labor de
Director Artístico del Elenco, sin que deba cumplir funciones distintas que
impliquen el desconocimiento y vulneración de sus derechos.
TERCERA. ANALISIS
DE LAS PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE.
a) Contrato de
trabajo suscrito entre el accionante y la accionada.
El actor, según las
pruebas que obran en el expediente, lleva más de 20 años prestando sus
servicios a la Empresa Promociones Todelar Ltda, cuyas funciones según el
contrato individual de trabajo celebrado el día 1o. de abril de 1981, son las
siguientes:
“...PRIMERA:
A) El trabajador se obliga a prestar sus servicios personales al patrono en el
desempeño de DIRECTOR DEL GRUPO DE ACTORES “ELENCO TODELAR”, RADIO ACTOR,
NARRADOR, PRODUCTOR, PROMOCIONES Y DEMAS COLABORACION QUE PARA EDICION Y
EMISION DE NOVELAS Y PROGRAMAS TODELAR SEA NECESARIA, y en general el servicio
que el patrono requiera para la Empresa. Lo anterior, sin perjuicio de que el
patrono pueda hacerle traslados internos dentro de la empresa....”.
....
“... QUINTA: El trabajador queda obligado a laborar las
jornadas ordinarias y extraordinarias, incluyendo en las primeras el servicio
en domingos y festivos cuando la naturaleza de la función así lo exija y lo
reitere el patrono,
pudiendo éste, además hacer los cambios de horarios o turnos bien dentro de la
jornada ordinaria o extraordinaria cuando las necesidades del servicio así lo
aconsejen. Estos cambios en ningún momento se entenderán como modificación en
las condiciones del trabajo, dada la colaboración general aquí pactada”.
Cabe señalar que en
numeral DECIMO PRIMERO del contrato de trabajo, se estipula que “se entiende
que el trabajador está prestando sus servicios desde el día SEPTIEMBRE 5 DE
1972”.
b) Memorando de
agosto 29 de 1994, del Departamento Jurídico y de Personal al señor Gonzalo
Zuluaga.
“... en abierto
acto de indisciplina y rebeldía y de acuerdo a la orden por escrito dada por la
Empresa, en razón del hecho de no cumplir las instrucciones dadas por su jefe
inmediato el señor LUIS GUILLERMO TROYA LOPEZ, quien ordenó por escrito a
la Dirección a su cargo, la selección, análisis y sinopsis de los repartos para
readaptar con el fin de proceder a la definición de las próximas novelas a
emitir. Dicha labor no ha sido realizada por usted, ni ha
justificado en manera alguna el porqué no lo ha hecho, como tampoco rindió
los informes que se le solicitaron, en ese mismo escrito. Igualmente, se ha
negado usted a dar cumplimiento al horario que le ha sido asignado por la
Empresa, para efectos de cumplir las instrucciones dadas constituyendo todos
estos hechos, grave e injustificado incumplimiento de sus obligaciones
laborales, además de ocasionar con ello graves perjuicios a la Compañía al
negarse a ejercer la Dirección que se le ha confiado, pues en verdad ha
paralizado usted los proyectos que se tenían para la selección de las próximas
novelas...” (negrillas y subrayas fuera de texto).
c) Declaración
rendida por el señor Luis Guillermo Troya, ejecutivo de la Organización
Todelar.
“personalmente
jamás lo he visto (al accionante) en un pasillo de TODELAR, lo que si sé es que
tenemos un segundo piso en donde por motivo de estar acondicionando nuestra
locación varios de los ejecutivos y empleados comparten un salón que está
adecuado con escritorios, máquinas y elementos de oficina..., donde se puede
trabajar perfectamente.
“la actividad
jamás fue realizada por el señor ZULUAGA reitero estoy esperando todavía que
cumpla lo solicitado por mi Departamento, que no obedece a nada diferente de
proyectar la producción del Elenco TODELAR al aire para finales de 1994 y
comienzos del próximo año, la radio debe planificarse por lo tanto, debe
hacerse un permanente análisis de lo que se tiene para un futuro inmediato, que
en este caso consiste en la consecución de unos títulos de un importante escritor
mejicano del cual tenemos varias obras en libreto que reposan en nuestro
archivo ubicado en un almacén de la empresa, lo cual en mi forma personal de
ver las cosas no me parece sea denigrante, para alguien que se precie de
ejecutar profesionalmente sus funciones... Lo único cierto para mí, es que el
mencionado señor debe cumplir con sus obligaciones y debe responder no a LUIS
GUILLERMO TROYA sino a la empresa por las funciones encomendadas a él,
evaluadas en calidad, organización, raiting de sintonía, etc., agrego que no
solo en las declaraciones dadas por el señor ZULUAGA sino a nivel interpersonal
y profesional la irreverencia y falta de ubicación han sido el común
denominador de la personalidad del mencionado señor...” (negrillas y
subrayas fuera de texto).
d) Declaraciones
rendidas por algunos empleados de la Empresa accionada.
Por su parte, cabe
destacar las declaraciones rendidas por las siguientes personas, en relación
con la actividad que viene desempeñando en la Empresa accionada el
petiticionario:
1. El señor Nelson Parra Jaramillo, asistente
del señor Zuluaga, declara que:
“hace
aproximadamente un año el señor GONZALO ZULUAGA, se venía desempeñando como
director actor del elenco todelar pero por disposición de la empresa le fue
quitado su cargo y hace un año lo tienen sentado en un escritorio sin hacer
nada coartandole de esta manera el derecho al trabajo”;
2. Rosa Maria Gomez Moreno, Secretaria de la
Dirección de Radio Continental, indica que el señor Gonzalo Zuluaga Parrado,
“en este momento
está en la oficina donde yo laboro pero no está desempeñando ninguna función,
puesto que permanece sentado en el escritorio sin hacer nada. No le tienen
ninguna función”.
3. Felix Helmut Wienand Pantoja (programador
de radio de Todelar), señala que,
“a GONZALO
ZULUAGA lo tienen confinado a un escritorio que está ubicado dentro de las
instalaciones, en un segundo piso”.
4. Martha Sofia Molano, Secretaria de
Administración de Radio Continental, declaró en relación con las actividades
que desempeña el señor ZULUAGA, que,
“no hace nada, lo
tienen en un escritorio aislado en el segundo piso en un salón grande en donde
estamos todos nosotros, le dijeron que se tenía que quedar ahí y no hace nada”.
5. Maria Nelcy Chaves Rueda, Directora
Jurídica y de Relaciones Industriales de la Organización Todelar en Bogotá,
señaló:
“Es bueno aclarar
que el señor ZULUAGA no ha venido cumpliendo a cabalidad las funciones antes
descritas (como director del elenco), como tampoco se ha avenido a las órdenes
e instrucciones que para ese objetivo le da la empresa a través de la Dirección
General de la emisora. Se empecina en trabajar o por lo menos asistir a
la empresa dentro de un horario que él considera subjetivamente que es el que
debe cumplir desconociendo los horarios que la empresa le ha ordenado
para efectos de que pueda cumplir a cabalidad sus funciones.... ZULUAGA
ha sido un trabajador conflictivo que deja fácilmente el ejercicio de
sus funciones para retirarse sin autorización de la empresa, ha sido objeto de
divesos llamados de atención...
En relación con
la participación del trabajador en la huelga y los efectos de ello, señala que
“la empresa no ha tenido ningún tipo de represalias para con ningún trabajador,
máxime cuando dicha huelga fue votada en cuatro empresas de la organización
TODELAR..., y no significó más que una actividad lícita, legal... Al contrario,
la empresa ha sido muy tolerante con el señor ZULUAGA pues justas causas
para despedirlo ya se han dado, tomando la empresa una actitud serena,
tratando de hacer entrar en razón al trabajador para que ejerza el cargo que se
le ha encomendado con éxito... En cuanto a que tiene un simple escritorio, es
cierto todos en la empresa tenemos un escritorio, el señor ZULUAGA se
encuentra en un piso donde están en simples escritorios, el Director de Radio
Cordillera, el Director de Radio Musical, la Directora de Pautas, los
programadores de algunas emisoras, etc., y todas esas personas ejercen a
cabalidad las funciones propias de su cargo, porque son como las del
señor ZULUAGA más de carácter intelectual que físico. De otra parte, la empresa
sigue haciendo grandes esfuerzos para lograr que el trabajador ZULUAGA cumpla
sus funciones... pero no conocemos ni las directivas de la empresa ni por los
testigos ni por el dicho del señor ZULUAGA que él haya presentado, en ejercicio
de sus funciones y desde hace más de tres años proyecto, ni concepto, ni
absolutamente nada que contenga un derrotero a seguir en la dirección del área
a su cargo, pues los ejecutivos y directores deben formular propuestas,
proponer ideas innovadoras, hacer proyecciones al futuro, presentar informes y
estudios de sus áreas, etc., todo lo cual se resiste inexplicablemente el
trabajador, a realizar...” (negrillas y subrayas fuera de texto).
CUARTA. EL
DERECHO AL TRABAJO Y LAS CONDICIONES EN QUE SE DEBE EJERCER.
En forma breve debe
referirse esta Sala, al efectivo ejercicio del derecho al trabajo, puesto que
siendo uno de los derechos que la Constitución Nacional consagra como
Fundamental, debe ser garantizado su ejercicio en los términos de justicia y
dignidad que el artículo 25 de la Carta impone, pues no es suficiente el
obtener un trabajo para entender garantizado ese derecho; también deben
concurrir otras condiciones que complementan el cabal desempeño de las
labores que se encomiendan al empleado.
El artículo 25 de la
Carta Política, no se detiene en el punto de garantizar al ciudadano el acceso
a un empleo; va más allá, estableciendo que el desempeño de ese trabajo debe
darse en condiciones dignas y justas. Dentro de éstas, se encuentran las que
permiten al trabajador tener una clara apreciación del cargo que va a
desempeñar y las funciones que debe realizar en el mismo, obviamente bajo el
entendimiento de que dicha relación laboral debe ceñirse a los estrictos y
precisos términos previstos en el contrato de trabajo, razón por la cual tanto
al trabajador deben garantizarsele las condiciones mínimas que el ordenamiento
constitucional y legal exigen para que ejerza debidamente sus funciones y el
derecho como tal, dentro de una condiciones dignas y justas, como al empleador
en el sentido de que el trabajador cumpla adecuada y eficazmente las labores a
su cargo, ciñiéndose a los términos y condiciones establecidas en el contrato
de trabajo, el cual es ley para las partes.
QUINTA. ANALISIS
DEL CASO CONCRETO - IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA.
*
Cualquier modificación que en detrimento del asalariado haga el patrono del
contrato de trabajo, no puede ser objeto de la tutela, salvo el caso del
perjuicio irremediable por violación de un derecho fundamental.
En primer lugar,
observa la Corte una vez evaluadas las pruebas que obran en el proceso y a las
que se hizo referencia en el acápite tercero, que el contrato individual de
trabajo celebrado entre el accionante y la accionada es claro respecto de las
obligaciones a cargo del trabajador, en expresar que además de las funciones de
Director del Elenco, “debe cumplir las demás labores anexas y complementarias
del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el
patrono o sus representantes”, lo cual permite a la empresa asignarle al
trabajador otras funciones inherentes y relacionadas con su actividad
profesional.
En el mismo sentido,
según el mencionado contrato, el patrono está habilitado para fijar o señalar
horarios extraordinarios de trabajo, los cuales el trabajador al firmar el
contrato de trabajo, aceptó en forma expresa y voluntaria.
De tal forma que no
puede existir vulneración a los derechos fundamentales del trabajador por el
hecho de modificarse la jornada de trabajo o la labor encomendada cuando se ha
pactado por él tal posibilidad, lo que constituye facultad del patrono para
realizarlas, “máxime cuando no existe limitante alguna para éste en tal
sentido”, salvo aquellas previstas dentro del contrato de trabajo.
Debe afirmar la
Corte, que si el trabajador está inconforme con las nuevas cargas laborales a
él asignadas, así como con el horario adicional de trabajo -que en este caso se
ajustan a lo estipulado en el contrato-, está habilitado para acudir a la vía
judicial ordinaria para que allí se dirima el conflicto suscitado, competencia
que es ajena al juez de tutela.
Avala esta
Corporación lo expresado por la H. Corte Suprema de Justicia, quien al resolver
la impugnación formulada contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá,
señaló que “cualquier modificación que en detrimento del asalariado haga el
patrono del contrato de trabajo, no puede ser objeto de la acción de tutela
sino de las acciones ordinarias ante el juez competente, salvo que
aquella se invoque como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, siempre y cuando la determinación unilateral atente o
vulnere derechos fundamentales del trabajador”. Así pues, la tutela por
este aspecto es improcedente.
* Inexistencia de
vulneración a los derechos fundamentales del peticionario.
Observa la Sala, que
el Tribunal Superior de Bogotá, al conocer en primera instancia de la tutela,
resolvió conceder la protección solicitada, al asumir con base en unas
declaraciones rendidas ante ese despacho, que efectivamente al peticionario se
le estaba violando su derecho fundamental a un trabajo en condiciones dignas y
justas, a la igualdad y al libre desarrollo, pues “no viene desempeñando su
función de Director Artístico desde hace más de un año y en su lugar se le ha
relegado a permanecer en un escritorio sin ningún tipo de función,
constituyendo este hecho un procedimiento sin duda arbitrario y hostil”.
De lo expresado por
el Tribunal, se colige que ese despacho judicial dió por ciertas las
afirmaciones del actor y de algunos testigos, sin tener en cuenta otras
declaraciones, en virtud de las cuales se indicaba que el peticionario había
asumido desde un tiempo para acá actuaciones negligentes e irreverentes contra
sus superiores, desconociendo el hecho de que su función, según el contrato de
trabajo celebrado, no se circunscribe exclusivamente a ser Director Artístico
del Elenco, sino que debe cumplir funciones adicionales, relacionadas con su
actividad profesional, a saber, “la demás colaboración que para emisión y
edición de novelas y programas Todelar sea necesaria, y en labores anexas y
complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que
le imparta el patrono o sus representantes”.
Además, consideró el
ad-quem que por el hecho de estar “confinado a un escritorio sin ninguna
función útil y racional sin explicación alguna”, se le vulneraron sus derechos
fundamentales, cuando contrario sensu, existen pruebas de que otros
funcionarios de su misma jerarquía y aún superiores, laboran en el mismo piso y
dependencia en la que él está ubicado, en un escritorio con los elementos
normales de dotación.
Respecto a la
afirmación de que el señor GONZALO ZULUAGA no cumple función alguna en la
empresa, aparecen en el expediente pruebas que permiten desvirtuar dicha
afirmación, tales como la declaración de la Directora del Departamento Jurídico
y de Relaciones Industriales de TODELAR Bogotá, y el memorando suscrito por
Luis Guillermo Troya -de agosto 29 de 1994-, en el cual se indica que el
accionante se ha negado a cumplir las instrucciones a él impartidas,
relacionadas con la “selección, análisis y sinopsis de los repartos para
readaptar y definir las próximas novelas a emitir”, función que le corresponde
como Director Artístico del Elenco (folio 20 del expediente).
Al respecto, debe
reafirmarse lo que válidamente señaló el a-quo, para quien “esta labor
-realizar sinópsis de cada uno de los posibles repartos- indudablemente que
corresponde a su función de director artístico y en nada atenta contra su
dignidad y menos contra el libre desarrollo de su personalidad”. Y agrega,
“bien miradas las cosas, lo que el señor Luis Guillermo Troya le solicitaba
al accionante era que seleccionara y realizara una readaptación de los
respectivos libretos, labor que indiscutiblemente no puede cumplir un
almacenista-kardista, sino una persona ampliamente experimentada en esa clase
de trabajo que por su naturaleza exige ciertos conocimientos y criterio
artístico, como los adquiridos por GONZALO ZULUAGA que lo llevaron al cargo de
Director del Elenco Todelar”.
A lo expuesto, debe
agregarse que contrario a lo expresado por el actor en su libelo, éste ha
incurrido en una actitud hostil y conflictiva que está plenamente demostrada
dentro del proceso, v. gr., cuando manifestó a la Oficina de Personal de la
Empresa al ser requerido en descargos por el incumplimiento a una orden o
instrucción emanada de su superior Luis Guillermo Troya, que “responderá
cuando tenga notificación por escrito donde asuma de nuevo mis funciones como
Director-Artístico del Elenco, entonces corresponderé como profesional que soy”.
Y adicionalmente,
dicho carácter es reiterado en la declaración rendida por la apoderada de la
acccionada, para quien “la Empresa se encuentra ante la grave situación de
no tener la planeación artística y novelística para el año de 1995. Nos
encontramos en el limbo porque el señor Zuluaga se niega a cumplir sus
funciones -que como Director del Elenco, implican planear, proyectar,
seleccionar la producción y determinar la obra novelística a emitirse en el
futuro, además de las que señala el contrato de trabajo-, que el H. Tribunal
considera denigrantes, injustas, vulneradoras del libre desarrollo de la
personalidad y atentatorias del derecho del trabajo en condiciones dignas y
justas”.
Agrega que “nunca
existió orden de suspensión en las funciones que le corresponden a ZULUAGA
PARRADO; que tampoco fue relegado ni confinado a un escritorio, sino ubicado en
el segundo piso donde también lo fueron varios directores de radio y emisoras,
precisamente en ejercicio del derecho que le asiste al patrono para disponer el
sitio de trabajo dentro de las instalaciones físicas con que cuenta”.
Por lo anterior,
encuentra la Corte que no aparece demostrada la vulneración de los derechos que
el actor dice le han sido desconocidos por la Empresa Promociones Todelar, por
lo que en este sentido, la tutela no prospera.
Además, estima la
Sala que la conducta asumida por la Empresa accionada ha sido legítima, pues se
ha cumplido en desarrollo del contrato de trabajo celebrado con el señor
Zuluaga, lo que también hace improcedente el amparo solicitado. Por el
contrario, la conducta ilegítima y negligente es la que ha asumido el actor de
un tiempo para acá, quien no se aviene al cumplimiento de las funciones que a
él corresponden, de conformidad con lo estipulado en el contrato de trabajo
celebrado con la Empresa Promociones Todelar.
QUINTA. CONCLUSION.
Por lo anterior,
concluye esta Sala, que no sólo la vulneración de los derechos mencionados por
el actor como desconocidos por la accionada, no aparece demostrada, sino que
adicionalmente por la naturaleza de la controversia y lo que a través de ella
se persigue, hacen que el juez de tutela carezca de competencia para entrar a
resolver dicha situación, de la cual debe conocer el juez ordinario laboral, y
que por tanto escapa al ámbito y atribuciones conferidas al juez de tutela.
En razón a que lo
expuesto no permite inferir una violación al derecho al trabajo, ni al libre
desarrollo de la personalidad, ni menos aún al derecho a la igualdad (pues no
aparece plenamente demostrado un trato discriminatorio contra el mismo por
parte de la Empresa), esta Sala confirmará, como así lo dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia, la sentencia que se revisa proferida el 19 de enero
de 1995, por la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia.
IV.
DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
R E S U E L V E :
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia
proferida por la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia el 19 de enero
de 1995, dentro del proceso de tutela instaurado por GONZALO ASDRUBAL ZULUAGA
PARRADO.
SEGUNDO. LIBRENSE por la Secretaría General
de la Corte Constitucional, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, publíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, envíese al
Despacho de origen y cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ
Magistrado Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
405 | T-216-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-216/95
DERECHO A LA
IGUALDAD-Inexistencia de
trato discriminatorio
No existe la
vulneración al derecho a la igualdad que esgrime la peticionaria, por cuanto de
una parte, no aparece demostrado ni en la demanda de tutela ni dentro del
proceso, un trato discriminatorio que exija del juez de tutela, la adopción de
medidas en orden a cesar dicho tratamiento injustificado por parte de la
empresa accionada. No existe, como lo pretende hacer creer la actora, prueba
que permita demostrar que efectivamente desde hace dos años no se le haya
aumentado su salario, ni que la carga laboral a ella asignada haya sido
aumentada en forma desproporcionada en relación con su remuneración. Por el
contrario, según se infiere de la prueba que obtuvo la Corte, el salario de la
peticionaria ha sido incrementado anualmente.
CONTROVERSIA
LABORAL/JURISDICCION LABORAL
Cuando surgen
controversias entre empleado y empleador, la ley ha previsto los mecanismos y
la jurisdicción competente para resolverlas, en orden a defender y proteger los
derechos que se puedan ver afectados, bien como consecuencia de una acción u
omisión del trabajador, o del patrono. Es por tanto competencia de la jurisdicción
ordinaria laboral resolver este tipo de controversias que se pueden originar en
desarrollo de un contrato de trabajo, y no del juez de tutela, pues ello
conllevaría una usurpación de competencias, y vulneraría el ordenamiento
constitucional y legal, en virtud del cual, cuando existen otros medios de
defensa judicial para la protección del derecho que se dice afectado, es
improcedente la tutela.
REF: Expediente
No. T - 62.969
PETICIONARIA: Ana Raquel León Parra contra Roberto Pineda
M. y Cia. Ltda “ROPIM”.
PROCEDENCIA: Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral.
MAGISTRADO
PONENTE:
DR. HERNANDO
HERRERA VERGARA
Santa Fé de Bogotá,
D.C., Mayo dieciseis (16) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Procede la Sala
Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados HERNANDO
HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Y FABIO MORON DIAZ, a revisar
los fallos proferidos por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, el
23 de noviembre de 1994, y por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, el
8 de febrero de 1995, en el proceso de la referencia.
I. ANTECEDENTES.
La accionante
solicita que a través de la acción de tutela, se le de protección laboral y
social, frente a las actuaciones de la Empresa Metalmecánica “Roberto Pineda M.
y Cia. Ltda. “ROPIM”, que afectan sus derechos fundamentales, por los hechos
que a continuación se exponen.
Señala que ingresó a
trabajar en la Empresa accionada el 21 de julio de 1977 en el cargo de
Secretaria, sin descripción del cargo por escrito. Duró tres años desempeñando
las labores de Secretaria, Auxiliar de Contabilidad, preparar y servir tintos a
los operarios y labores de aseo. Posteriormente, expresa que fue trasladada
como cajera al Laboratorio Farmacéutico ROPIM, donde laboró 15 años, recibiendo
en los últimos meses malos tratos y presión para que renunciara, lo cual le
afectó moral y físicamente. “Cada vez se me acrecentaba más la tortura
psicológica por parte de la sra. Josefa de Pineda, recibía muchas humillaciones,
después de este tiempo de servicio se me tildó de insuficiente; andaba con los
nervios destrozados, tenía fuertes dolores de cabeza, cada día me torturaba
amenazando que me botaba del trabajo; que fuera buscando otro puesto porqué yo
no servía para nada y allí no podían tener gente con más de diez años de
servicio; siempre me hacía énfasis en que debía renunciar ya que había
contratado otra niña para remplazarme”.
Indica que como no
renunció, el 25 de agosto de 1992, el dueño en confabulación con el contador
decidieron trasladarla nuevamente a la fábrica, pero con la condición de que
debía acogerse a la Ley 50 y a cambio le ofrecían medio sueldo por cada año de
servicio (en ese entonces su sueldo era de $93.652). No obstante la oferta
hecha, decidió no aceptar, por lo que señala, desde hace dos años no recibe el
porcentaje de aumento salarial igual al que reciben sus compañeros de trabajo;
tan solo se le paga la diferencia para llegar al tope del salario mínimo y el
auxilio de transporte aprobado por el gobierno, pero eso sí, aduce que la carga
laboral se le acrecentó: actualmente viene desempeñando las labores de
actualización de libros de bancos, archivo de papeles contables, codificación,
digitación de compras y ventas, así como revisión de cuentas por pagar.
Con base en lo
anterior, señala que su situación laboral no es favorable, le están violando
sus derechos fundamentales según las normas del Código Sustantivo del Trabajo,
art. 53, inc. 1o., el sueldo que actualmente devenga no está acorde con la
prestación de sus servicios, no hay equidad ni justicia social digna y decorosa
que compense todos esos años de servicios. Indica que “en este momento se me
mortifica y se restringen los permisos para ir al ISS, y si me los conceden me
amenazan con descontar el tiempo de mi sueldo o que debo reponer el tiempo en
días no laborales”.
Expresa la
peticionaria que ha acudido ante la Oficina del Trabajo del Ministerio del
Trabajo, sin obtener respuesta favorable a su reclamación. Actualmente, afirma
que un especialista del ISS le ha diagnosticado una maza en el cerebelo que le
impide pronunciar correctamente las palabras, y que además, se cae al subir o
bajar escaleras.
II.
LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE SE REVISAN.
A.
Sentencia de Primera Instancia.
Mediante providencia
de 23 de noviembre de 1994, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá
resolvió negar por improcedente la tutela instaurada por JULIA ANA RAQUEL LEON,
por cuanto a su juicio dispone de otros medios de defensa judicial para hacer
efectivas sus aspiraciones, agotando las vías judiciales ordinarias. Por ende,
señala, no es viable dirimir por conducto del instrumento excepcional
instaurado, conflictos jurídicos de esa índole, cuando el titular ha podido
recurrir al órgano competente, y no acudir a la tutela como una medida
preventiva para evitar un perjuicio irremediable, constituyendo una causal de
improcedencia, acorde con lo preceptuado en el artículo 6 numeral 1 del Decreto
2591 de 1991, que forzosamente impone su denegación.
B. Impugnación.
La accionante,
mediante escrito presentado dentro del término legal, impugnó la decisión del
Juzgado Tercero Laboral del Circuito, con base en las consideraciones que se
exponen a continuación:
“Como se está
poniendo en grave riesgo mi salud y hasta mi vida, ya que padezco una
enfermedad neurológica (diagnóstico de Nov. 22/93, adjunta en mi solicitud
inicial), que ha ido disminuyendo progresivamente mis capacidades motrices y
dificultando mi habla; además de dificultarse el desempeño óptimo en las
funciones que debo realizar; más, aparte la presión psicológica y el estrés que
a diario vivo por las anteriores causas (Art. 17 de la C. N.).
Debido a mi edad
y a la progresión de mi enfermedad, he tenido que soportar malos tratos,
humillaciones, tortura psicológica y discriminación por parte de mis superiores
y a causa de indefensión debo soportarlo, por la imposibilidad de conseguir
otro trabajo para mi sustento y el de mis padres (mayores de 80 años y uno con
invalidez) que dependen de mi salario.
El trabajo, como
lo expresa el Art. 25 de la Constitución Nacional, cita el derecho fundamental
al cual me acojo, y considero que por este motivo procede mi solicitud de
Tutela.
Por otra parte,
el Art. 13 de la carta Constitucional, consagra el derecho inviolable de la
igualdad de oportunidades. Al habérseme negado por parte de la Empresa ROBERTO
PINEDA Y CIA. LTDA. “ROPIM” el aumento salarial de los últimos dos años en
represión por la no acogida a la Ley 50 de 1990, en directa discriminación de
los demás empleados de la misma empresa. De esta manera considero que se está
violando el Artículo precitado”.
C. Sentencia de
Segunda Instancia.
El Tribunal Superior
de Bogotá, Sala Laboral, mediante providencia de 8 de febrero de 1995, resolvió
confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito,
con fundamento en que la acción de tutela es improcedente por existir otros
medios de defensa judicial.
Señaló el Tribunal
para fundamentar su decisión, que:
“No aparece claro
que se haya violado el derecho al trabajo de la accionante, porque ella sigue
vinculada laboralmente con la empresa accionada. Lo que se desprende del
escrito demandatorio es que la empresa “ROBERTO PINEDA M Y CIA LTDA “ROPIM”
sometió a la sra. JULIA ANA RAQUEL LEON PARRA a una presión para que se
acogiera al sistema establecido por la Ley 50 de 1990 sobre retroactividad de
la cesantía, como la accionante no se acogió a dicho sistema, tomó represalias
contra ella aumentándole sus obligaciones laborales y no le aumentó el sueldo,
como si lo hizo con sus trabajadoras.
En este orden de
ideas, la situación creada por la empresa podría dar origen a una acción
laboral, por el procedimiento como en el caso presente que se aplique una norma
de carácter legal. En consecuencia, en sentir de la Sala la presente acción de
tutela propuesta no está llamada a prosperar por existir mandato legal art. 6
del Decreto 2591/91 que prohibe esta acción cuando la persona afectada disponga
de otro medio judicial; ahora bien, en el presente caso, no se puede predicar
que se haya violado ese derecho y el art. 2o. del Decreto 306/92 excluya la
acción de tutela cuando se pretende como en el caso presente la aplicación de
normas legales, para el caso el aumento salarial”.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Primera.
La competencia.
De conformidad con
lo dispuesto por los artículos 86, inciso tercero y 241 numeral noveno de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
Segunda.
Improcedencia de la acción de tutela por actuación legítima del accionado y no
vulneración de derecho fundamental alguno.
En el presente caso
se está ante una presunta vulneración al derecho a la igualdad de la señora Ana
Raquel León Parra por parte de la Empresa ROPIM LTDA., por cuanto según ella,
“su situación laboral no es favorable, el sueldo que actualmente devenga no
está acorde con la prestación de sus servicios, no hay equidad ni justicia
social digna y decorosa que compense todos esos años de servicio”, y además,
señala, “se me mortifica y se restringen los permisos para ir al ISS y si me los
conceden me amenazan con descontar tiempo de mi sueldo”. Concluye manifestando
que desde hace dos años no recibe el porcentaje de aumento salarial igual al
que reciben sus compañeros de trabajo, pero sí se le acrecentó la carga
laboral.
En virtud a los hechos
expuestos, debe determinar la Corte si en el presente caso se configura la
vulneración del derecho a la igualdad de la peticionaria que haga viable el
instrumento excepcional de la tutela, o si por el contrario, la conducta de la
empresa accionada se ajusta al ordenamiento constitucional y legal, y por ende
la tutela es improcedente.
A. De las pruebas
que obran en el expediente.
El Magistrado
Ponente, ofició al gerente de la empresa accionada con el fin de ampliar
algunos hechos expuestos en la demanda, y que se estiman de fundamental
importancia para decidir el asunto que se examina.
Mediante oficio de
21 de abril de 1995, el señor Gerente de ROPIM, doctor Roberto Pineda Martinez,
dió respuesta a los interrogantes planteados por la Corte Constitucional, de la
siguiente manera:
“1. El
salario devengado por la Señora Julia Ana Raquel León Parra al:
1 de Enero de
1993 $93.652 mas $7.542 Auxilio de transporte
1 de Enero de
1994 $98.700 mas $8.975 Auxilio de transporte
Salario devengado
en la actualidad $118.934 mas $10.815 Auxilio de transporte.
“2. El
cargo ocupado en la actualidad por la Señora Julia Ana Raquel León Parra es de
Auxiliar Contable y las labores desempeñadas consisten en la anotación en los
libros, de los datos contables para que el Contador actualize las cuentas de la
Empresa.
(Se anota que a
pesar de llevar desde hace algun tiempo la contabilidad en el computador, la
auxiliar se negó a capacitarse para digitar los datos en el computador)”.
En relación con la
afirmación de la peticionaria, en virtud de la cual es objeto de trato
discriminatorio por parte de la empresa accionada, destacó el citado
funcionario, que no sólo no existe en la empresa cargo igual al que ella
ocupa en la actualidad, y que además, “el trato salarial y laboral respecto
de quienes si se acogieron a la Ley 50 de 1990 ha sido exactamente el mismo,
puesto que no hay discriminación ni diferencia ninguna entre unos y otros”.
Agregó igualmente,
“que ninguna otra
persona en la empresa es secretaria auxiliar contable. La señora León, quiere
confundir, de mala fé, el cargo suyo con el de otra persona que desempeña un
cargo totalmente diferente. Secretaria general (no hay sino una) encargada de
funciones muy distintas, relacionadas con la correspondencia, atención a los
clientes y otras labores fundamentales para la Empresa, a pesar de que se trata
de una Empresa pequeña donde solamente trabajan cinco personas en el área
administrativa”.
Finalmente, señaló
al respecto que:
“el reemplazo que
hubo que designar para sustituir la falta al trabajo durante las sucesivas
incapacidades de la Sra. León es una persona con título de tecnóloga en gestión
industrial que está cumpliendo funciones mucho más utiles y complejas que las
desarrolladas por su antecesora y que por tanto debe ser mejor remunerada. Esta
persona -nueva en la Empresa-, no está “acogida” a la Ley 50 sino bajo su
régimen por haber sido contratada con posterioridad a la vigencia de la ley 50
de 1990. Devenga, por las razones expuestas sobre el desempeño de otras
funciones un salario mensual de $170.000.oo”.
En cuanto al hecho
de que la actora se le incrementaron las obligaciones laborales en razón de no
haberse acogido al sistema establecido por la Ley 50 de 1990, sostuvo el
gerente de la accionada que:
“No es cierto.
Las funciones no se incrementaron entre otras cosas por la imposibilidad de la
trabajadora de desarrollarlas dada su negativa a capacitarse a pesar de la
oportunidad que varias veces se le brindó. Bien es cierto, que su problema de
salud actual tiene que ver con la falta de coordinación psicomotriz y la falta
de aptitud mental positiva para el trabajo”.
B. Confirmación
del fallo que se revisa.
Con fundamento en
las pruebas que obran en el expediente y en las recaudadas por el despacho del
Magistrado Ponente, la Sala no encuentra que exista la vulneración al derecho a
la igualdad que esgrime la peticionaria, por cuanto de una parte, no aparece
demostrado ni en la demanda de tutela ni dentro del proceso, un trato discriminatorio
que exija del juez de tutela, la adopción de medidas en orden a cesar dicho
tratamiento injustificado por parte de la empresa accionada.
De una parte, no
existe, como lo pretende hacer creer la actora, prueba que permita demostrar
que efectivamente desde hace dos años no se le haya aumentado su salario, ni
que la carga laboral a ella asignada haya sido aumentada en forma
desproporcionada en relación con su remuneración. Por el contrario, según se
infiere de la prueba que obtuvo la Corte, el salario de la peticionaria ha sido
incrementado anualmente como así lo manifestó el gerente de la empresa
accionada, quien señaló “que el salario devengado por la señora León Parra se
incrementó porcentualmente desde el año de 1993 así: el 1o. de enero de 1993
era de $93.652 mas $7.542 de auxilio de transporte; el 1o. de enero de 1994 era
de $98.700 mas $8.975 de auxilio de transporte, y en la actualidad es de
$118.934 mas $10.815 de auxilio de transporte”. Así pues, queda desvirtuado el
cargo esgrimido por la actora, por el cual pretende hacer creer que se le
vulnera su derecho “a trabajo igual salario igual”, por lo que por este motivo
es improcedente la tutela.
De otro lado, en
relación con la afirmación de la petente, según la cual “el sueldo que
actualmente devengo no está acorde con la prestación de los servicios, no hay
equidad ni justicia social digna y decorosa que compense todos esos años de
servicio”, por lo que solicita se revise su carga laboral y el salario a que
tiene derecho, no estima la Corte que ello sea del resorte de su competencia,
pues quien determina las funciones a cargo del trabajador, así como lo relativo
a su salario es el empleador de común acuerdo con el empleado, en virtud del
cual, nace el contrato de trabajo y por ende la relación laboral. Pero cuando
surgen controversias entre empleado y empleador, la ley ha previsto los
mecanismos y la jurisdicción competente para resolverlas, en orden a defender y
proteger los derechos que se puedan ver afectados, bien como consecuencia de
una acción u omisión del trabajador, o del patrono.
Es por tanto
competencia de la jurisdicción ordinaria laboral resolver este tipo de
controversias que se pueden originar en desarrollo de un contrato de trabajo, y
no del juez de tutela, pues ello conllevaría una usurpación de competencias, y
vulneraría el ordenamiento constitucional y legal -artículos 86 CP. y 6o. del
Decreto 2591 de 1991-, en virtud del cual, cuando existen otros medios de
defensa judicial para la protección del derecho que se dice afectado, es
improcedente la tutela.
C. Conclusión.
En virtud de lo
expuesto, esta Sala con fundamento en las consideraciones expuestas y en las
pruebas que obran en el expediente, no encontrando motivo alguno que permita
deducir la vulneración o amenaza de derecho fundamental alguno de la
accionante, y ante la existencia de otros medios de defensa judicial para hacer
efectivas sus pretensiones -a un incremento salarial-, se confirmará el fallo
que se revisa, proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, el 8
de febrero de 1995.
IV. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, obrando en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
PRIMERO.
CONFIRMAR el fallo
proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, el 8 de febrero de
1995, en relación con la acción de tutela interpuesta por la señora ANA RAQUEL
LEON PARRA.
SEGUNDO. Por la Secretaría General de la Corte
Constitucional, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ
Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
406 | T-217-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-217/95
CONFLICTO
FAMILIAR
Se está en
presencia de un conflicto familiar, en el que el Juez de Tutela no puede
inmiscuirse por ser del resorte de la jurisdicción civil ordinaria. En este
sentido no es viable la tutela por existir otros medios de defensa judicial, y
por cuanto no se encuentra el derecho fundamental de ninguno de los miembros de
esa familia en situación de riesgo inminente o grave, que haga procedente la
acción como mecanismo transitorio.
ACCION DE TUTELA
INTERPUESTA POR MENOR-Inexistencia
de indefensión
En relación con
el hecho de que la demanda de tutela se formuló contra un particular, cabe
anotar que el accionante ya no ostenta la condición de menor de edad -que sí la
tenía al momento de presentar la solicitud-, pues ya cumplió los 18 años, y
menos aún se encuentra en estado de indefensión frente a su madre -requisito
esencial para que prospere la tutela entre particulares-, pues como se indicó
en las declaraciones que obran en el expediente, éste la ha agredido
físicamente en diversas ocasiones como respuesta a conflictos que entre ellos
se han suscitado a raíz de la separación de los padres en 1991, sin importarle
el hecho de que aquella es su madre.
RELACION FAMILIAR-Deber de respeto
El respeto a la
vida y a la integridad física, especialmente entre los miembros de un mismo
núcleo familiar en un sentido moral y jurídico, no se reduce exclusivamente a
la prevención policiva o a la represión penal del agresor, sino que comporta el
deber de no maltratar, ni ofender, ni amenazar a las personas con quien se
comparte la unión doméstica de procreación y desarrollo de los hijos y de la
familia, y la promesa entre los cónyuges de mútuo fomento material y
espiritual, especialmente entre estos y los hijos.
DERECHOS DE LOS
MENORES A LA INTEGRIDAD FAMILIAR Y A LA PAZ
Los padres están
en la obligación moral y constitucional de fomentar el desarrollo de
sentimientos de confianza en sus hijos hacia el mundo y la sociedad que los
rodea, y es ahí donde deben actuar para buscar las soluciones pacíficas y
armoniosas a los conflictos que se presenten dentro y fuera del ámbito
familiar, con el fin de que sus hijos no se vean afectados psicológica y
moralmente por sus conflictos personales, y que puedan llevar un vida digna y
en paz, donde puedan realizar su desarrollo armónico e integral, y hacer
efectivos sus derechos y garantías.
REF.: Expediente No. T - 64.214
PETICIONARIO: Jaime Hernán Vásquez Quintero y Otros
contra Matilde de Jesús Quintero González.
PROCEDENCIA: Juzgado Penal del Circuito de Santo
Domingo, Antioquia.
TEMA: Derecho de los niños a la integridad
familiar y a la paz.
MAGISTRADO
PONENTE:
HERNANDO HERRERA
VERGARA
Santa Fé de Bogotá,
Mayo dieciseis (16) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados HERNANDO
HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO y FABIO MORON DIAZ, procede a
revisar los fallos proferidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Roque,
Antioquia, el 1o. de diciembre de 1994, y por el Juzgado Penal del Circuito de
Santo Domingo, el 2 de febrero de 1995, en el proceso de tutela de la
referencia.
I. ANTECEDENTES.
El menor JAIME HERNAN
VASQUEZ, en su propio nombre y en el de sus hermanas menores NAYIBE ANDREA y
DIANA CAROLINA VASQUEZ, formula acción de tutela contra su señora madre MATILDE
DE JESUS QUINTERO GONZALEZ, por considerar vulnerados los derechos
constitucionales fundamentales de los niños a la paz, la vida y a la integridad
familiar, pues “dicha señora es nuestra madre pero a diferencia de las demás
madres, ésta no ha hecho nada por el bienestar y tranquilidad moral y material
de los hijos, sino que nos ha estado manipulando, como simples objetos en
contra de nuestro padre JOSE HERNAN VASQUEZ, quien ha (sic) cambio de ella, y
con los defectos como humano que es, ha sabido luchar limpiamente por sacarnos
adelante, aun sorteando la ambición desmedida de nuestra madre, que en repetidas
ocasiones se ha confabulado para hacerlo matar, con el propósito de quedarse
con la finca que él tiene en el corregimiento de frailes, y beneficiarse
directamente del sueldo de él como jubilado; de estas acciones y otras más
maquinaciones, somos testigos los dos mayores, que exactamente el 5 de abril de
este año y por culpa de ella estuvo en peligro la vida de nosotros dos, como
también la vida de la actual compañera de nuestro padre”.
Señala el
peticionario en su escrito, después de realizar un relato de la historia de su
familia, que sus padres vivieron en unión libre desde 1972 hasta febrero de
1992, tiempo durante el cual la obligación del hogar estuvo a cargo de su padre
JOSE VASQUEZ, pensionado por Ferrocarriles Nacionales. Indica que en el año de
1990 compró una finca en el corregimiento de Frayles, a donde se fueron a vivir
en 1991.
Relata que en el año
de 1992, su madre MATILDE QUINTERO VASQUEZ se separó de su padre y se fue a
vivir a Medellín con sus tres hijas, quedándose con su padre. Expresa que a
raíz de la separación, éste se unió a GLORIA AMPARO ARBOLEDA, de cuya unión
nació un hijo y que de otra parte, por ser objeto de amenazas, tuvieron que
abandonar la finca, quedándose a cargo por cuanto contra él no había amenaza
alguna.
Expresa que cuando
su madre se enteró de dicha situación, regresó a la finca con sus hijas; que de
un momento a otro ella empezó a tratarlo mal, hasta el punto que un día
tuvieron una discusión, en la que ella lo amenazó de muerte con un cuchillo y
de matar a su padre, lo que motivó a repeler la agresión y golpearla, no
obstante ser su madre.
Indica que el 5 de
abril de 1994 llegaron a la finca unos guerrilleros del E.L.N. en busca del
señor JOSE VASQUEZ aduciendo que tenían que arreglar un asunto con él, por lo
que al no encontrarlo se llevaron una escopeta calibre 16 y un revólver calibre
38. Esta amenaza hizo que tuviesen que regresar a vivir a Medellín. Agrega que
el 19 de mayo de ese mismo año, su madre regresó a la finca acompañada
solamente de su hija CAMILA MARYORI, porque sus otros hermanos se habían
decidido ir a vivir con su padre.
Con el objeto de
reclamar la custodia de su hija CAMILA, su padre presentó una demanda, proceso
que actualmente cursa en el Juzgado Promiscuo de Familia de Yolombó.
En virtud de los
hechos expuestos, y con base en el Decreto 2591 de 1991, el accionante solicita
que se haga para él y sus hermanos, justicia tanto en lo moral como en lo
material, protegiéndoles sus derechos constitucionales fundamentales a la vida
y a la paz.
En lo moral,
solicita que se permita a su hermana CAMILA el reintegro al núcleo familiar
compuesto por su padre y compañera permanente, pues, señala, su madre no ha
demostrado ser persona apta para tener a ninguno de sus hijos y menos en la
región donde reside, pues ha comprobado que tiene estrecha amistad con un grupo
guerrillero que opera en el lugar. Además, agrega, desea que se termine la
amenaza de muerte que pesa sobre su padre, lo que moralmente los mantiene
afectados, pues él es el único y verdadero apoyo moral que tiene.
En lo material, pide
que sea obligada la accionada a desalojar la finca para que su padre pueda
negociarla y así adquirir una vivienda en Medellín, y a entregarles a su
hermana Camila.
II.
LAS DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
A.
Sentencia de Primera Instancia.
El Juzgado Promiscuo
Municipal de San Roque, Antioquia, mediante sentencia proferida el 1o. de
diciembre de 1994, resolvió no conceder la tutela del derecho a la vida
solicitada por JAIME HERNAN VASQUEZ QUINTERO, por no encontrar vulneración
alguna a dicho derecho.
El Juzgado
fundamentó su decisión en los siguientes argumentos:
"(...) En
este caso dice JAIME HERNAN VASQUEZ QUINTERO que su vida corre peligro y que él
tiene 17 años, de donde se deduce que estamos frente a un derecho fundamental
de un niño, pues según la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y
aprobada en Colombia mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991, es niño todo
ser humano menor de dieciocho (18) años. Y parte de sus derechos fundamentales
están en el art. 44 de la Constitución Política que consagra los derechos
fundamentales de los niño,s siendo el primero la vida.
En cuanto a la
presunción de indefensión del menor, ella admite prueba en contrario y lo que
se deja ver hasta ahora es que JAIME HERNAN no es indefenso frente a su madre,
pues varias veces le ha pegado a ella y se le enfrenta cuando tiene problemas.
El mismo dijo que una vez que (sic) ella le iba a tirar con un cuchillo él tuvo
que defenderse. Ese día la golpeó y en otras oportunidades también lo hizo tal
como lo afirmó CAMILA.
No siendo
entonces un indefenso frente a su madre, dicha indefensión debe mostrarse en el
caso concreto.
Primero debemos
analizar si la vida de JAIME HERNAN se encuentra amenazada y ante este tema hay
que decir que no porque la prueba recopilada no indica lo contrario. Nótese que
el suceso más sobresaliente fue el 5 de abril de este año (sic). A su casa
llegó la guerrilla y no lo amenazaron de muerte ni le pidieron que abandonara
la región. Al que buscaban era a su padre JOSE y éste no se encontraba. Si a
raíz de ese problema JAIME se fue para Medellín no fue por voluntad de la
guerrilla sino porque quería y debía estar al lado de su padre y éste no podía
volver a Frayles.
El dijo que con
anterioridad la mamá le había echado la guerrilla, pero de tal asunto no hay
prueba ni se sabe, en caso de haber sido cierto, para qué se la echó, pues como
pudo haber sido para mal también pudo serlo para bien como para que lo
aconsejaran o le llamaran la atención por algo que hacía indebidamente.
JAIME vio a su
señora madre conversando con el jefe del grupo guerrillero que visitaba la
finca, pero no se sabe de qué hablaban, de modo que su afirmación de que ella
lo amenazó de muerte utilizando la guerrilla son meras conjeturas suyas. Y,
repetimos, no vemos en el expediente ninguna amenaza contra su vida.
Así las cosas no
se concederá la tutela solicitada respecto de este derecho fundamental.
En segundo lugar,
hemos de precisar las posibles acciones para la solución de las peticiones.
En cuanto a JAIME
HERNAN, no vemos que su vida esté amenazada y por tanto ninguna acción
procede ante la ausencia de objeto. Si la vida de JOSE VASQUEZ está amenazada
por la accionada, él mismo es quien debe interponer la tutela o denunciarla
penalmente, y JAIME dice que ya la denunció ante la Fiscalía en Medellín.
Para que CAMILA
esté al lado de su padre y los demás hermanos, ya cursa un proceso en el
Juzgado Promiscuo de Familia de Yolombó, como se dijo en la solicitud,
y deben esperar su resultado.
Si pretenden que
la accionada desaloje la finca, deben recurrir a un arreglo directo con ella o
al proceso posesorio o reinvidicatorio, según el caso” (negrillas y subrayas
fuera de texto).
B.
Impugnación.
El accionante
impugnó la sentencia de primera instancia, por considerar que la decisión del
Juez Promiscuo Municipal de San Roque no tomó en cuenta unas declaraciones que
se solicitaron en la demanda inicial, y en que “nosotros como niños o menores
de edad y colombianos que somos, tenemos derecho a una familia feliz conformada
por todos nuestros hermanos”.
C.
Sentencia de Segunda Instancia.
El Juzgado Penal del
Circuito de Santo Domingo mediante providencia de 2 de febrero de 1995,
resolvió confirmar la sentencia impugnada, con base en los siguientes
argumentos:
"(...) Del
acervo probanzal que aparece arrimado a la encuesta, no se vislumbra por parte alguna
que el derecho fundamental a la vida del entonces menor de edad Jaime Hernán
Vásquez Quintero estuviere en inminente peligro o se amenazare por parte de su
progenitora, quién por lógica, ha desmentido lo planteado por el quejoso, ya
que no se le ha pasado por su mente acción alguna contra su hijo, así lo ha
expuesto en su oportunidad en que se le interrogó bajo juramento en razón de la
tutela que su hijo le instauró. A más (sic), cuando Vásquez Quintero presentó
la tutela era un menor de 18 años y consideró el a-quo que a pesar de su
minoridad no resultaba ser un indefenso ante el particular, su señora madre,
puesto que él cuando tenía algunos problemas de orden personal y familiar con
su mamá se alteraba y hasta la atacaba físicamente.
En consecuencia,
el despacho avala en todas sus partes la decisión que hoy se revisa por
apelación y que fue expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Roque,
en tutela que Jaime Hernán Vásquez Quintero instauró contra su señora madre. No
es procedente la presente acción de tutela en cuanto no se ha violado el
derecho fundamental de la vida ni ningún otro en contra de Vásquez Quintero.
....
Es menester
expresar que todo hace referencia a que las autoridades competentes solucionen
un problema de orden familiar suscitado entre su señora madre y su padre JOSE
VASQUEZ, en lo atinente a quién ha de quedar con el cuidado de los hijos
menores, especialmente, quien ha de tener la patria potestad sobre los hijos,
pues la dama lo demandó y de ello hay proceso que se surte en el Juzgado
Promiscuo Municipal de Yolombó, de donde se desvinculó al mismo JAIME HERNAN
VASQUEZ QUINTERO por haber cumplido 18 años. Como emancipado que es en estos
momentos, nada legalmente tiene para impetrar en contra de su madre y menos en
representación de sus hermanos menores de edad, ni de su padre, quien se
considera afectado en alguno de sus fundamentales derechos constitucionales; él
mismo es quien debe interponer la correspondiente acción legal o
constitucional. En este aspecto, también, no prospera la presente acción de
tutela”.
III. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera.
La competencia.
De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por el
Juzgado Penal del Circuito de Santo Domingo.
Segunda. El
Problema Jurídico.
En el asunto
sometido a revisión, el accionante presenta demanda de tutela contra su señora
madre por estimar que sus actuaciones lesionan los derechos fundamentales suyos
y los de sus hermanos menores a tener una familia y un hogar en paz. Considera
el actor que su vida se encuentra en inminente peligro por las amenazas
constantes que recibe de su progenitora, por lo que solicita al juez de tutela
el reintegro de su hermana menor CAMILA al núcleo familiar que integra con su
padre y madrastra, así como el desalojo de la finca que actualmente ocupa la
accionada. Adicionalmente, solicita se ordene a la señora Matilde Quintero
cesar las amenazas de muerte que ha hecho a su padre, con el apoyo del grupo
guerrillero E.L.N.
Agréguese a lo
anterior, que tanto en primera como en segunda instancia fue negada la
solicitud de tutela por no encontrarse demostrada la vulneración del derecho
fundamental a la vida, ni el estado de indefensión entre accionante y
accionada.
Con base en lo
anterior, esta Sala procederá a examinar las pruebas que obran en el expediente,
para con base en ellas y en los hechos expuestos en la demanda de tutela,
determinar la viabilidad de la acción propuesta.
A.
Pruebas y demás elementos procesales que obran en el expediente.
En relación con los
hechos expuestos por el accionante en su libelo de tutela, encuentra la Sala
que esas afirmaciones han sido desmentidas por la accionada MATILDE DE JESUS
QUINTERO GONZALEZ, así como por su hija menor MARYORI, como se demostrará a
continuación.
Al respecto, procede
citar unos apartes de la declaración que rindió la accionada ante el juez de
tutela de primera instancia (folios 18 a 21 del expediente), donde expresó:
“(Jose Hernan
Vásquez Gaviria no vive en la finca que queda en Frayles) por la sencilla razón
de que él tenía unas armas amparadas y se emborrachaba y llegaba haciendo
tiros desafiando a reimundo y todo el mundo y diciéndonos que nos iba a matar,
o sea a los hijos y a mí y entonces llegó a oidos de ciertas personas y
le llamaron la atención y él no hizo caso, hasta que llegó un día en que se las
quitaron, entonces se fue a cobrar la pensión de jubilación a Medellín el cinco
de abril de este año, la mujer con quien él está conviviendo lo llamó a
Medellín y le dijo que no viniera a la finca que lo iban a matar, entonces él
no volvió....
“PREGUNTADA: En
este escrito dicen que Ud. es la culpable de las amenazas de muerte que ha
recibido José Vásquez..., que dice al respecto? CONTESTO: A ninguna hora fuí yo
la culpable de nada porque cuando ellos (la guerrilla) fueron a la casa a llamarle
la atención ellos ya sabían todo acerca del comportamiento de él, porque él se
estaba portando muy mal y le dijeron que una persona tan violenta como era él
no debería portar tanta arma y que ellos habían averiguado cuando una persona
llega a una vereda de primera vez ellos investigan quién es y que varias
personas compañeros de él en los talleres del Ferrocarril les dijeron de que
era tan peligroso y que tan aficionado a las armas...”
....
“yo a
ninguna hora he pensado ni en la muerte del papá porque lo quice mucho ni en la
muerte de un hijo, el único que le puede quitar la vida a un ser es
Dios, y si Jaime Hernan después de lo que está pasando vuelve donde mí para que
lo perdone yo lo recibo con los brazos abiertos, y nunca pensé que en un
hijo hubiera tanto odio hacia la mamá, pero yo creo que ese odio es fundado por
el papá porque yo no le he dado motivo, si fue capaz de decirle a una
niña de siete años y medio o sea a Diana Carolina que nunca volvería a ver la
mamá porque la mamá era mala”.
“PREGUNTADA: Dice
Jaime Hernan que un día Ud. le fue a tirar con un cuchillo y él se defendió y
después Ud. le echó la guerrilla. Qué dice al respecto? CONTESTO: Eso nunca
sucedió; en cabeza de quien cabe de que una madre amenace a un hijo con
un cuchillo y esos son amenazas sin fundamento y odio la violencia y él si
acostumbraba la violencia...” (negrillas y subrayas fuera de texto).
Posteriormente, la
misma accionada concurrió al despacho del Juez Promiscuo Municipal de San Roque
a ampliar la declaración, donde afirmó (folio 26 del expediente):
“La primera vez
que sacaron a mi marido de la finca, él mandó a Jaime a que desentejara la casa
y le quitara las puertas para que yo me tuviera que salir y que si era posible
que me pegara, entonces como Jaime no había tenido problema conmigo como para
pegarme, entonces se abalanzó sobre una hermanita llamada Andrea
golpeándola horriblemente, cuando yo me metí a defenderla me pegó a mí, o sea
Jaime y me aporrió muy duro, enseguida iba a ahorcar las dos hermanas llamadas
Camila Maryory y Diana Carolina, por este motivo me ví obligada a llamar a los
trabajadores, así toda aporriada vine aquí a este Juzgado y la Doctora me
preguntó que me había pasado y me dijo que si iba a entablar demanda contra él,
yo le contesté que no porque yo lo quería mucho y no lo quería ver tras las
rejas...” (negrillas y subrayas fuera de texto)..
Por su parte, en la
misma diligencia rindió declaración la menor Camila Maryory Vásquez Quintero
(10 años de edad), quien manifestó:
“PREGUNTADA: Ud.
sabe cómo es el trato que su mamá le dá a Jaime Hernán y viceversa? CONTESTO: Mi
hermanito le pegaba mucho a mi mamá y el comportamiento de mi mamá con mi
hermanito era muy bueno y no sé porqué Jaime le pegaba a mi mamá”.
PREGUNTADA: Ud recuerda cómo era el trato que el señor Jose Hernán Vásquez le
daba a su mamá? CONTESTO: Yo se que la trataba mal porque él la aporriaba
mucho cuando llegaba borracho a la casa” (negrillas y subrayas fuera de
texto).
Finalmente, cabe
resaltar la constancia secretarial del 2 de febrero de 1995, del Juzgado Penal
del Circuito de Santo Domingo (folio 60), donde se lee:
“... se pudo
establecer de que posteriormente a la decisión de segunda instancia, la señora
MATILDE DE JESUS QUINTERO GONZALEZ fue citada a la Fiscalía Seccional con sede
en tal localidad a fin de oirla al parecer en declaración de indagación
preliminar por comisión que a tal despacho judicial le encargó un Fiscal
Seccional de Medellín. Esto, con respecto a una denuncia que el señor Jose
Hernán Vásquez Gaviria le formuló a su mujer o compañera por presuntas amenazas
contra su vida.
Así mismo, nos
comunicamos con el defensor de Familia con sede en Yolombó..., quien
telefónicamente expresó de que en su Despacho han existido quejas sobre la
disputa que tienen el señor JOSE HERNAN VASQUEZ GAVIRIA y su mujer MATILDE
QUINTERO, en cuanto a la custodia y cuidado de sus hijos menores. Que él personalmente
trató por todos los medios de mediar con esta familia la solución del problema,
sin resultados positivos. Que sabe de la existencia de un proceso por
suspensión de la Patria Potestad que se instauró en el Juzgado Promiscuo de
Menores de Yolombó.
El Despacho se
comunicó telefónicamente con el señor Juez Promiscuo de Menores de tal
localidad, e informó de la existencia de un proceso por ejercicio de la
Patria Potestad..., que se realizó una audiencia el 26 de Enero, la que
era de conciliación, pero a nada se llegó y se volvió a fijar fecha para otra
nueva el 16 de febrero. Informó el mencionado Juez, de que dentro de los hijos
se hallaba el menor JOSE HERNAN VASQUEZ QUINTERO, quien instauró la tutela pero
fue excluído de tal proceso por haber llegado a la mayoría de edad (18 años),
siendo en consecuencia, hijo emancipado”.
B.
Improcedencia de la acción de tutela por no existir vulneración al derecho
fundamental a la vida - Los conflictos entre cónyuges deben ser resueltos por
el juez competente cuando no hay amenaza o riesgo inminente a algún derecho
fundamental.
Según las
declaraciones a que se ha hecho referencia, es claro para la Sala que en el
presente asunto se está frente a un conflicto de carácter familiar entre los
cónyuges, que se pretende resolver mediante el mecanismo extraordinario de la
acción de tutela.
Observa la Corte
según las pruebas mencionadas, que existe un conflicto en el núcleo familiar
integrado por el señor JOSE VASQUEZ y su cónyuge MATILDE QUINTERO, del cual han
sido víctimas sus hijos, uno de los cuáles, JAIME HERNAN, decide acudir a la
tutela con el objeto de obtener una solución al mismo, que considera ha sido
producto de las constantes agresiones de la madre hacia los hijos, y de las
amenazas de ésta contra su padre. No obstante como se ha expresado, las
afirmaciones del accionante son rebatidas por la accionada y su hija, quienes
contrario sensu, señalan que las agresiones provienen del hijo y son insitadas
por su padre.
Se infiere de las
declaraciones recibidas por los jueces de tutela de instancia, que en el
presente asunto el conflicto entre los cónyuges ha sido llevado al extremo que
el hijo mayor, quien vive con su padre, no mantiene relación alguna con la
madre, y por el contrario, se agreden mutuamente y en forma frecuente. Así, se
observa que en el memorial de tutela, el accionante, expresa que su madre lo
golpea y maltrata físicamente, mientras que en la declaración rendida por la
accionada, ésta manifiesta que su hijo la ha agredido en diversas ocasiones y
actúa contra ella en forma violenta.
* Improcedencia
de la tutela por existir otros medios de defensa.
De esa manera, se
está en presencia como se anotó, de un conflicto familiar, en el que el Juez de
Tutela no puede inmiscuirse por ser del resorte de la jurisdicción civil
ordinaria. En este sentido no es viable la tutela por existir otros medios de
defensa judicial, y por cuanto no se encuentra el derecho fundamental de
ninguno de los miembros de esa familia en situación de riesgo inminente o
grave, que haga procedente la acción como mecanismo transitorio.
Sobre el particular,
cabe destacar que del conflicto que existe actualmente entre los cónyuges, se
encuentra conociendo la Fiscalía Seccional de Medellín -por denuncia formulada
por el señor Jose Hernán Vásquez contra la señora Matilde Quintero-.
Respecto de la
solicitud del peticionario de que la menor CAMILA MARYORI sea reintegrada al
núcleo familiar que integra con su padre y madrastra, el Juzgado Promiscuo de
Menores de Yolombó tramita en el momento un proceso por suspensión de la patria
potestad.
*
Improcedencia de la tutela por no existir vulneración o amenaza del derecho a
la vida del peticionario.
Adicionalmente a lo
anterior, la tutela es improcedente para la protección del derecho a la vida
-que el accionante señala como vulnerado por la accionada- no sólo porque no
existe prueba fehaciente de las afirmaciones que hace el accionante en su
demanda que permitan deducir la amenaza o vulneración de ese derecho, las
cuales son refutadas por la madre y su hija Camila Maryori, sino además, porque
no se está ante un inminente peligro o amenaza a la vida del accionante o de
sus hermanas menores, ni de otro derecho constitucional fundamental.
*
El accionante no se encuentra en estado de indefensión frente a la accionada.
Debe agregarse,
además, que el peticionario expresa que su vida corre peligro y que en tal
sentido, solicita en su condición de niño la protección de su derecho
fundamental y el de sus hermanos, y que su hermana menor que actualmente se
encuentra bajo la tutela de su madre, sea entregada a él y su padre, para su
efectivo cuidado y protección.
En relación con el
hecho de que la demanda de tutela se formuló contra un particular, cabe anotar
que el accionante ya no ostenta la condición de menor de edad -que sí la tenía
al momento de presentar la solicitud-, pues ya cumplió los 18 años, y menos aún
se encuentra en estado de indefensión frente a su madre -requisito esencial
para que prospere la tutela entre particulares-, pues como se indicó en las
declaraciones que obran en el expediente, éste la ha agredido físicamente en
diversas ocasiones como respuesta a conflictos que entre ellos se han suscitado
a raíz de la separación de los padres en 1991, sin importarle el hecho de que
aquella es su madre.
En cuanto a la
solicitud de que cesen las amenazas que pesan sobre el señor JOSE VASQUEZ,
estima de una parte la Sala que si alguna amenaza aparece clara dentro del
proceso, es aquella que la guerrilla -E.L.N.- y no la madre -accionada- le ha
inferido al señor JOSE VASQUEZ, padre del accionante, y que quien debe
solicitar la protección frente a las amenazas y la cesación de éstas es el
directamente afectado, y no el menor, contra quien no existe prueba que permita
deducir amenazas contra su vida o la de sus hermanas menores.
Finalmente, en
cuanto a la solicitud de que CAMILA sea reintegrada al núcleo familiar del
accionante y su padre, ella como ya se indicó es improcedente por existir otros
mecanismos judiciales idóneos para ellos, como lo es el proceso por suspensión
de la patria potestad que el señor JOSE VASQUEZ instauró en el Juzgado de
Menores de Yolombó, donde se deberá definir a quien corresponderá la custodia
de la menor.
* El respeto a la
vida dentro del seno del núcleo familiar.
Debe expresar la
Corte, que el respeto a la vida y a la integridad física, especialmente entre
los miembros de un mismo núcleo familiar en un sentido moral y jurídico, no se
reduce exclusivamente a la prevención policiva o a la represión penal del
agresor, sino que comporta el deber de no maltratar, ni ofender, ni amenazar a
las personas con quien se comparte la unión doméstica de procreación y
desarrollo de los hijos y de la familia, y la promesa entre los cónyuges de
mútuo fomento material y espiritual, especialmente entre estos y los hijos.
Los padres están en
la obligación moral y constitucional de fomentar el desarrollo de sentimientos
de confianza en sus hijos hacia el mundo y la sociedad que los rodea, y es ahí
donde deben actuar para buscar las soluciones pacíficas y armoniosas a los
conflictos que se presenten dentro y fuera del ámbito familiar, con el fin de
que sus hijos no se vean afectados psicológica y moralmente por sus conflictos
personales, y que puedan llevar un vida digna y en paz, donde puedan realizar
su desarrollo armónico e integral, y hacer efectivos sus derechos y garantías.
Tercera.
Conclusión.
Con fundamento en lo
expuesto, estima la Corte que la solución a los problemas del accionante y
demás miembros de la familia Vásquez Quintero debe ser encontrada en el ámbito
moral propio de las relaciones intersubjetivas familiares y en el campo del
derecho. La tutela, como se dejó expuesto, en este caso es improcedente por
razones de carácter probatorio.
Sobre el particular,
cabe citar una providencia reciente emanada de esta Corporación en cuanto a los
fines constitucionales relacionados con el núcleo familiar, en la que en un
asunto similar, se expresó:
“En efecto, si la
conducta de un miembro de la familia hacia otro, exhibe rasgos de violencia
física o psíquica, se hace patente la violación de derechos fundamentales
protegidos por la Constitución Política, y la acción de tutela, en ausencia de
otro medio judicial eficaz, podría servir de cauce procesal para poner término
a la vulneración. Sobre este particular, ha señalado la Corte Constitucional:
“De la naturaleza
humana se desprende inevitablemente el derecho de padres e hijos a establecer y
conservar relaciones personales entre sí. Ese derecho comprende las distintas
manifestaciones de recíproco afecto, el continuo trato y la permanente comunicación,
que contribuyen a satisfacer en unos y otros naturales y legítimas aspiraciones
derivadas de los lazos de sangre (...)
La Constitución
no ha sido ajena a estos valores, deducidos de la dignidad del ser humano y, en
consecuencia, estatuye entre sus principios fundamentales el plasmado en el
artículo 5º: "El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía
de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como
institución básica de la sociedad".
Por su parte, el
artículo 42 eiusdem establece en el inciso 3º que las relaciones familiares se
basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto
recíproco entre sus integrantes. Ni aquélla ni éste pueden hacerse realidad en
un clima de resentimiento y contradicciones que sacrifique al hijo para
satisfacer la egoísta defensa del interés personal de cada uno de los padres.
El inciso 4º del
mismo artículo prescribe que cualquier forma de violencia -ella puede ser moral
o material- se considera destructiva de la familia, de su armonía y unidad, y
será sancionada conforme a la ley”.
Dado que
las pruebas allegadas al expediente, no son suficientes para determinar la
existencia y el grado de la violencia moral supuestamente ejercido contra la
madre, no se concederá. Sin embargo, si se llegaren a presentar hechos nuevos indicadores de
maltrato físico o psíquico, y si éstos se demuestran de manera fehaciente, la
actora podrá interponer la acción de tutela, de reunirse los demás requisitos
establecidos en la Constitución y la ley”(negrillas y subrayas fuera de texto)[1].
En este caso, pues,
como las pruebas relacionadas en esta providencia y allegadas al expediente no
son suficientes para inferir la existencia y el grado de la violencia moral que
supuestamente ejerce la accionada -MATILDE QUINTERO- contra sus hijos, no se
concederá la tutela.
En razón a lo
expuesto, esta Sala confirmará el fallo que se revisa, proferido por el Juzgado
Penal del Circuito de Santo Domingo, el 2 de febrero de 1995, como así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
IV. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional obrando en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
PRIMERO.
CONFIRMAR la sentencia
proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Santo Domingo, Antioquia, el 2
de febrero de 1995, en relación con la acción de tutela promovida por JAIME
HERNAN VASQUEZ QUINTERO y OTROS.
SEGUNDO. LIBRENSE
por la Secretaría General
de la Corte Constitucional, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ
Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia No. T-060 de febrero 21 de 1995. MP. Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz. |
407 | T-218-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-218/95
ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO-Irregularidades/DERECHO
A LA EDUCACION-Requisito de validación
La promoción de
un estudiante al grado siguiente, sin el lleno de los requisitos, comporta una
irregularidad que, pese a no haberse originado en éste último, no genera un
derecho adquirido en su favor. El procedimiento de validación que ofrece la
ley, persigue garantizar que el Estado compruebe los conocimientos, habilidades
y destrezas del estudiante y que éste, de otra parte, disponga de una
oportunidad para consolidar la situación precaria en la que eventualmente pueda
encontrarse como consecuencia de la inobservancia de la ley. La validación,
desde esta perspectiva, no puede contemplarse como una sanción, sino como un
remedio que se brinda a la persona que ha sido perjudicada con las violaciones
a la ley patrocinadas por un tercero, pero que no puede pretender del Estado
que convalide integralmente la acción irregular, lo cual sólo se dará cuando el
estudiante acredite el grado de formación y aprendizaje que la ley asocia a los
diferentes niveles y títulos.
BACHILLER-Cumplimiento de requisitos académicos
En relación con
el Estado, no puede calificarse de tardía la verificación de requisitos para
optar al título de bachiller. No puede en modo alguno pretenderse que antes del
reconocimiento del título, deje de verificarse la existencia de todos los
requisitos que la ley ha señalado para el efecto, los cuales sólo se alcanzan a
reunir con la satisfactoria aprobación del undécimo grado. En consecuencia, sin
perjuicio de la conducta precedente del colegio y del alumno y su familia, que
pudieron eventualmente pretermitir dolosa o culposamente requisitos para la
promoción de un grado a otro, no puede negarse que a la conclusión de los
estudios se presenta una oportunidad obligada para constatar si el cúmulo de
exigencias legales se ha cumplido. La comprobación de requisitos que en esta
última oportunidad se hace no es, por ende, tardía, sino estrictamente
obligatoria y mal puede estimarse inesperada por quien resulta carente de un
requisito previo, ilegalmente omitido.
MAYO 17 DE 1995
REF: Expediente
No.T-61494
Demandante:
JOHAIRO ALFONSO FRANCO RUEDA
Procedencia:
Juzgado 9 Civil de Bucaramanga.
Magistrado
Ponente:
Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Temas:
- Cumplimiento de requisitos académicos culposamente
omitidos como condición para el otorgamiento de un título
- Derecho a la educación
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha
pronunciado
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
la siguiente
S E N T E N C I A
En el proceso de
tutela número T-61494 promovido por el Señor JOHAIRO FRANCO RUEDA contra el
COLEGIO MILITAR GENERAL SANTANDER DE BUCARAMANGA.
ANTECEDENTES
1. Johairo Alfonso
Franco Rueda, representado judicialmente por su apoderada Doris Mireya Clavijo
Parra, entabló acción de tutela contra el Colegio Militar General Santander de
la ciudad de Bucaramanga, con el objeto de solicitar la protección de los
derechos a la educación y a la igualdad, conculcados por la institución al
negarse injustificadamente, en su concepto, a otorgarle el título de bachiller,
pese a haber cursado y aprobado todos los grados hasta el undécimo.
2. El Colegio se ha
abstenido de conferir el título de bachiller al actor en razón de que para
hacerlo, de conformidad con la ley, debe acreditarse que han sido aprobados
todos los grados, lo que no puede predicarse del sexto grado que, según el
libro de calificaciones del año respectivo, aparece reprobado. En este sentido,
obra en el expediente copia del acta 7257 del 28 de noviembre de 1989, en la
que se consigna que el estudiante no superó la prueba de habilitación en el
área de matemáticas.
3. El rector del
Colegio admite que se incurrió en un error cuando, sin reunir los requisitos
exigidos por la ley, el alumno fue promovido al grado séptimo. Anota, sin
embargo, que la única forma de subsanarlo es la de que se realice, ante el
ICFES, la respectiva validación, aprobada la cual se procederá a hacer su
proclamación como bachiller. Sobre este particular, el Decreto 2225 de 1993,
dispone: “Los programas de validación se ofrecen para quienes se encuentren
entre otras, en las siguientes situaciones: (...) c) quienes por un error administrativo
hayan sido promovidos al grado siguiente, sin el lleno de los requisitos"
(art. 3º). Cabe precisar que la validaciones son pruebas escritas que no
comportan la necesidad de asistir a clases regulares y que periódicamente lleva
a cabo el ICFES.
4. A juicio del
demandante, el grado sexto fue tácitamente validado y aprobado, pues el Colegio
guardó silencio y aceptó matricularlo en el grado siguiente y en todos los
demás hasta concluir el plan de estudios. En su oportunidad, no se le comunicó
la reprobación que consta en los libros. De ella fue notificado tan sólo dos
meses antes de finalizar el grado undécimo, luego de cinco años y después de
haber consecutivamente cursado y aprobado en el mismo establecimiento todos los
grados ulteriores. En este orden de ideas, señala el actor, no puede él sufrir
las consecuencias negativas del error cometido por la institución educativa.
5. El Juez Noveno
Civil Municipal de Bucaramanga, mediante sentencia del 15 de diciembre de 1994,
concedió la tutela impetrada. En la providencia se anota que el colegio, al
renovar la matrícula del estudiante para el grado siguiente al sexto, revocó su
decisión anterior de dar por reprobado el grado sexto.
FUNDAMENTOS
1. Corresponde a la
Corte determinar si viola el derecho a la educación el Colegio que, habiendo
incurrido en el pasado en el error de promover a un estudiante al grado
siguiente sin el lleno de los requisitos, comunica tardíamente dicha situación
al interesado a quien se niega por este motivo a otorgarle el título de
bachiller, no obstante que ha cursado y aprobado satisfactoriamente en el mismo
establecimiento - que sucesivamente le ha renovado la matrícula - los cinco
grados posteriores hasta el último.
2. La sentencia que
se revisa asimila las acciones del colegio a actos administrativos y postula la
tesis de la revocatoria de la primera decisión - la consistente en la
reprobación -, por la inmediata renovación de la matrícula para el grado
séptimo y los sucesivos.
La Corte no atribuye
a las decisiones del colegio el carácter de actos administrativos. El ejercicio
del servicio público educativo, por sí mismo, no equivale al desempeño de
función pública ni al despliegue de una potestad administrativa. Los actos y
omisiones del establecimiento, así tengan relevancia jurídica, en principio no
tienen la naturaleza de actos administrativos.
De otro lado, los
requisitos establecidos en la ley y normas reglamentarias, cuyo cumplimiento es
necesario para considerar que un grado o nivel educativo ha sido aprobado, no
pueden soslayarse, pues normalmente con ellos el Estado aspira a garantizar la
formación integral de los educandos y la calidad de la enseñanza. Las
exigencias de orden legal en materia educativa no son materia disponible por
parte de las instituciones. Por tanto, es equivocado atribuir a un colegio el
poder de convalidar tácitamente la ausencia de una condición impuesta por la
ley para estimar que un grado o nivel ha sido aprobado.
Análogo reparo cabe
formular a la tesis principal del actor. La validación tácita del grado
reprobado, parte de la premisa falsa de que los requisitos legales pueden ser
abolidos en virtud de la negligencia o inadvertencia de los colegios respecto
de la plena observancia de la ley, de la cual surgiría en favor de los
estudiantes el derecho a la inoponibilidad posterior de los requisitos legales
culposamente omitidos.
3. La tardía
verificación de una irregularidad por parte de un colegio y la consiguiente
inoportuna comunicación de la misma al estudiante interesado que ha de
subsanarla, compromete la responsabilidad patrimonial del primero por los
perjuicios que puedan sobrevenirle al segundo, pero ello no puede restar
eficacia e imperatividad al mandato legal que ha sido quebrantado.
La relación
educativa y la responsabilidad en este campo, no se circunscriben al
establecimiento y al educando. El Estado regula y ejerce la suprema inspección
y vigilancia de la educación "con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física
de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el
sistema educativo" (CP art. 67).
La consagración de
requisitos mínimos para optar al título de bachiller, es una de las formas a
las cuales apela legítimamente el Estado, encargado de la suprema inspección y
vigilancia de la educación, para asegurar la mejor formación moral, intelectual
y física de los educandos. En el marco de la Constitución, a través de la ley,
pueden adoptarse políticas educativas de diferente signo y orientación.
Igualmente, en punto a la evaluación del desempeño de docentes y estudiantes,
la ley puede formular variados mecanismos para establecerla.
Si la política
educativa o evaluativa no riñe con la Constitución, los requisitos en los que
ella se traduce deben ser acatados tanto por las instituciones educativas como
por los estudiantes. En este sentido, el derecho a la educación tiene un
componente que corresponde a la configuración legal. De ahí que la conducta de
un centro docente que se ajuste a la ley educativa, no pueda ser objeto de
tacha, así en el pasado por razones no menos censurables no lo haya hecho. Si
las actuaciones ilegales de los colegios, tuvieran la virtualidad de suprimir
la obligatoriedad del requisito normativo violado u omitido frente al
estudiante, no se ve cómo en esa situación de suyo crítica pueda el Estado
garantizar la adecuada formación moral, intelectual y física de los educandos.
En no pocos casos,
las violaciones de la ley por parte de los establecimientos educativos,
repercute de manera fatal y grave sobre los educandos. La solución que el
Estado tiene prevista para estas situaciones, no es la de mantener sin más la
intangibilidad de la posición del educando. Justamente, la promoción de un
estudiante al grado siguiente, sin el lleno de los requisitos, comporta una
irregularidad que, pese a no haberse originado en éste último, no genera un
derecho adquirido en su favor. El procedimiento de validación que ofrece la ley
(D. 2225 de 1993), persigue garantizar que el Estado compruebe los
conocimientos, habilidades y destrezas del estudiante y que éste, de otra
parte, disponga de una oportunidad para consolidar la situación precaria en la
que eventualmente pueda encontrarse como consecuencia de la inobservancia de la
ley. La validación, desde esta perspectiva, no puede contemplarse como una
sanción, sino como un remedio que se brinda a la persona que ha sido
perjudicada con las violaciones a la ley patrocinadas por un tercero, pero que
no puede pretender del Estado que convalide integralmente la acción irregular,
lo cual sólo se dará cuando el estudiante acredite el grado de formación y
aprendizaje que la ley asocia a los diferentes niveles y títulos.
4. Luego de precisar
que la exigencia que formula un colegio para otorgar el título de bachiller y
que corresponde a un requisito legítimamente consagrado por el Estado, no
representa por sí misma una violación al derecho a la educación, habida
consideración de su necesaria configuración legal, resta analizar si las
circunstancias especiales que se dan en el presente caso, pueden conducir a
estimar que la indicada validación no se hace necesaria y debe para los efectos
de obtener el título de bachiller ser omitida.
4.1 La comunicación
tardía de la irregularidad incurrida por el colegio, ha sido puesta de presente
por el estudiante. Se ha señalado, que la suprema inspección y vigilancia que
el Estado ejerce sobre la educación, se haría nugatoria si las irregularidades
cometidas por los colegios tuvieran el efecto de desposeer de fuerza
obligatoria a los requisitos impuestos por la ley. La anotada tardanza del
establecimiento educativo, desde luego, compromete su responsabilidad
contractual y patrimonial en relación con el estudiante.
De otro lado, no
puede asegurarse que el estudiante desconociera la circunstancia de haber
perdido la habilitación de la asignatura de matemáticas. Sin duda alguna, la
habilitación se presentó como quiera que obra en el expediente la certificación
del profesor que la practicó. La libreta de calificaciones, si bien al momento
de la matrícula era retenida por el colegio, como lo afirma el demandante, con
anterioridad se encontraba en poder del estudiante y de su familia.
Inclusive, si se
admite que la comunicación tardía e inoportuna de un hecho relevante para una
parte del contrato educativo - el estudiante - por la otra - el colegio - que
conoce del mismo y que no es ajena a él, viola el principio de la buena fe al
revelar un comportamiento que no corresponde al que ordinariamente cabe esperar
en términos de lealtad, de todas maneras, no se configura una eximente para
dejar de cumplir el requisito ordenado en la ley.
En relación con el
Estado, no puede calificarse de tardía la verificación de requisitos para optar
al título de bachiller. No puede en modo alguno pretenderse que antes del
reconocimiento del título, deje de verificarse la existencia de todos los
requisitos que la ley ha señalado para el efecto, los cuales sólo se alcanzan a
reunir con la satisfactoria aprobación del undécimo grado. En consecuencia, sin
perjuicio de la conducta precedente del colegio y del alumno y su familia, que
pudieron eventualmente pretermitir dolosa o culposamente requisitos para la
promoción de un grado a otro, no puede negarse que a la conclusión de los
estudios se presenta una oportunidad obligada para constatar si el cúmulo de
exigencias legales se ha cumplido. La comprobación de requisitos que en esta
última oportunidad se hace no es, por ende, tardía, sino estrictamente
obligatoria y mal puede estimarse inesperada por quien resulta carente de un
requisito previo, ilegalmente omitido.
4.2 La renovación
sucesiva de la matrícula, no obstante la anotada irregularidad, unida a la
aprobación de los grados posteriores al sexto, podrían llevar a pensar que el
vicio fue subsanado y que la validación se torna innecesaria en vista de la
preparación e idoneidad intelectual que por este motivo exhibe el estudiante.
La norma aplicable
en este caso, requería que todos y cada uno de los grados fueran aprobados. Las
matrículas sucesivas y las aprobaciones posteriores, no se predican del sexto
grado que fue reprobado como consecuencia del error en que incurrió el colegio.
La negligencia del colegio, aunada o no a su conocimiento por parte del
estudiante, no tienen en el derecho positivo la virtud depuradora del hecho
ilegal consumado.
Sustituir la
validación, que es el procedimiento establecido por la norma, por la presunción
de que el estudiante que ha cursado y aprobado cinco grados posteriores ha
demostrado tener suficientes conocimientos y capacidad intelectual, es sustraer
al Estado una posibilidad legítima de indagación de la adecuada formación
intelectual del educando, cabalmente cuando ello puede ser objetivamente
necesario en vista de la irregularidad cometida: promoción al grado siguiente
sin el lleno de los requisitos.
La naturaleza
acumulativa del área de las matemáticas, cuya habilitación reprobada condujo a
la pérdida del grado sexto, podría aducirse como argumento en contra de la
razonabilidad de la validación mencionada. En efecto, el estudiante, luego del
insuceso, en los cinco grados siguientes aprobó la asignatura de matemáticas,
revistiendo ella en esos grados mayor complejidad e intensidad. La Corte no
ignora la concatenación que en dicha área pueda existir. Sin embargo, no
existen elementos de juicio suficientemente seguros para garantizar, con cierta
plausibilidad, que los nuevos conocimientos indefectiblemente incorporan los
anteriores, hasta el punto de que la aprobación de los cursos posteriores
denota dominio sobre los anteriores que fueron reprobados. La validación
ordenada por la norma es un procedimiento concreto e individualizado, en tanto
que el argumento de la acumulación no deja de ser abstracto y soportarse más en
la unidad de la ciencia y la teoría. Sólo ante una manifiesta irrazonabilidad y
desproporcionalidad de la validación en una situación concreta, que
repercutiera en la grave violación de un derecho fundamental, podría el juez
sustituir el procedimiento legal por otro o desestimarlo por innecesario. Para
proceder de esta manera, se deben contar con elementos de juicio y de convicción
que no se han proporcionado a la Corte y que ésta no está en capacidad de
inferir.
4.3 La Ley 115 de
1994 y su Decreto reglamentario 1860 de 1994, instituyeron el mecanismo de la
promoción automática. Podría sostenerse que esta innovación en materia
evaluativa, descarta el procedimiento de la validación. En el presente caso, la
norma citada no es aplicable. En efecto, el artículo 221 de la ley y el 66 del
Decreto, señalan que el nuevo régimen tendría vigencia hacia el futuro. En
particular, el decreto citado que regula en detalle el sistema de la promoción
automática establece su implantación “a partir del año lectivo que se inicie
inmediatamente después del 15 de agosto de 1994“. De otra parte, la promoción
automática no es objeto de discusión, pues, en últimas, el estudiante cursó los
grados posteriores. Lo que se controvierte es el tratamiento que debe dársele a
la reprobación de un grado consumada en el pasado, la cual ni siquiera en el
nuevo régimen ha sido eliminada (D.1860 de 1994, art. 53).
Por lo expuesto,
procederá esta Corte a revocar la sentencia objeto de revisión y, en
consecuencia, denegará la tutela impetrada.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de revisión de la Corte Constitucional de la
República de Colombia,
R E S U E L V E
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del Juzgado
9 Civil Municipal de Bucaramanga, proferida el 15 de diciembre de 1994 y, en
consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada por JOHAIRO ALFONSO FRANCO
RUEDA.
SEGUNDO.- Líbrese comunicación al mencionado
Juzgado, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo
establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
(Sentencia aprobada
por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a
los diecisiete (17) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco
(1995) ). |
408 | T-219-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-219/95
CONTRATO DE
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS-Error
del particular/BANCO CAFETERO-Irregularidad
La relación
existente entre la peticionaria y la entidad bancaria demandada es de tipo
contractual. El contrato de depósito en cuenta de ahorros celebrado entre
ellas, faculta a la primera a hacer en la entidad consignaciones de dinero en
los formularios del banco, debidamente diligenciados, y obliga a la segunda a
recibir dichas sumas y abonarlas en la cuenta del cliente.
ENRIQUECIMIENTO
SIN CAUSA-Requisitos
Son tres los
requisitos que deben probarse para que se declare la existencia de un
enriquecimiento de esta índole y se ordene la devolución de los bienes
correspondientes: 1) un enriquecimiento o aumento de un patrimonio; 2) un
empobrecimiento correlativo de otro, y 3) que el enriquecimiento se haya
producido sin causa, es decir, sin fundamento jurídico.
ENRIQUECIMIENTO
SIN CAUSA/ACCION DE TUTELA-Improcedencia/DERECHOS
FUNDAMENTALES-Inexistencia/CONFLICTO CONTRACTUAL
En principio, la
vía judicial a disposición del afectado para evitar la consumación de un
enriquecimiento injustificado es el proceso civil ordinario. Sin embargo,
podría en ciertos eventos pensarse que este medio de defensa no es idóneo y
que, obligar al afectado a acudir a él, resulta contrario a los principios de
efectividad de los derechos fundamentales y de economía, eficacia y celeridad
de la administración, cuando concurren pruebas objetivas de la existencia del
enriquecimiento sin causa - entre ellas la confesión de la posible parte
demandada - que harían innecesario el trámite de un juicio ordinario. Si bien
en el presente caso se observa la existencia de todos los elementos para que se
configure un enriquecimiento sin causa, no obstante, el derecho a la propiedad
afectado por la no devolución del dinero no exhibe naturaleza fundamental. La
acción de tutela se revela definitivamente improcedente en la situación
concreta examinada, ya que tampoco se verifica la vulneración de un derecho
constitucional fundamental. Para la recuperación de su dinero y el
resarcimiento de los perjuicios sufridos, la peticionaria tiene a su
disposición los medios de defensa judicial que la ley establece frente a este
tipo de lesiones de orden patrimonial.
MAYO 17 DE 1995
Ref.: Expediente
T-62131
Actor: AMPARO
OCAMPO VARGAS
Magistrado
Ponente:
Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Temas:
- Improcedencia
de la acción de tutela para resolver conflictos contractuales
- Improcedencia
de la acción de tutela como medio judicial para impedir el enriquecimiento sin
causa
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha
pronunciado
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
la siguiente
S E N T E N C I A
En el proceso de
tutela número T-62131, promovido por la señora AMPARO OCAMPO VARGAS contra el
BANCO CAFETERO.
ANTECEDENTES
1. Amparo Ocampo
Vargas abrió una cuenta de ahorros en el Banco Cafetero, Sucursal del Barrio
Restrepo de Santa Fe de Bogotá, el 23 de octubre de 1987. Como número de cuenta
se le asignó el 05506760-7.
2. Los días 9 de
abril y 21 de mayo de 1994, la señora Ocampo consignó doscientos sesenta mil ($
260.000) pesos y ciento cincuenta mil ($150.000), respectivamente, para un
total de cuatrocientos diez mil pesos ($410.000). Sorprendida porque dicha suma
de dinero no aparecía abonada en su cuenta de ahorros, en septiembre del mismo
año se dirigió al Banco para indagar la causa de esta anomalía. En el Banco le
informaron que había utilizado en sus consignaciones el formato de cuenta
corriente, por lo que su dinero había sido depositado en la cuenta corriente de
Alba Rocío Velasco González, cuenta ésta identificada con el mismo numero que
la cuenta de ahorros de la señora Ocampo.
3. Ante los
esfuerzos fallidos para obtener la devolución de su dinero, Amparo Ocampo
Vargas interpuso acción de tutela contra el Banco Cafetero, por violación de
sus derechos fundamentales al trabajo y a la propiedad. Solicita por esta vía
la devolución de su dinero.
3.1 Manifiesta que
frente a la reclamación elevada al banco, su subgerente negó cualquier
responsabilidad de la entidad, aduciendo que el error había sido de la actora y
limitándose a proporcionarle el teléfono y los datos de la cliente en cuya
cuenta corriente fueron consignados los dineros.
3.2 Indica que en
varias ocasiones ha reclamado, a Alba Rocío Velasco González, el reintegro del
dinero, sin que éste le haya sido devuelto.
3.3 Agrega que es
madre soltera, que trabaja como operaria en una fábrica de confecciones y que
las sumas extraviadas constituyen sus ahorros con los que proyecta adquirir una
máquina fileteadora para independizarse.
3.4 A juicio de la
petente, "no es justo" que su dinero vaya a parar a manos de otra
persona cuando en el formato de la consignación se indicó de manera clara el
nombre de la titular de la cuenta.
4. En la diligencia
de inspección judicial practicada por el juez de tutela, el subgerente del
banco, Miguel Antonio Brand, reconoce que un mismo número puede ser utilizado
para la identificación de una cuenta de ahorros y de una cuenta corriente y que
esta circunstancia podría ocasionar confusiones, pero que la asignación de los
números de cuenta depende del departamento de sistemas. Sostiene que al hacer
los asientos correspondientes, el sistema se guía exclusivamente por el número
y no por el nombre del cuentahabiente. Respecto del problema de la señora
Ocampo, afirma que cuando se hizo el reclamo, la cuenta corriente en la que se
realizó erróneamente la consignación ya estaba saldada, por lo que el banco
procedió a suministrarle a la peticionaria los datos de la cuentacorrientista.
5. A solicitud del
juez de tutela, el subgerente del Banco hizo entrega del extracto de abril de
1994 correspondiente a la cuenta corriente 05506760-7 de Alba Rocío Velasco
González, en el que efectivamente aparecen consignaciones en efectivo de las
sumas mencionadas por la petente y en los días subsiguientes a las fechas en
que se efectuaron los respectivos depósitos.
6. La
Superintendencia Bancaria, en respuesta a lo solicitado por el juez de
instancia, informó que no existe normatividad alguna que reglamente la
asignación de los números a las cuentas corrientes y a las cuentas de ahorros.
Corresponde a cada establecimiento de crédito regular este procedimiento,
teniendo en cuenta los principios y las responsabilidades propias de la
prestación de los servicios financieros.
7. Alba Rocío
Velasco González declara que no ha tenido tiempo para dirigirse al banco y
constatar los extractos, pero que su intención es reembolsar a la peticionaria
los dineros consignados en forma equivocada en su cuenta corriente, luego de
que efectúe la entrega de un local, ya que piensa irse a vivir a los Estados
Unidos. En relación con los motivos que la llevaron en julio de 1994 a cancelar
la cuenta corriente que tenía en el Banco Cafetero, expresa que su
determinación obedeció a que "no me entendí con el gerente".
8. El Juzgado
Treinta Ocho Penal Municipal, mediante sentencia del 23 de enero de 1995,
rechazó por improcedente la acción de tutela.
8.1 Advierte el
fallador de instancia que en el presente caso, recae una gran responsabilidad
sobre la entidad bancaria debido a su negligencia en verificar los nombres de
los cuentahabientes en el momento de realizar los abonos en cuenta.
8.2 Igualmente,
califica de indebida la actuación de la señora Alba Rocío Velasco quien, luego
de enterarse de lo ocurrido, pese a manifestar su ánimo de devolver el dinero
ajeno, no ha procedido a hacerlo.
8.3 El juez de
tutela reconoce que los intereses de la actora han sido vulnerados. Sin
embargo, estima que en el presente caso la acción es improcedente por existir
otros medios de defensa judicial, como son la posibilidad de acudir ante la
justicia ordinaria para recuperar el dinero erróneamente consignado, en parte
por la culpa notoria de la entidad bancaria, y ante la justicia penal a fin de
que se investigue la conducta de la señora Alba Rocío Velásquez González, por
el aprovechamiento indebido del dinero, equivocadamente consignado en su
cuenta.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Pretensión de la
solicitante
1. La petente
pretende que se ordene la devolución del dinero erróneamente consignado en una
cuenta corriente diferente a la suya. La acción de tutela se dirige contra el
Banco Cafetero, Sucursal Barrio Restrepo, ya que la omisión de la entidad en
verificar el nombre de la cliente que inadvertidamente utilizó un formulario de
consignación inadecuado, ocasionó la disminución patrimonial que ahora busca
remediar mediante la intervención judicial del juez de tutela.
Pese a que la
solicitud de tutela menciona a otro particular - Alba Rocío Velasco González -
involucrado en el conflicto patrimonial, la acción no se dirige en su contra,
no obstante que las pruebas aportadas al proceso permiten comprobar que el dinero
cuya devolución se demanda ingresó a la esfera patrimonial de la mencionada
persona. Es así como la peticionaria, sin conocimientos jurídicos que le
permitieran distinguir un aspecto de otro, confunde la posible responsabilidad
de la entidad bancaria, deducible de la culpa en que habría incurrido al
tramitar los depósitos dinerarios, con el enriquecimiento injustificado de la
titular de la cuenta corriente en la que fueron abonados sus ahorros.
Naturaleza de la
relación jurídica entre banco y cliente y responsabilidad por errores en la
consignación
2. La relación
existente entre la peticionaria y la entidad bancaria demandada es de tipo
contractual. El contrato de depósito en cuenta de ahorros celebrado entre
ellas, faculta a la primera a hacer en la entidad consignaciones de dinero en
los formularios del banco, debidamente diligenciados, y obliga a la segunda a
recibir dichas sumas y abonarlas en la cuenta del cliente. La Corte Suprema de
Justicia, en sentencia de octubre 5 de 1982, al referirse a las obligaciones y
responsabilidades de las partes en un contrato de cuenta corriente, hizo
algunas consideraciones predicables también del contrato de depósito en cuenta
de ahorros y que son relevantes en el presente caso. En dicha oportunidad, la
Sala de Casación Civil observó que resulta lógico que el banco esté facultado
para rechazar las consignaciones hechas omitiendo los requisitos convenidos y
que de ello "ninguna responsabilidad puede deducírsele al banco, pues el
rechazo queda justificado por haber incumplido el consignante las reglas que
deben observarse en la elaboración de los respectivos formularios". De
otra parte, agregó, otra consecuencia se seguiría si el banco acepta la
consignación en la forma que la presenta el depositante, sin manifestar reparo
alguno en el momento de recibirla o antes de hacer los asientos
correspondientes. En cuanto a la concurrencia de culpas que se presenta en esta
última situación, afirmó:
"Resulta
entonces acompasado con la lógica y con la justicia, concluir que si el
cuentacorrentista, por descuido suyo llena incorrectamente los formularios de
consignación y el banco negligentemente los acepta así, y no rechaza la
consignación defectuosa o no llama la atención sobre ese hecho criticable, uno
y otro cometen notoria culpa. Ambos obran de manera descuidada, ambos son reos
de negligencia indiscutible. La culpa concurrente es bien notoria, porque si el
banco hubiera llamado la atención al depositante sobre los errores cometidos al
completar los formularios, entonces ningún daño se hubiera podido causar. Por
el contrario, si el Banco, incurriendo en negligencia inexplicable, acepta las
defectuosas consignaciones, entonces su proceder o, mejor, su omisión, concurre
con la culpa del cuentacorrentista a la producción del daño"[1].
3. La actora funda
la solicitud de tutela en el error cometido por el banco al recibir el
formulario de consignación defectuoso y registrar el depósito en otra cuenta
diferente a la suya, equivocación la que habría contribuido decididamente el
hecho de que en la entidad se otorgan idénticos códigos numéricos a las cuentas
corrientes y a las cuentas de ahorros.
No obstante la afectación
de los intereses de la peticionaria, la Corte encuentra que la naturaleza de la
presente controversia es eminentemente contractual y, por lo mismo, ajena a la
competencia de los jueces de tutela. En efecto, cualquier responsabilidad que
pudiera deducirse de la actuación negligente de la institución financiera,
emana del incumplimiento del contrato respectivo y supone la dilucidación de la
controversia patrimonial por la autoridad judicial competente. Esta Corporación
ha sostenido sobre la improcedencia de la acción de tutela cuando lo que se
pretende es resolver conflictos originados en relaciones contractuales, lo
siguiente:
"Las
diferencias surgidas entre las partes por causa o con ocasión de un contrato no
constituyen materia que pueda someterse al estudio y decisión del juez por la
vía de la tutela ya que, por definición, ella está excluida en tales casos toda
vez que quien se considere perjudicado o amenazado en sus derechos goza de otro
medio judicial para su defensa: el aplicable al contrato respectivo según su
naturaleza y de conformidad con las reglas de competencia estatuidas en la
ley"[2].
En el mismo sentido,
esta Corporación ha señalado:
"El derecho
fundamental objeto de una acción de tutela debe corresponder a una consagración
expresa y positiva efectuada directamente por el Constituyente que decide
reservar ámbitos de la persona de la intromisión estatal o establece
prestaciones y garantías que se incorporan como situaciones activas de poder
de los sujetos oponibles al mismo. No tienen ese origen y mal puede pretender
conferírseles ese carácter, las situaciones subjetivas activas o pasivas
derivadas de la concesión recíproca de facultades que intercambian entre sí las
partes de un contrato y que constituyen su contenido. Si bien la contratación
es una manifestación de la libertad contractual y el ordenamiento le brinda
reconocimiento, dentro de ciertos límites, hasta el punto de imponer judicialmente
su cumplimiento, no por ello los derechos derivados de la matriz del contrato -
que no de la Constitución - adquieren rango constitucional".[3]
En consecuencia, la decisión
denegatoria de la tutela solicitada será confirmada.
Improcedencia de
la acción de tutela dirigida a impedir el enriquecimiento sin causa
4. El análisis de la
procedencia de la acción de tutela respecto de la persona renuente a devolver
el dinero de la peticionaria, está de antemano descartado al no haber sido
aquella demandada en el presente proceso. No obstante, por considerarlo de
interés doctrinario, la Sala se refiere a la improcedencia de este mecanismo
constitucional para impedir que se produzca un enriquecimiento injustificado
contrario al derecho, a la justicia y a la equidad.
La Corte Suprema de
Justicia determinó que para que haya enriquecimiento sin causa se requiere que
un patrimonio reciba un aumento a expensas de otro, sin una causa que lo
justifique[4].
Son tres, entonces, los requisitos que a su juicio deben probarse para que se
declare la existencia de un enriquecimiento de esta índole y se ordene la
devolución de los bienes correspondientes: 1) un enriquecimiento o aumento de
un patrimonio; 2) un empobrecimiento correlativo de otro, y 3) que el
enriquecimiento se haya producido sin causa, es decir, sin fundamento jurídico[5].
En principio, la vía
judicial a disposición del afectado para evitar la consumación de un
enriquecimiento injustificado es el proceso civil ordinario. Sin embargo,
podría en ciertos eventos pensarse que este medio de defensa no es idóneo y
que, obligar al afectado a acudir a él, resulta contrario a los principios de
efectividad de los derechos fundamentales y de economía, eficacia y celeridad
de la administración, cuando concurren pruebas objetivas de la existencia del
enriquecimiento sin causa - entre ellas la confesión de la posible parte
demandada - que harían innecesario el trámite de un juicio ordinario. Por regla
general, la suficiencia y notoriedad del acervo probatorio que pueda servir de
fundamento a una pretensión, no permite desestimar la vía judicial ordinaria
contemplada por la ley para tramitar un determinado asunto. De otra parte, en
esta hipótesis, la procedencia de la acción de tutela - como mecanismo
transitorio - que ordenara la devolución del dinero dependería de la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental, particularmente del derecho a
la propiedad cuando se ve comprometido el derecho a la subsistencia o derecho
al mínimo vital[6],
aspecto éste que se estudiará e continuación.
Si bien en el
presente caso se observa la existencia de todos los elementos para que se
configure un enriquecimiento sin causa - aumento patrimonial de Alba Rocío
Velasco González por el abono erróneo en su cuenta de dineros ajenos,
disminución patrimonial por la salida involuntaria de parte de sus recursos, y
carencia de causa jurídica que sustente la transferencia patrimonial -, sin que
sobre estos extremos se presente controversia entre las potenciales partes de
un juicio ordinario - Alba Rocío Velasco admite ante el juez de tutela el abono
irregular de las sumas de dinero y afirma su voluntad de devolverlas -, no
obstante, el derecho a la propiedad afectado por la no devolución del dinero no
exhibe naturaleza fundamental. En efecto, como expresamente lo manifiesta la
actora, aquél constituye el ahorro destinado a la compra de una máquina en la
que fincaba sus esperanzas de independizarse económicamente de la empresa donde
trabaja. Así las cosas, la acción de tutela se revela definitivamente
improcedente en la situación concreta examinada, ya que tampoco se verifica la
vulneración de un derecho constitucional fundamental. Para la recuperación de
su dinero y el resarcimiento de los perjuicios sufridos, la peticionaria tiene
a su disposición los medios de defensa judicial que la ley establece frente a
este tipo de lesiones de orden patrimonial.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión,
RESUELVE:
PRIMERO.-
CONFIRMAR la sentencia del
23 de enero de 1995, proferida por el Juzgado Treinta Ocho Penal Municipal.
SEGUNDO.- LIBRESE comunicación al mencionado Juzgado, con
miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido
en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
(Sentencia aprobada
por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a
los diecisiete (17) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco
(1995) ).
[1]Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 5
de octubre de 1982. M.P. Dr. Germán Giraldo Zuluaga
[2]Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 1992. MP Dr. José
Gregorio Hernández Galindo
[3]Corte Constitucional. Sentencia T-240 de 1993. MP Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz
[4]Corte Suprema de Justicia. Sentencias 19 de agosto de 1935, 19 de
septiembre de 1935 y 9 de noviembre de 1936.
[5]Corte Suprema de Justicia. Sentencia 26 de marzo de 1958
[6]Corte Constitucional. Sentencia T-426 de 1992 |
409 | T-220-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-220/95
DERECHO AL
AMBIENTE SANO/ACCION POPULAR/DERECHOS FUNDAMENTALES-Conexidad/ACCION DE TUTELA-Improcedencia
El derecho al ambiente
sano se encuentra protegido a través de diversos mecanismos jurídicos, en
particular, por medio de las acciones populares, las cuales tienen procedencia
en aquellos casos en los que la afectación de tal derecho vulnera un derecho
constitucional o legal de un número indeterminado de personas. La regla
general, debe ser complementada con una regla particular de conexidad, según la
cual, en aquellos casos en los cuales, de la vulneración del derecho a gozar
del ambiente resulte vulnerado igualmente un derecho constitucional
fundamental, procede la acción de tutela como mecanismo judicial de protección
inmediata del derecho colectivo al ambiente sano. No debe prosperar la acción
de tutela bajo examen. En efecto, se encuentra demostrado en este caso que no
existe realmente una conexidad directa y específica entre la supuesta
contaminación en la zona y el estado de salud de los peticionarios.
Ref.: Expediente T-51933
Peticionarios: José Cuesta Novoa y Milciades Ramírez Melo
Procedencia: Juzgado Octavo Civil del Circuito de
Santafé de Bogotá D.C.
Magistrado
Ponente:
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Temas:
Procedencia de la acción de tutela frente a la vulneración del derecho a un
ambiente sano.
Santafé de Bogotá,
D.C., diecisiete (17) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995)
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro
Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera
Carbonell,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
tutela radicado bajo el número T- 51933, adelantado por José Cuesta Novoa y
Milciades Ramírez Melo en contra de la Secretaría de Salud de Santafé de Bogotá
D.C.
I. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591
de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional
escogió para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con
el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar
la sentencia correspondiente.
1. Solicitud
Los ciudadanos José
Cuesta Nova y Milciades Ramírez Melo interpusieron ante el Juzgado Octavo Civil
del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., acción de tutela contra la Secretaría
de Salud de esta ciudad, con el fin de que se les ampararan sus derechos a la
vida y a gozar de un ambiente sano, consagrados en los artículos 11 y 79 de la
Constitución Política.
2. Hechos
Los demandantes,
residentes hace más de treinta (30) años en la localidad dieciséis (16) de
Puente Aranda, afirman que la Secretaría de Salud de Santafé de Bogotá D.C.
permite el funcionamiento de varias empresas que, según investigaciones
realizadas, no cumplen con las normas ambientales, lo cual convierte a dicha
zona en una de las más contaminadas de la ciudad. Para sustentar este
argumento, los interesados se refieren a un estudio efectuado por el
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA-, la Universidad
de los Andes y el Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales -CIDER-,
consignado en un documento denominado "Agenda Ambiental Localidad 16
Puente Aranda" (cuya copia acompañan a la demandade tutela). En dicho
escrito se señala: “La contaminación atmosférica en la localidad de Puente
Aranda es la que presenta el promedio más alto de partículas en suspensión en
el aire dentro de la ciudad y promedios más altos en dióxido de azufre, gas
carbónico (CO2), concentración de ozono del 14ppb, sobrepasando la norma de
calidad de 86.6 ppb en 20% en hidrocarburos no metálicos”.
Igualmente, en el
referido estudio se establecen consecuencias de la contaminación ambiental en
la zona sobre la salud humana. Así, se señala que pueden causarse infecciones
en las vías respiratorias y en la piel, irritaciones en los ojos y en las
mucosas; y, además, se afirma que “varios hidrocarburos contienen sustancias
cancerígenas como los óxidos de nitrógeno y amoníaco y otros como el carbón
negro y el aminato. Así mismo, se dan efectos psicosomáticos y psicológicos
como taquicardias, estrés, agresividad y úlceras.”
Consideran los
demandantes que esta situación puede ocasionar un perjuicio irremediable para
sus vidas, y que si no se tutelan sus derechos "estaremos avocados a morir
lentamente por la desidia e inoperancia de una entidad pública."
3.
Pretensiones
A través de la
presente acción de tutela se solicita que se ordene a la Secretaría de Salud de
Santafé de Bogotá D.C., que ejerza sus funciones de prevención y control sobre
los factores que contaminan el ambiente.
II. ACTUACION
PROCESAL
1. Fallo de
única instancia
Mediante providencia
de fecha veinte (20) de octubre de 1994, el Juzgado Octavo Civil del Circuito
de Santafé de Bogotá resolvió denegar la acción de tutela, ya que consideró que
los peticionarios pretenden la protección del medio ambiente, lo cual se logra
a través del ejercicio de las acciones populares.
Adicionalmente,
consideró el fallador que, debido al carácter residual de la acción de tutela y
a que en el asunto en concreto no se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable, no se podía acceder a las peticiones de los actores.
III. PRUEBAS
DECRETADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, consideró que para tomar una decisión de
fondo el caso bajo examen era necesario que el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses determinara el estado salud de los peticionarios y,
de igual forma, solicitar a las autoridades competentes que rindieran concepto
acerca de la existencia o no de niveles significativos de contaminación
ambiental en la zona de Puente Aranda. En virtud de ello, el magistrado
sustanciador, a través de Auto de fecha primero (1o.) de marzo de 1995, decretó
y recolectó las pruebas que a continuación se relacionan:
1. Oficio
003351 de 10 de marzo de 1995, remitido por el subdirector técnico del
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA-.
El señalado
funcionario informó que “con base en estudios realizados por la Secretaría
Distrital de Salud, el DAMA tiene conocimiento de que la localidad 16 de Puente
Aranda tiene los promedios más altos en cuanto a partículas en suspensión en el
aire. Así mismo se encontró la concentración más alta de Dióxido de Azufre.”
Sin embargo, señaló que dicha entidad no cuenta con los resultados de estudio
alguno que permita conocer los parámetros de contaminación que se presentan en
la zona, de acuerdo con los valores máximos permisibles señalados en el Decreto
02 de 1982 del Ministerio de Salud, ya que “hasta el momento el DAMA no ha
contado con los recursos suficientes para consolidar de manera efectiva los
instrumentos mínimos necesarios tendientes a asumir las funciones de control y
protección de emisiones atmosféricas. Estas funciones las ha continuado
ejerciendo la Secretaría Distrital de Salud.”
2. Oficio
004083 de 23 de marzo de 1995, remitido por el Secretario de Salud de Santafé
de Bogotá.
La doctora Beatriz
Londoño Soto, secretaria de Salud del Distrito, después de señalar que la zona
de Puente Aranda ha sido clasificada como “zona industrial” y sector de “alto
impacto ambiental”, informó que la dependencia a su cargo, a través de su
División de Control de Factores de Riesgo, ejerce la vigilancia y control sobre
las industrias localizadas en dicho sector, de acuerdo con los parámetros
previstos en el Decreto 02 de 1982 y el Decreto 2206 de 1983 del Ministerio de
Salud.
Sobre la situación
de contaminación ambiental en Puente Aranda, anota la funcionaria:
“Una estación de
monitoreo automático de calidad del aire permite establecer los índices de
contaminación presentes en esa zona y son los que a continuación se relacionan:
“CO Monóxido de
Carbono
“La Norma
establecida, señala como máximo Nivel permisible para una hora de 43.7 (PPM)
Partes por millón y los últimos reportes muestran como máximo encontrado 19,3
(PPM) Partes por millón.
“SO2 Dióxido de
Azufre
“La Norma
establecida para este contaminante señala como máximo Nivel permisible Diario
152.8 (PPB) Partes por Billón y el máximo registrado ha sido 57.9 (PPB) Partes
por Billón.
“O3 Ozono
“La Norma
establecida para este contaminante señala el máximo valor hora 86.6 (PPB)
Partes por Billón, y el máximo registrado es de 123 (PPB) Partes por Billón.
“SPM Partículas
en Suspensión
“La Norma
establecida para este contaminante señala como máximo nivel valor permisible
400 ug/m3 (Microgramos por
metro cúbico) día y el máximo registrado ha sido de 147.4 ug/m3 (Microgramos por metro cúbico).
“Como se aprecia
en el anterior análisis los valores reportados los últimos períodos muestran
que la Norma es excedida tan solo en un contaminante OZONO los demás valores se
encuentran dentro de las normas”.
A renglón seguido
señala que a pesar de que las normas establecidas en la actual legislación son
demasiado laxas, esa Secretaría, al realizar evaluaciones independientes,
somete a las empresas que superan los índices señalados a un “plan de
cumplimiento”, el cual es supervisado por funcionarios de la entidad hasta
tanto no sean reducidos los niveles de emisión. Agrega que, en la actualidad,
el 95% de las industrias allí localizadas cuentan con la respectiva “LICENCIA
SANITARIA PARTE AIRE, el 5% restante están en proceso de Plan de Cumplimiento,
sin esta Licencia no puede ser operada ninguna fuente de Contaminación al
Aire”.
3. Oficio No.
02706 del 10 de abril de 1995, remitido por el jefe de la oficina jurídica del
Ministerio del Medio Ambiente.
Sobre el asunto bajo
examen, el jefe de la oficina jurídica del referido Ministerio manifestó que
“en la zona de Puente Aranda sí existen niveles significativos de
contaminación, los cuales han sido señalados en estudios realizados desde 1982
por la red de monitoreo de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto 002 de 1982, que a su vez es aplicado por el servicio seccional de
salud del Distrito Capital”. En consecuencia, el citado funcionario informó que
los datos recolectados sobre la calidad del aire en la zona de Puente Aranda se
encuentra en el servicio seccional de salud de Santafé de Bogotá.
4. Oficio
023-GCF-RB del 28 de marzo de 1995, remitido por el doctor Germán Fontanilla,
médico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Mediante el oficio
en comento fueron remitidos a la Corte Constitucional los resultados de los
exámenes médicos practicados por el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses a los señores José del Carmen Cuesta Novoa y
Milciades Ramírez Melo, cuyas conclusiones son las siguientes:
En relación con el
señor José del Carmen Cuesta Novoa:
"Se trata de
un adulto de 33 años, que refiere venir presentando cuadros de rinitis en los
últimos 3 años; que al momento del examen clínico se encuentra en aceptables
condiciones generales, a quién después de la valoración clínica y paraclínica
se le diagnosticó: 1. Desviación septo nasal y rinofaringitis. La desviación
septo nasal sería la patología de base, por lo cual se podría presentar los
cuadros de rinofaringitis, al alterar el flujo de ventilación por las fosas
nasales. Es importante informar que medios de alta polución pueden coadyuvar en
la presentación de la rinofaringitis. No hay lesiones dermatológicas."
Respecto del señor
Milciades Melo Ramírez:
"Se trata de
un adulto de 51 años, con diagnóstico de sinusitis maxilar que en mi opinión,
tiene como causa principal la desviación del septo-nasal al estar alterada la
función ventilatoria de las fosas nasales. La polución puede ser un elemento
que coadyuve en la presentación cuadro clínico. No hay lesiones
dermatológicas."
5.
Comunicación del 5 de abril de 1995, remitida por los peticionarios.
Mediante
comunicación vía fax de fecha cinco (5) de abril de 1995, el señor José Cuesta
Novoa informó a la Corte Constitucional que en la actualidad es estudiante de
posgrado en la Universidad Javeriana y que no posee ningún cargo laboral.
Igualmente, el señor Milciades Ramírez Melo señaló que en la actualidad ejerce
la profesión de abogado.
6. Oficio No.
005075 del 2 de mayo de 1995, remitido por el jefe de la Oficina Jurídica del
Ministerio del Medio Ambiente.
En la referida
comunicación, el doctor Luis Fernando Macias informó que en los archivos del
Ministerio del Medio Ambiente “no se encuentra información alguna” respecto del
asunto bajo revisión. Sin embargo, agrega que se tiene conocimiento de que la
Secretaría de Salud del Disitrito Capital cuenta con los equipos necesarios
para determinar la calidad del aire, razón por la cual puede suministrar una
información “actualizada y precisa”.
IV.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución
Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la
referencia.
2. La acción
de tutela y la protección del ambiente sano.
Como en reiteradas
oportunidades lo ha señalado la Corte Constitucional, la Acción de Tutela está
prevista en el artículo 86 de nuestra Carta Fundamental como un mecanismo
procesal subsidiario, específico y directo que tiene por objeto la protección
concreta e inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos sean violados
o exista amenaza de su violación por parte de una autoridad pública o de un
particular en los términos que defina la ley. Dicha protección, dentro de los
parámetros de un caso en concreto, puede comportar consecuentemente el amparo
de otros derechos determinados en la Constitución o en la ley.
Asimismo, debe
recalcarse que la acción de tutela supone una actuación preferente y sumaria a
la que el afectado puede acudir, únicamente en aquellos eventos en que, una vez
demostrado el interés jurídico para actuar y solicitada la protección
específica de un derecho fundamental, carezca de cualquier otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice excepcionalmente como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Ahora bien, al
tratarse el presente asunto de tutela de la protección del derecho a un
ambiente sano, consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política, debe
decirse que en varias oportunidades la Corte Constitucional ha sostenido que
este derecho es concebido como un conjunto de condiciones básicas que rodean al
hombre y le permiten su supervivencia biológica e individual, lo cual, a su
vez, garantiza su desempeño normal y su desarrollo integral en el medio social.[1] En este sentido se ha
considerado que el ambiente sano es fundamental para la supervivencia de toda
especie viviente, particularmente la humana.
Igualmente se ha
reconocido que el derecho al ambiente sano se encuentra protegido a través de
diversos mecanismos jurídicos, en particular, por medio de las acciones
populares de que trata el artículo 88 de la Constitución Política, las cuales
tienen procedencia en aquellos casos en los que la afectación de tal derecho
vulnera un derecho constitucional o legal de un número indeterminado de
personas.
Sin embargo, la
vulneración del derecho al ambiente sano conlleva, en la mayoría de los casos,
la afectación o la amenaza de derechos constitucionales fundamentales como la
vida, la integridad física o la salud, entre otros. Por ello, la Corte ha
señalado que la regla general enunciada en el párrafo anterior, debe ser
complementada con una regla particular de conexidad, según la cual, en aquellos
casos en los cuales, de la vulneración del derecho a gozar del ambiente resulte
vulnerado igualmente un derecho constitucional fundamental, procede la acción
de tutela como mecanismo judicial de protección inmediata del derecho colectivo
al ambiente sano. Para ello, el juez de tutela deberá analizar juiciosamente el
caso en particular; y deberá igualmente observar si existe una real amenaza o
afectación del ambiente que requiera en forma imperiosa la orden judicial a
través de la tutela para proteger el derecho fundamental vulnerado; es decir
tendrá siempre presente la relación de conexidad. Juega entonces papel
preponderante la demostración fáctica de la situación que se reclama, de forma
tal que si la contaminación del agua o del aire, por ejemplo, no amenaza
gravemente los derechos fundamentales de los actores, el juez se verá obligado
a denegar el amparo en cuestión y señalará a los interesados la posibilidad de
acudir a los otros medios de defensa judicial, a los que se hace alusión en
este providencia. En conclusión: la protección del derecho al ambiente sano a
través de la acción de tutela, procede únicamente en aquellos casos
excepcionales en los que aparezca evidente la necesidad de proteger, por
conexidad, un derecho constitucional fundamental.
3. El caso
concreto
El asunto que en
esta oportunidad le corresponde revisar a esta Sala, trata de la supuesta
vulneración del derecho al ambiente sano y de la vida y la salud de los
peticionarios, a causa de la contaminación en la zona dieciséis del sector de
Puente Aranda en Santafé de Bogotá, situación ésta que, según ellos, es
responsabilidad de la Secretaría de Salud del Distrito Capital por no sancionar
a las empresas responsables de contaminar el aire.
Por tratarse de una
delicada situación en la que se encuentra de por medio la salud de los peticionarios
y el desarrollo industrial de la zona y, por ende, de la capital de la
República, la Sala Novena de Revisión decidió decretar y recolectar las pruebas
referidas en el acápite correspondiente de esta providencia, con el fin de
determinar la relación de conexidad entre los derechos fundamentales de los
demandantes supuestamente violados y la protección del ambiente.
De las pruebas
recaudadas, llaman la atención de la Sala los exámenes médicos practicados por
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los que se
destaca que el estado físico de los peticionarios es, en general, “aceptable”.
Asimismo, nótese que el diagnóstico de “sinusitis maxilar” -para el caso del
señor Milciades Ramírez Melo- y la presencia de “cuadros de Rinofaringitis” -en
lo que atañe al señor José del Carmen Cuesta Novoa-, tienen como causa
principal “la desviación septo-nasal” que presenta cada uno de los
peticionarios. Así las cosas, resulta evidente que los quebrantos de salud
alegados en el escrito de tutela se deben a causas diferentes a la
contaminación ambiental en Puente Aranda, donde la polución puede, es cierto,
“coadyuvar” con la presentación de las enfermedades, pero no puede catalogarse
como la causa directa y única de dicha situación.
Por otra parte, esta
Sala considera necesario referirse a la actividad que han venido cumpliendo las
diversas entidades públicas competentes, en relación con el problema ambiental
en la zona de Puente Aranda. Al respecto, debe señalarse que las pruebas que
obran en el expediente demuestran que sólo la Secretaria de Salud del Distrito
Capital tiene conocimiento de los asuntos que motivaron la presente acción de
tutela, pues en el informe transcrito parcialmente en esta providencia se
establece que la única causa de contaminación significativa es el exceso de
ozono en la zona. Resulta importante resaltar que las empresas cuentan, en su
mayoría, con licencia ambiental en lo que corresponde al aire, licencia que, al
parecer, se expide de conformidad con unas normas que la misma Secretaría no ha
vacilado de calificar como “laxas”. La solución a este problema, como es
lógico, escapa a las facultades propias del juez de tutela. Sin embargo, la
Sala comparte la inquietud sobre las implicaciones que pueda tener para el
ambiente de la zona comprendida en el examinado caso el problema de
contaminación que la afecta. Por ello, estima pertinente enviar copia de esta
providencia al Ministerio del Medio Ambiente y al Departamento Administrativo
del Medio Ambiente del Distrito Capital (DAMA), para que se sirvan tomar las
medidas que, dentro de su competencia, estimen necesarias a fin de prevenir y
controlar dicha situación.
De lo anteriormente
expuesto resulta necesario concluir que no debe prosperar la acción de tutela
bajo examen. En efecto, se encuentra demostrado que no existe realmente una
conexidad directa y específica entre la supuesta contaminación en la zona y el
estado de salud de los peticionarios. Sobre este punto debe establecerse que no
es posible argumentar que el problema en comento -polución del aire- es
tutelable por el simple de hecho de “coadyuvar” en la alteración del estado
físico de los peticionarios, pues si ello fuera así, entonces sería necesario
proteger, a través de este mecanismo judicial, la vida, la salud y la
integridad física de todas las personas que habitan y que desarrollan su vida
diaria en ciudades, localidades o zonas -como es el caso lamentable y muy
preocupante de Santafé de Bogotá- que presentan altos niveles de contaminación
ambiental.
Como si lo anterior
no fuese suficiente, también se ha demostrado que la entidad pública demandada
ha venido cumpliendo con sus obligaciones, es decir, ha medido constantemente
los índices de contaminación del aire y, al parecer, con base en ellos, ha
expedido las respectivas licencias y ha obligado el cumplimento de los planes
de protección ambiental a las empresas de la zona.
Al no existir los
presupuestos necesarios para que prospere la presente acción de tutela debe,
entonces, la Sala advertir a los interesados que cuentan con otros mecanismos
de defensa judicial para la protección de sus derechos. Tal es el caso, por
ejemplo, de la acción popular contenida en el artículo 2359 del Código Civil,
conocida doctrinariamente como la acción de daño contingente, o de la acción de
cumplimiento de que trata la Ley 99 de 1993, en caso de encontrar que la
Secretaría de Salud no ha vigilado con suficiente cuidado los niveles de
contaminación del aire producidos por una determinada empresa localizada en
Puente Aranda; inclusive, podrán demandar, de conformidad con el artículo 73 de
la misma Ley, la nulidad de las licencias ambientales otorgadas por la
Secretaría, tal como lo estableció la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de la providencia
del diez (10) de febrero de 1995 (Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur
Jaramillo).
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Primero:
CONFIRMAR la providencia
de fecha veinte (20) de octubre de 1994, mediante la cual el Juzgado Octavo
Civil del Circuito de Santafé de Bogotá resolvió denegar la tutela interpuesta
por los ciudadanos José Cuesta Novoa y Milciades Ramírez Melo.
Segundo: ORDENAR que por la Secretaría General de esta
Corporación, se comunique esta providencia al Juzgado Octavo Civil del Circuito
de Santafé de Bogotá D.C., en la forma y para los efectos previstos en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: ENVIAR copia de esta providencia al Ministerio
del Medio Ambiente y al Departamento Administrativo del Medio Ambiente de
Santafé de Bogotá (DAMA), para lo de su competencia.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado Ponente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Cfr. Sentencias T-508/92, T-067/93, T-225/93, T-254/93, T-366/93,
T-471/93, entre otras. |
410 | T-226-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-226/95
ACCION DE TUTELA
CONTRA PARTICULARES
La acción de
tutela procede contra particulares cuando se afecte grave y directamente el
interés colectivo, esto es, un interés que abarca un número plural de personas
que se ven afectadas por la conducta nociva desplegada por un particular.
Ahora bien, la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se presentan
situaciones en las que los denominados "derechos colectivos" como la
paz, la salubridad pública, la moral administrativa o el medio ambiente, entre
otros, afectan a una o varias personas identificadas.
DERECHO A LA
TRANQUILIDAD-Fundamental/DERECHO
A LA PAZ
El derecho a la
vida comporta la dimensión integral del hombre como ser digno; en consecuencia
la vida digna exige un mínimo de bienes internos, y dicho en otros términos,
toda persona tiene derecho a vivir en condiciones de paz y tranquilidad. La
paz como derecho supone la relación social, se manifiesta como la convivencia
ordenada entre los ciudadanos. La tranquilidad individual es un derecho
personalísimo derivado de la vida digna, es una tendencia inherente al ser
personal y un bien jurídicamente protegible que comprende el derecho al
sosiego, que se funda en un deber constitucional, con lo cual se mira el
interés general. De ahí que jurídicamente sea diferente el derecho
constitucional a la paz, que es un derecho social, con el derecho a la
tranquilidad de una persona que es una prerrogativa subjetiva; luego, cuando
éste se perturba existen otras vías judiciales distintas a la acción de tutela,
salvo el caso que se ocasione un perjuicio irremediable. Es evidente que el ser
humano tiene derecho a la tranquilidad y como tal este derecho constituye un
bien jurídico protegible por el Estado y la sociedad; es así como la
tranquilidad es uno de los deberes previstos en el artículo 95, numeral 6
Superior.
DERECHO AL
AMBIENTE SANO-Nexo causal/ACCION
POPULAR
No puede acudirse
a la acción de tutela para la defensa del ambiente -derecho de carácter
colectivo-, ya que para el efecto se han instituído las acciones populares.
Ello no se opone, sin embargo, a la tutela del derecho individual de quien,
siendo parte de la comunidad, es afectado o amenazado en forma directa por la
contaminación del ambiente, pues su salud y aun su vida están de por medio,
ello siempre y cuando, como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional,
se acredite el nexo causal existente entre el motivo alegado por el
peticionario para la perturbación ambiental y el daño o amenaza que dice
padecer. Unicamente de la conjunción de esos tres elementos puede deducirse la
procedencia de la acción de tutela.
DERECHO A LA
TRANQUILIDAD-Vulneración/AUTODROMO
DE TOCANCIPA-Competencias nocturnas/ACCION DE TUTELA CONTRA EL RUIDO
Para la Sala
configura un hecho cierto el molesto ruido que la actividad deportiva nocturna
produce, y el perjuicio que éste le puede causar a la tranquilidad y a la
calidad de vida del demandante, pues del material probatorio contenido en el
proceso sub exámine, se concluye que los ruidos resultan, para quienes habitan
en cercanías del autódromo de Tocancipá. Siendo así, la situación descrita
afecta indudablemente la calidad de vida del peticionario y la deteriora hasta
el grado de atentar directamente contra su tranquilidad. En consecuencia, debe
reconocerse el estado de indefensión en que se halla el solicitante; no
obstante lo anterior, la Sala acepta que el derecho fundamental a la
tranquilidad del peticionario puede verse amenazado e incluso vulnerado por el
ruido que produce la actividad de los automotores deportivos, pero no puede
deducir que esta situación haya afectado efectivamente la salud, y en
particular la integridad física del peticionario y su familia.
REF.:
Expediente No. T-57255
Peticionario:
RICARDO PRIETO
ROZO
Magistrados:
Dr. FABIO MORON
DIAZ
-Ponente-
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Dr. JORGE
ARANGO MEJIA
Santafé de Bogotá
D.C., mayo veinticinco (25) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Corte
Constitucional, Sala de revisión de Tutelas No. Ocho, integrada por los
Magistrados Jorge Arango Mejía, Vladimiro Naranjo Mesa y Fabio Morón Díaz, se
pronuncia sobre la acción de la referencia en el grado jurisdiccional de
revisión, teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
El ciudadano RICARDO
PRIETO ROZO, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Constitución Política y desarrollada legalmente en los Decretos 2591 de 1991
y 306 de 1992, formuló demanda contra el señor FERNANDO ESCOBAR, representante
legal del AUTODROMO DE TOCANCIPA, para que se protejan los derechos
fundamentales a la tranquilidad, la salud y el medio ambiente sano, y en consecuencia
se ordene la suspensión inmediata de los eventos nocturnos que se realizan en
el autódromo, así como descontaminar visual y auditivamente la vereda de
Verganzo en el municipio de Tocancipá; igualmente, que se ordene el
aislamiento de ruidos como de otros factores que afectan a la comunidad, con
fundamento en los hechos y razones siguientes:
Según hace saber el
peticionario, últimamente en el autódromo de Tocancipá, se han venido
realizando carreras, denominadas "piques", en horas nocturnas, específicamente
los fines de semana y vísperas de festivos, eventos realizados por aficionados,
quienes además, con sus vehículos producen ruidos estrepitosos, con música
estridente, todo lo cual está afectando seriamente a los vecinos del autódromo
de Tocancipá, quienes deben soportar esta situación hasta altas horas de la
madrugada, en perjuicio de la tranquilidad y la salud de los habitantes del
sector cercano a los predios del autódromo mencionado, ubicado en la vereda
referida anteriormente del Municipio de Tocancipá.
LA PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Promiscuo
Municipal de Tocancipá, mediante sentencia de treinta (30) de noviembre de
1994, decide la acción de la referencia y resuelve: "Tutelar el derecho
solicitado por el señor Ricardo Prieto Rozo en favor de los vecinos del
Autódromo de Tocancipá", y con base en lo anterior "PROHIBIR en forma
definitiva la realización de eventos nocturnos, salvo las excepciones señaladas
dentro de las consideraciones del presente fallo, aclarando que bajo ninguna
circunstancia las competencias autorizadas podrán prolongarse más allá de las 9
de la noche, so pena de exponerse al cierre indefinido del establecimiento,
sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes", previas las siguientes
consideraciones:
- Que "Es del
caso analizar si el derecho que se está vulnerando por parte de los corredores
del autódromo y de la persona que permite la entrada a éstos, es o no
fundamental, si tenemos en cuenta que éstos son los mismos derechos humanos, se
puede afirmar sin lugar a dudas que la protección del medio ambiente y un
medio ambiente sano, son un derecho fundamental colectivo, tal como lo
contempla el artículo 79 de la Constitución Nacional, el cual reza que todas
las personas tienen derecho a un ambiente sano".
"Ahora bien,
encuentra el Despacho, que evidentemente en el presente evento se está
violando el derecho fundamental de un medio ambiente sano, libre de ruido, por
tal razón, el juzgado deberá tutelar tal derecho, eso sí, debiendo advertir que
no puede lesionarse con esto el que tienen los propietarios del autódromo de
ejercer su trabajo, ni a los automovilistas que viven de su profesión, toda vez
que conforme a la licencia de funcionamiento emanada de la Alcaldía Municipal,
y el certificado de constitución y gerencia, expedido por la Cámara de
Comercio, este es un establecimiento legalmente constituído y que funciona
conforme a la ley, de tal suerte que se tutelará el derecho en el sentido de
prohibir tajantemente las competencias nocturnas, con lo cual se perturba la
tranquilidad y descanso de los vecinos del mencionado autódromo".
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
La Competencia
Esta Corporación es
competente para conocer de esta revisión, de conformidad con lo establecido en
el inciso 2o. del artículo 86 y el numeral 9o. del artículo 241, ambos de la
Carta Política, desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de
1991.
La Materia
El caso en examen
comprende el amparo del derecho al medio ambiente libre de ruido, y su
concurrencia con otros derechos como la tranquilidad y la salud.
1. La Acción de
Tutela y los Particulares
Como quedó
consignado en los antecedentes de esta providencia, la acción de tutela que se
revisa fue interpuesta por el peticionario en contra de Fernando Escobar,
representante legal de la Sociedad Comercial Autódromos S.A., compañía que
administra y explota escenarios deportivos; empresa debidamente constituída de
acuerdo al certificado de existencia y representación legal expedida por la
Cámara de Comercio de Bogotá, de fecha 3 de octubre de 1994; razón por la cual
debe analizar esta Sala la viabilidad de la acción de tutela frente a
particulares. Al respecto dispone el artículo 86 de la Constitución Política
en su inciso quinto: "La ley establecerá los casos en que la acción de
tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio
público cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o
respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o
indefensión".
En efecto en este
inciso, la acción de tutela es consagrada por el Constituyente de 1991, también
frente al particular, cuando vulnera derechos fundamentales por acción o por
omisión, siempre que se cumplan los siguientes requisitos legales:
a) Que esté
encargado de la prestación de un servicio público;
b) Que su conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo; y
c) Que respecto de
ellos el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
Respecto de las
razones por las cuales la acción de tutela resulta procedente contra
particulares que se encuentran en una de las tres situaciones señaladas en la
disposición citada, esta Corporación ha señalado:
"Las relaciones
entre los particulares discurren, por regla general, en un plano de igualdad y
de coordinación. La actividad privada que afecte grave y directamente el
interés colectivo, adquiere una connotación patológica que le resta toda
legitimación, máxime en un Estado social de derecho fundado en el principio de
solidaridad y de prevalencia del interés general. De otro lado, la
equidistancia entre los particulares se suspende o se quebranta cuando a
algunos de ellos se los encarga de la prestación de un servicio público, o el
poder social que, por otras causas, alcanzan a detentar puede virtualmente
colocar a los demás en estado de subordinación o indefensión. En estos eventos,
tiene lógica que la ley establezca la procedencia de la acción de tutela contra
los particulares que prevalecidos de su relativa superioridad u olvidando la
finalidad social de sus funciones, vulneren los derechos fundamentales de los
restantes miembros de la comunidad (CP art. 86). La idea que inspira la tutela,
que no es otra que el control al abuso del poder, se predica de los
particulares que lo ejercen de manera arbitraria." (Corte Constitucional,
sentencia T-251 de junio 30 de 1993. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
En este orden de
ideas, la acción de tutela procede contra particulares cuando se afecte grave y
directamente el interés colectivo, esto es, un interés que abarca un número
plural de personas que se ven afectadas por la conducta nociva desplegada por
un particular. Ahora bien, la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando
se presentan situaciones en las que los denominados "derechos
colectivos" como la paz, la salubridad pública, la moral administrativa o
el medio ambiente, entre otros, afectan a una o varias personas identificadas.
2. La libertad
económica y de empresa en relación con el mantenimiento de un ambiente sano.
El artículo 333 de
la Carta garantiza el libre ejercicio de la actividad económica y de la
iniciativa privada, junto con la facultad de los asociados de desarrollarse
económicamente a través de la empresa, buscando el progreso individual y
social dentro de los límites del bien común, dicho en otros términos la
libertad económica y de empresa son posibles siempre y cuando no atenten contra
las condiciones de la vida social, esto es, el mejoramiento de la calidad de
vida de la comunidad y el respeto y acatamiento de los derechos y deberes de
unos y otros, premisa que se predica tanto de los particulares como de la
autoridad pública.
Una de las
condiciones fundamentales para el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas es la de gozar de un ambiente sano. Esto, que ostenta la doble
calidad de derecho-deber, encuentra respaldo constitucional en la necesidad
universal de amparar el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física
y emocional de las personas.
La preservación y
conservación del ambiente es una responsabilidad que compromete la acción
conjunta del Estado y de los particulares. Dentro de este orden de ideas, el
deber del empresario es permanente y genérico, ya que la capacidad de todo empresario
de derivar derechos del libre ejercicio del derecho al trabajo a su vez
significa una correlativa obligación social y ecológica nacida del artículo 25
y 58 superiores. En consecuencia el particular al realizar su actividad
económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo, con el fin de no
causar deterioro al medio ambiente y reducir a sus más mínimas consecuencias la
perturbación producida al ecosistema, dentro de los niveles permitidos por las
autoridades administrativas, y ello dentro del principio constitucional de que
la propiedad es una función social que implica obligaciones y que tiene una
función ecológica. Por tanto, el desarrollo de una actividad lícita, protegida
por la ley y el Estado, no puede considerarse en términos absolutos, pues está
visto, que la preservación del medio ambiente sano, además de ser un deber
inalterable e incondicional, es permanente, pues implica la dignidad humana de
todos los miembros de la colectividad.
3. La
tranquilidad como derecho fundamental protegido
Sea lo primero
advertir que el derecho a la vida comporta la dimensión integral del hombre
como ser digno; en consecuencia la vida digna exige un mínimo de bienes
internos, y dicho en otros términos, toda persona tiene derecho a vivir en
condiciones de paz y tranquilidad. La paz como derecho supone la relación
social, se manifiesta como la convivencia ordenada entre los ciudadanos. La
tranquilidad individual es un derecho personalísimo derivado de la vida digna,
es una tendencia inherente al ser personal y un bien jurídicamente protegible
que comprende el derecho al sosiego, que se funda en un deber constitucional,
con lo cual se mira el interés general. De ahí que jurídicamente sea diferente
el derecho constitucional a la paz, que es un derecho social, con el derecho a
la tranquilidad de una persona que es una prerrogativa subjetiva; luego, cuando
éste se perturba existen otras vías judiciales distintas a la acción de tutela,
salvo el caso que se ocasione un perjuicio irremediable. Es evidente que el ser
humano tiene derecho a la tranquilidad y como tal este derecho constituye un
bien jurídico protegible por el Estado y la sociedad; es así como la
tranquilidad es uno de los deberes previstos en el artículo 95, numeral 6
Superior.
4. El Derecho al
Medio Ambiente Libre de Contaminación Visual y Auditivo
Examinando el caso
concreto, encuentra la Sala que si bien es cierto pueden existir hechos que
originan molestias en la salud, que atentan contra el medio ambiente como la
cercanía a focos de ruido, no existe prueba alguna en el expediente que
demuestre efectivamente que se está afectando la salud o la vida del
peticionario, caso en el cual sí es procedente la protección por medio de la
tutela, pero es indispensable demostrar que existe un nexo entre la causa o
la contaminación por ruido, provocada por la actividad automovilística, y el
daño a la salud.
Esta Corporación, en
su doctrina jurisprudencial ha expuesto:
"Desde este
punto de análisis se considera que una acción de tutela instaurada por persona directa
y ciertamente afectada (artículo 10 del Decreto 2591 de 1991) puede
prosperar en casos como el que se estudia, claro está sobre la base de una prueba
fehaciente sobre el daño soportado por el solicitante o respecto de la
amenaza concreta por él afrontada en el campo de sus derechos fundamentales
(artículo 18 Decreto 2591 de 1991). Igualmente deberá acreditarse el nexo
causal existente entre el motivo alegado por el peticionario para la
perturbación ambiental y el daño o amenaza que dice padecer. Unicamente de la
conjunción de esos tres elementos puede deducirse la procedencia de la acción
de tutela para que encaje dentro del artículo 86 de la Constitución."
(Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-437 de 1992, Sala Tercera de Revisión).
En este orden de
ideas, para esta Sala de revisión, es apenas lógico, que entre la acción u
omisión respecto de la cual se propone la tutela y el daño causado al derecho
o el peligro que éste afronte, debe existir un nexo de causalidad. En otros
términos, la protección judicial no tiene cabida sino sobre el supuesto de que
el motivo de la lesión actual o potencial del derecho invocado proviene
precisamente del sujeto contra el cual ha sido invocada la demanda, bien por
sus actos positivos o por la negligencia que le sea imputable.
La situación
expuesta adquiere relevancia cuando por esta vía se acude al juez de tutela
para obtener amparo en relación con hechos cuyo tratamiento constitucional, por
afectar derechos e intereses colectivos, es normalmente el de las acciones
populares, pero que caen excepcionalmente dentro del ámbito propio y natural
de la acción de tutela, cuando simultáneamente implican ataque o amenaza a
derechos fundamentales de personas determinadas.
En el caso sub
exámine es claro que, en cuanto a la diferencia que existe entre estos dos
tipos de acciones como instrumento de protección del ambiente, esta Corporación
ha expresado:
"...la Carta de
1991 es explícita en adoptar el modelo que consagra el "Derecho al goce de
un ambiente sano" no como un derecho constitucional fundamental, sino como
un derecho y un interés constitucional de carácter colectivo; en este sentido
la Acción de Tutela, cuyos fundamentos se examinan más arriba, no es procedente
para obtener de manera autónoma su protección como lo proponen los actores,
pues, como se vió, aquella procede para obtener el amparo de los derechos
constitucionales fundamentales y no el de otros derechos que, como los
colectivos, deben perseguirse judicialmente por virtud del ejercicio de las
Acciones Populares o de las Acciones de Clase o de Grupo en los términos de su
regulación legal". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia T-067
del 24 de febrero de 1993. M.P.: Drs. Fabio Morón Díaz y Ciro Angarita Barón).
"...la defensa
del ambiente sano concierne a la comunidad en cuanto tal y para el amparo de
los derechos que a ella corresponden ha sido previsto el mecanismo de las
acciones populares que, en ese sentido, tienen un objeto diferente al de la
acción de tutela. Eso explica el porqué de la norma contenida en el artículo
6º, numeral 3, del Decreto 2591 de 1991, a cuyo tenor no procede la acción de
tutela cuando se pretenda proteger los derechos mencionados en el artículo 88,
a menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
Pero si, además, una
persona individualmente considerada puede probar que la misma causa
(perturbación del medio ambiente) está afectando o amenazando de modo directo
sus derechos fundamentales o los de su familia, al poner en peligro su vida, su
integridad o su salubridad, cabe la acción de tutela en cuanto a la protección
efectiva de esos derechos fundamentales en el caso concreto, sin que
necesariamente el amparo deba condicionarse al ejercicio de acciones
populares".
(...)
"Desde este
punto de análisis se considera que una acción de tutela instaurada por
persona directa y ciertamente afectada (artículo 10 del Decreto 2591 de 1991)
puede prosperar en casos como el que se estudia, claro está sobre la base de
una prueba fehaciente sobre el daño soportado por el solicitante o respecto de
la amenaza concreta por él afrontada en el campo de sus derechos fundamentales
(artículo 18 Decreto 2591 de 1991). Igualmente deberá acreditarse el nexo
causal existente entre el motivo alegado por el peticionario para la
perturbación ambiental y el daño o amenaza que dice padecer. Unicamente de la
conjunción de esos tres elementos puede deducirse la procedencia de la acción
de tutela para que encaje dentro del artículo 86 de la Constitución".
(Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-437 del 30 de
junio de 1992).
De esa manera,
entonces, en principio no puede acudirse a la acción de tutela para la defensa
del ambiente -derecho de carácter colectivo-, ya que para el efecto se han
instituído constitucional -artículo 88- y legalmente -arts. 1005 y s.s. C.C.-
las acciones populares. Ello no se opone, sin embargo, a la tutela del derecho
individual de quien, siendo parte de la comunidad, es afectado o amenazado en
forma directa por la contaminación del ambiente, pues su salud y aun su vida
están de por medio, ello siempre y cuando, como lo ha sostenido la
jurisprudencia constitucional, se acredite el nexo causal existente entre el
motivo alegado por el peticionario para la perturbación ambiental y el daño o
amenaza que dice padecer. Unicamente de la conjunción de esos tres elementos
puede deducirse la procedencia de la acción de tutela para que encaje dentro
del artículo 86 de la Constitución y sea viable el amparo.
Desde luego, para
que los eventos indicados tengan cabida, es indispensable que, quien ejerce la
acción de tutela, pruebe que en realidad, dentro de sus circunstancias y de
manera fehaciente, están en peligro o sufren lesión sus propios derechos
fundamentales (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-376 del 7 de septiembre
de 1993), pues de lo contrario la tutela será improcedente, debiendo acudir el
afectado a los otros medios de defensa judicial previstos en la Constitución y
la ley, a saber, las acciones populares o de clase.
Por lo anteriormente
expuesto, considera la Sala que no basta alegar que existe una determinada
contaminación ambiental por exceso de ruido y ni siquiera existe prueba de que
se sufre de una afección en cuya virtud se corra el peligro de perder la vida
o disminuir el funcionamiento vital o integral de los elementos a la salud. En
efecto, en el caso subexámine, el médico de planta del Hospital Divino Salvador
del Municipio de Sopó, mediante oficio No. OPT-038, dirigido a esta
Corporación, practicó valoración médica al peticionario y su familia, y
manifestó que: "cinco (5) personas adultas, cuatro (4) en perfectas
condiciones y una (1) de 74 años de edad con cambios propios de la edad, en
cuanto a agudeza auditiva. Cuatro (4) menores de edad con exámenes normales.
En cuanto al estado emocional se considera normal", con lo cual se colige
que no existe violación al derecho fundamental a la salud del demandante y su
núcleo familiar.
Para esta Sala de
revisión, existe igualmente una mera probabilidad, que no puede llevar al juez
de tutela, como en el caso del a-quo, a la entera certidumbre sobre esa
relación de conexidad. En efecto, al contar el autódromo con las facilidades
necesarias para desarrollar algunas pruebas nocturnas, las cuales no se
prolongan más allá de las 10 de la noche, tal como lo resalta el informe
técnico de la "Federación Colombiana de Automovilismo", rendido ante
esta Corporación, el cual afirma que: "aunque no existe una regulación
específica, para los efectos de controlar los ruidos provenientes de las
competencias realizadas en autódromos se suele utilizar mecanismos tales como
barreras a base de arborización e interposición de vallas, las cuales vienen
siendo empleadas en forma profusa por parte de la los propietarios del
autódromo de Tocancipá".
En el fallo que se
revisa dice el accionante que la proximidad de su vivienda al Autódromo
Internacional de Tocancipá, lo está afectando al igual que a su familia en su
tranquilidad y salud por el ruido producido por la actividad deportiva nocturna
de los automóviles durante los fines de semana y días festivos, en las
competencias denominadas por la afición, "piques".
Examinando el caso
concreto, encuentra la Sala que, si bien es cierto pueden existir los hechos
que originan la perturbación a la tranquilidad, a la calidad de vida de los
vecinos del Autódromo Internacional de Tocancipá y a la salud, que atentan
contra el medio ambiente, no existe prueba alguna que demuestre que
efectivamente se está afectando la salud del peticionario y de su familia y que
esta afectación se deba necesariamente a la proximidad con el Autódromo
Internacional de Tocancipá.
La Corte ha
reiterado que el medio ambiente per se no es un derecho fundamental, pero
cuando existe la violación de un derecho como la salud o la vida, es posible
obtener la tutela, pero debe probarse la relación causal entre la actividad y
el daño a la salud. Sea lo primero advertir que las pruebas que obran en el
expediente, dentro de las cuales se destacan los testimonios recibidos y la
inspección judicial practicada por el juzgado de primera instancia, permiten
concluir que el ruido producido por las carreras nocturnas en los fines de
semana y días festivos constituye una grave molestia. Para la Sala configura un
hecho cierto el molesto ruido que la actividad deportiva nocturna produce, y el
perjuicio que éste le puede causar a la tranquilidad y a la calidad de vida del
demandante, pues del material probatorio contenido en el proceso sub exámine,
se concluye que los ruidos resultan, para quienes habitan en cercanías del
autódromo "exhorbitantes" y "estrepitosos". Siendo así, la
situación descrita afecta indudablemente la calidad de vida del peticionario y
la deteriora hasta el grado de atentar directamente contra su tranquilidad. En
consecuencia, debe reconocerse el estado de indefensión en que se halla el
solicitante; no obstante lo anterior, la Sala acepta que el derecho fundamental
a la tranquilidad del peticionario puede verse amenazado e incluso vulnerado
por el ruido que produce la actividad de los automotores deportivos, pero no
puede deducir que esta situación haya afectado efectivamente la salud, y en
particular la integridad física del peticionario y su familia. Por el
contrario, el examen médico referido anteriormente, conduce a esta Sala de
Revisión, a arribar a una conclusión distinta, la no existencia de daños a la
salud del peticionario y su familia.
Por otra parte, la
Sala reconoce el hecho de que la sociedad comercial Autódromos S.A., obtuvo de
las autoridades municipales competentes de Tocancipá los permisos necesarios
para desempeñar su actividad, esto es, la licencia provisional para un
autódromo internacional, cuya fecha de expedición es de julio 25 de 1994, hasta
el 31 de diciembre del mismo año (folio 18 del expediente).
La anterior
consideración demuestra que si bien la parte demandada se encuentra en el
ejercicio de una actividad legítima y debe gozar, por tanto de las garantías
para ejercer su derecho al trabajo y a la libertad de empresa, no obstante no
puede olvidarse que a ella le asiste la responsabilidad de preservar y
conservar el medio ambiente, en especial el deber de evitar la contaminación
auditiva y visual, según se explicó anteriormente.
Para la Sala es
claro que el asunto bajo examen no permite adoptar una solución que perjudique
los derechos fundamentales de las partes intervinientes en este proceso, esto
es, la calidad de vida y la tranquilidad por una parte y el trabajo y la
libertad de empresa y la iniciativa privada por la otra. En consecuencia,
teniendo en cuenta la licencia de funcionamiento provisional, esta Sala de
revisión ordenará que se adopten las medidas necesarias a fin de evitar las
competencias nocturnas no autorizadas en el calendario deportivo, excepto
aquellas que previamente han sido organizadas y autorizadas por la Federación
Colombiana de Automovilismo Deportivo cuya realización comprenda un período
nocturno, aclarándose que el tiempo de competencia no podrá exceder de las
10:00 p.m..
Igualmente la
sociedad propietaria del Autódromo Internacional de Tocancipá debe ejercer los
correctivos idóneos para reducir el ruido a niveles tolerables, tales como
mejorar los terraplenes, las vallas metálicas y la arborización, teniendo en
cuenta el marco normativo sobre contaminación auditiva y visual, regulado por
las autoridades competentes del Departamento de Cundinamarca y del municipio de
Tocancipá, y así lograr solucionar el problema que sufre el peticionario y su
familia.
En mérito de lo
expuesto, la Sala de revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Revocar la sentencia del Juez Promiscuo
Municipal de Tocancipá, de fecha treinta (30) de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro (1994), que concedió la acción de tutela por las razones
expuestas en esta providencia, pero sin embargo se ordena a las autoridades
municipales de Tocancipá y a la División de Factores de Riesgo al Ambiente de
la Secretaría de Salud de Cundinamarca, que dispongan lo pertinente a fin de
garantizar el derecho a la tranquilidad y al ambiente sano del tutelante y el
derecho al trabajo y de empresa de la Sociedad Comercial Autódromos S.A.,
propietaria y administradora del Autódromo Internacional de Tocancipá.
Segundo.- Prohibir la realización de eventos
nocturnos no autorizados por la Federación Colombiana de Automovilismo, excepto
las carreras internacionales cuya realización comprenda un período nocturno a
lo largo del año, ajustándose a la programación internacional del deporte
automovilístico, aclarándose que tales competencias no podrán exceder de las
10:00 p.m.
Tercero.- Ordenar que por Secretaría General de esta
Corporación se envíen copias de esta providencia al señor Alcalde Municipal de
Tocancipá, y a la División de Factores de Riesgo al Ambiente de la Secretaría
de Salud y Asistencia Pública de Cundinamarca, para los fines pertinentes.
Cuarto.- Ordenar que por Secretaría General de esta
Corporación se comunique el contenido de esta providencia al Juzgado Promiscuo
Municipal de Tocancipá, en la forma y para los efectos previstos en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase.
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
411 | T-227-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-227/95
_DERECHO A LA
IGUALDAD-Vulneración/HIJO
EXTRAMATRIMONIAL-Trato discriminatorio /BANCO DE LA REPUBLICA-Inaplicación
de reglamento
La entidad
demandada, al aplicar a los demandantes el reglamento de inscripción de
beneficiarios, por un hecho del padre -haber constituído otra familia estando
separado de hecho-, dió a los actores un trato discriminatorio en razón de su
origen familiar, y con tal actuación el Banco de la República violó su derecho
a la igualdad, y su derecho a obtener el mismo trato que les correspondería si
fueran hijos matrimoniales. La acción de tutela sí procede en contra del Banco
de la República en casos como el que se revisa, en los que dicha entidad viole
o amenace los derechos fundamentales de las personas. Y aún procedería en
contra de un particular que intentara limitar a otro el ejercicio de tales
derechos, mediante restricciones consagradas en una convención colectiva o en
los reglamentos que la hacen aplicable.
BANCO DE LA
REPUBLICA-Modificación de
reglamento interno
El Banco de la
República que proceda a modificar su reglamento interno, a fin de adecuarlo a
los mandatos de la Constitución Política de la República y evitar que se sigan
presentando casos de discriminación como el que motivó el presente proceso.
Ref.: Expediente No. T-56484
Acción de tutela en
contra del Banco de la República por presunta violación de los derechos a la
igualdad, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, así como los
derechos de la familia y los de los menores.
Temas:
Los hijos habidos en
el matrimonio o fuera de él tienen iguales derechos y obligaciones.
Procedencia de la
acción de tutela.
Inexistencia de otro
mecanismo de defensa judicial.
Actor: Armando Rafael y Edilberto Bolívar Juliao
Magistrado
Ponente: Carlos Gaviria
Díaz
Santafé de Bogotá
D.C., veinticinco (25) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Cuarta de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados José
Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria Díaz,
este último en calidad de ponente,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN,
procede a dictar
sentencia en el grado jurisdiccional de revisión, después de considerar los
siguientes
ANTECEDENTES
1. HECHOS.
Los actores son
hijos de Armando Bolívar Escobar y Ana Isabel Juliao Polo; Edilberto nació el
22 de diciembre de 1976 y Armando Rafael el 28 de noviembre de 1980.
Armando Bolívar
Escobar ostenta la calidad de pensionado del Banco de la República desde el 1°
de octubre de 1993.
El Banco de la
República estableció para sus trabajadores, pensionados, y familiares de ellos,
el derecho a recibir auxilios extralegales por educación y atención médica
(aunque no figura en el expediente la fecha en que esto ocurrió, el hecho es
aceptado por ambas partes); posteriormente, el derecho a esos auxilios fué
incorporado en los artículos 28 a 39 de la convención colectiva vigente al
momento de la demanda.
El 23 de junio de
1994, Armando Bolívar Escobar solicitó al gerente del Banco el reconocimiento y
pago del auxilio educativo y la prestación de los servicios médicos para sus
hijos extramatrimoniales Edilberto y Armando Rafael.
“El Banco de la
República, por medio del oficio 1088 de julio 21 de 1994 le informó lo
siguiente: ´...para poder reconocerle el auxilio educacional y de servicios
médicos a sus hijos EDILBERTO Y ARMANDO BOLÍVAR JULIAO, tienen que cumplir los
requisitos exigidos por el banco para tal fin, dentro de los cuales se
especifica que para la inscripción de hijos habidos con posterioridad a un
matrimonio legítimo, debe presentarse copia de la sentencia de separación
de cuerpos del empleado o pensionado y del cónyuge, si existió un vínculo
anterior, declaración extrajuicio de 2 testigos que certifiquen la permanencia
de la relación de los padres por más de un año´ (folio 2).
Según afirman los
actores, sus padres viven como pareja estable desde hace más de 10 años, y su
progenitor se separó de hecho de su esposa antes de iniciar tal convivencia,
razón por la cual “...le resulta imposible cumplir con los requisitos que exige
el Banco”.
2. DEMANDA DE
TUTELA.
Ante la situación
planteada, Edilberto y Armando Bolívar Juliao presentaron demanda de tutela el
27 de septiembre de 1994, aduciendo que la actuación del Banco de la República
les vulnera sus derechos a la igualdad, a la intimidad, y al libre desarrollo
de la personalidad, así como viola el régimen constitucional de la familia y
los derechos de los niños.
En su libelo, los
actores solicitan que se les tutelen los derechos fundamentales violados y se
ordene al Banco de la República reconocer su derecho al pago de los auxilios
médico, quirúrgico, odontológico y educativo.
3. FALLO DE
PRIMERA INSTANCIA.
El Juzgado Quinto de
Familia de Barranquilla conoció del proceso en primera instancia, decretó las
pruebas que consideró conducentes, escuchó las razones de la entidad demandada,
y resolvió tutelar los derechos constitucionales reclamados por los actores,
considerando:
El medio alterno
propuesto por la entidad bancaria como adecuado para la defensa de los derechos
de los demandantes, proceso ordinario laboral, no alcanza a enervar la
procedencia de la acción de tutela, pues por tal vía, si la defensa no resulta
nugatoria, al menos sí será tardía.
Los derechos
alegados por los accionantes y vulnerados por el Banco de la República son
fundamentales, y sus titulares son menores que requieren de una protección
especial de parte del Estado.
La convención
laboral y el reglamento del Banco de la República no pueden establecer
discriminaciones prohibidas por la Constitución; mucho menos, si ellas afectan
a menores de edad.
Los derechos
reclamados por los actores, si bien fueron hechos expresos en normas
convencionales y reglamentarias, no dejan de ser el desarrollo, para el caso,
de sus derechos fundamentales.
4. IMPUGNACIÓN.
El Banco de la
República hizo llegar al Juzgado Quinto de Familia del circuito de Barranquilla
un oficio en el que da cuenta de su acatamiento a la decisión de primera
instancia; sin embargo, descontento con ella, la impugnó oportunamente por
medio de apoderado especial, aduciendo las siguientes razones:
El Banco de la
República no es un ente encargado de la prestación de los servicios públicos de
educación y salud, razón por la cual no puede violar tales derechos.
El servicio público
de seguridad social se presta en los términos de la ley; dando aplicación a la
Ley 100 de 1993, el Seguro Social de Barranquilla, al cual está afiliado el
padre de los demandantes, amplió sus servicios médicos a los familiares de los
afiliados y pensionados antes de la presentación de la demanda de tutela.
Teniendo los actores
a su disposición la acción ordinaria laboral, no procede la tutela.
Ya que existe otro
mecanismo judicial de defensa de los derechos, la tutela, en caso de poderse
conceder, tendría que otorgarse de manera transitoria y no definitiva.
La convención
colectiva suscrita entre el Banco de la República y el Sindicato, sólo obliga a
esas partes contratantes, y no a terceros ajenos a la relación de trabajo.
La decisión viola el
derecho a la igualdad, porque obliga a conceder el derecho a quienes no han
cumplido con los requisitos reglamentarios, en detrimento de quienes sí los
llenaron.
La tutela no es la
vía adecuada para pretender el cumplimiento de normas de inferior categoría a
la Constitución.
Como el Banco de la
República no está encargado de la prestación del servicio público de la
educación, no se le puede demandar para proteger los derechos consagrados en
los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38.
Ya que el Banco no está
encargado de prestar el servicio público de salud, tampoco procede en su contra
la tutela cuando con ella se pretende proteger los derechos a la vida, la
intimidad, la igualdad y la autonomía.
5. FALLO DE
SEGUNDA INSTANCIA.
Con ponencia de la
Magistrada Carmiña González Ortiz, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla, Sala Dual de Familia, decidió revocar la sentencia de primera
instancia, y en su lugar denegar la tutela, considerando:
La convención
colectiva del Banco de la República no sólo tiene origen en esa entidad, sino
también en el Sindicato, que fué la otra parte contratante.
Para obtener los
auxilios extralegales que los actores reclaman, se consagraron en esa convención
unos requisitos que deben cumplir todos los beneficiarios.
No existe violación
de los derechos fundamentales de los actores.
Si lo que ocurre es
que los actores consideran que los requisitos establecidos no debían ser,
existen vías como la revisión de la convención, en la que las partes
contratantes se pueden poner de acuerdo en su cambio o supresión.
6. INSISTENCIA
DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
Aunque inicialmente
el proceso fue excluído de revisión por medio de auto del 31 de enero de 1995,
el Defensor del Pueblo insistió ante la Sala de Selección Número Tres, y el
proceso fue escogido según consta en el auto del 1° de marzo del presente año.
Según este
funcionario, en el presente proceso es patente la discriminación en contra de
los actores, y también lo es que la convención colectiva sólo le da una
apariencia de legalidad a la violación de la Constitución; por lo demás, no son
claras para él las afirmaciones sobre la existencia de otro mecanismo judicial
para la defensa del derecho conculcado.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. COMPETENCIA.
La Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de instancia proferidos
dentro del trámite del presente proceso, según los artículos 86 y 241 de la
Constitución Política. Según el reglamento interno, y el auto del 1° de marzo
de 1995 proferido por la Sala de Selección Número Tres, corresponde pronunciar
la sentencia a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas.
2. ASUNTOS A
RESOLVER.
Debe la Corte juzgar
si la entidad demandada, al negarse a pagar a los actores los auxilios
extralegales de educación y salud aduciendo el incumplimiento de unos
requisitos reglamentarios, violó o no sus derechos fundamentales, si procede la
acción de tutela en su contra, y si, en caso de ser concedida, puede serlo de
manera definitiva o sólo tendrá el carácter de mecanismo transitorio.
3. VIOLACIÓN DE
DERECHOS FUNDAMENTALES.
Los actores invocan
protección para el derecho consagrado en el artículo 42 de la Constitución
Nacional, a que su condición de hijos extramatrimoniales no sea usada para
excluírles del ejercicio de los derechos que les corresponden a los hijos de su
progenitor; a más de este derecho, íntimamente ligado con el de igualdad que
regula el artículo 13 Superior, aducen que a Armando Rafael también se le está
negando la protección especial que ordena la Carta para los menores en el
artículo 44.
Sobre el alcance del
derecho consagrado en el artículo 42 de la Carta Política, la Corte tuvo
oportunidad de pronunciarse en las Sentencias C-47/94 y C-105/94 (10 de febrero
y 10 de marzo respectivamente, Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía). De la
doctrina allí expuesta, los apartes referentes a la protección constitucional
de la familia y al origen familiar y la igualdad de derechos y obligaciones,
son relevantes para la revisión del presente caso. Dicen así:
-La familia en
la Constitución.
“El artículo 42 de
la Constitución comienza con una referencia expresa a la familia:
´La familia es el
núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla´.
“Y el inciso segundo
agrega: ´El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia.
La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable´.
“El texto de las
nomas implica, inequívocamente, lo siguiente:
“a) La
Constitución pone en un plano de igualdad a la familia constituída ´por
vínculos naturales o jurídicos´, es decir, a la que surge de la ´voluntad
responsable de conformarla´ y a la que tiene origen en el matrimonio”.
“b) ´El
Estado y la Sociedad garantizan la protección integral de la familia´,
independientemente de su constitución por vínculos jurídicos o naturales, lo
cual es consecuencia lógica de la igualdad de trato”.
“c) Por lo mismo, ´la honra, la dignidad y la
intimidad de la familia son inviolables´, sin tener en cuenta el origen de la
misma familia”.
“d) Pero la igualdad está referida a los derechos
y obligaciones, y no implica identidad. Prueba de ello es que el mismo artículo
42 reconoce la existencia del matrimonio”.
“En conclusión:
según la Constitución, son igualmente dignas de respeto y protección las
familias originadas en el matrimonio o constituídas al margen de éste”.
-El origen
familiar y la igualdad de derechos y obligaciones.
“Ya vimos cómo la
igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos legítimos,
extramatrimoniales y adoptivos establecida por el artículo 1° de la ley 29 de
1982, fue consagrada por el inciso sexto del artículo 42 de la Constitución.
Ante sus padres, pues, estas tres clases de hijos tienen iguales derechos y
obligaciones”
“Lo anterior lleva a
una conclusión lógica y justa: así como antes la desigualdad y la
discriminación se transmitían de generación en generación, ahora la igualdad
pasa de una generación a la siguiente. Basta pensar en los sentimientos de los
hombres, para entender porqué la discriminación ejercida contra el hijo afecta
a su padre, como si se ejerciera contra él mismo”.
“En apoyo de esta
tesis, está el inciso primero del artículo 13 de la Constitución: ´Todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica´. Es
evidente que la igualdad pugna con toda forma de discriminación basada en el
orígen familiar, ya sea ejercida contra los hijos o contra descendientes de
cualquier grado”.
Inicialmente debe
aclararse que el origen de la presente acción no son las normas convencionales
vigentes para el Banco de la República y sus trabajadores y pensionados. En la
convención colectiva (folios 43 a 61), se puede verificar: 1) que en los
artículos 28 a 39 se establecen los auxilios extralegales reclamados por los
actores; 2) que los beneficiarios de ellos son los trabajadores y pensionados
del Banco, sus hijos -sin que se establezca en esas normas distinción alguna
entre ellos-, y los familiares; 3) que los beneficiarios deben ser inscritos en
la administración de la entidad de acuerdo con el reglamento interno.
Es en ese reglamento
interno que rige la inscripción de los beneficiarios, en donde se origina el
conflicto a resolver con la presente acción, pues es allí donde la entidad
demandada estableció tres categorías de hijos de sus trabajadores y
pensionados: 1) la de los nacidos de la primera unión marital, que pueden ser
inscritos sin cumplir los requisitos que se exigieron a los actores; 2) la de
los habidos en la segunda o posteriores uniones -caso de los demandantes-, que
tendrán que aportar la sentencia de separación de cuerpos del empleado o
pensionado y su cónyuge, así como declaración extrajuicio de 2 testigos que
certifiquen la permanencia de la relación de los padres por más de un año, o no
serán inscritos; y 3) la de los habidos por fuera de la unión permanente que
los trabajadores y pensionados mantienen, los que no podrán ser inscritos como
beneficiarios mientras esa relación de pareja subsista, pues su permanencia les
imposibilita cumplir con los requisitos exigidos.
La justificación
para establecer tales categorías y diferenciar a los miembros de ellas en lo
relativo a la efectividad de los auxilios extralegales convencionalmente
establecidos, fue claramente expresada por el gerente del Banco de la República
en Barranquilla, quien manifestó al juez de primera instancia: “...la situación
que ahora se ventila no tiene nada que ver como aquí se ha querido dar a
entender, con la condición de hijos extramatrimoniales de los accionantes, pero
lo que sí iría contra la familia como núcleo fundamental de la sociedad y
contra su integridad, es pretender que bien al hombre o a la mujer, so pretexto
de las libertades, de la intimidad y de los derechos fundamentales, les sean
protegidos o fomentados supuestos derechos a conformar distintas familias o
uniones y a que, en el caso de los empleadores, éstos deban asumir la
responsabilidad de sostenimiento que constitucionalmente ante todo a los padres
compete, pues todo ello sí que menguaría la integridad de la familia y por el
contrario propendería a su desintegración como núcleo fundamental de la sociedad”
(folio 42).
Según las pruebas
que obran en el expediente, tanto las normas convencionales en comento, como el
reglamento de inscripción de los beneficiarios de auxilios en ellas
consagrados, tuvieron origen antes de la expedición de la actual Constitución;
es decir, antes de que se consagrara en la Carta la igualdad de derechos y
obligaciones para los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos. En
gracia de discusión puede aceptarse que las categorías y su justificación,
fueron constitucionales al momento de establecerse, y hasta que entró en
vigencia la Constitución de 1991, aunque eran contrarias a las normas de la Ley
29 de 1982.
Pero, a partir de la
vigencia de la actual Carta Política, es indudable que tales categorías (y su
justificación) riñen con el Estatuto Superior y, por tanto, adolecen de una
inconstitucionalidad sobreviniente similar a la que la Corte declaró en la
Sentencia C-105/94, respecto de algunas expresiones de varios artículos del
Código Civil. A la luz de la doctrina jurisprudencial establecida en los
apartes transcritos de esa providencia, esta Sala concluye que la entidad
demandada, al aplicar a Armando Rafael y Edilberto Bolívar Juliao el reglamento
de inscripción de beneficiarios, por un hecho del padre -haber constituído otra
familia estando separado de hecho-, dió a los actores un trato discriminatorio
en razón de su origen familiar, y con tal actuación el Banco de la República
violó su derecho a la igualdad -artículo 13 C.N.-, y su derecho a obtener el
mismo trato que les correspondería si fueran hijos matrimoniales -artículo 42
C.N.-.
Si bien el inciso
segundo del artículo 42 de la Constitución Nacional establece que: “El Estado y
la sociedad garantizarán la protección integral de la familia...”, tal norma no
otorga competencia a los particulares que conforman la sociedad para regular,
cada uno según sus preferencias, el derecho de las personas a conformar
distintas familias o uniones de pareja. El mismo artículo 42 de la Carta
específicamente encarga a la ley de reglamentar la separación, el divorcio y
los efectos de una y otro; en consecuencia, ni los particulares, ni una
autoridad distinta al Congreso de la República puede establecer limitaciones
jurídicamente válidas al comportamiento que, en virtud de la ley civil vigente,
pueden asumir las personas en materia de conformar o no otra relación de
pareja.
Para la revisión del
caso, el derecho a la igualdad implica: 1) que así el padre haya incurrido en
una o más faltas -lo que no se predica aquí del padre de los actores-, el hijo
-culquier clase de hijo-, nace libre e igual, ante el ordenamiento, al
descendiente del más virtuoso de los mortales, y cada quien, según el artículo
16 Superior, libremente decidirá en qué sentido -más o menos valioso
moralmente- desarrolla su personalidad; 2) que la garantía consistente en que
todas las personas gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades,
injustamente deja de ser efectiva cuando a alguien se le priva del ejercicio de
un derecho, el goce de una libertad o la posibilidad de aprovechar una
oportunidad, estigmatizándolo en razón de su origen familiar u otro de los
criterios proscritos en el artículo 13 de la Constitución.
Dadas las
consideraciones del fallo de segunda instancia, esta Sala no puede dejar de aclarar
que la violación de los derechos de los actores no surge de las normas
convencionales originadas en el acuerdo de voluntades del banco demandado y la
asociación de sus empleados y pensionados, sino de su aplicación a través del
reglamento de registro de beneficiarios, el cual fue establecido por el Banco
de la República; sobra recordar que las partes implicadas en un conflicto
colectivo pueden solucionarlo consagrando en la convención tantos derechos
extralegales como lleguen a acordar, así como transigiendo y conciliando sobre
todos los derechos inciertos y discutibles -artículo 53 C.N.-, pero no pueden
imponer restricciones a los beneficios mínimos consagrados en las leyes, ni
mucho menos limitar el ejercicio de los derechos fundamentales a las personas
que pertenecen a las entidades contratantes, o a terceros en cuyo favor se
estipule algo en la convención colectiva; en caso de hacerlo, las normas que
contengan tales restricciones y límites son inaplicables en los términos del
artículo 4 de la Constitución.
4. PROCEDENCIA DE
LA ACCIÓN DE TUTELA.
En ambas instancias,
el apoderado del Banco de la República insistió en que la acción de tutela no
era procedente, aduciendo como fundamento de su aserto las normas que regulan
la procedencia de esta acción en contra de particulares.
Sin embargo, esta
Sala no puede aceptar semejante intento de defensa; el artículo 371 de la
Constitución es inequívoco al señalar que el Banco de la República “...Estará
organizado como persona jurídica de derecho público..”, y aunque la misma norma
señala que estará sujeto a un régimen legal propio, ese régimen exclusivo no lo
sustrae de los controles constitucionalmente establecidos, tal y como se
precisó en la Sentencia C-529/93 -Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz-:
“La Corte no cree
que el Banco de la República, pese a ser un órgano constitucional autónomo e
independiente, quede sustraido de los controles político, judicial,
administrativo y fiscal, entre otros, que la propia Constitución determina y a
los cuales se ha hecho referencia. Sostener esto último quebrantaría toda la
estructura del Estado Colombiano como Estado de derecho y república unitaria y
democrática. De hecho, las funciones básicas atribuídas al Banco se deben
cumplir con estricta sujeción a la Constitución y a la ley. De otra parte, los
controles existentes garantizan que ese novísimo órgano constitucional no quede
cubierto con un manto de silencio y de oscuridad y se torne en parcela
tecnocrática oculta y aislada del Estado. El control del Presidente, del
Congreso, de la Procuraduría, de la Contraloría General de la República y de la
Justicia, de suyo desvanecen cualquier pretensión de invisibilidad que pudiera
abrigarse respecto de las actuaciones y operaciones de la entidad...”
Queda claro entonces
que la acción de tutela sí procede en contra del Banco de la República en casos
como el que se revisa, en los que dicha entidad viole o amenace los derechos
fundamentales de las personas. Y aún procedería en contra de un particular que
intentara limitar a otro el ejercicio de tales derechos, mediante restricciones
consagradas en una convención colectiva o en los reglamentos que la hacen
aplicable.
5. INEXISTENCIA
DE OTRO MECANISMO JUDICIAL DE DEFENSA.
En la primera
instancia, el representante legal del Banco de la República en Barranquilla
alegó que en este caso no procede la tutela por que los actores cuentan con la
acción ordinaria laboral para la defensa judicial de sus derechos; en su fallo,
el a-quo consideró que el proceso laboral ordinario “...no alcanza a
enervar la procedencia de la tutela, pues por tal vía, si la defensa no resulta
nugatoria, al menos sí será tardía”.
En cambio en la
segunda instancia, el apoderado judicial del Banco de la República adujo que
los actores no estaban legitimados para demandar del Banco el cumplimiento de
la convención colectiva, pues ellos no hacen parte de la relación laboral que
sí legitima a los trabajadores y pensionados de la entidad bancaria. El ad-quem
denegó la tutela, entre otras razones porque, si se considera que los
requisitos establecidos no deben ser, para cambiarlos o suprimirlos las partes
contratantes cuentan con vías como la revisión de la convención.
Para la Sala es
claro que los actores no cuentan con acción ante la jurisdicción laboral, pues
entre ellos y el Banco de la República no existe ninguna relación de esa clase
de la cual se desprenda, directa o indirectamente, el conflicto objeto de esta
tutela. En estricto sentido, los actores son terceros, ajenos a la relación
laboral en virtud de la cual, quienes sí son partes de un contrato colectivo de
trabajo, consagaron en él una estipulación para otros.
Ahora bien: la
revisión de la convención, ni es un mecanismo judicial de defensa de los
derechos violados en este caso, ni pueden acudir a ella los actores, por
carecer de legitimación para intentarlo. Así, ha de concluirse que no existe
otro mecanismo judicial de defensa y, por tanto, la tutela no sólo es
procedente, sino que lo es de manera definitiva.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en
nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. Revocar la sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Dual de Familia,
el 16 de noviembre de 1994, y en su lugar tutelar el derecho a la igualdad de
Armando Rafael y Edilberto Bolívar Juliao.
SEGUNDO. Ordenar al Banco de la República,
sucursal de Barranquilla, inscribir como beneficiarios de los auxilios
educacional y médicos, quirúrgicos y odontológicos contemplados en la
convención colectiva vigente, a Armando Rafael y Edilberto Bolívar Juliao,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia.
TERCERO. Ordenar al Banco de la República que
proceda a modificar su reglamento interno, a fin de adecuarlo a los mandatos de
la Constitución Política de la República y evitar que se sigan presentando
casos de discriminación como el que motivó el presente proceso.
CUARTO. Comunicar esta sentencia al Juzgado
Quinto de Familia de Barranquilla, para los fines contemplados en el artículo
36 del Decreto 2156 de 1991.
Comuníquese,
notifíquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado Ponente
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
412 | T-233-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-233/95
REGIMEN
DISCIPLINARIO DE PERSONAL MILITAR
En el interior de
la Policía debe imperar un régimen disciplinario estricto, que se aplique con
firmeza, imponiendo a los infractores las sanciones que merecen, como garantía
inapreciable para el logro de sus fines, para la sociedad y para el Estado. En
cuanto a los proceso disciplinarios que se cumplen en el seno de las
instituciones armadas, su trámite y definición son de carácter administrativo,
por lo cual es evidente que todo cuanto concierna a los medios de impugnación
contra las decisiones que se adopten se rige, en principio, por las reglas del Derecho
Administrativo.
PROCESO
DISCIPLINARIO/DEBIDO PROCESO/DERECHO DISCIPLINARIO
Mediante los
procedimientos disciplinarios se busca establecer si la persona sujeta a
determinado régimen incurrió en alguna de las conductas en él previstas y si es
responsable por ello, con el objeto de aplicarle las correspondientes
sanciones. Estas no pueden tener lugar sino sobre la base de haberse
desvirtuado en el caso concreto la presunción de inocencia que a todos
favorece, previo un proceso surtido ante autoridad competente y por los motivos
establecidos anticipadamente en la ley, proceso en el cual se le hayan brindado
todas las oportunidades de defensa. El Derecho disciplinario está supeditado en
su aplicación a las reglas constitucionales del debido proceso y, por ello, a
ese imperativo no escapan los procedimientos que se llevan a cabo en el
interior de los cuerpos armados para definir si sus miembros han quebrantado
las normas consagradas para cada uno de ellos dentro del correspondiente
régimen disciplinario.
DERECHOS
FUNDAMENTALES-Amenaza/PERJUICIO
IRREMEDIABLE/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Inaplicación del acto
El artículo 8º
del Decreto 2591 de 1991 establece que en los señalados eventos el juez de
tutela, si lo estima procedente, podrá ordenar que no se aplique el acto
particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se
solicita, mientras dure el proceso Contencioso Administrativo, sobre el
supuesto de que la protección permanecerá vigente sólo durante el término que
la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción
instaurada por el interesado. Este, en todo caso, debe ejercerla en un término
máximo de cuatro meses contados a partir del fallo de tutela, sin que, como
repetidamente lo ha dicho esta Sala, el amparo transitorio implique ampliación
de los términos de caducidad contemplados en el C.C.A. La posibilidad de
conceder este tipo específico de protección judicial es excepcional y, por
tanto, de interpretación estricta, está encaminada a ofrecer al titular del
derecho fundamental en peligro un medio expedito y eficaz para evitar daños
respecto de los cuales la decisión judicial definitiva llegaría demasiado tarde
y apenas haría factible un resarcimiento posterior, sobre la base de un hecho
cumplido.
PRINCIPIO NO
REFORMATIO IN PEJUS-Alcance
La prohibición de
reformar la condena en perjuicio del apelante único no solamente es aplicable
en materia penal, ni tampoco está limitada a las sentencias judiciales, sino
que, por el contrario, cobija otras ramas del Derecho y se hace exigible en las
actuaciones administrativas y particularmente en las disciplinarias, las cuales
son de clara estirpe sancionatoria.
LEY-Irretroactividad/PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD EN PROCESO DISCIPLINARIO
En el campo del
debido proceso, uno de los componentes más importantes de la garantía
constitucional radica en que toda persona, al ser juzgada, tan sólo puede serlo
con arreglo a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, lo que
repercute a la vez en que no se le podrán imponer sanciones establecidas por el
legislador después de ocurridos los hechos materia del juicio. La
irretroactividad de la ley se predica, en materia punitiva, tanto de las
conductas sancionables como de las sanciones que la autoridad puede imponer. En
el terreno disciplinario, el principio de favorabilidad es también obligatorio,
toda vez que la actuación correspondiente culmina con una decisión en torno a
la responsabilidad del incriminado y a la aplicabilidad de una sanción por la
conducta imputada. Entonces, si la autoridad encargada de resolver sobre un
proceso disciplinario desconoce la norma favorable, atendiendo tan sólo al
tiempo de vigencia de la ley, vulnera el debido proceso.
SANCION
DISCIPLINARIA-Inaplicación/ACCION
DE TUTELA TRANSITORIA
Debía prosperar
como en efecto prosperó la tutela solicitada, aunque transitoria, en desarrollo
del artículo 8º del Decreto 2591 de 1991. Esto, con el objeto de inaplicar las
sanciones impuestas al Capitán Rizzo y evitar así el perjuicio irremediable que
se le causa por la imposibilidad del ascenso a que aspira, del cual ha sido
excluído en razón de existir la providencia que las confirmó, expedida en
violación de las garantías procesales.
DEBIDO PROCESO-Vulneración por aplicación de régimen
anterior/SANCION DISCIPLINARIA
Al demandante le
fue violado por la Dirección General de la Policía Nacional su derecho al
debido proceso. De una parte, al resolver sobre la apelación por él interpuesta
contra el acto mediante el cual se lo sancionaba, dicha Dirección le aplicó un
régimen disciplinario nuevo, que no estaba vigente para la época de los hechos
materia del proceso disciplinario, y que, además, le era desfavorable, y, de
otra, en la segunda instancia se hizo más gravosa su situación jurídica, pese a
ser apelante único.
-Sala Quinta de Revisión-
Ref.: Expediente
T-58902
Acción de tutela
instaurada por EDWIN RIZZO RIVAS contra el Director General de la Policía
Nacional
Magistrado
Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de mayo de mil
novecientos noventa y cinco (1995).
Se revisa el fallo
proferido en el asunto de la referencia por el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Santa Fe de Bogotá.
I. INFORMACION PRELIMINAR
El actor es EDWIN
RIZZO RIVAS, oficial en servicio activo de la Policía Nacional en el grado de
Capitán, perteneciente a la Vigésima Cuarta Estación del Departamento de
Policía Metropolitana de Santa Fe de Bogotá.
Manifestó en su
demanda de tutela, incoada contra el Director General de la Policía, que
llevaba más de 13 años de servicios y que le habían sido otorgadas 11
condecoraciones y 63 felicitaciones.
De acuerdo con su
relato, durante el período comprendido entre el 7 de diciembre de 1992 y el 20
de marzo de 1993 desempeñó el cargo de Comandante del Cuarto Distrito de
Policía de Ocaña, Departamento de Norte de Santander.
El 20 de marzo de
1993, cuando hacía entrega del Comando al Capitán Hernán Cubides Rodríguez, se
descubrió un faltante de armamento en el almacén del mencionado Distrito de
Policía.
La Inspección
General de la Policía y el Comando del Departamento de Policía Norte de
Santander, invocando el Decreto Ley 100 de 1989, que consagra el Reglamento
Disciplinario de la Policía, inició y llevó a término la respectiva
investigación disciplinaria. Paralelamente se inició investigación penal por
intermedio del Juzgado 51 de Instrucción Penal Militar, adscrito a la
Inspección General de la Policía.
Según la demanda,
durante el transcurso de la investigación se estableció que se trataba de un
hurto continuado de armas que se venía cometiendo desde 1987 y que el autor y
directo responsable del ilícito, según su propia confesión, fue el Agente
Roberto Rosero Montero, armero y custodio del armamento del Distrito de Policía
de Ocaña desde 1984.
Al demandante y a
quienes, como él, habían sido comandantes del Cuarto Distrito de Policía de
Ocaña entre los años 1987 y 1993 se les vinculó a la investigación, no como
autores o partícipes del hecho delictivo sino por posible falta disciplinaria
de negligencia, tipificada en los numerales 26 y 32 del artículo 121 del
Decreto Ley 100 de 1989.
Dentro de tal
proceso, mediante providencias del 27 de junio y el 21 de julio de 1994, se
impuso al accionante la sanción disciplinaria de "separación absoluta de
la Policía", por cuanto se consideró que, en su calidad de Comandante,
había quebrantado las aludidas normas.
Por no estar de
acuerdo con la providencia de primera instancia, en tiempo oportuno el actor
interpuso los recursos de reposición y de apelación.
El Director General
de la Policía, a quien correspondía la decisión en segunda instancia, mediante
providencia del 19 de octubre de 1994, desestimó el recurso de apelación e
impuso a RIZZO RIVAS la sanción disciplinaria principal de destitución y la
accesoria de "no poder ejercer cargos públicos por el lapso de cinco
años".
La resolución
correspondiente se fundó en que el recurrente había cometido las infracciones
tipificadas en los artículos 39, ordinal 15, literal c), y 40 del Decreto Ley
2584 del 22 de diciembre de 1993, nuevo Reglamento de Disciplina y Etica de la
Policía Nacional, que, de acuerdo con la demanda de tutela, sólo entró a regir
el día 23 de enero de 1994 y, por tanto, no era aplicable a la situación del
actor.
Aseguró el
accionante que ninguna de las dos sanciones que le fueron impuestas en segunda
instancia estaban contempladas en el Decreto Ley 100 de 1989 y que éste
prohibía en su artículo 102 imponer sanciones disciplinarias diferentes a las
taxativamente previstas.
Estimó RIZZO RIVAS
que le fueron violados los derechos a un debido proceso, al juzgamiento con
sujeción a la ley preexistente y a la aplicación del principio de favorabilidad
(artículo 29 C.P.) y que, además, se agravó su situación pese a ser apelante
único (artículo 31 C.P.) y se le desconocieron sus garantías constitucionales
sobre desempeño de cargos públicos (artículo 40 C.P.) y de protección al
trabajo (artículo 25 C.P.).
II DECISION
JUDICIAL REVISADA
El Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, mediante sentencia del 7 de
diciembre de 1994, resolvió conceder la tutela impetrada, como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, en consecuencia, ordenó
al Director de la Policía Nacional suspender en forma inmediata y temporal la
ejecución del fallo disciplinario de fecha 19 de octubre de 1994.
Se concedieron
cuatro meses al accionante para instaurar acción contra el indicado proveído
ante la jurisdicción correspondiente y se dispuso que la tutela tendría efectos
tan sólo durante el término que la autoridad judicial ordinaria utilice para
decidir de fondo.
Para el Juzgado,
siendo que las normas legales tenidas en cuenta por la Dirección General de la
Policía al desatar la segunda instancia disciplinaria, esto es los decretos
2584 y 41 de 1994, resultaron posteriores al hecho imputado e investigado, el
juzgamiento no ha debido en modo alguno consultar esa legislación, pues hacía
más gravosa la situación del accionante, máxime cuando la legislación
preexistente, Decreto 100 de 1989, aplicada por la primera instancia, conservó
los postulados que inspiran la aplicación de la ley en el tiempo.
Significa lo
anterior -añadió- que el principio de ultractividad de la ley penal, deducido
por la segunda instancia disciplinaria, no resultaba de aplicación en la
decisión adoptada, menos aún cuando como consecuencia de la destitución
impuesta se hizo más gravosa la situación del accionante al imponerle la
sanción accesoria contenida en el artículo 87 del Decreto 41 de 1994, pues del
análisis de dicha norma se infiere a las claras que tiene eminentemente un
carácter restrictivo penal cuya aplicación está reservada exclusivamente a los
jueces de la República cuando el implicado resulte condenado en sentencia
ejecutoriada a la pena principal de prisión o arresto.
Consideró el Juzgado
que, como el accionante podía acudir a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa para obtener el restablecimiento de sus derechos mediante la
acusación del acto del 19 de octubre de 1994, no era del caso ordenar por la
vía de la tutela la reparación inmediata del derecho al debido proceso.
Por ello, se otorgó
la tutela apenas como mecanismo transitorio, con el objeto de evitar al
accionante un perjuicio irremediable, que el Juez entendió configurado en los
siguientes términos:
"A no dudarlo,
el ascenso al grado de Mayor al que llegaría el accionante de no mediar la
decisión disciplinaria en cuestión, constituye y le representa un bien de gran
significación y limitárselo en virtud de una situación coyuntural que aún se
encuentra sub-judice -dada la acción judicial que le asiste- equivaldría a impedirle
el libre ejercicio de sus derechos constitucionales, entre otros al trabajo,
que por su propia naturaleza y características, también reviste connotación
constitucional y que, por lo mismo, resulta viable su reparación mediante el
ejercicio de la acción excepcional de tutela, dado que de hacerse efectiva la
destitución dispuesta por el Director General de la Policía Nacional en virtud
del fallo de segunda instancia del 19 de octubre de 1994, se le generaría la
irreparabilidad de un bien de gran significación objetiva como es el ascenso a
la oficialidad de la Policía Nacional".
El Director General
de la Policía Nacional, mediante Oficio presentado el once (11) de enero de
1995, impugnó el fallo proferido.
En providencia de la
misma fecha, el Juez resolvió no admitir la impugnación propuesta, por cuanto
fue presentada fuera de término.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
Esta Sala de la
Corte es competente para revisar el fallo en referencia, según lo disponen los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991.
Obligatoriedad
del debido proceso en las actuaciones disciplinarias
Como lo expresó la
Sala Plena de la Corte en Sentencia C-417 del 4 de octubre de 1993, la
disciplina, que sujeta a los individuos a unas determinadas reglas de conducta,
es elemento necesario en toda comunidad organizada; factor esencial de su
funcionamiento; presupuesto y requisito de su operatividad y eficacia.
El derecho
disciplinario resulta, entonces, esencial al funcionamiento del Estado, por
cuanto éste no podría alcanzar sus fines si careciera de un sistema jurídico
que ordene el comportamiento del personal a su servicio.
La existencia de una
normatividad mediante la cual se exija a los servidores públicos el acatamiento
a unas reglas de conducta previamente definidas es inherente al ejercicio mismo
de las funciones que les corresponden, independientemente de cuál sea el órgano
o la rama a la que pertenezca. Su mantenimiento, merced a un sistema jurídico
especial de normas y sanciones, no solamente constituye derecho sino que es
ante todo deber del Estado.
La Sala Cuarta de
Revisión hizo valer estos principios en el caso de las instituciones armadas,
precisamente en relación con la Policía Nacional, y afirmó al respecto que, con
motivo de la especialísima misión que cumplen, los requerimientos de una
disciplina individual y colectiva resultan en ellas todavía más exigentes.
(Cfr. Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-037 del 6 de
febrero de 1995).
Según lo dicho, en
el interior de la Policía debe imperar un régimen disciplinario estricto, que
se aplique con firmeza, imponiendo a los infractores las sanciones que merecen,
como garantía inapreciable para el logro de sus fines, para la sociedad y para
el Estado.
Pero los sanos
propósitos de los códigos de conducta disciplinaria y de las actuaciones
procesales que se adelantan en guarda de su efectiva vigencia deben obtenerse
sin detrimento de los derechos y garantías que la Constitución consagra a favor
de toda persona, incluídos aquéllos a quienes se sindica de haber cometido
faltas contra la disciplina de una institución militar o policial. En tal
sentido, no se puede confundir la imposición del régimen disciplinario, que
tiene plena validez, con la vulneración de las prescripciones constitucionales.
Según el artículo 29
de la Constitución Política, el debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas.
Es, por lo tanto,
indispensable en las disciplinarias, bien sea que éstas culminen en actos de
carácter administrativo, como ocurre con las que se tramitan en los organismos
y entidades de la Rama Ejecutiva o ante el Ministerio Público, o judiciales,
como acontece con los procesos de la misma índole adelantados por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las
correspondientes salas disciplinarias de los consejos seccionales, de acuerdo
con la naturaleza de la función que tales organismos ejercen, como lo advirtió
esta Corte en la ya citada Sentencia C-417 de 1993.
Mediante los
procedimientos disciplinarios se busca establecer si la persona sujeta a
determinado régimen incurrió en alguna de las conductas en él previstas y si es
responsable por ello, con el objeto de aplicarle las correspondientes
sanciones. Estas no pueden tener lugar sino sobre la base de haberse
desvirtuado en el caso concreto la presunción de inocencia que a todos
favorece, previo un proceso surtido ante autoridad competente y por los motivos
establecidos anticipadamente en la ley, proceso en el cual se le hayan brindado
todas las oportunidades de defensa.
Tratándose de un
Derecho punitivo por esencia, aunque no se confunde con el Penal, el Derecho
disciplinario está supeditado en su aplicación a las reglas constitucionales
del debido proceso y, por ello, a ese imperativo no escapan los procedimientos
que se llevan a cabo en el interior de los cuerpos armados para definir si sus
miembros han quebrantado las normas consagradas para cada uno de ellos dentro del
correspondiente régimen disciplinario.
Así, quien sea
sindicado de haber incurrido en infracción a la normatividad que rige su
conducta en el seno de la institución a la que pertenece, tiene derecho a ser
juzgado conforme a las leyes preexistentes a la acción u omisión que se le
imputa; a que el correspondiente juicio o actuación se lleve a cabo ante el
funcionario competente, con plena observancia de todas las formas contempladas
en la ley para ese proceso o actuación; a que se aplique de preferencia la
norma favorable, por tratarse de un Derecho punitivo; a un debido proceso sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se
alleguen en su contra; a que no se le obligue a declarar contra sí mismo o
contra sus familiares en los grados que indica la Constitución; a impugnar la
decisión que lo condena; a no ser afectado por una reformatio in pejus
en segunda instancia cuando es apelante único; y a no ser juzgado dos veces por
el mismo hecho, entre otras garantías (artículos 29, 31 y 33 C.P.; Corte
Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-007 del 18 de enero de 1993).
Cuando se desconoce
el debido proceso por medio de actos u omisiones que implican quebranto a
cualquiera de las indicadas prerrogativas, según el artículo 29 de la Carta, se
viola la Constitución Política y se afecta necesariamente la dignidad de la
persona incriminada.
El acto
sancionatorio proferido con base en un proceso viciado carece de validez, pues
mal podría fundarse su obligatoriedad en la vulneración de normas
constitucionales y en el daño a los derechos básicos que ella consagra.
Desde luego, la
declaración de que ello ha ocurrido, cuando los efectos de la violación al
debido proceso no desaparecen de pleno derecho -como pasa, por ejemplo, en
el evento contemplado por el inciso final del artículo 29 C.P.- corresponde al
juez competente y, por tanto, la posibilidad de que lo haga el juez de tutela
está circunscrita, por mandato del artículo 86 de la Constitución, al evento
extraordinario del perjuicio irremediable que sea preciso evitar mediante una
protección transitoria.
En cuanto a los
proceso disciplinarios que se cumplen en el seno de las instituciones armadas,
su trámite y definición son de carácter administrativo, por lo cual es evidente
que todo cuanto concierna a los medios de impugnación contra las decisiones que
se adopten se rige, en principio, por las reglas del Derecho Administrativo.
Así, agotada la vía
gubernativa, el afectado por una sanción puede acudir a las acciones judiciales
correspondientes en busca de la nulidad de los actos administrativos
pertinentes y del restablecimiento de su derecho.
Con arreglo a los
perentorios mandatos constitucionales (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena.
Sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992), en relación con dichos actos
existen, en principio, otros medios de defensa judicial que hacen improcedente
la tutela, sin detrimento de lo que a continuación se explica.
La
inaplicación de actos administrativos en los procesos de tutela. La protección
transitoria
La acción de tutela
tiene cabida, como lo expresa el artículo 9º del Decreto 2591 de 1991, de
manera simultánea con los recursos por la vía gubernativa, ya que no es
necesario interponerlos como requisito indispensable para demandar protección
judicial en los términos del artículo 86 de la Constitución.
Desde luego, según
lo advierte la norma legal citada, el ejercicio de la acción de tutela no exime
de la obligación de agotar la vía gubernativa para acudir a la jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo.
Siendo posible que
sea dicha jurisdicción la que resuelva sobre la validez de los actos
administrativos cuestionados y acerca del restablecimiento del derecho que
reclame el accionante, es evidente la existencia de medios judiciales alternativos
que, en principio, excluyen las posibilidades de ejercer la acción de tutela,
como lo establece la propia Carta Política.
Esta Corte se ha
pronunciado al respecto en varias oportunidades, manifestando que, ante
acciones instauradas respecto de actos administrativos, el juez de tutela no
puede asumir la facultad que le confiere el artículo 86 de la Constitución para
sustituir al Contencioso Administrativo en la definición sobre la validez de
aquéllos, ni suponer que podría suspenderlos provisionalmente, pues ello
representaría invadir el ámbito constitucional de dicha jurisdicción (Cfr.
Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-203 del 26 de mayo
de 1993).
No obstante, ante
clara y evidente violación o amenaza de derechos fundamentales, y dado el caso
de un perjuicio irremediable, la norma constitucional ha previsto la modalidad
transitoria del amparo, con el objeto de evitar que aquél se configure, aunque
el afectado disponga de otro medio judicial, como lo sería en los casos de que
se viene hablando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
El artículo 8º del
Decreto 2591 de 1991 establece que en los señalados eventos el juez de tutela,
si lo estima procedente, podrá ordenar que no se aplique el acto particular
respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita,
mientras dure el proceso Contencioso Administrativo, sobre el supuesto de que
la protección permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad
judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada
por el interesado. Este, en todo caso, debe ejercerla en un término máximo de
cuatro meses contados a partir del fallo de tutela, sin que, como repetidamente
lo ha dicho esta Sala, el amparo transitorio implique ampliación de los
términos de caducidad contemplados en el Código Contencioso Administrativo.
En la aludida
Sentencia T-203 del 26 de mayo de 1993, la Corte dejó en claro que la
posibilidad de conceder este tipo específico de protección judicial es
excepcional y, por tanto, de interpretación estricta, pues no busca que el juez
de tutela asuma la competencia del Contencioso Administrativo o lo desplace en
el cumplimiento de su función, sino que está encaminada a ofrecer al titular
del derecho fundamental en peligro un medio expedito y eficaz para evitar daños
respecto de los cuales la decisión judicial definitiva llegaría demasiado tarde
y apenas haría factible un resarcimiento posterior, sobre la base de un hecho
cumplido.
La Corte reitera lo
siguiente:
"...la consagración
de esta figura no puede interpretarse en el sentido de que todo juez haya
quedado autorizado para decretar la suspensión provisional de aquellos,
dentro del trámite propio de las acciones de tutela. Ello implicaría una
ruptura de los linderos que la propia Carta Política ha establecido entre las
jurisdicciones, en cuanto disposición constitucional expresa reserva esa
atribución a la Contencioso Administrativa..."
(...)
"Como puede
verse, lo que es posible decretar en esta hipótesis es una inaplicación
temporal al caso concreto, considerada la particular y específica situación en
que se encuentra el solicitante, así que no recae propiamente sobre la
materialidad del acto administrativo, como sí acontece con la figura de la
suspensión provisional. No tiene, entonces, el alcance de la misma y, por ende,
excepción hecha de la inaplicación que pueda favorecer al petente a fin de
evitarle un daño irreparable, el acto administrativo como tal permanece
incólume mientras no sea suspendido provisionalmente por la Jurisdicción
Contencioso Administrativa o anulado por ella.
Debe repararse por
otra parte en que el punto materia de análisis -a diferencia del que
constituye el objeto de la providencia mediante la cual se resuelve acerca de
la solicitud de suspensión provisional en los procesos contencioso
administrativos- no es el relativo a una posible oposición flagrante entre el
acto demandado y las normas superiores a las que está sometido, sino la
situación de hecho en la cual puede hallarse una persona frente a un acto cuya aplicación
concreta implique, en su caso, efectos inmediatos e irremediables que
vulneren sus derechos constitucionales fundamentales.
Ahora bien, es claro
que -considerada la función que cumple la tutela como mecanismo protector de
los derechos fundamentales y el contexto de la norma transcrita- la posibilidad
de ejercer la acción en forma conjunta con las que proceden ante la
jurisdicción Contencioso Administrativa, no puede interpretarse en el sentido
de hacer que en tal caso su trámite deba surtirse forzosamente ante los
tribunales administrativos, entendimiento que limitaría ostensiblemente las
posibilidades de protección judicial. Lo que la norma legal permite, aunque no
haya utilizado con propiedad el término "conjuntamente", es el
ejercicio simultáneo de la acción ante el juez de tutela, como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable y de las pertinentes ante la
jurisdicción especializada".
La reforma en
perjuicio del apelante único
La Constitución ha
consagrado, como uno de los elementos del debido proceso, el derecho a impugnar
la sentencia condenatoria, tratándose de la materia punitiva (Artículo 29
C.P.).
El artículo 31 ibídem
señala que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las
excepciones que consagre la ley.
Tales disposiciones
encuentran su fundamento en la realidad insoslayable de que el juez llamado a
interpretar y a aplicar la ley puede equivocarse en el caso concreto, ya por
errónea interpretación de la normatividad pertinente, o por haber apreciado de
manera incompleta o inadecuada el material probatorio.
Como tales
posibilidades, en el evento de cristalizarse respecto de una determinada
persona, implican que ésta deba soportar el peso de la sanción y las necesarias
consecuencias en el campo de su buen nombre y prestigio, es indispensable, por
razones de justicia, que el ordenamiento jurídico le otorgue la oportunidad de
que un juez distinto del que conoció de su caso verifique de nuevo lo
acontecido y dictamine si en realidad el condenado merecía el castigo con
arreglo a la normatividad vigente en el momento de los hechos imputados.
Se trata de impedir,
hasta donde sea posible, que se pueda perpetuar el fallo injusto o contrario a
las normas constitucionales y legales.
En ese orden de
ideas, la apelación de la sentencia condenatoria representa una garantía para
el implicado.
Inherente al derecho
de apelar la sentencia condenatoria, también hace parte del debido proceso el
de que no se aumente o se agrave la pena en segunda instancia cuando el
condenado es el único en apelar, dentro del respectivo proceso (Artículo 31
C.P.)
Al respecto ha
señalado esta Corte:
"Como una de
las formas de asegurar el derecho que la persona tiene a su defensa, la
Constitución Política establece que toda sentencia puede ser apelada o
consultada, con las salvedades que la ley consagre. Esta primera parte de la
disposición hace referencia a los fallos que se profieran en cualquier clase de
procesos, pues no se entendería su aplicación exclusiva a una rama del derecho
cuando respecto de todas ellas se explica y justifica que quien no se encuentre
conforme con la decisión judicial tenga la oportunidad de acudir ante el
superior a exponer los motivos de su discrepancia y a obtener que, en guarda de
los principios de justicia y equidad que la Carta aspira a realizar, se
modifiquen, aclaren o revoquen las determinaciones adoptadas si así resulta de
una cabal y recta aplicación del ordenamiento jurídico al caso controvertido.
La norma plasmada en
el segundo inciso del texto constitucional parte de la hipótesis en la cual ya
existe una condena y, por tanto, de una situación en que la persona objeto de
ella tiene mayor interés en la revocación o disminución de la pena impuesta,
que el Estado en su agravación. Así pues, ejercido el derecho que corresponde
al condenado según el principio de la doble instancia, es entendido que el
objetivo del recurso consiste en que, en caso de prosperar, conduzca a una
definición de favor y no a una modificación de la sentencia en su
perjuicio".
(...)
" La norma
constitucional habla de "la pena impuesta", lo cual podría llevar al
equivocado concepto de que la garantía sólo cubre el ámbito propio del Derecho
Penal, pero esta idea resulta desvirtuada si se observa que el precepto
superior considerado en su integridad hace referencia a "toda
sentencia", sin distinguir entre los diversos tipos de proceso. De tal
modo que la prohibición de fallar en mayor perjuicio del apelante único cobija
a toda clase de decisiones judiciales -salvo las excepciones que contemple la
ley- e impide que el juez de segundo grado extienda su poder de decisión a
aquellos aspectos de la sentencia apelada que no han sido materia de alzada por
la otra o las otras partes dentro del proceso y que, de entrar a modificarse,
darían lugar a unas consecuencias jurídicas más graves para el apelante de las
que ya de por sí ocasiona la sentencia objeto del recurso".
(...)
"La libertad
del juez para resolver sin este límite constitucional sobre la apelación
interpuesta únicamente puede configurarse sobre la base de que también apele la
otra parte en el proceso".
(...)
"Así, pues, la
garantía reconocida por el artículo 31 de la Carta al apelante único tiene el
sentido de dar a la apelación el carácter de medio de defensa del condenado y
no el de propiciar una revisión "per se" de lo ya resuelto. Así que,
mientras la otra parte no apele, el apelante tiene derecho a que tan solo se
examine la sentencia en aquello que le es desfavorable. Es ésta, por tanto, una
competencia definida de antemano en su alcance por el propio
Constituyente".(Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-055 del
18 de febrero de 1993)
Como resulta de lo
dicho, la prohibición de reformar la condena en perjuicio del apelante único no
solamente es aplicable en materia penal, ni tampoco está limitada a las
sentencias judiciales, sino que, por el contrario, cobija otras ramas del
Derecho y se hace exigible en las actuaciones administrativas y particularmente
en las disciplinarias, las cuales -se repite- son de clara estirpe
sancionatoria.
Aplicación
retroactiva de la ley y principio de favorabilidad en materia disciplinaria
El principio general
sobre aplicación de las leyes en el tiempo, en cuya virtud toda norma legal
surte efectos únicamente respecto de las situaciones que tienen ocurrencia en
el futuro, constituye invaluable salvaguarda contra la arbitrariedad de quien
aplica la ley y simultáneamente garantiza a sus destinatarios la certidumbre
acerca de que sus conductas no serán objeto de sanción mientras se hayan
ajustado a la preceptiva legal que las regía en el momento en que se
produjeron.
En el campo del
debido proceso, uno de los componentes más importantes de la garantía
constitucional radica en que toda persona, al ser juzgada, tan sólo puede serlo
con arreglo a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, lo que
repercute a la vez en que no se le podrán imponer sanciones establecidas por el
legislador después de ocurridos los hechos materia del juicio.
La irretroactividad
de la ley se predica, en materia punitiva, tanto de las conductas sancionables
como de las sanciones que la autoridad puede imponer.
De ese modo, la
reserva consagrada en la Constitución implica simultáneamente una prohibición
al legislador, en cuanto no puede disponer que los nuevos tipos punibles o las
nuevas formas de sanción tengan efecto en relación con situaciones anteriores a
la vigencia de las leyes que consagran unos y otras, y una garantía para el
procesado frente al juez o funcionario que haya de aplicar la normatividad,
pues a éste se impide, en principio, retrotraer los efectos de normas
posteriores para hacerlos valer respecto de hechos que tuvieron lugar con anterioridad.
Pero, en materia
sancionatoria, el principio de irretroactividad de la ley es inseparable del de
favorabilidad, plasmado en el artículo 29 de la Constitución, según el cual, en
ese campo, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
El juez, tribunal o
funcionario competente está llamado a establecer, so pena de violar la garantía
del debido proceso si no lo hace, cuál es la norma favorable al implicado
cuando, en el curso del proceso se presenta un cambio en la legislación. En
otros términos, no puede limitarse a la aplicación invariable de las normas
según las reglas generales relativas al tiempo de su vigencia (irretroactividad
de la ley), sino que se halla obligado a verificar si la norma posterior, no
obstante haberse promulgado después de ocurridos los hechos, puede favorecer al
reo o procesado, pues, si así acontece, no tiene alternativa distinta a la de
aplicar tal disposición.
En el terreno
disciplinario, el principio de favorabilidad es también obligatorio, toda vez
que la actuación correspondiente culmina con una decisión en torno a la
responsabilidad del incriminado y a la aplicabilidad de una sanción por la
conducta imputada. Allí militan las mismas razones en que se funda la
Constitución para exigir la aplicación del postulado en materia penal.
Entonces, si la
autoridad encargada de resolver sobre un proceso disciplinario desconoce la
norma favorable, atendiendo tan sólo al tiempo de vigencia de la ley, vulnera
el debido proceso.
La violación del
derecho fundamental es todavía más grave si la autoridad, además de hacer que
prevalezca la norma desfavorable o restrictiva, la aplica siendo posterior a
los hechos juzgados.
El caso
examinado
Vistos los
documentos que obran en el expediente, la Corte Constitucional concluye que, en
efecto, como lo manifestó el juez de instancia, al Capitán EDWIN RIZZO RIVAS le
fue violado por la Dirección General de la Policía Nacional su derecho al
debido proceso.
De una parte, al
resolver sobre la apelación por él interpuesta contra el acto mediante el cual
se lo sancionaba, dicha Dirección le aplicó un régimen disciplinario nuevo, que
no estaba vigente para la época de los hechos materia del proceso
disciplinario, y que, además, le era desfavorable, y, de otra, en la segunda
instancia se hizo más gravosa su situación jurídica, pese a ser apelante único.
Los hechos que
originaron las investigaciones penal y disciplinaria relativas al hurto
continuado de armas y a la negligencia que se endilgó a los sucesivos
comandantes del Cuarto Distrito de Policía de Ocaña -entre ellos el accionante-
tuvieron lugar entre los años de 1987 y 1993, época durante la cual estaba
vigente el Decreto 100 de 1989, por el cual se reformó el régimen disciplinario
para la Policía Nacional. Este decreto fue expedido el 11 de enero de 1989,
principió a regir, según su artículo 238, a partir de la fecha de su
publicación (el mismo día, de acuerdo con el Diario Oficial 38.650) y
posteriormente fue derogado por el Decreto 2584 de 1993, cuya vigencia comenzó
el 23 de diciembre de 1993, fecha de su publicación (Diario Oficial 41.151),
cuando ya los aludidos acontecimientos habían tenido ocurrencia e inclusive se
había iniciado la investigación de que se trata.
El Capitán Rizzo
desempeñó el cargo de Comandante del Cuarto Distrito de Policía de Ocaña entre
el 7 de diciembre de 1992 y el 20 de marzo de 1993, período durante el cual
pudieron haber tenido lugar las faltas disciplinarias que se le imputan.
Los hechos, pues,
estaban regidos, tanto desde el punto de vista de las conductas como en lo
relacionado con las sanciones aplicables por el Decreto 100 de 1989, cuya
vigencia se extendió hasta el 23 de diciembre de 1993.
Juzgado y condenado
como lo había sido en primera instancia el Capitán Rizzo en cuanto se lo halló
responsable disciplinariamente por haber incurrido en las faltas de mala
conducta tipificadas en el artículo 121, numerales 26 y 32 del Decreto Ley 100
de 1989, vigente para la época de los hechos (Fallo de primera instancia,
proferido de 27 de junio de 1994), no podía la segunda instancia volverlo a
juzgar, ahora por las faltas descritas en los artículos 39, ordinal 15, literal
c) y 40 del Decreto 2584 de 1993, nuevo régimen disciplinario (Fallo del 19 de
octubre de 1994, artículo 4º de la parte resolutiva, Folio 32).
El artículo 121 del
Decreto Ley 100 de 1989 preveía en sus numerales 26 y 32:
"ARTICULO
121. ENUMERACION.
Son faltas constitutivas de mala conducta:
(...)
26. Demostrar
negligencia o eludir la responsabilidad en asuntos técnicos, científicos o en
el desempeño de funciones.
(...)
32. Dar lugar a la
pérdida, daño o extravio de bienes, documentos, efectos o valores puestos bajo
su custodia".
El artículo 39,
ordinal 15, literal c), y el artículo 40 del Decreto 2584 de 1993 dispusieron:
"ARTICULO
39. ENUMERACION. Constituyen faltas contra el ejercicio de la profesión las
siguientes:
(...)
15. Respecto de las
órdenes:
(...)
c) Ejecutar con
negligencia o tardanza las órdenes o actividades relacionadas con el
servicio".
ARTICULO 40.
OTRAS FALTAS. Además de
las definidas en el artículo anterior, constituyen faltas disciplinarias la
violación de las prohibiciones, el abuso de los derechos o el incumplimiento de
los deberes contemplados en la Constitución Política, en las leyes y en los
diferentes actos administrativos".
Es claro, como lo
demuestra la enunciación de las faltas, que las previstas en el Decreto 2584 de
1993 correspondían a conductas diferentes de las que inicialmente se
atribuyeron al accionante.
Así, no es lo mismo
"demostrar negligencia o eludir responsabilidad en asuntos técnicos,
científicos o en el desempeño de sus funciones" (artículo 121, numeral 26,
del Decreto 100 de 1989) que, "respecto de las órdenes...ejecutar con
negligencia o tardanza las órdenes o actividades relacionadas con el
servicio" (artículo 39, numeral 15, literal c) del Decreto 2584 de 1993).
Fácilmente puede
verse que mientras la primera conducta se refiere tan sólo a la negligencia que
puede mostrar quien presta el servicio en el ejercicio corriente de sus
funciones, la segunda consiste en la negligencia en que pudiera incurrir el
funcionario de la Policía, pero específicamente en cuanto no siguió con el
debido cuidado y exactitud una orden a él impartida.
También son
distintas las conductas previstas en los numerales 26 y 32 del artículo 121 del
Decreto 100 de 1989, respecto de las consagradas en el artículo 40 del Decreto
100 de 1993, claramente genéricas y subsidiarias, como con facilidad puede
establecerse.
Estructurar la
responsabilidad del uniformado en lo referente a las nuevas conductas implicaba
un juicio disciplinario en el que se determinaran los elementos específicos de
las mismas.
La parte motiva del
acto mediante el cual se resolvió en segunda instancia muestra que tal análisis
no se hizo, aunque la parte resolutiva expresa lo contrario.
En todo caso, no
habría cabido ese nuevo juicio, respecto de los hechos que se imputaban al
procesado, ya que se habría tenido entonces una grave violación al principio "non
bis in idem", que también hace parte del debido proceso.
Pero tampoco se
podía, como se hizo, volver al examen de las conductas correspondientes a la
luz del Decreto 100 de 1989, para concluir en que había violado normas del
Decreto 2584 de 1993, ya que, en cuanto a éstas últimas no fue juzgado ni tuvo
oportunidad de defenderse, ni pudo demostrársele responsabilidad alguna. Lo
único que hubo en el evento señalado fue una caprichosa equiparación entre
conductas para poder aplicar al Capitán Rizzo, en la segunda instancia, las
sanciones del nuevo estatuto disciplinario, que eran más graves que las
anteriores, como puede verse por el hecho de que se agregó la consistente en no
poder ejercer cargos públicos durante cinco años, prevista en el artículo 98
del Decreto 2585 de 1993 y a la cual no se había aludido en la primera
instancia.
Debía prosperar,
entonces, como en efecto prosperó la tutela solicitada, aunque transitoria, en
desarrollo del artículo 8º del Decreto 2591 de 1991. Esto, con el objeto de
inaplicar las sanciones impuestas al Capitán Rizzo y evitar así el perjuicio
irremediable que se le causa por la imposibilidad del ascenso a que aspira, del
cual ha sido excluído en razón de existir la providencia que las confirmó,
expedida en violación de las garantías procesales.
Se confirmará la
decisión de instancia.
DECISION
Con fundamento en
las consideraciones que anteceden, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR el fallo proferido por el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, D.C. el día 7 de
diciembre de 1994, mediante el cual se resolvió sobre la acción de tutela
instaurada por el Capitán EDWIN RIZZO RIVAS contra el Director General de la
Policía Nacional, precisando que el acto administrativo mediante el cual se
confirmó la sanción disciplinaria no se suspende sino que se inaplica al caso
concreto del accionante, mientras resuelve la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto
2591 de 1991.
Segundo.- Por Secretaría LIBRESE la comunicación
de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
HERNANDO HERRERA
VERGARA ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
413 | T-234-95
Sentencia No
Sentencia
No. T-234/95
FALLO DE TUTELA-Notificación por telegrama
No le asiste la
razón a la apoderada de la entidad accionada cuando alega indebida notificación
de la sentencia, pues, como ella misma lo señala, el artículo 16 del Decreto
2591 le permite al Juez de tutela acudir al mecanismo de notificación que
considere más expedito; así mismo, el citado artículo 30 del mismo Decreto
dispone que la notificación del fallo de tutela se hará "por telegrama o
por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a más tardar al día
siguiente de haber sido proferido." En el caso sub exámine, el telegrama
fue enviado, como lo ordena la norma, al día siguiente de haberse proferido el
fallo de tutela, y en el telegrama se insertó la parte resolutiva de la
sentencia, con lo cual el despacho judicial pretendió asegurar su cumplimiento.
PENSION DE
JUBILACION-Conciliación/NAVENAL/MEDIO
DE DEFENSA JUDICIAL
En el caso sub
exámine, no encuentra la Sala de Revisión que el accionante esté frente a una
situación que le ocasione un perjuicio irremediable, ya que en el año de 1983,
celebró un acuerdo conciliatorio con NAVENAL -En liquidación-. Lo que ocurrió
fue que se le aseguró al accionante la cancelación de las sumas derivadas de su
pensión de jubilación, lo cual no comporta un estado de indefensión. No se da
pues, la circunstancia de que "las cosas no puedan retornar a su estado
anterior," y no obra en el expediente prueba de que efectivamente al
accionante se le esté desconociendo arbitrariamente derecho alguno, pues no
aparece subordinado a la accionada y su situación personal quedó sometida a una
conciliación, cuyo diferendo no corresponde a esta Corporación.
REFERENCIA: Exp.
No. T- 66341.
PETICIONARIO: Luis
Alberto Urueta Vergara contra la Caja Nacional de Previsión Social.
PROCEDENCIA: Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla.
MATERIA:
Improcedencia de la acción de tutela cuando se niegan derechos pensionales por
existir otros mecanismos de defensa judicial. Notificación de las sentencias de
tutela.
MAGISTRADO
PONENTE:
Dr. HERNANDO
HERRERA VERGARA.
Santa Fe de Bogotá,
D.C., mayo 30 de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Sexta de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA,
procede a revisar el fallo proferido por el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Barranquilla el 7 de marzo de 1995.
El expediente llegó
a conocimiento de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional por remisión
que le hizo el citado Juzgado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31
del Decreto 2591 de 1991.
Con fundamento en
los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la
Sala de Revisión Número Cuatro de la Corte Constitucional, escogió, para
efectos de revisión, la presente acción de tutela.
I. INFORMACION
PRELIMINAR.
1. El señor LUIS ALBERTO URUETA VERGARA, mediante
apoderado, instauró acción tutela contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL.
Afirma el demandante que es pensionado de esa entidad según reconocimiento que
se hizo de su derecho a través de la Resolución No. 1094 del 2 de abril de
1976, y que desde 1982 las mesadas pensionales a que tiene derecho no le han
sido canceladas.
2. Expresa la demanda que el señor LUIS
ALBERTO URUETA VERGARA tiene 79 años de edad y que por ello tiene derecho
irrenunciable a la seguridad social, ya que se trata de una persona de la
tercera edad, de acuerdo con los artículos 46, 47 y 48 de la Carta Política.
3. El apoderado del accionante afirma que el
señor LUIS ALBERTO URUETA VERGARA se encuentra desprotegido y en un estado de
indefensión "frente a la justicia y a la sociedad", pues no
tiene medios económicos para alimentarse y tener acceso a la salud "por
encontrarse en un estado de debilidad manifiesta".
PRETENSIONES:
El apoderado del
accionante solicita que "se le ORDENE a la CAJA NACIONAL DE PREVISION
SOCIAL "CAJANAL" se le restablezca en forma inmediata a LUIS ALBERTO
URUETA VERGARA el pago de sus mesadas pensionales a que por ley tiene derecho."
II. LA
PROVIDENCIA JUDICIAL OBJETO DE REVISION.
Previamente a
adoptar la decisión de fondo, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Barranquilla, mediante oficio, ordenó a la Dirección General de la accionada,
con sede en Santa Fe de Bogotá, y a su Seccional del Atlántico, que informara
las razones que tuvo CAJANAL para suspenderle el pago de las mesadas
pensionales al accionante. Al responder, la demandada anunció dentro de los
documentos remitidos al citado despacho judicial un auto expedido por CAJANAL
en el que se establece que "esta entidad no reconoció prestación alguna
al referenciado, toda vez que de conformidad con el Decreto 1848/69 - artículo
75, corresponde a la última entidad a la cual prestó sus servicios reconocer la
pensión de jubilación". Dicho auto no fue recibido por el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, razón por la cual ofició nuevamente
a la entidad demandada a fin de que remitieran copia de ese documento, lo cual
no ocurrió dentro del término de 3 días fijados por ese despacho judicial.
El Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante providencia del 7 de marzo de 1995,
concedió la tutela presentada por el señor LUIS ALBERTO URUETA VERGARA, con
fundamento en las siguientes consideraciones:
"8. Que en
los oficios remisorios dictados por el Juzgado y recibidos por la entidad
oficial se le hacían las prevensiones de que si no daban contestación a lo
requerido dentro del término de tres (3) días a partir de su recibo, se
tendrían por ciertos los hechos narrados por el accionantes y probados a través
de las Resoluciones que anexó en el libelo y se entraría a resolver de plano.
9. Que el efecto
de la omisión en el envío de la información requerida es que se presumirán por
ciertos los hechos tal como lo contemplan las disposiciones pertinentes de la
acción de tutela consagradas en el Decreto 2591 de 1991, dado que el plazo para
fallar es de un término perentorio de diez (10) días y no permite tal
perentoriedad el que el sentenciador realice más averiguaciones.
10. En tales
condiciones se han de tener por ciertos (sic) que Cajanal suspendió en forma
irregular los pagos de las mesadas pensionales del petente desde el año 1982 y
por lo tanto ha vulnerado su derecho a la seguridad social consagrado en el
art. 48 de la Constitución Nacional."
Como consecuencia de
lo anterior, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla ordenó a
CAJANAL que en favor del accionante "restablezca en forma inmediata el
pago de sus mesadas pensionales a que por ley tiene derecho" y fijó un
término de 48 horas para constatar el cumplimiento de la sentencia.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. La
competencia.
De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla el siete (7) de marzo de
1995, en el proceso de tutela de la referencia.
Segundo. La
materia.
Previamente a entrar
en el análisis del caso sub exámine, esta Sala de Revisión considera oportuno
precisar algunos de los hechos que antecedieron a la demanda de tutela, a fin
de tener total claridad en cuanto a los presupuestos fácticos sobre los cuales
se debe tomar la decisión de fondo.
1. El accionante LUIS ALBERTO URUETA VERGARA
estuvo vinculado laboralmente a las siguientes entidades, según la Resolución
No. 003 de 7 de abril de 1975 proferida por el Gerente de la COMPAÑIA NACIONAL
DE NAVEGACION S.A. NAVENAL, que obra a folio 51 del expediente:
"Como
ayudante de Comprobación en la Dirección Nacional de Aduanas de Barranquilla,
del primero (1o.) de Abril de 1932 hasta el quince (15) de abril de 1946. (...)
Como Liquidador
de Primera en la Dirección Nacional de Aduanas Barranquilla, del diez y seis
(16) de Abril de 1946 al treinta y uno (31) de Junio de 1949. (...)
Como Oficial de
Embarques en la Compañía Nacional de Navegación S.A., del veinte (20) de Agosto
de 1960 hasta el treinta (30) de Abril de 1972. (...)
2. Como consecuencia
de haber cumplido los requisitos establecidos por la ley, la COMPAÑIA NACIONAL
DE NAVEGACION S.A. NAVENAL, mediante la citada resolución No. 003 del 7 de
abril de 1975 (folio 51), reconoció al accionante la pensión vitalicia de
jubilación, equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el
último año de servicios, por ser la última entidad a la cual estuvo vinculado
el peticionario al momento de su reunir los requisitos para tener derecho a la
mencionada pensión.
De conformidad con
la resolución No. 003 de 1975, la COMPAÑIA NACIONAL DE NAVEGACION S.A. NAVENAL
se comprometió a pagar directamente al accionante el valor total de cada una de
las mesadas pensionales derivadas del derecho reconocido a la pensión de
jubilación; así mismo se estableció de manera expresa en dicha resolución, que
aquella sociedad tendría derecho a repetir "contra las demás entidades
obligadas por las cuotas proporcionales según el tiempo de servicio prestado en
cada una de ellas".
3. Obra en el
expediente a folio 63 prueba de la audiencia pública de conciliación llevada a
cabo el 1o. de junio de 1983 ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Barranquilla, en la que se establece que como consecuencia del proceso de
liquidación de la COMPAÑIA NACIONAL DE NAVEGACION S.A. NAVENAL, el
representante de la referida sociedad y el señor LUIS ALBERTO URUETA VERGARA,
llegaron a un acuerdo extraprocesal a fin de conciliar el monto total de la
pensión que se le debería pagar en forma vitalicia, por un valor de
$1.215.947.oo. Una vez aceptado lo anterior, el señor URUETA VERGARA, dentro de
la misma audiencia, declaró de manera expresa a paz y salvo por todo concepto a
la COMPAÑIA NACIONAL DE NAVEGACION S.A. NAVENAL -en liquidación-, y manifestó
que "así queda conciliado cualquier posible derecho de carácter laboral
que me pueda corresponder."
4. Así mismo obra en
el expediente a folios 33 y 37 prueba del auto proferido por la CAJA NACIONAL
DE PREVISION SOCIAL (RDO. No. 815675/92) en respuesta a la petición que el
accionante le formulara, mediante apoderado, a fin de que se le cancelaran las
mesadas pensionales atrasadas dejadas de percibir desde el año de 1983. En
dicho auto, la Subdirección de Prestaciones Económicas, División de
Reconocimiento, de la entidad accionada, manifestó al señor LUIS ALBERTO URUETA
VERGARA que "la Compañía Nacional de Navegación S.A. Entidad que venía
pagando la Pensión al peticionario fué liquidada y el peticionario concilió el
monto de su pensión de Jubilación con dicha Entidad. (...) Que este despacho,
no encuentra bases jucas (sic) para asumir la prestación solicitada (...)
".
5. Una vez
presentada la demanda de tutela, como ya se advirtió, el Juez de conocimiento
ofició a CAJANAL a fin de que se remitieran las pruebas documentales necesarias
para determinar los hechos que dieron origen a la presente acción. El Juez
tuteló los derechos del petente, con base en los argumentos ya expuestos, y
principalmente en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, dando por ciertos
los hechos alegados por el accionante, como consecuencia de la no remisión
oportuna por parte de CAJANAL de alguno de los documentos que le fueron pedidos
por el Juzgado. Es de anotar que el fallo emitido por el Juez de tutea, fue
consecuencia de la actitud negligente por parte de la entidad accionada, al no
remitir dentro del término legal, la información solicitada por el Despacho.
Establecidos con
claridad los hechos que dieron lugar al presente proceso de tutela, pasa la
Sala Sexta de Revisión a estudiar el asunto.
1. Notificación
de las providencias de tutela.
El Coordinador de
Asuntos Judiciales de la entidad accionada, mediante escrito dirigido a la
Corte Constitucional, envió copia del recurso de apelación interpuesto por la
apoderada de CAJANAL contra el fallo objeto de revisión, radicado el 7 de abril
del año en curso, esto es, un mes después de haberse proferido, y cuya
notificación se surtió por medio de telegrama en el que se insertó la parte
resolutiva, el cual fue enviado a dicha entidad al día siguiente de haberse
dictado sentencia. En el referido memorial, la apoderada de la accionada
manifiesta que el fallo del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Barranquilla no fue notificado en los términos del artículo 16 Decreto 2591 de
1991, pues tal disposición ordena que "Las providencias que se dicten
se notificarán a las partes o intervinientes, por el medio que el Juez
considere más expedito y eficaz".
No le asiste la
razón a la apoderada de la entidad accionada cuando alega indebida notificación
de la sentencia, pues, como ella misma lo señala, el artículo 16 del Decreto
2591 le permite al Juez de tutela acudir al mecanismo de notificación que
considere más expedito; así mismo, el citado artículo 30 del mismo Decreto
dispone que la notificación del fallo de tutela se hará "por telegrama
o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a más tardar al día
siguiente de haber sido proferido." En el caso sub exámine, el
telegrama fue enviado, como lo ordena la norma, al día siguiente de haberse proferido
el fallo de tutela, y en el telegrama se insertó la parte resolutiva de la
sentencia, con lo cual el despacho judicial pretendió asegurar su cumplimiento.
La entidad accionada tuvo entonces, la oportunidad de impugnar el fallo objeto
de revisión dentro de los tres días siguientes a su notificación, de
conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, y no lo hizo, por lo
cual la referida impugnación resulta completamente extemporánea.
2. Improcedencia
de la acción de tutela. Perjuicio irremediable. Estado de indefensión.
Para esta
Corporación es claro que en el asunto sub exámine la acción de tutela resulta
improcedente, tal como lo ha manifestado reiteradamente a través de su
jurisprudencia, por cuanto el accionante cuenta con otros mecanismos de defensa
judicial, en primer término, en vía gubernativa, interponiendo los recursos
establecidos por el Código Contencioso Administrativo en contra del auto
emanado de la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL (folios 33 y 37) de 1992, por
medio del cual se resolvió de manera negativa la pretensión del señor LUIS
ALBERTO URUETA VERGARA en cuanto dicha entidad manifestó no tener bases
jurídicas para asumir la prestación solicitada después de haberse celebrado la
conciliación entre éste y la COMPAÑIA NACIONAL DE NAVEGACION S.A. NAVENAL, en
ese momento en liquidación, a través de la cual el señor URUETA VERGARA declaró
a paz y salvo por todo concepto laboral a la citada sociedad.
Ahora bien, si la
controversia se suscitó como consecuencia del referido auto proferido por la
entidad accionada en el presente asunto de tutela, y si una vez agotada la vía
gubernativa el señor URUETA VERGARA consideró que se le estaba vulnerando su
derecho a la pensión de jubilación, el mecanismo de defensa judicial apropiado para
atacar al contenido del acto administrativo correspondiente es la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo. Se debe advertir que, si de conformidad con las
disposiciones del Código Contencioso Administrativo se debió agotar la vía
gubernativa por parte del señor URUETA VERGARA, y no se hizo, por haber tenido
que interponer el recurso de apelación, no es viable a través del mecanismo de
la acción de tutela atacar un acto administrativo en firme. Tampoco es la
tutela un mecanismo para revivir una acción judicial si, de conformidad con el
artículo 85 referido, ocurrió su caducidad.
Así mismo, es
necesario manifestar que el acta de conciliación suscrita entre el señor URUETA
VERGARA y la COMPAÑIA NACIONAL DE NAVEGACION S.A. NAVENAL -En liquidación- no
es susceptible de ser anulado por el Juez de tutela, y hace tránsito a cosa
juzgada, de conformidad con las normas consignadas en el Código Procesal del
Trabajo. Igualmente, cualquier controversia derivada de la misma conciliación
no puede ser competencia tampoco del juez de tutela. En cuanto a la
improcedencia de la acción de tutela por existir otros medios de defensa
judicial, basta recordar lo expresado por esta Corporación mediante la sentencia
No. T-036 de 1994 (M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo):
"Una vez más
debe la Corte ocuparse en examinar el sentido constitucional de la acción de
tutela, mecanismo que resulta desfigurado en sus alcances y finalidades cuando
se lo usa con el propósito de revivir oportunidades procesales ya precluídas o
de provocar mañosamente nuevos pronunciamientos judiciales sobre puntos
definidos.
Vuelve a decir la
Corporación que el instrumento previsto en el artículo 86 de la Carta Política
no corresponde a una nueva instancia ni constituye procedimiento alternativo o
paralelo a los ordinarios ni los sustituye.
Conviene recordar
lo afirmado por la Sala Plena en Sentencia C-543 de octubre 1º de 1992:
"...tan sólo
resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento
constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces,
esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (artículo 86, inciso 3°,
de la Constitución)"
(...)
"...no es
propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a
reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento
sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de
los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito
específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la
Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y
supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales
fundamentales.
En otros
términos, la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución
eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican
la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales
el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser
invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta
eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones
normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a
una clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona su
derecho fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto
para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable entendido éste
último como aquél que tan sólo puede resarcirse en su integridad mediante el
pago de una indemnización (artículo 6º del Decreto 2591 de 1991).
Así, pues, la
tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado,
para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la
excepción dicha- la acción ordinaria.
La acción de
tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea
el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales.
Se comprende, en
consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y,
más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede
pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor
del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola
existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya
culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede afirmarse
que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el
medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus
remotos orígenes. En el sentir de esta Corte, nadie puede alegar que careció de
medios de defensa si gozó de la oportunidad de un proceso y menos todavía si
tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los recursos de que disponía.
Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las
posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en
obedecimiento a claros principios constitucionales (artículos 29 y 31 de la
Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición,
tampoco puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de
salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia
incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter
subsidiario de la acción. Sobre el tema ha declarado la Corte Constitucional a
propósito"
(...)
"...la
acción de tutela no puede asumirse como un sistema de justicia paralelo al que
ha consagrado el ordenamiento jurídico en vigor. El entendimiento y la
aplicación del artículo 86 de la Constitución tan solo resultan coherentes y
ajustados a los fines que le son propios si se lo armoniza con el sistema. De
allí que no sea comprensible como medio judicial capaz de sustituir los
procedimientos y las competencias ordinarias o especiales, pues ello llevaría a
un caos no querido por el Constituyente".
En ese orden de
ideas, no es admisible la utilización de la tutela cuando existen otros medios
de defensa judicial, salvo el caso del perjuicio irremediable, tal como lo
estatuye el artículo 86 de la Constitución.
Tampoco cabe
intentar la acción cuando quien se considera afectado o amenazado en uno de sus
derechos fundamentales gozó de oportunidades procesales para su protección y
dejó de aprovecharlas, permitiendo que se vencieran los términos contemplados
en la ley. Si así acontece, el amparo constitucional no puede tomarse como
opción adicional para suplir el cuidado y diligencia que el interesado ha
debido observar.
Ya sobre este
punto se pronunció la Sala Tercera de Revisión en los siguientes términos:
"Si, (...)
el titular de la acción ordinaria no hace uso de ella dentro del tiempo que la
ley le otorga, no podrá esperar que el Estado despliegue su actividad
jurisdiccional para ofrecerle la protección que necesita, pero su situación,
entonces, no es imputable al Estado o a sus agentes, sino que obedece a su
propia incuria, a su negligencia, al hecho de haberse abstenido de utilizar los
medios de los cuales gozaba para su defensa. En tales situaciones, menos aún
puede ser invocada la tutela, por cuanto no es ésta una institución establecida
para revivir los términos de caducidad ni para subsanar los efectos del
descuido en que haya podido incurrir el accionante". (Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia T-07 del 13 de mayo de 1992).
En el proceso que
se analiza es clara la preexistencia de otros medios de defensa judicial a los
cuales ha podido acogerse el accionante. Repárese en que su solicitud de
nulidad de lo actuado fue planteada en forma extemporánea, tal como lo subrayó
la Corte Suprema de Justicia. Mal podía entonces, prosperar la acción de tutela
incoada."
Esta Sala considera
oportuno reiterar que la acción de tutela, aún existiendo otros mecanismos de
defensa judicial de los derechos fundamentales, resulta viable cuando, de
conformidad con el artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, aquella se instaure
"como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable." No obstante, dicha disposición señala que "La
existencia de dichos medios (de defensa judicial) será apreciada en concreto,
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en quese encuentre el
solicitante."
En relación con el
perjuicio irremediable, la Corte Constitucional, en la sentencia No. T-458 de
1994, con ponencia del Magistrado Jorge Arango Mejía, señaló:
"(...) Sin
embargo, vale la pena reiterar que la irremediabilidad del perjuicio, implica
que las cosas no puedan retornar a su estado anterior, y que sólo pueda ser
invocada para solicitar al juez la concesión de la tutela como "mecanismo
transitorio" y no como fallo definitivo, ya que éste se reserva a la
decisión del juez o tribunal competente. Es decir, se trata de un remedio
temporal frente a una actuación arbitraria de autoridad pública, mientras se
resuelve de fondo el asunto por el juez competente.
En el caso que
nos ocupa, la situación que se presenta no es irremediable, pues como el
perjuicio alegado está en posibilidad de desaparecer, de prosperar el recurso
de apelación interpuesto por el actor contra la decisión de la Inspección, resulta
ilógico considerarlo como irremediable. Por lo demás, tampoco se observa que
dicho perjuicio, de conformidad con la sentencia T-225 del 15 de junio de 1993
(Magistrado ponente doctor Vladimiro Naranjo Mesa), sea grave o
inminente."
En el caso sub exámine,
no encuentra la Sala de Revisión que el accionante esté frente a una situación
que le ocasione un perjuicio irremediable, ya que en el año de 1983, celebró un
acuerdo conciliatorio con la COMPAÑIA NACIONAL DE NAVEGACION S.A. NAVENAL -En
liquidación- por medio del cual se le reconoció y pagó la suma de
$1'215.947.oo, en razón al proceso de liquidación de dicha sociedad, como valor
estimado con proyección al futuro de las mesadas pensionales vitalicias a las
cuales tenía derecho, con lo cual, precisamente lo que ocurrió fue que se le
aseguró al accionante la cancelación de las sumas derivadas de su pensión de
jubilación, lo cual no comporta un estado de indefensión.
Además, CAJANAL
resolvió una petición mediante auto susceptible de ser atacado por medio de los
correspondientes recursos en vía gubernativa y de las acciones contencioso
administrativas respectivas, como ya se advirtió, sin que con su decisión
contraria a la solicitud del accionante se vulnerara derecho alguno, pues
precisamente lo que se planteó por parte de dicha entidad fue una eventual
controversia jurídica acerca de la existencia o no de derechos pensionales en
cabeza del señor URUETA VERGARA, al no haber encontrado a su juicio sustento
legal para reconocerlos. No se da pues, la circunstancia de que "las
cosas no puedan retornar a su estado anterior," ni tampoco ocurre que
la acción de tutela se haya instaurado como "un remedio temporal frente
a una actuación arbitraria de autoridad pública, mientras se resuelve de fondo
el asunto por el juez competente", requisitos necesarios para que la
tutela proceda como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un
perjuicio irremediable, ya que lo que se pretende en este proceso es que "se
le ORDENE a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL "CAJANAL" se le
restablezca en forma inmediata a LUIS ALBERTO URUETA VERGARA el pago de sus
mesadas pensionales a que por ley tiene derecho" y no obra en el
expediente prueba de que efectivamente al accionante se le esté desconociendo
arbitrariamente derecho alguno, pues no aparece subordinado a la accionada y
su situación personal quedó sometida a una conciliación con los efectos
mencionados, cuyo diferendo no corresponde a esta Corporación. Así pues, decidir
de fondo acerca de una posible controversia sobre el derecho que el señor
URUETA VERGARA reclama a CAJANAL no es competencia del Juez de tutela.
Finalmente, afirma
el apoderado del accionante, que éste se encuentra desprotegido y en estado de
indefensión por no contar con medios económicos para alimentarse y tener acceso
a la salud. Esta Sala tampoco considera procedente el ejercicio de la acción de
tutela por esta razón, ya que de conformidad con el artículo 42 del Decreto
2591 de 1991 no se ha instaurado la acción contra un particular sino con
respecto de una entidad pública, y además existen, como se ha expresado, otros
medios judiciales para atacar el origen de la supuesta vulneración de derechos
fundamentales. Sobre este aspecto la Corte Constitucional se ha pronunciado en
repetidas ocasiones; sin embargo, basta recordar lo expresado en la sentencia
No. T- 025 de 1994:
"Establecer
si el presunto afectado está en relación de subordinación o indefensión
respecto del particular que motiva la acción, es cuestión fundamental por lo
dispuesto en el artículo 42 del decreto 2591 de 1991, numerales 4o. y 9o..
Tales normas ordenan:
"Art. 42.
Procedencia.
"La acción
de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los
siguientes casos:
"(...) 4.
Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra
quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación
que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación
de subordinación o indefensión con tal organización.
"(...) 9. Cuando
la solicitud sea para tutelar (la vida o la integridad de)[1] quien se encuentre en situación de
subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso
la acción. Se
presume la indefensión del menor que solicite la tutela." (se subraya)
(...) El concepto
de indefensión se refiere a la posibilidad de la víctima de enfrentarse con
éxito al origen del problema. No se ocupa de las diversas alternativas para
afrontar los efectos molestos o dañosos." (M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía)
Esta Sala de
Revisión procederá a revocar el fallo objeto de revisión, y en su lugar se
dispondrá a declarar improcedente la acción de tutela, por contar el señor
URUETA VERGARA con otros mecanismos de defensa judicial; y también por las
demás razones que se han dejado anotadas en esta providencia.
IV. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, obrando en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla el y de marzo de 1995. En su lugar
se dispone NEGAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el
señor LUIS ALBERTO URUETA VERGARA, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO. LIBRENSE por Secretaría las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda e insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional, envíese al Despacho de origen y cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia No. C-134 del 17 de marzo de 1994.
Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. |
414 | T-235-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-235/95
DERECHOS
COLECTIVOS/ACCION DE TUTELA/DERECHO A LA EDUCACION-Vulneración por falta de docente
Frente a la
amenaza o vulneración de uno o varios derechos fundamentales en el que se vea
involucrado un grupo de personas determinadas o determinables, es posible, -e
incluso recomendable por razones de economía procesal- que proceda la acción de
tutela, ya que se trata realmente de una acumulación de acciones dirigidas a
proteger a dichos individuos. En este orden de ideas, no es posible afirmar que
los medios jurídicos existentes para el amparo del interés colectivo (acciones
populares o las acciones de clase), resulten aplicables en todos los casos por
el sólo hecho de que se afecte a un número plural de personas, es decir dos o
más, o porque se trate de derechos descritos en el artículo 88 de la
Constitución Política o en cualquiera otra disposición de orden constitucional
o legal. Es así como, frente al asunto que se analiza, la posible violación del
derecho fundamental a la educación recae sobre un número plural de personas,
las cuales no aparecen identificadas en la demanda de tutela, pero son
perfectamente identificables, y quienes en forma individual y subjetivo creen
vulnerado su derecho a la educación.
SERVICIO PUBLICO
DE EDUCACION/DERECHOS FUNDAMENTALES/AUTORIDAD PUBLICA-Omisión
El derecho a la
educación además de ser un servicio público que debe cumplirse en forma
permanente y continua, está erigido como derecho constitucional fundamental, lo
cual le impone al Estado, como deber ineludible, una respuesta inmediata a las
necesidades insatisfechas de la educación, cuya satisfacción es prioritaria
para una adecuada prestación del servicio. En el caso particular, la
administración municipal no ha dado respuesta al problema surgido, a pesar de
contar con todos los medios legales para hacerlo. Y la ley 115 de 1994,
facultan a los gobernadores y alcaldes, para imponer sanciones e incluso
suspender provisionalmente, a aquellos docentes que incumplan sus obligaciones,
medidas éstas que debieron haber sido tomadas con miras a restablecer en forma
definitiva el derecho fundamental a la educación, que es a su vez un servicio
público, y que se ha interrumpido por la conducta irresponsable del docente. Y
se probó que los hechos que dieron origen a la acción de tutela, fueron
conocidos oportunamente por la autoridad pública acusada, la cual, ha omitido
en forma negligente, como se ha dicho, adelantar cualquier actuación en busca
de encontrar soluciones al problema existente.
REF: Expediente No. T - 50.552
Peticionario: Fulvio
Atanael Quiñones y otros
Procedencia: Juzgado
Primero Penal Municipal de Tumaco
Magistrado Ponente:
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Tema: Derecho
fundamental a la educación, sujetos determinados y determinables.
Santafé de Bogotá,
D.C., veintiséis (26) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro
Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera
Carbonell,
ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
tutela radicado bajo el número T-50.552, adelantado por Fulvio Atanael Quiñones
Cabezas, Fabio Evelio Quiñones Riascos, Jaime Primitivo Quiñones Quiñones y
Segundo Simón Quiñones Mindineros, contra el alcalde municipal de Tumaco y el
secretario de educación municipal.
I. ANTECEDENTES
Con base en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efecto de
su revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con
el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte
entra a dictar sentencia de revisión.
1. Solicitud
Los ciudadanos
Fulvio Atanael Quiñones Cabezas, Fabio Evelio Quiñones Riascos, Jaime Primitivo
Quiñones Quiñones y Segundo Simón Quiñones Minderos, en su calidad de padres de
alumnos y miembros de la junta de padres de familia de la escuela rural mixta
San Luis Robles, de la vereda del mismo nombre, municipio de Tumaco,
interpusieron ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco acción de tutela,
con el fin de amparar los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la
paz, el trabajo, a la cultura y la educación de los niños de primero (1o.)
"C", jornada de la tarde, de la mencionada escuela, consagrados en
los artículos 11, 13, 22, 25 y 44 de la Constitución Política.
2. Hechos
Afirman los
peticionarios, que el alcalde municipal de Tumaco en virtud del convenio
"MEN-MUNICIPIO DE TUMACO", nombró al señor Samuel Castillo Torres
docente de tiempo completo, asignándolo a la escuela rural mixta "San Luis
Robles" de la vereda del mismo nombre, municipio de Tumaco.
Que para el año
lectivo 1993-1994, la directora de la escuela le asignó el grado primero (1o.)
"C", jornada de la tarde. Sin embargo, afirma que durante el primer
semestre de clases (septiembre-diciembre de 1993), el señor Castillo Torres
sólo se presentó a trabajar en forma ocasional, y una vez iniciado el segundo
semestre (enero-junio de 1994), dicho profesor no se reintegró a las clases,
dejando abandonado el curso y motivando que la mayoría de los alumnos
desertaran y otros fueran distribuídos en diferentes cursos, lo cual ocasionó
finalmente que estos últimos perdieran el grado.
El día 13 de
septiembre de 1994, se iniciaron labores del año lectivo 1994-1995 y hasta el
momento en que fue presentada la demanda, el docente Samuel Castillo Torres no
se había presentado a trabajar, sin que hasta la fecha se tuvieran noticias de
que por acto administrativo dicho profesor hubiera sido trasladado a otro establecimiento
educativo.
Sobre el particular
señalan los actores que en reiteradas oportunidades la directora de la escuela
rural mixta "San Luis Robles", los padres de familia y el comité
pro-defensa de la educación del municipio, en forma verbal y por escrito, se
han dirigido al señor alcalde del municipio de Tumaco, e igualmente a la
Secretaría de Educación Municipal, solicitando el regreso del profesor Castillo
Torres a las clases; sin embargo dichos funcionarios "(...) por desinterés
y negligencia en sus funciones administrativas, no le han dado solución al
problema." Igualmente y conociendo la situación de dicho maestro, la
Tesorería Municipal de Tumaco, le ha venido cancelando los sueldos.
3.
Pretensiones
Solicitan los
actores que, como consecuencia del amparo de los derechos conculcados, se
ordene al señor alcalde del municipio de Tumaco, en su calidad de representante
legal y al secretario de Educación municipal, el inmediato traslado y
prestación de sus servicios a la "Escuela Rural Mixta San Luis Robles"
de Tumaco al profesor Samuel Castillo Torres.
II. ACTUACION
PROCESAL
1. Primera
instancia
El Juzgado Primero
Penal Municipal de Tumaco, mediante providencia de fecha veintiocho (28) de
septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), resolvió denegar la
acción de tutela impetrada por Fulvio Atanael Quiñones, Fabio Evelio Quiñones,
Jaime Primitivo Quiñones y Segundo Simón Quiñones, contra el alcalde municipal
de Tumaco y su secretario de Educación.
Consideró el Juzgado
que en el presente asunto, lo que se pretende por vía de tutela es la
protección de derechos que le asisten a la comunidad, representada en los
alumnos de un determinado centro educativo, "pero no se menciona un caso
particular, individual, subjetivo que pueda señalarse como el directo
perjudicado con una posible omisión de la administración municipal al no tomar
medidas urgentes, a fin de amparar el derecho a la educación o la cultura,
etc."
Así las cosas,
continúa el despacho, la Constitución Política consagra en su artículo 88, las
llamadas acciones populares para la protección de derechos colectivos y
"si bien existen derechos cuya tutela puede solicitarse por vía de
acciones populares o por la que actualmente nos ocupa, para que proceda esta
última es decir la acción pública de Tutela se necesita que resulte afectado un
derecho subjetivo, particular", y en el presente caso, no se demostró
menoscabo a un derecho subjetivo de carácter particular.
La decisión no fue
impugnada por ninguna de las partes.
III. PRUEBAS
ORDENADAS POR LA SALA NOVENA DE REVISION
Mediante auto de
fecha tres (3) de febrero de 1995, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional ordenó oficiar a la escuela rural mixta "San Luis
Robles", ubicada en la Inspección de Policía Departamental del mismo
nombre, jurisdicción del municipio de Tumaco (Nariño), para que informara si en
la actualidad cuenta con los servicios de un profesor de tiempo completo
asignado al curso primero (1o.) "C" de la jornada de la tarde. Igualmente,
oficiar a la secretaría de educación municipal de Tumaco, para que informe si
ha adelantado alguna investigación de carácter disciplinario en contra del
señor Samuel Castillo Torres, y en caso afirmativo remitiera copia de dicha
actuación.
Igualmente, por auto
de fecha veintisiete (27) de marzo de 1995, la misma Sala resolvió solicitar a
los actores y al director de la escuela, informar a esta Corporación si tienen
ellos la calidad de padres o acudientes de algunos de los estudiantes del curso
primero (1o.) C de la jornada de la tarde de la Escuela Rural Mixta "San
Luis Robles", o son estudiantes de la misma. Sin embargo, dado que dicha
solicitud no llegó a su destino, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, mediante auto de fecha veintiocho (28) de abril de 1995,
resolvió comisionar al Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco (Nariño), para
practicar la prueba pedida en el auto de fecha veintisiete (27) de marzo del
presente año.
Dando cumplimiento a
lo ordenado por esta Sala de Revisión, se allegaron al presente proceso los
siguientes documentos:
- Copia vía fax
del oficio No. S-ED 154 95, del 10 de febrero de 1995
En dicho oficio, el
secretario de educación municipal de Tumaco, manifiesta que revisada la hoja de
vida del docente Samuel Castillo Torres, se encuentran varias quejas de la
comunidad de Robles y de la directora de escuela, por incumplimiento al
trabajo; sin embargo no se encuentra ningún llamado de atención y mucho menos
proceso disciplinario.
Igualmente
manifiesta el funcionario, que por haber tomado posesión del cargo el primero
(1o.) de enero del presente año, no conoce a fondo el problema del docente
Castillo Torres.
- Copia vía fax
del oficio No. TN-GIL Ofc 178, del 8 de marzo de 1995
Mediante el cual, el
alcalde municipal de Tumaco, señala que de acuerdo con información verbal
presentada por la directora de la escuela "San Luis Robles", en la
actualidad el docente Samuel Castillo Torres, sigue incumpliendo con su
obligación de maestro. Sin embargo, el burgomaestre manifiesta que en el
presente año, la directora de la escuela no ha presentado por escrito informe
contra el citado docente.
- Despacho
comisorio No. 016-94, procedente del Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco,
Nariño.
En dicho despacho
consta que el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco, citó a declarar a la
señora Fabiola Reina, directora de la escuela rural mixta "San Luis
Robles", quien manifestó que conoce a los señores Fulvio Atanael Quiñones
Cabezas, Jaime Primitivo Quiñones Quiñones, y Segundo Simón Quiñones Minderos,
quienes tienen el carácter de presidente, secretario y vicepresidente de la
junta de padres de familia de la escuela rural mixta San Luis Robles
respectivamente. Además, el señor Segundo Simón Quiñones Minderos es padre de
una de las alumnas del curso primero C, jornada de la tarde de dicha escuela.
En cuanto al señor
Fabio Evelio Quiñones Riascos, manifestó la directora que ocupaba el cargo de
fiscal de la junta de padres de familia, pero falleció en el mes de diciembre
de 1994.
Igualmente, el
Juzgado comisionado recibió el testimonio del señor Fulvio Atanael Quiñones,
demandante en el proceso de tutela, quien manifestó ser el presidente de la
asociación de padres de familia de la escuela y además es abuelo de algunos de
los alumnos matriculados en la jornada de la tarde.
Finalmente tanto la
directora de la escuela San Luis Robles como el señor Quiñones Cabezas,
coincidieron en afirmar que el problema de la inasistencia del maestro Samuel
Castillo Torres a dictar las clases asignadas, se sigue presentando en la
actualidad sin existir solución a la vista.
IV.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución Política
y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia.
2. Procedencia
de la acción de tutela frente a derechos o intereses colectivos
En reiteradas oportunidades
esta Corporación ha sostenido que la protección de los derechos
constitucionales fundamentales de las personas a través del mecanismo de la
acción de tutela, incluye todas aquellas situaciones en las que una determinada
acción u omisión de la autoridad pública o de un particular, afecta a un
individuo o a un número plural de personas, en la medida que estas últimas
estén identificadas o sean fácilmente identificables.
Sobre la materia, ha
señalado esta Corporación:
"(...)La
acción u omisión de una autoridad pública puede poner en peligro o amenazar
simultáneamente el derecho fundamental de un número plural de personas, las
cuales pueden pertenecer a una misma familia, barrio o comunidad. Nada se opone
a que individualmente cada agraviado inicie la respectiva acción de tutela o
que todos, a través de un representante común, se hagan presentes ante un mismo
juez con el objeto de solicitar la protección del derecho conculcado."
(Sentencia No. T-251 de 1993, Magistrado Ponente, doctor Eduardo Cifuentes
Muñoz).
De igual forma, esta
Sala de Revisión se ha pronunciado sobre el tema en cuestión, en los siguientes
términos:
"Ahora bien,
la Sala considera conveniente realizar algunas precisiones acerca del alcance
de la acción de tutela contra particulares -y también contra autoridades
públicas- en los casos en que se afecte el interés colectivo. Sea lo primero
advertir que en algunos eventos la acción o la omisión de un particular, así
como la de una autoridad pública, puede afectar a un número plural de personas,
todas ellas identificadas o identificables, en cuyo caso no se puede predicar
una situación de "interés colectivo" que amerite la protección
jurídica mediante la figura de las acciones populares de que trata el artículo
88 superior, sino que se trata de una circunstancia que puede protegerse o
remediarse mediante instrumentos especiales como lo son las acciones
consagradas en la legislación colombiana, o la acción de tutela en los términos
definidos por el artículo 86 de la Carta Política (...)." (Sentencia No.
T-028 DE 1994, Magistrado Ponente, doctor Vladimiro Naranjo Mesa).
Así las cosas,
frente a la amenaza o vulneración de uno o varios derechos fundamentales en el
que se vea involucrado un grupo de personas determinadas o determinables, es posible,
-e incluso recomendable por razones de economía procesal- que proceda la acción
de tutela, ya que se trata realmente de una acumulación de acciones dirigidas a
proteger a dichos individuos. En este orden de ideas, no es posible afirmar que
los medios jurídicos existentes para el amparo del interés colectivo (acciones
populares o las acciones de clase), resulten aplicables en todos los casos por
el sólo hecho de que se afecte a un número plural de personas, es decir dos o
más, o porque se trate de derechos descritos en el artículo 88 de la
Constitución Política o en cualquiera otra disposición de orden constitucional
o legal.
Es así como, frente
al asunto que se analiza, la posible violación del derecho fundamental a la
educación recae sobre un número plural de personas, las cuales no aparecen
identificadas en la demanda de tutela, pero son perfectamente identificables,
ya que se trata de los alumnos del curso 1o. "C", jornada de la tarde
de la escuela "San Luis Robles", de la vereda del mismo nombre,
municipio de Tumaco, Nariño, y quienes en forma individual y subjetivo creen
vulnerado su derecho a la educación, razón por la cual es procedente analizar
de fondo si realmente se violó o no dicho derecho.
3. La
educación como derecho fundamental y como servicio público.
El carácter de
derecho fundamental de aplicación inmediata, le ha sido reconocido a la
educación en forma reiterada por esta Corporación, tanto por su naturaleza
consubstancial, inalienable y esencial al ser humano, como por su consagración
expresa en el caso de los niños (artículo 44 de la Constitución Política).
Igualmente este Tribunal, ha reconocido a la educación, como uno de los
derechos que mejor permite realizar el valor y principio material de la
igualdad, consagrado en el Preámbulo y en los artículos 5o. y 13 del Estatuto
Superior.
Sobre el particular,
ha manifestado esta Corporación:
"Tanto por
la naturaleza y función del proceso educativo como porque reúne a plenitud los
requisitos y criterios de esa categoría constitucional abierta que es hoy el
derecho fundamental, esta Corte ha reconocido que la educación es uno de tales
derechos que realiza el valor y principio material de la igualdad, consignado
en el preámbulo y en los artículos 5o. y 13 de la Carta..." (sentencia
T-429 de 1992, Magistrado Ponente, doctor Ciro Angarita Barón).
En cuanto a su
relación con el derecho a la igualdad, ha sostenido:
"La
educación, además, realiza el valor y principio material de la igualdad que se
encuentra consignado en el Preámbulo y en los artículos 5o. y 13 de la
Constitución. Ello puesto que en la medida en que la persona tenga igualdad de
posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para
efectos de su realización como persona." (Sentencia NO. T-02 de 1992,
Magistrado Ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero).
Ahora bien, el
derecho a la educación ofrece una particular importancia por cuanto constituye
el supuesto básico para que un individuo pueda ejercer en forma eficaz otros
derechos, a los cuales no tendría acceso o cuya efectividad sería irrealizable
sin su mediación, como lo son los derechos al trabajo, a escoger profesión u
oficio, al libre desarrollo de la personalidad y, como ya se dijo, a la
igualdad ante la ley.
Además de su condición
de derecho fundamental, la educación, por disposición constitucional (artículo
67, inciso 1o.), es un servicio público que cumple una función social. Esto
significa, que no sólo tiene que satisfacer una necesidad de carácter general,
la cual debe estar al alcance de quienes lo requieran, sino que además, el
Estado está en la obligación de garantizar el acceso a dicho servicio y velar
porque con su prestación se cumplan los fines señalados por la Carta Política,
que sobre el particular dispone:
"Artículo
67 (...)
"Corresponde
al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación
con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo."
Sin embargo, a pesar
de ser la educación un derecho fundamental y consagrarse como un servicio
público, su prestación está condicionada por las limitaciones principalmente de
orden material, que surgen de las propias posibilidades operativas y de
cobertura de las instituciones que la ofrecen, sin que ello implique que las
autoridades o los particulares encargados del servicio de la educación, estén
exentos de apelar a todos los instrumentos que tengan a su alcance para
satisfacer las necesidades que en dicha materia se presenten.
Lo anterior, sin
olvidar que, lo que representa una carga ineludible para el Estado, es la
regulación, el control y la vigilancia de la prestación del servicio público de
la educación, o sea la responsabilidad de asegurar su prestación en forma
eficiente y continua a todos los habitantes del país, buscando cumplir algunas
conquistas de tipo social que recaen de manera directa en el Estado y que están
relacionadas con el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida
de toda la población (artículo 366 de la C. P.).
4. El caso
concreto
4.1 Existe
violación del derecho fundamental a la educación, por parte de las autoridades
administrativas municipales de Tumaco, Nariño.
De la solicitud de
tutela puede deducirse que la supuesta violación del derecho fundamental a la
educación de los alumnos del grado 1o. "C", jornada de la tarde, de
la escuela rural mixta "San Luis Robles", obedece a la conducta
negligente asumida por el alcalde municipal de Tumaco y por su secretario de
educación, quienes no han adelantado gestión alguna con el fin de resolver el
problema generado en dicho curso por la inasistencia de su docente Samuel
Castillo Torres, situación que se ha presentado desde el mismo momento en que
fue nombrado y asignado a la mencionada escuela.
En relación con lo
afirmado por el actor, obran en el expediente entre otras pruebas, la
comunicación suscrita por la directora de la escuela y la junta de padres de
familia, donde informan a los funcionarios demandados la actitud asumida por el
docente Castillo Torres, y la declaración del señor asistente administrativo de
la Secretaría de Educación municipal de Tumaco, en la cual se le interroga
sobre el problema y afirma:
"PREGUNTADO; Sírvase manifestar si ante la Secretaría
de Educación Municipal ha cursado alguna información relacionada con la
inasistencia por parte del señor SAMUEL CASTILLO TORRES, a la escuela en la
cual debe prestar sus servicios? CONTESTO : Hay algunas quejas por
parte de la comunidad de San Luis Robles, en donde afirman que el profesor
Samuel Castillo, falta con frecuencia a su sitio de trabajo.- PREGUNTADO ;
Sírvase precisar si por lo anteriormente explicado, la Secretaría de
Educación Municipal, ha tomado alguna medida, para contrarrestar esta conducta
del profesor SAMUEL CASTILLO TORRES? CONTESTO : en el momento
no, pero se le ha llamado verbalmente y se le ha solicitado que cumpla con
su deber, pero el argumenta tener problemas con la comunidad (...)"(negrillas
fuera de texto).
Finalmente, la Sala
Novena de Revisión dentro de las pruebas solicitadas a la administración
municipal, obtuvo vía fax, declaraciones del secretario municipal y del alcalde
de Tumaco, respectivamente, en las que informan, con relación al problema
presentado, lo siguiente:
" (...)
Al respecto le informo que revisada la hoja de vida del docente citado, se
encuentran varias quejas de la comunidad de Robles y de la Directora de la
escuela, en contra del docente SAMUEL CASTILLO TORRES por incumplimiento al
trabajo, a pesar de haber cuatro informes de la Directora de la escuela,
apoyada por la comunidad no se encuentra ningún llamado de atención, mucho
menos proceso disciplinario." (negrillas fuera de texto).
"Según
información verbal en el día de hoy por parte de la directora de la escuela San
Luis Robles, el profesor Samuel Castillo Torres, en la actualidad sigue incumpliendo
con su obligación como maestro.(...)". (negrillas fuera de texto).
Así las cosas,
resulta claro que las pruebas arriba referenciadas permiten concluir, no sólo
que el docente Castillo Torres ha incurrido en faltas graves en el cumplimiento
de sus deberes profesionales (artículo 44, 45 y 46 del Decreto 2277 de 1977),
sino además, y es lo que constituye motivo principal del reproche de esta Sala,
que la administración municipal de Tumaco ha omitido adelantar cualquier tipo
de actuación en procura de solucionar el problema presentado y, por el
contrario, ha permitido que esta situación se prolongue excesivamente en el
tiempo (período lectivo 1993-1994 y 1994-1995), causando enormes e irreparables
perjuicios a los estudiante de dicha escuela, a quienes se les ha negado el
justo derecho a la educación.
No sobra insistir
que el derecho a la educación además de ser un servicio público que debe
cumplirse en forma permanente y continua, está erigido como derecho
constitucional fundamental, lo cual le impone al Estado, como deber ineludible,
una respuesta inmediata a las necesidades insatisfechas de la educación, cuya
satisfacción es prioritaria para una adecuada prestación del servicio.
En el caso
particular, la administración municipal no ha dado respuesta al problema
surgido, a pesar de contar con todos los medios legales para hacerlo. Cabe
recordar, en efecto, que el decreto 2277 de 1979 (art. 47) y la ley 115 de 1994
(arts. 130, 171 y otros), facultan a los gobernadores y alcaldes, para imponer
sanciones e incluso suspender provisionalmente, a aquellos docentes que
incumplan sus obligaciones, medidas éstas que debieron haber sido tomadas con
miras a restablecer en forma definitiva el derecho fundamental a la educación,
que es a su vez un servicio público, y que se ha interrumpido por la conducta
irresponsable del docente Castillo Torres.
En virtud de lo
anterior, concluye esta Sala de Revisión, alejándose del criterio expuesto por
el juez de primera instancia, que el alcalde municipal de Tumaco, y su secretario
de educación, violaron el derecho fundamental a la educación de los alumnos del
curso 1o. "C", jornada de la tarde, de la escuela rural "San
Luis Robles", pues se probó que los hechos que dieron origen a la acción
de tutela, fueron conocidos oportunamente por la autoridad pública acusada, la
cual, ha omitido en forma negligente, como se ha dicho, adelantar cualquier
actuación en busca de encontrar soluciones al problema existente.
Otro sería el
criterio de esta Corporación, si las quejas presentadas al burgomaestre y al
secretario de educación municipal de Tumaco, por parte de la directora de la
escuela y la junta de padres de familia, hubiesen sido atendidas o se hubiesen
adelantado las gestiones pertinentes para solucionar el problema generado por
la conducta reprochable del docente Castillo Torres. Pero como ya se dijo, no
fue esa la actitud asumida por las autoridades locales; por el contrario, su
negligencia y desinterés para encontrar caminos de solución al conflicto,
fueron evidentes, logrando con esta actitud prolongar la vulneración del
derecho, la cual se viene presentado desde el período lectivo 1993-1994 hasta
la fecha, sin que se haya tomado medida alguna en procura de restablecerlo.
Finalmente, en
cuanto hace a la petición formulada por los actores para tutelar igualmente el
derecho a la igualdad, a la vida, al trabajo, a la paz y a la cultura de los
menores, no encuentra la Corte que exista relación de causalidad, entre los
hechos que dieron origen a la violación del derecho a la educación y la posible
vulneración de los otros derechos citados, razón por la cual no procederá la
acción de tutela.
En virtud de lo
anterior, la Sala habrá de revocar el fallo de fecha 28 de septiembre de 1994,
proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal de Pasto, y ordenará tutelar
el derecho a la educación de los alumnos de 1o. "C" jornada de la
tarde de la escuela "San Luis Robles", municipio de Tumaco, Nariño.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR
el fallo de fecha 31 de
agosto de 1994, proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal de Pasto,
mediante el cual se denegó la acción de tutela interpuesta por Fulvio Atanael
Quiñones Cabezas, Fabio Evelio Quiñones y otros, contra el alcalde municipal de
Tumaco y el secretario de educación municipal, por las razones expuestas en
esta providencia..
SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental a la educación de
los alumnos del grado 1o. "C", jornada de la tarde, de la escuela
"San Luis Robles", de la vereda del mismo nombre, municipio de
Tumaco, y en consecuencia, ORDENAR al alcalde municipal de Tumaco, y a
su secretario de educación, que en plazo de cinco (5) días contados a partir de
la notificación de esta providencia, realicen las gestiones que sean necesarias
para garantizar el derecho a la educación de los referidos estudiantes.
TERCERO:
ORDENAR que por la
Secretaria General de esta Corporación, se envíe copia de esta Sentencia a la
procuraduría general de la Nación para que, de acuerdo con la parte motiva de
esta providencia, se investigue la omisión de los alcaldes y secretarios de
educación, del período inmediatamente anterior y del actual, por haber
permitido en estos dos (2) últimos años la violación continuada del derecho
fundamental a la educación de los alumnos de 1o. "C", jornada de la
tarde, de la escuela rural "San Luis Robles", vereda del mismo nombre,
municipio de Tumaco.
CUARTO: ORDENAR
que, por la Secretaría
General de esta Corporación, se comunique esta providencia al Juzgado Primero
Penal Municipal de Tumaco, en la forma y para los efectos previstos en el
artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
415 | T-236-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-236/95
LEGITIMACION POR
ACTIVA EN TUTELA
La profesora
demandante en el presente expediente, estaba legitimada para interponer la
acción de tutela en consideración a la posible vulneración de su derecho
fundamental al trabajo. No estaba legitimada para invocar el derecho a la
educación, máxime que no tenía la representación de los alumnos, ni existe
prueba de que ellos no estuvieran en condiciones de promover su propia defensa.
DERECHOS
FUNDAMENTALES-Núcleo
esencial/ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Acceso a dependencias
El núcleo
esencial de un derecho fundamental, se encuentra en su contenido. En el caso
concreto, la situación que se presenta en el establecimiento educativo, a pesar
de las limitaciones, no afecta la libertad al trabajo de la actora, pues se
refiere a su calidad, pero, el núcleo del derecho fundamental no está siendo
vulnerado con el hecho de ella no contar con acceso a determinadas áreas. Si
bien el ideal es que todas las personas tengan derecho a desarrollar sus
derechos en condiciones adecuadas, estos deseos no pueden ser siempre
protegidos a través de la acción de tutela, pues, para cada caso concreto, el
juez de tutela debe tener en cuenta las posibilidades reales con que cuenta, ya
que el Estado colombiano no está en capacidad de satisfacer todas las
necesidades en forma absoluta e inmediata.
REF: PROCESO T-55.628
DEMANDANTE: AYDA LUZ YÉPEZ CANTILLO contra GUSTAVO
POLO OVALLE.
PROCEDENCIA: JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA
MARTA.
MAGISTRADO
PONENTE: JORGE ARANGO
MEJÍA.
Aprobada en sesión
de la Sala Primera de Revisión, celebrada en la ciudad de Santafé de Bogotá, a
los treinta (30) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango
Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre la
providencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta,
en el proceso promovido por AIDA LUZ YÉPEZ CANTILLO.
El expediente llegó a la Corte Constitucional, por
remisión que hizo el Juzgado, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del
decreto 2591 de 1991.
I.- ANTECEDENTES.
La actora presentó
ante el Juzgado Noveno Penal Municipal de Santa Marta, acción de tutela, en
forma verbal, el 2 de septiembre de 1994, contra el señor Gustavo Polo Ovalle,
quien ostenta, según la demandante, las condiciones de rector de la Escuela
Normal para Varones, jornada de la mañana, y rector del Colegio Experimental
de Bachillerato, Juan Maiguel de Osuna, en la jornada de la tarde, por las
siguientes razones.
a) Hechos.
La actora es
profesora del Colegio Experimental Maiguel de Osuna, colegio que funciona, en
las horas de la tarde en las instalaciones de la Normal para Varones. Consideró
que el rector ha violado derechos fundamentales de los estudiantes del colegio
donde ella es profesora, al prohibir a los estudiantes la utilización de
algunas áreas del edificio, tales como el laboratorio, la biblioteca, los
equipos audio visuales, el paraninfo, los servicios sanitarios para las
estudiantes y profesores y el salón de profesores.
Además, todos los
actos que perturban el normal desarrollo de la educación, llegaron a su máxima
manifestación cuando, el día 2 de septiembre de 1994, algunos alumnos de la
Normal para Varones, jornada de la mañana, permanecieron en las instalaciones
del colegio, autorizados por el rector, y “sabotearon el desarrollo normal de
las clases de la jornada de la tarde con un potente pick up dentro de
las instalaciones de la Institución.” Algunos profesores les llamaron la
atención, pero fueron agredidos.
b) Derechos
constitucionales presuntamente vulnerados.
La demandante
considera que con la actitud del rector, se viola el derecho a la educación.
c) Pretensión.
La demandante no
manifestó su pretensión. Pero de los hechos, se puede deducir que solicita que
el demandado permita el acceso, a los estudiantes y profesores del Colegio
Experimental, a los sitios que se encuentran restringidos y que perjudican el
desarrollo normal de las clases.
d) Actuación
procesal.
El Juzgado Quinto
Penal Municipal de Santa Marta avocó el conocimiento de esta acción, notificó
su iniciación al demandado, citó a algunos profesores del Colegio Experimental
y practicó pruebas.
Las declaraciones de
los profesores de la jornada de la tarde corroboran los inconvenientes que se
han presentado al no permitir el acceso a determinadas áreas de las
instalaciones, a los estudiantes y profesores del Colegio Experimental. Así
mismo, informaron sobre lo sucedido el día en que se presentó la tutela, hechos
en los que intervinieron agentes de la policía y del CAI vecino a las
instalaciones del Colegio.
También manifestaron
que el demandado no se hace presente, en las horas de la tarde, en el Colegio
Experimental, incumpliendo así con las labores a él encomendadas.
Se allegó al
expediente el “Informe sobre la situación presentada en las instalaciones de la
escuela ´Normal Nacional de Varones´ el día 2 de septiembre de 1994”, suscrito
por el representante de la Secretaría de Educación de Santa Marta.
En este informe se
señala que el problema principal se originó con la inauguración de las
olimpiadas deportivas de la Normal para Varones. Actividades que se prolongaron
más allá de la jornada de la mañana.
Sobre los demás
inconvenientes que se han venido presentando, en el informe se menciona que se
realizará una reunión entre las directivas de los colegios, para tratar de
solucionarlos.
El Juzgado llevó a
cabo una inspección judicial a las instalaciones donde funciona el Colegio
Experimental, con el objeto de establecer si se encuentran áreas restringidas. El
Juzgado encontró cerrados con candado, o bajo llave, la rectoría, el paraninfo,
los salones donde funcionan los laboratorios de química y física, la sala de
conferencias, de proyección, los baños para hombres y profesores. Ninguno de
los salones donde funciona la jornada de la tarde tenía fluido eléctrico.
e) Decisión de
primera instancia.
En sentencia de 22
de septiembre de 1994, el Juzgado Quinto Penal Municipal de Santa Marta concedió
la tutela solicitada, y resolvió:
“2. Ordenar al
rector de dicho centro educativo señor GUSTAVO POLO OVALLE que en el término de
48 horas contados (sic) a partir del día siguiente de la notificación de la
presente providencia debe permitir el libre acceso a las areas (sic) que en la
actualidad se encuentra (sic) restringidas siendo estas: el paraninfo, la
biblioteca, los salones donde funcionan los laboratorios de Química y Física,
la sala de Conferencias, la sala de Proyección, la Mapoteca, el baño para
varones y el baño para profesores y las demás que sean para beneficio tanto
para el estudiantado como para el profesorado de dicho plantel en la jornada de
la tarde.”
El Juzgado consideró
que el demandado estaba vulnerando el derecho fundamental a la educación,
artículo 67 de la Constitución, al no permitir el acceso de los estudiantes de
la jornada de la tarde, a las áreas descritas.
Sobre los hechos
ocurridos el día en que se presentó la tutela, el Juzgado se abstuvo de
pronunciarse, por ser competencia de la Secretaría de Educación. También ordenó
compulsar copias a la Procuraduría para que examine la conducta del rector, por
dejar de asistir habitualmente a sus labores académicas.
f) Impugnación.
El demandado
presentó dos escritos al Juzgado, uno en solicitud de aclaración de la
sentencia y otro impugnándola.
En el escrito de
impugnación, el demandado expuso:
- El Juez le negó la
oportunidad de ser oído, a pesar de que en dos ocasiones se acercó al despacho
del Juzgado para ponerse a su disposición, lo cual hubiera permitido hacer
algunas precisiones importantes sobre el tema, tales como las siguientes.
- El no es rector
del Colegio Experimental, no existe nombramiento que lo acredite como tal.
- Sus actuaciones no
son arbitrarias, sino que están amparadas en la ley. En noviembre de 1992, el
entonces Secretario de Educación le planteó la posibilidad de abrir una jornada
adicional en el edificio de la Normal para Varones. Dado que los bienes de la
Normal para Varones son del Ministerio de Educación, el demandado consultó al
Ministerio, donde le respondieron que tal posibilidad debe enmarcarse dentro de
las normas legales. Por consiguiente, el señor Polo Ovalle concedió, en forma
transitoria, autorización para que funcione el Colegio Experimental, pero no ha
accedido a poner a disposición los bienes muebles que pertenecen la Ministerio,
por prohibición del decreto 1789 de 1988.
También señaló que
el Colegio Experimental no puede ser calificado como jornada adicional de la
Normal para Varones, pues para ello requiere un convenio con el Ministerio de
Educación y un estudio que garantice la financiación adecuada y permanente.
El demandado adjuntó
copias de documentos relativos a su impugnación, y del acta de 29 de septiembre
de 1994, donde consta lo ocurrido en la reunión convocada por el señor Polo
para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de tutela. Allí consta que
ni el coordinador del Colegio Experimental, ni la actora de la tutela, ni el
resto de profesores quisieron responsabilizarse de las áreas y bienes que
ordena la tutela entregar. Por consiguiente, no pudo cumplir con lo ordenado
por el juzgado.
g) Sentencia de
segunda instancia.
Antes de dictar
sentencia, el Juzgado Primero Penal del Circuito recibió declaraciones del
demandado y de la Secretaria de Educación de Santa Marta, y documentos relacionados
con el proceso.
En sentencia de 17
de noviembre de 1994, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta revocó
la sentencia del Juzgado Quinto Penal Municipal, al considerar que no
existe perjuicio irremediable, pues la jornada de la tarde viene funcionando en
idéntica forma desde hace dos años, es decir, sin tener acceso a todas las
instalaciones. Además, no se pude obligar al demandado a actuar en contra de lo
ordenado en las normas legales, llevándolo a incurrir en la posible comisión de
un delito.
h) Pruebas
solicitadas por la Corte Constitucional.
Mediante auto de 27
de abril de 1994, esta Sala de Revisión solicitó al Secretario de Educación y
Cultura Distrital de Santa Marta, Magdalena, información relacionada con la
situación legal del Colegio Juan Maiguel de Osuna.
El Director del
Departamento Administrativo del Servicio Educativo de Santa Marta, en
comunicación de 11 de mayo de 1995, manifestó que el Colegio “es un plantel de
Bachillerato Académico con base en una experimentación encaminada hacia los
ejes presentados en el proyecto, calidad, identidad cultural, investigación
científica, derechos humanos, defensa y conservación del medio ambiente.”
Fue legalizado por
resolución Nro. 129 del 28 de febrero de 1994, y funciona en las instalaciones
físicas de la Escuela Normal para Varones. Su estructura administrativa está
compuesta por un Rector; 2 coordinadores y una secretaria. “Los medios
educativos no son los más adecuados, cuenta con material de laboratorio,
didáctico; el rector ha logrado un convenio con la Universidad del Magdalena
para desarrollar los laboratorios en esta Universidad.” El plantel no ha
suscrito convenio alguno con el Ministerio de Educación Nacional.
II. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.
[CC1] La Corte
es competente de conformidad con los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución y el decreto 2591 de 1991.
Segunda.
Legitimidad e interés de la actora.
En el presente caso,
surge la siguiente pregunta: ¿la profesora demandante de la presente acción
estaba legitimada para presentarla invocando como derecho vulnerado el de la
educación? o ¿debía ella invocar su derecho al trabajo como objeto de
vulneración?
Para responder, se
deben tener en cuenta los siguientes aspectos.
La profesora en su
demanda puso en conocimiento la existencia de hechos que impiden desarrollar a
cabalidad la labor educativa que tiene bajo su responsabilidad. Situación que
perturba el derecho a la educación, pues afecta a profesores y a alumnos.
En el proceso se
probó que efectivamente existen áreas a las que no tienen acceso ni los
profesores ni los estudiantes del Colegio Experimental. Dichas áreas son: el
paraninfo, la biblioteca, los salones donde funcionan los laboratorios de
química y física, la sala de conferencias, la sala de proyección, los baños de
profesores y estudiantes.
No se puede negar
que tales limitaciones constituyen problemas para el buen desarrollo del
servicio público de la educación, tanto para quienes la otorgan como para
quienes la reciben. Pero, unos y otros se encuentran en diferentes planos. Para
este caso, los profesores podrían ver afectado su derecho al trabajo, artículo
25 de la Constitución. Y los alumnos, el de la educación, artículo 67.
Por consiguiente,
la profesora demandante en el presente expediente, estaba legitimada para
interponer la acción de tutela en consideración a la posible vulneración de su
derecho fundamental al trabajo. No estaba legitimada para invocar el derecho a
la educación, máxime que no tenía la representación de los alumnos, ni existe
prueba de que ellos no estuvieran en condiciones de promover su propia defensa,
de conformidad con lo señalado en el artículo 10 del decreto 2591 de 1991.
Hecha esta
precisión, el breve análisis que se hará en esta providencia se circunscribirá
a considerar si la existencia de áreas, importantes por demás, donde no tienen
acceso profesores y alumnos, constituye violación al derecho al trabajo de la
actora.
Tercera.-
Improcedencia de la presente acción.
Esta demanda es
improcedente por las siguientes razones:
a) La Corte a través
de su jurisprudencia ha señalado que el núcleo esencial de un derecho
fundamental, se encuentra en su contenido. En el caso concreto, la situación
que se presenta en el establecimiento educativo, a pesar de las limitaciones,
no afecta la libertad al trabajo de la actora, pues se refiere a su calidad,
pero, se repite, el núcleo del derecho fundamental no está siendo vulnerado con
el hecho de ella no contar con acceso a determinadas áreas, las cuales nadie
puede negar que constituyen parte importante en la labor educativa.
Además, la profesora
Yépez, en su demanda, se refirió a los problemas generales que se presentan a
los profesores y alumnos, pero no especificó la forma como tales problemas
directamente le impiden desarrollar su derecho al trabajo.
Si bien el ideal es
que todas las personas tengan derecho a desarrollar sus derechos en condiciones
adecuadas, estos deseos no pueden ser siempre protegidos a través de la acción
de tutela, pues, para cada caso concreto, el juez de tutela debe tener en
cuenta las posibilidades reales con que cuenta, ya que el Estado colombiano no
está en capacidad de satisfacer todas las necesidades en forma absoluta e inmediata.
b) El demandado, al
impedir el acceso a determinados sitios del establecimiento educativo, estaba
actuando en cumplimiento de normas legales, es decir, no en forma arbitraria,
carente de fundamento.
De conformidad con
lo anterior, es claro que la tutela presentada por la profesora es
improcedente, por lo que habrá de confirmarse la sentencia del 17 de noviembre
de 1994, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta.
Cuarto.-
Observaciones finales.
La Corte considera
conveniente referirse a la actuación surtida por el juez de primera instancia
en este proceso.
Es evidente que
debió citar en primer lugar al demandado en el proceso, con lo que se hubieran
precisado, desde el principio, las razones del demandado para su proceder, y la
decisión, probablemente, hubiera sido diferente.
Si hubiera citado al
demandado, se hubiera enterado, de que éste no era el rector del Colegio
Maiguel de Osuna, y que su negativa a entregar el acceso a todas las áreas del
colegio del que sí es rector, no es un acto arbitrario.
Prueba de lo
anterior fue el hecho de que fue imposible cumplir la orden dada por el juez de
entregar las áreas restringidas, las cuales no quisieron ser recibidas por el
coordinador del colegio, ni por ningún profesor, incluída la demandante de esta
tutela.
El otro asunto, se
refiere a la conveniencia de poner en conocimiento del Ministerio de Educación
Nacional, para lo de su competencia, la situación que afrontan los profesores y
alumnos del Colegio Maiguel de Osuna, pues como el propio Director del
Departamento del Servicio Educativo Distrital de Santa Marta lo señala a esta
Corte, “Los medios educativos no son los más adecuados, cuenta con material de
laboratorio, didáctico; el rector ha logrado un convenio con la Universidad del
Magdalena para desarrollar los laboratorios en esta Universidad”.
III.-
DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
CONFÍRMASE la sentencia
del Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta, de fecha 17 de noviembre
de 1994, por las razones expuestas en esta sentencia. En consecuencia, no se
concede la tutela demandada por la profesora Ayda Luz Yépez Cantillo.
Segundo.- ENVÍESE
copia de esta sentencia al
Ministerio de Educación, para su conocimiento.
Tercero.-
COMUNÍQUESE la presente
decisión al Juzgado Quinto Penal Municipal de Santa Marta, para que sea
notificada a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del
decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional.
JORGE ARANGO
MEJÍA
Magistrado
ANTONIO
BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA V.
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[CC1] |
416 | T-237-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-237/95
AUTONOMIA
UNIVERSITARIA-Límites
Dentro de un
sentido general, la autonomía universitaria se admite de acuerdo a determinados
parámetros que la Constitución establece, constituyéndose, entonces, en una
verdadera relación derecho-deber, lo cual implica una ambivalente reciprocidad
por cuanto su reconocimiento y su limitación están en la misma Constitución.
Sería incompresible que con la disculpa de la autonomía se vulnere la
normatividad constitucional, toda vez que ésta es portadora de unos principios
que bajo ningún aspecto pueden ser desplazados. Hay que precisar que la
autonomía universitaria en cierta forma es expresión del pluralismo jurídico,
pero su naturaleza es limitada por la Constitución y la ley y es compleja por
cuanto implica la cohabitación de derechos pero no la violación al núcleo
esencial de los derechos fundamentales.
REGLAMENTO
UNIVERSITARIO-Concepto
Se entiende por
estatutos según definición de la Corte Constitucional, las regulaciones
sublegales, de las instituciones de Educación Superior, su organización
administrativa (niveles de dirección, de asesoría), requisitos para admisión
del alumnado, selección del personal docente, clasificación de los servidores
según las modalidades consagradas en la ley. Los estatutos constituyen, para
las entidades universitarias, su régimen de carácter obligatorio, en el que
disponen puntualmente todo lo relacionado con su organización y funcionamiento.
Los reglamentos, son el régimen interno de las Universidades. Implican el
ejercicio autónomo administrativo, mediante el cual pueden determinar su
funcionamiento interno y la toma de decisiones de extremo interés para la
institución. Tal régimen puede establecerse con base en tres aspectos: 1.
régimen descentralizado o centralizado; 2. Toma de decisiones de manera
unipersonal o colegiada, 3. Si existe un sólo órgano de gobierno que atienda a
las decisiones generales. Dentro del reglamento están las normas del régimen
disciplinario.
PROCESO
DISCIPLINARIO-Autoridad
incompetente
Indudablemente,
ser acusado por una autoridad que en el instante no tiene competencia convierte
el pliego de cargos en algo que no puede ser válido; en efecto: cuando un
procedimiento tiene dos instancias, (factor funcional), se considera que
una vez iniciada la segunda instancia al fallador de primera instancia se le
SUSPENDE LA JURISDICCION. Dentro del principio de la seguridad jurídica es
conclusión lógica que si se decreta la nulidad de todo lo actuado, tal
determinación llega hasta la fecha en que se decreta tal nulidad. Y, si
específicamente se dice que la nulidad cobija, inclusive, un pliego de cargos,
entonces, con mayor razón, no se puede dar ningún valor a pliego de cargos suscrito
ANTES del decreto de nulidad.
PROCESO
DISCIPLINARIO-Hechos
anteriores/TEORIA DE LOS SANEAMIENTOS
Tramitar
presuntas o reales faltas antiguas, no es violación al debido proceso, siempre
y cuando la persona continúe siendo "alumno". Si se tramitan procesos
disciplinarios por hechos anteriores al semestre o año correspondiente al
período de matrícula, ello es factible y en este evento hay aplicación de la
teoría de LOS SANEAMIENTOS, teoría que se justifica por el derecho que tiene el
Estado a la suprema inspección y vigilancia de la educación "con el fin de
velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación
moral, intelectual y física de los educandos". No sería prudente que se
privara al Estado y la sociedad de una investigación disciplinaria que apunta a
la averiguación de si un estudiante tiene la formación ética adecuada
para obtener un título profesional.
PROCESO
DISCIPLINARIO UNIVERSITARIO-Procedencia
de acción de tutela
Los procesos
disciplinarios en las Universidades escapan a la jurisdicción
contencioso-administrativa, luego, el mecanismo adecuado para examinar si se
cumplió o no el debido proceso, es a través de la acción de tutela. Y, en este
instante, la determinación a tomar no puede ser la de decidir el proceso
disciplinario, cuestión que sólo atañe a la Universidad en razón del derecho a
su autonomía, sino de examinar si dentro del trámite se permitió el derecho de
defensa y se cumplió con el debido proceso, no solamente en cuanto a las
formalidades propias sino en su aspecto SUSTANTIVO. Esto implica que la
valoración de la prueba hecha por la entidad universitaria que sancionó debe
corresponder a lo que un HOMBRE RAZONABLE hubiera adoptado en la comparación
entre los hechos que señala la prueba y la determinación que se tome, es por
eso que se habla de STANDARD (regla general de conducta).
MATRICULA-Orden para dejar sin efecto su cancelación
Si se menoscaba
la claridad y el equilibrio en el debido proceso y flagrantemente el análisis
de la prueba es contradictorio, el fallador no hace un juicio justo. Cuando
esto ocurre la medida que tomará el Juez de tutela o el Juez de revisión será
la de dejar sin efecto la cancelación de la matrícula ordenada por las
autoridades universitarias.
TITULO
PROFESIONAL-Otorgamiento/LIBERTAD
DE TRABAJO-Límites
No se puede pasar
por alto que la Universidad otorga el título cuando se cumplan determinados
requisitos. Si no se cumplen, no surge la situación jurídica concreta, luego no
se puede alegar que se está violando el derecho al trabajo. Si la demora o la
imposibilidad en el otorgamiento del título obedece a un proceso disciplinario,
y éste violó el derecho fundamental al debido proceso, la determinación del
Juez de tutela será la de proteger el debido proceso y no la de proteger el
derecho al trabajo. La libertad de trabajar no es absoluta. Hay profesiones en
las cuales el riesgo social impone la indispensable obligación de obtener el
título.
GRADO
UNIVERSITARIO-Otorgamiento
El Juez de
primera instancia no ha debido ordenar el grado, sino simplemente garantizar el
debido proceso en la investigación disciplinaria. Ahora bien, tanto el Juez de
tutela como esta Sala de Revisión han dejado sin efecto la sanción de
cancelación de matrícula, luego se superó el obstáculo para que la peticionaria
se graduara; esto significa que aunque la sentencia del Juez sea revocada
parcialmente, un argumento equitativo permite determinar que ello no acarrea la
nulidad del otorgamiento del título, hecho cumplido que también se basó en que
en el momento del grado la estudiante llenó los requisitos académicos y
administrativos para obtenerlo y no había en ese instante impedimento alguno
para graduarla.
REF: EXPEDIENTE
T-60179
Peticionario:
María Cecilia Delgadillo.
Procedencia:
Juzgado Quinto Promiscuo de Familia de Manizales.
Temas:
-Autonomía
universitaria.
-Reglamentos
universitarios
-Si
se menoscaba la claridad y el equilibrio en el debido proceso y flagrantemente
el análisis de la prueba es contradictorio, el fallador no hace un juicio
justo.
-El
Juez de tutela no puede decidir un proceso disciplinario, sólo puede examinar
si se cumplió o no el debido proceso.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO.
Santa Fe de Bogotá
D.C., treinta y uno (31) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro
Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
tutela identificado con el número de radicación T-60179, adelantada por María
Cecilia Delgadillo Calero contra la Universidad Autónoma de Manizales.
I. ANTECEDENTES
A. Hechos que
motivan la solicitud.
1.) María Cecilia
Delgadillo Calero, consideró que se le han violado, por parte de la Universidad
Autónoma de Manizales, los derechos al buen nombre, educación, trabajo y debido
proceso, por cuanto pese a haber terminado sus estudios de odontología y
aprobado las asignaturas con los mejores promedios, no se le otorgó el grado
porque el Acuerdo 11 de 17 de noviembre de 1994, del Consejo Superior, le
canceló definitivamente la matrícula, aplicándose la sanción contemplada en el
reglamento estudiantil art. 59 literal e-) que inhabilita a la estudiante para
continuar siendo alumna de la Universidad Autónoma de Manizales. Y aunque la
solicitante ya había finalizado sus estudios, lo concreto es que la sanción
conllevaba en la práctica la imposibilidad de graduarse, así lo reconoció el
Rector ante el Juez de tutela.
2.) La actuación de
la Universidad que dió origen a la tutela se inició el 25 de mayo de 1994
cuando el Decano estimó que había razones para investigar acciones de la
estudiante violatorias del reglamento estudiantil: presunta falsificación de
firmas en hojas de evaluación de historias clínicas de pacientes tratados por
la alumna y además se le endilgó que el tratamiento practicado a la paciente
MAGNOLIA OCAMPO ANGARITA no se continúo por culpa de María Cecilia Delgadillo.
Posteriormente se
dictó la resolución Nº 055 de Julio 11/94, emanada del Consejo de la Facultad,
por la cual se impuso la sanción de expulsión de la universidad, con copia a la
hoja de vida de la estudiante y al ICFES. Este castigo significaba que ninguna
facultad de odontología podía graduarla. Se interpuso el recurso de reposición
y se profirió la resolución Nº 060 de agosto 5/94 confirmatoria del acto
atacado. Se elevó entonces ante el Consejo Superior el recurso de APELACION, y
mediante el acuerdo Nº 006 de septiembre 13 de 1994, se decidió ANULAR el
proceso disciplinario seguido contra la alumna a partir de la formulación de
cargos, inclusive, estimándose que existían incongruencias en la
descripción de las presuntas faltas formuladas en el pliego de cargos y la de
las faltas por las cuales se le sancionó.
3.) Se dió trámite a
un nuevo pliego de cargos, en ciertos aspectos distinto del pliego de cargos
inicial, ya que esta vez se formuló no tanto porque varias de las firmas del
Dr. DIEGO GALARZA que aparecen en las historias clínicas correspondientes a
pacientes tratados por la alumna, no fueron puestas por el Dr. Galarza, sino
porque, según el Decano, las historias clínicas fueron utilizadas "a
sabiendas" para obtener paz y salvo de la clínica de control de pacientes.
En cuanto al tratamiento practicado a MAGNOLIA OCAMPO ANGARITA se acusó a la
Delgadillo por la irregularidad consistente en la perforación con consecuencias
patológicas para la paciente, lo cual, según el pliego de cargos, se ocultó por
la alumna a la paciente y a la tutora respectiva. Este pliego de cargos tiene
fecha 12 de septiembre, no obstante que la determinación de anulación es
del día 13. De todas maneras se profirió la resolución Nº 061 de octubre 10 de
1994 mediante la cual el Consejo de la Facultad de Odontología nuevamente
sancionó a la alumna con la expulsión. El acto se apeló y el Consejo Superior
de la Universidad decidió mediante el Acuerdo Nº 011 de noviembre 17 de 1994,
no expulsar a MARIA CECILIA, sino cancelarle definitivamente la matrícula,
inhabilitándola así para continuar como alumna de la Universidad. Este último
acto es el que motiva la tutela. En la petición se dice concretamente:
“Acudo a
solicitar la tutela de mis derechos vulnerados para que no se repita la
historia de mi primera sanción, que sin pliego de cargos me sancionaron con el
aplazamiento del grado por un semestre y no contentos con tal injusticia me
quieren condenar de por vida al no ejercicio profesional, al negarme la
graduación a que tengo derecho por haber llenado todos los requisitos para
recibirme como Odontóloga”.
4.) La Delgadillo
también expresa en la solicitud de tutela que su rendimiento académico ha sido
excelente, así lo ha reconocido la Universidad y que al interior del centro
educativo superior existen muchas irregularidades de procedimiento en lo que
concierne al control de los registros y citas, manejo de historias clínicas y
control de pagos. Estima que por parte alguna, el reglamento de la Universidad
tipifica las faltas que se le señalan y por las cuales se le sanciona. Niega
haber falsificado firmas. Y afirma que ella no es culpable del posible
perjuicio a Magnolia Ocampo.
5.) Tanto la
solicitante como la Universidad, reiteradamente hacen referencia a una sanción
anterior. Como en el expediente hay prueba sobre esta circunstancia, es
necesario aclarar que se adelantaron en 1994 dos investigaciones disciplinarias
por la Universidad en contra de María Cecilia Delgadillo y por hechos
diferentes.
La primera
investigación, que no es motivo de esta tutela porque la sanción que conllevó
ya se cumplió, surgió por una costumbre existente en las facultades de
odontología: resulta que los estudiantes deben atender pacientes, generalmente
de escasos recursos, quienes deben dar una suma de dinero para el tratamiento;
en muchas oportunidades son los mismos estudiantes quienes pagan esa suma de
dinero, así evitan que el paciente se aleje ya que si esto ocurre y el
estudiante se queda sin pacientes corre el peligro de perder la asignatura y el
semestre; en otras oportunidades los estudiantes informan que el paciente ha
pagado sin que esto sea cierto, la Universidad Autónoma de Manizales cataloga
estas faltas como INCONSISTENCIAS, y en ellas incurrieron muchos alumnos
incluida Cecilia Delgadillo. En el primer semestre de 1994 se adelantaron por
esta razón investigaciones a un gran número de estudiantes. En lo que tiene que
ver con la Delgadillo, por resolución Nº 017 de abril 15 de 1994, el Decano de
la Facultad de Odontología resolvió suspenderla por un período académico.
Aunque reglamentariamente esta sanción la impone el Consejo de Facultad, en el
caso concreto de Cecilia Delgadillo y Carlos Cobo la tomó el Decano como tal,
mientras que en otros casos sí lo hizo el Consejo de la Facultad. Además, las
sanciones impuestas a los alumnos oscilaron entre simples llamados de atención
hasta la suspensión de un semestre (en este último caso se incluyó a María
Cecilia Delgadillo y Paula Andrea Ariza). La estudiante recurrió de este
acto y por resolución Nº 020 de abril 27 de 1994, se ratificó la sanción. Se
apeló y el Consejo Académico Universitario profirió la resolución Nº 001 de
mayo 10 de 1994 confirmando la pena pero varió el período de su cumplimiento,
ya no para el primero, sino para el segundo semestre de 1994. Aunque la alumna
finalizó sus estudios en el primer semestre, la sanción concretamente la afectó
en cuanto el grado se le aplazó. Es decir, la alumna sólo podía graduarse
después del 8 de diciembre de 1994, así lo reconoció el Decano durante la
inspección judicial.
B. Actuación
procesal en la tutela.
1.) El 15 de
diciembre de 1994 se presentó la acción. Al día siguiente se decretaron pruebas
y se ordenó notificar, entre otras personas, al Rector de la Universidad,
doctor José Ignacio Restrepo y así se hizo mediante oficio 920 de 16 de
diciembre de 1994.
Ese mismo 16 de
diciembre José Ignacio Restrepo Abondano fue al Juzgado 5º Promiscuo de Familia
de Manizales, donde cursaba la tutela, allí se le notificó, se le entregó
copia, rindió declaración y la Universidad tuvo oportunidad de explicar su
comportamiento con prueba documental y testimonial.
2.) El Juzgado
profirió sentencia el 26 de diciembre de 1994. Determinó entre otras cosas:
“PRIMERO:TUTELAR
a MARIA CECILIA DELGADILLO CALERO, con cédula de ciudadanía número
30.322.628 de Manizales, domiciliada en esta ciudad en la carrera 22 Nº 66-28,
Apartamento 201 y de las anotaciones personales, familiares y sociales
conocidas en autos, los derechos fundamentales al debido proceso, al buen
nombre, a la educación y al trabajo, conforme a los razonamientos jurídicos y
probatorios consignados en el cuerpo de este fallo.
SEGUNDO: DISPONER que se deja sin efecto integrante el
Acuerdo Nº 011 de noviembre 17 de 1994, emanado del Consejo Superior de la
Universidad Autónoma de Manizales, y por medio del cual se canceló
definitivamente la matrícula a la estudiante, inhabilitándola para continuar
como alumna de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES, restableciéndole todos los
derechos y deberes inherentes a tal calidad, sin que proceda contra ella
represalias ni discriminaciones.
TERCERO: ORDENAR a la Universidad Autónoma de Manizales, que
cumplidas las exigencias del reglamento interno de la misma, se proceda a
conferir el título de profesional, a graduar, a que tiene derecho MARIA CECILIA
DELGADILLO CALERO, como efecto de esta providencia, reiniciadas las actividades
académicas.”
3.) El 27 de
diciembre, mediante telegrama 879, se le comunicó al Rector el resultado de la
tutela y además, aunque la norma no lo establece, se fijó edicto el 30 de
diciembre, hasta el 3 de enero. El Juzgado dejó constancia de que la
providencia “quedó ejecutoriada” a las 6 p.m. del 17 de enero de 1995, y,
durante esos 20 días, la Universidad no impugnó. Legalmente el tiempo para la
impugnación había fenecido antes, pero el Juzgado consideró que iba más allá y
no obstante esta prolongación la Universidad no interpuso recurso alguno.
Enviado el
expediente para su eventual revisión, el caso fue escogido por la Sala de
Selección, debido a insistencia oportunamente formulada.
C. Elementos de
juicio que surgen del acervo probatorio.
De la petición y del
texto de la sentencia que se revisa se colige que la tutela se circunscribe al
estudio de la violación resultante de la decisión de CANCELACION DEFINITIVA DE
LA MATRICULA, es decir del procedimiento que principió el 25 de mayo y finalizó
con la expedición del Acuerdo 011 de 17 de noviembre de 1994, proferido por el
Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Manizales. A esto debe
circunscribirse tanto el Juez de tutela como el Juez de revisión.
1.1. Pliego de
cargos: del 25 de mayo de 1994.
Debido a las “inconsistencias”
que dieron motivo a la primera sanción según se dijo, se le suspendió el
semestre a María Cecilia Delgadillo y a Paula Andrea Ariza; esta última pidió
reposición y acusó a María Cecilia Delgadillo de haber perforado el diente a
una paciente y de haberse falsificado firmas a Jaime Uribe. Así lo declara el
Decano Sánchez ante el Juez de Tutela. El Decano comprueba que no se le
falsificó firmas a Jaime Uribe y averigua si se le falsificaron firmas al
profesor Galarza, como éste dice que si, se inicia la investigación. A Paula
Andrea Ariza se le rebaja la pena a suspensión de dos semanas, (Resolución 030
del 23 de mayo) y a María Cecilia se le mantiene la sanción de suspensión del
semestre y se se le inicia la otra investigación el 25 de mayo.
1.2. En el pliego de
cargos, del 25 de mayo, el Decano dice que en 4 historias clínicas de pacientes
tratados por María Cecilia Delgadillo hay unas firmas que no corresponden al
profesor Diego Galarza y que la paciente Magnolia Ocampo no volvió a la Clínica
(asignatura práctica), responzabilizándose a la alumna por la no continuación
del tratamiento de endodoncia a la señora Ocampo. La alumna contesta que ella
no falsificó las firmas del doctor Galarza y que nada tiene que ver con la
ausencia de la paciente.
1.3. En carta
dirigida al Decano el 31 de mayo de 1994, la paciente dice que no regresó por
"problemas de índole personal" y que no ha tenido ningún problema con
el diente, ni menos con María Cecilia Delgadillo.
En el Consejo de
Facultad se dijo expresamente por los miembros de tal Consejo, el 5 de julio de
1994, que "el hecho de la perforación de un conduto radicular, en este
caso, no existe gravedad por si mismo, sino el hecho de haber ocultado el daño
tanto a la paciente como a su docente tutor."
Nuevamente la
paciente le dice al Decano, por escrito, que en la cita en noviembre de 1992 la
alumna (María Cecilia Delgadillo) "me obturó un conducto y luego los otros
conductos le dieron dificultad porque las limas no entraban lo suficiente para
lo cual llamó a la doctora que le estaba dirigiendo el trabajo y ella cogió las
limas y empezó a trabajar y yo sentí que la lima se profundizó y me
fastidió..." Esto lo corroboró verbalmente el 1º de agosto de 1994 cuando
Magnolia Ocampo fué citada al Consejo de Facultad y en un interrogatorio
exaustivo que se le hizo por el Decano, la paciente exonera de responsabilidad
a María Cecilia Delgadillo Calero.
Magnolia Ocampo,
hizo llegar una carta de su puño y letra al funcionario que practicó la
inspección judicial. Dice entre otras cosas:
La suspensión del
tratamiento que se me hacia en 1992 se debió a problemas personales y a que
tuve que viajar a Bogotá, y que por la perforación del conducto dental no he
entablado demanda contra nadie aunque tengo la seguridad y así lo he declarado
a la facultad que la única molestia o dolor lo sentí cuando la profesora le
ayudó a la estudiante María Cecilia Delgadillo en el uso de las limas y no
cuando María Cecilia me trabajaba... como si yo como paciente no me diera
cuenta de las cosas y mis afirmaciones no tuvieran valor".
Bajo la gravedad del
juramento, ante el Juez de tutela, el 20 de diciembre de 1994, Magnolia Ocampo
expresó:
"Sí, si fuí
tratada en la Universidad Autónoma, fuí tratada en el 92, en el semestre
segundo del año, primero, me trató LUIS EDUARDO NIETO, me hizo unas calzas y un
tratamiento de conducto, luego me trató FERNANDO JARAMILLO, me hizo una
limpieza; en un semestre me trato Eduardo Nieto, luego me trató José Fernando
Jaramillo y terminando el año 92 me cogió MARIA CECILIA DELGADILLO pero a
hacerme otro tratamiento en otra muela ya distinta, otro tratamiento de
conducto. Yo lo único que he dicho y que lo mandé por escrito a la universidad
fué que yo ya llevaba como dos o tres citas con María Cecilia Delgadillo y se
terminaba ya el semestre, ella al final de la clase María Cecilia, llamó a la
Dra. que en ese momento la estaba dirigiendo a élla, se llama la Dra. Claudia
Ardila y yo no lo digo porque yo la hubiera conocido a élla ni nada sino que
en ese momento élla le estaba dirigiendo el trabajo a María Cecilia, María
Cecilia le dijo a élla que me viniera a revisar el diente porque las limas no
me entraban bien y la Dra. empezó a meterme las limas y yo no tenía anestesia
-sic-, en ese momento yo sentí el fastidio, un fastidio como si las limas
hubiera transpasado algo, yo inmediatamente terminó la clase yo le dije a María
Cecilia que yo había sentido un fastidio y élla me dijo que no me preocupara
que luego cuando volviera a entrar a la Universidad me tomaba una radiografía y
yo nunca volví más, yo nunca volví a la Universidad porque una hermana mía se
enfermó y a mi no me interesó volver".
La profesora Claudia
Ardila, también en declaración ante el Juez de tutela, esquiva la
responsabilidad, aunque reconoce:
Yo estuve durante
todo el tratamiento, lo más seguro es que si intervine en esa cita... Porque es
muy difícil después de dos años reconocer un paciente a través de un
aislamiento del campo operativo".
Sólo hasta el 20 de
junio de 1994 se le tomaron a la paciente 2 radiografías por orden del Decano y
ahí fue cuando, en realidad, se detectó la perforación del conducto.
El Consejo de la
Facultad no le dió ninguna credibilidad a la paciente y por el contrario
consideró que la alumna fue quien perforó el conducto mesio-vestibular del
diente de la Ocampo. Y considera falta a la ética el silencio de la alumna.
1.4. Respecto a la
falsificación de firmas, el grafólogo Néstor Fraume Sánchez conceptuó el 28 de
junio de 1994.
"Las firmas
que el Dr. Diego Galarza niega como pertenecientes a sus propias grafias, no se
corresponden con las grafias auténticas de la señorita María Cecilia Delgadillo
C., lo que está significando que las firmas dudosas del doctor Galarza, no
fueron realizadas por la señorita Delgadillo."
Hay que advertir que
en ese primer pliego de cargos el Decano prácticamente señaló a María Cecilia
Delgadillo Calero como la autora de la falsificación.
1.5. No obstante que
la paciente no acusa a María Cecilia Delgadillo, que sólo hasta 1994 se
tuvo conocimiento exacto de la lesión de la paciente y que el grafólogo afirma
que la alumna no falsificó firmas, la determinación de la Universidad
fue la de expulsión (Resolución 055 de 14 de julio de 1994) decisión ratificada
el 5 de agosto de 1994, contra la cual interpuso apelación María Cecilia
Delgadillo, pasando la investigación al Consejo Superior y suspendiéndose la
sanción porque así lo ordena el artículo 68 del Reglamento.
2.1. Anulación de
todo actuado, en el proceso disciplinario.
El Consejo Superior
designó una comisión para que estudiara el caso y dicha comisión advirtió que
había incongruencia entre los cargos y las faltas e insinuó la anulación de
todo el proceso disciplinario.
2.2. El 13 de
septiembre, a las 2:30 p.m., el Consejo Superior aprobó el informe de la
Comisión y sin otro comentario dictó el Acuerdo 006 que dice en su artículo
único:
"ANULAR el
proceso disciplinario adelantado a nivel interno de la facultad de odontología
contra la estudiante María Cecilia Delgadillo Calero, a partir de la
formulación de cargos, inclusive por incongruencias en la descripción de las
presuntas faltas formuladas en el pliego de cargos y la de las faltas por las
cuales se le sanciona a fin de que se subsane el error y se reponga lo actuado".
2.3. Aunque la
decisión de anular se tomó el 13 de septiembre de 1995, el nuevo pliego de
cargos no se hizo con posterioridad a tal determinación sino con ANTERIORIDAD.
Obra en el
expediente el original del pliego aludido, firmado por el Decano Hernán
Sánchez Araujo, bajo el Nº 45-448 y tiene fecha: "septiembre 12 de 1994".
Como la alumna llamó la atención sobre este hecho, el Decano, el 29 de
septiembre de 1994, en el Consejo de Facultad dice que hubo "una
transposición involuntaria de términos”. En la diligencia de inspección
judicial se constató que en la copia al carbón que obra en los archivos de la
Facultad de odontología está la fecha "12 de septiembre " y en la
parte superior se puso "26 sep." con sellador y está el número 45448
pero se agregó otro número "5216".
Para dilucidar estos
agregados hechos a la copia, se examinó el orden consecutivo de oficios
remitidos por el Decano y se constató que el número 45447 corresponde al 12 de
septiembre y el 45449 es del 13 de septiembre, luego el 45448 lógicamente
es del 12 de septiembre.
2.4. Es de anotar
que el nuevo pliego de cargos difiere del inicial. En efecto:
a- Sobre el caso de
la paciente Magnolia Ocampo:
En el primer pliego
se acusó porque no se continuó el tratamiento y la paciente no volvió a la
"clínica" (se entiende por "clínica" la asignatura
práctica).
En el segundo pliego
se escribió:
“Que usted no
informó oportunamente a la doctora Claudia Ninet Ardila S.,... sobre la
perforación del conducto MV del 46 a la paciente Magnolia Ocampo Angarita, a
quien tampoco le informó sobre el error clínico”.
Es decir, se acusa
por perforar un conducto y no avisar.
b- Respecto el caso
de las firmas (propiamente rúbricas) que fueron falseadas:
En el primer pliego
se indica que las firmas del doctor Galarza fueron falsificadas.
En el segundo
pliego:
“Usted utilizó, a
sabiendas, historias clínicas irregularmente diligenciadas, para obtener el paz
y salvo de la clínica de control de pacientes.”
O sea, se la acusa
de usar a sabiendas documentos privados falsificados.
2.5. El pliego sólo
se entregó a la alumna el 26 de septiembre, quien rindió los descargos el 28,
no convalidó la irregularidad de la fecha y negó los cargos.
2.6. Aunque no
habían transcurrido los 3 días reglamentarios para aportar pruebas, el Consejo
de la Facultad el 29 de septiembre expulsó a la alumna. Desestimó la versión de
Magnolia Ocampo con base en la hipótesis de que la lesión que sufrió la
paciente "se debió haber efectuado en una cita posterior a la que fue
aprobado con su firmas por la doctora Claudia Ninet Ardila...", es decir,
en una cita NO reportada en la historia clínica.
Sobre las firmas
falsificadas se dijo que la falsificación sólo favorecía a la Delgadillo porque
con base en ellas recibió un paz y salvo. Pero no hay el menor indicio de que
existiera el elemento “a sabiendas”, ni menos del trámite e importancia de ese
paz y salvo.
Hay que agregar que
la alumna expresa que muchas personas tienen acceso a las historias clínicas,
las cuales están en la oficina de estadística. El Decano dijó en la inspección
que la historia la deja el estudiante en un cajón, en la oficina de recepción y
las auxiliares deben llevarlas a estadística. Dentro de las dependencias de la
"Coordinadora administrativa" está la oficina de estadística, la cual
debe ser controlada por el jefe inmediato ("perfil de cargos" de la
Facultad); son, pues, estas las entidades administrativas responsables del
cuidado de las historias clínicas.
Es importante ver
qué decían las leyendas que se rubricaron:
- En la historia
clínica 20978, 1-09-93:
"Se puede
citar para operatoria. Pendiente operatoria",
Antes de esta frase
hay otra, del mismo día:
"Paciente
que fue remitida para ontodoncia fija, no se le hizo tratamiento en la
clínica". Y, aparece
la rúbrica del doctor Diego Galarza, quien no la objeta.
- En la historia
clínica 1224 (sic): "Queda pendiente para operatoria y cirugía aunque
el paciente es muy incumplido".
Otra frase (no
objetada la firma), del mismo día, hace referencia a que "el paciente no
vino".
- En las dos firmas
de la historia clínica 21108. Las frases rubricadas son:
"Historia
clínica" y "Paciente
que trabaja en la policía y no pudo asistir a la clínica".
- La firma en la
historia clínica 21339, de 13-10-93, rubrica esta frase: " No fue
necesario hacerle la biopsia ni la historia, se continuo (sic) ya que sólo vino
para la biopsia, para el resto de tratamiento el tiene odontóloga particular y
por lo tanto esta paciente que no será citado".
Las rúbricas a las
frases transcritas fueron las que motivaron la cancelación de matrícula. Y, se
repite, está plenamente probado que no las hizo María Cecilia Delgadillo.
2.7. Aunque todas
estas pruebas fueron conocidas por el Consejo Superior, en el momento de
decidir, el Consejo Superior dijo escuetamente en el Acuerdo 011 de 17 de
noviembre de 1994 (el que motiva la tutela) que la estudiante "no
desvirtuó los cargos que se le formularon". Si se considerara que el
Acuerdo se integra con el Acta del Consejo Superior, allí consta que el
Presidente de tal organismo opinó que antes de decidir se elevara una consulta
al Tribunal de Etica Odontológica, y otro integrante del Consejo, el doctor
Saldarriaga, alertó citando una jurisprudencia de la Corte Constitucional, puso
de presente que la Universidad no desvirtuó las declaraciones de la paciente y
expresó que "a su modo de ver la facultad tiene responsabilidad en la
comisión de la falta por insuficiencia en los controles”. Sin embargo al
parecer, se impuso la tesis del representante de los estudiantes quien pidió
sanción “ejemplarizante” y del Decano de odontología Hernán Sánchez quien
afirmó que el manejo de las historias clínicas es de los estudiantes porque “no
puede asignárseles un vigilante que se encargue de velar el cumplimiento del
proceso establecido para tal fin”. No hay constancia en el Acta de la votación
y no fue firmada por el Presidente.
2.8. Hay que aclarar
que en el expediente obra prueba en el sentido de que el Decano puede
investigar (reglamento estudiantil), fallar en primera instancia como
integrante del Consejo de Facultad (reglamento estudiantil), decidir en segunda
instancia como integrante del Consejo Académico (reglamento estudiantil y Estatutos),
o, si fue electo representante de los decanos ante el Consejo Superior (caso
del Dr. Hernán Sánchez) también pronunciarse en tal instancia.
En contraste, hay
que resaltar que el padre de la alumna, Dr. Alfonso Delgadillo, integraba el
Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Manizales y en acta se consignó
que consideró prudente ausentarse del Consejo cuando se discutió lo de su hija.
3. Pruebas sobre
el trabajo y el resultado académico de María Cecilia Delgadillo.
-En los 6 años de
bachillerato las notas fueron muy buenas, 58 calificaciones superaron el
porcentaje 8.0, ocho estuvieron entre 7.0 y 8.0 y por debajo de 7.0 no hubo
ninguna nota.
-En la Universidad
aprobó todos los semestres y el promedio de las notas reportadas de los
primeros 9 semestres fue: 3.89.
-El Director del
hospital infantil de Manizales destaca el buén comportamiento y puntualidad de
María Cecilia Delgadillo Calero en su práctica profesional en dicho hospital.
-En el mismo sentido
y con agradecimiento de la comunidad se expresa la Directora del Centro
Educativo Marco Fidel Suárez donde la Delgadillo Calero hizo práctica
extra-mural.
-La jefe de la
sección de desarrollo humano de Caldas, el médico director del centro de salud
de Arma, la Directora de la escuela nueva de la vereda de Lorena, la enfermera
de atención básica del centro de Salud de Arma, las 5 promotoras de salud de
dicho coregimiento, las 11 profesoras de la escuela Angel de la Guarda de Arma,
en sendas comunicaciones, ponen de presente los numerosos programas sanitarios,
atención a toda la comunidad, campañas de salud, actividades de prevención en
odontología, educación sobre higiene dental, profesionalismo, ETICA y
responsabilidad de María Cecilia Delgadillo Calero en su actual cargo de
Odontóloga Rural en el centro de salud de Arma (municipio de Aguadas) donde
realiza el año de servicio social como odontóloga rural.
4. Información
adicional.
Cecilia Delgadillo
está desempeñando ya su año rural porque la Universidad Autónoma de Manizales
la graduó, debido a la sentencia del Juez de tutela y en vista de que cumplió
con todos los requisitos académicos desde el 8 de julio de 1994 (antes de la
sanción) y con el pago y paz y salvos administrativos (después de la sentencia
de tutela). El grado se efectuó el 2 de febrero de 1995, previa resolución y
sobrepasado el 8 de diciembre de 1994 cuando finalizó la sanción de suspensión
de un semestre.
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
A. Competencia.
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para conocer de esta revisión
dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos
86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitucion Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se
hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala
correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el
Reglamento de esta Corporación.
B. Temas
Jurídicos a tratar.
Como la Constitución
Política reconoce la autonomía universitaria, habrá que analizar, en primer
lugar, hasta donde va su proyección cuando surge conflicto entre la autonomía y
los derechos fundamentales a la educación y al debido proceso. Este tema
plantea un interrogante muy importante: la valoración que se le ha de dar a los
hechos que significan violación de los reglamentos, será una calificación
autónoma de las autoridades universitarias? Además, es necesario precisar las
consecuencias prácticas de la violación al debido proceso en un proceso disciplinario.
DERECHO A LA
EDUCACION Y AUTONOMIA UNIVERSITARIA.
1. Qué es la
autonomía?
A la Universidad se
le reconoce su autonomía porque se presume que es un sujeto socialmente
competente, máxime por tratarse de una comunidad científica, que en la expedición
y manejo de sus propias normas estatutarias y reglamentarias crea un espacio
jurídico doméstico.
"Es el derecho
de cada institución universitaria a ser lo que es, el derecho a su propia ley
que la identifica como ente singular dentro del mundo universitario, de tal
modo que puede autoregularse, pero nunca en contradicción con la legalidad y
las conveniencias generales".[1]
2. Sentido de la
autonomía.
En numerosas
sentencias la Corte Constitucional ha dicho qué se entiende por autonomía
universitaria y cuál es su sentido:
"La autonomía
universitaria... encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la
formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de
interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico como en
la orientación ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del ente
educativo."[2]
y;
"El sentido
de la autonomía universitaria no es otro que brindar a las universidades la
discrecionalidad necesaria para desarrollar el contenido académico de acuerdo
con las múltiples capacidades creativas de aquellas, con el límite que encuentra
dicha autonomía en el orden público, el interés general y el bien común. La
autonomía es, pues, connatural a la institución universitaria; pero siempre
debe estar regida por criterios de racionalidad, que impiden que la universidad
se desligue del orden social justo."[3]
No se trata, pues,
de un derecho alternativo que impone normas diferentes al derecho
"oficial", sino que es, en cuanto a las formas jurídicas y su
interpretación, un enfoque entendible que gira al rededor de una concepción
ética-educativa.
Esa libertad de
acción tiene esta dimensión:
"La
autonomía universitaria se refleja en las siguientes libertades de la
institución: elaborar sus propios estatutos, definir su régimen interno,
estatuír los mecanismos referentes a la elección, designación y período de sus
directivos y administradores, señalar las reglas sobre selección y nominación
de profesores, establecer los programas de su propio desarrollo, aprobar y
manejar su presupuesto y aprobar los planes de estudio que regirán la actividad
académica".[4]
3. Límites a la
autonomía.
La sentencia
anteriormente citada, precisa:
Los límites al
ejercicio de la autonomía universitaria están dados en el orden constitucional:
pues el conjunto de disposiciones reglamentarias adoptadas por el centro
educativo y en la aplicación de los mismos encuentra límite en la Constitución,
en los principios y derechos que esta consagra, en las garantías que establece
y en los mandatos que contiene y en el orden legal: la misma Constitución
dispone que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos, de acuerdo con la ley."[5]
La autonomía
universitaria de manera alguna implica el elemento de lo absoluto. Dentro de un
sentido general, la autonomía universitaria se admite de acuerdo a determinados
parámetros que la Constitución establece, constituyéndose, entonces, en una
verdadera relación derecho-deber, lo cual implica una ambivalente reciprocidad
por cuanto su reconocimiento y su limitación están en la misma Constitución.
Sería incompresible que con la disculpa de la autonomía se vulnere la
normatividad constitucional, toda vez que ésta es portadora de unos principios
que bajo ningún aspecto pueden ser desplazados. Hay que precisar que la
autonomía universitaria en cierta forma es expresión del pluralismo jurídico,
pero su naturaleza es limitada por la Constitución y la ley y es compleja por
cuanto implica la cohabitación de derechos pero no la violación al núcleo
esencial de los derechos fundamentales.
"La
autonomía universitaria es ante todo un derecho limitado y complejo. Limitado
porque es una garantía para un adecuado funcionamiento institucional compatible
con derechos y garantías de otras instituciones que persiguen fines sociales.
Complejo, porque involucra otros derechos de personas, tales como la educación,
la libertad de cátedra, la participación, que deben ser tenidos en cuenta y
respetados en el desarrollo de las actividades universitarias."[6]
Es por ello que la
Corte enfatiza:
"El
principio de la autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la
Constitución, debe ser leido en el marco del artículo 2, por ser la primera
norma orgánica mientras que este último es un principio material que irradia
toda la Constitución. La educación puede ser encausada y reglada autónomamente
pero no negada en su núcleo esencial".[7]
Se entiende como
NÚCLEO ESENCIAL según la Corte:
"la
educación puede ser encauzada y reglada autónomamente pero no negada en su
núcleo esencial.
Siguiendo a Peter
Häberle, se denomina "contenido esencial" al ámbito necesario e
irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las
modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el
núcleo básico del derecho fundamental, no susceptible de interpretación o de
opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas políticas". [8]
La autonomía
Universitaria, como realidad histórica se fundamenta según Alfonso Borrero
S.J.: en la autonomía de la ciencia y el saber. La autonomía surgida con la
base en la ciencia y el saber tienen su fundamento en el objeto social, y es
precisamente ahí donde cobra todo su valor.
La universidad hace
suyo el poder propio del saber, pero sin menoscabo de los valores consagrados
constitucionalmente.
4. El derecho a
la educación.
La educación es un
derecho fundamental de la persona, "con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la
cultura" (art. 67 C.P.).
Del derecho
fundamental a la educación se deriva que la persona que se educa goce de una
estabilidad mínima en cuanto hace a su permanencia como estudiante en el centro
de formación al que se ha vinculado. Ello implica que, mientras se ajuste a las
condiciones fijadas en el respectivo reglamento, el estudiante tiene derecho a
continuar recibiendo el servicio educativo hasta la culminación de la carrera
iniciada."[9]
5. Otorgamiento
del grado.
La forma adecuada
para finalizar una carrera es la obtención del grado. Los directivos deben
actuar con claridad en los pasos que la Universidad exige para la expedición
del título. Y los alumnos deben sujetarse a los reglamentos del centro docente
para adquirir el derecho. La Corte ha dicho:
"Es del
núcleo esencial de este derecho el que se le otorguen los títulos al estudiante
que conforme a los reglamentos del centro docente adelante su labor educativa,
y no pueden servir para desconocer la obligatoriedad de la expedición de ese
título, conductas de los directivos, que desconozcan los propios reglamentos de
la institución, o contradictorias en sus interpretaciones, o vagas y dilatorias
o reflejos de conflictos entre directivos o docentes."[10]
6. Requisitos
para obtener el grado.
Para que la
obtención del título se considera núcleo esencial de la educación, el alumno
debe cumplir los requisitos académicos que fijen los estatutos: "En
ejercicio de la autonomía universitaria garantizada en la norma constitucional
anteriormente mencionada, los centros educativos superiores tienen derecho a
regirse por sus propios estatutos y a establecer sus reglamentos con sujeción a
la ley, lo que implica la libertad para fijar- sin desconocer las bases mínimas
exigidas por el Estado- los requisitos básicos que debe cumplir quien acuda a
ellas para obtener los títulos que se otorgan en los distintos niveles y
especialidades."[11]
AUTONOMIA
UNIVERSITARIA LIMITADA POR EL DEBIDO PROCESO.
7. Debido
proceso.
"El alumno
tiene un derecho a que, antes de hacerlo sujeto pasivo de las sanciones
contempladas en el reglamento, se dé cumplimiento a los trámites allí mismo
señalados en orden a garantizar su defensa y la observancia del debido proceso,
pues ninguna razón puede invocarse para justificar la adopción de medidas
sancionatorias fundadas en el arbitrio de la autoridad universitaria."[12]
El debido proceso
académico tiene características propias en razón de la autonomía universitaria.
8. Proceso
disciplinario.
El debido proceso se
predica de los procesos disciplinarios que la Universidad le puede iniciar a
sus estudiantes, los cuales deben ajustarse a la Constitución, a la ley, a los
estatutos de la Universidad y al reglamento estudiantil.
Se entiende por
estatutos según definición de la Corte Constitucional, las regulaciones
sublegales, de las instituciones de Educación Superior, su organización
administrativa (niveles de dirección, de asesoría), requisitos para admisión
del alumnado, selección del personal docente, clasificación de los servidores
según las modalidades consagradas en la ley. Los estatutos constituyen, para
las entidades universitarias, su régimen de carácter obligatorio, en el que
disponen puntualmente todo lo relacionado con su organización y funcionamiento.
Los reglamentos, son
el régimen interno de las Universidades. Implican el ejercicio autónomo
administrativo, mediante el cual pueden determinar su funcionamiento interno y
la toma de decisiones de extremo interés para la institución. Tal régimen puede
establecerse con base en tres aspectos: 1. régimen descentralizado o
centralizado; 2. Toma de decisiones de manera unipersonal o colegiada, 3. Si
existe un sólo órgano de gobierno que atienda a las decisiones generales.
Dentro del reglamento están las normas del régimen disciplinario.
9. Formalidades
propias.
Se admite como
límite al proceso disciplinario el principio constitucional del debido proceso.[13] Dentro del debido
proceso están entre otros, el principio de publicidad (conocimiento de los
hechos), la competencia del juzgador, el ser oido en defensa de sus derechos,
la recepción de pruebas pertinentes, el derecho de impugnar, la motivación del
acto y la observancia de las esenciales formalidades propias del juicio.
"Aunque no
con el rigor propio de los procesos judiciales -pues la naturaleza misma de la
labor educativa exige márgenes razonables de discrecionalidad en la apreciación
de hechos y circunstancias- la institución debe otorgar al estudiante inculpado
la seguridad de que no se lo castigará sin su audiencia, brindándole ocasión
adecuada para responder a los cargos que se le imputan, escuchando su versión
de los acontecimientos, facilitándole la posibilidad de presentar pruebas en
apoyo a sus afirmaciones, permitiéndole que controvierta las que se esgrimen en
su contra y dejando que haga uso de los recursos procedentes contra el acto
mediante el cual se lo sanciona. Unicamente así se garantiza que la decisión
tenga fundamento en la justicia.
El respeto al
debido proceso significa el reconocimiento y observancia de los pasos previos a
la sanción, partiendo del supuesto de la inocencia de la persona sindicada; el
principio consagrado en el artículo 29 de la Carta implica que las normas -en
este caso los reglamentos universitarios- deben preservar la transparencia de
las actuaciones que precedan al acto sancionatorio.
A este respecto señala
el profesor Klaus Tiedemann: "... es irrenunciable que el inculpado pueda
tomar posición frente a los reproches formulados en su contra, y que se
consideren en la obtención de la sentencia los puntos de vista sometidos a
discusión. La exposición del caso del inculpado sirve no sólo al interés
individual de éste, sino también al hallazgo de la verdad. La meta procesal
del esclarecimiento de la sospecha se alcanza en la mejor forma por medio de un
proceso dialéctico, en el que se pongan a discusión aspectos inculpatorios y
exculpatorios, así como argumentos y contra argumentos ponderados entre
sí"[14] .
Cuando se trata
de imponer una sanción a una persona, el encargado de aplicarla debe tener
señalado de antemano el ámbito de su competencia y claramente establecidas las
etapas dentro de las cuales el procesado deberá ser oído, así como las medidas
que contra él pueden tomarse a título de sanción en caso de ser vencido. A
este respecto, anota la Corte que el Reglamento no puede prever la imposición
de sanciones imprescriptibles, es decir aquellas que implican inexistencia de
un término máximo de duración (artículo 28, inciso final, Constitución
Política), como sería el caso de que a la expulsión de la Universidad se
añadiera la notificación a los demás establecimientos de educación superior
pretendiendo impedir el ingreso del estudiante al sistema educativo nacional,
lo cual desconocería, además, el mandato contenido en el artículo 67 de la
Carta, a cuyo tenor la educación es un derecho de la persona."[15]
3. EL CASO
CONCRETO ANTE EL DEBIDO PROCESO.
10. Competencia
para tramitar la investigación.
El encargado de
aplicar la sanción debe tener fijada de antemano la competencia para hacerlo,
dice expresamente la sentencia antes transcrita (T-492/92)[16]. Es apenas lógico que
el juzgamiento corresponde hacerlo al funcionario competente, de lo contrario,
carece de validez, no es saneable cuando se trata de competencia funcional.
Ante el hecho de que
el 13 de septiembre de 1994 el Consejo Superior de la Universidad Autónoma de
Manizales decretó la nulidad de todo el proceso disciplinario adelantado contra
Cecilia Delgadillo y que ha motivado la tutela, y que, la reconstrución del
proceso no se inició, como era lógico, al día siguiente, sino el día anterior,
cabe la pregunta: esta incongruencia en qué afecta el debido proceso?
Indudablemente, ser
acusado por una autoridad que en el instante no tiene competencia convierte el
pliego de cargos en algo que no puede ser válido; en efecto:
Cuando un
procedimiento tiene dos instancias, (factor funcional), se considera que
una vez iniciada la segunda instancia al fallador de primera instancia se le
SUSPENDE LA JURISDICCION. Dentro del principio de la seguridad jurídica es
conclusión lógica que si se decreta la nulidad de todo lo actuado, tal
determinación llega hasta la fecha en que se decreta tal nulidad. Y, si
específicamente se dice que la nulidad cobija, inclusive, un pliego de cargos,
entonces, con mayor razón, no se puede dar ningún valor a pliego de cargos
suscrito ANTES del decreto de nulidad.
Si esto llegase a
ocurrir y se actúa cuando no se era competente, la violación, además, enturbia
el proceso; y la actuación no es clara y está viciada.
11. Término para
aportar pruebas conducentes:
Si la Universidad
dice que hay 3 días hábiles para los descargos y el estudiante no renuncia a
términos, ese plazo lleva implícito el derecho a solicitar pruebas, luego no
puede recortarse porque desequilibra el procedimiento.
En el presente caso,
el extemporáneo pliego de cargos le fue notificado a la estudiante el 26 de
septiembre de 1994 y el 28 del mismo mes y año el Consejo de la Facultad ya
estaba decidiendo la expulsión de María Cecilia Delgadillo. Este apresuramiento
no solo recortó un día para pedir pruebas sino que implicó la NO práctica de
prueba alguna, cuando el pliego inicial había sido variado y contenía
circunstancias nuevas, como ya se explicó.
12. Motivación
del acto.
Ha dicho la Corte:
"Una de las dimensiones del debido proceso es la motivación del acto.
Todo acto debe ser motivado con expresión de las razones justificadas, como
desarrollo del principio de legalidad, para determinar si este se ajusta a la
ley o si corresponde a los fines señalados en la misma".[17]
En la tutela que es
objeto de revisión, el Acuerdo 011 de 17 de noviembre de 1994 no justificó su
determinación, se limitó a decir que "en su escrito de apelación la
estudiante no desvirtúo los cargos que se le formularon", esta frase que
no incluye ningún razonamiento, pierde toda fuerza porque a reglón seguido se
escribió: "Que para el Consejo es motivo de gran preocupación el efecto
que en el futuro personal de la estudiante puede producir la sanción
impuesta".
Ya se dijo que si,
en gracia de discusión, se buscara en el Acta del Consejo Superior, la
motivación de la sanción, allí aparece que tanto el Presidente como el doctor
Saldarriaga expresan argumentos en contra de la sanción, mientras que los
acusadores sólo dicen lo siguiente: el representante de los alumnos, algo que
no viene al caso: "sancionar en forma ejemplarizante a quien infringe las
normas pues la debilidad de quienes tienen poder sancionatorio es la causa de
que la corrupción haya conducido al país al estado de postración en que hoy se
encuentra"; y el Decano plantea una disculpa ante la acusación que el
doctor Saldarriaga le hizo a la Facultad de Odontología: "No puede
atribuirse responsabilidad a la Facultad porque el manejo de las historias
clínicas es responsabilidad personal de los estudiantes y no puede asignárseles
un vigilante que se encargue de velar el cumplimiento del proceso establecido
para tal fin".
13. Investigar
cargos tardíos no siempre es violación del proceso justo.
Tramitar presuntas o
reales faltas antiguas, no es violación al debido proceso, siempre y cuando la
persona continúe siendo "alumno". Si se tramitan procesos
disciplinarios por hechos anteriores al semestre o año correspondiente al
período de matrícula, ello es factible y en este evento hay aplicación de la
teoría de LOS SANEAMIENTOS, teoría que se justifica por el derecho que tiene el
Estado a la suprema inspección y vigilancia de la educación "con el fin de
velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación
moral, intelectual y física de los educandos" (art. 67 C.P.). No sería
prudente que se privara al Estado y la sociedad de una investigación
disciplinaria que apunta a la averiguación de si un estudiante tiene la
formación ética adecuada para obtener un título profesional.
Dentro de ese mismo
orden de ideas hay que interpretar el reglamento de la Universidad Autónoma de
Manizales, cuando en su artículo 62 dice que la cancelación definitiva de la
matrícula o la expulsión se aplican si existe "la Comisión de nuevas
faltas" es decir, posteriores a una decisión de suspensión.
En el caso de María
Cecilia Delgadillo, una presunta falta (perforar un conducto y no avisar) tuvo
ocurrencia antes de la sanción de suspensión, lo cual gramaticalmente
haría suponer que no daría lugar al castigo que señala el artículo 62 del
Reglamento. Pero, esta tardanza no puede sujetar al Estado que mantiene el
derecho legítimo de que se compruebe la adecuada formación ética y académica
del alumno. La tardía investigación no es una circunstancia OPONIBLE por el
alumno.[18]
Pero, se hace claridad: esto se aplica única y exclusivamente al ESTUDIANTE, no
al egresado, quien ya no está subordinado al establecimiento educativo.
14. Debido
proceso sustantivo.
No son
exclusivamente las expresiones del artículo 29 de la Constitución las que dicen
cuando hay violación al debido proceso. El artículo 29 fija el concepto
admitido en la terminología constitucional como CLAUSULA ABIERTA, lo cual
conlleva la aceptación del debido proceso sustantivo.
Aunque hay
inclinación a no definir el llamado "debido proceso sustantivo",
POUND lo hace en la siguiente forma: "El debido proceso no es una
concepción abstracta de la que se pueda extraer conclusiones absolutas...
aplicables en todo el tiempo y lugar. Es, pues, un standard[19] para guiar al Tribunal
y el Standard debe aplicarse según las circunstancias especiales de tiempo, de
lugar y de opinión pública donde el acto tiene efecto".[20]
El debido proceso
como cláusula abierta es utilizado como una garantía genérica de libertad
jurídica, que exige un razonable equilibrio conveniente.
Ese debido proceso
sustantivo tiene importancia en el caso de esta tutela porque contribuye a
encontrar una solución justa a la pregunta de si un Juez puede reexaminar la
prueba de los procesos disciplinarios.
Es una inquietud
similar a la planteada por Jonathan Miller, María Angélica Gelli y Susana Cayus[21], cuando dicen:
"Uno de los
problemas principales es si es exigible la garantía del debido proceso
administrativo en casos en que existe una posterior revisión judicial sobre el
fondo del asunto. Se verá que la Corte en tales casos no ha prestado demasiada atención
al debido proceso administrativo, lo que lleva a pensar que dicha garantía
queda subsumida en control judicial sustantivo posterior. La pregunta que
entonces surge es si podemos relevar a los órganos de la Administración del
cumplimiento de las reglas objetivas del debido proceso cuando se sabe que el
caso será planteado posteriormente ante la justicia o si, por el contrario,
la garantía aludida es independiente de si el caso puede ser judicialmente
revisado". (subrayas fuera de texto)
En el caso que nos
ocupa, esta Sala de Revisión estima que los procesos disciplinarios en las
Universidades escapan a la jurisdicción contencioso-administrativa, luego, el
mecanismo adecuado para examinar si se cumplió o no el debido proceso, es a
través de la acción de tutela. Y, en este instante, la determinación a tomar no
puede ser la de decidir el proceso disciplinario, cuestión que sólo atañe a la
Universidad en razón del derecho a su autonomía, sino de examinar si dentro del
trámite se permitió el derecho de defensa y se cumplió con el debido proceso,
no solamente en cuanto a las formalidades propias sino en su aspecto
SUSTANTIVO. Esto implica que la valoración de la prueba hecha por la entidad
universitaria que sancionó debe corresponder a lo que un HOMBRE RAZONABLE
hubiera adoptado en la comparación entre los hechos que señala la prueba y la
determinación que se tome, es por eso que se habla de STANDARD (regla general
de conducta).
Es, se puede decir,
el principio de la valoración de la prueba de acuerdo con las reglas de la sana
crítica de un hombre razonable.
"No se trata de
saber si el Juez (para el caso, el Consejo Superior y el Consejo de Facultad)
puede perseguir la prueba de los hechos con iniciativa propia, o si debe ser un
espectador del debate probatorio, sino de determinar cuáles son los principios
que debe tener en cuenta para apreciar esas pruebas aportadas al proceso de una
u otra manera, y cuáles los efectos que puede sacar de cada uno de los medios
de prueba".[22]
Si ostensiblemente
se rompe la razonabilidad en la valoración de la prueba, el equilibrio procesal
se altera y el Juez de tutela no puede ser indiferente a esta circunstancia.
En el caso de María
Cecilia Delgadillo Calero, se tiene, respecto a la prueba, lo siguiente:
a- Acusación por
perforación de un conducto:
En una primera
etapa, se dice que por culpa de la alumna, la paciente Magnolia Ocampo no
regresó al tratamiento. Magnolia Ocampo, en reiteradas ocasiones, afirma que no
regresó por motivos personales de ella y su familia.
En una segunda etapa
se sindica a Cecilia Delgadillo de ser la autora de la perforación del
conducto. La paciente, en escritos, en interrogatorio que le hizo el Decano y
en declaración juramentada dice, sin el menor asomo de duda, que la autora NO
fue la alumna sino la docente. Es decir, exculpa totalmente a la Delgadillo.
En una última etapa
el Decano dice que la falta consiste en que a finales de 1992 la alumna no comunicó
que se había perforado el conducto, y, resulta que, la paciente no regresó a
tratamiento en 1992 y fue el mismo Decano quien en 1994 mandó tomar las
radiografías para saber si había o no perforación del conducto, luego la alumna
no podía comunicar lo que desconocía.
Es IRRAZONABLE que
de este cúmulo de pruebas se deduzca todo lo contrario de lo que indican.
b- Acusación por
falsificación de firmas:
En un primer momento
se insinúa que María Cecilia Delgadillo Calero falsificó 5 firmas. La prueba grafológica
desmiente tal hipótesis.
Posteriormente se
adiciona la acusación por el uso de lo falsificado. Pero resulta que las
rúbricas que no corresponden a la firma del profesor se refieren a leyendas
irrelevantes (generalmente de incumplimiento del paciente para asistir al
tratamiento), son inocuas, no hay prueba de que de ellas dependa la
calificación académica. Además, violan las acusaciones la presunción de
inocencia puesto que era a la Universidad y no a la alumna a quien le
correspondía probar el elemento "a sabiendas". No hubo, pues, una
ecuánime valoración ni se probó por la Universidad lo que sólo a ella
correspondía demostrar.
Se desconoció, por
lo tanto el principio de razonabilidad. Sobre este tema, esta Sala de Revisión
ya había indicado:
"La razón
jurídica de la razonabilidad y de la proporcionalidad no es otra que la
necesidad de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El
principio de proporcionalidad rige todas las actuaciones de la administración
pública y de los actos de los particulares que estén encargados de la
prestación de un servicio público, cuando se trate de la imposición de una
sanción que conlleve la pérdida o disminución de un derecho."[23]
15. Por tutela se
puede ordenar que queda sin efecto la sanción de cancelar la matrícula de un
alumno.
Si se menoscaba la
claridad y el equilibrio en el debido proceso y flagrantemente el análisis de
la prueba es contradictorio, el fallador no hace un juicio justo. Cuando esto
ocurre la medida que tomará el Juez de tutela o el Juez de revisión será la de
dejar sin efecto la cancelación de la matrícula ordenada por las autoridades
universitarias. En reciente sentencia la Corte dijo:
"El artículo
29 de la Constitución Política es terminante cuando ordena que "el debido
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas".
Para esta Sala de
Revisión, es claro que la cancelación de la matrícula de un estudiante es la conclusión
de una "actuación administrativa", sujeta, por consiguiente, al
debido proceso".
En la sentencia
T-369 del veintidós (22) de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (1994),
en una acción de tutela contra el Consejo Directivo de la Universidad Libre, la
Sala, en palabras válidas para el presente asunto, expresó la misma idea así:
"Ahora bien,
el artículo 29 de la Constitución establece que "el debido proceso se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". La
norma, en sentir de la Sala, cuando somete las actuaciones administrativas a
este principio, lo hace en forma general, sin distinciones entre lo público y
lo privado. Por tanto, las determinaciones del Consejo Directivo no escapan a
la aplicación del debido proceso.
Y en la sentencia
T-386 del año pasado, emada de la Sala Segunda (2ª) de Revisión, se sostuvo la
tesis de que el poder reglamentario de los planteles educativos, en últimas,
tiene su origen en la Constitución, y, por tanto, no la puede contradecir....
Así las cosas,
para la Corte es patente la vulneración del derecho del demandante al debido
proceso. Por consiguiente, el amparo de su derecho, que procede frente a las
conductas atentatorias de los derechos fundamentales efectuadas por los
particulares que presentan un servicio público, llevará a la Sala a ordenar a
las directivas del Colegio dejar sin efecto la cancelación de la
matrícula."[24]
III. DECISIONES A TOMAR
Es indudable que ha
habido violación al debido proceso, según ya se ha explicado. Dentro de la
tutela, lo único que se puede determinar es que se violó tal derecho
fundamental y, consecuencialmente, la orden a dar será la de dejar sin efecto
la actuación adelantada por la Universidad y la sanción disciplinaria contra
la alumna, PERO NO la de definir el proceso disciplinario, condenando o
absolviendo. Será la Universidad, frente a los hechos concretos, según sus
estatutos y reglamentos, con sujeción a la Constitución y teniendo en cuenta lo
dicho en el presente fallo, quien, en ejercicio de su autonomía, determine si
considera prudente o no insistir en la acusación a María Cecilia Delgadillo.
Esta Sala de
Revisión también se referirá a la sentencia de tutela de primera instancia,
para hacerle otras críticas: no hay elementos de juicio contundentes para
considerar que se violó el derecho al trabajo y al buen nombre; se hace esta
afirmación con fundamento en lo siguiente:
No se puede pasar
por alto que la Universidad otorga el título cuando se cumplan determinados
requisitos. Si no se cumplen, no surge la situación jurídica concreta, luego no
se puede alegar que se está violando el derecho al trabajo. Si la demora o la
imposibilidad en el otorgamiento del título obedece a un proceso disciplinario,
y éste violó el derecho fundamental al debido proceso, la determinación del
Juez de tutela será la de proteger el debido proceso y no la de proteger el
derecho al trabajo. La libertad de trabajar no es absoluta. Hay profesiones en
las cuales el riesgo social impone la indispensable obligación de obtener el
título. La Sala Plena de la Corte Constitucional al analizar este aspecto dijó:
"El derecho
al ejercicio de una profesión se manifiesta como una de las materializaciones
de la libre elección de profesión u oficio. Sin embargo, a diferencia de la
elección que es libre, la Constitución autoriza que la ley reglamente el
ejercicio de las profesiones que serán vigiladas e inspeccionadas por las
autoridades competentes. En efecto, el artículo 26 superior establece:
Artículo 26. Toda persona es libre de escoger
profesión u oficio. La Ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las
autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las
profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica
son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.
(subrayas fuera de texto).
De la lectura de
la disposición anterior se deduce una cierta diferenciación entre las
profesiones y las ocupaciones, artes y oficios; en las primeras la regla
general es la inspección y vigilancia por parte de las autoridades competentes,
y en las segundas, en cambio, en principio opera el libre ejercicio. Lo
expuesto se fundamenta en que el constituyente supone que las profesiones van
ligadas a una necesaria cuota de escolaridad, la cual se presentaría como
garantía de aptitud para realizar la labor profesional. De esa manera se reduce
el riesgo social que puede implicar para la sociedad el ejercicio de una
actividad profesional. En cambio, el Constituyente entiende que las
ocupaciones, artes y oficios, por lo general, no requieren formación académica
y no comportan un riesgo social. Así, se presenta la necesidad de controlar el
ejercicio de las profesiones y la posibilidad del libre ejercicio de las
ocupaciones, artes y oficios. Sin embargo, la propia Carta fundamental
establece la posibilidad de reglamentación, inspección y vigilancia sobre
aquellas ocupaciones no profesionales que exijan formación académica o que, a
pesar de no necesitar la mencionada formación, impliquen un riesgo
social."[25]
En cuanto a la
presunta violación al "buen nombre", un pliego de cargos no significa
que se vulnere tal derecho, lo será en cuanto la sanción injusta quede en la
hoja de vida, y, en el presente caso, no hay prueba de que ello haya ocurrido.
Y, de todas maneras, se confirmará la decisión del Juez que ordenó anexar copia
de lo decidido en la hoja de vida de la estudiante.
Por todo lo anterior
se concluirá que respecto al debido proceso y el derecho a la educación se
confirmará lo decidido por el Juez, con la advertencia de que no podía
implícitamente darse por finalizado el proceso disciplinario.
En tales
circunstancias, el Juez de primera instancia no ha debido ordenar el grado,
sino simplemente garantizar el debido proceso en la investigación
disciplinaria. Ahora bien, tanto el Juez de tutela como esta Sala de Revisión
han dejado sin efecto la sanción de cancelación de matrícula, luego se superó
el obstáculo para que María Cecilia Delgadillo se graduara; esto significa que
aunque la sentencia del Juez sea revocada parcialmente, un argumento equitativo
permite determinar que ello no acarrea la nulidad del otorgamiento del
título, hecho cumplido que también se basó en que en el momento del grado
la estudiante llenó los requisitos académicos y administrativos para obtenerlo
y no había en ese instante impedimento alguno para graduarla.
Las otras decisiones
de la sentencia que se revisa (que se cumpla con el artículo 52 del Decreto
2591 de 1991, y no condenar en costas) serán confirmadas. En cuanto a la
recomendación al ICFES para que haga una visita, esto no es materia de
revisión.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO:
REVOCAR PARCIALMENTE el
numeral primero de la sentencia del 26 de diciembre de 1994, proferida por el
Juzgado 5º Promiscuo de Familia de Manizales, y en su lugar, conceder la tutela
por violación a los derechos fundamentales al debido proceso y a la educación.
SEGUNDO:
CONFIRMAR el numeral
segundo de la aludida sentencia, con la ADICION de que queda sin efecto
todo el proceso disciplinario, desde el pliego de cargos que tiene fecha 12 de
septiembre de 1994.
TERCERO:
REVOCAR los numerales
tercero y cuarto del fallo revisado, con la advertencia y aclaración expresadas
en la parte motiva del presente fallo, capítulo "Decisiones a tomar".
CUARTO:
CONFIRMAR los numerales
5º, 7º y 8 de la citada sentencia. El numeral 6º no es motivo de revisión.
QUINTO:
Comuníquese lo resuelto
en esta providencia al Juzgado 5º Promiscuo de Familia de Manizales para que
haga las notificaciones y para los efectos previstos en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
SEXTO:
Envíese copia de esta
sentencia al Defensor del Pueblo.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON
DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA.
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]Sentencia T- 123/93. Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
[2]Sentencia T- 492/92. Ponente: Dr. José Gregorio Hernández.
[3]Sentencia T- 425/93. Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
[4]Sentencia T-187/93. Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[5]Ibidem.
[6]Sentencia T-574/93. Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[7]Sentencia T- 02/92. Ponente: Dr. Alejandro Martínez C.
[8]Sentencia T-02 /92. Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero que
cita a HÄBERLEN, Peter. El Contenido Esencial de los Derechos Fundamentales.
[9]Sentencia T-492/92. Ponente: Dr. José Gregorio Hernández.
[10]Sentencia T-573/93. Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
[11]Sentencia T-172/93. Ponente: Dr. José Gregorio Hernández.
[12]Sentencia T-492/92. Ponente: Dr. José Gregorio Hernández
[13]Sentencia T-187 93. Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[14] TIEDEMANN, Klaus. "El Derecho Procesal Penal",
traducción de Juan-Luis Gómez Colomer, en Introducción al Derecho Penal y al
Derecho Penal Procesal, Barcelona, -España-, Editorial Ariel S.A., 1989, pág.
184.
[15]Sentencia T-492/92. Ponenete: Dr. José Gregorio Hernández.
[16]En el proyecto de ley estatutaria de la justicia, dentro de la
definición del debido proceso se habla de surtirse la actuación ante la
autoridad judicial competente.
[17]Sentencia T- 187/93. Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[18]Ver sentencia de 17 de mayo de 1995, Ponente: Dr. Eduardo
Cifuentes.
[19]Se entiende por STANDARD "una regla muy general de conducta,
susceptible, de adaptarse a las particularidades de cada hipótesis determinada
"(Linares Juán Francisco, "Razonabilidad de las leyes; pág. 28). Es
un término anglosajón. Es mejor decir CLAUSULA ABIERTA.
[20]POUND, The administrative, IV, 76.
[21]Constitución y derechos humanos, págs. 505 y ss.
[22]Devis Echandia Hernando, Compendio de derecho procesal, pág. 42.
[23]Sentencia T-015/94. Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[24]Sentencia T-114/95. Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía.
[25]Sentencia C-226/94. Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero. |
417 | T-238-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-238/95
PENSION DE
INVALIDEZ-Falta de
requisitos
Procedió ajustada
a la ley la Comisión de Prestaciones del ISS Cundinamarca al negar, la pensión
de invalidez solicitada por el actor y, por consiguiente, no se han violado ni
existe amenaza de violación de los derechos fundamentales del actor que
eventualmente pudieran resultar afectados (vida, salud, etc.), con el
desconocimiento de dicha pensión, según lo ha entendido la jurisprudencia de
esta Corporación.
REFERENCIA:
Expediente T- 57939.
PETICIONARIO:
Jorge Enrique Forero Silva.
PROCEDENCIA:
Juzgado Veinticinco Penal del Circuito Santafé de
Bogotá D.C.
TEMA:
Las demandas de prestaciones al sistema de seguridad
social exigen como contraprestación el pago de las respectivas cotizaciones.
MAGISTRADO PONENTE:
ANTONIO BARRERA CARBONELL.
Aprobada en Santafé
de Bogotá, D.C., a los treinta y un (31) días del mes de mayo de mil
novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados ANTONIO
BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el
proceso de la acción de tutela presentada por el señor JORGE ENRIQUE FORERO
SILVA, contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - NACIONAL.
I. ANTECEDENTES.
1. Los Hechos.
El señor Jorge
Enrique Forero Silva, instauró en forma verbal acción de tutela ante el Juez
Noveno Penal del Circuito de esta ciudad, contra el Instituto de Seguros
Sociales, por considerar violados sus derechos fundamentales ante la negativa
de dicha entidad a reconocerle una pensión por invalidez.
Afirma el
peticionario que en el año de 1990 le fueron amputadas ambas piernas desde
arriba de la rodilla, en razón de una obstrucción vascular.
En el año de 1991
solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez al ISS; en respuesta a su
petición fue incapacitado por un año, se le pagó la correspondiente prestación
económica, equivalente a 180 días calendario y se le informó que expirado el
período de incapacidad se procedería a liquidarle y reconocerle la respectiva
pensión. La petición de pensión se radicó en el ISS a finales de 1992.
Después de un año, o
sea en 1993, el ISS le notificó que no tenía derecho a dicha pensión, porque no
contaba con el número de semanas de cotización necesarias para acceder a ella;
pero que tenía derecho a una pensión sustitutiva de lo cual no había sido
informado oportunamente.
Posteriormente, como
persona independiente, ha venido cotizando por su cuenta al Instituto de
Seguros Sociales.
2. El Fallo que
se revisa.
El Juzgado
Veinticinco Penal del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., mediante providencia
de noviembre 30 de 1994, resolvió declarar improcedente la acción de tutela,
porque la acción de tutela protege exclusivamente los derechos constitucionales
fundamentales y, por lo tanto, no puede ser utilizada para hacer respetar
derechos que sólo tienen rango legal.
Dice el juzgado, que
"si bien es cierto la pensión es un derecho cuyo origen se remonta al
derecho fundamental constitucional del trabajo, no por ello es menos cierto que
su rango inmediato es inminentemente legal, es decir inferior al ordenamiento
constitucional, escapando su discusión y reconocimiento a la esfera de la
acción de tutela, siendo entonces postulable y discutible ante una jurisdicción
diferente a la del juez excepcional previsto por el art. 86 superior".
Agrega el juzgado
que aun cuando la negación de la pensión de invalidez solicitada por Forero
Silva conllevaría a violaciones de otros derechos de carácter fundamental
constitucional, como lo serían eventualmente el de la vida, el de la salud y el
derecho a recibir del Estado una especial protección, dada su especial
condición física que lo coloca en condiciones de debilidad manifiesta (art. 13
inciso final de la C.P.), sin embargo, el art. 6o. del Decreto 2591/91
contempla varias causales de improcedencia de la acción de tutela, siendo una
de ellas la de existir otros recursos o medios de defensa judiciales para hacer
valer el derecho fundamental conculcado o amenazado. En tal virtud, concluye el
juzgado que existiendo un acto administrativo representado en la resolución No.
003194 de mayo 3 de 1993, emitido por el ISS, que dio respuesta a la solicitud
elevada por el peticionario, es claro que existen otros medios de defensa
judicial para impugnar la determinación de la administración, como son las
acciones contencioso administrativas.
II
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1. Competencia.
En atención a lo
dispuesto por los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía
con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto- ley 2591 de 1991, la Sala es
competente para conocer de la revisión de la sentencia en referencia.
2. Pruebas
incorporadas al proceso.
Las pruebas
documentales incorporadas al proceso -oficio 24686 de noviembre 25 de 1994
suscrito por el Jefe de la Sección de Prestaciones Económicas del ISS Seccional
Cundinamarca y la resolución 3194 de 1993 de la Comisión Nacional de
Prestaciones Económicas del ISS Cundinamarca- acreditan los siguientes hechos:
- El señor Jorge
Enrique Forero Silva, con fecha 11 de septiembre de 1992, solicitó el
reconocimiento de una pensión por invalidez de origen no profesional.
- Mediante la
resolución No. 3194 del 3 de mayo de 1993 se negó dicha petición porque
"se estableció que el asegurado a pesar de haber sido declarado inválido a
partir del 7 de febrero de 1990 solamente cotizó 56 semanas dentro de los
últimos seis (6) años anteriores a la invalidez y 206 en cualquier época
anterior a ella, cuando el artículo 5 del Acuerdo 224 de 1966 (decreto 3041 de
1986), modificado por el artículo 1 del acuerdo 019 de 1983 (Decreto 232 de
1984), exige 150 o 300 semanas dentro del mismo lapso, razón por la cual se
concluye que no hay derecho a la pensión".
- En la misma
resolución se negó el pago de la indemnización sustitutiva "por cuanto la
acción para su reconocimiento prescribió mas de un año entre las fecha de
causación del derecho 7 de febrero de 1990 y la presentación de la solicitud,
según lo dispuesto por el art. 36 de la ley 90 de 1946".
- Es de anotar, que
en el oficio 24686 se lee lo siguiente:
"El petente
dentro de los SEIS (6) años anteriores a la estructuración de la invalidez (07
de febrero de 1990) cotizó 56 semanas, y 86 en cualquier época anterior a la
invalidez".
"Aparece a
folios Nos. 16 y 17, listados de semanas cotizadas, expedido por la División de
Informática del ISS, bajo el número de afiliación 010851653 en los que se
aprecia que cotizó con las empresas:
"FABRICA DE
GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS LTDA, patronal No. 01.00.20.00070, del 06 de febrero de 1969 a 01 de
septiembre de 1969, semanas cotizadas 30".
"JACQUES DE
SCHAUWER Y CIA. Patronal
01.00.35.00583 del 27 de abril de 1972 a 30 de septiembre de 1972, semanas
cotizadas 23".
"CADAVID
YEPES JOSE MANUEL, patronal 13.01.61.01634, del 13 de octubre de 1978 al
01 de noviembre de 1978, semanas cotizadas 2".
"TOTAL
SEMANAS COTIZADAS POR ESTE LISTADO 55".
"A folios Nos.
No. 17 reposa estado de cuenta de las empresas antes relacionadas, apreciándose
en el mismo que estas se hallaban a paz y salvo en sus aportes
obrero-patronales hasta el 30 de septiembre de 1992".
"A folios No.
18 y 19 reposa listado de semanas expedido bajo el número de afiliación
917136987, en el que se observa que el señor JORGE ENRIQUE FORERO SILVA cotiza
como trabajador independiente con el número patronal 01.00.98.03267, del 06 de
julio de 1989 a 31 de julio de 1990, semanas cotizadas 56, y del 04 de
diciembre de 1990 a 30 de septiembre de 1992, semanas cotizadas 95".
"TOTAL SEMANAS
COTIZADAS por este número de afiliación 151, es de precisar que a través de
este listado se encontraba a paz y salvo en los aportes
obrero-patronales".
3. Las demandas
de prestaciones al sistema de seguridad social exigen como contraprestación el
pago de las respectivas cotizaciones.
Esta Sala, en torno
al tema relativo a las condiciones exigidas para demandar prestaciones del
sistema de seguridad social, dijó en la sentencia T-287/94, lo siguiente:
"2.2. Es una
verdad incuestionable, que la vigencia y cobertura de los servicios deducibles
del derecho a la seguridad social, dependen particularmente de la política
social diseñada y promovida por el Estado y de su capacidad económica y
financiera para asumir los costos que demanda la implementación y el
funcionamiento del correspondiente sistema. Dichos costos normalmente se ven
acrecentados, cuando se incrementa la cobertura de la seguridad social o cuando
se presentan factores críticos, como el crecimiento demográfico, que hacen más
oneroso el cumplimiento de las responsabilidades anejas a la efectividad del
derecho social en cuestión".
"Sin
embargo, resulta innegable el hecho de que la cobertura e integralidad de la
seguridad social, esto es, el cubrimiento de todas las contingencias negativas
que afectan la salud y las condiciones y el logro de una especial calidad de
vida de la población, necesariamente deben guardar proporcionalidad con las
posibilidades económicas del Estado que reduce su efectividad a un proceso
gradual, al desarrollo de un programa instrumentado por el Estado Social de
Derecho, como se deduce de la normatividad constitucional".
"Obviamente,
el criterio estrictamente económico, no puede esgrimirse como obstáculo
permanente para extender la seguridad social a los espacios queridos por el
Constituyente al diseñar el Estado Social de Derecho; por consiguiente, lo
deseable es que el Estado realice de manera gradual pero sin pausa, los
esfuerzos económicos, técnicos y administrativos que se requieren para lograr
el principio de la integralidad del sistema".
"Nuestra
Constitución hizo del hombre y su dignidad el centro de la organización del
Estado y de la acción de los poderes públicos. En tal virtud, se ha considerado
a éste como un instrumento para servir a la comunidad, promover su prosperidad
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución (C.P. art. 2o.). Pero ello no significa, que el derecho a
la seguridad social, pueda ser exigido por los usuarios del sistema mas allá de
las posibilidades económicas propias de su organización y funcionamiento, esto
es, que puedan demandarse prestaciones que excedan su capacidad y que
naturalmente no esten amparadas en las cotizaciones que se les exigen a los
beneficiarios" (Subraya la Sala).
4. Caso en
estudio.
El reconocimiento de
la pensión de invalidez del peticionario estaba sometido al cumplimiento de las
siguientes condiciones: Haber adquirido una invalidez permanente conforme al
art. 62 del decreto-ley 433 de 1971 y tener acreditadas 150 semanas de
cotización para los riesgos de invalidez, vejez y muerte (I.V.M.) dentro de los
seis años anteriores a la invalidez o 300 semanas de cotización en cualquier
época, de conformidad con el acuerdo 19 de 1983 (decreto 232 de 1984).
Es obvio, que al no
reunir el peticionario el requisito de las semanas cotizadas no había cumplido
con una de las condiciones que las normas del reglamento de I.V.M. exige para
el reconocimiento del derecho a la referida prestación.
En razón de lo
anterior, procedió ajustada a la ley la Comisión de Prestaciones del ISS
Cundinamarca al negar, mediante la resolución 3194 de 1993, la pensión de
invalidez solicitada por el actor y, por consiguiente, no se han violado ni
existe amenaza de violación de los derechos fundamentales del actor que
eventualmente pudieran resultar afectados (vida, salud, etc.), con el
desconocimiento de dicha pensión, según lo ha entendido la jurisprudencia de
esta Corporación.
No es la tutela el
mecanismo de protección ideado para obtener el reconocimiento de una pensión de
invalidez, cuando, como sucede en el presente caso, no se tiene derecho a la
misma.
En el evento de que
al peticionario se le hubiera negado por el ISS la pensión de invalidez, no
obstante reunir los requisitos para acceder a ella, a pesar de la decisión
contenida en la resolución 3194 de 1993 y de la existencia de otro medio de
defensa judicial, como es la acción ante la jurisdicción ordinaria laboral,
según el art. 2 del C.C.A., la Sala habría concedido la tutela, como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable por la amenaza de violación
de los derechos fundamentales a la salud y a la vida, que eventualmente podrían
ponerse en peligro al no contar el demandante con los prestaciones económicas y
médico asistenciales derivadas de la pension de invalidez, como se ha resuelto
en varios casos.
Por las razones
expuestas, será confirmada, aún cuando por razones diferentes, la sentencia
proferida por el Juzgado Veinticinco Penal del Circuito de Santafé de Bogotá
D.C.
III. DECISION.
En virtud de lo
expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el
Juzgado Veinticinco Penal del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., que declaró
improcedente la tutela impetrada por el señor Jorge Enrique Forero Silva, pero
por las razones descritas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. LIBRAR comunicación al Juzgado Veinticinco
Penal del Circuito de esta ciudad, para los efectos del artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Notifíquese,
cópiese, publíquese e insértese en la Gaceta Constitucional
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
ARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
418 | T-239-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-239/95
PERSONAL DOCENTE-Discriminación por origen
Lo que no se
puede imponer dentro de una determinada resolución o en un reglamento
administrativo que convoque a un concurso público para adjudicar plazas de
docentes, es que el criterio fundamental o esencial para el nombramiento o
designación sea el haber nacido en un departamento o municipio en particular,
pues ello acarrea, un trato discriminatorio, que vulnera el derecho a la
igualdad, y consecuentemente el trabajo.
PERSONAL DOCENTE-Convocatoria por grados
No encuentra
viable la Sala la petición formulada por el actor en el sentido de que se
revoque el acto administrativo de la convocatoria de docentes grado 7o.
efectuada por la Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena y ordenar la
realización de una nueva, pues de una parte, no se encuentra el actor frente a
una vulneración de sus derechos fundamentales -en lo que al trabajo y a la
igualdad se refiere-, puesto que no cumplía el requisito legal exigido para
participar en dicha convocatoria, a saber, hacer parte del grado 7o. del
escalafón de docentes, sino que además, si lo que se pretende es dejar sin efectos
el acto administrativo de nombramiento de los docentes, para ello existen otros
medios de defensa judicial, como lo sería en este caso, controvertir por la vía
contencioso administrativa, la legalidad del citado acto, razón por la cual la
tutela no prospera.
REF: Expedientes
acumulados Nos. T-67.455 y T-67.478
PETICIONARIOS: Rocey Herminia Gil Palacios y Tiberio
Alfonso Lara Ortiz contra las Secretarías de Educación del Departamento del
Valle del Cauca y del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena,
respectivamente.
PROCEDENCIA: Tribunal Contencioso Administrativo del
Valle del Cauca y Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena.
TEMA: Derecho a la Igualdad - discriminación por
origen nacional o familiar.
MAGISTRADO
PONENTE:
DR. HERNANDO
HERRERA VERGARA
Santa Fé de Bogotá,
D.C., Mayo treinta y uno (31) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Procede la Sala
Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados HERNANDO
HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Y FABIO MORON DIAZ, a revisar
los fallos de tutela proferidos por el Tribunal Contencioso Administrativo del
Valle del Cauca, el 16 de marzo del mismo año, dentro del proceso de tutela
promovido por Rocey Herminia Gil Palacios, y por el Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Cartagena, el 22 de marzo de 1995, en el juicio instaurado por
Tiberio Alfonso Lara Ortiz.
De conformidad con
la decisión adoptada por la Sala No. 5 de Selección de la Corte Constitucional
el 8 de mayo de 1995, los expedientes de tutela instaurados por Rocey Herminia
Gil Palacios y por Tiberio Alfonso Lara Ortiz, se acumularon, de manera que
serán fallados por esta Sala de Revisión a través de esta providencia.
I. INFORMACION
PRELIMINAR.
A. Expediente
No. T - 67.455
La señora Rocey
Herminia Gil Palacios instauró acción de tutela en contra de la Secretaría de
Educación del Departamento del Valle del Cauca, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo, los cuales
considera vulnerados por la accionada, por el hecho de no haber nacido en el
Departamento del Valle, ya que es natural del Chocó, razón por la cual no se le
permitió tomar posesión del cargo de docente.
1. Los Hechos.
La accionante
fundamenta su petición en el hecho de que concursó para el cargo de docente de
las plazas cofinanciadas del Departamento del Valle del Cauca. Mediante
Resolución No. 2426 de 12 de diciembre de 1994, fue nombrada como profesora de
tiempo completo en literatura e idiomas de la Parroquia de Nuestra Señora de
los Milagros del Barrio El Vergel de Cali. Por escrito del 4 de enero de 1995
se le comunicó el nombramiento. El 2 de marzo de 1995 al presentarse a asumir
dicho cargo, la Jefe de Recursos Humanos le informó que no podía darle posesión
por cuanto no era oriunda del Valle del Cauca.
2.
La Providencia Judicial de Instancia.
Mediante fallo de 16
de marzo de 1995, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca,
Sección Segunda, resolvió acceder a la tutela interpuesta por la señora Rocey
Herminia Gil Palacios, y en consecuencia, ordenó a la Secretaría de Educación
Departamental del Valle del Cauca posesionar inmediatamente a dicha docente en
el cargo de profesora de tiempo completo en el Distrito Educativo No. 18 de
Cali (...), cargo para el cual fue nombrada por Decreto 2426 de 1994, emanado
del Gobernador del Departamento del Valle del Cauca.
El mencionado
despacho judicial fundamentó su decisión en los argumentos que a continuación
se exponen:
"ROCEY
HERMINIA GIL PALACIOS, concursó, aprobó el concurso y quedó elegible, por lo
cual fue designada por medio de Resolución No. 2426 de 12 de diciembre de 1994,
precisamente en el Colegio Parroquial de Nuestra Señora de Los Milagros, pues
se repite, el impulsador de esa obra social, había exigido que se designaran a
los mismos docentes que habían venido colaborando, pues ya conocían y sabían
manejar la problemática que allí se vive, y por tanto, era muy importante su
concurso desde el punto de vista social.
El artículo 13 de
la Constitución Nacional es muy claro al prohibir las discriminaciones de toda
índole, por razones de raza, sexo, origen nacional o familiar, religión,
opinión política o filosófica.
Encuentra el
Tribunal que la Resolución Ministerial en virtud del cual se reglamenta el
concurso especial para plazas docentes cofinanciadas es notoriamente contraria
a los postulados constitucionales, en la medida en que establece una clara
discriminación contra las personas que no son oriundas de la ciudad o del
departamento.
Ahora bien, es
atendible que se exija un cierto tiempo de residencia con el objeto de no
fomentar indebidamente las migraciones a los grandes centros que se ven
sobrecargados de personas con los consiguientes contratiempos que ello acarrea.
Pero es que en el caso de ROCEY HERMINIA GIL PALACIOS, se da la circunstancia
no solo de que lleva viviendo en Cali seis años y sus hijos son oriundos de
esta ciudad, sino también de que ha estado laborando en el Colegio Parroquial
para el cual fue designada a través del concurso y en el cual, según se colige
de las pruebas aportadas, tiene un rendimiento satisfactorio.
... Por todo lo
anterior y teniendo en cuenta que la Constitución Nacional es norma de normas
estima esta Corporación que debe ante todo protegerse el derecho fundamental a
la igualdad de ROCEY HERMINIA GIL PALACIOS, que de otra manera se vería avocada
a un perjuicio notoriamente injusto con la aplicación de las Resoluciones
Ministeriales, por lo que el Tribunal accederá a la tutela”.
Esta providencia no
fue impugnada, razón por la cual se ordenó la remisión del expediente a la
Corte Constitucional, para los efectos de su eventual revisión.
B. Expediente
No. T - 67.478
El ciudadano TIBERIO
ALFONSO LARA ORTIZ formuló acción de tutela contra la Secretaría de Educación
del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo.
1. Los Hechos
y Pretensiones.
Fundamenta su
solicitud en que la Secretaría de Educación de Cartagena mediante cartelera
fijada en lugares visibles del local que ocupa el despacho, convocó a los
docentes escalafonados en la Categoría 7a. del escalafón docente, para que
previa la inscripción correspondiente, CONCURSARAN para ocupar 94 plazas a
cargo del Distrito.
Señala que por
encontrarse escalafonado en la Categoría 9a. y llenando por consiguiente los
requisitos exigidos en la convocatoria, presentó sus documentos, los cuales
fueron recibidos en el lugar y fecha indicada en la convocatoria.
Manifiesta que la
mencionada CONVOCATORIA es discriminatoria por cuanto circunscribe a los
concursantes a la CATEGORIA 7a. y que sean naturales del Municipio de
Cartagena.
Expresa que como era
de esperarse, por estar clasificado en una categoría superior a la señalada por
la Secretaría de Educación Distrital y no ser nativo del Municipio de
Cartagena, fué excluído del concurso. Considera que la forma en que éste fue
convocado, es violatoria de los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo.
Concluye, que al
establecer requisitos básicos para la participación en el concurso convocado el
estar escalafonado única y exclusivamente en la Categoría 7a. y ser natural de
Cartagena, se estableció una odiosa discriminación que lesionó sus intereses
morales y patrimoniales, los primeros como colombiano que es, y los segundos
porque le privaron de la oportunidad de ejercitar el derecho al trabajo en pie
de igualdad.
Por lo anterior,
solicita se ordene al Distrito de Cartagena, Secretaría de Educación, revocar
todas las decisiones adoptadas conforme a la forma en que se produjo la
CONVOCATORIA, y ordenar una nueva, eliminando los odiosos procedimientos
discriminatorios establecidos en la primera, de manera que sea viable para
todos los docentes escalafonados en la Categoría 7a. y las que se encuentran
por encima de estas y que residan en la ciudad de Cartagena.
2. El Fallo de Instancia.
El Juzgado Quinto
Civil del Circuito de Cartagena, resolvió mediante providencia del 22 de marzo
de 1995, denegar la tutela formulada por el señor Tiberio Alfonso Lara Ortiz
por la existencia de otros medios de defensa judicial.
Fundamentó su
decisión en las siguientes apreciaciones:
“... se pudo
establecer que las razones que tuvo el Distrito para descalificar del
concurso al señor TIBERIO ALFONSO LARA ORTIZ encuentran pleno respaldo tanto en
la convocatoria como en su reglamento. En efecto, los mismos contemplan que
el concurso solo se efectuaría para el nivel grado 7 y dentro de los requisitos
para concursar el que el aspirante fuera oriundo o natural de la ciudad de
Cartagena. Luego el Distrito no hizo cosa distinta a la de aplicar
correctamente el reglamento, pues mal hubiera hecho en violarlo. Las normas son
para cumplirlas y no para violarlas. En este caso, el profesor TIBERIO
ALFONSO LARA ORTIZ esta escalafonado en la categoría 9a. y no en la séptima
como lo exige el reglamento del concurso, y no es oriundo de la ciudad de
Cartagena sino de un Departamento distinto al que pertenece la ciudad de Cartagena.
De otra parte, al
accionante lo que le quedaba era la opción de atacar ante la autoridad
correspondiente la ley orgánica o el respectivo Decreto, o el respectivo
Acuerdo Municipal, o la Resolución respectiva que dió origen al concurso, lo
que quiere decir que al accionante le quedaba una vía distinta a la acción de
tutela para tratar de proteger los derechos que según él le fueron violados”.
La anterior
providencia no fue impugnada, motivo por el cual se ordenó su remisión a esta
Corte, para los efectos de considerar su eventual revisión.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Primera. La competencia.
De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar los fallos proferidos por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Quinto
Civil del Circuito de Cartagena.
Segunda.
Problema Jurídico.
Encuentra la Sala
que en el presente asunto, se está ante una situación en la cual dos despachos
judiciales se pronunciaron en forma distinta respecto de un mismo tema, no
obstante las circunstancias fácticas difieren, como así se demostrará a
continuación.
a) De una parte, en la demanda de tutela
instaurada por Rocey Herminia Gil Palacios, se pretende que se de
cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 2426 del 12 de diciembre de
1994, por medio de la cual la Secretaría de Educación del Departamento del
Valle del Cauca, la nombró como profesora de tiempo completo de literatura e
idiomas de la Parroquia Nuestro Señor de los Milagros en el Barrio El Vergel de
Cali (después de participar en el concurso para el cargo de docente de las plazas
cofinanciadas del Departamento del Valle), pero que al momento en que fue a
tomar posesión del cargo, no la posesionaron argumentando que ella no era
natural del Departamento del Valle del Cauca, con lo cual estimó que se le
vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo.
En este caso, el
Juez de Tutela de instancia decidió ampararle los derechos aludidos, al
comprobar que le fueron vulnerados en forma abiertamente inconstitucional por
la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, al exigir como requisito para
la posesión, ser oriunda del departamento. Por lo tanto, el Tribunal al
encontrar dicha situación discriminatoria en contra de la peticionaria,
resolvió tutelarle sus derechos y ordenar a la accionada posesionarla en forma
inmediata a la docente en el cargo para el cual fue nombrada.
b) Por su parte, en la solicitud de tutela
formulada por el ciudadano Tiberio Alfonso Lara Ortiz contra la
Secretaría de Educación del Distrito Turístico de Cartagena, la situación es
semejante a la anterior, no obstante presenta algunas diferencias en cuanto a
la convocatoria a concurso de docentes. Según el actor, se le vulneraron sus
derechos a la igualdad y al trabajo, pues la entidad accionada resolvió
convocar a concurso de docentes escalafonados en la categoría séptima para
ocupar plazas a cargo del Distrito en el año de 1995, estableciendo en su
criterio una situación discriminatoria, pues él pertenece a la categoría novena
de docentes y además, no es natural de dicha ciudad. Por ello, solicitó al juez
de tutela revocar las decisiones adoptadas sobre la convocatoria a concurso de
docentes y realizar una nueva que haga efectivo el derecho a la igualdad de
todos los docentes.
En este caso, el
juez de tutela de instancia denegó la petición de tutela, con el argumento de
que la entidad accionada dio estricto cumplimiento a lo preceptuado en el
reglamento del concurso, donde se exigía para participar en él, ser oriundo del
Distrito de Cartagena y pertenecer a la categoría séptima en el escalafón de
docentes, requisitos que no cumplía el accionante, por lo que a juicio del
a-quo, no se da la vulneración de los derechos fundamentales señalados.
Además, agregó el
mencionado despacho judicial, que el peticionario dispone de otro medio de
defensa judicial para la protección de sus derechos, consistente en atacar ante
la autoridad correspondiente la respectiva resolución que dió origen al
concurso.
Tercera. Razones que justifican la confirmación del fallo proferido
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la revocatoria parcial de
la providencia del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena.
* Del caso
concreto de la señora Rocey Herminia Gil Palacios.
Para la Sala de
Revisión, el fallo proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del
Valle del Cauca, mediante el cual se concedió la tutela de los derechos a la
igualdad y al trabajo de la señora Rocey Herminia Gil Palacios, se ajusta al
ordenamiento constitucional así como a la jurisprudencia emanada de esta
Corporación, pues hace efectivos los mandatos superiores que regulan y
desarrollan los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo.
En este sentido,
avala la Corte el citado pronunciamiento judicial, en particular en cuanto se
refiere al concepto e interpretación del derecho a la igualdad y a la
posibilidad de que en aquellos casos se consagren tratamientos abiertamente
discriminatorios en contra de ciertos particulares, procede su amparo, en aras
de hacer efectivo el principio constitucional de la igualdad.
Al respecto, cabe
reiterar lo que dicho despacho judicial expresó, cuando indicó que “la
resolución ministerial en virtud de la cual se reglamenta el concurso especial
para plazas docentes cofinanciadas es notoriamente contraria a los postulados
constitucionales, en la medida en que establece una clara discriminación contra
las personas que no son oriundas de la ciudad o del departamento”.
Así pues, no podía
establecerse válidamente en la resolución que convocó a concurso para plazas de
docentes en el Valle del Cauca, una situación discriminatoria en contra de la
docente accionante de tutela, por el hecho de no ser oriunda de ese
departamento, en relación con aquellas personas que sí lo son.
En este caso, como
lo indicó el Tribunal, la convocatoria a concurso al contener como requisito
para ser nombrado como docente el haber nacido en el departamento del Valle del
Cauca, es abiertamente inconstitucional, en cuanto desconoce el mandato
superior contenido en el artículo 13 de la Carta, en virtud del cual,
“Todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica”.
Además de lo
anterior, en el caso particular de la señora Rocey Herminia Gil Palacios, se
comprobó por el juez de instancia, que no sólo estaba radicada en la ciudad de
Cali desde hace más de seis años, que sus tres hijos son nacidos en esa ciudad,
que viene laborando desde hace dos años en el plantel para el cual fue
designada docente de tiempo completo -Colegio Parroquial de Nuestra Señora de
los Milagros-, sino que además participó en el concurso, lo aprobó y quedó
elegible, por lo que fue designada por medio de la Resolución No. 2426 del 12
de diciembre de 1994.
Por lo tanto, mal
podía desconocerse, como en forma incomprensible lo hizo la Secretaría de
Educación del Departamento del Valle del Cauca, el trabajo que venía
desempeñando la accionante desde hace más de dos años con el citado colegio, y
el hecho de haber sido designada mediante la Resolución No. 2426, como docente
de tiempo completo del mencionado plantel educativo, pues con ello se vulneraban
sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo, para aducir con
desconocimiento del ordenamiento constitucional, como razón para negarle su
legítimo derecho a posesionarse como docente del citado plantel educativo, el
no ser oriunda del departamento. Situación que además, conlleva la negación al
ejercicio del derecho al trabajo en su condición de docente.
En tal virtud, ante
la manifiesta vulneración de los derechos a la igualdad y al trabajo de la
peticionaria, esta Sala confirmará en todas sus partes la decisión proferida
por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, como así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
* Del caso
concreto de Tiberio Alfonso Lara Ortiz.
Por su parte,
respecto del fallo de tutela proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito
de Cartagena dentro del proceso de tutela instaurado por el señor TIBERIO
ALFONSO LARA ORTIZ, estima esta Corte que deberá confirmarse en forma parcial,
por las siguientes razones:
En primer lugar, no
puede aceptarse, como ya se anotó, uno de los argumentos expuestos por el
Juzgado para negar la tutela, cual es, que es válido y razonable que en el
reglamento de la convocatoria a concurso de docentes se haya establecido que
“en él sólo podrán participar las personas oriundas de la ciudad de Cartagena”,
pues con dicha determinación se vulneran los derechos fundamentales a la
igualdad y al trabajo de las personas que no son oriundas o nacidas en esa
ciudad, al establecerse una clara discriminación por razones de “origen
nacional o familiar”, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución
Política en su artículo 13.
Ello no significa,
que no se pueda exigir en el acto de convocatoria y al momento de la
designación del docente, un cierto tiempo de residencia con el objeto de no
fomentar indebidamente las migraciones hacia las grandes ciudades o centros
urbanos, que se ven sobrecargados de población con las consecuencias sociales,
económicas y políticas que ello conlleva. Pero lo que no se puede imponer
dentro de una determinada resolución o en un reglamento administrativo que
convoque a un concurso público para adjudicar plazas de docentes, es que el
criterio fundamental o esencial para el nombramiento o designación sea el haber
nacido en un departamento o municipio en particular, pues ello acarrea, como se
indicó, un trato discriminatorio, que vulnera el derecho a la igualdad, y
consecuentemente el trabajo.
En este sentido, no
comparte la Sala de Revisión la fundamentación del Juzgado Civil del Circuito
para negar la tutela, es decir, el criterio según el cual al actor no se le
podía nombrar ni participar en el concurso, por el hecho de no haber nacido en
el Distrito Turístico de Cartagena, pues ello contraría el espíritu protector
de los derechos fundamentales de las personas, plasmado en la Carta Política de
1991.
Situación distinta,
que a juicio de la Sala no conlleva vulneración alguna del derecho a la
igualdad, es el hecho de que en la convocatoria a concurso de docentes, se haya
impuesto como requisito para el nombramiento, estar escalafonado en la
categoría séptima, a la cual no pertenece el accionante.
En este caso,
entonces, la entidad accionada no vulneró los derechos fundamentales señalados,
pues el señor Tiberio Alfonso Lara Ortiz no fue seleccionado entre otras
razones, por cuanto la convocatoria para concurso especial, fue para “provisión
de plazas docentes cofinanciadas del nivel básico secundaria, estableciéndose
como límite máximo el 70% del salario correspondiente al grado 7o. del escalafón
docente”; encontrándose que el actor está escalafonado en el grado 9o., con lo
cual, se repite, no se desconoce la normativa superior, pues la entidad
accionada ciñó su actuación a la ley y a sus reglamentos, que en esta parte no
contrarían el ordenamiento constitucional, como sí lo hace al consagrar como
requisito para el nombramiento o la participación en el concurso, el hecho de
ser oriundo del municipio de Cartagena.
Así entonces, pueden
existir tratos distintos que no son discriminatorios, por lo que el trato
diferente se permite sin que implique violación al derecho a la igualdad, lo
que debe determinarse por el juez en el caso particular. La justificación del
trato jurídico distinto de una situación jurídica equiparable, sólo es posible
si se demuestra que ella resulta claramente de la finalidad perseguida por la
norma que establece la distinción, la cual no puede perseguir fines
arbitrarios, caprichosos o que vayan contra la dignidad humana.
* Conclusión.
Lo anterior aplicado
al asunto que se revisa, conduce a concluir como ya se expresó, que al
establecer la norma del reglamento de concurso para cargos de docentes en el
Distrito de Cartagena, como requisito el ser oriundo de ese municipio o
distrito, es improcedente, por desconocer el principio fundamental de la
igualdad, que prohibe según el artículo 13 superior, consagrar discriminación
por razón de origen nacional o familiar, como en este caso se hace por el hecho
de que el señor Tiberio Alfonso Lara Ortiz es nacido en la ciudad de Montería y
no en Cartagena, por lo que no puede ser nombrado como docente.
En relación con el
segundo requisito, según el cual la convocatoria se hizo únicamente a los
docentes escalafonados en el grado 7o., ello no vulnera norma constitucional
alguna, pues dicho presupuesto legal aunque establece un trato diferente
(respecto de los demás docentes que no hace parte del grado 7o.), no implica
violación a la igualdad, pues la finalidad del trato jurídico distinto no es
arbitrario ni caprichoso, sino que persigue la designación de docentes que
reúnan ciertos requisitos o características, dentro de las cuales sólo encajan
aquellos que hacen parte del grado 7o. del escalafón docente, al que no
pertenece el accionante.
Por lo anterior, no
encuentra viable la Sala la petición formulada por el actor en el sentido de
que se revoque el acto administrativo de la convocatoria de docentes grado 7o.
efectuada por la Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena y ordenar la
realización de una nueva, pues de una parte, como se anotó, no se encuentra el
actor frente a una vulneración de sus derechos fundamentales -en lo que al
trabajo y a la igualdad se refiere-, puesto que no cumplía el requisito legal
exigido para participar en dicha convocatoria, a saber, hacer parte del grado
7o. del escalafón de docentes, sino que además, si lo que se pretende es dejar
sin efectos el acto administrativo de nombramiento de los docentes, para ello
existen otros medios de defensa judicial, como lo sería en este caso,
controvertir por la vía contencioso administrativa, la legalidad del citado
acto, razón por la cual la tutela no prospera, como así habrá de indicarse en
la parte resolutiva de esta providencia.
De esa forma, se
confirmará parcialmente el fallo proferido por el Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Cartagena, pero por los motivos expuestos en esta providencia, en
cuanto a la improcedencia del requisito de ser oriundo de la ciudad de
Cartagena para acceder a participar en el concurso para designar docentes.
III. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, obrando en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
PRIMERO. CONFIRMAR el fallo proferido por
la Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca,
el 16 de marzo de 1995, dentro del proceso de tutela instaurado por ROCEY
HERMINIA GIL PALACIOS.
SEGUNDO. CONFIRMAR parcialmente la
sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena el
22 de marzo de 1995, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, en relación con la solicitud de tutela formulada por el señor
TIBERIO ALFONSO LARA ORTIZ.
TERCERO. LIBRENSE
por la Secretaría General
de la Corte Constitucional las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, publíquese,
comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ
Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
419 | T-240-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-240/95
VIA DE HECHO
Aún en el evento
de presentarse una vía de hecho, esa sola circunstancia no justifica la
procedencia de una acción de tutela; para que este instrumento protector
resulte jurídicamente viable es necesario que se cumplan los presupuestos
contemplados en el artículo 86 superior y que no exista otro medio al que pueda
acudir el afectado para propender por la defensa de su derecho.
REF: Expediente
No. 62.045
Peticionarios:
Reginaldo Cunha Mac.Kinley, Mauricio Alejandro Cunha Mac.Kinley, Carmen Alicia
Mac.Kinley de Cunha y otros.
Procedencia:
Juzgado Trece Penal Municipal de Barranquilla.
MAGISTRADO
PONENTE: Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.
Santafé de Bogotá,
D.C. mayo treinta y uno (31) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA, procede a
revisar la sentencia proferida por el Juzgado Trece Penal Municipal de
Barranquilla el día 29 de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
I. INFORMACION
PRELIMINAR.
Mauricio Alejandro
Cunha Mac.Kinley, en su propio nombre y aduciendo su calidad de apoderado
general de Reginaldo Enrique Cunha Mac.Kinley y a la vez, su condición de
representante de los terceros tenedores a nombre de otro: Carmen Alicia
Mac.Kinley de Cunha, Reginaldo Cunha Alcendra, Claudia Carolina Baena Cunha y
"demás familia", confirió poder a la abogada Edith Martínez de
Pájaro para que promoviera la acción de tutela, que fue dirigida contra el
señor Inspector Segundo de Policía, en primer lugar, y "eventualmente"
en contra de la Juez Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, por la posible
violación del derecho al debido proceso (artículo 29 C.P.), de la honra y
dignidad "humanas y familiares" (artículo 42 C.P.) y de los
derechos adquiridos (articulo 58 C.P.).
A. HECHOS.
Sirven de fundamento
para el ejercicio de la acción de tutela los hechos que se resumen a
continuación:
1. En el Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Barranquilla cursa un proceso ejecutivo, promovido por Eduardo Sabatino en
contra de Alvaro Lafaurie Lapeira y otro, dentro del cual se libró orden de
embargo y secuestro de un inmueble ubicado en esa ciudad.
2. A la diligencia de secuestro "comparecieron
a oponerse y se constituyeron como terceros poseedores los señores REGINALDO
CUNHA MAC.KINLEY, MAURICIO ALEJANDRO CUNHA MAC.KINLEY, CARMEN, su madre, y los
demás señalados antes, el segundo con poder y facultades a nombre de Reginaldo
Cunha Mackinley, poseedor titular del bien.".
3. Luego de un amplio debate, mediante auto
fechado el 19 de diciembre de 1988, los opositores fueron reconocidos como
poseedores materiales de buena fe del inmueble en cuestión.
4. Apelado el auto anterior por el
ejecutante, fue confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, "quedando además, levantado el secuestro del inmueble.".
5. Con posterioridad el ejecutante "persiguió
los derechos que pudieren quedarle al señor Lafourie Lapeira en el inmueble, lo
que se concedió en providencia de abril 3 de1990; efectuando el avalúo de ese
derecho de dominio desvinculado de la posesión...".
6. La demanda señala que "El bien fue
rematado, en cuanto al derecho de dominio, desvertebrado de la posesión,
adjudicándoselo a la señora Elena Magdalena Nieto Steffens, esposa del señor
ejecutante Sabbatino."
7. El ejecutante solicitó "la
entrega material de los derechos de dominio que posee el ejecutado sobre el
bien" y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla por auto
de octubre 28 de 1994 dispuso "la entrega material de los derechos de
dominio".
8. Durante los días 16 y 21 de noviembre de
1994 la Inspección Segunda de Policía Distrital "llevó a cabo el
desalojo de los poseedores regulares a través de una persona que se dijo
inspector, que no consignó su nombre en la diligencia respectiva, ni colocó su
ante firma (sic) en ella tampoco, nunca supimos su nombre, los secretarios que
usó fueron ad hoc y diferentes en cada diligencia y no se encontraron (sic)
ninguno de los dos en el despacho de la inspección 2a. Cuando al día siguiente
nos encaminamos a ella."
9. Los poseedores
"se aprestaban en próximos días a iniciar el proceso de pertenencia".
Por su parte, la Juez Sexta Civil del Circuito al ser enterada del desalojo
"muy sorprendida manifestó nunca haber ordenado tal cosa.
Posteriormente se examinaron los términos empleados en el auto y en el despacho
comisorio llegando a la conclusión de que había un gravísimo error involuntario
y/o exceso en la comisión desarrollada por el Inspector."
10. La apoderada de
los terceros poseedores a nombre de otro y del poseedor regular formuló
peticiones calendadas "el 29 y 13 de noviembre y diciembre /94; con la
esperanza de que tratándose de una lamentable equivocación" se
subsanara con prontitud, pero se le informó que "la resolución del
asunto debía esperar el turno cronológico para ser atendido por el despacho,
turno que sería para el año entrante (1995)."
B. PRETENSIONES.
Con base en los
hechos que se dejan expuestos se formularon las pretensiones que se
transcriben:
"PRIMERO.-
Solicitamos se ordene que por intermedio de la Inspección Segunda de Policía
Distrital en el término de 48 horas se restituya el inmueble....al señor
MAURICIO CUNHA MAC.KINLEY y resto de su familia.
SEGUNDO.- De no
ser concedido lo primero, en lo cual insistimos, en subsidio, solicitamos se
notifique a la titular del derecho de dominio Sra. Elena Magdalena Nieto
Steffens o a su representante legal Dr. Eduardo Sabbatino, se abstengan en
forma inmediata de continuar en las obras que se están ejecutando en el predio
y sobre todo se abstengan de realizar ventas o cualquier tipo de negocio, carga
o gravamen sobre el bien indicado, hasta que el Juzgado Sexto Civil del
Circuito, decida.
TERCERO.- Se
declare el estatu quo (sic) de todo lo concerniente al predio dicho y se
prohiba reformas, cambios o destrucciones en el mismo inmueble."
A la solicitud se
anexaron, como pruebas, algunas fotocopias autenticadas que dan cuenta de las
decisiones tomadas y de las diligencias que se llevaron a cabo dentro del
trámite referido.
II. LA SENTENCIA
OBJETO DE REVISION.
El Juzgado Trece
Penal Municipal de Barranquilla dispuso la práctica de una inspección judicial
y designó un perito para la práctica del "avaluo de daños y perjuicios".
Una vez evacuadas las pruebas decretadas, procedió a resolver la acción
impetrada y, mediante sentencia de diciembre veintinueve (29) de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), decidio: "Tutelar, como en efecto
se tutelan en favor de MAURICIO ALEJANDRO CUNHA MAC.KINLEY, REGINALDO CUNHA
MAC.KINLEY y CARMEN ALICIA MAC.KINLEY DE CUNHA representada judicialmente por
la Dra. EDHIT ALICIA MARTINEZ DE PAJARO, los derechos fundamentales violados
como son: El debido proceso, a la honra, dignidad humana y familiar y a la
propiedad privada y derechos adquiridos sobre el inmueble ubicado en la kr
(sic) 65 No. 81-148 de esta ciudad y dentro del proceso EJECUTIVO de EDUARDO
SABATINNO contra ALVARO LAFAURIE Y/O que cursa en el juzgado sexto civil del
circuito de esta capital.-".
Como consecuencia de
lo anterior el mencionado Juzgado ordenó "a la señora ELENA MAGDALENA
NIETO STEFFENS -titular sobre el derecho de dominio del inmueble en mención- a
que se abstenga en forma inmediata de continuar con las obras que se vienen
ejecutando e igualmente abstenerse de realizar cualquier venta o transacción
comercial sobre el mismo, hasta que el juzgado 6 Civil del Cto (sic) decida.-.".
El despacho judicial
efectuó algunas consideraciones generales acerca de la acción de tutela y del
derecho al debido proceso y al abordar el caso concreto expuso los argumentos
que se resumen a continuación:
1. Se encuentra
"plenamente probado que los accionantes son los legítimos poseedores
materiales de buena fe del inmueble" y que "por un error
involuntario del Juzgado SextoCcivil del Circuito comisionó al inspector
general de policía distrital, quien a su vez comisionó al inspector segundo
para la entrega de los derechos de dominio que tenga el señor LAFAURIE LAPEIRA
sobre el inmueble materia de la presente acción". Este proceder, según
el fallador "conlleva a la violación del derecho al debido proceso,
toda vez que a los accionantes, a través de trámite incidental, se les
reconoció sus derechos como poseedores de buena fe (...) al aportar justo
título."
2. Estima la Juez
Trece Penal Municipal de Barranquilla que a la parte demandante dentro del
proceso ejecutivo le correspondía iniciar un proceso reivindicatorio y "no
solicitar al juez la entrega de los derechos de dominio (...) por haber
poseedores materiales legalmente reconocidos". Señala, además que la
ley "protege la posesión material de un tercero por ser ella elemento
esencial para configurar la usucapión" y agrega que "si el
ejecutante insiste, se practica el avalúo del derecho que el ejecutado tiene
sobre el bien, esto es, la simple condición de poseedor inscrito, y luego se
remata. El rematante, como es obvio, sólo adquiere ese derecho
correspondiéndole por tanto instaurar contra el tercero poseedor el respectivo proceso
posesorio o reivindicatorio, según el caso para obtener la posesión del bien."
3. Como consecuencia
de la violación del debido proceso, según el despacho judicial, se violaron
"subsidiariamente los derechos fundamentales a la honra y dignidad humana
y familiares", toda vez que la familia CUNHA MAC.KINLEY "fue
desprendida, por encontrarse sus miembros alojados en diferentes viviendas,
careciendo de intimidad y cariño familiar que siempre sedacédula familiar;
(sic) considerando aún más las fechas en que se dio el desalojo, y en la que
nos encontramos, las cuales son las navidades, época en la que escencia (sic)
de ella es el estar reunidos, compartir alegrías navideñas".
4. Adicionalmente
dijo el citado despacho judicial que "nos encontramos con la vulneración
y violación (...) a los derechos adquiridos por la peticionaria (...)".
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
A. LA
COMPETENCIA.
En atención a lo
dispuesto por los artículos 86, inciso tercero y 241, numeral noveno de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar la sentencia
proferida dentro de la acción de tutela de la referencia. Se procede, entonces,
a la revisión en virtud de la selección practicada por la Sala correspondiente
y del reparto efectuado según lo establecido por el reglamento de la
Corporación.
B. LA MATERIA.
El primer aspecto
que, en relación con el asunto sub-examine, llama la atención a que la Sala
tiene que ver con los términos del poder que se le otorgó a una profesional del
derecho para instaurar la acción de tutela.
De manera reiterada
la Corte ha hecho énfasis en la informalidad que caracteriza el mecanismo de
protección de los derechos constitucionales fundamentales, puesto en manos de
"toda persona" que los crea vulnerados o amenazados, por una
autoridad pública o por los particulares en los casos que la ley prevé; para
acudir ante los jueces de la República en procura de protección, sin que sea
necesario acreditar especiales condiciones o ser abogado titulado.
En los casos de
representación legal o de agencia oficiosa, se impetra la acción en favor de
una persona que no la ejerce directamente y tampoco resulta indispensable que
el representante o el agente cumplan requerimientos especiales o demuestren su
habilitación profesional, porque, como lo ha destacado la Corte, semejantes
exigencias desvirtuarían el carácter informal de la tutela con grave riesgo de
los derechos fundamentales que mediante su ejercicio se busca proteger.
(Sentencia T - 550 de 1993. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Empero, la
jurisprudencia constitucional es bastante clara en señalar que quien actúe a
nombre de otro y a título profesional, dentro del marco de un mandato judicial,
deberá ceñirse a las normas propias de la profesión de abogado. En auto de
noviembre 4 de 1994, la Sala Primera de Revisión puntualizó que se debe "acompañar
el poder a la demanda de tutela cuando se actúe por medio de abogado inscrito"
ya que en estas circunstancias se tiene que acreditar la facultad conforme a la
cual se formula la solicitud en nombre de otra persona y "el juzgador
no podrá dar viabilidad al proceso sin el cumplimiento de dicho requisito, en
consecuencia, el poder para iniciar el proceso, cuando se actúa por medio de
apoderado constituye un anexo de la demanda y su ausencia (..) es causal de
inadmisión de la misma". Además, en el pronunciamiento citado se
expuso:
"Con base en
lo anterior, quien manifiesta actuar a nombre de otra persona, debe probar el
mandato judicial conferido, a través del poder expresamente otorgado para el
efecto. Ahora, como la acción de tutela no requiere para su ejercicio de
apoderado, artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 1, 10, 14 del decreto 2591 de 1991, cuando una persona actúa por
medio de mandatario judicial, las circunstancias procesales cambian, por cuanto
en este evento, se hace necesario acompañar a la demanda el poder por medio del
cual se actúa". ( M.P. Dr. Jorge Arango Mejía).
Ahora bien, en el
caso que ocupa la atención de la Sala, si bien es cierto se anexó el poder en
razón del cual actúa la apoderada, la Sala estima oportuno proceder a examinar
los términos en que fue conferido.
En primer lugar,
aparece consignado que MAURICIO ALEJANDRO CUNHA MAC.KINLEY confiere poder
aduciendo su "calidad de apoderado general de REGINALDO ENRIQUE CUNHA
MAC.KINLEY, mayor, residenciado en Venezuela y poseedor regular" del
inmueble en cuestión. Empero, no consta dentro de la actuación adelantada la
prueba del apoderamiento general que le permita al señor MAURICIO ALEJANDRO
CUNHA MAC.KINLEY asumir la representación de REGINALDO ENRIQUE CUNHA
MAC.KINLEY, para los efectos de otorgar, en su nombre, un poder orientado a
promover la acción de tutela.
Además, MAURICIO
ALEJANDRO CUNHA MAC.KINLEY, manifiesta obrar en calidad "de
representante de los terceros a nombre de otro: CARMEN ALICIA MAC.KINLEY DE
CUNHA, REGINALDO CUNHA ALCENDRA, CLAUDIA CAROLINA BAENA CUNHA", sin
que aparezcan satisfechas las exigencias mínimas de la representación ni las de
la agencia oficiosa, puesto que no está demostrado que las personas en cuyo
nombre otorga poder no se encuentran en condiciones de promover su propia
defensa, y, en todo caso, a ello no se hizo ninguna referencia.
Pero el poder
también está conferido a nombre de los demás miembros de la familia "como
tenedores a nombre de REGINALDO CUNHA MAC.KINLEY". Al respecto cabe
reiterar los criterios que esta Sala de Revisión plasmó en la sentencia No.
T-066 de 1994:
"(...) la
presentación de una acción de tutela supone la ocurrencia de una situación
específica y concreta de violación y amenaza de derechos constitucionales
fundamentales de los que es titular una determinada persona que los ve
menoscabados por el actuar de una autoridad pública o de un particular en los
casos y en las condiciones que la ley prevé, de modo que, en principio, la
acción de tutela no es mecanismo de protección de intereses genéricos o
abstractos radicados en cabeza de un conjunto de individuos indeterminados, sin
identificación de ninguna especie, con prescindencia absoluta de la específica
situación en que se encuentren y de la singular valoración que cada uno de ellos
tenga acerca de la eventual amenaza de sus derechos". (M.P. Dr. Hernando
Herrera Vergara).
Así las cosas, en la
presente causa, la apoderada sólo podía ejercer la acción de tutela en
representación de MAURICIO ALEJANDRO CUNHA MAC.KINLEY quien, al conferir el
poder, indicó que actuaba a nombre propio, y de CARMEN ALICIA MAC.KINLEY DE
CUNHA, que adhirió al poder conferido; y no en representación de las otras
personas, en relación con las cuales se imponía, según lo establecido, la
inadmisión de la demanda de tutela o la adopción de las medidas necesarias para
subsanar el defecto; en consecuencia, como quiera que nada de esto se produjo,
se debe concluir que no estuvieron vinculados al trámite de la acción incoada.
Ahora bien, CARMEN
ALICIA MACKINLEY DE CUNHA y MAURICIO ALEJANDRO CUNHA MAC.KINLEY fueron
reconocidos dentro del proceso ejecutivo de que trata este asunto como
poseedores (folios 8 a 11), y en tal condición acuden a la acción de tutela
invocando el desconocimiento del derecho de posesión y los derechos adquiridos
que, con arreglo al artículo 58 Superior "no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores".
La Corte, en
sentencia No. T-053 de 1994, indicó:
"Es natural
que los derechos que se reclaman por vía de la acción de tutela cuando se
pretende la devolución de un inmueble, comprenden la protección específica de
los derechos adquiridos que se hayan podido consolidar en cabeza de quien
pretende impedir la modificación de su situación jurídica y fáctica, que depende
de la posesión misma y, por tanto, en este asunto nada nuevo se plantea cuando
se pretende la protección de los derechos adquiridos, después de haber sido
denegada por razones de fondo la tutela de la posesión sobre el mismo
bien". (M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).
En lo relativo a la
naturaleza jurídica de la posesión, esta Corte, en reciente pronunciamiento,
puso de presente que no se trata de uno de los derechos constitucionales
fundamentales susceptibles de protección por vía de la acción de tutela:
"El hecho de
que una persona se comporte como señor y dueño de un bien, sea o no de su
propiedad, lo reconoce la ley colombiana como generador de consecuencias
jurídicas y lo protege bajo la denominación de posesión, en las normas del
título VII del Código Civil; pero no es uno de los derechos consagrados por el
constituyente de 1991 como fundamentales, así algún sector de los doctrinantes
lo hayan considerado como tal. La posesión como la propiedad, goza de la
garantía estipulada en el artículo 58 de la Carta Política; pero ello no es
suficiente para que proceda la acción interpuesta.
Si bien es cierto
que en algunos casos se ha otorgado la tutela a quien reclama protección para
su posesión (...), en ninguno de esos casos se tuteló la posesión misma, sino
el derecho al debido proceso, otro de los fundamentales, con cuya violación
indirectamente se afectaba aquella". (Sentencia T-152 de 1995. M.P. Dr.
Carlos Gaviria Díaz)
De acuerdo con lo
expuesto resulta impropio que la juez, al decidir la acción de tutela, encuentre
violado el derecho "a la propiedad privada" cuando lo que se
pretendió fue la defensa de la posesión no amparable por vía de la tutela; más
aún, la definición acerca del titular del derecho de propiedad corresponde a
otras instancias judiciales y mediante los trámites jurídicamente regulados.
No hallándose
fundamento probatorio para predicar la vulneración de los derechos a la honra,
a la unidad familiar y a la dignidad humana resta analizar lo concerniente al
debido proceso. Sobre el particular se encuentra establecido que el Juzgado
Sexto Civil del Circuito de Barranquilla comisionó al Inspector General de
Policía Municipal de esa ciudad para que a su vez comisionara a quien
correspondiera, a efecto de llevar a cabo "la diligencia de entrega material
de los derechos de dominio que posee el señor ALVARO LAFAURIE LAPEIRA sobre el
inmueble... a la señora ELENA MAGDALENA NIETO STEFFENS, o en su defecto a su
apoderado (...)".
Durante la
diligencia de entrega del inmueble, iniciada el 16 de noviembre de 1994 y
continuada el 21 del mismo mes y año, la apoderada de REGINALDO CUNHA ALCENDRA
formuló oposición manifestando que su mandante ejercía posesión quieta y
pacífica, y de buena fe, en nombre y representación de su hijo REGINALDO
ENRIQUE CUNHA MAC.KINLEY quien compró el inmueble a ALVARO LAFAURIE
LAPEIRA. El Inspector Segundo de Policía atendió la oposición, reconoció
personería a la representante judicial, le permitió presentar documentos y
testigos que declararon sobre diversos aspectos, relativos, por ejemplo, a
mejoras, arreglos y conservación del inmueble y finalmente resolvió rechazar la
oposición y ordenar la entrega del bien, por no haber acreditado "el
opositor título que le diera el derecho igual o mejor que el que tiene el
demandante". Consideró el Inspector entre otras cosas que los señores
REGINALDO CUNHA ALCENDRA y REGINALDO CUNHA MAC.KINLEY conocían de la
existencia del proceso ejecutivo y que en su oportunidad formularon incidente
de desembargo y los remitió a las figuras previstas en los artículos 52 y 53
del Código de Procedimiento Civil, y también a la suspensión del proceso o a
solicitar el reconocimiento de mejoras.
Finalmente, la
apoderada de los opositores alegó vacíos e inconsistencias jurídicas en la
actuación del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, pues luego de
haber reconocido a sus mandantes como poseedores ordenó la entrega material del
inmueble, y, en consecuencia, interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación. El Inspector Segundo de Policía a este propósito estimó que,
habiendose suspendido la diligencia el día 16 de noviembre de 1994, la
apoderada debió trasladarse al Juzgado comitente para informarle de la
diligencia de entrega, de modo que ese despacho judicial al advertir algún error
hubiese oficiado inmediatamente al comisionado, evitando de paso una diligencia
nula; en esas condiciones, confirmó lo resuelto en la diligencia y concedió la
apelación en el efecto devolutivo.
En escrito de tutela
se afirma que la Juez Sexta Civil del Circuito fue avisada durante la
diligencia, pero se advierte que el memorial en el que se le solicita un
pronunciamiento en el sentido de restablecer a los opositores en su "posesión
suspendida" aparece fechado el 29 de noviembre de 1994.
La Corte ha sido enfática
en considerar que la acción de tutela solo procede cuando no existe otro
mecanismo de defensa judicial que pueda ser invocado con el fin de proteger el
derecho, salvo que la acción se proponga como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. También ha puntualizado que la tutela no sirve para
subsanar los errores o la negligencia en que incurran las partes dentro de un
proceso o para esquivar los mecanismos de defensa judicial que el ordenamiento
jurídico pone a disposición de los asociados propiciando, indebidamente,
decisiones paralelas a las que en ejercicio de sus funciones profieran los
jueces en los procesos a su cargo.
Aún en el evento de
presentarse una vía de hecho, esa sola circunstancia no justifica la
procedencia de una acción de tutela; para que este instrumento protector
resulte jurídicamente viable es necesario que se cumplan los presupuestos
contemplados en el artículo 86 superior y que no exista otro medio al que pueda
acudir el afectado para propender por la defensa de su derecho. Acerca de este
punto, la Corte Constitucional ha señalado:
"la acción
de tutela contra providencias judiciales por razón de vías de hecho, procede,
al igual que en los demás casos de tutela, siempre y cuando no existan otros
mecanismos de defensa judicial para amparar el derecho presuntamente vulnerado,
salvo que en la situación se trate de la ocurrencia inminente de un perjuicio
irremediable. La anterior doctrina persigue, en últimas, la prevalencia del
principio de la independencia de los jueces, del acceso a la administración de
justicia, de la seguridad jurídica y de la vigencia del Estado Social de
Derecho". (Sentencia T-197 de 1995. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa)
Para la Sala es
claro que el caso que ahora se estudia muestra otros medios eficaces de defensa
judicial y que no se configura el perjuicio irremediable. En primero lugar
porque, según se desprende de lo anotado, al momento de instaurar la tutela
estaba pendiente de resolución un recurso de apelación que debía ser desatado.
La Sala Primera de Revisión con ponencia del Magistrado Jorge Arango Mejía, en
sentencia No. T-458 de 1994 precisó que "la protección de los derechos
fundamentales, en este caso el del debido proceso, no se obtiene única y
exclusivamente a través de la acción de tutela, pues la existencia de otros
recursos y acciones implica que la persona cuenta con mecanismos eficaces para
proteger sus derechos. Además no debe olvidarse, en el asunto que nos ocupa el
actor puede recurrir a las acciones posesorias, con el objeto de recuperar o
mantener la posesión (...)"
En relación con el
perjuicio irremediable, en la sentencia que se acaba de citar se señaló:
"(...) Sin
embargo, vale la pena reiterar que la irremediabilidad del perjuicio, implica
que las cosas no puedan retornar a su estado anterior, y que sólo pueda ser
invocada para solicitar al juez la concesión de la tutela como "mecanismo
transitorio" y no como fallo definitivo, ya que éste se reserva a la
decisión del juez o tribunal competente. Es decir, se trata de un remedio
temporal frente a una actuación arbitraria de autoridad pública, mientras se
resuelve de fondo el asunto por el juez competente.
En el caso que
nos ocupa, la situación que se presenta no es irremediable, pues como el
perjuicio alegado está en posibilidad de desaparecer, de prosperar el recurso
de apelación interpuesto por el actor contra la decisión de la Inspección,
resulta ilógico considerarlo como irremediable. Por lo demás, tampoco se
observa que dicho perjuicio, de conformidad con la sentencia T-225 del 15 de
junio de 1993 (Magistrado ponente doctor Vladimiro Naranjo Mesa), sea grave o
inminente.
Y aun en el
evento de no prosperar el recurso, no puede afirmarse que (el accionante) haya
perdido definitivamente la posibilidad de recuperar la posesión, circunstancia
que al parecer genera el perjuicio, pues él mismo puede acudir a las acciones
posesorias consagradas en la legislación civil, en aras de probar el derecho
que manifiesta tener (...)"
Por último, observa
la Sala que la acción de tutela se concedió como mecanismo transitorio,
imponiéndosele a la señora ELENA MAGDALENA NIETO STEFFENS una absurda
limitación, consistente en abstenerse de efectuar obras sobre el inmueble y de
realizar cualquier venta o transacción comercial sobre el mismo, sin que el
Juez se hubiese preocupado por notificarle la iniciación y trámite de la acción
de tutela que resolvió en contra suya, todo lo cual es reprochable, en grado
sumo, pues con indudable violación del debido proceso se hizo recaer la orden
sobre una persona por completo ajena a la actuación. Estas razones y la
existencia de otros medios judiciales de defensa, de cuya operancia depende la
solución del conflicto desatado alrededor de la posesión del inmueble y la
definición de los derechos que puedan corresponderle a los implicados, así como
la falta del perjuicio irremediable, que no se configura por los motivos
expuestos, son factores que, en criterio de la Sala, imponen la revocatoria de
la sentencia revisada y la denegación de la tutela impetrada.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por
el Juzgado Trece Penal Municipal de Barranquilla el veintinueve (29) de
diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) dentro del asunto de la
referencia y en su lugar denegar la tutela impetrada.
SEGUNDO. LIBRENSE por Secretaría las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
420 | T-241-95
Sentencia No
Sentencia
No. T-241/95
SENTENCIA-Cumplimiento/REINTEGRO AL CARGO-Puesto
diferente/JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Lo que se plantea
en el caso sub exámine es una controversia entre el accionante y la accionada,
que debe ser resuelta por la jurisdicción contencioso administrativa y no por
el juez de tutela, ya que dicha disputa versa sobre un acto administrativo que
goza de presunción de legalidad, la cual dispuso el reintegro del peticionario
a un cargo en la DIAN, en virtud del fallo judicial que así lo ordenó, y por
tanto, cabe la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a fin de que
el juez administrativo decida tal controversia en la respectiva sentencia
judicial, observando todos los presupuestos del debido proceso que consagran la
Constitución Política y las normas procesales correspondientes, contenidas en
el C.C.A. y sus disposiciones concordantes.
PERJUICIO
IRREMEDIABLE-Inexistencia
En relación con
la posibilidad de que la tutela prospere como mecanismo transitorio por existir
un perjuicio irremediable, ella no se da en el caso sub exámine, ya que de los
hechos expuestos o de las pruebas que obran en el expediente no se puede
inferir o deducir la existencia de dicho perjuicio, por cuanto el accionante en
la actualidad se encuentra vinculado al servicio en la DIAN y percibe su
salario como retribución al mismo.
REF.: Expediente No. T- 61940.
PETICIONARIO: ITALO SANCHEZ ORTIZ contra DIRECCION DE
ADUANAS E IMPUESTOS NACIONALES.
PROCEDENCIA: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda.
TEMA: Cumplimiento de un fallo judicial.
Desmejora en las condiciones laborales. Improcedencia de la acción de tutela.
MAGISTRADO
PONENTE:
Dr. HERNANDO
HERRERA VERGARA.
Santa Fe de Bogotá,
mayo (31 ) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ Y HERNANDO HERRERA VERGARA, procede a
revisar los fallos proferidos en primera instancia por el Tribunal Contencioso
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 23 de
noviembre de 1994, y en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, el 16 de diciembre del mismo año,
en el proceso de tutela de la referencia.
El expediente llegó
al conocimiento de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional por
remisión que hizo el Consejo de Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
Con fundamento en
los artículos 86 de la Constitución Política, y 33 del Decreto 2591 de 1991, la
Sala de Selección Número Tres (3) de la Corte Constitucional escogió, para
efectos de revisión, la presente acción de tutela.
I. ANTECEDENTES.
1. El señor ITALO
SANCHEZ ORTIZ manifiesta en su demanda que fue "desvinculado de la
Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por
resolución No. 5480 de Noviembre 22 de 1988 con efectividad a partir de Octubre
31 de dicho año, momento en el cual desempeñaba el cargo de Aforador 5035-13,
con las funciones determinadas por los artículos 1 y 163 de Decreto 2666 de
Octubre 26 de 1984, posteriormente derogadas por el Decreto 1909 de 1992
(...)"
2. El actor acudió
ante la jurisdicción contencioso administrativa a fin de obtener la nulidad de
la resolución No. 5480 de 1988 y obtener su reintegro a la entidad accionada.
El Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 12 de
octubre de 1993, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el reintegro
del señor ITALO SANCHEZ ORTIZ en el cargo que desempeñaba al momento en que fue
desvinculado de la Dirección General de Aduanas o en otro de igual o superior
categoría.
3. En cumplimiento
del fallo la DIAN, por medio de la resolución No. 2640 del 23 de junio de 1994,
reintegró al accionante en el cargo de "Técnico en Ingresos Públicos
II, 26-13". Contra dicha resolución el señor SANCHEZ ORTIZ interpuso
el recurso de reposición, toda vez que las nuevas labores que le fueron
asignadas no correspondían, a su juicio, a las que había desempeñado antes de
haber sido desvinculado de la entidad accionada.
La DIAN, mediante
resolución No. 3166 del 15 de julio de 1994 resolvió el recurso presentado por
el accionante, de manera adversa sus pedimentos, argumentando que el "realizada
la equivalencia de cargos para determinar el que actualmente, por nivel
jerárquico y salarial, corresponde al de aforador 5035-13 de la Dirección
General de Aduanas en 1988, se estableció que era el de Técnico de Ingresos
Públicos II Nivel 26 grado 13 de la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, según las siguientes resoluciones de
incorporación que certifican tal hecho (...)". A renglón seguido, el
Director de la DIAN señaló las siguientes decisiones: Decreto No. 1042 de 1978;
resolución No. 2739 del 22 de junio de 1989; resolución No. 018 de enero 8 de
1992; resolución 3935 del 27 de Noviembre de 1992; y resolución No. 3935 del 27
de noviembre de 1992.
4. De acuerdo a lo
dispuesto en la resolución No. 3166 de 1994 el accionante se reintegró a la
DIAN, como consta en el acta No. 1930 del 26 de junio de 1994. Sin embargo, las
labores que le corresponde ejecutar como Técnico en Ingresos Públicos II Nivel
26 Grado 13 no equivalen a un cargo de igual o superior categoría al que
ocupaba cuando fue desvinculado de la entidad accionada, pues de acuerdo con la
demanda, sus funciones son las siguientes:
"a)
Trastero físico de muebles y enseres, de dotación de la DIAN (Edificio del
Ministerio de Hacienda), consistente en retirarlos de las oficinas y
transportarlos por los pasillos hasta los ascensores, bajarlos, luego
nuevamente por los pasillos hasta las escaleras y de allí al camión para su
transporte a bodega.
b) Relación
mecanográfica de elementos (muebles y enseres) de acuerdo a su código, cuando
fuere necesario."
5. Señala el
accionante que el cargo de aforador desapareció por "disposición
expresa de la ley", pero solo de manera nominal por cuanto creó el
cargo de Inspector Aduanero, mediante el artículo 33 del Decreto 1009 del 27 de
noviembre de 1992, el cual transcribe en su demanda:
"ARTICULO 33
.- INSPECCION ADUANERA.- La Dirección de Aduanas Nacionales en desarrollo de su
política de fiscalización, podrá practicar inspección aduanera dentro del
proceso de importación, evento en el cual la inspección podrá incluír el examen
físico de la mercancía, mediante la verificación de su correspondencia con la
descrita en la declaración , su origen, estado contidad, valor, clasificación
arancelaria, gravamen, tratamiento tributario y la práctica de examen químico o
de laboratorio, cuando sea necesario..."
PRETENSIONES
El demandante
solicita que se "ordene a la Dirección de Aduanas e Impuestos
Nacionales, DIAN, que cumpla a cabalidad el fallo de la Sentencia (sic) del
Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, y se me reintegre al cargo de
Inspector General de Ingresos Públicos II 44-39, o a uno de similar o superior
categoría, ya que el cargo de aforador nominalmente desapareció, siendo Inspector
General el que hace sus veces, y porque el cargo al cual me reintegraron, es
para mí una degradación y una injusticia manifiesta".
II. LAS
DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN.
1. Sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del veintitres (23) de
noviembre de 1994, resolvió "RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la tutela
solcitada por ITALO SANCHEZ ORTIZ", con fundamento en las
siguientes consideraciones:
"De
conformidad con la normatividad comentada (artículo 2o. del Decreto 306 de
1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), la acción de tutela únicamente
tiene viabilidad frente a lesiones o amenazas de DERECHOS CONSTITUCIONALES
FUNDAMENTALES, por lo que esta acción no tiene procedencia para procurar el
restablecimiento de derechos que solo tienen rango legal; y de otra parte, que
esta acción tiene carácter subsidiario, residual, en cuando SOLAMENTE PROCEDE
cuando la persona afectada no tiene a su disposición otros recursos o medios de
defensa judiciales.(...)
De lo expuesto,
se desprende que contra los actos administrativos con los cuales se dispuso el
reintegro del peticionario, existe acción judicial a través de la cual, podía o
puede procurar lo que aquí intenta, como es la protección o el restablecimiento
de su derecho en lo refernte al cargo en el cual debe producirse el reintegro.
En la acción judicial ordinaria pueden hacerse todos los planteamientos
esbozados en el escrito de tutela".
No huelga señalar
que en forma reiterada el H. Consejo de Estado y el Tribunal vienen sosteniendo
que por no estar incluído en el art. 85 de la Carta Política de 1991 el art. 25
relacionado con el derecho al trabajo, éste no es objeto de tutela".
El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la referida providencia manifestó, además,
que "no ha existido uniformidad de criterio respecto a la acción que
debe ejercitarse cuando el particular considera que al cumplirse la obligación
de hacer de reintegro al cargo, la entidad pública obligada no la satisface a
cabalidad."
El señor ITALO
SANCHEZ ORTIZ, dentro del término legal, impugnó el fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y adujo que la Corte Constitucional ha
protegido los derechos de las personas afectadas por la conducta de quien está
obligado a acatar un fallo judicial y no lo hace, y citó la providencia No.
T-363 de 1994; además señaló que esta Corporación también ha reconocido el
carácter fundamental del derecho al trabajo, que es de aplicación inmediata y
que éste debe desarrollarse en condiciones justas dignas y justas, de acuerdo
con lo expresado en varios fallos judiciales que enumera; finalmente, manifestó
que en su caso particular además existe un perjuicio irremediable, más aún si
no se tiene claridad acerca del mecanismo judicial apropiado para la defensa
judicial de su caso "como lo manifiesta el Tribunal en la sentencia que
impugno".
2. Sentencia del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
El Consejo de
Estado, previamente a adoptar la decisión de fondo, dispuso que se oficiara a
la DIAN a fin de que ésta indicara las funciones que desempeñaba el accionante
en el cargo de Aforador 5035-13 de la División de Arancel de la Subdirección
Técnica, en la época de su desvinculación; cuáles son las funciones que le
corresponden al cargo de Técnico en Ingresos Públicos II, nivel 26, grado 13 de
esa entidad; y cuáles son las funciones que el señor SANCHEZ ORTIZ desempeña en
la actualidad.
La Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dio
respuesta al oficio referido e indicó lo siguiente:
"a) Que de
acuerdo con el Decreto 2759/79, son funciones del cargo de Aforador 5035:
Revisión,
clasificación, valoración y control de la cantidad, calidad, el peso, las
condiciones y los documentos de mercancías de acuerdo con las normas
preestablecidas sobre importaciones y exportaciones de artículos y análisis de
sus componentes, para garantizar el cobro de gravámenes aduaneros e impedir su
introducción ilegal al país.
b) Que el 1o. de
junio de 1993, se fusionó la Dirección de Impuestos Nacionales y la Dirección
de Aduanas Nacionales de conformidad con el Decreto 2177 de 1992, quedando la
Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, que en materia de Administración de Personal se rige por el Decreto
1647 de 1991, artículos 22 y 23 relacionados con la Planta Global y Cargos
Nacionales; en cuanto a la nomenclatura, clasificación y remuneración de los
empleos se encuentra vigente el Decreto 1685 de 1992 que en su artículo 4o.
establece: "NIVEL TECNICO: Comprende los empleos cuyas funciones exigen la
aplicación de procedimientos y técnicas indispensables para soportar el
desarrollo de las funciones profesionales, especializadas y Inspección General
(sic).
c) En cuanto a
las funciones específicas que el señor ITALO SANCHEZ ORTIZ realiza en la
actualidad, remito certificación del 26 de diciembre de1994, expedida por el
Jefe del Grupo de Inventarios y la Jefe de la División de Servicios Generales
donde se especifican las funciones asignadas en dicha División.
Así mismo,
informo a usted, que de acuerdo con el artículo 36 del Decreto 2117 de 1991,
son funciones de la División de Servicios Generales:
"Planear,
coordinar y ejecutar la prestación de los servicios generales que requiera la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para su funcionamiento.
Coordinar con las
diferentes dependencias la elaboración del programa anual de compras y necesidades
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y efectuar los ajustes a los
que haya lugar.
Organizar y
conservar el archivo de los documentos originados en las actividades del Nivel
Central, expedir copia y certificaciones que se soliciten y administrar la
correspondencia;
Recibir,
almacenar y controlar los bienes de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales de acuerdo con el sistema de inventario que determine la Dirección,
y velar por su conservación, seguridad y distribución.
Implantar la
normas de seguridad industrial y Salud Ocupacional en coordinación con la
subsecretaría de Recursos Humanos;
Elaborar el
inventario general, de acuerdo con los sistemas que establezca el Director, de
bienes de la Entidad, consolidando la información recibida, tramitar la bajas
de bienes de la diferentes dependencias y ejercer el control respectivo; y,
Las demás que le
asigne el Subsecretario Financiero y Administrativo".
En la certificación
referida en el literal c) transcrito, se indica que "viene desempeñando
el señor ITALO SANCHEZ ORTIZ, en el grupo de Inventarios de la División de
Servicios Generales de la Subsecretaría Financiera y Administrativa.
-Elaboración de reintegros a máquina. - Elaboración Física de
Inventarios."
Después de haber
recibido la anterior información, el Consejo de Estado, en providencia del 20
de enero de 1995, revocó el fallo proferido por el Tribunal Contencioso
Administrativo de Cundinamarca en cuanto rechazó por improcedente la acción de
tutela, y en su lugar resolvió denegarla pero con base en las siguientes
consideraciones:
"Esta
Corporación en innumerables pronunciamientos ha expresado que no obstante el
carácter de fundamental del derecho al trabajo, éste no es objeto de acción de
tutela por no ser de los derechos de aplicación inmediata enunciados en el
artículo 85 de la Constitución Política. Sin embargo, teniendo en cuenta que la
pretensión del demandante es la de lograr el ejercicio de su empleo en
"condiciones dignas y justas", considera la Corporación que es
procedente la acción de tutela.
El cargo del cual
la administración retiró del servicio al señor ITALO SANCHEZ ORTIZ era de
Aforador 5035-13 de la División de Arancel de la Subdirección Técnica de la
Dirección General de Aduanas, cuya nomenclatura y clasificación contenida en el
Decreto 1042 de 1978, corresponde al nivel administrativo. Sus funciones
implican ya el ejercicio de actividades de orden administrativo complementarias
de las tareas propias de los niveles superiores, y a la supervisión de un
pequeño grupo de trabajo.
Por su parte el
Decreto 2759 de 1979 le asignó como funciones al mencionado cargo, las
siguientes:
'Revisión,
clasificación, valoración y control de la cantidad, calidad, el peso, las
condiciones y los documentos de mercancías, de acuerdo con las normas
preestablecidas sobre importación y exportación de artículos y análisis de sus
componentes, para garantizar el cobro de gravámenes aduaneros e impedir su
introducción ilegal al país'.
Para la fecha en
que se produjo el reintegro, (Decreto 2117 de 1992), la Unidad Administrativa
Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se había fusionado con
la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
En esas condiciones,
es claro que el accionante fue reintegrado a un cargo de la misma categoría,
las funciones que le asignaron son de natutraleza similar a las que cumplía en
el nivel en que se encontraba con anterioridad, y no obra en el expediente
ningún elemento de juicio, ni tampoco el actor lo señala, que permita a la Sala
deducir que el perticionario desempeña sus funciones en condiciones indignas o
injustas o que reciba un trato de esta naturaleza".
III. INSISTENCIA
PRESENTADA POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO.
El Defensor del
Pueblo, de conformidad con las disposiciones vigentes, presentó ante esta
Corporación un escrito por medio del cual le solicitó a la Sala de Selección
Número Tres de asuntos de tutela, que escogiera, para efectos de que fuera
revisado, el proceso de la referencia ya que, a su juicio, de las sentencias
proferidas en el caso en estudio se deriva un perjuicio grave que afecta el
derecho al trabajo del demandante.
Destaca el Defensor
del Pueblo que el accionante no solamente desempeñó funciones de simple
Aforador durante su vinculación a la Dirección de Aduanas, sino que además,
desempeñó los cargos de Jefe de aforadores de esa entidad en Bogotá y
Cartagena, y de Subadministrador de Aduana encargado en Bogotá y Cartagena,
distinciones y responsabilidades otorgadas sin lugar a dudas por sus
capacidades, buen rendimiento laboral y por su afán de mantenerse actualizado
en la cambiante legislación aduanera.
Del análisis que
hizo del Decreto 1909 del 27 de noviembre de 1992, concluye el Defensor del Pueblo
que el antiguo cargo de Aforador, que ya no existe nominalmente, equivale al de
Inspector General de Ingresos Públicos. No obstante, el accionante fue
reintegrado al cargo de Técnico en Ingresos Públicos II nivel 26 Grado 13,
correspondiente a la División de Servicios de la Subsecretaría Financiera y
Administrativa de la DIAN, cuya función principal, de acuerdo con la hoja de
evaluación del demandante, es la "recolección y traslado de muebles".
Considera además que tal actividad dista enormemente de las efectuadas por el
demandante antes de su desvinculación, los cuales implicaban un desarrollo
intelectual de sus capacidades para el análisis y un conocimiento específico
para la adopción de decisiones relativas al reconocimiento de mercancías, lo
cual comporta una marcada diferencia con las que desempeña actualmente, de
naturaleza manual, "basadas exclusivamente en el esfuerzo físico".
Expresa el Defensor del Pueblo que no considera justo que una persona con más
de 18 años de experiencia laboral y preparación intelectual, esté desarrollando
labores que no corresponden a aquellas que venía desempeñando. Esta situación
compromete la dignidad humana.
Agrega el Defensor
del Pueblo que, a pesar de que el Legislador estableció determinadas
disposiciones, basándose en datos ordinarios, eventualmente pueden equivocarse
y atentar contra la justicia y el bien común. Es por eso que la interpretación
exegética de las normas no puede ir más allá de lo que dicta la razón justa y
el bien común, cuando quiera que esa aplicación se deriven consecuencias
injustas. Del caso en cuestión, puede establecerse que se presenta "una
indebida ejecución de la sentencia que ha originado la vulneración del derecho
de toda persona a desempeñar el trabajo en condiciones dignas y justas".
Así mismo estima que el fallador de primera instancia no tuvo en cuenta que la
existencia del medio judicial alternativa, suficiente para que no quepa la
acción de tutela, debe apreciarse en relación con el derecho fundamental de que
se trata, no respectos de otros (...)",de acuerdo con la sentencia T-441
de 1993 de la Corte Constitucional.
Finalmente, en
relación con el fallo de segunda instancia señaló que si bien el Consejo de
Estado consideró procedente la tutela, desconoció que las actividades
desempeñadas por el demandante antes y después del reintegro, son diferentes.
IV. REMISION DEL
EXPEDIENTE A LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Una vez resuelta la
impugnación presentada por el accionante, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en cumplimiento de lo dispuesto
por el inciso 2o. del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remitió el
expediente a esta Corporación para efectos de su eventual revisión.
Después de haber
sido seleccionada y repartida, entra a la Sala Tercera de Revisión a quién le
correspondió, estudiar y fallar el asunto de la referencia.
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1. La
Competencia.
De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
2. La Materia.
Improcedencia de
la acción de tutela por existir otros medios de defensa judicial.
El accionante acudió
al mecanismo de la tutela con el fin de que se ordene a la DIAN su reintegro a
un cargo de igual o superior categoría al que ocupaba antes de ser desvinculado
del servicio, para que así se de cabal cumplimiento a la sentencia del Tribunal
Administrativo de Caldas del 12 de octubre que así lo dispuso.
La Sala encuentra
que el demandante, más que el reintegro, pretende que se haga efectivo el
cumplimiento de la providencia judicial emanada del Tribunal Administrativo de
Caldas, el cual declaró la nulidad de la Resolución No. 05480 del 22 de
noviembre de 1988 por medio de la que se le desvinculó del servicio, y ordenó,
a título de restablecimiento del derecho, "el reintegro del demandante
al mismo cargo mencionado en el numeral primero de esta providencia (Aforador
5035-13), o a otro de similar o superior categoría".
La entidad
accionada, mediante Resolución No. 2640 del 23 de junio de 1994 ordenó el
reintegro del accionante al cargo de Técnico en Ingresos Públicos II Nivel 26
Grado 13. El señor ITALO SANCHEZ ORTIZ interpuso recurso de reposición contra
el citado acto administrativo, por considerar que no fue reintegrado de
conformidad con lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Caldas. Dicho
recurso fue desatado mediante Resolución No. 3166 del 15 de julio de 1994, a
través de la cual el Director de la DIAN confirmó la resolución recurrida, por
considerar que el cargo al que se reintegró al accionante corresponde en
categoría al de Aforador 5035-13, el cual fue suprimido, de conformidad con las
normas vigentes.
Esta Sala de
Revisión encuentra que lo que se plantea en el caso sub exámine es una
controversia entre el accionante y la accionada, que debe ser resuelta por la
jurisdicción contencioso administrativa y no por el juez de tutela, ya que
dicha disputa versa sobre un acto administrativo que goza de presunción de
legalidad, como lo es la Resolución No. 2640 de 1994, confirmada por la
Resolución No. 3166 del mismo año, la cual dispuso el reintegro del señor
SANCHEZ ORTIZ a un cargo en la DIAN, en virtud del fallo judicial que así lo
ordenó, y por tanto, cabe la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
a fin de que el juez administrativo decida tal controversia en la respectiva
sentencia judicial, observando todos los presupuestos del debido proceso que
consagran la Constitución Política y las normas procesales correspondientes,
contenidas en el Código Contencioso Administrativo y sus disposiciones
concordantes. Así pues, la citada acción judicial se constituye en un mecanismo
de defensa idóneo para la protección de los derechos que el accionante afirma
le han sido vulnerados por la DIAN.
En relación con la
posibilidad de que la tutela prospere como mecanismo transitorio por existir un
perjuicio irremediable, ella no se da en el caso sub exámine, ya que de los
hechos expuestos o de las pruebas que obran en el expediente no se puede
inferir o deducir la existencia de dicho perjuicio, por cuanto el accionante en
la actualidad se encuentra vinculado al servicio en la DIAN y percibe su
salario como retribución al mismo.
Por lo anteriormente
expuesto, esta Sala de Revisión no encuentra motivos para tutelar los derechos
del accionante, y confirmará el fallo proferido por el Consejo de Estado en
cuanto negó la tutela de los derechos invocados por el accionante, pero por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
V. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, el
20 de enero de 1995, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Líbrense por Secretaría las comunicaciones
de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos
contemplados en esa norma.
Notifíquese,
cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
421 | T-242-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-242/95
INSUBSISTENCIA/ACCION
DE TUTELA-Improcedencia
No hay duda de
que a través de la acción de tutela el juez constitucional no puede declarar la
nulidad de un acto administrativo que goza de la presunción de legalidad,
mientras no sea anulado o suspendido por la jurisdicción competente
-contencioso administrativa- y menos condenar al pago de los salarios y demás
prestaciones a título de resarcimiento del derecho, por cuanto dichas
pretensiones no son del resorte del juez constitucional de tutela cuya
"acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial", del cual puede hacer uso para los mismos fines el
accionante.
REF.: Expediente No. T- 64890
PETICIONARIO: RAFAEL HUMBERTO DIAZ contra el INSPECTOR
MUNICIPAL DE POLICIA del Municipio de Dolores (Tolima)
TEMA:
Declaratoria de Insubsistencia.
MAGISTRADO PONENTE
:
Dr. HERNANDO
HERRERA VERGARA
Santa Fe de Bogotá,
mayo (31) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Sexta de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA,
procede a revisar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima
del 23 de febrero de 1995.
El expediente llegó
a conocimiento de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional por remisión
que le hizo el citado Tribunal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31
del Decreto 2591 de 1991.
Con fundamento en
los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la
Sala de Revisión Número Cuatro de la Corte Constitucional, escogió, para efectos
de revisión la presente acción de tutela.
I. INFORMACION
PRELIMINAR.
El señor RAFAEL
HUMBETO DIAZ acude al mecanismo de la acción de tutela con el fin de que le sea
protegido su derecho constitucional al trabajo, que considera le fue vulnerado
como consecuencia de la declaratoria de insubsistencia del cargo que ocupaba de
inspector Municipal de Policía de Dolores (Tolima). El actor solicita que
"se declare nulo y se revoque el Decreto NO. 011 de febrero 5 de 1995,
expedido por el señor LUIS EDUARDO TRUJILLO GODOY, Alcalde Popular de
Dolores-Tolima., POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA MI INSUBSISTENCIA DEL
NOMBRAMIENTO AL CARGO DE INSPECTOR MUNICIPAL DE POLICIA Y SE NOMBRA COMO MI
REEMPLAZO A LA SEÑORA ELIZABETH GONZALEZ DE HERRERA." Así mismo, el
accionante solicita que se ordene su reintegro al cargo que ocupaba o a otro de
igual o superior categoría "con reconocimiento, por parte del Municipio
de Dolores, de todos los sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones dejadas de
percibir, junto con los que hayan podido causarse desde la fecha en que fuí
desvinculado del servicio, hasta aquella en que sea efectivamente reintegrado a
este." Finalmente, solicita que "se declare que no ha habido
solución de continuidad en el servicio prestado por mí, desde la fecha en que
por segunda vez soy declarado insubsistente en mi nombramiento como Inspector
de Policía, hasta aquella en que sea reintegrado al servicio", y pide
que se dé inmediato cumplimiento a la orden que imparta el Tribunal
Administrativo del Tolima.
El accionante aduce
que acude a la acción de tutela por considerar que no cuenta con otro medio de
defensa judicial "ya que la vía gubernativa fue agotada con el fallo de
septiembre 19 de 1994 emanado del Honorable Tribunal Administrativo del Tolima
a través del cual se ordenó la restitución (sic) de mi derecho al trabajo al
disponer mi reintegro al cargo de Inspector de Policía del Municipio de
Dolores-Tolima"; afirma que ingresó al servicio en dicho cargo en
junio de 1991 y que un año más tarde, el 18 de junio de 1992, fue declarado
insubsistente por el nuevo Alcalde elegido popularmente.
Afirma que mediante
oficio 014 del 15 de enero de 1995 se notificó de la decisión de reintegro al
cargo que ocupaba; que el 17 de enero se presentó ante el Secretario General de
la Alcaldía y fue enviado a vacaciones a partir del día 18 de ese mes; que el 5
de febrero "por medio del Decreto número 011 de la misma fecha, se me
declara nuevamente la Insubsistencia, efectiva a partir del 8 de Febrero de
1995, notificándoseme dicha decisión cuando aún me encontraba en
vacaciones". Expresa que la razón de tal determinación fue la de haber
participado en la campaña electoral del candidato opositor al Alcalde popular
elegido el 30 de octubre de 1994, y que ello constituye persecución política.
II. LA
PROVIDENCIA JUDICIAL QUE SE REVISA.
El Tribunal
Administrativo del Tolima mediante providencia del 23 de febrero de 1995
resolvió declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
RAFAEL HUMBERTO DIAZ, con base en las siguientes consideraciones:
"Las
pretensiones del escrito de tutela son en verdad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 15 del decreto 2304 de
1989 (...) medio eficaz para la protección del derecho fundamental al trabajo
siempre y cuando se den los supuestos fácticos, probatorios y jurídicos, que
corresponde aportarlos a la parte actora"
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
PRIMERA.
COMPETENCIA.
La Corte
Constitucional es competente, a través de esta Sala de Revisión, para proferir
sentencia en relación con la providencia dictada por el Tribunal Administrativo
del Tolima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso
tercero, y 241 numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 33, 34 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
SEGUNDA. EL CASO OBJETO DE ESTUDIO.
Improcedencia de la acción de tutela.
En reiteradas
oportunidades esta Corporación ha expresado que la acción de tutela no es
procedente cuando el peticionario dispone de otros medios de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Para los efectos de
confirmar la sentencia que se revisa, como se hará en esta providencia en su
parte resolutiva, es suficiente una breve justificación, teniendo en cuenta los
hechos y motivaciones de la demanda, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 35 del Decreto 2591 de 1991.
El caso en estudio
corresponde a una situación que no puede ser resuelta mediante el mecanismo de
la acción de tutela, y que no debe ser llevados ante esta jurisdicción, pues
ello más bien contribuye a que se pretenda por un lado congestionar los
despachos judiciales, con reclamaciones que no son de la órbita de la
competencia del juez constitucional de los derechos fundamentales, y a
pretender sustituir a otras jurisdicciones con plena competencia para el
restablecimiento de los mismos derechos invocados. Es pertinente reiterar que
la judicialización de todo problema suscitado entre individuos o de estos
frente a las autoridades, sin competencia jurisdiccional, no conduce a nada
distinto que entrabar las causas que en verdad requieren de la intervención del
juez de tutela, lo cual perjudica en grado sumo el normal funcionamiento de los
organismos judiciales que protegen los derechos fundamentales en los casos
donde existe una competencia y procedencia previamente establecida en la
Constitución y la ley.
El objeto de la
tutela consiste en la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando resulten amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, en este último
evento dentro de las condiciones establecidas en el artículo 42 del Decreto
2591 de 1991.
La materia.
La acción que se
promueve en este proceso se orienta a determinar la procedencia de la tutela
para que se declare la nulidad de un decreto expedido por el Alcalde Popular de
Dolores (Tolima) por medio del cual se declaró insubsistente al accionante al
cargo de Inspector Municipal de Policía, al cual había sido ordenado reintegrar
mediante fallo proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima,
de fecha 19 de septiembre de 1994. Igualmente persigue que como consecuencia de
dicha nulidad se ordene su reintegro y se le reconozcan sus sueldos, primas,
bonificaciones, vacaciones dejadas de disfrutar y cesantías que se causen,
aumentos de salario, desde la fecha de su desvinculación y hasta la fecha en
que sea reintegrado al cargo mencionado.
Del contenido de la
misma demanda se desprende claramente que el peticionario dispone de otro medio
de defensa idóneo para obtener el restablecimiento de su derecho y el pago de
los salarios, como lo es la denominada acción de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, consagrada en el
artículo 85 del C.C.A. según el cual "Toda persona que se crea
lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho.
También podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien
pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la
devolución de lo que pagó indebidamente".
En esta forma no hay
duda de que a través de la acción de tutela el juez constitucional no puede
declarar la nulidad de un acto administrativo que goza de la presunción de
legalidad, mientras no sea anulado o suspendido por la jurisdicción competente
-contencioso administrativa- y menos condenar al pago de los salarios y demás
prestaciones a título de resarcimiento del derecho, por cuanto dichas
pretensiones no son del resorte del juez constitucional de tutela cuya "acción
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial", del cual puede hacer uso para los mismos fines el
accionante.
Sobre este mismo
aspecto la Corte Constitucional se expresó en sentencia No. T- 305 de agosto 3
de 1993 (Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara), en los siguientes
términos:
"La acción
de nulidad y restablecimiento del derecho es un medio de defensa eficaz, y así
se consideró por esta Corporación en Sentencia No. 223 de junio 15 de 1993, de
la Sala de Revisión No. 1, al señalar que:
"No es algo
formal, inasible, teórico, insuficiente o inadecuado, porque corresponde a una
posibilidad procesal real, decantada por la doctrina y la jurisprudencia
administrativas, ampliamente conocida y del resorte de tribunales que imparten
justicia a diario".
Es evidente,
entonces, que a través del ejercicio de esta acción es posible para el
accionante obtener la nulidad del acto administrativo señalado al igual que el
restablecimiento del derecho (a ejercer la profesión de docente) y la
reparación de los perjuicios que dice le fueron ocasionados en virtud de dicho
acto administrativo. De esa manera, además de lograrse la reparación e
indemnización de los perjuicios morales y materiales que se dicen causados,
puede obtener igualmente el reintegro a la institución de la cual fue excluido
en su calidad de docente.
En razón a lo
anterior, concluye esta Sala que deberá declararse, como así se hará en la
parte resolutiva de esta providencia, la improcedencia de la tutela impetrada
por el ciudadano Orlando Torres Moreno, por cuanto dispone de otro medio idóneo
de defensa judicial. En tal virtud, se confirmará la sentencia del Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Manizales."
Igualmente en
sentencia No. T- 310 del 4 de agosto de 1993, de la Sala de Revisión de
Tutelas, con ponencia del Magistrado Fabio Morón Díaz, se afirmó:
"La presente
revisión se orienta a determinar la procedencia de la acción de tutela para
proferir la nulidad de una resolución administrativa que ordenó la declaratoria
de insubsistencia de un servidor público.
La acción
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, pone a disposición de
cualquier persona la posibilidad de reclamar ante los jueces, en todo tiempo y
lugar, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública o por los
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
Lo anterior, no
puede significar, según se ha entendido, que la acción de tutela proceda en
todas las oportunidades para precaver la violación de un derecho fundamental.
En efecto, la mencionada acción no es el único medio judicial que organizó el
constituyente para la protección de los derechos fundamentales, ya que, por
ejemplo, y para el caso concreto, existe la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho que puede iniciarse ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, contra los actos que violen la ley o la
Constitución, incluidas sus prescripciones consagratorias de los derechos
fundamentales: Pues como se desprende del orden superior, se organizó allí
toda la rama jurisdiccional del poder público, justamente, para, de ordinario,
solucionar los conflictos jurídicos que aparezcan en la sociedad y las
necesidades de protección de los derechos de las personas.
La acción de
tutela, que no es un expediente declarativo de derechos, sino de protección de
los ya existentes, de acuerdo con el diseño que de la misma realizó el
constituyente, tiene, en consecuencia un carácter preventivo y garantizador de
los derechos fundamentales. En desarrollo de esa naturaleza y como mecanismo
judicial de carácter extremo, la propia Carta Política dispuso su procedencia
sólo cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio
irremediable: Perjuicio definido por la ley, como el que sólo pueda ser
reparado en su integridad mediante una indemnización (art. 6o. 1 D. 2591/91).
Tiene, por lo
expuesto, la acción de tutela un carácter no sólo preventivo, sino también
residual y subsidiario, en la medida en que no procede cuando existan otros
medios judiciales a disposición del actor para proteger su derecho.
En la presente
acción, el demandado dispone de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que no resulta
procedente la misma para hacer valer los derechos que en su demanda considera
desconocidos por el acto administrativo. No es la acción de tutela la vía
judicial para determinar si realmente la resolución que declaró la
insubsistencia, fue ilegal o inconstitucional, y, si en resultas, existe el
derecho al trabajo que invoca el demandante, en cabeza suya, en las
circunstancias particulares del caso concreto, además de su violación o amenaza
por el acto de la administración."
A lo anterior debe
agregarse para declarar la improcedencia de la tutela impetrada por el
ciudadano RAFAEL HUMBERTO DIAZ, que a juicio de la Corporación no existe en el
presente asunto un perjuicio irremediable, o por lo menos este no se encuentra
demostrado en el expediente, ya que si llegare a prosperar la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho ante la autoridad jurisdiccional competente,
podrían obtenerse eventualmente si la jurisdicción así lo determina, los mismos
derechos pretendidos que aquí se reclaman ante el juez de tutela, sin
competencia legal ni constitucional alguna.
Por las
consideraciones anteriores habrá de confirmarse la sentencia del Tribunal
Administrativo del Tolima de fecha 23 de febrero de 1995, en presencia de la
improcedencia de la tutela instaurada, por cuanto el actor dispone de otro
medio de defensa judicial.
IV. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO. Confirmar por las razones expuestas la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 23 de febrero
de 1995, por medio de la cual se declaró la improcedencia de la acción de
tutela impetrada por el señor RAFAEL HUMBERTO DIAZ.
SEGUNDO. Líbrense las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí previstos.
Comuníquese,
notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
422 | T-243-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-243/95
PENSIONADO DE
UNIVERSIDAD DISTRITAL-Reajuste
pensional/DERECHO A LA IGUALDAD-Discriminación por reajuste pensional
Resulta evidente
que al consagrarse el beneficio en favor de los pensionados para quienes se les
había reconocido dicho estatus jurídico antes de 1988 y estuvieron vinculados a
la Universidad Distrital durante 10 años, consistente en el reajuste de las
mesadas pensionales, nivelándose a la categoría de sueldos de los funcionarios
activos a 31 de agosto de 1994, excluyendo a los pensionados que no cumplan los
requisitos mínimos fijados mediante el acto administrativo expedido por el
Consejo Superior, se concluye, al tenor de la doctrina jurisprudencial de esta
Corporación, una violación a la prohibición de consagrar discriminaciones en
el mismo sector de los pensionados, otorgando privilegios para unos en detrimento
de otros, al restringir el ejercicio del derecho al mismo reajuste pensional,
sin justificación alguna frente a aquellos pensionados que llevaren menos de
10 años de servicios al ente universitario educativo, pese a gozar del mismo
estatus jurídico de pensionado.
REF.:
Expediente No. T-57258
Actor:
DANIEL CEBALLOS
NIETO
Magistrados:
Dr. FABIO MORON
DIAZ
-Ponente-
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Dr. JORGE
ARANGO MEJIA
Santafé de Bogotá,
D.C., Mayo treinta y uno (31) de mil
novecientos noventa y cinco (1995).
La Corte
Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas No. Ocho, integrada por los H.
Magistrados JORGE ARANGO MEJIA, VLADIMIRO NARANJO MESA y FABIO MORON DIAZ, se
pronuncia sobre la acción de la referencia en el grado jurisdiccional de
revisión, teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
El señor Daniel
Ceballos Nieto, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política y desarrollada legalmente en los Decretos 2591 de
1991 y 306 de 1992, formuló demanda contra el Consejo Superior Universitario de
la Universidad Distrital "Francisco José de Caldas", con el fin de
obtener protección de su derecho fundamental a la igualdad, mediante orden para
que sea reajustada su pensión de jubilación, con base en la Resolución No. 050
de 1994, proferida por el Consejo Superior Universitario, con fundamento en los
siguientes hechos y razones:
- Que el
Consejo Superior de la Universidad "Francisco José de Caldas",
mediante resolución No. 050 del 11 de agosto de 1994, ordenó un reajuste de las
pensiones, nivelándolas a las categorías o sueldos básicos de los funcionarios
activos a 31 de agosto de 1994. De este reajuste serían beneficiados según el
contenido de la resolución, solamente aquellos pensionados a quienes se les
había reconocido el derecho antes de 1988, y que estuvieron vinculados a la
Universidad Distrital durante 10 años.
- Que el
peticionario fue pensionado por la Universidad Distrital, con anterioridad a
1988, "más concretamente, a partir del 16 de noviembre de 1980".
- Que la
Universidad Distrital, no reajustó su pensión de jubilación de acuerdo con la
resolución No. 050 de 1994, con fundamento en que el peticionario no reunía el
requisito de los 10 años de servicio a la Universidad.
- Que la
resolución 050 de 1994 proferida por el Consejo Superior de la Universidad
Distrital, al establecer un requisito de 10 años de servicio para el
reconocimiento de un reajuste pensional, está creando una discriminación
injustificada, frente a quienes a pesar de haber sido pensionados antes de
1988, no estuvieron vinculados al centro educativo por el tiempo exigido de
diez años.
- Que el fenómeno
de la desvalorización de la moneda y pérdida del poder adquisitivo de las
pensiones reconocidas antes de 1988, afectó por igual a los pensionados de la
Universidad Distrital, que estuvieron vinculados a ella por 10 años y a quienes
no lo estuvieron. En consecuencia la distinción que hizo la mencionada
resolución 050, vulnera el derecho fundamental a la igualdad.
LA PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de esta ciudad, mediante sentencia de veintiuno (21) de
noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), decide la acción de la
referencia y resuelve: "Denegar la acción de tutela" instaurada por
Daniel Ceballos Nieto, contra el Consejo Superior de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, previas las siguientes consideraciones:
- Que de
acuerdo con el Decreto 2591 de 1991, que reglamentó la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Carta, en su artículo 6o., "se refirió
a las causales de improcedencia de la tutela, consignándose que ésta no
procederá entre otros eventos cuando se trate de actos de carácter general,
impersonal y abstracto".
- Que
"la inconformidad del accionante radica en el hecho de que la accionada no
le reajustó gradualmente su pensión de jubilación, de conformidad con lo
dispuesto por el Gobierno Nacional, mediante lo establecido en el artículo 116
de la Ley 06 de 1992, e invoca como derecho fundamental vulnerado el artículo
13 de la Constitución Nacional".
- Que de
acuerdo con lo anterior, los fundamentos en que se basa la acción de tutela y
lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en sentir del Juzgado,
en el caso de estudio no procede la acción de tutela por cuanto el accionante
cuenta con otros medios de defensa judicial para reclamar el reajuste a que
alude, pues no se trata de un perjuicio irremediable que solo pueda ser
resarcido con el pago de una indemnización.
LA IMPUGNACION
El señor Daniel
Ceballos Nieto, mediante escrito presentado el 24 de noviembre de 1994, impugna
la anterior providencia, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito,
con base en los siguientes fundamentos:
- Que se
encuentra en igualdad de condiciones con los pensionados a quienes se les
reajustó su pensión por decisión del Consejo Superior de la Universidad
Distrital.
- Que las restricciones
contenidas en la resolución 050 proferida por el Consejo de la Universidad,
vulneran su derecho al reajuste pensional.
- Que el
derecho fundamental consagrado en el artículo 13, es un derecho "de
aplicación inmediata". Es por esta razón, por la que acude al ejercicio de
esta acción, con el fin de obtener una protección inmediata de su derecho
fundamental desconocido por la Universidad Distrital.
LA SEGUNDA INSTANCIA
El Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, en providencia de siete (7) de
diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), al resolver sobre la
impugnación contra la sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito, en la
acción de la referencia, decide: "Confirmar la decisión de primera instancia
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia";
consideraciones que se resumen a continuación:
- Que lo
pretendido por el señor Daniel Ceballos, mediante acción de tutela, es la
protección de derechos de rango legal, que tienen señalado trámite en la vía
ordinaria laboral.
- Que
"no debe entenderse tampoco, que la acción se puede utilizar como
mecanismo transitorio para evitar perjuicio irremediable, ya que el perjuicio
que pueda ocasionarse con la conducta del entonces empleado, no es del orden de
las irremediables pues como se indicó con anterioridad, mediante la decisión
judicial se puede establecer el derecho que fije la ley en el caso de la
nivelación de la pensión de jubilación".
- Que "así,
entonces siendo viable la solución del conflicto suscitado a través del
ejercicio de la acción ordinaria laboral, no es posible amparar el derecho
pretendido".
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
A. La Competencia
Es competente la
Sala para conocer de la acción de tutela de la referencia, de acuerdo con lo
preceptuado en los artículos 86, inciso 2o. y 241 numeral 9o. de la
Constitución Política, desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591
de 1991.
B. La Materia
El accionante
solicita el amparo de su derecho a la igualdad. Plantea que el Consejo
Superior Universitario de la Universidad Distrital "Francisco José de
Caldas", lo sometió a un trato discriminatorio, al no reconocerle un
ajuste pensional, en las mismas condiciones en que fue ordenado a otros pensionados
de la institución.
El mencionado
Consejo, mediante la resolución No. 050 del once (11) de agosto de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), "Por la cual se autoriza reajustar
las mesadas pensionales", atendió una solicitud de la Asociación de
Pensionados de la Universidad Distrital -ASOPENUD-, en ese sentido para las
personas "que se pensionaron antes de 1988, y que estuvieron vinculados a
la Universidad Distrital durante 10 años", dentro de las cuales no se
encuentra el ahora demandante.
El Derecho a la
Igualdad y el Caso Concreto
Esta Corporación, en
relación con el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la
Constitución Política se ha pronunciado en múltiples ocasiones, mediante las
cuales ha desarrollado una doctrina que es preciso tener en cuenta para los
efectos de la decisión a adoptar en el caso sub exámine. Para la Sala es
necesario afirmar el carácter fundamental del derecho a la igualdad, como
valor fundante del Estado Social de Derecho y de la concepción dignificante
del ser humano que caracteriza a la Carta Política de 1991. En efecto, el
artículo 13 de la Carta establece:
"Artículo
13. Todas las personas
nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de
las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
"El Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
"El Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan."
La Corte ha
establecido jurisprudencialmente seis elementos que se desprenden del artículo,
a saber:
"a) Un
principio general, según el cual, todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades.
b) La prohibición de
establecer o consagrar discriminaciones: este elemento pretende que no se
otorguen privilegios, se niegue el acceso a un beneficio o se restrinja el
ejercicio de un derecho a un determinado individuo o grupo de personas de
manera arbitraria e injustificada, por razón de su sexo, raza, origen nacional
o familiar, o posición económica (se subraya).
c) El deber del
Estado de promover condiciones para lograr que la igualdad sea real y efectiva
para todas las personas.
d) La posibilidad de
conceder ventajas o prerrogativas en favor de grupos disminuidos o marginados.
e) Una especial
protección en favor de aquellas personas que por su condición económica, física
o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y
f) La sanción de
abusos y maltratos que se cometan contra personas que se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta." (Corte Constitucional. Sentencia
T-591 de diciembre 4 de 1992. M.P. Dr. Jaime Sanín Greiffensteín).
De los elementos
establecidos se concluye que el principio de igualdad se traduce en el
derecho a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúan a unos
individuos de lo que se concede a otros en similares e idénticas circunstancias,
de donde se colige necesariamente que la real y efectiva igualdad consiste en
aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias
constitutivas de ellos. El principio de la igualdad exige precisamente el
reconocimiento a la variada serie de desigualdades entre los hombres, es decir
el principio de la igualdad es objetivo y no formal: él se predica de la
igualdad de los iguales y de la diferencia entre desiguales, con lo cual se
delinea el concepto de generalidad concreta, que significa que no se puede
permitir regulaciones diferentes de supuestos iguales o análogos.
En este orden de
ideas, el principio de igualdad sólo se viola si el tratamiento diferenciado de
casos no está previsto de una justificación objetiva y razonable. La
existencia de tal justificación debe ser apreciada según la finalidad y los
efectos del tratamiento diferenciado.
Según la reiterada
doctrina de la Corte, toda desigualdad no constituye necesariamente una
discriminación; la igualdad sólo se viola si la desigualdad está desprovista de
una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación
debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada,
debiendo darse una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la
finalidad perseguida, es decir, debe existir un vínculo de racionalidad y
proporcionalidad entre el tratamiento desigual, el supuesto de hecho y el fin
que se persigue; es por ello que en sentencia No. T-597 de 1993 esta
Corporación señaló:
"Así, los
medios escogidos por el legislador no sólo deben guardar proporcionalidad con
los fines buscados por la norma, sino compartir su carácter de legitimidad.
Este principio busca que la medida no sólo tenga fundamento legal, sino que sea
aplicada de tal manera que los intereses jurídicos de otras personas o grupos
no se vean afectados, o que si ello sucede, lo sean en grado mínimo.
"En suma, por
cuanto concierne a la particular dimensión involucrada en el problema
constitucional que en este caso plantea la demanda, es oportuno recordar que la
Corporación ha sostenido de manera reiterada que la igualdad se traduce en el
derecho de los individuos a que no se consagren excepciones o privilegios
arbitrarios que los excluyan de lo que se concede a otros en idénticas
circunstancias.
"De ahí que
(....), para dilucidar la tacha de inconstitucionalidad que se formula en este
caso, sea pertinente señalar que esta garantía impide a los órganos del poder
público establecer condiciones desiguales para circunstancias iguales y
viceversa, salvo que medie justificación razonable, esto es, que a la luz de
los principios, valores y derechos consagrados en nuestra Constitución resulte
siendo admisible" (Corte Constitucional. MP. Dr.Hernando Herrera Vergara).
Entrando al caso
subexámine, para la Sala resulta evidente que al consagrarse el beneficio en
favor de los pensionados para quienes se les había reconocido dicho estatus
jurídico antes de 1988 y estuvieron vinculados a la Universidad Distrital
durante 10 años, consistente en el reajuste de las mesadas pensionales,
nivelándose a la categoría de sueldos de los funcionarios activos a 31 de
agosto de 1994, excluyendo a los pensionados que no cumplan los requisitos
mínimos fijados mediante el acto administrativo expedido por el Consejo
Superior, se concluye, al tenor de la doctrina jurisprudencial de esta
Corporación, una violación a la prohibición de consagrar discriminaciones en
el mismo sector de los pensionados, otorgando privilegios para unos en detrimento
de otros, al restringir el ejercicio del derecho al mismo reajuste pensional,
sin justificación alguna frente a aquellos pensionados que llevaren menos de
10 años de servicios al ente universitario educativo, pese a gozar del mismo
estatus jurídico de pensionado.
En efecto, el
Consejo Superior de la Universidad Francisco José de Caldas, mediante
resolución No. 050 de 11 de agosto de 1994, contrarió el principio
constitucional de igualdad al consagrar excepciones y privilegios arbitrarios
que excluyen a algunos pensionados que se encuentran en idénticas
circunstancias jurídicas frente a otros pensionados; en consecuencia es
pertinente reiterar que el artículo 13 de la Carta, prohíbe a los órganos del
poder público establecer condiciones desiguales para circunstancias iguales y
viceversa, salvo que medie razonables justificaciones, a la luz de los
principios, valores y derechos consagrados en la Constitución. Considera la
Sala de Revisión de la Corte que la desvalorización constante y progresiva de la
moneda, que conduce a la pérdida del poder adquisitivo, es válida para decretar
los reajustes anuales de las mesadas pensionales, sin discriminación alguna, de
los pensionados de la Universidad Francisco José de Caldas, pero ello no puede
constituir fundamento jurídico constitucional, para privar de un beneficio
pensional, como es el reajuste que consagra la Resolución No. 050 de 11 de
agosto de 1994, en favor de un sector de pensionados (a quienes se les había
reconocido la pensión antes de 1988, que estuvieren vinculados a la Universidad
Distrital durante 10 años), excluyendo a otros que legítimamente han adquirido
el mismo derecho pensional por haber cumplido con los requisitos legales. Por
ello no existe razón justificada para negar el reajuste pensional de
jubilación, con fundamento en que el peticionario no reunía el requisito de los
10 años al servicio de la Universidad.
En este orden de
ideas y de acuerdo a las anteriores consideraciones, en aplicación del artículo
13 de la Constitución Política, que consagra la misma protección de las
personas ante la ley, la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por
mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Primero:
REVOCAR la sentencia del Honorable
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, del siete (7) de
diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), y en su lugar ordenar al
Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, que sea reajustada la pensión de jubilación del señor Daniel Ceballos
Nieto, conforme lo ordena la ley y en guarda del derecho a la igualdad, según
se ha expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Comunicar la presente decisión en los
términos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase.
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
423 | T-244-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-244/95
MESADA PENSIONAL-Pago Oportuno/PARTIDA PRESUPUESTAL-Ejecución/DERECHOS
DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Ejecución/DERECHO A LA SUBSISTENCIA
El Estado
adquiere el compromiso de garantizar el pago oportuno de las pensiones, para lo
cual debe proveer en los respectivos presupuestos del orden nacional,
departamental, distrital y municipal las partidas necesarias para atender de
manera cumplida y satisfactoria su obligación constitucional, especialmente
cuando quienes se ven afectadas por el incumplimiento o la desidia de las
autoridades estatales, son personas de la tercera edad, a quienes en
cumplimiento de los dispuesto en el artículo constitucional, el Estado debe
concurrir con la sociedad y la familia a su protección y asistencia, así como a
garantizarles los servicios de la seguridad social integral y el subsidio
alimentario en caso de indigencia. Estas personas requieren del pago oportuno
de sus mesadas pensionales en orden a garantizar su subsistencia y las
condiciones mínimas para su existencia digna. Se trata además, de personas
quienes legítimamente tienen el derecho a un pago oportuno y cumplido, teniendo
en cuenta que han prestado sus servicios al Estado y esperan de él como mínima
retribución, que se les paguen mesadas pensionales.
DERECHOS DE LAS
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD/PENSION DE JUBILACION-Pago/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Improcedencia/MESADA
PENSIONAL-Pago
En el caso de las
pensiones de jubilación, la acción ejecutiva laboral ha resultado inoperante
para la defensa efectiva de los derechos de los pensionados, debido a la
existencia de la norma legal que prohibe la inembargabilidad de los bienes y
rentas del presupuesto. En este sentido son improcedentes los argumentos sobre
el "otro mecanismo de defensa". El Juez de tutela no puede ser
indiferente ante la situación de los pensionados y no puede por tanto, dejar de
considerar las condiciones específicas de debilidad en las que se encuentran
las personas de la tercera edad y la protección especial que los Convenios
Internacionales y la Constitución les conceden. El simple reconocimiento de las
pensiones no implica que el derecho haya sido satisfecho en debida forma. Para
ello es indispensable en aras de darle eficacia material, que el pensionado no
sólo se le reconozca su derecho al cumplir con los requisitos legales, sino que
adicionalmente, se le cancelen las mesadas atrasadas o futuras a que tiene
derecho. Obligación que debe hacerse efectiva dentro de los términos legales
previstos para ello, en aras a no afectar ni desmejorar los derechos ni la
calidad de vida de los pensionados.
REF: EXPEDIENTE T-66152
Peticionario: Antonio Fernández de Castro
Diazgranados.
Procedencia: Juzgado 2º Laboral del Circuito de Santa
Marta.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Tema:
- Procedencia de
la acción de tutela para el pago de mesadas pensionales atrasadas.
Santa Fe de Bogotá
D.C., primero (1º) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Séptima de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados
Alejandro Martínez Caballero -Presidente de la Sala-, Fabio Morón Díaz y
Vladimiro Naranjo Mesa.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
tutela identificado con el número de radicación T-66152.
I. ANTECEDENTES
Con base en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la
Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para
efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le
correspondió el presente negocio a la Sala Séptima de Revisión.
1. Solicitud.
Antonio Fernández de
Castro Diazgranados, de 69 años de edad, pensionado mediante Resolución No.
0803 del 20 de septiembre de 1991, expedida por la Caja de Previsión Social del
Departamento del Magdalena, impetra acción de tutela contra la mencionada Caja
de Previsión Social dado que se le adeudan las mesadas pensionales
correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 1994, aunada a las
primas de junio y diciembre del mismo año. Se afirma que el pensionado depende
de su mesada la cual, en 1994, era de $ 939.657.
El accionante
sostiene que tal actitud omisiva vulnera, principalmente, sus derechos a la
vida digna y los derechos fundamentales de su familia.
2. Juzgado 2º
Laboral del Circuito de Santa Marta. Sentencia del 8 de marzo de 1995.
El Juzgado denegó la
tutela sosteniendo que existen otros medios judiciales de defensa en el caso
planteado. Así mismo, expresó que los artículos que consagran los derechos
fundamentales de la familia no se encuentran dentro del capítulo de los
derechos fundamentales.
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
1. Competencia.
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión
dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos
86 inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto No. 2591 de 1991;
además, su examen se hace por virtud de la selección que de dichas acciones
practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma
señalada por el Reglamento de esta Corporación.
2. Tema a tratar.
El peticionario
interpone acción de tutela porque se le adeudan mesadas pensionales. Dado lo
anterior, se plantea la procedencia de la tutela como mecanismo adecuado para
cobrar mesadas pensionales adeudadas. En ese orden de ideas, se reiterará la
jurisprudencia de la Corporación en ese sentido.
3. Procedencia de
la acción de tutela para lograr el pago de las mesadas pensionales atrasadas.
Al respecto de la
procedencia de la acción de tutela para lograr el pago de las mesadas
pensionales atrasadas, la jurisprudencia actual de la Corte Constitucional es
la siguiente:
Es claro y
diáfano el mandato contenido en el inciso tercero del artículo 53 de la Carta,
en virtud del cual el Estado tiene a su cargo el deber de garantizar el derecho
de los pensionados al pago oportuno de sus mesadas pensionales, para efectos de
lo cual está en la obligación de adelantar las gestiones y adoptar los
mecanismos que hagan efectivo el derecho. El Estado adquiere pues, el
compromiso de garantizar el pago oportuno de las pensiones, para lo cual debe
proveer en los respectivos presupuestos del orden nacional, departamental,
distrital y municipal las partidas necesarias para atender de manera cumplida y
satisfactoria su obligación constitucional, especialmente cuando quienes se ven
afectadas por el incumplimiento o la desidia de las autoridades estatales, son
personas de la tercera edad, a quienes en cumplimiento de los dispuesto en
el artículo constitucional, el Estado debe concurrir con la sociedad y la
familia a su protección y asistencia, así como a garantizarles los servicios de
la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.
Estas personas
requieren del pago oportuno de sus mesadas pensionales en orden a garantizar su
subsistencia y las condiciones mínimas para su existencia digna. Se trata
además, de personas quienes legítimamente tienen el derecho a un pago oportuno
y cumplido, teniendo en cuenta que han prestado sus servicios al Estado y
esperan de él como mínima retribución, que se les paguen mesadas pensionales.
En tal virtud, cuando
no se atiende en forma oportuna el pago de las pensiones legales por parte de
las entidades del Estado, deben adoptarse los mecanismos correspondientes y
adecuados en orden a hacer efectiva la garantía constitucional plasmada en el
artículo 53 de la Carta, especialmente cuando están de por medio los derechos
fundamentales a la vida y a la salud de las personas de la tercera edad.
Por lo tanto, el
pago de las pensiones legales cuando éstas han sido ya reconocidas mediante el
respectivo acto administrativo emanado de la entidad de previsión, deben
mantener un nivel de eficiencia aceptable para dar respuesta a las necesidades
sociales, en orden a la realización de los fines sociales del Estado, a la
justicia social y a promover frente a los demás pensionados, una igualdad real
y efectiva.
Más aún,
habiéndose dado al Estado colombiano por el constituyente de 1991 un carácter
social, se hace indispensable que cometa acciones positivas en favor de la
comunidad. En este contexto, el pago cumplido de las pensiones legales es una
de tales actuaciones positivas a las que está obligado el Estado.
Por ello, es
para la Sala fundamental que las autoridades del orden nacional, departamental,
distrital y municipal adopten de manera prioritaria las medidas encaminadas a
que se incluyan en los proyectos de presupuesto las partidas suficientes en
orden a que los pensionados, en particular los de las entidades de previsión,
reciban en forma oportuna el pago de las mesadas.(negrillas fuera de texto)[1]
Así mismo, en lo que
atañe a la eficacia del otro medio judicial de defensa en materia de cobro de
mesadas pensionales, la Corporación ha manifestado que:
En cuanto a la
eficacia que deben tener los medios alternativos de defensa judicial llamados a
"sustituir" la tutela, es claro que el otro medio de defensa judicial
debe poseer necesariamente, la misma eficacia en materia de protección inmediata
de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza tiene la
acción de tutela. En el caso de las pensiones de jubilación, la acción
ejecutiva laboral ha resultado inoperante para la defensa efectiva de los
derechos de los pensionados, debido a la existencia de la norma legal que
prohibe la inembargabilidad de los bienes y rentas del presupuesto. En este
sentido son improcedentes los argumentos sobre el "otro mecanismo de
defensa". El Juez de tutela no puede ser indiferente ante la situación
de los pensionados y no puede por tanto, dejar de considerar las condiciones
específicas de debilidad en las que se encuentran las personas de la tercera
edad y la protección especial que los Convenios Internacionales y la
Constitución les conceden. El simple reconocimiento de las pensiones no implica
que el derecho haya sido satisfecho en debida forma. Para ello es
indispensable en aras de darle eficacia material, que el pensionado no sólo se
le reconozca su derecho al cumplir con los requisitos legales, sino que adicionalmente,
se le cancelen las mesadas atrasadas o futuras a que tiene derecho. Obligación
que debe hacerse efectiva dentro de los términos legales previstos para
ello, en aras a no afectar ni desmejorar los derechos ni la calidad de vida de
los pensionados. (negrillas fuera de texto)[2]
Por otro lado, la
misma Corte ha sostenido que cuando sea comprobadamente insuficiente la partida
presupuestal destinada a atender el pago de mesadas pensionales, la entidad de
previsión debe darle prelación a los pensionados más antiguos, no sólo por el
momento en que se hicieron acreedores a su derecho, sino por la edad que
ostentan[3].
4. El caso en
cuestión.
Se trata de un
jubilado a quien se le decretó la pensión relativamente hace corto tiempo
(Resolución No. 0803 del 20 de septiembre de 1991), luego no se trata de una
situación similar a la que tienen quienes desde hace muchos años ya se les
había reconocido el mencionado derecho, se les principió a pagar y de un
momento a otro se suspendió el pago de las mesadas para darles cabida a
personas pensionadas con posterioridad.
Sin embargo, el
peticionario indicó en la solicitud de tutela que él y su familia dependen de
las mesadas pensionales, lo cual no ha sido desvirtuado, que no tiene otro
ingreso, y, dentro del acervo probatorio se constató que ya tiene 69 años de
edad.
Significa lo
anterior que la tutela prospera en tanto y en cuanto respete el turno en el
cual esté ubicado el solicitante, sin que este amparo implique desplazar a
quienes se les haya reconocido la pensión con una resolución anterior a la 0803
del 20 de septiembre de 1991, o a quienes reclaman la mesada con sustento en un
fallo de tutela en firme.
Por otro lado, el
gran número de acciones de tutela interpuestas por pensionados de la Caja de
Previsión Social del Departamento del Magdalena indica que por parte del
Gerente de la mencionada Caja, del Gobernador y de la Asamblea Departamental no
se han realizado las gestiones necesarias para asignar un presupuesto adecuado
para cubrir cumplidamente estas prestaciones sociales. Así las cosas, esta Sala
de Revisión de la Corte Constitucional, al igual que se hizo en oportunidad
anterior (Sentencia T-260 del 1º de junio de 1994. M.P.: Alejandro Martínez
Caballero) hace un llamado a prevención al Gerente de la Caja de Previsión
Social del Departamento del Magdalena, al Gobernador del Magdalena y a la
Asamblea Departamental del Magdalena para que en lo sucesivo se efectuen las
gestiones necesarias para que se incluya dentro del presupuesto respetivo una
partida adecuada que permita pagar oportuna y completamente las mesadas de los
pensionados de tal departamento.
En ese orden de
ideas, se revocará la sentencia revisada, y en su lugar, se concederá la tutela
por violación al derecho fundamental a la seguridad social.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia proferida por el
Juzgado 2º Laboral del Circuito de Santa Marta, el 8 de marzo de 1995. En su
lugar, CONCEDER la tutela del derecho a la seguridad social al señor Antonio
Fernández de Castro Diazgranados.
SEGUNDO: ORDENAR a la Caja de Previsión Social del
Departamento del Magdalena, a través de su Gerente, a que proceda a cancelarle
al señor Antonio Fernández de Castro Diazgranados, las mesadas pensionales
debidas y las primas que se le adeudan, siempre y cuando dicho pago no se
hubiese efectuado con anterioridad a la notificación de esta providencia,
respetándose los turnos anteriores a la resolución que le concedió la pensión
al accionante y el turno de quienes anteriormente han sido protegidos por fallos
de tutela.
TERCERO: PREVENIR al Gerente de la Caja de Previsión
Social del Departamento del Magdalena, al Gobernador del Magdalena y a la
Asamblea Departamental del Magdalena para que en lo sucesivo se efectuen las
gestiones necesarias para que se incluya dentro del presupuesto respetivo una
partida adecuada que permita pagar oportuna y completamente las mesadas de los
pensionados de tal departamento.
CUARTO: COMUNICAR a través de la Secretaría
General de la Corte Constitucional el contenido de la sentencia, al Juzgado 2º
Laboral del Circuito de Santa Marta, al Gerente de la Caja de Previsión Social
del Departamento del Magdalena, al Gobernador del Magdalena, a la Asamblea
Departamental del Magdalena, al Defensor del Pueblo y al peticionario de la
presente tutela.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON
DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA.
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Corte Constitucional. Sentencia No. T-147/95. M.P.: Dr. Hernando
Herrera Vergara.
[2]Corte Constitucional. Sentencia No. T-184/94. M.P.: Dr. Alejandro
Martínez Caballero.
[3]Corte Constitucional. Sentencia No. T-147/95. M.P.: Dr. Hernando
Herrera Vergara. |
424 | T-249-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-249/95
RESPONSABILIDAD
DISCIPLINARIA-Jueces/PRINCIPIO
DE AUTONOMIA JUDICIAL
La
responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo
funcional, esto es el que atañe a la autonomía en la interpretación y
aplicación del derecho, según sus competencias. Por consiguiente, el hecho de
proferir una providencia en cumplimiento de la función de administrar justicia
no da lugar, ni puede darlo, a proceso disciplinario con carácter
sancionatorio, pues en tal caso, se desvirtuaría el sentido y la función propia
de la administración de justicia, e implicaría igualmente, la creación de una
instancia judicial adicional a las consagradas constitucional y legalmente. La
autonomía funcional del juez, busca evitar que las decisiones judiciales no
sean el resultado de mandatos sobre el funcionario que las adopta. Si se comprueba
respecto del juez respectivo, la comisión de un delito al ejercer las
atribuciones que le son propias a su función, la competencia para imponer la
sanción la tiene la justicia penal en los términos constitucionales, como ya se
ha expresado. Ello resulta de la autonomía judicial garantizada en los
artículos 228 y 230 de la Constitución.
JUEZ
DISCIPLINARIO-Facultades
La competencia
del juez disciplinario, no va hasta permitirle analizar y calificar el
contenido de la decisión de jueces y magistrados, corresponde a aquella Sala
"examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la
rama judicial" y en ningún momento dicha facultad abarca la de revisar el
contenido de los fallos judiciales y de controvertir el análisis probatorio
realizado por el juez o tribunal, que de acuerdo a su criterio jurídico ha
realizado con sujeción a la ley. En caso de que el juez disciplinario considere
que se han desconocido los preceptos normativos vigentes al momento de
adoptarse alguna decisión judicial, debe poner en conocimiento de las
autoridades penales los hechos u omisiones correspondientes a fin de que éstos
se analicen a efectos de que si se comprueba la comisión de un delito, se
impongan las sanciones por parte de “la justicia penal en los términos constitucionales
y no la autoridad disciplinaria.
ERROR
JURISDICCIONAL-Corrección/PROCESO
SUCESORAL-Reconocimiento de interesados
Si en la adopción
de ese juicio el fallador yerra, no por ello puede darse por establecido de
manera automática que su actuar fue doloso, cuando para resolver como lo hizo,
cual así sucedió en este evento, se fundamentó en argumentos que en su momento
estimó valederos, después de examinar los documentos pertinentes a la luz del
artículo 105 del Decreto 1260 de 1970. Y de otra parte, como lo tiene dicho la
Corte, es de hacerse ver que los autos de reconocimiento de interesados en
procesos sucesorales, pronunciados con quebranto de normas legales, no tienen
fuerza vinculante en el sentido de obligar en lo definitivo al Juzgador, por lo
que si aún no se ha proferido sentencia, aquellos no lo atan para ésta.
TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES/VIA DE HECHO-Procedencia excepcional de tutela
Si bien es
cierto, la jurisprudencia constitucional ha sido clara y enfática en señalar
que la acción de tutela, no procede contra sentencias y providencias
judiciales, se ha hecho la salvedad del evento en el cual se de en su
expedición una vía de hecho. Es decir, cuando el juez como autoridad pública,
incurre en una omisión, o ejecuta una acción o produce una decisión de hecho
que conlleva la violación o amenaza de un derecho constitucional fundamental
que puede causar un perjuicio irremediable, caso en el cual sí es procedente la
acción de tutela. Con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, expuesta tanto en relación con las atribuciones que
corresponden a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, como respecto a las vías de hecho, es claro para esta Corporación
la configuración de la misma, lo que dió lugar a que la Corte Suprema de
Justicia en la sentencia materia de revisión, tutelara los derechos
fundamentales de los demandantes con base en las consideraciones consignadas en
la respectiva providencia.
Referencia: Exp.
No. T- 58.677
PETICIONARIOS: LUZ MILA CHAVES DE VARGAS y JORGE EVARISTO
PINEDA PINEDA.
TEMA: Derechos al debido proceso, acceso
igualitario a la administración de justicia, dignidad, buen nombre, honra y
trabajo.
PROCEDENCIA: Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia.
MAGISTRADO
PONENTE:
Dr. HERNANDO HERRERA
VERGARA
Santafé de Bogotá,
D.C., Junio 1o. de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, procede a revisar los fallos proferidos
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de
Decisión, el veinticuatro (24) de octubre de 1994, y por Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia el quince (15) de diciembre del mismo año, en
el proceso de tutela de la referencia, que fue promovido por Luz Mila Chaves de
Vargas y Jorge Evaristo Pineda Pineda.
El expediente llegó
al conocimiento de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional por
remisión que hizo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, quien
revocó la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, y en su lugar
resolvió tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
igualitario a la administración de justicia por parte de los mencionados
demandantes en el proceso disciplinario adelantado por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Con fundamento en
los artículos 86 de la Constitución Política, y 33 del Decreto 2591 de 1991, la
Sala de Selección Número Tres de la Corte Constitucional escogió, para efectos
de revisión, la presente acción de tutela.
I.
ANTECEDENTES.
Los señores LUZ MILA
CHAVES DE VARGAS y JORGE EVARISTO PINEDA PINEDA, Magistrados de la Sala Dual de
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, presentaron
demanda de tutela manifestando que "por la actuación adelantada a
través del proceso disciplinario radicado con el número 546/083 F.",
se les vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad, buen
nombre, honra, trabajo "además de los que resulten vulnerados",
por considerar que la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura estructura vías de hecho.
Los accionantes
fundamentan su demanda en los siguientes
HECHOS:
1. Dentro del proceso de sucesión del causante
PABLO ENRIQUE QUINTERO CUBILLOS, la Sala Dual de Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Tunja, conformada por los accionantes, mediante
providencia proferida el 10 de agosto de 1993, confirmó el auto del 3 de
febrero de ese año emanado del Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Tunja,
por medio del cual se reconoció como interesado al señor CARLOS FABIO QUINTERO
CHACON, en su condición de hijo del causante, con fundamento en los artículos
588 numeral 3o. y 590 numeral 3o. del Código de Procedimiento Civil, para lo
cual se aportó como prueba de su interés jurídico para intervenir, "fotocopia
auténtica del registro civil de nacimiento y una partida de bautismo",
documentos a través de los cuales se desprendía según la citada Corporación, la
calidad de hijo del de-cujus y de JUANA CHACON.
Además señalaron
como normas aplicables al caso: el artículo 105 del Decreto 1260 de 1970 que
señala que "Los hechos y los actos relacionados con el estado civil de
las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la ley 92 de 1938,
se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados
expedidos con base en los mismos (...)"; el artículo 101 del mismo
decreto, según el cual, algunos documentos como libros, folios, tarjetas,
copias o certificados del registro civil, son instrumentos públicos; el
artículo 251 del Código de Procedimiento Civil en cuanto determina que los
instrumentos públicos son otorgados por los funcionarios públicos en ejercicio
de su cargo o con su intervención; el artículo 264 del citado Código, que le
asigna la calidad de plena prueba, "en cuanto al hecho de haberse
extendido en determinada fecha y en cuanto a las declaraciones que en ellos
haga el funcionario del estado civil que los autoriza", advirtiendo
que en lo concerniente al contenido de la inscripción "esto es, lo
dicho por el declarante acerca de un determinado estado civil, se presume su
veracidad mientras no se pruebe su falsedad". En la demanda los
señores LUZ MILA CHAVES DE VARGAS y JORGE EVARISTO PINEDA PINEDA hacen una
serie de consideraciones en torno a estos aspectos, e invocan la jurisprudencia
emanada de la Corte Suprema de Justicia sobre la materia.
2. Los accionantes en su demanda también
hacen referencia al proceso penal que se inició en su contra como consecuencia
de los hechos señalados, e insistieron en el hecho de que la Fiscalía Delegada
ante la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 18 de noviembre de
1993 resolvió abstenerse de abrir investigación, y transcriben los argumentos
sobre los que dicha Fiscalía adoptó su decisión.
3. Así mismo, se refieren a la acción de
tutela que instauró ROSA DELIA MORENO LOPEZ, viuda del causante en el proceso
de sucesión aludido, en contra de la decisión de la Sala Dual de Familia del
Tribunal Superior de Tunja, por considerar vulnerado el derecho al debido
proceso por los hechos ya expuestos, la cual fue denegada por el Tribunal
Superior de Tunja, Sala Civil, al no observarse violación del mencionado
derecho; dicha providencia fue impugnada, y confirmada por la Corte Suprema de
Justicia. Los accionantes en su escrito transcriben los argumentos de la
providencia de segunda instancia, a fin de sustentar sus pretensiones.
4. Afirman además, que el abogado EDUARDO
RINTA ALFONSO elevó ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura una queja en su contra "con fundamento en que
no se acompañó la prueba del matrimonio de los padres de CARLOS FABIO QUINTERO
CHACON, para tenérsele como hijo legítimo del causante PABLO ENRIQUE QUINTERO
CUBILLO, atentando así contra el debido proceso, al no darse cumplimiento a lo
pregonado por los artículos 213 del C.C., y 1o. de la Ley 75 de 1968."
5. Con fundamento en la queja formulada en
contra de los accionantes, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, en la actuación adelantada en el expediente número
546/083 F, les formuló pliego de cargos, recibió los descargos
correspondientes, y posteriormente los sancionó con quince días de suspensión
del cargo mediante providencia del 25 de agosto de 1994, violando así, a juicio
de los demandantes, sus derechos fundamentales antes señalados.
6. Manifiestan los accionantes que de la
mencionada decisión tuvieron conocimiento por la noticia publicada en el
periódico EL ESPECTADOR "el 14 de los corrientes (sic)", y
expresan su desacuerdo con aquélla, aduciendo posibles vías de hecho por parte
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
y sustentan sus afirmaciones en varios pronunciamientos de la Corte
Constitucional que, a su juicio, se refieren a la ocurrencia de vías de hecho:
"T-368, T-348, T-576, T-158, T-173- T-431 y T-368, todas de 1993, T-055
y T-231 de 1994, entre otras". También invocan la sentencia No. T-327
del 15 de julio de 1994 de esta Corporación.
Agregan que "a
juzgar por la fotocopia remitida al diario EL ESPECTADOR, no ordenó (la
sentencia) la notificación personal de los suscritos como sancionados, en la
forma y dentro del término a que alude el inciso 2o. del artículo 42"
refiriéndose al Decreto 1888 de 1989.
7. Aducen los accionantes que existe una
vulneración del artículo 29 de la Constitución Política por parte de la entidad
accionada ya que la errónea interpretación y aplicación del derecho "no
corresponde a la objetividad misma de la ley, contrariando principios
fundamentales consagrados en los artículos 228 y 230 que son garantía del
Estado de Derecho (...)". Se apoyan primordialmente en la sentencia
No. C-417 del 4 de octubre de 1993, proferida por la Sala Plena de esta
Corporación, con ponencia del Magistrado Dr. Jose Gregorio Hernández Galindo, a
fin de sustentar sus argumentos.
8. Señalan los peticionarios, que en la
decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, "se parte de la base de que en el derecho disciplinario
consagrado en el Decreto 1888 de 1989 en los aspectos no consagrados en el
mismo se aplicarán las normas del Código de Procedimiento Penal, tal como lo
consagra el propio artículo 53 (...), de tal suerte que bajo estos parámetros
no puede encuadrarse como se pretende la interpretación y aplicación del
derecho como conducta tipificante de falta sancionatoria alguna, como quiera
que no se describe como tal dentro del referido régimen." Y continúan
señalando en la demanda que "al habérsele dado valoración probatoria al
Registro Civil de Nacimiento aportado, donde se consignaba el nombre de los
progenitores, y la clase de filiación (...) creemos no haber transgredido el
campo disciplinario pues nuestro comportamiento obedeció a la aplicación
de la norma jurídica que regulaba dicha situación (...)"
(negrillas y subrayas fuera de texto).
9. Afirman igualmente los demandantes, que la
actuación disciplinaria no se cumplió dentro de los parámetros contemplados
para esa clase de investigaciones-disciplinarias- porque no se tuvo en cuenta
lo dispuesto por los artículos 15, 38 inciso 2o. y 42 inciso 2o. del Decreto
1888 de 1989, al no considerar la petición de pruebas impetrada en la versión
libre rendida el 2 de diciembre de 1993, y en el escrito de descargos.
10. Agregan que, "no es verdad que con
la providencia del 10 de agosto de 1993 al mantener el reconocimiento de CARLOS
FABIO QUINTERO CHACON se haya perpetuado un inequitativo estado de la cuestión
hasta la finalización del juicio, porque ciertamente dicho reconocimiento fue
revocado con fecha 16 de agosto de 1994 y ejecutoriado el 24 del mismo mes y
año (...)".
11. Por todo lo anterior, solicitan que se de
aplicación "a la suspensión de la ejecución de la sentencia proferida
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
ante la inminente continuación de la violación de nuestros derechos
fundamentales."
II.
LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES OBJETO DE REVISION.
1.
Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil de
Decisión, de Santa Fé de Bogotá.
El Tribunal Superior
del Distrito Judicial, Sala Civil de Decisión, de Santa Fé de Bogotá, mediante
providencia del 24 de octubre de 1994, negó la tutela instaurada por los
accionantes, con fundamento en las siguientes consideraciones:
"El derecho
fundamental del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Carta
Política, el cual se aplica, según lo preceptuado por dicha disposición a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas, estableciendo que
"Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que
se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud
de las formas propias de cada juicio." O sea, que al prealudido derecho
fundamental, como lo tiene dicho en forma reiterada la jurisprudencia, consagra
un sinnúmero de garantías en cabeza de los particulares y tiene como fin
primordial aplicar una recta y cumplida administración de justicia en cada una
de sus manifestaciones. (...)
Para el
adelantamiento de los procesos disciplinarios contra los funcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional, el legislador tiene señalado en el decreto
1888 de 1989, el procedimiento a seguirse cuando de estos actos
procedimentales se trata, el cual debe cumplirse so pena de quebrantarse el
derecho constitucional fundamental del debido proceso.
Al examinar la
Sala las fotocopias existentes en el expediente, tomadas del proceso
disciplinario adelantado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura contra los actores en esta acción de tutela y al
cual aluden éstos, se observa, en primer término, que por el cargo desempeñado
de quienes fueron investigados, Magistrados de la Sala de Familia del Tribunal
Superior de Tunja, la competencia para conocer de dicho asunto, de conformidad
con lo dispuesto por el inciso 4o . del artículo 9o. del Decreto 2652 de 1991,
radicaba en dicha Corporación; y en segundo término, que se siguió el trámite
previsto por el prealudido Decreto 1888 de 1989, puesto que se dictó
providencia de formulación de cargos, como fue calendada el catorce de abril
del año en curso, los cuales fueron debidamente contestados por los inculpados
disciplinariamente como aparece en los folios 160 a 174 del cuaderno de
fotocopias. Y como los investigados no formularan petición de pruebas ni
apareciera procedente decreto oficioso de medios de convicción, tal como se
advierte por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura en su providencia de agosto veinticinco del año en curso, en el
capítulo de vistos, se resolvió de mérito la causa disciplinaria, donde se
dispuso sancionar a los inculpados, o sea a los aquí accionantes en tutela, con
quince días de suspensión en el cargo de Magistrados de la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Tunja. (...)
No puede decirse
como lo afirman los accionantes, que en el proceso disciplinario aludido se les
conculcó el derecho fundamental del debido proceso, porque no se decretaron
pruebas, porque éstos no presentaron ningún medio de convicción al presentar
los descargos tal como lo dispone el artículo 38 del Decreto 1888 de 1989, ni
en ninguna otra oportunidad. Además, como se trataba de un asunto de puro
derecho y las pruebas que originaron la investigación, como era la partida de
nacimiento del heredero reconocido en la causa mortuoria y la providencia que
así lo dispuso obraban en la investigación, no era necesario decreto alguno de
prueba, tendiente a establecer si los investigados infringieron o no alguna
norma de orden sustancial o procedimental. (...)
Ahora, como se
observa, que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura con la decisión adoptada en la providencia de agosto veinticinco del
año en curso, proferida en el proceso disciplinario a que nos hemos venido
refiriendo, no cometió actuación arbitraria, tampoco puede inferirse que se
haya incurrido con tal decisión en vías de hecho, como lo pregonan los
accionantes de la tutela..."
Los peticionarios impugnaron
el precitado fallo, con fundamento en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
porque consideraron básicamente, que por tratarse de un típico caso de
autonomía en la interpretación de normas jurídicas, la acción disciplinaria no
procedía. En su escrito, ratificaron los argumentos expuestos en la demanda de
tutela.
2.
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.
La Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, mediante providencia del quince (15) de
diciembre de 1994, resolvió revocar el fallo impugnado y en su lugar, tutelar
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso igualitario a la
administración de justicia de LUZMILA CHAVES DE VARGAS y JORGE EVARISTO PINEDA
PINEDA, en el proceso disciplinario adelantado en su contra por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y ordenó a
esta entidad "abstenerse de tomar cualquier medida orientada al
cumplimiento del fallo disciplinario de 25 de agosto de 1994 y, al propio
tiempo, tomar todas las que sean necesarias para dejar sin efectos todo el acto
de ejecución que respecto del mismo pronunciamiento haya tenido lugar."
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, adoptó su decisión con
base en las siguientes consideraciones:
"En
consecuencia conforme al sistema previsto en el ordenamiento disciplinario,
contra las decisiones finales de la sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, pronunciadas en causa seguidas a los
magistrados de los tribunales superiores, no tiene cabida el recurso de
apelación por ser tales procesos de única instancia, como tampoco es factible
contra ellas revisión por la vía señalada en el artículo 43 del Decreto 1888 de
1989, fuera de que, en fin, de acuerdo con el artículo 51 del señalado
estatuto, declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia
C-417 de 4 de octubre de 1993, " las providencias que en materia
disciplinaria se dicten en relación con funcionarios y empleados judiciales son
actos jurisdiccionales...", luego, respecto de ellas, no son procedentes,
por definición, pretensiones contencioso administrativas, a diferencia de lo
que acontece de ordinario con los actos definitivos en que se pone de
manifiesto el poder disciplinario del ejercicio jerárquico. (...)"
En lo relativo a la
independencia funcional de la rama judicial en la adopción de sus decisiones,
señaló la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, lo siguiente:
"(...) el
cometido constitucional que tiene a cargo el poder judicial reclama que se
realice con absoluta independencia, vale decir, en un clima de
amplia autonomía en los aspectos técnico, administrativo-funcional y
financiero que sin duda alguna la Carta Política de 1991 consagró con claridad
indiscutible, proclamando en cuanto al primero de tales aspectos concierne, que
aquél poder y los órganos que lo integran en particular, en lo que hace
referencia a su función específica consistente en la prestación de la actividad
jurisdiccional, se determinan por sus propias decisiones que, por mandato del
artículo 230 superior, se encuentran sometidas al imperio de la ley y, en
consecuencia, no admiten extrañas interferencias a las cuales, con palabras
contundentes, alude la doctrina jurisprudencial de la Corte Constitucional en
el siguiente pasaje: "... El principio de independencia judicial
(C.N. artículos 228 y 230) no autoriza a que un juez ajeno al proceso, cuya
intervención no se contempla en la norma que establece el procedimiento y los
recursos, pueda revisar los autos y providencias que profiera el juez de
procedimiento. La valoración de las pruebas y la aplicación del derecho son
extremos que se libran al juez competente y a las instancias judiciales
superiores llamadas a decidir los recursos que, de conformidad con la ley,
puedan interponerse contra sus autos y demás providencias. Tanto el juez de
instancia como sus superiores, cada uno dentro de la órbita de sus
competencias, son autónomos e independientes, y adoptan sus decisiones
sometidos únicamente al imperio de la ley. Las injerencias contra las cuales
reacciona el principio de independencia judicial, no se reducen a las que
pueden provenir de otra rama del poder público o que emanen de sujetos
particulares; también pertenecen a ellas las surgidas dentro de la misma
jurisdicción o de otras, y que no respeten la autonomía que ha de predicarse
de todo Juez de la república, pues en su adhesión directa y no mediatizada al
Derecho se cifra la imparcial y correcta administración de justicia.."
(Sent. T-231 de mayo de 1994), de donde se sigue entonces, que es legítimo
desde el punto de vista constitucional, apelar al principio aludido de la
independencia judicial para remediar intromisiones, no autorizadas por la ley,
de unos jueces en la actividad jurisdiccional realizada por otros en el ámbito
de sus competencias, como quiera que de no mediar esos correctivos, cuyo
empleo- valga advertirlo- se hace imprescindible en grado sumo si de tales
injerencias se desprenden para la segunda categoría de funcionarios indebidas
secuelas de carácter sancionatorio impuestas por los primeros, la tramitación y
decisión de los asuntos confiados a la rama judicial carecerían por
entero de seguridad, orden y autonomía, indispensables cual quedó dicho para
lograr los fines propios de la jurisdicción, y por obvia consecuencia sufriría
así mismo serio agravio al régimen constitucional vigente en el país"
(negrillas y subrayas fuera de texto).
La Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia destacó además, que:
"Todo cuanto
queda dicho en el literal precedente lleva a concluir que el estricto régimen
normativo de responsabilidad judicial de tipo disciplinario (...) nunca puede
llegar a convertirse en instrumento que, tomando pie en textos positivos de la
índole del que contiene el literal a) del artículo 9 del Decreto ley 1888 de
1989, redunde por su objeto o por sus efectos en mengua injustificada de la
independencia de la cual viene haciéndose mérito, convirtiendo por este camino
los errores judiciales ordinarios, en faltas contra las reglas de disciplina
(...)".
En el análisis de la
conducta de los accionantes en este proceso, la citada Corporación, expresó:
"(...) En
otras palabras, en el caso de autos de la autoridad acusada dedujo la
existencia del denominado "elemento subjetivo" como componente a su
juicio indispensable de la definición legal de la falta sancionada, de las
"reiteradas advertencias" hechas por el Procurador de Familia y por
los interesados en cuanto a que, de acuerdo con la prueba aportada al
expediente, el señor Carlos Fabio Quintero Chacón no podía ser reconocido como
interesado en el referido sucesorio, sin tener en cuenta que el juez, al
adoptar una decisión, no obstante que debe tener presentes las alegaciones de
las partes, resuelve en últimas conforme con las pruebas que militen en autos,
las que debe apreciar y valorar siguiendo los parámetros de ley en una labor
intelectual que, por consiguiente, puede apartarse de los razonamientos hechos
por las partes. Es que si en la adopción de ese juicio el fallador yerra, no
por ello puede darse por establecido de manera automática que su actuar fue
doloso, cuando para resolver como lo hizo, cual así sucedió en este evento, se
fundamentó en argumentos que en su momento estimó valederos, después de
examinar los documentos pertinentes a la luz del artículo 105 del decreto 1260
de 1970. Y de otra parte, como lo tiene dicho la Corte, es de hacerse ver que
los autos de reconocimiento de interesados en procesos sucesorales,
pronunciados con quebranto de normas legales, no tienen fuerza vinculante en el
sentido de obligar en lo definitivo al juzgador, por lo que si aún no se ha
proferido sentencia. Aquellos no lo atan para ésta. Así lo entendieron los
Magistrados sancionados, pues luego del fallo de tutela proferido por esta
Corte, procedieron a revocar el reconocimiento del presunto heredero (auto de
16 de agosto de 1994- folio 29 cuaderno Corte), y valga advertir que, en el
entre tanto, no hubo quebranto posible de carácter económico para los restantes
interesados en la mortuoria, toda vez que la sentencia aprobatoria de la
partición, con las adjudicaciones de bienes respectivas , aún no se ha
producido, como se comprueba con la copia del proveído de 5 de octubre del año
que avanza( sic) pronunciado por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de
Tunja (fl. 38 c. Corte) La corrección del error judicial, entonces, es otro
hecho, con entidad objetiva suficiente, que demuestra que los magistrados
sancionados no procedieron con el ánimo de inferior daño a las demás partes del
proceso. Recuérdese que la "buena fe" es elemento intencional que se
presupone en las actuaciones no solo de los particulares sino también de los
funcionarios públicos, por lo cual mal puede llegarse mediante una simple
inferencia de carácter contingente, esto es siguiendo tan solo lo alegado por
las partes como lo hizo la autoridad disciplinaria, a deducir la presencia del
dolo específico, exigido por la doctrina jurisprudencial del Consejo Superior de
la Judicatura."
Para adoptar la
decisión de revocar el fallo del a-quo, la Corte Suprema de Justicia concluyó
lo siguiente:
"(...) no
resultó probada la intención maliciosa de dichos funcionarios, error aquél que
en su momento advirtió y señaló esta Corporación, pero sin la connotación
reprochable que le atribuye el sentenciador disciplinario en la providencia
proferida con fecha 6 de junio de 1993 en el expediente de tutela promovido por
Rosa Delia Moreno López. Además, considerando que en los procesos
disciplinarios imperan también las garantías fundamentales de seguridad
jurídica que consagra la Constitución Política según los términos del artículo
29 superior, texto de acuerdo con el cual ha de fijarse el genuino significado
del artículo 53 del decreto 1888 de 1989, y por ende tienen plena vigencia allí
los principios de legalidad, imparcialidad, publicidad, presunción de
inocencia, defensa y contradicción entendidos en su conjunto como el soporte
fundamental de un "debido proceso legal" presupuesto de legitimidad,
como se sabe, de cualquier atribución de responsabilidad penal o disciplinaria,
se debe concluir que no queda alternativa diferente a la de señalar que la
decisión en estudio, objeto de crítica en la solicitud de amparo que a esta
actuación dió comienzo, degenera realmente en una vía de hecho. En efecto, sin
contar con apoyo irrefragable en los hechos de las hipótesis legales descritas
en los literales a) y h) del artículo 9 del Decreto 1888 de 1989 que reclaman
la prueba de conductas que por obra de factores primordialmente de carácter
subjetivo representan ostensibles agresiones al ordenamiento jurídico que las
reglas de disciplina judicial sancionan -circunstancia que permite ver en la
mencionada decisión un defecto fáctico absoluto- ésta última les imputa a
aquellos magistrados falta contra dichas reglas como consecuencia de un juicio
jurisdiccional equivocado, emitido por ellos en ejercicio de la autonomía
técnica que su condición de funcionarios independientes integrantes del poder
judicial les asegura, siendo de destacar que el caso habría sido muy distinto
si los referidos magistrados, pese a observar la deficiencia de la prueba ya
comentada, a sabiendas de dicha deficiencia, hubiesen hecho caso omiso de la
exigencia del artículo 590-6 del C. de P. C., norma ésta cuyo supuesto
incumplimiento es la base tanto de la imputación como de la sanción impuesta.
Se incurrió así
en otro defecto, también absoluto, pero esta vez de carácter orgánico, que
conduce a inferir que el acto sancionatorio frente al cual se pide tutela, fue
expedido con carencia total de competencia. Ambos defectos trajeron como
consecuencia la lesión de los derechos fundamentales de los accionantes al
debido proceso y a recibir, desde la perspectiva de la Constitución y la Ley,
un tratamiento igualitario en el acceso de la administración de justicia
disciplinaria."
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. La
competencia.
De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar las sentencias proferidas en
el proceso de la referencia.
Segundo. La
materia.
La demanda de tutela
que ocupa la atención de esta Corporación se dirige contra la actuación
adelantada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, a través del proceso disciplinario radicado con el número 546/083F,
por considerar que con ella les fueron violados a los peticionarios, en su
condición de Magistrados de la Sala Dual de Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja, sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
dignidad, al buen nombre, a la honra y al trabajo.
Los peticionarios
manifiestan que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura los sancionó con 15 días de suspensión "por otorgarle
reconocimiento jurídico a un menor como hijo legítimo de un ciudadano
fallecido, sustentando su decisión en pruebas improcedentes y carentes de
eficacia jurídica." A juicio de la entidad accionada "dichos
funcionarios irregularmente confirmaron la sentencia del Juzgado Tercero de
Familia de Tunja, desconociendo el debido proceso."
Expresan los
demandantes que en desarrollo de la investigación disciplinaria, el Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, constató que
"los referidos Magistrados, bajo el pretexto de aplicar el Decreto 1266
(sic) de 1970, confirmaron la sentencia del Juzgado Tercero de Familia de
Tunja, presumiendo simplemente la autenticidad del documento aportado a última
hora y dándole valor probatorio a una filiación que únicamente constaba por el
testimonio de la madre."
Estiman los
demandantes LUZ MILA CHAVES DE VARGAS y JORGE EVARISTO PINEDA PINEDA, que se
les vulneraron los derechos fundamentales con la actuación de la entidad
accionada, pues ésta carecía de competencia para pronunciarse en relación con
la providencia objeto de impugnación, y porque además, en el proceso adelantado
por aquella, se desconocieron sus derechos de defensa, la presunción de
inocencia y el debido proceso, por lo que solicitan que, por medio de la
correspondiente sentencia de tutela, se tomen los correctivos a que haya lugar
y se ordene la suspensión de la ejecución de la sentencia proferida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
*
Proceso disciplinario. Facultades de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura.
La Constitución
Política de 1991 creó el Consejo Superior de la Judicatura, dividiéndolo en dos
Salas, la Administrativa y la Jurisdiccional Disciplinaria, teniendo esta última,
de acuerdo con la ley, la facultad de "examinar la conducta y sancionar
las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los
abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la
ley".
A su vez, el Decreto
2652 de 1991 desarrolló los citados preceptos constitucionales, y estableció en
su artículo 8o. que la función de las salas disciplinarias del Consejo Superior
de la Judicatura y de los Consejos Seccionales, "ejercerán su función
disciplinaria sin perjuicio de la competencia atribuida a la Procuraduría
General de la Nación en relación con la vigilancia superior de la conducta
oficial de quienes desempeñan funciones públicas". Igualmente, el
artículo 9o. del citado Decreto establece que "Corresponde a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior: 3o. Conocer en única
instancia de los procesos disciplinarios que se adelante contra los magistrados
de los tribunales y consejos seccionales y de los demás funcionarios cuya
designación corresponda al Consejo Superior."
Por su parte, el
Decreto 1888 de 1989 "Por el cual se modifica el régimen disciplinario
de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional" establece
el régimen disciplinario al cual están sometidos los funcionarios de la rama
judicial. El artículo 1o. del Decreto referido expresa que "El régimen
disciplinario comprende el conjunto de normas referentes a los actos y
conductas de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, tendiente
a procurar eficiencia y moralidad en la prestación del servicio público de la
justicia".
Acerca de las
funciones y atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Plena
de la Corte Constitucional en sentencia No. C-265 de 1993 (MP. Doctor Fabio
Morón Díaz), a la cual debe remitirse esta Sala de Revisión, expresó lo
siguiente:
"El Consejo
Superior de la Judicatura recoge una voluntad constituyente, que de tiempo
atrás se había anunciado como mecanismo orientado a asegurar tanto la autonomía
como la mayor eficiencia de la Rama Jurisdiccional del Poder Público (...).
La Corte
encuentra que la creación del Consejo Superior de la Judicatura obedece a
varios propósitos del Constituyente, entre los que está la idea de modernizar y
transformar las funciones correspondientes a la administración de los recursos
económicos y de personal de la Justicia, y la del fortalecimiento de la
actividad disciplinaria, garantizando el mantenimiento de elementos
doctrinarios y de distribución de competencias orgánicas y funcionales de los
distintos poderes públicos que, en especial, se relacionan con la autonomía de
integración y de orientación de la misma Rama Judicial. (...).
Esta
interpretación de la naturaleza y funciones del Consejo Superior de la
Judicatura es la más adecuada y legítima como lo comprueba el Informe-ponencia
que rindió a la Plenaria de la Asamblea Nacional Constitucional para justificar
su creación, el constituyente Jaime Fajardo Landaeta, cuyos apartes más
significativos se transcriben a continuación:
'Hecho el
análisis de los textos correspondientes, de manera sintética hemos concluido
que la Comisión IV acogió todas las propuestas de los Constituyentes y de las
mesas de trabajo, al asignarle al Consejo Superior de la Judicatura funciones
de diversa naturaleza, a saber: Una función administrativa (elaborar concursos,
fusionar despachos, pasar listas para nombramientos, ejecutar el presupuesto,
etc.); una función jurisdiccional: Dirimir conflictos de competencia entre
las diferentes jurisdicciones y aún entre organismos de una misma jurisdicción;
funciones disciplinarias, respecto de jueces, funcionarios y abogados, y,
finalmente, una función de colegislador, pues se le faculta para elaborar
proyectos de ley relacionados con la administración de justicia.'
Además, a dicho
organismo le compete cumplir funciones disciplinarias y algunas judiciales,
que corresponden a la Sala Disciplinaria, como las de examinar la conducta y
sancionar, en las instancias que señale la ley, las faltas de los funcionarios
de la Rama Judicial, así como la de los abogados en el ejercicio de su
profesión y la de dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las
distintas jurisdicciones. (arts. 256 de la C.N. y 10o. del Decreto 2652 de
1991) (...)"
*
La autonomía funcional en la interpretación de normas jurídicas en
cumplimiento de la función de administrar justicia, no da lugar a proceso
disciplinario con carácter sancionatorio, de acuerdo con la jurisprudencia de
la Sala Plena de la Corte Constitucional, con efectos de cosa juzgada
constitucional.
Esta Sala de
Revisión de Tutelas, considera que cuando determinada posición jurídica ha sido
analizada por la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia que hace
tránsito a cosa juzgada constitucional -artículo 243 de la CP.-, no es dable
apartarse de los criterios expresados en la misma providencia de la
Corporación.
De ahí que para los
efectos de resolver el asunto sometido a la consideración y decisión de la
misma, deba necesariamente, acatarse y tenerse en cuenta lo resuelto por la
Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia No. C-417 del 23 de agosto
de 1993, con ponencia del Magistrado Doctor José Gregorio Hernández Galindo,
acerca de la autonomía funcional de los jueces en la interpretación de las
normas jurídicas dentro de su misión constitucional de administrar justicia.
Dijo la Corte en
dicha providencia, lo siguiente:
"Es
necesario advertir, por otra parte, que la responsabilidad disciplinaria
de jueces y magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto es el que
atañe a la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho según sus
competencias. Por consiguiente, el hecho de proferir una sentencia judicial en
cumplimiento de la función de administrar justicia no da lugar a acusación ni a
proceso disciplinario alguno.
Ahora bien, si
se comprueba la comisión de un delito al ejercer tales atribuciones, la
competente para imponer la sanción es la justicia penal en los términos
constitucionales y no la autoridad disciplinaria. Ello resulta de la
autonomía garantizada en los artículos 228 y 230 de la Constitución".
Sobre esta
autonomía la Corte Constitucional ha tenido ya ocasión de pronunciarse en los
siguientes términos:
'El principio
democrático de la autonomía funcional del juez, hoy expresamente
reconocido en la Carta Política, busca evitar que las decisiones judiciales
sean el resultado de mandatos o presiones sobre el funcionario que las adopta.
Aún cuando el superior jerárquico debe efectuar el estudio de una sentencia
apelada o consultada (artículo 31 de la Constitución), aquél no está autorizado
por las disposiciones sobre competencia funcional para impartir órdenes a su
inferior respecto al sentido del fallo, sino que, en la hipótesis de hallar
motivos suficientes para su revocatoria, debe sustituir la providencia dictada
por la que estima se ajusta a las prescripciones legales pero sin imponer su
criterio personal en relación con el asunto controvertido. De ningún modo se
podría preservar la autonomía e independencia funcional de un juez de la
República si la sentencia por él proferida en un caso específico quedara
expuesta a la interferencia proveniente de órdenes impartidas por otro juez
ajeno al proceso correspondiente, probablemente de especialidad distinta y,
además, por fuera de los procedimientos legalmente previstos en relación con el
ejercicio de recursos ordinarios y extraordinarios.
Téngase presente
que en el Estado de Derecho no son admisibles las atribuciones implícitas ni
las facultades de alcance indeterminado, lo cual equivale al rechazo del acto
proferido por quien carece de autoridad previa y claramente definida por norma
positiva para actuar en la materia correspondiente (artículos 6º, 122 y 123 de
la Constitución).
De este postulado
se concluye con facilidad que en el campo de la administración de justicia
quien cumpla tan delicada función pública únicamente puede hacerlo revestido de
jurisdicción y competencia. Ya que la segunda tiene a la primera por
presupuesto, si falta la jurisdicción tampoco se tiene la competencia para
fallar en el caso concreto". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena.
Sentencia C-543 de octubre 1 de 1992).'
Estos principios
deben reafirmarse ahora, pues habiendo establecido el Constituyente ramas y
jurisdicciones autónomas y separadas (Títulos V y VIII de la Constitución) y
dadas las características de desconcentración y autonomía con las cuales el
artículo 228 de la Carta ha distinguido la función judicial, de ninguna manera
encajaría dentro de la normativa fundamental un sistema que permitiera a un
juez de jurisdicción distinta, o a órganos o ramas diferentes, invadir la
esfera de esa autonomía funcional sometiendo a juicio el fondo de las
decisiones judiciales" (negrillas y subrayas fuera de texto).
De lo anterior se
deduce que, como expresamente lo ha advertido esta Corporación en la
providencia citada anteriormente, la responsabilidad disciplinaria de jueces
y magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto es el que atañe a
la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho, según sus competencias.
Por consiguiente, el
hecho de proferir una providencia en cumplimiento de la función de administrar
justicia no da lugar, ni puede darlo, a proceso disciplinario con carácter
sancionatorio, pues en tal caso, se desvirtuaría el sentido y la función propia
de la administración de justicia, e implicaría igualmente, la creación de una
instancia judicial adicional a las consagradas constitucional y legalmente.
En este sentido,
según la jurisprudencia constitucional, el principio democrático de la autonomía
funcional del juez, busca evitar que las decisiones judiciales no sean el
resultado de mandatos sobre el funcionario que las adopta. Aún cuando el
superior jerárquico debe efectuar el estudio de una sentencia o providencia
apelada o consultada (artículo 31 de la Constitución), aquél no está autorizado
por las disposiciones sobre competencia funcional, para impartir órdenes a su
inferior respecto al sentido del fallo, sino que, en la hipótesis de hallar
motivos suficientes para su revocatoria, debe sustituir la providencia dictada
por la que estima se ajusta a las prescripciones legales, pero sin imponer su
criterio en relación con el asunto controvertido. Esta es, la jurisprudencia de
la Sala Plena de la Corporación que la Sala de Revisión reitera en esta
oportunidad por tratarse del mismo criterio y que, desde luego, no puede ser
desconocido ni quebrantado por una Sala de Revisión de Tutela como en la
presente oportunidad.
Así pues, de ningún
modo se podría preservar la autonomía e independencia funcional de un juez de
la República si la providencia por él proferida en un caso específico, quedara
expuesta a criterios provenientes de otro distinto al juez competente en el
proceso correspondiente y en lo que hace relación a la aplicación e
interpretación de la ley.
Ahora bien, si se
comprueba respecto del juez respectivo, la comisión de un delito al ejercer las
atribuciones que le son propias a su función, la competencia para imponer la
sanción la tiene la justicia penal en los términos constitucionales, como ya se
ha expresado. Ello resulta de la autonomía judicial garantizada en los
artículos 228 y 230 de la Constitución.
Por consiguiente,
cabe recalcar que cuando en cumplimiento de la función de administrar justicia
el juez aplica la ley, según su criterio, y examina el material probatorio,
ello no puede dar lugar al quebrantamiento del derecho disciplinario, dada la
independencia con que debe actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional
que por naturaleza le compete.
Al respecto, cabe
resaltar lo anotado por la Corte Suprema de Justicia en la providencia materia
de revisión, en la cual se expresó lo siguiente, que esta Corporación prohija:
“Así, pues, el
cometido constitucional que tiene a su cargo el poder judicial reclama que se
realice con absoluta independencia, vale decir, en un clima de amplia autonomía
en los aspectos técnico, administrativo-funcional y financiero que sin duda
alguna la Carta Política de 1991 consagró con claridad indiscutible,
proclamando en cuanto al primero de tales aspecto concierne, que aquél poder y
los órganos que lo integran en particular, en lo que hace referencia a su
función específica consistente en la prestación de la actividad jurisdiccional,
se determinan por sus propias decisiones que, por mandato del artículo 230
superior, se encuentran sometidas al imperio de la ley, y, en consecuencia, no
admiten extrañas interferencias (...), de donde se sigue, entonces, que es
legítimo desde el punto de vista constitucional, apelar al principio de la
independencia judicial para remediar intromisiones, no autorizadas por la ley,
de unos jueces en la actividad jurisdiccional realizada por otros en el ámbito
de sus competencias, como quiera que de no mediar esos correctivos, cuyo
empleo se hace imprescindible en grado sumo si de tales injerencias se
desprenden para la segunda categoría de funcionarios indebidas secuelas de
carácter sancionatorio impuestas por los primeros, la tramitación y decisión de
los asuntos confiados a la rama judicial carecerían por entero de seguridad,
orden y autonomía, indispensables cual quedó dicho para lograr los
fines propios de la jurisdicción, y por obvia consecuencia sufriría así
mismo serio agravio el régimen constitucional vigente en el país”
(negrillas y subrayas fuera de texto).
En la misma
providencia, se agregó:
“Todo cuanto
queda dicho en el literal precedente lleva a concluir que el estricto
régimen normativo de responsabilidad judicial de tipo disciplinario
(...), nunca puede llegar a convertirse en instrumento que,
tomando pie en textos positivos de la índole del que contiene el literal a) del
artículo 9 del Decreto ley 1888 de 1989, redunde por su objeto o por sus
efectos en mengua injustificada de la independencia de la cual viene haciéndose
mérito, convirtiendo por este camino los errores judiciales ordinarios, de
juzgamiento o de actividad, en faltas contra las reglas de disciplina,
habida cuenta que como lo ha sostenido el Consejo Superior de la Judicatura en
su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para que así ocurra es requisito obligado
el que los yerros en cuestión tengan una dimensión superlativa y que, por lo
mismo, lejos de ofrecerse como una manifestación irregular de la actividad
jurisdiccional, en su forma o en su contenido los actos frutos de tales
desaciertos pongan al descubierto un comportamiento arbitrario y puramente
voluntarista del Juez quien, de darse este supuesto excepcional de malversación
intencional de competencia, falta gravemente contra la eficacia de la
administración de justicia”.
El Decreto 1888 de
1989 consagra como faltas disciplinarias de los funcionarios judiciales contra
la eficacia de la administración de justicia, entre otras, las siguientes:
"a)
Incumplir los mandatos de la Constitución, las leyes y los reglamentos o
exceder los límites que se les señalen para ejercer sus atribuciones;
......
h) Dar
tratamiento de favor o discriminatorio a las personas que intervienen en los
procesos, o no resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado a su
despacho, salvo prelación legal u otra causa justificada" (artículo 9o.).
Los anteriores
literales del artículo 9o. del Decreto 1888 de 1989 fueron invocados por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para
formular pliego de cargos en contra de los accionantes, mediante providencia
del 14 de abril de 1994. A juicio de la entidad accionada, los miembros de la
Sala Dual de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja al
proferir el auto del 10 de agosto de 1993 dentro del proceso de sucesión del
causante PABLO ENRIQUE QUINTERO CUBILLOS, por el cual confirmaron el proveído
del Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Tunja del 17 de marzo del mismo
año, a través del que se reconoció como interesado en el proceso al señor
CARLOS FABIO QUINTERO CHACON, actuaron "sin atender a lo previsto en el
ordinal 6o. del mismo art. 590 del C.P.C., obviando de esta manera las serias
deficiencias probatorias en la calidad invocada por el reconocido, advertidas
oportunamente por la Procuraduría Veintiocho en lo Judicial para Asuntos de
Familia de Tunja (...) y por el mandatario judicial de la cónyuge
supérstite."
Como consecuencia de
la referida decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, los accionantes LUZ MILA CHAVES DE VARGAS y JORGE
EVARISTO PINEDA PINEDA presentaron oportunamente la contestación al pliego de
cargos que se les formuló. Posteriormente dicha Corporación, mediante
providencia del 25 de agosto de 1994 resolvió sancionar a los demandantes con
suspensión de quince días en el ejercicio del cargo, por haberlos encontrado
"responsables de la comisión de faltas disciplinarias del Artículo 9o.
a) y h) del Decreto 1888 de 1989 por incumplimiento del Artículo 29 de la
Constitución Nacional, y de los Artículos 6o. y ordinal 6o. del artículo 590
del C.P.C."
La Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura basó su
providencia teniendo en cuenta entre otras, las siguientes consideraciones que
se reiteran en escritos presentados por el Magistrado Ponente en dicha
Corporación y la Presidente de dicha Sala:
"La Sala de
Familia, bajo pretexto de aplicar el Decreto 1266 (sic) de 1970, decidió
confirmar el reconocimiento presumiendo conforme a esa normatividad la
veracidad de las declaraciones contenidas en el registro aportado, y la
autenticidad del documento en cuanto hace a las declaraciones del notario
público que lo expidió, habiéndolo sentado en el año de 1967."
En la citada
providencia, la entidad accionada continuó diciendo:
"Al respecto
debe admitirse que ni la legislación anterior a 1970 ni la expedida ese año
estableció como requisito esencial el de hacer constar para la inscripción del
hijo legítimo el matrimonio de los padres, de donde los investigados razonan
que es suficiente el aporte del registro como ordena el Artículo 588-3 del
C.P.C. sin que sea necesario el del matrimonio según el inciso 4o. ibidem que
solo lo exige cuando el demandante fuere el cónyuge sobreviviente.
Pero respecto del
inscrito, es claro que sin esa prueba no ha acreditado su legitimidad y si
además el folio no fue firmado por el padre, y si carece de otro medio idóneo
que pruebe el reconocimiento, la filiación consta solo en lo referente a la
madre. Para que sin duda pudiera admitirse la legitimidad del interés de CARLOS
FABIO QUINTERO CHACON debió acudirse a las reglas del Libro 1o. título X
Capítulo I del C.C. según las cuales no le bastaba probar su nacimiento sino
además el matrimonio de sus padres. En las condiciones analizadas la Sala de
Familia exoneró al interesado del imprescindible establecimiento del vínculo
jurídico existente entre el reconocido y sus progenitores, en detrimento de los
derechos de los demás intervinientes en el asunto.
(...)
Objetivamente aparece ilegal la decisión reprochada como ya lo había observado
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el fallo del
expediente No. 872 de tutela del 19 de octubre de 1993 en el que se debatió el
mismo asunto."
A juicio de la
Corte, la interpretación y aplicación del derecho, es una consecuencia de la
autonomía funcional, ya que como lo ha expuesto esta Corporación, "la
responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo
funcional, esto es, el que atañe a la autonomía en la interpretación y
aplicación del derecho según sus competencias." La competencia del
juez disciplinario, como ya se advirtió, no va hasta permitirle analizar y
calificar el contenido de la decisión de jueces y magistrados, pues, como lo
señala el artículo 256 numeral 3o. de la Carta Política, corresponde a aquella
Sala "examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios
de la rama judicial" y en ningún momento dicha facultad abarca la de
revisar el contenido de los fallos judiciales y de controvertir el análisis
probatorio realizado por el juez o tribunal, que de acuerdo a su criterio
jurídico ha realizado con sujeción a la ley. En caso de que el juez
disciplinario considere que se han desconocido los preceptos normativos
vigentes al momento de adoptarse alguna decisión judicial, debe poner en
conocimiento de las autoridades penales los hechos u omisiones correspondientes
a fin de que éstos se analicen a efectos de que si se comprueba la comisión de
un delito, se impongan las sanciones por parte de “la justicia penal en los
términos constitucionales y no la autoridad disciplinaria”, tal como se señaló
expresamente en la sentencia No. C-417 de 1993, de la Sala Plena de esta
Corporación.
Este mismo criterio
fue adoptado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en
la sentencia del 15 de diciembre de 1994 por medio de la cual resolvió tutelar
los derechos de los accionantes, en la que además advirtió que la buena fe es
"elemento intencional que se presupone en las actuaciones no solo de
los particulares sino también de los funcionarios públicos", aspecto
sobre el cual reiteradamente se ha pronunciado esta Corporación, y que a juicio
de la Corte Suprema de Justicia "mal puede llegarse mediante una simple
inferencia de carácter contingente, esto es siguiendo tan solo lo alegado por
las partes como lo hizo la autoridad disciplinaria, a deducir la presencia de
dolo específico", criterio que comparte esta Sala de Revisión.
Además puntualizó el
fallo objeto de revisión que "se incurrió así en otro defecto, también
absoluto, pero esta vez de carácter orgánico, que conduce a inferir que el acto
sancionatorio frente al cual se pide la tutela, fue expedido con carencia total
de competencia. Ambos defectos trajeron como consecuencia la lesión de los
derechos fundamentales de los accionantes al debido proceso y a recibir, desde
la perspectiva de la Constitución y la ley, un tratamiento igualitario en el
acceso de la administración de justicia disciplinaria", lo cual
efectivamente ocurre en el caso presente, por cuanto, de haberse presentado una
eventual violación de las normas jurídicas a las que estaba sometida la Sala
Dual de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja al momento
de proferir su decisión, su estudio corresponde a la jurisdicción penal, de
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional a la que se ha
hecho referencia.
Así pues, la
independencia judicial implica que las decisiones que profieren los jueces de
la República en ejercicio de sus funciones, se encuentran sometidas solamente a
la Constitución y a la ley. De allí que la Corte reitera la sentencia
transcrita que, por tener el efecto de cosa juzgada constitucional en cuanto
hace a los criterios expresados, deban mantenerse por la Sala de Revisión, pues
una Sala de Revisión de Tutela como ésta, no puede desconocer sino que debe
respetar y acatar los criterios ya adoptados por la Sala Plena de la Corte
Constitucional acerca de la misma materia y sobre la interpretación y
aplicación de normas jurídicas y su análisis probatorio.
Por ello resultan
pertinentes los siguientes apartes consignados en la sentencia materia de revisión:
“en otras
palabras, en el caso de autos la autoridad acusada -Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura- dedujo la existencia del
denominado “elemento subjetivo” como componente a su juicio indispensable de la
definición legal de la falta sancionada (...), sin tener en cuenta que el juez,
al adoptar una decisión, no obstante que debe tener presentes las alegaciones
de las partes, resuelve en últimas conforme con las pruebas que militen en
autos, las que debe apreciar y valor siguiendo los parámetros de ley en una
labor intelectual que, por consiguiente, puede apartarse de los razonamientos
hechos por las partes. Es que si en la adopción de ese juicio el fallador
yerra, no por ello puede darse por establecido de manera automática que su
actuar fue doloso, cuando para resolver como lo hizo, cual así sucedió en este
evento, se fundamentó en argumentos que en su momento estimó valederos,
después de examinar los documentos pertinentes a la luz del artículo 105 del
Decreto 1260 de 1970. Y de otra parte, como lo tiene dicho la Corte, es
de hacerse ver que los autos de reconocimiento de interesados en procesos
sucesorales, pronunciados con quebranto de normas legales, no tienen fuerza
vinculante en el sentido de obligar en lo definitivo al Juzgador, por lo que si
aún no se ha proferido sentencia, aquellos no lo atan para ésta. Así lo
entendieron los Magistrados sancionados, pues luego del fallo de tutela
proferido por esta Corte, procedieron a revocar el reconocimiento del presunto
heredero, y valga advertir que, en el entre tanto, no hubo quebranto
posible de carácter económico para los restantes interesados en la mortuoria...
La corrección del error judicial, entonces, es otro hecho, con entidad
objetiva suficiente, que demuestra que los magistrados sancionados no
procedieron con el ánimo de inferir daño a las demás partes del proceso.
Recuérdese que la “buena fe” es elemento intencional que se presupone en las
actuaciones no solo de los particulares, sino también de los funcionarios
públicos...” (negrillas y subrayas fuera de texto).
*
Existencia de una vía de hecho y la procedencia de la tutela.
Si bien es cierto,
la jurisprudencia constitucional ha sido clara y enfática en señalar que la
acción de tutela, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta
Política y según la sentencia No. C-543 de 1992, no procede contra sentencias y
providencias judiciales, se ha hecho la salvedad del evento en el cual se de en
su expedición una vía de hecho. Es decir, cuando el juez como autoridad
pública, incurre en una omisión, o ejecuta una acción o produce una decisión de
hecho que conlleva la violación o amenaza de un derecho constitucional
fundamental que puede causar un perjuicio irremediable, caso en el cual sí es
procedente la acción de tutela.
Así lo ha reconocido
esta Corporación en innumerables providencias (entre otras las número T-079 y
T-173 de 1993), al expresar que si se presentan dentro del proceso vías de
hecho que amenacen o vulneren un derecho constitucional fundamental, puede
proceder la acción de tutela, por cuanto hay primacía del deber de protección
de los derechos fundamentales, y porque, las actuaciones judiciales que
configuran las denominadas “vías de hecho”, son susceptibles de la acción de
tutela en la defensa de los derechos constitucionales fundamentales
establecidos en los preceptos constitucionales.
Por lo tanto, la
vulneración de la Constitución por una autoridad judicial puede ser atacada
mediante la acción de tutela, siempre y cuando se cumplan los presupuestos del
artículo 86 de la Carta Política y no exista otro medio de defensa judicial
para la adecuada protección del derecho fundamental lesionado. La finalidad en
este caso del amparo, cuando se presenta una vía de hecho, no toca con la
cuestión litigiosa que se debate en el proceso, sino que se dirige contra el
acto que se considera que viola o amenaza el derecho fundamental.
De lo anterior se
desprende que las vías de hecho riñen con el derecho fundamental al debido
proceso -artículo 29 constitucional-, y según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, para que proceda la acción de tutela contra providencias
judiciales que presentan en su contenido una vía de hecho, deben concurrir los
siguientes requisitos:
1.
Que la conducta del agente carezca de fundamento legal;
2.
Que la acción obedezca a la voluntad subjetiva de quien desempeña la autoridad
judicial. En este caso, para que el acto de una autoridad judicial esté
legitimado, debe obedecer a la objetividad legal;
3. Que
tenga como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de las
personas, de manera grave e inminente. Así pues, se requiere que la conducta de
la autoridad judicial vulnere en forma grave e inminente un derecho fundamental
- toda irregularidad en el proceso, implica un desconocimiento del debido
proceso-;
4.
Que no exista otra vía de defensa judicial, o que, existiendo, se interponga
la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Por lo tanto, como
se expresó en sentencia No. T-442 de 1993, emanada de la Sala Segunda de
Revisión de esta Corporación, la conducta del juez debe ser de tal magnitud que
estructuralmente pueda calificarse como una vía de hecho, lo que ocurre cuando
el funcionario decide o actúa con falta de competencia.
Con fundamento en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuesta tanto en relación con las
atribuciones que corresponden a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, como respecto a las vías de hecho, es claro
para esta Corporación la configuración de la misma, lo que dió lugar a que la
Corte Suprema de Justicia en la sentencia materia de revisión, tutelara los
derechos fundamentales de los demandantes con base en las consideraciones
consignadas en la respectiva providencia, cuyo criterio se comparte por esta
Sala de Revisión.
Cabe agregar a lo
expuesto por considerarse de especial importancia, que según obra dentro del
expediente, los citados Magistrados accionantes de tutela, en relación con la
decisión proferida dentro del proceso de sucesión del causante PABLO ENRIQUE
QUINTERO CUBILLOS, fueron denunciados penalmente, pero respecto de ella, la
Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el 18 de noviembre de
1993, resolvió abstenerse de abrir investigación contra los mencionados
funcionarios judiciales, con fundamento en que:
"Nótese que
el Tribunal en la decisión que se acusa, no niega ni afirma los hechos
expuestos por el apoderado de la denunciante, sino que le hace saber que ese debate
no es viable en el juicio de sucesión y deja abiertas las posibilidades para
que aquella ejerza la acción adecuada para el logro de sus pretensiones.
Entonces, no se
trata de negar que eventualmente existan irregularidades en la inscripción,
atribuíbles al Notario o a Juana Chacón, sino de aclarar que mientras la
presunción de autenticidad esté incólume, ella no puede ser desconocida.
Como para
que el delito de prevaricato se configure se requiere que el funcionario
profiera resolución manifiestamente ilegal y la decisión del Tribunal no lo es,
así pueda ser discutible, no es posible iniciar acción penal" (negrillas y subrayas fuera de
texto).
Por las razones
expuestas, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional procederá a
confirmar la sentencia de tutela emanada de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, pues ello está en consonancia con los criterios
expuestos por la Sala Plena de la Corporación, en la sentencia No. C-417 de
1993, MP. Doctor Jose Gregorio Hernández Galindo, que tiene el efecto de cosa
juzgada constitucional -artículo 243 CP.-, y compartidos plenamente por esta
Sala Sexta de Revisión de Tutelas.
IV.
DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, obrando en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
PRIMERO.
CONFIRMAR la sentencia
proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 15
de diciembre de 1994 por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. LIBRENSE por la Secretaría General
de la Corte Constitucional, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de
la Corte Constitucional, envíese al Despacho de origen y cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
425 | T-250-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-250/95
ACCION DE TUTELA
CONTRA PADRES DE FAMILIA/ABANDONO DEL MENOR/DERECHO A LA INTEGRIDAD
PERSONAL/JURISDICCION DE FAMILIA/PROCESO DE CUSTODIA, CUIDADO PERSONAL Y
PROTECCION
Del aspecto
esencial e impostergable de esta tutela, a saber, la defensa de la integridad
física y moral de la menor abandonada a su suerte, sí podía conocer el Juzgado
Promiscuo Municipal. Existe otro medio de defensa judicial, idóneo y expedito
como ocurre en la jurisdicción de familia, la acción de tutela propuesta, con
arreglo al principio de subsidiariedad, no está llamada a prosperar.
Referencia : proceso
T-59269
Actor : Diana
Moreno Rodríguez
Procedencia : JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL
DE LANDÁZURI
Ponente : Doctor
JORGE ARANGO M.
Sentencia aprobada
en sesión del cinco (5) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Primera
(1a.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide
sobre la sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal de Landázuri
(Santander), de fecha veintitrés (23) de noviembre de mil novecientos noventa y
cuatro (1994).
I. ANTECEDENTES
A. Hechos
La
actora, el diez (10) de noviembre del año pasado, presentó ante el Juzgado
mencionado, una demanda de tutela contra su padre, señor Carlos Alirio Moreno
Mosquera (radicación: número 006 del cuaderno 1).
La
reclamación pretendió la protección de los derechos de los niños, y los
derechos a una vida digna y a la paz (artículos 44, 11 y 22 de la
Constitución).
En
este caso, ocurrido en el Municipio de Landázuri (Santander), a la demandante,
que tiene trece (13) años de edad, cuya madre desapareció desde hace varios
años, en el mes de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), su
padre, un empleado de TELECOM y dueño de un bus intermunicipal, le impidió
entrar a la casa. La causa de tal determinación fue el hecho de que en cierto
día la actora llegó un poco después de la hora límite fijada por él, esto es,
aproximadamente las siete u ocho de la noche.
Como
consecuencia de lo expuesto, la menor se vio en la necesidad de pasar la noche
en la casa de LIDIA GAMBOA CASTAÑEDA, una condiscípula suya hija de PEDRO
ANTONIO GAMBOA.
Posteriormente,
bien sea porque el demandado le haya seguido prohibiendo la entrada a la casa o
porque la actora haya tenido miedo de la reacción de su padre, lo cierto es que
aquélla ha tenido que vivir fuera del hogar paterno. Sobre este particular,
puede señalarse que el señor PEDRO ANTONIO GAMBOA manifestó haberla alojado en
su propia casa de familia durante más de mes y medio, y que luego la demandante
se quedó en la casa del señor ERNESTO DUARTE. Precisamente, la tutela fue
interpuesta porque al terminarse el año lectivo en el colegio donde estudia la
interesada, como la familia del señor GAMBOA planeaba salir de vacaciones a
otra localidad, la señorita MORENO RODRÍGUEZ no tendría donde quedarse.
Llama
la atención el hecho de que en su correspondiente declaración, el demandado
-que al parecer cuenta con ciertos medios económicos- no mostró mayor interés
por el paradero de su hija, diciendo que en realidad no tenía tiempo de
cuidarla.
Cabe
anotar, igualmente, que el veintinueve (29) de septiembre del pasado año, poco
después del incidente con su padre, la menor rindió una declaración voluntaria
ante el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LANDÁZURI. Allí, dio su versión sobre lo
ocurrido, insistiendo en el hecho de que de tiempo atrás su progenitor la venía
maltratando de palabra, amenazando con echarla de la casa, pues no le gustaba
que ella, por estar con sus amigas, volviera tarde al hogar.
Por
otra parte, no obstante que la DEFENSORÍA DE FAMILIA DE VÉLEZ (Santander) fue
enterada del presente caso desde el cuatro (4) de octubre del año pasado, poco
es lo que ha podido hacer, puesto que estuvo acéfala a partir del mes de agosto
del citado año, generándose para el actual titular del cargo una considerable
congestión de asuntos que está despachando.
B. El fallo por
revisar
El
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LANDÁZURI, el veintitrés (23) de noviembre de
mil novecientos noventa y cuatro (1994), denegó la tutela; remitió copia de lo
actuado a la Fiscalía Local de Cimitarra, Santander, para que se investigara la
comisión de un posible delito contra la asistencia alimentaria por parte del
demandado, y ordenó, por el mismo despacho, la iniciación del proceso verbal
sumario necesario para garantizar los derechos de la menor.
Para
este despacho, la tutela no procedía porque la menor disponía de otros medios
de defensa judicial: desde el punto de vista penal, la posibilidad de
involucrar al demandado en el delito de inasistencia alimentaria; y desde el
punto de vista civil, el proceso verbal sumario de privación, suspensión o
restablecimiento de la patria potestad.
II.
CONSIDERACIONES
A. Competencia
La
Sala es competente para decidir sobre la sentencia que se revisa, por lo
dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución, y 33 y 34
del decreto 2591 de 1991.
B. ¿Contaba la
actora con otro medio de defensa judicial?
Debe
responderse esta pregunta, porque el inciso 3o. del artículo 86 de la
Constitución enseña que la acción de tutela “sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
Para
aclarar la cuestión, es menester citar el literal d) del artículo 5o. del
decreto que organiza la jurisdicción de familia, es decir, el número 2272 de
1989. Esta disposición dice:
“Competencia.
Los jueces de familia conocen de conformidad con el procedimiento señalado en
la ley, de los siguientes asuntos:
“En única
instancia:
“(...)d) De la
custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los menores;” (negrillas por fuera de texto)
Como
se ve, es claro que nuestro derecho sí prevé la posibilidad de que una clase de
jueces -los de familia-, conozcan de los asuntos sobre custodia y cuidado de
los menores.
Lo
dicho importa porque la Sala, discrepando un tanto del criterio del juzgado de
Landázuri, estima que el problema principal planteado en la presente tutela,
que debe resolverse en primer lugar, más que referirse primeramente a la
pérdida o suspensión de la patria potestad, tiene que ver con la vía para
conjurar la situación de abandono que sufre la demandante. Como primera medida,
resulta prioritario ocuparse de la defensa de la persona misma de la menor, más
que de la privación o suspensión de la patria potestad de su padre, aspecto que
por referirse a la representación legal y a la administración de unos bienes
cuya existencia ni siquiera está probada, debe de ser de ulterior definición.
Con
todo, la Sala comparte la oficiosidad con la cual el juez de Landázuri procedió
a ordenar el inicio del proceso de privación o suspensión de la patria potestad
del demandado.
Volviendo
al tema de la existencia de otro medio de defensa judicial, es evidente que los
jueces de familia tienen la competencia necesaria para decidir sobre la
custodia y cuidado personal de los menores. Pero, ¿concretamente podía el
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LANDÁZURI fallar respecto de la custodia y el
cuidado de DIANA MORENO RODRÍGUEZ?
A
juicio de la Corte, sí podía, pues en Landázuri no hay juez de familia. En este
sentido, el artículo 7o. del ya citado decreto 2272 de 1989, indica:
“Competencia
de los jueces civiles y promiscuos municipales. Los jueces civiles y
promiscuos municipales también conocen de los siguientes asuntos:
“(...)En primera
instancia:
“(...)2. De
los procesos atribuídos a los jueces de familia en única instancia, cuando en
el municipio no exista juez de familia o promiscuo de familia.” (negrillas por fuera de texto)
Conclúyese
de todo esto, que del aspecto esencial e impostergable de esta tutela, a saber,
la defensa de la integridad física y moral de la menor abandonada a su suerte,
sí podía conocer el Juzgado Promiscuo Municipal de Landázuri, con arreglo al “procedimiento
señalado en la ley”, según indica el primer inciso del anotado artículo 5o.
del decreto 2272 de 1989.
En
consecuencia, existiendo otro medio de defensa judicial, idóneo y expedito como
ocurre en la jurisdicción de familia, la acción de tutela propuesta, con
arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el inciso 3o. del artículo
86 de la Constitución, no está llamada a prosperar.
Ahora
bien, como según el artículo 349 del Código del Menor (decreto 2737 de 1989), “la
jurisdicción de familia conocerá de los asuntos de menores, de acuerdo con lo
establecido en el decreto 2272 de 1989 y en el presente código”, y el
artículo 36 del citado código -que se refiere a ciertas facultades de los
defensores de familia- por extensión la faculta para declarar oficiosamente o a
petición de cualquier persona “las situaciones de abandono o de peligro”,
la Sala pedirá al JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE LANDÁZURI que proceda a iniciar
el correspondiente proceso de custodia, cuidado personal y protección de la
menor demandante en esta tutela.
C. Intervención
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
De conformidad con
lo dispuesto por el numeral primero del artículo 277 del Código del Menor,
copia de esta sentencia se enviará al Director General del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, para que expresamente instruya al Defensor de Familia en
relación con su intervención judicial y extrajudicial en favor de la menor
DIANA MORENO RODRÍGUEZ.
III. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.
CONFIRMAR el fallo
proferido por el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LANDÁZURI, el veintitrés (23)
de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
SEGUNDO.
SOLICITAR al JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE LANDÁZURI, la iniciación del correspondiente proceso de
custodia, cuidado personal y protección de la menor DIANA MORENO RODRÍGUEZ.
TERCERO.
De conformidad con lo
dispuesto por el numeral primero del artículo 277 del Código del Menor, copia
de esta sentencia se enviará al Director General del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, para que expresamente instruya al Defensor de Familia en
relación con su intervención judicial y extrajudicial en favor de la menor
DIANA MORENO RODRÍGUEZ.
CUARTO.
COMUNICAR este fallo a
dicho Juzgado, para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de
1991.
Notifíquese,
cópiese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte.
JORGE ARANGO MEJÍA
Magistrado ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
426 | T-251-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-251/95
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA
El derecho a la
vivienda digna consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política, al
igual que otros derechos de contenido social, económico o cultural, no otorga a
la persona un derecho subjetivo para exigir del Estado en una forma directa e
inmediata su plena satisfacción.
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA/DERECHO ASISTENCIAL/ACCION DE TUTELA-Improcedencia
Los derechos
constitucionales de desarrollo progresivo, como es el caso del derecho a la
vivienda, sólo producen efectos una vez se cumplan ciertas condiciones
jurídico-materiales que los hacen posibles, por lo que en principio dichos
derechos no son susceptibles de protección inmediata por vía de acción de
tutela. Así entonces, el derecho a la vivienda digna es mas un derecho objetivo
de carácter asistencial que debe ser desarrollado por el legislador y promovido
por la administración, de conformidad con la ley, para ser prestado
directamente por ésta, o a través de entes asociativos creados para tal fin,
previa regulación legal. Los hechos descritos no dan claridad a las
afirmaciones formuladas por el demandante en cuanto a la posesión y habitación
del predio, y permiten concluir que la Administración municipal actuó en
cumplimiento de la ley al no adjudicar vivienda al actor, pues éste no cumplía
con ninguno de los requisitos establecidos para tal fin.
VIVIENDA-Demolición/ZONA DE ALTO
RIESGO/RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO/ACCION DE REPARACION DIRECTA
Si la demolición
de la vivienda que dijo ocupó el actor durante once años le generó algunos
perjuicios, ello no es asunto que le competa dirimir al juez de tutela, pues para
ello existen las vías ordinarias a las que debe acudir, para reclamar al Estado
los daños que éste le haya podido causar, habida cuenta que la acción de tutela
no está diseñada para ser utilizada como medio alternativo de los
procedimientos judiciales ordinarios.
REF: Expediente No. T - 57.860
Peticionario:
Gabriel Casallas Gómez
Procedencia: Juzgado
Segundo Penal Municipal de Palmira.
Magistrado Ponente:
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Tema: Derecho a la
vivienda digna
Santafé de Bogotá,
D.C., cinco (5) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro
Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera
Carbonell, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
tutela radicado bajo el número T-57.860, adelantado por Gabriel Casallas Gómez,
contra el Municipio de Palmira, representado legalmente por su alcalde
municipal.
I. ANTECEDENTES
Con base en los artículos
86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de
Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efecto de su
revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con
el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte
entra a dictar sentencia de revisión.
1. Solicitud
El ciudadano Gabriel
Casallas Gómez, interpuso ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Palmira,
acción de tutela, con el fin de amparar sus derechos constitucionales a la
propiedad y a la vivienda, consagrados en los artículos 51 y 58 de la
Constitución Política.
2. Hechos
Afirma el actor que
desde hace 11 años ocupa un lote de terreno en el sector de "La Isla"
corregimiento de Amaime, jurisdicción del municipio de Palmira, Valle, sobre el
cual ha construído su casa de habitación.
Sostiene, que el
terreno se lo compró al señor Cesar Sánchez quien era invasor en esa zona y a
pesar de conocer que dicho bien no tenía dueño y que era terreno baldío, procedió
a adquirirlo, dado que no tenía donde vivir. La negociación se adelantó de
palabra sin existir escritura, por la suma de $8.500 pesos; de ello puede dar
fe la señora Policarpa Sánchez, madre del vendedor, y de la señora Luz Marina
Valencia Sánchez.
Igualmente señaló el
demandante que la alcaldía municipal de Palmira, ha venido amenazando a los
habitantes del sector con la demolición de sus casas de habitación,
argumentando que el barrio de invasión "La Isla", se encuentra en una
zona declarada como de alto riesgo, dada su ubicación sobre el antiguo cauce
del río Amaime, el cual en invierno puede desbordarse, como ha sucedido en
épocas pasadas, y ocasionar una tragedia.
Anota también, que
la Oficina de Desarrollo Urbano de Palmira, sin exhibir documento alguno que la
autorizara, demolió la vivienda de la señora Policarpa Sánchez, y un mes
después derribó la caseta comunal, sin previa notificación a la junta del
sector, la cual cuenta con personería jurídica para actuar y representar a la
comunidad. Asimismo, le comunicaron al actor la inminente demolición de su
vivienda y le señalaron un plazo para que procediera a desocuparla.
Sobre el particular,
afirma el actor que no se explica la razón por la cual le van a demoler su
vivienda si ésta se encuentra a 130 metros del río y nunca, desde que ocupa el
predio, ha tenido problemas de inundaciones las cuales sí se han presentado en
el municipio de Palmira y en otras ciudades del país. Igualmente considera que
lo que busca la administración es desalojarlos de la zona para urbanizarla y
construir un parque ecológico.
Señala igualmente,
que a muchos de los habitantes del sector que desocuparon o le fueron demolidas
sus casas, la administración municipal de Palmira les ha adjudicado viviendas
en el barrio "El Triunfo", el cual está construío frente a la curva
por donde pasa la quebrada Amaime, a sólo 9 metros de distancia de su
ribera,sin tener en cuenta para este caso su cercanía con la quebrada.
Finalmente, en
diligencia adelantada por el a-quo a la Acaldía municipal de Palmira, sección
vivienda de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se pudo establecer que el
demandante no aparece en las listas de los posibles adjudicatarios de viviendas
para las personas que fueron desalojadas del barrio "La Isla".
Asimismo, en diligencia de inspección judicial ordenada por el juez de primera
instancia y llevada a cabo el día 21 de diciembre de 1994, se determinó que la
vivienda del actor ya ha sido derribada.
3.
Pretensiones
Solicita el actor
que, como consecuencia del amparo de los derechos conculcados, se proteja su
vivienda para que no sea derribada por la administración municipal de Palmira.
II. ACTUACIÓN
PROCESAL
1. Primera
instancia
Mediante auto de
fecha 21 de diciembre de 1994, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Palmira,
asumió el conocimiento de la presente acción de tutela y decretó y recolectó
las pruebas que a continuación se relacionan:
1.1 Fotocopia
autenticada de la Escritura Pública No. 850
Por medio de dicha
escritura el señor Gabriel Casallas Gómez declara ser propietario de la
vivienda construida sobre el lote ubicado en el sector de La Isla, del cual
señala ser poseedor desde 1984.
1.2 Informes
técnicos de julio de 1986 y de noviembre de 1992, realizados por la Corporación
Autónoma Regional del Cauca C.V.C.
En dichos informes,
la C.V.C. concluye que el sector de "La Isla", lugar donde se
encuentra ubicada la vivienda de propiedad del señor Gabriel Casallas, es una
"zona de alto riesgo", por amenaza de inundaciones del río Amaime;
también señala que dicho barrio se encuentra en terrenos baldíos ubicados en lo
que fue el antiguo cause del mencionado río.
1.3 Decreto
No. 246 de octubre 12 de 1989, expedido por el Alcalde Municipal (E) del
Municipio de Palmira
Se aportó en la
primera instancia, copia del Decreto 246 de 1989, por medio del cual se declara
"zona de alto riesgo" el sector denominado "La Isla", se
prohibe el asentamiento de más familias en dicho sitio y se dispone la
reubicación de los habitantes en el plan de vivienda que adelanta la administración
municipal de Palmira.
1.4 Diligencia
de Inspección Judicial a la Alcaldía Municipal de Palmira, Oficina de la
Secretaría de Desarrollo Urbano
El día 20 de
diciembre de 1994, el Juez Segundo Penal Municipal de Palmira, se desplazó a la
Alcaldía de dicho municipio, sección vivienda de la Secretaría de Desarrollo
Urbano, y pudo constatar que, revisado el fólder del censo correspondiente a
los habitantes del sector "La Isla" del Corregimiento de Amaime,
realizado entre noviembre y diciembre del presente año, el señor
Gabriel Casallas aparece en el censo actual (diciembre de 1994), más no en el
realizado en junio 4 de 1994, ni en los realizados anteriormente, en los años
de 1988, 1990 y 1991.
Asimismo, el
Secretario de Desarrollo Urbano, presente en la diligencia y enterado por el
Juzgado de la situación del señor Casallas, manifestó, que "a pesar
de encontrarse éste como habitante del barrio 'La Isla' no se encuentra dentro
de los adjudicatarios reubicados en el plan de vivienda del barrio 'El Triunfo',
debido a que no aparece en ninguno de los tres censos anteriores del barrio, no
es beneficiario del subsidio de vivienda del Inurbe, no tiene horas trabajadas
ni participación comunitaria dentro del plan de vivienda." Igualmente
comunicó al despacho que el plan de vivienda del barrio "El Triunfo"
-el cual contaba con 125 casas-, ya se había adjudicado en su totalidad.
1.5 Oficio
No. CM0419 de la oficina de Catastro Municipal
En el mencionado
oficio, el jefe de Catastro municipal de Palmira, hace constar que el predio
No. 00-01-008-0024-046 del sector de La Isla, es propiedad de la señora Luz
Marina Valencia Sánchez, y figura inscrito mediante la resolución No. 111 de
1990, artículo 138, suscrito por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
1.6 Diligencia
de Inspección Judicial a la vivienda del señor Gabriel Casallas Gómez, ubicada
en el sector de La Isla
El día 21 de
diciembre de 1994, el Juez Segundo Penal Municipal de Palmira se desplazó al
sector de "La Isla" con el fin de constatar la existencia y ubicación
de la vivienda del actor, encontrándose con que ésta ya había sido derribada
por las autoridades municipales; frente a este hecho el actor manifestó,
"que no fue reubicado en lugar alguno y no sabe donde llevar sus enseres
que logró recuperar." Igualmente señaló, que no le fue adjudicada vivienda
alguna por parte del municipio de Palmira, por lo cual no tiene a donde ir.
2. Fallo de
primera instancia
El juzgado Segundo
Penal Municipal de Palmira, mediante providencia de fecha treinta (30) de
diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), resolvió negar la acción
de tutela interpuesta por el señor Gabriel Casallas Gómez contra la
administración municipal de Palmira, representada por su alcalde municipal, por
considerar que se trataba de un hecho consumado.
Sostuvo el despacho
que después de practicadas las pruebas descritas, observó que a pesar de que el
señor Gabriel Casallas no ostentaba título de propiedad sobre el lote en el
cual tenía construida su vivienda, éste se constituía en su único lugar de
residencia y donde desarrollaba las labores cotidianas y vitales de cualquier
ser humano.
Igualmente afirma,
que "si bien es cierto la Constitución Nacional no consagra un derecho a
la subsistencia, este puede deducirse de otros derechos como el de la vida, el
de la salud, el del trabajo y el de la asistencia a la seguridad social. Este
derecho si bien no le da a la persona la posibilidad de exigir del Estado de
manera directa una prestación económica del mismo, por lo menos debe darle la
garantía a no ser desmejorado de sus condiciones actuales de vida, máxime
cuando se trate de grupos discriminados o de personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiestas. Así se deduce del Inciso 3o. del artículo 13 de la Constitución
Nacional (...)".
Sostiene el a-quo,
que ha conocido directamente la vulneración total del derecho a las condiciones
mínimas vitales del actor, a través de la inspección judicial adelantada al
lugar de su residencia constatando su desalojo y la demolición total de su
vivienda, por lo que atendiendo a las circunstancias especiales del actor,
habría sido procedente la acción de tutela para proteger su derecho mínimo de
condiciones vitales, a la vida y a la igualdad. Sin embargo, señala el juez que
"es menester que este despacho declare la improcedencia de la Tutela del
derecho conculcado, ya que el daño se ha consumado y éste sólo sería
susceptible de reparación por indemnización."
III. PRUEBAS
ORDENADAS POR LA SALA NOVENA DE REVISION
Mediante Auto de
fecha cuatro (4) de mayo de 1995, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, comisionó al señor magistrado auxiliar, doctor Francisco José
Herrera J., para trasladarse al municipio de Palmira (Valle), el día 9 de mayo
de 1995, con el fin de constatar el lugar de residencia del actor, así como sus
actuales condiciones de vida.
Dando cumplimiento a
lo ordenado por esta Sala de Revisión, se allegó al presente proceso el
siguiente informe:
1.1. Informe
de la comisión realizada por el magistrado auxiliar Dr. Francisco José Herrera,
a la ciudad de Palmira, Valle
"El suscrito
magistrado auxiliar, el martes 9 de mayo de 1995, viajó a la ciudad de Palmira
con el fin de cumplir una comisión consistente en averiguar sobre las
condiciones de vida del señor Gabriel Casallas, peticionario de la acción de
tutela que revisa actualmente la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, bajo el expediente No. T-57860.
"Una vez
llegado a Palmira, se dirigió al Juzgado Segundo Penal Municipal, donde fue
atendido por la titular del despacho, Dra. Alexandra Patricia Correa Lozano,
quien junto con el citador Carlos Alberto Cardona Orozco, asistió a toda la
diligencia de comisión, la cual se sintetiza de la siguiente forma:
"1o.- Fueron
al corregimiento de Amaime (Valle), a la vereda La Isla, la cual fue desalojada
por orden de las autoridades municipales de Palmira, por motivos de grave
peligro para los habitantes, como consta en el expediente. Allí no queda sino
una casa que amenaza ruina y que según pudieron constatar, no pertenece al
peticionario de la tutela en cuestión. Posteriormente verificaron que la mayor
parte de los habitantes del antiguo Barrio La Isla fueron reubicados en la
Urbanización denominada El Refugio, la cual se encuentra relativamente cerca
del sitio desalojado. Allí no se halló residencia alguna donde habitara el
señor Gabriel Casallas. Por testimonios de habitantes de este barrio, se
informó que el citado señor reside en el municipio El Cerrito (Valle), en el
barrio Cincuentenario. Por la anterior razón, el suscrito, en compañía de la
Juez y del Citador, se dirigió al barrio Cincuentenario, Bloque 12, del
municipio El Cerrito y luego de indagar sobre la residencia del señor Gabriel
Casallas, logró llegar a la carrera 10 C No. 5-23, donde según los testigos,
habita un anciano de 91 años, de profesión lotero, quien vive hace cerca de un
mes en dicho lugar, en compañía de Policarpa Sánchez, de 68 años, antiguos
habitantes de la urbanización La isla y sin sitio fijo en donde vivir, después
de que fue desalojado dicho Centro habitacional.
"2o.- En dicha
residencia no estaba presente en ese momento el peticionario, quien
supuestamente estaba en la ciudad de Cali en lugar indeterminado, cumpliendo
con su oficio de lotero y que regresaría el 9 ó 10 de mayo en hora incierta; el
suscrito dialogó con quien dice ser la dueña de la casa, señora Luz Marina
Valencia Sánchez, viuda y con tres hijos menores, quien supuestamente es la
hija de Policarpa Sánchez, presunta compañera permanente del peticionario. La
mencionada señora manifestó al suscrito que el señor Gabriel Casallas llegó a
vivir con ella en estado de extrema necesidad, hace aproximadamente un mes,
cuando fue expulsado de la casa de su hija, sin tener rumbo fijo a donde ir.
Doña Luz Marina manifestó que, teniendo en cuenta que el peticionario es
compañero permanente de su madre, lo aceptó a vivir en su residencia, donde lo
instaló junto con doña Policarpa, en el patio de la casa, en una improvisada
habitación.
"Según los
testigos, el señor Casallas se encuentra en buenas condiciones de salud, salvo
por una ligera molestia en una de sus piernas y puede realizar su trabajo en
condiciones aceptables. El suscrito pudo constatar que en la casa de
habitación donde se realizó la diligencia de inspección ocular viven en total
seis (6) personas, en condiciones deplorables. En efecto, la casa tiene 10
metros de frente por 12 de fondo, 3 alcobas, y concretamente la habitación
donde vive el peticionario en compañía de Policarpa Sánchez tiene 4 metros de
largo por 3,5 metros de fondo, construida en esterillas y con techo de lata,
sin muebles y con el piso de tierra; la ropa se halla sobre el piso y hay dos
colchones en precario estado de higiene sobre el suelo. En la parte exterior de
la habitación se halla un pequeño patio en el cual encontró el suscrito
desechos de comida y de animales domésticos.
"Finalmente, la
conclusión que se puede sacar de la diligencia, es la siguiente:
"Según todos
los testimonios y las evidencias encontradas en la casa de la señora Luz Marina
Valencia Sánchez, es razonable concluir que aún vive el señor Gabriel Casallas,
quien es anciano de profesión lotero, en unión permanente con Policarpa Sánchez
y abandonado por sus hijos. El estado en que se encuentra desde el punto de
vista de la salud física es aceptable para su edad, y vive en condiciones de
extrema pobreza, hasta el punto de llegar en ocasiones a estados de
miseria."
IV.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución
Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de revisión de la
Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela de la
referencia.
2.
Consideraciones sobre el derecho a la vivienda digna
El derecho a la
vivienda digna consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política, al
igual que otros derechos de contenido social, económico o cultural, no otorga a
la persona un derecho subjetivo para exigir del Estado en una forma directa e
inmediata su plena satisfacción. En efecto, el precepto constitucional citado
establece que "El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer
efectivo este derecho", lo cual necesariamente implica, por razones ante
todo de índole material y económica, que dichas condiciones no pueden lograrse
con la celeridad que fuera deseable y, por ende, que sería vana pretensión el
que la efectividad de este derecho, con tan loable intención consagrado por el
constituyente, se hiciera plenamente efectivo para todos los colombianos en
corto o mediano plazo. Por ello, el mismo artículo 51 dispone que el Estado
"promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas
de vivienda".
Así, los derechos
constitucionales de desarrollo progresivo, como es el caso del derecho a la
vivienda, sólo producen efectos una vez se cumplan ciertas condiciones
jurídico-materiales que los hacen posibles, por lo que en principio dichos
derechos no son susceptibles de protección inmediata por vía de acción de
tutela. Sin embargo, una vez dadas las condiciones antes señaladas, el derecho
toma fuerza vinculante y sobre su contenido se extenderá la protección
constitucional, a través de las acciones establecidas para tal fin.
Así entonces, el
derecho a la vivienda digna es mas un derecho objetivo de carácter asistencial
que debe ser desarrollado por el legislador y promovido por la administración,
de conformidad con la ley, para ser prestado directamente por ésta, o a través
de entes asociativos creados para tal fin, previa regulación legal.
En efecto, el inciso
1o. del artículo 1o. de la Ley 3a. de 1991dispone:
"Créase el
Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, integrado por las entidades
públicas y privadas que cumplan funciones conducentes a la financiación,
construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación y legalización de títulos de viviendas de esta
naturaleza."
Los derechos
sociales tienen como principal característica la de que no son simples
posibilidades individuales de los asociados, sino que imponen además una carga
para el Estado, cual es, para el caso del derecho a la vivienda, la de fijar
las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho y promover programas
de vivienda de interés social, que busquen favorecer la necesidad del servicio
en los sectores inferiores y medios de la sociedad, donde aparece detectado un
déficit del servicio, previo el cumplimiento de requisitos que deben observar
quienes busquen beneficiarse de los programas estatales.
Lo anterior, no
implica necesariamente la obligación para el Estado de proporcionar vivienda a
la totalidad de los habitantes del país que adolezcan de dicha necesidad, pues
éste, sólo ésta obligado a fijar condiciones y promover planes de vivienda
(otorgando subsidios), en la medida de las capacidades que su estructura
protectora le permita, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas del
país y las apropiaciones presupuestales definidas para estos rubros. Lo
contrario, sería obligarlo a lo imposible y llevarlo a desconocer o abandonar
otros campos de acción social sobre los cuales también le asiste
responsabilidad.
3. El caso
concreto
Afirma el actor, que
la Administración municipal de Palmira le señaló un plazo perentorio para
abandonar su vivienda ubicada en el sector de "La Isla",
corregimiento de Amaime, municipio de Palmira, ya que la misma sería demolida,
pues dicho sector había sido declarado "zona de alto riesgo".
La actitud asumida
por la Administración municipal, es considerada por el actor como violatoria de
sus derechos a vivir dignamente y a la propiedad, por lo que solicita al Juez
de tutela evitar la demolición de su vivienda. Posteriormente, durante el
desarrollo de la primera instancia se pudo establecer que la vivienda del
demandante había sido demolida, frente a lo cual manifestó no tener donde
vivir.
Sobre el particular
encuentra la Sala, que obran dentro del expediente estudios técnicos realizados
por la Corporación Autónoma Regional del Cauca CVC (años 86 y 92), donde se
rinde concepto sobre la situación del barrio "La Isla" en los
siguientes términos:
(...)
"Las
anteriores consideraciones permiten concluir que el barrio La Isla se ha
ubicado en un antiguo cauce del río Amaime y por lo tanto está expuesto al
riesgo de sufrir inundaciones que ponen en peligro la vida y bienes de sus
habitantes.
"De acuerdo
con lo expuesto se recomienda a los habitantes del barrio:
"1) Reubicar
sus viviendas a sitios que no ofrezcan estos riesgos". (...)
Asimismo, el alcalde
municipal de Palmira previo conocimiento de los estudios técnicos, resolvió,
mediante el Decreto No. 246 de 1989, declarar como zona de alto riesgo el
sector de La Isla y en su parte resolutiva señaló que, "los habitantes
que ocupan actualmente el sector denominado La Isla, serán reubicados en
el plan de vivienda que adelanta la administración municipal (...)".
En el mismo sentido, se pronunció el Concejo Municipal, mediante el acuerdo No.
67 del 12 de agosto de 1994, por medio del cual se creó el comité local para la
prevención y atención de desastres.
En estos términos,
la Administración municipal inició programas de vivienda en el barrio "El
Triunfo", con el fin de reubicar a las familias que venían ocupando el
lugar declarado como zona de riesgo. Para cumplir con dicho cometido y en
acatamiento de la ley 9a. de 1989, Ley 2a. de 1991, Ley 3a. de 1991 y otras
disposiciones que reglamentan la materia, señaló algunos requisitos que debían
cumplir los habitantes del sector, requisitos, entre los que se encontraban,
además de vivir en la zona de riesgo, aparecer en los censos adelantados por la
administración municipal, desarrollar trabajos comunitarios en los programas de
auto construcción y tener subsidio otorgado por el Inurbe.
Ahora bien, para
llevar un estricto control de las familias que residían en el lugar la
Secretaría de Desarrollo Urbano de Palmira, adelantó durante los últimos años
los referidos censos, buscando entre otras cosas evitar que personas no
residentes en el lugar y conocedoras de la posible adjudicación se instalaran
allí para hacerse beneficiarias de vivienda; igualmente se buscaba evitar que
les fueran adjudicadas las mismas a quienes ya tenían un lugar donde vivir.
Con base en dichos
censos se permitió también que los posibles reubicados trabajaran en los
programas de auto construcción de sus viviendas en el barrio "El
Triunfo", exigiéndoseles además, participar en los subsidios que otorgaba
el Inurbe, para lo cual debían postularse y cumplir los requisitos señalados en
la ley.
En lo que hace
referencia a la situación particular del señor Casallas, se pudo constatar, de
acuerdo con la diligencia judicial practicada por el a-quo a la Secretaría
de Desarrollo Urbano municipal, que éste no cumplía ninguno de los requisitos
señalados por la Administración para ser adjudicatario de vivienda en el barrio
"El Triunfo" ni en ningún otro lugar donde se venían desarrollando
dichos programas.
Sobre el particular
manifestó el secretario de Desarrollo Urbano en la diligencia judicial:
"A pesar de
encontrarse éste como habitante del Barrio La Isla no se encuentra dentro de
los adjudicatarios reubicados en el plan de vivienda del Barrio el Triunfo
debido a que no aparece en ninguno de los tres censos anteriores del barrio, no
es beneficiario del subsidio de vivienda del Inurbe, no tiene horas trabajadas
ni participación comunitaria dentro del plan de vivienda." (...)
En efecto, de
acuerdo con la diligencia judicial el actor no aparece en ninguno de los censos
realizados por la administración en los años de 1988, 1990, 1991, ni en los dos
primeros de 1994, los cuales buscaban verificar el número de familias allí
asentadas; únicamente aparece en el practicado en diciembre de 1994, cuando ya
se había adjudicado la mayoría de las viviendas a los habitantes del sector, lo
que hace presumir que, el actor sólo llegó allí en el último año buscando
beneficiarse del programa, ello no era posible, pues como se dijo, dicho
programa se había iniciado con base en las familias residentes cuando la
Administración municipal declaró la zona como de alto riesgo (1989) y dispuso
el traslado de sus habitantes, previo el cumplimiento de los demás requisitos
mencionados.
Además, tampoco pudo
el actor demostrar durante el transcurso del proceso, que era poseedor y
habitaba el predio con anterioridad al año 1994, pues simplemente se limitó a
presentar copia de la escritura pública No. 850 de mayo 23 de 1994, suscrita
ante el Notario 2a. del circulo de Palmira, por medio de la cual expuso:
(...)
"PRIMERO: que posee desde el quince (15) de enero de mil
novecientos ochenta y cuatro (1984) un lote de terreno baldío de la Nación, que
mide seis metros (6,00m) de frente, por trece metros (13,00m) de fondo, ubicado
en el sector de La Isla, (...), que figura con el número catastral
001-008-024-046 (...)". "SEGUNDO: Que dentro del citado
lote de terreno construyó a su exclusivas expensas y propios recursos, una
casa de habitación (...)" (negrillas fuera de texto).
La mencionada
escritura, solamente constituye una declaración unilateral de voluntad del
demandante, con la que busca preconstituir prueba del carácter de propietario
de la vivienda y poseedor del predio, sin que dicha prueba haya sido
controvertida en juicio, más aún cuando aparece en el expediente un paz y salvo
de la oficina de catastro municipal de Palmira y el oficio No. CM0419 suscrito
por el Jefe de dicha dependencia, según los cuales el predio que dijo ocupar el
demandante desde hace 11 años, identificado con el número catastral
00-01-008-0024-046, aparece inscrito a nombre de la señora Luz Marina Valencia
Sánchez, mediante resolución No. 111 de 1990 suscrita por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi.
Así, teniendo en
cuenta que el sector de "La Isla" es propiedad de la Nación, la
inscripción en el registro catastral hace referencia es a las mejoras que
existen sobre el lote, o sea a la vivienda y los cultivos que había allí, lo
cual indica que es la señora Luz Marina Valencia Sánchez quien construyó la
casa y además quien la habitó por lo menos hasta el año de 1990, fecha en la
que se adelantó la inscripción a su nombre y en la que debió demostrar su
posesión, tal como lo señala el artículo 48 de la resolución No. 2555 de 1988,
emanada del "Instituto Geográfico Agustín Codazzi", que dice:
"ARTICULO
48. Inscripción de predios baldíos - Cuando se trata de terrenos baldíos
se inscribirá provisionalmente como poseedor del mismo a quien acredite esa
calidad, con nota marginal de ser predio baldío." (negrillas fuera de
texto)
Lo anterior,
contradice las afirmaciones del actor en el sentido de que venía en posesión
del bien desde 1984, por venta que del mismo le hizo el señor Cesar Sánchez,
y que fue él quien construyó la casa de habitación.
También se pudo
establecer que la señora Luz Marina Valencia Sánchez -inscrita en el predio
objeto de la presente acción- es hija de la señora Policarpa Sánchez, compañera
permanente del actor y, a su vez madre del señor César Sánchez, quien
supuestamente vendió el terreno al demandante. Así mismo se estableció que la
señora Luz Marina Valencia Sánchez es propietaria de una casa ubicada en el
municipio de Cerrito (Valle), en la cual reside actualmente el actor, junto con
su compañera. Cabe destacar que las anteriores relaciones nunca fueron
mencionadas por el actor en la demanda de tutela, ni tampoco en las diversas
ampliaciones de la misma rendidas ante el juez de instancia; pero aquél sí, en
cambio, citó, a estas personas como testigos de su supuesta posesión.
Así entonces, los
hechos descritos no dan claridad a las afirmaciones formuladas por el
demandante en cuanto a la posesión y habitación del predio, y permiten concluir
que la Administración municipal actuó en cumplimiento de la ley al no adjudicar
vivienda al actor, pues éste no cumplía con ninguno de los requisitos
establecidos para tal fin, además de que no pudo probar que realmente era
poseedor y residente del sector de "La Isla", desde 1984 ni tampoco
en la fecha en que fue declarada "zona de alto riesgo" (año de 1989).
Ahora bien, si el
señor Casallas a sabiendas de que el sector de "La Isla" sería
demolido -situación que era públicamente conocida desde años atrás-, adquirió
hace poco tiempo el bien objeto de la demolición, lo hizo con conocimiento de
causa y, por tanto, se colocó por su propia negligencia en una situación de
indefensión, la cual no puede constituir título jurídico para reclamar la
posible vulneración o amenaza de derechos constitucionales fundamentales, ya
que nadie puede alegar su propia culpa.
Igualmente cabe
señalar que la pretensión del demandante buscaba evitar que le fuera derrumbada
su vivienda; sin embargo, durante el transcurso del proceso se demostró
técnicamente el riesgo a que estaban expuestos los habitantes del sector de
"La Isla", y nada se habría podido hacer para evitar su demolición,
aún en el caso de que el actor hubiese probado su derecho y el cumplimiento de
los requisitos exigidos, pues el proceder de la Administración se adelantó sobre
la base del cumplimiento de disposiciones legales que buscan proteger la vida
de muchas personas, entre la que se encontraba la suya, frente a lo cual, lo
único que hubiera procedido como mecanismo de protección era su reubicación,
finalidad que ya se encuentra superada, pues el actor como se dijo, reside en
compañía de la señora Policarpa Sánchez -su compañera permanente-, en el
municipio de Cerrito, Valle, en casa de la señora Luz Marina Valencia Sánchez.
Finalmente, si la
demolición de la vivienda que dijo ocupó el actor durante once años le generó
algunos perjuicios, ello no es asunto que le competa dirimir al juez de tutela,
pues para ello existen las vías ordinarias a las que debe acudir, para reclamar
al Estado los daños que éste le haya podido causar, habida cuenta que la acción
de tutela no está diseñada para ser utilizada como medio alternativo de los
procedimientos judiciales ordinarios.
De acuerdo con lo
señalado, no encuentra la Sala razones suficientes para concluir que la
Administración municipal de Palmira vulneró o amenazó derecho fundamental
alguno del actor, pues élla se limitó a cumplir la ley y las políticas que
sobre vivienda de interés social se han diseñado (Ley 9o. de 1989, Ley 2a. de
1991, Ley 3a. de 1991, Decreto 2528 de 1993, Decreto 706 de 1995 y normas
concordantes).
En virtud de lo
anterior, la Sala habrá de confirmar el fallo de fecha 30 de diciembre de 1994,
proferido por el Juzgado segundo Penal Municipal de Palmira, pero por las
razones expuestas en esta providencia.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO:
CONFIRMAR el fallo de
fecha 31 de agosto de 1994, proferido por el Juzgado Segundo Penal Municipal de
Palmira, mediante el cual se denegó la acción de tutela interpuesta por Gabriel
Casallas Gómez contra el municipio de Palmira, representada legalmente por
el Alcalde Municipal, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO:
ORDENAR que por la
Secretaría General de esta Corporación, se comunique esta providencia al
Juzgado Segundo Penal Municipal de Palmira, en la forma y para los efectos
previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
427 | T-256-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-256/95
CONCURSO DE
MERITOS-Reglas de control/CONCURSO
DE MERITOS-Nombramiento de quien obtuvo el primer puesto
Al señalarse por
la administración las bases del concurso, estas se convierten en reglas
particulares obligatorias tanto para los participantes como para aquélla; es
decir, que a través de dichas reglas la administración se autovincula y
autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad, en
cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o
empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo que no
puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección. El respeto de
la administración por las reglas del concurso exige que ésta, proceda a
designar en el cargo al ganador del concurso, si solamente hay un cargo por
proveer, o si son varios empleos, a éste y a quienes le sigan en preciso orden
descendente, según la lista de elegibles. La no inclusión de una persona en la
lista de elegibles o la figuración de ésta en un lugar que no corresponde,
según las consideraciones precedentes, puede implicar la violación de derechos
fundamentales, entre otros, a la igualdad, al debido proceso y al trabajo.
PERSONAL DOCENTE-Nombramiento por concurso/LISTA DE
ELEGIBLES-Orden para rehacerla
En el presente
caso la acción contenciosa administrativa de nulidad y restablecimiento del
derecho no es un mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los derechos a
la igualdad, al debido proceso y al trabajo que le fueron vulnerados a la
peticionaria. En tal virtud, se concederá la tutela impetrada y ordenará a la
Secretaría de Educación de Cartagena Distrito Turístico y Cultural, rehacer la lista
de elegibles para que la peticionaria sea incluida en el lugar que corresponde
de acuerdo con el puntaje real obtenido, según las consideraciones hechas en
esta sentencia, y se proceda a efectuar su nombramiento en el cargo para el
cual concurso, respetando estrictamente el orden de la lista de elegibles.
REFERENCIA:
Expediente T-60558.
PETICIONARIO:
Beatriz Vega Orozco.
PROCEDENCIA:
Tribunal Superior de
Cartagena - Bolívar.
TEMA:
La acción de tutela
como mecanismo de protección de los derechos fundamentales violados con ocasión
de la celebración de un concurso para acceder a un empleo público.
MAGISTRADO
PONENTE:
ANTONIO BARRERA
CARBONELL.
Aprobada en Santafé
de Bogotá D.C., a los seis (6) días del mes de junio de mil novecientos noventa
y cinco (1995).
La sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO
BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el
proceso de la acción de tutela presentada por Beatriz Julia Vega Orozco, contra
la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena.
I. ANTECEDENTES.
1. La pretensión
y los hechos.
La señora Beatriz
Vega Orozco interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Educación de Cartagena,
Distrito Turístico y Cultural, con el fin de obtener la protección de su
derecho al trabajo .
Como hechos que
sustentan su petición la demandante expuso los siguientes:
Dada su condición de
licenciada en Biología y Química, en el mes de abril de 1994 se inscribió en un
concurso cuya finalidad era la selección de personal para la provisión de
cargos de docentes, convocado por dicha Secretaría, del cual tuvo noticia a
través de un aviso que apareció publicado en el periódico El Universal.
Con la finalidad
indicada allegó la documentación requerida ante la referida Secretaría y
presentó el examen correspondiente en las Escuelas Salesianas, en el cual se
evaluaban conocimientos generales, pedagógicos y los atinentes al área de la
respectiva especialidad. En el examen de conocimientos obtuvo 53 puntos y ocupó
el tercer puesto. Luego, realizó la entrevista y fue calificada con 18 puntos,
lo que determinó su ubicación en el puesto 19.
Las normas del
concurso establecían los siguientes criterios de evaluación: antecedentes 20
puntos, prueba escrita 60 puntos y entrevista 20 puntos.
Dice la peticionaria
que no se explica la razón por la cual no apareció colocada en la lista de
elegibles dentro de los primeros puestos, pues las preguntas de la entrevista
eran elementales y fueron respondidas en forma acertada, razón por lo cual
piensa que superó con creces dicha prueba y que su ubicación en dicha lista
obedece a una manipulación de los resultados del concurso.
2. Los fallos que
se revisan.
2.1. Primera
instancia.
El Juzgado Primero
Civil del Circuito de Cartagena mediante providencia del 19 de octubre de 1994
tuteló los derechos a la igualdad, al trabajo y al debido proceso y ordenó
enviar copia de la actuación surtida en el proceso de tutela a la Procuraduría
Provincial, a efecto de que se investigara disciplinariamente a las señoras
Rosario Bueno Buelvas y Delcy Díaz Herrera, en razón de las irregularidades que
se cometieron en el desarrollo del concurso.
La aludida sentencia
tuvo su fundamento en lo siguiente:
".... la
señora Beatriz Vega Orozco, participó en el concurso docente abierto para el
nivel de básica secundaria y media vocacional; por la Secretaría de Educación
Distrital de la Alcaldía de Cartagena, mediante Resolución No. 431 del 15 de
abril del año en curso, con el fin de proveer nueve plazas, para la
especialidad de Biología, seis en la zona Urbana y tres en la zona Rural de
Cartagena".
"En el
concurso de conocimiento, después de acreditar los requisitos exigidos para la
inscripción obtuvo un puntaje de 53, de un máximo de 60 puntos equivalentes al
tercer puesto en dicha prueba, entre las personas que participaron en el
concurso".
"Asi mismo
obtuvo 18 puntos en la entrevista de un máximo de 20; todo lo cual de
conformidad en el artículo cuarto de la convocatoria, no obstante lo anterior
fue ubicada en el puesto 19 de la lista de elegibles, por debajo de otros
concursantes que obtuvieron un menor puntaje en la prueba de conocimientos, tal
circunstancia ha impedido el que haya sido tenida en cuenta para las
provisiones de las 14 plazas que han sido llenadas por la Alcaldía de Cartagena
y la Secretaría de Educación Distrital".
"Dicha
Secretaría esgrime como defensa, que los docentes no alcanzaron el puntaje
mínimo de 60 puntos, y como era urgente vincular a los docentes, por cuanto un
numeroso grupo de estudiantes no habían podido iniciar actividades en algunas
áreas, se definió acudir a los promedios que mas se aproximan para seleccionar
a los docentes que pasarían a la entrevista la cual se convirtió en criterio
único de selección. Argumento deleznable; ya que en el concurso no se señaló
como criterio eliminatorio, el que debía obtenerse, como puntaje mínimo en la
prueba de conocimiento 60 puntos; solamente se señala; antecedentes: 20 puntos,
prueba y escrito 60 puntos y entrevista 20; la prueba que otorga el mayor
puntaje es la de conocimiento, nunca la entrevista; si se otorgaba 20 puntos,
no se entiende de que manera se otorgaron 29.5, a la persona que aparece
encabezando la lista de elegibles en Ciencias Naturales, y que en la prueba de
conocimiento obtuvo 50 puntos; si nadie alcanzó el mínimo declarar desierto el
concurso".
Censuró el juzgado
la conducta de la administración al cambiar las reglas esenciales del concurso,
señalando como único criterio de elegibilidad la entrevista, con la
consecuencia ya anotada de que a la peticionaria se le colocó dentro de la
lista de elegibles en una posición que no era la que correspondía de acuerdo
con las reglas previamente determinadas para la realización de dicho concurso,
con el ánimo de favorecer a personas que tenían menos méritos que ella.
2.2. Segunda
Instancia.
El Tribunal Superior
del Distrito Judicial - Sala Civil de Decisión de Cartagena, mediante sentencia
del 11 de enero de 1995 resolvió revocar el fallo de primera instancia y, en su
lugar, dispuso negar la tutela impetrada. Igualmente, ordenó remitir copias
auténticas de la sentencia y de la actuación surtida a la fiscalía
correspondiente con el fin de que se procediera a investigar a la señora
Rosario Bueno Buelvas, Secretaria de Educación Distrital.
Las razones de la
decisión del Tribunal se resumen así:
"2.
Descendiendo al caso sub-examine, se observa que la accionante obtuvo 53 puntos
en la prueba de conocimientos, en su carácter de licenciada en biología y
química, lo cual arroja un porcentaje de mas del 88%, según una regla de tres
simple. Porque, como quedó dicho, el máximo de 60 puntos equivale al 100%,
según los términos de la parte pertinente de la convocatoria".
"Si a esos
53 puntos de la prueba escrita se suman los 18 logrados en la entrevista, y los
20 de los antecedentes, que deberían concederse en su totalidad a falta de
prueba efectiva de la persona de la accionante en ese aspecto, es claro que la
concursante BEATRIZ VEGA OROZCO obtendría 91 puntos de 100 posibles,
colocándose, por méritos, en uno de los primeros puestos de la
competencia".
"Es asi,
porque la entrevista en ningún momento ha podido dar más de 20 puntos, para
estar a tono con la convocatoria y puesto que los antecedentes deben
necesariamente atenderse, junto a los otros dos factores, para elaborar
válidamente la lista de elegibles".
"Concluyéndose
entonces, que el porcentaje correspondiente a entrevista, por encima de los 20
puntos determinados en el acto de convocación, la no atención del factor
atinente a antecedentes, y la elaboración de la lista de elegibles con la sola
atención de aquél presupuesto, desestimándose el examen de conocimientos, no
obstante que no se estableció como eliminatorio, constituyen irregularidades
que vician de ilegalidad el concurso, y los nombramientos efectuados con amparo
en él".
No obstante,
consideró el Tribunal que la tutela era improcedente en razón de la existencia
de un mecanismo alternativo de defensa judicial, como era la acción contencioso
administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho.
II . COMPETENCIA.
En atención a lo
dispuesto por los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía
con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto- ley 2591 de 1991, la Sala es
competente para revisar las sentencias en referencia.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1. El acceso a la
función pública a través del concurso público.
El art. 125 de la
Constitución constituye uno de los pilares sobre los cuales se sustenta el
sistema de la función pública. En efecto, dicha norma contiene una pluralidad
de principios que rigen dicha función, a saber:
a) Determina, como
regla general, que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de
carrera y exceptúa de ésta los de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción, los correspondientes a los trabajadores oficiales, vinculados a aquél
mediante una relación de trabajo, y los demás que determine la ley.
b) Señala el
mecanismo del concurso público, cuando no exista en la Constitución o en la ley
un sistema que determine la forma como deba hacerse la provisión de un empleo,
e igualmente recurre a la formula del concurso, al advertir que el ingreso a
los cargos de carrera y el ascenso a los mismos "se harán previo el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar
los méritos y calidades de los aspirantes".
c) Instituye como
causales básicas para el retiro, además de las previstas en la Constitución y
la ley, la calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo y la
violación del régimen disciplinario.
d) Con el fin de
garantizar el acceso a la función pública, la permanencia en el empleo y su
promoción en el mismo, sin otra consideración que el mérito de los aspirantes,
establece que la filiación política no será factor determinante al ingreso,
ascenso o permanencia en el empleo.
Puede definirse el
concurso público aludido, como el procedimiento complejo previamente reglado
por la administración, mediante el señalamiento de las bases o normas
claramente definidas, en virtud del cual se selecciona entre varios
participantes que han sido convocados y reclutados, a la persona o personas que
por razón de sus méritos y calidades adquieren el derecho a ser nombradas en
un cargo público.
El procedimiento en
su conjunto está encaminado a alcanzar la finalidad anotada, sobre la base del
cumplimiento estricto de las reglas o normas del concurso, la publicidad de la
convocatoria al concurso, la libre concurrencia, y la igualdad en el
tratamiento y de oportunidades para quienes participan en el mismo.
Al señalarse por la
administración las bases del concurso, estas se convierten en reglas
particulares obligatorias tanto para los participantes como para aquélla; es
decir, que a través de dichas reglas la administración se autovincula y
autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad, en cuanto
a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o
empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo que no
puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección. Por
consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce las reglas del
concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe actuar, o manipula los
resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83 C.P.), incurre en
violación de los principios que rigen la actividad administrativa (igualdad,
moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes
participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el
proceder irregular de aquélla.
El art. 11 de la ley
27 de 1992, que desarrolla el art. 125 de la Constitución prevé dos clases de
concursos: abiertos, para ingresos de nuevo personal a la carrera
administrativa y de ascenso para personal escalafonado.
El decreto ley 1222
de 1993, reglamenta, entre otras materias, los reglamentos para los concursos.
Tres aspectos básicos de los concursos regulan los artículos 3, 4 y 5 de dicho
decreto, así.
"ARTICULO
3.- La admisión a los concursos será libre para todas las personas que
demuestren poseer los requisitos exigidos para el desempeño del empleo objeto
de convocatoria y que puedan ser legalmente nombrados para los cargos de que se
trate.
En los concursos
de ascenso sólo podrán participar los empleados inscritos en el
escalafón".
"ARTICULO
4.- El proceso de selección o concurso comprende la convocatoria, el
reclutamiento, la aplicación de pruebas o instrumentos de selección, la
conformación de lista de elegibles y el período de prueba".
"ARTICULO
5.- La convocatoria es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la
administración como a los participantes. No podrán cambiarse sus bases una vez
iniciada la inscripción de aspirantes, salvo en los aspectos de sitio o fecha
de recepción de inscripciones y fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la
aplicación de las pruebas, casos en los cuales debe darse aviso oportuno a los
interesados".
Ante la Corte
Constitucional se demandó la declaratoria de inexequibilidad del art. 9 del
decreto 1222 de 1993, por estimarse violatorio de los arts. 4, 13 y 125 de la
Constitución, por cuanto al establecer una lista de elegibles, con base en la
cual se proveía el empleo designando a una de las personas que se encontraran
entre los tres primeros puestos de dicha lista, se hacía una discriminación con
respecto a quien había ocupado el primer lugar en el concurso.
El texto original de
dicha norma decía:
"Con base en
los resultados del concurso el jefe del organismo elaborará la lista de
elegibles, con los candidatos aprobados y en riguroso orden de mérito; dicha
lista tendrá vigencia hasta de un (l) año para los empleos objeto del concurso.
La provisión del empleo deberá hacerse con una de las personas que se encuentre
entre los tres primeros puestos de la lista de elegibles. Efectuando uno o más
nombramientos, los puestos se suplirán con los nombres de las personas que
sigan en orden descendente"
La Corte, mediante
la sentencia C-040/95[1] declaró
inexequible la expresión "la provisión del empleo deberá hacerse con una
de las personas que se encuentre entre los tres primeros puestos de la lista de
elegibles", entre otros, con los siguientes argumentos básicos:
"Por tanto,
quien ocupe el primer lugar, de acuerdo con el puntaje obtenido, será el
ganador y excluirá a los demás, en orden descendente. Si se procede de otro
modo, habría que preguntarse, como lo hace el demandante, ¿para qué el concurso
de méritos y calidades, si el nominador puede elegir al candidato de sus
preferencias?. De este campo, es preciso desterrar la arbitrariedad y,
justamente, para ese propósito se ha ideado el concurso. En él, por tanto, se
ha de calificar no sólo la idoneidad profesional o técnica del aspirante, sino
también su solvencia moral, su aptitud física y su sentido social, de acuerdo
con la categoría del empleo y las necesidades del servicio".
Posteriormente la
Corte, en la sentencia C-041/95[2], declaró
exequible la expresión "la conformación de lista de elegibles" del
artículo 4o antes transcrito "bajo el entendido de que conforme a la
sentencia C-040 de 1995, el ganador del concurso deberá ser el nominado y que
efectuado uno o más nombramientos, los puestos se suplirán de acuerdo con las
personas que sigan en estricto orden descendente", acogiendo la filosofía
de la sentencia C-040 y luego de analizar el derecho de acceso a la función
pública con base en los principios de igualdad, eficacia e imparcialidad en el
ejercicio de la función administrativa.
En conclusión, el
respeto de la administración por las reglas del concurso exige que ésta, según
se deduce de dichas sentencias, proceda a designar en el cargo al ganador del
concurso, si solamente hay un cargo por proveer, o si son varios empleos, a
éste y a quienes le sigan en preciso orden descendente, según la lista de
elegibles.
2. El caso en
estudio.
2.1. La situación
establecida dentro del proceso.
Considera la Corte
que tanto la sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena,
como la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
-Sala Civil de Decisión, de Cartagena, acertaron en los aspectos esenciales al
hacer la calificación de los hechos que dieron origen al presente proceso, en
cuanto:
a) La identificación
de las bases del concurso para la provisión de cargos de docentes en la
Secretaría de Educación de Cartagena, Distrito Turístico y Cultural.
b) La participación
de la peticionaria en dicho concurso y el puntaje obtenido en cada una de las
pruebas.
c) La modificación
de las bases fundamentales del concurso por la referida Secretaría.
d) La colocación de
la peticionaria dentro de la lista de elegibles en una posición que no está de
acuerdo con los resultados reales del concurso, pues según se expresa en la
parte motiva de la sentencia del Tribunal debió ser ubicada en uno de los
primeros lugares al obtener un puntaje de 91 puntos de 100 posibles.
e) La ubicación por
encima de la peticionaria de otras personas que participaron en el concurso y
que obtuvieron un puntaje inferior.
Igualmente considera
la Sala que fue acertada la decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito de
Cartagena al conceder la tutela de los derechos fundamentales a la igualdad, al
trabajo y al debido proceso. Por consiguiente, considera equivocada la decisión
del Tribunal al negar la tutela, en razón de la existencia de un mecanismo
alternativo de defensa judicial.
2.2. Procedencia
de la tutela en razón de la inexistencia de un medio alternativo de defensa
judicial, idóneo y eficaz.
La Corte, a través
de numerosas decisiones de sus Salas de Revisión de Tutelas, ha expresado que
la existencia de otro medio de defensa judicial es un obstáculo a la
procedencia de la acción de tutela, a menos que sea necesario conjurar o evitar
un perjuicio irremediable, o cuando el mecanismo alternativo de protección
judicial, en el caso concreto analizado, no se revela como idóneo para el
amparo efectivo de los derechos fundamentales que se estiman conculcados o
amenazados. Es decir, que en este último evento, la acción de tutela viene a suplir
el espacio de desamparo o desprotección del derecho fundamental que deja el
mecanismo alternativo de defensa judicial, por no ser adecuado y carecer del
atributo de la eficacia requerida para la efectiva y real protección del
referido derecho fundamental.
Dado que el Tribunal
revocó la sentencia del Juzgado al considerar que existe un mecanismo
alternativo de defensa judicial que hace improcedente la tutela, como es la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho que la peticionaria puede
utilizar contra el acto administrativo que determinó o concretó la lista de
elegibles, la Sala entra a determinar, si dicho medio de defensa es idóneo y
eficaz en el caso concreto.
El procedimiento
administrativo complejo a que da lugar el concurso, comprende una serie de
etapas (convocatoria, reclutamiento, aplicación de pruebas o instrumentos de
selección), conformadas por actos jurídicos y materiales que tienden a una
finalidad, como es la conformación de una lista de elegibles, con base en la
cual se produce el nombramiento en período de prueba.
El acto de la
administración que establece la lista de elegibles constituye un acto
administrativo, porque la administración, hace una evaluación fáctica y
jurídica, emite un juicio y produce consecuencialmente una decisión, la cual
es generadora de derechos y creadora de una situación jurídica particular, en
el sentido de que las personas incluidas en dicha lista tienen una expectativa
real de ser nombradas en el correspondiente empleo. Indudablemente, la
elaboración de dicha lista constituye un acto preparatorio de otro, como es el
nombramiento en período de prueba de la persona seleccionada, pero ello no le
resta a aquél su entidad jurídica propia e independiente de éste.
Con respecto a las
personas no incluidas en la lista por no haber obtenido el puntaje
correspondiente a juicio de la administración, según las bases del concurso, se
genera igualmente una situación jurídica particular y concreta aunque negativa,
en el sentido de que la determinación de la lista de elegibles conlleva la
decisión desfavorable a ser tenidas en cuenta para la provisión del empleo; a
las personas que han sido ubicadas en dicha lista en un lugar que no corresponde,
conforme a los resultados reales y atendidas las bases del concurso, también se
les crea una situación jurídica de la misma índole, porque se les limita,
restringe o se les anula la posibilidad de ser nombradas en el empleo que debe
ser provisto.
Desde un punto de
vista meramente formal, es obvio que contra el acto en cuestión los afectados
pueden intentar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; pero a
juicio de la Sala este medio alternativo de defensa judicial no es idóneo y
eficaz, por las siguientes razones:
- La no inclusión de
una persona en la lista de elegibles o la figuración de ésta en un lugar que no
corresponde, según las consideraciones precedentes, puede implicar la violación
de derechos fundamentales, entre otros, a la igualdad, al debido proceso y al
trabajo.
- La acción
contenciosa administrativa mencionada, en caso de prosperar, tendría como
resultado la anulación del acto administrativo en referencia, esto es la lista
de elegibles e igualmente el restablecimiento de derecho.
Sin embargo, cabría
preguntarse, en qué consistiría dicho restablecimiento?.
Hipotéticamente
podría pensarse que el restablecimiento del derecho lesionado se lograría de
dos maneras: 1) reconociendo al afectado el pago de una presunta indemnización.
2) Emitiendo la orden a la administración para que rehaga la lista de elegibles
e incluya a quien resultó favorecido con la acción dentro de dicha lista en el
lugar que corresponda, según el puntaje real obtenido.
En cuanto al pago de
la indemnización, estima la Sala que existen dificultades jurídicas y prácticas
para tasarlas, pues los perjuicios morales difícilmente podrían reconocerse,
por no darse los supuestos jurídicos y fácticos que para ello se requiere; en
cuanto a los perjuicios materiales, realmente no existirían unos parámetros
ciertos con base en los cuales pudieran ser no sólo reconocidos, sino
liquidados, pues cabría preguntarse, ¿en qué forma se evaluaría el perjuicio
consistente en no ser incluido en una lista de elegibles, o en ser ubicado en
ésta en un lugar que no corresponda al puntaje obtenido por el interesado?, si
se tiene en cuenta que la colocación en dicha lista es apenas un acto
preparatorio del nombramiento y, por lo tanto, tan sólo crea una expectativa
para ser designado en el empleo.
Además, el
reconocimiento de la indemnización, no puede actuar como un equivalente o
compensación de la violación del derecho fundamental, pues lo que el
ordenamiento constitucional postula es su vigencia, goce y efectividad en
cabeza de su titular; dicho de otra manera, la indemnización que se reconocería
no sería idónea para obtener la protección del derecho fundamental que ha sido
conculcado por la actuación de la administración.
La orden a la
administración para que reelabore la lista de elegibles, con la inclusión en
ella del demandante en el proceso contencioso administrativo, carece de objeto
y de un efecto práctico, porque dicha lista tiene como finalidad hacer posible
la oportuna provisión del cargo o de los cargos correspondientes y para la
época en que se dictaría la sentencia, ya la administración habría realizado
los nombramientos y las personas designadas han adquirido la estabilidad en el
cargo que da su escalafonamiento en la carrera administrativa, estabilidad que
no se puede desconocer porque su nombramiento se realizó en forma legítima y
con base en un acto que era válido -la lista de elegibles- para la época en que
se hizo la designación, y obviamente el escalafonamiento en carrera luego de
superado el período de prueba también es legítimo. Es decir, que el resultado
del proceso contencioso administrativo no tiene por qué afectar las situaciones
jurídicas válidas que quedaron consolidadas, con fundamento en el concurso, en
favor de quienes fueron incluidos en la lista de elegibles y fueron designados
para los respectivos cargos. Por consiguiente, quien triunfó en el proceso
contencioso administrativo no obtiene con su acción el resultado deseado, cual
es el de ser nombrado en el cargo correspondiente. Ello es así, porque el restablecimiento
del derecho, a juicio de la Sala, no puede ser ordenado en el sentido de que se
nombre al citado en el empleo al cual aspira pues semejante obligación no se le
puede imponer a la administración, ya que para ser nombrado, previamente debe
estar incluido en la lista de elegibles.
Es más, la orden de
reelaborar la lista no tiene un sustento jurídico serio, pues a la
administración se le conminaría a que modifique un acto administrativo que ya
se encuentra extinguido por el agotamiento de su contenido, lo cual, además,
como se dijo antes no tiene un efecto práctico.
La provisión de
empleos públicos a través de la figura del concurso, obedece a la satisfacción
de los altos intereses públicos y sociales del Estado, en cuanto garantiza un
derecho fundamental como es el acceso a la función pública, realiza el
principio de igualdad de tratamiento y de oportunidades de quienes aspiran a
los cargos públicos en razón del mérito y la calidad y constituye un factor de
moralidad, eficiencia e imparcialidad en el ejercicio de la función
administrativa. Por lo tanto, la oportuna provisión de los empleos, con arreglo
al cumplimiento estricto de las reglas del concurso y el reconocimiento
efectivo de las calidades y el mérito de los concursantes asegura el buen
servicio administrativo y demanda, cuando se presenten controversias entre la
administración y los participantes en el concurso, de decisiones rápidas que
garanticen en forma oportuna la efectividad de sus derechos, mas aún cuando se
trata de amparar los que tienen el carácter de fundamentales.
Advierte la Sala que
lo decidido en esta sentencia no se opone a la jurisprudencia recogida en la
sentencia SU-458/93, porque en esta oportunidad se consideró la situación
especial generada en virtud de las sentencias C-040/95 y C-041/95 y, además,
que la acción de nulidad y restablecimiento de derecho no es el mecanismo
idóneo para amparar los derechos fundamentales que le fueron violados a la
peticionaria.
Por las razones
anotadas, considera la Sala que en el presente caso la acción contenciosa
administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho no es un mecanismo
idóneo y eficaz para la protección de los derechos a la igualdad, al debido
proceso y al trabajo que le fueron vulnerados a la peticionaria Beatriz Vega
Orozco. En tal virtud se revocará la sentencia del Tribunal en cuanto revocó el
fallo del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena y, en su lugar,
concederá la tutela impetrada y ordenará a la Secretaría de Educación de
Cartagena Distrito Turístico y Cultural, rehacer la lista de elegibles para que
la peticionaria sea incluida en el lugar que corresponde de acuerdo con el
puntaje real obtenido, según las consideraciones hechas en esta sentencia, y se
proceda a efectuar su nombramiento en el cargo para el cual concurso,
respetando estrictamente el orden de la lista de elegibles.
IV. DECISION.
En virtud de lo
expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR el ordinal 1° de la sentencia del H.
Tribunal del Distrito Judicial de Cartagena -Sala Civil- del 11 de enero de
1995 y, en su lugar, CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Primero Civil
del Circuito de Cartagena que concedió la tutela impetrada por la señora
Beatriz Julia Vega Orozco, con la MODIFICACIÓN de que en el término de
48 horas la Secretaría de Educación de Cartagena Distrito Turístico y Cultural
procederá a rehacer la lista de elegibles, colocando a la peticionaria en el
lugar que corresponda de acuerdo con el puntaje realmente obtenido en el
concurso, y a efectuar su nombramiento en el cargo para el cual concursó,
respetando estrictamente el orden de la lista de elegibles.
SEGUNDO: CONFIRMAR el ordinal 2° de la
sentencia del Tribunal en cuanto ordena remitir copias auténticas a la fiscalía
correspondiente con el fin de que se investigue la conducta de la Secretaria de
Educación Distrital señora Rosario Bueno Buelvas.
TERCERO: LIBRENSE las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
cópiese, publíquese e insértese en la Gaceta Constitucional.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[2] M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz. |
428 | T-257-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-257/95
AUTONOMIA
UNIVERSITARIA
Respecto a la
autonomía universitaria, esta Corte ha dicho que dentro de ésta debe existir
para toda institución de educación superior la posibilidad de estipular, con
carácter obligatorio para quienes hacen parte de la comunidad universitaria
(directivos, docentes y estudiantes), un régimen interno, que normalmente
adopta el nombre de reglamento, en el cual deben estar previstas las
disposiciones que, dentro del respectivo establecimiento, serán aplicables a
las distintas situaciones que surjan por causa o con ocasión de su actividad,
tanto en el campo administrativo como en el disciplinario.
CONTRATO DE
TRABAJO-Terminación por reconocimiento
de pensión/UNIANDES-Relación laboral/PERSECUCION LABORAL-Prueba
La desvinculación
por razones prestacionales es decretada en este caso por la Universidad en los
normales, simples y escuetos términos jurídicos que corresponden a la situación
de ingreso al régimen de pensión por el trabajador, y con ellos no se vulnera
la posibilidad de que el profesor pueda ejercer su derecho constitucional al
trabajo. Puede tratarse de una situación como la descrita por el actor, pero en
dichos caso las condiciones de persecución y de violación de los derechos debe
parecer evidente, y debe probarse con cualquier medio razonable y legítimo de
prueba, lo cual no aparece en estas condiciones, pues en los términos en que es
pronunciada la desvinculación del profesor en este caso, no se afecta la
intangibilidad del mencionado derecho constitucional fundamental a trabajar,
como podría llegar a ser afectada si el centro docente y anterior patrono
promoviera acciones que obstaculicen la reubicación laboral del docente desvinculado
o se incurriese en conductas y actos de ilegítimo desprestigio e ilegal
descalificación, ninguna de las cuales se ha presentado en el caso del
profesor.
CONDUCTA LEGITIMA
DE PARTICULAR
La solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación constituye una conducta
legítima de un particular, que torna improcedente la acción de tutela de
acuerdo con el artículo 45 del Decreto 2591 de 1991, aún como mecanismo
transitorio, debido a que no es posible causar un perjuicio irremediable, cuando
el daño o perjuicio que se alega es causado por un acto particular ajustado a
derecho.
DERECHOS DE AUTOR-Controversia
En relación con
los derechos de autor del actor sobre las investigaciones adelantadas en la
Universidad de los Andes durante varios años, comparte esta sala las razones
expuestas por los respectivos jueces de instancia, al considerar que el
Profesor cuenta con otros medios de defensa judicial idóneos, eficaces e
inmediatos ante la jurisdicción ordinaria, previstos en la Ley 23 de 1982, que
regula el procedimiento aplicable, y en su desarrollo pueden decretarse medidas
preventivas en caso de una eventual vulneración de los derechos protegidos en
esta ley.
LIBERTAD DE
INVESTIGACION-Entrega de
investigaciones
La libertad de
investigación del actor como docente universitario, no se ha coartado por el
hecho de que la Universidad de los Andes le haya exigido a éste la entrega de
las investigaciones adelantadas en el Instituto de Genética de la Universidad,
en razón a que la labor del profesor Hoenigsberg como docente y director del
instituto de Genética trae implícita la función de investigador, y al terminar
el contrato de trabajo por el reconocimiento de su pensión de jubilación
terminaría así su función de investigador para con la Universidad; en este
sentido, cabe advertirle al peticionario que lo que garantiza la continuidad
del pensamiento y del desarrollo de unas investigaciones a lo largo del tiempo,
y si es posible de la permanencia de la validez de sus acertos, es la formación
de escuela, de discipulos, de alumnos y,si es del caso, de seguidores que
repiten las experiencias, las convalidan o las mejoran y, quizá, las revalúan.
AUTONOMIA
UNIVERSITARIA-Fin de la
relación laboral/PENSION DE JUBILACION/LIBERTAD DE INVESTIGACION/PERSONAL
DOCENTE DE CATEDRA
En ejercicio de
la autonomía universitaria, no se puede obligar a un ente de carácter privado o
público, a tener a su servicio indefinidamente a determinado docente, como
tampoco forzar al centro educativo a mantener en sus instalaciones a un ex-
docente vigilando y coordinando las investigaciones que adelanta la
institución, porque se entraría a vulnerar la autonomía universitaria del
centro educativo. No se podría en este caso obligar a un ente particular a
reintegrar a un docente cuando la relación laboral ha terminado por justa
causa, como es el reconocimiento de la pensión de jubilación, y no aparece
ninguna ofensa ni a la dignidad, ni al buen nombre, ni a la respetabilidad como
investigador y docente de reconocida trayectoria mundial. Además, el derecho a
la libertad de investigación del actor como científico no se ha vulnerado, ya
que la Universidad de los Andes no le ha limitado al profesor su creatividad de
investigador, en razón a que, al pedirle las investigaciones adelantadas no
ha restringido su capacidad, por lo que el actor puede continuar por fuera del
centro educativo, explorando nuevas áreas del conocimiento.
LIBERTAD DE
CATEDRA
La libertad de cátedra es el derecho
garantizado constitucionalmente a todas las personas que realizan una actividad
docente a presentar un programa de estudio, investigación y evaluación, que
según su criterio se refleja en el mejoramiento del nivel académico de los educandos,
y no genera derecho adquirido a la inamovilidad y a la continuidad y
permanencia por fuera de los límites de la carrera si es del caso, o de los
derechos pensionales, como aparece en este asunto.
REF.:
Expediente No. T-58711
Acción de tutela
presentada "contra la Universidad de los Andes y su Rector Arturo Infante
Villareal".
Actor:
HUGO HOENIGSBERG
OSORIO
Magistrados:
Dr. FABIO MORON
DIAZ
-Ponente-
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Dr. JORGE
ARANGO MEJIA
Santafé de Bogotá
D.C., junio doce (12) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala de Revisión
en asuntos de tutela, integrada por los Honorables Magistrados JORGE ARANGO
MEJIA, VLADIMIRO NARANJO MESA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente,
resuelve sobre las sentencias relacionadas con la acción de la referencia,
proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá
-Sala Penal-, el treinta y uno ( 31) de octubre de mil novecientos noventa y
cuatro (1994) y por la Corte Suprema de Justicia, -Sala de Casación Penal-
el doce de diciembre (12) de mil novecientos noventa y cuatro ( 1994).
I. ANTECEDENTES
A. La Petición
El trece (13) de
octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), el Doctor HUGO HOENIGSBERG
OSORIO, presentó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de
Bogotá, Sala Penal, un escrito en el que ejerce en nombre propio la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política, con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana,
al debido proceso, a la libertad de investigación y a la libertad de cátedra,
que considera vulnerados por su patrono la Universidad de Los Andes, al darse
por terminado unilateralmente el contrato de trabajo que lo vinculaba a la
Universidad en condición de Profesor en la Facultad de Ciencias Biológicas,
previa la definición de su estado pensional decretada por el Instituto de
Seguros Sociales a instancias y por petición de la Universidad.
En este sentido, el
peticionario solicita que, por virtud de la correspondiente decisión que
resuelva sobre la acción de tutela, se declare sin valor la determinación
tomada por la Universidad en el sentido de terminar unilateralmente el contrato
de trabajo, y que se le permita continuar con las actividades de investigación
científica que viene adelantando en el laboratorio de la Universidad de los
Andes, durante los últimos treinta años.
Considera que por
haber recibido en su contra una sentencia de la Corte Constitucional como
consecuencia de la resolución de la acción de tutela instaurada por una alumna
suya, el Rector de la Universidad lo separó del cargo de director del Instituto
de Genética fundado y dirigido por él desde 1962.
B. Los Hechos
de la demanda
- El
peticionario HUGO HOENIGSBERG OSORIO manifiesta que desde el treinta (30) de
noviembre de mil novecientos sesenta (1960), fue vinculado como profesor de
cátedra mediante contrato de trabajo con la Facultad de Ciencias Biológicas de
la Universidad de Los Andes, y que en 1962 fundó el Instituto de Genética del
cual fue director desde ese entonces; advierte que siempre estuvo dedicado a la
docencia y a la investigación científica adelantando investigaciones, formando
docentes y proyectando sus trabajos en la comunidad científica mundial, con
buen crédito y respetabilidad.
Al respecto anexa un
abundante grupo de documentos y una hoja de vida en los que acredita su larga y
reconocida trayectoria académica.
- Sostiene que la
Universidad se propuso desvincularlo por la vía del retiro voluntario del
trabajador, pero con prácticas de hostigamiento y limitaciones, comenzando con
su remoción de la dirección del Instituto de Genética, hasta provocar
unilateralmente la definición del estado pensional, no pedido ni reclamado por
él como principal interesado.
En este sentido el
peticionario advierte que es conocedor de que la Universidad tiene el derecho
de terminar su vinculación laboral con base en el artículo 7o. numeral 14 del
Decreto 2351 de 1965, pero, en su opinión, la decisión del Rector en su caso,
no se debe a su empeño en hacer cumplir una norma, sino que ésta le habría
servido de pretexto para expulsar de la Universidad a un profesor incómodo, y
la jubilación no fue sino, en sus palabras, un subterfugio para cumplir los
propósitos trazados contra su ideología y ante la propuesta suya de crear un
Senado de Profesores.
- El actor narra
una serie de incidentes con un profesor de la Universidad y con la misma alumna
que ejerció acción de tutela en su contra, y narra algunas de las que llama
ofensas y agravios supuestamente pronunciados en su contra en un comité
interdisciplinario, los cuales en su opinión pudieron motivar aún más la
decisión laboral adversa de la Universidad.
- Advierte
que el cuatro (4) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), al
regresar de una licencia, encontró que el Rector de la Universidad de los
Andes, había comunicado al Decano de la Facultad y al Jefe del Departamento de
Ciencias Biológicas que el profesor Hoenigsberg no sería reincorporado al
cargo de Director del Instituto de Genética de la Universidad, en principio sin
alterar, con esta decisión, su condición de profesor de cátedra.
- A pesar de
la manifestación anterior, el accionante señala que se le retiró de las
cátedras de Genética y Evolución, las cuales han sido la proyección de sus
investigaciones por más de 32 años; al respecto entiende el actor que la
Universidad tomó esta decisión con el fin de desesperarlo y lograr su renuncia,
llegando al extremo de solicitar, sin su conocimiento, al ISS el reconocimiento
de su pensión de jubilación, comunicándole el despido por justa causa a partir
del 4 de noviembre de 1994, sin que previamente el Instituto de Seguros
Sociales le notificara el acto administrativo que reconoció su nuevo estado
laboral.
Considera que tal
determinación vulnera sus derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso
y a la libertad de investigación, debido a que la Universidad contra la que
dirige la acción pretende arrebatarle investigaciones científicas adelantadas
por más de treinta (30) años y frustrar su propósito de culminar los trabajos
iniciados y de tener acceso a sus resultados.
- Manifiesta
que ha sido sujeto de lo que denomina acoso académico pues, supuestamente, se
le “arrebataron” cátedras que venia regentando desde hace treinta años, lo
desplazaron de la dirección de tesis doctorales, una investigación científica
seria que venia adelantando y, además le impidieron asistir en nombre de la
universidad a un congreso científico en México, al cual había sido invitado.
- Agrega que
el veintidós (22) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), en una
visita de Colciencias al Instituto de Genética de la Universidad de los Andes,
la estudiante Primavara Grigoriu de Buendía y el profesor Manuel Ruíz García,
vulneraron su derecho fundamental al buen nombre, al imputarle que él había
invertido ilícitamente los dineros del fondo del Instituto de Genética, y por
servirse, como si fueran propias, de las investigaciones adelantadas por sus
estudiantes.
Además, manifiesta
que el citado profesor lo tildó nuevamente de "ladrón de derechos
intelectuales", sin que éste incidente propiciara llamado alguno de
atención por parte de la Universidad; por el contrario, a los pocos días la
institución lo llamó a descargos, impidiéndose, la presencia de su apoderado,
violando con esta actuación su derecho fundamental al debido proceso. Sobre este
asunto el peticionario indica que la averiguación administrativa que adelantó
la Universidad jamás culminó, y que con ello se desconoció su derecho
constitucional al buen nombre, debido a que, hasta la fecha, no se ha
rectificado la información dada en dicha reunión.
Su reparo principal
ante la actuación de la Universidad radica en el aparente desconocimiento que
hace de su obra y de los resultados de la misma; bajo estos supuestos
manifiesta que dicho desconocimiento trunca un proyecto científico de alto
valor patrimonial y de grandes proyecciones académicas.
En este sentido
manifiesta que en el contrato laboral que firmó no cedió los derechos
intelectuales de sus trabajos de investigación y que ellos son desconocidos por
el centro universitario, con las supuestas actuaciones lesivas del derecho
constitucional fundamental a la libertad de cátedra y de investigación.
Sostiene que con las
actitudes de los directivos de la universidad se le causan graves perjuicios
humanos, morales y científicos, ya que ha sido víctima del atropello a su
dignidad profesoral, y de la injuria, el acoso y el desprecio institucional;
insiste en advertir que la decisión de marginarlo de sus investigaciones y de
la responsabilidad de sus trabajos, causa un grave perjuicio a la ciencia y es
un atropello al saber científico; por ello pide que se ordene tutelar sus
derechos fundamentales a investigar, al resultado de sus investigaciones y a
continuar las que se encuentran en curso, las cuales, en su opinión, se verán
gravemente vulneradas y sufrirán daño irreparable, si en forma unilateral la
universidad rompe el contrato celebrado con él. Advierte que su contrato no es
simplemente un contrato laboral sino un contrato para adelantar investigaciones
científicas, que no pueden interrumpirse abruptamente.
Sostiene que “El
contrato que celebré con la Universidad no puede terminarse alegando que se
reunieron los requisitos para el reconocimiento de una pensión de jubilación,
porque mi trabajo debe extenderse en el tiempo y, por lo tanto, debe asegurarse
la continuidad de las investigaciones más allá de la temporalidad contractual.
Esto es lo que protegen la Constitución Política y nuestras leyes sobre
propiedad intelectual...”
II. LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala de Decisión Penal-, en
sentencia de treinta y uno (31) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro
(1994), y sobre el asunto de la referencia resolvió negar la tutela reclamada
por el doctor Hugo Hoenigsberg Osorio, en contra de la Universidad de Los
Andes, con base en las siguientes consideraciones:
- La
terminación unilateral del contrato de trabajo suscrito entre el accionante y
la Universidad de Los Andes por el reconocimiento al trabajador de la pensión
de jubilación, está autorizada por el artículo 62-14 del Código Laboral,
subrogado por el artículo 7o., literal a), numeral 14 del Decreto Ley 2351 de
1965, razón por la que no encuentra, en principio, vulnerado ningún derecho
fundamental.
- Advierte
que la Universidad de los Andes, podía solicitar al ISS el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación del actor, sin darle aviso a éste, debido a
que el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación, estando al
servicio de la empresa, es causal de terminación del contrato por justa causa.
- Considera
que en este caso la acción de tutela no procede como mecanismo transitorio,
porque con la terminación unilateral del contrato de trabajo no se vulnera
derecho fundamental alguno; por ello, recomienda al accionante acudir ante la
jurisdicción ordinaria con el fin de que sea ésta, la que decida sobre la
legalidad en la terminación de la relación laboral entre las partes. Además, el
H. Tribunal no encuentra que en este caso se configure el citado perjuicio
irremediable, porque en todo caso el accionante puede solicitar a la autoridad
competente la "orden de reintegro o promoción a un empleo, cargo, rango o
condición". (Art. 1o. del Decreto 306/92).
- Respecto a la
supuesta vulneración del derecho al buen nombre y a la dignidad humana del
accionante, las afirmaciones del profesor a quien se refiere reiteradamente el
peticionario, supuestamente proferidas en una reunión de colegas
universitarios, encuentra el a-quo que dicha hipótesis no encaja en ninguno de
los casos contemplados en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, sobre
procedencia de la acción de tutela contra particulares.
De otra parte, y en
relación con el trato dado por la Universidad de Los Andes al accionante, el
Honorable Tribunal manifiesta que no encuentra vulneración de derecho
fundamental alguno con la decisión que se controvierte al desvincular al
profesor Hoenigsberg, debido a que el actor no ha querido facilitar las
modificaciones que la Universidad y las entidades estatales como Colciencias y
el ICFES han venido ordenando, con el objeto de reorientar los esquemas de
dirección académica y de investigación, en los programas doctorales de
Biología. En este sentido encuentra que el motivo por el cual, la Universidad
de los Andes decidió que lo más conveniente era terminar unilateralmente el
contrato laboral con el reconocimiento y el pago de la pensión de jubilación,
ya que por ser esta una causa para la terminación del contrato de trabajo, no
resultaba lesivo de la imagen del petente.
Respecto a la
suspensión de las cátedras respectivas, considera que obedeció a un manejo
eminentemente administrativo y que tuvo como antecedente el fallo de tutela
proferido por la Corte Constitucional, que amparó los derechos fundamentales de
la estudiante Primavara Grigoriu de Buendía. (Sentencia T-172/93. M.P. Dr.
José Gregorio Hernández Galindo).
- Por último,
el Tribunal advierte que no se vulneró el debido proceso, en razón a que no se
decretó sanción disciplinaria de ninguna índole contra el accionante, de
conformidad con lo informado por el Rector de la Universidad.
III. LA IMPUGNACION
- El
apoderado que, conforme a la ley, representa al actor después de haber
interpuesto éste en nombre propio la acción de tutela, impugna la decisión del
Juez a-quo, al considerar que la Universidad contra la que se pide la tutela le
causa un perjuicio irremediable al peticionario al solicitarle la entrega de
las "investigaciones que se hallaban en su poder".
- Insiste en
que el comportamiento de la Universidad estuvo encaminado a desvincular al
accionante, razón por la que solicita la protección del derecho fundamental al
trabajo.
- Considera
que la Universidad de Los Andes violó el derecho fundamental al debido proceso
del actor, por impedirle conocer la acusación que formulaba el Profesor Manuel
Ruíz García en su contra, y al no proferir un fallo disciplinario de
"responsabilidad o inocencia". Además, el apoderado del peticionario,
afirma que la Universidad no es competente para dirimir el conflicto de
derechos intelectuales.
IV. LA DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA
La Corte Suprema de
Justicia -Sala de Casación Penal-, mediante sentencia de diciembre doce (12) de
mil novecientos noventa y cuatro (1994), al resolver sobre la impugnación
advertida, se pronunció sobre la petición y sobre la sentencia de tutela y
resolvió confirmar la sentencia de octubre 31 de 1994, por medio de la cual una
sala de decisión penal del Tribunal de Santafé de Bogotá, negó la tutela
instaurada por Hugo Hoenigsberg Osorio, contra la Universidad de Los Andes, con
base en los siguientes razonamientos:
- Considera
que, al consagrar la legislación laboral el reconocimiento de la pensión de
jubilación, como justa causa de terminación unilateral del contrato de trabajo,
hace que dicha causal sea legítima y por ende hace improcedente la acción de
tutela, de acuerdo con el artículo 45 del Decreto 2591 de 1991, pues, no basta
con que el accionante alegué estar sufriendo un daño o perjuicio, consistente
en la imposibilidad de disfrutar un derecho fundamental; es imprescindible
que ese menoscabo provenga de actividades ilegales de los particulares, lo
que no ocurre en el asunto examinado.
- En relación
con los derechos de propiedad intelectual sobre las investigaciones que durante
varios años ha adelantado y aun adelantaba el profesor Hugo Hoenigsberg Osorio
en la Universidad de Los Andes, de una parte, y en partícular sobre el derecho
que reclama el peticionario a continuar esta tarea, en las mismas condiciones
originadas en el contrato de trabajo que se dió por terminado en la forma
mencionada, de otra, la H. Corte Suprema de Justicia considera que el actor
tiene a su alcance otro medio de defensa judicial idóneo, eficaz e inmediato
ante la jurisdicción ordinaria, según lo previsto en la ley 23 de 1982 sobre
derechos de autor, lo cual hace improcedente la acción de tutela, ni siquiera
como mecanismo transitorio, pues, no encuentra arbitrariedad en la terminación
del contrato laboral que existía entre las partes.
- En lo que
respecta a la presunta violación del derecho fundamental al debido proceso de
parte de la Universidad, se demostró que el accionante solicitó al Consejo
Directivo de la Universidad de Los Andes que le concediera una
"audiencia" a fin de que fuera conocida su versión acerca del
manuscrito que reclamaba el profesor Manuel Ruíz García, y que a ello accedió
la Universidad para que se verificara en presencia de dos trabajadores de la
institución, razón por la cual no encuentra irregularidad alguna.
La H. Corte Suprema
de Justicia reitera que la Universidad, como patrono de peticionario no inició
ninguna investigación contra el actor, de manera que no se encuentra la
supuesta violación del derecho fundamental al debido proceso, que se quiere
probar.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
A. La
Competencia
Esta Sala de la
Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de las
decisiones correspondientes al asunto de la referencia, de conformidad con lo
establecido en el inciso 2o. del artículo 86 y el numeral 9o. del artículo 241,
ambos de la Carta Política desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto
2591 de 1991, y en atención a la selección que se hizo en la oportunidad
establecida en la ley y en el reglamento de la Corporación.
B. La
terminación del vínculo laboral y la libertad de enseñanza, cátedra e
investigación.
1. En este asunto
se observa inicialmente que la petición de tutela judicial de los derechos
constitucionales fundamentales mencionados por el actor, se hace radicar en las
especiales características y atributos subjetivos del peticionario, y en la
naturaleza especial de sus actividades como docente e investigador
universitario de reconocido prestigio internacional, lo cual, en opinión de
aquel, condiciona las reflexiones constitucionales y el análisis judicial que
procede en esta materia.
A este respecto, la
Corte encuentra que es su deber contribuir a despejar posibles dudas sobre el
punto con algunas reflexiones que permitan iniciar el desarrollo
jurisprudencial del mismo, y destaca que esta es un la oportunidad judicial
propicia para ello, como se verá enseguida.
2. Como se dejó
dicho inicialmente en la parte que resume la petición, en este caso el actor
manifiesta que la Universidad de los Andes ha vulnerado sus derechos
constitucionales fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, al buen nombre
y a la libertad de enseñanza, cátedra e investigación, al solicitar ante la
respectiva entidad asistencial y de seguridad social, sin su conocimiento y sin
su información, el reconocimiento de los derechos pensionales que legal y
contractualmente le corresponden, y al dar por terminado, también unilateralmente,
el contrato de trabajo, que lo vinculaba a la facultad de ciencias biológicas
en condición de profesor de cátedra, y en virtud del cual ha ejercido, la
docencia en general, y labores de investigación científica por más de treinta
años.
Al respecto y de
modo preliminar, observa la Corte que dentro del marco de la Constitución 1991,
y en atención a los nuevos valores y principios constitucionales incorporados
en su texto que, como lo ha advertido esta Corporación, producen amplios
efectos jurídicos, así sea indirectos y mediatos, y por virtud del nuevo
catalogo de derechos constitucionales fundamentales de aplicación y eficacia
directa, parcialmente asiste razón al peticionario en la consideración, según
la cual, su especial condición de investigador y de docente reconocido y de
larga trayectoria en la formación de alumnos, discípulos y profesionales,
presupone, desde luego, en las reflexiones jurídicas relacionadas con los
derechos fundamentales, la especial incorporación del alcance y del contenido
jurídicos de los nuevos valores y principios constitucionales reconocidos
expresamente desde el Preámbulo y en los Títulos I y II de la Carta Política,
como los de la justicia, la dignidad, el conocimiento, el buen nombre y, muy
especialmente, la consideración cierta de la imagen de la comunidad
universitaria y de la sociedad en general, sobre su noble tarea y actividad.
Lo anterior
significa, únicamente, que para el examen de las situaciones judiciales y
litigiosas, relacionadas con los mencionados derechos constitucionales
fundamentales al buen nombre, a la dignidad humana y a la libertad de cátedra,
enseñanza e investigación, no puede pasarse por alto la trayectoria ni la labor
desempeñada por los docentes, investigadores y profesores de amplio mérito y trayectoria,
como en el caso del peticionario, ni puede desconocerse la proyección de su
actividad científica en la investigación, como elementos específicos que rodean
y definen las características judiciales del caso, que deben ser tenidos en
cuenta para efectos de su resolución. Precisamente, y dentro del marco de la
evolución contemporánea del derecho constitucional, estas reflexiones generales
pero precisas, relacionadas con la libertad de cátedra, enseñanza e
investigación, son producto del desarrollo de las sociedades democráticas y
pluralistas, abiertas al desarrollo de las libertades y que proscriben el
dogmatismo, el sectarismo, la doctrina o la ciencia oficial y unilateral, y
condenan cualquier brote de persecución por razones espirituales, ideológicas,
de conciencia, creencia, de arte o de ciencia.
De otra parte,
respecto a la autonomía universitaria, esta Corte ha dicho que dentro de ésta
debe existir para toda institución de educación superior la posibilidad de
estipular, con carácter obligatorio para quienes hacen parte de la comunidad
universitaria (directivos, docentes y estudiantes), un régimen interno, que
normalmente adopta el nombre de reglamento, en el cual deben estar
previstas las disposiciones que, dentro del respectivo establecimiento, serán
aplicables a las distintas situaciones que surjan por causa o con ocasión de su
actividad, tanto en el campo administrativo como en el disciplinario.
Razones de justicia
y de seguridad hacen menester que en el correspondiente reglamento se hallen
contempladas con entera nitidez las reglas de conducta que deben observar
administradores, alumnos y profesores en el desenvolvimiento cotidiano de la
vida universitaria. (Cf. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión.
Sentencia No. T-492 del 12 de agosto de 1992).
Además, respecto a
la libertad de investigación en la Sentencia T-172, la Corte Constitucional
estableció: "Esta libertad, que constituye expresión y reflejo de la
racionalidad humana, hace parte de los derechos fundamentales de la persona,
cuya natural tendencia a la búsqueda de la verdad en los distintos ámbitos, la
lleva necesariamente a explorar de manera incesante nuevas áreas del
conocimiento."
Esta garantía
constitucional (artículo 27) guarda relación, desde el punto de vista del
individuo, con el libre desarrollo de su personalidad (artículo 16), en cuanto
la investigación constituye una de las múltiples formas de realizar sus
particulares aspiraciones intelectuales; está íntimamente vinculada al derecho
a la educación (artículo 67), toda vez que es una fuente de conocimiento y de
aplicación de lo aprendido y asimilado tanto por docentes como por discípulos,
y permite, como lo quiere la Constitución, "...el acceso al conocimiento,
a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura";
repercute en el ejercicio del derecho a trabajar (artículo 25), cuando de la
evaluación académica que se efectúe sobre la actividad investigativa depende el
cumplimiento de requisitos indispensables para obtener el título que permite
desempeñar la profesión correspondiente; cristaliza mediante su adecuado
ejercicio la aspiración de la libertad (Preámbulo) y eleva, gracias a la
potenciación del intelecto, la dignidad de la persona humana.
Pero, por otro
aspecto, atendidos los fines que persigue la investigación, y la utilidad que a
la comunidad reportan los avances que en las más variadas esferas se obtienen
merced a sus resultados y proyecciones, tiene una indudable función social,
de lo cual se desprende que la tutela de su práctica y el clima propicio para
llevarla a cabo, no menos que el estímulo a su prosperidad y desarrollo, son
objetivos que se inscriben dentro del papel que al Estado corresponde para el
logro del bien común.
Así, pues, lo que se
halla en juego cuando se debate acerca de posibles transgresiones a la libertad
investigativa no es tan sólo el beneficio particular o personal del
investigador, sino el interés colectivo; el aliento a la investigación, en
cuanto implica promoción del desarrollo, hace parte de los fines del Estado
Social de Derecho e incumbe a las autoridades. Cosa distinta es que el uso o
aplicación posterior del resultado que arroje la tarea investigativa deban ser
evaluados, controlados e inclusive restringidos y negados -si fuere
indispensable-, también en guarda del interés general.
3. Cabe destacar
que, en verdad, en el caso concreto que se examina, se trata del reclamo
judicial de la protección de los mencionados derechos constitucionales
fundamentales pero específicamente predicados, de una persona que ostenta la
calidad de profesor e investigador reconocido por la comunidad académica
nacional e internacional, como una de las personalidades de más alta
calificación científica y docente, y que, como tal, sus derechos al trabajo en
su relación con la libertad de enseñanza, investigación y cátedra, al trato
digno, al buen nombre, deben ser examinados sin perder de vista las especiales
condiciones en que se desenvuelven, por los atributos de su titular.
4. En segundo
término es claro que el actor en este caso y por esta vía específica,
preferente y sumaria de la tutela judicial de los derechos constitucionales
fundamentales, en principio no reclama ni pretende, como no podría hacerlo por
razones procesales de naturaleza constitucional, la protección directa y
específica de las manifestaciones sociales y programáticas de este derecho de
rango constitucional, como sería el caso de reclamar el derecho a un trabajo
determinado, o a una determinada y precisa relación de trabajo o a una plaza de
trabajo, ni propone que se defina sobre las implicaciones económicas o
prestacionales de carácter subjetivo y concreto que se podrían configurar en su
situación; así, es evidente que en verdad, y aún cuando el mencionado derecho
constitucional al trabajo en los términos del artículo 25 de la Carta Política,
contenga y exprese las varias características que le atribuyó el Constituyente
de 1991, y que esta Corporación ha distinguido con claridad en la doctrina
constitucional que ha formulado y que es su jurisprudencia en la materia, en
este asunto, y en este aspecto. De modo que lo que se interpreta de su demanda
es que el peticionario específicamente reclama por vía de la acción de tutela
la protección de las manifestaciones de aquel derecho, pero en cuanto derecho constitucional
fundamental a trabajar en una actividad profesional legítima y a ocuparse
libremente de lo que sabe hacer, bajo la dependencia de otra persona, y de lo
cual puede obtener la provisión económica, salarial o prestacional sus
principales necesidades materiales y espirituales.
En este sentido, es
claro que por la vía judicial ejercida en este caso, no se puede plantear
pretensión alguna relacionada con la aspiración de conservar un puesto de
trabajo ni de obtener una determinada contraprestación económica incierta, pues
lo que reclama el profesor Hoenigsberg, interpretadas sus manifestaciones en
reclamo de esta tutela, es el derecho a seguir ejerciendo la cátedra, la
docencia en general y llevar a término sus investigaciones.
5. En este sentido,
la Corte encuentra que por el aspecto que aquí se delimita, no se ha producido
violación alguna que deba ser objeto del remedio judicial que patrocina y
permite la acción de tutela de los derechos constitucionales fundamentales,
prevista en el artículo 86 de la Carta Política, pues el profesor que en este
asunto reclama su derecho a trabajar puede en todo caso hacerlo en otra
entidad, al servicio de cualquiera otra institución, centro, gobierno o patrono
que desee vincularlo, patrocinarlo o apoyarlo, y que seguramente no le hará
falta por sus notables y reconocidas calidades que lo hacen merecedor de todos
los honores y consideraciones reservadas a personalidades como la suya.
De igual modo, puede
el peticionario continuar con sus investigaciones y hacerlo con sus recursos o
con los de otras personas, con o sin dependencia laboral o económica, todo lo
cual no se ha visto afectado en los hechos narrados en la petición y en la
documentación anexa.
En verdad la
conducta del rector, de las directivas y de la Universidad ha sido correcta y
ponderada, no obstante los recientes y muy excepcionales conflictos personales
del peticionario con una alumna y con un profesor; lo cierto es que la
Universidad no ha actuado en contra de la libertad de cátedra, ni de
investigación del profesor Hoenigsberg, ni ha formulado expresión denigrante
alguna, y mucho menos ha incurrido en alguna práctica de descrédito o de
persecusión de sus actividades científicas, y por ello no ha incurrido en
lesión de los mencionados derechos constitucionales fundamentales.
Lo cierto es que la
desvinculación por razones prestacionales es decretada en este caso por la
Universidad en los normales, simples y escuetos términos jurídicos que
corresponden a la situación de ingreso al régimen de pensión por el trabajador,
y con ellos no se vulnera la posibilidad de que el profesor pueda ejercer su
derecho constitucional al trabajo.
Claro que en algunas
circunstancias subjetivas se produce una sensación personal de incomodidad y de
desacuerdo, cuando el itinerario personal, e incluso el científico, se ve
alterado con una decisión que preferiblemente se debiera informar con
anticipación, en términos corteses y de cordial relación.
6. En verdad puede
tratarse de una situación como la descrita por el actor, pero en dichos caso
las condiciones de persecución y de violación de los derechos debe parecer
evidente, y debe probarse con cualquier medio razonable y legítimo de prueba,
lo cual no aparece en estas condiciones, pues en los términos en que es
pronunciada la desvinculación del profesor en este caso, no se afecta la
intangibilidad del mencionado derecho constitucional fundamental a trabajar,
como podría llegar a ser afectada si el centro docente y anterior patrono
promoviera acciones que obstaculicen la reubicación laboral del docente
desvinculado o se incurriese en conductas y actos de ilegítimo desprestigio e
ilegal descalificación, ninguna de las cuales se ha presentado en el caso del
profesor Hoenigsberg.
De conformidad con
lo que se advierte en las dos providencias que se resumen, y que se han
proferido en las instancias judiciales respectivas, queda en claro que en este
caso no aparece vulnerado el derecho constitucional fundamental a trabajar del
profesor Hoenigsberg previsto en el artículo 25 de la Carta Política, entre
otras razones porque la Universidad de los Andes, actuó de acuerdo con lo
estipulado en el articulo 62-14 del Código Laboral, subrogado por el artículo
7o. literal a) numeral 14 del Decreto 2351 de 1965, el cual consagra que el
reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación, configura una justa
causa de terminación unilateral del contrato de trabajo y porque de conformidad
con lo dispuesto en la normatividad legal vigente, en la que aparece la especial
protección del Estado a dicho derecho, las actuaciones económicas y la decisión
adoptada en su caso se ajustan a derecho.
Pero, además, la
entidad patrono en todo momento se ha abstenido de pronunciamiento alguno, de
manifestación externa alguna o de signo apreciable en procura de “perseguir” al
profesor que actúa como peticionario en este asunto; por el contrario, de lo
que se puede apreciar de las actuaciones debidamente documentadas en el
expediente, aparece un trato respetuoso y cordial dentro de los términos del
ordenamiento jurídico colombiano y dentro del respeto a los valores mencionados
con ponderado juicio con los méritos especiales del profesor, en cuanto a la
proyección de su imagen, su buen nombre y a la posibilidad de seguir adelantando
sus investigaciones en las mismas condiciones de respetabilidad y decoro.
Por tanto, el acto
unilateral por medio del cual la Universidad de los Andes solicitó al instituto
de seguros sociales el reconocimiento de la pensión de jubilación para
terminar el contrato de trabajo suscrito con el actor es de carácter legítimo,
y como la Universidad actuó de acuerdo con el ordenamiento laboral y sin
desconocer los derechos constitucionales fundamentales del peticionario, estuvo
bien denegada la tutela en ambas instancias.
7. De otra parte,
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de
abril 15 de 1980 respecto a la solicitud de reconocimiento de la pensión de
jubilación por parte del patrono precisó que:
"Si el patrono
tiene cómo establecer el número de cotizaciones realizadas por el trabajador y
la edad de este podrá solicitar a los Seguros el reconocimiento de la
respectiva pensión y hasta requerir su rápido diligenciamiento. El supuesto
contrario, es decir, el reconocimiento de esta facultad en el patrono para
dejarla exclusivamente en cabeza del trabajador y a su arbitrio, haría
nugatoria la causal cuando se trate de pensiones a cargo del Instituto de
Seguros Sociales, lo cual es inadmisible".
En el presente caso
se demostró que el Instituto de Seguros Sociales por petición de la Universidad
de Los Andes, mediante las resoluciones 012493 y 013522 de 1994, reconoció y
ordenó pagar al actor la pensión de jubilación a partir del mes de agosto de
1994, acto que en ningún momento configura un ejercicio indebido de las
facultades que posee la Universidad accionada como empleador; se concluye
entonces que las decisiones de instancia han sido acertadas al no encontrar
vulneración del derecho al trabajo por parte de la Universidad de Los Andes,
teniendo en cuenta que la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación constituye una conducta legítima de un particular, que torna
improcedente la acción de tutela de acuerdo con el artículo 45 del Decreto 2591
de 1991, aún como mecanismo transitorio, debido a que no es posible causar un
perjuicio irremediable, cuando el daño o perjuicio que se alega es causado por
un acto particular ajustado a derecho.
8. En relación con
los derechos de autor del actor sobre las investigaciones adelantadas en la
Universidad de los Andes durante varios años, comparte esta sala las razones
expuestas por los respectivos jueces de instancia, al considerar que el
Profesor Hugo Hoenigsberg Osorio, cuenta con otros medios de defensa judicial
idóneos, eficaces e inmediatos ante la jurisdicción ordinaria, previstos en la
Ley 23 de 1982, que regula el procedimiento aplicable, y en su desarrollo
pueden decretarse medidas preventivas en caso de una eventual vulneración de
los derechos protegidos en esta ley.
9. El actor
manifiesta que la Universidad de los Andes vulneró su derecho fundamental a la
libertad de investigación, al exigirle la entrega de las investigaciones que
adelantó durante los últimos treinta años en la Universidad, como profesor en
la facultad de ciencias biológicas.
En primer lugar es
necesario mencionar que la libertad de investigación del actor como docente
universitario, no se ha coartado por el hecho de que la Universidad de los
Andes le haya exigido a éste la entrega de las investigaciones adelantadas en
el Instituto de Genética de la Universidad, en razón a que la labor del
profesor Hoenigsberg como docente y director del instituto de Genética trae
implícita la función de investigador, y al terminar el contrato de trabajo por
el reconocimiento de su pensión de jubilación terminaría así su función de
investigador para con la Universidad; en este sentido, cabe advertirle al
peticionario que lo que garantiza la continuidad del pensamiento y del
desarrollo de unas investigaciones a lo largo del tiempo, y si es posible de la
permanencia de la validez de sus acertos, es la formación de escuela, de
discipulos, de alumnos y,si es del caso, de seguidores que repiten las experiencias,
las convalidan o las mejoran y, quizá, las revalúan.
En ningún caso, ni
siquiera dentro de los mas amplios marcos de los valores y de los principios
constitucionales de la Carta de 1991, ni en una interpretación extrema de
consideraciones como las que se destacan, resulta valido aspirar y mucho menos,
exigir su respeto por vía judicial a continuar por siempre en un solo lugar
como trabajador, ni como docente o investigador, ni como profesor; la
experiencia enseña lo contrario respecto de la vida, y en materia de la
investigación científica, de su reconocimiento y continuidad, lo cierto es que
son los discípulos quienes pueden tomar o retomar los esfuerzos sin que la
desvinculación, así sea abrupta del maestro, frustre temporalmente los
trabajos científicos y académicos.
10. No se encuentra
por tal motivo, vulnerado el derecho a la libertad de investigación, debido a
que, la Universidad de los Andes mantenía un contrato laboral que traía
implícita las funciones de docente e investigador, y ellas se han proyectado
con sumo vigor y fuerza en muchas latitudes, en las que el mencionado profesor
es reconocido y en los que tiene discípulos y alumnos; ellos se encargan de
profundizar sus ideas y de mantener vigentes las investigaciones.
Además, vale la pena
mencionar que el derecho a la libertad de investigación del actor como
científico no se ha vulnerado, ya que la Universidad de los Andes no le ha
limitado al profesor Hoenigsberg su creatividad de investigador, en razón a
que, al pedirle las investigaciones adelantadas no ha restringido su
capacidad, por lo que el actor puede continuar por fuera del centro educativo,
explorando nuevas áreas del conocimiento.
11. Por último,
dentro de las características de la acción de tutela, no se podría en este caso
obligar a un ente particular a reintegrar a un docente cuando la relación
laboral ha terminado por justa causa, como es el reconocimiento de la pensión
de jubilación, y no aparece ninguna ofensa ni a la dignidad, ni al buen nombre,
ni a la respetabilidad como investigador y docente de reconocida trayectoria
mundial.
Hay que destacar que
en ejercicio de la autonomía universitaria, no se puede obligar a un ente de
carácter privado o público, a tener a su servicio indefinidamente a determinado
docente, como tampoco forzar al centro educativo a mantener en sus
instalaciones a un ex- docente vigilando y coordinando las investigaciones que
adelanta la institución, porque se entraría a vulnerar la autonomía
universitaria del centro educativo. Además, de acuerdo con las pruebas
recaudadas se pudo establecer que, no obstante que el profesor que es
peticionario en esta oportunidad no estuvo de acuerdo con un proceso de
reorientación de los esquemas de dirección académica y de investigación que
venia adelantando la Universidad de los Andes, Colciencias y el ICFES, y que no
compartía las políticas en el orden interno de la universidad, en ningún caso
esto significó una represalia ni una persecución en contra suya, atentatoria de
la libertad de investigación o cátedra.
La Universidad de
los Andes al solicitar al actor la entrega de las investigaciones adelantadas
en el instituto de genética, no afecta el interés común de la comunidad, debido
a que la Universidad como ente
de derecho privado promueve y continua el desarrollo y culminación de los
proyectos adelantados por el actor, y de nuevos proyectos investigativos, a
través de la facultad de ciencias biológicas y del Instituto de Genética de la
Universidad.
12. El actor considera vulnerado su
derecho a la libertad de cátedra, por el hecho de que la universidad de los
Andes le suprimió las cátedras de evolución y genética, las cuales a su juicio
son producto de sus investigaciones en el laboratorio de la Universidad por más
de treinta años; empero como lo advierte esta Corte, aquella es el derecho
garantizado constitucionalmente a todas las personas que realizan una actividad
docente a presentar un programa de estudio, investigación y evaluación, que
según su criterio se refleja en el mejoramiento del nivel académico de los
educandos, y no genera derecho adquirido a la inamovilidad y a la continuidad
y permanencia por fuera de los límites de la carrera si es del caso, o de los
derechos pensionales, como aparece en este asunto.
En mérito de lo
expuesto, esta Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Primero. Confirmar las sentencias proferidas por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala de Decisión
Penal-, el 31 de octubre de 1994, y por la Corte Suprema de Justicia -Sala de
Casación Penal-, el 12 de diciembre de 1994.
Segundo. Líbrense por Secretaría las comunicaciones
de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese,
notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase.
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
429 | T-258-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-258/95
PEAJE-Obligatoriedad del pago
El denominado
"peaje" consiste en la tasa o retribución que el usuario de una vía
pública paga por su utilización, con el fin de garantizar la existencia y el
adecuado mantenimiento, operación y desarrollo de una infraestructura vial que
haga posible y eficiente el transporte terrestre. La obligación del pago del
peaje, la fijación de su monto y la exoneración de su pago, bien sea que el
Estado asuma directamente la responsabilidad de la construcción y mantenimiento
de las obras, o que la haga a través de la celebración de contratos de
concesión, es materia que corresponde regular única y exclusivamente al
legislador. antes que obstaculizarse el derecho a la educación del peticionario
y sus compañeros, por el contrario se ha facilitado su materialización, pues la
alcaldía municipal ha desplegado esfuerzos adicionales a los que implica el
funcionamiento del plantel educativo, mediante el suministro de un medio de
transporte pagado por ella.
REFERENCIA:
Expediente T-61607.
TEMA:
La obligación de pagar el peaje por el uso de la red
vial no afecta derechos constitucionales fundamentales.
PROCEDENCIA:
Juzgado Promiscuo Municipal de Guática (Risaralda).
PETICIONARIO:
Gerson Idárraga Gutiérrez.
MAGISTRADO PONENTE:
ANTONIO BARRERA CARBONELL.
Aprobada en Santafé
de Bogotá D.C. el catorce (14) de junio de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
La Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO
BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el
proceso de acción de tutela instaurado por Gerson Idárraga Gutiérrez, ante el
Juzgado Promiscuo Municipal de Guática (Risaralda) contra el Ministerio de
Transporte.
I. ANTECEDENTES.
1. Los hechos y
pretensiones.
El menor Gerson
Idárraga Gutiérrez, relata que reside en la vereda "La Palma" del
municipio de Guática (Risaralda), y cursa décimo grado en el "Colegio
Instituto San Clemente" del Corregimiento "San Clemente" de
dicha localidad.
Entre la vereda
"La Palma" y el corregimiento de "San Clemente" hay
aproximadamente nueve kilómetros y entre estos dos sitios existe el peaje de
"San Clemente" de la troncal de occidente.
Manifiesta que a él
y a ocho compañeros más residentes en la vereda aludida, se les está vulnerando
su derecho a la educación, toda vez que no pueden asistir o llegar puntualmente
a clases; al respecto señala que para su transporte y el de sus compañeros y
ante la imposibilidad de costearse el transporte, a través del bus
intermunicipal, pues sus padres son de escasos recursos económicos, el alcalde
municipal de Guática les facilitó el transporte al colegio con cargo al
Municipio, mediante la utilización de un vehículo de servicio público. Sin
embargo, al peticionario y a sus compañeros les corresponde sufragar los costos
del referido peaje, lo cual les resulta oneroso económicamente, motivo por el
cual muchas veces no cuentan con el valor del peaje y no pueden asistir a
clases.
2. El fallo que
se revisa.
El Juzgado Promiscuo Municipal de Guática
concedió a Gerson Idárraga Gutiérrez la tutela de los derechos reconocidos en
los artículos 13 (igualdad) y 44 (educación de los niños) de la Constitución y
ordenó al Ministerio de Transporte (Instituto Nacional de Vías) exonerar del
pago de la tasa de peaje por el uso de la vía en el peaje San Clemente al
propietario del vehículo de servicio público contratado por el Municipio donde
se transportan los estudiantes residentes en las veredas "La Palma" y
"La Ceiba". Para adoptar dicha decisión el juzgado expuso las
siguientes consideraciones:
Aludiendo a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a la educación, como
derecho deber en cuanto no solamente otorga prerrogativa a favor del individuo,
sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la
subsistencia del derecho, se pregunta el juzgado si "cuándo un alumno no
puede cumplir con dichos deberes por causas externas a su voluntad (falta de
recursos económicos para sufragar el costo de transporte o el pago del peaje),
se está vulnerando su derecho fundamental de acceso a la Educación?".
Responde el juzgado
dicho interrogante considerando que el derecho a la educación es un servicio
público que tiene una función social y que como es deber del Estado promover
las condiciones para alcanzar una igualdad real y efectiva, el acceso a la
educación debe ser garantizado libre de toda clase de interferencias que lo
anulen o lo limiten. En tal virtud anota que el derecho a la igualdad de
oportunidades se ve transgredido "ante el costo que representa para los
padres de familia la cancelación del peaje, a fin de que sus hijos tengan
acceso a la educación, al encontrarse en desigualdad por vivir en el campo,
donde toca hacer un gran esfuerzo no sólo físico sino económico diariamente
para que éstos puedan llegar al centro docente". Y que el Estado para
poder garantizar la igualdad real y efectiva a personas de escasos recursos económicos
debe prescindir de cobrar dicho servicio, más aún, si con ello se amenaza el
derecho a la educación que tienen los niños. Por lo tanto, dice el juzgado que
"ante la dicotomía y conexidad que existe entre el derecho al servicio
público, traducido en la cancelación de pago de peajes, con el derecho al libre
acceso a la educación de menores de edad, que acarrea para personas de escasos
recursos económicos, como son los de la vereda La Palma y la Ceiba, hace
practicable de estos últimos la protección constitucional del artículo
86".
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1. Competencia.
La Corte es
competente para conocer de la revisión del fallo de la referencia, en virtud de
las facultades que le confieren los artículos 86 de la Constitución Política y
31 a 36 del decreto 2591 de 1991.
2. La educación
como derecho fundamental. Vulneración cuando se afecta o amenaza su núcleo
esencial.
2.1. La Corte en numerosas sentencias de tutela
y constitucionalidad ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre el carácter de
fundamental del derecho a la educación. En efecto, esta misma Sala en la
sentencia T-236/94, dijo:
"Como
derecho, la educación supone la oportunidad que tiene la persona humana de
acceder a la variedad de valores que depara la cultura, que le permiten
adquirir conocimientos para alcanzar el pleno desarrollo de su personalidad,
los cuales la colocan en la posibilidad real de participar, en igualdad de
condiciones, en el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el del
trabajo, que son condición para lograr una especial calidad de vida. La
educación, de otra parte, habilita al ser humano para conocer y apreciar
racionalmente los principios y valores democráticos y de participación
ciudadana previstos en la Constitución".
"La importancia
esencial de la educación se destaca cuando se advierte que asume el carácter de
un derecho instrumental o derecho medio, en cuanto se convierte, como se ha
anotado, en la clave del desarrollo de la personalidad y del ejercicio de otros
derechos cuya efectividad sería utópica sin su mediación, al tiempo que cumple
el objetivo constitucional de formar un hombre respetuoso de los derechos
humanos, amante de la paz y la democracia, y receptivo al cumplimiento de los
deberes que son correlativos a los derechos y libertades reconocidos en la
Constitución (arts. 67 y 95)".
En sentencia T-309
de 1993, la Corte Constitucional tuvo oportunidad de señalar, cómo el
desconocimiento del derecho a la educación se traduce en la violación de los
derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad. Así se
pronunció el organismo:
"Se
desconoce el derecho a la igualdad , ya que por la función misma que cumple el
proceso educativo, la educación es uno de aquéllos derechos que realiza
materialmente el principio, y "en la medida en que la persona tenga
igualdad de posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la
vida para efectos de su realización como persona".
(....)
"Se
quebranta el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues es entendido
que entre los fines que a la educación se asignan, figuran entre otros, el de
propiciar el libre desarrollo de la personalidad, de acuerdo con las aptitudes
y aspiraciones del individuo, fomentando al mismo tiempo la conservación y
superación de la persona a través de la transmisión de conocimientos, técnicas,
actitudes y hábitos. Dicho derecho posee el carácter de esencial a toda
persona, y, por lo tanto, fundamental" .
"Ahora, si
bien la educación es un derecho fundamental y se consagra como un servicio
público, en cuanto que constituye una actividad de interés general que se ha de
satisfacer, bien por el Estado o bajo su vigilancia por los particulares, su
prestación está condicionada por las limitaciones que surgen de las propias
posibilidades operativas y de cobertura de las instituciones que la ofrecen
(limitación material) y, además, por los requerimientos académicos y
administrativos (limitación técnica) que éstas reclaman de quienes pretenden
acceder a sus aulas".
2.2. No obstante la consideración de la
educación como un derecho fundamental que debe ser garantizado y respetado por
el Estado, y que puede ser exigido a través de la tutela, cuando por acción u
omisión de una autoridad pública resulte vulnerado o amenazado, esta misma Sala
precisó:
"La
violación directa o eventual del derecho a la educación, o de cualquier otro
derecho fundamental, exige como precondición necesaria, para que opere la
tutela como un instrumento judicial de protección, que su quebrantamiento o la
amenaza de tal, además de ser un hecho cierto, tenga la entidad suficiente como
para afectar en forma grave su existencia. No cualquier desconocimiento ni
amenaza, puede tomarse como causa determinante y justificativa de la acción de
tutela, sino aquélla que evidencie un daño esencial del núcleo del derecho, de
manera que resulte imposible o muy difícil su ejercicio por su titular en el
futuro. O dicho de otra manera, puede decirse que la tutela se explica cuando
ocurre un desconocimiento básico del derecho o se da una amenaza de serlo con
esa misma intensidad, de suerte que si no se remueven los obstáculos
antijurídicos que lo afectan o se superan los vacíos que constituye su origen,
el derecho se desdibuja de tal suerte que no es posible ejercerlo o,
simplemente, no llega a ser una realidad".[1]
3. El pago del
peaje, tasa por la utilización de una vía pública.
Dentro del Estado
Social de Derecho los servicios públicos constituyen un cometido estatal
inherente a su finalidad. Sin que interese el régimen jurídico aplicable a
ellos, el cual debe ser definido por el legislador, ni que deban ser prestados
por el Estado, directa o indirectamente, o por comunidades organizadas, o por
los particulares, la satisfacción de los intereses públicos sociales que
conlleva todo servicio público, comporta su funcionamiento de manera
permanente, regular y continua, en condiciones de eficiencia, por la necesidad
de asegurar a la comunidad el suministro de los beneficios concretos que ella
demanda como una necesidad inaplazable, en forma general o a través de
diferentes sectores sociales particularizados, lo cual se garantiza a través de
las competencias que se le asignan al Estado para regularlo, en todo tiempo, y
para imponer el control y la vigilancia requeridos para su adecuada prestación.
Declara el artículo
366 de la Constitución que "el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado", lo
cual da a entender que de modo general éstas son metas esenciales a las cuales
debe apuntar la actividad estatal que se realiza a través de la prestación de
la gran variedad de servicios públicos consustanciales al Estado Social de
Derecho. Igualmente la norma desciende de lo general a lo concreto, al
determinar que el objetivo fundamental de dicha actividad lo constituye la
solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de
saneamiento ambiental y de agua potable, y para ello instituye el llamado gasto
público social.
La prestación de los
servicios públicos, en cuanto contribuyen al bienestar de la población y al
mejoramiento de su calidad de vida, al mismo tiempo son el instrumento para la
creación de las condiciones que preservan y fortalecen la vigencia y el goce
efectivo y real de los derechos fundamentales de las personas. Tal es el caso
de la educación que es un derecho de la persona que se ve fortalecido por la
prestación de la gran variedad de servicios públicos, en general, y al mismo
tiempo, demanda la organización y funcionamiento de un servicio público
específico a cargo del Estado y los particulares para hacerlo real y efectivo.
Salvo en el caso de
algunos de los llamados servicios públicos sociales, en que quien recibe el
servicio paga por el mismo muy poco o nada, asumiendo una posición de
beneficiario antes que de usuario, e igualmente, en los servicios públicos
domiciliarios en que se proveen "subsidios para que las personas de
menores ingresos puedan pagar las tarifas... que cubran sus necesidades
básicas", quien utiliza o hace uso del servicio público está en la
obligación de pagar una retribución o tasa. (art. 368 C.P.).
El denominado
"peaje" consiste en la tasa o retribución que el usuario de una vía
pública paga por su utilización, con el fin de garantizar la existencia y el
adecuado mantenimiento, operación y desarrollo de una infraestructura vial que
haga posible y eficiente el transporte terrestre.
Las tasas
correspondientes al peaje que recaudan los contratistas concesionarios tienen
su origen en la celebración de contratos -antes denominados en el decreto 222
de 1983 (art. 105) de concesión por el sistema de peaje- modalidad del contrato
de obra pública, y que la ley 80 de 1993, actual estatuto contractual, conserva
como una forma del contrato de concesión cuyo objeto sea "la construcción,
explotación o conservación total o parcial de una obra o bien destinados al
servicio o uso público" y las actividades conexas necesarias para la
adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio, por cuenta y riesgo
del contratista concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad
concedente contratante "a cambio de una remuneración que puede consistir
en derechos, tarifas, tasas, valorización o en la participación que se le
otorgue en la explotación del bien, o en suma periódica, única o porcentual y,
en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes
acuerden (art.32. ordinal 4o).
Si el cobro del
peaje, constituye un derecho del contratista concesionario, derivado del
contrato de concesión, la entidad pública concedente (Nación, Santafé de Bogotá
D.C., Departamento y Municipio), no puede exonerarlo de su pago, a no ser que
la ley lo autorice, lo cual implica que ella asume directamente el costo del
servicio, pues de lo contrario se colocaría en la situación de incumplimiento
del contrato.
La obligación del
pago del peaje, la fijación de su monto y la exoneración de su pago, bien sea
que el Estado asuma directamente la responsabilidad de la construcción y
mantenimiento de las obras, o que la haga a través de la celebración de
contratos de concesión, es materia que corresponde regular única y
exclusivamente al legislador. Así, de conformidad con el artículo 1o del
decreto 0767 del 12 de abril de 1957 "el pago de peaje en las
carreteras en que se cobra este gravamen es obligatorio para toda clase de
vehículos automotores que transiten por ellas sin excepción alguna".
La ley 105 del 30 de
diciembre de 1993 (art. 21) dispuso, en lo pertinente:
"Para la
construcción de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, esta
contara con los recursos que se apropien en el presupuesto nacional y además
cobrara el uso de las obras de infraestructura de transporte de los usuarios,
buscando mantener su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo".
"Para estos
efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la
infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro
se usarán exclusivamente para ese modo de transporte".
La misma norma
(letra b del inciso 3o) exoneró del pago del peaje a las motocicletas y
bicicletas.
4. Caso concreto.
4.1. En el caso subjudice el peticionario alega
la vulneración del derecho a la educación, en razón de que para poder asistir a
clases al Colegio Instituto San Clemente, tanto él como sus compañeros deben
sufragar el costo del peaje del vehículo de servicio público puesto a su
disposición por el municipio para permitirles su desplazamiento diario al
plantel educativo. Dado que dicho peticionario ni sus compañeros cuentan con
recursos económicos suficientes, se afirma que muchas veces no han podido pagar
el costo del peaje, con el resultado de que han dejado de asistir a clases, lo
cual ha impedido el ejercicio del derecho a la educación.
Expresa el juzgado
que en el presente caso se viola el derecho a la igualdad al imponer a
personas que viven en el campo, donde las condiciones son mucho mas difíciles
que en la ciudad, un esfuerzo económico, el pago de un peaje, para que sus
hijos puedan estudiar.
No encuentra la Sala
que exista violación del derecho de igualdad, por que el legislador ha
determinado el cobro de una tasa por la utilización de una vía pública, sin que
objetivamente interese si ella grava a quienes residen en la ciudad o en el
campo, pues la tasa representa la retribución por el servicio que se presta a
través de la infraestructura vial. La discriminación se presentaría, si
atendidas las condiciones personales (sexo, raza, origen familiar o nacional,
etc) de los usuarios, se determinarse por el legislador o quienes realizan el
cobro del peaje, las personas que deben pagarlo y quienes están exoneradas de
ello.
En cuanto a la
alegada violación del derecho a la educación considera la Sala que no se
vulnera su núcleo esencial, pues como lo ha sostenido esta misma Sala en la
aludida sentencia T-136/94, no cualquier afectación del referido derecho hace
procedente la acción de tutela, sino aquella que es producto de una actuación u
omisión de la autoridad que de manera patente y directa implique un menoscabo
del núcleo esencial del derecho, de suerte que se haga imposible o difícil en
extremo su ejercicio.
El pago del peaje
que debe realizar el peticionario, conjuntamente con sus compañeros, para poder
asistir a clases en el mencionado colegio, no implica limitación o menoscabo
del núcleo esencial de su derecho a la educación, porque el pago del peaje, si
bien representa un esfuerzo económico para los estudiantes, tiene una
justificación en el hecho de que deben pagar una tasa obligatoria por la
utilización de un servicio público y ello no implica violación de dicho núcleo
esencial, pues aquél obedece a una situación externa al servicio de educación.
La presunta
limitación que se dice imponer al peticionario y a sus compañeros para estudiar
no emana propiamente de la institución o del sistema educativo municipal, sino
de una exigencia legal que, en principio, no se aprecia que viole de manera
flagrante la Constitución; es decir, el pago del peaje constituye una
obligación legitima a cargo de quienes utilicen la red vial que puede ser
exigida por la Nación a través del concesionario encargado de su mantenimiento
y desarrollo.
Advierte la Sala
además, que en el expediente obran declaraciones que le permiten establecer la
existencia, no sólo de otros medios para que los estudiantes de la vereda
"La Palma" del municipio de Guática puedan asistir a sus clases,
sino la presencia de otras causas por las cuales algunas veces no pueden llegar
a tiempo a tomar dichas clases. En efecto, la menor Mary Luz Idárraga Hoyos,
quien se encuentra en la misma situación del peticionario, manifestó que a ella
"le sale más económico caminar para llegar al bus que la lleve al Colegio
que acarrear los costos del peaje del vehículo que les suministro el
Municipio"; el menor Mario Andrés Naranjo Echavarría, afirmó que reside en
la misma vereda en la cual vive el peticionario y que le sale más económico
salir caminando por la carretera y pagar el transporte del bus que hacer uso
del vehículo suministrado por el Municipio por el costo del peaje; los menores
Lina María Tabares Zuluaga y Elvi María Gutiérrez García, depusieron en
idéntico sentido, pero anotando, esta última, que a veces cuando llega al sitio
donde debe abordar el bus, éste se adelanta o se atrasa, lo que la imposibilita
a veces llegar temprano a clases.
Todo lo anterior es
indicativo de que ni existe violación del núcleo esencial del derecho a la
educación en el presente caso, ni el pago del peaje es la causa única y
determinante por la cual, en ocasiones, los estudiantes no pueden llegar
puntualmente a clases.
La Sala anota
finalmente que antes que obstaculizarse el derecho a la educación del
peticionario y sus compañeros, por el contrario se ha facilitado su
materialización, pues la alcaldía municipal de Guática ha desplegado esfuerzos
adicionales a los que implica el funcionamiento del plantel educativo, mediante
el suministro de un medio de transporte pagado por ella, para que los
estudiantes residentes en las veredas de "La Palma" y "La Ceiba"
puedan asistir oportunamente a clases.
No encuentra en
consecuencia la Sala mérito para estimar que se han violado los derechos
fundamentales a la igualdad y a la educación del peticionario y, por
consiguiente, revocará la decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de Guática y
dispondrá no conceder la tutela impetrada.
IV. DECISION.
Por las razones
señaladas, la Corte Constitucional en Sala Segunda de Revisión, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del veinticinco (25) de
noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) proferida por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Guática (Risaralda) y, en consecuencia, NO CONCEDER la
tutela impetrada.
SEGUNDO: LIBRAR las comunicaciones a que se
refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí previstos.
Notifíquese, cópiese, publíquese en la
Gaceta de la Corte constitucional y cúmplase.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] T-136/94. |
430 | T-260-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-260/95
CORTE
CONSTITUCIONAL-Revisión de
tutela/DESISTIMIENTO DE TUTELA-Improcedencia
Cuando se
adelante la revisión de un caso seleccionado por la Corte, las personas que han
solicitado la protección judicial de sus derechos no pueden desistir de sus
pretensiones iniciales, pues en ese nivel no están disponiendo ya de su interés
particular, concreto y específico, sino que está comprometido un interés público.
La revisión de la Corte no opera por la voluntad de ninguno de los
intervinientes en el trámite adelantado ante los jueces de instancia, ni por
virtud de recurso alguno, sino por ministerio de la norma constitucional. Por
ello, en los procesos materia de revisión, se rechazarán los escritos de
desistimiento y se resolverá en todos los casos.
ACCION DE TUTELA-Improcedencia/MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL/ACTO ADMINISTRATIVO/JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA/POLICIA
NACIONAL-Grados de suboficiales/PATRULLEROS
Las pretensiones
de los accionantes no encajan dentro del sentido y las finalidades de la acción
de tutela. Cuando la ley ha establecido otras posibilidades de acudir ante los
jueces, siempre que sean eficaces para la defensa de los derechos comprometidos,
no cabe en principio la tutela. La situación de los demandantes en los procesos
acumulados materia de examen no cae dentro de los indicados presupuestos, ya
que su alegato se relaciona directamente con la aplicación de las disposiciones
legales que regulan el otorgamiento de los grados de suboficiales dentro de la
Policía Nacional, previos los cursos de preparación académica allí mismo
exigidos. Tales decisiones de la Institución se plasman en resoluciones, que
son actos administrativos contra los cuales es posible intentar las acciones
ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, precisamente con el fin de
lograr su nulidad y el restablecimiento de los derechos que se consideran
afectados.
PERJUICIO
IRREMEDIABLE-Inexistencia/ACCION
DE TUTELA TRANSITORIA-Improcedencia
El juez de tutela
está obligado a fundamentar la calificación que haga de un perjuicio
irremediable, con razones que consulten el sentido extraordinario de la
protección temporal y su consecuente interpretación restrictiva, a la luz de la
Constitución y según los hechos objeto de examen. No existió violación palmaria
y ni siquiera aparente de los preceptos constitucionales y, por ende, mal podía
hablarse siquiera de una tutela transitoria para evitar un perjuicio
irremediable. Téngase en cuenta, además, que éste, para hacer viable la
protección judicial, debe establecerse como grave e inminente y estar
indudablemente vinculado con las acciones u omisiones que se imputan a la
autoridad demandada, supuestos que en el caso de autos no se configuran.
-Sala Quinta de Revisión-
Ref.: Expedientes
acumulados T-53448, T-54740, T-54811, T-55817, T-59135, T-61483
Acciones de
tutela instauradas por
HERSSON ANTONIO
ACEVEDO VALENCIA y otros contra la POLICIA NACIONAL.
Magistrado
Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de junio de mil
novecientos noventa y cinco (1995).
La Corte
Constitucional, por intermedio de su Sala Quinta de Revisión, procede a
efectuar el examen de los fallos proferidos para resolver sobre el asunto en
referencia.
I. INFORMACION
PRELIMINAR
Las sentencias
objeto de revisión tuvieron origen en las acciones de tutela instauradas contra
la Policía Nacional por
HERSSON ANTONIO
ACEVEDO VALENCIA, NELSON EDUARDO ACUÑA HERNANDEZ, JORGE ANDRES ARBELAEZ
RAMIREZ, WILMAR DE JESUS BEDOYA RIOS, RICARDO BENAVIDES ZAMBRANO, LUIS EDUARDO
FIGUEROA CASTRILLON, WILSON HERNEY GALINDO MORA, FRANCISCO ERNESTO GARCIA
ROJAS, HECTOR FABIO GUACHETA CUESTA, FARLEY LOPEZ BUITRAGO, JHONNY MADERA
ROMERO, WALTER MORENO MARTINEZ, JULIAN SANDOVAL FUENTES, GUILLERMO VALENCIA
HINESTROZA, GUEVARO VLADIMIR ZAPATA LONDOÑO, LUIS BALTAZAR ZULUAGA GONZALEZ,
JAIME MARTINEZ ROJAS, HERNANDO LARA MENDOZA, WILLIAM ALBA TRUJILLO, LUIS
ERNESTO DELGADO, HECTOR YAIR FERNANDEZ CRESPO, ANTONIO FRANCO HOOVER, ASCENCION
GUZMAN WILMAN, ALVARO ERNESTO LOPEZ HERNANDEZ, JUSTO GUILLERMO MARTINEZ OROZCO,
JUAN BAUTISTA MEJIA PACHECO, WILSON MONTES CASTRILLON, MILTON CESAR MONTES
HOYOS, AIMER WILLIAM MOSQUERA, CARLOS MARIO MUNERA, PABLO MUÑOZ QUINTERO, EDER
DE JESUS ORTEGA WILCHES, EDGAR ROLANDO PAZ DELGADO, JOSE PERALTA ESCALANTE,
YIMI QUINTERO TRIVIÑO, LEONARDO RIATIVA DIAZ, ELKIN RUIZ RUIZ, WILLIAM SOLER
AMAYA, HECTOR ALONSO VALENCIA, AFRACNY JOSE VALERA HERNANDEZ, ALVARO ALBA
ARIAS, HECTOR ANDRES ALBAN DELGADO, LUIS ADRIANO ALVAREZ ABONAGA, JORGE LUIS
ALVIS LOPEZ, RUBEN DARIO ALZATE CASTRO, LEON DARIO ARBOLEDA VELEZ, ALEXANDER
ARIZA LOZADA, JHON FREDY ARROYAVE BONILLA, JORGE ELIAS ASTUDILLO TABORDA, FARDY
JOSE ATENCIA OLIVA, CARLOS JAVIER AVILA CACERES, PEDRO DAGOBERTO BALLEN LOZANO,
HENRY BALLESTEROS AGUIRRE, SAMUEL BEDOYA ARANGO, HECTOR DANILO BEDOYA RIVERA,
JORGE RENE BETANCUR ARANGO, JESUS WILSON BOCANEGRA, WILLIAM BOLIVAR LIZARAZO,
JORGE LUIS CANTERO HERRERA, JOSE FERNANDO CARDENAS RINCON, WILMAR ELGIDIO
CARDONA QUINTERO, TEOFILO CARMONA PAEZ, MAURICIO DE JESUS CARVAJAL MARIN,
EDINSON CASTAÑEDA CASALLAS, ERNEY CASTAÑO ARBELAEZ, OSCAR HERNANDO CASTAÑO
VASQUEZ, JESUS DAVID CASTRO MARTINEZ, FLORESMIRO CERQUERA DUSSAN, EDWIN
CORREDOR SIERRA, ROBINSON CORTES CABEZAS, CLEMENTE CHICO CRESPO, WILMER RAMON
DE LA OSSA VEGA, LUIS ARIEL DELGADO CASTRILLON, ENRIQUE DELGADO MOSQUERA, JOSE
RAMON DIAZ GRANADOS BOLAÑOS, ROBERTO CARLOS DIAZ PINTO, WILSON EZEQUIEL
FONTECHA HERNANDEZ, WALTER NENCER FORERO ROJAS, JORGE ALBERTO GALINDO MUÑOZ,
HIGINIO MOISES GARCIA, WILLIAM ROSME GETIAL RAMIREZ, JAIRO ALCIDES GIRALDO REY,
MARIO GIRALDO TORRES, GABRIEL GOMEZ CORONADO, EDUARDO GOMEZ DIAZ, CESAR ANTONIO
GOMEZ LOPEZ, JESUS JAIRO GOMEZ ZULUAGA, EDGAR GONZALEZ BEJARANO, JHONNY SAMIR
GONZALEZ GONZALEZ, ALBERTO GONZALEZ PEÑA, RAFAEL ALVEIRO GRANADOS CELIS, JORGE
RENE GRIMALDO BARRIENTOS, MARINO ANTONIO GUEVARA NOSCUE, WILLIAM ALONSO GUIO
CONTRERAS, MARIO GUTIERREZ BAQUERO, JESUS MARIA GUTIERREZ TELLO, JHON JAIRO
GUTIERREZ VASQUEZ, RAUL ARMANDO GUZMAN PAREDES, LUIS ALEXANDER HERNANDEZ
ESCOBAR, ELIAS JAVIER HERNANDEZ TORRES, EYLER YESID HOYOS GOMEZ, EDDIE IBARGUEN
MOSQUERA, HERMES RAFAEL JIMENEZ BORJA, ELIECER DE JESUS LARGO CASTAÑO, JOSE
MAURICIO LONDOÑO PIEDRAHITA, DIEGO MARIO LOPEZ GUERRERO, WILMER MIGUEL LORDUI
HERNANDEZ, JOSE JOAQUIN MARIN AGUIRRE, HERNAN ALONSO MARIN CALLE, JAIME RUBIEL
MARIN TORO, FRANCISCO MARTINEZ CEBALLOS, GERMAN MARTINEZ TORRES, RAUL ANTONIO
MAZA VILLEGAS, JAIR MEJIA BOLAÑOS, LUIS GUILLERMO MELENDEZ HERNANDEZ, DIEGO
UBEIMAR MENESES, JOSE OCTAVIO MOLINA ORTIZ, ENRIQUE MORALES TORRES, EDUIN
MOSQUERA BEÑOL, RIGOBERTO MUÑOZ MONROY, NORVEY DE JESUS NARANJO PARRA, JULIO
CESAR NARANJO SANCHEZ, JOSE ADOLFO OJEDA AMARILLO, JUAN BAUTISTA OLAEZ CARDONA,
HOLLMAN ALEX OLIVARES GARCIA, SANDRO ALONSO ORDOÑEZ ALBORNOZ, FREDY ARLES
ORDOÑEZ NARVAEZ, LUIS MIGUEL OROZCO PALACIO, JORGE WILSON OROZCO SERNA, JHON
JAIRO OSORIO ARENAS, NELSON ENRIQUE OSORIO VILLAMIL, LEISSON FERNAN OSPINA
PALACIOS, ALLEN DARIO OSPINA VERGARA, LUIDYN ALEXANDER PACHECO CANTILLO,
FRANKLIN PALACIOS CORDOBA, JORGE ENRIQUE PALOMEQUE QUESADA, HENRY PARADA PLATA,
ALEXANDER PARDO MALDONADO, HERMES DE JESUS PEÑA ACOSTA, HENRY GABRIEL PEREZ
RINCON, MARIANO PEREZ RINCON, JOSE IGNACIO PEREZ ROMERO, JOSE GREGORIO PIMIENTO
CAMARGO, JHON POLOCHE CASTAÑO, CARLOS ADOLFO PRADO ORDOÑEZ, JUAN CARLOS PUENTES
RAMIREZ, LUIS EDUARDO QUESADA BARRIOS, JESUS MARIA QUINTERO HOYOS, LEOCADIO
ANTONIO RAMIREZ GALLEGO, TEDDY ENRIQUE REGUILLO CHARRIS, LUIS FERNANDO REINA
LOZANO, LUIS CARLOS RESTREPO JARAMILLO, VICTOR HAROLD REYES LOPEZ, ALEXANDER
RIVAS COPETE, JHON EDUARDO RIVERA GIRALDO, JHON JAIRO RIVERA URREA, IVAN DARIO
ROBLEDO HERRERA, NILSON ROMAÑA PALACIOS, DAVID GONZALO DE JESUS RUA, JOSE
ARNULFO RUEDA BOLIVAR, NELSON SANABRIA CASTEBLANCO, NELSON HERNAN SALCEDO
COTACIO, HAROLD SANCHEZ SABOGAL, JHON ALEXANDER SARMIENTO GOMEZ, FERNANDO
SEPULVEDA RIVEROS, REINALDO MOISES SERRANO MONTES, JAIRO ANTONIO SOLANO CELY,
JHON JAIRO TANGARIFE OSORIO, DIOGENES TORRES ROMERO, WANDER TRULLO CLAROS,
FEDERICO URIZA CARO, URIEL USECHE LOZANO, JAIRO ALBERTO VALENCIA ARROYAVE,
ARNULFO VALENCIA CASTRO, HECTOR FABIO VALENCIA VARGAS, ALI ALFONSO VANEGAS
PEREZ, NELSON EDUARDO VARGAS CARDENAS, ALEXANDER VARGAS TASCON, JORGE ENRIQUE
VASQUEZ GITIERREZ, RONAL EUSTAQUIO VELANDIA CHACON, JUAN VICENTE VELASCO
BURGOS, LUIS EDUARDO VERGARA TORO, OSCAR HERNAN VILLALOBOS CHAVARRO, ELIEL
VILLEGAS RESTREPO, ALFONSO RODGERS PADILLA y MILCIADES ARTUNDUAGA CASTRO,
quienes consideraron que les habían sido violados sus derechos a la igualdad,
al trabajo y a escoger libremente profesión u oficio.
Los accionantes
ingresaron el 1 de marzo de 1993 a la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá
-Valle-, con la aspiración de ser escalafonados como suboficiales de la Policía
Nacional. Sin embargo, en el mes de febrero de 1994, días antes de obtener el
grado de "cabo segundo", la Dirección Docente de la Policía Nacional
y la Dirección de la Escuela Simón Bolívar, les informaron que obtendrían
únicamente el grado de "patrullero".
En concepto de los
peticionarios, la Policía Nacional, al graduarlos en el nivel ejecutivo como
patrulleros y no como suboficiales en la categoría de cabos segundos, les
vulneró los derechos a la igualdad, al trabajo y la libertad de escoger
profesión u oficio, retrasando, al mismo tiempo, en por lo menos cuatro (4)
años, sus ascensos, con las consecuencias que esto implica en materia económica
y prestacional.
Los accionantes
pretendían que la Policía Nacional en cumplimiento de fallos de tutela, anulara
o revocara las resoluciones mediante las cuales fueron graduados como
patrulleros; que, como consecuencia de dicha revocatoria, fueran ascendidos
retroactivamente al grado de cabo segundo o su equivalente; y que se ordenara a
su favor el pago de los sueldos, primas, prestaciones, bonificaciones y demás
emolumentos dejados de recibir.
II DECISIONES
JUDICIALES
Para resolver sobre
las acciones incoadas, los jueces ante los cuales fueron tramitadas resolvieron
así:
1) Dentro del
Expediente T-53448, el Juzgado 67 Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá, en
providencia del 22 de septiembre de 1994, con el argumento principal de que los
accionantes disponían de otro medio de defensa judicial, decidió rechazar por
improcedente la acción de tutela.
Impugnado el fallo,
fue confirmado en su integridad, con base en las mismas razones, mediante
sentencia del Juzgado 34 penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá proferida el
2 de noviembre de 1994.
2) Respecto del
Expediente T-54740, el Juzgado 28 Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá, en
fallo del 3 de octubre de 1994, resolvió no tutelar los derechos invocados por
cuanto, a su juicio, existían otros medios de defensa judicial y por haber
entendido que lo alegado por los accionantes no correspondía al concepto de
derechos adquiridos.
Impugnada la
decisión, fue confirmada por iguales motivos, mediante fallo del Juzgado 37
Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, dictado el 8 de noviembre de 1994.
3) En lo que se
refiere al Expediente T-54811, el Juzgado 64 Penal Municipal de Santa Fe de
Bogotá, por sentencia del 20 de septiembre de 1994, no accedió a la protección
solicitada por existir, según su criterio, otro medio de defensa judicial.
Impugnada la
providencia, fue revocada por el Juzgado 27 Penal del Circuito de Santa Fe de
Bogotá, mediante fallo del 25 de octubre de 1994, por el cual se decidió
tutelar los derechos de igualdad, trabajo y petición y, en consecuencia,
ordenar a la Dirección General de la Policía Nacional graduar a los
peticionarios "en el cargo de suboficiales cabos segundos", con
efectos a partir del 1 de abril de 1994, con todas las prerrogativas laborales
correspondientes.
Estimó el Juzgado
que la Policía Nacional había discriminado a los accionantes, dándoles trato
distinto al indicado para el nivel al cual fueron vinculados, so pretexto del
tránsito de legislación aplicable. Por sustracción de materia -dijo la
Sentencia- se desconoció o guardó silencio en relación con los alumnos de la
Policía en curso, separándolos de su aspiración a suboficiales y
desmejorándolos en su nivel de grado como en sus condiciones prestacionales.
4) En el Expediente
T-55817, el Juez 65 Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá, por fallo del 19 de
septiembre de 1994, no concedió la tutela por encontrarla improcedente, dada la
existencia de otros medios de defensa judicial.
El fallo fue
impugnado y resolvió en segunda instancia el Juzgado 48 Penal del Circuito de
Santa Fe de Bogotá, mediante fallo del 26 de octubre de 1994. Se confirmó la
providencia de primera instancia con apoyo en las mismas razones.
5) Dentro del
Expediente T-59135, el Juez 11 Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá negó la
tutela instaurada (Sentencia del 7 de octubre de 1994), por estimar que
existían otros medios de defensa judicial.
La providencia no
fue impugnada.
6) En relación con
el Expediente T-61483, el Juzgado 41 Penal Municipal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá, por fallo del 9 de diciembre de 1994, negó el amparo, toda vez que,
en su sentir, los solicitantes disponían de otros medios de defensa judicial.
La sentencia no fue
impugnada.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
Según lo disponen
los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y el Decreto
2591 de 1991, la Corte Constitucional, a través de su Sala Quinta, es
competente para revisar los fallos proferidos al resolver acerca de las
acciones instauradas en el asunto de la referencia.
Las providencias
materia de examen fueron debidamente seleccionadas, acumuladas y repartidas a
esta Sala.
Atendiendo a la
unidad de materia y puesto que la totalidad de las acciones fueron dirigidas
contra la Policía Nacional, se decidirá acerca de las solicitudes de tutela
mediante un solo fallo.
Función de la
Corte Constitucional en materia de tutela. Improcedencia del desistimiento en
la etapa de revisión
En el asunto objeto
de análisis los solicitantes MOISES GARCIA HIGINIO, JAIRO ALCIDES GIRALDO REY,
LUIS ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR y CLEMENTE CHICO CRESPO presentaron a la Corte
Constitucional escritos mediante los cuales desistían de las acciones
instauradas.
El desestimiento no
es posible en materia de tutela cuando ya el asunto ha sido seleccionado por la
Corte para revisión, dada la naturaleza de ésta.
La acción de tutela,
según el artículo 86 de la Constitución, únicamente tiene dos instancias: la
que se tramita por el juez o tribunal ante el que ha sido incoada y la que
tiene lugar ante el superior jerárquico de aquél si alguna de las partes ha
impugnado el primer fallo.
El papel que cumple
la Corte Constitucional cuando aborda la revisión eventual consagrada en los
artículos 86 y 241, numeral 9, de la Carta Política no es otro que el de
unificar a nivel nacional los criterios judiciales en la interpretación y
aplicación de las normas constitucionales, precisando el alcance de los
derechos fundamentales, trazando pautas acerca de la procedencia y desarrollo
del amparo como mecanismo de protección y efectividad de los mismos y estableciendo
la doctrina constitucional, que según el artículo 8º de la Ley 153 de 1887,
declarado exequible por Sentencia C-083 del 1 de marzo de 1995, es obligatoria
para los jueces en todos los casos en que no haya normas legales exactamente
aplicables al caso controvertido.
En últimas, la
Constitución Política es una sola y el contenido de sus preceptos no puede
variar indefinidamente según el criterio de cada uno de los jueces llamados a
definir los conflictos surgidos en relación con los derechos fundamentales.
Es verdad que, como
esta Corporación lo ha sostenido repetidamente, uno de los principios de la
administración de justicia es el de la autonomía funcional del juez, en el
ámbito de sus propias competencias (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena.
Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992), pero ella no se confunde con la
arbitrariedad del fallador para aplicar los preceptos constitucionales. Si bien
la jurisprudencia no es obligatoria (artículo 230 de la Constitución Política),
las pautas doctrinales trazadas por esta Corte, que tiene a su cargo la guarda
de la integridad y supremacía de la Carta Política, indican a todos los jueces
el sentido y los alcances de la normatividad fundamental y a ellas deben
atenerse. Cuando la ignoran o contrarían no se apartan simplemente de una
jurisprudencia -como podría ser la penal, la civil o la contencioso
administrativa- sino que violan la Constitución, en cuanto la aplican de manera
contraria a aquélla en que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad
a través de la doctrina constitucional que le corresponde fijar.
Tales son los
fundamentos de la revisión eventual confiada a la Corte, pues mediante ella, a
propósito de casos concretos que constituyen ejemplos o paradigmas, la
Corporación sienta doctrina sobre la interpretación de las normas
constitucionales y da desarrollo a los derechos fundamentales y a la acción de
tutela como mecanismo consagrado para su protección.
No se trata de una tercera
instancia a la que según las reglas del Decreto 2591 de 1991 (artículo 33)
tendrían acceso tan sólo las personas interesadas en los procesos
discrecionalmente escogidos por las salas de selección de la Corte, pues ello
implicaría un trato discriminatorio injustificado que en sí mismo desconocería
los derechos a la igualdad (artículo 13 C.P.) y de acceso a la administración
justicia (artículo 229 C.P.). No. El objetivo primordial de la revisión
eventual, mucho más allá de la resolución específica del caso escogido, es el
análisis de fondo sobre la manera como se ha interpretado y aplicado por los
jueces la preceptiva constitucional y la definición que hace la Corte, en el
plano doctrinal, acerca de cómo debe entenderse y aplicarse en casos
posteriores en los que surja el mismo debate, a propósito de hechos o circunstancias
regidas por idénticos preceptos.
Por supuesto, es
indispensable que el caso particular, a partir de ese examen, sea también
resuelto por la Corte, bien confirmando, ya modificando o revocando los fallos
de instancia. Pero tal resolución no es el único ni el más importante propósito
de la revisión y viene a ser secundario frente a los fines de establecimiento
de la doctrina constitucional y de unificación de la jurisprudencia, que tienen
un sentido institucional y no subjetivo.
Así las cosas,
llegado el asunto a la revisión de la Corte Constitucional, no está de por
medio tan sólo el debate entre las partes, que, en principio y por regla
general, resulta definido en las instancias. Desaparece entonces un interés
individual y adquiere trascendencia la relación entre el caso concreto, que
sirve a la Corte como elemento pedagógico, y la interpretación de la normativa
constitucional que le es aplicable.
Entonces, en la sede
de revisión está de por medio un indudable interés público, pues su trámite y
decisión importa a toda la colectividad, en cuanto la resolución que adopte la
Corte, al sentar las bases interpretativas de la Constitución, al mostrar con
fuerza de doctrina constitucional cuál es el sentido en que deben entenderse
los derechos y sus límites, al introducir criterios en torno a cuándo cabe la
tutela y cuándo es improcedente, suministra a todos los jueces elementos
doctrinales y jurisprudenciales para su actuación futura y señala pautas a las
personas respecto de la Carta Política y su desarrollo. Se conjugan así en cada
uno de los casos revisados por la Corte los intereses concretos de las personas
comprometidas y los de la comunidad y el orden jurídico. Los afectados de modo
directo tienen derecho a una definición sobre el asunto que les concierne y la
generalidad de las personas lo tiene, en el campo del Derecho Público, a
conocer cómo deben resolverse, según la interpretación auténtica de la Carta,
los conflictos que guardan relación con la efectividad de los derechos fundamentales.
Si esto es así,
cuando se adelante la revisión de un caso seleccionado por la Corte, las
personas que han solicitado la protección judicial de sus derechos no pueden
desistir de sus pretensiones iniciales, pues en ese nivel no están disponiendo ya
de su interés particular, concreto y específico, sino que está comprometido un
interés público. La revisión de la Corte no opera por la voluntad de ninguno de
los intervinientes en el trámite adelantado ante los jueces de instancia, ni
por virtud de recurso alguno, sino por ministerio de la norma constitucional
que dispuso: "El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá
impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la
Corte Constitucional para su eventual revisión" (artículo 86 C.P.
Destaca la Corte).
Por ello, en los
procesos materia de revisión, se rechazarán los escritos de desistimiento y se
resolverá en todos los casos.
Improcedencia
de la tutela por existir otro medio de defensa judicial
Las demandas de
tutela fueron presentadas en los casos que se estudian con el propósito de
obtener que se anularan o revocaran los actos administrativos mediante los
cuales la Policía Nacional otorgó a los accionantes el grado de patrulleros,
cuando, según su criterio, han debido ser promovidos al nivel de cabos segundos
o su equivalente, dentro de la carrera de suboficiales.
Como puede
observarse, las pretensiones de los accionantes no encajan dentro del sentido y
las finalidades de la acción de tutela, pues ésta se funda en la necesidad de
proteger los derechos constitucionales fundamentales cuando contra ellos se
haga patente una vulneración o amenaza por acción u omisión de las autoridades
públicas o de particulares, en los casos que contempla la ley, sin que el
afectado disponga de otro medio de defensa judicial (artículo 86 C.P.).
La jurisprudencia de
la Corte debe ser reiterada en esta ocasión para afirmar que cuando la ley ha
establecido otras posibilidades de acudir ante los jueces, siempre que sean
eficaces para la defensa de los derechos comprometidos, no cabe en principio la
tutela.
La Corporación ha
sostenido que, desde luego, para poder desplazar a la tutela, el medio de
defensa debe ser adecuado al fin que se persigue -la protección cierta e
inmediata del derecho fundamental violado o en peligro-, de modo que es
procedente la acción de origen constitucional cuando tal objetivo no se logra,
así resulten protegidos derechos o situaciones de orden legal.
Ha dicho al respecto
esta misma Sala:
"...la
existencia del medio judicial alternativo, suficiente para que no quepa la
acción de tutela, debe apreciarse en relación con el derecho fundamental
de que se trata, no respecto de otros.
Esto significa que
un medio judicial únicamente excluye la acción de tutela cuando sirve en efecto
y con suficiente aptitud a la salvaguarda del derecho fundamental invocado. En
consecuencia, si dicho medio protege derechos distintos, es viable la acción de
tutela en lo que concierne al derecho que el señalado medio no protege, pues
para la protección de aquel se entiende que no hay otro procedimiento de
defensa que pueda intentarse ante los jueces.
Desde este punto de
vista, es necesario que el juez de tutela identifique con absoluta precisión en
el caso concreto cuál es el derecho fundamental sujeto a violación o amenaza,
para evitar atribuirle equivocadamente una vía de solución legal que no se
ajusta, como debería ocurrir, al objetivo constitucional de protección cierta y
efectiva (artículos 2, 5 y 86 de la Constitución).
De ahí el mandato
del artículo 6º, numeral 1º, del Decreto 2591 de 1991: "La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentre el solicitante".
Grave error es el de
negar la protección judicial impetrada aludiendo a un medio de defensa judicial
que recae sobre objeto distinto del que dió lugar a la demanda de tutela".
Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-441 del 12 de
octubre de 1993).
La situación de los
demandantes en los procesos acumulados materia de examen no cae dentro de los
indicados presupuestos, ya que su alegato se relaciona directamente con la
aplicación de las disposiciones legales que regulan el otorgamiento de los
grados de suboficiales dentro de la Policía Nacional, previos los cursos de
preparación académica allí mismo exigidos.
Tales decisiones de
la Institución se plasman en resoluciones, que son actos administrativos contra
los cuales es posible intentar las acciones ante la jurisdicción Contencioso
Administrativa, precisamente con el fin de lograr su nulidad y el
restablecimiento de los derechos que se consideran afectados.
Entonces, con
arreglo a tal principio general, la tutela resultaba improcedente en los casos
materia de revisión.
A continuación
examinará la Corte si era posible concederla de manera transitoria.
La protección
constitucional transitoria. Vinculación entre derechos fundamentales y derechos
no fundamentales en materia de tutela
El artículo 86 de la
Constitución permite la acción de tutela, pese a la existencia de otro medio de
defensa judicial, cuando al no brindarse la protección podría ocasionarse para
el accionante un perjuicio irremediable, es decir un daño que la decisión del
juez ordinario no podría reparar en cuanto llegaría tarde.
Por ello, en
situaciones que dependen normalmente del trámite de las acciones por la vía
contencioso administrativa, el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991 hace
posible incluso que
en el caso concreto,
para proteger los derechos fundamentales de manera inmediata, se inaplique, por
decisión del juez de tutela, un acto administrativo, mientras se produce la
determinación judicial en el proceso correspondiente.
La tutela como
mecanismo transitorio se justifica sobre la doble base de reconocer la
competencia de un juez ordinario para resolver en definitiva acerca del asunto
planteado y de verificarse que, existiendo una violación o amenaza, debidamente
probadas, respecto de derechos fundamentales, se hace menester administrar
justicia de manera impostergable, extendiendo la protección constitucional
durante el transcurso del otro proceso. Resultan así conciliados los principios
de subsidiariedad de la acción de tutela y de efectividad de los derechos
fundamentales, ambos emanados del artículo 86 de la Constitución Política.
Surge de lo anterior
que dicha modalidad del amparo constitucional no tiene lugar sino ante la
vulneración clara o frente a la amenaza indudable, en el caso específico, de
los derechos que alega el actor, los cuales, para aspirar a la tutela, deben
tener rango de constitucionales fundamentales. Son éstos el objeto de la
garantía otorgada por la Carta Política y el motivo que da lugar al despliegue
de la actividad judicial del Estado.
En esos términos, la
normatividad constitucional sobre el tema permite concluir que si el
peticionario tiene o alega tener a su favor no un derecho constitucional
fundamental sino un derecho de otra índole -por ejemplo, uno de naturaleza
puramente legal- la vía de la tutela no es en manera alguna la indicada para
alcanzar los fines que se propone. Debe acudir a la jurisdicción mediante las
acciones y procedimientos que, según la materia, correspondan.
Obviamente, como se
deduce de lo ya expuesto, la tutela es procedente si la vulneración o peligro
afecta, de manera concomitante o necesaria, derechos fundamentales, como por
ejemplo en la circunstancia de discriminaciones o preferencias, en igualdad de
condiciones, para el acceso a otros derechos no fundamentales, dado que se
violaría el consagrado en el artículo 13 de la Constitución. O en la de
violaciones flagrantes al debido proceso o vías de hecho en procesos judiciales
ordinarios, con las cuales se vulnera el artículo 29 de la Carta.
En otras palabras,
es posible que un derecho no fundamental pueda resultar indirectamente tocado
en el curso de un proceso de tutela, pero tan sólo en razón de la protección
que se brinde a un derecho constitucional fundamental al que se halle
vinculado.
En la última
hipótesis esos derechos no fundamentales ligados a los que sí lo son, que se
estiman violados, no constituyen en sí mismos el objeto del amparo. Son apenas,
a falta de otra forma de protección judicial, objetivos secundarios en la
actividad del juez de tutela, el cual, como lo tiene dicho esta Corte, debe
adoptar únicamente aquellas providencias que sean indispensables para lograr el
objetivo propio de la acción, esto es, la defensa de los derechos fundamentales
afectados o amenazados, dejando al juez ordinario lo que le compete, es decir,
la cuestión litigiosa no fundamental (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
C-543 del 1 de octubre de 1992).
La existencia
probada de la violación o amenaza de un derecho fundamental y la inminencia de
un perjuicio irremediable como presupuesto necesario de la tutela transitoria.
Sentido excepcional y estricto del perjuicio irremediable
En el caso de la
tutela transitoria, destinada a evitar un perjuicio irremediable, se aplican en
principio las mismas reglas y, por tanto, la orden temporal que se imparta no
implica la sustitución del juez ordinario por el de tutela.
Pese a ello, dada su
naturaleza -que responde a una necesidad urgente e inaplazable-, no puede
descartarse que excepcionalmente y dadas las circunstancias, la protección
judicial concedida tenga alguna incidencia sobre el tema que se controvierte o
habrá de controvertirse ante otra jurisdicción, si bien la determinación
definitiva al respecto tiene que ser adoptada por ésta última.
Tal acontece, para
venir al asunto que nos ocupa, con la inaplicación de un acto administrativo,
autorizada por el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, pues, al fin y al cabo,
en el caso concreto, se paralizan los efectos de lo dispuesto por quien expidió
aquél, mientras resuelve la jurisdicción respectiva. Pero siempre sobre la base
de que en el caso puesto a consideración del juez de tutela, pueda establecerse
sin duda que están involucrados derechos fundamentales, cuya defensa resulta
imperativa y que esos derechos están siendo violados por la acción o la omisión
de una autoridad pública o de particulares en los eventos que la ley contempla
(Artículo 86 C.P.), toda vez que la actuación judicial de que se trata no tiene
justificación ni sentido si falta alguno de esos presupuestos esenciales.
Por ello, aunque,
desde un punto de vista general, en la situación de los accionantes, bien
habría podido prosperar una tutela transitoria cuyos efectos recayeran sobre
los actos administrativos que ordenaron su graduación, para que tal cosa
hubiera acontecido con arreglo a los mandatos constitucionales, era preciso que
se hubiese definido de modo evidente el desconocimiento, la violación o la
amenaza de derechos fundamentales y que, en virtud de ellas, las
determinaciones administrativas se hubiesen fundado en bases contrarias a la
Carta Política.
En esa forma, aunque
los actos administrativos habrían incidido en detrimento de los intereses de
los peticionarios en cuanto a derechos de rango puramente legal -ascenso, grado
y prestaciones-, la protección transitoria habría encontrado sustento en la
vulneración de preceptos constitucionales y en la necesidad de evitar el daño
irreparable producido por ella mientras se proferían las respectivas decisiones
judiciales ordinarias en la controversia sobre aplicación de disposiciones
legales.
Estas situaciones
jurídicas transitorias tendrían que corresponder en los eventos específicos al
necesario requerimiento de que en la expedición de los actos administrativos
atacados, de manera probada e incontrovertible, se hubiera dado una clara
vinculación entre el alegado desconocimiento de los derechos de naturaleza
legal (el régimen aplicable a la formación académica en la Policía) y una
violación o amenaza a derechos constitucionales fundamentales, como la igualdad
o el debido proceso.
Del material
probatorio aportado a los procesos en revisión no surge, sinembargo, ninguna
evidencia sobre transgresiones a la normatividad fundamental por parte de la
Policía Nacional. Otra cosa es que se pudiera probar desconocimiento de los
preceptos legales aplicables, en sí mismos y sin vínculo alguno con derechos
tutelables, pero, por ello mismo, establecerlo no correspondía a los jueces de
tutela y, por supuesto, tampoco a la Corte Constitucional, sino al Contencioso
Administrativo.
En especial, no se
aprecia violación del derecho a la igualdad, por cuanto, según los documentos
examinados, todos los aspirantes que se hallaban en las mismas circunstancias
de los petentes durante la misma época en la Escuela de Policía Simón Bolivar
de Tuluá fueron objeto de idéntico trato y se les aplicaron iguales
disposiciones.
Los accionantes
consideraron que la Policía Nacional y la Escuela Simón Bolivar de Tuluá los
habían sometido a engaño y habían actuado arbitrariamente en su contra al
otorgarles el grado de patrulleros, siendo que -en su sentir- han debido ser
ascendidos al grado de "Cabo Segundo".
La Corte
Constitucional no entrará a definir si en ello asistía la razón a los
peticionarios, pues se repite que tal definición es de la competencia autónoma
de la jurisdicción Contencioso Administrativa, pero considera pertinente
establecer con claridad, en el campo de una eventual protección transitoria, si
se vulneraban abiertamente derechos fundamentales y si se daba la hipótesis de
un perjuicio irremediable.
Al adelantar el
estudio jurídico de las actuaciones realizadas por la Policía Nacional en el
asunto que se revisa, puede apreciarse con nitidez que la graduación se ordenó
dentro de la vigencia del Decreto 41 de 1994, mediante el cual se reformó el
Estatuto del personal de oficiales y suboficiales de dicha Institución, que
había establecido la categoría de "Patrullero", dentro del denominado
"Nivel Ejecutivo".
No escapa al
conocimiento de la Corte que ella misma, en Sala Plena, mediante la Sentencia
C-417 del 22 de septiembre de 1994 (M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz), declaró la
inexequibilidad de las referencias normativas al "Nivel Ejecutivo",
por cuanto estableció que el Gobierno Nacional, al consagrarlas, había excedido
el límite material fijado en la Ley de facultades.
Sin embargo, debe
tenerse en cuenta que, cuando se produjeron los actos administrativos cuya
revocatoria o nulidad pretendieron los accionantes (enero de 1994), el Decreto
41 de 1994 estaba vigente en su integridad, pues aún no se había proferido la
mencionada Sentencia, cuyos efectos se proyectaron hacia el futuro y de ninguna
manera podían afectar situaciones consolidadas con anterioridad, como que la
Corte no hizo advertencia alguna sobre posibles efectos retroactivos de su
decisión.
Así las cosas, en el
momento de otorgar los grados, las autoridades competentes de la Policía
Nacional estaban obligadas por la normatividad entonces en vigor.
Tampoco puede
olvidarse que en la actualidad el régimen jurídico de las personas vinculadas a
la Policía Nacional ha incluído de nuevo el "Nivel Ejecutivo",
mediante el Decreto Ley Nº 132 del 13 de enero de 1995, en cuyo artículo 3º se
establece que a dicha jerarquía de personal pertenece, entre otros grados, el
de "Patrullero".
No se aprecia, por
tanto, aplicación retroactiva de normas en el curso de la actuación adelantada
por la Policía Nacional.
No existió violación
palmaria y ni siquiera aparente de los preceptos constitucionales y, por ende,
según lo dicho, mal podía hablarse siquiera de una tutela transitoria para
evitar un perjuicio irremediable. Téngase en cuenta, además, que éste, para
hacer viable la protección judicial, debe establecerse como grave e inminente y
estar indudablemente vinculado con las acciones u omisiones que se imputan a
la autoridad demandada, supuestos que en el caso de autos no se configuran.
El debate sobre si
la Policía acató o desatendió la normatividad legal que gobernaba el nivel de
graduación aplicable al curso académico de los accionantes no puede tener lugar
en sede de tutela, por lo cual extraña a la Corte que, reiterada como lo ha
sido la doctrina constitucional sobre la improcedencia del amparo cuando
existen otros medios de defensa judicial y no se afronta un perjuicio
irremediable, uno de los jueces de segunda instancia, cuya sentencia debe ser
revocada, lo hubiera concedido, ordenando grados y prestaciones que a todas
luces escapaban a su competencia.
Al respecto, útil es
recordar varios antecedentes que, de haber sido tenidos en cuenta por el
fallador, habrían evitado la condena que profirió, en cuya virtud se crearon
hechos como el otorgamiento forzado de unos ascensos que, al ser revocada su
providencia, quedan sin sustento alguno en razón del decaimiento de los actos
administrativos dictados para cumplirla.
Desde la Sentencia
T-001 del 3 de abril de 1992 la Corte fue muy clara en afirmar, en torno a la
presencia de medios judiciales alternativos:
"...la acción
de tutela no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos
alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar
las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para
crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes
la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el propósito claro y
definido, estricto y específico, que el propio artículo 86 de la Constitución
indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protección inmediata y
subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales
que la Carta le reconoce.
Unicamente ese
carácter de medio judicial subsidiario e inmediato puede explicar el cortísimo
tiempo -no más de diez (10) días contados a partir de la solicitud de tutela-
que ha conferido la propia Constitución al juez, de manera perentoria e
inexcusable, para que resuelva sobre aquélla.
Ahora bien, en un
Estado de Derecho y particularmente en nuestro sistema constitucional, no
existen poderes omnímodos ni atribuciones de infinito alcance, como con toda
claridad se desprende de lo estatuído en los artículos 3, 6, 122 y 123 de la
Carta. En cuanto a los jueces se refiere, sus competencias están delimitadas
por diferentes factores que a la Constitución y a la ley corresponde establecer
y entre ellos cabe señalar los que tocan con la naturaleza del proceso
respectivo, o, en casos como los que nos ocupan, con la índole propia de la
institución dentro de cuyo marco actúan".
"...sólo
procede la tutela si no existe otro medio de defensa judicial y, en situación
excepcional, únicamente cabe la tutela como mecanismo transitorio cuando
mediante ella se busque evitar un perjuicio irremediable.
Es principio de
universal aplicación el de que las disposiciones exceptivas son de
interpretación estricta, pues, si fuera posible ampliar ilimitadamente su campo
de acción, se convertirían en normas generales y no surgiría nada distinto de
la contradicción interna entre dos proposiciones de una misma norma jurídica.
Por eso, en punto de la procedibilidad de la acción de tutela, su posible uso
cuando existen vías judiciales de defensa alternativas -como ocurre en los
casos materia de este análisis- está limitado, sin que sea factible extensión
ni analogía, a los eventos en que se presente dicha irremediabilidad del daño.
Repárese, además, en
que el perjuicio irremediable únicamente puede ser invocado para solicitar al
juez que conceda la tutela "como mecanismo transitorio", esto es, no
como fallo definitivo sobre el punto cuestionado, el cual se reserva a la
decisión del juez o tribunal competente. En otros términos, el remedio que se
aplica es apenas temporal, precario, momentáneo, pasajero, mientras resuelve de
fondo quien goza de jurisdicción y competencia para hacerlo, y únicamente se
justifica la intervención de un juez extraño a una u otra, o a ambas, por la
amenaza inminente de un daño que, de no evitarse oportunamente, resultará
irreversible..."
El mismo principio
fue afirmado por la Sala Plena de la Corporación en Sentencia C-543 del 1º de
octubre de 1992, en la cual se sostuvo:
"La Corte ha
señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el
ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez:
la primera por cuanto tan sólo resulta procedente instaurar la acción en
subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible
de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro
medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio
irremediable (artículo 86, inciso 3°, de la Constitución); la segunda, puesto
que la acción de tutela ha sido instituída como remedio de aplicación urgente
que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual
del derecho objeto de violación o amenaza. Luego no es propio de la acción de
tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos
ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la
fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de
instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su
consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro
que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en
orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.
En otros términos,
la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la
transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el
sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene
cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y
oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas
específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara
indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la Constitución,
tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto para la
defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable..."
(...)
" Así, pues, la
tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado,
para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la
excepción dicha- la acción ordinaria.
La acción de tutela
no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea
el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales".
En la Sentencia
T-203 del 26 de mayo de 1993 esta misma Sala delimitó el alcance del artículo
8º del Decreto 2591 de 1991 en lo concerniente a la inaplicación transitoria de
un acto en el caso concreto, para proteger derechos fundamentales conculcados o
en inminente peligro:
"El carácter
precario de la medida y la incompetencia del juez de tutela para penetrar en el
terreno reservado a otra jurisdicción (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena.
Sentencia C-543, octubre 1 de 1992), lo cual es aplicación del principio
constitucional sobre autonomía de los jueces (artículos 228 y 230 C.N.), están
claramente subrayados en el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991 -destinado
específicamente al tema del amparo transitorio- cuando obliga al juez de tutela
a expresar en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el
término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo la
acción instaurada por el afectado. Este, en todo caso, deberá ejercer la
acción correspondiente en un término máximo de cuatro meses a partir del fallo
de tutela, cuyos efectos cesarán si así no lo hace.
Pero, además,
tratándose de actos administrativos, la consagración de esta figura no puede
interpretarse en el sentido de que todo juez haya quedado autorizado para
decretar la suspensión provisional de aquellos, dentro del trámite propio
de las acciones de tutela. Ello implicaría una ruptura de los linderos que la
propia Carta Política ha establecido entre las jurisdicciones, en cuanto
disposición constitucional expresa reserva esa atribución a la Contencioso
Administrativa (artículo 238 C.N.), tal como lo manifestó esta Corte en
Sentencia T-01 del 3 de abril de 1992".
"Como puede
verse, lo que es posible decretar en esta hipótesis es una inaplicación
temporal al caso concreto, considerada la particular y específica situación en
que se encuentra el solicitante, así que no recae propiamente sobre la
materialidad del acto administrativo, como sí acontece con la figura de la
suspensión provisional. No tiene, entonces, el alcance de la misma y, por ende,
excepción hecha de la inaplicación que pueda favorecer al petente a fin de
evitarle un daño irreparable, el acto administrativo como tal permanece
incólume mientras no sea suspendido provisionalmente por la Jurisdicción
Contencioso Administrativa o anulado por ella.
Debe repararse por
otra parte en que el punto materia de análisis -a diferencia del que
constituye el objeto de la providencia mediante la cual se resuelve acerca de
la solicitud de suspensión provisional en los procesos contencioso
administrativos- no es el relativo a una posible oposición flagrante entre el
acto demandado y las normas superiores a las que está sometido, sino la
situación de hecho en la cual puede hallarse una persona frente a un acto cuya aplicación
concreta implique, en su caso, efectos inmediatos e irremediables que
vulneren sus derechos constitucionales fundamentales".
" De las
precedentes consideraciones se infiere que, ante acciones instauradas respecto
de actos administrativos, el juez de tutela no puede asumir la facultad que le
confiere la norma mencionada como una autorización de la ley para sustituir al
Contencioso Administrativo en la definición sobre la validez de aquellos, ni
suponer que podría suspenderlos provisionalmente pues ello representaría
invadir el ámbito constitucional de dicha jurisdicción. De allí los precisos
términos usados por el legislador para definir el objeto al que ha de
circunscribirse la orden judicial para el evento en que prospere la solicitud
de tutela transitoria".
En cuanto al
concepto sobre lo que es un perjuicio irremediable, único fundamento
constitucional de la protección transitoria cuando existen otros medios de
defensa judicial, bien es sabido que existía una definición legal, consagrada
en el inciso 2º, numeral 1º, artículo 6 del mencionado Decreto 2591 de 1991, a
cuyo tenor se entendía por tal perjuicio el que sólo pudiera ser resarcido en
su integridad mediante una indemnización.
La Corte
Constitucional, mediante Fallo C-531 del 11 de noviembre de 1993 (M.P.: Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz), declaró inexequible tal concepto, por considerar que
fue introducido por el legislador en contraposición al artículo 86 de la Carta,
en cuanto equiparó el perjuicio irremediable a un juicio hipotético de
naturaleza jurídica con el que se quiso sustituir la situación fáctica a
la que se remite el precepto constitucional, limitando los alcances de tal
concepto y cercenando las posibilidades judiciales de desarrollar los preceptos
fundamentales.
La Corte estimó en
dicha providencia que correspondía a los jueces de tutela dar contenido al
concepto de perjuicio irremediable, mediante la interpretación de los
hechos puestos a su consideración en cada caso, pues de la adecuada confluencia
entre el derecho y la realidad depende la justicia de cada decisión, dentro de
los términos constitucionales.
Claro está, ese
papel del juez implica el ejercicio de una autoridad necesaria para
la eficiacia de la tutela y para la efectividad de los derechos fundamentales,
pero la facultad que implica, no por ser amplia puede devenir en arbitraria, ya
que la evaluación y definición sobre si en el caso particular se configura el
perjuicio irremediable no obedece a su capricho sino que se deriva de la Carta
Política aplicada a la situación fáctica considerada.
La Corte
Constitucional se ha ocupado en señalar, a partir del carácter excepcional que
según el artículo 86 de la Constitución tiene la tutela transitoria, las
condiciones mínimas que una determinada hipótesis debe reunir para que tenga
justificación constitucional la calificación de perjuicio irremediable a
ella atribuída:
"Para
determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la
presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la
inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de
derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para
la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La
concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de
considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como
mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la
protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran
amenazados. Con respecto al término "amenaza" es conveniente
manifestar que no se trata de la simple posibilidad de lesión, sino de la
probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de manera injustificada. La
amenaza requiere un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable
pensar en la realización del daño o menoscabo material o moral". (Cfr.
Corte Constitucional. Sala Novena de Revisión. Sentencia T-225 del 15 de junio
de 1993. M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
El juez de tutela
está obligado a fundamentar la calificación que haga de un perjuicio
irremediable, con razones que consulten el sentido extraordinario de la
protección temporal y su consecuente interpretación restrictiva, a la luz de la
Constitución y según los hechos objeto de examen.
Debe tener en cuenta
que se trata de una posibilidad excepcional y en sí misma precaria de que el
juez de tutela imparta órdenes de obligatorio acatamiento en materias que, por
definición de la misma Carta, habrán de ser consideradas y resueltas por el
juez ordinario competente. Por tanto, su extensión más allá de los límites que
impone la necesaria y precisa protección del derecho que podría sufrir daño
irreparable implica un desbordamiento del ámbito de competencias del juez de
tutela y una vulneración de la autonomía funcional de aquel juez o tribunal al
que, según el ordenamiento jurídico, corresponde la decisión definitiva.
De allí que una
tutela otorgada a sabiendas de que existe otro medio de defensa judicial,
idóneo y eficaz para la verdadera realización del derecho fundamental en juego,
no puede estar basada sino en una clara y evidente inminencia de perjuicio
irremediable.
Ello implica que la
protección concedida en el caso de autos carecía de todo apoyo constitucional,
habida cuenta de los hechos y datos del proceso.
Todo lo dicho lleva
a la Corte Consititucional a confirmar las sentencias proferidas, excepto la
dictada el 25 de octubre de 1994 en el proceso T-54811 por el Juez 64 Penal del
Circuito de Santa Fe de Bogotá, que resolvió conceder la tutela en segunda
instancia y que será revocada.
Siguiendo las pautas
jurisprudenciales que ha venido trazando la Corte (Cfr. Sentencia T-164 del 17
de abril de 1995. Sala Quinta de Revisión), la revocación de la enunciada
providencia no implica que los favorecidos por ella, quienes recibieron de
buena fe, estén obligados a restituir las sumas pagadas por concepto de
prestaciones en cumplimiento de lo ordenado por el Juez en su momento.
Tal revocación
apenas tendría efectos en el caso de que el pago no se hubiere producido, pues
entonces el peticionario debería ejercer las acciones ordinarias para el logro
de sus objetivos.
Alcance de la
preferencia que merece la tutela. Protuberantes descuidos en el trámite de
varios procesos.
Pese al carácter
sumario e inmediato del procedimiento de tutela, los jueces están obligados a
observar el mayor cuidado en el trámite que les corresponde adelantar, ya que
los equívocos en cuanto a la identificación del actor, de la autoridad o
persona demandada, de los intervinientes, de los hechos o de las circunstancias
sobre las cuales habrá de recaer su decisión puede afectar el debido proceso o
inclusive incidir en la inadecuada protección de los derechos fundamentales a
los que se alude en particular.
La Corte
Constitucional entiende que, sin perjuicio de la informalidad propia de la
tutela, las demandas presentadas ante los jueces con invocación del artículo 86
de la Carta no solamente merecen el trato y la atención que la administración
de justicia debe dispensar a todo proceso, sino que, por mandato expreso de la
Constitución, la actividad de los jueces al atenderlas debe incorporar como
elemento primordial el de la preferencia, cuyo sentido no se agota en la
rapidez de una decisión sino que se extiende al contenido de lo que se resuelva
y a las elementales exigencias de un responsable y adecuado trámite, que son
imperativas en mayor medida cuando están de por medio los derechos
fundamentales.
Por tanto, esta
Corporación no puede pasar por alto los evidentes errores cometidos por varios
de los despachos judiciales que fallaron en instancia sobre las acciones
incoadas.
Si no se declara la
nulidad de algunos de los fallos bajo estudio, ello obedece a razones de
economía procesal por encontrar la Corte que las acciones instauradas
resultaban del todo improcedentes, de donde se desprende como inoficiosa y
contraria a la prevalencia del derecho sustancial la devolución de algunos
expedientes cuando, hechas las consideraciones en conjunto, se ha concluído que
respecto de todos debe negarse la protección solicitada.
Se observa, luego de
un estudio de cada uno de los expedientes, que hubo negligencia por parte de
los despachos judiciales responsables de fallar en primera y segunda instancia,
ya que, salvo en los procesos T-59135 y T-61483, en todos los demás se incurrió
en equivocaciones e inexactitudes. Así, algunos accionantes no fueron
correctamente identificados, pues se les modificó el número de la cédula de ciudadanía;
les fueron cambiados sus nombres y apellidos; se admitieron coadyuvancias e
impugnaciones sin existir los documentos que las acreditaran; se omitió
notificar el fallo de primera o de segunda instancia, sin motivo para ello,
entre otras irregularidades.
Los aludidos
descuidos, que son numerosos, razón por la cual no se relacionan, llevan a la
Corte a identificar a los accionantes, como lo hace al comienzo y al final de
esta providencia, según las demandas instauradas y no de acuerdo con las
sentencias que se han dictado para resolver sobre ellas.
Por otro lado, la
Corte considera inaceptable el error cometido por el Juzgado 27 Penal del
Circuito, que conocía de impugnación contra el fallo de primera instancia y
que, mediante oficio del 8 de noviembre de 1994 (Folio 245), corrió traslado
para impugnar la decisión de segundo grado, lo cual va en contravía de la
Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991, que en modo alguno permiten
una tercera instancia (Expediente T-54811).
DECISION
Con fundamento en
las consideraciones que preceden, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.-Se RECHAZAN, por improcedentes, los
escritos de desistimiento presentados por HIGINIO MOISES GARCIA, JAIRO ALCIDES
GIRALDO REY, LUIS ALEXANDER HERNANDEZ ESCOBAR y CLEMENTE CHICO CRESPO.
Segundo.- CONFIRMANSE los siguientes fallos: el del
2 de noviembre de 1994, proferido por el Juzgado 34 Penal del Circuito de Santa
Fe de Bogotá, que a su vez, confirmó el del Juzgado 67 Penal Municipal de la
misma ciudad, dictado el 22 de septiembre de 1994 que resolvió rechazar por
improcedente la acción de tutela interpuesta por HERSSON ANTONIO ACEVEDO
VALENCIA, NELSON EDUARDO ACUÑA HERNANDEZ, JORGE ANDRES ARBELAEZ RAMIREZ, WILMAR
DE JESUS BEDOYA RIOS, RICARDO BENAVIDES ZAMBRANO, LUIS EDUARDO FIGUEROA
CASTRILLON, WILSON HERNEY GALINDO MORA, FRANCISCO ERNESTO GARCIA ROJAS, HECTOR
FABIO GUACHETA CUESTA, FARLEY LOPEZ BUITRAGO, JHONNY MADERA ROMERO, WALTER
MORENO MARTINEZ, JULIAN SANDOVAL FUENTES, GUILLERMO VALENCIA HINESTROZA,
GUEVARO VLADIMIR ZAPATA LONDOÑO y LUIS BALTAZAR ZULUAGA GONZALEZ; el del 8 de
noviembre de 1994, proferido por el Juzgado 37 Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá, que confirmó la decisión del Juzgado 38 Penal Municipal de la misma
ciudad, del 3 de octubre de 1994, negando la tutela interpuesta por JAIME
MARTINEZ ROJAS, HERNANDO LARA MENDOZA; el del 26 de octubre de 1994, dictado
por el Juzgado 48 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, que confirmó el del
19 de septiembre de 1994, proferido por el Juzgado 65 Penal Muncipal de la
misma ciudad, que negó la tutela interpuesta por ALVARO ALBA ARIAS, HECTOR
ANDRES ALBAN DELGADO, LUIS ADRIANO ALVAREZ ABONAGA, JORGE LUIS ALVIS LOPEZ,
RUBEN DARIO ALZATE CASTRO, LEON DARIO ARBOLEDA VELEZ, ALEXANDER ARIZA LOZADA,
JHON FREDY ARROYAVE BONILLA, JORGE ELIAS ASTUDILLO TABORDA, FARDY JOSE ATENCIA
OLIVA, CARLOS JAVIER AVILA CACERES, PEDRO DAGOBERTO BALLEN LOZANO, HENRY
BALLESTEROS AGUIRRE, SAMUEL BEDOYA ARANGO, HECTOR DANILO BEDOYA RIVERA, JORGE
RENE BETANCUR ARANGO, JESUS WILSON BOCANEGRA, WILLIAM BOLIVAR LIZARAZO, JORGE
LUIS CANTERO HERRERA, JOSE FERNANDO CARDENAS RINCON, WILMAR ELGIDIO CARDONA
QUINTERO, TEOFILO CARMONA PAEZ, MAURICIO DE JESUS CARVAJAL MARIN, EDINSON
CASTAÑEDA CASALLAS, ERNEY CASTAÑO ARBELAEZ, OSCAR HERNANDO CASTAÑO VASQUEZ,
JESUS DAVID CASTRO MARTINEZ, FLORESMIRO CERQUERA DUSSAN, EDWIN CORREDOR SIERRA,
ROBINSON CORTES CABEZAS, CLEMENTE CHICO CRESPO, WILMER RAMON DE LA OSSA VEGA,
LUIS ARIEL DELGADO CASTRILLON, ENRIQUE DELGADO MOSQUERA, JOSE RAMON DIAZ
GRANADOS BOLAÑOS, ROBERTO CARLOS DIAZ PINTO, WILSON EZEQUIEL FONTECHA
HERNANDEZ, WALTER NENCER FORERO ROJAS, JORGE ALBERTO GALINDO MUÑOZ, HIGINIO
MOISES GARCIA, WILLIAM ROSME GETIAL RAMIREZ, JAIRO ALCIDES GIRALDO REY, MARIO
GIRALDO TORRES, GABRIEL GOMEZ CORONADO, EDUARDO GOMEZ DIAZ, CESAR ANTONIO GOMEZ
LOPEZ, JESUS JAIRO GOMEZ ZULUAGA, EDGAR GONZALEZ BEJARANO, JHONNY SAMIR
GONZALEZ GONZALEZ, ALBERTO GONZALEZ PEÑA, RAFAEL ALVEIRO GRANADOS CELIS, JORGE
RENE GRIMALDO BARRIENTOS, MARINO ANTONIO GUEVARA NOSCUE, WILLIAM ALONSO GUIO
CONTRERAS, MARIO GUTIERREZ BAQUERO, JESUS MARIA GUTIERREZ TELLO, JHON JAIRO
GUTIERREZ VASQUEZ, RAUL ARMANDO GUZMAN PAREDES, LUIS ALEXANDER HERNANDEZ
ESCOBAR, ELIAS JAVIER HERNANDEZ TORRES, EYLER YESID HOYOS GOMEZ, EDDIE IBARGUEN
MOSQUERA, HERMES RAFAEL JIMENEZ BORJA, ELIECER DE JESUS LARGO CASTAÑO, JOSE
MAURICIO LONDOÑO PIEDRAHITA, DIEGO MARIO LOPEZ GUERRERO, WILMER MIGUEL LORDUI
HERNANDEZ, JOSE JOAQUIN MARIN AGUIRRE, HERNAN ALONSO MARIN CALLE, JAIME RUBIEL
MARIN TORO, FRANCISCO MARTINEZ CEBALLOS, GERMAN MARTINEZ TORRES, RAUL ANTONIO
MAZA VILLEGAS, JAIR MEJIA BOLAÑOS, LUIS GUILLERMO MELENDEZ HERNANDEZ, DIEGO
UBEIMAR MENESES, JOSE OCTAVIO MOLINA ORTIZ, ENRIQUE MORALES TORRES, EDUIN
MOSQUERA BEÑOL, RIGOBERTO MUÑOZ MONROY, NORVEY DE JESUS NARANJO PARRA, JULIO
CESAR NARANJO SANCHEZ, JOSE ADOLFO OJEDA AMARILLO, JUAN BAUTISTA OLAEZ CARDONA,
HOLLMAN ALEX OLIVARES GARCIA, SANDRO ALONSO ORDOÑEZ ALBORNOZ, FREDY ARLES
ORDOÑEZ NARVAEZ, LUIS MIGUEL OROZCO PALACIO, JORGE WILSON OROZCO SERNA, JHON
JAIRO OSORIO ARENAS, NELSON ENRIQUE OSORIO VILLAMIL, LEISSON FERNAN OSPINA
PALACIOS, ALLEN DARIO OSPINA VERGARA, LUIDYN ALEXANDER PACHECO CANTILLO,
FRANKLIN PALACIOS CORDOBA, JORGE ENRIQUE PALOMEQUE QUESADA, HENRY PARADA PLATA,
ALEXANDER PARDO MALDONADO, HERMES DE JESUS PEÑA ACOSTA, HENRY GABRIEL PEREZ
RINCON, MARIANO PEREZ RINCON, JOSE IGNACIO PEREZ ROMERO, JOSE GREGORIO PIMIENTO
CAMARGO, JHON POLOCHE CASTAÑO, CARLOS ADOLFO PRADO ORDOÑEZ, JUAN CARLOS PUENTES
RAMIREZ, LUIS EDUARDO QUESADA BARRIOS, JESUS MARIA QUINTERO HOYOS, LEOCADIO
ANTONIO RAMIREZ GALLEGO, TEDDY ENRIQUE REGUILLO CHARRIS, LUIS FERNANDO REINA
LOZANO, LUIS CARLOS RESTREPO JARAMILLO, VICTOR HAROLD REYES LOPEZ, ALEXANDER
RIVAS COPETE, JHON EDUARDO RIVERA GIRALDO, JHON JAIRO RIVERA URREA, IVAN DARIO
ROBLEDO HERRERA, NILSON ROMAÑA PALACIOS, DAVID GONZALO DE JESUS RUA, JOSE
ARNULFO RUEDA BOLIVAR, NELSON SANABRIA CASTEBLANCO, NELSON HERNAN SALCEDO
COTACIO, HAROLD SANCHEZ SABOGAL, JHON ALEXANDER SARMIENTO GOMEZ, FERNANDO
SEPULVEDA RIVEROS, REINALDO MOISES SERRANO MONTES, JAIRO ANTONIO SOLANO CELY,
JHON JAIRO TANGARIFE OSORIO, DIOGENES TORRES ROMERO, WANDER TRULLO CLAROS,
FEDERICO URIZA CARO, URIEL USECHE LOZANO, JAIRO ALBERTO VALENCIA ARROYAVE,
ARNULFO VALENCIA CASTRO, HECTOR FABIO VALENCIA VARGAS, ALI ALFONSO VANEGAS
PEREZ, NELSON EDUARDO VARGAS CARDENAS, ALEXANDER VARGAS TASCON, JORGE ENRIQUE
VASQUEZ GITIERREZ, RONAL EUSTAQUIO VELANDIA CHACON, JUAN VICENTE VELASCO
BURGOS, LUIS EDUARDO VERGARA TORO, OSCAR HERNAN VILLALOBOS CHAVARRO, ELIEL
VILLEGAS RESTREPO; el del 7 de octubre de 1994, proferido por el Juzgado 11
Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá, que negó la tutela incoada por ALFONSO
RODGERS PADILLA y el del 9 de diciembre de 1994, pronunciado por el Juzgado 41
Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, que negó la tutela intentada por
MILCIADES ARTUNDUAGA CASTRO.
Tercero.- REVOCASE la sentencia proferida por el
Juzgado 27 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá el 25 de octubre de 1994, y
en su lugar CONFIRMASE la del Juzgado 64 Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá
del 20 de septiembre del mismo año, que había negado la protección solicitada
por WILLIAM ALBA TRUJILLO, LUIS ERNESTO DELGADO, HECTOR YAIR FERNANDEZ CRESPO,
ANTONIO FRANCO HOOVER, ASCENCION GUZMAN WILMAN, ALVARO ERNESTO LOPEZ HERNANDEZ,
JUSTO GUILLERMO MARTINEZ OROZCO, JUAN BAUTISTA MEJIA PACHECO, WILSON MONTES
CASTRILLON, MILTON CESAR MONTES HOYOS, AIMER WILLIAM MOSQUERA, CARLOS MARIO
MUNERA, PABLO MUÑOZ QUINTERO, EDER DE JESUS ORTEGA WILCHES, EDGAR ROLANDO PAZ
DELGADO, JOSE PERALTA ESCALANTE, YIMI QUINTERO TRIVIÑO, LEONARDO RIATIVA DIAZ,
ELKIN RUIZ RUIZ, WILLIAM SOLER AMAYA, HECTOR ALONSO VALENCIA y AFRACNY JOSE
VALERA HERNANDEZ.
Cuarto.- Súrtase el trámite previsto en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase,
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
HERNANDO HERRERA
VERGARA ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
431 | T-261-95
Sentencia No
Sentencia
T-261/95
ACCION DE TUTELA
CONTRA PARTICULARES/INDEFENSION
Frente a las
entidades financieras, si bien no puede hablarse de subordinación, la persona
-cliente, deudor, depositante- se puede encontrar en un estado de indefensión,
en una situación específica, en la cual no le sea posible hacer nada, desde el
punto de vista fáctico y en el aspecto jurídico, para impedir que se le vulnere
un derecho fundamental o que le sea puesto en franco peligro o en inminente
amenaza. En el caso concreto materia de análisis, aparte de que la razón asista
o no al peticionari1o, éste, en relación con los envíos que lo mortificaban se
hallaba en estado de indefensión, tanto en relación con Pronta como respecto de
los responsables de la revista que era remitida.
DATO PERSONAL-Divulgación/DERECHO A LA INTIMIDAD
PERSONAL Y FAMILIAR
De los datos
personales -concepto genérico- hacen parte todas aquellas informaciones que
atañen a la persona y, por tanto, pueden ser, junto con las estrictamente
reservadas, las referentes a aspectos que relacionan a la persona con la
sociedad y que, por tanto, son públicas. El dato no privado puede, por
definición, ser conocido por otros y también publicado. El conocimiento acerca
de la dirección de un individuo es algo que, por el mismo desenvolvimiento de
las actividades en el seno de la sociedad y aun por razones físicas de
vecindad, no puede mantenerse en secreto. Entonces, resulta apresurado incluir
como de reserva un dato personal por el sólo hecho de serlo, y pretender que
quien lo haya recibido, así sea para fines comerciales, financieros o de
negocios, esté violando el derecho a la intimidad del interesado por darlo a
conocer a terceros o por divulgarlo.
-Sala Quinta de Revisión-
Referencia:
expediente T-63468
Acción de tutela
instaurada por GERMAN HUMBERTO RINCON PERFETTI contra SISTEMA PRONTA S.A. DE
TARJETAS DE CREDITO, PRONTA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL y la
REVISTA LATINOAMERICANA INTERNACIONAL.
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de junio de mil
novecientos noventa y cinco (1995).
Se revisan los
fallos proferidos en el asunto de la referencia por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá y por la Corte Suprema de Justicia.
I. INFORMACION
PRELIMINAR
La acción de tutela
fue ejercida por GERMAN HUMBERTO RINCON PERFETTI por razón de que, habiendo
suministrado sus datos personales sobre dirección, teléfono y referencias
familiares a la Tarjeta de Crédito PRONTA-HACIENDA SANTA BARBARA, ésta los
transmitió a terceras personas o entidades.
Meses antes de
presentar la demanda, el solicitante recibió, en la dirección indicada para el
envío corriente de su extracto mensual de la tarjeta de crédito, dos ejemplares
de la revista "LATINOAMERICANA INTERNACIONAL".
Posteriormente le
fue hecha una llamada telefónica mediante la cual se lo invitaba a suscribirse
a dicha publicación.
Manifestó el
accionante que no es de su gusto dar los datos sobre dirección y teléfonos y
que, por ello, se sintió molesto por la divulgación que de esas informaciones
había hecho PRONTA, con el único propósito de dar lugar a un "gancho de
venta" para la revista.
Según lo afirmado
por el petente, las entidades demandadas se están lucrando con las listas de
información en una práctica que, a su juicio, es violatoria de los derechos
fundamentales.
II. DECISIONES
JUDICIALES
En primera instancia
decidió sobre la tutela incoada el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Fé de Bogotá, Sala Penal, en cuya sentencia del treinta (30) de noviembre
de mil novecientos noventa y cuatro (1994) resolvió rechazar la demanda por
improcedente.
Sostuvo el Tribunal
que en el presente caso no se dá ninguno de los presupuestos del artículo 42
del Decreto 2591 de 1991 para la acción de tutela contra particulares. Además,
según el fallo, el respeto al derecho a la intimidad como imposición
constitucional, está ligado a la protección de intereses morales.
Y lo que ha ocurrido
-dijo- es que en virtud del intercambio explicable de intereses entre dos
organizaciones empresariales, una de estas dedujo que el accionante podía ser
potencial suscriptor de un medio informativo.
En ello -expresó la
sentencia- puede haberse equivocado, pero en todo caso su intención no admite
equívocos.
Impugnado el acto
judicial, correspondió decidir en segunda instancia a la Corte Suprema de
Justicia, Sala Penal, la cual modificó el fallo inicial que rechazaba la tutela
y decidió no tutelar los derechos demandados por el señor Rincón Perfetti.
Manifestó la Corte
Suprema en su providencia: "A juicio de la Sala el accionante sí pudo
haberse encontrado en una situación de indefensión y ello bastaba para que el
Tribunal se pronunciara de fondo sobre el objeto de la ación instaurada,
independientemente de que la sociedad Pronta S.A. no preste un servicio
público."
"El concepto de
indefensión -agregó- debe ser entendido en su real contenido, esto es, que
quien recurre al amparo carezca de medios de defensa contra los ataques o
agravios que a sus derechos fundamentales realice el particular contra el cual
se impetra la acción."
En el presente caso,
el accionante podía haber estado en indefensión, como cualquier ciudadano que
se enfrenta a un conglomerado económico como es "Pronta S.A.",
situación en la cual el equilibrio es inexistente, no sólo por el poder
económico de la entidad, sino también porque es imposible que un individuo
pueda estar al tanto de todas y cada una de las actividades que despliega una
empresa de esa naturaleza y que le pueden perjudicar de alguna manera.
Analizó la Corte el
punto de si el suministro de información de la dirección y el teléfono del
accionante, que hizo PRONTA, constituye una violación al derecho a la intimidad
y al respecto estimó que esa garantía debe ser entendida en cuanto el derecho
que tiene el individuo de ostentar una esfera secreta, con un mínimo de
injerencia ajena.
Sin embargo, esa
garantía encuentra algunas limitantes que parten de la realidad social, lo que
impide que ese respeto a la vida privada sea absoluto y menos en los términos
que pretende el impugnante. El derecho a la intimidad no es absoluto por cuanto
el hecho de vivir en sociedad nos obliga a ceder parte de ella.
De acuerdo con la
providencia de segunda instancia, "...es imposible que en la vida moderna
el nombre, la dirección y el número del teléfono puedan formar parte de esa
intimidad absoluta, cuando la misma forma de vivir y de interrelación impone
que éstos figuren en directorios telefónicos para el conocimiento
público...".
Sostuvo además la
Corte Suprema que el accionante podía exigir que sus datos personales no fueran
transmitidos a personas o entidades distintas, pero debió comunicar tal
prohibición, y no lo hizo, por lo cual no basta, para que prospere la tutela,
carencia de autorización. Para la Corte Suprema, el suministro de los datos
personales implica su uso por parte de la entidad financiera.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
Habiendo sido
seleccionado este caso y repartido a la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, según las reglas previstas en el Decreto 2591 de 1991, ella es
competente para revisar los fallos en referencia, de conformidad con los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política.
Procedencia de
la acción de tutela contra entidades financieras. Necesidad de apreciar la
circunstancia concreta.
Argumento
fundamental esgrimido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Fe de Bogotá para negar la protección judicial que se impetraba consistió en
sostener que no procedía la tutela contra particulares por cuanto el
peticionario no se encontraba en condiciones de subordinación o indefensión
respecto de las entidades demandadas, por lo cual -según el fallador de
instancia- no se configuraban los presupuestos básicos para que procediera la
acción de tutela contra particulares.
Esta Corte ha
sostenido que, en efecto, la acción de tutela se concibió, por regla general,
como un mecanismo apto para enfrentar a quien goza de autoridad pública y abusa
de su poder, por lo cual las posibilidades de que se intente respecto de
acciones u omisiones imputadas a particulares son del todo excepcionales.
La Constitución ha
señalado que la acción puede entablarse contra un particular, en los casos que
la ley contemple, cuando se encargue de la prestación de un servicio público,
cuando su conducta afecte grave y directamente el interés público y cuando,
respecto de él, el solicitante se halle en estado de subordinación o
indefensión (Artículo 86 C.P., inciso final).
En el evento de
incoarse la demanda de tutela contra una entidad financiera, concurren varios
elementos de los previstos en el precepto constitucional y también de los
señalados en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 que lo desarrolla.
En primer lugar, la
entidad financiera presta un servicio público, como lo ha reconocido de
tiempo atrás la legislación.
Por otra parte, de
lo estatuído en el artículo 335 de la Carta Política se concluye que la
actividad que tales entes ejercen es de interés público y sólo puede ser
ejercida previa autorización del Estado.
Finalmente, frente a
las entidades financieras, si bien no puede hablarse de subordinación,
la persona -cliente, deudor, depositante- se puede encontrar en un estado de
indefensión, en una situación específica, en la cual no le sea posible hacer
nada, desde el punto de vista fáctico y en el aspecto jurídico, para impedir
que se le vulnere un derecho fundamental o que le sea puesto en franco peligro
o en inminente amenaza.
Por otra parte, el
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 contempla en su numeral 4º la posición de
alguien que se halla indefenso ante una organización privada, o ante quien la
controla efectivamente o es beneficiario real de la situación que motiva la
solicitud de amparo.
Tal puede ser la
circunstancia -que el juez debe analizar en el caso concreto- del titular de
una tarjeta de crédito expedida y manejada por una institución financiera de
gran poder económico. O la de quien resulta afectado por la actividad de otra
empresa, relacionada con aquélla patrimonial o jurídicamente, y que resulta ser
beneficiada por la situación que da lugar a pedir la tutela.
En el caso concreto
materia de análisis, aparte de que la razón asista o no al peticionari1o, éste,
en relación con los envíos que lo mortificaban se hallaba en estado de
indefensión, tanto en relación con Pronta como respecto de los responsables de
la revista que era remitida.
Así las cosas, no
considera esta Corte que hubiera acertado la primera instancia al rechazar de
plano la tutela por improcedente, sin entrar a considerar la circunstancia
concreta del solicitante y olvidando los eventos que los artículos 86 de la
Constitución y 42 del Decreto 2591 de 1991 han contemplado.
A este respecto, se
acogen la tesis y la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
La dirección y el teléfono de una persona o familia no
son parte necesaria de su intimidad
El artículo 15 de la
Constitución consagra el derecho a la intimidad personal y familiar y dispone
que el Estado debe respetarla y hacerla respetar.
Este derecho, que se
deduce de la dignidad humana y de la natural tendencia de toda persona a la
libertad, a la autonomía y a la autoconservación, protege el ámbito privado del
individuo y de su familia como el núcleo humano más próximo. Uno y otra están
en posición de reclamar una mínima consideración particular y pública a su
interioridad, actitud que se traduce en abstención de conocimiento e injerencia
en la esfera reservada que les corresponde y que está compuesta por asuntos,
problemas, situaciones y circunstancias de su exclusivo interés. Esta no hace
parte del dominio público y, por tanto, no debe ser materia de información
suministrada a terceros, ni de la intervención o análisis de grupos humanos
ajenos, ni de divulgaciones o publicaciones.
Ese terreno privado
no puede ser invadido por los demás miembros de la comunidad a la que se
integran la persona o familia, ni por el Estado. Aún dentro de la familia, cada
uno de sus componentes tiene derecho a demandar de los demás el respeto a su
identidad y privacidad personal.
Así, pues, las
relaciones que establece la persona con quienes se hallan por fuera de su
circulo reservado, en el campo jurídico, social, económico, académico,
político, médico, deportivo o de otra índole, implican que aquéllos con quienes
se entablan asuman la obligación de separar claramente las materias propias de
cada una de ellas de las que conciernan al entorno privado, en el cual no les
es permitido penetrar sin la autorización del interesado, a menos que resulte
estrictamente necesario para el cumplimiento del propósito inherente a la
respectiva actividad, como acontece con las relaciones entre el médico y el
paciente.
En el campo que
interesa para los fines del proceso, el de las relaciones de carácter
financiero, éstas exigen necesariamente de quien acude a los servicios que
prestan las instituciones del sector, los cuales incorporan como elemento
fundamental el del crédito, el suministro de datos personales sobre aspectos
económicos, que, como ya lo dijo esta Corte en sentencias de unificación números
SU-082 y SU-089 del 1 de marzo de 1995 (M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía), no
pertenecen forzosamente al dominio de la intimidad. Ya advirtió también la
Corte que, si éste ámbito llegara a ser invadido en la práctica por la
indagación de informaciones privadas so pretexto del trámite financiero,
cabrían tanto el Habeas Data como la acción de tutela para la defensa
del derecho fundamental en cuestión (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
T-094. Sala Quinta de Revisión. 2 de marzo de 1995).
Debe dilucidarse ahora
la cuestión planteada por el accionante: si la dirección, el teléfono, el lugar
de recibo de correspondencia y los datos similares, suministrados por su
titular a una institución financiera para fines crediticios, como es el de
obtención de una tarjeta de crédito, son informaciones de naturaleza privada
que la entidad correspondiente no pudiera suministrar a terceros sin
autorización del interesado.
También debe
resolverse acerca de si, ya recibidas tales informaciones por una entidad
industrial o comercial, o por otra entidad financiera, podría ella remitir al
usuario de los servicios crediticios o al tarjetahabiente publicaciones o
propaganda suya o de terceros, productos de promoción u ofertas de bienes y
servicios. Y si podría, por otra parte, cobrar, dentro del sistema de crédito
respectivo y sin consentimiento del usuario, el valor de la suscripción o el
precio de tales publicaciones, servicios o productos.
La Corte
Constitucional estima en primer término que el campo asignado a la protección
constitucional de la intimidad no puede ampliarse indefinidamente hasta el
extremo de considerar que todo dato personal sea a la vez íntimo.
De los datos
personales -concepto genérico- hacen parte todas aquellas informaciones que
atañen a la persona y, por tanto, pueden ser, junto con las estrictamente
reservadas, las referentes a aspectos que relacionan a la persona con la
sociedad y que, por tanto, son públicas. Así, por ejemplo, no puede equipararse
la información referente a una disputa típica e indudablemente conyugal, que
sólo importa a los esposos, con el dato, también personal pero relevante social
y aun jurídicamente, que alude al hecho de haber desempeñado cierto cargo o de
poseer un determinado vehículo.
De tal modo, hay
datos personales que específicamente son íntimos y gozan, en consecuencia, de
la garantía constitucional en cuanto tocan con un derecho fundamental e
inalienable de la persona y de su familia, al paso que otros, no obstante ser
personales, carecen del calificativo específico de privados, toda vez que no
únicamente interesan al individuo y al círculo cerrado de su parentela, sino
que, en mayor o menor medida, según la materia de que se trate, tienen
importancia para grupos humanos más amplios (colegio, universidad, empresa) e
inclusive para la generalidad de los asociados, evento en el cual son públicos,
y si ello es así, están cobijados por otro derecho, también de rango
constitucional fundamental, como es el derecho a la información (Artículo 20
C.P.).
Entonces, resulta
apresurado incluir como de reserva un dato personal por el sólo hecho de serlo,
y pretender que quien lo haya recibido, así sea para fines comerciales,
financieros o de negocios, esté violando el derecho a la intimidad del
interesado por darlo a conocer a terceros o por divulgarlo.
Algo que parece
obvio, pero que la Corte quiere recalcar, es que el dato no privado puede, por
definición, ser conocido por otros y también publicado.
La dirección y el
teléfono de una persona son informaciones que precisan el domicilio de ésta, es
decir, el sitio en donde ella se entiende ubicada y donde cualquiera la puede
conseguir para los efectos del cumplimiento de sus obligaciones y del ejercicio
de sus derechos.
Dice MAZEAUD:
"...los terceros tienen necesidad de saber dónde encontrar a esa persona,
para hacerla comparecer a un juzgado, por ejemplo. Igualmente necesitan saber
dónde serán efectivas las medidas de publicidad destinadas a permitirles
conocer ciertas situaciones (como el matrimonio, la incapacidad, la
transferencia del dominio de la propiedad inmueble). Por otro lado, el
legislador no puede organizar un gran número de instituciones sino a condición
de que la persona a que se refieren dichas instituciones tenga un centro en el
cual las ponga en actividad". (Cfr. Nouveau guide d'excersices practiques
pour la licence en droit. Paris, Editorial Montchrestien, 1962, pág. 73).
El conocimiento
acerca de la dirección de un individuo es algo que, por el mismo
desenvolvimiento de las actividades en el seno de la sociedad y aun por razones
físicas de vecindad, no puede mantenerse en secreto. Basta visitar cualquier
municipio colombiano para verificar que los habitantes son públicamente
identificados y que la generalidad de ellos saben dar razón acerca del lugar en
que se ubica la vivienda de otro.
Considérese, por
otra parte, que las autoridades públicas deben poseer los datos referentes a la
ubicación de la persona para los efectos de su protección y también para exigir
de ella las responsabilidades que le quepan por sus actos u omisiones.
Desde luego, no
puede desconocerse que algunas personas, por razón del cargo que desempeñan o
de especiales riesgos para su vida o integridad personal pueden necesitar que
su dirección y teléfono permanezcan en reserva y, en tales circunstancias,
tienen derecho a ella. Pero esa es una excepción que, como tal, tiene alcance
restrictivo y resulta aplicable a petición del mismo afectado.
Así, por regla
general, toda persona natural o jurídica titular de una línea telefónica
aparece en el directorio telefónico de la respectiva ciudad y allí, para
conocimiento público, son registrados los datos en referencia, a menos que el
sujeto incluído en la publicación se dirija en forma expresa a la entidad
responsable de la misma para que, hacia el futuro, se suprima tal registro.
A nadie se oculta
que la dirección y el teléfono son elementos necesarios para el envío y
recepción de correspondencia, escrita o verbal, ni tampoco puede negarse que
ella es una forma de comunicación humana, también protegida por los preceptos
constitucionales, siendo libre mientras no implique atentado contra la persona
o la familia.
Los envíos de
productos como oferta comercial. Oferta y aceptación.
En cuanto al hecho
de que, a partir de los datos poseídos por una entidad financiera para el
manejo de una tarjeta de crédito, instrumento que por definición inserta a la
persona en el campo de la oferta de bienes y servicios, haya sido enviada al
demandante una publicación gratuita, a manera de promoción comercial, la Corte
Constitucional debe hacer las siguientes precisiones:
1. Es imperativo
reconocer que el sistema económico vigente y amparado por la Constitución es el
de libre mercado. Ello se aprecia con nitidez en el artículo 333 de la Carta, a
cuyo tenor "la libre competencia económica es un derecho de todos que
supone responsabilidades".
Debe reconocerse,
por tanto, que el empresario, lícitamente interesado en comercializar sus
productos o en obtener usuarios para sus servicios, está en libertad de ofrecerlos
y que, cuando lo hace, no por eso viola los derechos fundamentales del receptor
de la oferta. Este tiene, claro está, la libertad de aceptarla, rechazarla o
ignorarla, quedando a salvo de todo peligro de ser forzado a celebrar un
negocio jurídico que no le interesa.
El Código de
Comercio regula, en consecuencia, la etapa precontractual en los negocios
mercantiles y en su artículo 845 señala con claridad que la oferta o propuesta,
esto es, el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, deberá
contener los elementos esenciales del negocio jurídico "y ser comunicada
al destinatario". Para el efecto, como se comprende, es indispensable que
el oferente conozca la dirección o el teléfono de su posible cliente, sin
necesidad de haber obtenido previamente autorización para formularle la oferta.
De allí que, al tenor del mismo estatuto, "se entenderá que la propuesta
ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla
conocer del destinatario".
2. Existe un
vínculo, perfectamente normal entre el conocimiento que se tiene acerca de que
alguien posee una tarjeta de crédito y la idea de ofrecerle bienes y servicios
que pueda pagar con cargo al crédito que le ha sido otorgado, pues el contrato
de apertura de crédito implica, por definición legal, la "disposición de
una persona (de) sumas de dinero, dentro del límite pactado y por un tiempo
fijo o indeterminado" (Artículo 1400 C. de Co.).
La disponibilidad de
los recursos -esa es la idea del instrumento- representa mayor facilidad de
compra inmediata, la cual puede tornarse perjudicial para las finanzas del
titular de la tarjeta por el manejo descuidado de ella o incidir, a nivel
general, en la inflación, razones que podrían hacer aconsejable el
establecimiento de controles o la adopción de medidas económicas, pero que de
ninguna manera restan legitimidad al oferente para buscar, entre potenciales
adquirentes o suscriptores, los negocios propios de su actividad.
3. Si, como arriba
se expresa, el ejercicio de la libre competencia económica supone
responsabilidades, el oferente tampoco goza de un derecho absoluto, pues
encuentra por límites el bien común, las regulaciones y requisitos que para la
respectiva actividad establezca el legislador, la función social (Artículo 333
C.P.) y, por supuesto, los derechos fundamentales, mal podría admitirse que
llevara su libertad hasta extremos que desconocieran la del receptor de la
oferta, forzando, por ejemplo, la adquisición del bien o la contratación del
servicio ofrecido por la vía de la tarjeta de crédito mediante la fijación de
un plazo, vencido el cual la oferta se entendiera aceptada, pues ello
comportaría la utilización del mecanismo de la tarjeta de crédito para asegurar
el negocio de espaldas a la voluntad de uno de los contratantes. Se
desconocería así el principio constitucional del artículo 28 C.P. ("Toda
persona es libre"), resultaría cercenado el postulado de la buena fe
(Artículo 83 C.P.) y se incumpliría el primer deber constitucional de toda
persona ("Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios",
según el artículo 95-1 C.P.).
Es natural,
entonces, que el artículo 851 del Código de Comercio, que fija plazos para la
aceptación o rechazo de la propuesta de celebrar un negocio jurídico, no se
pueda interpretar en el sentido de que, vencidos aquéllos, ha quedado
perfeccionado el acuerdo de voluntades, sino, por el contrario, en el de que
dicho acuerdo no se ha logrado, cuando menos en las condiciones inicialmente
planteadas por el oferente, quien las ha mantenido durante el plazo, como es su
obligación, quedando en libertad de modificarlas después de él, con miras a una
eventual nueva oferta.
Tal entendimiento de
la mencionada norma legal es acorde con el texto y el sentido del artículo 854 ibídem,
a cuyo tenor, la aceptación tácita, que produce los mismos efectos que la
expresa, tiene que ser manifestada "por un hecho inequívoco de ejecución
del contrato propuesto", por lo cual, a juicio de la Corte, no puede
deducirse del silencio puro y simple o del transcurso del tiempo. Por ejemplo,
si, recibido el producto que se ofrece por la vía de la tarjeta de crédito, con
expreso aviso del oferente acerca de que debe devolverse en un tiempo
determinado en caso de no ser aceptada la oferta, y el receptor consume el
producto enviado, la obvia conclusión que se deriva del precepto es la de que
ha consentido en celebrar el negocio y queda obligado por él.
Conclusiones
en el caso concreto
Se deduce de lo
dicho que la entidad financiera que administra la tarjeta de crédito del
accionante no violó derecho fundamental alguno de éste por la sóla
circunstancia de haber suministrado a firmas comerciales los datos acerca de su
dirección y teléfono.
Debe considerarse
que el peticionario no solicitó expresamente la reserva sobre dichas
informaciones.
Por otra parte, la
entidad responsable de la publicación y distribución de la revista que fue
enviada y ofrecida al solicitante tampoco vulneró sus derechos cuando le
remitió ejemplares de cortesía, ofreciéndole posteriormente la suscripción por
vía telefónica.
El demandante gozaba
de plena libertad de aceptar o rechazar la oferta, e hizo uso de ella, según lo
expuesto en la demanda, pues no se suscribió a la revista.
La Corte
Constitucional no encuentra sustento alguno a sus pretensiones de protección
judicial, toda vez que sus derechos fundamentales, en especial el de la
intimidad y la libertad, permanecieron indemnes desde el principio.
Se confirmarán las
providencias revisadas.
DECISION
Con fundamento en
las consideraciones precedentes, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMASE la sentencia proferida en el
asunto de la referencia por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación
Penal- el 7 de febrero de 1995, a cuyo tenor se modificó el fallo del 30 de
noviembre de 1994, dictado por el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá.
Segundo.- SURTASE el trámite previsto en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
HERNANDO HERRERA
VERGARA ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
432 | T-269-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-269/95
ACCION DE TUTELA-Acumulación
La Sala considera
que las pretensiones de ambos casos habrían podido perfectamente acumularse en
un solo libelo, puesto que, en últimas, buscaban quitar todo piso jurídico al
cierre del hogar comunitario. Hasta aquí se llenan los requisitos para la
acumulación de procesos, excepto en lo relacionado con la necesidad de la
previa petición de parte. Sin embargo, la Corte piensa que en materia de tutela
este último requisito no es necesario, porque con fundamento en los principios
de economía, celeridad y eficacia propios de la institución, y sin perder de
vista que legalmente es posible de oficio dictar cualquier medida de seguridad
encaminada a proteger los derechos, el juez de tutela está facultado para hacer
oficiosamente todo lo posible a fin de evitar la posibilidad de que en
cuestiones íntimamente ligadas y que recaen sobre derechos constitucionales
fundamentales, se produzcan fallos encontrados.
DEBIDO
PROCESO/HOGARES COMUNITARIOS-Vínculo
contractual/MADRE COMUNITARIA-Desvinculación
En lo que atañe
al posible atropello del derecho de la ex madre comunitaria al debido proceso,
se considera que tal falla no se dio en el presente caso. Porque las demandas,
en lo esencial, están enderezadas no tanto a cuestionar las figuras del llamado
de atención y la suspensión con las que la junta directiva, antes de la
clausura del hogar comunitario, sancionó a la demandante, sino a impugnar, en
un plano enteramente distinto, el cierre mismo, con el fin de obtener la
reinstalación de la actora en su dignidad de madre comunitaria. El vínculo que
unió a la demandante con la Asociación de Padres de Familia Hogares
Comunitarios, era de naturaleza contractual. Establecido que el nexo era
contractual, la Sala piensa que la clausura del hogar no fue sino una simple
consecuencia de su terminación. Y, en este sentido, considera que la decisión de
la junta directiva no fue una medida disciplinaria, sino la aplicación de una
facultad otorgada por el ordenamiento.
Referencia : proceso
T-55605
Actoras : Aura
Nelly Gómez de Soto, María del Carmen Cardoso Castro,
María del Carmen Cifuentes
Puerto, Dora Elisa Becerra Moreno, Elizabeth Ochoa
de Rincón, Rubiela Soto de
Novoa y Yaneth Moreno
Procedencia : Juzgado
Séptimo (7o.) Penal del
Circuito de Tunja
Ponente : doctor
Jorge Arango Mejía
Sentencia
aprobada en sesión del veintitrés (23) de junio de mil novecientos noventa y
cinco (1995).
La
Sala Primera (1a.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes
Muñoz, decide sobre la sentencia del Juzgado Séptimo (7o.) Penal del Circuito
de Tunja, de fecha diez (10) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro
(1994).
I. ANTECEDENTES
A. Hechos
Por
una parte, la señora Aura Nelly Gómez de Soto, madre comunitaria en el sector
La Fuente de Tunja, el dieciseis (16) de septiembre de mil novecientos noventa
y cuatro (1994), presentó una demanda de tutela contra el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, Regional Boyacá. Esta acción se tramitó inicialmente
ante el Juzgado Cuarto (4o.) Penal Municipal de Tunja.
En
su reclamación solicitó la defensa de sus derechos a la libre expresión, al
trabajo, al debido proceso, a la igualdad entre el hombre y la mujer, así como
la protección de los derechos de los niños.
Fundamentó
su demanda diciendo que desde el quince (15) de mayo de mil novecientos noventa
y cuatro (1994), por haber exigido sus derechos, los de otras madres
comunitarias, y haber pedido alimentos de óptima calidad para los niños, fue
objeto de persecución por parte de Luis Alberto Botello Alfonso, Rosa E. Blanco
Arenales e Hilda Quevedo, presidente, tesorera y secretaria de la Asociación de
Padres de Familia Hogares Comunitarios de Bienestar del Sector La Fuente,
Municipio de Tunja, Departamento de Boyacá.
Como
demostración de esa animadversión, la actora narró que el treinta (30) de
agosto de mil novecientos noventa y cuatro (1994), por resolución número 001,
los nombrados resolvieron suspenderla en sus funciones durante quince (15) días
calendario, so pretexto de que sus descargos a una llamada de atención no
fueron satisfactorios, y que asumió una actitud grosera contra el señor Botello
y la tesorera.
Asimismo,
la demandante dijo que el veintinueve (29) de agosto del mismo año, la asamblea
extraordinaria de usuarios de los hogares comunitarios del sector La Fuente
nombró una junta directiva distinta, pero que al resolver la impugnación de la
elección, la oficina jurídica del I.C.B.F. restituyó a la junta destituída, lo
cual favoreció la persecución que se le venía haciendo pues, mediante oficio
del quince (15) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), con
la firma del reinstalado presidente, se procedió a cerrar definitivamente el
hogar comunitario.
Como
la actora pidió que se ordenara su reintegro al cargo de madre comunitaria, el
Juzgado Cuarto (4o.) Penal Municipal de Tunja, interpretando la demanda,
consideró que ésta, en vez de enderezarse contra el I.C.B.F. -entidad que no
fue la responsable de su destitución-, en el fondo estaba dirigida contra la
Asociación de Padres de Familia Hogares Comunitarios de Bienestar del Sector La
Fuente, Municipio de Tunja, Departamento de Boyacá.
Por
otro lado, el veintiuno (21) de septiembre del citado año, las señoras María
del Carmen Cardoso Castro, María del Carmen Cifuentes Puerto, Dora Elisa
Becerra Moreno, Elizabeth Ochoa de Rincón, Rubiela Soto de Novoa y Yaneth
Moreno, alegando ser madres de niños usuarios del hogar de Aura Nelly Gómez de
Soto, interpusieron otra tutela contra la Asociación de Padres de Familia
Hogares Comunitarios de Bienestar del Sector La Fuente, Municipio de Tunja,
Departamento de Boyacá. Allí, con pretensiones análogas a las de la demanda
atrás referida, y con base en la idea de una violación del derecho de sus hijos
menores a la seguridad social y a la percepción de alimentos, se solicitó la
anulación del cierre del hogar comunitario clausurado con arreglo al oficio del
quince (15) de septiembre. Esta segunda demanda se tramitó ante el Juzgado
Séptimo (7o.) Penal del Circuito de Tunja.
Por
auto del veintisiete (27) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro
(1994), esta última oficina “habida consideración de que el Juzgado Municipal
fue el primero en conocer del asunto, por economía procesal y para evitar dos
decisiones sobre el mismo asunto”, optó por enviar el expediente al primer
juez, es decir, al cuarto (4o.) penal municipal de Tunja, para su acumulación
con la tutela de la señora Aura Nelly Gómez de Soto.
B. Los
pronunciamientos judiciales
a. La sentencia
de primer grado
El treinta (30) de
septiembre del pasado año, el Juzgado Cuarto (4o.) Penal Municipal de Tunja,
decidiendo sobre los dos (2) negocios acumulados, en lo esencial resolvió, para
proteger sólo el derecho al debido proceso, “declarar sin validez jurídica el
oficio de septiembre quince (15) de mil novecientos noventa y cuatro (1994),
suscrito por Luis Alfonso Botello Alfonso, Hilda Marina Quevedo Cepeda y Rosa
Elvira Blanco Arenales, por el que se comunicaba la determinación de cerrar el
Hogar de Nelly de Soto”.
b. El fallo por
revisar
El
diez (10) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), el Juzgado
Séptimo Penal del Circuito de Tunja decidió no tutelar las pretensiones de las
demandantes, revocó en su integridad la sentencia del a quo y declaró
válida la actuación de la junta directiva de la Asociación de Padres de Familia
Hogares Comunitarios de Bienestar del Sector La Fuente, Municipio de Tunja,
Departamento de Boyacá.
II.
CONSIDERACIONES
A. Competencia
La
Sala es competente para decidir sobre la sentencia que se revisa, por lo
dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución, y 33 y 34
del decreto 2591 de 1991.
B. En primer
lugar, ¿podían acumularse las tutelas?
Para
responder, la Sala parte del convencimiento de que en ambas acciones la parte
demandada estuvo compuesta por la Asociación de Padres de Familia Hogares
Comunitarios de Bienestar del Sector La Fuente, Municipio de Tunja,
Departamento de Boyacá, y por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Esto
es claro en tratándose de la demanda propuesta por las señoras María del Carmen
Cardoso Castro, María del Carmen Cifuentes Puerto, Dora Elisa Becerra Moreno,
Elizabeth Ochoa de Rincón, Rubiela Soto de Novoa y Yaneth Moreno, quienes,
además de vincular a la asociación de padres, también demandaron al I.C.B.F.
así haya sido en forma condicional, es decir, “en el caso de que hubiese
existido orden del I.C.B.F. a la asociación de padres y de usuarios para cerrar
el hogar ya mencionado”.
En
esta primera demanda, dicho sea de paso, el Juzgado de segunda instancia
erróneamente consideró que las señoras Clara Inés Sáenz, Rosa Elena Peña y
Martha Moreno López, también conformaron la parte actora. Si bien es cierto que
sus nombres figuran en el correspondiente memorial, sus firmas están ausentes
del mismo. Por esto, estas personas habrán de excluirse de la decisión que la
Corte adopte para este caso.
En
cuanto a la otra demanda, como ya se dijo, se formuló contra el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, pero su interpretación, en conjunto con la
ampliación que rindió la actora el dieciseis (16) de septiembre de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), no puede conducir sino a la idea de que
también procedía contra la entidad que cerró el hogar administrado por ella, o
sea la asociación de los padres de familia.
De
conformidad con lo expuesto, en las dos (2) tutelas se presentaron los mismos
demandados. Pero, además, la defensa de éstos fue la misma en ambos
expedientes: el I.C.B.F. alegó no haber tenido nada que ver con la decisión de
clausurar el hogar comunitario de la actora, y la asociación, por intermedio de
su representante, y con arreglo a lo manifestado por la secretaria y la
tesorera, dijo haber actuado según los estatutos y en beneficio de los menores.
Adicionalmente, las dos (2) demandas tenían que tramitarse según un mismo
procedimiento y, en el momento de su acumulación, se encontraban en la primera
instancia. Complementariamente-, la Sala considera que las pretensiones de
ambos casos habrían podido perfectamente acumularse en un solo libelo, puesto
que, en últimas, buscaban quitar todo piso jurídico al cierre del hogar
comunitario de Aura Nelly Gómez de Soto.
Hasta
aquí se llenan los requisitos previstos por el artículo 157 del Código de
Procedimiento Civil para la acumulación de procesos, excepto en lo relacionado
con la necesidad de la previa petición de parte. Sin embargo, la Corte piensa
que en materia de tutela este último requisito no es necesario, porque con
fundamento en los principios de economía, celeridad y eficacia propios de la
institución, y sin perder de vista que legalmente es posible de oficio dictar
cualquier medida de seguridad encaminada a proteger los derechos (artículo 7o.
del decreto 2591 de 1991), el juez de tutela está facultado para hacer
oficiosamente todo lo posible a fin de evitar la posibilidad de que en
cuestiones íntimamente ligadas y que recaen sobre derechos constitucionales
fundamentales, se produzcan fallos encontrados.
En
conclusión, sí era posible acumular las demandas de tutela propuestas.
C. ¿Se afectaron
realmente los derechos fundamentales mencionados por las actoras?
Se
trata de saber si es cierto que los derechos fundamentales invocados fueron violados
o, al menos, sufrieron una amenaza de violación.
Como
se recuerda, el primero de los derechos supuestamente quebrantados fue el de la
libertad de expresión de Aura Nelly Gómez de Soto. Sin embargo, en los dos
expedientes se puede apreciar que este derecho no sufrió violación o amenaza de
violación. Por el contrario, si hay algo claro en todo este asunto, es que la
reclamante siempre pudo manifestar libremente sus ideas. Así lo hizo, por
ejemplo, en numerosas comunicaciones, descargos, citaciones y aun en una
denuncia policiva contra los integrantes de la junta directiva que clausuró su
hogar infantil. Sobre este particular, también hay coincidencia por parte de
los jueces de instancia.
En
relación con el derecho al trabajo de doña Aura, tanto el a quo como el ad
quem concuerdan con la Sala en la consideración de que no fue amenazado ni
violado. Efectivamente, el hecho de que la junta directiva haya dado por
terminada la relación que vinculaba a la Asociación de Padres de Familia
Hogares Comunitarios de Bienestar del Sector La Fuente, Municipio de Tunja,
Departamento de Boyacá, con la señora Aura Nelly Gómez de Soto, no implicaba
que ésta no pudiera desarrollar otras actividades. En este sentido, debe
recordarse, como lo admite la misma interesada, que pese al cierre del hogar,
siguió prestando el servicio de cuidado de niños.
Tampoco
se presentó ninguna violación a la igualdad entre el hombre y la mujer, puesto
que, con arreglo a lo que aparece probado, la clausura del hogar no obedeció al
hecho de que la actora hubiere sido una mujer.
En
cuanto a los derechos fundamentales de los niños, la Sala no encuentra que
hayan sido vulnerados o amenazados. Efectivamente, tal como lo sostuvieron las
sentencias de instancia, en el sector La Fuente del municipio de Tunja, existe
un buen número de hogares comunitarios en los cuales, de haberlo querido sus
padres, los niños usuarios del hogar cerrado podían haber sido atendidos.
Además, como se anotó, la señora Aura Nelly Gómez de Soto, a pesar de no contar
con el aval de la asociación de padres y el I.C.B.F., siguió prestando el
servicio de guardería, lo cual indica que a los correspondientes menores no se
les privó de la cobertura requerida.
D. ¿ Afectó la
desvinculación de la ex madre comunitaria el debido proceso?
Finalmente,
en lo que atañe al posible atropello del derecho de la ex madre al debido
proceso, la Corte considera que tal falla no se dio en el presente caso. ¿Por
qué? Porque las demandas, en lo esencial, están enderezadas no tanto a
cuestionar las figuras del llamado de atención y la suspensión con las que la
junta directiva, antes de la clausura del hogar comunitario, sancionó a la
señora Aura Nelly Gómez de Soto, sino a impugnar, en un plano enteramente
distinto, el cierre mismo, con el fin de obtener la reinstalación de la actora
en su dignidad de madre comunitaria. Veamos.
Para
la Sala, el vínculo que unió a la señora Gómez de Soto con la Asociación de
Padres de Familia Hogares Comunitarios de Bienestar del Sector La Fuente,
Municipio de Tunja, Departamento de Boyacá, era de naturaleza contractual. En
esto concuerda con el criterio que adoptó el ad quem en la sentencia
objeto de revisión, porque para éste, tal nexo, sin ser laboral, sí supuso una
vinculación voluntaria, una colaboración humanitaria y ciudadana.
Sin
duda, alrededor de la relación surgida entre ambas partes -una entidad sin
ánimo de lucro, de beneficio social, vinculada al Sistema Nacional de
Bienestar Familiar, y un particular que nunca ostentó la calidad de empleado-,
se puede decir que fue de orden civil; bilateral, en la medida en que los
contratantes se obligaron recíprocamente: la madre, a la satisfacción del
interés de su contraparte, o sea la adecuada prestación de una serie de
servicios a los niños usuarios y a sus padres, y la asociación, al apoyo debido
y al pago de la beca suministrada por el I.C.B.F.; consensual, puesto que no
requirió de ninguna solemnidad; onerosa, porque daba derecho a la madre
comunitaria para percibir parcialmente parte de la beca mencionada.
Establecido
que el nexo era contractual, la Sala piensa que la clausura del hogar no fue
sino una simple consecuencia de su terminación. Y, en este sentido, considera
que la decisión de la junta directiva no fue una medida disciplinaria, sino la
aplicación de una facultad otorgada por el ordenamiento.
En
efecto, la desvinculación de la demandante no pudo tener el carácter de sanción
disciplinaria, pues en ningún momento se propuso corregir o enderezar el
comportamiento de Aura Nelly Gómez de Soto.
Y,
además, la junta directiva, con base en el literal f) del artículo 9o. del
acuerdo del I.C.B.F. número veintiuno (21) de mil novecientos ochenta y nueve
(1989), que se ocupó de los procedimientos para el desarrollo del programa de
hogares comunitarios, con justa causa o sin ella, sí podía proceder a la
terminación de su vínculo con la señora Gómez de Soto. La norma dice:
“Funciones de la
Junta Directiva:
“(...)f. Seleccionar
y reemplazar las madres comunitarias, entre las personas de la lista de
elegibles que hayan aprobado la capacitación.” (negrillas por fuera de texto)
De
otra parte, según el artículo décimotercero (13o.) de los estatutos, la
decisión del cierre del hogar se tomó en legal forma, pues fue suscrita por
tres (3) de los miembros del comité directivo de la asociación. La parte
pertinente de la disposición dice:
“(...)Constituirá
quórum la asistencia de por lo menos tres (3) de sus miembros, y las decisiones
serán tomadas por la mayoría de votos de los asistentes.”
En
suma, si la finalización del vínculo jurídico y la clausura del hogar son
cuestiones ajenas al campo de las sanciones de faltas disciplinarias, por
simple sustracción de materia es imposible que la asociación hubiera violado un
debido proceso que, para el efecto, no estaba obligada a observar.
Lo
dicho obliga a dos precisiones adicionales.
Una,
consistente en considerar que aquí ocurre algo similar a lo que por regla
general sucede en lo laboral cuando del despido del trabajador se trata: la
ruptura del nexo entre la desvinculada y la asociación, hecha en legal forma,
sin perjuicio, claro está, de un cambio de opinión de aquélla, es un aspecto
que no admite la introducción judicial de una figura de excepción no
contemplada por la legislación, a saber, la del reintegro.
Y
la otra, relacionada con lo superfluo de la mención del ad quem en el
sentido de que para casos semejantes, la asociación tendría que contar con una
reglamentación especial. Tal advertencia, en consecuencia, habrá de
desaparecer.
C. ¿Disponían las
actoras de otro medio de defensa judicial?
Este
interrogante obedece a que el inciso 3o. del artículo 86 de la Constitución,
enseña que la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
La
Sala estima que la falta de un procedimiento judicial idóneo para la resolución
de un caso sui generis como el presente, habilita al juez de tutela para
conocer del mismo, pero, habida cuenta de que el reintegro no es procedente,
advierte que la señora Aura Nelly Gómez de Soto, si pretende simplemente
obtener una indemnización de perjuicios alegando una desvinculación injusta,
debe acudir a la justicia ordinaria puesto que tal perjuicio, conforme a lo que
resulta probado, no tiene el carácter de irremediable.
III. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.
CONFIRMAR el fallo de
segunda (2a.) instancia proferido por el Juzgado Séptimo (7o.) Penal del
Circuito de Tunja, de fecha diez (10) de noviembre de mil novecientos noventa y
cuatro (1994), con excepción, en el primer punto de la parte resolutiva, de la
errónea mención de las señoras Clara Inés Sáenz, Rosa Elena Peña y Martha
Moreno López como integrantes de la parte actora, y sin la advertencia
contenida en el inciso final del punto segundo de dicha parte.
SEGUNDO.
COMUNICAR este fallo al Juzgado
mencionado, para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de
1991.
Notifíquese,
cópiese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte.
JORGE ARANGO MEJÍA
Magistrado ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
433 | T-270-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-270/95
ACCION DE TUTELA
INTERPUESTA POR JUEZ
El artículo 86 de
la Constitución Política permite a TODAS LAS PERSONAS instaurar la acción de
tutela. Si un juez de la República considera que se le han violado sus derechos
fundamentales perfectamente puede acudir a la tutela. Por eso, no es correcto
tomar la palabra "justicia" en abstracto, y ponerla como barrera al
derecho de amparo al cual también tienen derecho los funcionarios judiciales.
DERECHO AL
TRABAJO CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS/DERECHO AL TRABAJO-Reubicación
Sí se afectan las
condiciones para laborar, pero no al extremo de violar el nucleo esencial del
derecho al trabajo en condiciones dignas; además, la reubicación no fue
irrazonable y el presupuesto para adecuaciones locativas (superior en
disponibilidad a los mil millones) es para todo el Departamento de Antioquía;
desconociéndose cuál es la situación de los despachos judiciales en lugares
diferentes a Medellín. Un juez que invoca su DIGNIDAD para trabajar
eficientemente, no está planteando cuestión nimia. Exigir privacidad para el
trabajo, tranquilidad en cuanto no corran peligro los expedientes y bienes del
despacho, condiciones que no afecten la salud, seguridad para el normal
desarrollo de las labores de una oficina es algo muy importante, es una
obligación.
DERECHO AL
TRABAJO-Riesgos
profesionales/RAMA JUDICIAL-Protección a empleados
El Estado, cuando
se trata del ambiente del trabajo dentro de la Rama Jurisdiccional, debe EVITAR
que ocurra el riesgo de que unos jueces vean afectada su vista por la
permanente luz artificial cuando eso no es lo normal. Al establecerse
forzadamente unos módulos se está peligrosamente facilitando un riesgo
profesional, pero, no hay prueba suficiente para deducir que necesariamente
ocurrirá ese riesgo con la característica de perjuicio irremediable.
DISCRIMINACION/TRATAMIENTO
DIFERENCIADO/DERECHO A LA IGUALDAD-Inaplicabilidad
Jurídicamente no es
lo mismo DISCRIMINACION que trato diferente. Este último es permitido en
algunos casos, sin que implique violación a la igualdad. A pesar de haber un
trato diferente frente a situaciones iguales, la diferenciación no constituirá
discriminación si obedece a un fin constitucionalmente lícito y está motivada
objetiva y razonablemente, caso en el cual no es factible afirmar que hay
violación al derecho de igualdad. No pueden los jueces solicitantes de la
tutela, como lo han insinuado, pedir que intercambien sus oficinas con las de
otros juzgados que tienen menos audiencias. No es válido en este caso invocar
la IGUALDAD como DIFERENCIACION.
REF: EXPEDIENTE
T-56347
Peticionarios:
Alba Rocío Restrepo y otros.
Procedencia:
Tribunal Superior de Medellín -Sala Civil-.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Temas:
-Los
Jueces pueden instaurar tutela.
-Condiciones
dignas y justas para el trabajo de los jueces.
-El
trato diferente no siempre es discriminatorio.
Santa Fe de Bogotá
D.C., veintitres (23) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro
Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro
Naranjo Mesa.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
tutela identificado con el número de radicación T-56347, adelantado por Alba
Rocío Restrepo y otros.
I. ANTECEDENTES.
Con base en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la
Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para
efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le
correspondió el presente negocio a esta Sala.
1. Informe Preliminar.
En la ciudad de
Medellín existe el Edificio José Félix de Restrepo, lo administra el Consejo
Superior de la Judicatura, es una edificación de 27 plantas en la cual tienen
su sede: el Tribunal Superior de Antioquia, el Consejo Seccional de la
Judicatura, la Dirección Seccional de Administración Judicial, fiscalías y 153
Juzgados.
A partir del 26 de
octubre de 1994, se inició la REUBICACION de los despachos judiciales,
autorizada por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia, (actas del 13 de septiembre, 4 de octubre , 18 de octubre y 20 de
octubre de 1994), con el visto bueno de la Sala de Gobierno del Tribunal de
Medellín. Tal reubicación buscó situar, entre otros, los juzgados laborales en
los pisos 9 y 10, los Juzgados Civiles Municipales en los pisos 10, 11 y 12 y
los Juzgados Civiles del Circuito en los pisos 12 y 13, efectuándose la
ubicación de cada Juzgado "de modo ascendente en el sentido de las
manecillas del reloj" (información del Presidente del Consejo Seccional de
la Judicatura y de la Directora Seccional de Administración Judicial).
Ocurre que cada piso
tiene una dirección longitudinal de oriente a occidente y en cada uno de estos
extremos, en la estructura general del edificio, había un espacio no ocupado
que servía como vestíbulo y área de circulación, sin embargo, en varios pisos,
no en todos, sin el correspondiente permiso de planeación municipal y en detrimento
del sistema global de seguridad, se habilitaron esos espacios libres,
construyéndose unos módulos para oficinas. Es decir, hay dos modelos de
despachos: las oficinas originales de la construcción (denominadas “oficinas
convencionales") y las oficinas habilitadas (denominadas “módulos”). Al
hacerse la REUBICACION, algunos despachos que antes estaban en las oficinas
originales o CONVENCIONALES pasaron a los MODULOS y este es el caso de los ocho
jueces que interpusieron tutela. Ellos afirman que son palpables las
diferencias entre las oficinas que antes tenían y las que se les asignaron en
la reubicación. Para ver si ello es cierto se hace el siguiente cuadro, con
fundamento en pruebas que existen en el expediente:
Algunos factores de distinción.
Oficinas que antes
del 26 de octubre de 1994 tenían los accionantes.
Las que hoy tienen
los accionantes.
TERMINO DE COMPARACION
OFICINA
"CONVENCIONAL"
OFICINA
"MODULO"
LUZ
Luz natural
Excepcionalmente
luz eléctrica.
Siempre con luz
eléctrica.
Excepcionalmente
luz natural en ciertas partes.
VENTANALES
8 ventanas
exteriores (2 grandes en despacho del juez) 4 ventanas interiores.
5 ventanas
exteriores (1 pequeña en despacho juez), 3 ventanas interiores.
DIMENSION VENTANALES
1.28 cmts. X 1.65
78 cmts. X 1.65
PARA
ATENCION AL PUBLICO
4 ventanales, de
1.40 c/u, totalmente abierto, se pueden controlar los expedientes.
3 ventanas
pequeñas, con vidrio y una pequeña rendija de 8 centímetros para pasar
expedientes. Control difícil.
PRIVACIDAD EN
LA OFICINA DEL JUEZ PARA AUDIENCIAS, TESTIMONIOS, DECISIONES.
No hay
interferencia alguna, distinta de lo propio en el funcionamiento de un
Juzgado.
Si hay
interferencia.
En la parte
superior hay calados abiertos de 35 cmts. en la pared que da a un pasillo,
luego lo que habla el juez se escucha en el corredor y viceversa .
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS
Normales porque
los ventanales dan al norte o al sur.
Los ventanales dan
al oriente u occidente, luego hay acaloramiento permanente.
VENTILACION
Normal.
Con ventiladores.
FUNCIONALIDAD DE LA OFICINA DEL
SECRETARIO
Buen control sobre
el juzgado.
Muy difícil el
control porque está dentro de un módulo interior.
SEGURIDAD PARA EXPEDIENTES Y BIENES DEL
JUZGADO
La propia del
edificio, mas persianas metálicas en los ventanales de atención al público y
la pared se prologa más arriba del cielo raso.
Escasa. El techo
es de fibra de vidrio y se levanta fácilmente dejando contra el corredor un
espacio abierto de 96 cmts. No hay persianas metálicas.
OLORES
No hay. La
ventilación es adecuada.
Ocasionales, de
baños colindantes.
CONSTRUCCION
La propia del
edificio.
Triplex,
especialmente.
2. Solicitud.
ALBA ROCIO RESTREPO
CARDOZO, Juez 2º Civil Municipal, HERNAN MORA GONZALEZ, Juez 7º Civil
Municipal, ADOLFO LEON SANIN CORREA, Juez 12 Civil Municipal, LUZ HELENA VELEZ
CARDONA, Juez 17 Civil Municipal, BEATRIZ MEDINA ECHEVERRI, Juez 1º Civil del
Circuito, PIEDAD CECILIA VELEZ GAVIRIA, Juez 11 Civil del Circuito, JAVIER
ECHEVERRI CORREA, Juez 5º Laboral del Circuito, FLOR MARIA PULGARIN PIZARRO,
Juez 10 Laboral del Circuito, instauraron tutela contra la Dirección Seccional
de la Administración Judicial de Antioquia para que se les protegieran los
Derechos a la igualdad y el trabajo, y lo hicieron ANTES DE QUE SE EFECTUARA LA
REUBICACION. Dijeron en la solicitud:
“esa decisión, al
disponer que los Despachos Judiciales a nuestro cargo sean reubicados en
“MODULOS” y no en las oficinas originales de la edificación, nos discrimina sin
razón alguna, toda vez que los dichos “MODULOS”, son lugares de escasas
dimensiones, oscuros o dotados de poca luz y menos ventilación, si se les
compara con las restantes oficinas de que disponemos actualmente y dispondrán
otros Despachos Judiciales en adelante.”
Agregaron:
“la decisión a
que nos referimos concreta un reprochable retroceso contra LA DIGNIDAD de las
condiciones de trabajo de los aquí reclamantes y otros en igual situación y,
resulta atentatoria de las condiciones JUSTAS de desenvolvimiento de nuestra
labor.”
Cuando se instauró
la tutela aún no se había efectuado la reubicación, por eso se solicitaba que
el traslado fuera a otra oficina convencional o que se los mantuviera en el
mismo sitio que venían ocupando.
El traslado se
efectuó. Los juzgados antes relacionados fueron ubicados en los módulos. Vale
la pena reproducir algunas frases dichas por los ocho jueces:
Adolfo León
Sanin Correa:
"los Juzgados que nos encontramos en el lado occidental estamos contiguos
a los servicios sanitarios; en las horas de la tarde con el calor se levantan
olores no muy agradables que han afectado al suscrito y demás colaboradores en
las afecciones respiratorias".
Hernán Mora G.: "la salud de dos de los empleados
se vió amenzada como en el caso del suscrito ya que fuimos atacados de
bronquitis. De otro lado agrego que el pésimo diseño arquitectónico de los
módulos hacen de estos un verdadero laberinto, en donde por poner un ejemplo el
secretario se encuentra encajonado en un cubículo en donde se acrecienta el
calor y no se puede desempeñar una observación directa sobre lo que acontece
dentro de la oficina, esto lo afirmo ya que en la actualidad me desempeño como
secretario del juzgado antes mencionado, ya que aclaro que para la fecha en que
se iniciaron los trámites que compete a la actual inspección judicial, me
encontraba como juez encargado."
Flor María
Pulgarín:
"Poca luz natural que me ha creado cierta desestabilización con respecto
al escritorio tratando de ubicar una coordinación de luces de la luz natural
con la luz artificial, para poder contrarestar el problema visual que tengo en
estos momentos. La falta de privacidad, por la comunicación que existe con el
juzgado que queda a mis espaldas y eso por cuanto las divisiones no permite
neutralizar los ruidos, las conversaciones y aún más los malos olores:"
Javier
Echeverri Correa:
me toca escuchar a los testigos que se sientan en las bancas al lado de la
división, todo lo que ellos van a decir en la audiencia, escucho hasta las
confidencias del abogado con el testigo, por eso opté por tener la radio con
volumen".
Beatriz Medina
Echeverry: "No
es justo ni es digno para mi como juez y para el personal en el Juzgado a mi
cargo como tal, que las conversaciones y expresiones que producen y pronuncian
sean escuchadas por extraños siempre. Cuando se preparan las estrategias del
trabajo entre la juez y los empleados, con el secretario con mas frecuencia,
esto se percibe de inmediato a algunos de los lados de la oficina modular y
cuando se dictan las providencias en mi caso."
Alba Rocío
Restrepo: "no
es digno, que nuestra justicia se vea atropellada por situaciones tales como
que en las audiencias se tenga que escuchar cómo una persona extraña a la misma
le dice al testigo lo que debe contestar, este hecho es muy frecuente por lo
cual el titular del despacho se ve en la penosa necesidad de salir y hacer
retirar a aquellas personas que interfieren en nuestro trabajo. Respecto a mi
persona, tengo que manifestar que desde la fecha de ubicación en los módulos me
he visto afectada de un dolor de cabeza intenso y según la prescripción del
médico bioenergético que me atiende se debe al exceso de la luz artificial y al
calor."
Luz Helena
Vélez Cardona:
"Por la poca luz natural que existe en los módulos donde funciona el
Juzgado 17 Civil Municipal, situado en la parte oriental del edificio, he
sentido afectada mi visión ya que nunca he usado lentes y al salir a la luz
natural desde que estoy ocupando el módulo, se me vuelve borrosa la vista al
salir al sol, en este costado, entra poca ventilación."
Piedad Cecilia
Vélez Gaviria:
"A mi personalmente me parece que la oficina que actualmente ocupo y a
diferencia de la anteriormente ocupada no ofrece las más mínimas condiciones
que el desempeño de mi trabajo requiere en tanto no ofrece esta oficina
aislamiento de interferencias sonoras máxime que el despacho como ya se
constató en el curso de esta diligencia, está demasiado cerca al mostrador de
atención al público del juzgado 10 Civil del Circuito, y en consecuencia, toda
conversación, reclamo y todo comentario que allí se hace interfiere mi trabajo,
impidiendo la concentración que el mismo requiere. A tal punto que la mayoría
de las decisiones delicadas a partir de la ubicación en estos módulos, han sido
tomadas previo estudio en mi casa, o sea que diariamente yo tengo que llevarme
los expedientes para estudiarlos y decidirlos en mi casa."
Las afirmaciones
hechas por los jueces, en cuanto tienen relación con los inconvenientes en los
módulos (intereferencias sonoras, vecindad con los servicios sanitarios,
luminosidad artificial, falta de ventilación) fueron comprobadas en la
inspección judicial; sobre afecciones a la vista solamente la Juez Beatriz
Medina presentó dictamen médico.
3. Pruebas que
obran en el proceso.
Además de la
inspección judicial a la cual se ha hecho referencia, hay pruebas que
demuestran adicionalmente estos aspectos:
a) en relación con
la no conveniencia de los módulos:
- El Jefe del
departamento de Bomberos de Medellín dice: "en cada piso, en los sectores
oriental y occidental, existe un hall o vestíbulo, los cuales desde el 6º al 16
piso, fueron ocupados por módulos que forman oficinas, impidiendo el flujo
normal de personas en caso de emergencia, para una posible evacuación. Con lo
anterior se están violando las normas del Acuerdo Nº 45 de 1964, por el cual se
establecen normas de Seguridad Colectiva."
- La Dirección
Regional del Trabajo, la Caja Nacional de Previsión, la Dirección Seccional de
Salud, el Comité Seccional de Salud, conceptúan, respecto al edificio:
"La entidad
carece de un programa de salud ocupacional que defina, establezca y priorice
los factores de riesgo existentes en el edificio para entrar a ejercer los
controles necesarios."
-El Departamento administrativo
de Planeación de Medellín informa:
"Revisado
cuidadosamente nuestros archivos de 3 años atrás, no aparecen autorizaciones o
permisos para hacer reformas en el edificio José Félix de Restrepo."
-Concepto del
arquitecto Gustavo León Patiño, en el cual se analizan varios aspectos siendo
de resaltar: "El tipo de división modular utilizado en forma de paredes de
altura aproximado de 190 mts. deja un espacio libre en la parte superior que se
completa con barrotes, lo cual resta privacidad al despacho del Juez."
- La Caja Nacional
de Previsión le comunica a la Corte que los "cubículos modulares son ,
superpoblados y sin individualizar."
b) En relación con
justificación a la REUBICACION en los módulos:
-Están las Actas del
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia (mencionadas anteriormente),
relatan la antigua desorganización interna en el edificio José Félix de
Restrepo lo cual imponía una reorganización que implicó el traslado de juzgados
para que el servicio fuera funcional y acorde con el acceso a la justicia. De
lo allí afirmado se deduce la necesidad de la reubicación general.
-Una circular
interna del 7 de octubre de 1994 que dice en lo pertinente:
"El traslado se
ha programado para los días miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de octubre,
teniendo en cuenta factores importantes como la especialidad, orden ascendiente
y cantidad de público que se atiende en cada despacho."
C) Otros elementos
informativos: fotografías, planos, relación de trabajo, que sustentan las
versiones de los jueces.
4. Actuación,
dentro de la tutela.
- Se presentó la
solicitud en la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín el 24 de octubre
de 1994, es decir, dos días antes de principiarse la labor de reubicación de
despachos judiciales.
-El 25 de octubre la
Magistrada ponente ordena la suspensión provisional inmediata de la reubicación
determinada por la administración judicial de Antioquia.
-El 27 de octubre se
revoca la suspensión provisional y se deniega la tutela. Las argumentaciones
principales fueron estas: se trata de un acto administrativo complejo que debe
controvertirse judicialmente, y, aunque no tuviera tal carácter, no se violó el
derecho al trabajo porque no se atenta ni contra la estabilidad laboral, ni se
entorpecen las funciones de administrar justicia; en cuanto a la igualdad, ésta
no se viola porque todos los reubicados ostentan la categoría de jueces,
habiendo la obligación correlativa de ubicarse en la oficina designada, ya
que"ningún funcionario o empleado en hipótesis dada, puede cuestionar,
alterar o desatender, las normas que importe el ente competente en cuanto a la
distribución física del edificio, y mucho menos puede entender la existencia de
discriminaciones o desigualdades en el trabajo, objetivo que tendrá que
ventilarse ante la Administración Judicial de Antioquia y respetando la
jerarquia que esta tiene para determinar en cada caso concreto la ubicación de
X o Y despacho judicial."
-Impugnada la
decisión, la Corte Suprema de Justicia, el 29 de noviembre de 1994, confirmó la
sentencia considerando que se debía acudir ante lo contencioso-administrativo y
que la tutela es inconducente:
"Sencillamente
porque el derecho a que se les satisfagan estas necesidades y se les otorguen
las condiciones idóneas para la prestación de un servicio, no constituye, en
esencia, un derecho fundamental vinculado a la persona natural, sino mera
facultad vinculada a la administración de justicia a cargo de la Nación."
La sentencia de
segunda instancia hace un juicio comparativo que, en verdad, no corresponde a
la realidad:
"Que los
despachos judiciales a cargo de los accionantes, que estaban ubicados en las
oficinas originales de la edificación, en condiciones no muy aceptables para
las funciones que le son propias, y que por esta circunstancias y por necesidad
de mejoramiento se ordenó su traslado en módulos que permitieran un mejor
desenvolvimiento de dichos despachos."
Lo que ocurrió fue
diferente: los solicitantes de la tutela estaban en buenas condiciones en las
oficinas CONVENCIONALES y se los desmejoró al pasarlos a los MODULOS. Por esa
equivocación se llega a esta equivocada conclusión:
"Ahora bién,
las pruebas allegadas al proceso demuestran aspectos positivos y negativos.
Dentro de los primeros pueden citarse: el lugar, presentación, comodidad,
barras para atención al público, iluminación, ventanas al fondo, etc."
Las pruebas
demuestran lo contrario: hay incomodidad, no hay privacidad, para atender al
público y entregar los expedientes a los interesados sólo hay un espacio de
menos de 10 centimetros, la iluminación no es la natural, las ventanas son en
menor cantidad y más pequeñas que en las oficinas originales.
La Corte Suprema
llega a considerar que esta tutela no tiene explicación razonable porque los
accionantes "pudieron, con esta actitud, haber comprometido su
comportamiento laboral y la dignidad de la justicia," y, ordena que la
Procuraduría los investigue.
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS.
A. Competencia.
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión
dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos
86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se
hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala
correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el
Reglamento de esta Corporación.
B. Temas
jurídicos a tratar.
En primer lugar hay
que estudiar lo relativo al sujeto activo de la tutela, para precisar que los
jueces pueden instaurarla. Se estudiará lo referente al trabajo en condiciones
dignas y justas, al derecho de igualdad y a la eventualidad de que haya
tratamiento distinto que no sea discriminatorio.
1. Los jueces
pueden instaurar tutela.
El artículo 86 de la
Constitución Política permite a TODAS LAS PERSONAS instaurar la acción de
tutela. Si un juez de la República considera que se le han violado sus derechos
fundamentales perfectamente puede acudir a la tutela.[1]
Por eso, no es
correcto tomar la palabra "justicia" en abstracto, y ponerla como
barrera al derecho de amparo al cual también tienen derecho los funcionarios
judiciales.
2- Quien sufre la
violación puede invocar el respeto a sus derechos.
Toda violación o
amenaza de violación repercute material y moralmente en el sujeto pasivo. La
tutela está instituida, precisamente, para evitar la violación o impedir que
continúe. Si alguien considera que se atenta contra su dignidad esto no
puede minimizarse, ni menos sancionarse cuando se aspira a hacerla valer. Cada
quien es dueño de su dignidad y si la invoca merece respeto. No es inconstitucional,
ni ilegal, ni inmoral, hacer valer la dignidad. Es un contrasentido enfrentar
la dignidad humana con la dignidad de la justicia.
En la dignidad es
muy importante lo COTIDIANO, y esto, en vez de demeritar el instrumento para
defenderla: la tutela, lo engrandece, porque es el acercamiento real de la
justicia a lo común y corriente, esto sí trascendental para el ser humano. El
derecho, así se considere como superestructura, no pierde nada y más bien se
fortifica cuando soluciona los problemas humanos, entre ellos el deseo legítimo
de vivir y trabajar lo mejor posible. No es egoista el Juez que busca la
superación en su trabajo y que exige para lograrlo CONDICIONES subjetivas y
objetivas.[2] La dignidad
acompaña calladamente a todo ser humano y no es sinónimo de grandilocuencia
porque si lo fuera no sería elemento de la autopreservación individual.
3. La Dignidad.
En
numerosas oportunidades ha habido pronunciamientos de la Corporación sobre este
derecho fundamental. Se ha dicho:
"¿qué es la dignidad humana?
Según Kant, "...el hombre, y en general todo ser racional, existe
como un fin en sí mismo, no sólo como medio para usos cualesquiera de esta o
aquella voluntad; debe en todas sus acciones, no sólo las dirigidas a sí mismo,
sino las dirigidas a los demás seres racionales, ser considerado al mismo
tiempo como fin." Y partiendo del supuesto de que el hombre es un fin en
sí mismo, enuncia este imperativo categórico: "Obra de tal modo que
uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro,
siempre como un fin al mismo tiempo, y nunca solamente como un medio."
("Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres", y otros
escritos, Ed. Porrúa S.A., México 1990, pág. 44).
El hombre, en síntesis, tiene dignidad porque es
un fin en sí mismo y no puede ser considerado un medio en relación con fines
ajenos a él."[3]
Considerando la
dignidad como derecho fundamental, esta es la posición de la Corte
Constitucional:
-"La
dignidad, como principio fundante del Estado, tiene valor absoluto no
susceptible de ser limitado ni relativizado bajo ninguna circunstancia, lo que
a menudo sí acaece con los derechos que deben necesariamente coexistir con
otros y admiten variadas restricciones.[4]
-"La
Constitución establece un marco de valores y principios materiales, que se
estructuran como fundamento de un verdadero sistema axiológico. Este sistema se
basa en la dignidad humana, como principio que indica que el hombre es un ser
que tiende hacia su perfeccionamiento, al desarrollar plenamente lo que por naturaleza
se le ha dado como bienes esenciales: la vida, la salud, el bienestar, la
personalidad, entre otros.[5]
-La dignidad
(artículo 1o. Constitución Política) es un atributo de la persona y, en cuanto
tal, todos tienen derecho a que sean tratados conforme a esa dimensión
específicamente humana. Como bien lo ha afirmado la Corte, "Más que
derecho en sí mismo, la dignidad es el presupuesto esencial de la consagración
y efectividad del entero sistema de derechos y garantías contempladas en la
Constitución".[6]
En conclusión: el
tema de la dignidad es recurrente en la tutela.
4. El caso de los
ocho jueces reubicados frente al derecho fundamental a trabajar en condiciones
dignas.
"Dignidad de
los jueces "no es pues una simple frase de pacotilla, es algo que debe
ligarse con las condiciones de trabajo. La propia Corte Suprema de
Justicia, en otra tutela[7] dice que
"el cometido constitucional que tiene a cargo el poder judicial reclama
que se realice con absoluta independencia, vale decir, en un clima de amplia
autonomía en los aspectos técnicos, administrativo, funcional....."
(subrayas fuera de texto).
La pregunta es si
hay violación al nucleo esencial del derecho al trabajo en condiciones dignas
cuando se menoscaba la privacidad, cuando surgen interferencias indebidas y
pierden poder creativo los Jueces por estar bajo la impresión de que sus
actuaciones orales son escuchadas por extraños y cuando se disminuye el poder
de concentración por los ruidos externos (conversación de quienes permanecen en
los pasillos frente al otro juzgado). Por supuesto que es normal soportar un
cierto grado de interferencia y esto no viola el nucleo esencial de la
autonomía, pero, debe hacerse lo posible para que la interferencia disminuya,
para que no se prolongue en el tiempo y no se afecte la funcionalidad de los
juzgados.
Estas circunstancias
OBJETIVAS, aunque no hacen parte de la autonomía del juez, si es prudente
superarlas, porque no es justo interferir el trabajo de un juez y si ello
ocurre se altera la gestión judicial en detrimento del natural anhelo de
proyectar cada vez mejor las decisiones, en cuanto a lo sabias y justas que
deben ser.[8]
En la medida de lo
posible hay que enmendar las resistencias a un trabajo en condiciones
precarias. Una administración tecnocrática de la justicia no puede mantener
permanentes y desgastadoras incomodidades. Si se habilitan unos módulos para
despachos judiciales, ello debe ser transitorio porque el Juez no tiene
que supeditar su salud y su privacidad laboral a extraños comportamientos que
le impidan intercambiar ideas, o dictar verbalmente las providencias, y que lo
obliguen a hacer las preguntas casi en secreto. Esto no es normal, y, si en
unas ocasiones, que deben ser efimeras, ocurre, habrá que buscar que lo efímero
no se convierta en común y corriente. El Juez puede soportar una razonable
incomodidad, pero se debe aspirar a que no conviva con la rutina de actitudes
forzadas. Y si llegare a ocurrir, será transitoriamente mientras en tiempo
también razonable se adecúan los módulos. En conclusión: sí se afectan las
condiciones para laborar, pero no al extremo de violar el nucleo esencial del
derecho al trabajo en condiciones dignas; además, la reubicación no fue
irrazonable y el presupuesto para adecuaciones locativas (superior en
disponibilidad a los mil millones) es para todo el Departamento de Antioquía;
desconociéndose cuál es la situación de los despachos judiciales en lugares
diferentes a Medellín.
Pero se repite:
Un juez que invoca
su DIGNIDAD para trabajar eficientemente, no está planteando cuestión nimia.
Exigir privacidad para el trabajo, tranquilidad en cuanto no corran peligro los
expedientes y bienes del despacho, condiciones que no afecten la salud,
seguridad para el normal desarrollo de las labores de una oficina es algo muy
importante, es una obligación.
Ya la Corte, en
sentencia T-84/94, con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria, dijo:
"Quienes
conforman la fuerza laboral en nuestra sociedad, pueden hallarse al servicio
del Estado; la Constitución Nacional regula lo referente a la Función Pública,
en el título V, capítulo 2, donde se ubica el artículo 122, que establece:
"No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento"; con lo cual, los funcionarios al servicio del Estado pueden
conocer con precisión los deberes que su cargo impone y abstenerse de
cualquiera otra actuación oficial que no les esté expresamente mandada o
permitida.
Tal precepto es
de suma importancia, ya que permite individualizar y establecer la
responsabilidad que recae sobre cada funcionario, según el cargo para el que
haya sido designado y del que haya tomado posesión. En este orden de ideas, los
funcionarios públicos que tengan personal bajo su mando tienen la obligación de
velar por que los deberes que cada cargo impone, sean cumplidos a
cabalidad."
5. Derecho a
evitar en lo posible la ocurrencia de riesgos profesionales.
Así no prospere la
tutela, es necesario decir que deben evitarse en lo posible los riesgos
profesionales.
El 1º de enero de
1996 se aplicará el sistema de riesgos profesionales a los trabajadores de
nivel nacional, así lo dice el artículo 97 del Decreto 1295 de 1994 sobre
sistema general de riesgos profesionales que además obliga a "proteger y
atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes
que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que
desarrollan" (art. 1º); habiendo sido definidos tales riesgos en el art.
8º que dice:
"Son riesgos
profesionales... y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por
el gobierno Nacional."
A su vez, el
"reglamento de inscripciones y clasificación de empresas y aportes"
(Acuerdo 048/94 del I.S.S) señala los grados de riesgo. Dentro del listado
alfabético de los mismos hay numerosisimas actividades, obviamente no aparece
la de Juez (aunque algunos de ellos son catalogados como de alto riesgo por el
Decreto 1835/94), pero, como trabajadores pueden adquirir enfermedad
profesional, que tratándose, por ejemplo, de iluminación insuficiente produce
fatiga ocular o NISTAGMUS catalogados en el artículo 1º, numeral 27 del Decreto
1832 de 1994 como enfermedad profesional, cuya valoración se ubicaría dentro de
la tabla del artículo 1º del decreto 776 de 1987.
Pues bién, el
artículo 21 del Decreto 1295 de 1994, establece como obligación del empleador:
"El procurar
el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de
trabajo;
"d)
Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud
ocupacional de la empresa, y procurar su financiación."
El Estado, cuando se
trata del ambiente del trabajo dentro de la Rama Jurisdiccional, debe
EVITAR que ocurra el riesgo de que unos jueces vean afectada su vista por la
permanente luz artificial cuando eso no es lo normal, en el edificio José Félix
de Restrepo en Medellín .Al establecerse forzadamente unos módulos se está
peligrosamente facilitando un riesgo profesional, pero, no hay prueba
suficiente para deducir que necesariamente ocurrirá ese riesgo con la
característica de perjuicio irremediable.
6. La Igualdad.
Ha sido extensa la
jurisprudencia sobre la igualdad, en especial cuando se trata del derecho al
trabajo:
"La
Constitución Colombiana, por su parte, no sólo consagra todos los postulados
esenciales del Estado social de derecho, sino que de manera específica, define
al trabajo como uno de los fundamentos del Estado (C.P. art. 1) y contempla
plenas garantías laborales para la consecución de los fines propuestos (C.P.
Arts. 53, 54, 55, 56 y 57).
Como
características esenciales de esta nueva concepción de las relaciones
obrero-patronales sobresalen las siguientes: 1) percepción dialéctica y
conflictiva de los intereses que confluyen; 2) carácter funcional de los
conflictos como impulsadores de una sociedad pluralista, solidaria y justa y 3)
excepción al principio del derecho romano de igualdad contractual en beneficio
de la protección especial de los intereses de los trabajadores.
De acuerdo con
esto, la lógica predominante en el examen de la igualdad es aquella de la
razonabilidad, fundada en la ponderación y sopesación de valores y no
simplemente en la confrontación lógica de los mismos. Aristóteles ya había
previsto esta característica cuando expuso el ideal de la prudencia - lograda a
partir de una larga experiencia del funcionamiento de las instituciones
sociales - como método para tomar decisiones justas. Cuando se trata de la
acción humana, no se puede juzgar con base en la demostración incontestable. En
el ámbito de la razón práctica, el juzgador sólo dispone de razonamientos
dialécticos y problemáticos. Igual le sucede al legislador; sus decisiones sólo
tienen en cuenta lo ordinario y lo circunstancial. Por eso, cuando una
situación se aleja de lo corriente, el juez debe inspirarse en la idea de
equidad. A la justicia entendida como conformidad con la ley, Aristóteles
opone, cuando ello es necesario, una justicia superior fundada en la equidad.[9]
Las personas nacen
iguales ante la ley y no puede haber discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica;
esta enumeración hecha por el artículo 13 C.P., no es taxativa y, tratándose de
aspectos relativos al trabajo, el artículo 53 ibidem reitera que debe haber
"igualdad de oportunidades para los trabajadores". La Corte en sentencia
C-071/93 dijo que este principio aplicable al trabajo "es una especie del
principio genérico de igualdad consagrado en el artículo 13 de la
Constitución".[10]
A su vez la
sentencia C-71/93 indicó:
"El
principio constitucional de igualdad de los trabajadores está desarrollado por
el Convenio Internacional del Trabajo número 111 -aprobado por Colombia
mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969-, relativo a la
discriminación en materia de empleo y ocupación. Dicho Convenio es pues en
Colombia fuente de derecho de aplicación directa en virtud del artículo 53
de la Constitución Política, al decir: "los Convenios Internacionales del
Trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna",
cuyo contenido es norma interpretativa de los derechos constitucionales en
virtud del artículo 93 de la Carta Fundamental"[11].
El ex-contituyente
Guillermo Guerrero Figueroa, y en el mismo sentido se expresa al mexicano Mario
De la Cueva, incluyen dentro del calificativo CONDICIONES DE TRABAJO todos
"los beneficios, cualquiera que sea su naturaleza que se concedan a un
trabajador" los cuales "deben extenderse a quienes cumplan un trabajo
igual, de ahí la acción llamada de nivelación de condiciones de trabajo"[12]
7. Por supuesto
que puede haber tratos diferentes que no son discriminatorios.
Jurídicamente no es
lo mismo DISCRIMINACION que trato diferente. Este último es permitido en
algunos casos, sin que implique violación a la igualdad.
En una sentencia de
la Corte Constitucional, donde se discutía la igualdad, se aclaró que ante
situaciones similares puede haber trato distinto. Dijo la Corporación:
"La
justificación del trato jurídico distinto de una situación jurídica
equiparable, sólo es posible si se demuestra que ella resulta claramente de la
finalidad perseguida por la norma que establece la distinción. En términos de
la Corte Europea de Derechos Humanos, "No habrá, pues, discriminación si
una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no
conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de
las cosas". En este orden de ideas, es necesario tener en consideración
los objetivos de la norma que establece la distinción, "los cuales -
continúa la Corte - no pueden apartarse de la justicia y de la razón, vale
decir no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de
alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza
humana"[13]...
En consecuencia,
si el trabajador aporta los indicios generales que suministren un fundamento
razonable sobre la existencia de un trato discriminatorio, o que permitan
configurar una presunción de comportamiento similar, le corresponde al
empleador probar la justificación de dicho trato"[14]
A pesar de haber un
trato diferente frente a situaciones iguales, la diferenciación no constituirá
discriminación si obedece a un fin constitucionalmente lícito y está motivada
objetiva y razonablemente, caso en el cual no es factible afirmar que hay
violación al derecho de igualdad.
En la sentencia
C-71/93 se aclaró este aspecto:
"La igualdad
material es la situación objetiva concreta que prohibe la arbitrariedad.
(subraya fuera de texto).
El operador
jurídico, al aplicar la igualdad con un criterio objetivo, debe acudir a la
técnica del juicio de razonabilidad que, en palabras del tratadista italiano
Mortati, "consiste en una obra de cotejo entre hipótesis normativas que
requieren distintas operaciones lógicas, desde la individualización e
interpretación de las hipótesis normativas mismas hasta la comparacion entre
ellas, desde la interpretación de los contextos normativos que pueden
repercutir, de un modo u otro, sobre su alcance real, hasta la búsqueda de las
eventuales disposiciones constitucionales que especifiquen el principio de
igualdad y su alcance.” [15] [16]
En el proceso N°
SC-221/92 se afirmó:
Ese principio de
la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los
iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de
la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de
la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite
regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente
normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato
diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la
igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática."[17]
En la Sentencia
T-422/92, por su parte, se dijo:
Sin embargo el
artículo 13 de la Constitución no prescribe siempre un trato igual para todos
los sujetos de derecho, o destinatarios de las normas, siendo posible anudar a
situaciones distintas -entre ellas rasgos o circunstancias personales-
diferentes consecuencias jurídicas. El derecho es, al mismo tiempo, un factor
de diferenciación y de igualación.[18]
Y la sentencia T-525
de 1994 precisó:
"Vale la
pena anotar entonces, que el artículo 13 de la Constitución Nacional, no
preceptúa siempre un trato igualitario para todos los sujetos del derecho,
permitiendo anudar a diferentes situaciones -entre ellas, rasgos o
circunstancias personales- distintas consecuencias jurídicas, que buscan a la
igualdad material. Sobre este particular, la Corte ha advertido que el derecho
de igualdad no excluye dar un tratamiento diferente a sujetos colocados en
distintas situaciones de hecho, cuando exista motivo razonable que lo
justifique”[19]
Con estos criterios
jurisprudenciales será más equilibrado el estudio de la presente tutela.
8. El caso
concreto frente al derecho a la Igualdad.
Es evidente que a
los 8 jueces a quienes se ubicó en módulos se les dió un trato diferente. Y
que, en comparación con quienes quedaron en oficinas convencionales, están en
inferioridad por cuanto los jueces no tienen privacidad, son proclives a sufrir
de los ojos y pulmones. Los elementos de comparación han sido demostrados en
este juicio. Pero, a su vez, la Dirección Seccional de la Administración
Judicial de Antioquia, ha probado la necesidad general de una reubicación de
los Juzgados dentro del edificio José Félix de Restrepo; por supuesto que, no siempre
una reubicación debe ser inmodificable. En lo concreto de esta tutela:
desplazar a los solicitantes de un despacho convencional a un módulo, las
explicaciones dadas son: tener en un solo piso Juzgados de la misma categoría y
en esos pisos donde hay módulos la distribución se hizo en orden numérico.
Por supuesto que si
se mira solamente el momento de la reubicación, es razonable que en ese
instante alguien tenga que ocupar el módulo, y si quien lo ocupa lo fue por el
turno que le correspondió, no puede pensarse que hubo propósito de
discriminación. Pero si esa ocupación es definitiva, esta circunstancia:
la permanencia torna en inconveniente algo para lo cual no hubo voluntad
discriminatoria.
El trato diferente
será más palpable si se tiene en cuenta esta circunstancia: el volumen de
audiencias, autos interlocutorios y sentencias que hubo durante 1994 y 1995 en
los juzgados donde laboran los solicitantes:
JUZGADO
SENTENCIAS
INTERLOCUTORIOS
AUDIENCIAS
2º Civil Municipal
294
1.118
203
7º Civil Municipal
268
1.357
------
12 Civil Municipal
278
6.060
663
17 Civil Municipal
314
1.645
558
1º Civil del Circuito
185
1.066
444
11 Civil del Circuito
200
1.133
426
5º Laboral
382
166
2.089
10º Laboral
294
220
2.779
Será justo que a los
Juzgados con tal número de audiencias se los mantenga para siempre en los
módulos?[20] Le corresponde
al Consejo Seccional de la Judicatura en Antioquía, pero no al Juez de tutela,
ordenar, en un tiempo razonable la solución locativa de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal. El Juez de tutela no puede ser co-administrador en
este caso, menos aún, cuando no se ha afectado el nucleo esencial de los
derechos invocados.
9.
Inaplicabilidad para este caso de la igualdad como diferenciación.
No pueden los jueces
solicitantes de la tutela, como lo han insinuado, pedir que intercambien sus
oficinas con las de otros juzgados que tienen menos audiencias. No es válido en
este caso invocar la IGUALDAD como DIFERENCIACION.
La Corte ha
precisado sobre este tema:
"-La
igualdad como diferenciación: es la diferencia entre distintos. Está regulada
en el artículo 13 incisos 2° y 3° (adopción de medidas en favor de grupos
marginados o débiles), artículo 58 (criterios para fijar la indemnización por
expropiación: los intereses de la comunidad y del afectado), y artículos 95.9 y
362 (principios tributarios: equidad y progresividad).
Ahora bien, el
concepto de la igualdad ha ido evolucionando en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, así: en un primer pronunciamiento, la Corporación sostuvo que
la igualdad implicaba el trato igual entre los iguales y el trato diferente
entre los distintos.[21] En un segundo fallo la Corte agregó que
para introducir una diferencia era necesario que ésta fuera razonable en
función de la presencia de diversos supuestos de hecho.[22] En una tercera sentencia la Corporación ha
defendido el trato desigual para las minorías.[23] Ahora la Corte desea continuar con la
depuración del concepto de igualdad en virtud de la siguiente afirmación:
El principio de
igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta permite conferir un trato
distinto a diferentes personas siempre que se den las siguientes condiciones:
- En primer
lugar, que las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de
hecho;
- En segundo
lugar, que el trato distinto que se les otorga tenga una finalidad;
- En tercer
lugar, que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la
perspectiva de los valores y principios constitucionales;
- En cuarto
lugar, que el supuesto de hecho -esto es, la diferencia de situación, la
finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga- sean coherentes
entre sí o, lo que es lo mismo, guarden una racionalidad interna;
- Y en quinto
lugar, que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que la consecuencia
jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción
con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican.
Si concurren pues
estas cinco circunstancias, el trato diferente será admisible y por ello
constitutivo de una diferenciación constitucionalmente legítima; en caso
contrario, el otorgar un trato desigual será una discriminación contraria a la
Constitución."
En el presente caso,
si bien es cierto se podría dar la primera condición (el mayor número de
audiencias implica distinta situación de hecho), y aún la segunda ( la
finalidad que se busca es la privacidad), no se dan las demás ya que no es
admisible constitucionalmente preferenciar unos jueces sobre otros, darles a
unos privacidad a costa de la privacidad de los otros, esto rompe la
racionalidad interna de la Rama y se tornaría desproporcionada la solución
puesto que una injusticia no se soluciona con otra injusticia. Se dirá que en
la práctica se rompió esa racionalidad interna por cuanto unos jueces quedaron
ubicados en módulos, pues no es función de esta Sala ordenar reparaciones
locativas o traslados o rotaciones, pero ello no obsta para hacer un llamado a
fin de que dentro de lo razonable y lo posible las autoridades administrativas
solucionen los inconvenientes que motivaron la tutela.
En mérito de lo
expuesto la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional en nombre del
pueblo y por autoridad de la ley
RESUELVE:
PRIMERO:
CONFIRMAR las sentencias
de la Sala Civil del Tribunal de Medellín de 27 de octubre de 1994 y de la Sala
Civil de la Corte Suprema de Justicia (29 de noviembre de 1994), por las
razones expuestas en este fallo.
SEGUNDO:
Ordenar que por Secretaría
de esta Corporación se comunique esta providencia al Tribunal Superior de
Medellín, Sala Civil, a fin de que haga las notificaciones y para los efectos
previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Envíese copia de esta sentencia al
Defensor del Pueblo, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Procuraduría General
de la Nación.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON
DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA.
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Aún en la acción pública de inconstitucionalidad, la Corte Suprema
el 27 de junio de 1918 aceptó que el Juez del Circuito de Villa de Leyva
demandara la ley 73 de 1917, artículo 5º, que suprimió su juzgado y obtuvo
sentencia favorable (providencia no publicada en la Gaceta Judicial). Ver
revista del Colegio del Rosario Nº468, pág. 59.
[2]Un ser humano, en cuanto disponga de una mejor salud, en un
ambiente adecuado, produce más. Por supuesto que Lutero tradujo la Biblia en el
castillo de Wartburg en condiciones precarias, Gramsci elaboró su pensamiento
avanzado en la cárcel, Galileo en medio de la persecución, pero esas
condiciones no son la panacea para trabajar.
[3]Sentencia
C-542/93, Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía.
[4]Sentencia T-124/93. Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.
[5]Cfr. Corte Constitucional. T-011 de 1993. Ponente: Alejandro
Martínez Caballero.
[6]Sentencia T-124/93. Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.
[7]Caso de los Magistrados del Tribunal de Tunja; Luz Mila Chavez y
Evaristo Pineda.
[8]parodiando a BAUDELAIRE, el Juez es el fallador del momento que
pasa, y de todas las sugerencias de eternidad que contiene lo justo.
[9]Sentencia T-230/94, Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[10]Ver sentencia T-79/95, Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[11]Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
[12]Compendio de derecho laboral, T.I., p. 214, Guillermo Guerrero
Figueroa.
[13]CEDH. Sentencia del 23 de julio de 1968. P. 34.
[14]Corte Constitucional Sentencia Nº T-230/94 mayo 3 de 1994,
Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[15]PIZZORUSSO, Alexandro. Lecciones de Derecho Constitucional. Centro
de Estudios Constitucionales. Madrid, 1.984. pág. 167.
[16] Sentencia T-71/93. Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[17]Sentencia C-221 de 1992, de la Sala Plena de la Corte
Constitucional.
[18]Sentencia T-422 de la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional del 19 de junio de 1.992. Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[19] T-525 de 23 de noviembre de 1994, Ponente Dr. Vladimiro Naranjo
Mesa.
[20] Esta sala de Revisión, en el caso de Ernesto Orjuela, ante las
condiciones regulares de los Juzgados Laborales de Santafé de Bogotá hizo un
llamado al Consejo Superior de la Judicatura.
[21]Corte Constitucional. Sentencia N° T-02 de 1992
[22]Corte Constitucional. Sentencia N° T-422 de 1992
[23]Corte Constitucional. Sentencia N° T-416 de 1992, reiterada en el
fallo T-429 del mismo año. |
434 | T-271-95
Sentencia No
Sentencia
No. T-271/95
DERECHO
A LA SALUD/DERECHO A LA VIDA-Conexidad
La
salud reviste la naturaleza de derecho fundamental merced a su relación
inescindible con el derecho a la vida y al mínimo vital. La vinculación entre
el derecho a la vida y el derecho a la salud se aprecia con absoluta claridad,
ya que la presencia de una patología semejante, además de conducir a la muerte,
desmejora la calidad de la vida durante el tiempo al que todavía pueda
aspirarse. Se torna patente, entonces, la necesidad de proceder al tratamiento
pertinente encaminado a atacar las manifestaciones de la enfermedad para
impedir su desarrollo o morigerar sus efectos, tratando de conservar, en lo
posible, las posibilidades que faciliten al enfermo desenvolver la propia
personalidad dentro del medio social.
ENFERMO
DE SIDA/DERECHO A LA VIDA/DERECHO A LA SALUD/TRATAMIENTO MEDICO
La
infección con el Virus de Inmunodeficiencia Humana coloca a quien la padece en
un estado de deterioro permanente con grave repercusión sobre la vida misma,
puesto que el virus ataca el sistema de defensas del organismo dejándolo
desprotegido frente a cualquier afección que, finalmente, causa la muerte. El
peticionario de la presente acción de tutela efectivamente encuentra amenazado
su derecho a la vida a consecuencia de una enfermedad incurable y mortal y que
es evidente el progresivo desmejoramiento de su salud. El ser humano necesita
mantener ciertos niveles de salud para sobrevivir y desempeñarse, de modo que,
cuando la presencia de enfermedades incurables y mortales afecta esos niveles,
poniendo en peligro la propia subsistencia, no resulta válido pensar que el
enfermo esté ineluctablemente abocado a abandonarse a la fatalidad, desechando
cualquier tratamiento, por considerarlo inútil ante la certeza de un inexorable
desenlace final; todo lo contrario, el paciente tiene derecho, mientras tanto,
a abrigar esperanzas de recuperación, a procurar alivio a sus dolencias, a
buscar, por los medios posibles, la prolongación de la vida amenazada, si así
lo desea.
DERECHO
A LA AUTONOMIA PERSONAL/TRATAMIENTO MEDICO
A
quien, en ejercicio de su autonomía, expresa su voluntad de someterse a un
tratamiento paliativo, que cree favorable, deba respetársele su opción del
mismo modo que se respeta la del sujeto que se opone a ser tratado, con la
diferencia de que en un caso basta la abstención y en el otro se exige la
actuación positiva encaminada a salvaguardar la salud y la vida. Las
particularidades del caso sub examine obligan a considerar que dada la
preponderancia de los valores y derechos que intervienen -salud en conexidad
con la vida- la autonomía del paciente, en cuanto capaz de decidir lo que desea
y de manifestarlo, adquiere especial trascendencia y el galeno debe, por lo
tanto, respetar ese querer, más aún cuando cualquier decisión suya es
susceptible de incidir de manera determinante en la esfera autónoma del
peticionario que busca el mejoramiento de sus condiciones de vida en calidad y
cantidad.
SIDA-Medicamentos/SIDA-AZT
La
utilización de la droga solicitada hace parte del tratamiento que el médico del
ISS, que atiende al actor, considera conveniente seguir. Sobre la base del
criterio científico del profesional de la salud, la Sala estima pertinente
acotar que el peticionario tiene el derecho a que se le brinde la totalidad del
tratamiento en la forma prescrita, porque un tratamiento incompleto o que no se
ciña a las recomendaciones médicas desconoce las prerrogativas del paciente
que, según lo indicado, voluntariamente ha querido someterse a las
prescripciones del galeno. La Sala se limitará, entonces, a ordenar que se
realice el tratatamiento tal como fue dispuesto; de manera que su orden no interfiere
las decisiones del médico ni la prestación misma del servicio cuyas modalidades
e incidencias corresponde apreciar y valorar el galeno.
ESTADO
SOCIAL DE DERECHO/PRIMACIA DE LOS DERECHOS INALIENABLES
Los
postulados se hallan estrechamente vinculados a la idea de Estado Social de
Derecho que propende por la realización de la justicia y, al avalar los
principios de dignidad humana y solidaridad y al conferirle "primacía a
los derechos inalienables de la persona " traspasa el reducido marco de la
legalidad con el que se identificaba la noción clásica de Estado de Derecho,
comprometiéndose a desarrollar las tareas que le permitan a los asociados
cristalizar las prerrogativas que el ordenamiento jurídico les reconoce; a ese
objetivo se acomoda el deber de "obrar conforme al principio de
solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que
pongan en peligro la vida o la salud de las personas”
INSTITUTO
DE SEGUROS SOCIALES-Suministro de medicamento/AUTONOMIA MEDICA
Es
incuestionable que la administración está sujeta al principio de legalidad,
pero la prevalencia de los derechos fundamentales y la supremacía del texto
constitucional que los contiene y dispone su protección, sugiere, en el caso
concreto, la impostergable observancia de la norma superior cuya aplicación no
debe supeditarse a criterios que, al ser sopesados frente a valores y derechos
como los implicados en el presente asunto, no resisten comparación alguna. Si
los postulados constitucionales vinculan a la administración, con mayor razón
deben guiar la tarea del juez de tutela que, al ser encargado de la misión de
defender los derechos fundamentales, tiene un compromiso ineludible, antes que
nada, con la Constitución. Así las cosas la discrepancia suscitada entre el Instituto
de Seguros Sociales y el peticionario se resuelve en favor del último, no
encontrando tampoco la Sala motivos de reproche en la actitud del médico que
recomendó el suministro de la droga, cuya posición científica debe respetarse,
incluso por el I.S.S., que tan celoso se ha mostrado en la defensa de la
autonomía médica.
ENFERMEDAD-Concepto
El
concepto de enfermedad es, por esencia, dinámico y no corresponde tan sólo a la
afectación biológica o a una simple referencia de carácter fisiológico, ya que
está implicado históricamente y unido a condicionamientos culturales, sociales
y económicos. No por azar períodos enteros de la historia se identifican con
alguna enfermedad; lepra en la antigüedad, peste en el medioevo, sífilis en la
edad moderna, tuberculosis en el siglo XIX, sida en las postrimerías del siglo
XX, y en cada tramo las variables que definen los estados de sanidad y de
enfermedad son distintos. El especial tipo de enfermedad que hace parte
decisiva de las preocupaciones de una época, más que ningún otro, trasciende la
esfera individual generando, en torno suyo, un conjunto de manifestaciones que
suele conducir a la discriminación real de las minorías afectadas.
REF:
Expediente T-62714
Procedencia:
Consejo de Estado.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Tema:
Derecho a la vida y a la salud. Enfermos de sida.
Santa Fe de Bogotá D. C., junio veintitres (23) de mil
novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por los Magistrados Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro
Martínez Caballero quien la preside,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de tutela identificado por el número de radicación
T-62714, adelantado, mediante apoderado, por el señor XXX en contra del
Instituto de Seguros Sociales -ISS-. Con base en los artículos 86 de la
Constitución política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección
correspondiente de la Corte constitucional escogió, para efectos de su
revisión, la acción de tutela de la referencia.
I.ANTECEDENTES
1.Solicitud.
El 6 de diciembre de 1994 el señor XXX presentó, ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, escrito contentivo de una acción de tutela en
el que, como “petición antecedente”, se solicita “guardar el nombre y datos del
accionante en el fallo” , teniendo como base para ello “el derecho fundamental
de LA INTIMIDAD PERSONAL consagrado en nuestra Carta Política y en tratados
internacionales que versan sobre derechos...”.
Las circunstancias fácticas, que sirven de fundamento al amparo
pedido, las expone el accionante de la siguiente manera:
-Indica que está infectado del Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH) y que recibe tratamiento en el Instituto de Seguros Sociales al cual se
encuentra afiliado.
-Señala que en la actualidad es integrante del Club de la Alegría
“que es una agrupación de personas infectadas con el Virus de Inmunodeficiencia
Humana, que se reúnen constantemente, con el objetivo de brindarse apoyo mutuo
con respecto a su condición de seres humanos infectados”.
-Informa que el médico tratante en el ISS le ha recomendado que
adquiera antiretrovirales (AZT-DDI-DDC) pero que los compre "de su propio
bolsillo", ya que el ISS no los está formulando por su costo.
-Agrega el actor que su ingreso mensual no le alcanza para comprar
los medicamentos y a la vez atender sus necesidades básicas ya que “un frasco
de AZT cuesta en el mercado desde $80.000.oo a 160.000.oo según el sitio en en
el cual se consiga y compre...” y que "actualmente no está tomando ningún
antiretroviral ..y está viendo día a día el deterioro de su salud".
-Finalmente añade que "El ISS no está dando los
antiretrovirales que son un tratamiento paliativo (no curativo) pero sin
embargo está invirtiendo mensualmente millonarias sumas en HEMODIALISIS que
también es tratamiento paliativo (no curativo) violando así el derecho a la
igualdad . Ante iguales circunstancias está dando un trato discriminatorio a
las personas que están VIH o en fase de SIDA".
-Estima el actor que también se le está violando el derecho a la
vida pues los antiretrovirales la prolongan y mejoran su calidad, y aduce,
además, vulneración de la dignidad humana y del derecho a la igualdad por la
circunstancia anotada y adicionalmemnte porque el Estado tiene la obligación de
brindar protección especial a las personas que por su condición económica,
física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.
Con base en los anteriores planteamientos el accionante formula
las siguientes pretensiones:
-Que se ordene al Instituto de Seguros Sociales "que
siministre ANTIRETROVIRALES en la cantidad y periodicidad que se requiera para
el tratamiento específico del accionante, teniendo en cuenta su estado de
salud".
-"Que el suministro de antiretrovirales se haga con base en
las pautas generales que se establecieron en la X Conferencia Internacional de
SIDA llevada a cabo en Yokohama-Japón- y como el medicamento se debe seguir
consumiendo, se tengan en cuenta no solamente las pautas de esta conferencia
sino las que en adelante se den en cada conferencia mundial que se lleve a cabo
anualmente...".
-Que se prevenga al ISS para que " en ningún caso vuelva a
incurrir en las acciones que dieron mérito a iniciar esta tutela y que si lo
hacen serán sancionados conforme lo dispone el artículo 52 del Decreto 2591 de
1991".
2. Acervo probatorio
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resumió las pruebas que
obran dentro del expediente así:
"Con el escrito de tutela se acompañó el resultado del perfil
inmunológico del petente (folio 2) según el cual presenta células CD4 366,
fotocopia de la sentencia T-523 de la H. Corte Constitucional (folios 3 a 7);
concepto de la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA sobre beneficios de los
antiretrovirales (folio 9); apartes de la X Conferencia Internacional de SIDA
celebrada en Yokohama-Japón (folios 9 y 10) y apartes de la sentencia de fecha
8 de junio de 1994 dictada en el expediente 1283 con ponencia del Dr. PEDRO
LAFONT PIANETTA (folios 11 a 24).
A solicitud del Tribunal el Gerente de la Clínica San Pedro Claver
del ISS envió el informe que obra a folios 46 a 49, donde indica que el
peticionario con afiliación No. 011512395 se halla infectado con el VIH, que el
paciente se encuentra en controles efectuados el 3 de diciembre de 1993, en que
ingresó con infección por VIH como portador asintomático; el 19 de enero de
1994, el 17 de mayo de este año, el 2 de septiembre del año en curso por
síntomas gastrointestiales; los días 5 y 6 de septiembre de 1994 control por
cuadro diarreico; evolución a grupo IV (Infección por VIH con sistemas
asociados); el 13 de octubre del presente año continua con cuadro diarreico, le
diagnostican candidiasis oral; y el 9 de noviembre próximo pasado: control con
resultados de broncoscopia: normal y pendiente el resultado de biopsia; y que
se le solicitó perfil inmunológico.
Señala que no se le están suministrando antiretrovirales porque
está prohibido por Resolución 0046 de febrero 1 de 1994 por no estar
contemplados en el catálogo de medicamentos del seguro social y porque según el
Decreto 1938 de agosto 5 de 1994 originario del Ministerio de Salud se prohibe
en forma expresa la formulación de medicamentos por fuera del formulario
oficial de dicho Ministerio.
Con el
informe se acompaña reporte de la X Conferencia Internacional de SIDA
Yokohama-Japón (folios 50 a 57): oficio de fecha 2 de noviembre del año en
curso enviado por el Vicepresidente Prestación de Servicios del ISS a la
Clínica San Pedro Claver indicando que no han sido incluidos en el formulario
médico los antiretrovitrales (folios 58 y 59); copia de la resolución No. 0046
de febrero 1 de 1994 (folio 73); fotocopia del decreto 1938 de agosto 5 de 1994
(folios 74 a 114).
También
el ISS envió los datos relacionados con los períodos de afiliación del
peticionario, los correspondientes números de afiliación y las respectivas
entidades patronales (folios 115 a 121).
Se
recepcionó (sic) el testimonio del Dr. JESUS GUILLERMO PRADA TRUJILLO,
especialista en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas, Asesor del
Ministro de Salud para SIDA y enfermedades contagiosas, quien en lo esencial
indica las recomendaciones a seguir para pacientes con menos de 500 células CD4
tanto asintomáticos como los que presentan síntomas; dentro de estas
recomendaciones destaca la bondad de las sustancias antiretrovirales las que
indica, están aprobadas por el Ministerio de Salud y se encuentran en el
mercado (folios 122 y 123).
La
Directora de la UPZ-12 Sur indica que ha solicitado la historia clínica del
peticionario con afiliaciones Nos. 011512395 o 919365284 al Centro de
Asistencia de Santa Isabel según ubicación de la empresa...pero que no existe
registro de este paciente (folio 124).
El
Gerente de la Clínica San Pedro Claver en respuesta al proveído de fecha
diciembre 14 de 1994 envía el oficio No. 006266 y adjunta el oficio No. 6212 en
el cual se informa por parte del Coordinador Sección Afiliación y Registro del
ISS Seccional Cundinamarca y D.C. que el accionante XXX se encuentra afiliado
al Instituto de Seguros Sociales, bajo el patronal 01006200323 de la empresa
CAFAM, según nómina del mes de octubre de 1994, último reporte de la Empresa
por estar vinculado en el sistema ALA".
Con
posterioridad a la sentencia de primera instancia el Director General
(Encargado) de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud envió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca un oficio en el que se refiere a "los
beneficios de los antiretrovirales para las personas infectadas por el VIH
/SIDA" y señala que es procedente entregar dichos medicamentos si bien el
tratamiento varía de acuerdo a las condiciones de cada enfermo,
correspondiéndole "al médico tratante determinar conjuntamente con el
paciente el costo-beneficio que puede tener un medicamento determinado para la
salud", pese a lo cual existen algunas recomendaciones generales para la
administración de la terapia individual.
3.Sentencia
de Primera Instancia
El
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia de diciembre 15 de 1994, resolvió conceder la tutela
solicitada y para "garantizar los derechos fundamentales a la VIDA,
DIGNIDAD HUMANA, SALUD, IGUALDAD ANTE LA LEY y PROTECCION A LAS PERSONAS que se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta " ordenó al
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES "que dentro del término de 48 horas contadas
a partir de la notificación de este fallo, inicie el suministro de
ANTIRETROVIRALES más aconsejados por la ciencia médica, en la cantidad y
periodicidad que se requiera para el tratamiento específico del accionante,
teniendo en cuenta su estado de salud". Lo anterior, con base en los
argumentos que a continuación se resumen, los que siguen las pautas fijadas
por la Corte Suprema de Justicia al resolver un caso similar, por sentecia de 8
de junio de 1994:
-Los
derechos a la salud y a la seguridad social adquieren el carácter de
fundamentales y por ende, son susceptibles de protección mediante la acción de
tutela, cuando su vulneración o amenaza compromete otros derechos fundamentales
como la vida.
-El
derecho a la vida es de tal trascendencia que "viene a ser la causa última
de todos los derechos" y se complementa "con otros, como son, los que
se refieren a la integridad corporal y a la salud, sin perjuicio de la
autonomía que les corresponde.
-El
derecho a la salud que encuentra fundamento en la Carta Política y en diversos
tratados internacionales, "en términos generales tiene por contenido la
conservación, restablecimiento y mejoramiento del estado de salud en búsqueda
de una mejor calidad de vida, ello varía según se trate de una situación
general o de una situación individual, concreta.
-En
términos impersonales, el Estado debe adoptar políticas, planes y programas en
materia de salud general y crear las entidades encargadas de la prestación del
servicio , "sin embargo, la deficiencia en esta materia, por sí sola, es
decir, en abstracto, resulta insuficiente para fundar una acción de tutela".
-En el
caso de las situaciones concretas, esto es, en aquellas que implican "una
relación individual como la de afiliación de un particular con una entidad de
salud", la cuestión es diferente porque en este evento "el particular
afiliado persigue de la entidad afiliadora la prestación de un servicio médico
que, de un lado, se sujete a las leyes de la ciencia médica en materia de
enfermedades, de diagnósticos, de recomendaciones o tratamientos a seguir, de
previsiones, etc., y de otro, que se emplee la habilidad, experiencia o pericia
ordinaria o especializada que requiera el caso".
-Lo
anterior se predica de la prestación inicial del servicio y persigue, además
que, en caso de tratamiento, la entidad de salud se sujete a las reglas
"que indique la ciencia médica" incluyendo "la posibilidad de
verificación de condiciones para unos tratamientos alternativos cuando resulten
más eficientes"; de todo lo cual se desprende que "el paciente
afiliado, que está siendo tratado, tiene un derecho específico a la salud, que
comprende las mismas fases"
-Las
facultades que el paciente tiene " van desde el poder exigir atención
oportuna o reclamar información exacta sobre el desarrollo y evolución de la
enfermedad, a solicitar evaluación del tratamiento en desarrollo y su
viabilidad futura, a pedir comprobación de los síntomas o condiciones, a
solicitar el estudio y viabilidad sobre comprobación de tratamientos
alternativos que aconseje la ciencia médica".
-De modo
que "el derecho a la salud no queda limitado en este aspecto a lo que la
ciencia médica indique en un momento concreto, sino que también se extiende al
empleo de MEDIOS ACTUALES ALTERNATIVOS O MEDIOS FUTUROS que más adelante puedan
recuperar totalmente la salud, o simplemente reducir sus efectos o aliviar sus
dolores, tanto más cuando se trata de enfermedad grave o incurable(:::), porque
en este caso la lucha por la salud es tan esencial como la lucha por la vida,
razón por la cual el derecho a la salud resulta tan amplio y casi absoluto como
el mismno derecho a la vida, en el sentido de que hay que defenderlo aún con
medios alternativos o futuros como ocurre con la propia vida".
-El
Tribunal transcribe apartes de la sentencia proferida, el 8 de junio de 1994,
en un caso similar por la Corte Suprema de Justicia, en la que se destaca que
el enfermo de sida tiene derecho a solicitar que se estudie la posibilidad y
viabilidad de aplicar tratamientos alternativos más benéficos, a los cuales
deberá otorgárseles preferencia siempre que sea posible algún tipo de mejoramiento,
porque el paciente tiene derecho a que se le compruebe "real y no
simplemente en forma clínica, que el nuevo tratamiento o la nueva alternativa
de mejoramiento, no existe, no resulta viable y por consiguiente tiene también
derecho a controvertir o a que controvierta científicamente su resultado".
-Según
el fallador "el accionante señor XXX tiene derecho a hacer uso de las
facultades enunciadas en la jurisprudencia citada..., puesto que tiene derecho
a que en su favor se apliquen todos los medios alternativos actuales y futuros
que vaya logrando la ciencia médica en procura de su curación o por lo menos
del alivio de su situación" sin que sean válidas las prohibiciones
administrativas que "resultan en contravía de los postulados consagrados
en la Constitución Política en garantía de los derechos fundamentales de la
vida y de la salud".
4. La
impugnación
El
Gerente de la Clínica San Pedro Claver del ISS impugnó el fallo de primera
instancia y, para tal efecto, expuso los planteamientos que se sintetizan, así:
-De
conformidad con las normas constitucionales, la seguridad social es un servicio
público, que se presta en los términos que establezca la ley, y cuya cobertura
se ampliará paulatinamente, sin que pueda entenderse que dicha cobertura pueda
extenderse en forma indefinida e imponiéndola, en toda su amplitud, a una sola
entidad que, como el ISS, no es el Estado ni debe soportar la responsabilidad
propia de éste.
-Las
entidades de seguridad social se rigen por leyes y reglamentaciones que deben
acatar en su integridad. Según el impugnante la Corte Constitucional ha
destacado que el ISS no es una institución de asistencia pública abierta y que
debe someterse a su propio régimen.
-Señala
que "hasta cuando efectivamente entre a operar el Sistema de Seguridad
Social en Salud, el Instituto estaría obligado a continuar cumpliendo con las
funciones que le competen de acuerdo con la normatividad anterior a la ley 100
de 1993...".
-En
relación con el suministro de medicamentos el impugnante sostiene que tanto en
la normatividad anterior como en la vigente "se presentan situaciones
similares, impuestas por la ley y que deben ser acatadas y
respetadas...".
-Señala
que "el Juzgador de Instancia no contó con el texto completo de la
sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia...".
-Puntualiza
que el ISS ha sido pionero en la atención a los enfermos de sida, "a
través de un programa especializado de Prevención y Control de tales
flagelos" y que "no en vano atiende el 50% de la población afectada
con estas endemias". Sostiene, además, que "consultadas las
necesidades y conveniencias de estos pacientes, en cada caso, les otorga
pensión de invalidez" procurando que el trámite sea prevalente y expedito
y que el Instituto ha asumido, sin reparos, los altísimos costos que implica la
atención, motivo por el cual no está atentando contra la salud o la vida del
actor.
-Indica
que los antiretrovirales constituyen apenas una mínima parte de la atención y
que aumentan excesivamente los costos, sin contar con que "aún son objeto
de controversia a nivel científico". Algunas opiniones se refieren a su
escaso valor terapéutico y precisan que "la relación costo-beneficio no
merecería incluir estos medicamentos en los protocolos de tratamientos en
países en vía de desarrollo". El criterio de la Liga Colombiana de Lucha
contra el Sida, si bien afirma que los antiretrovirales disminuyen el deterioro
físico, deja a salvo el manejo individual. De acuerdo con el impugnante existe
autonomía médica para tratar a los pacientes y "se considera muy difícil
que el juez de tutela posea los conocimientos indispensables para evaluar el
tratamiento a seguir en cuestiones de salud y especialmente en los casos de
esta endemia".
-Enfatiza
el impugnante que "El médico solamente debe emplear medios diagnósticos o
terapéuticos debidamente aceptados por las instituciones científicas legalmente
reconocidas (...), aunque en circunstancias excepcionalmente graves si un
procedimiento experimental se ofrece como la única posibilidad de salvación,
este podría utilizarse con la autorización del paciente o sus familiares
responsables y, si fuere posible, por acuerdo de Junta Medica. Finalmente,
cuestiona si las entidades de medicina prepagada podrían ser obligadas a
incumplir sus reglamentos imponiéndoles la prestación de servicios no previstos
en los contratos respectivos.
5.La
sentencia de segunda instancia
El
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, por
sentencia del 27 de enero de 1995, decidió revocar la providencia impugnada y,
en su lugar, rechazar por improcedente la acción de tutela, con fundamento en
las consideraciones que se resumen en seguida:
-El
Instituto de Seguros Sociales, como lo reconoce el mismo accionante, "no
se ha negado a brindar el tratamiento y en general a prestarle la atención
médica requerida por el peticionario (...)" con lo cual, a juicio de la
Sala queda claramente establecido que el ISS no está violando o amenazando los
derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social.
-El
Instituto de Seguros Sociales está sometido a reglamentaciones y procedimientos
legales y "como entidad encargada de prestar servicios de salud a sus
afiliados y beneficiarios está sometida a las normas específicas que regulan la
materia, expedidas por las autoridades competentes dentro del concepto del
Estado de Derecho y en cumplimiento del principio de legalidad"
-Existen
reglamentaciones respecto de los medicamentos y su formulación, tanto a nivel
específico del ISS como a nivel general emanadas del Ministerio de Salud que
establecen "con carácter obligatorio para el sistema general de seguridad
social en salud, el manual de medicamentos y en él no están incluidas las drogas
solicitadas por el paciente y accionante", así las cosas, "no es
posible para la Sala, desconocer, sin mayores elementos de juicio, los
criterios científicos establecidos por las autoridades competentes al
determinar el manual de medicamentos, para dar una orden para que el Instituto
de Seguros Sociales desconozca su propia reglamentación, en la cual, por lo
demás se encuentra la garantía para sus afiliados y beneficiarios".
-Mediante
la acción de tutela no es posible dirigir ni orientar la prestación misma de
los servicios médicos "toda vez que existe autonomía por parte de los
profesionales de la salud y la prestación de los servicios médicos debe estar
en armonía con la ciencia médica y la ética profesional y depende de diferentes
circunstancias que solo está en capacidad de evaluar el médico en frente a su
paciente, para establecer el beneficio real que pueden representarle".
-De los
documentos y pruebas que obran en el expediente no resulta como criterio único
"la indicación incuestionable de la droga reclamada por el accionante para
tratar su enfermedad", el concepto del Director de la Liga Colombiana de
Lucha contra el Sida afirma que "Todo este manejo es individual, según el
estado clínico del paciente y el criterio médico". Para el fallador de
segunda instancia se trata de drogas cuyo beneficio aún se discute desde el
punto de vista científico y además, "es en cada caso concreto, el médico,
quien puede ordenar el tratamiento para la respectiva enfermedad".
-Fuera
de lo indicado, la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 8 de junio de
1994 concedió la tutela " solamente en el sentido de ordenar al Instituto
de Seguros Sociales, que practique en un laboratorio diferente los exámenes
pertinentes indicados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y los que, a
su juicio oportunamente indique la Liga Colombiana de Lucha contra el Sida, y
demás que estime necesarios para establecer la viabilidad o no del tratamiento
retroviral solicitado".
-Finalmente,
el Consejo de Estado indica que "los derechos invocados por el accionante
no se han desconocido y que su solicitud de una determinada droga, no es una
decisión que pueda tomarse de una manera adecuada y seria por el juez de tutela
sino que se trata de un acto que debe ejercer el médico tratante dentro de su
autonomía, fundamentado en criterios científicos y dentro del mutuo respeto que
origina la relación médico-paciente, razón por la cual es del caso revocar la
providencia impugnada".
II.FUNDAMENTOS JURIDICOS
A. La
competencia.
Es
competente esta Sala de la Corte Constitucional para proferir sentencia de
revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los
artículos 86 inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
B. La
materia.
1. El
accionante, a quien le fue diagnosticada infección por Virus de
Inmunodeficiencia Humana VIH/SIDA; aduciendo la violación de los derechos a la
vida, a la igualdad y a la dignidad humana por parte del Instituto de Seguros
Sociales, entidad a la que se encuentra afiliado y que, desde el mes de
diciembre de 1993, le viene brindando la atención médica y especializada que su
enfermedad requiere, acude al mecanismo de protección que contempla el artículo
86 de la Constitución Política, con el fin de que se le ordene al Instituto
suministrarle antiretrovirales en la cantidad y con la periodicidad
indispensables, teniendo en cuenta, para ello, las pautas generales
establecidas en la X Conferencia Internacional de Sida y "las que en
adelante se den en cada conferencia mundial" ya que, según su criterio,
"todos los días hay nuevos datos investigativos" y la ciencia, en
permanente búsqueda de un remedio definitivo, acomete nuevos esfuerzos, de
cuyos resultados, en tanto portador del virus, desea beneficiarse.
Indica
el actor que la adquisición de los medicamentos escapa a sus posibilidades
económicas, que le fueron recomendados por el médico que lo atiende y que
mediante su aplicación se evita el desarrollo de "enfermedades del sistema
nervioso central que son incapacitantes e invalidantes y generan dolor
insoportable", se logra retardar "el proceso de deterioro del
organismo" y recuperar "el sistema de defensas del cuerpo", todo
lo cual se traduce en un mejoramiento de la calidad de vida y en la
prolongación de la misma, ventajas que, fuera de obtenerse a un menor costo,
permiten la incorporación del enfermo a la actividad productiva, así como la
recuperación anímica derivada del disfrute de mejores condiciones de fé,
esperanza y convivencia, no sólo para el afectado sino también para sus
familiares y allegados.
Por su
parte, el Instituto de Seguros Sociales sostiene no haber entregado los
antiretrovirales por encontrarse sujeto a regulaciones especiales, de
naturaleza legal y reglamentaria, que se remontan al periodo anterior a la
vigencia de la ley 100 de 1993 y que, le impiden, proporcionar medicamentos no
incluidos dentro del catálogo general de suministros Clase I, productos
farmacéuticos, en el que no figuran los aludidos antiretrovirales. En efecto,
señala el Instituto que el decreto 1938 de agosto 5 de 1994 "por el cual
se reglamenta el plan de beneficios del Sistema Nacional de Seguridad Social en
Salud" establece como únicos medicamentos para el tratamiento del sida
"al Trimetropin Sulfamatoxazol y al pentamidina isotianato" y, de
otro lado prohibe, en forma expresa, recetar drogas o sustancias que no
aparezcan autorizadas en el formulario del Ministerio de Salud (artículo 15,
literal g). Similar prohibición contiene la resolución 0046, de febrero 1 de
1994, emanada de la presidencia del seguro social.
2. Los
motivos expuestos por cada una de las partes sirvieron de fundamento a las
sentencias que ahora se revisan, pronunciamientos que, por tanto, se apoyan en
argumentos opuestos; así, el fallador de primera instancia, que lo fue el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respaldó la posición del demandante y
estimó procedente conceder el amparo impetrado porque, en su sentir, tratándose
de enfermedades incurables la ciencia médica no puede limitar su actuación a lo
disponible en un momento determinado sino que debe procurar, por todos los
medios posibles, incluidos los alternativos, brindar la atención necesaria que
produzca el alivio o la curación del paciente, pues una actitud contraria
implicaría la amenaza simultánea de la salud y de la vida y la consiguiente
vulneración del derecho a la igualdad que, según los términos de la Carta,
comprende la protección a las personas que se hallan en circunstancias de
debilidad manifiesta.
La Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Honorable Consejo de
Estado revocó el fallo de primera instancia y denegó la protección pedida,
acogiendo en lo básico las razones esgrimidas por el Instituto. Consideró el
juez de segundo grado que al paciente se le ha dispensado atención; que la
entidad demandada está sujeta a reglamentaciones y procedimientos legales que
no le es posible desconocer y que la autonomía de los profesionales de la salud
no autoriza que, por via de tutela, se dirija u oriente "la prestación
misma de los servicios médicos".
3. La
precedente síntesis de los diversos puntos de vista que en relación con el caso
sub lite se han expuesto, es suficiente para apreciar la relevancia
constitucional de la controversia que involucra asuntos de singular importancia
que, con miras a decidir lo que jurídicamente corresponda, la Sala entra a
analizar.
Considerado
el estado actual de las investigaciones científicas que pretenden descubrir los
remedios eficaces para neutralizar los efectos letales del sida, no se remite a
dudas de ninguna índole que la mencionada enfermedad es, hasta el momento,
incurable. A juicio del Doctor Fernando Salgado Quintero, Gerente de la Clínica
San Pedro Claver del I.S.S., "La infección por VIH es una patología
evolutiva y mortal, sin curación conocida actualmente, por lo que en las
personas afectadas por el virus hay deterioro progresivo de su estado
inmunitario y/o cánceres asociados que agravan su estado de salud". Del
anterior planteamiento, surge, con absoluta nitidez, que la presente causa
comporta una vinculación evidente con el derecho a la vida que, en razón de su
indudable trascendencia, ocupa un lugar central en el ordenamiento jurídico y,
por ende, la Sala encuentra necesario referirse a él en primer término, con el
propósito de establecer si resulta conculcado o amenazado.
4. La
vida humana está consagrada en la Carta de 1991 como un valor superior que,
según las voces del preámbulo debe asegurar la organización política cuyas
autoridades, de conformidad con el artículo segundo, justamente están
instituidas para protegerla. En perfecta concordancia con ese valor, en cuanto
constituye proyección del mismo, encabezando el capítulo correspondiente a los
derechos fundamentales, aparece el derecho a la vida (art. 11 C.P.),
caracterizado por ser el de mayor connotación, toda vez que se erige en el
presupuesto ontológico para el goce y el ejercicio de los demás derechos, ya
que cualquier prerrogativa, facultad o poder deviene inútil ante la
inexistencia de un titular al cual puedan serle reconocidos.
No se
detiene la Sala en el señalamiento exhaustivo de los contenidos de un concepto
que, como el de vida humana, se revela indeterminado en la medida en que es
abordable desde variadas perspectivas; sencillamente, y para los efectos del
caso sobre el que se resuelve en sede de revisión, basta puntualizar que el
artículo 11 superior vincula al estado y a los asociados a la protección de la
vida en sus dimensiones física y moral; esta Corporación ha entendido que
"la vida del ser humano es mucho más que el hálito mediante el cual se
manifiesta su supervivencia material" y que "no puede
equipararse a otras formas de vida, pues agrega al mero concepto físico
elementos espirituales que resultan esenciales" (Sentencia T-067 de 1994.
M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Es
preciso, además, agregar, en armonía con lo expuesto, que ligada al derecho a
la vida, la Constitución contempla la dignidad humana y que el artículo primero
al fundar en ella la organización republicana del estado colombiano, expresa la
loable finalidad de orientar el sistema político y jurídico a la promoción de
la persona, de modo que, las exigencias de la dignidad humana ponen de presente
que la vida, que constitucionalmente se garantiza, no se reduce a la pura
existencia biológica sino que expande su ámbito para abrigar las condiciones
que la hacen digna.
Así
pues, el tenor literal del artículo 11 de la Carta supone una actitud de las
autoridades públicas y de los particulares orientada a evitar cualquier
comportamiento capaz de afectar la vida o de producir la muerte, empero, como
se ha visto, el derecho a la vida es de más amplio espectro y por ello, no
agota su designio protector en la simple abstención. Actualmente, el
constitucionalismo hace eco de postulados que tienden a asegurar siquiera el
mínimo de posibilidades que tornan digna a la vida y, en esas circunstancias,
que concretan la noción de Estado Social de Derecho, se impone, principalmente
a los poderes públicos, la promoción de esas condiciones; la vida, entonces, ya
no puede entenderse tan sólo como un límite al ejercicio del poder sino también
como un objetivo que guía la actuación positiva del Estado. La relevancia que
el Constituyente otorgó a la persona humana define el especial tipo de relación
entre los asociados y la organización estatal, de ahí que, frente a los
derechos fundamentales y en aras de su protección y goce efectivo, no sea
irrelevante la manera como se ejercen las funciones públicas.
5. Ahora
bien, es claro que, entendida de esta manera, la vida humana aumenta su radio
de acción y el derecho pertinente cobra una fuerza expansiva de tal índole que
lo conecta con otros derechos que, sin perder su autonomía, le son
consustanciales. A este respecto la Corte Constitucional ha expuesto que
"...la salud y la integridad física son objetos jurídicos
identificables, pero nunca desligados de la vida humana que los abarca de
manera directa", por ello "cuando se habla del derecho a la
salud, no se está haciendo cosa distinta a identificar un objeto jurídico
concreto del derecho a la vida, y lo mismo ocurre cuando se refiere al derecho
a la integridad física. Es decir, se trata de concreciones del derecho a la
vida, mas no de bienes jurídicos desligados de la vida humana, porque su
conexidad próxima es inminente" (Sentencia T-494 de 1993. M.P.Dr.
Vladimiro Naranjo Mesa).
6. De
acuerdo con el pronunciamiento que se acaba de citar, el derecho a la salud
comprende "la facultad que tiene todo ser humano de mantener la
normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad
mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la
estabilidad orgánica y funcional de su ser . Implica, por tanto, una acción de
conservación y otra de restablecimiento...". Empero, la Corte también
ha sido clara en sostener, desde una perspectiva ampliada que "la salud
es un estado variable, susceptible de afectaciones múltiples, que inciden en
mayor o menor medida en la vida del individuo", de suerte que "el
Estado protege un mínimo vital, por fuera del cual el deterioro orgánico impide
una vida normal ", siendo así que la salud supone "un estado
completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades " (Sentencia T-597 de 1993. M.P. Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz). El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968
reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental y al goce de los beneficios del progreso científico.
7. Fuera
de los anteriores postulados -con arreglo a los cuales, ponderados los hechos
específicos de cada caso concreto, la salud reviste la naturaleza de derecho
fundamental merced a su relación inescindible con el derecho a la vida y al
mínimo vital-, el derecho previsto en el artículo 49 de la Carta integra un
conjunto de elementos que, en palabras de la Corte, "le confieren un
carácter asistencial, ubicado en las referencias funcionales del Estado Social
de Derecho, en razón de que su reconocimiento impone acciones concretas, en
desarrollo de predicados legislativos a fin de prestar el servicio público
correspondiente...". Atendiendo al criterio que esta Corporación
prohija, se percibe que "La frontera entre el derecho a la salud como
fundamental y como asistencial es imprecisa y sobre todo cambiante, según las
circunstancias de cada caso " (Sentencia T-484 de 1992. M.P.Dr.
Fabio Morón Díaz), de ahí que, en principio, se puede afirmar que el
caracter fundamental del derecho a la salud emerge siempre que su desatención
vulnere directa y gravemente el derecho a la vida, destacándose que en estos
eventos comporta "no sólo la intervención puntual necesaria para evitar
la enfermedad , sino también la actuación difusa necesaria para lograr la
recuperación de la calidad de vida" (Sentencia T-597 de 1992. M.P.
Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Cuando
analizado el aspecto fáctico de la situación concreta que se examina se
descubre la concatenación necesaria entre los derechos a la vida y a la salud,
sin que, a riesgo de sacrificar el todo, sea viable deslindar los espacios de
operancia de cada uno, se genera una unidad en la defensa de tal grado que la
protección que se debe conceder apunta a la totalidad que, como objeto
indivisible, deja de lado cualquier escisión. Se rebasa, entonces, el marco del
derecho a la vida en sentido restringido y se impone estimarla en su plenitud.
Sobre el particular la Corte sostiene que "es absurdo argüir que si se
afecta una parte del todo vital, este permanece incólume porque es desconocer
la conexidad entre las partes y el todo " y además que "es un
contrasentido manifestar que el derecho a la vida es un bien fundamental y dar
a entender que sus partes -derecho a la salud y a la integridad física - no lo
son ". Este discernimiento responde a las exigencias de la dignidad
humana porque "La vida que es debida al hombre en justicia es la vida
digna, es decir, íntegra y saludable ", en otros términos, al ser la
salud "Una condición existencial de la vida humana en condiciones de
plena dignidad: al hombre no se le debe una vida cualquiera sino una vida
saludable " (Sentencia T-494 de 1993. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo
Mesa).
8. Ahora
bien, el compromiso del ente estatal con la protección de la salud de los
asociados (art. 49 C.N.) amerita un breve estudio que tome en consideración el
nivel de afectación del derecho y, en concordancia con ello, lo que pueda
exigirse del Estado en cada circunstancia específica. Cabe aquí recordar que el
derecho a la salud es también ubicable dentro de la categoría de los
denominados derechos de prestación que, por su naturaleza, no son de exigencia
inmediata a través de la via judicial, y requieren para su efectividad el
desarrollo legal, el arbitrio de los recursos y la provisión de la pertinente
estructura que los actualice. Pese a lo anterior, es útil reiterar que no es
posible "mirar bajo la misma óptica prestaciones que requieran
diferentes respuestas del Estado en términos presupuestales y organizativos"
y que "las condiciones de eficacia requeridas por un determinado medio
judicial para su procedencia, pueden ser diferentes a las exigidas por otros
mecanismos judiciales. En este orden de ideas la posibilidad de exigir un
derecho de prestación es apreciable sólo en el caso concreto y dependiendo del
tipo de derecho " (Sentencia T-207 de 1995. M.P.Dr. Alejandro
Martínez Caballero).
En lo
atinente a la salud, prima facie se tiene que el Estado debe facilitar las
condiciones que garanticen el acceso de todos los habitantes al servicio
respectivo, no siendo dable entender que en todos los eventos tenga la
obligación de brindar un tratamiento exclusivo a un sujeto particular. Sin
embargo, cosa distinta acontece cuando la situación apareja una conexidad
directa e inmediata con el derecho a la vida dado que, como se ha insistido
dentro de esta providencia, en episodios de estas implicaciones se confunden
los objetos de protección conformando una unidad que reclama defensa total. En
razón de los datos fácticos del caso concreto y del alcance de la normatividad
constitucional que exige la protección de un derecho de aplicación inmediata
(arts. 11 y 85 C.N.), el derecho a la salud viene a compartir el carácter
fundamental y a integrar el poder indispensable para exigir su cumplimiento al
Estado que debe acudir en ayuda del afectado, titular de un derecho subjetivo,
por cuya virtud, la infraestructura servicial de que se disponga atenderá
prioritariamente tan urgente requerimiento.
La Corte
ha precisado que a nivel teórico "el estado inicial de un derecho de
prestación es su condición programática la cual luego tiende a trasmutarse
hacia un derecho subjetivo, en tanto y en cuanto, se creen elementos que
concedan eficacia a la posibilidad de exigir la obligación estatal de ejecutar
la prestación" (Sentencia T-207 de 1994). Siempre que ello
acontece, lo asistencial se consolida en una realidad en relación con un
titular determinado, como sucede, verbi gratia, con el afiliado a una entidad
de seguridad social, quien, en el evento de ver afectada su salud o su vida, a
la posición de sujeto activo de un derecho agrega la situación legal y
reglamentaria que, en su caso, actualiza y concreta las prestaciones que puede
exigir y, adicionalmente, define con precisión las instancias que deben
proporcionarle la atención requerida.
9. Como
quedó consignado en otro aparte de esta providencia, la infección con el Virus
de Inmunodeficiencia Humana coloca a quien la padece en un estado de deterioro
permanente con grave repercusión sobre la vida misma, puesto que el virus ataca
el sistema de defensas del organismo dejándolo desprotegido frente a cualquier
afección que, finalmente, causa la muerte. No se precisa recurrir a más
argumentos para concluir que el peticionario de la presente acción de tutela
efectivamente encuentra amenazado su derecho a la vida a consecuencia de una
enfermedad incurable y mortal y que es evidente el progresivo desmejoramiento
de su salud; según el informe que el Gerente de la Clínica San Pedro Claver
del I.S.S. envió al juez de primera instancia, "el paciente en mención ha
presentado esta evolución clínica pues al ingreso se encontraba como portador
asintomático y 10 meses más tarde presenta algunas entidades asociadas a una
disminución moderada de su estado inmunitario como son la candidiasis oral o el
compromiso diarreico crónico" (folio 49).
En
circunstancias como las anotadas, la vinculación entre el derecho a la vida y el
derecho a la salud se aprecia con absoluta claridad, ya que la presencia de una
patología semejante, además de conducir a la muerte, desmejora la calidad de la
vida durante el tiempo al que todavía pueda aspirarse. Se torna patente,
entonces, la necesidad de proceder al tratamiento pertinente encaminado a
atacar las manifestaciones de la enfermedad para impedir su desarrollo o
morigerar sus efectos, tratando de conservar, en lo posible, las posibilidades
que faciliten al enfermo desenvolver la propia personalidad dentro del medio
social.
10. Es
de anotar que la atención médica y profesional le ha venido siendo prestada al
demandante por el Instituto de Seguros Sociales, entidad de la que es afiliado,
lo cual indica que existe una relación individual que en forma específica
realiza el derecho a la salud haciéndolo exigible de manera inmediata. Así las
cosas, lo que en esta oportunidad se discute es si el derecho que asiste al
peticionario tiene el alcance suficiente para pedir un tratamiento paliativo determinado
que deba serle suministrado por el Instituto de Seguros Sociales o si, por el
contrario, la prestación del servicio se limita a brindar la atención dentro de
los supuestos autorizados por normas infraconstitucionales que excluyen el
tratamiento pedido.
La Sala
insiste en que la respuesta que se dé a la pregunta precedente debe partir de
la estimación de los elementos fácticos en concordancia con las normas
constitucionales aplicables; y por tanto, hallándose constatado que el actor
padece una enfermedad que en forma directa afecta su vida y las condiciones en
que la desarrolla, no vacila en afirmar que la protección que los derechos a la
vida y a la salud reclaman, si bien no involucra una obligación de resultado ,
incluye en este evento, la facultad de agotar todas las posibilidades
enderezadas a conservar la existencia vital en la plenitud que le es inherente.
El ser
humano necesita mantener ciertos niveles de salud para sobrevivir y
desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de enfermedades incurables y
mortales afecta esos niveles, poniendo en peligro la propia subsistencia, no
resulta válido pensar que el enfermo esté ineluctablemente abocado a
abandonarse a la fatalidad, desechando cualquier tratamiento, por considerarlo
inútil ante la certeza de un inexorable desenlace final; todo lo contrario, el
paciente tiene derecho, mientras tanto, a abrigar esperanzas de recuperación, a
procurar alivio a sus dolencias, a buscar, por los medios posibles, la
prolongación de la vida amenazada, si así lo desea.
En
concordancia con lo anterior, la Sala estima pertinente subrayar que, con
independencia de las polémicas desatadas alrededor de la fijación del momento
de su iniciación y terminación, la vida humana, asumida como la existencia
histórica de una persona, es un proceso que entraña cambios somáticos y
psíquicos que definen las fases sucesivas que experimenta el sujeto viviente.
Ese devenir en que consiste la vida impide concebirla apenas como una realidad
estática, y favorece, en cambio, su entendimiento como un continuo dinámico
sobre el que se funda el derecho a disfrutarla de principio a fin; de manera
que, a más de la vida efectivamente transcurrida el hombre tiene derecho a que
se le respeten y protejan las fases que le resten para completar su ciclo
vital. En este sentido la Corte ha indicado que "no se puede ser
titular de derechos sin la vida presente, pasada o futura " (Sentencia
T-452 de 1992 M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).
Así
pues, al derecho que atañe al peticionario, afectado por una enfermedad mortal,
para exigir un tratamiento que le produzca alivio, le permita desarrollar su
vida en mejores condiciones o le prolongue el tiempo de su existencia;
corresponde el deber correlativo de evitar toda conducta que le impida u
obstruya el ejercicio y la satisfacción de ese derecho, pues la asistencia
pretendida, se vincula causalmente con la preservación de bienes tutelados por
la Constitución.
11.
Ahora bien, no es extraño al juicio de esta Sala que, en situaciones como la
presente, el principio de la autonomía personal, del que es trasunto el derecho
consagrado en el artículo 16 superior, tiene una especial aplicación, no sólo
porque a falta de vida el ejercicio de dicha autonomía sería imposible, sino
también porque en desarrollo de su facultad de autodeterminación se garantiza a
la persona el poder para tomar, sin injerencias extrañas o indebidas, las
decisiones acerca de los asuntos que le conciernen, lo que adquiere especial
significación en materias relativas a la salud y a la vida individual. La
Corte, en otra oportunidad, protegió la determinación de rehusar un tratamiento
no deseado, al denegar una acción de tutela tendiente a obligar a quien padecía
una enfermedad grave a aceptar la actuación de los médicos (Sentencia T-493
de 1993. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell), y, en un pronunciamiento
posterior, señaló que "cada quien es libre de decidir si es o no el
caso de recuperar su salud " (Sentencia C-221de 1994. M.P. Dr.
Carlos Gaviria Díaz). Siendo ello así, en principio es lógico concluir que
a quien, en ejercicio de su autonomía, expresa su voluntad de someterse a un
tratamiento paliativo, que cree favorable, deba respetársele su opción del
mismo modo que se respeta la del sujeto que se opone a ser tratado, con la
diferencia de que en un caso basta la abstención y en el otro se exige la
actuación positiva encaminada a salvaguardar la salud y la vida.
12. No
ignora la Sala que una afirmación como la precedente entraña graves
dificultades en el terreno de su aplicación práctica, debido, entre otras
hipótesis, a que las decisiones que en uso de su libre autodeterminación adopte
el paciente pueden entrar en contradicción con los criterios científicos del
médico que conoce del caso. A esta problemática se refiere el Consejo de Estado
al enfatizar que "Mediante la acción de tutela no es posible dirigir ni
orientar la prestación misma de los servicios médicos, como pretende el
accionante al solicitar que se ordene al Instituto de Seguros Sociales el
suministro de antiretrovirales, toda vez que existe autonomía por parte de los
profesionales de la salud y la prestación de los servicios médicos debe estar
en armonía con la ciencia médica y la ética profesional y depende de ciertas
circunstancias que sólo está en capacidad de evaluar el médico en frente a su
paciente, para establecer el beneficio real que puedan representarle
".
El
argumento del juez de segunda instancia reposa en una concepción de la práctica
médica de cariz tradicional, que, según lo expone la Corte, entiende que "no
siendo el enfermo depositario del saber necesario para curar la enfermedad, sus
opiniones resultan indiferentes al momento de tomar las decisiones relativas a
los medios curativos ". Sin embargo, en sentir de la Corporación,
"Esta visión paternalista ha sido puesta en tela de juicio en la última
mitad del presente siglo, como consecuencia de la trascendencia adquirida por
los valores de la autonomía personal, la autodeterminación y la dignidad
", abriéndose paso un replanteamiento de "los términos
tradicionales de la relación clínica, de tal manera que el médico condicione su
asistencia al consentimiento del paciente " quien incluso puede
escoger opciones "que no conduzcan a su bienestar físico"
(Sentencia T-401 de 1994 M.P.Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
De
acuerdo con lo anotado, al paciente no le corresponde una posición
eminentemente pasiva en la relación que establece con el médico, empero, no es
posible, en asuntos tan delicados, adoptar una pauta de general seguimiento,
pues de un lado, la enorme variedad de casos aconseja la adopción de soluciones
concretas y conformes a la especificidad de cada situación y de otro, la propia
Constitución protege la salud pública y a la vez preconiza la autonomía
personal, correspondiéndole "a la interpretación judicial la búsqueda
de un equilibrio entre intereses particulares y generales, de tal manera que
ninguno de los dos sea subsumido o minimizado por el otro. Ni el ser humano
debe convertirse en objeto de manipulación de la organización médica, ni ésta
debe supeditar todos sus propósitos asistenciales, científicos y curativos a la
opinión de los pacientes "(Sentencia T-401 de 1994).
Las
particularidades del caso sub examine obligan a considerar que dada la
preponderancia de los valores y derechos que intervienen -salud en conexidad
con la vida- la autonomía del paciente, en cuanto capaz de decidir lo que desea
y de manifestarlo, adquiere especial trascendencia y el galeno debe, por lo
tanto, respetar ese querer, más aún cuando cualquier decisión suya es
susceptible de incidir de manera determinante en la esfera autónoma del
peticionario que, se repite, busca el mejoramiento de sus condiciones de vida
en calidad y cantidad. Este planteamiento encuentra apoyo en la última
providencia citada en la que se lee:
"Una
circunstancia especialmente relevante en el análisis casuístico es la referente
al tipo de intervención médica que se lleva a cabo sobre el paciente. Desde un
punto de vista tipológico se suele hacer la diferencia entre una intervención
ordinaria, que no conlleva una mayor perturbación en el curso ordinario de las
actividades del enfermo, y una intervención extraordinaria, que trae consigo
una intromisión determinante en la vida del paciente.
Al
vincular la variable del consentimiento con el tipo de intervención, resultan
cuatro situaciones cuya solución normativa demanda un análisis específico
(intervención extraordinaria con o sin consentimiento e intervención ordinaria
con o sin consentimiento). De todas ellas la que con mayor facilidad se presta
a una respuesta es aquella que combina la capacidad para consentir con la
intervención extraordinaria. En tales circunstancias no parece haber dificultad
en aceptar una concepción autonomista que condicione la acción médica a la manifestación
volitiva del paciente ".
13.
Ahora bien, la apreciación del Consejo de Estado parte de suponer una
contradicción entre el paciente y el médico en torno al suministro de
antiretrovirales. En realidad, la Sala no encuentra probado el supuesto
conflicto que sirvió de base para negar la tutela impetrada. En su escrito
inicial el accionante expuso que el "mismo médico tratante del
I.S.S." le recomendó la adquisición de esos medicamentos; esa afirmación
la reiteró en declaración extraproceso rendida ante notario y, en todo caso, no
fue controvertida por el Instituto de Seguros Sociales a lo largo de la
actuación surtida; además, esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional la
acepta en virtud de lo dispuesto por el artículo 83 de la Carta Política que
hace presumir la buena fé "en todas las gestiones" que los
particulares adelanten ante las autoridades públicas.
Queda
así establecido que la utilización de la droga solicitada hace parte del
tratamiento que el médico del Instituto de Seguros Sociales, que atiende al
actor, considera conveniente seguir. Sobre la base del criterio científico del
profesional de la salud, la Sala estima pertinente acotar que el peticionario
tiene el derecho a que se le brinde la totalidad del tratamiento en la forma
prescrita, porque un tratamiento incompleto o que no se ciña a las
recomendaciones médicas desconoce las prerrogativas del paciente que, según lo
indicado, voluntariamente ha querido someterse a las prescripciones del galeno.
La Sala se limitará, entonces, a ordenar que se realice el tratatamiento tal
como fue dispuesto; de manera que su orden no interfiere las decisiones del
médico ni la prestación misma del servicio cuyas modalidades e incidencias
corresponde apreciar y valorar el galeno. Tanto es así que en la comunicación
enviada por el Gerente de la Clínica San Pedro Claver al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con ocasión del fallo de primera instancia que
concedió la tutela, se informa que "a fin de dar cumplimiento al fallo
citado, esta Gerencia ha solicitado a la Coordinadora del Programa se cite al
paciente a fin de efectuar la respectiva evaluación y prescripción ..."
. (Folio 165. Se subraya).
14. La
Sala observa que en el caso analizado se distinguen dos tipos de relaciones, a
saber: entre el médico y el paciente y entre el paciente y el Instituto de
Seguros Sociales. El primer evento ha sido dilucidado y, según se sigue de lo
hasta ahora expuesto, es diferente el vínculo entre el paciente y la entidad
afiliadora, que se revela conflictivo en la medida en que el Instituto se niega
a otorgar la totalidad del tratamiento prescrito al enfermo, tratamiento que
incluye el suministro de una droga determinada. Con base en los argumentos
esbozados con anterioridad, se tutelarán los derechos invocados, resolviendo la
controversia en favor del actor. La Sala sabe que la negativa de la parte
demandada se fundamenta en normas jurídicas de rango inferior a la Carta que
prohiben la entrega de medicamentos por fuera de un catálogo oficialmente
aprobado; no desconoce tampoco los motivos de índole presupuestal que conducen
a la elaboración de una lista restringida y estricta, ni cuestiona los estudios
científicos de diverso orden que sirven de pauta a su elaboración, menos aún el
rigor de quienes tienen a su cargo el proceso de selección; sin embargo,
retomando el hilo de planteamientos antecedentes ratifica que el deber de
atender la salud y de conservar la vida del paciente es prioritario y cae en el
vacío si se le niega la posibilidad de disponer de todo el tratamiento
prescrito por el médico; no debe perderse de vista que la institución de
seguridad social ha asumido un compromiso con la salud del afiliado, entendida
en este caso, como un derecho conexo con la vida y que la obligación de
proteger la vida es de naturaleza comprensiva pues no se limita a eludir
cualquier interferencia sino que impone, además, "una función activa
que busque preservarla usando todos los medios institucionales y legales a su
alcance " (Sentencia T-067 de 1994. M.P. Dr. José Gregorio
Hernández Galindo). Esa obligación es más exigente y seria en atención al
lugar que corresponde al objeto de protección en el sistema de valores que la
Constitución consagra, y la vida humana, tal como se anotó, es un valor supremo
del ordenamiento jurídico colombiano y el punto de partida de todos los
derechos. En la sentencia T-165 de 1995 la Corte expuso: "Siempre que
la vida humana se vea afectada en su núcleo esencial mediante lesión o amenaza
inminente y grave el Estado Social deberá proteger de inmediato al afectado, a
quien le reconoce su dimensión inviolable . Así el orden jurídico total se
encuentra al servicio de la persona que es el fin del derecho ". (M.
P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa). Corresponde, entonces, al Estado aportar
los medios adecuados y a su alcance para dar el tratamiento prescrito. Cabe
indicar que, según concepto del Doctor Jesús Guillermo Prada Trujillo, los
medicamentos que el actor pide y que, se repite, hacen parte del tratamiento
recomendado por el médico "han sido aprobados por el Ministerio de
Salud y se encuentran disponibles sobre (sic) el mercado en Colombia
". (Folio 123).
Los
postulados anteriores se hallan estrechamente vinculados a la idea de Estado
Social de Derecho que propende por la realización de la justicia y, al avalar
los principios de dignidad humana y solidaridad y al conferirle "primacía
a los derechos inalienables de la persona " (art.5 C.P.) traspasa el
reducido marco de la legalidad con el que se identificaba la noción clásica de
Estado de Derecho, comprometiéndose a desarrollar las tareas que le permitan a
los asociados cristalizar las prerrogativas que el ordenamiento jurídico les
reconoce; a ese objetivo se acomoda el deber de "obrar conforme al
principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas
". Acerca de este tópico la Corte Constitucional ha destacado que:
"El
Estado Social de derecho mantiene el principio de legalidad, pero lo supera y
complementa al señalar entre sus finalidades la de garantizar un orden
político, económico y social justo (C.P. Preámbulo). La naturaleza social del
Estado de Derecho colombiano supone un papel activo de las autoridades y un
compromiso permanente en la promoción de la justicia social.
La
defensa de los valores supremos del ordenamiento obliga al Estado a intervenir
-dentro del marco constitucional- para proteger a las personas en su dignidad
humana y exigir la solidaridad social cuando ella sea indispensable para
garantizar derechos fundamentales como la vida y la salud " (Sentencia T -505 de
1992. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Es
incuestionable que la administración está sujeta al principio de legalidad,
pero la prevalencia de los derechos fundamentales y la supremacía del texto
constitucional que los contiene y dispone su protección, sugiere, en el caso
concreto, la impostergable observancia de la norma superior cuya aplicación no
debe supeditarse a criterios que, al ser sopesados frente a valores y derechos
como los implicados en el presente asunto, no resisten comparación alguna. Así
por ejemplo, la Corporación ha puntualizado que "el costo de la
atención aunque no es irrelevante para la asignación de recursos médicos
escasos, no puede ser, en materia de lucha contra una enfermedad transmisible y
mortal, el factor determinante para la prestación del servicio (Sentencia T-505
de 1992). Si los postulados constitucionales vinculan a la administración,
con mayor razón deben guiar la tarea del juez de tutela que, al ser encargado
de la misión de defender los derechos fundamentales, tiene un compromiso
ineludible, antes que nada, con la Constitución. Así las cosas la discrepancia
suscitada entre el Instituto de Seguros Sociales y el peticionario se resuelve
en favor del último, no encontrando tampoco la Sala motivos de reproche en la
actitud del médico que recomendó el suministro de la droga, cuya posición
científica debe respetarse, incluso por el I.S.S., que tan celoso se ha
mostrado en la defensa de la autonomía médica.
A juicio
de la Sala, resulta de interés destacar que, en sentido similar, la Corte
resolvió, con anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993, ordenar el
tratamiento de niños aquejados por enfermedades incurables, a quienes, pese a
sus posibilidades de mejoramiento, el Instituto de Seguros Sociales se negaba a
atender debido a que el artículo 26 del Decreto 770 de 1975 disponía: "Cuando
se diagnostique enfermedad durante el primer año de edad, el hijo del asegurado
tendrá derecho, en cualquier tiempo a todas las prestaciones asistenciales
necesarias cuando a juicio del servicio médico no sea procedente su tratamiento
dentro del primer año de vida y que exista desde el principio pronóstico
favorable de curación". Entendió la Corporación que existiendo la
probabilidad de obtener alivio o mejoramiento, si bien no la recuperación
definitiva, debía otorgarse la protección, aplicando el tratamiento respectivo
en garantía de los derechos a la vida y a la salud. (Cfr. SU-043 de 1995.M.P.
Dr. Fabio Morón Díaz).
15.
Finalmente, la Sala llama la atención sobre las implicaciones del principio de
igualdad en la solución de este caso. El concepto de enfermedad es, por
esencia, dinámico y no corresponde tan sólo a la afectación biológica o a una
simple referencia de carácter fisiológico, ya que está implicado históricamente
y unido a condicionamientos culturales, sociales y económicos. No por azar
períodos enteros de la historia se identifican con alguna enfermedad; lepra en
la antigüedad, peste en el medioevo, sífilis en la edad moderna, tuberculosis
en el siglo XIX, sida en las postrimerías del siglo XX, y en cada tramo las
variables que definen los estados de sanidad y de enfermedad son distintos. El
especial tipo de enfermedad que hace parte decisiva de las preocupaciones de
una época, más que ningún otro, trasciende la esfera individual generando, en
torno suyo, un conjunto de manifestaciones que suele conducir a la
discriminación real de las minorías afectadas. La Sala considera oportuno citar
los apartes pertinentes del estudio elaborado por el Doctor Orlando Mejía
Rivera en el que aborda estos temas:
"El
sida hace parte de aquellas enfermedades que han dejado de ser patologías
exclusivamente biológicas y se transforman en enfermedades culturales. Cuando
este hecho acontece, aparecen las significaciones y las simbolizaciones
paracientíficas de la enfermedad y comienza a ser percibida por los individuos
como una representación imaginaria, que está configurada por las
clasificaciones mentales colectivas, que definen los parámetros de lo moral, lo
inmoral, lo verdadero, lo justo, lo terrible, lo religioso, lo obsceno, lo
sagrado, lo profano, etc. El sida, entendido como una enfermedad cultural,
produce múltiples metáforas políticas, psicológicas y sociológicas, que son las
que generan y perpetúan la discriminación contra los infectados y los enfermos.
Más
adelante enfatiza:
"Como
hemos visto, la discriminación hacia los infectados por el VIH y los enfermos
de sida, motivada por el pánico patológico de los individuos sanos a ser
contagiados, no es solamente el producto de la falta de educación ante la
enfermedad biológica, sino las nefastas influencias de la enfermedad cultural,
cuyas representaciones imaginarias han suplantado en la colectividad la simple
existencia de una enfermedad , que no tiene por qué significar símbolos
religiosos, políticos o morales.
Y, en
relación con Colombia, apunta:
"Por
último, es interesante recordar un estudio hecho en 53 países entre 1983 y 1988
y donde se trató de identificar qué tanta discriminación existía en las
distintas sociedades ante los enfermos del sida. Se realizaron miles de
encuestas y algunas de las conclusiones son las siguientes: 1. A la pregunta de
si rechazarían trabajar con un individuo infectado por el VIH o con sida, el
país cuya población mostró mayor tendencia a la discriminación fue el Japón,
con un 68 por ciento de respuestas afirmativas; el segundo fue Colombia con un
54 por ciento de respuestas afirmativas; el tercer país fue Nigeria con el 52
por ciento; el cuarto país fue Estados Unidos con el 25 por ciento, y el quinto
fue Canadá con el 22 por ciento. 2. A la pregunta de si creian que los enfermos
de sida no merecían ninguna compasión, el país que mostró el mayor porcentaje
de respuestas afirmativas, que implican un rechazo absoluto a dichos enfermos
fue -para preocupación de todos nosotros-Colombia con el 29 por ciento; le
siguió Japón con el 22 por ciento; luego Nigeria con el 11 por ciento; en
cuarto lugar Alemania con el 10 por ciento; en quinto lugar Gran Bretaña con el
9 por ciento y en sexto lugar Estados Unidos con el 8 por ciento"(Discriminación
social e ideológica con el sida. Símbolo del castigo. Lecturas Dominicales de
El Tiempo, 14 de mayo de 1995, páginas 6 y 7).
Así
pues, la menguada situación en que se hallan los afectados por el VIH/SIDA no
se origina únicamente en el padecimiento corporal y psíquico que una enfermedad
incurable y mortal entraña, puesto que a esa desafortunada circunstancia se
suma la condición minoritaria de los afectados, las más de las veces
pertenecientes a sectores desfavorecidos y marginados; el menosprecio social y
la consiguiente estigmatización que soportan, como resultado de incidencias
culturales negativas, fundadas, primordialmente, en el temor que la infección
despierta. Todos estos, son suficientes motivos de persuasión acerca de la
necesidad de acometer acciones eficaces que contrarresten la reacción
desfavorable y persigan la igualdad real y efectiva, en favor de un grupo de la
población discriminado y marginado.
El
suministro de la integridad del tratamiento prescrito al actor, constituye,
desde este punto de vista, una especial medida de protección; más aún, fuera de
lo anterior y también en garantía del derecho a la igualdad, evita una
discriminación inadmisible ya que, estando la droga que le fue formulada
aprobada por el Ministerio de Salud y a disposición del público, negarla al
peticionario, que carece de recursos económicos para proveerse de ella,
significa privilegiar la situación del sujeto capaz de adquirirla, quien
estaría en mejores posibilidades de defender sus derechos, los mismos que vería
vulnerados un afiliado al Instituto de Seguros Sociales que, enfrentando
idéntico problema, no podría disponer del tratamiento completo.
En
resumen, siguiendo los lineamientos trazados por la Corte en su sentencia T-165
citada, debe haber protección inmediata para el paciente a afiliado al Instituto
de Seguros Sociales bajo el número 011512395, por varios motivos: desde la
perspectiva de la Carta Política el derecho a la vida prevalece y es inviolable
(art.11), existe la obligación de asistencia humanitaria (art. 95-2), la salud
se le debe al accionante como un derecho fundamental y el Estado protege
especialmente a los débiles (art. 13).
Se
revocará la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, recibirá
confirmación parcial la proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por tanto, se ordenará al Instituto de Seguros Sociales brindar
al actor todos los servicios, en la forma prescrita por el médico tratante. Así
mismo, para la protección del derecho a la intimidad, se ha omitido la mención
del nombre del accionante y se ordenará que así se proceda en todas las
publicaciones que de esta providencia se hagan.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional
RESUELVE:
PRIMERO.
REVOCAR la
sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, el 27 de enero de 1995, y en su lugar, para
amparar los derechos fundamentales a la vida, la salud y la igualdad, CONFIRMAR
PARCIALMENTE la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, el 15 de diciembre de 1994, en el sentido de
ordenar que el Instituto de Seguros Sociales, proceda dentro del improrrogable
término de 48 horas, contado a partir de la notificación de esta providencia, a
dar al accionante, en su totalidad, el tratamiento que le fue señalado por el
médico tratante de esa entidad.
SEGUNDO.
ORDENAR que en
guarda del derecho a la intimidad del peticionario, en toda publicación de la
presente decisión, se omita su nombre.
TERCERO.
LIBRENSE por
Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General |
435 | T-272-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-272/95
CONSTITUCION
POLITICA-Vigencia/ACCION
DE TUTELA-Hecho anterior/DEBIDO PROCESO
La acción de
tutela fue establecida en la Constitución de 1991, y no se predica para
presuntas violaciones ocurridas antes de su vigencia. Por supuesto que si la
violación se inicia antes de la Nueva Carta pero continúa después de la
expedición de la actual Constitución Política, entonces es viable invocar la
tutela. Un acto de la Curia para corregir una prueba del estado civil
(asimilable a acto administrativo) se agota con su expedición o con la
preclusión de los recursos que pudieran instaurarse contra él. No es factible
esperar 20 años para lograr mediante la tutela lo que no se planteó por otros
medios y en su oportunidad. No hay violación al debido proceso, después de que
el proceso ha finalizado. Si el trámite finalizó en 1974 no pueden invocarse
hechos u omisiones de tal época para sustentar la tutela en 1994. Tampoco se
puede decir que como la prueba del estado civil produce permanentes efectos
hacia el futuro, entonces la violación puede superar fácilmente a julio de
1991, ya que no es correcto confundir el efecto de la prueba con el debido
proceso.
RETROSPECTIVIDAD
DE LA TUTELA
No desconoce esta
Sala el alcance RETROSPECTIVO que en casos excepcionales puede tener la tutela,
pero tal retrospectividad existe en cuanto permanezca la violación y ésta, en
el debido proceso, se circunscribe a las etapas procesales.
ACCION DE TUTELA-Hecho anterior/ACCION DE TUTELA CONTRA
DIOCESIS/ACCION DE TUTELA-Vigencia
El Juez de tutela
desconoció ostensiblemente el momento en que principió a regir la Constitución
de 1991, razonó equivocadamente sobre la situación fáctica que dió origen a la
sentencia T-584 de 1992, invocó erradamente el respeto al debido proceso para
un caso ocurrido antes de julio de 1991, indebidamente estudió lo ocurrido en
otra tutela ya revisada por la Corte Constitucional y, en razón de estas distorsiones
profirió una decisión que hay que revocar y dejar sin efectos. El Juez ha
debido declarar improcedente la acción porque la violación ocurrió antes de la
vigencia de la actual Constitución.
REF: EXPEDIENTE T-63231
Peticionarios: Manuel Cabrales y Federico Cabrales.
Procedencia: Juzgado Civil del Circuito de Ocaña.
Tema: Vigencia de
la tutela.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá
D.C., junio veintitres (23) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro
Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
tutela identificado con el número de radicación T-63231, adelantado por Manuel
Cabrales Aycardi y Federico Cabrales Aycardi.
I. ANTECEDENTES
Con base en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la
Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para
efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
1. Solicitud.
Manuel y Federico
Cabrales Aycardi instauran tutela contra la Curia Diocesana del Ocaña y la
señora Ofelia Cabrales. Consideran que Ofelia Cabrales adquirió el apellido
Cabrales y su condición de hija natural de Ramón Cabrales Pacheco a través del
Decreto Nº 202 del 4 de Julio de 1974 emanado de la Curia Diocesana de Ocaña,
en ilegal actuación de la Curia porque no se observó el artículo 29 de la
C.N.ya que los peticionarios Manuel y Federico Cabrales(hijos de José Ramón) no
pudieron ejercer su derecho de defensa.
Agregan que en otra
tutela instaurada hace varios años por la señora Ofelia Cabrales (ya fallada
por la Corte Constitucional) "no fue notificada la solicitud de tutela ni
a la Curia Diocesana de Ocaña ni a los hermanos Cabrales Aycardi."
La presente acción
considera que se violó el derecho fundamental al debido proceso, "en la
actuación de la Curia y en el trámite de la tutela que ante este Despacho
promovió la señora Ofelia Cabrales de Toscano, la cual se negó en esta
instancia y fue concedida por la H. Corte Constitucional mediante sentencia
T-584 de 12 de noviembre de 1992". No obstante la mención a un fallo, la
tutela no se presentó contra el Juez, ni menos contra la Corte Constitucional.
Se señalan concretamente como "partes" a la Curia Diocesana de Ocaña
y a la particular Ofelia Cabrales, de manera que el examen se limita a la
actuación de la Curia en 1974 y a dilucidar si la tutela cabe contra la
Cabrales.
2. Decisión de
primera instancia:
El 3 de febrero de
1995, el Juez Civil del Circuito de Ocaña hizo en otras, las siguientes
consideraciones:
"Proceder en
la forma en que lo hizo la Diócesis de Ocaña emitiendo el Decreto 202 del 4 de
Julio de 1974 resulta violatorio del derecho fundamental al debido proceso pues
de este trámite o actuación eclesiástica no tuvieron ningún conocimiento los
herederos del señor José Ramón Cabrales Pacheco, quienes se vieron
absolutamente privados de poder ejercer su derecho de defensa de sus intereses
patrimoniales tanto frente a la Diócesis como frente a la señora Ofelia
Cabrales de T., dado que el fin que perseguía la mencionada hermana era el de
hacerse partícipe como heredera en la sucesión de su padre."
"En cuanto a
la posible violación de ese derecho en el trámite de la anterior Tutela, el
Juzgado estima que no hubo tal irregularidad, dado que se actuó dentro de los
lineamientos del artículo 21, del D. 2591 de 1991"
Es decir, analizó
aspectos de una tutela ya fallada y se refirió a una presunta violación
ocurrida 17 años antes de expedirse la Constitución actual.
Con base en esos
criterios sentenció:
"Primero:
Acceder a la tutela impetrada por los señores Manuel José y Federico Cabrales
Aycardi.
Segundo: Oficiar a la Registraduría Especial del
Estado Civil de esta localidad para que no reconozca los efectos civiles del
Decreto 202 del 4 de Julio de 1974, por haberse proferido con violación al
derecho fundamental del debido proceso.
Tercero: Envíese copia de este fallo a la Diócesis
de Ocaña, Parroquia de San Agustín, para lo de su cargo y a la Registraduría
Especial del Estado Civil de Ocaña, Norte de Santander".
3. Referencia a
una sentencia de tutela
La sentencia de la
Corte Constitucional a la cual se refieren tanto la solicitud como el Juez de
tutela, es la T-584 de 12 de noviembre de 1992, dentro del proceso instaurado
por OFELIA CABRALES contra la DIOCESIS DE OCAÑA (no contra Manuel José y
Federico Cabrales Aycardi).
La señora Cabrales
reclamaba porque por resolución de la Curia Diocesana de Ocaña, la Nº 12547 del
18 de marzo de 1992, es decir, dentro de la vigencia de la Constitución
de 1991, se había declarado nulo el Decreto 202 de 4 de julio de 1974 de la
misma Curia. La violación consistía en que para declarar tal nulidad, en
1992, la afectada Ofelia Cabrales no había sido informada para defenderse,
siendo que la resolución afectaba nada menos que su estado civil.
La sentencia de
revisión determinó que en 1992 se habia violado el derecho fundamental al
debido proceso (numeral 3 de la sentencia). No podía referirse la sentencia a
otros temas que no habían sido motivo de la acción de amparo. El fallo de la
Corte Constitucional NO definió lo referente a una filiación (este no era el
motivo de tal tutela), sino que se limitó a señalar que el debido proceso se
violó por una actuación de la Curia y, lógicamente, los efectos que produjo el
acto que violentó el debido proceso, no tenían validez.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
A. Competencia.
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión
dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos
86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se
hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala
correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el
Reglamento de esta Corporación
B. Temas
Jurídicos y caso concreto.
1. La tutela contra
particulares procede solamente en los casos indicados en el artículo 42 del
decreto 2591 de 1991. La presente acción se dirige contra la Curia Diocesana de
Ocaña, en cuanto actuó en ejercicio de funciones públicas (circunstancia
prevista en el numeral 8 del citado artículo); siendo viable por este concepto
su tramitación. Pero, no lo es, en cuanto también se dirige contra la señora
Ofelia Cabrales, ya que no hay una acción u omisión cometida por ella que esté
dentro de la enumeración del artículo 42 del mencionado decreto.
Además, en el
capítulo de tutela contra particulares, el artículo 45 expresamente dice:
"No se podrá
conceder la tutela contra conductas legítimas de un particular".
La señora Ofelia
Cabrales legítimamente obtuvo por sentencia T-584/92 de la Corte Constitucional
que quedara sin efectos la resolución que anuló el decreto 202 de 1974 de la
Curia Diocesana de Ocaña, luego la vigencia del mencionado decreto no puede
implicar conducta ilegítima de Ofelia Cabrales.
2. La acción de
tutela fue establecida en la Constitución de 1991, y no se predica para
presuntas violaciones ocurridas antes de su vigencia. Por supuesto que si la
violación se inicia antes de la Nueva Carta pero continúa después de
la expedición de la actual Constitución Política, entonces es viable invocar la
tutela. Un acto de la Curia para corregir una prueba del estado civil
(asimilable a acto administrativo) se agota con su expedición o con la
preclusión de los recursos que pudieran instaurarse contra él. No es factible
esperar 20 años (límite del más alto tiempo de prescripción de acciones
civiles) para lograr mediante la tutela lo que no se planteó por otros medios y
en su oportunidad. La siguiente jurísprudencia se refiere a la demora en la
reclamación:
"Encuentra
la Sala que el actor, durante el término aproximado de seis años, no acudió
ante los jueces con el fin de que se le protegieran sus derechos. Se presenta
entonces en este caso, una situación en que existía otro mecanismo de defensa
judicial que resultaba igualmente eficaz para satisfacer las expectativas del
peticionario. Debe anotarse que, como se mencionó anteriormente, resulta
contrario al espíritu de la acción de tutela pretender que por medio de ella,
puedan corregirse o solucionarse inconvenientes derivados de la negligencia y
desinterés de las partes".[1]
3. Sobre la VIGENCIA
de la tutela ya se ha pronunciado la Corte Constitucional en numerosas
oportunidades.
"Los efectos
de la acción de tutela no pueden desbordar en el tiempo los límites de la
vigencia de la Constitución, porque este estatuto no le otorgó de manera
expresa alcance retroactivo."[2]
"Ninguna
razón se tiene para admitirla cuando ya las situaciones que pueden haber dado
lugar a ser consecuencia de hechos u omisiones violatorias de derechos
fundamentales quedaron definidos, pues de entenderse lo contrario, se vería
desvirtuada la naturaleza de la institución."[3]
4. Si se dice que se
ha vulnerado el DEBIDO PROCESO, la presunta violación necesariamente debería
ocurrir en el respectivo trámite procesal. No hay violación al debido proceso,
después de que el proceso ha finalizado. Si el trámite finalizó en 1974 no
pueden invocarse hechos u omisiones de tal época para sustentar la tutela en
1994. Tampoco se puede decir que como la prueba del estado civil produce
permanentes efectos hacia el futuro, entonces la violación puede superar
fácilmente a julio de 1991, ya que no es correcto confundir el efecto de la
prueba (controvertible o anulable por otros medios judiciales diferentes a la
tutela) con el debido proceso establecido en el artículo 29 de la actual
Constitución. Además, no puede invocarse el artículo 29 de la Constitución de
1991 para actuaciones desarrolladas durante la vigencia de la Constitución de
1886.
5. La JURISDICCION
CONSTITUCIONAL se estableció en el Capítulo IV del Título 7º de la Constitución
del 91, antes NO existía esa jurisdicción.
"La
jurisdicción constitucional se pone en movimiento en los eventos previstos en
la Constitución. en algunos de ellos solo se requiere de una iniciativa
ciudadana -acción de inexequibilidad o de la petición de la persona agraviada
-acción de tutela".[4]
Y
"La
actividad judicial en materia de tutela es del resorte de la jurisdicción
constitucional".[5]
Pues bien, si la
jurisdicción es "la potestad que despliega las autoridades judiciales en
ejercicio de sus funciones" (Luis Mattirolo), entonces, no habría potestad
para juzgar lo ocurrido antes de la existencia de dicha jurisdicción.
No desconoce esta
Sala el alcance RETROSPECTIVO que en casos excepcionales puede tener la tutela,
pero tal retrospectividad existe en cuanto permanezca la violación y ésta, en
el debido proceso, se circunscribe a las etapas procesales. Sobre
RETROSPECTIVIDAD la Corte ha dicho:
"Lo
importante es que la violación del derecho sea actual, esto es, que persista al
momento de resolverse la tutela."[6]
6. Se corre el
peligro de usurpar jurisdicción si un juez de tutela define en 1995
controversias que antes de la Constitución de 1991 correspondían (y aún
corresponden) a la jurisdicción civil. Bien sea a través de un proceso de
jurisdicción voluntaria (art. 649 numeral 11 C.P.C.); o de valoración de la
prueba que corresponde al Juez en cuanto sea aportada a juicio; o en procesos
contenciosos en los cuales se controvierta la filiación. Además, sería absurdo
invocar la tutela como mecanismo transitorio para actuaciones ocurridas hace
más de 20 años.
Si la Constitución
de 1991, estableció que "toda persona tendrá acción de tutela"
(hacia el futuro) cuando quiera que los derechos constitucionales RESULTEN
(presente) vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública", no puede fijarse competencia a un juez de tutela por hechos
anteriores (pretéritos) a la vigencia de la Constitución de 1991.
7. Si se toma bajo
la óptica de la Competencia, en su aspecto OBJETIVO, "conjunto de asuntos
o causas en que, con arreglo a la ley, puede el juez ejercer su
jurisdicción"[7], se tiene que la
tutela, ni por la ley ni por mandato constitucional tiene efecto retroactivo,
luego no puede aplicarse a situaciones ocurridas antes de la Nueva Carta, salvo
la aplicación retrospectiva,pero, en el derecho fundamental del debido proceso
no es lógico invocar la retrospección, si la actuación ya finalizó.
8. También dice la
solicitud de tutela que se han violado los actuales artículos 28 de la C.P.
sobre la libertad personal y el artículo 42 sobre la familia. No hay
explicación o prueba alguna que indique que la Curia hubiera violado tales
normas.
9. En esta acción de
los Cabrales Aycardi contra la Diócesis de Ocaña y Ofelia Cabrales, el Juez del
Circuito de Ocaña no podía entrar a analizar aspectos de otra tutela conocida
por su propio Despacho y ya revisada por la Corte Constitucional.
10. En conclusión:
El Juez de tutela desconoció ostensiblemente el momento en que principió a
regir la Constitución de 1991, razonó equivocadamente sobre la situación
fáctica que dió origen a la sentencia T-584 de 1992, invocó erradamente el
respeto al debido proceso para un caso ocurrido antes de julio de 1991,
indebidamente estudió lo ocurrido en otra tutela ya revisada por la Corte
Constitucional y, en razón de estas distorsiones profirió una decisión que hay
que revocar y dejar sin efectos. El Juez ha debido declarar improcedente la
acción porque la violación ocurrió antes de la vigencia de la actual
Constitución.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional administrando
justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR los numerales 1º, 2º y 3º del fallo
proferido por el Juez Civil del Circuito de Ocaña, el 3 de febrero de 1995,
dentro de la acción de tutela instaurada por Manuel José Cabrales Aycardi y
Federico Cabrales Aycardi. Queda sin efecto lo determinado en tal sentencia.
SEGUNDO: Se declara improcedente la presente acción
de tutela.
TERCERO:
Comuníquese, de inmediato,
esta decisión a la Registraduría Especial del Estado Civil de Ocaña y a la
Curia Diocesana de tal ciudad. Remitiéndoseles copia íntegra de esta sentencia.
CUARTO: Para efecto del cumplimiento de lo
señalado en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991, comuníquese al Juez de
primera instancia, para que haga las notificaciones respectivas y tome las
medidas del caso.
QUINTO
: Envíese copia de esta
sentencia al Defensor del Pueblo.
Cópiese,
notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON
DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA.
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]Sentencia T-397/93, Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
[2]Sentencia T- 138/93, Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell.
[3]Sentencia T- 492/92, Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
[4]Sentencia T-06/92, Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[5]Auto de 1 de septiembre de 1994, Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía.
[6]Sentencia T-164/93, Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[7]Compendio de derecho procesal, Hernando Devis Echandia, pág. 107. |
436 | T-273-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-273/95
DERECHO DE
PETICION-Pronta Resolución
Cuando el derecho
de petición es violado, cabe la acción de tutela, no para obtener que la
autoridad administrativa profiera una decisión favorable a las pretensiones del
accionante, sino para alcanzar en el caso concreto la pronta resolución y la
comunicación de lo resuelto al peticionario. El derecho fundamental de éste
queda satisfecho con la resolución de la administración, adoptada y comunicada
oportunamente, sobre el asunto planteado por el peticionario, bien que se
acoja, ya que se deseche el fondo de su solicitud.
DERECHO DE
PETICION-Vulneración
/SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO
No podía el juez
de tutela negar la protección impetrada, ante una violación flagrante del
derecho fundamental cuya defensa le fue confiada por el Constituyente, so
pretexto de que el accionante disponía de instrumentos judiciales adecuados,
consistentes, según su pensamiento, en la posibilidad de accionar por la vía
contencioso administrativa contra un acto ficto o presunto. Ignoraba, por
tanto, que el silencio administrativo demuestra precisamente la violación del
derecho de petición y constituye el argumento de mayor importancia para otorgar
la tutela e impartir la orden que haga cesar la vulneración.
-Sala Quinta de Revisión-
Ref.: Expediente
T-63682
Acción de tutela
instaurada por RODRIGO RENDON contra I.S.S.
Magistrado
Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días del mes de junio de mil
novecientos noventa y cinco (1995).
Se revisa el fallo
de tutela proferido en el caso de la referencia por el Juzgado Sexto Laboral
del Circuito de Santa Fe de Bogotá.
I. INFORMACION
PRELIMINAR
La acción de tutela
fue instaurada por RODRIGO RENDON contra el Instituto de Seguros Sociales
alegando que éste no había resuelto sobre una solicitud de revocatoria directa
presentada por él contra el acto administrativo mediante el cual se le negó una
pensión de jubilación.
La petición fue
elevada el 6 de octubre de 1994 y, según lo expresado por el actor, hasta el
momento de incoar la acción de tutela, no había obtenido respuesta.
II. DECISION
JUDICIAL
Mediante la
sentencia objeto de revisión, proferida por el Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Santa Fe de Bogotá el 10 de febrero de 1995, se negó el amparo
solicitado, por cuanto el fallador estimó que había operado el fenómeno del
silencio administrativo negativo, de lo cual dedujo que el interesado podía,
mediante acción contencioso administrativa, demandar la nulidad del acto ficto.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
Esta Corte goza de
competencia para revisar el fallo, según lo disponen los artículos 86 y 241-9
de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991.
Violación del
derecho de petición
De los documentos
que obran en el expediente puede deducirse con claridad que el Instituto de
Seguros Sociales, Seccional Cundinamarca y Santa Fe de Bogotá, dejó transcurrir
los términos legales sin dar respuesta alguna al solicitante y, por lo tanto,
vulneró el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución.
Cuando el derecho de
petición es violado, cabe la acción de tutela, no para obtener que la autoridad
administrativa profiera una decisión favorable a las pretensiones del
accionante, lo cual equivaldría a tergiversar el sentido y a modificar los
alcances del artículo 86 de la Constitución y, además, ampliaría de manera
indebida y también contraria a la Carta, el contenido material del derecho de
petición, sino para alcanzar en el caso concreto los fines que ha señalado el
artículo 23 eiusdem, mediante la pronta resolución y la comunicación de
lo resuelto al peticionario. El derecho fundamental de éste queda satisfecho
con la resolución de la administración, adoptada y comunicada oportunamente,
sobre el asunto planteado por el peticionario, bien que se acoja, ya que se
deseche el fondo de su solicitud.
Doble
equivocación del juez de tutela. El silencio administrativo negativo y la
solicitud de revocatoria directa.
Dijo la sentencia
que la acción instaurada no podía prosperar por cuanto había tenido lugar el
silencio administrativo negativo, lo cual implicaba, en sentir del juez, la
existencia de otro medio de defensa judicial.
Aunque no se hubiera
tratado de una solicitud de revocatoria directa sino de cualquiera otra
petición, no podía señalarse el silencio administrativo negativo como vía
alternativa de defensa que hiciera improcedente la acción de tutela.
Así lo ha señalado
esta Corte en jurisprudencia que ahora se reitera:
"...la
obligación del funcionario u organismo sobre oportuna resolución de las
peticiones formuladas no se satisface con el silencio administrativo. Este
tiene el objeto de abrir para el interesado la posibilidad de llevar el asunto
a conocimiento del Contencioso Administrativo, lo cual se logra determinando,
por la vía de la presunción, la existencia de un acto demandable. Pero de
ninguna manera puede tomarse esa figura como supletoria de la obligación de
resolver que tiene a su cargo la autoridad, y menos todavía entender que su
ocurrencia excluye la defensa judicial del derecho de petición..." (Cfr.
Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-242 del 23 de junio
de 1993).
No podía el juez de
tutela negar la protección impetrada, ante una violación flagrante del derecho
fundamental cuya defensa le fue confiada por el Constituyente, so pretexto de
que el accionante disponía de instrumentos judiciales adecuados, consistentes,
según su pensamiento, en la posibilidad de accionar por la vía contencioso
administrativa contra un acto ficto o presunto. Ignoraba, por tanto, que el
silencio administrativo demuestra precisamente la violación del derecho de
petición y constituye el argumento de mayor importancia para otorgar la tutela
e impartir la orden que haga cesar la vulneración.
En realidad, a
juicio de la Corte, el juez inaplicó la Constitución con base en un erróneo
entendimiento de preceptos legales consagrados en el Código Contencioso
Administrativo, pues dió al silencio negativo un alcance que no tiene, cual es
el de propiciar por sí mismo la defensa del derecho de petición cuando su misma
naturaleza y la finalidad que persigue muestran a las claras que se ha
consagrado para abrir las posibilidades de controversia judicial, no con miras
a que la administración cumpla con su deber de resolver -pues precisamente, por
definición, no lo ha hecho- sino en lo referente al fondo de lo pretendido por
el peticionario y que la ley presume le ha sido negado en la vía gubernativa.
Se equivocó, pues,
el fallador al identificar como medio de defensa judicial en cuanto al derecho
constitucional de petición, uno que no lo es bajo ningún aspecto y que apenas
constituye la consecuencia, establecida por el legislador, de una violación
probada y no reparada de ese mismo derecho.
Pero, además, el
error judicial resulta ser doble en el presente caso, pues la petición del
accionante ante el Instituto de Seguros Sociales era la de revocar directamente
un acto administrativo respecto del cual no había ejercido los recursos de
reposición y apelación (artículo 70 C.C.A.).
Se buscaba,
entonces, a solicitud de parte, la aplicación del artículo 69 del Código
Contencioso Administrativo.
Olvidó el juez que,
según el artículo 72 Ibídem, "ni la petición de revocación de un
acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para
el ejercicio de acciones contencioso administrativas, ni darán lugar a la
aplicación del silencio administrativo (subraya la Corte).
En otros términos,
por perentoria disposición legal, no cabía la figura invocada por el juez
respecto de la solicitud del actor y, por ende, mal podía pretenderse que ella
fuera medio judicial apto para excluir la acción de tutela.
La sentencia
revisada deberá confirmarse, mas no por hallarse ajustada a la Constitución,
pues queda claro que fue errónea, sino por cuanto a la fecha del presente fallo
ya la administración resolvió sobre la solicitud de revocatoria directa,
mediante Resolución 0418 del 9 de febrero de 1995 (Folios 23 y siguientes del
Expediente).
Ningún sentido
tendría una orden judicial dirigida al ISS precisamente con el objeto ya
obtenido, aunque tardíamente, por el peticionario.
La conducta del
Instituto de Seguros Sociales es en todo caso reprochable a la luz de la
preceptiva constitucional, máxime si se tiene en cuenta que sólo vino a
resolver después de proferida por el juez la providencia mediante la cual se
requerían informes acerca del motivo para que la petición presentada no hubiese
sido objeto de decisión (Auto del 1 de febrero de 1995. Folio 10 del
Expediente).
Se ordenará compulsar copias a la Procuraduría General
de la Nación.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMASE, pero por los motivos que
anteceden, la sentencia proferida el 10 de febrero de 1995 por el Juzgado Sexto
Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá.
Segundo.- Se dispone REMITIR a la Procuraduría
General de la Nación, para lo de su cargo, respecto de las posibles faltas
disciplinarias cometidas por funcionarios del Instituto de Seguros Sociales,
copias del expediente y de esta providencia.
Tercero.- Dése cumplimiento a lo preceptuado en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
HERNANDO HERRERA
VERGARA ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
437 | T-274-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-274/95
DERECHO DE
PETICION-Núcleo Esencial
El núcleo
esencial del derecho de petición lo conforma no sólo una pronta respuesta, la
cual deberá resolver de fondo el asunto planteado, sino que la misma se
produzca en los términos establecidos por la ley, así como por el hecho de que
sea efectivamente comunicada al peticionario.
DERECHO DE
PETICION-Pronta Resolución/CAJA
NACIONAL DE PREVISION SOCIAL-Proyecto de Resolución
La acción de
tutela es el mecanismo idóneo para obtener la protección del derecho de
petición, pues la posibilidad de recurrir el acto ficto de la administración
producto de su silencio, no es sino un mecanismo que le permita al interesado
acudir ante una instancia judicial para que ella entre a definir si la negativa
de la administración fue fundamentada, sin que con ello, se satisfaga el núcleo
esencial del derecho fundamental de petición: la pronta resolución, con
todo lo que ella implica. No le era dado a la entidad demandada excusar su
falta de diligencia para resolver el recurso en mención, remitiendo un proyecto
de resolución, en el que, supuestamente, se resolvía el recurso presentado,
pues él, aún no había sido comunicado a la interesada y, por tanto, ésta no
podía saber si sus pretensiones habían sido acogidas o, por el contrario debía
acudir a otras instancias para que aquéllas le fueran reconocidas.
Ref.: Expediente
T-39.968
Demandante:
Stella del Campo Sánchez contra Caja Nacional de Previsión Social
Procedencia:
Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá
Magistrado
Ponente:
Dr. JORGE ARANGO
MEJIA
Sentencia aprobada
en Santafé de Bogotá, D.C. en sesión de la Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, a los veintisiete (27) días del mes de junio de mil novecientos
noventa y cinco (1995).
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango
Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre el
fallo proferido por el Juzgado Veintiseis Civil del Circuito de Santafé de
Bogotá, en el proceso de tutela promovido por Stella del Campo Sánchez en
contra de la Caja Nacional de Previsión Social.
El expediente llegó
a la Corte Constitucional, por remisión que hizo el Juzgado Veintiseis Civil
del Circuito de Santafé de Bogotá, en virtud de lo ordenado por el artículo 31
del decreto 2591 de 1991.
La Sala de Selección
de la Corte eligió, para efectos de su revisión, el expediente de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
La actora, a través
de apoderada, presentó demanda de tutela ante el Juzgado Civil del Circuito
(reparto) de Santafé de Bogotá, en contra de la Caja Nacional de Previsión, por
las razones que se exponen a continuación:
A. Hechos:
1. La Caja Nacional
de Previsión le reconoció a la actora, una pensión de jubilación gracia, a
través de la resolución 45584 de 1993, y notificada el 14 de marzo de 1994.
2. La actora, a
través de apoderada, presentó el 15 de marzo de 1994, recurso de reposición y
subsidiario de apelación, en contra de la mencionada resolución, puesto que la
entidad demandada se había equivocado en los factores salariales tomados en
cuenta para elaborar la correspondiente liquidación.
3. Hasta la fecha de
presentación de la acción de tutela, mayo 10 de 1994, la entidad acusada no
había emitido pronunciamiento alguno.
B. Derechos
presuntamente vulnerados.
La actora, considera
como vulnerados, el derecho a la seguridad social de las personas de la tercera
edad, y el derecho al pago oportuno de la pensión de jubilación.
C. Pretensión
Solicita se ordene a
la Caja Nacional de Previsión Social emita el acto administrativo que resuelva
el mencionado recurso, y, en consecuencia, la inclusión en nómina y el pago de
las mesadas adeudadas, desde el reconocimiento de la respectiva pensión.
D. Actuación
procesal
El Juzgado, una vez
asumido el conocimiento de la acción de tutela de la referencia, solicitó a la
Subdirectora de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión
Social, un informe sobre el trámite dado al recurso presentado por la apoderada
de la demandante, y los motivos por lo que aún no se ha resuelto.
. El doctor José
Alejandro Beltrán Aristizábal, Coordinador de Asuntos Judiciales de la Caja de
Previsión informó, por medio del oficio número 4899, de mayo 23 de 1994, que el
expediente respectivo se encontraba en el centro de cómputo de la entidad, en
donde se estaba procesando la resolución que resolvía el recurso presentado por
la apoderada de la actora, el cual, una vez revisado, sería numerado y
comunicado a la interesada. Adjuntó para el efecto, copia del proyecto de
resolución que resuelve el recurso.
E. Sentencia de
única instancia
Mediante sentencia
del 25 de mayo de 1994, el Juzgado Veintiseis Civil del Circuito de Santafé de
Bogotá, NEGO la tutela solicitada.
En concepto del
juzgado de conocimiento, el supuesto fáctico que dio origen a la tutela de la
referencia dejó de existir, pues de la comunicación enviada por uno de los
funcionarios de la entidad demandada, ya no existe derecho fundamental que
proteger, porque el ente acusado demostró que tiene elaborado un proyecto de
resolución, en el que se resuelve el recurso presentado por la apoderada de la
demandante.
Como el fallo no fue
impugnado, se remitió a la Corte, para su eventual revisión.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Primera.
Competencia
La Corte
Constitucional es competente para decidir este asunto, en virtud de lo
dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución, en
concordancia con las normas pertinentes del decreto 2591 de 1991.
Segunda.
Aclaración previa
Una vez seleccionado
el proceso de la referencia, el Magistrado sustanciador encontró que la
demandante dentro del proceso de la referencia, no había otorgado poder a su
apoderada para instaurar acción de tutela contra la Caja Nacional de Previsión
Social. En consecuencia, la Sala Primera de Revisión, por auto del cuatro (4)
de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), ordenó devolver el
proceso al Juzgado Veintiseis Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, para que
pusiera en conocimiento tanto de la Caja Nacional de Previsión como de la
señora Stella del Campo de Sánchez, la nulidad que se presentaba dentro del
proceso, por la indebida representación de ésta última, de conformidad con el
numeral 7o., del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, con la
advertencia que, de no alegarse la nulidad, la misma quedaría saneada.
Entre las razones
esgrimidas por la Sala, para exigir el respectivo poder, se pueden destacar las
siguientes:
“... quien realiza
una solicitud en nombre de otra persona, debe acreditar la facultad con lo que
lo hace y el juzgador no podrá dar viabilidad al proceso sin el cumplimiento de
dicho requisito. En consecuencia, el poder para iniciar el proceso, cuando se
actúe por medio de apoderado, constituye anexo de la demanda y su ausencia,
según las normas señaladas, es causal de inadmisión de la misma.
“...
“Con base en lo
anterior, quien manifieste actuar en nombre de otra persona, debe probar el
mandato judicial conferido, a través del poder expresamente otorgado para el
efecto. Ahora, como la acción de tutela no requiere para su ejercicio de
apoderado, artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 1, 10 y 14 del decreto 2591 de 1991, cuando una persona actúa por
medio de mandatario judicial, las circunstancias procesales cambian, por cuanto
en este evento, se hace necesario acompañar a la demanda, el poder por medio
del cual se actúa”.
El Juzgado
Veintiseis Civil del Circuito puso en conocimiento de las partes la nulidad
detectada por la Corte Constitucional, sin que las partes interesadas la
hubiesen alegado, razón por lo que la misma fue saneada y, el expediente
remitido nuevamente a esta Corporación, para la revisión del fallo
correspondiente.
Tercera. El caso
concreto
A pesar de que la
demandante considera como vulnerados sus derechos a la seguridad social y al
pago oportuno de su pensión, la Sala encuentra que el derecho vulnerado, en
este caso, fue el de petición, cuyo desconocimiento pudo producir la
vulneración de los derechos indicados por la actora. Así las cosas, el estudio
del presente caso, se concretará a determinar si la actuación de la entidad
acusada desconoció este derecho.
Esta Corporación, en
distintos fallos, ha señalado que el núcleo esencial del derecho de petición lo
conforma no sólo una pronta respuesta, la cual deberá resolver de fondo el
asunto planteado, sino que la misma se produzca en los términos establecidos
por la ley, así como por el hecho de que sea efectivamente comunicada al
peticionario, pues surte el mismo efecto que la administración elabore una
respuesta en término, sin notificar al interesado de su contenido, que el hecho
de no contestarla o hacerlo en forma tardía.
Así, pues, no le es
dable a la administración exonerarse de su obligación de responder en tiempo
las peticiones que le sean elevadas argumentando que ya tiene elaborado un
proyecto de respuesta o, que la misma se produjo pero que el solicitante aún no
la conoce, pues en ambos eventos existe desconocimiento del derecho de
petición.
Igualmente, y para
efectos del caso en estudio, es necesario recordar que cuando se hace uso de
los recursos que la ley tiene establecidos para controvertir directamente las
decisiones de la administración ésta, en cumplimiento de los derechos de
petición y del debido proceso, debe resolverlos prontamente, pues, en últimas,
los recursos contra los actos de la administración no son sino una petición,
cuyo objeto radica en solicitarle a ésta que modifique, revoque o adicione una
decisión suya, por tanto, está obligada a resolverlos en un término razonable.
En relación con el
término con que cuenta la administración para resolver los recursos, esta
Corporación ha establecido lo siguiente:
“... si bien el
Código Contencioso no fija un término preciso dentro del cual se deban resolver
los recursos, pues parece existir cierta discrecionalidad para que el
funcionario, dada la naturaleza del asunto, resuelva, sí se ha establecido
en él una ficción que le permite al recurrente presumir que las razones en
las que fundamentaba su solicitud de aclaración, modificación o revocación, han
sido negadas. Veamos:
El artículo 60 del
Código Contencioso administrativo, consagra la figura del silencio
administrativo, en tratándose de recursos, en los siguientes términos:
" Transcurrido
un plazo de dos (2) meses contado a partir de la interposición de los recursos
de reposición o de apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre
ellos, se entenderá que la decisión es negativa.
"...
"La ocurrencia
del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1o. no exime a la
autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no se haya acudido
ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo."
“Igualmente, de
algunas de las normas del Código Contencioso se puede deducir que el término de
que goza la administración para resolver los recursos, no es tan discrecional
como podría imaginarse, veamos:
"Artículo 56:
Los recursos de reposición y de apelación siempre deberán resolverse de
plano, a no ser que al interponerse este último se haya solicitado la
práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso
considere necesario declararlas de oficio."
" Artículo 58:
Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no
mayor de treinta (30) días, ni menor de diez (10). Los términos inferiores a
treinta (30) días podrán prorrogarse una sola vez, sin que con la prórroga el
término exceda de treinta (30) días.
"..."
" Artículo 59:
Concluído el término para practicar pruebas, y sin necesidad de auto que así lo
declare, deberá proferirse la decisión definitiva. (...)
"..."
“Como puede
observarse, la administración no puede demorar la decisión de un recurso, más
allá de los términos con que cuenta para la práctica de pruebas, es decir,
treinta (30) días, cuando el asunto no amérite medio probatorio alguno, y
de ser las pruebas necesarias, un término prudencial que consulte las cargas
mismas de la administración, término que debe ser razonable. Razonabilidad que
se apreciará en cada caso, y que dependerá, en últimas, de la naturaleza del
asunto recurrido”. (negrilla fuera de texto) (Cfr. Sala Primera de Revisión,
Sentencia T-304 de 1994
Así las cosas, la
Administración está obligada a resolver en un término prudencial y razonable
los recursos que le sean presentados, y no puede exonerarse de esa obligación,
argumentando la inexistencia de una norma que le fije un término exacto en el
cual debe hacerlo.
En el caso en
estudio, la solicitud de tutela fue presentada cuando habían transcurrido más
de cuarenta (40) días desde que se presentó el recurso de reposición, mayo 10
de 1994, fecha para la cual, la entidad demandada no había recaudado prueba
alguna, pues los elementos probatorios fueron aportados por la recurrente, como
anexos de su recurso. Así las cosas, y con fundamento en los criterios
señalados por la jurisprudencia de esta Corporación en esta materia, es
evidente que la Caja Nacional de Previsión desconoció el derecho de petición de
la actora, al no resolver, en un término razonable, el recurso de reposición
interpuesto por su apoderada, en contra de la Resolución que le reconoció la
pensión de jubilación, pero por un monto menor al que realmente tenía derecho.
Igualmente, es
necesario recordar que en casos como el que aquí se analiza, la acción de
tutela es el mecanismo idóneo para obtener la protección del derecho de
petición, pues la posibilidad de recurrir el acto ficto de la administración
producto de su silencio, no es sino un mecanismo que le permita al interesado
acudir ante una instancia judicial para que ella entre a definir si la negativa
de la administración fue fundamentada, sin que con ello, se satisfaga el núcleo
esencial del derecho fundamental de petición: la pronta resolución, con
todo lo que ella implica.
Finalmente, no le
era dado a la entidad demandada excusar su falta de diligencia para resolver el
recurso en mención, remitiendo un proyecto de resolución, en el que,
supuestamente, se resolvía el recurso presentado, pues él, aún no había sido
comunicado a la interesada y, por tanto, ésta no podía saber si sus
pretensiones habían sido acogidas o, por el contrario debía acudir a otras
instancias para que aquéllas le fueran reconocidas.
Así las cosas, se
ordenará a la Caja Nacional de Previsión que, en el término de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva el
recurso de reposición presentado por la apoderada de la señora Stella del Campo
de Sánchez, en contra de la resolución 45584 del 20 de diciembre de 1993, si
para la fecha de la notificación, aún no ha emitido ningún pronunciamiento al
respecto.
III. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: REVOCASE la sentencia del Juzgado Veintiseis Civil
del Circuito de Santafé de Bogotá, de fecha veinticinco (25) de mayo de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), por las razones aquí expuestas, y, en su
lugar CONCEDESE la tutela solicitada. En consecuencia ORDENASE a la Caja
Nacional de Previsión Social resolver, en el término de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, el recurso de
reposición presentado por la apoderada de la señora Stella del Campo Sánchez,
contra la resolución 45584 del 20 de diciembre de 1993, si para la fecha de la
notificación, aún no lo ha resuelto.
Segundo: Por Secretaría General, REMITANSE el
expediente de tutela y este fallo, al Juez Veintiseis Civil del Circuito de
Santafé de Bogotá, para los efectos consagrados en el artículo 36 del decreto
2591 de 1991.
Notifíquese,
cópiese, publíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
438 | T-275-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-275/95
PERSONA JURIDICA-Derechos de los que no puede ser titular
La jurisprudencia
de la Corte ha sido constante en el sentido de que existen algunos derechos
fundamentales que sólo se predican con respecto a las personas naturales, no de
las personas jurídicas. Los derechos a la intimidad personal y a la honra
solamente se reconocen al ser humano, pues son atributos propios de éste,
inherentes a su racionalidad, inalienables, imprescriptibles y connaturales con
el reconocimiento de su dignidad; por consiguiente, las personas jurídicas,
entes de gestión colectiva jurídica y económica no pueden ser titulares de
dichos derechos. A este tipo de personas se les han reconocido
jurisprudencialmente, entre otros, los siguientes derechos constitucionales
fundamentales: igualdad, inviolabilidad de la correspondencia y demás formas
de comunicación privada (art. 15), libre asociación y debido proceso. No tiene
cabida en el presente caso, la consideración del derecho fundamental al buen
nombre, pues tratándose de una sociedad anónima, como es la peticionaria, no
podría predicarse con respecto a ella un derecho de esta naturaleza, protegible
a través de la tutela, pues lo que podría denominarse el derecho a su imagen o
good will tiene sus propios y autónomos mecanismos de protección.
SILENCIO
ADMINISTRATIVO POSITIVO/CERTIFICADO DE CARENCIA DE INFORMES SOBRE NARCOTRAFICO
El silencio administrativo positivo en esta clase de actuaciones
esta consagrado en el sentido de que si pasados 60 días a partir de la
solicitud o petición del certificado de carencia de informes sobre narcotráfico
no se obtiene respuesta alguna, esta se entiende resuelta favorablemente, y por
consiguiente obliga a la Dirección Nacional de Estupefacientes a expedirlo. Aún
cuando se impone la obligación a la administración de decidir la petición en la
fecha indicada, sin embargo el silencio sólo opera al término de los 60 días.
ISLEÑA DE
AVIACION-Suspensión de
permiso de operación/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL/PERJUICIO IRREMEDIABLE-Inexistencia
La peticionaria
posee otros medios alternativos de defensa judicial ante la justicia penal y la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, que hace improcedente la acción
de tutela. Los referidos actos, dada la intima relación de las situaciones
jurídicas que crean o definen, pueden ser impugnados en su conjunto ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. Ni siquiera procede la tutela como mecanismo
transitorio en el presente caso, pues no se aprecia la existencia de un
perjuicio irremediable.
REFERENCIA:
Expediente T-57638.
PETICIONARIO:
Sociedad Isleña de
Aviación S.A.
PROCEDENCIA:
Juzgado 39 Penal del
Circuito Santafé de Bogotá D.C.
TEMA:
Naturaleza y
razonabilidad de la negación o no renovación del certificado de carencia de
informes por tráfico de estupefacientes por parte de la Dirección Nacional de
Estupefacientes y de la suspensión del permiso de operación por parte de la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
MAGISTRADO
PONENTE:
ANTONIO BARRERA
CARBONELL.
Aprobada en Santafé
de Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de junio de mil novecientos
noventa y cinco (1995).
La Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO
BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el
proceso de la acción de tutela presentada por la Sociedad "Isleña de
Aviación S.A.", contra la Fiscalía General de la Nación, la Dirección
Nacional de Estupefacientes y de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil.
I. ANTECEDENTES.
1. La petición de
tutela.
En escrito que
consta de 18 folios, sin constancia de la fecha de su recibo ni de reparto, la
Sociedad "Isleña de Aviación S.A.", a través de su apoderada general
Lina María Rueda Martínez, promovió acción de tutela contra la Fiscalía General
de la Nación, la Dirección Nacional de Estupefacientes y de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en nombre de dicha sociedad
"y como agente oficioso de sus socios, miembros de cuerpos directivos y
empleados afectados".
Mediante providencia
del 27 de septiembre de 1994, el Juzgado 88 Penal Municipal de Santafé de
Bogotá dispuso darle trámite a la tutela impetrada. Por lo tanto, a juicio de
la Sala y ante la ausencia de cualquier referencia cierta al respecto, se debe
tomar como fecha de presentación del escrito de tutela la anteriormente
mencionada.
La tutela impetrada
por la peticionaria, en la calidad anotada, persigue para sus representados el
amparo de los derechos fundamentales a la igualdad (art. 13 C.P.), a la imagen
(art. 15 C.P), a la honra (art. 17 C.P.), de petición (art. 23 C.P.), al
trabajo (art. 25 C.P.), al debido proceso (art. 29 C.P.), y a la libre
asociación (art. 38 C.P.), bien como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable o definitivo.
Consecuencialmente
solicita:
1. Ordenar a la
Dirección Nacional de Estupefacientes:
1.1. Eliminar de sus
registros los nombres de Cecilia Serna Navarro, Nicolás Fernando Serna, Luciano
Antonio Maldonado, Oscar Darío Velásquez, Oscar Londoño Henao, Luis Hernán
Longas, Francisco J. Londoño, Julio Enrique Moncada, María del Socorro Hurtado
de Builes, Manuel Alberto Builes, Jorge Mario Builes, Tulia Londoño de Osorno,
Stella Saba López, Juan Manuel Galvez V. y de la persona jurídica Isleña de Aviación
S.A., que poseen informes por tráfico de estupefacientes.
1.2. La revocación
de la resolución No. 01147 del 8 de julio de 1994.
1.3. La expedición
del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes para la
obtención del permiso de operación a la sociedad Isleña de Aviación y otro, sin
finalidad específica, para sus socios y miembros de organismos directivos.
1.4. La publicación
"en ediciones de primera plana de la prensa escrita y en horario clase A
de radio y televisión de que respecto de la calidad de poseedores por tráfico
de estupefacientes de Isleña de Aviación S.A., sus socios y organismos
directivos".
2. Ordenar a la
Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil:
2.1. La revocación
de la resolución No. 04438 del 15 de julio de 1994, la concesión del
correspondiente permiso de operación a la Sociedad Isleña de Aviación S.A. y el
otorgamiento de permisos provisionales para suplir las condiciones técnicas y
económicas perdidas en razón de la suspensión de actividades, con miras a
recuperar su equilibrio económico.
2.2. La
rectificación de las publicaciones hechas por los medios de comunicaciones, con
ocasión de la expedición de la resolución No. 04438 del 15 de julio de 1994,
indicando que tanto Isleña de Aviación S.A. como sus socios poseen certificado
de carencia de informes por tráfico de estupefacientes.
3. Ordenar al Fondo
Aeronáutico Nacional la concesión de una moratoria para el pago de las deudas
pendientes, a cargo de Isleña de Aviación.
4. Condenar a los
demandados al pago de los perjuicios causados.
2. Hechos.
Relata la accionante
que Isleña de Aviación S.A. se constituyó primeramente en julio 14 de 1993 como
una sociedad de responsabilidad limitada, transformándose luego en diciembre 22
de ese mismo año en anónima.
Mediante la
resolución No. 9532 del 5 de noviembre de 1993, emanada del Departamento
Administrativo de la Aeronáutica Civil obtuvo permiso de operación e inició las
actividades comerciales que constituyen su objeto social.
La compañía obtuvo
utilidades netas durante los meses de noviembre y diciembre de 1993 por
$154.361.494.00, con una sola aeronave y movilizó 12.956 pasajeros en sus
diferentes rutas. Posteriormente aumentó su capacidad de operación a dos
aeronaves y logró movilizar 66.515 pasajeros hasta el mes de julio de 1994.
A partir del 23 de
junio de 1994, una serie de publicaciones de prensa, radio y televisión y
precipitadas declaraciones del Director de Aerocivil y de la Dirección Nacional
de Estupefacientes, desembocaron en una sucesión de actos administrativos que
se dieron a conocer a la opinión pública, los cuales generaron una cadena de
hechos y decisiones por parte de los usuarios, proveedores, promotores,
entidades bancarias y comerciales, entidades oficiales y del público en
general, que afectaron los intereses de la sociedad, tales como la orden de la
Asociación Nacional de Agencias de Turismo (ANATO), a sus afiliados para que
suspendieran el pago de reportes de ventas (tiquetes turísticos) a la compañía,
siguiendo con la suspensión total de los créditos de gasolina, sobregiros
bancarios, suministro de alimentos a bordo, servicio de repuestos y
mantenimiento y arrendamiento de oficinas.
Lo anterior obligó a
la compañía a suspender temporalmente más del 90% del personal, efectuar
forzosos desembolsos por prestaciones sociales, perder el ritmo de fluidez de
caja y liquidez necesaria para sus operaciones, padecer la renuncia de la
totalidad del personal de operaciones aéreas, a incurrir en mora en el pago de
las cuentas y a solicitar su declaratoria en concordato potestativo preventivo,
lo cual conlleva un concordato liquidatorio.
La Sociedad Isleña
de Aviación tenía proyecciones y contratos de transporte vendidos hasta el 31
de diciembre de 1994, con un estimativo de movilización de 49.300 pasajeros en
los últimos 5 meses del año, a lo cual se ha visto precisada a renunciar.
La situación
descrita conllevó la suspensión de las operaciones comerciales y aéreas de la
empresa.
La Dirección
Nacional de Estupefacientes mediante resolución No. 1147 del 8 de julio de
1994, anuló unilateralmente los certificados números 1771 y 1772 del 21 de
septiembre de 1993, de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, con
fundamento en la existencia de un informe emitido por la Fiscalía Regional,
según oficio No. 557 de julio 07 de 1994, en el cual se relaciona a la
aerolínea de Isleña de Aviación S.A. como infractora de la ley 30 de 1986.
Dicha Dirección
informó de tal decisión a los diferentes medios de comunicación y de ésta
manera arrasó con la imagen, honor y buen nombre de la compañía.
La referida
resolución además, se comunicó a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil, sin haberse notificado al representante legal de la Compañía señor Pedro
Juan Mesa Rodríguez.
La decisión
contenida en la mencionada resolución ignoró, de una parte el derecho de
petición de la empresa ejercido mediante escrito del 22 de junio de 1994, en el
cual se solicitó la certificación sobre carencia de informes por tráfico de
estupefacientes y, por otra, desconoció el silencio administrativo positivo,
(art. 93 de la ley 30/86, modificado por el art. 7o. del Decreto 2272 de 1991),
que se había operado en favor de aquélla.
El representante
legal de Isleña de Aviación cumplió con el trámite previsto en el artículo 42
del C.C.A., tendiente a constituir la prueba de la operancia del silencio
administrativo positivo al protocolizar la referida petición en la Notaría 39
del círculo de Bogotá, mediante la escritura pública No. 1910 del 2 de agosto
de 1994. Sin embargo, la Dirección Nacional de Estupefaciente ha omitido
expedir el certificado de carencia de informe por tráfico de estupefacientes.
Según resolución No.
04438 del 15 de julio de 1994 la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil, suspendió el permiso de operación de Isleña de Aviación S.A., con
fundamento en que es requisito para el otorgamiento de dicho permiso el certificado
de carencia de informes por tráfico de estupefacientes.
El acto contenido en
la resolución No. 04438, es arbitrario e ilegal, porque su antecedente la
resolución No. 01147, emanada de la Dirección de Estupefacientes no fue
notificado en legal forma. Es decir, que la resolución primeramente nombrada
fue expedida prematuramente, pues para dictarla se requería de la previa
notificación de la resolución No. 01147.
Con fecha agosto 10
de 1994 se interpusieron los recursos de reposición y de apelación contra la
resolución No. 04438 del 15 de julio de 1994, a los cuales no se les ha dado
trámite.
En la misma fecha la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil tuvo conocimiento de la
existencia de la escritura pública No. 1910 del 2 de agosto de 1994, que prueba
el silencio administrativo positivo en favor de la empresa. Por lo tanto, debió
proceder de inmediato a la revocación de dicha resolución y a restablecer su
permiso de operación.
3. Fallos que se
revisan.
3.1. Primera
Instancia.
El Juzgado 88 Penal
Municipal, de Santafé de Bogotá D.C., mediante providencia del 7 de octubre de
1994, resolvió tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, a la
intimidad y a la honra de la sociedad y de sus socios, y condenó a los
demandados en abstracto al pago de perjuicios. Los argumentos del juzgado se
sintetizan así:
Estima el juzgado
que se vulneraron a los interesados los aludidos derechos, porque no se tomó
con prudencia y con el adecuado fundamento legal la resolución de la Dirección
Nacional de Estupefacientes, a través de la cual se anuló unilateralmente el
certificado de carencia de informes por el delito de narcotráfico y, además,
que existe un error de interpretación por parte de la mencionada dirección, al
asumir que el oficio 557 emitido por la Fiscalía Regional Delegada ante el DAS
era una solicitud y no una simple información.
Censura el juzgado
el proceder de la dirección, cuando dice:
".... actuó
ligeramente sin percatarse de la solicitud que se le planteaba, máxime que como
se finiquitó de la inspección judicial, este es un ente administrativo cuya
función no es la de registrar datos de personas naturales o jurídicas
vinculadas con el narcotráfico u otros delitos de los cuales tienen facultades
de prevención...".
"Como bien lo
advierte la Dra. Sonia Ramírez Díaz en su libelo, y en calidad de jefe de
oficina de estupefacientes, la Dirección de esa oficina tiene como atribución
la de abstenerse de expedir el certificado de carencia de informes de
narcotráfico cuando los informes de los organismos de seguridad del estado
hayan sido reportados en forma fundamentada. Esta situación no es palpable del
oficio que remite la Fiscalía Regional ante el DAS, porque como afirmamos fuera
de la mala redacción donde el inicio es una solicitud y el final es un presunto
informe según la Oficina de Estupefacientes, cómo se puede tomar como
fundamento su contenido?...".
Con respecto a la
publicidad de las medidas adoptadas, en cuanto influyeron negativamente tanto
en la empresa como en sus socios y fueron determinantes de la violación de sus
derechos a la intimidad y a la honra, dijo el juzgado:
"Es conducente
entonces, afirmar que la presunta divulgación de los hechos que generan la
inoperabilidad de la empresa ISLEÑA DE AVIACION recayó injustamente en sus
coasociados que observan como ésta se subsume a la atadura de brazos, generando
consecuencialmente el descalabro laboral que pueda presumirse e invocado por la
actora. De esta manera concluimos que se viola el derecho de la intimidad y el
derecho a la honra cuando se presenta una imagen diferente ante la sociedad de
las personas cuestionadas públicamente.."
Finalmente para
despachar favorablemente la pretensión de condena en abstracto por los
perjuicios causados a los interesados, el juzgado lacónicamente fundamenta
dicha condena en lo siguiente:
"Para el caso
de marras, se ha causado perjuicios de índole material y moral a la empresa
ISLEÑA DE AVIACION S.A. y sus coasociados, debiéndose entonces condenar a la
DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES adscrita AL MINISTERIO DE JUSTICIA por la
violación de los derechos fundamentales como: el debido proceso, la intimidad y
la honra. Para este caso se fija como daño emergente, el causado desde el
momento en que dejó de operar la empresa ISLEÑA DE AVIACION S.A. en sus vuelos
de rutina hasta el día en que la DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES emita su
pronunciamiento por ordenarse y la UAE de la AERONAUTICA CIVIL"
3.2. Segunda Instancia.
Por medio de
sentencia fechada el 25 de noviembre de 1994, el juzgado 39 Penal del Circuito
de Santafé de Bogotá resolvió confirmar la sentencia del 7 de octubre de 1994,
proferida por el Juzgado 88 Penal Municipal de esta ciudad, con base en las
siguientes consideraciones esenciales:
"... lo que sí
es de bulto es que los actos administrativos contenidos en las resoluciones
números 1147 de julio 8 de 1994 y 04438 de julio 15 del mismo año, la primera
de la Dirección Nacional de Estupefacientes y la otra de la jefe de la Oficina
de Transporte Aéreo de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil,
se ejecutaron sin esperar la conclusión de los procedimientos
administrativos...".
"La diligencia
de inspección judicial realizada por este despacho y que se resumió en el
acápite antecedente, demuestra, sin hesitación alguna, que no se esperó por
parte de la administración la ejecutoria de la resolución 04438 de julio 15 de
1994, para su cumplimiento, sino que sin decidir los recursos interpuestos
contra la misma, se procedió a su ejecución, con grave e irreversible perjuicio
para Isleña de Aviación S.A., y/o socios..".
"Luego, si se
puso en ejecución unos actos administrativos que por disposición de la propia
ley debían estar previamente ejecutoriados y que en su oportunidad habían sido
objeto de los recursos legales, se vulneró ostensiblemente el debido proceso
que para las actuaciones administrativas ampara el artículo 29 de la C.P., en
consonancia con los arts. 62 y 64 del C.C.A.".
"Finalmente, en
cuanto hace a la determinación de condenar en abstracto a la Nación, Dirección
de Estupefacientes, adscrita al Ministerio de Justicia, al pago de la
indemnización de perjuicios, la misma se sujeta a los parámetros del art. 25
del Decreto 2591 de 1991, ya que su finalidad es asegurar el goce efectivo del
derecho, así como las costas del proceso...".
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1. Competencia.
En atención a lo
dispuesto por los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía
con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto- ley 2591 de 1991, la Sala es
competente para conocer en grado de revisión sobre el asunto materia de la
referencia.
2. Legitimación
para promover la tutela.
La Sala estima que
la abogada Lina María Rueda Martínez, en su condición de apoderada general, se
encuentra legitimada para promover la acción de tutela en representación de la
Sociedad Isleña de Aviación.
En cambio, no
considera la Sala que exista dicha legitimación para promover la referida
acción como agente oficioso de los socios de la empresa, ni de las personas
indeterminadas -miembros de cuerpos directivos y empleados de dicha sociedad-
presuntamente afectados con las decisiones de la Dirección Nacional de
Estupefacientes y de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil,
por cuanto en el caso concreto el agenciamiento de derechos ajenos no reúne los
requisitos del inciso 2 del art. 10 del decreto 2591 de 1991, pues ni se ha
afirmado ni mucho menos demostrado que las mencionadas personas no estén en condiciones
de promover su propia defensa.
Además, el ejercicio
de la acción de tutela supone que quien demanda sea una persona determinada o
fácilmente determinable, a efectos de establecer si existió la violación o
amenaza de violación de un derecho fundamental en cabeza de un sujeto concreto
y si procede el amparo solicitado.
3. Pruebas
incorporadas al proceso.
Obran en el proceso,
entre otras, las siguientes pruebas:
a) Escrito
dirigido por el señor Juan Mesa Rodríguez en calidad de representante legal
de la Sociedad Isleña de Aviación S.A. a la Dirección Nacional de
Estupefacientes, con fecha 22 de junio de 1994, en el cual solicita la
renovación del "certificado de carencia de informe por tráfico de
estupefacientes, para permiso de operaciones de empresa colombiana de
transporte aéreo...".
b) Oficio No.
557 de julio 7 de 1994, dirigido por la Fiscalía General de la Nación -Fiscalía
Regional Delegada ante el DAS- al Director Nacional de Estupefacientes, doctor
Gabriel De La Vega, en el cual se destaca el siguiente aparte:
"Por medio de
la presente me permito solicitarle a usted, ordene a quien corresponda se
suministre a esta Fiscalía Regional Delegada ante el DAS, toda la información
concerniente a las personas naturales y jurídicas, y los documentos donde estas
personas aparecen así:
"1-. ISLEÑA DE
AVIACION.
Nit. 800. 202. 269 y
567. 0900900".
"A. SOCIOS
1. Carlos Fernando
Gaona Parada C.C. No. 70. 113.857.
2. Juan Manuel
Galvez Vengoechea C.C. No. 17. 323.677.
3. Inversiones
Builes Hurtado y Cía. Nit. 80. 00800. 155. Estella Saba López. Tulia Londoño de
O. María del Socorro Hurtado de Builes.
4. Inversiones
Navarro y Cía. Nit. 234. 090234-1. Cecilia Serna Navarro, Nicolás Fernando
Serna Navarro, Luciano Antonio Maldonado Bohórquez, Oscar Darío Velásquez
Rodríguez, Oscar Londoño Henao, Luis Fernando Longas Zuleta, Francisco José
Londoño Rivera, Julio Enrique Moncada Muñoz, Manuel Alberto Builes Hurtado,
Jorge Mario Builes Hurtado".
(...)
"Lo anterior se
requiere para que obre dentro de la preliminar de la referencia que adelanta
esta Fiscalía, por los presuntos delitos de ENRIQUECIMIENTO ILICITO, DE
PARTICULARES Y TESTAFERRATO, relacionado con las Aerolíneas de ISLEÑA DE
AVIACIÓN S.A. y AEROCARGA S.A., la cual (sic) existe información que estas son
utilizadas para realizar actos ilícitos relacionadas con la INFRACCION A LA LEY
30 DE 1986 y otros".
c) Resolución
No. 1147 de julio 8 de 1994, expedida por la Dirección Nacional de
Estupefacientes por medio de la cual se anulan unilateralmente los certificados
de carencia de informes por tráfico de estupefacientes Nos. 1771 y 1772 de
fecha 21 de septiembre de 1993, en favor de la Sociedad Isleña de Aviación S.A.
d) Oficio No.
010417 del 15 de julio de 1994, originario de la Dirección Nacional de Estupefacientes,
mediante el cual se informa al doctor Carlos Gaona Parada, a quien se señala
como representante legal de la Sociedad Isleña de Aviación S.A., donde se le
informa que debe presentarse a recibir la notificación de la resolución No.
1147 de 1994, expedida por dicha Dirección.
El mencionado oficio
fue dirigido a la calle 86 No. 20-21 oficina 502, de esta ciudad, sitio
indicado en el certificado de la Cámara del Comercio y registrado en la
Dirección Nacional de Estupefacientes como lugar para recibir notificaciones.
e) Poder
conferido por Carlos Fernando Gaona Parada al abogado Alvaro Rodríguez Torres
el día 18 de julio de 1994 y dirigido a la Dirección Nacional de
Estupefacientes, en el cual se faculta a éste para "notificarse de la
resolución correspondiente a la revocatoria del certificado de carencia de
informes por tráfico de estupefacientes otorgado al suscrito por esas
dependencias", en el cual se expresa, además, lo siguiente: "lo
anterior con fundamento en la comunicación que me fue enviada en días
pasados".
Existe constancia de
que el referido poder fue presentado en la fecha indicada en la Dirección
Nacional de Estupefacientes.
f) Resolución
No. 04438 de julio 15 de 1994, en virtud de la cual la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil resolvió suspender el permiso de operación
concedido a la Sociedad Isleña de Aviación S.A., mediante resolución No. 9532
del 5 de noviembre de 1993.
g) Edicto de
fecha 28 de julio de 1994, mediante el cual la Unidad Administrativa Especial
de Aeronáutica Civil notificó la resolución No. 04438 del 15 de julio de 1994.
Dicho edicto fue desfijado el 19 agosto de 1994.
h) Escrito
contentivo del recurso de reposición y subsidiario de apelación instaurado por
la Sociedad Isleña de Aviación S.A., el día 18 de agosto de 1994 contra el acto
administrativo mencionado en el literal anterior.
i) Oficio 013910 de
agosto 30 de 1994 enviado por la Dirección Nacional de Estupefacientes al señor
Pedro Juan Mesa Rodríguez, representante legal de la Sociedad Isleña de
Aviación S.A, a la dirección de la Calle 86 No. 20-21 Of. 502 de esta ciudad,
en donde se le responde su petición de junio 22 de 1994, radicada bajo el
número 146, que en su parte pertinente dice:
"...al respecto
me permito informarle que su solicitud no puede ser atendida por cuanto a la
citada empresa mediante resolución No. 1147 del pasado 8 de julio del año en
curso, se le anularon los certificados de carencia de informes por tráfico de
estupefacientes Nos. 1771 y 1772 de fecha 21 de septiembre de 1993".
"Teniendo en
cuenta que la resolución citada aún se encuentra vigente, no podemos darle
trámite a su solicitud, hasta tanto no se desvirtúen los informes debidamente
fundamentados que dieron origen a tal decisión".
j) Original del
sobre contentivo del oficio 013910, antes relacionado, con la constancia de
devolución puesta por Adpostal.
k) Oficio No.
239 de septiembre 29 de 1994 enviado por la Dirección Regional de Fiscalías de
Santafé de Bogotá, Unidad especializada en preliminares, al Juzgado 88 Penal
Municipal de esta ciudad, en donde expresa, en uno de sus apartes, lo
siguiente:
"Bajo la
radicación No. 22. 809 se lleva en esta Dirección Regional de Fiscalías una
INVESTIGACION PREVIA en contra de AVERIGUACION DE RESPONSABLES por la presunta
infracción a la ley 30/86, ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y TESTAFERRATO".
(...)
"Mediante
Resolución de fecha junio 22 de 1994 proferida por el Sr. Fiscal Regional
Delegado ante el DAS se ordenó el allanamiento de varias de las empresas
relacionadas en el informe de inteligencia ya citado, dentro de las cuales se
incluía las oficinas de ISLEÑA DE AVIACION LTDA".
(...)
"Por lo
anterior y efectuada una revisión detallada de las diligencias podemos
concretar que en este momento procesal no existe ninguna imputación legal en
contra de las personas naturales y jurídicas relacionadas en su oficio No.
1473".
"Que en los
allanamientos realizados en la oficina e instalaciones de la empresa ISLEÑA DE
AVIACION LTDA. (sic) no existe constancia de haberse ordenado la retención de
alguna aeronave o que se halla dispuesto el sellamiento o inoperabilidad de sus
oficinas...".
"En este
momento las diligencias se encuentran al Despacho del Señor Fiscal Regional que
dirige la presente investigación para proveer".
m) Resolución
No. 1741 de octubre 11 de 1994 de la Dirección Nacional de Estupefacientes que
revocó la resolución No. 1147 del 8 de julio de 1994, la cual había anulado los
certificados de carencia de informe por tráfico de Estupefacientes Nos. 1771 y
1772 del 21 de septiembre de 1993, expedidos a favor de la Sociedad Isleña de
Aviación S.A., en obedecimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado 88
Penal Municipal de Santafé de Bogotá.
En la resolución
primeramente nombrada se expide el "certificado de carencia de informe por
tráfico de estupefacientes para obtener el permiso de operación a favor de la
Sociedad Isleña de Aviación S.A., por solicitud del pasado 22 de junio de 1994,
con una vigencia de sesenta y seis (66) días contados desde el día 7 de octubre
de 1994 hasta el día 11 de diciembre de 1994..."
n) Resolución No.
06666 de octubre 10 de 1994 de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil, dictada igualmente en cumplimiento del fallo de tutela de primera
instancia, según la cual se revoca la resolución No. 04438 de fecha 15 de
julio de 1994 que suspendió el permiso de operación a la Sociedad Isleña de
Aviación S.A., y se concedió un plazo de 4 meses a dicha empresa para que
cumpla con los requisitos legales y administrativos necesarios para operar.
4. Los derechos a
la intimidad y a la honra no se predican respecto a las personas jurídicas.
Dado que la
peticionaria de la tutela invoca como violados, entre otros los derechos
fundamentales a la imagen o al buen nombre, a la honra, y al debido proceso, la
Sala estima conveniente hacer las siguientes precisiones:
La jurisprudencia de
la Corte ha sido constante en el sentido de que existen algunos derechos
fundamentales que sólo se predican con respecto a las personas naturales, no de
las personas jurídicas.
Los derechos a la
intimidad personal y a la honra solamente se reconocen al ser humano, pues son
atributos propios de éste, inherentes a su racionalidad, inalienables,
imprescriptibles y connaturales con el reconocimiento de su dignidad; por
consiguiente, las personas jurídicas, entes de gestión colectiva jurídica y
económica no pueden ser titulares de dichos derechos. A este tipo de personas
se les han reconocido jurisprudencialmente, entre otros, los siguientes derechos
constitucionales fundamentales: igualdad (art. 13), inviolabilidad de la
correspondencia y demás formas de comunicación privada (art. 15), libre
asociación (art. 38) y debido proceso (art. 29).
No tiene cabida en
el presente caso, la consideración del derecho fundamental al buen nombre, pues
tratándose de una sociedad anónima, como es la peticionaria, no podría
predicarse con respecto a ella un derecho de esta naturaleza, protegible a
través de la tutela, pues lo que podría denominarse el derecho a su imagen o
good will tiene sus propios y autónomos mecanismos de protección.
5. La
normatividad aplicable a la situación que se debate en el proceso.
Las normas que rigen
la actuación del Consejo Nacional de Estupefacientes y de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en torno a la prevención y
control del tráfico de estupefacientes, vinculado a la actividad que ejercen
las empresas aéreas son las siguientes:
Conforme a la letra
f) del art. 93 de la ley 30 de 1986, correspondía a la Oficina de
Estupefacientes del Ministerio de Justicia: "expedir el certificado de
carencia de informes por tráfico de estupefacientes en un plazo máximo de
sesenta (60) días transcurridos el cual se entenderá resuelta favorablemente la
solicitud y por consiguiente se expedirá éste a las personas que adelanten
trámites ante el Departamento de la Aeronáutica Civil en forma particular o
como miembro de empresa", para diferentes efectos, entre otros, la
importación de aeronaves, la adquisición del dominio o cambio de explotador de
aeronaves, estudio construcción y reforma de aeródromos o pistas e
instalaciones, obtención y renovación del permiso de operación de aeródromos y "solicitud
para obtener o renovar permisos de empresas de servicios aéreos
comerciales...".
Posteriormente se
expidió el decreto 2272 de 1991, que adoptó como legislación permanente las
disposiciones del decreto legislativo 2894 de 1990, y asignó a la Dirección
Nacional de Estupefacientes la coordinación, orientación y ejecución de las
determinaciones del Consejo Nacional de Estupefacientes y el cumplimiento de
las funciones señaladas en el art. 93 de la ley 30 de 1986, que alude a la
expedición del mencionado certificado.
La expedición del
certificado de carencia de informes por narcotráfico, obedece a un trámite que
se encuentra regulado por los artículos 2, 3, 4 y 5 del decreto 2894 de 1990,
que está conformado por las siguientes etapas: a) solicitud escrita del
certificado ante la Dirección Nacional de Estupefacientes; b) petición de ésta
a las autoridades competentes de la "información de los registros
debidamente fundamentados que posean, sobre comportamientos relacionados con
los delitos de narcotráfico y conexos de enriquecimiento ilícito o del
tipificado en el art. 6 del decreto 1856 de 1989, que reposa en sus respectivos
archivos en relación con las personas solicitantes, o con las demás que
menciona el inciso 3 del art. 3 del referido decreto; c) expedición por la
Dirección Nacional de Estupefacientes del certificado mencionado, dentro de los
8 días siguientes a la radicación de las respectivas respuestas o del
vencimiento del término de 15 días que tienen las autoridades competentes para
enviar la información solicitada.
Adicionalmente, el
decreto 2894 regula las siguientes situaciones:
En cuanto a la
vigencia del certificado su artículo 6 dispone:
"Los
otorgados a las personas jurídicas con más de 10 años de constituidas y a las
entidades públicas podrá conferirse hasta por 3 años".
"Los
otorgados para las demás personas interesadas se conferirá hasta por un
año".
"No
obstante, el certificado podrá anularse unilateralmente en cualquier tiempo por
la Dirección Nacional de Estupefaciente, con base en los informes provenientes
de los Organismos Investigativos del Estado. Dicha anulación será informada a
las autoridades correspondientes y contra ella no procede ningún recurso".
En caso de negativa
del certificado, la Dirección Nacional de Estupefacientes "informará
al peticionario las razones que tiene, con el objeto de facilitarle la
aclaración de su situación jurídica ante las autoridades correspondientes".
(Subraya la Sala).
6. El caso en
examen.
6.1. La alegada
violación de los derechos fundamentales de la peticionaria.
La Dirección Nacional de Estupefacientes
del Ministerio de Justicia y del Derecho, al expedir la resolución No. 1147 de
julio 8 de 1994, mediante la cual anuló unilateralmente los certificados (Nos.
1771 y 1772 del 21 de septiembre de 1993) de carencia de informes por tráfico
de estupefacientes a la Sociedad Isleña de Aviación S.A., procedió con arreglo
a la normatividad antes reseñada, en cuanto la autoriza expresamente para dejar
sin efecto los referidos certificados cuando a través de las autoridades competentes
haya obtenido informes o evidencias de registros debidamente fundamentados
sobre comportamientos relacionados con los ilícitos de narcotráfico y conexos,
enriquecimiento ilícito, etc., con respecto de quienes solicitan por primera
vez o piden la renovación de dichos certificados.
La decisión de la
Dirección Nacional de Estupefacientes tuvo su fundamento en el oficio No. 557
de julio 7 de 1994 procedente de la Fiscalía Regional Delegada ante el DAS,
concerniente a las preliminares que se adelantan contra dicha sociedad por los
presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, testaferrato e
infracción a la ley 30 de 1986.
La información
contenida en dicho oficio, aparece corroborada con la suministrada por la
Dirección General de Fiscalías -Unidad Especializada- a través del oficio No.
239 de septiembre 29 de 1994 (fl. 110).
Deduce la Sala en
consecuencia, que se cumplió en el presente caso con la hipótesis legal de la
mera existencia de un informe que la Dirección Nacional de Estupefacientes
juzgó como suficiente y fundamentado en relación con actividades de
narcotráfico, para que se pudiera adoptar la decisión correspondiente. Por
consiguiente, contrario a lo afirmado por la apoderada de la peticionaria, no
era necesario que con respecto a las actividades de los representantes y socios
de la Sociedad Isleña de Aviación S.A. existiera una imputación, sindicación o
vinculación formal a un proceso penal.
Ante la decisión de la Dirección Nacional
de Estupefacientes de anular los aludidos certificados, que como acto
administrativo se presume legal los representantes y socios de la Sociedad
Isleña de Aviación S.A., con fundamento en el artículo 7o del decreto 2894 de
1990, tienen la carga procesal de adelantar las gestiones tendientes a la
aclaración de su situación jurídica ante las autoridades competentes, lo cual
obviamente favorecerá o perjudicará a la empresa. Por consiguiente, como en la
Fiscalía existen las actuaciones preliminares reseñadas que involucran a la
sociedad peticionaria, a sus representantes y a sus socios en presuntas
actividades de narcotráfico, es ante esta autoridad a donde deben acudir para
aclarar dicha situación jurídica.
La resolución de la
Dirección Nacional de Estupefacientes que niega la expedición, o anula
certificados de carencia de informes por narcotráfico ya expedidos, es un acto
administrativo que contiene una medida preventiva o cautelar, ideada por el legislador con el fin de
prevenir, controlar y conjurar las actividades del narcotráfico; pero a su vez
constituye un acto preparatorio o antecedente que hace posible la expedición de
otro acto ulterior, como es la no concesión o suspensión del permiso de
operación por parte de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
En tal virtud,
dichos actos no conforman un acto complejo, como lo afirma la apoderada de la
petente, pues tienen individualidades jurídicas propias porque no contienen una
decisión unitaria, no están dirigidos a una misma finalidad y provienen de
autoridades que no hacen parte de un mismo conjunto administrativo
jerarquizado.
Al respecto, esta
Corte en sentencia C-114/93[1], al declarar
exequible los literales f) y g) del artículo 93 de la ley 30 de 1986, señaló:
"No
encuentra esta Corporación que es contraria al ejercicio de las libertades la
expedición del certificado de carencia de informes por tráfico de
estupefacientes, ni por el contenido material ni por la reglamentación en
detalle de los literales acusados del artículo 93 de la Ley 30 de 1986. No
puede entenderse que la exigencia de un requisito administrativo, como el
certificado expedido por la Oficina del Ministerio de Justicia, resulte
violatorio del derecho a la honra, o al fuero íntimo, o al trabajo, o a la
presunción de inocencia, por cuanto una persona no puede deducir que de esa
exigencia legal per se, haya sido invadida su intimidad o su honra resulte
vulnerada, o su inocencia puesta en entredicho, como tampoco puede un
funcionario público de la más alta jerarquía, sostener, por el hecho de que,
para tomar posesión del cargo, deba exponer su declaración de renta, que se
está desconfiando de su honorabilidad, inocencia o buena fe actual o futura o
atentando contra su libertad de trabajo".
"Es usual que, tanto en las instancias
públicas como en las instancias privadas, se recojan informaciones, bien como
fin propio de su actividad o para servir de soporte a otras actividades
igualmente de naturaleza pública o privada. Se ha sostenido la importancia de
la información en el funcionamiento de la sociedad actual. Sus abusos han sido
el motivo del surgimiento del nuevo derecho denominado "habeas data".
No puede entonces pensarse que una entidad pública no sólo no disponga sino que
no tenga la posibilidad de utilizar informaciones, recogidas con motivo de la
persecución del delito, con fines de interés público. Las actividades de
"inteligencia y contrainteligencia", no hacen más que recoger y
manejar informaciones relacionadas con los ilícitos, por lo que se constituyen
en instrumento fundamental del Estado contemporáneo en la lucha contra el
delito, lucha que no sólo se realiza frente a los actos delictivos consumados,
sino también en el campo preventivo".
Se ha insistido por la apoderada
peticionaria de la tutela, que la resolución de la Dirección Nacional de
Estupefacientes no fue notificada a la Sociedad Isleña de Aviación S.A. y que
sin cumplirse con este requisito fue comunicada a la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil, con la consecuencia de que esta adoptó de
inmediato la decisión de suspender el permiso de operación vigente.
Al respecto, la Sala
hace las siguientes consideraciones:
a) Por la
circunstancia de tratarse, como se dijo antes, de una especie de medida
cautelar, no susceptible de recursos gubernativos, la normatividad vigente
propiamente no exige la notificación personal o por edicto, sino la simple
comunicación (arts. 6o y 7o del decreto 2894 de 1990). Además, la medida puede
ser informada "a las autoridades correspondientes", incluidas en
ellas la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, antes o después
de la comunicación a los afectados con la decisión.
b) No obstante lo
anterior, la Sala deduce que si se notició de la existencia de dicha resolución
a la Sociedad Isleña de Aviación S.A., como se desprende de la siguiente
circunstancia:
El día 15 de julio de 1994, la Dirección
Nacional de Estupefacientes envió al representante legal de la Sociedad Isleña
de Aviación S.A. el oficio No. 010417, a la dirección de la calle 86 No. 20-21
0ficina 502- Edificio Parque 86 de esta ciudad, para que concurriera a
notificarse de dicha resolución. Aunque aparece erróneamente citado el nombre
del representante de la empresa, objetivamente hay que considerar que dicho
oficio iba dirigido a quien realmente ostentaba esta calidad.
El otorgamiento de poder por parte del socio Carlos Gaona al abogado
Alvaro Rodríguez, el día 18 de julio de 1994, quien se notifico de la
resolución en la misma fecha, es indicativo, bajo el principio de la buena fe
que obliga tanto a la administración como a los particulares (art. 83 C.P.), de
que la Sociedad Isleña de Aviación S.A. se enteró del contenido de la decisión
de la Dirección Nacional de Estupefacientes, por tarde, el día 18 de julio de
1994.
No obstante, debe anotar la Sala que existió un proceder malicioso
de dicha sociedad al negarse a recepcionar, en el lugar indicado para recibir
notificaciones, el oficio No. 13910 de agosto 30 de 1994, ya referenciado, en
el cual, igualmente se le noticiaba de la decisión de la Dirección Nacional de
Estupefacientes.
Es más, con antelación a la fecha del oficio últimamente mencionado
la Sociedad Isleña de Aviación S.A. al interponer los recursos de reposición y
apelación (agosto 18 de 1994) contra el acto administrativo de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, paladinamente declaró tener
conocimiento de la resolución de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Entra ahora la
Sala a considerar la decisión de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, frente a la situación jurídica creada por la presunta
operancia del silencio administrativo positivo, lo cual le merece las
siguientes apreciaciones:
a) El silencio administrativo positivo en esta clase de actuaciones
esta consagrado en el literal f) del artículo 93 de la ley 30 de 1986, en el
sentido de que si pasados 60 días a partir de la solicitud o petición del
certificado de carencia de informes sobre narcotráfico no se obtiene respuesta
alguna, esta se entiende resuelta favorablemente, y por consiguiente obliga a
la Dirección Nacional de Estupefacientes a expedirlo.
b) En el presente caso, la petición respectiva se produjo el día 22
de junio de 1994. Por lo tanto, el silencio administrativo positivo en favor de
la Sociedad Isleña de Aviación S.A. se operaba el día 19 de septiembre de 1994.
c) La apoderada de la Sociedad Isleña de Aviación S.A., mediante la
escritura pública No. 1910 del 2 de agosto de 1994 de la Notaria 39 del Circulo
de Santafé de Bogotá D.C., pretendió cumplir el requisito señalado por el
artículo 41 del C.C.A para efectos de acreditar la operancia del silencio
administrativo positivo. Sin embargo, dicho silencio no se operó porque la
Dirección Nacional de Estupefacientes para esa fecha ya había adoptado la
decisión y ésta era conocida por la empresa, y de otra parte, no había
transcurrido el término previsto en la ley para que se produjera dicho
silencio.
No es cierto, como lo afirma la apoderada de la sociedad que la
norma del artículo 93 de la ley 30 de 1986, relativa al silencio
administrativo, haya sido modificada por el artículo 5o del decreto 2894 de
1990 (adoptado como legislación permanente por el decreto 2272 de 1991), porque
esta norma no regula el silencio administrativo positivo, simplemente alude a
la oportunidad para decidir (8 días siguientes a la radicación de las
respectivas respuestas o al vencimiento del término previsto en el artículo
3o). Por lo tanto, entendidas armónicamente las dos disposiciones mencionadas,
hay que entender que aún cuando se impone la obligación a la administración de
decidir la petición en la fecha indicada, sin embargo el silencio sólo opera al
término de los 60 días.
Con respecto a
la legalidad de la resolución No. 04438 de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, advierte la Sala que hay que presumirla como acto
administrativo que es, hasta tanto no sea anulada por la jurisdicción
competente.
El Juzgado 39 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., como
argumento para confirmar el fallo de primera instancia dice que la resolución
04438 fue ejecutada sin encontrase en firme.
No comparte la Sala
la anterior apreciación porque, de una parte, contra dicho auto se
interpusieron recursos, y estos se "concederán en el efecto
suspensivo" (art. 55 C.C.A.), y de otra, no existe prueba alguna en el
expediente indicativa de que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil hubiera puesto en ejecución dicho acto. Es más, cuando se produjo el
fallo de tutela de primera instancia todavía no habían vencido los términos que
tenía dicha Unidad para decidir, en razón de que se habían decretado pruebas
para resolver los recursos.
Se
deduce de la explicación anterior que no se violó el derecho al debido proceso,
pues las actuaciones de la Dirección Nacional de Estupefacientes y de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil fueron ajustadas a la ley y, por
consiguiente, se presumen legales y legítimas. Consecuencialmente, no encuentra
la Sala acreditada la vulneración de los demás derechos fundamentales cuyo
amparo se impetra.
6.2. Existencia
de otros mecanismos alternativos de defensa judicial.
La tutela tampoco
estaría llamada a prosperar, aún en el supuesto de que se admitiera la
existencia de las irregularidades sustanciales o procesales alegadas por la
apoderada de la Sociedad Isleña de Aviación S.A., porque existen otros
mecanismos alternativos de defensa judicial ante las jurisdicciones penal y
contencioso administrativo.
En efecto, la
peticionaria posee otros medios alternativos de defensa judicial ante la
justicia penal y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que hace
improcedente la acción de tutela. Los referidos actos, dada la intima relación
de las situaciones jurídicas que crean o definen, pueden ser impugnados en su
conjunto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Ni siquiera procede
la tutela como mecanismo transitorio en el presente caso, pues no se aprecia la
existencia de un perjuicio irremediable, según los criterios que al respecto ha
trazado la jurisprudencia de la Corte y, además, a través del proceso
contencioso administrativo la Sociedad Isleña de Aviación S.A. puede obtener
tanto la anulación de los actos administrativos cuestionados, como el
restablecimiento del derecho presuntamente lesionado, que incluye el
reconocimiento y pago de perjuicios.
6.3.
Improcedencia de la condena en abstracto.
Esta Sala encuentra
desacertada la decisión de los jueces de instancia al condenar al pago de
perjuicio en favor de la Sociedad Isleña de Aviación S.A., ya que esta no es
la vía procesal expedita legalmente para determinar la responsabilidad en el
evento de haberse ejecutado un acto administrativo cuando con ello se causan
perjuicios al administrado; lo indicado es reclamar el valor de esos perjuicios
por medio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del
C.C.A.
Como lo estipula el
artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, la sentencia resarcitoria es excepcional,
y está condicionada a que el accionante no disponga de otro medio judicial y la
violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e
indiscutiblemente arbitraria, situación que no se presenta en el caso que nos
ocupa. Sobre este punto la Corte ha delimitado las situaciones para decretar
condenas en abstracto en proceso de tutela, así:
"...tal indemnización
sólo es posible decretarla si se concede la tutela, razón por la cual la
prosperidad de la acción en esta materia -que, por ende, resulta ser accesoria-
únicamente puede darse si prospera la pretensión principal, es decir, si el
juez ha encontrado aquélla procedente y, además, ha concluido que las razones
de hecho y de derecho por él evaluadas dan lugar a impartir una orden de
inmediato cumplimiento en cuya virtud se realicen, en el caso específico, los
postulados constitucionales.
"Pero, fuera
de eso, se requiere que la indemnización sea necesaria para asegurar el goce
efectivo del derecho; que el afectado no disponga de otro medio judicial para
obtener el resarcimiento del perjuicio; que la violación sea manifiesta y
provenga de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria".[2]
Por lo demás, al no
prosperar la tutela impetrada, como se decidirá en esta sentencia, se revocará
la sentencia del Juzgado 39 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., que
confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado 88 Penal
Municipal de la ciudad, el cual había concedido la tutela.
La decisión que en
esta sentencia se adopta naturalmente tiene efectos sobre los actos
administrativos proferidos por las mencionadas autoridades en cumplimiento del
fallo de tutela de primera instancia. En tal virtud, dichos actos carecen de
efectos jurídicos y deberán ser revocados.
La revocatoria de la
resolución No. 06666 del 10 de octubre de 1994 de la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil que a su vez revocó la resolución No. O4438 del
15 de julio de 1994, conlleva a que esta entidad trámite y decida los recursos
interpuestos por la sociedad peticionaria contra la providencia últimamente
nombrada.
Adicionalmente,
habrá de ordenarse que se compulsen copias del proceso de tutela objeto de
revisión, a efectos de que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo-Seccional Santafé de Bogotá, si lo estima pertinente, inicie proceso
disciplinario contra el juez 88 Penal Municipal de Santafé de Bogotá que
conoció del proceso de tutela en primera instancia, en razón de las posibles
irregularidades, ya advertidas en esta providencia, en cuanto a la carencia de
la constancia de la fecha de recibo y de reparto del escrito de la petición de
tutela.
IV. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela de noviembre
25 de 1994, proferida por el Juzgado 39 Penal del Circuito de Bogotá D.C., por
medio de la cual confirma en todas sus partes el fallo pronunciado por el
Juzgado 88 Penal Municipal de esta misma ciudad, de fecha 7 de octubre de 1994,
y que tuteló los derechos fundamentales al debido proceso, a la intimidad y a
la honra, en favor de la Sociedad Isleña de Aviación S.A. y/o socios.
SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Nacional de
Estupefacientes y a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil,
revocar las resoluciones Nos. 1741 de octubre 11 de 1994 y 06666 de octubre 10
de 1994. En consecuencia, esta última entidad tramitará y decidirá los recursos
interpuestos por la Sociedad Isleña de Aviación S.A.
TERCERO: ORDENAR se compulsen copias del proceso de
tutela objeto de revisión a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo-
Seccional Santafé de Bogotá, a efectos de que, si lo considera procedente,
inicie proceso disciplinario contra el contra el juez 88 Penal Municipal de
Santafé de Bogotá que conoció del proceso de tutela en primera instancia, en
razón de las posibles irregularidades, ya advertidas en esta providencia, en
cuanto a la carencia de la constancia de la fecha de recibo y de reparto del
escrito de la petición de tutela.
CUARTO: LIBRAR por Secretaría las comunicaciones de
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí
contemplados.
Notifíquese, cópiese, publíquese e
insértese en la Gaceta Constitucional.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] M.P. Fabio Morón
Díaz
[2]. Corte
Constitucional. Sentencia T- 095 de 1994 .M.P. José Gregorio Hernández Galindo |
439 | T-276-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-276/95
ACCION DE TUTELA
CONTRA PARTICULARES-Improcedencia/INDEFENSION-Inexistencia/PREDIO
CIEGO
El accionante,
por su propia voluntad, se colocó en situación de indefensión respecto de los
accionados, pues convirtió su predio en ciego, ya que al dividirlo, cerró el
acceso que a él tenía por el callejón. El demandante no es que no haya podido
defender sus derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, sino
que de manera personal, en forma contraria a la ley, ha tratado de utilizar
predios particulares para acceder a su vivienda, sin la debida autorización ni
permiso de sus propietarios. El demandante está en estado de indefensión frente
a los particulares que ha demandado en acción de tutela, porque si bien, “el
actor no tiene otro medio de acceso a su vivienda”, a tal situación llegó por
su propia determinación, y aunque pudo hacer valer la servidumbre de tránsito
que de hecho había constituído, no acudió a la autoridad legal para que le
reconociera su derecho.
PRINCIPIO NADIE
PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA/LIBERTAD DE LOCOMOCION
En este caso, la
aplicación del principio universal <Nemo auditur propiam turpitudinem
allegans>, según el cual, nadie puede alegar en su favor su propia
torpeza o culpa", y por tanto, si el peticionario obró de tal forma que
cerró la vía de acceso que tenía a su vivienda, haciendo caso omiso de que
existía en su contra una sentencia judicial que no sólo le ordenaba utilizar
dicho callejón para entrar y salir de su predio, sino que le prohibía utilizar
los otros terrenos como vía de acceso a sus viviendas, no puede posteriormente
invocar su propia culpa o negligencia, para aducir que se le vulnera su derecho
a la libertad de locomoción, cuando él mismo generó la situación de indefensión
en que se encuentra.
REF.: EXPEDIENTE
No. T - 63.075
PETICIONARIO: Asdrúbal Marín Poveda contra los
particulares Daniel Patiño Herrera y Aura Maria Lozano de Vargas.
PROCEDENCIA: Tribunal Superior de Buga, Sala Penal.
“Para la Corte
resulta claro en este caso, la aplicación del principio universal <Nemo
auditur propiam turpitudinem allegans>, según el cual, nadie puede
alegar en su favor su propia torpeza o culpa", y por tanto, si el
peticionario obró de tal forma que cerró la vía de acceso que tenía a su
vivienda, cual era el callejón de la carrera 28, bien porque amplió el tamaño
de su lote o porque lo dividió, haciendo caso omiso de que existía en su contra
una sentencia judicial que no sólo le ordenaba utilizar dicho callejón para
entrar y salir de su predio, sino que le prohibía utilizar los terrenos de
Daniel Patiño y Aura de Vargas como vía de acceso a sus viviendas, no puede
posteriormente invocar su propia culpa o negligencia, para aducir que se le
vulnera su derecho a la libertad de locomoción, cuando él mismo generó la
situación de indefensión en que se encuentra”.
MAGISTRADO
PONENTE:
Dr. HERNANDO
HERRERA VERGARA
Santa Fé de Bogotá,
Junio 27 de 1995.
Procede la Sala
Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, a revisar los fallos
proferidos por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Tuluá, el 16 de
diciembre de 1994, y por el Tribunal Superior de Buga el 6 de febrero de 1995,
en el proceso de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES.
El señor Asdrúbal
Marín Poveda acude a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable, derivado de la presunta violación de su derecho
fundamental a transitar libremente por el lote de terreno ubicado entre las
carreras 27A y 28 con la “futura” calle 43 de la ciudad de Tuluá, pues señala,
ha sido interrumpido el acceso a su vivienda, como también lo han sido sus
familiares, por la construcción de una casa y tendidos de alambre por parte de
los demandados.
Indica el accionante
que desde hace treinta (30) años sus hermanos Nestor, Walter y él son
propietarios de una franja de terreno en el barrio Olímpico, entre carreras 27A
y 28, frente a la futura calle 43 en Tuluá. Expresa que el lote de propiedad de
la familia Marín Poveda mide 125.30 Mts. de frente por 19.60 Mts. de fondo y
aduce que:
“Mi casa está
ubicada en la mitad de la cuadra y al estar todo el lote construído, sólo tengo
una salida y es por el frente de mi casa, donde hace más de veinte (20) años
existe un callejón con salida a la carrera 28, pues la salida a la carrera 27A
se encuentra cercada con alambres; dicho callejón en la actualidad también es
nuestra única vía de acceso a mi hogar, y a otros cercanos al mío”.
“El lote de
terreno donde está la futura calle 43 lo compró hace aproximadamente diez (10)
años el señor Miguel Antonio Patiño y la señora Aura Maria Lozano de Vargas; al
poco tiempo ellos decidieron construir una casa de habitación en dicho lote con
el frente hacia la carrera 28, esto es que ivan (sic) a tapar la calle 43, y
por lo tanto todas las familias que tenemos las viviendas en esa zona ivamos
(sic) a quedar encerrados, o sea sin salida por ninguna parte, ya que los
terrenos contiguos a la calle 43 también son de propiedad del señor DANIEL
ANTONIO PATIÑO y los tiene cercados con alambre”.
....
“Con motivo de
los hechos anteriores, el señor DANIEL ANTONIO PATIÑO y la señora AURA MARIA
LOZANO, confirieron poder al abogado (...) para que iniciara y llevara a cabo
proceso ordinario reivindicatorio del lote de terreno ubicado sobre la futura
calle 43. Dicho proceso se llevó a cabo en el Juzgado Primero Civil Municipal
de Tuluá, y se dictó sentencia No. 056 de junio 12 de 1992”.
“Dicha
providencia judicial resolvió como primera medida, reconocerle el dominio pleno
y absoluto del lote de terreno adquirido por el señor DANIEL ANTONIO PATIÑO
(esta decisión no me afectó a mi en nada)”.
“El segundo punto
de dicha sentencia sí me trajo perjuicios, pues se me ordena a mí y a otros de
mis parientes, hacer uso de otro callejón que da a la carrera 28, pero éste
callejón que se encontraba en predios de la familia Marín, ya no existe en
realidad (este callejón sólo existe en las escrituras de propiedad como una
servidumbre)”.
“El tercer punto
de dicha sentencia me ha perjudicado con más razón, pues arbitrariamente se me
prohibe transitar por el terreno del señor DANIEL ANTONIO PATIÑO, que es la
futura calle 43, y la única salida y entrada hacia mi hogar”.
....
“En cuanto al
numeral quinto de esta sentencia, se me ha prohibido a mí y algunos de mis
parientes para que si incumplimos con lo dispuesto en ella, seamos sancionados
con pagar sendas multas como viene ocurriendo desde hace más de un año”.
Más adelante en su
escrito de tutela, señala que:
“Para referirme
más directamente al segundo punto de la sentencia No. 056 de junio 12 de 1992,
es arbitrariamente violatoria de los derechos fundamentales consagrados en la
constitución nacional, como es el derecho a circular libremente.
No es aceptable
desde ningún punto de vista, que el funcionario obligue en una sentencia a que
una determinada persona, o varias como en este caso, sean obligados a transitar
por un callejón que ya no existe, como lo quiere hacer creer en su sentencia.
“Así, es claro y
palpable que el Juez Primero Civil de Tuluá violó el debido proceso, pues no
utilizó el principio de inmediación de la prueba, por medio del cual el Juez
tiene el deber de intervenir en la recopilación de las pruebas en el trascurso
de todo el proceso. Dicha sentencia es violatoria de las garantías
fundamentales de las personas, cuando en el tercer punto me prohibe a mí y a
varios de mis parientes transitar por el predio del señor DANIEL ANTONIO
PATIÑO, sin percatarse que no tenemos otra salida, es la única vía que tenemos
para entrar y salir de nuestros hogares”.
....
“Soy una persona
de avanzada edad, no tengo trabajo fijo, ni ayuda de nadie, sin embargo he
padecido los rigores de volver a ser demandado en otro proceso ejecutivo, de
tal punto que volvieron a embargar mi casa en diligencia llevada a cabo el 28
de julio de 1994.
Dentro de dicho
proceso se citó a audiencia de conciliación para el 19 de agosto de 1994. Yo
asistí a esa conciliación, y para que no me fueran a rematar mi casa o mejora
que es lo único que poseo, me ví obligado a comprometerme a cancelar una
cantidad de $300.000 para el mes de diciembre de 1994”.
“Manifiesto
honradamente que aún debo la plata que presté para cancelar la primera multa de
$296.100 y no se como voy a conseguir los otros $300.000 de la otra multa para
el mes de diciembre de 1994. Como le acabo de manifestar señor Juez soy un
anciano enfermo, que apenas consigo la comida para mí y mi señora”.
En virtud de los
hechos que han quedado expuestos, el señor Asdrúbal Marín Poveda solicita que
se ordene a Daniel Antonio Patiño y a Aura María Lozano, que le concedan
permiso para transitar por su predio, y que no ejerzan más acciones judiciales
en su contra por éste hecho. Además, que se decrete la nulidad del proceso
ejecutivo que cursa en mi contra en el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Tuluá, pues “tiene como fundamento el auto interlocutorio No. 019 emanado del
Juzgado Primero Civil Municipal, y que éste a su vez tuvo como base la sentencia
No. 056 de junio 12 de 1992, y que en su debido tiempo pudo declararse nula, ya
que es violatoria de los derechos y garantías constitucionales”.
II. LAS
PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE SE REVISAN.
A.
Sentencia de Primera Instancia.
De manera previa a
la decisión de rigor, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Tuluá resolvió
practicar una inspección judicial en el terreno materia del litigio, de la cual
concluyó lo siguiente:
“Las humildes
viviendas del peticionario y el resto de su familia quedan ubicadas al lado
izquierdo de la futura calle 43, entrando por la carrera 28... En esta
diligencia pudo constatar el despacho que para poder entrar o salir el
señor Asdrúbal Marín de su residencia, así como cualquier miembro del resto de
las familias asentadas frente a la futura calle 43, necesariamente tienen que
utilizar esta vía, porque la mal llamada servidumbre a que se hace referencia
en la demanda, no existe, ya que era un pasaje que salía de la cocina
de la vivienda de su progenitora, por donde se comunicaban las familias, pero
que al morir ésta, fue clausurada con ladrillo y hoy en día es de propiedad de
su hermano Benceniano Marín, el cual sí tiene su puerta de acceso hacia la
carrera 28.
Igualmente se
constató que el lote adquirido por el señor Daniel Antonio Patiño queda ubicado
en toda la entrada del predio que no puede pisar el señor Asdrúbal Marín y allí
existen unos cimientos que según éste fue la obra que el municipio ordenó
suspender y demoler, en virtud de estar localizado sobre el terreno destinado a
la calle 43” (negrillas y subrayas fuera de texto).
Con fundamento en
las pruebas recaudadas, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Tuluá,
mediante providencia de 16 de diciembre de 1994, resolvió conceder
transitoriamente la tutela, ordenando a los señores Daniel Antonio Patiño y
Aura María Lozano de Vargas que permitan al señor Asdrúbal Marín Poveda, así
como a sus familiares, utilizar como vía pública el predio localizado al frente
de sus viviendas, al igual que se abstengan de solicitar ante el Juzgado
Primero Civil Municipal la imposición de multas contra el accionante.
En el mismo sentido,
se ordenó en la parte resolutiva de la sentencia, la suspensión del proceso
ejecutivo que actualmente se adelanta en el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Tuluá, contra el señor Asdrúbal Marín Poveda y que se levanten en forma
definitiva las medidas previas que hayan sido decretadas. Finalmente, conminó a
la Alcaldía Municipal, por intermedio de la Oficina de Planeación, a decidir en
forma definitiva sobre la apertura de la calle 43 e indemnizar a sus
propietarios, señores DANIEL ANTONIO PATIÑO y AURA MARIA LOZANO DE VARGAS,
fijando como término para ello, noventa días hábiles.
Fundamentó el
Juzgado su decisión en los siguientes argumentos:
1. “Aquí se demanda como hecho principal, la
limitación objetiva al derecho de locomoción o circulación libre por el
territorio, habiendo sido constatado por éste Despacho que el accionante
no tiene salida diferente para su desplazamiento que a través del lote de
terreno de propiedad del señor Daniel Antonio Patiño y Aura Lozano de Vargas.
Esta limitación
que se ha hecho coactiva a través de procesos civiles que no tienen fundamento
racional más que la dogmática exegética que hace culto a la forma olvidando la
materialidad misma del derecho, ataca en forma flagrante la propia dignidad del
señor Asdrubal Marín Poveda y su familia, en tanto no pueden desarrollar su
existencia en condiciones de viabilidad física y moral. Lo primero porque
siendo el hombre un ser social, debe comunicarse con otros para lograr obtener
lo mínimo necesario para vivir.
Así, un ser
encerrado, como pretenden los demandados tener a don Asdrúbal y sus parientes,
no podrán nunca alimentarse, ni vestirse, ni trabajar, ni estudiar, ni
instruirse, en fin, no podrán desarrollar su vida en comunidad como exige el
mismo Estado y por lo tanto no podrán asumir el papel que demanda el
cumplimiento de las obligaciones y deberes establecidos en la misma Constitución.
2. “En el caso que nos ocupa es patente que
el perjuicio derivado de la violación de los derechos del accionante, no se ha
consumado todavía, aún es parcial, pero en lo transcurrido es ya irremediable,
pues cada vez es multado por el Juzgado 1o. Civil Municipal a solicitud de los
señores dueños del terreno destino a la calle 43, porque ha transitado por él,
se ha ocasionado un perjuicio en su contra, ello ha dado lugar a dos procesos
ejecutivos; en el primero ya canceló una suma de dinero para evitar perder su
vivienda y en el segundo, tiene plazo para cancelar el monto de la multa hasta
el 19 de diciembre próximo, so pena de rematársele su vivienda; siendo esto lo
que hay que impedir, es decir, que se cause el daño en forma irremediable, o que
continúe cancelando multas en forma indefinida, pues si los señores Patiño
Herrera y Lozano de Vargas se les antoja ir diariamente al Juzgado 1o. Civil
Municipal, su titular dictará un interlocutorio cada día, porque
obligatoriamente tiene que transitar por el predio aludido para salir o entrar
a su casa, tal como lo constató este Despacho, pues no tiene otra alternativa
ya que es la única vía de acceso a su morada”.
B.
Impugnación.
Aura María Lozano de
Vargas y Daniel Antonio Patiño impugnaron el fallo proferido por el Juzgado
Séptimo Penal del Circuito de Tuluá, pues señalan que la tutela cuestionada
dirigida contra ellos como particulares, es improcedente al tenor de lo
dispuesto en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Indican que se está
violando el artículo 58 de la Constitución “que nos debe garantizar la
propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes
civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores”.
Además, fundamentan
su petición, en que “corresponde ahora asegurar que el señor Asdrubal Marín
Poveda cumpla con sus deberes y pague lo que se obligó voluntariamente en acta
de conciliación ante el Juez 2o. Civil Mpal. de Tuluá. También es importante
decir que ni el DE. 2591/91 ni el D.306/92 dicen en ninguna parte que la acción
de tutela sirva para evadir el pago de obligaciones civiles, como la del
accionante”.
C.
Sentencia de Segunda Instancia.
El Tribunal Superior
de Buga, Sala de Decisión Penal, mediante sentencia del 6 de febrero de 1995,
resolvió revocar el fallo de tutela impugnado, y en su lugar, denegar la acción
de tutela, con fundamento en los siguientes considerandos:
* “.... Lo hasta aquí consignado precisa:
que Asdrúbal Marín Poveda y sus familiares que detentan predios contiguos al
suyo, en la carrera 28 de Tuluá, colindantes con los predios de Daniel Antonio
Patiño Herrera y Aura Maria Lozano de Vargas, abandonando la vía de
comunicación que sus predios tenían en la carrera 28, del lote común de la
familia y olvidando, no se sabe si de manera torticera, que debían prever esa
necesidad, determinaron de hecho, tomarse los lotes cuestionados para suplir la
necesidad por ellos creada. Entonces, al existir una conducta culposa de
parte del accionante, mal puede afirmarse que proceda tutela en su favor (...).
Como lo ha
reseñado la Sala, el accionante, en unión de algunos de sus familiares, creó
o crearon una situación de hecho que bien hubiesen podido evitar, ya
continuando con la cuasi-servidumbre del fundo familiar, ahora dejando de común
acuerdo la vía de acceso por sus predios, pues bien pudieron acordar
construir un area menor a la global de fondo, es decir, hacer sus viviendas sin
utilizar todos los 19.50 metros; o legalizar la servidumbre de hecho por el
predio colindante, por cuanto, como aparece en el plenario, para la anhelada
calle 43, el municipio, si bien hace referencia a ella, no determina por donde
debe hacerse, ni qué predio o predios requiere para ello o, por último,
adquirir el terreno requerido para su acceso a las viviendas.
El
accionante no es que no haya podido defender sus derechos conforme a las leyes
que reglamentan su ejercicio, sino que de manera personal, en forma arbitraria,
ha tratado de utilizar un predio particular, y por ello no puede ser
beneficiario de la acción de tutela para legalizar lo pretendido ilegalmente. Y es que Asdrúbal Marín Poveda no
está en estado de indefensión frente a los particulares que ha demandado en
acción de tutela (...).
Despréndese de lo
hasta aquí consignado, que la acción de tutela en este caso no es procedente y
debe de (sic) revocarse la decisión impugnada”.
* “Además, para aceptar la tutela como
mecanismo transitorio es menester determinar la irremediabilidad del perjuicio.(...)
El perjuicio irremediable, según el proveimiento de tutela, es la posibilidad
de perder su inmueble el señor Asdrúbal Marín Poveda, en razón del proceso
ejecutivo adelantado en su contra en el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Tuluá, en el que son demandantes Daniel Antonio Patiño Herrera y Aura Maria
Lozano de Vargas. Esta situación realmente calamitosa no es el resultado
de la dependencia en que el accionante se encuentra frente a los demandados en
la tutela, sino precisamente el resultado de su obrar arbitrario, de su propia
culpa, que lo ha llevado a desconocer una prohibición impuesta por la justicia
civil, y mal puede entonces esgrimirse la acción de tutela para terminar un
proceso civil, como en este caso, por cuanto de procederse así, se crearía una
patente de corso para acabar con la jurisdicción civil que vería amenazada su
autonomía, pues sus decisiones se tornarían inanes, o no podrían llegar
a tomarlas porque un nuevo fenómeno jurídico se lo impediría, como ha ocurrido
aquí al ordenarse la suspensión del proceso ejecutivo, levantándose las medidas
previas ordenadas, quedando el funcionario de esa jurisdicción despojado de su
autoridad legal” (negrillas y subrayas fuera de texto).
Efectuadas las
notificaciones de rigor, el expediente de tutela fue remitido por el Tribunal
Superior de Buga a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto en
el Decreto 2591 de 1991, y habiendo sido seleccionado por la Sala Tercera de
Selección de esta Corporación, entra la Sala Sexta de Revisión de Tutelas a
decidir.
III. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Primera. La
competencia.
Es competente esta
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia en
relación con el fallo proferido por el Tribunal Superior de Buga, Sala Penal,
con fundamento en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
Segundo. Del
problema jurídico.
El accionante
formula la acción de tutela como mecanismo transitorio, por la violación de su
derecho fundamental a transitar libremente por un lote de terreno ubicado entre
las carreras 27A y 28 con la “futura” calle 43 de la ciudad de Tuluá, pues
señala, que tanto a él como a sus familiares les ha sido interrumpido el acceso
a su vivienda, por la construcción de una casa y tendidos de alambre por parte
de los accionados.
Solicita al juez de
tutela, que se ordene al señor DANIEL ANTONIO PATIÑO y a la señora AURA MARIA
LOZANO concederle permiso para transitar libremente por su predio, que no se
ejerzan más acciones judiciales por éste hecho, y que además, se ordene la
nulidad del proceso ejecutivo que en su contra cursa en el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Tuluá, pues tiene como fundamento la sentencia No. 056 de
junio 12 de 1992, la cual en su debido tiempo pudo declararse nula por ser
violatoria de los derechos y garantías constitucionales que consagra la Carta
Política.
Con base en los
hechos y pretensiones del actor, debe entrar la Corte a determinar si en el
asunto sub-examine, es viable la acción de tutela entre particulares, al igual
que su procedencia para controvertir una providencia judicial que ha hecho
tránsito a cosa juzgada -la sentencia No. 056 del 12 de junio de 1992 proferida
por el Juzgado Primero Civil Municipal de Tuluá-.
Tercera. De
las pruebas que obran en el expediente.
Estima la Sala de
especial importancia, previa a la determinación de la procedencia de la tutela
contra particulares, examinar las pruebas que obran en el expediente, así como
las practicadas por este despacho.
3.1
Sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tuluá dentro del
proceso promovido por Daniel Antonio Patiño contra Asdrúbal Marín y otros.
El citado despacho
judicial, mediante providencia de agosto 28 de 1987, resolvió favorablemente
las pretensiones del demandante, condenando a los demandados a pena de prisión
y al pago de perjuicios materiales y morales por el delito de perturbación de
la posesión sobre inmueble, al determinar el juzgado que:
“Claramente se observa que los demandados querían evitar a toda
costa que Patiño Herrera construyera, y a pesar de saber que no tenían ningún
derecho sobre aquél inmueble, le impidieron mediante violencia construir.
Actuar ilícito este que no puede ser elevado a la categoría de legal, porque
posteriormente la administración declarará calle el sitio en controversia”.
3.2
Sentencia No. 056 de junio 12 de 1992.
El Juzgado Primero
Civil Municipal de Tuluá, dentro del proceso de restitución y entrega por
reivindicación de un inmueble, promovido por Daniel A. Patiño contra Nestor,
Walter y Asdrúbal Marín Poveda, resolvió lo siguiente, en relación con la
utilización indebida e ilegal por parte de los demandados del terreno del actor
como camino de acceso a sus viviendas, así como la perturbación de su derecho
de propiedad:
“El personero
judicial de la parte demandante ha promovido proceso reinvindicatorio por
estimar que el derecho de dominio de su poderdante ha sido perturbado por
cuanto se le ha impedido construir por parte de los vecinos al predio en
cuestión, igualmente porque dicho lote es transitado por los demandados
sin existir autorización para ello...
En el caso que
ocupa nuestra atención, se puede observar que los demandados han deseado
gravar el predio motivo del litigio con la servidumbre de tránsito, hecho que
no tiene razón de ser por cuanto la familia MARIN, al momento de adquirir el
predio, tenían acceso por el callejón aún existente según se comprobó en la
Inspección judicial, y que da frente al río, es decir, en la Carrera
28; este hecho lo comprobó el Despacho a través de la prueba testimonial
recepcionada...
Apoyando esta
prueba testimonial encontramos que a folio 38 del cuaderno principal en
el certificado de tradición del predio de propiedad de la familia MARIN, se
encuentra claramente la ubicación del callejón para el cual tienen derecho a la
servidumbre de tránsito cuando se lee: “Un lote de terreno, que mide
125.30 de frente, por 19.60 de fondo o centro, con derecho a la servidumbre de
un callejón, ubicado en el área urbana de Tuluá, en la Avenida Cali, o Carrera
27A”.
Actualizando este
hecho el sr. perito en su experticio, informa que el predio de la familia MARIN
linda por el oriente con la Carrera 28.
Con todo lo
anterior se puede demostrar que la familia MARIN tiene otra vía diferente
para transitar y no, únicamente el paso que existe por el predio del Sr. DANIEL
ANTONIO PATIÑO HERRERA y el lote de terreno de los herederos del Sr.
TEODOMIRO LOZANO, como descortesmente lo quiso hacer creer el Sr. BENCENIANO
MARIN POVEDA quien en su declaración dijo que por el techo era la única vía
para salir si se les impedía el paso por la presunta calle 43.
Conforme al Art.
905 del C. Civil, tiene derecho a la servidumbre de tránsito todo
propietario cuya heredad carece de salida a la vía pública o la existente es
tan dificil que hace casi imposible la salida a la vía pública, situaciones que
no se dan en el proceso sometido a estudio, pues el Despacho pudo comprobar que
el Callejón que queda frente al río, es amplio y queda al frente de la
propiedad de la familia MARIN, distinto es que hayan hecho una división
acomodaticia a sus necesidades del predio y conforme a dicha división les sea
más cómodo tener como frente la presunta Calle 43, pero mientras el
municipio de Tuluá no llene los requisitos legales para crear dicha vía
pública, los demandados deben continuar haciendo uso de la Calle llamada
callejón público, ubicado por el oriente de su predio.
R E S U E L V E :
1.- DECLARASE de
dominio pleno y absoluto el lote de terreno adquirido por el señor DANIEL
ANTONIO PATIÑO HERRERA...
2.- ORDENASE a
los señores NESTOR MARIN POVEDA, WALTER MARIN POVEDA, ASDRUBAL MARIN POVEDA...,
hacer uso del Callejón que da a la Carrera 28 y que fue otorgado como
servidumbre de tránsito al momento de adquirir el inmueble...
3.- PROHIBESE
a los señores NESTOR MARIN...., transitar por el predio del señor
DANIEL ANTONIO PATIÑO HERRERA y de la coadyuvante, sra. AURA MARIA LOZANO DE
VARGAS.
...
5.- PREVENGASE a
los señores WALTER MARIN..., que en caso de incumplir lo dispuesto en esta
providencia, en sus numerales 2o. y 3o. serán sancionados a pagar de dos a diez
salarios mínimos mensuales, al demandante por cada infracción. Art. 416 del
C.P. de Civil...” (negrillas y subrayas fuera de texto).
Cuarta. Inspección
judicial practicada por el Despacho del Magistrado Ponente.
Con el propósito de
tener un mejor conocimiento de los hechos que motivaron la presentación de la
demanda de tutela, el Magistrado Ponente ordenó la práctica de una inspección
ocular en la zona objeto del conflicto entre accionante y accionados, para lo
cual delegó al Magistrado Auxiliar, Doctor Guillermo Reyes González. La
diligencia tuvo lugar el día 25 de mayo de 1995, en el Municipio de Tuluá.
La diligencia fué
practicada con la asistencia de las siguientes personas: el señor Asdrúbal
Marín Poveda y demás miembros de la comunidad habitante en la zona ubicada
entre las carreras 27A y 28, frente a la orilla del río Tuluá y las calles 42 y
43 del Barrio Olímpico de la ciudad de Tuluá, Daniel Patiño Herrera y el
representante de la señora Aura María Lozano de Vargas, el abogado asesor de la
oficina jurídica de la Alcaldía Municipal de Tuluá, así como un funcionario del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
Inicialmente se
realizó un reconocimiento de la zona donde se encuentra ubicado el predio de
propiedad del accionante, entre carreras 27A y 28 y la futura Calle 43, para
efectos de determinar las vías de acceso a las viviendas situadas en ese
sector, y posteriormente, se escuchó a las partes interesadas. Con base en
dichas pruebas, el citado Magistrado Auxiliar, rindió a la Sala de Revisión, el
siguiente informe:
“1o.
Según se pudo observar, la única vía de acceso o entrada al predio habitado
por el señor Asdrubal Marín Poveda, así como a los predios de propiedad de
Gerardo Espinal, Erminia Marín, Aleyda Marín, Nestor Marín, Walter Marín,
Gabriela Marín, Carmen Marín y Pedro Villegas, ubicados entre carreras 27A y 28
y la futura calle 43, es a través de ésta, predios que en la actualidad son de
propiedad de los accionados. No se pudo constatar la existencia de vía de
acceso a través del denominado “callejón que da a la carrera 28 y que fue
otorgado como servidumbre de tránsito al momento de adquirir el inmueble con
matrícula inmobiliaria 384-0028555”, pues el mismo ya no existe, ya que la
vivienda del señor Asdrúbal Marín Póveda se dividió con otro predio, por medio
de una pared, cerrando de esa forma, cualquier posibilidad de ingreso o salida
por el denominado callejón de la carrera 28, quedando entonces como única vía
de acceso, los terrenos de propiedad del señor Patiño Herrera y de Aura María
Lozano de Vargas”.
2o.
“Se
pudieron comprobar diversas obras que sobre la denominada “futura calle 43”
viene adelantando el Municipio de Tuluá, a través de la Secretaría de Obras
Públicas y Planeación Municipal, como lo es la apertura de unos huecos en los
que se construirá el acueducto y alcantarillado de la zona, las cuales fueron
suspendidas por solicitud de los propietarios de los predios afectados, quienes
son los accionados de tutela, por cuanto aún el Municipio no les ha comprado
dichos terrenos”.
3o.
“Con
fundamento en las declaraciones rendidas por las personas que intervinieron en
la diligencia, se pudo constatar la existencia de un grave conflicto de
carácter personal y social entre el señor Marín Poveda y demás vecinos del
sector, con Daniel Patiño y la señora Aura Maria Lozano de Vargas, originada en
el hecho de que la familia Marín no tienen ninguna otra forma de acceso a su
vivienda, sino a través de los predios ubicados en la “futura calle 43”, de
propiedad de aquellos, por cuanto el callejón que daba al río ya no es
transitable por estar ampliadas las construcciones de las viviendas de los
Marín”.
4o. “De
acuerdo con la declaración de los accionados, el Municipio de Tuluá desde hace
algunos años, tiene el propósito de comprar los predios de Daniel Patiño y Aura
Lozano de Vargas, para construir en ellos la denominada “calle 43”, sin que a
la fecha hayan desembolsado suma alguna. Igualmente, agregaron que no se les ha
permitido la construcción en dichos terrenos, pues el municipio en virtud de
decisión del Concejo, declaró la zona como vía pública. En todo caso,
expresaron tanto el señor Daniel Patiño como el cónyuge de la señora Aura Maria
Lozano de Vargas, que tienen toda la intención de negociar dichos predios en
orden a que se realice la obra de prolongación de la calle 43 con carrera 28,
siempre y cuando se les cancelen las sumas correspondientes al avalúo efectuado
a los mismos”.
5o. “Cabe
destacar que la solución al problema según las declaraciones de todos los
intervinientes en la diligencia judicial, es de una parte, que el Municipio
haga efectiva la compra de los predios para la prolongación de la calle 43, y
la otra, que se permita en ejercicio del derecho a la libre locomoción, el
tránsito por la zona en conflicto del accionante y demás vecinos del sector,
quienes según se pudo constatar, no tienen otra forma de llegar a sus
viviendas”.
6o. “Finalmente,
durante la celebración de la diligencia judicial, el abogado asesor del departamento
jurídico de la Alcaldía de Tuluá, remitió, con destino al proceso, oficio en el
cual indica:
“El
Municipio tiene claras intenciones en comprar los siguientes predios:
1.
01-01-0056-0037-000
2.
01-01-0056-0001-000
3.
01-01-0056-0036-000
Para lo
anterior ha hecho las correspondientes apropiaciones presupuestales.
Aspiramos a que
no obstante los avalúos tienen más de seis (6) meses, haya ánimo por parte de
los propietarios, para negociarlos y así destinarlos a la prolongación de la
calle 43 con carrera 28”.
Es
del caso señalar, que al citado escrito se anexó copia del Registro
Presupuestal del Gasto del Municipio de Tuluá para 1995, donde aparece a folio
No. 000626, la descripción de una partida de $102.000.000.oo, destinada en el
programa de construcción y mantenimiento de vías, a la adquisición de
inmuebles (pavimentación carrera 28)”.
Quinta. Improcedencia
de la acción de tutela contra particulares.
Visto lo anterior,
corresponde a la Corte determinar si la acción de tutela en este caso es
procedente, teniendo en cuenta que quien la interpone y contra quienes se
dirige, son particulares.
En cuanto a la
procedencia de la acción de tutela frente a particulares, el artículo 86 de la
Constitución Política establece expresamente en su inciso final, que: “la ley
establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
Norma esta que tuvo
su desarrollo legal en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, en virtud del
cual se señalan los casos en los cuales la acción de tutela procede contra
particulares, que para el caso que ocupa la atención de esta Sala de Revisión,
sólo sería viable si se demuestra la relación de subordinación o indefensión
entre accionante y accionado -numeral 9o. del artículo ibídem-.
Ha sostenido esta
Corporación, que al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta
Política y 42 numeral 9o. del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es
procedente:
“cuando la
solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en
situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual
se interpuso la acción”.
En relación con el
estado de indefensión, ha expresado la jurisprudencia constitucional, lo
siguiente:
“El estado de indefensión
acaece o se manifiesta cuando la persona ofendida por la acción u omisión
del particular, sea éste persona jurídica o su representante, se
encuentra inerme o desamparada, es decir, sin medios físicos o jurídicos de
defensa o con medios y elementos insuficientes para resistir o repeler la
agresión o la amenaza de vulneración, a su derecho fundamental; estado
de indefensión que se debe deducir, mediante el examen por el Juez de la
tutela, de los hechos y circunstancias que rodean el caso en concreto”
(Sentencia No. T-161 de 1993).
Así mismo, en la
sentencia No. T-293 de 1994, esta Corporación manifestó:
“La indefensión
implica una situación en la cual el afectado se encuentra en posición de
impotencia ante el agresor; no puede hacer nada ante su conducta activa u
omisiva, excepto ejercer la acción de tutela, para buscar y obtener el
reconocimiento y eficacia de sus derechos amenazados o vulnerados. La persona
depende literalmente de la otra en el orden fáctico, de tal modo que le resulta
imposible evitar que lleve a cabo los actos violatorios o que cese en la
omisión que repercute en la lesión de la cual se queja. En ese sentido, la
tutela viene a ser el único medio jurídico a disposición del individuo para
invocar ante la administración de justicia, con posibilidad de efectos
prácticos, las garantías básicas que en abstracto le reconoce la Constitución”.
En razón a los
considerandos anteriores, es claro que se requiere para que sea viable la
demanda de tutela: 1) que la persona que interpone la acción de tutela
carezca de medios de defensa contra ataques o agravios que a sus derechos
fundamentales hagan otros particulares, contra quienes de dirige la solicitud; 2)
que al juez de tutela corresponde en el caso particular determinar el estado de
indefensión en que se encuentra el peticionario respecto del demandado, según
el tipo de vínculo que entre ellos exista, y 3) sólamente cuando la
relación se caracterice por esa situación de indefensión, no provocada por
quien formula la acción, procederá la tutela.
Conforme a las
precisiones anteriores, debe examinar la Corte con base en las pruebas que
obran en el expediente y de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda de
tutela, si se da el presupuesto de la indefensión, necesario para que sea
procedente el amparo.
5.1 Hechos
y situaciones relevantes para determinar si se da en el presente asunto el
requisito de la indefensión entre particulares.
En el asunto
específico, es un hecho cierto que se está en presencia de un conflicto de
derechos:
= de una parte, el derecho de propiedad y
dominio de los accionados en relación con sus predios ubicados en la calle 43,
entre carreras 27A y 28 de la ciudad de Tuluá, declarados de dominio pleno y
absoluto -según sentencia No. 056 de junio 12 de 1992, del Juzgado Primero
Civil Municipal-, y los cuales, según sus propietarios, les han sido
perturbados por Asdrúbal Marín, por pasar a través de ellos sin la debida
autorización.
=
de la otra, el
presunto derecho a la libertad de locomoción que les asiste al señor Marín y
demás familiares vecinos del sector de la “futura calle 43”, que se dice por
éstos vulnerado, al impedírseles transitar por los predios de los accionados,
que es, presuntamente, la única vía de acceso a sus viviendas.
Esta situación de
enfrentamientos entre los Marín y Daniel Patiño, que venía desde el año de
1985, tuvo como resultado la sentencia proferida dentro del proceso de
restitución y entrega por reivindicación de un bien inmueble, instaurado en
virtud de demanda formulada por el señor Patiño contra Asdrúbal Marín y otros,
por el Juzgado Primero Civil Municipal de Tuluá el 12 de junio de 1992, en la
que, entre otras cosas, prohibió al demandado y demás familiares, transitar por
los predios de Daniel Patiño y Aura de Vargas, indicándoles que tenían “una vía
de acceso adecuado, cual era el callejón público que da a la carrera 28”,
previniéndolos que de hacerlo, serían sancionados a pagar de dos a diez
salarios mínimos mensuales.
En la citada
sentencia, se indicó en la parte resolutiva, que los MARIN no tienen derecho a
servidumbre de tránsito, pues el Juzgado pudo comprobar que el callejón que da
a la carrera 28 es amplio y queda a todo el frente de la propiedad de estos,
por lo que no autorizó que siguieran utilizando como vía de acceso a sus
viviendas, la propiedad privada de los accionados.
Y agregó dicho
despacho judicial, que “distinto es que ellos hayan hecho una división
acomodaticia a sus necesidades del predio y conforme a dicha división les sea
más cómodo tener como frente la presunta calle 43...”.
No obstante en la
citada providencia se previno a los peticionarios a que, si seguían transitando
por los citados terrenos, se les impondrían sanciones pecuniarias, decidieron
desconocer dicho mandato judicial y continuar utilizando como vía de ingreso y
salida de sus predios, los mencionados lotes sin el permiso de sus
propietarios, lo que ha motivado numerosas denuncias y demandas, generando las
consecuentes sanciones y ejecuciones, que a través de la tutela, el demandante
pretende dejar sin efecto, lo que a la luz de la jurisprudencia constitucional
es improcedente, pues ello no corresponde al juez de tutela.
Ahora, frente al
propósito que persigue el señor Marín Poveda mediante la demanda de tutela,
cual es el que se desconozca la sentencia del Juzgado Primero Civil Municipal
de Tuluá, mediante la cual se reconoció en forma expresa el dominio pleno y
absoluto del lote de terreno adquirido por el señor Patiño Herrera, debe esta
Sala de Revisión reiterar que la propiedad es un derecho constitucional fundamental,
reconocido como lo fue en la providencia mencionada, cuyo contenido y mandato
no puede ser ignorado por el peticionario ni por los demás miembros de su
familia, vecinos de los accionados, pues ello atenta contra los derechos,
deberes y obligaciones consagrados en la Carta Política -artículos 1o., 2o., 58
y 95-.
Respecto del derecho
fundamental de la propiedad, esta Corporación se ha pronunciado en numerosas
ocasiones, de la siguiente manera[1]:
“El derecho de
propiedad reconocido y garantizado por la Carta Política, abarca todos los
derechos patrimoniales de una persona, esto es, los que recaen sobre las cosas
y los bienes, entendidos estos como los objetos inmateriales susceptibles de
valor, y que se desarrollan en el Código Civil, no cabe duda de que en este
sentido es un derecho fundamental, "aunque es una función social que
implica obligaciones", según la precisa evolución política, económica y
social. Por virtud de la regulación del ejercicio de este derecho en el Código
Civil y demás leyes que lo adicionan y complementan, en casos como el que se
resuelve, existen múltiples mecanismos ordinarios y extraordinarios,
jurisdiccionales y administrativos que garantizan y protegen tal derecho en
caso de ser vulnerado o amenazado, y que pueden ser utilizadas por sus
titulares”.
5.2
La fundamentación de la sentencia que se revisa para negar la tutela.
Es relevante
destacar, que el Tribunal Superior de Buga, en la sentencia de tutela que se
examina, negó el amparo con fundamento en que no se dan los requisitos exigidos
constitucional y legalmente para la procedencia de la acción entre
particulares. Al respecto, sostuvo esa Corporación, que:
“Asdrúbal Marín
Poveda y sus familiares que detentan predios contiguos al suyo, en la carrera
28 de Tuluá, colindantes con los predios de Daniel Antonio Patiño Herrera y
Aura Maria Lozano de Vargas, abandonando la vía de comunicación que sus
predios tenían en la carrera 28, del lote común de la familia y olvidando, no
se sabe si de manera torticera, que debían prever esa necesidad, determinaron,
de hecho, tomarse los lotes cuestionados para suplir la necesidad por ellos
creada. Entonces, al existir una conducta culposa de parte del accionante, mal
puede afirmarse que proceda la tutela en su favor.
(...)
Como lo ha
reseñado la Sala, el accionante en unión de algunos de sus familiares,
creó o crearon una situación de hecho que bien hubiesen podido evitar, ya
continuando con la cuasi-servidumbre del fundo familiar, ahora dejando de común
acuerdo la vía de acceso por sus predios, pues bien pudieron acordar
construir un area menor a la global de fondo...
El
accionante no es que no haya podido defender sus derechos conforme a las leyes
que reglamentan su ejercicio, sino que de manera personal, en forma arbitraria,
ha tratado de utilizar un predio particular, y por ello no puede ser
beneficiario de la acción de tutela para legalizar lo pretendido ilegalmente. Y es que Asdrúbal Marín Poveda no
está en estado de indefensión frente a los particulares que ha demandado en
acción de tutela, porque si bien, de acuerdo con lo observado por la
funcionaria de instancia, no tiene diferente medio de acceso a su vivienda, a
tal situación llegó por su propia determinación, y aunque pudo en determinado
momento hacer valer la servidumbre de tránsito que de hecho había constituido,
no acudió a la autoridad legal que le reconociera su derecho” (negrillas y
subrayas fuera de texto).
5.3 Improcedencia
en el presente caso de la tutela contra particulares por no existir relación de
indefensión entre accionante y accionados.
Encuentra la Corte,
que la acción de tutela en el presente caso es improcedente, lo que llevará a
esta Sala de Revisión a confirmar la providencia que se examina, por cuanto:
a) El accionante, por su propia voluntad, se
colocó en situación de indefensión respecto de los accionados, pues convirtió
su predio en ciego, ya que al dividirlo, cerró el acceso que a él tenía por el
callejón que da a la carrera 28, con el convencimiento de que podía utilizar
los terrenos de Daniel Patiño y Aura Lozano de Vargas, como vía de ingreso y
salida de su vivienda.
b) Como lo expresó el Juzgado Primero Civil
Municipal de Tuluá, y así se pudo comprobar en la diligencia de inspección
judicial practicada, Asdrúbal Marín “efectuó una división acomodaticia a sus
necesidades del predio y conforme a ella, determinó que le era más cómodo tener
como frente y entrada a su vivienda, la denominada futura calle 43”, cuyos
terrenos son de propiedad de los accionados, cerrando el acceso que tenía al
momento de adquirir el inmueble, cual era el callejón que da a la carrera 28 y
que fue otorgado como servidumbre de tránsito, según matrícula inmobiliaria
384-0028555, y dejando como única vía de entrada los citados lotes de Daniel
Patiño y Aura de Vargas.
En este sentido,
avala la Corte lo expresado por el a-quo, en cuanto a que, el demandante no es
que no haya podido defender sus derechos conforme a las leyes que reglamentan
su ejercicio, sino que de manera personal, en forma contraria a la ley, ha
tratado de utilizar predios particulares -de propiedad de Daniel A. Patiño y
Aura Maria Lozano de Vargas- para acceder a su vivienda, sin la debida
autorización ni permiso de sus propietarios, y además contra lo dispuesto en el
fallo del Juzgado Primero Civil Municipal de Tuluá, que le prohibió transitar
por los citados predios, so pena de las sanciones penales allí previstas, razón
por la cual no puede ser beneficiario de la acción de tutela para legalizar lo
pretendido ilegalmente.
Y es que, Asdrúbal
Marín Poveda no está en estado de indefensión frente a los particulares que ha
demandado en acción de tutela, porque si bien, no obstante lo observado en la
diligencia de inspección judicial y lo manifestado por el Director de
Planeación Municipal de Tuluá, en cuanto a que “el actor no tiene otro medio de
acceso a su vivienda”, a tal situación llegó por su propia determinación, y
aunque pudo hacer valer la servidumbre de tránsito que de hecho había
constituído -cual era el denominado callejón que da a la carrera 28-, no acudió
a la autoridad legal para que le reconociera su derecho.
Para la Corte
resulta claro en este caso, la aplicación del principio universal <Nemo
auditur propiam turpitudinem allegans>, según el cual, nadie
puede alegar en su favor su propia torpeza o culpa", y por tanto, si el
peticionario obró de tal forma que cerró la vía de acceso que tenía a su
vivienda, cual era el callejón de la carrera 28, bien porque amplió el tamaño
de su lote o porque lo dividió, haciendo caso omiso de que existía en su contra
una sentencia judicial que no sólo le ordenaba utilizar dicho callejón para
entrar y salir de su predio, sino que le prohibía utilizar los terrenos de
Daniel Patiño y Aura de Vargas como vía de acceso a sus viviendas, no puede
posteriormente invocar su propia culpa o negligencia, para aducir que se le
vulnera su derecho a la libertad de locomoción, cuando él mismo generó la
situación de indefensión en que se encuentra.
Se reafirma lo
anterior, con lo dispuesto en el artículo 95 de la Carta Política, en virtud
del cual, “Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano: 1) Respetar los derechos
ajenos y no abusar de los propios”.
Por lo tanto, no
puede decirse que la actitud asumida por los demandados, de prohibir el paso
del señor Asdrúbal Marín Poveda por sus predios, vulnere su derecho fundamental
a la libertad de locomoción, ya que de una parte, están ejerciendo su legítimo
derecho a defender su propiedad, reconocido como tal en la providencia del
Juzgado Primero Civil Municipal de Tuluá, y de la otra, actúan respaldados en
el título que les representa dicha sentencia, en la que no solo reconoció el
dominio pleno y absoluto de esos terrenos, sino que además, les prohibió al
peticionario y a sus familiares, transitar a través de ellos, so pena en caso
de incumplir dicha orden, de ser sancionados a pagar de dos a diez salarios
mínimos mensuales por cada infracción.
Por lo anterior,
ante la improcedencia de la acción de tutela, se confirmará el fallo que se
revisa, como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Sexta.
El juez de tutela no puede desconocer un fallo judicial proferido dentro
de un proceso ordinario, pues carece de competencia para ello.
Ya en reiteradas ocasiones
ha expresado esta Corporación y esta misma Sala de Revisión, que el juez de
tutela carece de toda competencia constitucional y legal, para entrar a
pronunciarse acerca del contenido de una providencia o sentencia judicial,
proferida por un juez ordinario, dentro del ámbito de su jurisdicción.
Así, el juez de
tutela no puede entrar a desconocer, modificar o aclarar el sentido y contenido
de una providencia, salvo el eventual y extraordinario caso de encontrar en
ella una vía de hecho, evento en el cual es procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio. En tal caso, el juez de tutela no está facultado para
entrar a debatir y analizar la cuestión litigiosa que se debate en el proceso,
sino que su competencia se enmarca exclusivamente al examen y verificación del
acto por el cual se viola o amenaza el derecho fundamental.
En el caso que se
examina, existe una providencia judicial, debidamente ejecutoriada que ha hecho
tránsito a cosa juzgada, proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de
Tuluá el 12 de junio de 1992, donde se definió el dominio pleno y absoluto del
predio adquirido por Daniel Antonio Patiño, se reconoció la existencia de un
callejón “que da a la carrera 28 y que fue otorgado como servidumbre de
transito”, que los miembros de la familia MARIN deben utilizar para acceder a
sus predios, y se les prohibió en consecuencia, transitar por los terrenos del
señor Patiño y de la sra. Aura Maria Lozano, previniéndolos que de hacerlo, se
les aplicarían las sanciones allí previstas. Sentencia ésta que la Sala de
Revisión no puede desconocer, y respecto de la cual no se da la existencia de
ninguna vía de hecho, y que además, tampoco fue objeto de los recursos que
contra ella procedían, por lo que quedó en firme y debidamente ejecutoriada,
según se anotó.
Por ello, entonces,
habiéndose definido en la instancia judicial pertinente el problema jurídico
existente entre los accionados y el peticionario, acerca del uso por parte de
este de los terrenos de aquellos para ingresar y salir de su vivienda, no puede
entrar la Corte a efectuar un nuevo pronunciamiento que desconozca lo allí
establecido, ni a modificar las condiciones fijadas en la referida sentencia,
pues de hacerlo, el juez de tutela incurriría en un abierto desconocimiento del
ordenamiento legal, que le impide inmiscuírse en asuntos de competencia de
otras jurisdicciones.
*
Necesidad de que las autoridades municipales adopten a la mayor brevedad
las medidas tendientes a solucionar el problema de la “Calle 43”.
No obstante la
improcedencia de la tutela, según lo expuesto, estima conveniente esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional, que, teniendo en cuenta que según el
oficio remitido por el abogado asesor de la oficina jurídica de ese despacho,
la Alcaldía Municipal de Tuluá dispone de la partida presupuestal destinada
para la adquisición de los terrenos por los cuales se realizará la construcción
y prolongación de la calle 43 -y que son de propiedad de los accionados-,
proceda a la mayor brevedad a la negociación y compra de los citados predios, y
de esa manera, se inicien las obras que pongan fin al problema actualmente
existente en el sector, entre los accionados y la familia Marín, que
eventualmente puede llegar a convertirse en un problema social de mayores
proporciones, según lo pudo comprobar esta Sala con base en la inspección
ocular practicada en la zona.
IV.
DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
PRIMERO: CONFIRMAR
la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Buga, Sala de Decisión
Penal, el día 6 de febrero de 1995, en relación con la acción de tutela
formulada por el señor Asdrúbal Marín Poveda.
SEGUNDO.
Por la Secretaría General de la Corte
Constitucional, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ
Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias Nos. T-15 de 1992 y T-195
de 1994. |
440 | T-277-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-277/95
ACTO
ADMINISTRATIVO-Presunción
de legalidad
CAJANAL mediante
actos administrativos que gozan de presunción de legalidad, de conformidad con
la Constitución y la ley, mientras no sean anulados o suspendidos por la
jurisdicción competente, le otorgó a la actora el derecho a la pensión de
jubilación y a la pensión gracia.
ACTO
ADMINISTRATIVO-Irrevocabilidad
Creada una
situación jurídica individual, como la que se configuró para la accionante,
ésta es irrevocable unilateralmente por la administración, salvo que concurra
el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho. Por lo tanto,
cuando un acto administrativo reconoce un derecho como el de la pensión de
jubilación o la pensión gracia en favor de una persona, dicho derecho no puede
ser revocado ni desconocido unilateralmente por la misma entidad de previsión
sin el consentimiento expreso y escrito de su beneficiario, porque ello atenta
contra los derechos adquiridos
CAJA NACIONAL DE
PREVISION SOCIAL-Expedición
de actos inconstitucionales/PENSION GRACIA/PENSION DOBLE
Si la misma Caja
ha llegado a la conclusión de que sus propios actos, que reconocen derechos
individuales de la actora, son violatorios del citado ordenamiento, lo
conducente no es impedir su ejecución sino hacer uso de las acciones
correspondientes, encaminadas a anular o suspender, por parte de la
jurisdicción competente las resoluciones respectivas ante la violación de la
Constitución o de la ley.
REF.: Expediente No. T-63273
PETICIONARIO: ROSA DILMA HEREDIA DE RINCON contra la
CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL.
PROCEDENCIA: Juzgado Segundo Penal Municipal de Santa
Fe de Bogotá.
TEMA: Derecho a la vida, a la igualdad, a la
seguridad social y al trabajo.
MAGISTRADO
PONENTE:
Dr. HERNANDO
HERRERA VERGARA.
Santa Fe de Bogotá,
junio 27 de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA, procede a
revisar el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Santa Fe
de Bogotá el diez (10) de febrero de 1995, en el proceso de tutela de la
referencia.
El expediente llegó
al conocimiento de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional por
remisión que le hizo el Juzgado Segundo Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Con
fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política, y 33 del Decreto
2591 de 1991, la Sala de Selección Número Tres (3) de la Corte Constitucional,
escogió, para efectos de revisión, la presente acción de tutela.
I. ANTECEDENTES.
La señora ROSA DILMA
HEREDIA DE RINCON, mediante apoderado presenta demanda de acción de tutela
contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la seguridad social y al
trabajo debido a que la entidad accionada no la ha incluído en nómina, pese al
reconocimiento de su pensión mediante Resolución No. 6211 del 8 de marzo de
1993, y también por dejar de cancelarle el pago de las mesadas pensionales a que
tiene derecho.
HECHOS:
1. A la señora ROSA DILMA HEREDIA DE RINCON,
le fue reconocida una pensión mensual vitalicia de jubilación en cuantía de
$55.409.70, efectiva a partir del 3 de marzo de 1992, por parte de la CAJA
NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, mediante resolución No. 6211 del 8 marzo de 1993.
2. El 4 de agosto de 1993, la accionante
radicó un memorial ante el Jefe de Registro de Pensiones de Canajal,
solicitando la inclusión en nómina y anexando fotocopia debidamente autenticada
del Decreto No. 000845 del 28 de junio de 1993, mediante el cual le fue
aceptada la renuncia al cargo que venía desempeñando.
3. Por no estar de acuerdo con la resolución
No. 6211 de 1993, el apoderado de la accionante presentó recurso de apelación.
4. Mediante Resolución No. 5268 del 14 de
diciembre de 1993 la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL resolvió el recurso de
apelación, y modificó la cuantía de la pensión por el valor de $57.615.01. Al
momento de notificarse, el apoderado de la actora solicitó que su representada fuera
incluida en nómina, y hasta la fecha ello no ha ocurrido.
PRETENSIONES:
Con fundamento en
los hechos expuestos, y en el Decreto 2591 de 1991, la accionante solicita que
se incorpore en nómina de pensionados, que se le paguen las mesadas atrasadas dejadas
de percibir y que se le otorguen los beneficios de acceder a los servicios
médicos asistenciales.
II. LA DECISION
JUDICIAL QUE SE REVISA.
El Juzgado Segundo
Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá, dictó sentencia el diez (10) de febrero
de 1995 y resolvió "Denegar los pedimentos impetrados por el Dr. EFRAIN
BONILLA CAMACHO, apoderado de la señora ROSA DILMA HEREDIA DE RINCON, con
fundamento en la acción de tutela presentada, conforme lo indicado en la parte
motiva". No obstante, el citado despacho judicial decidió "conceder
la tutela al DERECHO DE PETICION, ordenando a la DIRECCION DE LA CAJA NACIONAL
DE PREVISION SOCIAL, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas,
contadas desde la notificación de esta sentencia, proceda a dar respuesta a las
peticiones elevadas y reseñadas por el señor apoderado, notificando lo
pertinente a los interesados e informando a este juzgado sobre su
cumplimiento".-
El Juzgado
resolvió, con base en los siguientes argumentos:
"(...) Si
bien es cierto en la acción de tutela se indica que a la señora ROSA DILMA no
se le ha incluído en nómina en virtud del reconocimiento consignado en la
Resolución No. 6211 del 8 de marzo de 1993, no lo es menos que, como se aclara
en la Resolución No. 5268, no se le podía haber reconocido PENSION GRACIA,
porque ocupaba una cargo eminentemente administrativo, como era el de ECONOMA
en la NORMAL NACIONAL "LEONOR ALVAREZ PINZON", y como tal está
cobijada por las previsiones de la Ley 33 de 1985 para efectos de la liquidación
de su pensión, cargo que se demuestra fehacientemente con el decreto 0845 del
25 de junio de 1993, donde se le acepta la renuncia a una "funcionaria
administrativa" ( fl.45 ).
Evidentemente,
las leyes 50 de 1886, 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, regulan de manera
expresa la PENSION GRACIA exclusivamente para DOCENTES, entendiéndose por
PROFESION DOCENTE, según el artículo 20. del Decreto 2277 de 1979 "...el
ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en
los distintos niveles de que trata este Decreto. Igualmente incluye esta
definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación de
los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación
y capacitación educativa, de consejería y orientación de educandos, de
educación especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de
educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional en los
términos que determine el reglamentos ejecutivo".
En este orden de
ideas, y quedando claro que el cargo de ECONOMA, que venía desempeñando la
señora ROSA DILMA, no encaja dentro de la definición de la profesión docente,
como se indica en respuesta a nuestro pedimento (fl.26), dado el cargo de
carácter administrativo, a aquella se le reconoció Pensión Derecho del Decreto
1848 de 1969, que contempla en el artículo 68 que "todo empleado oficial
que preste o haya prestado sus servicios durante veinte (20) años, continua o
discontinuamente, en las entidades, establecimientos o empresas señaladas en
el artículo 1o de este decreto, tienen derecho a gozar de la pensión de
jubilación al cumplir cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón o
cincuenta (50) años de edad, si es mujer." Por manera que al satisfacer
estas exigencias, la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL produjo el acto
administrativo correspondiente, esto es la Resolución No. 11282, que dio lugar
a ser incluida en nómina, con una pensión de $124.942.48 pesos (fl.39),
radicándose su cancelación en la ciudad de Tunja. (...)
El profesional
del derecho manifiesta que se ha solicitado la inclusión en la nómina
respectiva, una vez notificado el apoderado de aquel entonces de la Resolución
5268 del 14 de diciembre de 1993, elevando pedimento radicado el 7 de marzo de
1994, allegado con la acción de tutela (fl.8).
Sobre este
aspecto, no obstante lo que quedó plasmado en esta providencia de la pensión
gracia y pensión derecho del Decreto 1848 de 1969, se tutelará el derecho de
los ciudadanos a recibir respuesta a sus peticiones, ordenando a la DIRECCION
DE LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL para que en el término de CUARENTA Y
OCHO (48) HORAS, contadas a partir de la notificación de este fallo, produzca
el pronunciamiento correspondiente y relativo a las solicitudes indicadas por
el Dr. BONILLA CAMACHO como no contestadas."
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera.
Competencia.
De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por el
Juzgado Segundo Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá.
Segunda. La
Materia.
La accionante
instaura demanda contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL para que sean
tutelados sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la seguridad
social y al trabajo. Considera que sus derechos se encuentran lesionados por no
haber sido incluída en la nómina de pensionados y por no haber recibido el pago
de las mesadas atrasadas.
El Magistrado
Ponente, mediante oficio dirigido a CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL dispuso
que dicha entidad informara si se han venido pagando las mesadas
correspondientes a la pensión vitalicia de jubilación que se le reconoció a la
señora ROSA DILMA HEREDIA DE RINCON en cumplimiento de la Resolución No. 11282
de fecha 09 de marzo de 1993 emanada de CAJANAL; si ha pagado las mesadas
correspondientes a la pensión vitalicia de jubilación que se le reconoció a la
señora ROSA DILMA HEREDIA DE RINCON en cumplimiento de las Resoluciones Nos.
6211 del 8 de marzo de 1993 y 5268 del 14 de diciembre de 1993 expedidas por
accionada; y finalmente, si se dio cumplimiento a la sentencia proferida por el
Juzgado Segundo Penal Municipal de la ciudad de Santa Fe de Bogotá el 10 de
febrero de 1995, en relación con la respuesta a las peticiones elevadas por el
apoderado de la señora ROSA DILMA HEREDIA DE RINCON, respecto a la inclusión en
nómina y el pago de la pensión que le fue reconocida mediante Resolución No.
6211 de 1993, modificada parcialmente por la Resolución No. 5268 del mismo año
en cuanto al monto de la asignación mensual en favor de la demandante.
La entidad
accionada, mediante escrito suscrito por el Coordinador de Asuntos Judiciales,
hizo saber a esta Corporación lo siguiente (folio 72):
"1. Según
certificación adjunta, expedida por la Coordinadora Grupo Nóminas, la señora
HEREDIA DE RINCON ROSA DILMA, ingresó en nómina en agosto/93, por Resolución
No. 11282/93 que reconoció Pensión Ordinaria (1848/69) y se le pagó las mesadas
(sic) atrasadas por la suma de $77.434.50 correspondiente a la diferencia entre
la fecha de retiro del servicio 1o. de julio/93 y el 1o. de agosto/93 fecha de
inclusión.
2. Respecto al
reconocimiento efectuado por Resolución 6211/93 y modificado por Resolución
5268/93 no se ha pagado valor alguno.
3. En cuanto al
fallo del Juzgado Segundo Penal, me permito manifestar que mediante oficio
C.A.J. 1027/95 emanado de este Grupo, se contestó la petición elevada por el
doctor Avellaneda Tarazona referente a la inclusión en nómina de su
representada ROSA DILMA HEREDIA DE RINCON."
Dentro de la
documentación enviada a esta Corporación, obra el oficio No. G.N. 2731 del 18
de mayo de 1995 suscrito por la Jefe de Nómina de la accionada, en el que se
expresa lo siguiente (folio 73):
"Con la
presente informo a usted que verificado el Listado General de Pensionados
figura relacionada:
NOMBRE :
HEREDIA DE RINCON ROSA DILMA
CEDULA :
20'313.463
RESOLUCION :
11282/93
FECHA DE INGRESO :
AGOSTO/93
VALOR PENSION :
$124.942,48
LUGAR DE PAGO :
CAJA AGRARIA DE TUNJA, BOYACA.
LISTADO DE
PAGOS ADMINISTRATIVOS:
NOMBRE :
HEREDIA DE RINCON ROSA DILMA
CEDULA :
20'313.463
RESOLUCION :
11282/93
NOMINA MESADAS
ATRASADAS: MAYO-DICIEMBRE/93
FECHA DE
CANCELACION: ENERO/94
VALOR CANCELADO :
$77.434,50
LUGAR DE PAGO :
CAJANAL SECCIONAL BOYACA
Con respecto a
las Resoluciones Nos. 5268/93 y 6211/93, estas se devolvieron según GN-510 de
Abril 18/94 dirigido al Grupo de Notificaciones por cuanto se trata de un
reconocimiento igual a la prestación de la cual goza pensión (sic) la señora
HEREDIA." (subrayado fuera del texto)
Así mismo, CAJANAL
envió copia de la respuesta dada a la petición de inclusión en nómina formulada
por el apoderado de la accionante, fechada el 27 de marzo de 1995 mediante la
cual le hace saber lo siguiente:
"Revisados
cuidadosamente los dos cuadernos administrativos, se establece que la señora
HEREDIA DE RINCON ROSA DILMA se desempeñó como funcionaria Administrativa
(ecónoma) de una Normal. (...)
Ahora bien,
solicita inclusión en nómina por la Resolución #5268/93 modificada por la
#6211/93, mediante la cual se reconoce, pensión graciosa en los términos de Ley
37/33 (sic), lo que no es viable jurídicamente en la medida en que una
operación de la administración no puede estar por encima de un precepto
constitucional, como lo es el Artículo 128 de la Carta Política.
Por lo tanto es
preciso que la pensionada exprese en forma inequívoca a cuál de los dos
reconocimientos se acoge para continuar incluida y consecuencialmente dar
consentimiento expreso para revocar el acto administrativo al cuál no se
acoge."
Presunción de
legalidad de los actos administrativos.
En el asunto
sometido a estudio de esta Corporación se presenta una discusión jurídica
acerca de un derecho que la accionante alega en su favor, en cuanto que
actualmente goza de una pensión de jubilación reconocida mediante la resolución
No. 11282 del 09 de marzo de 1993, pero a su vez solicita la inclusión en
nómina para que se le pague la pensión gracia que, a su juicio, le fue
reconocida mediante las resoluciones Nos. 6211 del 8 de marzo de 1993 y 5268
del 14 de diciembre de 1993, ambas expedidas por la entidad accionada.
Así mismo, CAJANAL
manifiesta que no le ha cancelado a la accionante suma alguna con base en éstas
últimas dos resoluciones, debido a que "se trata de un reconocimiento
igual a la prestación de la cual goza pensión (sic) la señora HEREDIA",
lo que en su concepto vulnera el artículo 128 de la Carta Política que prohibe
a los servidores públicos "recibir más de una asignación que provenga
del tesoro público, o de empresas o instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley".
Con fundamento en
las pruebas que obran en el expediente, y de conformidad con la jurisprudencia
que sobre el particular ha proferido esta Coporación, concluye la Sala que en
el caso sub exámine procede la acción de tutela por las siguientes razones.
La CAJA NACIONAL DE
PREVISION SOCIAL mediante actos administrativos que gozan de presunción de
legalidad, de conformidad con la Constitución y la ley, mientras no sean
anulados o suspendidos por la jurisdicción competente, le otorgó a la actora el
derecho a la pensión de jubilación y a la pensión gracia. Si a juicio de dicha
entidad los derechos reconocidos mediante las resoluciones Nos. 6211 y 5268 de
1993 no tienen fundamento legal, aquélla, de conformidad con el artículo 73 del
C.C.A., que establece que "Cuando un acto administrativo haya creado o
modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el
consentimiento expreso y escrito del respectivo titular...", (se
subraya), lo que indica que mientras no se produzca dicho consentimiento, la
Administración en forma directa no puede revocarlos u oponerse a su ejecución y
cumplimiento.
Al respecto, ha
sostenido el H. Consejo de Estado[1] que tanto el
artículo 24 del Decreto 2733 de 1959, subrogado por el Decreto 01 de 1984
(C.C.A.),como el inciso 1o. del 73 del C.C.A., tienen por finalidad, garantizar
la protección de los derechos individuales y la firmeza de las situaciones
jurídicas de carácter particular y concreto, para que no puedan ser revocados
ni los unos ni las otras, en forma unilateral por la administración.
Lo que se busca con
la prohibición o restricción legal al ejercicio de la revocatoria por parte de
la administración, se funda en la inmutabilidad de los actos administrativos
que hayan consagrado un derecho subjetivo a favor de un particular
-inmutabilidad que se sustenta en la necesaria seguridad jurídica que debe
asistir a los administrados en sus relaciones con la administración-, los
cuales gozan del principio de la irrevocabilidad por parte de la
administración, a fin de evitar que ésta sea el juez de sus propios actos.
En consecuencia,
creada una situación jurídica individual, como la que se configuró para la
accionante en virtud de las resoluciones Nos. 6211 y 5268 de 1993 emanadas de
CAJANAL, ésta es irrevocable unilateralmente por la administración, salvo que
concurra el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho. Pero en
caso de que este no se produzca, la misma Administración, si estima que sus
propios actos riñen con la Constitución o la ley, debe ejercer contra ellos las
acciones pertinentes ante la jurisdicción contencioso administrativa como
organismo competente para anular o suspenderlas provisionalmente.
En el caso sub
exámine, encuentra la Corte que la entidad accionada se ha sustraído de la
ejecución de su propio acto, tal como se expresa en el oficio C.A.J. No. 1027
del 27 de marzo de 1995, por medio del cual dió cumplimiento a la orden de
resolver la petición formulada por el apoderado de la accionante, según lo
dispuso el Juzgado de instancia, en la que el Coordinador de Asuntos Judiciales
manifiesta que "solicita inclusión en nómina por la Resolución #5268/93
modificada por la #6211/93 (sic), mediante la cual se reconoce, pensión
graciosa en los términos de la ley 37/33, lo que no es viable jurídicamente en
la medida en que una operación de la administración no puede estar por encima
de un precepto constitucional, como lo es el Artículo 128 de la Carta
Política."
Ciertamente el
citado precepto constitucional prohibe la percepción simultánea de dos
asignaciones provenientes del Tesoro Público. Pero agrega "Salvo los
casos expresamente determinados por la ley", lo que indica que si la
misma Caja ha llegado a la conclusión de que sus propios actos, que reconocen
derechos individuales de la actora, son violatorios del citado ordenamiento, lo
conducente no es impedir su ejecución sino hacer uso de las acciones
correspondientes, encaminadas a anular o suspender, por parte de la
jurisdicción competente las resoluciones respectivas ante la violación de la
Constitución o de la ley.
De manera que, la
finalidad perseguida por la accionada, mediante la referida respuesta, es no
acatar su propia decisión adoptada a través de las citadas resoluciones, sin
que para ello haya solicitado el consentimiento expreso y escrito del
respectivo titular, como lo ordena el artículo 73 del C.C.A.
Como lo señaló esta
misma Sala en providencia No. T-516 del 10 de noviembre de 1993, cuando un acto
administrativo reconoce un derecho como el de la pensión de jubilación o la
pensión gracia en favor de una persona, dicho derecho no puede ser revocado ni desconocido
unilateralmente por la misma entidad de previsión sin el consentimiento expreso
y escrito de su beneficiario, porque ello atenta contra los derechos
adquiridos, los cuales se encuentran plenamente garantizados por el artículo 58
de la Carta Política.
En el caso presente,
no se encuentra acreditado que la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, a través
de su Directora haya revocado las resoluciones que reconocen los derechos de la
actora sino que fue un funcionario de superior jerarquía de la misma entidad,
en el oficio que obra a folio 74, quien manifestó que una operación de la
Administración no puede estar por encima de un precepto constitucional, lo que
de un lado implica desconocer los mismos actos de la Caja, que gozan de
presunción de legalidad mientras no sean anulados o suspendidos por la
jurisdicción competente, y del otro equivale a convertirse en juez de sus
propios actos, lo que le está vedado a la misma Administración.
De conformidad con
lo anterior, encuentra la Sala que el fallo objeto de revisión deberá
revocarse, y en su lugar acceder a la tutela instaurada por la señora ROSA
DILMA HEREDIA, ordenando a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL que incluya a
la accionante en nómina para el pago de las mesadas pensionales, de conformidad
con las resoluciones Nos. 6211 de 1993, modificada por la No. 5268 del mismo
año, sin que haya lugar al pago de las mesadas atrasadas que, de conformidad
con la jurisprudencia de la Corporación, no es procedente la tutela por existir
otros medios de defensa judicial. Tampoco resulta pertinente ordenar que se
otorguen los servicios ordenar que se otorguen los servicios médicos
asistenciales que están ya derivados de la primera resolución que reconoció la
pensión a la demandante.
IV. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional obrando en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado
Segundo Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá el diez (10) de febrero de 1995
en cuanto negó la tutela de los derechos de la accionante, y en su lugar CONCEDER
la protección de los derechos de la accionante. En consecuencia, se ordena a la
CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL incluir en la nómina de pensionados para pago
hacia el futuro de las mesadas pensionales a la señora ROSA DILMA HEREDIA DE
RINCON, identificada con cédula de ciudadanía No. 20'313.463, de conformidad
con el reconocimiento que la entidad efectuó mediante las resoluciones Nos.
6211 y 5268 de 1993.
Para hacer la
inclusión en nómina, la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL dispondrá del término
de 48 horas, contadas a partir de la notificación de la presente providencia.
SEGUNDO. NIEGANSE
las demás solicitudes de
la demanda.
TERCERO. LIBRENSE
por Secretaría las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cfr. Consejo de Estado, Sentencia de
mayo 6 de 1992. Sección Segunda. |
441 | T-278-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-278/95
PERJUICIO
IRREMEDIABLE-Inexistencia/ACCION
DE TUTELA-Improcedencia/PRESTACIONES SOCIALES-Pago/JURISDICCION
LABORAL/EMPLEADOS DEL CLUB DE TELECOM
El no pago
oportuno de los salarios y prestaciones adeudados al trabajador da lugar a la
sanción moratoria de los denominados salarios caídos, cuya decisión
corresponde a la justicia del trabajo, y en tales circunstancias no puede el
juez de tutela sustituir al juez laboral cuando existen otros medios de defensa
judicial, para la definición de esta clase de conflictos.
FALLO DE TUTELA-Cumplimiento inmediato/FALLO DE TUTELA
REVOCADO-Efectos cuando se han pagado sumas/PAGO DE LO DEBIDO
En el evento de
que la entidad accionada ya hubiese efectuado los pagos reclamados por los
demandantes, dado el efecto inmediato que deben tener las sentencias de tutela
de instancia, en relación con las acreencias adeudadas recibidos por los
accionantes, de buena fe, de conformidad con el artículo 83 de la Constitución
Política, tales emolumentos no deben ser reembolsados como consecuencia de la
improcedencia de la acción de tutela, ya que se trata del pago de lo debido a
los mismos peticionarios, aunque ordenado hacer efectivo por un medio de
defensa judicial diferente.
REFERENCIA: Exp. No. T- 68797
PETICIONARIO:LEONOR HERNANDEZ y OTROS contra el CLUB
SOCIAL TELECOM.
PROCEDENCIA: Juzgado Sesenta y Cinco Penal del
Circuito de Santa Fe de Bogotá.
TEMA: Pago de salarios, auxilio de transporte y
prima legal.
MAGISTRADO
PONENTE:
Dr. HERNANDO
HERRERA VERGARA.
Santa Fe de Bogotá,
junio 27 de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA, procede a
revisar los fallos proferidos por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Santa
Fe de Bogotá el veinticuatro (24) de febrero de 1995, y por el Juzgado Sesenta
y Cinco Penal del Circuito de esta ciudad el treinta y uno (31) de marzo del
mismo año en el proceso de tutela de la referencia.
El expediente llegó
al conocimiento de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional por
remisión que le hizo el Juzgado Sesenta y Cinco Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991.
Con fundamento en
los artículos 86 de la Constitución Política, y 33 del Decreto 2591 de 1991, la
Sala de Selección Número Cinco (5) de la Corte Constitucional, escogió, para
efectos de revisión, la presente acción de tutela.
I. ANTECEDENTES.
1. Los señores LEONOR HERNANDEZ, MARIA DEL
CARMEN MENDOZA, GUSTAVO MONTES, BLANCA CECILIA BOGOTA BALLESTERO, MERCEDES
JIMENEZ, MERCEDES MUETE DE RODRIGUEZ, SILENIA TRIANA MELO, LIGIA TRIANA, MYRIAM
GALVIS DE HURTADO, DIOSELINA SANDOVAL,TERESA LAVERDE, FLOR ANGELA MORENO, MARIA
NANCY BOCACHICA, MARIA RAQUEL SALAMANCA, CAMPO ELIAS GIL PARRA, BLANCA INES
RODRIGUEZ DE BELLO, GLORIA BARRETO, MARIA STELLA AVILA ORJUELA, MYRIAM
MARTINEZ, GLORIA GUEVARA DE DAZA, SONIA GUIRAL QUEVEDO, DIONICIO BELTRAN,
NOHORA STELLA GARZON, GILMA SALAMANCA, ROSA EVELIA RODRIGUEZ MURCIA, LUZ MYRIAM
GUERRERO, BLANCA I. RODRIGUEZ, ANA ISABEL PENAGOS RODRIGUEZ, LUIS EDUARDO
SILVA, ROQUE CERON ESPITIA, ANA ELSA DURAN RIAÑO, TERESA SALAMANCA, TERESA
RODRIGUEZ, MARLENE CASALLAS, BERNARDO MARTINEZ, MARTHA MARIA SANCHEZ, ANA SIXTA
VARGAS, presentan demanda de acción de tutela contra el CLUB SOCIAL TELECOM, en
escritos separados, por considerar que esta entidad les ha vulnerado el derecho
fundamental al trabajo como consecuencia del no pago de los salarios y el
auxilio de transporte por el período comprendido del 1 al 30 de enero, primera
quincena del mes de febrero de 1995 y prima legal de 1994.
Las referidas
demandas fueron acumuladas de conformidad con lo dispuesto por el Juzgado
Setenta y Tres Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá al que le correspondió
hacer el reparto, mediante auto del 14 de febrero de 1995, por tratarse de
demandas contra la misma persona "destinadas a obtener el pago de
salarios, auxilio de transporte y la prima legal, por parte de 37 empleados de
esa empresa".
2. Los accionantes, al momento de instaurar
las respectivas demandas de tutela, laboraban en el CLUB DE TELECOM y estaban
vinculados mediante contrato individual de trabajo a término indefinido.
3. Afirman los demandantes que desde el día
30 de diciembre de 1994 el CLUB SOCIAL TELECOM les adeuda las sumas
correspondientes a salario, auxilio de transporte y prima legal de diciembre, a
pesar de lo cual siguen laborando en dicha entidad.
4. Expresan además que en varias
oportunidades se han dirigido al Gerente de la entidad accionada en forma
escrita y verbal sin obtener solución alguna a sus peticiones.
PRETENSIONES
Los accionantes
solicitan lo siguiente:
"1. Se
ordene al CLUB SOCIAL TELECOM, con domicilio en ésta ciudad, representado
legalmente por el señor ALFONSO SANCHEZ CARDENAS o por quien haga sus veces, a
PAGARME los salarios con el Auxilio de Transportes retenidos del período
comprendido del 1 al 30 de enero de 1995.
2. Se ordene al
CLUB SOCIAL TELECOM, con domicilio en ésta ciudad, representado legalmente por
el señor ALFONSO SANCHEZ CARDENAS, mayor de edad, con domicilio y residencia en
ésta ciudad, o por quien haga sus veces a PAGARME la PRIMA LEGAL del mes de
diciembre de 1994".
II. LA DECISIONES
JUDICIALES QUE SE REVISAN.
1. Sentencia
proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá.
El Juzgado Segundo
Penal Municipal, previamente a adoptar la decisión de fondo, ordenó recibir la
declaración de los accionantes LEONOR HERNANDEZ, LIGIA TRIANA, LUIS EDUARDO
SILVA, SILENIA TRIANA DE MELO, MARIA NANCY BOCACHICA y TERESA RODRIGUEZ, y del
Gerente del CLUB SOCIAL TELECOM. Así mismo ofició a la accionada a fin de que
fueran enviados con destino al expediente los documentos correspondientes a los
últimos estados financieros aprobados por la Asamblea, últimos estados
financieros auditados por Revosoría Fiscal, últimas actas de la Asamblea de
Socios y últimas actas del Consejo Directivo o Junta Directiva. Así mismo
practicó diligencia de inspección judicial en la Alcaldía Mayor de Santa Fe de
Bogotá, División de Personerías Jurídicas, a fin de verificar algunos hechos
relacionados con el objeto de la acción de tutela.
El Juzgado Segundo
Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá, dictó sentencia el veinticuatro (24) de
febrero de 1995 y resolvió denegar las acciones de tutela presentadas por los
empleados del CLUB SOCIAL TELECOM contra la misma entidad por las siguientes
razones:
"Como se
refleja en las probanzas, la situación de carácter económico por la que
atraviesa el CLUB SOCIAL TELECOM no es la más óptima, siendo los propios
accionantes quienes plantean como solución la liquidación, previendo problemas
mayores ante la ausencia de fondos para el cubrimiento de sus acreencias
laborales. Igualmente es importante destacar que frente a la imposibilidad de
consecución de un préstamo, como consta en el Acta de Junta Directiva No. 1 del
24 de febrero de 1995, "los trabajadores aceptan la posibilidad de
retirarse" y sobre el ofrecimiento del pago de sus prestaciones sociales
en 36 meses o en su defecto seguir trabajando pero sin poderles cumplir con sus
sueldos, "aceptan proponer individualmente sus requerimientos y concertar
la renuncia a sus cargos". (Fl.190).
(...) El
legislador ha previsto que "cuando la mala situación coloca al patrono en trance
de clausurar su empresa, de liquidarla parcialmente o de disminuir su personal,
no puede hacerlo por propia y exclusiva iniciativa sino que haya de acudir ante
las autoridades administrativas del trabajo en busca de permiso para adoptar
esas medidas. Y serán tales autoridades las que, luego de hacer todas las
investigaciones y análisis que crean convenientes, le permitirán al empresario
cesar definitivamente sus labores, rebajar su intensidad o reducir la planta de
trabajadores en el número que esas mismas autoridades y no el patrono
consideren prudente o suficiente para que se preserve la vida de la empresa, al
eliminarse costos excesivos salariales". (Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral, Sección Segunda, Sentencia Mayo 21 de 1986).
En este orden de
ideas, resulta evidente la carga prestacional a favor de los trabajadores del
CLUB SOCIAL TELECOM, cuya cancelación se ha retardado en razón a las
dificultades económicas del mismo, sin que emerja la posibilidad en este
momento, de ordenar un pago-pretensión principal y única de los accionantes-,
ante aquellas circunstancias, determinadas con los diferentes estados
financieros, máxime que existen disposiciones legales que permiten llevar ante
la jurisdicción laboral las controversias jurídicas que se originen directa o
indirectamente de un contrato de trabajo, entre éstas, el pago de salarios y
prestaciones sociales, imdemnizaciones por despido y demás derechos que estén
en el ordenamiento jurídico."
Así mismo, debido a
la gravedad de la situación financiera de la entidad accionada, el a quo
dispuso ordenar la intervención del Ministerio de Trabajo, a través de la
División de Inspección y Vigilancia "con la finalidad de garantizar
tales derechos en caso de eventuales suspensiones de las actividades de la
empresa, o su liquidación, pretendida por algunos empleados, máxime que, como
se anotó, las dificultades económicas del empleador pueden conllevar la
terminación del contrato de trabajo, sin desconocer naturalmente los derechos
adquiridos."
Una vez notificado
el fallo dictado por el Juez Segundo Penal Municipal de la ciudad de Santa Fe
de Bogotá, los accionantes procedieron a impugnarlo. En escrito presentado por
el señor LUIS EDUARDO SILVA se expresó que "lo que buscamos al
instaurar la Acción de tutela era que a través de un trámite rápido se nos
tutelaran los derechos al TRABAJO Y LA SUBSISTENCIA FAMILIAR, ya que si
iniciaremos (sic) un proceso Laboral Ordinario, duraría más de dos (2) años
para resolver nuestras peticiones, tiempo éste que no es posible esperar ya que
no tenemos para contratar un profesional del derecho para que nos represente, e
igualmente no tendríamos los medios para que nuestra familia subsistiera
durante el tiempo que dura el proceso, razón por la cual nos tocó acudir a la
ACCION DE TUTELA".
2. Sentencia
proferida por el Juzgado Sesenta y Cinco Penal del Circuito de Santa fe de
Bogotá.
El Juzgado Sesenta y
Cinco Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, dictó sentencia el treinta y
uno de marzo de 1995, revocando la decisión tomada por el Juzgado Segundo Penal
Municipal de ésta ciudad, y en su lugar concedió la tutela a los trabajadores
del CLUB SOCIAL TELECOM como mecanismo transitorio de protección de sus
derechos, ordenando la cancelación inmediata de los salarios dejados de
percibir, así como el resto de emolumentos atrasados, para lo cual concedió un
término de ocho días hábiles a la accionada, contados a partir de la fecha del
fallo.
Los fundamentos de
la decisión adoptada por parte del juez de segunda instancia fueron los
siguientes:
"No
desconoce esta instancia que estamos frente a un caso en que la situación de
conflicto en que se hallan los trabajadores del Club Social Telecom,
corresponde juzgarla a la Jurisdicción Laboral Ordinaria, sin embargo, ante la
dilación que presentan ésta clase de procesos, en primer lugar porque solo
existen Dieciséis Juzgados Laborales radicados en ésta ciudad; lo que de suyo
hace dispendioso evacuar con prontitud las reclamaciones de los sujetos
demandantes. Y en segundo lugar, porque la situación en que se encuentran
sumergidos los accionantes, así como sus familias que dependen de la
manutención de éstos es impostergable, si se tiene en cuenta que a raíz de la
aparición de ésta circunstancia, los solicitantes no sólo han sufrido un
desmedro económico en su patrimonio sino que la misma situación ha originado un
retroceso en el curso normal de sus deberes, que como sujetos de derechos y
obligaciones los precitados habían contraído; lo que de por sí hace más gravosa
la situación, como el hecho de que sus hijos no puedan asistir a un plantel
educativo, porque no existen los medios para lograr tal propósito. Derecho
sustancial que no se puede seguir violando, ya que la circunstancia misma no
puede seguir desencadenando, ni terminar por vulnerar los derechos
fundamentales de la niñez y la juventud, cuando además de estos principios
surge el soporte moral de las instituciones educativas, y lo que su desarrollo
conlleva, para garantizar ese derecho al aprendizaje.
(...) En este
orden de ideas, se recurre a ésta figura jurídica para que su aplicación
demanda la inminencia del perjuicio, inminencia que "amenace o esté por
suceder prontamente". Y si lo ajustamos a nuestro caso, éste se constituye
en una amenaza incontenible, porque no se pueden detener las secuelas sufridas
por el hecho. Sin embargo, el empleo oportuno de éste mecanismo, puede evitar
el desenlace funesto de tal situación conllevaría.
(...) Así las
cosas, y habida consideración de los planteamientos esgrimidos en los acápites
anteriores, ésta instancia habrá de revocar el proveído impugnado, y en su
lugar tutelará los derechos que le asisten a los accionantes. En el sentido de
ordenar el pago inmediato de los salarios y el resto de emolumentos dejados de
percibir, desde el mes de diciembre del año inmediatamente anterior así como
los generados, hasta tanto subsista esa relación contractual; ordenando
restablecer el derecho conculcado, amparado en el perjuicio irremediable, como
mecanismo transitorio."
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1. La
Competencia.
De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar los fallos proferidos por el
Juzgado Segundo Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá el 24 de febrero de 1995,
y por el Juzgado Sesenta y Cinco Penal del Circuito de esta ciudad el 31 de
marzo del mismo año.
2. La Materia.
Improcedencia de
la acción de tutela. Perjuicio irremediable.
Para esta
Corporación es claro que en el asunto sub exámine la acción de tutela resulta
improcedente, tal como lo ha manifestado reiteradamente a través de su
jurisprudencia, por cuanto los accionantes cuentan con otro mecanismo de
defensa judicial como lo son las acciones laborales ante la jurisdicción del
trabajo por incumplimiento del contrato respectivo, pues lo que pretenden es
obtener que "Se ordene al CLUB SOCIAL TELECOM, con domicilio en ésta
ciudad, representado legalmente por el señor ALFONSO SANCHEZ CARDENAS o por
quien haga sus veces" a efectuar el pago de "los salarios con
el Auxilio de Transportes retenidos del período comprendido del 1 al 30 de
enero de 1995" y además solicitan que por vía de tutela "Se
ordene al CLUB SOCIAL TELECOM, con domicilio en ésta ciudad" a que les
cancele "la PRIMA LEGAL del mes de diciembre de 1994".
En cuanto a la
improcedencia de la acción de tutela por existir otros medios de defensa
judicial, basta recordar lo expresado por esta Corporación mediante la
sentencia No. T-036 de 1994 (M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo):
"Una vez más
debe la Corte ocuparse en examinar el sentido constitucional de la acción de
tutela, mecanismo que resulta desfigurado en sus alcances y finalidades cuando
se lo usa con el propósito de revivir oportunidades procesales ya precluídas o
de provocar mañosamente nuevos pronunciamientos judiciales sobre puntos
definidos.
Vuelve a decir la
Corporación que el instrumento previsto en el artículo 86 de la Carta Política
no corresponde a una nueva instancia ni constituye procedimiento alternativo o
paralelo a los ordinarios ni los sustituye.
Conviene recordar
lo afirmado por la Sala Plena en Sentencia C-543 de octubre 1º de 1992:
"...tan sólo
resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento
constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces,
esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (artículo 86, inciso 3°,
de la Constitución)"
(...)
"...no es
propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a
reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento
sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de
los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito
específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la
Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y
supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales
fundamentales.
En otros
términos, la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución
eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que
implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de
las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de
ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta
eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones
normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a
una clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona su
derecho fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto
para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable entendido éste
último como aquél que tan sólo puede resarcirse en su integridad mediante el
pago de una indemnización (artículo 6º del Decreto 2591 de 1991).
Así, pues, la
tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado,
para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la
excepción dicha- la acción ordinaria.
La acción de
tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea
el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales.
Se comprende, en
consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y,
más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede
pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor
del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la
sola existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella
haya culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede
afirmarse que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los
derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo
acreditan sus remotos orígenes. En el sentir de esta Corte, nadie puede alegar
que careció de medios de defensa si gozó de la oportunidad de un proceso y
menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los recursos de
que disponía. Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro del
proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el
sistema jurídico en obedecimiento a claros principios constitucionales
(artículos 29 y 31 de la Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los
mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la tutela
como última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el
alegato de su propia incuria contra el principio universalmente aceptado y
desvirtúa el carácter subsidiario de la acción. Sobre el tema ha declarado la
Corte Constitucional a propósito"
(...)
"...la
acción de tutela no puede asumirse como un sistema de justicia paralelo al que
ha consagrado el ordenamiento jurídico en vigor. El entendimiento y la
aplicación del artículo 86 de la Constitución tan solo resultan coherentes y
ajustados a los fines que le son propios si se lo armoniza con el sistema. De
allí que no sea comprensible como medio judicial capaz de sustituir los
procedimientos y las competencias ordinarias o especiales, pues ello llevaría a
un caos no querido por el Constituyente".
En ese orden
de ideas, no es admisible la utilización de la tutela cuando existen otros
medios de defensa judicial, salvo el caso del perjuicio irremediable, tal como
lo estatuye el artículo 86 de la Constitución.
Tampoco cabe
intentar la acción cuando quien se considera afectado o amenazado en uno de sus
derechos fundamentales gozó de oportunidades procesales para su protección y
dejó de aprovecharlas, permitiendo que se vencieran los términos contemplados
en la ley. Si así acontece, el amparo constitucional no puede tomarse como
opción adicional para suplir el cuidado y diligencia que el interesado ha
debido observar.
Ya sobre este
punto se pronunció la Sala Tercera de Revisión en los siguientes términos:
"Si, (...)
el titular de la acción ordinaria no hace uso de ella dentro del tiempo que la
ley le otorga, no podrá esperar que el Estado despliegue su actividad
jurisdiccional para ofrecerle la protección que necesita, pero su situación,
entonces, no es imputable al Estado o a sus agentes, sino que obedece a su
propia incuria, a su negligencia, al hecho de haberse abstenido de utilizar los
medios de los cuales gozaba para su defensa. En tales situaciones, menos aún
puede ser invocada la tutela, por cuanto no es ésta una institución establecida
para revivir los términos de caducidad ni para subsanar los efectos del
descuido en que haya podido incurrir el accionante". (Cfr. Corte Constitucional.
Sentencia T-07 del 13 de mayo de 1992).
En el proceso que
se analiza es clara la preexistencia de otros medios de defensa judicial a los
cuales ha podido acogerse el accionante. Repárese en que su solicitud de
nulidad de lo actuado fue planteada en forma extemporánea, tal como lo subrayó
la Corte Suprema de Justicia. Mal podía entonces, prosperar la acción de tutela
incoada." (lo
subrayado no es de la sentencia)
Esta Sala considera
oportuno reiterar que la acción de tutela, aún existiendo otros mecanismos de
defensa judicial de los derechos fundamentales, resulta viable cuando, de
conformidad con el artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, aquella se instaure
"como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable." No obstante, dicha disposición señala que "La
existencia de dichos medios (de defensa judicial) será apreciada en concreto,
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el
solicitante."
En relación con el
perjuicio irremediable, la Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de
expresar que, para que este se configure no basta la sola afirmación del
acionante, sino que aquél debe estar plenamente acreditado en el proceso, y que
además se adopte como mecanismo transitorio mientras se resuelve el derecho por
parte del juez competente para decidir la situación en forma definitiva.
Así se expresó en
sentencia No. T-458 de 1994, M.P. Dr. Jorge Arango Mejía:
"(...) Sin
embargo, vale la pena reiterar que la irremediabilidad del perjuicio, implica
que las cosas no puedan retornar a su estado anterior, y que sólo pueda ser
invocada para solicitar al juez la concesión de la tutela como "mecanismo
transitorio" y no como fallo definitivo, ya que éste se reserva a la
decisión del juez o tribunal competente. Es decir, se trata de un remedio
temporal frente a una actuación arbitraria de autoridad pública, mientras se
resuelve de fondo el asunto por el juez competente.
En el caso que
nos ocupa, la situación que se presenta no es irremediable, pues como el
perjuicio alegado está en posibilidad de desaparecer, de prosperar el recurso
de apelación interpuesto por el actor contra la decisión de la Inspección,
resulta ilógico considerarlo como irremediable. Por lo demás, tampoco se
observa que dicho perjuicio, de conformidad con la sentencia T-225 del 15 de
junio de 1993 (Magistrado ponente doctor Vladimiro Naranjo Mesa), sea grave o
inminente."
No obstante lo
anterior, en el caso sub exámine no encuentra la Sala acreditado en el proceso
el perjuicio irremediable para que hubiese podido ordenarse el pago de las
sumas adeudadas a los accionantes como mecanismo transitorio, y no definitivo,
frente a la sola afirmación de los demandantes sobre las consecuencias
derivadas del incumplimiento por parte de la accionada a causa de la difícil
situación económica por la que atravieza el CLUB SOCIAL TELECOM.
De esta manera la
orden de pago de las acreencias adeudadas no conduce a la adopción de una
medida transitoria, mientras el juez competente resuelve el fondo del asunto,
sino de carácter definitivo, lo que en estos casos no es propio de la
competencia del juez de tutela, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corporación.
Por otro lado, el
Código Sustantivo del Trabajo establece en forma clara que el no pago oportuno
de los salarios y prestaciones adeudados al trabajador da lugar a la sanción
moratoria de los denominados salarios caídos, cuya decisión corresponde a la
justicia del trabajo, y en tales circunstancias no puede el juez de tutela
sustituir al juez laboral cuando existen otros medios de defensa judicial, para
la definición de esta clase de conflictos, de conformidad con la jurisprudencia
de la Corporación.
Ciertamente a juicio
de la Corte, el argumento esgrimido por el Juez de segunda instancia- en el
sentido de que a pesar de admitir la competencia para el caso planteado, de la
jurisdicción laboral ordinaria ante la dilación que presentan esta clase de
procesos por existir solamente diez y seis juzgados laborales radicados en esta
ciudad, debe acudirse a la acción de tutela- carece de respaldo constitucional
y legal, ya que no solamente conduciría a crear un verdadero caos judicial,
sino a desvirtuar y desnaturalizar la verdadera finalidad de este instrumento
democrático, concebido en la Constitución de 1991 como mecanismo de protección
de los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando el afectado no dispone
de otro medio de defensa judicial, el cual no puede ser utilizado para
reemplazar los procesos ordinarios o especiales encaminados a la definición de
los conflictos jurídicos, ni para desplazar a los jueces competentes por parte
de los ciudadanos, en la escogencia de instancias alternativas expeditas,
alterando las jurisdicciones preexistentes.
Por las razones
expuestas, esta Sala de Revisión procederá a revocar el fallo objeto de
revisión, y en su lugar se dispondrá declarar improcedente la presente acción
de tutela, por existir otros mecanismos de defensa judicial; y también por las
demás razones que se han dejado anotadas en esta providencia. No obstante lo
anterior, en el evento de que la entidad accionada ya hubiese efectuado los
pagos reclamados por los demandantes, dado el efecto inmediato que deben tener
las sentencias de tutela de instancia, en relación con las acreencias adeudadas
recibidos por los accionantes, de buena fe, de conformidad con el artículo 83
de la Constitución Política, tales emolumentos no deben ser reembolsados como
consecuencia de la improcedencia de la acción de tutela, ya que se trata del
pago de lo debido a los mismos peticionarios, aunque ordenado hacer efectivo
por un medio de defensa judicial diferente.
IV. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional obrando en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado
Sesenta y Cinco Penal del Circuito de esta ciudad el treinta y uno (31) de
marzo de 1995 y en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
instaurada por los accionantes en contra del CLUB SOCIAL TELECOM por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.
Declárase que no hay lugar
a ordenar la devolución de los emolumentos pagados a los demandantes, que fueron
materia de la acción promovida por los mismos.
TERCERO. Líbrense
por secretaría las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
442 | T-279-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-279/95
EXCEPCION DE
INCONSTITUCIONALIDAD EN TUTELA/RECURSOS-Naturaleza/MULTA-Improcedencia de su pago
Es la tutela un
mecanismo apropiado para obtener la inaplicación en el caso concreto de la ley
u otra norma de carácter general que imponga restricciones que atenten contra
el debido proceso, el derecho de defensa o el acceso a la justicia, si como
consecuencia de su observancia se vulneran o amenazan derechos fundamentales de
las personas. La tutela objeto de estudio se constituye en el mecanismo
jurídico apropiado para que se inaplique el artículo 8o. de la Ley 1a. de 1963,
pues la exigencia en él consagrada relativa al previo pago del valor de la
multa para que el afectado pueda presentar los recursos correspondientes en vía
gubernativa, no se ajusta a lo dispuesto en la Carta Política, y esta situación
es causa de la vulneración de los derechos fundamentales de defensa y de acceso
a la justicia de la accionante.
REF.: Expediente No. T- 64143
PETICIONARIO: AMALIA MARTINEZ AVELLA, representante
legal de PROASER LTDA. contra la INSPECCION NACIONAL DEL TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL DE SOGAMOSO.
TEMA: Debido
proceso.
MAGISTRADO
PONENTE :
Dr. HERNANDO
HERRERA VERGARA.
Santa Fe de Bogotá,
junio 27 de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Sexta de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA,
procede a revisar los fallos proferidos en primera instancia por Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Sogamoso el 22 de noviembre de 1994, y en
segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa
de Viterbo el 2 de febrero de 1995.
El expediente llegó
a conocimiento de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional por remisión
que le hizo el citado Tribunal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31
del Decreto 2591 de 1991.
Con fundamento en
los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la
Sala de Revisión # 3 de la Corte Constitucional, escogió, para efectos de
revisión, la presente acción de tutela.
I. INFORMACION
PRELIMINAR.
1. La señora AMALIA MARTINEZ AVELLA, en su
condición de representante legal de la sociedad PROFESIONALES EN ADMINISTRACION
DE SERVICIOS "PROASER" Ltda. presentó acción de tutela contra la
INSPECCION NACIONAL DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SOGAMOSO, ya que
considera que le fue vulnerado el derecho al debido proceso a la compañía que
representa, como consencuencia de la imposición de una multa mediante
resolución No. 033 del 27 de julio de 1994 por valor de $2'961.000.oo.
2. Afirma la representante legal de la
sociedad accionante que ésta interpuso los recursos de reposición y apelación
contra dicha resolución, y que la entidad accionada, mediante resolución No.
045 del 23 de agosto de 1994, al desatar los recursos, "optó" por
rechazarlos, "con el argumento de que la Empresa ha debido consignar el
dinero de la multa, para poder recurrir".
3. Considera la señora AMALIA MARTINEZ AVELLA
que el derecho al debido proceso le fue vulnerado a la sociedad accionante
"ya que en varias oportunidades la Honorable Corte Constitucional, ha
manifestado que en tratándose de multas, etc. no es necesario consignar dinero
alguno para que la persona afectada, pueda efectuar los procedimientos legales
establecidos (sic)". En su demanda, cita algunas decisiones de la
Corte Suprema de Justicia (Sala Plena, septiembre 4 de 1970, Gaceta Judicial TCXXXVII,
sentencia marzo 30/78); así mismo hace referencia a la sentencia de esa
Corporación de fecha 25 de julio de 1991 que declaró inexequible el artículo
140 del C.C.A. (Jurisprudencia y Doctrina, T.XXI No. 241, pág. 14 y ss.
Enero/92), y a la sentencia No. T-450 de 1994 de la Corte Constitucional, que a
su juicio, tienen relación con su caso.
4. La accionante solicita que se tutele
transitoriamente el derecho al debido proceso con el fin de evitar un perjuicio
irremediable "ya que si bien, se puede recurrir al Honorable Tribunal
Contencioso Administrativo de Boyacá, para buscar la nulidad de las
resoluciones impugnadas, su trámite, por el número de negocios que allí se
tramita, sería tan dispendioso, que cuando se falle, ya ha sido cobrado el
dinero de la multa, ocasionando un perjuicio irremediable al interés económico
de la Empresa que represento, por cuanto esta clase de cobros es por la vía
coactiva, que limita mucho más la defensa de nuestros intereses".
II. LAS
PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE SE REVISAN.
El Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Sogamoso, mediante providencia del 22 de noviembre de
1994, resolvió negar la tutela interpuesta por la representante legal de la
sociedad accionante, como mecanismo transitorio de protección de sus derechos,
"dada su improcedencia ya que el presunto perjuicio que se quiere
evitar no tiene la connotación jurídica de irremediable". El citado
despacho judicial consideró que:
"no está a
criterio de la Accionante ni del Juzgador de Tutela el determinar cuál es el
perjuicio que tiene esa connotación jurídica de irreparable sino que, por el
contrario, legalmente se calificó como tal el 'que solo puede ser reparado en
su integridad mediante una indemnización'.
El artículo 1o.
del decreto 306 del 9 de febrero de 1992 establece, CONTRARIO SENSU: 'art.1o.
(...) no existe perjuicio irremediable (...) cuando el interesado pueda
solicitar a la Autoridad Judicial competente que disponga el restablecimiento o
protección del Derecho, mediante la adopción de disposiciones como las
siguientes (...) e) orden de restitución o devolución de una suma de dinero
pagada por razón de una multa (...).
Lo dispuesto en
este artículo se aplicará también en los eventos en los cuales legalmente sea
posible que además de las órdenes y autorizaciones mencionadas se condene al
pago de perjuicios en forma complementaria.'
Se concluye de lo
expuesto que el perjuicio aludido en la Tutela NO TIENE EL CARACTER DE
IRREMEDIABLE y afectado este requisito legal se afecta la utilización de la
Tutela como mecanismo transitorio".
La representante
legal de la sociedad accionante interpuso recurso de apelación contra dicho
fallo y expuso las mismas razones que consignó en la demanda, y agregó que
"Para garantizar y salvaguardar la Constitución de Colombia, no se
necesita que exista un perjuicio irremediable particular, ya que la infracción
a nuestra Norma Rectora, produce un perjuicio irremediable general, porque se
pone en peligro toda la estructura jurídica de la Nación." Agregó que
"si así se hizo por orden de la Honorable Corte Constitucional, para la
acción de tutela interpuesta por la Sociedad 'EQUIPOS SUIZOS LTDA.' contra el
ISS Seccional Cundinamarca, no vemos la razón jurídica, para que en nuestro
caso, exactamente igual, en su motivación, no se tutele nuestro derecho, que no
viene a ser el nuestro, sino el de toda la comunidad, que ve cómo se ha
vulnerado toda la estructura jurídica, al violarse la Constitución Nacional,
por parte del Señor Inspector Nacional de Trabajo y Seguridad Social, al restringir
el derecho consagrado en Ella, de ser oído, y de tramitar los recursos, que no
son otra cosa que el derecho de Petición, contra sus propias providencias
(sic)".
El Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala Laboral, mediante
providencia del 2 de febrero de 1995, resolvió confirmar la sentencia proferida
por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso del 22 de noviembre de
1994, con fundamento en las siguientes consideraciones:
"Para la
Sala en el caso bajo examen no se ha violado el derecho constitucional
fundamental al debido proceso a la accionante, si se tiene en cuenta que una
vez dictada la resolución No. 033 del 27 de julio de 1994 se enteró la
sancionada mediante notificación, y es tanto así que la impugnó con los
recursos establecidos en la ley, por lo tanto se le estaba garantizando el
debido proceso. Otra cosa es que por mandato legal, art. 8o. de la Ley 1a. de
1963, para que la interposición de cualquier recurso previamente se debía consignar
el valor de la multa, y como en efecto éste requisito no se acató, mal puede
concluirse violación al debido proceso. Lo que hubo por parte de la tutelante
fue rebeldía, situación muy diferente de lo que ampara la C.N. que es ajena al
derecho fundamental en comento.(...)
Entonces, como
conclusión la accionante dispone de otros medios judiciales directamente o sea,
sin la necesidad de agotar los recursos de la vía gubernativa a la luz de los
artículos 51, 62, 63 y 135 del C.C.A., conforme así lo expresó la Honorable
Corte Constitiucional en la sentencia que obra como prueba."
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
PRIMERA.
COMPETENCIA.
La Corte
Constitucional es competente, a través de esta Sala de Revisión, para proferir
sentencia en relación con las providencias dictadas por el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Sogamoso y por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala Laboral, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 86, inciso tercero, y 241 numeral 9o. de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 36 del Decreto 2591 de
1991.
SEGUNDA. EL CASO OBJETO DE ESTUDIO.
La señora AMALIA
MARTINEZ AVELLA, obrando en su condición de representante legal de la sociedad
PROASER LTDA. acude al mecanismo de la acción de tutela con el fin de que le
sea protegido el derecho al debido proceso que considera le fue vulnerado a
ésta compañía, como consecuencia de la inadmisión de los recursos de reposición
y apelación que formuló contra la resolución No. 033 del 27 de julio de 1994,
por medio de la cual la entidad accionada impuso una multa a PROASER LTDA. por
el incumplimiento en el pago oportuno de los salarios a algunos de sus
empleados, toda vez que para admitir y tramitar los referidos recursos en vía
gubernativa, se le exigió el pago previo del valor de dicha multa, la cual no
canceló argumentando que el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo
fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia
del 25 de julio de 1991 en la parte que establecía que en las demandas de
impuestos, tasas, contribuciones o multas que se exijan, o de créditos
definitivamente liquidados a favor del Tesoro Público "deberá
acompañarse el respectivo comprobante de haberse consignado, en calidad de
depósito, la suma correspondiente. (...) El comprobante de depósito de que se
trata se refiere a los casos en que leyes especiales exijan la consignación
previa de la suma líquida o debida. En los demás casos bastará que
se otorgue caución a satisfacción del ponente para garantizar el pago con los
recargos a que haya lugar en cuanto fuere desfavorable lo resuelto" (Lo
subrayado fue declarado inexequible). Además, la representante legal de la
accionante cita en su demanda la sentencia No. T-450 de 1994 emanada de esta
Corporación, y cuyo ponente fue el Dr. José Gregorio Hernández, la cual, a su
juicio, sustenta las pretensiones, pues en ésta sentencia la Corte se pronunció
en un asunto similar al ocurrido a la sociedad PROASER LTDA.
En el caso sub
exámine, al desatar los recursos, la INSPECCION NACIONAL DEL TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL DE SOGAMOSO resolvió "Rechazar el recurso de
reposición y en subsidio de apelación" argumentando que "La
fuente jurídica por la cual, el Despacho, le haya indicado que para hacer uso
de los recursos de la vía gubernativa previamente debía consignar el valor
de la multa impuesta, no es otro que el artículo 8o. de la Ley 1 de 1963.
la cual se encuentra vigente, toda vez que se trata de una disposición que se
refiere de manera especial a los actos administrativos de las autoridades
laborales, es decir, de aquí su imperioso cumplimiento para que ésta oficina,
procediera a resolver el recurso interpuesto."
Previamente al
estudio del caso sub exámine, esta Corporación encuentra indispensable analizar
el contenido de la sentencia No. T-450 de 1994 a fin de establecer si la
doctrina constitucional en él expuesta se aplica o no al presente asunto.
En efecto, en esa
oportunidad la Corte Constitucional se pronunció sobre la violación del derecho
fundamental al debido proceso de la sociedad accionante, como consecuencia de
la imposición de una multa por parte del Instituto de Seguros Sociales, cuyo
pago se le exigió con fundamento en el Decreto 2665 de 1988 "Por el
cual se expide el Reglamento General de sanciones, cobranzas y procedimientos
del Instituto de Seguros Sociales", que en el artículo 63 establece
que, tratándose de decisiones mediante las cuales se impongan sanciones,
únicamente procede el recurso de reposición en vía gubernativa ante el mismo
funcionario que la profirió; si se refiere a una multa, señala dicha
disposición que "sólo se concederá el recurso cuando con el escrito
en que se interponga se acompañe el recibo de depósito correspondiente al valor
de la multa o del reembolso, expedido por el Recaudador debidamente autorizado
por el ISS". (el subrayado no es del texto)
Esta Corporación, en
el referido fallo No. T-450 de 1994, examinó las restricciones que pueden
establecerse para acceder a la administración de justicia y si ello atenta o no
contra el debido proceso, y sustentó su análisis en la citada sentencia de la
Corte Suprema de Justicia del 25 de julio de 1991. En esa oportunidad la Corte
Constitucional señaló lo siguiente:
"Es preciso
que en el campo de las restricciones de este tipo se distinga entre aquéllas
que se imponen por la ley y las que provienen de actos administrativos de
carácter general y también entre las que bloquean el acceso a la administración
de justicia y las que coartan el derecho de defensa dentro de la vía
gubernativa."
En el mismo
pronunciamiento, esta Corporación hizo referencia a las consideraciones que la
Corte Suprema de Justicia adelantó en la mencionada sentencia del 25 de julio
de 1991, y expresó lo siguiente:
"La Corte
Suprema de Justicia, en Sentencia número 86 del 25 de julio de 1991 (M.P.: Drs.
Simón Rodríguez Rodríguez y Pablo J. Cáceres Corrales), al declarar inexequible
parte del artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, a cuyo tenor en
las demandas contra impuestos, tasas, contribuciones y multas o de créditos
definitivamente liquidados a favor del tesoro público, debía acompañarse el
respectivo comprobante de haberse consignado en calidad de depósito la suma
correspondiente, manifestó:
'Contradice esta
exigencia la garantía que la Constitución consagra a toda persona, en su
artículo 229, de acceder a la administración de justicia, puesto que (...)
obliga al interesado a cumplir con la sanción que ha impuesto la Administración
de manera absoluta, sin permitir siquiera el uso de garantías u otro mecanismo
de idéntica naturaleza para asegurar el pago de la multa o de la suma debida,
en la hipótesis de una sentencia desfavorable a sus pretensiones.
El tipo de multa
que por hechos contravencionales u obligaciones de orden cambiario, tributario,
etc, imponen o liquidan las autoridades del ramo, hace inaccesible la justicia
a quienes tienen derecho de controvertir ese acto sancionatorio y la
administración, en ese caso, posee la atribución de bloquear la acción de la
jurisdicción con la imposición de multas o la definición de obligaciones de
magnitudes en ocasiones inalcanzables para los afectados. Pero aunque la
sanción no llegara a niveles imposibles desde el punto de vista económico para
las personas demandantes, el artículo 140 compele a tomar semejante obligación
sin alternativa alguna, antes del juicio y quebrantando, así, la garantía que
la Constitución de 1991 en su artículo 229 ha consagrado expresamente a quienes
necesitan de las definiciones judiciales para establecer la legalidad del acto
administrativo que decreta tal obligación'."
La sentencia No.
T-450 de 1994, acogió el criterio expuesto por esta Corporación en la sentencia
No. C-599 de 1992. La Corte Constitucional manifestó en esa ocasión:
"La misma
tesis fue adoptada por la Corte Constitucional en Sentencia C-599 del 10 de
diciembre de 1992 (M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz), mediante la cual se declaró
inexequible el artículo 26 del Decreto 1746 de 1991, que hacía similar
exigencia para ejercitar las acciones ante la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo en materia de infracciones cambiarias.
Dijo la Corte en
esa oportunidad:
'Ahora bien, la
Constitución Política de 1991 establece como un derecho fundamental la
posibilidad de todos los asociados de acceder a las decisiones de la
administración de justicia, sin limitaciones que puedan dejar truncas las
posibilidades de obtener la declaración judicial de su derecho; resulta así
contrario al principio de obtener pronta y cumplida justicia un precepto que
impone el pago anticipado de la obligación, a juicio del deudor no debida,
cuando justamente es la existencia o el monto de la misma lo que sería objeto
de declaración judicial.
(...) En
efecto, ante la sola posibilidad de que el error de la administración en la
tasación del monto de la obligación o en la existencia de la misma pueda tener
lugar, su pago resulta una exigencia inadmisible para ejercitar las acciones que
ante la justicia autoriza el ordenamiento jurídico colombiano. Lo anterior
no quiere significar que se elimine la presunción de legalidad del contenido
patrimonial de los actos administrativos, que continúa, según sentir de la
Corte, en todos sus efectos, salvo para hacer exigible el pago efectivo de las
obligaciones como condición previa para disponer de las acciones judiciales.
De suerte que el
acto será legal y sus efectos, a cargo de los obligados de manera
ininterrumpida y con las consecuentes sanciones indemnizatorias a favor de la
administración, en aquellas oportunidades que a la postre resulten ajustadas a
derecho en cuanto a la existencia y monto de las obligaciones respectivas. Las
razones expuestas imponen la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo
26 del Decreto 1746 de 1991, por contrariar el artículo 229 de la Constitución
Política'." (el
subrayado no es del texto)
En el fallo No.
T-450 de 1994, concluyó la Corporación su análisis sobre el aspecto en comento,
diciendo:
"Como puede
verse, los aludidos fallos hacían referencia a la imposición de un requisito de
orden legal pero que resultaba contrario a la Constitución en cuanto impedía el
acceso a la administración de justicia.
La providencia de
la Corte Suprema de Justicia dejó en claro que, dada la índole del precepto, el
motivo de inconstitucionalidad consistía en lo dicho, mas no en el
desconocimiento del derecho de defensa, pues 'la obligación de que se trata, y
cuyo cumplimiento es condición sine qua non para la admisión de la
demanda, no quebranta el principio del debido proceso, consagrado
en el artículo 29 de la Carta vigente, porque cabalmente, el precepto demandado
es la "ley preexistente" a todo juzgamiento de que habla el referido
texto constitucional...' (subrayado en el original)"
En la citada
providencia, la Corte Constitucional tuteló los derechos de la sociedad
accionante pues la exigencia del pago previo de una multa a fin de admitir y
tramitar un recurso en vía gubernativa, estaba consagrado en una disposición
reglamentaria que per se negaba al entonces accionante el derecho de
defensa inherente al ejercicio de los recursos en vía gubernativa. En esa
oportunidad dijo la Corporación:
"En el caso
sometido a revisión, el choque entre el artículo 63, inciso 2º, del Decreto
2665 de 1988 y el artículo 29 del Estatuto Fundamental no puede ser más
evidente: mientras el precepto constitucional, aplicable a todas las
actuaciones judiciales y administrativas, garantiza el derecho de la persona a
defenderse como uno de los elementos esenciales del debido proceso, la norma
reglamentaria niega de plano las posibilidades de defensa inherentes al
ejercicio de los recursos por la vía gubernativa contra la imposición de una
multa cuando previamente no se ha acreditado el pago de la sanción."
(subrayado fuera del texto)
Claro está,
puede suceder que el ataque contra el derecho fundamental o la amenaza que se
cierne sobre él provengan de la aplicación que se haya hecho o se pretenda
hacer de una norma -legal o de otro nivel- que resulta incompatible con la
preceptiva constitucional. En esa hipótesis es indudable que surge la
posibilidad de ejercitar en forma simultánea la llamada excepción de
inconstitucionalidad (artículo 4º C.N.) y la acción de tutela (artículo 86
Ibídem), la primera con el objeto de que se aplique la Constitución a cambio
del precepto que choca con ella, y la segunda con el fin de obtener el amparo
judicial del derecho.
(...)
Según lo antes
expuesto, la norma que en esta oportunidad se inaplica no puede ser tachada de
inconstitucionalidad por impedir el acceso a la administración de justicia, pues
lo que obstaculiza es el ejercicio del recurso de reposición, cuya
interposición, se repite, no es indispensable para acudir ante la jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo.
Su
incompatibilidad con la Constitución es manifiesta por otro motivo: mediante un
acto de carácter administrativo (decreto reglamentario) se introducen
condiciones de índole pecuniaria y de forzoso acatamiento para ejercer el
derecho de defensa ante las autoridades, afectando así el debido proceso.
Si en el caso de
normas de jerarquía legal pudo expresar la Corte Suprema de Justicia que ellas
configuraban la ley preexistente requerida para todo proceso judicial o
administrativo por el artículo 29 de la Carta, no puede decirse lo mismo en el
caso que nos ocupa, dada la naturaleza típicamente administrativa de la
normatividad que consagra la restricción. Más aún, ésta última fue plasmada en
el artículo 63 del Decreto 2665 de 1988 sin sustento en la preceptiva legal que
reglamentaba, contenida en el Decreto-Ley 1650 de 1977, cuyo artículo 33
dispuso: "Las multas de que trata el presente estatuto se impondrán
mediante resolución motivada, sujeta a los recursos propios de la vía
gubernativa del procedimiento contencioso administrativo, conforme a las normas
legales sobre la materia" (se subraya).
Del criterio
expuesto por la Corte Constitucional en la jurisprudencia referida, se concluye
lo siguiente:
1. Los requisitos
establecidos por la ley u otra norma jurídica que no sea de jerarquía
constitucional que impidan u obstaculicen el derecho al acceso a la justicia, y
en consecuencia, desconozcan en ese aspecto el debido proceso, son contrarios a
los artículos 29 y 229 de la Carta Política.
2. La misma
conclusión se aplica si se trata de requisitos o exigencias que impidan el
derecho de defensa dentro de la vía gubernativa.
3. Tratándose la ley
u otro tipo de normas de carácter general, si no han sido declaradas
inexequibles o anuladas por la jurisdicción contencioso administrativa, según
el caso, de conformidad con el artículo 4o. de la Carta Política que establece
que ésta "es norma de normas" y que "En caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales", es procedente aplicar
la llamada excepción de inconstitucionalidad con el objeto de que se aplique la
Constitución, a cambio del precepto que choca con ella.
4. De acuerdo con el
criterio expuesto en la referida sentencia No. T-450 de 1994, es la tutela un
mecanismo apropiado para obtener la inaplicación en el caso concreto de la ley
u otra norma de carácter general que imponga restricciones que atenten contra
el debido proceso, el derecho de defensa o el acceso a la justicia, si como
consecuencia de su observancia se vulneran o amenazan derechos fundamentales de
las personas, pues, como ya lo señaló la Corporación en el citado fallo: "la
vía de tutela es apta para lograr que se inaplique al caso específico una norma
incompatible con la Constitución, si la aplicación de la misma es a la vez
causa de la violación o amenaza de los derechos fundamentales del
petente".
Ahora bien, en el
caso sub exámine encuentra la Corte que el artículo 8o. de la Ley 1a. de 1963,
disposición sobre la cual la entidad accionada exigió el previo pago de la
multa impuesta a PROASER LTDA. a fin de resolver en vía gubernativa los
recursos de reposición y apelación interpuestos contra la resolución No. 033
del 27 de julio de 1994, norma sobre la cual también sustentó su rechazo según
se observa en la parte motiva de la resolución No. 045 del 23 de agosto del
mismo año, expresa lo siguiente:
"El Gobierno
establecerá las sanciones que garanticen el cumplimiento de las normas sobre
salarios y pensiones. Las multas que se fijen por este concepto, y en general
todas las dispuestas por las autoridades laborales y las impuestas por
violaciones al control de precios y por acaparamiento o especulación se
cobrarán por jurisdicción coactiva, y su valor deberá consignarse
previamente a la interposición de cualquier recurso sobre ellas.
(...)"
De conformidad con
el criterio jurisprudencial expuesto, esta disposición legal se convierte en un
obstáculo que impide el ejercicio del derecho de defensa de la sociedad
accionante dentro de la vía gubernativa, pues exige el pago previo del monto de
la multa que le fue impuesta mediante resolución No. 033 de 1994, como
requisito previo para que PROASER LTDA. pueda interponer los recursos de
reposición y subsidiario de apelación, como lo hizo, y cuya consecuencia fue el
rechazo de tales mecanismos de defensa por parte de la INSPECCION NACIONAL DEL
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SOGAMOSO.
Además, la
aplicación de dicha disposición de la Ley 1a. de 1963 por parte de la entidad
accionada impide el acceso a la justicia y el ejercicio del derecho de defensa
de PROASER LTDA., desconociendo así los artículos 29 y 229 de la Carta, y
vulnerando, en consecuencia, los derechos fundamentales de la sociedad
accionante, pues, de conformidad con el artículo 51 del Código Contencioso
Administrativo solamente "los recursos de reposición y de queja no son
obligatorios" y la vía gubernativa se agota cuando los actos
administrativos quedan en firme por que "contra ellos no proceda ningún
recurso; 2. cuando los recursos interpuestos se hayan decidido" (artículo
62 numerales 1 y 2 del C.C.A.) y "cuando el acto administrativo quede
en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de
queja."
Consecuencia de lo
anterior es que la interposición del recurso de apelación por PROASER LTDA.
contra la resolución No. 033 de 1994 resulta indispensable para el agotamiento
de la vía gubernativa a fin de habilitarse para el ejercicio de las acciones
contencioso administrativas a que haya lugar, de conformidad con el C.C.A., lo
cual no ocurre en el caso presente, pues a la accionante se le rechazaron los
recursos de reposición y de apelación por el no pago previo del valor de la
multa que controvierte, lo que la imposibilita para ejercer las acciones
contencioso administrativas respectivas. Luego no es cierto como se dijo en la
sentencia del Tribunal, materia de revisión, que "la accionante dispone
de otros medios judiciales directamente, o sea, sin la necesidad de agotar los
recursos de la vía gubernativa a la luz de los artículos 51, 62, 63 y 135 del
C.C.A."
Teniendo en cuenta
las consideraciones efectuadas por la Corporación en los pronunciamientos
citados en esta providencia, la tutela objeto de estudio se constituye en el
mecanismo jurídico apropiado para que se inaplique el artículo 8o. de la Ley
1a. de 1963, pues la exigencia en él consagrada relativa al previo pago del
valor de la multa para que el afectado pueda presentar los recursos
correspondientes en vía gubernativa, no se ajusta a lo dispuesto en los
artículos 29 y 229 de la Carta Política, como ya se advirtió, y esta situación
es causa de la vulneración de los derechos fundamentales de defensa y de acceso
a la justicia de la accionante, y la protección efectiva de tales derechos que
se impone ha de tener como consecuencia la no aplicación del requisito
consagrado en el referido artículo 8o. de la Ley 1a. de 1963, a fin de que se
tramiten por parte de la entidad accionada, de conformidad con la Constitución
y la ley, los recursos interpuestos oportunamente, con la observancia plena de
las garantías propias del debido proceso.
Por las
consideraciones expuestas, esta Sala de Revisión procederá a revocar el fallo
proferido por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo -Sala Laboral- el 2
de febrero de 1995, y tutelará los derechos fundamentales de defensa y de
acceso a la justicia de PROASER LTDA., ordenando a la INSPECCION NACIONAL DEL
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SOGAMOSO que proceda a desatar los recursos de
reposición y de apelación interpuestos por la accionante contra la resolución
No. 033 del 27 de julio de 1994, sin tener en cuenta la exigencia del pago
previo de la multa impuesta mediante dicho acto, como consecuencia de la
inaplicación en el caso sub exámine del artículo 8o. de la Ley 1a. de 1963 por
ser contrario, en lo ya señalado en esta providencia, a los artículos 29 y 229
de la Carta Política. Es de advertir que lo anterior no implica la eliminación
de la presunción de legalidad del acto administrativo contenido en la
resolución No. 033 de 27 de julio de 1994, por medio de la cual la INSPECCION
NACIONAL DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SOGAMOSO impuso una multa a PROASER
LTDA. por el incumplimiento en el pago oportuno de los salarios a algunos de
sus empleados.
De otro lado, no se
accede a la tutela como mecanismo transitorio de protección de los derechos de
la accionante, tal como se solicitó en la demanda, porque en el caso presente
no existe un perjuicio irremediable en los términos del artículo 86 de la
Constitución Política y del artículo 8o. del Decreto 2591 de 1991, y además
porque la tutela de los derechos que se ordena a través de esta providencia
constituye un mecanismo directo de protección por cuanto, una vez tramitados
los recursos de reposición y de apelación por parte de la INSPECCION NACIONAL
DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SOGAMOSO, de conformidad con el contenido de
la presente sentencia, PROASER LTDA. contará con los mecanismos de defensa
judiciales respectivos ante la jurisdicción contencioso administrativa, en el
evento de que las decisiones que adopte la entidad accionada en vía gubernativa
sean contrarias a sus pedimentos.
IV. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR el fallo proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala Laboral, el 2 de
febrero de 1995 por medio del cual se negó la tutela instaurada por la sociedad
PROASER LTDA.
SEGUNDO. CONCEDER la tutela de los derechos
de defensa y de acceso a la justicia de la sociedad PROASER LTDA. En
consecuencia, INAPLICAR en el caso concreto, por incompatibilidad con la
Constitución Política, del precepto que establece como requisito para la
interposición de los recursos pertinentes en vía gubernativa, el previo pago
del valor de la multa impuesta a la sociedad accionante.
TERCERO. ORDENASE a la lNSPECCION NACIONAL
DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SOGAMOSO tramitar los recursos de reposición
y subsidiario de apelación interpuestos por PROASER LTDA. contra la resolución
No. 033 del 27 de julio de 1994, mediante la cual se le impuso una multa, y
adoptar la decisión que corresponda dando estricto cumplimiento a los términos
establecidos por el Código Contencioso Administrativo para tal efecto, los
cuales se contarán a partir del día siguiente a la notificación del presente
fallo. Para el respectivo trámite de los recursos no se exigirá a la sociedad
accionante que acredite la cancelación de la multa que le fue impuesta.
CUARTO. Líbrense las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí previstos.
Comuníquese, notifíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. Devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
443 | T-284-95
Sentencia No
Sentencia No. T-284/95
DERECHO AL
AMBIENTE SANO/DERECHOS COLECTIVOS
El derecho al
ambiente sano no tiene el carácter de fundamental, es un derecho colectivo
susceptible de ser protegido a través de las acciones populares. Sin embargo,
cuando en razón de la acción o la omisión de las autoridades públicas o de un
particular se amenacen o vulneren derechos fundamentales (vida, integridad
física, salud u otros), e igualmente se afecte el derecho que tienen las
personas de gozar de un ambiente sano, es posible accionar en tutela, tanto
para la defensa directa de aquéllos como de éste.
DERECHO AL
AMBIENTE SANO/DERECHOS FUNDAMENTALES-Conexidad/ACCION DE TUTELA
La situación
ambiental, derivada principalmente del problema sanitario que afecta a toda la
Isla de San Andrés, conduce a establecer no sólo la existencia de la
vulneración del derecho que tienen los peticionarios de la tutela a gozar de un
ambiente sano, sino la conexidad de dicha transgresión con la amenaza de
violación de los derechos fundamentales a la salud, a la integridad física y a
la vida de los peticionarios e igualmente de todos los habitantes de dicha Isla.
Si bien el derecho a disfrutar de un ambiente sano se halla reconocido como un
derecho colectivo que se ampara a través de las acciones populares, cuando su
violación, como en el presente caso, se encuentra ligada a su vez a la
violación de derechos fundamentales, procede la acción de tutela como mecanismo
judicial indirecto de protección del referido derecho colectivo.
LICENCIA DE
CONSTRUCCION-Prohibición/ARCHIPIELAGO
DE SAN ANDRES-Deterioro Ambiental
El otorgamiento
incontrolado de licencias de construcción en la Isla de San Andrés, sin contar
con una infraestructura sanitaria suficiente y adecuada, se ha constituido en
un factor determinante de la creación y agravación de los problemas
ambientales. La prohibición de expedir licencias de construcción se extiende a
los proyectos de construcción denominados “autosuficientes”, es decir, aquellos
que cuentan con sistemas propios de agua, generación eléctrica, tratamiento de
aguas negras, etc., toda vez que ese tipo de obras no se acompasa con la
solución integral a la problemática ambiental que propone la administración y
de otra parte no contribuyen eficazmente a su solución, en razón a que se
construyen en zonas carentes de los correspondientes servicios públicos.
REF.
Expediente T-52082
TEMA:
Protección de los
derechos fundamentales a la salud, a la integridad física y a la salud,
vinculados al derecho de gozar de un ambiente sano en el Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
PETICIONARIO:
Defensoría del
Pueblo, en representación de Belarmina Bowie Hooker y otros.
PROCEDENCIA:
Corte Suprema de
Justicia.
MAGISTRADO
PONENTE:
ANTONIO BARRERA
CARBONELL.
Santafé de Bogotá D.
C., junio treinta (30) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO
BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ y CARLOS GAVIRIA DIAZ, procede a
dictar el fallo correspondiente a la acción de tutela instaurada por el
DEFENSOR DEL PUEBLO, doctor JAIME CORDOBA TRIVIÑO, en representación de
BELARMINA BOWIE HOOKER, LILIA BRIJALDO WHITTAKER, GUILLERMO FRANCIS MANUEL,
JUVENCIO FIDEL GALLARDO CORPUS, ROLAND POMARE ESCALONA, CAROLINA POMARE WRIGHT
y FANEZA BENT, individualmente considerados y como miembros del “GRUPO ETNICO
RAIZAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA”, en contra del señor Gobernador y la Junta de Planeación del
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
I. ANTECEDENTES.
1. Los hechos.
Exponen los actores
que como consecuencia de las continuas migraciones provenientes de la zona
continental y del extranjero, la apertura económica, y las numerosas
construcciones hoteleras, villas turísticas, condominios, almacenes,
urbanizaciones y tugurios, sin límites de racionalidad y razonabilidad, se creó
y ha venido acrecentando en San Andrés Isla, una grave problemática de
connotaciones socio-culturales, laborales y con notables repercusiones en el
medio ambiente.
En cuanto a las
nocivas consecuencias en el medio ambiente, anotan que esto obedece en gran
medida a que el Gobernador y la Junta de Planeación del Departamento del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, han expedido y
autorizado licencias de construcción y urbanización en forma indiscriminada,
por fuera de los límites del Plan de Ordenamiento Territorial, lo que ocasiona
una deficiente prestación en los servicios públicos domiciliarios que no tienen
la cobertura para cubrir en mínima parte la demanda propia de las viviendas y mucho
menos satisfacer las necesidades de las nuevas edificaciones.
Precisan que el
servicio de energía es precario, caracterizado por los racionamientos y
apagones; que el servicio de recolección de basuras, es deficiente y se carecen
de los equipos adecuados de reciclaje; que el servicio de acueducto, abastece
únicamente una tercera parte de la población, con un suministro de dos horas a
la semana, y que el servicio de alcantarillado, tiene un cubrimiento del seis
por ciento, el cual no llega a las zonas tradicionales de la Isla como La Loma
y San Luis, donde se han empezado a construir hoteles y centros turísticos.
Respecto a la
situación de agua y alcantarillado, exponen que el noventa y cuatro por ciento
de las viviendas de la Isla no cuentan con alcantarillado; lo mismo acontece
con la planta de tratamiento de aguas negras, lo que ha propiciado que las
aguas servidas se viertan directamente al mar sin ningún tratamiento previo,
con la ostensible afectación de los arrecifes coralinos. Es tal la
problemática, que el agua para el consumo humano se convirtió en un “comercio”
que afecta notablemente la actividad agrícola de los campesinos raizales.
Afirman los actores
que la deforestación, la extracción de arena coralina para las nuevas
construcciones, la invasión de las playas y los paisajes naturales, y el
desorden urbanístico, han sumido a las Islas en un deterioro ambiental
irreversible, que constituye una seria amenaza para el derecho a la salud y a
la vida de sus habitantes y para la preservación de sus valores socioculturales
y económicos.
Finalmente, aluden a
la discriminación que en materia laboral se hace por los patronos de los
sectores turístico y comercial del Departamento al no cumplir con las normas
relativas a la exigencia del porcentaje mínimo de trabajadores nativos que
deben emplear en sus empresas.
2. Las
pretensiones.
Los peticionarios,
pretenden que se amparen sus derechos constitucionales fundamentales a la vida,
a la salud, a gozar de un ambiente sano y al trabajo, impetrando al juez de
tutela la emisión de órdenes con el propósito de que:
1. Se prohiba
"el otorgamiento de licencias y permisos conducentes a la construcción de
nuevas instalaciones comerciales, hoteleras e industriales en todo el
territorio del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y
suspender las que están en trámite, hasta tanto las Empresas de Servicios
Públicos Domiciliarios dispongan de suficiente capacidad para suplir las
demandas existentes de sus respectivos servicios y sobre todo mientras se
dictan las medidas necesarias y pertinentes que garanticen la prestación de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, hasta que se dé estricto
cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial”.
2. “Se ordene a la
parte accionada revisar todas y cada una de las licencias de construcción y
urbanización, otorgadas en los últimos diez (10) años”.
3. Se ordene
"al Gobernador del Departamento del Archipiélago, que mientras se expiden
las leyes de regulación del uso del suelo y la que somete a condiciones
especiales la enajenación de bienes inmuebles, desarrolle, implemente y ejecute
todas las medidas pertinentes y conducentes para evitar que se siga presentando
el fenómeno de migración continental, con la consecuencia que este fenómeno
conlleva. Así mismo que adopte y desarrolle las medidas necesarias para el
logro de conservación y preservación de los recursos naturales y del medio ambiente
del Departamento”.
4. “Se ordene al
señor Director Seccional o Regional del Ministerio del Trabajo o Seguridad
Social de San Andrés Islas, que revise el cumplimiento por parte de los
empleadores o patronos del sector turístico y comercial del Departamento, de
las normas sobre porcentaje mínimo de trabajadores nativos que deben ser
empleados por aquellos en dichas actividades y si es del caso exigir su
cumplimiento una vez se agoten los procedimientos administrativos previstos por
la ley”.
5. “Se tomen y
ordenen las demás medidas que sean pertinentes y conducentes para la efectiva
protección de los derechos constitucionales fundamentales, invocados por los
accionantes”.
6. “Con fundamento
en el principio de eficacia de la administración pública, contenido en el
artículo 209 de la Carta Política, en el evento que el fallo fuere favorable,
ordénese crear un comité interinstitucional, donde estén representados además
de los diferentes organismos y dependencias departamentales y representantes
del grupo étnico raizal accionante, los organismos de control del Departamento,
a efectos que aseguren un seguimiento y cumplimiento del fallo, sin perjuicio
de la competencia que le asiste al juez de tutela”.
3. Las pruebas
allegadas durante la primera y segunda instancia.
Durante el trámite
de las instancias se practicaron e incorporaron al proceso las siguientes
pruebas:
Informe rendido por el Gobernador del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el
cual manifiesta que ni el deterioro ambiental, ni su conexidad con la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales de los actores se encuentran
demostrados. Agrega que si bien es cierto que la condición ambiental de la Isla
no es la más óptima, sin embargo, no reviste la gravedad con que se la ha
presentado ni constituye motivo de alarma y que el gobierno departamental
tienen asegurada la financiación de la segunda etapa del Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado con distintas entidades estatales, al igual que el
sistema de tratamiento de aguas negras y el diseño del alcantarillado de los
sectores de San Luis y La Loma. Finalmente reconoce que el servicio de agua
potable no alcanza una cobertura para atender a los eventuales usuarios del servicio,
debido a la escasez de fuentes primarias (aguas subterráneas), al alto costo de
la tecnología de desalinización del agua marina y a la falta de redes de
distribución del líquido.
Informe del Director del Departamento
Administrativo de Planeación, en donde se anota que "en lo que respecta
específicamente a la coordinación para el adecuado servicio de los servicios
públicos, de todos es sabido que energía, acueducto y alcantarillado han tenido
deficiencias históricamente hablando, razón por la cual la Junta de Planeación,
para la aprobación de proyectos ha tenido la delicadeza y el cuidado de
improbar aquellos proyectos de más de 500 MTS2, que no presentan claramente
establecido autosuficiencia en esta materia; en cuanto al alcantarillado en la
zona norte, la zona o sector hotelero está completamente cubierto, como la
mayor parte del sector comercial. El Gobierno desde 1992 cuando asumió se ha
preocupado por resolver los problemas de estos sectores, energía, acueducto y
alcantarillado, es así como el problema energético está prácticamente
contratado para su solución definitiva y acueducto y alcantarillado está
totalmente financiados".
Informe del Jefe de la División de
Saneamiento Ambiental, en el cual se expresa, entre otras cosas, que "no
existe a simple vista un buen ambiente, ya que no contamos con el servicio de
alcantarillado sanitario en toda la Isla, entonces el problema se presenta más
que todo en el centro donde están las grandes construcciones, gran parte de
estas no están conectadas a la red de alcantarillado ya que esta solo cubre un
pequeño porcentaje de la Isla, por lo tanto se utilizan los pozos sépticos como
sistema de disposición de las aguas residuales, los cuales deben ser
desocupadas por carrotanques, que no abastecen la demanda, por lo tanto existen
reboses de pozos sépticos, especialmente en época de lluvia. Estos carrotanques
vierten las aguas al mar igual que las aguas provenientes del alcantarillado
sanitario, sin ningún tratamiento previo, por lo tanto además de la
contaminación de los reboses de los pozos sépticos, hay contaminación del mar,
cosa que se supone".
Igualmente informó
que diariamente en la oficina a su cargo, se reciben quejas por la presencia de
aguas negras en las vías públicas, provenientes de los pozos sépticos,
situación que se presenta porque los carrotanques de propiedad de particulares
que prestan el servicio para su evacuación, no lo hacen a pesar de que debe
pagárseles a éstos la prestación económica que exigen al usuario con 20 días de
antelación, motivo por el cual solicitó a “Empoislas” la adquisición de un
vehículo que solucione el problema, mientras se amplía la cobertura del
servicio público de alcantarillado.
Testimonio del Director del INDERENA,
quien al ser interrogado sobre la situación sanitaria de la Isla, manifestó que
"ella se encuentra en vía de solución con el contrato que acaba de hacer
el Gobierno Departamental con el alcantarillado, que según informaciones en dos
meses sale a licitación la planta de tratamiento, lo que acontece en la
actualidad es que no hay ningún tratamiento de las aguas negras y residuos que
van al alcantarillado y en esa misma forma se bombea al mar, pero con la planta
de tratamiento se soluciona el problema sanitario en la Isla el cual es
deficiente por no existir la planta de tratamiento. La contaminación ambiental
en el archipiélago se debe a la mala educación de sus habitantes, ya que
vierten aguas de las calles y en otros casos a la quema indiscriminada que
hacen sus habitantes, y a la falta de árboles. Esos tres puntos básicos son los
principales contaminantes de la Isla. En relación a la existencia de complejos
hoteleros que no están conectados al alcantarillado, necesariamente están en la
obligación de presentar y ejecutar (sic) sus respectivos pozos anaeróbicos que
son técnicamente tratados y no ofrecen ninguna contaminación".
Informe del Gerente Liquidador de la
entidad “EMPOISLAS (Empresa de Servicios Públicos, agua, basuras y
alcantarillado) y declaraciones juradas de cada uno de los peticionarios y de
las nativas Carolina Pomare y Vannesa Bent, en donde se reafirma el racionamiento
de agua y la falta de alcantarillado.
Inspecciones judiciales en cada una de las
viviendas de los peticionarios y sector hotelero, a través de las cuales la
Juez comisionada constató que aquellos no gozan del servicio de alcantarillado
y que el suministro de agua es deficiente, pues la reciben cada 8 o 15 días;
sin que se hubiera dejado constancia con excepción de la casa de la señora
Vannesa Bent, del desbordamiento de aguas negras. En relación con los hoteles, algunos
de los inspeccionados se encuentran conectados al servicio de acueducto y
alcantarillado, con la aclaración por parte de los administradores de los
mismos, de que el servicio de agua se paga, pero sólo llega cada 15 o 20 días,
y que otros como el Decamerón no se encuentran conectados al alcantarillado,
pero utilizan un sistema anaeróbico para el tratamiento de las aguas negras.
4. Los fallos que
se revisan.
4.1. La Sala Penal del Tribunal Superior de
Cartagena, mediante sentencia del 2 de septiembre de 1994, negó el amparo del
derecho al trabajo, tuteló los derechos a la vida, a la salud y al disfrute de
un medio ambiente de los peticionarios y los pobladores de San Andrés Isla y,
en tal virtud, ordenó al Gobernador del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y al Director del Departamento
Administrativo de Planeación la suspensión del "otorgamiento de licencias
de construcción en toda la Isla, hasta cuando se lleve a cabo la instalación de
la planta de tratamiento de aguas negras para el alcantarillado", con la
advertencia de que "una vez ello suceda sólo podrán otorgarse en sectores
en donde hayan redes de alcantarillado, siempre y cuando pueda garantizarse la
prestación del servicio y la conservación de un ambiente sano", y además
que deben "adelantar las diligencias y trámites respectivos, para obtener
los recursos y realizar las obras que con urgencia se reclaman para el
saneamiento ambiental, instalación de la planta de tratamiento para el
alcantarillado y ampliación de las redes del mismo”.
Igualmente ordenó al
Gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, que adopte las medidas indispensables para evitar la migración e
inmigración incontrolada a las Islas, y pues ello contribuye al aumento
poblacional y a la deficiente prestación de los servicios públicos
domiciliarios.
Como fundamento de
su decisión el Tribunal expuso, entre otros, los siguientes razonamientos:
Del examen a las
pruebas recaudadas se establece la deficiencia de la prestación de los
servicios públicos de la Isla, especialmente el de acueducto y alcantarillado,
pues aun cuando el INDERENA no posee y por consiguiente no aportó al proceso,
dictámenes de especialistas sobre la situación ambiental, de la prueba testimonial
recaudada y los informes anexados a estas diligencias, se puede advertir la
existencia del problema ambiental ocasionado entre otras razones por el aumento
poblacional y el auge de la construcción, siendo cada vez menor la capacidad de
cobertura del alcantarillado, lo que ha obligado a los moradores de viviendas
particulares y a los hoteles, a la construcción de sus propios pozos sépticos y
al vertimiento al mar, sin tratamiento alguno, de las aguas servidas.
Dice el Tribunal que
no obstante el diseño de políticas encaminadas a solucionar el problema de
acueducto y alcantarillado del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, como se deduce de los estudios de consultoría, del Plan de Desarrollo
del Departamento y de la Ordenanza No. 008 de 1994, los peticionarios de la
tutela no gozan de tales servicios o los reciben en forma deficiente.
A juicio del
Tribunal el vertimiento de aguas servidas al mar, sin tratamiento previo, no
sólo por parte de los particulares sino por el mismo alcantarillado de San
Andrés, genera contaminación, situación que constituye una seria amenaza para
la salud y la vida de los accionantes y de toda la comunidad, por lo cual se
impone su protección.
Con base en la
realidad anotada, agrega el Tribunal que para hacer efectivo el derecho a gozar
de un ambiente sano se requiere no sólo la intervención del Estado sino de la
misma colectividad, como lo establece el numeral 8o del artículo 95 de la
Constitución Nacional, cuando señala entre los deberes y obligaciones de los
ciudadanos, velar por la conservación de un ambiente sano. Por consiguiente,
deduce que si el problema ambiental fue ocasionado, en gran parte, por la falta
de disciplina de los habitantes de la Isla, se ordenará que a través de la
Fundación S.O.S. se difunda dicha obligación para que los miembros de la
comunidad Isleña se abstengan de realizar los comportamientos que contribuyen a
la contaminación ambiental.
4.2. La Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, aunque revocó el numeral 3o de la parte resolutiva del
fallo impugnado, el cual ordenaba al Gobernador ejercer control sobre la
migración e inmigración, y adicionó el numeral primero, en el sentido de
establecer un plazo de 3 años contados a partir de la notificación de su
providencia, para la adecuada ejecución de las obras ordenadas en la parte
motiva, confirmó el fallo impugnado en todo lo demás. Las razones que
sustentaron la decisión de dicha Corporación, se resumen a continuación:
En cuanto a la
supuesta improcedencia de la tutela en razón de la existencia de las acciones
populares por tratarse de un interés colectivo como es el derecho a gozar a un
ambiente sano, la Corte estimó que ella es procedente toda vez que se trata de
impedir un perjuicio irremediable y, además, se demostró que personas
individualmente consideradas están afectadas o amenazadas de modo directo en
sus derechos fundamentales y los de su familia, al ponerse en peligro su salud,
su integridad física y su vida, situación que incide notoriamente en su calidad
de vida y hace inminente la protección que debe dispensarse por las autoridades
demandadas, las cuales incluso reconocen la problemática.
En lo que se
relaciona con la amenaza al derecho a la vida, la salud y a disfrutar de un
ambiente sano, consideró que ello es consecuencia de la falta de prestación de
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, pues es inocultable la
precariedad en el suministro de agua potable a los peticionarios y a la
comunidad de la Isla, lo cual propicia la utilización de pozos sépticos, con el
consecuente rebosamiento y, por lo tanto, las aguas servidas son arrojadas en
las vías públicas, a las que se suman las originadas por el lavado de prendas
de vestir y aseo de viviendas. Resalta la Corte la ausencia del servicio de alcantarillado
para los peticionarios y un amplio sector de la Isla y que las aguas servidas
provenientes del alcantarillado y de los pozos sépticos son llevadas
directamente al mar sin un tratamiento previo.
Merece especial
consideración el siguiente aparte del fallo de la Corte:
"De acuerdo con
la información suministrada por la Jefe de la División de Saneamiento Ambiental
de San Andrés, está en juego la salud de sus habitantes y su protección se
traduce en salvaguardar el bien supremo de la vida. Por ello, no puede
admitirse que en aras de un supuesto progreso, se amenacen las condiciones
mínimas de subsistencia de sus pobladores. Ante esta inocultable verdad,
encuentra la Corte que la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Cartagena, en el sentido de ordenar suspender el otorgamiento de
licencias de construcción en la Isla de San Andrés, constituye un aporte
invaluable en la búsqueda de soluciones definitivas para superar la situación
tratada en el desarrollo de esta decisión. Para asegurar la adecuada solución
en un término racional, se adicionará la providencia revisada (numeral 1o.), en
el sentido de fijar un plazo de tres años contados a partir de la notificación
de esta decisión, para la ejecución de las obras ordenadas hasta su
culminación, tendientes a dotar a la Isla de San Andrés del servicio óptimo de
acueducto y alcantarillado, y en particular, la instalación de la planta de
tratamiento de las aguas servidas".
Con respecto a la
pretensión de los actores, relativa a la creación de un organismo encargado de
velar por la observancia estricta de la sentencia, anotó que "para el
cumplimiento del fallo no se requiere la creación de nuevos entes, como lo
pretenden los accionantes, facultad ajena al juez de tutela. Considera la Sala
que comisionar a la Procuraduría Departamental del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina para que vale por el acatamiento de lo ordenado es
más que suficiente".
Finalmente, expuso
el argumento para revocar la decisión de primera instancia en relación con el
control de los fenómenos de migración e inmigración, en el sentido de que el
proceso no muestra que la densidad en los índices de población en la Isla,
afecte de manera directa y específica a los peticionarios en sus derechos esenciales,
aparte de que las autoridades departamentales han realizado importantes
esfuerzos para el control de la densidad poblacional y la reubicación o
expulsión del personal indocumentado o con antecedentes penales.
II
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1. Competencia.
La Corte
Constitucional es competente para conocer de la revisión de la sentencia de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo
dispuesto por los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en
concordancia con los arts. 33, 34 y 35 del Decreto-Ley 2591 de 1991.
2. Los derechos
fundamentales a la salud, a la integridad física y a la vida. El derecho al
ambiente sano y las responsabilidades del Estado.
2.1. Ha dicho la Corte reiteradamente que el
derecho a la salud, como integrante natural de la vida humana, reconocida y
protegida constitucionalmente como derecho fundamental, comparte la misma
característica jurídica y axiológica de éste. Otro tanto podría afirmarse del
derecho a la integridad física, que igualmente es sustrato básico del derecho a
la vida.
El derecho a la vida
no sólo se protege a través del reconocimiento de su inviolabilidad, lo que
implica naturalmente no sólo la prohibición para que se pueda privar de la vida
a una persona, sino una calidad de vida que aunque comporte la posibilidad de
ausencia de enfermedades, lesiones o incapacidades, le asegure un bienestar
cualificado, es decir, al más alto nivel posible de salud física y mental que
haga posible, en condiciones dignas, su realización como ser humano. Ello
supone obviamente, que tanto el Estado como los particulares asuman el deber y
la responsabilidad de mantener unas condiciones ambientales mínimas que
aseguren para las personas de las generaciones presentes y futuras, una oferta sostenida
que colme la demanda de elementos ambientales, suficientes e idóneos para la
supervivencia y el mantenimiento de una especial calidad de vida de la
humanidad.
Las condiciones
ambientales óptimas requeridas para los propósitos indicados, necesariamente
obligan a el Estado y a la sociedad en general a acometer los asuntos atinentes
al deterioro ambiental desde una perspectiva integral, esto es, que busque la
solución global o de conjunto de su problemática, atendiendo y respondiendo a
sus manifestaciones o revelaciones externas, como son: los asentamientos
irregulares en la ciudad y en el campo; el deterioro constante de los recursos
naturales renovables, (atmósfera, las aguas, la tierra, el suelo y el subsuelo,
la flora, la fauna, las fuentes primarias de energía no agotables, las
pendientes topográficas con potencial energético, los recursos geotérmicos, los
recursos hidrobiológicos y el paisaje), y la creación por el hombre de
elementos o factores nocivos (ambiente cultural - basura, ruido, olores, etc.)
que inciden en el menoscabo del ambiente.
El artículo 79 de la
Constitución Política consagra el derecho de todas las personas a gozar de un
ambiento sano. Este derecho, no tiene el carácter de fundamental, como lo ha
afirmado la Corte en variados pronunciamientos; es un derecho colectivo
susceptible de ser protegido a través de las acciones populares. Sin embargo,
cuando en razón de la acción o la omisión de las autoridades públicas o de un
particular se amenacen o vulneren derechos fundamentales (vida, integridad
física, salud u otros), e igualmente se afecte el derecho que tienen las
personas de gozar de un ambiente sano, es posible accionar en tutela, tanto
para la defensa directa de aquéllos como de éste.
2.2. La responsabilidad estatal en cuanto a la
preservación del ambiente, constituye un cometido especifico que se concreta en
la organización y funcionamiento del servicio público de saneamiento ambiental,
que debe observar los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad
(art. 49 C.P.). En este orden de ideas, la satisfacción del derecho a gozar de
un ambiente sano, forma parte indudablemente del objetivo o finalidad social
esencial y prioritario del Estado que demandan de éste acciones positivas para
responder a las necesidades insatisfechas de salud y agua potable (arts. 49,
64, 67, 80, 88, 215, 324, 334, 350, 357 y 366 C.P.) y las que son conexas e
inherentes a éstas (alcantarillado, recolección y disposición de basuras, etc.).
Dicha
responsabilidad se concreta tanto en el control, como también en el conjunto de
acciones, que en condiciones de eficacia deben ejercer y adelantar las
autoridades administrativas sobre las actividades y conductas que desarrollan
las propias entidades estatales y los particulares para preservar y restaurar
el ambiente o impedir o aminorar el deterioro de éste. Es así, como el artículo
66 de la ley 99 de 1993, en lo pertinente dispone:
".... Además
de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les
corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras
dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales,
distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control
de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de
residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de
daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y
descontaminación".
Sobre el papel que
representa la autoridad pública en la defensa del derecho al ambiente sano,
esta misma Sala dijo[1]:
"Pero no se
puede olvidar que es la autoridad pública, instituida por mandato
constitucional, para proteger a todas las personas residentes en el país, en su
vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y asegurar el los
deberes sociales tanto del Estado como de los particulares, quien debe velar
porque se asegure el establecimiento y la operación de controles técnicos,
adecuados y eficaces de la contaminación, de manera que el desarrollo económico
no se convierta en una amenaza o la vida humana y a la preservación de los
recursos naturales renovables".
"Cuando se
trata de la defensa de la vida, de la salud, de la integridad física, la
conducta oficial debe ser inflexible, sin incurrir en arbitrariedades, pero
exigente; porque ceder en el cumplimiento de exigencias y requisitos que
aseguran un virtual freno a la contaminación, significa o puede significar la
posibilidad de un desastre de magnitudes incalculables, que de no evitarse,
comprometen más que el presente, el futuro del hombre. Eso explica la
responsabilidad que tiene la administración pública en el diseño y manejo de
los mecanismos de la preservación del ambiente y justifica la urgencia de que
toda medida o acción en tal materia, se adopte con toda seriedad, prontitud y
eficacia".
Reitera la Sala lo
que ya dijo en otra oportunidad[2], válido en el
evento de que la autoridad pública se muestre renuente a actuar, o actúe de una
manera inadecuada, negligente o ineficiente frente a los problemas ambientales,
en el sentido de que "se integra al núcleo esencial de cualquier derecho
constitucional cuya efectividad se demanda, la pretensión de exigibilidad del
ejercicio positivo y diligente de las competencias legales atribuidas a las
autoridades administrativas, cuando su actuación se juzga indispensable para
proteger el bien jurídico que tutela el derecho, cuya omisión es susceptible de
generar riesgos y peligros inminentes que la norma configuradora del derecho ha
querido precisamente prevenir o evitar".
3. El caso
concreto.
3.1. Las pruebas
decretadas y practicadas por la Sala de Revisión.
3.1.1. Pruebas practicadas por la Sala Segunda de
Revisión en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
Testimonio del Dr. Yesid Rafael Turbay
Palacio, Director Seccional del INDERENA, quien expone que "la
problemática ambiental de las islas se pueden resumir en la siguiente forma.
Los aspectos del alcantarillado, del acueducto y de la basura. Con respecto al
alcantarillado se ha entrado en la recta final para darle la adecuada solución
al problema y es así como el actual gobierno departamental esta iniciando los
tramites correspondientes para la licitación del alcantarillado y se están
haciendo los estudios pertinentes para abrir en tres meses la licitación para
la planta de tratamiento. La entidad que represento ve con buenos ojos esta
iniciativa y dará la viabilidad para el alcantarillado el cual no se podrá dar
al servicio hasta tanto no entre en funcionamiento la planta. Con respecto al
acueducto, se han iniciado obras de redes y se va a sacar a licitación la
planta de ablandamiento de agua la cual será internacionalmente potable dándole
solución definitiva al problema de agua. En lo que concierne a las basuras, se
están iniciando las gestiones para adquirir los nuevos lotes para hacer un
basurero sanitario según lo explicado. La contaminación obedece en mi concepto
a la falta de educación de la comunidad, por lo que se debe iniciar una campaña
educativa para frenar en gran parte la contaminación y como prueba de lo
anterior me permito solicitar que se contemple la posibilidad de hacer una
inspección judicial en la casa de todos y cada uno de las personas que
impetraron la tutela". En cuanto a los sectores de mayor deterioro
ambiental señala que "el centro o parte comercial donde existe
alcantarillado, se encuentran conectados y vierten directamente al mar y son un
contaminante pues no existe planta de tratamiento; en los sectores del sur de
la isla, en donde están los hoteles Decamerón, Caribe Campo y Mar Azul, no
existe contaminación pues tienen un sistema de tratamiento de las aguas
residuales que se vierten alrededor del terreno. Repito, en todos los sectores
de la isla hay contaminación, por falta de educación, porque por ejemplo los
ciudadanos lavan y vierten las aguas al patio y eso es un factor contaminante.
Prueba de que aquí no es alarmante la contaminación es el que si vemos las
estadísticas del hospital no vemos muertes por gastroenteritis, enfermedades
pulmonares o infecciosas, lo que es fácil comprobar con las estadísticas del
hospital" Anota que "lo de los pozos sépticos tiene un problema por
que nosotros tenemos nuestro mayor abastecimiento de agua por las aguas
subterráneas, de ahí que es necesario implantar el alcantarillado en toda la
isla para evitar en un futuro una posible contaminación de toda la isla,
además, esos pozos se evacuan en carros tanques que luego son vertidas al mar
sin ningún tratamiento".
Concepto del ingeniero Edwin Díaz Gómez
acerca de la manera como funciona el sistema de los llamados filtros
anaeróbicos de flujo ascendente, utilizado por los hoteles Decamerón, Caribe
Campo y Mar Azul. Anota que dichos filtros "consisten básicamente en
someter las aguas residuales a procesos de sedimentación y biodigestión,
mediante los usos de bacterias apropiadas para estas funciones y que al final
de este proceso queda un afluente que deberá ser dispuesto finalmente mediante
descarga a una fuente superficial o a una infiltración en el subsuelo mediante
campo de infiltración. Que este sistema sólo afecta en la parte de olor siempre
y cuando los sistemas estén manejados correctamente, olor que no produce
efectos en la salud, salvo que este una persona expuesta de manera inmediata a
la descarga, pero los vientos contribuyen a disiparlo". Agrega que
"estos tres hoteles realizan el mejor tratamiento de aguas residuales,
pues los demás hoteles hacen el vertimiento directamente al mar a través del
alcantarillado".
Testimonio del señor Gobernador del
Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, doctor Antonio Manuel
Stephens, quien manifiesta que "existe en la actualidad un contrato con la
firma INGESTUDIOS S.A. donde la decisión es una planta de tratamiento para
darle vertimiento final a las aguas servidas".
Testimonio, documentado e ilustrado con
ayudas visuales, de la gerente de la firma INGESTUDIOS S.A. doctora Martha
Cecilia Abondano Capellaén, con respecto al proyecto de acueducto y
alcantarillado para la Isla de San Andrés. Al hacer la presentación del estudio
manifestó que mientras no se solucione el problema de acueducto y
alcantarillado es necesario suspender el otorgamiento de las licencias de
construcción, aunque ello originaría carencia de empleo. Preciso, que el
proyecto de los 11.000 millones estaría concluido en agosto 27 de 1996 y que el
proyecto de los 50.000 millones tendría una duración aproximada de 3 años.
Declaración del señor Juvencio Fidel
Gallardo Corpus, peticionario de la tutela, quien entre otros hechos relata:
"En mi caso por ejemplo yo tengo un pequeño hotel y tengo que comprar agua
en carros tanques que se trae de partes rurales de la Isla porque el agua de un
pozo que tenemos en el predio del hotel construido por mi padre hace algo así
como 60 años y que siempre nos abastecía de la mayor parte del agua que
consumíamos, ahora esta totalmente contaminado. En la mayoría de los barrios de
la Isla sucede lo mismo, en barrios como "Nueva Guinea" es posible
ver que está un pozo de agua dulce pero a pocos metros está el pozo séptico y
lógicamente ese agua tiene que estar muy contaminada".
Declaración del señor Guillermo Francis
Manuel, peticionario de la tutela, quien entre otras cosas, manifestó:
"...la falta de educación de pueblo y gobernantes sin excepción ha
proliferado y ha permitido proliferar pozos sépticos con simplemente una tapa
que nunca se llena, la mayoría de ellos aún siendo de aproximadamente 9 metros
cúbicos. Quisiera preguntar al INDERENA y a Saneamiento Ambiental, por qué
razón no se llenan dichos pozos sépticos y si el hecho de no llenarse tiene
impacto negativo en el ambiente, especialmente en el acuífero. Hago testimonio
de pozos condenados en San Andrés, entre los cuales esta uno que me ha servido
toda la vida en el sitio denominado Blatt Farm, dicho pozo por una curiosidad
mía fue sometido a evaluación sanitaria ante Saneamiento Ambiental San Andrés
Islas, y la respuesta que obtuve finalmente fue de que el agua no servían ni
para el baño. Otro pozo condenado es el Rock Hole del cual la ciudad de San
Andrés se proveía de agua y hace algún tiempo fue condenado para el servicio,
no por falta de agua, sino porque ésta no sirve. Los carro tanques que sirven
para evacuar pozos sépticos son en la realidad vectores de contaminación. Soy
dueño de un pozo séptico que al mejorar mi educación construí sellándole las bases
y las cuatro paredes con una tapa hermética, debo pagar el vaciado, debo ver
como el mismo vehículo en su tubería tanto para iniciar el proceso como al
terminarlo y pegar su arranque va drenando aguas servidas por la vía, además
del olor que del pozo sale incomoda al vecindario,...".
Inspección al sitio en donde se construye
el megaproyecto "Sunrise Beach", antiguo hotel Dann, y en donde se
apreció lo siguiente: La construcción se halla sobre la playa, tiene construidos
42.000 metros cuadrados, el sistema de alcantarillado está integrado al de la
isla de San Andrés por medio de una conexión especial de aproximadamente 200
metros que hicieron los constructores, el agua para el consumo se saca de un
pozo profundo que se alimenta de la infiltración del mar; que hay 4 plantas
desalinizadoras, se dispone de equipos de presión, filtros, tanques de
almacenamiento y de cisternas para recoger las aguas lluvias; en fin, el
proyecto se muestra como auto suficiente".
Inspección en la zona del mercado, la cual
es un sector bastante poblado, donde no hay acueducto y se encuentra el pozo
del Black Rock, que tiene la forma de una cueva; se le manifestó a la Sala que
este pozo está cerrado desde hace 4 años, es decir, inhabilitado para su uso,
en razón de la contaminación.
Inspección en el barrio Cliff, el cual es
un asentamiento subnormal, en donde no hay propiedad sobre el suelo, es una
urbanización no legalizada de unos 200 viviendas, carente de alcantarillado,
con alta concentración de habitantes, el agua se obtiene de un pozo ubicado en
otro sector y se le vende a las familias asentadas a razón de 50 pesos el
galón. Se observó una zanja que recorre todo el barrio por donde discurren
aguas negras; como sanitarios se utilizan pozos sépticos. Se le hizo saber a la
Sala que existen otros asentamientos similares a éste, como son: "Cesar
Gaviria", "Zarabanda", "Tablitas", "Nueva
Guinea" y "Nuevo México".
Inspección en el sitio en donde se
encuentra un pozo de agua que es particular y que se explota comercialmente.
Para la comercialización del agua utilizan 2 carro tanques. El agua no tiene
tratamiento distinto a un cloro, por lo tanto no es potable, es relativamente
dulce y dura. El dueño del establecimiento señaló que de esta clase de negocio
hay unos 6 más en San Andrés, para cuya operación el INDERENA simplemente les
exigió unos estudios hidrológicos.
Diligencia de inspección en las islas de
Providencia y Santa Catalina, en a la cual se hicieron presentes el señor
Ridley Huffington Britton, Alcalde Municipal de Providencia, el doctor
Guillermo Arturo Valderrama, Secretario General de la Alcaldía Municipal, y el
doctor Carlos Martínez, funcionario de la Universidad Nacional de Colombia. Se
constató el contraste entre la situación ambiental de dichas islas y la de la
isla de San Andrés, y además, se observó que aquellas constituyen un modelo de
conservación del ambiente y de los ecosistemas naturales, que es necesario
preservar. Su población es mínima (Providencia: 4000 y Santa Catalina: 200
habitantes), aún cuando se carece de acueducto y alcantarillado, tanto el uso y
explotación de la tierra urbana como de los recursos naturales, se realiza en
forma tal que aún no repercute de manera sensible en el ambiente.
Intervención del Alcalde Municipal de
Providencia, en el cual señala que "existe un leve inicio de
contaminación, pero por lo mismo se puede y se debe corregir; que aunque existe
una represa de agua dulce, la comunidad sufre problemas de agua; que se
proyecta la construcción del alcantarillado, por lo que se tiene un plan de
desarrollo, cuya ejecución se dificulta por la carencia de materiales de
construcción, que no se pueden obtener en la Isla para no afectar su ecosistema
que es muy frágil".
Intervención del Secretario General de la
Alcaldía Municipal, quien anota que "la principal amenaza para las islas
se encuentra en la construcción de megaproyectos; en la actualidad existen 14
proyectos aprobados en forma irregular, esto es, en contravía de la ley 99 de
1993".
3.1.2. Pruebas documentales incorporadas en la
etapa de revisión del proceso.
Resoluciones de las licencias ambientales
otorgadas durante los últimos 5 años en las islas de San Andrés y Providencia,
enviadas por el INDERENA.
A través de las
licencias mencionadas se le otorgó viabilidad ambiental a los siguientes
proyectos: -Proyecto presentado por la Fundación Pro-Construcción de la Clínica
Materno Infantil de San Andrés, para la construcción y operación del centro
hospitalario. -Proyecto presentado por la Intendencia Especial de San Andrés y
Providencia para la construcción y desarrollo de la represa aguadulce del
municipio de Providencia. -Proyecto presentado por el Instituto de Crédito
Territorial "I.C.T" de San Andrés, para la construcción y operación
de la urbanización denominada la Rocosa. -Proyecto presentado por la Sociedad
Darío Yepes y Cía. Ltda, para la construcción y operación del proyecto
"Bodega Central Mayorista". -Proyecto presentado por el señor Richard
E Harkins para la reconstrucción de un kiosco ubicado en South West Bay Creek,
playa del Sur-Oeste, Isla de Providencia. -Proyecto presentado por la sociedad
Uribe Londoño y Cía para el dragado, relleno, construcción y operación del
trabajo Marina Turística Internacional, ubicado en la zona urbana entre el
Centro Comercial Dann y Club Náutico, costado Este de la Isla de San Andrés.
-Proyecto presentado por la Dirección General Marítima y portuaria DIMAR en
relación con la construcción del Muelle Turístico y el Bar "El Duende",
del Hotel Aquarium ubicado en el sector Hansa (Isla San Andrés). -Proyecto
presentado por Marta Manrique de G. y Juan Carlos Gaviria Trujillo, para la
construcción del "Apartahotel Morgan Bay", en el predio ubicado en el
sector de Schooner, kilómetro 6. 945 de la vía circunvalar (Isla de San
Andrés). -Proyecto presentado por el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura-
INPA- para la construcción de 5 arrecifes artificiales a lo largo de las costas
colombianas, específicamente frente a los Departamentos de San Andrés, Córdoba
y Nariño. -Proyecto presentado por la empresa "Texas Petroleum
Company" para la construcción del oleoducto entre las instalaciones de
Texaco y Electrosan, sectores industrial portuario Bahía Hooker y Bright San
Andrés islas Colombia. -Proyecto de dragado presentado por la Alcaldía
municipal de la Isla de Providencia para el dragado de Arenas Marinas con fines
de construcción, en el Canal Aury, entre Punta San Juan (Providencia) y punta
Milta (Santa Catalina). -Proyecto para la realización de las actividades
científicas marinas programadas por la Asociación Educativa del Mar -SEA- de
los Estados Unidos de América, en el Mar Caribe de Colombiano, a bordo de los
buques SSV Westward y SSV Corwith Cramer, incluyendo la recolección de muestras
hidrobiológicas platónicas marinas con fines investigativos. -Proyecto
presentado por la Dirección General Marítima y Portuaria para la construcción
del muelle, el varadero y el tanque para almacenamiento de residuos de
combustibles, que adelantará la Sociedad Astilleros San Andrés Ltda, ubicado en
el sector de OlD Point en la Isla de San Andrés.
Información presentada por el Secretario
de Salud de San Andrés y Providencia, doctor Ralph Newball Sotelo, sobre la
difícil situación sanitaria de la Isla de San Andrés. Con dicha información,
anexó estadísticas con respecto a las enfermedades que pueden tener origen en
la deficiencia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
recolección de basuras. Al respecto, señaló lo siguiente:
"Dentro de las
enfermedades de notificación obligatoria, las tres (3) primeras causas de
Morbilidad General son las Infecciones Respiratorias Agudas, con tasas de
6.445,8 x 10.000 habitantes; enfermedades diarréicas y enteritis con tasas de 1.038,5
x 10.000 habitantes. La infección respiratoria aguda, es la primera causa de la
morbilidad general, con un mayor riesgo en el grupo de los menores de un año
con tasas de 1.442 x 10.000 habitantes y en el grupo de 1 a 4 años con 2.711 x
10.000 habitantes. Como segunda causa de morbilidad se encuentra la enfermedad
diarréica aguda con un mayor riesgo en menores de un año, con tasas de 431 x
10.000 habitantes".
"Para estas
patologías, al igual que en el resto del país, la relación edad/riesgo varia en
forma inversa, es decir que el riesgo de enfermedad por infecciones
respiratorias y diarréicas, disminuye a medida que se incremente la edad del
individuo. Tal relación podría atribuirse a que estos grupos de edad son más
vulnerables a los factores de riesgo ambiental, como son las características
climáticas propias del archipiélago, la contaminación por el uso de
insecticidas, humo, polvo, el hacinamiento, la mala infraestructura de las
viviendas, sumado a un bajo nivel educativo y pobre balance nutricional".
"El cólera
considerado como enfermedad diarréica aguda, hizo su aparición en San Andrés en
el XII período epidemiológico de 1991, persistiendo hasta el V periodo de 1992.
Fueron notificados un total de 432 casos con una tasa de incidencia de 9.1% considerada
alta frente al promedio nacional, sin embargo no presentó mortalidad alguna
gracias a la atención oportuna y adecuada por le personal de salud. Aunque en
los tamizajes realizados por la División de Saneamiento Ambiental en la
vigilancia activa no se ha encontrado cólera, persiste latente el riesgo de una
nueva introducción del Vibrio cólera debido a las condiciones ambientales
óptimas para su proliferación".
Documento del "Proyecto de ampliación
de los servicios de acueducto y alcantarillado para la Isla de San Andrés y
programa de desarrollo institucional para la transformación total de la empresa
de obras sanitarias de San Andrés y Providencia -Empoislas-", allegado por
el Gobernador del Departamento, doctor Antonio Manuel Stephens, y cuyo resumen
ejecutivo es el siguiente: 1). Infraestructura existente y problemática
sanitaria de San Andrés en cuanto al acueducto y alcantarillado. 2). Acciones
preliminares ejecutadas por el Departamento para solucionar la crisis. 3)
Objetivos y alcances del Proyecto. metas físicas, obras, estudios y diseños por
ejecutar en lo que atañe al acueducto, alcantarillado y desarrollo
institucional. 4) Financiación del Proyecto. 5). Ejecución del Proyecto. 6).
Plan maestro de acueducto y alcantarillado (1996, 1997, 1998). En lo que
respecta a los anexos, se destacan, la hidrogeología de la isla de San Andrés,
el plan general de contrataciones y el cronograma de ejecución de las obras.
En lo que se refiere
a los objetivos del Proyecto y metas físicas, obras, estudios y diseños por
ejecutar, se expone:
· "ACUEDUCTO:
-Perforación e interconexión de nuevos pozos en el Cove para aumentar la
capacidad de producción de 25 a 40 I.p.s. -Suministro y montaje de repuestos y
de generadores de energía para poner en funcionamiento los cuatro módulos de la
Planta Desalinizadora hasta obtener un caudal promedio de 32 I.p.s. -Diseño y
construcción de Planta de Ablandamiento para reducir los niveles de dureza de
agua producida por los pozos de el Cove y suministro de equipos
electromecánicos para la estación de bombeo Duppy Gully. -Construcción de cinco
tanques para aumentar la capacidad de almacenamiento del acueducto de 2.579 a
6.350 m3. -Construcción de 8.153 ml. de conducciones de acueducto entre tanques
de almacenamiento. -Instalación de 17.435 ml. de tubería y 3.175 conexiones
domiciliarias para ampliar la cobertura de redes de acueducto del 40% al 90%
Nord End. - Instalación de macromedidores para controlar las perdidas en las
conducciones y en las redes del acueducto y reducirlas del 87% al 35%. -
Instalación de 8.254 micro medidores para ampliar la cobertura de la micro
medición del 23% al 75%".
· "ALCANTARILLADO:
-Instalación de 3.246 ml de colectores y construcción de la estación de bombeo
en el distrito N° 1 y optimización de las estaciones de bombeo de los distritos
N° 2 y N° 3 para ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado en Nord
End del 20% al 40%. -Realización de un estudio de alternativas para seleccionar
el sistema de disposición de aguas residuales y a su vez el diseño de la
alternativa seleccionada, para cumplir con los requerimientos Inderena o
Coralina y el Ministerio del Medio de Ambiente y poder verter las aguas residuales
al mar sin causar daño a la ecología".
· "PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. Con miras a complementar las acciones
desarrolladas en este proyecto, el Gobierno Departamental de San Andrés ha
venido gestionando a nivel nacional una serie de Planes y Recursos Financieros
que le permitan a la Isla desarrollarse acorde con el crecimiento poblacional y
con las nuevas tecnologías. Dentro de estas gestiones la Nación tiene
proyectado asignarle al Departamento una partida de 50.000 millones de pesos para
ser ejecutada durante los años 1996, 1997 y 1998. Actualmente se está
preparando el Plan de Acción de acuerdo con lineamientos establecidos por
Planeación Nacional".
"Simultáneamente
con lo anterior la Gobernación tiene proyectado contratar en el primer semestre
de 1995 entre otros, los siguientes estudios y diseños: 1. Recarga artificial
del Acuífero de El Cove. 2. Diseño del Acueducto de San Luis. 3. Diseño de los
Alcantarillados de San Luis y La Loma. 4. Diseño del Alcantarillado Pluvial de
la región Nord End".
3.2. Existencia
de un grave deterioro ambiental en la isla de San Andrés, derivado
esencialmente de una critica situación sanitaria (acueducto y alcantarillado).
Su incidencia en la amenaza de violación de los derechos fundamentales de los
peticionarios.
3.2.1. En lo que atañe a la infraestructura
sanitaria existente y a la problemática que de su insuficiencia se deriva, esta
Sala deduce, tanto de la información consignada en el documento últimamente
aludido, como de lo constatado a través de las pruebas allegadas a este proceso
en las instancias y en la etapa de revisión, que existe una enorme y
preocupante alteración del ambiente en la Isla, originada en la pobre
infraestructura sanitaria y en la deficiente cobertura y prestación de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado. En efecto, la situación real
de la Isla, es la siguiente:
· ACUEDUCTO:
La Isla se encuentra dividida geográficamente en cinco sectores: El North
End que corresponde al área urbana en donde está asentado el 70% de la
población y se desarrolla la zona comercial y turística; San Luis,
ubicado en el costado oriental, zona rural y playera; El Cove, ubicado
en el costado occidental, zona rural ubicado en la parte central y alta de la
Isla y El South End, zona rural poco poblada ubicada en el sur, frente
al continente.
La Isla cuenta con
dos tipos de fuentes de abastecimiento de agua, uno de ellos lo constituye el
Acuífero de el Cove, único acuífero de agua dulce en la Isla de acuerdo con los
estudios de ingeominas, explotado mediante un conjunto de pozos profundos y con
una capacidad máxima de producción de 541, siempre y cuando se realicen obras
de recarga del mismo. El otro, lo constituye el agua de mar que debe ser
desalinizada.
La demanda actual
llega a 127. l.p.s. y es atendida solamente en un 20%, lo que indujo a la
Unidad Administrativa de Control de Servicios Públicos a efectuar drásticos
racionamientos. (El servicio únicamente se presta cada 12 días en los sectores
North End y La Loma y cada 8 días en San Luis y El Cove) y obliga a la
población (incluyendo hoteles y lugares turísticos) a construir y explotar sus
propios sistemas de abastecimiento.
En los pozos
profundos de el Cove, son recolectados actualmente 25 I.p.s. y conducidos a la
Estación de Bombeo Duppy Guly; desde allí se distribuyen por bombeo a tres
tanques de almacenamiento (El Cove, San Luis y La Loma), que como sus nombres
lo indican, suministran el agua a los sectores correspondientes. Del tanque La
Loma, parte del agua es conducida por gravedad hasta el tanque de Cliff que la
distribuye al North End.
Existe una planta
desalinizadora ubicada en el North End cercana al aeropuerto y con capacidad
para producir 32 I.p.s., pero por falta de algunos repuestos y de suministros
de energía se encuentra fuera de servicio desde hace varios meses. Esta Planta
está comunicada con el tanque de el Cliff y programada para atender la demanda
del área urbana y turística (North End), conjuntamente con parte del agua
proveniente de los pozos de el Cove.
Como puede observarse,
solo se dispone de 25 I.p.s., provenientes del campo de los pozos del Cove.
Además el agua posee índices altos de dureza, los tanques de almacenamiento no
cuentan con la capacidad requerida, no existe macromedición, se presentan
fallas y fugas en las conducciones, solamente un 40% de las redes de
distribución se encuentran construidas, únicamente un 27% de las viviendas
cuentan con un servicio de acueducto y la micromedición efectiva es el 23% de
los usuarios registrados.
Debe anotarse que
hay aproximadamente 1485 pozos de aguas excavados en los suelos terrígenos o
arenosos y/o perforados en la roca basal. Se calcula que estos pozos se proveen
unas 4500 viviendas, lo que representa un 37% del total de viviendas, siendo
los usos más dados a sus aguas los de ducha, lavado de utensilios y aseo. En
casos extremos cuando hay escasez de agua, la comunidad queda obligada al uso
de los pozos para satisfacer sus necesidades de consumo y preparación de
alimentos.
De lo anterior, se
concluye que existe un gran déficit en el suministro de agua a la población, ya
que se tiene una alta demanda de ésta y es muy poco lo que puede suministrar
actualmente el acuífero del Cove, la planta desalinizadora y los pozos excavados.
· ALCANTARILLADO:
Anotando que para la disposición de excretas se cuenta con tres sistemas que
son: campo abierto, pozos sépticos y alcantarillado sanitario, se debe precisar
que el único sector de la Isla que cuenta con redes de alcantarillado es el Nord
End en donde el sistema funciona por gravedad y bombeo con estaciones
elevadoras intermedias y emisario final a presión que vierte al mar, sin
tratamiento alguno.
Para el
funcionamiento del alcantarillado, el sector Nord End se encuentra dividido en
cuatro distritos; existen redes en el distrito N° 1 y redes y bombeo en los
distritos N° 2 y 3; en el distrito N° 1 se encuentran construidas el 6% de las
redes necesarias; en el distrito N° 2 el 45%; en el distrito N° 3 el 28%, y en
el distrito N° 4 no hay redes. De acuerdo con lo anterior un 20% de las redes
se encuentran construidas, sin embargo solamente 6% de las viviendas de la isla
están conectadas al servicio.
Los demás sectores
(San Luis, La Loma, El Cove y South End) utilizan pozos sépticos, generalmente
mal diseñados y construidos, que contaminan las aguas subterráneas.
El 64% de las
viviendas cuentan con el sistema de los pozos sépticos. Las aguas negras
provenientes de pozos sépticos son evacuadas por medio de carrotanques,
llevadas y descargadas al mar en el antiguo botadero de basuras. Además este
sistema ocasiona problemas de derrames de aguas negras en las vías, al no ser
desocupados los pozos sépticos con la periodicidad requerida o porque ya han
cumplido su vida útil. Además los vehículos que realizan la evacuación, no
responden a la demanda y su costo es elevado.
Y un 28% de las
viviendas utilizan el campo abierto, pues no cuentan con sistema de disposición
de excretas. Este problema se presenta en todos los sectores, acentuándose en
las áreas del centro altamente pobladas como son: El Cliff, Santana, El Cocal,
Cartagena Alegre, Tablitas, Zarabanda y Nuevo Méjico (sectores 1 y 3). En los
sectores de la Loma y San Luis (sectores 5 y 6) también existen viviendas que
utilizan el campo abierto, pero se visualiza menos debido a la forma de
asentamiento que es un tanto dispersa.
3.2.2. La situación ambiental descrita, derivada
principalmente, como se dijo antes, del problema sanitario que afecta a toda la
Isla de San Andrés, conduce a la Sala a establecer no sólo la existencia de la
vulneración del derecho que tienen los peticionarios de la tutela a gozar de un
ambiente sano, sino la conexidad de dicha transgresión con la amenaza de
violación de los derechos fundamentales a la salud, a la integridad física y a
la vida de los peticionarios e igualmente de todos los habitantes de dicha
Isla.
En tales condiciones
estima la Sala, acorde con anteriores pronunciamientos, que si bien el derecho
a disfrutar de un ambiente sano se halla reconocido como un derecho colectivo
que se ampara a través de las acciones populares, cuando su violación, como en
el presente caso, se encuentra ligada a su vez a la violación de derechos
fundamentales, procede la acción de tutela como mecanismo judicial indirecto de
protección del referido derecho colectivo.
Para determinar la
aludida conexidad entre la violación del derecho al ambiente sano y la amenaza
de violación de los aludidos derechos fundamentales, que admiten protección
directa, la Sala recurre al informe de la Secretaría de Salud de San Andrés,
realizado con base en el censo sanitario para 1993 realizado por los Promotores
de Saneamiento Ambiental de la misma y del cual se desprende lo siguiente:
En cuanto al
abastecimiento de agua señala, entre otras cosas, lo siguiente:
"La mayoría de
los análisis bacteriológicos realizados por el laboratorio de la División de
Saneamiento Ambiental a las cisternas de aguas lluvias reportan que se requiere
desinfección para su potabilización".
"Una gran parte
de los pozos comunitarios en los sectores de alto riesgo epidemiológico, son
explotados bajo pésimas condiciones sanitarias, careciendo casi siempre de
sistemas de protección, es decir que no tienen paredes laterales, ni tapa o
losa de cubierta, ni mecanismos de extracción de agua, por lo que las personas
quedan obligadas a emplear recipientes varios (contaminados); además se
presenta cercanía con pozos sépticos. La calidad bacteriológica de la mayoría
de los pozos del sector céntrico (sectores 1,3,4) no cumple con las normas de
agua potable, presentando un altísimo recuento mosodílico y reportando
crecimiento de bacterias coliformes totales y fecales".
"En la isla se
encuentran los vectores Aedes Aegypti y Cúlex, potenciales transmisores de
Dengue y Fiebre Amarilla. Los principales criaderos son los depósitos de agua a
nivel de las viviendas, los charcos que se forman en épocas de lluvias, los
materiales inservibles por mala disposición de basuras. Esto se observa más en
sectores de alto riesgo epidemiológico".
En lo que atañe al
alcantarillado o disposiciones de excretas se reporta lo siguiente:
"Con el fin de
disminuir este alto porcentaje de viviendas sin ningún sistema para evacuar y
disponer sus excretas, la Secretaría de Salud a través de sus Divisiones de
Atención Médica y de Saneamiento Ambiental, proyectaron, diseñaron y ejecutaron
con la participación de la comunidad, la construcción de unidades sanitarias
(casetas con ducha, lavamanos, sanitario y pozo séptico) en todos los sectores,
con el fin de disminuir este factor de riesgo epidemiológico tan importante en
la prevención de enfermedades gastrointestinales, entre otras".
Con respecto a los
factores de riesgo ecológicos se agrega:
"La relación
entre estos efectos ambientales sobre la salud de la comunidad no han sido
evaluados, pero si puede tener implicación en el aumento de la infección
respiratoria aguda la contaminación del aire. Además con respecto a la
contaminación de las aguas marinas producida por la descarga o infiltración de
aguas negras se ha presentado en la población enfermedades de la piel que bien
pueden ser atribuidas a esta causa".
3.3. La orden
impartida por los juzgadores de instancia en el sentido de prohibir el
otorgamiento de licencias de construcción, a efectos de tutelar los derechos
fundamentales de los peticionarios.
El otorgamiento
incontrolado de licencias de construcción en la Isla de San Andrés, sin contar
con una infraestructura sanitaria suficiente y adecuada, se ha constituido,
entre otros, en un factor determinante de la creación y agravación de los
problemas ambientales reseñados anteriormente.
Las autoridades
administrativas de la Isla han actuado con falta de prudencia y con
desconocimiento del principio de eficacia a que están obligadas a observar en
todas sus actuaciones, al proceder en la forma anotada, y al no responder a las
necesidades de los peticionarios y sus moradores, en el sentido de dotarlos de
un eficiente servicio de acueducto y alcantarillado, pues aún cuando
frecuentemente han prometido soluciones a esta problemática, ellas no se han
cristalizado en la adopción de medidas eficaces y ciertas para enfrentar el
gran problema ambiental y sanitario que afronta la población.
Los elementos de
juicio estudiados por la Sala permiten avalar las decisiones adoptadas por la
Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena y la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, en el sentido de congelar el otorgamiento de las licencias
de construcción en la Isla de San Andrés, a partir de la notificación del fallo
de primera instancia de fecha septiembre 2 de 1994, pues consultan los
preceptos constitucionales relativos a la protección de los derechos
fundamentales e indudablemente constituyen un instrumento significativo para la
búsqueda de soluciones definitivas a la problemática ambiental que motivó la
presente acción de tutela.
Estima la Sala, en
consecuencia, que su decisión de confirmar el fallo de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia se soporta sobre la base de que la administración departamental
debe llevar a cabo el proyecto de desarrollo y ampliación de los servicios de
acueducto y alcantarillado para la Isla de San Andrés a que se ha aludido en
esta providencia, dentro del término de 3 años contados a partir de la
notificación de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, de
fecha octubre 20 de 1994 y, además, que durante el tiempo de ejecución del
referido proyecto, dicha administración se abstendrá de expedir licencias de
construcción de obras que no correspondan a la satisfacción de necesidades
públicas y al cumplimiento de objetivos sociales, como serían por ejemplo, la
construcción, ampliación o remodelación de vivienda social, escuelas o centros
educativos, hospitales, edificios para dependencias oficiales, centros para la
atención de la familia, la niñez y las personas de la tercera edad. En
consecuencia, no se podrá otorgar licencia para la construcción o ampliación de
hoteles, aparta-hoteles, edificios de apartamentos y residencias para
alojamiento.
No obstante lo
dicho, precisa la Sala que la prohibición de expedir licencias de construcción
se extiende a los proyectos de construcción denominados “autosuficientes”, es
decir, aquellos que cuentan con sistemas propios de agua, generación eléctrica,
tratamiento de aguas negras, etc., toda vez que ese tipo de obras no se
acompasa con la solución integral a la problemática ambiental que propone la
administración y de otra parte no contribuyen eficazmente a su solución, en
razón a que se construyen en zonas carentes de los correspondientes servicios
públicos.
Lo expresado es
consecuente con lo expuesto por esta Corte en la sentencia T-366/93[3],
la cual hizo un llamado de atención a todas las autoridades distritales o
municipales del país para que "se abstengan de expedir licencias o
permisos de construcción sin haber constatado, de manera fehaciente, que en los
sectores para los cuales se otorguen dichas licencias o permisos, cuenten con
la adecuada infraestructura en materia de acueducto, alcantarillado, suministro
de energía eléctrica, recolección de basuras y demás servicios públicos
esenciales, so pena de que dicho otorgamiento incontrolado pueda suscitar la
violación de derechos constitucionales como son el derecho a la salud y el saneamiento
ambiental (art. 49), a la vida digna (art. 51), al ambiente sano (art. 79), al
espacio público (art. 82), a la recreación (art. 52) y, en última instancia, al
más importante de todos, el derecho a la vida (art. 2 y 11),...".
Advierte la Sala finalmente
que las construcciones amparadas con licencias expedidas con anterioridad a la
notificación del fallo de primera instancia, dictado por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Cartagena, podrán llevarse a cabo.
Como resultado del
análisis precedente, se confirmará en todas sus partes la sentencia proferida
por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero con las modificaciones
que en la parte resolutiva se precisan en torno a las construcciones
permitidas.
IV.DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del veinte
(20) de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) proferida por la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual, a su vez, confirmó, con
modificaciones, la sentencia proferida el dos (2) de septiembre de mil
novecientos noventa y cuatro (1994) de la Sala Penal del Tribunal Superior de
Cartagena.
SEGUNDO: No obstante la decisión confirmatoria que
se adopta, la prohibición de otorgar licencias no comprende la relativa a la
construcción de obras que correspondan a la satisfacción de necesidades
públicas y al cumplimiento de objetivos sociales, como serían por ejemplo, la
construcción, ampliación o remodelación de vivienda social, escuelas o centros
educativos, hospitales, edificios para dependencias oficiales, centros para la
atención de la familia, la niñez y las personas de la tercera edad.
TERCERO: ORDENAR que por la Secretaría General de esta
Corporación, se envíen copias de esta sentencia a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales, al Ministerio del Medio Ambiente y a la Superintendencia
de Servicios Públicos, a efecto de que velen por su exacto cumplimiento.
CUARTO: ORDENAR que por la Secretaría General de esta
Corporación, se comunique esta providencia a la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena de Indias, en la forma y para los
efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado Ponente.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado.
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia
T-254/93.
[2] Sentencia
T-112/94.
[3] M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa. |
444 | T-285-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-285/95
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES/VIA DE HECHO/INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA
AGRARIA/ACCION DE REPARACION DIRECTA
Respecto de la
procedencia de la acción de tutela contra las providencias emanadas de una
autoridad judicial, la acción de tutela resulta procedente cuando la decisión
judicial se hubiese proferido mediante una “vía de hecho” que atente contra los
derechos constitucionales fundamentales de una de las partes dentro del
proceso. Se trata, pues, de decisiones que contengan un fundamento arbitrario, caprichoso o abusivo; es decir,
que se desconzca el principio de que al juez le corresponde pronunciarse
judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas
aportadas, todo ello según los criterios que establezca la ley, y no de
conformidad con su propio arbitrio. La acción de tutela contra providencias
judiciales resulta procedente siempre y cuando no exista otro medio de defensa
judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable.
PRINCIPIO IURA NOVIAT CURIA
La regla ‘iura noviat
curia’ permite este nuevo enfoque. Baste recordar que con apoyo en dicho
principio al juez se le dan los hechos y él deberá aplicar el derecho así no
esté expresamente citado en la demanda. Principio aplicable en materia
contencioso administrativa en las acciones de reparación directa y
contractuales. En las demás, de impugnación de actos administrativos, el
principio de la justicia rogada tiene su operancia , ya que el juez estará
sometido en su fallo a manejar las normas citadas como infringidas y el
concepto de la violación expuesta “Y como si la reforma del numeral 4o del
artículo 137 del código contencioso administrativo no fuera suficiente, en el
que se reivindica el principio aludido dominante desde el siglo pasado, la
nueva Constitución lo reafirmó implícitamente al imponer la prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal (C.N. art. 228). Así las cosas, en la
jurisprudencia se muestra esa prevalencia. Quedan, con todo, algunos cultores
del sistema formalista que siguen aferrados a la tradición decimonónica y que
no quieren ver que desde el siglo pasado el proceso dejó de ser un negocio
privado sometido al querer y a la voluntad de las partes; y que el juez, de
convidado de piedra, pasó a ser el activo dispensador de la justicia a quien le
corresponda.
POSESION-Protección/VIA DE HECHO-Inexistencia
Para el Consejo
de Estado, el derecho a proteger es el de posesión y no el derivado de una
sucesión o de un testamento. Por ello, no se tomó en consideración el hecho de
que una sentencia aprobatoria de una partición hubiese reconocido unos
derechos, pues la aplicabilidad de esa decisión escapaba la competencia y los
propósitos que dicha Corporación planteó al resolver la acción de reparación
directa. Así las cosas, mal podría predicarse la existencia de una “vía de
hecho”, cuando el fundamento de la decisión se basó en la aplicación de una
competencia determinada en la ley.
PRINCIPIO DE AUTONOMIA FUNCIONAL DEL JUEZ/JUEZ-Autonomía
Funcional
El principio
democrático de la autonomía funcional del juez, la cual busca evitar que las
decisiones judiciales no sean el resultado de mandatos sobre el funcionario que
las adopta. “De ningún modo se podría preservar la autonomía e independencia
funcional de un juez de la República, si la providencia por el proferida en un
caso específico, quedara expuesta a criterios provenientes de otro distinto al
juez competente en el proceso correspondiente y en lo que hace relación a la
aplicación e interpretación de la ley”. Cuando en cumplimiento de la función de
administrar justicia el juez aplica la ley, según su criterio y examina el
material probatorio, ello no da lugar a quebrantamiento alguno teniendo en
cuenta la independencia con que debe actuar en el ejercicio de la función
jurisdiccional que por naturaleza le compete.
VIA DE HECHO-Inexistencia
Resultaría en
este caso reprochable que, a través de la acción de tutela, se pretendiera
cuestionar los fallos adoptados por el más alto tribunal dentro de la
jurisdicción contencioso administrativa -o por cualquier otro funcionario de la
rama judicial-, cuando su proceder se ha enmarcado dentro de las autónomas
atribuciones que le otorgan la Constitución y la ley, y sus decisiones se han
adoptado por personas que actuan conforme al recto criterio, la experiencia y
los principios de razonabilidad. La providencia proferida por la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, no
contiene una “vía de hecho” que permita intentar una acción de tutela contra
providencias judiciales.
Ref.: Expediente
No. T-64430
Peticionarias:
Hortensia Piñeros Ramos y María Rebeca Piñeros Alonso.
Procedencia: Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrado
Ponente:
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Temas:
- Procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
- Las vías de
hecho
Santafé de Bogotá,
D.C. treinta (30) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995)
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro
Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera
Carbonell,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
tutela radicado bajo el número T-64430, adelantado por las ciudadanas Hortensia
Piñeros Ramos y María Rebeca Piñeros Alonso, contra la sentencia del nueve (9)
de noviembre de 1994, dictada en segunda instancia por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa y cumplimiento,
adelantado por el señor Alvaro Piñeros Acevedo en contra del Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA-.
I. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591
de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional
escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con
el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar
la sentencia correspondiente.
1. Solicitud
Las ciudadanas
Hortensia Piñeros Ramos y María Rebeca Piñeros Alonso, interpusieron ante la
Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá D.C., acción de tutela
contra la sentencia de fecha nueve (9) de noviembre de 1994, dictada en segunda
instancia por la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de
reparación directa y cumplimiento, adelantado por el señor Alvaro Piñeros
Acevedo en contra del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA-, con
el fin de que se les ampararan sus derechos fundamentales consagrados en los
artículos 1o., 2o., 4o., 5o., 13, 14, 23, 29, 42, 58 y 228 de la Constitución
Política.
2. Hechos
Afirman las
peticionarias que el día 26 de febrero de 1986, el señor Alvaro Piñeros
Acevedo, actuando en su condición de heredero de Gonzalo Piñeros Acevedo y
reclamando en nombre de la sucesión de éste, demandó ante el Tribunal
Contencioso Administrativo del Meta al Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria -INCORA-, con el fin de que se le reconociera la indemnización que
corresponde como consecuencia de la afectación del predio denominado
"Cantarrana" ubicado en el muncipio de Granada, departamento del
Meta, realizada mediante Resolución No. 6380 del 24 de mayo de 1968. Dicen que
el mencionado inmueble fue adquirido por el señor Gonzalo Piñeros Acevedo, a
través de compraventa celebrada con la señora Emma Piñeros Acevedo,
protocolizada en la escritura pública No. 8525 del primero (1o.) de octubre de
1970, de la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá.
Manifiestan las
peticionarias que el señor Alvaro Piñeros, previamente a la presentación de la
demanda en contra del INCORA, obtuvo su reconocimiento como heredero dentro del
proceso de sucesión del señor Gonzalo Piñeros Acevedo, que se adelantaba en el
Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Villavicencio, y dentro del cual
también se les reconoció a ellas su calidad de herederas. Dicho proceso de
sucesión concluyó con sentencia de fecha veintisiete (27) de octubre de 1993,
en la cual se aprobó la partición del único bien herencial, consistente en los
derechos litigiosos derivados del proceso que adelantaba el señor Alvaro
Piñeros Acevedo ante la justicia contencioso administrativa. Señalan que esos
derechos fueron repartidos por partes iguales entre ellas y el señor Alvaro
Piñeros, y que dicha decisión fue comunicada oportunamente al Consejo de Estado
y al INCORA.
Con base en la
referida partición, las interesadas afirman que concurrieron al proceso
contencioso administrativo, el cual se encontraba en la etapa de la
sustentación del recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia, con el fin de hacer valer su condición de herederas y coadyuvar las
pretensiones de la demanda.
Al respecto,
argumentan:
“En el acto
procesal que siguió a nuestra intervención (LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA)
la solicitud nuestra no fue atendida, y sin que en la parte resolutiva se
hubiera hecho pronunciamiento, en la parte motiva se hizo una exposición de las
razones para no considerarla, las cuales resumimos así: a) La Sala de decisión
partió del concepto de que el causante, GONZALO PIÑEROS ACEVEDO, no ostentaba
la propiedad del predio afectado, si no exclusivamente la posesión,
estableciéndola como derecho básico para el reconocimiento de la indemnización.
b) Precisa dicha posesión a partir del fallecimiento del señor GONZALO PIÑEROS
ACEVEDO, en cabeza de ALVARO PIÑEROS ACEVEDO, por haberla derivado de aquel,
'...quién la instituyó en su testamento como legatario del predio...' (página
12 de la sentencia), pero luego, a página 20 de la misma, se contradice
concluyendo que '...la reparación a la que tiene derecho el actor no deviene
pues de su condición de heredero de GONZALO PIÑEROS ACEVEDO; no se trata de un
derecho otorgado por el mencionado causante...'. Lo anterior significa como
conclusión, que finalmente para el CONSEJO DE ESTADO, ALVARO PIÑEROS ACEVEDO,
era quien ostentaba la calidad de poseedor del predio en forma autónoma y no
derivada del causante, y con base en esto determina la condena a su favor, sin
tener en cuenta a las coherederas aquí actuantes, y sin considerar que toda la
realidad probatoria y procesal de las cuales resalto las manifestaciones del
coheredero mismo, conducen sin dificultad a conclusión diferente”.(Mayúsculas del texto original)
De acuerdo con lo
anterior, consideran las demandantes que el Consejo de Estado no aplicó lo
dispuesto en el artículo 146 del Código Contencioso Administrativo, toda vez
que su petición no fue resuelta mediante auto del ponente. Aducen también que
esa Corporación “no aplicó las normas supletorias contenidas en los artículos
50 y 52 del Código de Procedimiento Civil (Decreto 2282, artículo 1o., numeral
19), aplicables en razón de lo establecido en el artículo 267 del Ordenamiento
Contencioso Administrativo, y en tales circunstancias su omisión es verdadera
denegación de justicia.”
Por otra parte,
resaltan las peticionarias el hecho de que el señor Alvaro Piñeros Acevedo
nunca adujo la condición de poseedor del inmueble "Cantarrana" dentro
del proceso contencioso administrativo, y por el contrario, en su demanda se
invocó su calidad de heredero de Gonzalo Piñeros Acevedo, y su reclamo lo hizo
a nombre de la sucesión de éste. Por ello, afirman: “Su derecho entonces lo
deriva exclusivamente del causante, siendo el único medio idóneo para
traditarlo. Y por ello el inicial accionante legitimó su actuación con base en
el reconocimiento de heredero que se hizo en desarrollo de tal proceso.”
Anotan que la
sentencia del Consejo de Estado hace referencia a un testamento otorgado el
tres (3) de diciembre de 1964 en el cual Gonzalo Piñeros Acevedo designó como
legatario de su único bien al señor Alvaro Piñeros Acevedo, “pero a pesar de
que en el expediente obra la escritura de compraventa número 2375 del 3 de mayo
de 1969, contentiva de la compraventa celebrada en favor de EMMA PIÑEROS
ACEVEDO, sobre el mismo predio, no tiene en cuenta que por ser posterior este
acto al testamentario, tuvo la fuerza jurídica de revocarlo, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 1192 del Código Civil Colombiano, situación demasiado
clara en nuestro derecho, así después lo hubiera readquirido mediante escritura
8521 del 1 de octubre de 1970. Es que además, el testamento nunca fue
presentado ante el Juez competente (Segundo Promiscuo de Familia del Meta),
omisión esta que dice mucho de la realidad jurídica y del interés del
interesado (sic), y que de hecho traduce el reconocimiento de parte de este, de
que se encontraba revocado.”
Finalmente sostienen
que la sentencia objeto de la presente acción de tutela contiene otras
violaciones a sus derechos fundamentales, como el hecho de ordenar el
reconocimiento de un interés sobre el valor del predio cuya posesión se perdió,
desde el 10 de julio de 1989, fecha en la cual se rindió el peritaje
correspondiente, y no desde el día 20 de marzo de 1978, fecha en la cual se
llevó a cabo el despojo, y la aplicación de una tasa de interés contemplada en
una norma derogada (artículo 62 de la ley 135 de 1961). Por ello, concluyen:
“Lo grave para nosotras, es que con la sentencia se puso fin a las actuaciones
y no tenemos medio alguno diferente al que aquí invocamos, que nos permita
obtener el reconocimiento de nuestros derechos hereditarios debidamente
establecidos por el Juzgado Segundo promiscuo de Familia de Villavicencio. Es
decir, que la sentencia nos causa un perjuicio irremediable el que tan solo
puede llegar a ser reparado mediante la acción invocada.”
3.
Pretensiones
Solicitan las peticionarias
lo siguiente:
“1- Declarar que el
CONSEJO DE ESTADO, SECCION TERCERA, viola en la providencia indicada los
derechos fundamentales constitucionales de HORTENSIA PIÑEROS RAMOS y MARIA
REBECA PIÑEROS ALONSO.
“2- Declarar que el
perjuicio que causa la sentencia tiene carácter de irremediable.
“3- Ordenar el
reconocimiento de las cuotas partes que corresponden a las aquí accionantes, en
calidad de herederas de GONZALO PIÑEROS ACEVEDO, y de conformidad a sentencia
proferida por el JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE VILLAVICENCIO.”
III. ACTUACION
PROCESAL
1. Pruebas que
obran en el expediente
1.1. Copia íntegra
del proceso de reparación directa instaurado por el señor Alvaro Piñeros
Acevedo en contra del Instituto Colombiano de la reforma Agraria -INCORA-.
1.2. Copia íntegra
del proceso de sucesión del señor Gonzalo Piñeros Acevedo.
2. Fallo de
primera instancia
Mediante providencia
de fecha 14 de diciembre de 1994, la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, resolvió negar la presente acción de
tutela, toda vez que no encontró que el Consejo de Estado, al resolver del la
acción de reparación directa que dio lugar a la presente tutela, “haya
incurrido en omisión o situación de hecho alguna, pues en verdad la providencia
respectiva (...) consta que la decisión adoptada se fundamentó en
consideraciones de orden fáctico y jurídico, que no son controvertibles en sede
de tutela.”
En el fallo en
comento se adujo además que “mal puede el Tribunal en sede de tutela,
paralelamente adopte decisiones sobre procesos cuyo conocimiento ha
correspondido a otros jueces, lo cual sin lugar a dudas, está lejos de los
objetivos que el Constituyente tuvo en mientes al instituir este instrumento
constitucional.”
3. Impugnación.
Mediante memorial de
fecha once (11) de enero de 1995, el apoderado de las actoras impugnó la
providencia de primera instancia, con el argumento de que la sentencia del
Consejo de Estado que dio lugar a la presente acción de tutela es contraria al
ordenamiento jurídico, toda vez que partió de unos supuestos fácticos que no
fueron invocados por el señor Alvaro Piñeros, ni mucho menos probados dentro
del respectivo proceso.
A juicio del
impugnante, “la revocatoria de las decisiones contrarias al derecho y
violatorias de derechos fundamentales como los reseñados, es uno de los puntos
considerados por el legislador para establecer la acción de tutela, procurando
que las decisiones y en general los errores de los jueces puedan ser corregidos
evitando que se causen más perjuicios al asociado afectado, y por sobre todo
evitando que la arbitrariedad resulte imponiéndose.”
Finalmente considera
que la acción de tutela es el único mecanismo jurídico idóneo para evitar
sentencias “arbitrariamente ilegales”, cuando en contra de ellas no es posible
interponer otro recurso.
4. Fallo de
segunda instancia
A través de la
sentencia del veintitrés (23) de febrero de 1995, la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia resolvió revocar el fallo de primera instancia y
en su lugar tuteló, de manera transitoria, el derecho al debido proceso de las
señoras Hortensia Piñeros Ramos y María Rebeca Piñeros Alonso. En virtud de lo
anterior se ordenó al INCORA que se abstuviera de dar cumplimiento a la
sentencia del nueve (9) de noviembre de 1994, proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado, “hasta tanto la justicia ordinaria defina los derechos
que Alvaro Piñeros, Hortensia Piñeros y María Rebeca Piñeros Alonso tienen
respecto de la indemnización que dicha providencia dispone pagar, siendo
entendido que la orden aquí impartida conservará su vigencia mientras la
mencionada decisión de fondo no se produzca y adquiera firmeza, siempre y
cuando las accionantes en tutela en cuyo favor es concedido este amparo provisional,
instauren la respectiva acción a más tardar dentro de los cuatro meses
siguientes a la fecha de este fallo.”
Encontró el ad-quem
que, de los hechos debidamente probados en la presente acción de tutela, “no es
difícil concluir que, en verdad, ha sido violada la garantía constitucional del
debido proceso de las accionantes”. Así, señaló que el fallo del Consejo de
Estado es incongruente, toda vez que la acción de reparación directa fue
interpuesta por el señor Alvaro Piñeros Acevedo a nombre de la sucesión de su
hermano Gonzalo Piñeros Acevedo, y aduciendo su condición de heredero,
“pretensión frente a la cual no sería lógico exigir los demás herederos
reconocidos del causante iniciar por separado acciones similares de reparación,
pues basta que uno sólo de los herederos pidiera para la mortuoria, habida
cuenta de la legitimación por activa existente en cabeza de cualquiera de los
herederos para gestionar en favor de ese patrimonio autónomo.” De lo anterior
concluyó que el derecho a la indemnización en cabeza de las accionantes en
tutela se concretó en la sentencia aprobatoria de la partición elaborada dentro
de la referida sucesión.
Además, consideró la
Corte Suprema que la venta efectuada por el difunto Gonzalo Piñeros Acevedo en
favor de su hermana Emma Piñeros Acevedo, llevaba implícita la revocatoria del
legado que en relación con el inmueble “Cantarrana” se había realizado con
anterioridad en favor de Alvaro Piñeros Acevedo.
Señala que, pese a
que no era necesario que las señoras Hortensia Piñeros Ramos y María Rebeca
Piñeros Alonso acudieran al proceso contencioso-administrativo para que se les
reconociera su derecho a una cuota parte de la pretendida indemnización, así lo
hicieron al momento de tramitarse la segunda instancia; sin embargo, el Consejo
de Estado la deprecó, con fundamento en el ya mencionado argumento de que la
reparación a que tiene derecho el señor Alvaro Piñeros Acevedo deviene de su
condición de poseedor, y no de la de heredero.
Sobre el particular,
manifestó la Corte Suprema:
“De manera que
entendida la prenotada decisión, ya en el sentido de que fue implícitamente
desestimatoria de la petición de esas herederas, ora como estimatoria de una
imaginada pretensión indemnizatoria de Alvaro Piñeros Acevedo excluyente en
cuanto tal del derecho aducido por aquellas para justificar dicha petición, es
lo cierto que la sentencia así proferida colocó a las accionantes en inminente
peligro de recibir un perjuicio irremediable consistente en dejarlas expuestas
a perder, en beneficio de Alvaro Piñeros Acevedo, la cuota que por cabezas les
toca en la indemnización reconocida, pese a que el juzgador administrativo de
segunda instancia era perfecto conocedor de que el mismo Alvaro Piñeros
Acevedo, al precisar los fundamentos de su pretensión, dijo concurrir como
heredero de Gonzalo Piñeros Acevedo y por lo tanto admitió el carácter
sucesoral del derecho a obtener la ameritada reparación, carácter que por lo
demás es el que aparece inequívocamente reflejado en el inventario efectuado en
el proceso mortuorio correspondiente o en la adjudicación realizado por virtud
del acto de partición que a dicho trámite puso fin”.
IV.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución
Política y 31 a 36 del decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la
referencia.
2. Trámite
previo a la decisión de fondo
El magistrado JORGE
ARANGO MEJIA planteó a la Sala Plena la posibilidad de que con la presente
Sentencia se presentara cambio de jurisprudencia en relación con la doctrina de
las "vías de hecho" sustentada por esta Corporación, y, por tanto, la
conveniencia de llevar el caso a consideración de la Sala Plena, conforme a lo
establecido en el artículo 53 del Acuerdo 05 de 1992. La propuesta fue aceptada
por los magistrados NARANJO y BARRERA.
Como consecuencia de
lo anterior, mediante auto de fecha 20 de junio de 1995, se ordenó suspender
los términos dentro del presente proceso en espera del pronunciamiento de la
Sala Plena sobre cambio de jurisprudencia.
En su sesión del día
29 de junio de 1995 la Sala Plena analizó el posible cambio de jurisprudencia
planteado y, por mayoría de votos, concluyó con que no lo había. Por
consiguiente dispuso el reenvio del expediente para decisión final de la Sala
Novena de Revisión.
Por otra parte, la
Sala Plena, por unanimidad, ratificó la jurisprudencia vigente sobre vías de
hecho, sentada en la Sentencia No. C-543 del primero (1o) de octubre de 1992 y,
por mayoría de votos, estableció que las decisiones sobre esta materia se tomen
por la correspondiente Sala de Revisión de Tutelas, salvo en los casos en que
se produzca un cambio de jurisprudencia, en los cuales la decisión final debe
ser adoptada por la Sala Plena.
Así las cosas, entra
la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional a revisar la acción de
tutela número T-64430, instaurada por las ciudadanas Hortensia Piñeros Ramos y
María Rebeca Piñeros Alonso, contra la sentencia del nueve (9) de noviembre de
1994, dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
3. La
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y las
denominadas “vías de hecho”.
En reiteradas
oportunidades la Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela,
según lo prevé el artículo 86 de la Carta Política, es un mecanismo inmediato a
través del cual se ampara un derecho constitucional fundamental amenazado o violado
por parte de una autoridad pública o de un particular, siempre y cuando no
exista otro mecanismo de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un
perjuicio irremediable. No se trata, entonces, de un medio para reemplazar o
sustituir los procedimientos ordinarios contemplados legalmente en nuestro
ordenamiento jurídico, ni tampoco como un mecanismo alternativo de esos
procesos. Asimismo, la acción en comento no puede considerarse como un
instrumento utilizable en aquellos casos en que las partes, dentro de un
determinado proceso, cometan equivocaciones o descuidos que puedan amenazar la
realización de sus intereses jurídicos, o que permita cuestionar las diversas
interpretaciones que la autoridad competente le dé a la ley.
Al respecto, ha
establecido esta Corporación:
“No es la
tutela un procedimiento que sirva para suplir las deficiencias en que las
partes, al defender sus derechos en los procesos, puedan incurrir, porque se
convertiría en una instancia de definición de derechos ordinarios, como lo
pretende la solicitante, y no como lo prevé la Carta Política para definir la
violación de Derechos Constitucionales Fundamentales.
“La acción de
tutela procede contra las decisiones u omisiones de cualquier autoridad pública
o de particulares, cuando éstos violen o amenacen violar derechos
fundamentales, a fin de evitar un atentado contra la dignidad de la persona
humana. Las manifiestas violaciones a dicha condición inherente del ser humano
encontrarán un valioso recurso en la denominada Acción de Tutela, cuando no
pueda mediar otro correctivo judicial. Así, tiene la mencionada acción el
carácter de supletiva, mas no de sustitutiva de las competencias
constitucionales y legales de las autoridades públicas, en el presente caso
para impartir justicia.
“No hay lugar
a que prospere la acción de tutela, cuando la persona que la invoca cuestione
la acción de las autoridades por errónea interpretación de la ley, ni el caso
de que la decisión de la autoridad pública o del particular hayan definido el
derecho dentro de sus competencias constitucionales y legales”.[1] (Negrillas fuera de texto original)
En otro pronunciamiento, se dispuso:
“Así, pues, la
tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado,
para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la
excepción dicha- la acción ordinaria.
“La acción de
tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea
el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la
Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico
para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.
“Se comprende,
en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario
y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no
puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela,
pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es
improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección,
aún sin que ella haya culminado en un pronunciamiento definitorio del
derecho. Bien puede afirmarse que, tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso,
tal como lo acreditan sus remotos orígenes. En el sentir de esta Corte,
nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de la oportunidad
de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció
los recursos de que disponía. Pero, claro está, si pese a las ocasiones de
defensa dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que
le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios
constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta), el interesado se abstuvo de
utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución
de la tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto
ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio universalmente
aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la acción”[2] (Negrillas fuera de texto original).
Respecto de la
procedencia de la acción de tutela contra las providencias emanadas de una
autoridad judicial, es necesario recordar que la Corte Constitucional, en
sentencia No. C-543 de 1992, declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12
y 40 del Decreto 2591 de 1991. No obstante, la doctrina planteada en esa misma
jurisprudencia y adoptada posteriormente en numerosos pronunciamientos de esta
Corporación, ha determinado que la acción de tutela resulta procedente en estos
eventos cuando la decisión judicial se hubiese proferido mediante una “vía de
hecho” que atente contra los derechos constitucionales fundamentales de una de
las partes dentro del proceso. Se trata, pues, de decisiones que contengan un
fundamento arbitrario, caprichoso o
abusivo; es decir, que se desconzca el principio de que al juez le corresponde
pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las
pruebas aportadas, todo ello según los criterios que establezca la ley, y no de
conformidad con su propio arbitrio.
Sobre la procedencia de la acción de tutela en los casos de la
denominada “vía de hecho”, ha manifestado la Corte:
“Una actuación de
la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control
constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de
fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como
consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona.
“Carece de
fundamento objetivo la actuación manifiestamente contraria a la Constitución y
a la Ley. La legitimidad de las decisiones estatales depende de su
fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el
ejercicio de las funciones públicas (CP art. 121), es condición de existencia
de los empleos públicos (CP art. 122) y su desconocimiento genera la
responsabilidad de los servidores públicos (CP arts. 6, 90). Una decisión de la
autoridad no es constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio
de las funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley
(CP art. 13), principio que le imprime a la actuación estatal su carácter
razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de
los servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden
interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar
el ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de
hecho contrarias al Estado de Derecho que les da su legitimidad.
“La decisión
revestida de las formalidades de un acto jurídico encubre una actuación de
hecho cuando ésta obedece más a la voluntad o al capricho del agente estatal
que a las competencias atribuidas por ley para proferirla. El criterio para
evaluar qué conductas tienen fundamento en el ordenamiento jurídico y cuáles no
es finalista y deontológico. Las autoridades públicas están al servicio de la
comunidad (CP art. 123) y en el cumplimiento de sus funciones deben ser
conscientes de que los fines esenciales del Estado son, entre otros, servir a
dicha comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución (CP art. 2). Las autoridades públicas deben
ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe (CP art. 83). La conducta
dolosa o gravemente culposa de los servidores públicos debe ser excluida del
ordenamiento jurídico y su demostración genera la responsabilidad patrimonial
del Estado, así como el deber de repetir contra el agente responsable del daño
(CP art. 90).
“La vulneración
de los derechos fundamentales por parte de servidores públicos que actúan sin
fundamento objetivo y razonable, y obedecen a motivaciones internas, desconoce
la primacía de los derechos inalienables de la persona (CP art. 5), la
protección constitucional de los derechos fundamentales (CP art. 86) y la
prevalencia del derecho sustancial (CP art. 228). En caso de demostrarse su
ocurrencia, el juez de tutela deberá examinar la pertenencia del acto al mundo
jurídico y proceder a la defensa de los derechos fundamentales vulnerados en el
curso de una vía de hecho por parte de la autoridad pública”.[3]
En otro pronunciamiento, relacionado también con este mismo tema, la
Corte agregó:
“En ese orden de
ideas, la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez,
aunque pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial,
puede ser atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los
presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro
medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho.
“En tales casos,
desde luego, el objeto de la acción y de la orden judicial que puede impartirse
no toca con la cuestión litigiosa que se debate en el proceso, sino que se circunscribe
al acto encubierto mediante el cual se viola o amenaza un derecho fundamental”.[4]
En virtud de lo
expuesto, debe advertirse que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales en ningún caso puede convertirse en una justificación
para que el juez encargado de ordenar la protección de los derechos
fundamentales, entre a resolver la cuestión litigiosa debatida dentro del
proceso. Por ello, la labor en este caso se circunscribe únicamente a analizar
la conducta desplegada por el funcionario encargado de administrar justicia, la
cual se refleja a través de la providencia atacada, y solamente si esa conducta
reviste el carácter de abusiva, caprichosa o arbitraria, de forma tal que
amenace o que vulnere algún derecho constitucional fundamental.
Por otra parte, la
Sala debe reiterar que no toda irregularidad procesal constituye una vía de
hecho, máxime cuando el supuesto afectado cuenta con los mecanismos ordinarios
para solicitar la protección de sus derechos. Significa lo anterior que, al
igual que los demás casos, la acción de tutela contra providencias judiciales
resulta procedente siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial,
salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable. Con esto se busca, como
ya lo ha establecido esta Corporación, garantizar la prevalencia del principio
de la independencia de los jueces, del acceso a la administración de justicia y
de la seguridad jurídica. En efecto, se ha señalado:
“El principio de
independencia judicial (CP arts. 228 y 230), no autoriza a que un juez ajeno al
proceso, cuya intervención no se contempla en la norma que establece el
procedimiento y los recursos, pueda revisar los autos y providencias que
profiera el juez del conocimiento. La valoración de las pruebas y la aplicación
del derecho, son extremos que se libran al Juez competente y a las instancias
judiciales superiores llamadas a decidir los recursos que, de conformidad con
la ley, puedan interponerse contra sus autos y demás providencias. Tanto el
juez de instancia como sus superiores, cada uno dentro de la órbita de sus
competencias, son autónomos e independientes, y adoptan sus decisiones
sometidos únicamente ‘al imperio de la ley’ (CP art. 230). Las injerencias
contra las cuales reacciona el principio de independencia judicial, no se
reducen a las que pueden provenir de otras ramas del poder público o que emanen
de sujetos particulares; también pertenecen a ellas las surgidas dentro de la
misma jurisdicción o de otras, y que no respeten la autonomía que ha de
predicarse de todo juez de la República, pues en su adhesión directa y no
mediatizada al derecho se cifra la imparcial y correcta administración de
justicia (...).
“4.4 La acción
de tutela contra las vías de hecho judiciales - cuando ella sea procedente ante
la ausencia de otro medio de defensa judicial o como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable -, en primer término, se endereza a garantizar
el respeto al debido proceso (CP art. 29) y el derecho de acceso a la justicia
(CP art. 229). Gracias a estos dos derechos medulares toda persona puede
acudir ante un juez con miras a obtener una resolución motivada ajustada a
derecho y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías
constitucionales previstos en la Constitución y en la ley. Se articula a través
de las normas citadas un derecho público subjetivo a la jurisdicción o tutela
judicial, que no consiste propiamente en satisfacer la pretensión que se
contiene en la demanda o en su contestación sino a que se abra un proceso y a
que la sentencia se dicte con estricta sujeción a la ley y a las garantías
procedimentales. En este orden de ideas, la vía de hecho judicial, en la forma
y en el fondo, equivale a la más patente violación del derecho a la
jurisdicción. Por ello la hipótesis más normal es la de que través de los
diferentes recursos que contemplan las leyes procedimentales, se pueda impugnar
cualquier acción u omisión judicial que configure una vía de hecho, en cuyo
caso, aunque no se descarte siempre la procedibilidad de la tutela, su campo de
acción - dada su naturaleza subsidiaria - será muy restringido (...).
“(...) Obsérvese
que los defectos calificados como vía de hecho son aquellos que tienen una
dimensión superlativa y que, en esa misma medida, agravian el ordenamiento
jurídico. Los errores ordinarios, aún graves, de los jueces in iudicando o
in procedendo, no franquean las puertas de este tipo de control que, por lo
visto, se reserva para los que en grado absoluto y protuberante se apartan de
los dictados del derecho y de sus principios y que, por lo tanto, en la forma o
en su contenido traslucen un comportamiento arbitrario y puramente voluntarista
por parte del juez que los profiere”.[5] (Negrillas fuera
de texto original).
De conformidad con
las anteriores consideraciones, resulta pertinente, entonces, determinar, como
se hará más adelante, si para los efectos de la decisión que le corresponde
adoptar a esta Sala, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, aplicó en forma arbitraria, caprichosa y
flagrante las normas jurídicas relacionadas con el derecho de posesión y la
responsabilidad administrativa dentro de un proceso de reparación directa.
Asimismo, corresponderá a esta Sala definir si las peticionarias, María Rebeca
Piñeros Alonso y Hortensia Piñeros Ramos, ya utilizaron los medios de defensa
propios de este tipo de controversias judiciales y si se encuentran ante una
situación inminente que permita y justifique la procedencia preferencial de la
acción de tutela.
4. El caso en
concreto
Para efectos del
asunto que ocupa la atención de esta Sala, resulta pertinente, en primer lugar,
determinar los hechos que dieron lugar al proceso contencioso administrativo y
que, por ende, constituyeron el supuesto fáctico de la providencia proferida
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, la cual en esta oportunidad es cuestionada a través de la acción de
tutela.
Los hechos más
relevantes para efectos del caso bajo examen son, pues, los siguientes:
1. El seis (6) de
junio de 1959, Blanca Corrales vendió al señor Gonzalo Piñeros, a través de
“Falsa tradición, enajenación de cosa ajena” -según aparece en el certificado
suscrito por el registrador de Instrumentos Públicos de San Martín, Meta-, unos
derechos sucesorales sobre la finca “Cantarrana”, ubicada en el municipio de
Granada, departamento del Meta.
2. El tres (3) de
diciembre de 1964, Gonzalo Piñeros otorgó testamento abierto, en el que
instituyó como legatario de los derechos sobre la finca mencionada a su
hermano, Alvaro Piñeros Acevedo.
3. El tres (3) de
mayo de 1969, Gonzalo Piñeros le vende esos derechos a Emma Piñeros Acevedo.
Esta, a su vez, se los vuelve a vender a Gonzalo Piñeros el día primero (1o.)
de octubre de 1970.
4. Mediante
Resolución No. 6380 del veinticuatro (24) de mayo de 1968, el INCORA afectó
para fines de reforma agraria la finca rural denominada “CANTARRANA”.
5. Gonzalo Piñeros
falleció el seis (6) de febrero de 1977.
6. El doce (12) de
agosto de 1971, el INCORA profiere dos resoluciones a través de las cuales se
determina la expropiación de la finca y se ordena que el inmueble se tenga como
adecuadamente explotado desde un punto de vista económico.
7. El siete (7) de
octubre de 1977, el Juez Promiscuo del Circuito de Granada acepta la demanda de
expropiación interpuesta por el INOCRA. Posteriormente, el veintinueve (29) de
marzo de 1978, la entidad pública logró la entrega anticipada del bien y, por ende,
entró en posesión material de la finca. El señor Alvaro Piñeros Acevedo,
alegando sus derechos sobre el predio y la explotación económica que había
realizado sobre el mismo, dio contestación a la demanda y se opuso a la
diligencia de entrega.
8. El dieciocho (18)
de octubre de 1985, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio, profirió sentencia inhibitoria respecto del proceso de
expropiación. A pesar del fallo, el INCORA no restituyó el inmueble.
9. El trece (13) de
diciembre de 1979, el la Junta Directiva del INCORA profirió una resolución en
la cual ordenó desafectar parcialmente el predio en cuestión. No obstante, el
INCORA no cumplió con la Resolución de desafectación parcial, ni ha modificó el
decreto de expropiación. Por el contrario, la entidad procedió a adjudicar el
inmueble a varios particulares.
10. Alvaro Piñeros
no recuperó el inmueble del que fue desposeído desde el veintinueve (29) de
marzo de 1978.
11. Ante esta
situación, Liborio Belalcazar Román, actuando en nombre y representación de
Alvaro Piñeros Acevedo, quien demandó “en su condición de heredero de la
sucesión de Gonzalo Piñeros Acevedo y para ésta”, interpuso, ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, acción de reparación directa contra el INCORA.
12. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se declaró incompetente para fallar el asunto y,
por ende, envió el expediente al Tribunal Administrativo del Meta. Después de
varias actuaciones, este Tribunal, en sentencia del veintiséis (26) de octubre
de 1993, encontró que la acción de reparación directa había caducado.
13. El veintisiete
(27) de octubre de 1993, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
Villavicencio, aprobó el trabajo de partición y adjudicación de los bienes de
la sucesión de Gonzalo Piñeros. En dicha partición se reconocieron como activos
“Derechos litigiosos del proceso de reparación directa de la sucesión de
Gonzalo Piñeros Acevedo contra el INCORA que cursa en el Tribunal Contencioso
Administrativo del Meta, para el reconocimiento de los perjuicios ocasionados
por la expropiación de la finca Catarrana (...)”. Esos derechos se repartieron
en forma igual y proporcional entre los herederos Alvaro Piñeros Acevedo
(hermano), María Rebeca Piñeros Alonso (heredera) y Hortensia Piñeros Ramos (heredera).
Estas últimas acudieron al proceso en ejercicio del derecho de representación.
14. Apelada la
sentencia del Tribunal Administrativo del Meta por parte del apoderado de
Alvaro Piñeros, el Consejo se Estado conoció del asunto y asignó como ponente
al Dr. Carlos Betancur Jaramillo (28 de enero de 1994).
15. El treinta y uno
(31) de agosto de 1994, el abogado Jaime Escovar Rivera, actuando en
representación de Hortensia y María Rebeca Piñeros, solicitó al Consejo de
Estado que la indemnización que se decretaría en el proceso se realizara
atendiendo los porcentajes definidos en la partición de Gonzalo Piñeros. De
igual forma, solicitó que se revocara la sentencia del Tribunal Administrativo
del Meta y que se reconociera la existencia del perjuicio.
16. El nueve (9) de
noviembre de 1994, con ponencia del Dr. Carlos Betancur Jaramillo, la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
revocó la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta y ordenó pagar los
perjuicios causados por la expropiación al señor Alvaro Piñeros Acevedo.
Para efectos de la
acción de tutela que se revisa, esta Sala considera que los siguientes son los
argumentos más importantes que motivaron la mencionada decisión:
A) La
acción de reparación directa no se encontraba caducada.
B) El
predio en el que estaba la finca Cantarrana era un terreno baldío. Por eso, el
derecho que se debe indemnizar es el derecho de posesión y no el de propiedad,
porque el señor Gonzalo Piñeros nunca fue dueño de esas tierras.
C) La
Resolución de expropiación fue notificada a Gonzalo Piñeros, quien había
instituido como legatario a su hermano. Alvaro Piñeros continuó con la
explotación del predio y fue el único que mantuvo un interés jurídico por la
suerte del mismo.
E) De lo
anterior dedujo la Sala:
“El derecho que
tenía el demandante sobre el inmueble CANTARRANA era un derecho de posesión y
no de propiedad. Dicho derecho de posesión lo derivó de su hermano GONZALO
PIÑEROS, quien lo instituyó en su testamento como legatario del predio y lo
ejercía materialmente en el momento que se llevó a cabo la diligencia de
entrega anticipada del predio al INCORA.
“El demandante
residía en el predio; intervino en el proceso administrativo de expropiación;
se opuso a la diligencia de entrega por tener explotada la finca con cultivos
de maíz y sorgo; solicitó su desafectación parcial por haber celebrado
contratos de aparcería sobre parte del bien; y, por último, compareció como
único demandado durante todo el proceso civil de expropiación.
“Fue este
derecho de posesión, que a nombre propio ejercía el demandante sobre el
inmueble, del que fue privado en la diligencia de entrega anticipada por el
Juzgado del Circuito de Granada (Meta), dentro del proceso de expropiación
adelantado por INCORA (...)”.
“Así las
cosas, resulta claro que el demandante fue privado de su derecho de posesión en
el predio por la entidad demandada, la cual, en primer lugar, adelantó un
proceso de expropiación irregular que condujo a una sentencia inhibitoria;
insistió en la entrega anticipada sin haber resuelto la solicitud de
desafectación; no modificó los actos de expropiación; y adjudicó como predio el
baldío el mismo que había expropiado; y, en segundo lugar; suspendió dicho
proceso, pues no tomó ninguna medida para solucionar la situación del
demandante, ocasionándole evidentes perjuicios que hubieran podido ser
solucionados con decisiones oportunas”.(Negrillas fuera de texto original)
F) En cuanto a la
petición elevada el 31 de agosto por parte del apoderado de las herederas, la
providencia en comento señaló:
“La reparación a
la que tiene derecho el actor no deviene pues de su condición de heredero de
GONZALO PIÑEROS ACEVEDO; no se trata de un derecho otorgado por el mencionado causante,
razón por la cual no es atendible la petición formulada por sus herederos”.
Frente a estas
consideraciones, las peticionarias interpusieron acción de tutela cuyos
resultados procesales se encuentran resumidos en el acápite correspondiente de
esta sentencia.
Con base en el
anterior resumen de los hechos, la Sala estima que en el presente caso no se ha
configurado una “vía de hecho” en la sentencia cuestionada de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que amerite la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Antes de exponer los argumentos que motivan la
presente decisión, debe insistirse que no es competencia de esta Sala de
Revisión el pronunciarse acerca de la cuestión de fondo dentro del proceso
contencioso administrativo, así como tampoco le corresponde señalar si comparte
o no la decisión adoptada por la el Consejo de Estado en ejercicio de su
autónoma e independiente competencia. Por ello, se reitera, este
pronunciamiento no podrá ir más allá de advertir que se encuentra que el fallo
acusado no se adoptó en forma caprichosa y arbitraria, por fuera de la ley, de
la justicia y del derecho.
La conclusión de
esta Sala se fundamenta, pues, en la razonabilidad del fundamento jurídico
planteado en la sentencia en comento y en la competencia autónoma del Consejo
de Estado para decidir los asuntos que se someten a su consideración.
La decisión del
Consejo de Estado de ordenar al INCORA la indemnización en favor del señor
Alvaro Piñeros Acevedo dentro del proceso de reparación directa por la
expropiación de la finca “Cantarrana”, se fundamentó en el hecho de que el
citado señor era quien efectivamente había ocupado y explotado económicamente
el predio durante varios años y lo continuaba haciendo en el momento en que la
entidad pública citada decretó la expropiación en comento. Así, de los apartes
transcritos de la sentencia se puede observar que si bien la Sección Tercera de
la Corporación reconoce que inicialmente el derecho de posesión del demandante
proviene del testamento que lo instituyó como legatario, el fundamento de la
responsabilidad administrativa del INCORA recae sobre un perjuicio que se le
ocasionó a quien, con hechos materiales ciertos y concretos -explotación
agraria-, desarrolló en forma permanente ese derecho de posesión e, inclusive,
lo defendió ante las instancias administrativas y judiciales.
Como se observa, la
providencia se basó en un hecho determinado: la responsabilidad del INCORA por
no haber desarrollado en forma diligente el proceso de expropiación. Y esa
responsabilidad ocasionó, para esa Corporación, unos perjuicios que deben ser
reparados al señor Alvaro Piñeros Acevedo por haber sido afectado su derecho de
posesión. Ese era el punto que debía resolver la Sección Tercera del Consejo de
Estado. Por ello, resulta razonable -independientemente de la posición que se
adopte- el decidir que no era competencia de esa entidad el pronunciarse acerca
de unos derechos consignados en una sentencia de partición, en favor de unas
personas que nunca fueron parte del proceso.
En este punto,
entonces, cabe preguntarse: ¿Constituye una “vía de hecho” el que en la
providencia se hubiese considerado que al señor Piñeros se le ocasionó un
perjuicio en su calidad titular de unos derechos por haber ocupado y explotado
económicamente unos terrenos baldíos -”poseedor agrario”-, sin interesar que la
demanda de reparación directa fue presentada en nombre de la sucesión de
Gonzalo Piñeros y a favor de ésta? ¿Constituye una “vía de hecho” el que el
Consejo de Estado no hubiese reconocido en la sentencia que el testamento que
instituyó como heredero a Alvaro Piñeros se había revocado posteriormente?
Para responder a
estos cuestionamientos, la Sala debe llamar la atención respecto de la
autonomía e independencia de que goza el juez contencioso administrativo para
resolver los asuntos que se someten a su conocimiento. En particular, resulta
apropiado señalar que en este tipo de debates jurídicos el juez puede aplicar
el principio “iura noviat curia”, el cual es explicado de la siguiente
forma:
“La regla ‘iura
noviat curia’ permite este nuevo enfoque. Baste recordar que con apoyo en
dicho principio al juez se le dan los hechos y él deberá aplicar el derecho así
no esté expresamente citado en la demanda. Principio aplicable en materia contencioso
administrativa en las acciones de reparación directa y contractuales. En
las demás, de impugnación de actos administrativos, el principio de la justicia
rogada tiene su operancia , ya que el juez estará sometido en su fallo a
manejar las normas citadas como infringidas y el concepto de la violación
expuesta (...)
“En tales
condiciones, son los hechos probados los que imponen la decisión del juez y
no la fundamentación jurídica expuesta. Gana así el principio ‘iura noviat
curia’ toda su extensión y efectividad.
“Y como si la
reforma del numeral 4o del artículo 137 del código contencioso administrativo
no fuera suficiente, en el que se reivindica el principio aludido dominante
desde el siglo pasado, la nueva Constitución lo reafirmó implícitamente al
imponer la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal (C.N. art.
228). Así las cosas, en la jurisprudencia se muestra esa prevalencia. Quedan,
con todo, algunos cultores del sistema formalista que siguen aferrados a la
tradición decimonónica y que no quieren ver que desde el siglo pasado el
proceso dejó de ser un negocio privado sometido al querer y a la voluntad de
las partes; y que el juez, de convidado de piedra, pasó a ser el activo
dispensador de la justicia a quien le corresponda(...)”[6] (Negrillas fuera de texto original).
La solidez de los
argumentos expuestos en la jurisprudencia transcrita, llevan obligatoriamente a
concluir que la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia acusada,
aplicó el principio “iura noviat curia” y decidió que, no obstante
haberse interpuesto la acción de reparación directa en nombre de la sucesión de
Gonzalo Piñeros, el perjuicio -se reitera- se le ocasionó al señor Alvaro
Piñeros, por ser él el único ocupante del predio e interesado en la suerte del
mismo, sin importar si esa posesión provino de un testamento que posteriormente
hubiese sido revocado. En otras palabras, de la sentencia se desprende con toda
claridad que, para el Consejo de Estado, el derecho a proteger es el de
posesión y no el derivado de una sucesión o de un testamento. Por ello, no se
tomó en consideración el hecho de que una sentencia aprobatoria de una
partición hubiese reconocido unos derechos, pues la aplicabilidad de esa
decisión escapaba la competencia y los propósitos que dicha Corporación planteó
al resolver la acción de reparación directa. Así las cosas, mal podría
predicarse la existencia de una “vía de hecho”, cuando el fundamento de la
decisión se basó en la aplicación de una competencia determinada en la ley.
Insiste la Sala que
lo relativo a la determinación de la calidad con la cual se otorga la
indemnización a una persona, por ser uno de los elementos básicos de la
responsabilidad extracontractual del Estado, corresponde de manera privativa a
la jurisdicción contencioso administrativa. Por tanto, el Consejo de Estado sí
podía determinar autónomamente, como lo hizo, el reconocimiento de la
indemnización al señor Alvaro Piñeros, en su calidad de poseedor.
Estas
consideraciones, pues, fueron adoptadas por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en ejercicio de su competencia, con base en argumentos jurídicos
válidos y de conformidad con disposiciones legales y principios del derecho,
que la facultaban para separarse de los argumentos expuestos en la demanda y
proteger un derecho cuya violación se demostró con los hechos y las pruebas
aportadas al proceso. Este actuar, naturalmente, no constituye para la Sala una
conducta caprichosa, arbitraria o abusiva. Es decir, no constituye una “vía de
hecho”. Por lo demás, recuérdese que la Corte Constitucional ha definido que la
acción de tutela no es un mecanismo que permita cuestionar las diversas
interpretaciones que la autoridad competente le dé a la ley.
Corresponde, ahora,
determinar si el hecho de que el magistrado ponente no hubiese respondido, a
través de auto, la petición elevada el treinta y uno (31) de agosto de 1994 por
el abogado Jaime Escovar Rivera, en el sentido de que la indemnización que se
decretaría en el proceso se realizara atendiendo los porcentajes definidos en
la sentencia aprobatoria de la partición de Gonzalo Piñeros, constituye una
“vía de hecho” por violación del artículo 146 del Código Contencioso
Administrativo. Esta norma prevé:
“Intervención de
terceros. En los procesos de simple nulidad cualquiera persona podrá pedir que
se le tenga como parte coadyuvante o impugnante.
“En los demás procesos,
el derecho a intervenir como parte coadyuvante o impugnante se le reconocerá
a quien demuestre interés directo en las resultas del proceso.
“La
correspondiente petición será resuelta por auto del ponente contra el cual
procede el recurso de súplica” (Negrillas fuera de texto original).
Esta Sala no
encuentra que la actuación de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en
particular, del magistrado ponente en la sentencia cuestionada, constituya una
flagrante y arbitraria violación del debido proceso en materia contencioso
administrativa. En efecto, téngase en cuenta que la petición a la que se hace
referencia en momento alguno pretendió que se reconociera a las peticionarias
como partes coadyuvantes dentro del litigio de reparación directa, pues tan
sólo se limitó a poner en conocimiento del magistrado la existencia de una
sentencia aprobatoria de una partición, que otorgaba unos derechos a personas
que, se reitera, hasta ese momento no habían acudido a la instancia judicial
correspondiente para hacer valer sus derechos. Es por ello que -no sobra
agregarlo- en la providencia atacada se le dio respuesta, en aras del derecho
de petición, a los cuestionamientos elevados y se concluyó que los derechos
otorgados en virtud del proceso sucesorio en nada se relacionaban con el
derecho de posesión del actor que, según la motivación expuesta, debía ser
indemnizado.
Por otra parte,
llama la atención de esta Sala el hecho de que la petición en comento se
hubiese elevado ante el Consejo de Estado tan sólo el treinta y uno (31) de
agosto de 1994, cuando el proceso de reparación directa ya se encontraba en su
última etapa procesal antes de dictar sentencia de segunda instancia. Sobre el
proceder de las interesadas, entonces, cabe preguntarse: ¿Por qué no se puso
oportunamente en conocimiento del juez contencioso administrativo el interés de
hacer parte en el proceso desde el inicio del trámite de la acción de
reparación directa, es decir, dentro de la primera instancia? ¿Por qué las
peticionarias no presentaron en el momento pertinente un certificado en el que
constara la iniciación del proceso de sucesión -reconocimiento de calidad de
herederas- para legitimar el interés en el asunto contencioso administrativo,
tal como lo hizo en su momento el señor Alvaro Piñeros? ¿Por qué se presentó la
petición ante el Consejo de Estado nueve (9) meses después de aprobada la
sentencia de partición en la que se reconocían unos derechos en cabeza de las
señoras Hortensia y María Rebeca Piñeros? Recuérdese que la acción de tutela no
es mecanismo jurídico apto para enmendar los errores, los descuidos o la falta
de diligencia en que hubiesen incurrido las partes al momento de defender sus
derechos.
La anterior
argumentación, se reitera, demuestra que la decisión proferida por el Consejo
de Estado se encontraba ajustada a la competencia y a la autonomía de esa
entidad para decidir acerca de asuntos de naturaleza contencioso administrativa
en los que se cuestione la responsabilidad del Estado; competencia que, por lo
demás, se deriva de claros mandatos contenidos en los artículos 90 y 237
superiores, a través de los cuales se faculta a este tribunal para pronunciarse
acerca de asuntos como los que motivaron la presente acción de tutela. Resulta
en este punto pertinente recordar que esta Corporación, contrario a lo que
pretenden las demandantes, ya se ha pronunciado acerca de la imposibilidad de
que el juez de tutela profiera decisiones que desconozcan el principio de la
cosa juzgada, así como respecto de la independencia del juez para proferir sus
decisiones.
En efecto, se ha
establecido:
“De ningún
modo se podría preservar la autonomía e independencia funcional de un juez de
la República si la sentencia por él proferida en un caso específico quedara
expuesta a la interferencia proveniente de órdenes impartidas por otro juez
ajeno al proceso correspondiente, probablemente de especialidad distinta y,
además, por fuera de los procedimientos legalmente previstos en relación con el
ejercicio de recursos ordinarios y extraordinarios.
“Téngase
presente que en el Estado de Derecho no son admisibles las atribuciones
implícitas ni las facultades de alcance indeterminado, lo cual equivale al
rechazo del acto proferido por quien carece de autoridad previa y claramente
definida por norma positiva para actuar en la materia correspondiente
(artículos 6º, 122 y 123 de la Constitución).
“De este
postulado se concluye con facilidad que en el campo de la administración de
justicia quien cumpla tan delicada función pública únicamente puede hacerlo
revestido de jurisdicción y competencia. Ya que la segunda tiene a la
primera por presupuesto, si falta la jurisdicción tampoco se tiene la
competencia para fallar en el caso concreto.
“Como se puede
advertir, habiendo establecido el Constituyente jurisdicciones autónomas y
separadas (Título VIII de la Constitución) y puesto que el funcionamiento de
ellas ha de ser desconcentrado y autónomo (artículo 228 de la Carta), no
encaja dentro de la preceptiva fundamental un sistema que haga posible al juez,
bajo el pretexto de actuar en ejercicio de la jurisdicción Constitucional,
penetrar en el ámbito que la propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la
ordinaria o la contencioso administrativa a fin de resolver puntos de derecho
que están o estuvieron al cuidado de estas. Considerar que semejante opción se
aviene a lo preceptuado por la Carta, tanto vale como aceptar que ésta consagró
jurisdicciones jerarquizadas, lo cual no encuentra sustento en la normatividad
vigente.
“Aunque se
admitiera, en gracia de la discusión, que, a pesar de las razones enunciadas,
fuera procedente la acción de tutela para que un juez impartiera órdenes a otro
en relación con las providencias proferidas por su Despacho, tal posibilidad de
todas maneras resultaría contraria al espíritu y al mandato del artículo 86 de
la Constitución, pues reñiría con su carácter inmediato, en cuanto la orden
habría de retrotraerse necesariamente al proceso culminado, con la inequívoca
consecuencia de la invalidación, total o parcial, de etapas anteriores a la
adopción del fallo, prolongando indefinidamente la solución del litigio[7] (Negrillas fuera de texto original).
Posteriormente, en
esa misma providencia, se señaló:
“Pero, en cambio,
no está dentro de las atribuciones del juez de tutela la de inmiscuirse en el
trámite de un proceso judicial en curso, adoptando decisiones paralelas a las
que cumple, en ejercicio de su función, quien lo conduce, ya que tal
posibilidad está excluida de plano en los conceptos de autonomía e
independencia funcionales (artículos 228 y 230 de la Carta), a los cuales
ya se ha hecho referencia.
“De ningún
modo es admisible, entonces, que quien resuelve sobre la tutela extienda su
poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que
se debate en un proceso, o en relación con el derecho que allí se
controvierte”. (Negrillas
fuera de texto original).
De igual forma, esta
Corporación ha tenido oportunidad de reafirmar a través de su jurisprudencia,
el principio democrático de la autonomía funcional del juez, la cual busca
evitar que las decisiones judiciales no sean el resultado de mandatos sobre el
funcionario que las adopta.
Es así como en
sentencia No. C-417 del 23 de agosto de 1993, con ponencia del Magistrado Jose
Gregorio Hernández Galindo, dijo la Sala Plena de la Corte Constitucional
acerca de la autonomía funcional de los jueces en la interpretación de las
normas jurídicas, dentro de su misión constitucional de administrar justicia,
lo siguiente:
“El principio
democrático de la autonomía funcional del juez, hoy expresamente
reconocido en la Carta Política, busca evitar que las decisiones judiciales
sean el resultado de mandatos o presiones sobre el funcionario que las adopta.
Aún cuando el superior jerárquico debe efectuar el estudio de una sentencia
apelada o consultada (artículo 31 de la Constitución), aquél no está autorizado
por las disposiciones sobre competencia funcional para impartir órdenes a su
inferior respecto al sentido del fallo, sino que, en la hipótesis de hallar
motivos suficientes para su revocatoria, debe sustituir la providencia dictada
por la que estima se ajusta a las prescripciones legales pero sin imponer su
criterio personal en relación con el asunto controvertido. De ningún modo se
podría preservar la autonomía e independencia funcional de un juez de la
República si la sentencia por él proferida en un caso específico quedara
expuesta a la interferencia proveniente de órdenes impartidas por otro juez
ajeno al proceso correspondiente, probablemente de especialidad distinta y,
además, por fuera de los procedimientos legalmente previstos en relación con el
ejercicio de recursos ordinarios y extraordinarios.
“Téngase presente
que en el Estado de Derecho no son admisibles las atribuciones implícitas ni
las facultades de alcance indeterminado, lo cual equivale al rechazo del acto
proferido por quien carece de autoridad previa y claramente definida por norma
positiva para actuar en la materia correspondiente (artículos 6º, 122 y 123 de
la Constitución).
“De este
postulado se concluye con facilidad que en el campo de la administración de
justicia quien cumpla tan delicada función pública únicamente puede hacerlo
revestido de jurisdicción y competencia. Ya que la segunda tiene a la primera
por presupuesto, si falta la jurisdicción tampoco se tiene la competencia para
fallar en el caso concreto. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia
C-543 de octubre 1 de 1992).'
“Estos principios
deben reafirmarse ahora, pues habiendo establecido el Constituyente ramas y
jurisdicciones autónomas y separadas (Títulos V y VIII de la Constitución) y
dadas las características de desconcentración y autonomía con las cuales el
artículo 228 de la Carta ha distinguido la función judicial, de ninguna manera
encajaría dentro de la normativa fundamental un sistema que permitiera a un
juez de jurisdicción distinta, o a órganos o ramas diferentes, invadir la
esfera de esa autonomía funcional sometiendo a juicio el fondo de las
decisiones judiciales”.
Igualmente, este
criterio fue reiterado en la sentencia No. T-249 de 1995, con ponencia del
Magistrado Hernando Herrera Vergara, al expresarse por la Corporación que “de
ningún modo se podría preservar la autonomía e independencia funcional de un
juez de la República, si la providencia por el proferida en un caso específico,
quedara expuesta a criterios provenientes de otro distinto al juez competente
en el proceso correspondiente y en lo que hace relación a la aplicación e
interpretación de la ley”.
De esta manera como
lo ha señalado la Corte en las referidas sentencias, cuando en cumplimiento de
la función de administrar justicia el juez aplica la ley, según su criterio y
examina el material probatorio, ello no da lugar a quebrantamiento alguno
teniendo en cuenta la independencia con que debe actuar en el ejercicio de la
función jurisdiccional que por naturaleza le compete.
Así las cosas, debe
esta Sala insistir que el juez de tutela no puede convertirse en un
administrador de justicia paralelo al juez que conoce de un asunto como el que
se revisa, toda vez que ello equivaldría a una intromisión de competencias y
facultades que atentaría contra la seguridad y la estabilidad jurídica, las
cuales se constituyen en piedra angular del Estado de derecho. En otras
palabras, resultaría en este caso reprochable que, a través de la acción de
tutela, se pretendiera cuestionar los fallos adoptados por el más alto tribunal
dentro de la jurisdicción contencioso administrativa -o por cualquier otro
funcionario de la rama judicial-, cuando su proceder se ha enmarcado dentro de
las autónomas atribuciones que le otorgan la Constitución (Arts. 90, 228 y
237) y la ley, y sus decisiones se han adoptado por personas que actuan
conforme al recto criterio, la experiencia y los principios de razonabilidad.
En conclusión, para
la Sala, la providencia del nueve (9) de noviembre de 1994, proferida por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, no contiene una “vía de hecho” que permita intentar una acción de
tutela contra providencias judiciales. En consecuencia, se revocará la
sentencia del veintitrés (23) de febrero de 1995, dictada por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y se confirmará, por las razones
expuestas en esta providencia, la sentencia del catorce (14) de diciembre de
1994, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santafé de Bogotá, a través de la cual se resolvió negar la presente acción
de tutela.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Primero: REVOCAR la sentencia del veintitrés (23) de febrero
de 1995, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo: En consecuencia, CONFIRMAR, por las
razones expuestas en esta providencia, la sentencia del catorce (14) de
diciembre de 1994, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, a través de la cual se resolvió negar
la acción de tutela interpuesta por Hortensia Piñeros Ramos y María Rebeca
Piñeros Alonso contra el Consejo de Estado.
Tercero: ORDENAR que por la Secretaría General de esta
Corporación, se comunique esta providencia a la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, en la forma y para los
efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado Ponente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento de
voto a la Sentencia No. T-285/95
DEBIDO PROCESO-Vulneración/COADYUVANCIA-Trámite
(Salvamento de voto)
La petición
presentada no fue resuelta, y al no resolverse se violó el debido proceso
doblemente: primero, porque no se resolvió una petición como ordena el artículo
146 del C.C.A.; segundo, porque al no resolverla se privó a las peticionarias y
a las partes en el proceso, de la posibilidad de interponer el recurso de
súplica contra el auto que decidiera sobre la petición.
DERECHOS
LITIGIOSOS (Salvamento de
voto)
Los derechos
litigiosos que al trabarse la litis pertenecían a la sucesión, en virtud de la
partición y de su sentencia aprobatoria ingresaron a los respectivos
patrimonios de los tres adjudicatarios. Y en tal virtud el juez que conocía del
proceso al cual correspondían tales derechos litigiosos, estaba obligado por la
partición aprobada en el proceso sucesorio. A causa de las omisiones en que se
incurrió en el proceso contencioso administrativo, al no reconocer la sucesión
procesal, las peticionarias fueron privadas de los derechos litigiosos que les
habían sido adjudicados en la sucesión. Ese fue el resultado de la violación
del debido proceso en perjuicio suyo.
ACCION DE TUTELA
CONTRA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO/DEBIDO PROCESO-Vulneración/JURISPRUDENCIA DE TUTELA-Cambio
(Salvamento de voto)
Siempre ha
sostenido la Corte Constitucional que la violación del debido proceso hace
procedente demandar y obtener la tutela de los derechos constitucionales
vulnerados, cuando no hay otro medio de defensa judicial. Como eso acaeció en
el presente caso, la Corte Constitucional habría debido confirmar la sentencia
de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Al no hacerlo,
cambió su jurisprudencia, pese a que la Sala Plena, a la cual se sometió el
asunto, haya decidido lo contrario.
Ref.: Expediente
T- 64.430
Actoras:
Hortensia Piñeros Ramos y María Rebeca Piñeros Alonso.
Procedencia:
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.
Magistrado
Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
Bogotá, julio 7
de 1995.
Con el respeto de
siempre, expongo las razones que me impidieron compartir la decisión adoptada
por la Sala Novena de Revisión, en la sentencia T-285/95, dictada en el
proceso de la referencia. Razones que fueron compartidas por los Magistrados
Eduardo Cifuentes Muñoz, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz,
cuando el asunto se sometió a la consideración de la Sala Plena, para
determinar si se presentaba o no un cambio de jurisprudencia al no concederse
la tutela demandada, habiéndose incurrido en violaciones del debido proceso.
Primera.-
Violación del debido proceso.
Es ostensible que en
el proceso originado en la acción de reparación directa propuesta por el señor
Alvaro Piñeros Acevedo, "en su condición de heredero de la sucesión de
Gonzalo Piñeros Acevedo, contra el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria...", se violó el debido proceso en perjuicio de María Rebeca
Piñeros Alonso y Hortensia Piñeros Ramos, también herederas del mismo causante,
violación que se manifestó en dos hechos concretos, así:
1o.) Intervención
de María Rebeca Piñeros Alonso y Hortensia Piñeros Ramos en el proceso
originado en la acción de reparación directa propuesta por Alvaro Piñeros
Acevedo como representante de la sucesión de Gonzalo Piñeros Acevedo contra el
Incora.
Como se vio en la
relación de los hechos que originaron la acción de tutela, Alvaro Piñeros
Acevedo demandó al Incora en su condición de heredero de Gonzalo Piñeros
Acevedo, y para la sucesión de éste. Para demostrar su interés, presentó con la
demanda la copia del auto de reconocimiento de heredero, reconocimiento hecho
por auto de abril 3 de 1979, dictado por el juzgado que conocía del proceso de
sucesión.
Habiendo demandado
en representación de la sucesión y para ésta, María Rebeca Piñeros Alonso y
Hortensia Piñeros Ramos, también reconocidas como herederas del mismo causante,
por auto de mayo 4 de 1992, dictado dentro del mismo proceso, no estaban
obligadas a demandar, pues ya lo había hecho su coheredero Alvaro Piñeros
Acevedo, y bien sabido es que uno solo de los herederos puede demandar para la
sucesión, pues no es necesaria la concurrencia de todos para el ejercicio de
acciones que favorecen la comunidad.
Pese a lo anterior,
cuando se tramitaba ante el Consejo de Estado la segunda instancia del proceso
originado en la mencionada acción de reparación directa, las dos herederas
formularon en tal proceso dos peticiones:
La primera,
redactada así:
"I- Advertir en
la sentencia que ponga fin a las actuaciones de la referencia, que la
reparación y consecuencial indemnización debe hacerse en favor de los SUCESORES
DE GONZALO PIÑEROS ACEVEDO, Y CONCRETAMENTE A ALVARO PIÑEROS ACEVEDO, MARIA
REBECA PIÑEROS ALONSO Y HORTENSIA PIÑEROS RAMOS, en atención a la
sentencia aprobatoria de la partición que obra en el expediente, proferida
dentro del proceso de sucesión del mencionado Gonzalo Piñeros
Acevedo...";
La segunda, así:
"Como
consecuencia de lo anterior ordenar que el pago se realice con sujeción a los
porcentajes establecidos en dicha partición en favor de cada uno de los
sucesores..."
Expusieron, además,
en su calidad de coadyuvantes, argumentos diversos para que se revocara la
sentencia de primera instancia, que había declarado la caducidad de la acción
de reparación directa.
Sobre esta intervención
ha debido resolverse de conformidad con el artículo 146 del Código Contencioso
Administrativo, que establece:
"Intervención
de terceros.- En los
procesos de simple nulidad cualquier persona podrá pedir que se le tenga como
parte coadyuvante o impugnante.
"En los
demás procesos el derecho a intervenir como parte coadyuvante o impugnante se
le reconocerá a quien demuestre un interés directo en las resultas del proceso.
"La
correspondiente petición será resuelta por auto del ponente contra el cual
procede el recurso de súplica". (negrilla fuera del texto).
Para demostrar el interés
directo de las peticionarias, obraban en el proceso las copias del auto que
las había reconocido como herederas, y de la partición realizada en el proceso
de sucesión de Gonzalo Piñeros Acevedo, con la sentencia aprobatoria
ejecutoriada. En tal partición se habían adjudicado a Alvaro Piñeros Acevedo,
María Rebeca Piñeros Alonso y Hortensia Piñeros Ramos 1482 cuotas a cada uno,
de un total de 4500 cuotas en que se dividieron los derechos litigiosos
correspondientes al proceso contra el Incora. Las restantes 54 cuotas, se
adjudicaron a María Rebeca, como hijuela de deudas.
La petición
presentada no fue resuelta como lo prevé el artículo transcrito, y al no
resolverse se violó el debido proceso doblemente: primero, porque no se
resolvió una petición como ordena el artículo 146 citado; segundo, porque al no
resolverla se privó a las peticionarias y a las partes en el proceso, de la
posibilidad de interponer el recurso de súplica contra el auto que decidiera
sobre la petición.
Se dirá que sobre la
petición se decidió en la sentencia, pero ello no es exacto, por varias
razones.
La primera, que en
la parte resolutoria de la sentencia nada se decidió sobre la intervención de
las dos herederas. Y es evidente que las decisiones se contienen en la parte
resolutoria de las providencias.
La segunda, que sólo
en la parte motiva se aludió a la intervención de que se trata, así:
"La reparación
a la que tiene derecho el actor no deviene pues de su condición de heredero de
Gonzalo Piñeros Acevedo; no se trata de un derecho otorgado por el mencionado
causante, razón por la cual no es atendible la petición formulada por sus
herederos y que obra al folio 366 del expediente".
Es claro que ésta
es una de las consideraciones de la sentencia, pero no una de sus decisiones.
Pero aun aceptando que fuera decisión, hay que admitir que al adoptarla también
se violó el artículo 146, porque no se resolvió por auto, y, por lo mismo, se
cerró el paso al posible recurso de súplica.
Y no se diga que la
petición que no se resolvió como lo manda el artículo 146, era baladí: no, ella
tenía que ver nada menos que con la titularidad de los derechos litigiosos.
Concretamente, con la sucesión procesal, pues si en un principio, cuando
comenzó el proceso, tales derechos pertenecían a la sucesión de Gonzalo Piñeros
Acevedo, representada por el heredero Alvaro Piñeros Acevedo, al realizarse la
partición y ser aprobada por sentencia que se ejecutorió, tales derechos
litigiosos se radicaron en cabeza de los tres herederos, en la proporción
dicha.
De paso, es
bueno advertir que para las herederas María Rebeca Piñeros Alonso y Hortensia
Piñeros Ramos la acción de reparación directa no había caducado. ¿Por qué? Sencillamente,
porque la demanda presentada por el otro heredero, Alvaro Piñeros Acevedo,
interrumpió el término. Y esa interrupción beneficiaba a todos los herederos.
2o.) Desconocimiento
de la cosa juzgada: la sentencia aprobatoria de la partición llevada a cabo en
el proceso de sucesión de Gonzalo Piñeros Acevedo.
En el proceso de
sucesión de Gonzalo Piñeros Acevedo el único bien inventariado fue éste:
"Derechos litigiosos, de que se ocupa el proceso ordinario que a nombre de
la sucesión que nos ocupa y en calidad de heredero el señor Alvaro Piñeros
Acevedo tramita en contra del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria,
INCORA, y con el que se pretende el reconocimiento y pago de los perjuicios
causados por la "expropiación" que tal entidad hiciera sobre el
inmueble de propiedad del causante... con una área aproximada de 160 hectáreas,
denominada Cantarrana...". En tal diligencia se advierte que el proceso,
en esa época, junio de 1992, se tramitaba en el Tribunal Administrativo del Meta,
como era verdad.
Posteriormente,
decretada la partición, el partidor designado la presentó, y en ella describió
el activo así:
"ACTIVO:
conformado por el siguiente bien:
"Derechos
litigiosos del proceso de reparación directa de la sucesión de GONZALO PIÑEROS
ACEVEDO contra el INCORA que cursa ante el Tribunal Contencioso Administrativo
del Meta, para el reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados por la
expropiación de la finca Cantarrana, ubicada en el municipio de Granada, y que
fue de propiedad del causante. Este activo está avaluado en cuatro millones
quinientos mil pesos ($4´500.000)".
Como ya se explicó,
a cada uno de los tres herederos reconocidos, se adjudicaron 1482 cuotas, de
las 4500 en que se dividieron los derechos litigiosos. A María Rebeca Piñeros
Ramos, se adjudicaron 54 cuotas más, para que pagara $ 54.000 al Banco de
Colombia, pasivo inventariado.
Esta partición se
aprobó por sentencia de fecha octubre 27 de 1993, que se notificó debidamente y
se ejecutorió sin que contra ella se interpusiera recurso alguno.
Copias de la
partición y su sentencia aprobatoria fueron remitidas al Incora y al Consejo
de Estado, mediante oficios de abril 21 de 1994.
El Consejo de
Estado, al dictar sentencia el 9 de noviembre de 1994, desconoció o ignoró la
partición y su sentencia aprobatoria, a pesar de obrar en el expediente. Pero,
cabe preguntarse: ¿podía desconocerlas o ignorarlas?
Alvaro Piñeros
Acevedo demandó al Incora en su condición de heredero de Gonzalo Piñeros
Acevedo, y pidió para la sucesión de éste. Fue reconocido como heredero del
mismo Gonzalo Piñeros Acevedo, y en tal condición actuó en el proceso sucesorio
que culminó con la partición y la sentencia aprobatoria mencionadas.
Es claro que los derechos
litigiosos correspondientes al proceso que se tramitó en el Tribunal
Administrativo del Meta y en el Consejo de Estado fueron exactamente los mismos
que se inventariaron y posteriormente fueron objeto de la partición en la
sucesión de Gonzalo Piñeros Acevedo.
Por consiguiente, al
momento de dictar sentencia el Consejo de Estado, ya los derechos litigiosos
pertenecían a tres personas: Alvaro Piñeros Acevedo, Hortensia Piñeros Alonso y
María Rebeca Piñeros Ramos. ¿Cómo los habían adquirido? Por la adjudicación que
se les hizo en la partición, debidamente aprobada por la sentencia
correspondiente.
Los derechos
litigiosos que al trabarse la litis pertenecían a la sucesión de Gonzalo
Piñeros Acevedo, en virtud de la partición y de su sentencia aprobatoria
ingresaron a los respectivos patrimonios de los tres adjudicatarios. Y en tal
virtud el juez que conocía del proceso al cual correspondían tales derechos
litigiosos, estaba obligado por la partición aprobada en el proceso sucesorio.
Sostener lo
contrario equivale a negar la existencia de la sucesión procesal, y desconocer
el texto expreso del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, y
concretamente de su inciso tercero, según el cual "El adquirente a
cualquier título de la cosa o del derecho litigioso, podrá intervenir como
litis consorte del anterior titular".
Negarle su eficacia
a una sentencia ejecutoriada, y más aún, desconocerla, ignorarla, violando de
paso el artículo 146 del C.C.A., que es norma de orden público como todas las
procesales, es una vía de hecho, una ostensible violación del debido proceso.
En conclusión: A causa de las omisiones en que se
incurrió en el proceso contencioso administrativo, al no reconocer la sucesión
procesal, María Rebeca Piñeros Alonso y Hortensia Piñeros Ramos fueron privadas
de los derechos litigiosos que les habían sido adjudicados en la sucesión de
Gonzalo Piñeros Acevedo. Ese fue el resultado de la violación del debido
proceso en perjuicio suyo.
Segunda.- Cómo
actuó Alvaro Piñeros Acevedo en el proceso de expropiación que promovió el
Incora, y en la acción de reparación directa contra este instituto.
Al folio 12 de la
sentencia del Consejo de Estado de fecha noviembre 9 de 1994, se afirma:
"3.- De todo lo
anterior deduce la Sala:
"A.- Que el
derecho que tenía el demandante sobre el inmueble CANTARRANA era un derecho de
posesión y no un derecho de propiedad. Dicho derecho de posesión lo derivó de
su hermano GONZALO PIÑEROS, quien lo instituyó en su testamento como legatario
del predio y lo ejercía materialmente en el momento en que se llevó a cabo la
diligencia de entrega anticipada del predio al Incora".
Esta afirmación
coincide con lo que se narra en las mismas consideraciones de tal sentencia, al
folio 8, bajo el título de "LA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
DEMANDADA". Refiriéndose a la resolución de expropiación y al proceso de
expropiación, se dice:
"B.- La
Resolución de expropiación fue notificada a GONZALO PIÑEROS ACEVEDO el día 10
de noviembre de 1971 (f. 12 C.2), quien falleció el 6 de febrero de 1977, y de
acuerdo con el testamento obrante en el folio 28 del expediente, otorgado en la
escritura pública No. 1.852 del 3 de diciembre de 1964 de la Notaría Primera de
Villavicencio, instituyó como legatario del predio objeto de la expropiación a
su hermano, el demandante, ALVARO PIÑEROS ACEVEDO.
"C.- El día 28
de septiembre de 1977, el INCORA presentó en el Juzgado Promiscuo del Circuito
la demanda de expropiación (fl. 13 C.2), sobre el predio CANTARRANA,
identificado en la resolución No. 04199.
"D.- ALVARO
PIÑEROS ACEVEDO, en su condición ya indicada de causahabiente de GONZALO
PIÑEROS, fue el único que compareció al proceso como demandado; se opuso a la
solicitud de entrega anticipada del predio (Fl. 26 C.2); y dio contestación a
la demanda (F.28), en la cual señaló residir en la finca objeto de la
expropiación".
Al respecto, y
concretamente en relación con el legado, puede anotarse lo siguiente:
1o. Alvaro Piñeros
Acevedo demanda para la sucesión, en su condición de heredero, y presenta el
auto del juez que conoce de la sucesión, que lo reconoce como tal. Pero,
además, presenta el testamento, y el Consejo de Estado encuentra que su
posesión se origina en su calidad de legatario.
2o. El Consejo,
pues, le reconoce plena validez al testamento, como generador de la posesión de
Alvaro Piñeros Acevedo. Pero, ¿qué había ocurrido con el legado en favor de
este último, contenido en tal testamento? Que al fallecer GONZALO PIÑEROS
ACEVEDO, tal legado estaba REVOCADO. En efecto:
Alvaro Piñeros
Acevedo, como se vió, otorgó testamento por escritura 1852 de diciembre 3 de
1964, de la Notaría Primera de Villavicencio. En este testamento hizo el
legado.
Posteriormente, por
escritura 2735 del 3 de mayo de 1969, de la Notaría Sexta de Bogotá, debidamente
registrada, vendió los derechos que había legado, a su hermana EMMA PIÑEROS
ACEVEDO. Y de esta misma los volvió a adquirir, por escritura 8251 de octubre
1o. de 1970, de la misma notaría, también registrada en la oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de San Martín, Meta.
Así, la
revocación del legado se causó por la venta de 1969, por mandato expreso del
artículo 1193 del Código Civil, que, en lo pertinente, dispone:
"Art. 1193.-
Por la destrucción de la especie legada se extingue la obligación de pagar el
legado.
"La
enajenación de las especies legadas, en todo o en parte, por acto entre vivos,
envuelve la revocación del legado en todo o en parte; y no subsistirá o
revivirá el legado, aunque la enajenación haya sido nula, y aunque las especies
legadas vuelvan a poder del testador..." (negrillas fuera de texto)
Al reconocer, pues,
validez al legado, se desconoció absolutamente una norma vigente del Código
Civil. No se trató aquí de que se la interpretara en uno u otro sentido: no,
sencillamente, se procedió como si ella no existiera. Así, en este
aspecto específico, se violó un mandato constitucional: el contenido en
el artículo 230, inciso primero, de la Constitución, según el cual "Los
jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley".
Pero el reconocer
validez y eficacia al legado que había sido revocado, no es asunto sin
importancia. Por el contrario: para el Consejo de Estado, el legado es la
causa, el origen de la supuesta posesión de Alvaro Piñeros Acevedo.
Así se dice inequívocamente en la sentencia:
"De todo lo
anterior deduce la Sala:
"A.- Que el
derecho que tenía el demandante sobre el inmueble CANTARRANA era un derecho de
posesión y no de propiedad. Dicho derecho de posesión lo derivó de su hermano
Gonzalo Piñeros, quien lo instituyó en su testamento como legatario del predio
y lo ejercía materialmente en el momento en que se llevó a cabo la diligencia
de entrega anticipada del predio al Incora". (fl. 12 de la sentencia de
noviembre 9/94).
En conclusión: revocado
el legado, la posesión jamás existió.
Pero volviendo al
proceso de expropiación, hay que decir que en él siempre ALVARO PIÑEROS ACEVEDO
actuó como heredero de Gonzalo Piñeros Acevedo, y en representación de la
sucesión de éste. Como la demanda de expropiación sólo se presentó en el mes de
octubre de 1977, y Gonzalo Piñeros Acevedo había fallecido el día 6 de febrero
de ese mismo año, el auto admisorio se notificó a Alvaro Piñeros Acevedo, como
heredero, y al curador adlitem de los demás herederos indeterminados, pues la
demanda había sido presentada contra Gonzalo Piñeros Acevedo o sus
causahabientes a título universal o singular (fl. 7, Sentencia Corte Suprema de
Justicia).
Una sola vez, en la
diligencia de entrega anticipada al INCORA, ALVARO PIÑEROS ACEVEDO intentó
alegar su condición de poseedor material, como consta en la parte motiva de la
sentencia del Consejo de Estado, así:
"El 26 de marzo
de 1978, se llevó a cabo la diligencia de entrega del predio al Incora (f. 51
C.2), la cual obra en el folio 51 del cuaderno 2, como "diligencia de
entrega de mejoras" del predio objeto de expropiación. El citado ALVARO
PIÑEROS ACEVEDO, alegando ser el "propietario" de la finca se opuso a
la diligencia; señaló que tenía toda la finca explotada con cultivos de
algodón, sorgo y maíz y alegó tener más de 25 años de explotación sobre la
misma. El juzgado no admitió su oposición porque lo consideró como un poseedor
inscrito frente al cual surtía efectos la resolución de expropiación".
El intento, pues, de
aparecer como poseedor material, no prosperó. Y no podía prosperar, por razones
elementales: si Gonzalo Piñeros Acevedo había fallecido hacía poco más de un
(1) año, el 6 de febrero de 1977, ¿cómo podía sostener su hermano que el
poseía desde 25 años antes del 26 de marzo de 1978?
Por el contrario, en
la misma diligencia de entrega del 26 de marzo de 1978, también se opuso, entre
otros, la señora Agripina Viveros Ramírez "como arrendataria de Gonzalo
Piñeros Acevedo sobre una porción de 40 hectáreas..." Esta oposición
SÍ FUE ACEPTADA (Fl. 7 de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de
fecha febrero 23 de 1995).
También en el
proceso ante el Tribunal Administrativo del Meta, y ante el Consejo de Estado,
Alvaro Piñeros Acevedo actuó siempre en su condición de heredero de Gonzalo
Piñeros Acevedo, para cuya sucesión demandó. Condición de heredero que demostró
con el auto dictado en el proceso de sucesión, cuya copia presentó con la
demanda.
Si no se presentó
como poseedor en su propio nombre, ello obedeció a una sencilla razón: en el
mejor de los casos sólo habría podido alegar la supuesta posesión, que apenas
sería tenencia desprovista del ánimo de señor y dueño, en el período
comprendido entre el 6 de febrero de 1977 y el 26 de marzo de 1978,
cuando el INCORA recibió el predio.
Además, si la
posesión se configura por la reunión de sus dos elementos, el corpus, es
decir, la tenencia, y el animus, o sea, el ánimo de señor y dueño, ¿
cómo podría alegar este último quien se había hecho reconocer como heredero en
la sucesión de su hermano Gonzalo Piñeros Acevedo, en la cual se inventarió y
adjudicó el mismo bien sobre el cual se ejercería la posesión; quien, además,
demandó al INCORA como heredero de Gonzalo Piñeros Acevedo y para la sucesión
de éste; y quien, antes, tramitó ante la Junta Directiva del INCORA la
desafectación del predio CANTARRANA, actuando como heredero de Gonzalo Piñeros
Acevedo y para la sucesión de éste, actuación que culminó con la resolución del
13 de diciembre de 1979, por medio de la cual la Junta desafectó parte del
predio?.
La posesión que en
la sentencia del Consejo de Estado se atribuyó a Alvaro Piñeros Acevedo en
virtud de un legado inexistente, sólo podría tenerla, según la ley, en su
calidad de heredero de Gonzalo Piñeros Acevedo. Así lo establecen estas normas
del Código Civil:
Según el artículo
757, "En el momento de deferirse la herencia, la posesión de ella se
confiere por ministerio de la ley al heredero..."
Y en concordancia
con esta norma, el artículo 2521, al tratar sobre la suma de las posesiones, o
del tiempo que éstas han durado, dispone en su inciso segundo:
"La posesión
principiada por una persona difunta continúa en la herencia yacente, que se
entiende poseer a nombre del heredero."
Pero, como es
lógico, el heredero posee para la sucesión. Al respecto, la Corte Suprema de
Justicia siempre ha sostenido:
"El comunero no
posee exclusivamente para sí, sino en su nombre y en el de los demás comuneros,
por lo cual no le es dado alegar ninguna clase de prescripción con el fin de
que se declare a su favor exclusivo el dominio de la cosa común."
(Casación, 29 de agosto de 1925, G.J. tomo XXXI, pág. 321; 2 de junio de 1942,
G.J. tomo LIII, pág. 621; 21 de abril de 1944, G.J. tomo LVII, pág 155).
Así, para la
comunidad herencial, para la sucesión de Gonzalo Piñeros Acevedo, poseía su
heredero Alvaro Piñeros Acevedo.
El legatario, por el
contrario, no representa al testador, como expresamente lo establece el
artículo 1162 del C.C.: "Los asignatarios a título singular, con
cualesquiera palabras que se les llame, y aunque en el testamento se les
califique de herederos, son legatarios; no representan al testador..." Y
menos en el presente caso, en el que por no existir el legado, tampoco
existía el legatario.
Tercera.-
Violación del artículo 58 de la Constitución.
El artículo 58 de la
Constitución garantiza no sólo la propiedad, sino "los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles". Por esta razón es claro que
el desconocimiento de derechos diferentes a la propiedad, también implica un
quebranto de la Constitución, y, concretamente, de su artículo 58.
Pues bien: al
fallecer Gonzalo Piñeros Acevedo, sus herederos, en virtud de la delación de la
herencia, lo sustituyeron en todas sus relaciones jurídicas y adquirieron su
patrimonio como una universalidad. Al respecto establece el artículo 1013 del
Código Civil, en lo pertinente:
"La delación
de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla.
"La herencia o
legado se defiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la
persona de cuya sucesión se trata, si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente..."
Al respecto, ha
sostenido la Corte Suprema de Justicia:
"Fallecida una
persona, su patrimonio no desaparece ni se extingue, sino que se transmite a
sus herederos, quienes por la delación de la herencia, sustituyen al difunto en
sus relaciones jurídicas y adquieren un derecho real y la posesión legal sobre
ese patrimonio, considerado como una universalidad jurídica. Este derecho de
herencia no se confunde con el de dominio, sino que se distingue de éste en
cuanto al primero recae sobre la mentada universalidad jurídica al paso que el
segundo se ejerce sobre bienes singulares o cuerpos ciertos". (Sentencia,
marzo 18 de 1967, G.J. tomo CXIX, pág. 57).
¿Qué tenía Gonzalo
Piñeros Acevedo al momento de fallecer, en 1977, y qué se transmitió a sus
herederos?. Los derechos originados en la posesión que había venido ejerciendo
sobre el terreno baldío denominado CANTARRANA, cuyo proceso de expropiación ya
había comenzado el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, desde
1971, pues la resolución de expropiación se notificó al mencionado Gonzalo
Piñeros Acevedo el 10 de noviembre de ese año.
Este es el origen
remoto de la acción de reparación directa que en febrero de 1985, Alvaro
Piñeros Acevedo, en su calidad de heredero, que le había sido reconocida por el
juzgado que tramitaba la sucesión por auto de abril 3 de 1979, instauró contra
el INCORA, al frustrarse el proceso de expropiación en el cual se había hecho
la entrega anticipada al Instituto el 26 de marzo de 1978.
Perdida, en virtud
de esta entrega, la posesión del predio que tenían los herederos, e instaurada
la acción de reparación directa, era lógico que en la sucesión se inventariaran
y adjudicaran los derechos litigiosos, como ocurrió.
Y de tales derechos,
violando el artículo 58 de la Constitución, se privó a las herederas María
Rebeca Piñeros Alonso y Hortensia Piñeros Ramos, al dictar el Consejo de Estado
su sentencia.
Cuarta.-El
principio de que el tribunal conoce el derecho (jura novit curia).
Se dirá que al
dictar su sentencia el Consejo de Estado aplicó el principio de que el tribunal
conoce el derecho (jura novit curia), según el cual "al juez se le
dan los hechos y él deberá aplicar el derecho así no esté expresamente citado
en la demanda". Sin embargo, razones elementales demuestran que este
principio no podría jamás aplicarse al proceso de reparación directa que
culminó con la sentencia de noviembre 9 de 1994, dictada por el Consejo.
Al presentar la
demanda, Alvaro Piñeros Acevedo demandó en su calidad de heredero de Gonzalo
Piñeros Acevedo y para la sucesión de éste. Este hecho lo comprobó plenamente
con la prueba apropiada: la copia del auto de reconocimiento de heredero,
dictado por el juzgado que conocía del proceso de sucesión.
Si el Consejo basó
su sentencia en una supuesta posesión no alegada, lo hizo, como ya se
vio, fundado en un legado inexistente, pues había sido revocado.
Además, el
principio mencionado no es tan amplio que permita reconocer hechos no alegados
ni demostrados en el proceso, como sucedió en el presente caso.
El fallo, en
consecuencia, habría sido congruente si hubiera aceptado lo alegado y probado:
la calidad de herederos de Alvaro Piñeros Acevedo y de María Rebeca Piñeros
Alonso y Hortensia Piñeros Ramos. Y, de conformidad con la partición y su
sentencia aprobatoria, la calidad de titulares de los derechos litigiosos que
tenían las mismas personas.
Quinta.- La seguridad jurídica.
De otra parte, ¿en
dónde queda la seguridad jurídica, una de las finalidades del derecho, si los
jueces pueden desconocer las sentencias ejecutoriadas, y basar sus fallos en
hechos no alegados ni demostrados en el proceso, como acaeció en la sentencia
del Consejo de Estado?
Sexta.- La
sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Al conceder la
tutela demandada como un mecanismo transitorio, la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia cumplió estas finalidades:
1a. Remedió las
consecuencias perjudiciales de la vulneración del debido proceso en que se
había incurrido;
2a. Evitó el
perjuicio irremediable que se habría causado a la actoras en el proceso de
tutela, en caso de que la indemnización a cuyo pago se condenó al INCORA
hubiera sido entregada íntegramente a uno solo de los titulares de los derechos
litigiosos.
Podría argumentarse
que existía para quienes demandaron la tutela una vía judicial diferente, pero
ello no es así.
Si se habla del
recurso extraordinario de revisión, basta mirar sus causales, para comprobar su
improcedencia. Según el artículo 188 del C.C.A., estas causales son:
"1. Haber
dictado la sentencia con fundamento en documentos adulterados.
"2. Si se
recobraren pruebas decisivas después de dictada la sentencia con las cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente, que el recurrente no pudo aportar
al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
"3. Cuando
aparezca, después de proferida la sentencia a favor de una persona, otra con
mejor derecho para reclamar.
"4. Cuando la
persona a cuyo favor se decretó una pensión periódica no reunía, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o si con posterioridad a la
sentencia hubiera perdido esa aptitud, o cuando sobreviniere alguna de las
causales legales para su pérdida.
"5. Cuando se
hubiere dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia recurrida.
"6. Cuando
existiere nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso contra la
cual no procedía ningún recurso.
"7. Haber
dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por
ilícitos cometidos en su expedición.
"8. Cuando la
sentencia fuere contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión
si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
denegada".
Pero, aun aceptando
en gracia de discusión la procedencia del recurso, es claro que al decidirse,
ya el dinero de la indemnización habría desaparecido.
Y lo mismo puede
decirse de un hipotético proceso ordinario de Hortensia Piñeros y María Rebeca
Piñeros contra Alvaro Piñeros.
Además, ¿cómo
podrían las herederas a quienes no se permitió intervenir en el proceso ante el
Consejo de Estado, interponer el recurso extraordinario de revisión, si se les
desconoce su calidad de partes?
En síntesis, el
supuesto remedio judicial alternativo, si existiera, no sería eficaz, como lo
ha dicho repetidamente la Corte Constitucional.
Por el contrario, la
tutela concedida obra en la práctica como una especie de medida cautelar,
mientras la justicia ordinaria decide a quién corresponde la indemnización a
cuyo pago fue condenado el Incora.
En consecuencia, sostengo
que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia ha debido confirmarse, no sólo
por las razones en que ella se basó, sino por las que aquí se han expuesto.
Séptima.- Cambio de jurisprudencia.
La siguientes
fueron las razones expuestas por los Magistrados Cifuentes Muñoz, Martínez
Caballero y Morón Díaz, para sostener que en este caso concreto, la Sala
Novena de Revisión desconoció la jurisprudencia constante de esta Corte en lo
relativo a la violación del debido proceso, que hace viable la acción de
tutela:
"
A esta síntesis, que el suscrito comparte, podría
agregarse lo siguiente:
La sentencia del
Consejo de Estado, como se ha demostrado, incurrió en violaciones ostensibles
del debido proceso. Violaciones que justificaban acudir a la acción de tutela
para reparar el agravio a los derechos constitucionales fundamentales
causados por ella. Basta pensar que tal sentencia causó el insólito resultado
de que la herencia de Gonzalo Piñeros Acevedo desapareciera, como si los
bienes que el causante tenía y su mismo proceso de sucesión jamás hubiere
existido.
Pues bien: siempre
ha sostenido la Corte Constitucional que la violación del debido proceso hace
procedente demandar y obtener la tutela de los derechos constitucionales
vulnerados, cuando no hay otro medio de defensa judicial. Como eso acaeció
en el presente caso, la Corte Constitucional habría debido confirmar la
sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Al no
hacerlo, cambió su jurisprudencia, pese a que la Sala Plena, a la cual se
sometió el asunto, haya decidido lo contrario.
JORGE ARANGO MEJÍA
[1]Corte
Constitucional. Sala de Revisión. Sentencia No. T-008/92 del 18 de mayo de
1992. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz.
[2]Corte Constitucional.
Sala Plena. Sentencia No. C-543 del 1o de octubre de 1992. Magistrado Ponente:
José Gregorio Hernández Galindo.
[3]Corte
Constitucional. Sala de Revisión No. 2. Sentencia No. T-079/93. Magistrado
Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[4]Corte
Constitucional. Sala de Revisión No. 5. Sentencia No. T-173/93. Magistrado
Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
[5]Corte Constitucional.
Sala de Revisión No. 3. Sentencia No. T-231/94 del 13 de mayo de 1994.
Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[6] Consejo de Estado.
Sección Tercera. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de
diciembre de 1993. Magistrado Ponente: Carlos Betancur Jaramillo.
[7] Corte
Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-543/92 del 1o de octubre de 1992. Magistrado Ponente: José
Gregorio Hernández Galindo. |
445 | T-286-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-286/95
CONCURSO DE
MERITOS-Finalidad/CONCURSO
DE MERITOS-Publicidad de resultados/DEBIDO PROCESO-Vulneración
El fin natural de la realización de los
concursos públicos por parte de las entidades del Estado, es que éstos culminen
con el nombramiento del mejor de los participantes. De esta manera se asegura
que el Estado contará, entre sus servidores, con los más capacitados, lo que
permitirá el cumplimiento de sus propósitos. Para lograr los fines del
concurso, los participantes y otras personas que eventualmente puedan tener un
interés en sus resultados, tienen derecho a ejercer control sobre la forma como
se ha desarrollado. Pero, este control sólo podrá ser ejercido en la medida en
que la administración dé a la publicidad los resultados del mismo, y que dichos
resultados puedan ser analizados y, por consiguiente, controvertidos. Además,
por regla general no pueden existir resultados ocultos. Y cuando esta situación
se presenta, estamos en presencia de una forma de violación al debido proceso.
Por consiguiente, se puede afirmar que la Universidad violó el mencionado
derecho fundamental al actor, al no darle a conocer los resultados del concurso.
AUTONOMIA
UNIVERSITARIA/ACCION DE TUTELA CONTRA UNIVERSIDAD DISTRITAL/CONCURSO DE MERITOS-Notificación de resultados
Al concederse esta tutela por violación al
debido proceso, no se está desconociendo la autonomía del establecimiento
educativo, sino que se está protegiendo a una persona a quien se le vulneró un
derecho fundamental. La Corte no se inmiscuye en el acto del nombramiento
propiamente, sino que ordena que se surta, en debida forma, una etapa del
proceso del concurso que la Universidad omitió, omisión que consistió en no
notificar sobre los resultados del mismo.
DERECHO DE
PETICION-Vulneración
Una de las formas de violación al derecho
fundamental de petición, lo constituye el hecho de que la administración no
conteste los recursos ante ella interpuestos. Y en el presente caso se presenta
precisamente esta vulneración.
REF: PROCESO T-61923
DEMANDANTE: ELY ENCISO ROMERO
DEMANDADA: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS.
PROCEDENCIA: CONSEJO DE ESTADO.
MAGISTRADO
PONENTE: JORGE ARANGO
MEJÍA.
Aprobada en sesión
de la Sala Primera de Revisión, celebrada en la ciudad de Santafé de Bogotá, a
los cuatro (4) días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango
Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre la
providencia proferida por el Consejo de Estado en el proceso promovido por ELY
ENCISO ROMERO.
El expediente llegó a la Corte Constitucional, por
remisión que hizo el Consejo, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del
decreto 2591 de 1991.
I.- ANTECEDENTES.
El actor presentó,
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, acción de tutela, el 22 de noviembre
de 1994, contra la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por las
siguientes razones.
a) Hechos.
El actor es profesor
de tiempo parcial del Departamento de Catastro de la Universidad demandada.
Dicha Universidad
convocó a un concurso para proveer algunos cargos para profesores de tiempo
completo en las facultades de ingeniería y de ciencias y educación. El 21 de
febrero de 1994, el periódico El Tiempo publicó la “Convocatoria (sic) Pública
a Concurso para Docentes de Carrera”. En lo que se refiere al área del actor,
la convocación dice:
“Un (1) profesor de
tiempo completo en el área de Catastro.
“Requisitos:
Título profesional, ingeniero catastral y geodesta o economista.
“Experiencia
profesional: No inferior a dos (2) años en catastro y metodología en
avalúos catastrales.
“Experiencia
docente: Preferiblemente con experiencia docente universitaria.
“Labores a
desarrollar: Asumir la dirección de los cursos de catastro, dirección de
trabajos de grado e investigación en el área.”
El 2 de marzo de
1993, el actor remitió su documentación para participar en el concurso. Se
inscribieron 16 candidatos y el jurado determinó convocar a 7 de ellos a
presentar la conferencia pública, conferencia que constituye uno de los
requisitos del concurso. El actor fue uno de los 7 seleccionados, porque su
puntaje, en la etapa de preselección, fue el segundo.
En comunicación del
2 de agosto de 1993, el actor informó sobre el tema de su conferencia.
El 25 de octubre de
1993, el demandante solicitó al Director del Departamento de Catastro de la
Universidad, información sobre los resultados del concurso, y copia de la carta
de no aceptación del cargo de la persona que obtuvo el primer puntaje.
El 29 de octubre de
1993, el Director le contestó que los resultados fueron entregados al Consejo
de la Facultad de Ingeniería, sin haber dejado él copia de los mismos. Y que
la carta de no aceptación del cargo del profesor Castellanos, en caso de ser
seleccionado, fue retirada por él “por considerarla innecesaria toda vez que el
Consejo de Facultad de Ingeniería declaró desiertos los concursos por
inconvenientes para los intereses o aspiraciones del Departamento como de los
programas a servir y de la Universidad en general.”
El demandante señaló
que se omitieron los términos de presentación y publicación de resultados, no
obstante él haber cumplido en debida forma lo relativo a requisitos y
exposición de la conferencia. Considera que quien era presidente del jurado,
ocultó información sobre los resultados de este último requisito.
b) Derechos
fundamentales presuntamente vulnerados.
El actor considera
que la Universidad violó sus derechos al debido proceso, a la defensa, al
trabajo y al ejercicio profesional.
c) Pretensión
El demandante
solicita la tutela como mecanismo transitorio, “en contra de lo definido en el
Acta Nro. 15 de septiembre 23 de 1993, proferida por el Consejo de la Facultad
de Ingeniería”, concretamente, por haber declarado desierto el concurso.
d) Pruebas
aportadas por el demandante.
Algunos documentos
son:
- Acta Nro. 15, de
23 de septiembre de 1993. En dicha acta se lee:
“Área de Catastro
“El Ing. MONTENEGRO
al igual que en los casos anteriores presenta la documentación de los
candidatos para que sea estudiada por los miembros del Consejo, se presentaron
16 candidatos y el jurado determino (sic) convocar a siete (7) concursantes a
presentar la conferencia, de los cuales unicamente (sic) uno de los aspirantes
se excuso (sic) de no asistir a la conferencia.
“Una vez analizada
la documentación presentada se considera por parte del Consejo que el caso es
similar a la anterior, por lo tanto se aprueba por unanimidad declarar desierto
el concurso docente para proveer el cargo de Tiempo Completo en el
Departamento de Catastro, en el área de Catastro, por considerar no
conveniente para la Universidad y para los intereses de la Facultad el
nombramiento del profesional que obtuvo el mayor puntaje.”
- Fotocopia de la
comunicación BU-052-94, de 10 de marzo de 1994, suscrita por el Coordinador del
Departamento Médico Odontológico de Bienestar Universitario, de la Universidad
Distrital, en el que consta la valoración del actor y el dictamen sobre su
incapacidad física. Dice el documento:
“El profesor ELY
ENCISO sufrió politraumatismo severo raquimedular el cual en la actualidad
presenta:
“- Lesión radicular
en L5, S1, S2, bilateral severa y secuencias neurológicas secundarias en
recuperación o susceptibles de ésta.
“- Artrodesis de T12
a L2 estable (corrección quirúrgica del trauma).
“Por lo anteriormente
señalado el Profesor Enciso está en la capacidad de desarrollar actividades
docentes de tiempo completo sin limitación alguna.
“El concepto anotado
se sustenta con valoraciones ortopédica y neurológica de nuestros especialistas
adscritos, concepto de médico tratante en Bienestar Universitario y estudios
paraclínicos (radiografías de columna y electromiografía Ms Is), solicitadas en
este proceso y que reposan en la historia clínica del Profesor Enciso.”
e) Actuación
procesal.
Una vez avocado el
asunto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó notificar a la
Universidad sobre la iniciación de la tutela y adjuntó copia de la misma.
Solicitó los antecedentes administrativos relacionados con la convocación
pública al concurso objeto de la demanda y citó al profesor Francisco
Castellanos Luque, quien había obtenido el primer lugar en la preselección,
para recibir declaración.
En su declaración,
el señor Castellanos dijo que había participado en el concurso. Sobre su
solicitud de no aceptar el cargo, señaló: “Hasta donde me acuerdo no hubo
nombramiento, cuando fui a comunicarle al coordinador de carrera mi decisión de
que en caso de ser elegido para llenar el cargo, no estaba interesado me
manifestó que dicho concurso se había suspendido, no encontre (sic) procedente
entregar la nota que hacía constar tal hecho.”
Preguntado sobre los
resultados del concurso, señaló: “Por comentarios de algunos de los
participantes tuve información de que yo había obtenido el primer puesto, pero
nunca hubo una comunicación oficial al respecto.” Manifestó no saber la razón
por la cual no se nombró a nadie. Se enteró por el Coordinador de la carrera
que el concurso había sido suspendido. No realizó ningún reclamo por cuanto
para ese momento no estaba interesado en vincularse de tiempo completo. También
señaló no conocer si hubo irregularidades en el proceso para declarar desierto
el concurso.
f) Sentencia de
primera instancia.
El Tribunal
Administrativo de Cudinamarca, en sentencia de 2 de diciembre de 1994, negó
la tutela solicitada por considerar que el actor con su acción pretende que se
declare la ilegalidad del Acta Nro. 15 de 23 septiembre de 1993, emanada del
Consejo de la Facultad de Ingeniería. Para tal efecto, el demandante dispone de
otra vía de defensa judicial, ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, para obtener la anulación del acto y el restablecimiento del
derecho. Además, no se encuentra frente a un perjuicio irremediable.
El actor impugnó
esta decisión. Adjuntó copia del recurso de apelación que presentó ante el
Consejo Académico de la Universidad, fechado el 25 de julio de 1994.
g) Sentencia de
segunda instancia.
En sentencia de 20
de enero de 1995, el Consejo de Estado confirmó la decisión del
Tribunal, por considerar que el actor cuenta con otro medio de defensa
judicial, y no existe, en este caso, el perjuicio con carácter de irremediable.
h) Pruebas
solicitadas por la Corte Constitucional.
El Magistrado
ponente, mediante auto de 15 de mayo de 1995, solicitó a la Universidad la
siguiente información:
- Si el proceso de
convocación pública ya concluyó, y cuál fue el resultado.
- La forma como se
comunicó a los participantes sobre los resultados del concurso, con copia de la
documentación respectiva.
- Cuáles fueron los
puntajes definitivos de los concursantes, una vez realizado el requisito de la
conferencia pública.
- Informar si
algunos de los concursantes propusieron recursos contra las decisiones
adoptadas por el órgano competente de la Universidad; qué trámite se les dio;
qué determinaciones se tomaron y la forma como fueron comunicadas a los
interesados. También con copia de la documentación respectiva.
Se solicitó remitir
copia de los Acuerdos 003/73 y 040/90 del Consejo Superior, y toda la documentación
relacionada con los antecedentes de la convocación referida.
El Secretario
General de la Universidad, mediante oficio OPT 072, de 22 de mayo de 1995,
señaló:
“1. El proceso de
convocatoria pública en el asunto de la Referencia del cual resultó ganador el
Sr. Rodrigo Castellanos Luque.
“2. Los resultados
de los concursos son publicados por la Oficina de Docencia en lugares visibles
de la Universidad.
“3. En cuanto a los
puntajes se anexan fotocopias de las planillas donde constan los mismos.
“4. En el archivo de
Docencia no aparece recurso alguno interpuesto contra ninguna decisión
adoptadas (sic) por el órgano competente para el proceso en mensión (sic). Sin
embargo se ha ordenado a la Jefe de Archivo y Correspondencia para que
determine si en el archivo histórico de la Universidad, reposa algún recurso
interpuesto contra el proceso en mención.”
Sin embargo, como
alguna parte de la documentación remitida por la Universidad a la Corte no
correspondía a lo pedido, pues, en el caso de los resultados de la conferencia
los enviados se referían a los de otra plaza vacante y no a la solicitada, y no
se contestaron algunos puntos, la Sala Primera de Revisión, mediante auto de 6
de junio de 1995, requirió nuevamente al Rector para que suministrara lo
solicitado.
En comunicación de
12 de junio de 1995, el Secretario General contestó:
“1. Referente a los
puntajes definitivos no se han podido ubicar en los archivos de la Universidad.
“2. La forma como se
comunicó el resultado del concurso, ya se informó en nuestra respuesta al
primer requerimiento, se acostumbraba a publicar las listas con los resultados
en lugar visible de la oficina que realizaba el concurso, ya sea en la puerta o
vitrina publicitaria contiguas a la misma. Cuando se dice oficina que realizaba
el concurso nos referimos a cada departamento académico administrativo y a la
Oficina de la Docencia donde se lleva al Comité de Personal Docente para
asignar categoría y sueldo del profesor ganador del concurso.
“3. En cuanto a la
interposición de recursos no se tiene la información puesto que no se ha podido
ubicar en los archivos.
“4. a. Las actas
números 15 y 20 del Consejo de Facultad de Ingeniería se anexan al presente
oficio.
b. La
vacante de profesor de tiempo completo en el área de catastro no se ha
llenado, en estos momentos está en curso una nueva convocatoria ya que el
anterior concurso fue declarado desierto.”
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera.-
Competencia.
La Corte es
competente de conformidad con los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución y el decreto 2591 de 1991.
Segunda.- El
debido proceso y el procedimiento para llenar una vacante por medio de concurso
público.
En primer lugar, se
aclara que no obstante que el demandante señaló como vulnerados sus derechos al
debido proceso, defensa, trabajo y ejercicio profesional, la Sala considera
que, de conformidad con los documentos que obran en el expediente, los derechos
a analizar en esta providencia son los del debido proceso y de petición. Los
demás no serán objeto de esta decisión, pues, en este caso, su posible
vulneración sería consecuencia de los que se estudiarán.
En cuanto al derecho
de petición, vale recordar que en la acción de tutela no es indispensable citar
la norma constitucional infringida, siempre que se determine el derecho
amenazado o vulnerado. (artículo 14, decreto 2591/91)
De conformidad con
lo dispuesto en el Acuerdo No. 040 de 1990, del Consejo Superior de la
Universidad, cinco (5) son los elementos de calificación de los candidatos y
para cada uno se fija un puntaje, así: escalafón, 30 puntos; publicaciones, 15
puntos; investigaciones, 20 puntos; experiencia docente en el área de
conocimiento, 15 puntos; y, conferencia, 20 puntos. (artículo 6o., numeral 13)
Hasta antes de la
conferencia, en la etapa de preselección, de acuerdo con la comunicación
del 17 de mayo de 1993, del Jefe de la Oficina de Docencia, el actor ocupó el
segundo lugar con 122.1 puntos. El primer lugar correspondió al profesor
Rodrigo Castellanos Luque con 133.75 puntos. (folio 3)
Sin embargo, el
resultado final, después de la conferencia, la cual tiene un valor de 20 puntos
sobre 100, no consta en el expediente, a pesar de que la Corte requirió en dos
oportunidades a la Universidad sobre tales resultados. En la primera ocasión,
el Secretario de la Universidad envió los resultados de otra plaza, y en la segunda
oportunidad dijo que “referente a los puntajes definitivos no se han podido
ubicar en los archivos de la universidad.”
Lo anterior no
concuerda con lo que consta en el Acta Nro. 15, de 23 de septiembre de 1993,
del Consejo de la Facultad de Ingeniería, página 4, donde se lee:
“Área de
Catastro
“El Ing. MONTENEGRO
al igual que en los casos anteriores presenta la documentación de los
candidatos para que sea estudiada por los miembros del Consejo, se presentaron
16 candidatos y el jurado determino (sic) convocar a siete (7) concursantes a
presentar la conferencia, de los cuales unicamente (sic) uno de los aspirantes
se excuso (sic) de no asistir a la conferencia.
“Una vez analizada
la documentación presentada se considera por parte del Consejo que el caso es
similar a la anterior, por lo tanto se aprueba por unanimidad declarar desierto
el concurso docente para proveer el cargo de Tiempo Completo en el
Departamento de Catastro, en el área de Catastro, por considerar no
conveniente para la Universidad y para los intereses de la Facultad el
nombramiento del profesional que obtuvo el mayor puntaje.” (se subraya)
Es decir, al momento
de adoptar la decisión de declarar desierto el concurso para el área de
catastro, todo indica que había un puntaje definitivo, pues, si no ¿cómo se
entendería el hecho de considerar inconveniente el nombramiento de quien obtuvo
el mayor puntaje?
Pero a los
concursantes no se les comunicó sobre los resultados. Los siguientes hechos
corroboran esta afirmación:
- El profesor
Castellanos Luque, en declaración ante el Tribunal Administrativo, al ser
preguntado sobre los resultados del concurso, señaló: “Por comentarios de
algunos de los participantes tuve información de que yo había obtenido el
primer puesto, pero nunca hubo una comunicación oficial al respecto.”
Manifestó no saber la razón por la cual no se nombró a nadie. Se enteró por el
Coordinador de la carrera de que el concurso había sido suspendido.
- El actor, en
comunicación de 25 de octubre de 1993, solicitó al Director del Departamento de
Catastro información sobre los resultados del concurso. Obra a folio 9, la
respuesta del Director, según la cual no los tenía, pues los había enviado al
Consejo de la Facultad de Ingeniería.
- La propia
Universidad, en las respuestas suministradas a la Corte, a pesar de ser
requerida para que explicara, también, la forma como se dio a conocer tal
resultado, se remite a generalidades, así:
“2. La forma como se
comunicó el resultado del concurso, ya se informó en nuestra respuesta al
primer requerimiento, se acostumbraba a publicar las listas con los resultados
en lugar visible de la oficina que realizaba el concurso, ya sea en la puerta o
vitrina publicitaria contiguas a la misma. Cuando se dice oficina que realizaba
el concurso nos referimos a cada departamento académico administrativo y a la
Oficina de la Docencia donde se lleva al Comité de Personal Docente para
asignar categoría y sueldo del profesor ganador del concurso.”
Pero la demandada no
concretó en qué lugar se fijó la lista, durante cuánto tiempo, desde qué fecha
y hasta cuándo, si se podrían proponer recursos, cuáles y en qué término, etc.
Datos que al menos habrían permitido deducir que los concursantes para el cargo
de profesor de tiempo completo de catastro, sí fueron enterados de los
resultados, y que tales resultados existieron.
Todo lo anterior,
lleva a concluir, en forma razonable, que no hay certeza de que a los
concursantes la Universidad les hubiera comunicado, en debida forma, sobre los
resultados del concurso. Tampoco hay prueba de que existan los puntajes
definitivos, es decir, los que resultan después de haber realizado la
conferencia.
¿En qué se relaciona
esta situación con el debido proceso y por qué lo vulnera?
El fin natural de la
realización de los concursos públicos por parte de las entidades del Estado, es
que éstos culminen con el nombramiento del mejor de los participantes. De esta
manera se asegura que el Estado contará, entre sus servidores, con los más
capacitados, lo que permitirá el cumplimiento de sus propósitos.
Al respecto, se
transcribe en lo pertinente la sentencia número C- 40 de 1995, de la Corte
Constitucional, Magistrado ponente, doctor Carlos Gaviria Díaz, relativa al
ingreso a la carrera administrativa por medio de concursos públicos, en cuanto
señaló:
“Dado que la carrera
administrativa se basa única y exclusivamente en el mérito y la capacidad de
los aspirantes, es deber de la administración escoger o seleccionar a aquellas
personas que por su capacidad profesional y condiciones personales, son las que
requiere el servicio público, pues la eficiencia y eficacia del mismo,
dependerán de la idoneidad de quienes deben prestarlo.”
Para lograr los
fines del concurso, los participantes y otras personas que eventualmente puedan
tener un interés en sus resultados, tienen derecho a ejercer control sobre la
forma como se ha desarrollado. Pero, este control sólo podrá ser ejercido en la
medida en que la administración dé a la publicidad los resultados del mismo, y
que dichos resultados puedan ser analizados y, por consiguiente,
controvertidos.
Esta publicidad se
predica tanto de los concursos que culminan normalmente, es decir, cuando se
produce el respectivo nombramiento, como de los que terminan en forma anormal,
como los que se declaran desiertos.
Además, por regla
general no pueden existir resultados ocultos. Y cuando esta situación se
presenta, estamos en presencia de una forma de violación al debido proceso.
Vale recordar que el
debido proceso se debe aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas,
según el artículo 29 de la Constitución.
Por consiguiente, se
puede afirmar que la Universidad violó el mencionado derecho fundamental al
actor, al no darle a conocer los resultados del concurso.
En consecuencia, en
lo relacionado al concurso para nombrar un profesor de tiempo completo en el
área de catastro, se ordenará a la Universidad que si en el término de cuarenta
y ocho (48) horas, después de notificada la presente providencia, la
Universidad encuentra, dentro de sus archivos, los puntajes definitivos, es
decir, los resultados obtenidos después de la conferencia de que trata el
reglamento del concurso, dichos resultados sean notificados, en debida
forma, a los participantes, y, en consecuencia, se efectúe el nombramiento de
acuerdo con los mismos. En caso contrario, es decir, si no existen tales
resultados finales, la Universidad deberá iniciar, dentro del mismo plazo, el
procedimiento respectivo para que se llame nuevamente a los opcionados a dictar
la conferencia respectiva, con el fin de que la Universidad disponga de todos
los elementos para la calificación de los candidatos, y pueda efectuar el
nombramiento de conformidad con dichos resultados. El resultado respectivo será
notificado a los participantes.
Para garantizar el
cumplimiento de lo que se ordena en esta sentencia, se solicitará a la
Universidad suspender los trámites para una nueva convocación a concurso en el
área de catastro.
Se advierte, que al
concederse esta tutela por violación al debido proceso, no se está
desconociendo la autonomía del establecimiento educativo, sino que se está
protegiendo a una persona a quien se le vulneró un derecho fundamental. La
Corte no se inmiscuye en el acto del nombramiento propiamente, sino que ordena
que se surta, en debida forma, una etapa del proceso del concurso que la
Universidad omitió, omisión que consistió en no notificar sobre los resultados
del mismo.
En relación con lo
estimado por los jueces de instancia, sobre la no procedencia de esta tutela
por contar el actor con otros medios de defensa judicial, especificamente, ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la Sala no desconoce la
posibilidad de que el demandante pueda hacer uso de tales acciones, pero la
presente acción se concederá sin condicionarla a tal evento, pues se dará
aplicación a lo dispuesto en el artículo 6o., numeral 1., del decreto 2591 de
1991, en cuanto dice:
“. . . La existencia
de dichos medios [de defensa judicial] será apreciada en concreto, en cuanto a
su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.”
Sobre este aspecto,
y tratándose de situaciones especiales, la Corte Constitucional ha dicho en
algunas sentencias lo siguiente:
“. . .
“La Corte, empero,
encuentra necesario hacer la siguiente precisión: cuando el juez de tutela
halle que existe otro mecanismo de defensa judicial aplicable al caso, debe
evaluar si, conocidos los hechos en los que se basa la demanda y el alcance del
derecho fundamental violado o amenazado, resultan debidamente incluídos TODOS
los aspectos relevantes para la protección inmediata, eficaz y COMPLETA del
derecho fundamental vulnerado, en el aspecto probatorio y en el de decisión del
mecanismo alterno de defensa. Si no es así, si cualquier aspecto del derecho
constitucional del actor, no puede ser examinado por el juez ordinario a través
de los procedimientos previstos para la protección de los derechos de rango
meramente legal, entonces, no sólo procede la acción de tutela, sino que ha de
tramitarse como la vía procesal prevalente. Así como la Constitución no permite
que se suplante al juez ordinario con el de tutela, para la protección de los
derechos de rango legal, tampoco permite que la protección inmediata y eficaz
de los derechos fundamentales, sea impedida o recortada por las reglas de
competencia de las jurisdicciones ordinarias.” ( Sentencia T-100 de 1994,
Magistrado ponente: doctor Carlos Gaviria Díaz).
Tercera.- El
derecho de petición.
El demandante
manifestó que interpuso recursos de reposición y de apelación contra la
decisión de declarar desierto el concurso. Se solicitó a la Universidad, en dos
ocasiones, información al respecto, y en ambas señaló que no tenía tal
información pues no la había podido ubicar en sus archivos. No obstante, llama
la atención que en el Acta Nro. 20 de 1993, del Consejo de la Facultad de
Ingeniería, de 9 de diciembre, página 4, conste lo siguiente:
“Respecto a la
solicitud de REPOSICIÓN presentada por el profesor ELY ENCISO referente al
concurso docente para proveer un cargo de profesor de tiempo completo en el
Departamento de Catastro y el cual fue declarado desierto, el Consejo determina
solicitar al Bienestar Universitario realizar una valoración al profesor certificada
en cuanto a las labores que pueda adelantar en prácticas de campo y la dinámica
propia requerida para adelantar las clases.” (las mayúsculas pertenecen al
texto original)
De lo anterior se
deduce que, efectivamente, el profesor Enciso sí presentó, al menos, recurso
de reposición contra la decisión del concurso, y que la respuesta
respectiva, si la hubo, no pudo ser conocida por la Corte.
Además, desde el 10
de marzo de 1994, existe la valoración médica ordenada por el Consejo. Vale
recordar que dicha valoración, suscrita por el Coordinador del Departamento
Médico Odontológico, concluye así:
“Por lo
anteriormente señalado el Profesor Enciso está en la capacidad de desarrollar
actividades docentes de tiempo completo sin limitación alguna.”
La jurisprudencia de
la Corte ha sido precisa en el sentido de señalar que una de las formas de
violación al derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de
la Constitución, lo constituye el hecho de que la administración no conteste
los recursos ante ella interpuestos. Y en el presente caso se presenta
precisamente esta vulneración.
Pero, para no
interferir en el procedimiento que debe nuevamente adelantar la Universidad, al
retroceder la etapa del concurso a la notificación de resultados del mismo, no
resulta procedente que se resuelva sobre los recursos que el actor presentó
contra el mismo. Sin embargo, se advierte a la Universidad que si se
propusieren otros recursos como consecuencia del procedimiento que se ordena
realizar, éstos deben ser resueltos por la Universidad, para no incurrir en
violación al derecho de petición.
Cuarta.- Asunto
adicional.
Los documentos que
obran en este expediente, sobre la forma como se desarrolló el concurso, la
falta de publicidad de los resultados del mismo a los participantes, el no
resolverse los recursos, el desorden que, al parecer, reina en los archivos de
la Universidad, y, en general, todos los asuntos tratados en esta providencia,
llevan a concluir la necesidad de poner en conocimiento de las autoridades
competentes, tales hechos. Para tal efecto, se ordenará remitir copia de la
presente sentencia a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de
Educación Nacional, para que, si lo estiman procedente, adelanten las
investigaciones correspondientes.
III.- DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
REVÓCASE la sentencia del
Consejo de Estado, de fecha 20 de enero de 1995, por las razones expuestas en
esta sentencia. En consecuencia, se concede la tutela demandada por el
señor ELY ENCISO ROMERO, en cuanto a la violación de sus derechos al debido
proceso y de petición.
Segundo.-
ORDÉNASE a la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, en lo relacionado al concurso para nombrar
a un profesor de tiempo completo en el área de catastro, que si en el término
de cuarenta y ocho (48) horas, después de notificada la presente providencia,
la Universidad encuentra, dentro de sus archivos, los puntajes definitivos, es
decir, los resultados obtenidos después de la conferencia de que trata el
reglamento del concurso, dichos resultados sean notificados, en debida forma, a
los participantes, y, en consecuencia, se efectúe el nombramiento de acuerdo
con los mismos. En caso contrario, es decir, si no existen tales resultados
finales, la Universidad deberá iniciar, dentro del mismo plazo, el
procedimiento respectivo, llamando nuevamente a los opcionados a dictar la
conferencia respectiva, con el fin de que la Universidad disponga de todos los
elementos para la calificación de los candidatos, y pueda efectuar el
nombramiento de conformidad con dichos resultados. El resultado respectivo será
notificado a los participantes.
Para el cumplimiento
de esta decisión, la Universidad debe suspender los trámites para una nueva
convocación para profesor de tiempo completo en el área de catastro.
Tercero.-
ENVÍENSE copias de esta
sentencia a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Educación,
para los fines indicados en la parte motiva de esta providencia.
Cuarto.-
COMUNÍQUESE la presente
decisión al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que sea notificada a
las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del decreto 2591
de 1991. Corresponde al Tribunal velar por el estricto cumplimiento de lo
ordenado en esta providencia.
Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional.
JORGE ARANGO
MEJÍA
Magistrado
ANTONIO
BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA V.
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General |
446 | T-287-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-287/95
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL-Fundamental
El derecho a la seguridad social es un
derecho programático, de desarrollo progresivo y obligatorio por parte del
legislador. No obstante, en lo que se refiere a la pensión de vejez, la Corte
ha sostenido que el respectivo derecho a la seguridad social puede adquirir el
carácter de fundamental, debido a su conexidad directa con el derecho al
trabajo.
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL-Vulneración/PENSION
DE JUBILACION/MORA EN LOS APORTES
Para el trabajador, activo o retirado, la
seguridad social es un derecho constitucional irrenunciable. Para su
efectividad concurren el Estado y los particulares. En el evento de que el
empleador no cumpla con su obligación de cancelar los aportes obrero-patronales
al seguro social, sobre él recae la obligación originaria de cubrir las
respectivas prestaciones sociales, derivadas por ley de la relación laboral.
DERECHO A LA
ESTABILIDAD DE LA PENSION-Fundamental/NEGLIGENCIA
DEL PATRONO/ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA-Suspensión del pago de pensión
La obligación de protección y de seguridad
impuesta por ley al patrono, se vería violada de permitirse que éste pudiera,
así sea temporalmente, desentenderse del pago de las prestaciones que le
corresponden frente a sus trabajadores pensionados. No hay razón jurídica
alguna que obligue al trabajador retirado a soportar las consecuencias de la
negligencia atribuible exclusivamente al empleador que incumple la obligación
de cotizar oportunamente al seguro social. La causa de la disminución de las
mesadas pensionales no es imputable al trabajador sino a la mora de la
empresa, por lo que la conducta omisiva de ésta no puede afectar sus derechos.
La decisión de la empresa demandada de suspender el pago de la mesada
pensional, pese a conocer las repercusiones que tendría el incumplimiento en el
pago de los aportes al seguro social para el pensionado, unida al hecho de que
el peticionario es una persona de la tercera edad, que ha visto reducidos en
forma drástica sus ingresos (en un 80%), coloca al actor en situación de
indefensión y frente a la eventualidad inmediata de sufrir un perjuicio irremediable.
DERECHO AL MINIMO
VITAL
La controversia entre el patrono y el ISS
en torno a la proporción en que cada uno está obligado respecto del derecho a
la pensión de vejez del peticionario, trasciende el mero plano legal para
adquirir relevancia constitucional. La decisión de la empresa no sólo
compromete la efectividad del derecho a la seguridad social del trabajador
pensionado, sino que amenaza su derecho al mínimo vital cuando le obliga a
resignarse con el 20% de la pensión que le venía reconociendo y que constituía,
según el petente, su fuente exclusiva de ingreso.
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL/DERECHO DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A TUTELA
TRANSITORIA/PERJUICIO IRREMEDIABLE A PERSONA DE LA TERCERA EDAD
La Corte ha señalado que el juez de tutela
debe conceder la tutela para evitar un perjuicio irremediable, condicionada a
la resolución judicial ordinaria de la controversia laboral, pese a que la
parte interesada no haya solicitado el amparo como mecanismo transitorio. La
inminencia y gravedad del perjuicio y la urgencia e impostergabilidad de las
medidas para impedir su consumación, hacen que en el presente caso deba
concederse la tutela del derecho a la seguridad social del peticionario. En
efecto, someter a un litigio laboral al actor, dada su edad avanzada y el
reducido ingreso que percibe desde la suspensión del pago de la pensión por
parte de la entidad demandada, amenaza de manera directa sus derechos
fundamentales al mínimo vital y a la existencia digna. De no ampararse
inmediatamente el derecho fundamental a la estabilidad de su pensión de vejez,
que es independiente del resultado del litigio entre el patrono y el seguro
social, se ocasionaría grave perjuicio al peticionario.
JULIO 5 DE 1995
Ref: Expediente
T-62364
Actor: RAUL
HUMBERTO ESTUPIÑAN GUERRERO
Magistrado
Ponente:
Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Temas:
- Derecho
fundamental a la seguridad social
-
Incumplimiento del empleador en el pago de cotizaciones al I.S.S.
-Tutela
transitoria de los derechos fundamentales
- Acción de
tutela contra particulares
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha
pronunciado
EN NOMBRE DEL
PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
la siguiente
S E N T E N C I A
En el proceso de
tutela T-62341 promovido por el señor Raúl Humberto Estupiñan Guerrero contra
la sociedad Construcciones Protexa S.A.
ANTECEDENTES
1. La sociedad
CONSTRUCCIONES PROTEXA S.A, con certificado de existencia y representación
vigente, mediante comunicación del 30 de septiembre de 1987, terminó
unilateralmente el contrato de trabajo a término indefinido que había suscrito
con el señor RAUL HUMBERTO ESTUPIÑAN GUERRERO.
2. En octubre de
1987, Estupiñan Guerrero exigió a Protexa S.A. el pago de la pensión-sanción
dispuesta por la ley, ya que al momento del despido, realizado de manera
unilateral, contaba con 55 años de edad y había trabajado 17 años y medio para
la empresa. Esta canceló voluntariamente al ex-trabajador una pensión de
jubilación por un término de cinco años, como consta en diferentes recibos de
pago aportados al proceso de tutela.
3. Mediante
comunicación del 28 de enero de 1993, dirigida al Instituto de Seguros
Sociales - Seccional Cundinamarca, Protexa S.A. certificó que "al señor
RAUL HUMBERTO ESTUPIÑAN GUERRERO, identificado con c.c. Nº 6.181.388 de Buga,
se le canceló PENSION DE JUBILACION hasta el día 16 de julio de 1992 por valor
de $ 530.000, fecha en la cual se le dejó de pagar por haber cumplido la edad
de sesenta (60) años".
4. El Instituto de
Seguros Sociales, mediante Resolución 000733 del 8 de febrero de 1993,
reconoció al señor Estupiñan Guerrero una pensión de jubilación de $ 81.510
pesos mensuales. La liquidación correspondiente se basó en 788 semanas
cotizadas, con salario mensual de base de $ 71.349,74.
5. El pensionado
solicitó a la entidad de seguridad social la reliquidación de la pensión de
vejez y el pago retroactivo de las mesadas no canceladas. Mediante oficio 19331
del 10 de octubre de 1994, el I.S.S. rechazó la solicitud de reliquidación.
Sostuvo que, revisado el expediente administrativo, pudo determinar que Protexa
S.A., "se encuentra en mora por concepto de aportes obrero-patronales
desde marzo de 1983 hasta octubre de 1990, con deuda de $10.694.146",
circunstancia que la relevaba de la obligación de otorgar las prestaciones
económico-asistenciales, quedando el empleador obligado a su reconocimiento (D.
2665 de 1988, art. 12) "mientras subsista el estado de mora".
6. El 15 de junio de
1993, el señor Estupiñan Guerrero solicitó a Protexa S.A. el pago del mayor
valor de la pensión de jubilación respecto de la recibida por el instituto de
seguros sociales. Protexa S.A. no dio respuesta a la solicitud. No obstante,
mediante carta de julio 13 de 1993, solicitó al Instituto de Seguros Sociales -
Seccional Cundinamarca, informar si "la Empresa CONSTRUCCIONES PROTEXA
S.A. DE C.V., está obligada o no a pagar un mayor valor sobre la pensión que
reconoce el Instituto al señor ESTUPIÑAN GUERRERO, en la Resolución No. 000733
de fecha 8 de Febrero de 1993".
7. Ante el silencio
de Protexa S.A., el señor Raúl Humberto Estupiñan Guerrero, por intermedio de
apoderado, interpuso acción de tutela en su contra.
7.1 Con fundamento
en los hechos expuestos, el demandante solicita que se le ordene a Protexa S.A.
reconocerle y pagarle el mayor valor o diferencia entre la pensión voluntaria
pagada por la empresa y la pensión de jubilación reconocida por el Instituto de
Seguros Sociales. Igualmente, pide que se ordene a la demandada pagar los
aumentos legales y las primas para pensionados, correspondientes a los años de
1993 y 1994, así como que se la condene a indemnizar los perjuicios
ocasionados.
7.2 A juicio del
apoderado del actor, la omisión de Protexa S.A. en cancelar la diferencia entre
el monto de las pensiones, constituye un total desconocimiento de los derechos
fundamentales de su poderdante, quien no tiene medios económicos para atender
sus necesidades, "ni siquiera de alimentación para él y para su
familia". Esta circunstancia, le ha llevado al más absoluto desamparo
económico y le coloca en estado de indefensión, ya que tampoco cuenta con los
recursos económicos necesarios para adelantar los procesos judiciales
respectivos.
7.3 Fundamenta la
procedencia de la acción de tutela en el peligro que para los derechos
fundamentales de su poderdante representa la negativa de pagar la diferencia
entre la pensión de jubilación reconocida por la empresa y la reconocida por el
seguro social, diferencia que obedece exlusivamente a la mora de esta última en
cancelar los aportes al sistema de seguridad social.
8. La sociedad
Construcciones Protexa S.A., mediante memorial presentado extemporáneamente el
día 12 de diciembre de 1994, informó al Tribunal de tutela que, en efecto, el
señor Estupiñan Guerrero había trabajado para la empresa hasta septiembre 30 de
1987, luego de lo cual se le reconoció una pensión temporal voluntaria. En
julio 16 de 1992, dejó de cancelar la prestación, por cuanto desde esa fecha el
Instituto de Seguros Sociales debía asumir su pago. Afirmó, igualmente, que
tuvo conocimiento informal de la contestación del 10 de octubre de 1994 en la
que el I.S.S. se negó a reliquidar la pensión del ex-empleado como consecuencia
de la mora de la empresa, por lo que "está procediendo a cumplir lo
pertinente con el I.S.S. y con el tutelante, ya que este último está obligado a
precisarnos la cantidad que recibió del I.S.S. desde la fecha en que le
reconoció la pensión de vejez".
La entidad demandada
envió copia de la carta dirigida al I.S.S. en julio 13 de 1993, en la que
informa que "el señor ESTUPIÑAN GUERRERO fue dado de baja como trabajador
activo de nuestra Empresa el día dos (2) de Marzo de mil novecientos noventa y
ocho (1988) y nuevamente en el mes de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve
(1989), se afilió al Seguro Social". En la misma carta, Protexa elevó la
consulta al Instituto respecto a la obligación de pagar el mayor valor entre
ambas pensiones.
9. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, mediante fallo del 13 de
diciembre de 1994, denegó las pretensiones del actor.
Considera que la
acción de tutela es un mecanismo subsidiario y residual, que no procede cuando
existen otros medios de defensa judicial. Lo contrario implicaría la
sustitución del juez ordinario por parte del juez de tutela, lo cual es
inaceptable.
Afirma que en el
presente caso, el peticionario tiene a su disposición las acciones ante la
jurisdicción ordinaria laboral para hacer valer sus derechos frente a su
antiguo empleador, por lo que la tutela no está llamada a prosperar.
10. El apoderado del
petente impugnó la anterior providencia. Fundamenta su desacuerdo en dos
puntos:
En primer lugar,
considera que el mecanismo judicial que propone el fallador es ineficaz, dada
la edad del petente (60 años), la duración y los costos del proceso ordinario
laboral.
En segundo lugar,
sostiene que a su representado se le ha violado el derecho fundamental a la
seguridad social, pues la asignación que percibe no es suficiente para cubrir
sus necesidades físicas y espirituales.
11. El Consejo de
Estado, Sección Tercera, mediante sentencia del 26 de enero de 1995, confirmó
el fallo de primera instancia.
El Tribunal de
segunda instancia considera que la situación planteada por el actor conduce a
concluir que "deberá acudir ante la justicia laboral para que previa la
evaluación de todas las circunstancias particulares del caso el juez decida lo
que corresponda".
Así mismo, estima
que no se ha presentado violación alguna a los derechos a la vida, la dignidad,
la protección a las personas de tercera edad ni al libre desarrollo de la
personalidad.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Objeto de la
pretensión
1. El peticionario
pretende se ordene, por vía de una sentencia de tutela, a una entidad
particular, el pago de la diferencia dineraria entre el monto de la pensión de
jubilación que hasta un cierto momento canceló el empleador y el monto de la
pensión de vejez que actualmente le paga el seguro social. Adicionalmente,
solicita se ordene el pago de los reajustes y mesadas pensionales y la
indemnización de los perjuicios sufridos por la suspensión del pago. Sostiene
que la sociedad demandada dejó de cancelar los aportes obrero-patronales al
sistema de seguridad social, lo que repercutió en la exigua pensión de vejez
reconocida por el Instituto de Seguros Sociales ($ 81. 510 pesos), pensión que
contrasta con la anteriormente pagada por la empresa ($ 510.000 pesos). Por
otra parte, considera procedente la acción de tutela, ya que la omisión de la
demandada lesiona sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la
dignidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la protección de la
tercera edad, si se tiene en cuenta que los costos y la duración de un proceso
ordinario laboral hacen inconducente e ineficaz la utilización de este medio de
defensa judicial para salvaguardar oportunamente los mencionados derechos
fundamentales.
2. Para los
Tribunales de tutela en primera y segunda instancia, la acción de tutela es
improcedente, ya que el afectado cuenta con acciones legales para exigir el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a cargo del empleador.
Adicionalmente, no se percibe, por parte de los falladores, la existencia de
una vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.
3. El conflicto
sometido al conocimiento de los jueces de tutela surge con ocasión de la
subrogación de la obligación patronal mediante la asunción del riesgo por parte
del Instituto de Seguros Sociales. La diferencia en el monto de las pensiones,
obedece a que el empleador - como él mismo lo admite - dejó de cancelar los
aportes correspondientes. La actitud omisiva del empleador condujo a que el
peticionario viera reducido su ingreso mensual de $ 530.000 pesos a $ 81.500,
hecho que, según él, atenta contra sus derechos fundamentales y lo coloca en
situación de indefensión.
Los Tribunales de
instancia centran su atención exclusivamente en el carácter litigioso de las
pretensiones del actor y desestiman la acción de tutela por disponer éste de
otros medios de defensa judicial.
Si bien les asiste
razón a los falladores de tutela cuando sostienen que la vía procedente para
definir las obligaciones prestacionales y los sujetos obligados a su pago, es
el proceso laboral ordinario y no la acción de tutela, el problema planteado
por el peticionario, no obstante, a juicio de esta Corte, es uno diferente.
Consiste en determinar si se vulnera o amenaza un derecho constitucional
fundamental por parte de una entidad particular que se niega a cancelar la
diferencia entre la pensión voluntaria de jubilación y la pensión de vejez
reconocida por el Estado, cuando la diferencia entre una y otra pensión obedece
exclusivamente a la conducta del empleador y representa una disminución del 80%
de la prestación social del peticionario, la que se produce de manera
inesperada para éste. Sólo ulteriormente, en virtud de la prevalencia del
derecho sustancial sobre el procesal (CP art. 228), debe examinarse si la
acción de tutela es la vía procedente para solicitar la protección inmediata
del derecho fundamental efectivamente vulnerado o amenazado.
Derecho
fundamental a la seguridad social
4. Pese a que ni el
actor ni los tribunales de instancia lo mencionan, el derecho a la seguridad
social (CP art. 48) pudo resultar vulnerado por la negativa de la empresa de
cancelar la diferencia pensional.
En principio, el
derecho a la seguridad social (CP art. 48) es un derecho programático, de
desarrollo progresivo y obligatorio por parte del legislador. No obstante, en
lo que se refiere a la pensión de vejez, la Corte ha sostenido que el
respectivo derecho a la seguridad social puede adquirir el carácter de
fundamental, debido a su conexidad directa con el derecho al trabajo (CP art.
25):
"El texto
que consagra la Seguridad Social indica que se trata de una norma programática
de desarrollo progresivo y obligatorio por parte del legislador, que constituye
promesa para los gobernados de que el Estado como guardián de la colectividad,
deberá diseñar políticas de acuerdo con esos postulados fundamentales para
cubrir las prestaciones que surjan de las contingencias de enfermedad,
invalidez o senectud, a fin de que la Seguridad Social sea una realidad.
"Empero, la
seguridad social que se reclama mediante el reconocimiento de la pensión de
vejez, no puede verse como algo independiente o desligado de la protección al
trabajo, el cual es garantizado de manera especial en la Constitución, por
considerar que es un principio fundante del Estado Social del Derecho que ella
organiza. Como el derecho controvertido nace y se consolida ligado a una
relación laboral, en cuyo desarrollo la persona cumplió los requisitos de modo,
tiempo de cotización y edad a los cuales se condicionó su nacimiento, es
necesariamente derivación del derecho al trabajo.
"... la
defensa del trabajo apareja protección de la seguridad social que de él dimana,
por ser la pensión de vejez una prestación a largo plazo que cubre al
trabajador en el curso de su relación laboral y que al decir de KROTOCHIN
constituye "salario diferido" que se cobra periódicamente una vez se
satisfacen las exigencias legales"[1].
Elementales razones
de justicia hacen que al término de la vida laboralmente productiva, la persona
de la tercera edad que ha hecho aportes dinerarios al sistema de seguridad
social durante varios años de trabajo, reciba como contraprestación una mesada
equivalente a un porcentaje de su salario con miras a su sostenimiento durante
la vejez.
Nuestra República se
funda en el respecto de la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad
(CP art. 1º). Ninguno de estos tres pilares del Estado Social de derecho
permanecería en pie, si quien diligentemente ha contribuido con su trabajo a la
construcción de la riqueza nacional, luego de llegar a la edad de retiro
laboral y de hacerse acreedor a una pensión de vejez, se ve, así sea
transitoriamente, desprotegido por parte del Estado o de las personas que por
ley deben asumir la prestación de la seguridad social.
5. Es de advertir
que, el presente caso, no versa sobre el reconocimiento del derecho a la
pensión de vejez del peticionario. Las partes obligadas - patrono e Instituto
de Seguros Sociales - admiten que el trabajador cumplió con los requisitos
legales para el goce efectivo de la pensión.
Analizados los
hechos, se observa que, lejos del reconocimiento de su derecho a la pensión de
vejez, el petente pretende se le garantice la integridad de la pensión
de jubilación reconocida por la empresa, la cual venía recibiendo hace cinco
años, sin que la asunción del riesgo por parte del Estado mediante el sistema
de la seguridad social, por factores ajenos al trabajo efectivamente realizado,
implique la afectación de su derecho fundamental.
En consecuencia, la
Corte debe determinar si el derecho fundamental a la seguridad social, incluye
un derecho a la estabilidad de la pensión de vejez previamente reconocida, el
cual habría resultado vulnerado por la decisión de la entidad demandada de
suspender definitivamente su pago, con el argumento de que el Estado, por
intermedio del Instituto de Seguros Sociales, era el obligado a hacerse cargo
de la prestación.
Deberes del
empleador y derecho fundamental a la estabilidad de la pensión de vejez
6. El contrato de
trabajo supone la prestación de un servicio personal, bajo continuada
dependencia y subordinación, a cambio de una remuneración (C.S.T. art. 22).
Superada históricamente la concepción consensual, bilateral y conmutativa del
contrato de trabajo, actualmente la ley impone a los empleadores, además de la
remuneración salarial por la prestación personal, una serie de prestaciones
patronales comunes - cesantía, vacaciones, primas, etc. - y especiales - seguro
social contra riesgos de enfermedad, invalidez, vejez, muerte, maternidad, etc.
- en favor del trabajador, con miras al mejoramiento de sus condiciones de vida
y a la dignificación de su existencia.
Las conquistas
laborales, fruto de los movimientos sociales de principios del siglo, llevaron
a radicar en cabeza del empleador una serie de prestaciones sociales en favor
del trabajador. Lentamente, con el advenimiento del Estado Social de Derecho,
estas prestaciones han sido asumidas, en forma parcial, por el Estado, a través
del sistema de seguridad social, para asegurar la efectividad de los derechos
de los trabajadores. Tal es el caso de las pensiones de invalidez, vejez y
muerte que, gracias al sistema de seguridad social, son protegidas por el
Estado, en forma moderna y técnica, a un gran número de trabajadores, los
cuales no podrían aspirar a la misma protección por parte de sus patronos.
El hecho de que el
Estado haya venido a sustituirse en las obligaciones patronales, no supone que
el patrono haya quedado definitivamente liberado de su obligación. Las
prestaciones sociales, comunes y especiales, se radican originariamente en
cabeza del empleador (C.S.T art. 259). La asunción de los respectivos riesgos
por parte del seguro social, está condicionada a la cancelación completa y
oportuna de los aportes obrero-patronales al sistema de seguridad social.
Para el trabajador,
activo o retirado, la seguridad social es un derecho constitucional
irrenunciable. Para su efectividad concurren el Estado y los particulares (CP
art. 48). En el evento de que el empleador no cumpla con su obligación de
cancelar los aportes obrero-patronales al seguro social, sobre él recae la
obligación originaria de cubrir las respectivas prestaciones sociales,
derivadas por ley de la relación laboral.
Sobre las
consecuencias del incumplimiento del empleador de afiliar a los trabajadores y
cotizar oportunamente al seguro social según lo dispuesto en la ley y en sus
reglamentos, la Corte ha sostenido lo siguiente:
"La
efectividad de este derecho no sólo corresponde al trabajador, sino también al
empleador, quien tiene la obligación de afiliar a sus empleados al seguro
social. Esto significa que la empresa no puede ser indiferente en relación con
la suerte que corra el derecho a la seguridad social de los asalariados. Por el
contrario, el patrono tiene que velar por que ellos vean satisfecho este
servicio de manera real y efectiva.
"Ahora bien,
en el evento de que el empleador no utilice el sistema de seguridad social
estatal, la satisfacción del servicio le corresponde directamente, como
resultado de un deber que jurídicamente le pertenece. La existencia del sistema
de seguridad social no desplaza la obligación primaria radicada en cabeza del
patrono."[2]
7. Protexa S.A.
canceló por un período de cinco años una pensión voluntaria al actor, porque al
momento de la terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo
por parte de la empresa, aquél contaba con más de diez años de labores y 55
años de edad (CST art. 267). El empleador reconoció el derecho a la pensión de
jubilación de Estupiñan Guerrero y le pagó por dicho concepto, hasta julio de
1992, una suma mensual que ascendió finalmente a $ 530.000, como aparece en
certificación de la misma entidad demandada y dirigida al Instituto de Seguros
Sociales.
Si la intención de
Protexa era cancelar la pensión de jubilación sólo durante el tiempo (5 años)
necesario para que el trabajador cumpliera con los requisitos legales de edad y
de cotización, de manera que el Instituto de Seguros Sociales se subrogara en
la obligación de pagar la prestación, tenía la obligación de seguir cancelando
los aportes obrero-patronales durante todo ese tiempo[3]. Ello es así porque el
despido unilateral e injustificado impidió al trabajador cumplir con los
requisitos de edad y tiempo de servicios requeridos por la ley para pensionarse
por el seguro social. De no hacerlo, como en efecto parece que sucedió como lo
asegura el I.S.S. en oficio 19331 del 10 de octubre de 1993, la obligación de cancelar,
parcial o totalmente, la respectiva prestación, radica exclusivamente en el
empleador. Sobre el particular, el Decreto 2665 de 1988, establece:
"Artículo
12. Efectos de la mora.- En el período de mora en el pago de los aportes y
haciendo salvedad de las prestaciones ya causadas, el Instituto queda relevado
de la obligación de otorgar las prestaciones económico-asistenciales propias de
los Seguros de Enfermedad General, Maternidad, Servicio Médico Familiar,
Invalidez, Vejez y Muerte, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales,
correspondiéndole al patrono su reconocimiento en la forma y cuantía en que el
ISS las hubiere otorgado si no hubiere existido la mora. ... "
Evidencia clara de
la mora de la empresa en el pago de los respectivos aportes obrero-patronales,
la constituye la carta de Protexa S.A. dirigida al Instituto de Seguros
Sociales el 13 de julio de 1993, en la que admite que el petente dejó de ser
trabajador activo de la empresa desde marzo de 1988 (pese a que existe prueba
de la terminación unilateral del contrato de trabajo en septiembre de 1987), y
nuevamente en el mes de mayo de 1989 "se afilió al Seguro Social".
Precisamente esta situación es la que llevó a Protexa a consultar al I.S.S.
sobre su obligación de pagar la diferencia entre las pensiones.
8. La efectividad
del derecho fundamental a la seguridad social, en la modalidad de la pensión de
vejez, depende de su efectiva y oportuna protección.
No podía la entidad
demandada, luego de estar cancelando la pensión de jubilación al petente,
desatenderse de sus obligaciones, bajo el argumento de la asunción de los
riesgos por parte del Estado, más aún cuando la misma empresa admite
tácitamente haber incurrido en mora en el pago de los aportes al seguro social
durante los años en que asumió voluntariamente el pago de la pensión. Al
hacerlo así, vulneró no sólo su derecho fundamental a la seguridad social, sino
que desconoció el principio de buena fe (CP art. 83) que debía regir sus
actuaciones (CP art. 83), en particular la ejecución del contrato de trabajo.
En efecto, el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que
"el contrato de trabajo, como todos los contratos, debe ejecutarse de
buena fe y, por consiguiente, obliga no sólo a lo que en él se expresa, sino a
todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación
jurídica o que por la ley pertenecen a ella". Uno de los elementos que por
ley pertenecen al contrato de trabajo es precisamente la obligación del patrono
de brindar protección y seguridad a sus trabajadores (CST art. 56).
Los trabajadores
gozan de un auténtico derecho fundamental a la integridad o estabilidad de la
pensión de vejez, como contrapartida de la obligación de protección y seguridad
social (CP arts. 46 y 48; CST, art. 56). En efecto, la Constitución impone al
Estado, a la sociedad y a la familia la obligación concurrente de proteger y
asistir a las personas de la tercera edad, y les garantiza los servicios de
seguridad social integral (CP art. 46). Esta obligación se cumple con la
participación de los particulares (CP art. 48), en especial de los empleadores,
de conformidad con las obligaciones propias de la función social de la empresa
(CP art. 333). La obligación de protección y de seguridad impuesta por ley al
patrono (CST, art. 56), se vería violada de permitirse que éste pudiera, así
sea temporalmente, desentenderse del pago de las prestaciones que le
corresponden frente a sus trabajadores pensionados.
Ahora bien, en lo
que respecta a la parte obligada a asumir las cargas temporales que representa
la existencia de discrepancias en torno a la aplicación de las normas sobre la
seguridad social, esta Corporación afirmó:
"Las
vicisitudes que surjan de la aplicación de las normas que regulan las
relaciones entre el seguro social y la empresa, para efectos de la
determinación de la obligación concreta del pago del servicio ..., quedan
supeditadas a la prestación efectiva. Dicho en otras palabras, el interés legal
relativo a la delimitación de las cargas entre el empleador y el seguro social,
debe ceder frente al interés constitucional que consiste en la protección del
derecho fundamental a la seguridad social de una persona que demanda este
servicio en los términos de un mínimo vital.
"Desde
luego, la empresa tiene derecho a pagar sólo aquello que la ley le obliga. Por
lo tanto, en el evento de que la jurisdicción competente defina que dicha
obligación corresponde al Instituto de Seguros Sociales, la empresa podrá
repetir contra la entidad de seguridad social para efectos de obtener el
reembolso de lo pagado."[4]
Lo anterior se
aplica con mayor razón al presente caso si tenemos en cuenta que no hay razón
jurídica alguna que obligue al trabajador retirado a soportar las consecuencias
de la negligencia atribuible exclusivamente al empleador que incumple la
obligación de cotizar oportunamente al seguro social. La causa de la
disminución de las mesadas pensionales no es imputable al trabajador sino a la
mora de la empresa, por lo que la conducta omisiva de ésta no puede afectar sus
derechos.
Disponibilidad de
otros medios de defensa judicial para el reconocimiento de las prestaciones
sociales
9. El afectado cuenta
con la posibilidad de acudir a la justicia laboral en procura del
reconocimiento de las prestaciones sociales a cargo del empleador. Sin embargo,
surge la pregunta de quién es el obligado a soportar la carga que implica la
definición judicial de la controversia. Sobre este asunto, la Corte ha
sostenido:
"Ante la
necesidad de que sea la jurisdicción laboral la que decida a quien corresponde
el pago ... , se plantea el problema de quién debe soportar las consecuencias
temporales de la falta de certeza legal. La situación de extrema fragilidad de
la peticionaria es una razón suficiente para descartar la solución que consiste
en que sea ella quien espere - en la situación de desprotección actual - la
decisión de la jurisdicción competente. De otra parte, la demanda de tutela no
se dirige contra el instituto de seguro social y, por lo tanto, la parte
resolutiva de esta providencia no podría afectarlo. Se impone entonces una
solución que ordene el mantenimiento del statu quo mientras se decide de
fondo. La empresa debe continuar pagando el monto de los servicios médicos como
una consecuencia de los deberes sociales que la constitución le exige frente a
sus trabajadores. No en vano la Carta le impone a la empresa - célula económica
que reúne al capital y al trabajo -, una precisa e importante función social
que cumplir (CP art. 58)"[5].
La decisión de la
empresa demandada de suspender el pago de la mesada pensional, pese a conocer
las repercusiones que tendría el incumplimiento en el pago de los aportes al seguro
social para el pensionado, unida al hecho de que el peticionario es una persona
de la tercera edad, que ha visto reducidos en forma drástica sus ingresos (en
un 80%), coloca al actor en situación de indefensión y frente a la eventualidad
inmediata de sufrir un perjuicio irremediable.
La controversia
entre el patrono y el Instituto de Seguros Sociales en torno a la proporción en
que cada uno está obligado respecto del derecho a la pensión de vejez del
peticionario, trasciende el mero plano legal para adquirir relevancia
constitucional. La decisión de la empresa no sólo compromete la efectividad del
derecho a la seguridad social del trabajador pensionado, sino que amenaza su
derecho al mínimo vital cuando le obliga a resignarse con el 20% de la pensión
que le venía reconociendo y que constituía, según el petente, su fuente
exclusiva de ingreso.
Procedencia de la
tutela transitoria del derecho a la seguridad social para evitar un perjuicio
irremediable
10. La Corte ha señalado
que el juez de tutela debe conceder la tutela para evitar un perjuicio
irremediable, condicionada a la resolución judicial ordinaria de la
controversia laboral, pese a que la parte interesada no haya solicitado el
amparo como mecanismo transitorio[6].
La inminencia y
gravedad del perjuicio y la urgencia e impostergabilidad de las medidas para
impedir su consumación[7],
hacen que en el presente caso deba concederse la tutela del derecho a la
seguridad social del peticionario. En efecto, someter a un litigio laboral al
actor, dada su edad avanzada y el reducido ingreso que percibe desde la
suspensión del pago de la pensión por parte de la entidad demandada, amenaza de
manera directa sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la existencia
digna. De no ampararse inmediatamente el derecho fundamental a la estabilidad
de su pensión de vejez, que es independiente del resultado del litigio entre el
patrono y el seguro social, se ocasionaría grave perjuicio al peticionario.
D E C I S I O N
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión,
R E S U E L V E:
PRIMERO.- REVOCAR
las sentencias proferidas
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, el 13 de
diciembre de 1994, y por el Consejo de Estado, Sección Tercera, el 26 de enero
de 1995.
SEGUNDO.-
CONCEDER TRANSITORIAMENTE la
tutela del derecho fundamental a la seguridad social al señor RAUL HUMBERTO
ESTUPIÑAN GUERRERO y, en consecuencia, ORDENAR al representante legal de
la sociedad CONSTRUCCIONES PROTEXA S.A. que, en el término de 48 horas contadas
a partir de la notificación de la presente providencia, se sirva cancelar
mensualmente la diferencia dineraria entre la pensión de jubilación reconocida
por la empresa al petente y la pensión de vejez reconocida al mismo por el
Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución 000733 del 8 de febrero de
1993, mientras se decide definitivamente, por las autoridades competentes, la
controversia entre la empresa demandada y el Instituto de Seguros Sociales.
TERCERO.- LIBRESE comunicación al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, con miras a que se surta la notificación de esta
providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
(Sentencia aprobada
por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a
los cinco (5) días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995)
).
[1]Corte Constitucional. Sentencia T-463 de 1992. MP Dr. JAIME SANIN
GREIFFENSTEIN
[2]Corte Constitucional. Sentencia T-005 de 1995 MP Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
[3]En el mismo sentido se ha pronunciado recientemente la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Primera, en sentencia
del 24 de marzo de 1995. MP Dr. FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ
[4]Corte Constitucional. Sentencia T-005 de 1995 MP Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
[5]Ibid.
[6]Corte Constitucional. Sentencia T-108 de 1993 MP Dr. FABIO MORON
DIAZ
[7]Corte Constitucional. Sentencia T-225 de 1993 MP Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA |
447 | T-288-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-288/95
ACCION DE TUTELA
CONTRA PARTICULARES QUE DIRIGEN EL FUTBOL/INDEFENSION
Las normas expedidas por las organizaciones
particulares que promueven y dirigen el espectáculo del fútbol, son de
naturaleza privada. Frente a estas disposiciones, el ordenamiento jurídico no
tiene previstas acciones o medios de defensa judicial - acciones de nulidad o
de inconstitucionalidad -, que permitan su control y aseguren la protección de
los derechos de sus destinatarios o de terceros. Es así como, las personas
afectadas por el contenido de estas directrices de carácter privado, se
encuentran en relación de indefensión frente a las organizaciones privadas que
las expiden, circunstancia que legítima el ejercicio de la acción de tutela.
ESPACIO PUBLICO-Acceso/ DISCAPACITADO-Protección
constitucional especial
La destinación del espacio público al uso
común, incluye la garantía de acceso al mismo para toda la población. La
finalidad de facilitar el desplazamiento y el uso confiable y seguro del
espacio público por parte de las personas, en especial de aquéllas limitadas
físicamente, impone la toma de medidas especiales para asegurar dicho acceso y
permanencia.
PERSONA
DISMINUIDA FISICAMENTE-Ubicación
en estadio/DISCAPACITADO-Protección
Corrientemente, so pretexto de la
aplicación de reglamentaciones genéricas se discrimina por omisión a las
personas discapacitadas. Adicionalmente, la existencia de prejuicios, actitudes
de vergüenza, de temor supersticioso, de incomodidad o de intolerancia, impide
en la práctica la integración y participación plena de los discapacitados en
todos los ámbitos de la vida social. Frente a esta realidad social, el Estado
está en la obligación de intervenir mediante la adopción de medidas en favor de
los grupos segregados o discriminados, por expreso mandato constitucional. El
derecho de estas personas al uso de la pista atlética se deriva directamente de
su derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a la recreación y
aprovechamiento del tiempo libre, en tanto no se adopten, por parte de la
administración del estadio, las medidas para garantizar efectivamente el goce
de los derechos constitucionales de las personas limitadas físicamente. Carece
de objetividad y razonabilidad el hecho de que unas personas (las bastoneras)
hagan parte del espectáculo y otras no (los discapacitados). Esta apreciación
es subjetiva en la medida en que establece una condición física - belleza y
juventud - como fundamento de un trato especial, mientras que no se valora a
quienes por la Constitución tienen derecho a recibir un trato especial, debido
a las limitaciones físicas que presentan y que les impiden el goce de sus
derechos. Igualmente, carece de razonabilidad la diferenciación por el hecho de
hacer o no parte del espectáculo, cuando bajo razones como estás pueden
esconderse prejuicios sociales contra los limitados físicos y mentales, como
sentimientos de incomodidad, conmiseración, vergüenza o desagrado.
DISCRIMINACION
POR OMISION DE TRATO ESPECIAL
Diversas situaciones pueden constituir un
acto discriminatorio contrario al derecho a la igualdad de los discapacitados.
Por un lado, la conducta, actitud o trato, consciente o inconsciente, dirigido
a anular o restringir sus derechos, libertades y oportunidades, sin
justificación objetiva y razonable. Por otro, el acto discriminatorio
consistente en una omisión injustificada en el trato especial a que tienen
derecho los discapacitados, la cual trae como efecto directo su exclusión de un
beneficio, ventaja u oportunidad. La existencia de una discriminación por
omisión de trato más favorable supone que el juez verifique en la práctica
diversos extremos: (1) un acto - jurídico o de hecho - de una autoridad
pública o de un particular, en los casos previstos en la ley; (2) la afectación
de los derechos de personas con limitaciones físicas o mentales; (3) la
conexidad directa entre el acto, positivo u omisivo, y la restricción
injustificada de los derechos, libertades u oportunidades de los
discapacitados.
DERECHO A LA
IGUALDAD-Vulneración/DISCRIMINACION-Prohibición
La discriminación, en su doble acepción de
acto o resultado, implica la violación del derecho a la igualdad. Su
prohibición constitucional va dirigida a impedir que se coarte, restrinja o
excluya el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas, se
les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue un privilegio sólo a algunas,
sin que para ello exista justificación objetiva y razonable.
PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD/PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD/IGUALDAD DE OPORTUNIDADES-Vulneración/ESTADIO PASCUAL GUERRERO
El traslado de los discapacitados a la
tribuna sur se presenta como una medida inútil e inapropiada para
brindar seguridad a todos los participantes. Ella no reporta una mayor
seguridad para nadie en particular sino que, por el contrario, aumenta los
riesgos para un sector específico de los participantes, llamado precisamente a
recibir un trato especial. Además de la ineptitud de la medida empleada para
garantizar seguridad, tampoco se encuentra demostrado que ésta sea necesaria
o indispensable. La decisión de traslado de los petentes es notoriamente
desproporcionada respecto del fin buscado. El peligro claro y actual a
que se somete a este grupo humano a cuyos miembros se les ofrece como
alternativa el acceso por una rampa que no cumple las especificaciones técnicas
de seguridad, aunado a la permanencia en un lugar donde los riesgos se ven
aumentados significativamente respecto de los existentes en otro (pista
atlética), comporta un daño eventual mayor al presunto beneficio que se
pretende alcanzar en materia de seguridad. La actuación acusada configura una
violación del derecho a la igualdad de oportunidades, ya que con ellas se
discrimina, sin justificación objetiva y razonable, a los peticionarios
respecto de los demás espectadores cuando se les somete a mayores esfuerzos y
riesgos para acceder al goce de un derecho constitucional.
JULIO 5 DE 1995
Ref.: Expediente T-63500
Peticionario: REINALDO BOTERO BEDOYA (Defensor del
Pueblo - Regional Cali en representación de 25 personas disminuidas
físicamente)
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Temas:
- Derecho a la igualdad y diferenciación positiva
justificada
- Protección especial de las personas con limitaciones
físicas
- Principios de razonabilidad y proporcionalidad
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha
pronunciado
EN NOMBRE DEL
PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
la siguiente
S E N T E N C I A
En el proceso de
tutela T-63500, promovido por el señor Reinaldo Botero Bedoya, Defensor
Regional del Pueblo, en representación de 25 personas disminuidas físicamente,
contra los Clubes Deportivo Cali y América, la División Mayor del Fútbol
Colombiano y el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Municipio de Cali.
ANTECEDENTES
1. Reinaldo Botero
Bedoya, Defensor del Pueblo, Regional Cali, en representación de los señores
ROSEMBERG ZAMORA, CLARA INES MEJIA, JOSE JAIR SARRIA y otras 22 personas más,
limitadas físicamente, interpuso acción de tutela contra los Clubes Deportivo
Cali y América, la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) y el Fondo de
Vigilancia y Seguridad del Municipio de Cali (VISECALI).
Los hechos en que
funda su petición son los siguientes:
1.1 Los
peticionarios, personas con limitaciones físicas, aficionadas al fútbol,
anteriormente ingresaban al estadio "Pascual Guerrero" de la ciudad
de Cali por la puerta de maratón y eran ubicados sobre la pista atlética para
presenciar los encuentros de fútbol.
1.2 Hace
aproximadamente un año, las autoridades del estadio - clubes deportivos,
DIMAYOR y VISECALI - decidieron reubicar a los limitados físicos y trasladarlos
de la pista atlética a las graderías del estadio, parte sur.
1.3 La Defensoría
del Pueblo, Regional Cali, elevó diversas peticiones a las entidades demandadas
con el fin de que se reconsiderara la reubicación. Igualmente, practicó una
visita a las instalaciones del estadio en la que pudo establecer lo siguiente:
"A) Que el
sitio por donde deben entrar los limitados físicos está precedido por una
rampla tendida de aproximadamente 50 mts. que hace casi imposible la subida,
aún con persona acompañante.
"B) Que el
lugar donde deben ubicarse (graderías de la parte sur del estadio) se encuentra
muy cerca e inmediata a la puerta de entrada o salida y que por lo mismo, en
caso de que se presente alguna emergencia que implique evacuación rápida del
estadio, estas personas serían obstáculo e impedimento para otras que en su
afán por salir las atropellarían ante la total indefensión en que se
encontrarían por sus limitaciones de movimiento.
"C)
Contrario a lo anterior, la pista atlética donde estaban ubicados posee más
espacio, lo que hace posible que éstas personas puedan, en caso de emergencia,
manipular sus sillas y tratar de buscar protección en la cancha; además de no
ser obstáculo para otras personas.
"D) Según
manifestación del Administrador del estadio, fuera de las personas que deben y
pueden estar en la pista, por hacer parte del espectáculo, (jugadores, policía,
comisario de campo, árbitros personal técnico y suplencia de los equipos)
existe un grupo de particulares que como las bastoneras (en buen número) se les
permite su permanencia en el lugar, que igualmente pueden ser obstáculo para la
atención ágil de cualquier contingencia."
1.4 En respuesta a
la solicitud de la Defensoría del Pueblo, el Director Ejecutivo de VISECALI
manifestó que la decisión de trasladar a los limitados físicos hacia la tribuna
sur del estadio Pascual Guerrero se adoptó con base en las siguientes
consideraciones:
"1. Por
decisión de la DIMAYOR, cuando se presentan espectáculos públicos,
especialmente partidos de fútbol, se prohibe la presencia de particulares sobre
la pista de tartán y la parte adyacente a la misma, para facilitar de manera
ágil la atención de cualquier evento que pueda presentarse y que ponga en
peligro a los espectadores".
"2.
Igualmente, el espacio a que se hace referencia, queda habilitado para llevar a
cabo la evacuación de personas y la utilización de equipo especializado cuando
las circunstancias lo requieran.
"3. Sobre
las razones expuestas por los limitados físicos, se están analizando para
buscarles la mejor solución, con el propósito de que estas personas puedan
acceder fácilmente a la tribuna escogida para ellos y también que se les
otorgue el mejor medio para una evacuación rápida de estas personas
(sic)".
2. Según el actor,
la decisión de las demandadas vulnera los derechos fundamentales a la igualdad,
a la protección especial de los limitados físicos y de petición de sus
representados. Manifiesta que al Estado le corresponde promover las condiciones
para que la igualdad sea real y efectiva, adoptar medidas en favor de grupos
discriminados o marginados y proteger especialmente a las personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta (CP art. 13). "Bajo estas perspectivas - sostiene -,
los limitados físicos son objeto de discriminación cuando no se les tiene en
cuenta en su situación física de inferioridad, respecto de otras personas y se
les obliga a ubicarse en un sitio donde no solamente se les dificulta y hace
más penoso su acceso, sino donde sus vidas corren peligro en caso de alguna
emergencia, por falta de espacio que erróneamente se ha considerado como el
motivo para la no permanencia en la pista atlética del estadio". Por otra
parte estima que, si a otros particulares en perfectas condiciones físicas
(bastoneras) se les permite su ubicación en la pista atlética, no existe razón
para discriminar a los limitados físicos, más aún cuando la Carta Política les
garantiza una protección especial por parte del Estado.
3. Solicita, en
consecuencia, que se ordene a las entidades demandadas permitir nuevamente la
localización de los demandantes sobre la pista atlética del Estadio Pascual
Guerrero.
4. El Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Decisión Penal, mediante
sentencia del 9 de diciembre de 1994, concedió a los peticionarios la tutela de
su derecho fundamental a la igualdad, y ordenó a los representantes de los
Clubes Deportivo Cali y América, de la División Mayor del Fútbol Colombiano y
del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Municipio de Cali, tomar las medidas
pertinentes para ubicarlos dentro de la malla de protección que rodea la cancha
del estadio Pascual Guerrero cuando asistan a los partidos que allí se
realicen.
4.1 El Tribunal de
tutela reconoce la autoridad de la DIMAYOR, como máximo órgano rector del
deporte profesional en el país, para fijar las normas que regulan el uso y
funcionamiento de los estadios, en particular respecto de las personas que
pueden permanecer durante los encuentros de balompié dentro de la malla que
bordea el campo de fútbol. No obstante, puntualiza, dichas reglas deben
sujetarse plenamente a la Constitución.
4.2 A juicio el
fallador, "bajo el criterio de restringir la presencia de extraños en la
zona aledaña al campo deportivo, no es válido desconocer el derecho inalienable
de las personas en silla de ruedas a usar ese sector del Estadio, en razón de
su condición física"
4.3 Para el Tribunal
de instancia, es discriminatorio el trato dado a las personas limitadas con
respeto al dispensado a las jóvenes bastoneras y fotógrafos de diarios, a
quienes se les permite permanecer sobre la pista atlética, mientras que a las
primeras se las desplaza a un sitio dentro del estadio que no sólo las somete a
un esfuerzo mayor, sino que las expone a un peligro manifiesto. "El ingreso
al estadio por una tendida rampa de cincuenta metros para llegar a la tribuna,
de suyo representa un riesgo para quienes tienen que hacerlo en silla de
ruedas. De hecho están sometidos a un grado de dificultad mayúsculo, por lo
cual un descuido puede resultarles fatal". Además, estima que su presencia
en las graderías del estadio los coloca en máximo grado de indefensión, ya que
por su condición física carecen de aptitudes para resguardarse o protegerse en
situaciones de anormalidad. "Tan objetiva realidad - dice - no puede ser
minimizada ni desconocida en aras de una supuesta seguridad del espectáculo
público, porque hiere y lesiona la verdad y deja maltrechos principios de
humanidad".
Es injusto, continúa
el Tribunal, el trato discriminatorio dado a las personas que debiendo ser
protegidas por la autoridad, contrariamente, resultan expuestas a un mayor
peligro. La normas discriminatorias de la DIMAYOR no pueden prevalecer sobre
los dictados de la Constitución. Es justamente por tener clausurada su opción
de caminantes, sostiene el fallador, que los limitados físicos están destinados
a permanecer en un mismo sitio, no siendo por tanto factor de perturbación.
"Su sitio ha
de ser por tanto junto a la gramilla, en el lugar público más seguro que existe
dentro del estadio. Allí donde expresan y testimonian su admirable afán de
vivir, como sacerdotes de la esperanza que son, como vendedores de fe en un
mundo agobiado por el desprecio a la vida. Todos los necesitamos para que nos
mejoren la idea sobre la vida".
En relación al
derecho de petición, la Sala no halló vulneración alguna, por cuanto encontró
que las autoridades departamentales y municipales dieron respuesta oportuna a
las solicitudes elevadas por la Defensoría del Pueblo.
5. La magistrada
María Laurencia Muñoz Gutiérrez salvó el voto. Considera que la acción de
tutela es improcedente, por cuanto el particular demandado no presta ningún
servicio público. Igualmente, asegura que en el trámite de la acción se violó
el debido proceso, ya que no se notificó a la DIMAYOR la iniciación del trámite
de tutela, de forma que pudiera ejercer su derecho de defensa.
6. La DIMAYOR y los
clubes deportivos América y Deportivo Cali, por medio de apoderado, apelaron la
anterior decisión judicial. Manifestaron que la ubicación dada a las personas
disminuidas físicamente obedecía a directrices trazadas por la FIFA; que no se
les había prohibido la entrada al estadio; y que, por consiguiente, no se
vulneró el derecho a la igualdad. Impugnaron igualmente el fallo por considerar
que se violó el derecho al debido proceso, al no darles a las entidades
demandadas la posibilidad de ser oídas en el transcurso de la primera
instancia.
7. La Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante sentencia del 8 de febrero de
1995, revocó el fallo impugnado y denegó la tutela solicitada.
La Corporación
desecha la procedencia de la acción de tutela, con fundamento en el carácter de
entidades privadas encargadas de la prestación de un servicio público que le
atribuye erróneamente a las demandadas el fallador de primera instancia. Admite
su procedencia por la situación de indefensión en que presuntamente se
encuentran los petentes, en su calidad de limitados físicos, frente a los entes
afectados por la tutela, aunque finalmente deniega la tutela.
Tampoco existe, a
juicio del Tribunal de segunda instancia, vulneración del derecho al debido
proceso en el trámite de la acción, ya que no es imperativo para el juez de
tutela notificar de su iniciación a los demandados, menos aún cuando a su
juicio no es indispensable la práctica de pruebas en las que pudieran
intervenir los entes demandados. Adicionalmente, considera que no se vulneró la
garantía mencionada, ya que no se desconoció ninguno de los principios
contenidos en el artículo 3º del Decreto 2591 de 1991, ni se impidió a los
afectados ejercer su derecho de defensa mediante la impugnación.
Según el Tribunal de
segunda instancia, no existe violación del derecho a igualdad. Los argumentos
que esgrime en apoyo de su decisión denegatoria de la tutela, son los
siguientes:
7.1 A las personas
minusválidas, no se les ha impedido el acceso al estadio en ningún momento.
7.2 Si la
reglamentación propia del espectáculo del fútbol tiene establecido qué personas
pueden permanecer en lugares aledaños a la cancha, y en aquélla no incluye a
los limitados físicos, el que la administración del estadio haya permitido
durante cierto tiempo su presencia en la pista atlética, no implica que tengan
un derecho a ubicarse allí, más cuando existe una norma que lo prohibe.
7.3 Pese a que la
utilización de la rampa exige un esfuerzo físico considerable para los
discapacitados, ello no significa que se vulnere su derecho a la igualdad, pues
no impide que puedan apreciar el espectáculo en las mismas condiciones que los
demás aficionados.
7.4 El riesgo al que
se exponen estas personas, tampoco vulnera su derecho a la igualdad, pues el
peligro de ser atropellados en caso de presentarse un tumulto existe siempre
que se hallen dentro del estadio, sin importar cual sea su ubicación.
7.5 La presencia de
bastoneras, periodistas y suplentes en las inmediaciones de la cancha no es
razón para permitir el ingreso de los peticionarios al mismo lugar, pues los
primeros forman parte del espectáculo.
8. El magistrado
Jorge Enrique Valencia salva parcialmente su voto, con base en las siguientes
consideraciones:
“En cualquier
medio civilizado las personas limitadas merecen respeto y consideración y sus
intereses superiores deben de estar por encima de normas discriminatorias que
para tales supuestos fijan las autoridades del ramo, llámense como se llamen.
No aquí, por supuesto, donde todo lo vemos con una inhumanidad muy humana. Es
útil querer forzar las cosas. La seguridad del espectáculo público - una de las
razones aducidas - puede ser controlada a través de mecanismos de carácter
policivo sometiendo a los limitados - al fin y a la postre, seres humanos - a
las requisas de rigor. ¿Que más se quiere?”
“Cualquiera
entiende - por lo demás - que el declive a que aquí se hace referencia con la
rampa y su longitud presuponen - quiérase o no - un esfuerzo adicional a dichas
personas con los riesgos y peligros que ello acarrea dada su precaria condición
física. Esto sin contar con las eventualidades de la inseguridad misma y la
cultura de la violencia que se vive en nuestros estadios y del temperamento de
los más”.
“Yo no diviso
razones jurídicas de peso para negar a estos ciudadanos colombianos su
presencia en la pista atlética. ¡Que rebuscada y frenética es la vida! Hegel
llamaba a esto las impurezas de la realidad”.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Procedencia de la
acción de tutela contra los particulares demandados
1. La acción de
tutela se interpuso contra tres entidades particulares - Clubes "Deportivo
Cali" y "América" y DIMAYOR -, y contra el Municipio de Cali,
representado en el Fondo de Vigilancia y Seguridad. Mientras que la procedencia
de la acción de tutela, en principio, no presenta dudas respecto de la
autoridad pública mencionada, su utilización contra particulares sólo es
admisible en las hipótesis previstas en la ley (D. 2591 de 1991, art. 42).
El Tribunal de
primera instancia esgrime como razón para la procedencia de la acción de tutela
que las entidades particulares prestan un servicio público. El Tribunal de
tutela en segunda instancia rechaza la anterior aseveración, y funda la
procedencia en la situación de indefensión de los petentes, dada su calidad de
limitados físicos, frente a los entes demandados.
Para la Corte, la
explotación del espectáculo del fútbol no constituye un servicio público, como
tampoco la mera condición de persona con limitaciones físicas es suficiente
para afirmar la existencia de una situación de indefensión. El estado de indefensión
se manifiesta cuando la persona ofendida por la acción u omisión del particular
se encuentra inerme o desamparada, es decir, sin medios físicos o jurídicos de
defensa o con medios y elementos insuficientes para resistir o repeler la
vulneración o amenaza de su derecho fundamental[1].
El juez de tutela debe apreciar los hechos y las circunstancias del caso a fin
de establecer si se presenta la indefensión a que se refieren los numerales 4 y
9 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, para que proceda la acción de
tutela contra particulares.
2. La División Mayor
del Fútbol Colombiano, DIMAYOR, es una organización de carácter privado, cuya
finalidad es la promoción y realización de espectáculos de fútbol. En su
calidad de organizador de estos eventos, debe procurar el cumplimiento de las
medidas de seguridad para los participantes y espectadores (COLDEPORTES,
Resolución 01330 del 28 de julio de 1986, art. 39). Con dicho fin, este
organismo particular dicta disposiciones sobre el uso debido del espacio
público durante la celebración de partidos de fútbol, en consonancia con la
normatividad internacional expedida por la Federación Internacional de Fútbol
Asociado (FIFA).
Por su parte, los
clubes deportivos son organismos de derecho privado que cumplen funciones de
interés público y social, y tienen la finalidad de fomentar la práctica del
deporte y desarrollar actividades cívicas y sociales (D.L 2845 de 1984, art.
10). Como eventuales administradores de las instalaciones deportivas, los
clubes deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad
durante los eventos deportivos. No obstante, corresponde primariamente a las
autoridades públicas, "ejercer la vigilancia y control de los espectáculos
públicos que se realicen en los escenarios deportivos, con el fin de mantener
eficientemente la paz y la armonía social" (Ley 16 de 1991).
3. Las normas
expedidas por las organizaciones particulares que promueven y dirigen el
espectáculo del fútbol, son de naturaleza privada. Frente a estas
disposiciones, el ordenamiento jurídico no tiene previstas acciones o medios de
defensa judicial - acciones de nulidad o de inconstitucionalidad -, que permitan
su control y aseguren la protección de los derechos de sus destinatarios o de
terceros. Es así como, las personas afectadas por el contenido de estas
directrices de carácter privado, se encuentran en relación de indefensión
frente a las organizaciones privadas que las expiden, circunstancia que
legítima el ejercicio de la acción de tutela (D. 2591 de 1991, art. 4).
Nulidad saneable
en el trámite de tutela
4. Las entidades
particulares demandadas, en la impugnación del fallo del Tribunal Superior de
Cali, adujeron la violación del derecho de defensa, debido a que no se les
notificó la interposición de la acción de tutela, no pudiendo participar en el
trámite de la primera instancia. La Corte Suprema de Justicia sostiene la
inexistencia de una violación del derechos al debido proceso, porque el decreto
reglamentario de la tutela, en parte alguna, ordena al juez de instancia que
notifique a la parte demandada, más aún cuando la presencia de ésta no es
requerida para la práctica de pruebas o la verificación de la violación del
derecho fundamental.
En repetidas
oportunidades[2],
esta Corporación ha precisado que en el trámite de la acción de tutela debe
atenderse a los principios generales del proceso, entre los que se encuentran
los principios de publicidad, de defensa y de contradicción (CP art. 29). La
naturaleza preferente y sumaria del proceso de tutela no tiene el alcance de
anular los principios medulares del proceso. De llegarse a este extremo, se
sacrificarían derechos constitucionales en aras de la protección de otros
derechos de igual jerarquía, lo cual no sólo entraña un contrasentido sino que
es contrario a la finalidad del proceso y al valor de la justicia.
En este orden de
ideas, el Tribunal de primera instancia ha debido notificar a las entidades
particulares acerca de la interposición de la acción de tutela instaurada en su
contra. Al no hacerlo, incurrió en una nulidad en el trámite judicial. No
obstante, como también lo ha sostenido la Corte en ocasiones anteriores, se
trata en este caso de una nulidad saneable, v.gr. mediante la intervención
oportuna en el proceso, de la parte afectada[3].
En el presente caso, esta circunstancia, en efecto, aconteció, cuando los entes
afectados por la tutela interpusieron el respectivo recurso de apelación, en el
que sustentan su inconformidad frente al fallo y plantean los argumentos por
los que, a su parecer, no se vulneró el derecho a la igualdad de los
peticionarios. Bajo estas condiciones, resulta manifiesto que la nulidad
procesal por falta de notificación fue saneada por la propia actuación de la parte
demandada, razón por la que no se justifica la declaratoria de nulidad del
tramite de tutela en sede de revisión.
Actuación
discriminatoria
5. Los actores
sostienen que la decisión de trasladarlos de la pista atlética a la tribuna sur
del estadio "Pascual Guerrero", viola sus derechos fundamentales a la
igualdad y a la protección especial de las personas con limitaciones físicas.
La medida cuestionada fue adoptada por las entidades demandadas en calidad de
arrendatarias de las instalaciones deportivas, en cumplimiento de las normas
reglamentarias de la Dimayor sobre la organización y el control de partidos de
fútbol.
El estadio
"Pascual Guerrero" es de propiedad de la Junta Seccional de Deporte
de Cali, unidad administrativa especial del orden nacional (Ley 49 de 1983,
art. 2). Su administración económica y deportiva corresponde a la misma Junta
(Ley 49 de 1983, art. 5).
La vigilancia del
uso y funcionamiento del Estadio, involucra a diferentes entidades. Por una
parte, el Instituto Colombiano del Deporte (COLDEPORTES), tiene como atribución
"fijar las políticas sobre espectáculos deportivos a nivel nacional, y
ejercer el control de tutela sobre todos los entes constituidos para tales
fines (Ley 49 de 1983, art. 28). Por otra parte, las Juntas Seccionales de
Deporte, como administradoras de las instalaciones deportivas, deben tomar las
medidas requeridas para garantizar la salubridad y seguridad de espectadores y
participantes (COLDEPORTES, Resolución 01330 de 1986). Si bien el Instituto, a
través de las Juntas Seccionales, tiene la obligación de vigilar el
cumplimiento de las normas sobre seguridad (Ley 16 de 1991, artículo 5), los
particulares, arrendatarios u organizadores de espectáculos, deben acogerse a
ellas y velar por su cumplimiento, con la colaboración de la Policía.
A la luz de la
anterior normatividad, la decisión que se acusa de discriminatoria provino de
las entidades particulares, arrendatarias del estadio "Pascual
Guerrero" (Clubes "Deportivo Cali" y "América") y
organizadoras del espectáculo (DIMAYOR), y se adoptó con la finalidad de
garantizar una mayor seguridad para los participantes y espectadores, entre
ellos los propios solicitantes de tutela.
Administración
del espacio público y derechos de las personas limitadas
6. Es deber del
Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su
destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular (CP
art. 82). Se entiende por espacio público el conjunto de bienes inmuebles
públicos y elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o por su afectación, a la satisfacción
de las necesidades urbanas colectivas, como las áreas para la recreación
pública (Ley 09 de 1989, art. 5).
La entrega en arrendamiento
a personas naturales o jurídicas de carácter privado de instalaciones públicas
destinadas a la recreación y al deporte para la realización de determinados
eventos, no sustrae a los estadios la calidad de áreas de "espacio
público".
Ahora bien, en el
uso o administración del espacio público, las autoridades o los particulares,
deben propender no sólo la protección de su integridad y la destinación al uso
común, sino además la protección de todas las personas residentes en el país
(CP art. 2), en especial de aquellas discriminadas, marginadas o en condiciones
de debilidad manifiesta, mediante la adopción de medidas en su favor (CP art.
13).
7. Precisamente la
anterior finalidad inspira la normatividad sobre accesibilidad a edificaciones
(Resolución 14861 del 4 de octubre de 1985), expedida por el Ministerio de
Salud en desarrollo de las facultades concedidas por la Ley 9 de 1979. La
referida resolución dispone que los espacios y ambientes públicos - entre los
que se cuentan los establecimientos industriales, de trabajo, de salud,
educativos, religiosos, carcelarios, cuartelarios, de vivienda temporal
(hoteles, moteles, campamentos, etc.), de servicios públicos, comerciales y de
diversión o recreación pública (unidades y complejos deportivos) -, "deben
adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el acceso y
tránsito de la población en general y en especial de las personas con movilidad
reducida, temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentra
disminuida por edad, analfabetismo, incapacidad o enfermedad" (ibid., art.
3).
Por accesibilidad se
entiende "la condición que permite en cualquier espacio o ambiente
interior o exterior, el fácil desplazamiento de la población en general y el
uso en forma confiable y segura de los servicios instalados en esos
ambientes" (ibid., art. 6). En cuanto a las rampas de acceso a puentes
peatonales, por ejemplo, la citada resolución establece en su artículo 39 que
éstas deberán cumplir con los siguientes requisitos: ancho mínimo: 0.90 metros;
pendiente máxima: 14%; máxima longitud de tramo de rampa: 9.00 metros; descanso
de rampa: 1.10 metros de largo; pasamanos colocados a 0.90 metros y a 0.50
metros en toda su longitud, con prolongación en los extremos, de 0,30 metros
paralelos al piso.
La destinación del
espacio público al uso común, incluye la garantía de acceso al mismo para toda
la población. La finalidad de facilitar el desplazamiento y el uso confiable y
seguro del espacio público por parte de las personas, en especial de aquéllas
limitadas físicamente, impone la toma de medidas especiales para asegurar dicho
acceso y permanencia.
Los
discapacitados en la Constitución y en el derecho internacional
8. El Constituyente
no fue ajeno a la situación de marginalidad y discriminación a la que
históricamente han sido expuestas las personas disminuidas física, sensorial o
psíquicamente. Es así como la Carta Política consagra derechos fundamentales y
derechos prestacionales en favor de los discapacitados. La igualdad de
oportunidades y el trato más favorable (CP art. 13), son derechos
fundamentales, de aplicación inmediata (CP art. 85), reconocidos a los grupos
discriminados o marginados y a las personas que por su condición económica,
física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. De
otra parte, los discapacitados gozan de un derecho constitucional, de carácter
programático (CP art. 47), que se deduce de la obligación estatal de adoptar
una política de previsión, rehabilitación e integración social.
9. El derecho a la
igualdad de oportunidades trasciende la concepción formal de la igualdad ante
la ley. Tiene en cuenta las diferencias naturales o sociales como factores
relevantes para determinar el trato a que tienen derecho determinadas personas
o grupos. En relación con los discapacitados, la igualdad de oportunidades es
un objetivo, y a la vez un medio, para lograr el máximo disfrute de los demás
derechos y la plena participación en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación (CP art. 2). La igualdad de
oportunidades es, por consiguiente, un derecho fundamental mediante el que se
"equipara" a las personas en inferioridad de condiciones, para
garantizarles el pleno goce de sus derechos.
Los derechos
específicos de protección especial para grupos o personas, a diferencia del
derecho a la igualdad de oportunidades, autorizan una "diferenciación
positiva justificada" en favor de sus titulares. Esta supone el trato más
favorable para grupos discriminados o marginados y para personas en circunstancias
de debilidad manifiesta (CP art. 13).
10. Según la
Organización Mundial de la Salud, más de 500 millones de personas, o sea el l0%
de la población total, sufre de algún tipo de discapacidad. En la mayoría de
los países un 25% de la población total se ve afectada por la presencia de
incapacidades[4].
Este problema afecta en su conjunto a toda sociedad, no sólo por sus
dimensiones sino por la situación de discriminación y marginación en que viven
los discapacitados, debido a la existencia de barrera físicas y sociales que
impiden su participación plena y su integración en la comunidad.
Cuando el sistema
educativo, las actividades culturales y deportivas, el transporte, los
edificios públicos, etc., no contemplan la situación singular de los
discapacitados, se propicia su exclusión de los beneficios del progreso y su
virtual destierro de la vida comunitaria. Las ciudades diseñadas bajo el paradigma
de la persona sana, en pleno uso de sus capacidades, son estructuras físicas de
negación y discriminación para los discapacitados que, al no ser tomadas en
cuenta en el diseño y funcionamiento de los espacios, ven agravada su situación
de aislamiento y de rechazo, así como reforzados los prejuicios sociales en su
contra.
Consciente de esta
situación, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1975 la
Declaración de los Derechos de los Impedidos. Este instrumento busca que los
discapacitados reciban un trato igualitario y tengan servicios que les aseguren
el máximo desarrollo de sus aptitudes y les faciliten su integración social. En
relación con su derecho a participar plenamente en la vida social, la
mencionada Declaración dispone:
"Artículo 8.
El impedido tiene derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades
particulares en todas las etapas de la planificación económica y social".
"Artículo 9.
El impedido tiene derecho a ... participar en todas las actividades sociales,
creadoras o recreativas. ...
"Artículo
10. El impedido debe ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación
o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante".
11. No es ajeno a la
Corte que el proceso de diseño y reconstrucción de la infraestructura física de
las ciudades con miras al cubrimiento de las necesidades de las personas con
limitaciones físicas y mentales, amerita cuantiosas inversiones, que deberán
efectuarse gradualmente. No obstante, mientras la planeación y la ejecución de
proyectos arquitectónicos de dimensión "humana" se convierte en
realidad, las autoridades públicas deben contribuir a la eliminación de las
barreras jurídicas y culturales que refuerzan la discriminación en contra de
los discapacitados. En efecto, corrientemente, so pretexto de la aplicación de
reglamentaciones genéricas se discrimina por omisión a las personas
discapacitadas. Adicionalmente, la existencia de prejuicios, actitudes de
vergüenza, de temor supersticioso, de incomodidad o de intolerancia, impide en
la práctica la integración y participación plena de los discapacitados en todos
los ámbitos de la vida social. Frente a esta realidad social, el Estado está en
la obligación de intervenir mediante la adopción de medidas en favor de los
grupos segregados o discriminados, por expreso mandato constitucional (CP art.
13).
La protección
estatal de las personas limitadas física o psíquicamente (CP arts. 13 y 47),
debe abarcar una pluralidad de acciones de prevención y de favorecimiento -
diferenciación positiva justificada - , con miras a impedir que las actuales
estructuras físicas, jurídicas, culturales, en las que se omite o desestima la
situación especial de los discapacitados, refuercen y perpetúen el trato
discriminatorio al cual han estado históricamente sometidos.
Actos
discriminatorios por omisión de trato especial
12. Diversas
situaciones pueden constituir un acto discriminatorio contrario al derecho a la
igualdad de los discapacitados. Por un lado, la conducta, actitud o trato,
consciente o inconsciente, dirigido a anular o restringir sus derechos,
libertades y oportunidades, sin justificación objetiva y razonable. Por otro,
el acto discriminatorio consistente en una omisión injustificada en el trato
especial a que tienen derecho los discapacitados, la cual trae como efecto
directo su exclusión de un beneficio, ventaja u oportunidad.
La Corte se ha
referido anteriormente al fenómeno social de la discriminación en los
siguientes términos:
"La
discriminación, en su doble acepción de acto o resultado, implica la violación
del derecho a la igualdad. Su prohibición constitucional va dirigida a impedir
que se coarte, restrinja o excluya el ejercicio de los derechos y libertades de
una o varias personas, se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue un
privilegio sólo a algunas, sin que para ello exista justificación objetiva y
razonable. (...)
"El acto
discriminatorio es la conducta, actitud o trato que pretende - consciente o
inconscientemente - anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de
personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o
personales, y que trae como resultado la violación de sus derechos
fundamentales.
"Constituye
un acto discriminatorio, el trato desigual e injustificado que, por lo común,
se presenta en el lenguaje de las normas o en las prácticas institucionales o
sociales, de forma generalizada, hasta confundirse con la institucionalidad
misma, o con el modo de vida de la comunidad, siendo contrario a los valores
constitucionales de la dignidad humana y la igualdad, por imponer una carga, no
exigible jurídica ni moralmente, a la persona .
"El acto de
discriminación no sólo se concreta en el trato desigual e injustificado que la
ley hace de personas situadas en igualdad de condiciones. También se manifiesta
en la aplicación de la misma por las autoridades administrativas cuando, pese a
la irrazonabilidad de la diferenciación, se escudan bajo el manto de la
legalidad para consumar la violación del derecho a la igualdad"[5].
La existencia de una
discriminación por omisión de trato más favorable supone que el juez
verifique en la práctica diversos extremos: (1) un acto - jurídico o de hecho
- de una autoridad pública o de un particular, en los casos previstos en la
ley; (2) la afectación de los derechos de personas con limitaciones físicas o
mentales; (3) la conexidad directa entre el acto, positivo u omisivo, y la
restricción injustificada de los derechos, libertades u oportunidades de los
discapacitados.
Tesis de los
Tribunales de tutela en torno a la presunta discriminación
13. La Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior de Cali considera que se viola el derecho
a la igualdad por tres razones: (1) la restricción a la presencia de extraños
en la pista atlética no es un fundamento válido para desconocer el derecho
inalienable de los discapacitados a usar ese sector; (2) el trato diverso
otorgado a las bastoneras o fotógrafos - a quienes se les permite la presencia
en el sector -, y a los discapacitados - a quienes se les prohibe y se les
localiza en la tribuna con los consiguientes riesgos y dificultades -, es
discriminatorio; y, (3) la reubicación implica mayores cargas y riesgos, lo
cual no puede desconocerse en aras de una supuesta seguridad, ya que se
lesionan la verdad y los principios de humanidad.
14. Por su parte, la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estima que no se viola el derecho a
la igualdad con base en las siguientes consideraciones: (1) a los peticionarios
no se les ha impedido en ningún momento el acceso al estadio; (2) si el
reglamento no incluye a los discapacitados como personas que pueden permanecer
en la pista atlética y la administración del estadio les permitió en el pasado
permanecer allí, ello no implica que tengan derecho a ubicarse en dicho lugar;
(3) la utilización de la rampa, pese al esfuerzo exigido, no viola la igualdad,
ya que los discapacitados pueden apreciar el espectáculo en las mismas
condiciones que los demás; (4) el riesgo a que se exponen no vulnera la
igualdad, ya que éste existe por el hecho de entrar al estadio, con
independencia del lugar en que su ubiquen; (5) el trato diferente dado a los
peticionarios y a las bastoneras o a los fotógrafos, se justifica porque los
segundos sí hacen parte del espectáculo mientras que los primeros no.
Vulneración del
derecho a la igualdad
15. Según el
tribunal de primera instancia la restricción a particulares de situarse en la
pista atlética no prima sobre el derecho inalienable de los discapacitados,
aficionados al fútbol, a permanecer en ése sector. Para el tribunal de segunda
instancia, la autorización pretérita no crea un derecho al uso de la pista
atlética, contrario a la reglamentación que determina el grupo de personas
autorizadas a permanecer en el sector.
Un derecho de los
discapacitados a utilizar el espacio adyacente a la cancha de fútbol, sólo
podría deducirse del derecho más abstracto a la igualdad de oportunidades y a
la protección especial por las condiciones de debilidad manifiesta, en caso de
imposibilidad o inexistencia de medidas alternativas que garanticen el pleno
disfrute de sus derechos. De ser posible la adopción de otras medidas que
aseguren el goce efectivo de los derechos a la recreación y al aprovechamiento
del tiempo libre (CP art. 52), en igualdad de oportunidades a la de las demás
personas, esto es, sin riesgos o esfuerzos adicionales y siempre que dichas
medidas no menoscaben el derecho de los discapacitados a un trato especial, no
podría sostenerse la existencia de un presunto derecho "inalienable"
al uso del sector.
No obstante, como
acertadamente señala el Tribunal de primera instancia, las reglas que regulan
el uso y funcionamiento de los estadios expedidas por los particulares
autorizados para la realización de espectáculos deportivos, deben sujetarse a
la Constitución y a la ley. En la formulación y aplicación de dichas normas,
los particulares no pueden olvidar que la regulación del espacio público debe
asegurar su destinación al uso común (CP art. 82), lo cual sólo se logra si se
da cumplimiento a las normas sobre accesibilidad a los ambientes y espacios
públicos, en especial para las personas con movilidad reducida, temporal o
permanente. El espacio público, en este caso las instalaciones o centros
deportivos, no estaría destinado al uso común, de no adoptar la administración
del estadio las medidas necesarias para dar acceso, según sus condiciones
especiales y en igualdad de oportunidades, a los discapacitados. En este
sentido, es equivocada la afirmación del tribunal de segunda instancia, para el
cual "a los peticionarios no se les ha impedido el acceso al
estadio", ya que como ha quedado plenamente demostrado en el expediente,
el acceso al sitio destinado para ellos implica un esfuerzo físico adicional y
un peligro, circunstancias éstas singularmente gravosas que no están obligados
a soportar.
El derecho de estas
personas al uso de la pista atlética se deriva directamente de su derecho a la
igualdad de oportunidades (CP art. 13) en el acceso a la recreación y
aprovechamiento del tiempo libre (CP art. 52), en tanto no se adopten, por
parte de la administración del estadio, las medidas para garantizar
efectivamente el goce de los derechos constitucionales de las personas
limitadas físicamente.
16. Mientras que
para la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali se discrimina a los
discapacitados frente a otros particulares (bastoneras), a quienes sí se les
permite actuar en el lugar, para la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
la discriminación no existe porque los segundos "hacen parte del
espectáculo", no así los primeros.
Para que un trato
diferente dado a personas colocadas en la misma situación no sea
discriminatorio, debe existir un criterio objetivo y razonable que lo
justifique. Las normas reglamentarias que prohiben la presencia de particulares
en el sector entre la cancha de fútbol y la malla de seguridad, no establecen
diferencias entre los particulares, salvo en el caso del personal técnico, los
comisarios de campo y los fotógrafos o camarógrafos autorizados. En
consecuencia, carece de objetividad y razonabilidad el hecho de que unas
personas (las bastoneras) hagan parte del espectáculo y otras no (los
discapacitados). Esta apreciación es subjetiva en la medida en que establece
una condición física - belleza y juventud - como fundamento de un trato
especial, mientras que no se valora a quienes por la Constitución tienen
derecho a recibir un trato especial, debido a las limitaciones físicas que
presentan y que les impiden el goce de sus derechos. Igualmente, carece de
razonabilidad la diferenciación por el hecho de hacer o no parte del
espectáculo, cuando bajo razones como estás pueden esconderse prejuicios
sociales contra los limitados físicos y mentales, como sentimientos de
incomodidad, conmiseración, vergüenza o desagrado.
17. A juicio del
fallador de primera instancia, con base en una supuesta seguridad no puede
llevarse a cabo una reubicación que implica mayores cargas y riesgos para los
petentes. Por el contrario, el tribunal de tutela de segunda instancia sostiene
que el mayor esfuerzo exigido por la utilización de la rampa no viola el
derecho a la igualdad, ya que los discapacitados tienen la posibilidad de
apreciar el espectáculo en las mismas condiciones que los demás Por otra parte,
añade que el riesgo a que se exponen los actores existe por el sólo hecho de
ingresar al estadio, con independencia del lugar donde se localicen.
Analizadas las
razones del Tribunal de segunda instancia que le llevan a concluir que no
existe violación del derecho a la igualdad, se observa que la primera incurre
en petición de principio, mientras que la segunda es falsa. En efecto, el
fallador da por demostrado lo que tiene que probar al afirmar que los
discapacitados tienen la posibilidad de apreciar el espectáculo en las mismas
condiciones que los demás. Tienen, en efecto, la misma posibilidad ? Sí la
tienen, se podría afirmar, siempre y cuando superen la rampa de acceso al lugar
destinado para ellos en la tribuna sur. Pero, para hacerlo, en parte debido a
su diseño - rampa tendida de cincuenta metros, sin descansos cada nueve (9)
metros como lo exigen las reglas técnicas respectivas -, deben arriesgar su
integridad física e incluso su vida, lo que no acontece para las personas que
tienen pleno uso de sus capacidades físicas; ergo, los petentes no
tienen las mismas posibilidades. Por otra parte, es contrario a la realidad de
los hechos la afirmación de que los riesgos son los mismos a los que se exponen
todos por el sólo hecho de entrar al estadio. Esta aseveración ignora la
diversidad de riesgos que se pueden presentar en la situación descrita por los
actores. Si bien el riesgo genérico, connatural a las congregaciones públicas o
espectáculos de masas, es uno mismo para todos los participantes, otros son los
riesgos de lesiones por existencia o no de accesos y salidas apropiados para
las características de ciertos participantes. El ingreso y egreso por una
superficie plana (puerta de maratón) no conlleva el mismo riesgo para los
discapacitados, que el que implica el acceso por superficie inclinada. Tampoco
están expuestos a los mismos peligros de tumulto o estampida los discapacitados
localizados en una tribuna, que cuando permanecen sobre un espacio tendido,
cuyo acceso está flanqueado o restringido para la turba gracias a una malla de
seguridad.
Demostrada la
existencia de una cota mayor de riesgo y dificultad de entrada y salida al
estadio para los discapacitados, debe establecerse, finalmente, si esta mayor
exigencia o carga a un grupo de personas se justifica en aras de brindar
seguridad para la mayoría.
18. La seguridad de
los participantes y espectadores es una finalidad legítima de las normas sobre
el uso de los estadios y la organización y funcionamiento de los espectáculos
deportivos. Sin embargo, no es constitucionalmente irrelevante el medio
utilizado para alcanzar dicha finalidad.
En el caso de la
seguridad de los asistentes a los encuentros de fútbol que se celebran en el
estadio Pascual Guerrero, bien podía la administración del estadio en cabeza de
órganos como la DIMAYOR o de los clubes deportivos, establecer reglas sobre el
uso de las instalaciones y del espacio disponible dentro del estadio. Pero al
hacerlo debe tener en cuenta los derechos e intereses de los potenciales
participantes, en especial de aquellos que, de conformidad con las
declaraciones internacionales y las normas constitucionales y legales, deben
recibir un trato especial con miras a garantizarles su plena participación en
la vida social y cultural.
Se objeta en el
proceso la decisión de traslado de los peticionarios, en su condición de
personas limitadas físicamente, de la pista atlética a la tribuna sur del
estadio, cuyo acceso está constituido por una rampa tendida de aproximadamente
50 metros de longitud. El medio escogido para brindar seguridad a los
participantes y espectadores, ha sido la reubicación de los discapacitados. No
obstante, la Corte considera que la medida adoptada es desproporcionada, ya que
no parece apropiada, necesaria ni equilibrada para la satisfacción del interés
general.
En efecto, el
traslado de los discapacitados a la tribuna sur se presenta como una medida inútil
e inapropiada para brindar seguridad a todos los participantes. Ella no
reporta una mayor seguridad para nadie en particular sino que, por el
contrario, aumenta los riesgos para un sector específico de los participantes,
llamado precisamente a recibir un trato especial.
Además de la
ineptitud de la medida empleada para garantizar seguridad, tampoco se encuentra
demostrado que ésta sea necesaria o indispensable por no existir
otro medio menos restrictivo de los derechos de los discapacitados. La
administración del estadio había podido, sin dificultades mayores o cuantiosas
inversiones, adoptar otras medidas idóneas para reubicar a los petentes, de
modo que se observaran las especificaciones sobre accesibilidad a las
edificaciones públicas y no se los expusiera a un riesgo y a un esfuerzo
adicionales a aquellos que debían soportar, atendida su condición de personas
limitadas físicamente.
Por último, la
decisión de traslado de los petentes es notoriamente desproporcionada
respecto del fin buscado. El peligro claro y actual a que se somete a este
grupo humano a cuyos miembros se les ofrece como alternativa el acceso por una
rampa que no cumple las especificaciones técnicas de seguridad, aunado a la
permanencia en un lugar donde los riesgos se ven aumentados significativamente
respecto de los existentes en otro (pista atlética), comporta un daño eventual
mayor al presunto beneficio que se pretende alcanzar en materia de seguridad.
La actuación acusada
configura una violación del derecho a la igualdad de oportunidades, ya que con
ellas se discrimina, sin justificación objetiva y razonable, a los
peticionarios respecto de los demás espectadores cuando se les somete a mayores
esfuerzos y riesgos para acceder al goce de un derecho constitucional.
D E C I S I O N
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión,
R E S U E L V E:
PRIMERO.- REVOCAR
la sentencia del 8 de
febrero de 1995, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal.
SEGUNDO.-
CONFIRMAR la sentencia del
9 de diciembre de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, Sala de Decisión Penal.
TERCERO.- LIBRESE comunicación al mencionado Tribunal, con
miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido
en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
(Sentencia aprobada
por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a
los cinco (5) días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995)
).
[1]Corte
Constitucional. Sentencia T-161 de 1993. MP Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL,
Sentencia T- 290 de 1993. MP Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
[2]Corte
Constitucional. Sentencias T-146/93 MP Dr. JORGE ARANGO MEJIA. AUTO SALA PLENA
No 12 de 1995 MP. Dr. JORGE ARANGO MEJIA.
[3]Corte Constitucional.
Sentencia T-206 de 1995. MP JORGE ARANGO MEJIA
[4]Naciones Unidas. Los derechos humanos y las personas
discapacitadas, por Leandro Despouy. Nueva York, 1993
[5]Corte
Constitucional. Sentencia T-098 de 1994. MP EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ |
448 | T-289-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-289/95
NEGLIGENCIA DE
LAS PARTES
La acción de tutela es improcedente cuando
se interpone como mecanismo para remediar la negligencia de las partes en un
proceso.
PROCESO
POLICIVO/LITISCONSORCIO NECESARIO/INSPECTOR DE POLICIA-Actuación irregular
Se daban todos los supuestos de hecho
exigidos por el artículo 51 del C.P.C., para que la inspectora pudiera de
oficio integrar al contradictorio concediendo a la comunidad religiosa la
calidad de litisconsorte necesario. En el mencionado artículo del ordenamiento
procesal civil, aplicable al proceso de policía, se establece que la figura del
litisconsorcio necesario se presenta siempre que "la cuestión litigiosa
haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes".
ACCION DE TUTELA
CONTRA INSPECTOR DE POLICIA
Al entrar a decidir aspectos concernientes
al fondo de la Resolución, la Inspectora, se arrogó las competencias de su
superior jerárquico, obrando por fuera de todo marco legal y obedeciendo a su
simple voluntad. Con esto, vulneró el derecho de acceso a la justicia de las
partes trabadas en la querella pues impidió que una Corporación de mayor
jerarquía pudiera pronunciarse sobre el fondo del proceso policivo, saneándolo
si hubiera sido del caso. Este proceder vulneró así mismo el derecho
fundamental al debido proceso de las partes por la pretermisión de "las
formas propias de cada juicio" y del principio de la doble instancia.
QUERELLA DE
AMPARO A LA POSESION-Normas
aplicables/CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL-Aplicación en procesos
policivos
Las normas de policía que establecen el
procedimiento a seguir en la querella de amparo a la posesión no son
exhaustivas. En la medida en que se trata de un proceso civil de policía,
análogo en estructura a los procesos seguidos ante los jueces civiles, las
normas especiales del Código Nacional de Policía y del Código de Policía de
Bogotá deben completarse con las disposiciones pertinentes del Código de
Procedimiento Civil, con el fin de hacer efectivos los derechos fundamentales
al debido proceso y a la defensa de las partes trabadas en este tipo de
litigios. El tramite de los recursos susceptibles de ser impetrados contra las
decisiones de policía se encuentra sumariamente reglado en el Código de
Policía, razón por la cual se hace necesario acudir al Código de Procedimiento
Civil, para integrar el régimen normativo que garantice el debido proceso de
las partes en dicho proceso. Es el caso del régimen aplicable al recurso de
apelación.
INSPECTOR DE
POLICIA-Irregularidades/NULIDAD
SANEABLE-Declaratoria de oficio/DEBIDO PROCESO-Vulneración por
actuación de inspector de policía
Con la declaratoria de oficio de nulidades
saneables, la autoridad policiva violó el derecho al debido proceso de las
partes envueltas en la querella policiva, como quiera que irrespetó las formas
propias del proceso policivo que en punto a nulidades se encuentran reguladas
en el C. de P.C. En este caso, la actuación de la autoridad de policía carece
de fundamento objetivo. No existe en el ordenamiento jurídico ninguna norma que
le permita declarar, tal como lo hizo, la nulidad de oficio por las causales
antes anotadas. Así mismo, ni las partes afectadas por el acto declarado nulo,
ni el Ministerio Público, la impulsaron a declarar la nulidad de un acto
dictado 9 meses antes de tal declaratoria, lo que permite pensar a esta Sala que
la funcionaria actuó sometida exclusivamente a los mandatos de su voluntad. Y
por último, la declaratoria de nulidad de la resolución en cuestión, tuvo como
efecto la vulneración del debido proceso de las partes interesadas en el asunto
de fondo sometido a la instancia policiva, al desconocer las formas propias del
proceso policivo.
COMUNIDAD
RELIGIOSA-Violación de
derechos
Al expedir el auto y la resolución, la
Inspección vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la comunidad
religiosa.
JULIO 5 DE 1995
REF: Expediente
T-65117
Actor: EVELIA
MARÍA LÓPEZ JIMÉNEZ - MISIONERAS DE SANTA ROSA DE LIMA -
Magistrado
Ponente:
Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Tema:
- Debido proceso
y procesos de policía
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha
pronunciado
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN
la siguiente
S E N
T E N C I A
En el proceso de
tutela T-65117 adelantado por la Hermana EVELIA MARÍA LÓPEZ JIMÉNEZ, actuando
en nombre y representación de la comunidad religiosa MISIONERAS DE SANTA ROSA
DE LIMA, contra Martha Ligia Jaramillo vda. de Suárez, Elber Beltrán,
Inspección 1B de Policía de Usaquén y Consejo Distrital de Justicia de Santa Fe
de Bogotá, D.C.
ANTECEDENTES
1. Desde 1960, la
comunidad religiosa "Misioneras de Santa Rosa de Lima", es
propietaria del inmueble ubicado en la Carrera 7a. N° 166-02 de la ciudad de
Santa Fe de Bogotá, D.C. Allí tuvo la sede de su Noviciado hasta el mes de mayo
de 1993.
2. En junio de 1969,
la representante legal de la época permitió a los señores Arcadio Jaramillo,
Carmen Emilia Cárdenas de Jaramillo e hijos - dentro de los cuales se encuentra
Martha Ligia Jaramillo -, que habitaran en un lote de aproximadamente 50 metros
cuadrados de extensión, dentro del inmueble de propiedad de las
"Misioneras de Santa Rosa de Lima".
3. Con motivo de la
posesión que desde 1969 viene ejerciendo la señora Martha Ligia Jaramillo se
han presentado, entre ella y la comunidad religiosa una serie de controversias
policivas y judiciales. Esas controversias pueden ser resumidas como sigue:
3.1. Proceso reivindicatorio de la comunidad
religiosa "Misioneras de Santa Rosa de Lima” contra Arcadio Jaramillo y
Carmen Emilia Cárdenas de Jaramillo.
Hace aproximadamente
siete años, la comunidad religiosa solicitó a la familia Jaramillo Cárdenas que
desocupara el lote que hasta el momento ocupaba. Ante su negativa, las
"Misioneras de Santa Rosa de Lima", debieron instaurar demanda
ordinaria reivindicatoria ante el Juzgado 3° Civil del Circuito de Bogotá. En
providencia de agosto 24 de 1992, ese despacho declaró el dominio pleno y
absoluto de las "Misioneras de Santa Rosa de Lima" sobre el predio
objeto del proceso. En la actualidad, en la Sala Civil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, se encuentra bajo estudio un recurso de
apelación interpuesto contra la decisión de primera instancia.
3.2. Querella policiva N° 101/93 de la
comunidad religiosa "Misioneras de Santa Rosa de Lima" contra
personas indeterminadas.
En razón de
distintos conflictos que se presentaron entre la comunidad religiosa y Martha
Ligia Jaramillo vda. de Suárez (hija de los señores Jaramillo Cárdenas), las
"Misioneras de Santa Rosa de Lima" decidieron abandonar el inmueble
en mayo de 1993, luego de lo cual, la señora Jaramillo vda. de Suárez arrendó -
sin ninguna autorización - parte del edificio del noviciado. Por este motivo, el
8 de octubre de 1993, la comunidad religiosa interpuso querella de lanzamiento
por ocupación de hecho en contra de personas indeterminadas, ante la Alcaldía
Menor de Usaquén. La querella fue repartida a la Inspección 1"A" de
Policía y radicada con el número 101/93. El 26 de octubre de 1993, mediante
Resolución Administrativa N° 50, la Inspección decretó el lanzamiento por
ocupación de hecho, y fijó fecha para la diligencia de lanzamiento, la cual se
realizó exitosamente el 21 de diciembre de 1993.
3.3. Querella
policiva N° 347/93 de Martha Ligia Jaramillo vda. de Suárez contra Alfonso
Mattos.
En mayo de 1993, la
comunidad religiosa decidió dar en venta el inmueble mediante la celebración de
la correspondiente promesa de compraventa con el señor Alfonso Enrique Mattos
Barrero. Hasta la fecha, el predio no ha podido ser entregado en razón de la
controversia policiva que, sobre su posesión, se ha venido desarrollando entre
las "Misioneras de Santa Rosa de Lima" y Martha Ligia Jaramillo vda.
de Suárez.
El 15 de julio de
1993, la señora Martha Ligia Jaramillo vda. de Suárez interpuso querella
policiva ante la Alcaldía Menor de Usaquén por amparo a la posesión, en contra
de Alfonso Mattos, arguyendo haber tenido la posesión de la totalidad del
inmueble por más de 20 años. La acción se basó en la supuesta realización de
hechos perturbatorios causados por Mattos, en complicidad con terceros y
agentes de la Policía Nacional. La querella fue repartida a la Inspección
1"B" de Policía de Usaquén, donde quedó radicada bajo el número
347/93. Las actuaciones que han tenido lugar en este proceso de policía son las
siguientes:
3.3.1 El 8 de
septiembre de 1993, la Inspección expidió una Resolución Administrativa (sin
número) desvinculando del proceso al señor Alfonso Mattos, y amparando en la
posesión a Martha Ligia Jaramillo vda. de Suárez, pero sólo en los 50 metros de
terreno que constituían su vivienda. En esta resolución se reconoce que en el
curso del proceso policivo, la Comunidad Religiosa "Santa Rosa de
Lima" ha actuado como parte querellada.
3.3.2. En dos
escritos separados, de fecha septiembre 14 de 1993, el apoderado de la
querellante interpuso, por un lado, incidente de nulidad - basado en el hecho
de haberse emitido pronunciamiento de fondo sin citación y audiencia de las
partes en conflicto y dentro de la diligencia de inspección ocular, según lo
establece el artículo 432 del Código de Policía de Bogotá (Acuerdo N° 18 de
1989)- y, por otro, recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra
la Resolución Administrativa de septiembre 8 de 1993.
En resolución de
noviembre 10 de 1993, la Inspección 1"B" de Policía de Usaquén
decidió desechar la nulidad impetrada, no reponer la mencionada Resolución, y
conceder el recurso de apelación en el efecto devolutivo ante el Consejo de
Justicia de Santa Fe de Bogotá.
Sin embargo,
mediante auto de 6 de diciembre de 1993 la misma Inspección declaró desierto el
recurso de apelación por no haber suministrado la apelante los recursos
necesarios para la reproducción de las copias en el término legal de cinco días
(C.P.C., art. 356).
3.3.3. En oficio de
diciembre 28 de 1993, el Ministerio Público, a través de la Personería de Santa
fe de Bogotá, solicitó a la Inspección 1"B" de Policía de Usaquén la
revocatoria del auto de diciembre 6 de 1993 que declaró desierto el recurso de
apelación, argumentando la gratuidad del proceso policivo establecida en el
artículo 456 del Código de Policía de Bogotá. Al no recibir respuesta de
ninguna índole, el Personero vuelve a solicitar la atención de la Inspección
mediante solicitud de fecha abril 14 de 1994. Ante el silencio de la Inspección
de Policía, el 27 de mayo de 1994 el Ministerio Público insiste de nuevo en sus
peticiones, y recuerda a la autoridad policiva que se encuentra en mora de
cinco meses para resolver la solicitud elevada por la Personería de Santa fe de
Bogotá.
3.3.4. En abril de
1994, una nueva funcionaria se posesiona como titular de la Inspección
1"B" de Policía de Usaquén. La Inspectora retoma el conocimiento de
la Querella N° 347 de 1993 y, en decisión de julio 11 de 1994, decide declarar
nula la Resolución de septiembre 8 de 1993 y fijar nueva fecha (21 de julio de
1994) para continuar con la diligencia de inspección ocular. Para adoptar la anterior
decisión se tuvieron en cuenta los siguientes argumentos:
- A la diligencia de
inspección ocular (llevada a cabo los días 2, 19 y 25 de agosto de 1993) no
concurrió nunca el querellado Alfonso Mattos, pero sí la Hermana Evelia María
López y su apoderado, en nombre y representación de las "Misioneras de
Santa Rosa de Lima", a quienes se reconoció personería para actuar, sin
ser parte dentro del proceso policivo, y sin haber sido vinculadas a éste en
debida forma.
- El funcionario de
conocimiento no desplegó mayor actividad con el fin de hacer comparecer al
querellado. En efecto, dentro del expediente no obra constancia secretarial de
haberse efectuado la notificación según lo establecido por el artículo 427 del
Código de Policía de Bogotá (fijación de aviso en la puerta de acceso al lugar
donde se halla el querellado). La falta de notificación al querellado implicó
que el proceso se tramitara en su ausencia, sin nombrársele curador ad-litem, y
teniendo siempre como parte a la comunidad religiosa. En opinión de la
Inspectora de Policía, todo lo anterior constituía una "clásica violación
al derecho de defensa" por haberse pretermitido las normas legales
relativas a la notificación del querellado.
- El día 25 de
agosto de 1993, la inspección ocular fue suspendida para ser continuada el 30
del mismo mes. Sin embargo, en auto de agosto 8, la Inspección fijó nueva fecha
para el 6 de septiembre de 1993, día declarado cívico por la Alcaldía Mayor de
Bogotá, razón por la cual la continuación de la inspección ocular no se llevó a
cabo. El 8 de septiembre de 1993, la Inspección 1"B" de Policía
profirió la Resolución Administrativa de que trata el numeral 3.3.2,
incurriendo, a juicio de la nueva funcionaria, en abierta violación al artículo
432 del Código de Policía de Bogotá donde se establece que este tipo de
decisiones deben tomarse en presencia de las partes y dentro de la diligencia
de inspección ocular.
3.3.5. Con fecha 18
de julio de 1994, el Personero Delegado para la Policía de Santa Fe de Bogotá
interpone recurso de reposición, y en subsidio el de apelación, contra la
providencia de julio 11 de 1994 proferida por la Inspección 1"B" de
Policía de Usaquén. El representante del Ministerio Público estimó que la
Inspección sólo tenía competencia para revocar el auto de diciembre 6 de 1993,
mediante el cual se declaraba desierto el recurso de apelación interpuesto por
la parte querellante contra la Resolución de septiembre 8 de 1993, y para
ordenar el envío del expediente al Consejo de Justicia de Santa Fe de Bogotá,
único competente para pronunciarse sobre la legalidad de la mencionada
Resolución Administrativa y tomar la decisión sobre su nulidad. De igual forma,
el personero señala con extrañeza el hecho de que luego de cinco meses de
posesionada en su cargo, la Inspectora 1"B" de Policía decidiera
pronunciarse de manera irregular sobre el recurso de apelación.
Dentro del
expediente que ha tenido a la vista esta Corte no se ha encontrado ningún acto
por medio del cual la Inspectora haya resuelto los recursos interpuestos por el
representante del Ministerio Público.
3.3.6. El día 21 de
julio de 1994 se llevó a cabo la inspección ocular, esta vez con la presencia
del querellado Alfonso Mattos. De lo ocurrido en esta diligencia debe
destacarse lo siguiente:
- Durante el
transcurso de la mañana, la discusión se dirigió a establecer si el señor
Mattos conocía de la existencia de la querella en su contra, y a precisar los
hechos que la querellante estableció como perturbatorios a la posesión. De
igual modo, el querellado insistió en establecer que la Inspectora
1"B" de Policía no era imparcial pues su esposo, quien se encontraba
dentro de los asistentes a la inspección ocular, tenía interés directo en el
proceso. Por este motivo, el señor Alfonso Mattos recusó a la funcionaria y
solicitó la presencia del Ministerio Público. Cabe anotar que la funcionaria
justificó la presencia de su marido en razón de haber sido amenazada
telefónicamente con la pérdida de su cargo, si fallaba en contra del
querellado.
- En el acta donde
consta lo ocurrido durante la sesión de la mañana en la diligencia de
inspección ocular, quedó consignada la presencia de la Hermana Evelia María
López Jiménez (fol. 204, cuaderno 3), pero no se registraron intervenciones de
la misma, ni le fue reconocida personería alguna para actuar. En declaración
rendida ante el juez de tutela de primera instancia, la religiosa Nury del
Carmen Andrade Paternina aseguró que, durante la mencionada inspección ocular,
la Hermana Evelia María López Jiménez solicitó reiteradamente a la Inspectora
que le permitiera intervenir, sin lograr respuesta positiva por parte de la
funcionaria (fol. 80, cuaderno 2).
- En la tarde, la
diligencia fue reanudada con la presencia de un delegado enviado por el
Personero de Usaquén, quien presentó dos memoriales dirigidos a la Inspectora
1"B" de Policía de Usaquén. El primero, suscrito por el señor Alfonso
Mattos, recusa formalmente a la funcionaria. El segundo memorial, firmado por
la Hermana Evelia María López, a través del cual pide la suspensión de la
audiencia, alegando que su inasistencia se debía a las amenazas que había
recibido. En el mismo escrito se solicita a la Inspectora 1"B" de
Policía que declare la nulidad de todo lo actuado a partir de la providencia
que finalizó el proceso en primera instancia (Resolución de septiembre 8 de
1993), por dos razones fundamentalmente: en primer lugar, porque la inspectora
carecía de facultades para anular la Resolución de 8 de septiembre de 1993, y,
en segundo lugar, porque, como querellada, no fue notificada en debida forma de
ninguno de los actos que tuvieron lugar a partir - inclusive - de la Resolución
de 11 de julio de 1994.
- En relación con
las peticiones elevadas por la representante legal de la comunidad religiosa,
la inspectora de Policía manifestó sumariamente lo siguiente: a) la
improcedencia de la intervención de las "Misioneras de Santa Rosa de
Lima" en cuanto que éstas no eran parte dentro de la querella y que, para
participar en el proceso policivo, debían cumplir con los requisitos sobre
intervención de terceros contemplados en los artículos 50, 51, 52 y 53 del
C.P.C.; b) la carencia de sustento de la recusación formulada en su contra,
remitiéndose a los artículos 151 y 152 del estatuto procesal civil, que regulan
la oportunidad y procedencia de la recusación y el procedimiento a seguir para
su formulación y trámite. Es de anotar que la nulidad solicitada por la Hermana
Evelia María López Jiménez no fue resuelta por la funcionaria de policía.
- La diligencia de inspección
ocular terminó con la expedición de una Resolución Administrativa (sin número)
que declaraba perturbador al señor Alfonso Mattos y amparaba en la posesión de
todo el predio a Martha Ligia Jaramillo vda. de Suárez.
3.3.7. El 22 de
julio de 1994, el apoderado de la parte querellada interpuso recurso de
reposición, y en subsidio el de apelación, contra la Resolución con la que
culminó la diligencia de inspección ocular del 21 de julio de 1994. En el mismo
escrito, de manera independiente pero integrada, solicita también se declare la
nulidad de todo lo actuado a partir de la Resolución Administrativa de
septiembre 8 de 1993.
En auto de
septiembre 9 de 1994, la autoridad policiva decidió no acceder a la petición de
nulidad ni reponer su actuación, y concedió el recurso de apelación en el
efecto devolutivo ante el Consejo de Justicia de Santa Fe de Bogotá.
3.3.8. En escrito de
31 de octubre de 1994, el apoderado de la comunidad religiosa "Misioneras
de Santa Rosa de Lima", considerándose litisconsorte necesario del
querellado, solicita al Consejo de Justicia de Santa Fe de Bogotá decrete la
nulidad de las actuaciones dentro de la querella 347/93 a partir de la
Resolución de julio 11 de 1994, inclusive. El libelista señala que el derecho
de defensa del querellado fue violado al no notificar a las "Misioneras de
Santa Rosa de Lima" de la Resolución de julio 11 de 1994, teniendo en
cuenta la existencia de una relación sustancial entre el querellado y la
comunidad religiosa, litisconsorte en razón del contrato de promesa de
compraventa existente entre ésta y aquél. En la medida en que el fondo del
litigio se contraía a examinar en quién recaía la posesión material del predio,
era necesario vincular a las "Misioneras de Santa Rosa de Lima".
3.3.9. En providencia
de noviembre 22 de 1994, el Consejo de Justicia de Santa Fe de Bogotá denegó el
recurso de apelación interpuesto por la parte querellada contra la Resolución
de 21 de julio de 1994, por considerarlo extemporáneo. En efecto, el artículo
437 del Código de Policía de Bogotá establece que los recursos deben
interponerse en la misma diligencia en la que se profiera la providencia objeto
del ataque.
4. Acción de tutela de Evelia María López
Jiménez contra Martha Ligia Jaramillo vda. de Suárez, Elber Beltrán, Inspección
1B de Policía de Usaquén y Consejo de Justicia de Santa Fe de Bogotá.
El 12 de diciembre
de 1994, la Hermana Evelia María López Jiménez, como representante legal de las
"Misioneras de Santa Rosa de Lima", interpuso acción de tutela como
mecanismo transitorio contra la señora Martha Ligia Jaramillo vda. de Suárez,
Elber Beltrán, la Inspectora 1"B" de Policía de Usaquén y el Consejo
de Justicia de Santa Fe de Bogotá, ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. La petente considera
violados los derechos fundamentales al trabajo, a la defensa, a la intimidad, a
la educación, a la propiedad, a la igualdad de cultos y al debido proceso
legal.
La demandante señala
que la Inspectora 1"B" de Policía de Usaquén, "privó del
ejercicio pleno de sus derechos constitucionales de defensa, debido proceso y
demás derechos fundamentales arriba descritos, a la Comunidad Religiosa (...),
incurriendo de esa manera en las denominadas 'vías de hecho'". Según la
peticionaria, la violación de los derechos fundamentales de la comunidad
religiosa se produjo a través de las siguientes actuaciones:
- Con la anulación
de la Resolución Administrativa de septiembre 8 de 1993 por parte de la
Inspectora 1"B" de Policía, mediante la Resolución de julio 11 de
1994 en la que se señalaba para el 21 del mismo mes la continuación de la
diligencia de inspección ocular con el fin de escuchar en descargos al
querellado Alfonso Mattos. En concepto de la demandante, este acto se constituyó
en vía de hecho pues de una parte la autoridad policiva había perdido
competencia para estudiar la legalidad de la Resolución anulada, y de otra se
declararon nulidades no contempladas como tales por el Código de Procedimiento
Civil.
- De igual forma, la
religiosa consideró que el debido proceso también fue violado durante la
diligencia de inspección ocular llevada a cabo el 21 de julio de 1994 - a la
cual se presentó en las horas de la mañana a pesar de no haber sido notificada
-, cuando la Inspectora de Policía no le permitió oponerse a las pretensiones
de la querellante, y adoptó una decisión que era claramente contraria a los
intereses de la comunidad, al despojarla de un predio del cual es propietaria.
En consecuencia, la
petente solicita se ordene al Consejo de Justicia de Santa Fe de Bogotá y a la
Inspección 1"B" de Policía de Usaquén que "tomen una decisión en
derecho decidiendo volver las cosas a su estado inicial, permitiendo la entrada
de hecho a los integrantes de la Comunidad al inmueble objeto del litigio, como
también permitiéndole la intervención procesal a la Comunidad Religiosa que
represento como litisconsorcio necesario por pasiva, para que pueda ejercer el
derecho de defensa y de contradicción, consagrado en el artículo 19 de la
Constitución Nacional".
4.1. En providencia
de diciembre 19 de 1994, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, decidió: 1) rechazar por
improcedente la tutela contra Martha Ligia Jaramillo vda. de Suárez y Elber
Beltrán; 2) tutelar el derecho fundamental al debido proceso de la Comunidad
Religiosa "Misioneras de Santa Rosa de Lima"; 3) disponer que en el
término improrrogable de 48 horas regrese el expediente a la Inspección
1"B" de Policía de Usaquén para que su titular proceda a declarar la
nulidad de todo lo actuado a partir de la decisión de diciembre 6 de 1993 -
inclusive -, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral 3 de la
Resolución de 10 de noviembre de 1993 (concesión del recurso de apelación
contra la Resolución de septiembre 8 de 1993 expedida por la Inspección
1"B" de Policía, ante el Consejo de Justicia de Santa Fe de Bogotá);
4) negar la tutela de los demás derechos fundamentales invocados; 5) compulsar
copias ante la autoridad competente con el fin de que la Inspectora
1"B" de Policía de Usaquén sea investigada disciplinariamente.
4.2. El 13 de enero
de 1995, la Hermana Evelia María López Jiménez impugnó el fallo de tutela
proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca. Solicita que el superior jerárquico de esa
Corporación, "amplíe los efectos del derecho fundamental tutelado,
ordenando en favor de la Comunidad Religiosa la entrega del inmueble sobre el
cual recayó la protección constitucional".
4.3. En sentencia de
febrero 15 de 1995, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura, en conocimiento de la impugnación de que trata el numeral 10,
decidió: 1) revocar la totalidad de la sentencia de tutela impugnada; 2) negar
la tutela solicitada como mecanismo transitorio por la Hermana Evelia María
López Jiménez; 3) enviar el fallo a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Luego de establecer
una distinción doctrinal entre partes originales e intervinientes dentro de un
proceso, el Juez de tutela de segunda instancia consideró que las
"Misioneras de Santa Rosa de Lima" habían sido parte interviniente
dentro de la querella N° 347/93, y que como tal aparecen dentro del proceso
policivo únicamente desde la inspección ocular del día 21 de julio de 1994. El
debido proceso sólo se les pudo haber violado desde esa fecha, a partir de la
cual adquirían cargas procesales tales como permanecer en la audiencia,
interponer y sustentar recursos, etc.
En razón de las
anteriores consideraciones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura estimó que la Inspectora 1"B" de Policía de
Usaquén no violó el debido proceso pues "demostrado está que al inicio de
la diligencia aceptó la presencia de la comunidad religiosa a través de su
representante, prueba de ello es que se le identificó y así lo consignó. Luego,
en el desarrollo de la misma, se presentó la omisión de concurrencia a la reiniciación
de la diligencia por parte, tanto de la comunidad religiosa, como del
querellado, (...). En verdad, el no concurrir o el hacerlo era facultad de las
partes, luego mal puede la consecuencia de esta omisión considerarse como una
violación al debido proceso, puesto que las decisiones adversas a los no
presentes y la negación de los recursos son precisamente el resultado de no
haberse podido escuchar los argumentos de la accionante cuando teniendo la
oportunidad de intervenir no lo hizo".
Igualmente, se
consideró que la tutela ni siquiera era procedente como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable dada la existencia de otros mecanismos de
defensa: la solicitud elevada ante el Consejo de Justicia de Santa Fe de Bogotá
para que se tuviera en cuenta a la comunidad religiosa como litisconsorte
necesaria en la querella N° 347/93; el fallo ejecutoriado expedido por la
Inspección 1A de Policía en diciembre de 1993; el proceso reivindicatorio civil
fallado por el Juzgado 3° Civil del Circuito de Bogotá cuya apelación se
encontraba en curso.
4.4. La anterior
decisión fue enviada a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, al
ser seleccionada, correspondió a esta Sala su conocimiento.
FUNDAMENTOS
Procedencia de la
acción de tutela
1. La Constitución,
en concordancia con el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, contempla la
procedencia de la acción de tutela contra particulares encargados de la
prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente
el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se encuentre en
estado de subordinación o indefensión. En el caso examinado, la Sala considera
que la acción dirigida contra Martha Ligia Jaramillo vda. de Suárez y Elber
Beltrán prosperaría únicamente en el evento de comprobarse la existencia de
relaciones de subordinación o indefensión entre éstos particulares y la
comunidad religiosa "Misioneras de Santa Rosa de Lima".
Martha Ligia
Jaramillo vda. de Suárez es poseedora de un lote de terreno, de aproximadamente
50 metros cuadrados, localizado dentro de un terreno de mayor extensión de
propiedad de las "Misioneras de Santa Rosa de Lima". Por su parte, el
señor Elber Beltrán, ex-agente de la Policía Nacional, está vinculado a Martha
Ligia Jaramillo vda. de Suárez por relaciones de amistad.
Entre las
"Misioneras de Santa Rosa de Lima" y Martha Ligia Jaramillo vda. de
Suárez y Elber Beltrán existe una relación de propietario a poseedor, que no
entraña ningún tipo de vínculo laboral. Tanto la propiedad como la posesión,
están rodeadas de garantías que se hacen efectivas a través de acciones
judiciales y policivas. De igual forma, es menester tener en cuenta que el
derecho de propiedad de la comunidad religiosa sobre el lote en litigio ha sido
tutelado de manera exitosa, por vía judicial - dentro del proceso
reivindicatorio civil fallado en primera instancia por el Juzgado 3° Civil del
Circuito de Santa Fe de Bogotá, y a través de la acción policiva de lanzamiento
por ocupación de hecho - dentro de la querella 101/93 tramitada por la
Inspección 1"A" de Policía de Usaquén -, frente a los mismos
particulares contra quienes ahora interpone la tutela. Mal podría decirse,
entonces, que la comunidad religiosa está subordinada o indefensa frente a Martha
Ligia Jaramillo vda. de Suárez y Elber Beltrán.
De este modo,
encuentra la Sala que la acción de tutela incoada por las "Misioneras de
Santa Rosa de Lima" en contra de los particulares antes anotados resulta,
por las razones señaladas, improcedente.
2. En el caso sub-lite,
la tutela también fue dirigida contra el Consejo de Justicia de Santa Fe de
Bogotá, ante el cual se surtió la segunda instancia de la querella policiva N°
347/93. De los antecedentes de la presente actuación, resulta claro para la Sala
que el Consejo de Justicia no ha proferido actos contrarios a derecho,
causantes de posibles vulneraciones a los derechos fundamentales de la petente.
En efecto, dentro del proceso policivo iniciado por Martha Ligia Jaramillo vda.
de Suárez contra Alfonso Mattos, el Consejo de Justicia sólo ha tenido
oportunidad de pronunciarse una vez para negar por extemporáneo un recurso de
apelación interpuesto por el apoderado de la parte querellada contra la
Resolución de julio 21 de 1994, proferida por la Inspección 1"B" de
Policía de Usaquén. A juicio de la Sala, con esta actuación no se violó el
debido proceso ni ninguno de los otros derechos fundamentales invocados por la
demandante, pues al adoptar la providencia antes mencionada, el Consejo de Justicia
de Santa Fe de Bogotá simplemente se limitó a dar aplicación al artículo 437
del Código de Policía de Bogotá (Acuerdo N° 18 de 1989), que a la letra dice:
"Artículo
437. El recurso de apelación deberá interponerse ante el funcionario que
dictó la providencia, como principal o subsidiario del de reposición, con
expresión de las razones que lo sustentan verbalmente en la diligencia donde se
profirió el auto y deberá concederse o negarse allí mismo".
El recurso en
mención fue interpuesto mediante escrito fechado el 22 de julio de 1994, y la
inspección ocular en la cual se profirió la Resolución atacada finalizó el día
21 de julio en las horas de la tarde. Así las cosas, la situación fáctica no se
adecuaba a los supuestos contemplados en el artículo 437 del Código de Policía
de Bogotá, luego, el Consejo de Justicia de Santa Fe de Bogotá no violó el
debido proceso u otros derechos fundamentales de la petente. Concluye la Sala
que la acción de tutela en contra del Consejo de Justicia de Santa Fe de
Bogotá, no es procedente.
3. Por último, la
peticionaria impetra la acción de tutela para defender los derechos
fundamentales de la comunidad que representa, al trabajo, a la defensa, a la
intimidad, a la educación, a la propiedad, a la igualdad de cultos y al debido
proceso, que a su juicio han sido vulnerados por las vías de hecho
protagonizadas por la Inspectora 1"B" de Policía de Usaquén.
4. Las pretensiones
de la actora fueron denegadas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura en sentencia de febrero 15 de 1995. El juez
de segunda instancia sostiene que la tutela es improcedente dado que el único
acto que pudo haber afectado a la peticionaria fue la resolución de 21 de julio
de 1994, en la medida en que sólo hasta ese momento las "Misioneras de
Santa Rosa de Lima" fueron parte en el proceso policivo. Añade la Sala
que la Inspectora 1B de Policía de Usaquén no violó el debido proceso, pues,
en la audiencia celebrada el 21 de julio, aceptó la presencia de la comunidad
religiosa a través de su representante, quien se ausentó de la diligencia en
horas de la tarde. Concluye la Sala que la consecuencia de esta omisión no
puede considerarse como una violación al debido proceso, "puesto que las
decisiones adversas a los no presentes y la negación de los recursos son
precisamente el resultado de no haberse podido escuchar los argumentos de la
accionante cuando teniendo la oportunidad de intervenir no lo hizo".
Así, el fallador de
instancia funda su decisión fundamentalmente en dos elementos. En primer lugar,
en el hecho de que el único acto que pudo haber lesionado a la actora en sus
derechos fundamentales fue la decisión de 21 de julio de 1994 de la Inspectora
1"B" de Policía de Usaquén. En segundo lugar, que la acción de tutela
es improcedente por cuanto la actora hubiera podido recurrir la Resolución de
21 de julio de 1994 de haber asistido en horas de la tarde a la inspección
ocular dentro de la cual se profirió tal decisión.
5. La Corte comparte
la preocupación del fallador de instancia, en el sentido de que la tutela no
puede convertirse en un mecanismo para remediar la negligencia de las partes en
un proceso. No obstante, en el presente caso no encuentra que se haya incurrido
en indebida utilización de la acción, por las siguientes razones:
5.1. En primer
término, luego de un estudio detenido del expediente, la Sala observa que la
Comunidad Religiosa "Misioneras de Santa Rosa de Lima" fue tenida
como parte desde la primera actuación llevada a cabo por la inspección
1"B" de Policía de Usaquén, dentro del tramite dado a la querella No
347/93. En cualquiera de los actos que integran el proceso policivo de la
querella en mención, pudo darse una vulneración de los derechos de la Comunidad
Religiosa.
En efecto, en el
acta donde consta la sesión de la diligencia de inspección ocular del día 2 de
agosto de 1993, mediante la cual se dio inicio a la mencionada querella
policiva, se advierte que la Inspección identificó al apoderado de la comunidad
religiosa (Orlando Castellanos Becerra) y, acto seguido, procedió a reconocerle
personería "para actuar dentro del presente proceso de acuerdo a
los términos del poder conferido" (fol. 20, cuaderno 3). En esa misma
oportunidad, el despacho permitió que el mencionado apoderado interviniera de
manera amplia y, posteriormente, consideró que "para tener una mayor
certeza de los hechos" era necesario interrogar - bajo la gravedad del
juramento - a la Hermana Evelia María López Jiménez (fol. 21, cuaderno 3).
Igualmente, el acta aparece firmada por la representante legal de las
"Misioneras de Santa Rosa de Lima" y por el "Apoderado de la parte
opositora" (fol. 24, cuaderno 3).
El día 19 de agosto
de 1993, se continua la diligencia de inspección ocular, y en el acta
respectiva se toma nota de la presencia de Orlando Castellanos Becerra,
"quien es el apoderado de la parte querellada" (fol. 73,
cuaderno 3). De igual forma, en la sesión de la misma diligencia llevada a cabo
el 25 de agosto de 1993, se vuelve a identificar al abogado Castellanos
Becerra, "quien actúa en la presente diligencia como apoderado de la parte
actora (sic)" (fol. 78, cuaderno 3).
A folio 85 del
cuaderno 3 del expediente, obra constancia expedida por la Inspección 1B de
Policía de Usaquén el 26 de agosto de 1993 en la que se reconoce que en la
diligencia del 2 de agosto, se decretó un statu-quo provisional "dentro de
la querella N° 347/9, por perturbación a la posesión, de Martha Ligia Jaramillo
viuda de Suárez contra Eduardo Mattus (sic)-Comunidad Santa Rosa de Lima".
El 3 de septiembre
de 1993, Castellanos Becerra presentó alegato de conclusión dentro de la
querella N°347/93. En la parte de las consideraciones de la Resolución
Administrativa de septiembre 8 de 1993 - que puso fin a la querella en primera
instancia -, puede leerse que el despacho policivo "no encuentra del caso
tener en cuenta los alegatos presentados por el Apoderado de la parte
querellada" (fol. 95, cuaderno 3).
A folio 136 del
cuaderno 3, aparece constancia de fijación (septiembre 17 de 1993) del traslado
del incidente de nulidad interpuesto contra la Resolución de septiembre 8 de
1993 por el apoderado de la querellante, en donde se explícita, nuevamente, que
la parte querellada está constituida por "Eduardo Mattus (sic)-Comunidad
Santa Rosa de Lima". Mediante fallo de noviembre 10 de 1993 (fols. 152
a 158), la Inspección 1B de Policía de Usaquén desechó la nulidad, negó el
recurso de reposición y concedió la apelación interpuesta por el apoderado de
Martha Ligia Jaramillo vda. de Suárez. En las consideraciones de la Resolución
de noviembre 10 de 1993, al estudiar las impugnaciones que el apoderado de la
comunidad religiosa formuló a la solicitud de nulidad y a los recursos, la
inspección se expresó de la siguiente manera: "El Apoderado de la parte
querellada Dr. Orlando Castellanos B. al corrérsele el traslado de ley
presenta al despacho sendos memoriales oponiéndose a las solicitudes"
impetradas por la parte querellante (fol. 153, cuaderno 3).
Todo lo anterior,
pone de presente la permanente intervención de las "Misioneras de Santa
Rosa de Lima" dentro de la querella N° 347/93 desde su inicio, y la
calidad de parte que la Inspección 1B de Policía de Usaquén le otorgó
permitiéndole actuar y defenderse a todo lo largo del trámite del proceso
policivo previo a la declaratoria de nulidad de la Resolución de septiembre 8
de 1993, llevada a cabo en el acto proferido el 11 de julio de 1994. Por las
razones expresadas, esta última resolución, -a través de la cual se desvincula
del proceso policivo a la Comunidad Religiosa y se declara la nulidad de la
resolución de 8 de septiembre de 1993-, es un acto que afecta directamente a la
comunidad religiosa representada por la actora, dado que se declara la nulidad
de una decisión que repercute directamente sobre esta comunidad y en la cual se
la considera parte querellada. Por consiguiente, equivocadamente consideró el
fallador de tutela de segunda instancia que la comunidad religiosa sólo fue
parte desde la inspección ocular de 21 de julio y que, por lo tanto, es éste el
único acto que puede vulnerar el derecho fundamental al debido proceso de dicha
comunidad.
5.2 Preocupa al
Consejo Superior, tanto como a la Sala de Tutela, el hecho de que la actora no
hubiere interpuesto en tiempo los recursos de ley contra uno de los actos que
dieron origen a la presente acción. Previa la reserva que hace esta Sala
respecto a los actos de la Inspección 1"B" que hubieren podido
atentar contra los derechos de la actora, procede a estudiar la virtual
consecuencia de la inasistencia de la Comunidad Religiosa a la continuación de
la inspección ocular celebrada el día 21 de julio de 1994.
5.3 Como lo ha
manifestado esta Corporación, la acción de tutela es improcedente cuando se
interpone como mecanismo para remediar la negligencia de las partes en un
proceso. Así lo manifestó la Corte Constitucional en sentencia T-123 de 1995:
"La incuria y negligencia de la parte que teniendo la
posibilidad de utilizar los medios ordinarios de defensa que le suministra el
ordenamiento, deja transcurrir los términos para hacerlo, y no los ejercita,
mal puede ser suplida con la habilitación procedimental de la acción de tutela.
En este mismo evento, la tutela transitoria tampoco es de recibo, como quiera
que ésta requiere que en últimas el asunto pueda resolverse a través de los
cauces ordinarios, lo que ab initio se descarta si por el motivo expresado las
acciones y recursos respectivos han prescrito o caducado."
Se
pregunta la Corte si en el caso sub-judice la comunidad religiosa faltó
a sus deberes procesales, fue negligente o actuó con incuria a fin de
determinar si, a pesar de no haber interpuesto en tiempo los recursos de ley
contra uno de los actos objeto de la presente acción de tutela, la misma
resulta procedente.
De las
pruebas que obran en el expediente se deduce que durante todo el trámite del proceso policivo llevado a
cabo entre el 2 de agosto de 1993 (fecha de la primera sesión de la diligencia
de inspección ocular) y la Resolución de julio 11 de 1994 (en la que se
consideró, precisamente, que una de las causales de nulidad de lo actuado era
haber tenido como parte querellada a las religiosas), la comunidad religiosa
asistió a todas las sesiones de la diligencia de inspección ocular, se opuso a
las pretensiones de la querellante y, solicitó y presentó pruebas, lo cual
manifiesta un evidente interés sobre el fondo del asunto sometido a debate
policivo.
A pesar de no haber
sido notificadas de la decisión adoptada por la Inspección 1B de Policía de
Usaquén el 11 de julio de 1994, las religiosas asistieron cumplidamente a la
sesión de la mañana de la inspección ocular llevada a cabo el 21 de julio de
1994. En el acta donde consta lo ocurrido durante esa diligencia, quedó
consignada la presencia de la Hermana Evelia María López Jiménez (fol. 204,
cuaderno 3) pero no se registraron intervenciones de la misma, ni le fue
reconocida personería alguna para actuar. En la demanda de tutela, la petente
aseguró que la Inspectora de Policía se negó reiteradamente a dejarla
intervenir, lo cual fue confirmado por la religiosa Nury del Carmen Andrade
Paternina en declaración rendida ante el juez de tutela de primera instancia
(fol. 80, cuaderno 2). Frente a este punto en particular, la autoridad policiva
ha sido reiterativa al anotar que la comunidad no era parte en el proceso
policivo.
La Sala considera
que en el presente caso se daban todos los supuestos de hecho exigidos por el
artículo 51 del C.P.C., para que la inspectora pudiera de oficio integrar al
contradictorio concediendo a la comunidad religiosa la calidad de litisconsorte
necesario. En el mencionado artículo del ordenamiento procesal civil, aplicable
al proceso de policía, se establece que la figura del litisconsorcio necesario
se presenta siempre que "la cuestión litigiosa haya de resolverse de
manera uniforme para todos los litisconsortes". En efecto, por una parte,
entre el querellado Alfonso Mattos y las "Misioneras de Santa Rosa de
Lima" existía una relación sustancial en virtud del contrato de promesa de
compraventa suscrito entre éstas y aquél y, por otra parte, las religiosas
eran propietarias del predio objeto del litigio, según se desprende con
claridad de los certificados de matrícula inmobiliaria y de las escrituras
públicas de compraventa que obran en el expediente, lo cual implicaba que
cualquier decisión que se tomara en la querella N° 347/93, de amparo a la
posesión, las afectaba de manera directa en su calidad de propietarias. El
artículo 83 del estatuto procesal civil, que complementa lo señalado por el
artículo 51 de esa misma obra, enseña que "cuando el proceso verse sobre
relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por
disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las
personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos
actos", se está ante un litisconsorcio necesario, que debe integrarse: a)
al momento de formular la demanda, dirigiéndola contra todos los
litisconsortes; b) si así no se hiciere, el juez, en el auto que admite la
demanda, ordenará dar traslado de ésta a quienes falten para integrar el
contradictorio; c) en caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la
demanda, el juez dispondrá la citación de los litisconsortes, de oficio o a
petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera
instancia.
No son de recibo,
entonces, los argumentos de la Inspectora 1B de Policía de Usaquén, según los
cuales la comunidad religiosa no había cumplido con los requisitos de
intervención de terceros exigidos por el C.P.C., y que, por lo tanto, no le era
posible dejarlas intervenir mientras tales requisitos no se acreditaron. Por un
lado, la insistencia de las religiosas en participar en el proceso policivo, su
presencia constante - incluso sin haber sido formalmente notificadas - y el
evidente interés que la propiedad les atribuía en los resultados de la querella
policiva y, por otro lado, las facultades que el artículo 83 del C.P.C.
otorgaba a la Inspectora de Policía para la integración del contradictorio,
eran razones más que suficientes para exigir que la autoridad policiva las
hubiera vinculado formalmente a la querella, como litisconsortes necesarias, en
la Resolución de julio 11 de 1994 o durante la inspección ocular de julio 21 de
1994.
Al ser evidentes las
condiciones de hecho que permitían suponer razonablemente a la representante de
la comunidad religiosa que la Inspectora 1B de Policía definitivamente no las
dejaría intervenir, - por su constante negativa a considerarlas parte del
proceso policivo -, luego de terminada la sesión de la mañana de la inspección
ocular, la representante de la comunidad "Misioneras de Santa Rosa de
Lima" acudió ante el Personero de Usaquén para someter a su consideración un
memorial, que este funcionario trasladó en las horas de la tarde a la
inspección judicial. En el escrito enviado por la representante de la comunidad
religiosa, se solicitaba a la inspectora la suspensión del proceso policivo,
hasta tanto no se tuvieran garantías suficientes de imparcialidad y existiera
un clima pacífico en el cual no se sintiera amenazada. En el mismo escrito, las
religiosas demandaban la nulidad de todo lo actuado a partir de la Resolución
de julio 11 de 1994, coadyuvaban la recusación que Alfonso Mattos formuló
contra la Inspectora. Por último, se excusaban de asistir a la continuación de
la inspección ocular en las horas de la tarde, por encontrarse amenazadas y
objetivamente temer por su seguridad personal (fol. 210, cuaderno 3).
Cabe anotar que de
las pruebas que se recogen en el expediente, se trasluce un ambiente caldeado
caracterizado por manifestaciones de particular hostilidad entre las partes y
conatos de violencia que, inclusive, fueron denunciados ante las autoridades
penales y disciplinarias[1].
A estas condiciones, se suma el temor razonable que se abrigaba sobre la
posibilidad de que la Inspectora 1"B" de Policía de Usaquén no
permitiera la intervención de la comunidad en el proceso policivo. No obstante
las dificultades anteriores, la representante legal de la comunidad se dirigió
ante el funcionario del Ministerio Público, para solicitar, por su intermedio,
la suspensión de la audiencia. Las pruebas del expediente permiten a la Sala
concluir que la representante legal de la comunidad religiosa, no dejo de
asistir por incuria o negligencia a la terminación de la inspección del día 21
de julio de 1991. Por el contrario, su inasistencia se encontraba fundada, como
lo expresó oportunamente a la inspectora de policía, en un sentimiento de
amenaza generado por el ambiente en el cual se había desarrollado la primera
parte de la inspección, así como en la conflictiva relación que mantenía con la
parte querellante. Sin embargo, solicitó la suspensión de la audiencia, así
como la nulidad de todo lo actuado desde la resolución de 11 de julio, y recusó
a la Inspectora.
Para esta Sala de
Revisión, es evidente que la actuación desplegada por las "Misioneras de
Santa Rosa de Lima", a través de su representante legal Evelia María López
Jiménez, dentro de la querella policía N° 347/93, fue particularmente diligente
y se sujetó integralmente al principio de lealtad procesal
En conclusión, la
Corte no comparte las apreciaciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura en el sentido de la improcedencia de la
acción de tutela contra la inspectora 1"B" de Policía de Usaquén.
Procede, en consecuencia, a estudiar el fundamento de las pretensiones de la
actora, pero en principio sólo en cuanto se refiere a la vulneración del
derecho al debido proceso, pues no se deduce del escrito de tutela ni de las
pruebas que obran en el expediente, razón alguna que permita a esta Sala
concluir que la inspectora 1"B" de Policía con sus actuaciones
lesionó el derecho constitucional al trabajo, a la intimidad, a la educación, a
la propiedad o a la igualdad de cultos.
6. La peticionaria señala
dos actuaciones, efectuadas por la Inspectora 1"B", que vulneran los
derechos fundamentales de la Comunidad Religiosa "Misioneras de Santa Rosa
de Lima". La primera alude a la expedición de la resolución de julio 11 de
1994, que según la actora constituye una vía de hecho a través de la cual se
vulnera el derecho al debido proceso de la Comunidad Religiosa. La segunda
involucra la audiencia celebrada el día 21 de julio de 1994, que a juicio de la
accionante quebranta el derecho de defensa de la Comunidad por ella
representada.
La Sala de revisión
debe establecer si alguna de las actuaciones mencionadas resultan violatorias
de los derechos fundamentales de la Comunidad Religiosa Santa Rosa de Lima y,
en consecuencia, determinar si la acción de tutela es procedente para evitar un
perjuicio irremediable o como único mecanismo de defensa judicial.
7. Con el fin de
determinar si la Inspección de Policía demandada conculcó el debido proceso de
la petente, esta Sala se concentrará, en primer término, en el estudio de la
Resolución de julio 11 de 1994. Si del análisis surge alguna irregularidad que
involucre la vulneración del derecho al debido proceso, no será necesario
estudiar si, con posterioridad a la mencionada Resolución, se presentaron
nuevas violaciones a los derechos fundamentales de las "Misioneras de
Santa Rosa de Lima", pues la decisión de la Corte tendría como resultado
que la actuación policiva posterior al fallo de julio 11 de 1994 - inclusive -
quede sin ningún efecto.
Si, por el
contrario, la Sala encuentra que la decisión de julio 11 de 1994 se ajusta a la
Constitución, deberá entrar a estudiar el comportamiento procesal de la
Inspección durante la diligencia de inspección ocular del 21 de julio de 1994.
Estudio de la
Resolución de julio 11 de 1994
8. En la Resolución
de julio 11 de 1994, la Inspección 1B de Policía de Usaquén adopta dos
determinaciones de importancia: a) Decreta la nulidad de la Resolución
Administrativa de septiembre 8 de 1993 que pone fin a la querella N° 347/93 en
primera instancia al desvincular a Alfonso Mattos del proceso policivo, y
amparar a Martha Ligia Jaramillo vda. de Suárez en la posesión de los 50 metros
que había venido ocupando dentro del predio ubicado en la Carrera 7a. N° 166-02
de la ciudad de Santa Fe de Bogotá; b) fija nueva fecha para la continuación de
la diligencia de inspección ocular.
Estas decisiones se
adoptan con posterioridad a la resolución del mismo despacho de diez de
noviembre de 1993, a través de la cual la Inspección 1B de Policía de Usaquén
decidió rechazar la nulidad impetrada contra la Resolución de septiembre 8 de
1993, así como no reponer la mencionada Resolución, y conceder el recurso de
apelación en el efecto devolutivo ante el Consejo de Justicia de Santa Fe de
Bogotá. Sin embargo, mediante auto de 6 de diciembre de 1993 la misma
Inspección declaró desierto el recurso de apelación por no haber suministrado
la apelante los recursos necesarios para la reproducción de las copias en el
término legal de cinco días.
9. Uno de los vicios
que puede afectar gravemente una decisión policiva, es aquél que hace
referencia al defecto orgánico o de falta absoluta de competencia del
funcionario que actúa. En el caso bajo revisión la Sala debe precisar si la
Inspectora 1"B" de policía era competente para anular la decisión
adoptada el 8 de septiembre de 1993, habiéndose negado previamente una petición
de nulidad contra la misma resolución, así como rechazado el recurso de
reposición y concedido el de apelación en el efecto devolutivo.
10. La norma básica
que rige el procedimiento policivo relativo al amparo a la posesión en el
Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, es el Código de Policía de Bogotá
(Acuerdo N° 18 de 1989) que en sus artículos 425 a 440 regula el "Amparo a
la posesión o mera tenencia de inmuebles". Pero las normas de policía que
establecen el procedimiento a seguir en la querella de amparo a la posesión no
son exhaustivas. En la medida en que se trata de un proceso civil de policía,
análogo en estructura a los procesos seguidos ante los jueces civiles (ST-576
de 1993. M.P. Dr. Jorge Arango Mejía), las normas especiales del Código
Nacional de Policía y del Código de Policía de Bogotá deben completarse con las
disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil, con el fin de
hacer efectivos los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de
las partes trabadas en este tipo de litigios. El tramite de los recursos
susceptibles de ser impetrados contra las decisiones de policía se encuentra
sumariamente reglado en el Código de Policía, razón por la cual se hace
necesario acudir al Código de Procedimiento Civil, para integrar el régimen
normativo que garantice el debido proceso de las partes en dicho proceso. Es el
caso del régimen aplicable al recurso de apelación.
11. La doctrina es
unánime al afirmar que el recurso de apelación es el instrumento más efectivo
para remediar los errores judiciales, pues, contrariamente a la reposición, es
resuelto por un funcionario de superior jerarquía en quien se supone concurren
una mayor experiencia y versación en el derecho.
Este recurso puede
concederse en tres efectos distintos, según reza el artículo 354 del C.P.C: en
el efecto suspensivo, en el devolutivo o en el diferido. Sobre este punto, el
artículo 438 del Código de Policía de Bogotá es explícito al afirmar que
"la sentencia que contenga orden de policía es apelable en el efecto
devolutivo", y el numeral 2 del artículo 354 del C.P.C., consagra que en
ese efecto "no se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada, ni
el curso del proceso". En este caso, el juez de primera instancia, frente
al fallo apelado, sólo conserva competencia para hacerlo cumplir, mas no para
pronunciarse sobre los temas objeto de la apelación que son de competencia de
su superior jerárquico. Si el recurso de apelación es declarado desierto y
contra esta declaratoria no se interponen los recursos de ley, el acto queda en
firme, y en materia policiva sólo podría revocarse por quien lo emitió, según
el artículo 409 del Acuerdo N° 18 de 1989 (Código de Policía de Bogotá),
"cuando desaparezcan los motivos que le dieron origen".
12. Teniendo en
cuenta que el recurso de apelación interpuesto por la querellante contra el
fallo de septiembre 8 de 1993, fue concedido en el efecto devolutivo, la
Sala considera que, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 354
del C.P.C., la autoridad policiva sólo conservaba una competencia limitada al
cumplimiento del acto apelado y a la toma de las medidas necesarias para que el
recurso se surtiera adecuadamente. Esto es así por cuanto el auto que declara
desierto el recurso de apelación no tiene la virtud de autorizar al funcionario
de primera instancia para pronunciarse sobre el fondo del acto recurrido. Una
vez declarado desierto el recurso y sin que contra tal declaratoria se hubiese
interpuesto recurso alguno, la resolución del 8 de septiembre de 1993 quedó en
firme y sólo podía ser revocada por la inspección 1"B" de Policía de
Usaquén, cuando desaparecieran los motivos que le dieron origen, pero en ningún
caso la Inspección conservaba la facultad de declarar la nulidad de la
mencionada Resolución.
Esta Corporación
prohíja el argumento de la Personería Delegada para la Policía del Distrito
Capital, según el cual la Inspección de Policía sólo podía revocar el auto de
diciembre 6 de 1993, que declaraba desierto el recurso de apelación por expresa
vulneración del artículo 456 del Código de Policía de Bogotá[2]. La inspección ha
debido enviar el expediente al Consejo de Justicia de Santa Fe de Bogotá, con
el objeto de que se pronunciara sobre la legalidad de la Resolución apelada. De
ningún modo conservaba competencia para declarar, de oficio, la nulidad de la
resolución de septiembre 8 de 1993.
Al entrar a decidir
aspectos concernientes al fondo de la Resolución expedida el 8 de septiembre de
1993, la Inspectora 1"B" de Policía de Usaquén, se arrogó las
competencias de su superior jerárquico, obrando por fuera de todo marco legal y
obedeciendo a su simple voluntad. Con esto, vulneró el derecho de acceso a la
justicia de las partes trabadas en la querella N° 347/93 pues impidió que una
Corporación de mayor jerarquía (el Consejo de Justicia de Santa Fe de Bogotá)
pudiera pronunciarse sobre el fondo del proceso policivo, saneándolo si hubiera
sido del caso. Este proceder vulneró así mismo el derecho fundamental al debido
proceso de las partes por la pretermisión de "las formas propias de cada
juicio" (C.P., artículo 29) y del principio de la doble instancia (C.P.,
artículo 31).
13. Pero el defecto
orgánico referente a la falta de competencia de la funcionaria para decretar la
nulidad de un acto en firme expedido por su propio despacho, no es el único que
amerita un pronunciamiento de esta Corporación respecto de la resolución de 11
de julio de 1994, dado que la actora formula otro cargo que merece estudio
separado y que hace referencia a la declaratoria de oficio de nulidades
procesales que no están consagradas como tales en la legislación aplicable.
14. Es necesario
recordar que ni el Código Nacional de Policía, ni el Código de Policía de
Bogotá regulan lo relativo a nulidades. Por esta razón en este tema es
necesaria la aplicación subsidiaria de las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En punto a nulidades
procesales, el sistema jurídico colombiano establece que ellas no pueden
existir sin que previamente se encuentren tipificadas en una norma. Ha sido
jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia desde 1954, que las causales de nulidad son taxativas y no son
susceptibles del criterio de analogía en su interpretación y aplicación
(véanse, entre otras, las sentencias de noviembre 22 de 1954, agosto 22 de
1974, abril 1° de 1977, junio 28 de 1979, etc.). Sólo los casos supuestos
taxativamente en los artículos 140 y 141 del Código de Procedimiento Civil,
pueden ser considerados vicios invalidadores de la actuación cuando el juez los
declare expresamente y, por lo tanto, ninguna circunstancia diferente podrá ser
invocada para invalidar de oficio actuaciones procesales. El estatuto procesal
civil descartó la llamada teoría de las nulidades constitucionales o del
antiprocesalismo, según la cual el juez puede apreciar de manera discrecional
la gravedad de las irregularidades cometidas en el proceso y decretarlas según
su propio criterio. La Corte Suprema de Justicia sobre este particular ha
expresado:
"La teoría del
llamado antiprocesalismo, de la cual se hizo uso y abuso antes del nuevo
estatuto procesal civil, permitía considerar a discreción del juzgador, la
existencia de irregularidades cuya gravedad y trascendencia no tenía pauta y
que, al ser comúnmente aceptadas con ese carácter, implicaban derrumbar la
estabilidad de los procesos por las más nimias circunstancias con claro
desconocimiento no solo del fenómeno y alcance de la preclusión procesal, sino
de la misma lealtad debida al juez y a la parte" (Corte Suprema de
Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de junio 28 de 1979 MP. Alberto
Ospina Botero).
A pesar de que todas
las causales de nulidad tienen como efecto la posibilidad de invalidar la
actuación, algunas de ellas permiten, si se dan ciertos requisitos, su
convalidación; es decir, su saneamiento. Otras causales, por sus especiales
características, no pueden ser saneadas y, de presentarse, deben conducir
inexorablemente a la anulación de lo actuado. El inciso final del artículo 144
del C.P.C., aplicable a los procesos de policía, determina que, dentro de los
eventos previstos en el artículo 140 ibídem, son insaneables las causales
previstas en los numerales 3 (cuando el juez procede contra providencia
ejecutoriada del superior, revive en proceso legalmente concluido o pretermite
íntegramente la respectiva instancia), 4 (cuando la demanda se tramita por
proceso diferente al que corresponde, salvo lo previsto en el numeral 6 del
artículo 144, según el cual la nulidad se sanea si un asunto que debía
tramitarse a través de un proceso especial se tramita a través del proceso
ordinario) y la proveniente de falta de jurisdicción o de competencia
funcional.
Las demás causales
de nulidad pueden ser saneadas si se presentan las circunstancias previstas en
el artículo 144 del C.P.C.: omisión de la parte en alegarla oportunamente;
convalidación expresa de las partes; actuación procesal de la persona
indebidamente representada, citada o emplazada sin alegar la nulidad;
cumplimiento de la finalidad del acto procesal viciado, que no apareja
violación del derecho de defensa; la falta de competencia distinta de la
funcional no alegada como excepción previa; tramitación de un asunto por la vía
ordinaria cuando debía haberse surtido un proceso especial.
El trámite que debe
darse a la declaratoria de nulidad varía según se trate de un vicio saneable o
insaneable. El artículo 145 del C.P.C. enseña que, en tratándose de nulidades
que no admiten convalidación, el juez debe declararlas de oficio, en cualquier
estado del proceso antes de dictar sentencia. Si el vicio que advierte es
saneable, el juez ordenará ponerlo en conocimiento de la parte afectada
mediante auto. Si dentro de los tres días siguientes a la notificación la parte
no alega la nulidad, ésta quedará saneada y el proceso continuará su curso. Si
la nulidad es alegada, el juez procederá a declararla. Es pertinente aclarar
que cuando se tramita un recurso de apelación, así éste no verse sobre el
aspecto de las nulidades, el superior tiene la expresa facultad de pronunciarse
acerca de los vicios que observe, según lo dispone el artículo 357 del C.P.C.
Por último, el
artículo 145 del Estatuto Procesal Civil señala que los efectos de la nulidad
sólo comprenden la actuación posterior al motivo que la produjo, y que resultó
afectada por éste.
15. La Corte se
pregunta si la declaratoria de nulidad que la Inspectora 1"B" de
Policía de Usaquén decretó a través de la resolución de julio 11 de 1994,
cumplió con las normas que regulan el instituto de las nulidades procesales en
la legislación civil aplicable a los procesos civiles de policía.
Como se deduce de la
lectura de la decisión de julio 11 de 1994, la autoridad policiva consideró que
constituían causal de nulidad los siguientes hechos:
(1) la actuación de
las religiosas a lo largo del proceso sin ser parte en éste; (2) la falta de
notificación a Alfonso E. Mattos y la negligencia de la Inspección para hacerlo
comparecer al trámite policivo; (3) la infracción al artículo 432 del Código de
Policía de Bogotá, que ordena que la providencia que pone fin a la querella de
amparo a la posesión, debe ser dictada dentro de la diligencia de inspección
ocular y en presencia de las partes.
Ninguno de los
hechos anteriormente mencionados está tipificado como vicio que permita al
mismo despacho que profirió el acto proceder a su anulación y, menos aún, se encuentran
dentro de aquellas nulidades consideradas como insaneables por el artículo 144
del mismo código, únicas que pueden ser declaradas de oficio.
Si bien dentro del
trámite anterior a la expedición de la Resolución de julio 11 de 1994 pudieron
presentarse varias irregularidades, como el desconocimiento del artículo 432
del Código de Policía de Bogotá, especialmente, éstas habrían podido ser
corregidas por el Consejo de Justicia de Santa Fe de Bogotá, en el trámite de
la apelación contra el fallo de septiembre 8 de 1993.
Queda claro que en
la resolución de julio 11 de 1994, la Inspectora 1"B" de Policía de
Usaquén declaró nulidades no contempladas como tales por el artículo 140 del
C.P.C. Adicionalmente, procedió de oficio a dicha declaratoria contraviniendo
lo establecido en el artículo 145, ibídem, según el cual sólo las nulidades
insaneables pueden ser decretadas de manera oficiosa. Con la declaratoria de
oficio de nulidades saneables, la autoridad policiva violó el derecho al debido
proceso de las partes envueltas en la querella policiva N° 347/93, como quiera
que irrespetó las formas propias del proceso policivo que en punto a nulidades
se encuentran reguladas en el Código de Procedimiento Civil.
En este caso, la
actuación de la autoridad de policía carece de fundamento objetivo. No existe
en el ordenamiento jurídico ninguna norma que le permita declarar, tal como lo
hizo, la nulidad de oficio por las causales antes anotadas. Así mismo, ni las
partes afectadas por el acto declarado nulo, ni el Ministerio Público, la
impulsaron a declarar la nulidad de un acto dictado 9 meses antes de tal
declaratoria, lo que permite pensar a esta Sala que la funcionaria actuó
sometida exclusivamente a los mandatos de su voluntad. Y por último, la
declaratoria de nulidad de la resolución en cuestión, tuvo como efecto la
vulneración del debido proceso de las partes interesadas en el asunto de fondo
sometido a la instancia policiva, al desconocer las formas propias del proceso
policivo.
La apreciación
estricta de las causales de nulidad no obedece a un simple afán de formalismo
sin ningún asidero material. Por el contrario, con ella se busca hacer
efectivos los valores constitucionales de la justicia y la seguridad jurídica.
La observancia de las normas procesales no es un fin en sí mismo, sino un medio
para alcanzar la justicia. El que la forma no sea un fin en sí mismo es la
razón que sustenta el hecho de que determinados actos procesales, formalmente
nulos, son eficaces, pues, no obstante su irregularidad, cumplieron su
finalidad sin violar el derecho de defensa, tal como acertadamente lo consagra
el numeral 4 del artículo 144 del C.P.C.
Inexistencia de
otro Mecanismo de Defensa Judicial
16. Si bien la
acción de tutela fue interpuesta como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, encuentra la Sala que es evidente la inexistencia de
otros mecanismos de defensa judicial para la protección del derecho fundamental
al debido proceso de la comunidad religiosa. En efecto, por expresa disposición
del artículo 82 del C.C.A., la jurisdicción de lo contencioso administrativo no
conoce de las decisiones proferidas en los procesos de policía.
17. En síntesis, la
Sala considera que al expedir el auto de diciembre 6 de 1993 y la resolución
de julio 11 de 1994, la Inspección 1"B" de Policía de Usaquén vulneró
el derecho fundamental al debido proceso de la comunidad religiosa
"Misioneras de Santa Rosa de Lima". En efecto, el referido auto
arbitrariamente cercenó a las partes la oportunidad de que la actuación pudiera
ser revisada por la autoridad superior. Por su parte, a través de la resolución
citada, sin tener competencia para ello, se decretó la nulidad de la resolución
de 8 de septiembre de 1993. En consecuencia, se revocará la sentencia dictada
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
del 15 de febrero de 1995 y, en su lugar, se confirmará la sentencia proferida
por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, de 19 de diciembre
de 1994.
D E C I S I O N
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión,
R E S U E L V E
PRIMERO.- Revocar el Fallo de tutela proferido por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura del 15 de
febrero de 1995.
SEGUNDO.-
Confirmar, por las razones
expuestas en la presente providencia, la sentencia de tutela de diciembre 19 de
1994, proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
TERCERO.- Líbrese comunicación al Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, con miras a que se surta la notificación de esta
providencia, según lo establecido en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
(Sentencia aprobada
por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a
los cinco (5) días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995)
).
[1]Ver entre otros,
los fols. 2, 29, 40, 79, y 89, del cuaderno 2; fols. 3, 7, 172 a 177, 181 a
184, 204 a 206, y 210, del cuaderno 3.
[2] El artículo 456 del Código de Policía de Bogotá (Acuerdo N° 18 de
1989) dice textualmente: "La actuación en los procesos de policía se
surtirá en papel común, en original y copia y en forma gratuita. Cuando la
apelación de la sentencia se conceda en el efecto devolutivo esta se debe
surtir en el cuaderno original." |
449 | T-290-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-290/95
ACCION DE TUTELA-Improcedencia/MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL/DECLARACION DE ABANDONO-Recursos
El actor aún puede, antes de que quede en
firme la declaración de abandono o de adopción, solicitar al Juez de Familia
competente, "la terminación de los efectos de las declaraciones hechas por
el Defensor de Familia y la finalización de las medidas de protección adoptadas",
demostrando para ello que se han superado las circunstancias que dieron lugar a
dichas medidas. Dada la eficacia de este trámite para la protección de los
derechos de quien solicita el cuidado del menor, el cual se surte mediante
procedimiento verbal sumario, mal podría ser reemplazado por la acción de
tutela. Adicionalmente, si el actor considera violado el debido proceso, podrá
ejercer oposición contra el acto de declaración de abandono o contra la
resolución de adopción que en el futuro se profieran, evento en el cual se hace
obligatoria la homologación por parte del Juez de Familia, de las decisiones
adoptadas por el Defensor de Familia en representación del I.C.B.F.
DERECHOS DEL NIÑO
A TENER UNA FAMILIA/INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-Protección de menores
En el caso que nos ocupa, la menor xx fue
alejada del actor. La entidad oficial legalmente encargada de velar por el
cumplimiento de los derechos de los niños encontró a la menor en una situación
irregular tal, que ameritaba su intervención, mediante los mecanismos que la
ley dispone para ello. La menor había sido abandonada por sus padres y se
encontraba viviendo en un medio que hacía peligrar su seguridad y el adecuado
desarrollo al que tiene derecho. Esta situación, obligaba al ICBF a brindarle
la protección debida. Fue así como se establecieron sucesivas medidas
provisionales de protección (colocación en hogar amigo, en un hogar de paso y,
por último, en un hogar sustituto), como parte del proceso mediante el cual se
busca precisamente garantizarle a la menor su adopción definitiva por parte de
una familia que le brinde los cuidados y garantías a los que todo menor debe
tener acceso.
HOMOSEXUAL-Custodia de niña
El actor asegura que fue su homosexualidad
el único factor que el I.C.B.F. tuvo en cuenta para declarar a la niña en
estado de peligro y asignar su custodia a terceros. Sin embargo, ello resulta
contraevidente según los hechos antes reseñados y las pruebas testimoniales
aportadas. Todo lo anterior conduce a la Sala a descartar la violación del
derecho del actor a la igualdad. Resulta evidente que el I.C.B.F. tuvo razones
objetivas suficientes para decretar las medidas de protección que consideró
necesarias en favor de la menor xx, y que su actuación no fue arbitraria ni se
debió a prejuicio de sus funcionarios respecto de la sexualidad del actor.
Ref.: Expediente
No. T- 63127.
Descripción:
Acción de tutela
contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por quitarle al actor,
"debido a su homosexualidad", la custodia de una niña abandonada a
quien cuida desde hace cinco años.
Tema:
- La homosexualidad
del actor no fue el factor determinante de la decisión del I.C.B.F. y, por lo
tanto, no se le violó el derecho a la igualdad.
- Los recursos de la
vía gubernativa no impiden el ejercicio de la acción de tutela.
Actor: José Gerardo Córdoba
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz.
Santafé de Bogotá,
D.C., julio cinco (5) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Corte
Constitucional, Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, integrada por los
Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos
Gaviria Díaz, este último en calidad de ponente, pronuncia,
EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA
CONSTITUCION
la siguiente
sentencia en el proceso de tutela número T-63127, interpuesto por José Gerardo
Córdoba contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con base en las
razones que se exponen a continuación.
ANTECEDENTES
El ciudadano José
Gerardo Córdoba solicita, a través de la acción de tutela, la protección de su
derecho fundamental a la igualdad y del derecho de la menor XX a tener una
familia, consagrados en los artículos 13 y 44 de la Carta Política, los cuales
considera vulnerados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a raíz
de los siguientes
1. HECHOS.
En agosto de 1989 el
señor Gerardo Córdoba vivía en un inquilinato en donde desempeñaba el cargo de
administrador. Allí se hospedaron, durante cuatro noches, un hombre y una mujer
que tenían una bebé de menos de un mes de edad. Ellos le pidieron al señor
Córdoba el favor de que cuidara por unos días a la niña, pero nunca volvieron
para reclamarla y, por el contrario, le manifestaron que podía quedarse con
ella pues no querían ni podían criarla.
Desde entonces el
actor se ocupó del cuidado de la menor con los escasos recursos económicos de
que disponía, y teniéndola como su propia hija, hasta que el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar consideró inconveniente que él la criara, la
declaró en situación de peligro -por las razones que se expondrán más
adelante-, y posteriormente la ubicó en un hogar sustituto que cuidará de ella
hasta que sea dada en adopción.
Del estudio
detallado de los diversos testimonios que obran en el expediente surgen
aspectos más precisos de lo acontecido, los cuales conviene resumir brevemente:
-
En 1991, luego
de dos años de cuidar a la menor, el señor Córdoba la inscribió en el registro
civil con el nombre de xx y se acercó a las dependencias del Instituto
Colombiano de Bienestar familiar a solicitar su adopción. Como consecuencia de
esta solicitud se abrió en el Instituto una investigación respecto de la menor
y del solicitante, y poco tiempo después se efectuó una visita a la residencia
de éstos, con el fin de determinar sus condiciones de vida y la conveniencia de
una eventual adopción. Se hizo entonces manifiesto que el medio en el cual
vivía la menor era inadecuado para su normal desarrollo y se le recomendó al
señor Córdoba buscar un lugar más apropiado para vivir.
En efecto, el señor
Córdoba, quien se declaró a sí mismo homosexual (característica confirmada por
peritos siquiatras a folio 195), vivía con su anciana madre y con la niña en
una pequeñísima habitación en la que sólo cabía una cama, y en donde cocinaban
sus alimentos con una estufa de petróleo, expuestos al peligro de incendios y a
la contínua emisión de vapores insalubres. El estado higiénico, tanto de la
alcoba como del resto de la "residencia", era lamentable. Además, la
vivienda se encontraba en una zona de tolerancia de la ciudad, caracterizada
por la delincuencia y la prostitución de hombres y mujeres, tanto
heterosexuales como homosexuales.
El actor, siguiendo
la recomendación que le hizo la trabajadora social, cambió de casa
inmediatamente, pero, como no avisó al I.C.B.F. su nueva dirección, esta
entidad no logró hacer un seguimiento de la investigación y la archivó.
- En abril de
1994, con ocasión de un programa de prevención de la prostitución de menores,
la Procuradora 20 Delegada para la Defensa del Menor y la Familia efectuó un
operativo de búsqueda en la zona de tolerancia de la ciudad y allí se detectó
el caso de la menor xx quien, junto con José Gerardo Córdoba y la madre de
éste, se encontraba viviendo en un inquilinato llamado Residencias Costa Azul
"en condiciones deprimentes", según palabras de la Procuradora (folio
63). Se solicitó en forma urgente la intervención del I.C.B.F, razón por la
cual esta entidad ordenó reabrir la investigación sobre xx. En la residencia
se encontraron varios casos de menores que vivían con sus madres prostitutas y
con respecto a ellos también se adoptaron medidas de protección.
- El I.C.B.F.,
representado por una trabajadora social y una Defensora de Familia, efectuó la
visita correspondiente al señor Córdoba, quien les manifestó que por temor a
que le quitaran a su niña y por sugerencia de la misma Procuradora, acababa de
enviarla a vivir con la hermana de él, quien tenía un hogar bien constituído y
le ayudaría a cuidarla. Se trasladaron estas autoridades a la casa de la
hermana del actor y encontraron que, ciertamente, ese era un lugar mucho más
adecuado para la crianza de la menor, pues el medio en el que vivía José
Gerardo Córdoba no le garantizaba a xx las bases mínimas para un sano
desarrollo y, por el contrario, la colocaba en "situación irregular"
de conformidad con el art. 30 del Código del Menor.
Procedió entonces la
Defensoría a proferir resolución mediante la cual declaró a xx en situación de
peligro y confirmó la medida de protección provisional consistente en su
ubicación en el "hogar amigo" de la hermana del señor Córdoba, quien
se comprometió con el I.C.B.F. a tenerla allí por espacio de dos meses. No
obstante, pasaron seis meses antes de que esta entidad volviera a interesarse
por la suerte de la niña, y durante todo este tiempo el actor contribuyó con
su manutención y la visitó a diario comportándose como su padre.
La Defensoría
también presentó denuncia del posible delito de falsedad documental y solicitó
la cancelación del registro civil de la menor, ya que los datos consignados en
el registro eran falsos: el actor había inscrito a xx con el apellido suyo
(Córdoba) y el de su compañero Fidel Martínez.
- Como parte del
seguimiento que normalmente se hace al medio familiar en que se desarrolla el
menor asignado a un hogar amigo, el I.C.B.F. realizó una visita domiciliaria a
la casa de la hermana del actor, y ésta manifestó que no quería continuar
haciéndose cargo de la niña, razón por la cual, ese mismo día, se profirió
resolución que ordenó cambiar la medida de colocación familiar y ubicarla en el
Hogar de Paso "Casa de Belén". Esta resolución fue comunicada
personalmente al actor quien, desconcertado por tal decisión, se negó a firmar
la constancia de notificación.
- Finalmente, la
menor fue trasladada de Pasto a Ipiales y allí se le ubicó en un "hogar
sustituto normal" que consiste en una familia que cuida a la menor
mediante contrato con el I.C.B.F., mientras se decide sobre su eventual
adopción. En este lugar xx, según informes obrantes en el expediente (folio
329), se ha adaptado bien -no obstante extrañar a su "papá Gerardo"-
y ha empezado a tener contacto por vez primera con niños de su edad. El
Instituto de Bienestar familiar está próximo a proferir declaración de abandono
de la menor para luego poderla entregar en adopción como medida definitiva de
protección.
2. LA PETICIÓN.
El señor José
Gerardo Córdoba expresa que durante cinco años, a pesar de su pobreza, le ha
dado todo lo necesario a la niña y la ha querido como si fuera su propia hija,
razón por la cual le causa un gran sufrimiento la decisión del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar de quitársela y buscarle otros padres
adoptivos. Sostiene que la única razón en la que se basó el Instituto es su
homosexualidad, a pesar de que esta característica no lo inhabilita para ser un
buen padre.
Por todo lo anterior
considera violado su derecho a la igualdad y el derecho de la niña a permanecer
en su familia, y solicita que se ordene a la autoridad competente devolvérsela
y legalizar su situación.
3. FALLO DE
INSTANCIA
Conoció de la acción
de tutela el Juez Promiscuo de Familia de Pasto, Nariño, quien la negó por
considerar que existían otros mecanismos judiciales de defensa al alcance del
actor y que no se evidenciaba vulneración de los derechos fundamentales
alegados por éste.
Tanto el Código
Contencioso Administrativo como el Código del Menor consagran, en favor del
interesado en adquirir o recuperar la patria potestad de un niño, mecanismos
administrativos y judiciales tendentes a hacer valer sus derechos. A ninguno de
ellos acudió el actor para impugnar las resoluciones que decretaron medidas de
protección de la menor xx.
Por otra parte, las
particulares características del grupo familiar y del medio en el que xx se
desarrollaría, de continuar al lado del actor, hacían urgente la adopción de
medidas de protección por parte de la entidad demandada, la cual no hizo más
que cumplir con su obligación legal de proteger a los menores que se encuentren
en situación irregular.
El juez de instancia
negó entonces la tutela, pero le ordenó al I.C.B.F. observar rigurosamente en
adelante los procedimientos, términos y formalidades debidos en sus
actuaciones, pues se detectaron irregularidades tales como la mora en ejecutar
las actuaciones que eran de su competencia para proteger eficazmente a la
menor, y el archivo injustificado de la investigación pese a que existía
información suficiente sobre la localización de la niña y sobre sus precarias
condiciones de vida. Por otra parte, se encontraron deficiencias en la
notificación al actor de la resolución por la cual se terminó la colocación de
xx en casa de la hermana de aquél. Concretamente, el I.C.B.F. dejó constancia
de que el señor Córdoba renunciaba a los términos para interponer recursos, lo
cual resulta inverosímil si se piensa que él ni siquiera aceptó darse por
notificado. Tampoco se notificó debidamente la resolución por la cual se
ordenó el traslado de la menor a Ipiales.
Pese a lo anterior,
en aras de proteger los derechos de la menor xx, y dado que el actor en ningún
momento interpuso los recursos de que disponía (pues su renuncia no le
resultaría oponible), la actuación surtida hasta ahora debe mantenerse hasta
que culmine con la adopción de una medida de protección definitiva.
Por último, se
ordena compulsar copias "a la autoridad competente" para investigar
las eventuales faltas disciplinarias en que hubiesen podido incurrir los
funcionarios del Instituto de Bienestar Familiar.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia.
De conformidad con
lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral noveno de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991,
esta Sala es competente para conocer de la revisión de la sentencia proferida
por el Juez Promiscuo de Familia de Pasto. El presente examen se hace conforme
al reglamento interno de la Corporación, y a la selección que del proceso hizo
la Sala Tercera de Selección.
2. Otros medios
de defensa.
La acción de tutela
puesta a consideración de esta Sala resulta improcedente con base en la causal
primera del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991. Lo anterior, debido a que
José Gerardo Córdoba contó en su momento con las acciones que el Código
Contencioso Administrativo contempla para la impugnación de los actos
administrativos, tales como las resoluciones mediante las cuales el I.C.B.F.
estableció las sucesivas medidas de protección a favor de la menor xx. Además,
el artículo 56 del Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor) dice expresamente:
"Artículo
56: El control jurisdiccional de las decisiones que tome el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar se sujetará a las normas del Código
Contencioso Administrativo.
No obstante, los
actos administrativos que resuelvan acerca de la aplicación de las medidas de
protección preceptuadas en el artículo 57 y las demás que definan, en forma
permanente o provisional, la situación de un menor, estarán sujetas al control
jurisdiccional de los Jueces de Familia, conforme a lo establecido en el
artículo 64 de este Código".
En desarrollo de la
norma citada el actor aún puede, antes de que quede en firme la declaración de
abandono o de adopción, solicitar al Juez de Familia competente, "la
terminación de los efectos de las declaraciones hechas por el Defensor de
Familia y la finalización de las medidas de protección adoptadas" (art.
64 del Código del Menor), demostrando para ello que se han superado las
circunstancias que dieron lugar a dichas medidas. Dada la eficacia de este
trámite para la protección de los derechos de quien solicita el cuidado del
menor, el cual se surte mediante procedimiento verbal sumario, mal podría ser
reemplazado por la acción de tutela, en contravía de lo preceptuado por el
artículo 6 numeral 1 del Decreto 2591 de 1991.
Adicionalmente, si
el actor considera violado el debido proceso, podrá ejercer oposición contra el
acto de declaración de abandono o contra la resolución de adopción que en el
futuro se profieran, evento en el cual se hace obligatoria la homologación por
parte del Juez de Familia, de las decisiones adoptadas por el Defensor de
Familia en representación del I.C.B.F. (arts. 61 y 63).
Es importante dejar
claro que el interés que tiene el actor en recuperar a la menor xx no amerita
la concesión de la tutela como mecanismo transitorio, pues esta medida sólo es
procedente cuando se trata de evitar un perjuicio irreparable, el cual no se
evidencia en este caso. No desconoce la Corte el amor y los cuidados que José
Gerardo Córdoba desinteresadamente le brindó a la niña durante estos años, pero
por encima del dolor moral que infortunadamente le causa su ausencia, está el
derecho prevalente de la menor a gozar de un ambiente en el cual pueda crecer
sanamente. Corresponde al I.C.B.F. velar porque este objetivo se cumpla y, en
el caso en estudio, dicha entidad juzgó necesario adoptar las medidas de
protección ya reseñadas, con base en razones que esta Sala comparte y que se
expondrán más adelante.
Finalmente, conviene
advertir que la consideración del juez de instancia según la cual la existencia
de los recursos propios de la vía gubernativa también hace improcedente la
tutela, carece de fundamento legal. Los recursos que se surten ante la misma
administración con el fin de que revoque o corrija su propio acto, no son
medios de defensa judiciales que hagan improcedente la tutela. Más aún, el
artículo 9 del Decreto 2591 de 1991 establece claramente que no es necesario
agotar previamente la vía gubernativa para presentar una solicitud de tutela.
En el caso que se estudia, la acción impetrada sí es improcedente por contar el
actor con recursos judiciales alternativos y eficacez, pero no por la
existencia de recursos administrativos, como erradamente consideró el a-quo.
3. Derecho del
menor a tener una familia.
Sostiene el actor
que, con las medidas adoptadas por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, se está violando el derecho de la menor xx a tener una familia y a no
ser separada de ella, consagrado en el artículo 44 de la Carta Política. El
demandante considera que el núcleo familiar conformado por él, por su madre y
por la niña xx, ha sido destruído por acción del I.C.B.F.
Es cierto que el
niño tiene derecho a vivir en el seno de una familia, y resulta inobjetable,
además, que en un Estado pluralista y protector de la diversidad como es el
Estado Colombiano, no existe un único tipo familiar digno de protección, sino
que se reconoce igualmente a la familia proveniente de vínculos jurídicos como
a aquella formada por lazos naturales o afectivos. Sin embargo, no es menos
cierto que los niños tienen derecho a gozar de la asistencia necesaria para
lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social, y que a falta de
los padres o de las personas legalmente obligadas a dispensarle al menor esta asistencia
-como ocurre en este caso con xx- es el Estado el obligado a asumir
directamente su cuidado o a confiarlo, mediante la adopción, a personas cuya
idoneidad ha de calificar según criterios axiológicos ajustados al orden
constitucional. Así se deduce del principio de primacía que la Carta Política
dispone en favor de los derechos de los niños (art. 44), y se ha desarrollado
legalmente en materia de protección al menor (arts. 3 y 6 del Decreto 2737 de
1989).
Es por esta razón
que, en el caso que nos ocupa, la menor xx fue alejada del señor José Gerardo
Córdoba. La entidad oficial legalmente encargada de velar por el cumplimiento
de los derechos de los niños encontró a la menor en una situación irregular
tal, que ameritaba su intervención, mediante los mecanismos que la ley dispone
para ello.
En efecto, xx había
sido abandonada por sus padres y se encontraba viviendo en un medio que hacía
peligrar su seguridad y el adecuado desarrollo al que tiene derecho. Esta
situación, contemplada en los numerales 1 y 5 del artículo 30 del Código del
Menor, obligaba al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a brindarle la
protección debida (Cap. II del C.M.).
Fue así como se
establecieron sucesivas medidas provisionales de protección (colocación en hogar
amigo, en un hogar de paso y, por último, en un hogar sustituto), como parte
del proceso mediante el cual se busca precisamente garantizarle a la menor su
adopción definitiva por parte de una familia que le brinde los cuidados y
garantías a los que todo menor debe tener acceso.
4. Derecho del
actor a la igualdad.
José Gerardo Córdoba
asegura que fue su homosexualidad el único factor que el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar tuvo en cuenta para declarar a la niña en estado de
peligro y asignar su custodia a terceros. Sin embargo, ello resulta
contraevidente según los hechos antes reseñados y las pruebas testimoniales
aportadas, de los cuales se deducen datos como los siguientes:
- El lugar de
residencia habitual del actor, que sería el medio social en el que crecería la
menor viviendo a su lado, se circunscribe a la zona de tolerancia de la ciudad
de Pasto. La Comandante de la Policía de Menores, Teniente Yolanda Arteaga
Arévalo, declaró que "esta zona donde residía la menor es una de las
zonas rojas del Municipio y, tal vez, una de las más graves ya que allí se
presentan toda clase de delitos; ...". Respecto de la residencia
donde inicialmente fue encontrada la menor, sostuvo que "...esta
residencia había sido sellada, sin embargo estaba funcionando, al parecer la
sellaron por el mal estado en que se encontraba porque eran unas condiciones
infrahumanas para que viviera cualquier persona".
- La vivienda de la
menor consistía en un cuarto de tamaño mínimo, desaseado y oscuro, donde
convivían hacinados el actor, su madre y la menor. En el mismo cocinaban con
una estufa de petróleo.
- Existen serios
motivos para creer que el amigo o compañero del actor se embriaga con
frecuencia. Esto constituye un mal ejemplo para la menor, por parte de una persona
que, por tener una relación estable con el actor desde hace muchos años y por
contribuír en la crianza y manutención de xx, también hacía parte de su
ambiente familiar.
- La Defensora de
Familia que actualmente tiene el caso a su cargo expresa que últimamente
"se han realizado seguimientos socio-familiares a la residencia y lugar
de trabajo de José Gerardo Córdoba y Fidel Martínez (amigo del primero), en
donde (sic) sus condiciones de vida económica y morales ... no son las mejores
para que la menor xx desarrolle sus potencialidades al lado de estos dos
señores".
Todo lo anterior
conduce a la Sala a descartar la violación del derecho del actor a la
igualdad. Resulta evidente que el I.C.B.F. tuvo razones objetivas suficientes
para decretar las medidas de protección que consideró necesarias en favor de la
menor xx, y que su actuación no fue arbitraria ni se debió a prejuicio de sus
funcionarios respecto de la sexualidad del señor Córdoba.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, obrando
en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución.
RESUELVE :
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el
Juez Promiscuo de Familia de Pasto, mediante la cual resolvió negar la tutela
impetrada por el ciudadano José Gererado Córdoba contra el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar.
SEGUNDO: ORDENAR que en cualquier publicación,
divulgación o estudio que se haga de esta sentenecia se omita el nombre de la
menor involucrada.
TERCERO: COMUNICAR esta decisión al juez de
primera instancia para los efectos del artículo 36 de Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese,
notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado ponente
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Aclaración de
voto a la Sentencia No. T-290/95
ADOPCION DE MENOR
POR HOMOSEXUAL/COMPORTAMIENTO ETICO (Aclaración de voto)
Negarle a una persona la posibilidad de
adoptar o cuidar a un niño, por la sola razón de ser homosexual constituiría
ciertamente un acto discriminatorio contrario a los principios que inspiran
nuestra Constitución. Se pretendía así dejar claramente establecido que eran
otros los motivos que habían guiado a la Corte al confirmar la sentencia que
denegó la tutela. No obstante, aunque por razones diferentes, los Magistrados
fueron partidarios de excluir las frases que arriba se transcriben entre
comillas. El suscrito juzga necesario explicitar, con toda nitidez, que esas
palabras condensan de modo inequívoco su pensamiento sobre el asunto. La
homosexualidad no es en sí misma un lastre moral, pues el comportamiento recto
o desviado de una persona nada tiene que ver con sus preferencias sexuales. El
comportamiento ético de una persona nada tiene que ver con sus predilecciones
amorosas y que es aquél, y no éstas, el que ha de evaluarse para decidir si un
adulto es o no competente para educar a un niño.
REF. Expediente
T-63127
En el párrafo
penúltimo del proyecto de fallo, se decía lo siguiente: “Negarle a una persona
la posibilidad de adoptar o cuidar a un niño, por la sola razón de ser
homosexual constituiría ciertamente un acto discriminatorio contrario a los
principios que inspiran nuestra Constitución”.
Se pretendía así
dejar claramente establecido que eran otros los motivos que habían guiado a la
Corte al confirmar la sentencia que denegó la tutela. No obstante, aunque por
razones diferentes, los Magistrados Hernández y Herrera fueron partidarios de
excluir las frases que arriba se transcriben entre comillas.
El suscrito juzga
necesario explicitar, con toda nitidez, que esas palabras condensan de modo
inequívoco su pensamiento sobre el asunto. La homosexualidad no es en sí misma
un lastre moral, pues el comportamiento recto o desviado de una persona nada
tiene que ver con sus preferencias sexuales.
En el caso referido,
el actor interpuso tutela contra la resolución de Bienestar Familiar,
justamente porque se sintió discriminado en razón de su homosexualismo. Pienso
que era un deber de la Sala no solo exponer las razones de otro orden,
justificativas de la decisión, sino sentar, sin la más mínima vacilación, que
el comportamiento ético de una persona nada tiene que ver con sus
predilecciones amorosas y que es aquél, y no éstas, el que ha de evaluarse para
decidir si un adulto es o no competente para educar a un niño.
Fecha ut supra.
CARLOS GAVIRIA
DIAZ
Magistrado |
450 | T-291-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-291/95
DERECHO AL
TRABAJO/DERECHO SOCIAL
El derecho al trabajo hace parte de esos
derechos sociales, pues además de contribuir a un proceso de efectiva nivelación
e igualdad socio-económica de los asociados, dignifica y permite la realización
del individuo como agente protagónico en los procesos de desarrollo del núcleo
social al que pertenece, mucho más si se tiene en cuenta que en la sociedad
contemporánea la destreza o el dominio de un saber específico constituye
elemento esencial de la identidad y del reconocimiento de la persona.
LEGITIMIDAD DE
MEDIDAS PATRONALES/PATRIMONIO DE LA EMPRESA-Protección/TRABAJADOR ACUSADO DE HURTO-Suspensión
de funciones/REUBICACION LABORAL-Improcedencia
El patrono está legitimado para adoptar
medidas tendientes a proteger su patrimonio, y que bajo ninguna circunstancia
está obligado a mantener al actor en un puesto de trabajo determinado, mucho
menos si éste no goza de su confianza para desempeñarlo. Todo indica que la
orden que le impartió la empresa al actor, de mantenerse ocioso durante la
jornada de trabajo pudiendo haberle asignado otras funciones, tiene como
finalidad, protegerse de la posible comisión de un ilícito, y de abstenerse de
ubicarlo en un puesto de trabajo para el cual no le tiene confianza. En
consecuencia, se reconoce la legitimidad de las medidas del patrono para
defender su patrimonio, y se concluye que no hay vulneración del derecho del
trabajo ni de la igualdad, por tratarse de un caso en que no puede justificarse
una reubicación laboral dadas las circunstancias objetivas y subjetivas en que
se ha colocado el trabajador.
REF.:
Expediente No. T-63001
Tema: Derecho al
trabajo, a la igualdad y al debido proceso.
Actor: SIGIFREDO
VELASQUEZ VELEZ
Magistrados:
Dr. FABIO MORON
DIAZ
-Ponente-
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Dr. JORGE
ARANGO MEJIA
Santafé de Bogotá
D.C., Julio cinco (5) de mil novecientos noventa y cinco (1995)
La Sala de Revisión
de Tutelas, integrada por los H. Magistrados JORGE ARANGO MEJIA, VLADIMIRO
NARANJO MESA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve
sobre el proceso de acción de tutela presentado por SIGIFREDO VELASQUEZ VELEZ
contra la empresa "El Recreo Ltda."
1. ANTECEDENTES
La Pretensión y
los Hechos.
El señor SIGIFREDO
VELASQUEZ VELEZ empleado al servicio de la empresa "El Recreo Ltda.",
ubicada en la ciudad de Buga y cuyo objeto social es el ejercicio de las
actividades propias de la industria avícola, interpuso, a través de apoderado,
acción de tutela contra dicha empresa con el objeto de proteger sus derechos
fundamentales al trabajo, a la igualdad y al debido proceso.
Como hechos que
sustentan su petición el demandante expuso los siguientes:
- El actor labora al
servicio de la empresa demandada desde el 3 de mayo de 1990 como auxiliar de
cuartos fríos. Está afiliado al sindicato de trabajadores del cual es directivo
en calidad de miembro de la comisión de reclamos, por lo que goza de fuero
sindical; por la realización de dicho trabajo devenga mensualmente la suma de
$107.000, además de una prima especial de frío y el reconocimiento de horas
extras, dado que el trabajo exige el cumplimiento de turnos en horarios que
superan la jornada ordinaria legal.
- El 22 de agosto de
1994 algunos empleados de la empresa fueron sorprendidos por una funcionaria
del departamento de contraloría de la misma, quien conocía de presuntas irregularidades
que se estaban cometiendo dentro de la compañía, las cuales ocasionaban
faltantes de producto y pérdidas económicas significativas, tratando de vender,
sin autorización alguna, a una comerciante de la ciudad, parte del producto que
se les había entregado para distribución, hecho por el cual, previa la toma de
declaraciones por parte del director de personal en las instalaciones de la
empresa, fueron denunciados por su representante legal ante las autoridades
competentes, correspondiéndole conocer del caso al Juzgado Tercero Penal
Municipal de Buga.
- En la diligencia
de toma de declaraciones, que efectuó el director de personal de la empresa
demandada, los empleados sorprendidos aceptaron haber extraído producto que no
correspondía a las cantidades despachadas y relacionadas según pedidos y haber
pretendido venderla para su propio beneficio; en síntesis aceptaron haber
incurrido en conductas que tipifican el delito de hurto continuado; así mismo,
manifestaron que en la comisión del ilícito participaban otros empleados, entre
ellos el actor señor SIGIFREDO VELASQUEZ VELEZ .
- El Juzgado Tercero
Penal Municipal de Buga, después de realizar las correspondientes diligencias,
decidió dictar medida de aseguramiento contra las personas que fueron sorprendidas
cometiendo el presunto ilícito, y abstenerse de decretarla respecto de los
empleados que fueron implicados por aquellos en las declaraciones tomadas por
el director de personal de la empresa, entre ellos el actor de la tutela que se
revisa, por cuanto "...no existe prueba eficiente que lo vincule con la
comisión de la conducta punitiva y no hay mérito para proferir medida de
aseguramiento en su contra...". Tal decisión fue impugnada por el defensor
de uno de los sindicados por lo que pasó en apelación a conocimiento del
Juzgado Primero Penal del Circuito de Buga.
- A raíz de los
mencionados hechos, la empresa decidió despedir a los inculpados, salvo al
actor de la tutela por estar éste protegido por fuero sindical. Procedió en
cambio a separarlo del cargo de auxiliar de cuartos fríos (Comunicación de 15
de septiembre de 1994), y a despojarlo de funciones indicándole que debía
asistir al sitio de trabajo en horario de 7:00 A.M a 12:30 M y de 2:30 a 6:00
P.M y los sábados de 8:00 A.M. a 12 M., por lo cual seguiría recibiendo su
salario básico y las correspondientes prestaciones. Así lo ratificó el
representante legal de la empresa demandada al rendir declaración en el
Despacho que conoció en primera instancia de la acción de tutela, al manifestar
que el actor había sido separado temporalmente del cargo, puesto que se
encontraba vinculado a una investigación por robo continuado contra la misma
empresa y al señalar que dicha medida se tomaba por razones de seguridad, y
porque el fuero sindical que protege al empleado les impedía removerlo.
- En el mismo
sentido se expresó el director de personal de la empresa demandada citado a
declarar en el proceso de tutela, quien además agregó que la compañía
mantendría su decisión por cuanto el señor VELASQUEZ VELEZ no era prenda de
garantía en el manejo de productos perecederos, y que hasta ese momento no se
había procedido a la cancelación del contrato por gozar éste de fuero sindical,
para cuyo levantamiento se adelantaban los trámites pertinentes, de acuerdo con
lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo.
- Tal decisión, en
opinión del actor viola sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y
al debido proceso, para cuya protección no cuenta con mecanismos de defensa
judiciales, dado su estado de indefensión y subordinación respecto de la
empresa demandada, por lo que decidió instaurar acción de tutela a través de
apoderado contra la empresa "El Recreo Ltda.", la cual le correspondió
conocer al mismo Juzgado Tercero Penal Municipal de Buga.
2. FALLOS QUE SE REVISAN
2.1 Primera
instancia.
El Juzgado Tercero
Penal Municipal de Buga mediante providencia No. 021 de 30 de diciembre de
1994, resolvió la tutela No. 022 interpuesta a través de apoderado por el Señor
SIGIFREDO VELASQUEZ VELEZ contra la empresa "El Recreo Ltda.",
tutelando los derechos al trabajo, a la igualdad y al debido proceso del actor,
y ordenándole a la empresa demandada reincorporarlo al ejercicio de las funciones
de auxiliar de cuartos fríos, en las mismas condiciones en que las desempeñaba
antes de ser sancionado por dicha compañía.
La sentencia
proferida se fundamentó en los siguientes argumentos:
2.1.1. En opinión
del Juez de conocimiento, de manera evidente el actor había sido colocado por
parte de la demandada en una situación laboral irregular, que le impedía
ejercer libremente su derecho al trabajo, atentando contra su dignidad y
sometiéndolo a una situación ejemplarizante de "escarnio público",
dirigida especialmente a los trabajadores sindicalizados, por lo que, concluye,
"...también se estaría violando tangencialmente el derecho a la libre
asociación".
2.1.2. Señala que el
caso estudiado corresponde a la situación prevista en el numeral 4 del artículo
42 del Decreto 2591 de 1991, por tratarse de una acción interpuesta contra una
empresa privada por un ciudadano que mantiene con ella una relación de
subordinación e indefensión, dada su condición de trabajador de la misma, y por
no tener éste ninguna otra acción judicial a la que pueda recurrir para
proteger sus derechos.
2.1.3. Destaca que
hasta el momento de resolver la acción de tutela el demandante era inocente de
los hechos imputados por decisión del Juez Penal Municipal de primera
instancia, y que no obstante haber sido impugnada dicha decisión la empresa no
podía condenar anticipadamente al demandante, sin incurrir en violación de los
derechos de igualdad, honra y buen nombre.
2.1.4. En su
criterio las medidas adoptadas por la empresa demandada implican el
desconocimiento de su derecho fundamental al trabajo, tal como está previsto en
el artículo 25 de la C.P., el cual no puede ser equiparable con una situación
en la que se le paga al actor por la mera asistencia física a las instalaciones
de la compañía.
2.1.5. Dicho
tratamiento, en su opinión, es discriminatorio en relación con sus compañeros
de trabajo, vulnerándose con él el derecho a la igualdad de que trata el
artículo 13 de la Carta.
2.1.6. Concluye que
la empresa demandada se atribuyó funciones que no son de su competencia al
juzgar, condenar y sancionar al actor por la presunta comisión de un ilícito,
desconociendo el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo
29 de la C.P.; destaca el juez de primera instancia que "...no se puede
permitir que se vulneren los derechos fundamentales...en aras de una justicia
privada que no se acoge a los formalismos y a los preceptos establecidos en
nuestra Constitución Nacional y otras leyes que nos rigen", por lo que procede
a tutelar los derechos al trabajo, a la igualdad y al debido proceso del
peticionario.
2.1.7. La decisión
del juez de tutela de primera instancia fue impugnada por el apoderado de la
empresa demandada a través de escrito de enero de 1994, correspondiéndole al Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Buga conocer del recurso.
2.2 Segunda
instancia.
El Juzgado Segundo
Penal del Circuito, mediante sentencia del 7 de febrero de 1995, resolvió
revocar en todas sus partes el fallo proferido en primera instancia y en su
lugar negar la tutela impetrada, indicándole al señor SIGIFREDO VELASQUEZ VELEZ
que el procedimiento idóneo para proteger los derechos que considera amenazados
o violados es el previsto en los artículos 114-118 del Capítulo XVI del Decreto
-Ley 2158 de 1948, Código de Procedimiento Laboral.
Las razones que
arguye el Juez de segunda instancia son las siguientes:
2.2.1. Que de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1o. del artículo 6o. del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela solo procede cuando el afectado no dispone
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable; destaca que de acuerdo con los
pronunciamientos de la Corte Constitucional, el ser subsidiaria e inmediata son
dos de las características esenciales de esta acción, por lo que no es propio
de ella reemplazar los procesos ordinarios o especiales que para cada caso
prevé la ley. Enfatiza que no es un medio alternativo, adicional o
complementario para alcanzar un fin determinado, por lo que en el caso
propuesto, en el que el actor alude a la desmejora de sus condiciones
laborales, no obstante estar protegido por fuero sindical, como miembro y
directivo del sindicato de la empresa demandada, se hace un uso inadecuado de
la acción, dado que existe un mecanismo especial y específico para proteger
sus derechos, consagrado en los artículos 114 y siguientes del Código de
Procedimiento Laboral.
2.2.2. Para el Juez
de segunda instancia en el asunto estudiado se está en presencia de un
conflicto jurídico de intereses de carácter laboral, por lo que corresponde al
juez del trabajo de esa jurisdicción dirimir dicho asunto, de conformidad con
las normas que rigen para proteger los derechos del trabajador que goza de
fuero sindical, que se considere desmejorado en sus condiciones laborales.
2.2.3. De otra
parte, considera improcedente el pedimento de amparo del derecho al trabajo en
los términos presentados por el actor, mucho más si se tiene en cuenta que el
perjuicio que alega no tiene el carácter de irremediable, pues puede ser
protegido y restablecido por la autoridad judicial competente para el efecto.
2.2.4. En síntesis,
el juez de segunda instancia consideró que la tutela era improcedente dada la
existencia de un mecanismo alternativo de defensa judicial, como es la acción
consagrada para los trabajadores protegidos con fuero sindical, en los
artículos 114 y siguientes del Código de Procedimiento Laboral.
3. COMPETENCIA
Con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía
con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto-Ley 2591 de 1991, la Sala es
competente para revisar las sentencias en referencia.
4. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
4.1 La
Protección del Derecho al Trabajo en un Estado Social de Derecho
El Estado social de
derecho se constituye, entre otros, con el objetivo de superar el
individualismo que caracterizó el liberalismo clásico, centrándose para ello en
la atención preferente a los llamados derechos sociales, sobre cuya realización
aspira a consolidar un Estado de bienestar. Tal concepción implica la necesidad
de que dichos derechos se concreten y se hagan efectivamente vigentes a través
de su protección formalizada e institucionalizada en el ordenamiento jurídico
positivo, y paralelamente se propicie para todos los individuos la realización
efectiva y material de esos derechos; esto es, su realización práctica.
El derecho al trabajo,
consagrado en nuestra C.P. en el artículo 25, hace parte de esos derechos
sociales, pues además de contribuir a un proceso de efectiva nivelación e
igualdad socio-económica de los asociados, dignifica y permite la realización
del individuo como agente protagónico en los procesos de desarrollo del núcleo
social al que pertenece, mucho más si se tiene en cuenta que en la sociedad
contemporánea la destreza o el dominio de un saber específico constituye
elemento esencial de la identidad y del reconocimiento de la persona. Así lo ha
expresado la Corte Constitucional:
"En este
momento de la cultura mundial y del sentimiento nacional, parece innecesario
destacar la importancia del trabajo y bastará decir que hace mucho dejó de ser
una mercancía sujeta a los mecanismos del quehacer económico para convertirse
en atributo de la personalidad jurídica, un valor de la existencia individual y
comunitaria y un medio de perfeccionamiento del ser humano y de la sociedad
toda, que no podría existir sin él." (Corte Constitucional.
Sent.jul.14/92).
4.2 El Derecho
al Trabajo y su Relación con los Demás Derechos Fundamentales
El derecho al
trabajo en un estado social de derecho como el colombiano, trasciende la
definición que de él mismo da el ordenamiento jurídico, se erige como un
derecho-deber, como un derecho fundamental, cuyo alcance, según lo ha expresado
esta Corporación:
"...no está
dado por su mera definición, sino por la relación que existe entre ellos y el
resto de los contenidos de la Carta. Así las cosas el derecho al trabajo debe
interpretarse en estrecha relación con los principios de igualdad, libertad y
dignidad humana." (C. Const., Sent. dic 14/92, C-606).
Teniendo entonces
como presupuestos básicos los anteriormente expuestos, se trata de determinar,
en el caso analizado, si la medida adoptada por la empresa demandada de separar
al actor de las funciones que venía desempeñando como auxiliar de cuartos
fríos, sin asignarle ninguna otra, por estar éste vinculado a un proceso penal,
vulnera o no los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y al debido
proceso.
4.2.1. El Derecho
al Trabajo
En primer lugar, si
el derecho al trabajo es un valor fundamental de la existencia individual y
comunitaria y un medio de perfeccionamiento del ser humano, no basta con el
otorgamiento nominal de un empleo para que el derecho se entienda efectiva y
materialmente realizado, es esencial que las condiciones en que se desarrolla
la relación laboral correspondan con el debido respeto a la libertad, igualdad
y dignidad del trabajador, lo que implica que contemple la realización de una
determinada labor física o intelectual que demande del individuo el desarrollo
de sus capacidades específicas, viabilizando su perfeccionamiento y la
posibilidad de aportar al desarrollo de un proceso productivo o al cumplimiento
de un objetivo en condiciones dignas y justas.
Sobre el particular
la Corte Suprema de Justicia se ha manifestado de la siguiente manera:
"Orden de no
prestar servicios. Conviene aclarar que conforme al ordenamiento laboral
colombiano, es absolutamente erróneo presumir, como lo hizo el ad-quem, la
ilicitud de toda disposición patronal tendiente a exonerar al empleado de
prestar servicios. Al contrario, conforme al artículo 23, literal b) del C.S.T.
en el contrato de trabajo el patrono tiene la facultad de poder exigir al
trabajador '...el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo...' En otras palabras aquél dispone sobre la
utilización o no de la fuerza de trabajo de éste. Además el artículo 140
ibídem, reconoce expresamente la posibilidad jurídica de que el empleador
disponga que el trabajador no preste servicios en vigencia del vínculo
laboral.
"Es obvio, que
lo anterior no significa que siempre que el patrono decida que su empleado se
abstenga de laborar esté obrando conforme a la ley, pues dependerá de las
particulares circunstancias de cada caso, tales como la clase de vínculo
laboral, la forma de retribución del trabajador, el modo como se imparta la
misma orden, los motivos y las consecuencias de ésta. Así, no sería lícito
disponer el paro del trabajador si ello atenta contra su dignidad personal o
sus demás derechos laborales." (Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, sentencia de diciembre 10/87).
En el caso que se
revisa, para determinar si la medida adoptada atenta o no contra la dignidad o
demás derechos laborales del trabajador, es procedente analizarla según el
propósito que realmente la motivó: la posibilidad es que se haya fundamentado
en el legítimo derecho que le asiste al patrono de salvaguardarse de continuar
siendo víctima de la comisión de un ilícito en el que presuntamente venía
incurriendo el actor y en la desconfianza que se generó en él sobre su idoneidad
para continuar desempeñando el cargo de auxiliar de cuartos fríos, dada la
imposibilidad de proceder a cancelarle el contrato de trabajo por gozar éste de
fuero sindical; si ello fuere así no hay duda que el patrono tiene todo el
derecho a proteger el patrimonio de su empresa, el cual no se puede poner en
peligro so pretexto de la salvaguardia de una dignidad del trabajador que se
encuentra tan cuestionada por la investigación que se le adelanta, y que ha
llegado hasta el punto de ser objeto de una medida de aseguramiento.
4.2.2 El derecho
a la igualdad
De conformidad con
las pruebas recopiladas por los jueces de primera y segunda instancia que
conocieron el proceso de acción de tutela, la decisión de la demandada se
originó en el hecho de que el actor se encuentra vinculado a un proceso
judicial por hurto continuado, y en la imposibilidad de la empresa de
despedirlo, como si lo hizo con otros implicados, por estar el demandante
protegido con fuero sindical.
Se verifica en el
expediente la intención expresa de la demandada de proceder al despido del
trabajador una vez obtenga la autorización para levantar el fuero, según se
desprende de las declaraciones de sus representantes, gerente y director de
personal, dada la desconfianza que generó en ellos la acusación de que fue
objeto el trabajador por parte de algunos de los sindicados. Sin embargo, llama
la atención que no se allega prueba alguna que indique que el patrono haya
procedido conforme lo dispuesto en los artículos 114-118 del Código de
Procedimiento Laboral, los cuales señalan el procedimiento a seguir para
tramitar este tipo de autorización, y en cambio si haya colocado al actor en
una situación irregular, tal como la que surge de no asignarle funciones,
obligándolo a permanecer sin cumplir actividad alguna en un espacio destinado
al desarrollo de un proceso productivo, en el cual cada funcionario cumple una
tarea específica, que contribuye a materializar el objeto social de la
compañía.
En este punto es
pertinente señalar la doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos
sobre el derecho a la igualdad, citada en sentencia de esta Corporación:
"Justificación
objetiva y razonable....toda desigualdad no constituye necesariamente una
discriminación; la igualdad solo se viola si la desigualdad está desprovista de
una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación
debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada,
debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios
empleados y la finalidad perseguida." (C.Const., Sent. jun.19/92,
T-422.M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
La Sala considera
que el patrono está legitimado para adoptar medidas tendientes a proteger su
patrimonio, y que bajo ninguna circunstancia está obligado a mantener al actor
en un puesto de trabajo determinado, mucho menos si éste no goza de su
confianza para desempeñarlo; así incluso lo prevé el contrato de trabajo
celebrado entre la empresa y el demandante, en cuya cláusula octava se establece:
" ...El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el
patrono dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten también las
condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios."
Todo indica que la
orden que le impartió la empresa al actor, de mantenerse ocioso durante la
jornada de trabajo pudiendo haberle asignado otras funciones, tiene como
finalidad, protegerse de la posible comisión de un ilícito, y de abstenerse de
ubicarlo en un puesto de trabajo para el cual no le tiene confianza. En
consecuencia, se reconoce la legitimidad de las medidas del patrono para
defender su patrimonio, y se concluye que no hay vulneración del derecho del
trabajo ni de la igualdad, por tratarse de un caso en que no puede justificarse
una reubicación laboral dadas las circunstancias objetivas y subjetivas en que
se ha colocado el trabajador, y que se han señalado anteriormente.
4.2.3 El Debido
Proceso
En el caso objeto de
revisión, es innegable que la honorabilidad y buen nombre del actor fueron
puestos en entredicho por las acusaciones de que fue objeto por parte de los
compañeros sindicados del ilícito. Vale anotar que el juez de primera instancia
no encontró mérito para vincularlo al proceso, medida que fue impugnada por el
apoderado de la demandada, por lo que pasó a consideración del Juez Primero
Penal del Circuito de Buga quien revocó dicha decisión, decretando medida de
aseguramiento para el actor como uno de los presuntos autores materiales del
ilícito; ello demuestra la convicción de la demandada sobre la responsabilidad
del actor en los hechos y su interés porque la justicia penal así lo determine,
lo cual no es cuestionable.
Se aclara que sólo
una vez termine el proceso penal que se adelanta, si se concluye que el actor
es responsable de los hechos que se le imputan, la demandada podrá dar
aplicación a lo dispuesto en el literal g) del artículo 61 del C.S. del T.
La Sala comparte los
criterios que motivaron la revocación que ordenó el juez de segunda instancia,
por cuanto ellos señalan que existe un conflicto de intereses laborales para el
cual la ley prevé una acción específica que debe dirimir el juez especializado,
conforme a las competencias consagradas claramente en la ley, y que no permite
que la acción de tutela se convierta en un instrumento alternativo,
complementario o adicional de los procesos judiciales ordinarios.
En consecuencia, se
confirmará el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Buga que revocó el de primera instancia y negó la tutela, sin que se afecten
los derechos relativos al fuero sindical, respecto del cual deban cumplirse los
procedimentos de ley, que protegen adecuadamente los derechos del actor.
En virtud de lo
expuesto, la Sala No. Ocho de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR el fallo proferido el 7 de
febrero de 1995, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buga, por medio
del cual se revocó la sentencia del Juzgado Tercero Penal Municipal de la misma
ciudad y en su lugar negó la tutela impetrada por el señor SIGIFREDO VELASQUEZ
VELEZ.
Segundo. ORDENAR que por la Secretaría General de
esta Corporación, se comunique esta providencial al Juzgado Tercero Penal
Municipal de Buga, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
451 | T-292-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-292/95
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL/PENSION
DE INVALIDEZ-Fundamental/DERECHOS FUNDAMENTALES
Una de las manifestaciones contemporáneas
de expresión del derecho a la seguridad social es el derecho a la pensión de
invalidez, que busca compensar la situación de infortunio derivada de la
pérdida de la capacidad laboral, mediante el otorgamiento de unas prestaciones
económicas y de salud, cuya característica fundamental en su condición de
esenciales e irrenunciables. En este orden de ideas, la íntima conexión entre
el derecho a la seguridad social y su manifestación a través de la pensión de
invalidez y los derechos a la vida y al trabajo y la salud, han llevado
a la Corte a afirmar su linaje de derecho fundamental. La pensión de invalidez
como especie del derecho a la seguridad social, ostenta igualmente el carácter
de fundamental cuando su titularidad se predica de personas de la tercera edad
o disminuídas, física, sensorial o psíquicamente.
ACTO
ADMINISTRATIVO-Irrevocabilidad/ADMINISTRACION
PUBLICA-Demanda de su propio acto/DEBIDO PROCESO-Vulneración por
desconocimiento de pensión/DERECHO A LA SUBSISTENCIA
La acción de tutela se configura como el
único mecanismo de protección de los derechos fundamentales a la seguridad
social y debido proceso, en razón a que cuando un acto administrativo reconoce
el derecho a la pensión de invalidez, o a una prestación social a favor de un
particular, dicho derecho no puede ser revocado o extinguido unilateralmente
por la misma entidad, sin el consentimiento expreso y por escrito de su
titular, pues se conculcarían así derechos adquiridos. Le corresponde a la
administración es acudir a la vía judicial y demandar su propio acto
administrativo, y no trasladar al actor de la tutela esa obligación.
_
SUSTITUCION
PENSIONAL POR INVALIDEZ/PERSONAS DISMINUIDAS FISICAMENTE-Protección/DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración
Las personas que están disfrutando de una
sustitución pensional por invalidez, que se hallan en condiciones de
inferioridad respecto de los demás miembros de la comunidad, ya que ven
disminuída su capacidad laboral, máxime si dependen de los recursos económicos
provenientes de la mesada pensional para atender sus necesidades físicas y
económicas más apremiantes, por lo cual no resulta justo abandonarlos en esta
etapa de su vida, cuando necesitan todo el apoyo, dadas las especiales
condiciones en que se encuentran, porque ello rompería el principio de igualdad
material que también condiciona los derechos derivados de la seguridad social.
REF.:
Expediente No. T-64921
Peticionario:
COSME LOZANO
RAMOS
Magistrados:
Dr. FABIO MORON
DIAZ
-Ponente-
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Dr. JORGE
ARANGO MEJIA
Santafé de Bogotá
D.C., Julio cinco (5) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Corte
Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas No. Ocho, integrada por los
Magistrados Jorge Arango Mejía, Vladimiro Naranjo Mesa y Fabio Morón Díaz,
procede a revisar la sentencia para decidir la acción de la referencia,
proferida por el Tribunal Superior de Cali el día 21 de febrero de 1995,
teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
El ciudadano COSME
LOZANO RAMOS, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Constitución Política y desarrollada legalmente en los Decretos 2591 de 1991
y 306 de 1992, formula demanda contra las señoras DILIA QUINTERO DE CALERO y
RUBIELA GONZALEZ RODRIGUEZ, en sus calidades de Jefe de Oficina de Prestaciones
Sociales y Secretaria de Servicios Administrativos del Departamento del Valle
del Cauca, con el fin de que se le tutelen los derechos fundamentales a la
pensión, a la vida y a la supervivencia, y se ordene mediante sentencia la
reivindicación de la sustitución pensional que gozaba plenamente desde 1989.
Ante el Tribunal
Superior de Cali, el actor relató los siguientes hechos:
El señor Cosme
Damián Lozano Millán, padre del actor, en vida fue jubilado del Departamento
del Valle del Cauca hasta la fecha de su fallecimiento ocurrido el 9 de enero
de 1986.
El demandante ha
sido declarado inválido por haber perdido su capacidad laboral en un porcentaje
del 75% de acuerdo con dictamen médico.
Por el estado físico
en que se encuentra le fue reconocida por el departamento del Valle del Cauca
la sustitucion pensional de su difunto padre por medio de la resolución No.
0121 del 12 de enero de 1989.
Habiendo sido
sometido a un nuevo examen de revisión conforme lo manda la ley, el médico
certificó una incapacidad de sólo el 55% con base en lo cual las funcionarias
en cita procedieron a dar por extinguido su derecho a seguir percibiendo la
pensión mediante resolución No. 02221/94.
Frente al
desconocimiento de los derechos fundamentales procedió a interponer la
revocatoria directa contra la resolución antes citada a fin de que con base en
lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 que considera inhábiles a las personas que
tengan una pérdida de la capacidad laboral mayor al 50%, se dejará sin vigencia
el acto administrativo, petición que le fue resuelta negativamente.
Conforme a la
valoración otorgada a su incapacidad por el médico adscrito a la división
regional del Mintrabajo, la pérdida de la capacidad laboral aún sigue siendo
del 75%, circunstancia que lo hace con derecho a la sustitución pensional aún
aplicándole el régimen legal anterior.
II. LA PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Superior
de Cali -Sala Laboral-, mediante sentencia de veintiuno (21) de febrero de mil
novecientos noventa y cinco (1995), decide la acción de la referencia y
resuelve " No acceder a la tutela impetrada por el señor COSME LOZANO
RAMOS por las razones expuestas", previas las siguientes consideraciones:
"Entre los
fundamentos legales que se tomaron para dictar la resolución No. 02221 de 1994
por medio de la cual se declaró extinguido el derecho a la sustitución
pensional del accionante, encontramos lo establecido en el artículo 67 del
Decreto 1848 de 1969 que a la letra dice: 'Control médico del Inválido. 1.
Toda persona que perciba pensión de invalidez está obligada a someterse a los
examenes médicos periódicos que orden la entidad pagadora de la pensión, con el
fin de que ésta proceda a disminuir su cuantía, aumentarla .... o declarar
extinguida la pensión, si de dicho control médico resultare que la incapacidad
se ha modificado favorablemente, o se ha agravado o desaparecido.
" '2. En el
caso de que el pensionado por invalidez se oponga, sin razones válidas,
dificulte o haga imposible el control médico a que se refiere este artículo, se
suspenderá inmediatamente el pago de la pensión de invalidez, mientras dure la
mora en someterse al expresado control médico.'
"Por su parte,
el artículo 61 del citado decreto, al definir lo que se debía de entender por
estado de invalidez expuso: "Definición. 1. Para los efectos de la
pensión de invalidez, se considera inválido el empleado oficial que por
cualquier causa, no provocada intencionalmente, ni por culpa grave, o violación
injustificada y grave de los reglamentos de previsión, ha perdido en un
porcentaje no inferior al setenta y cinco por ciento (75%) su capacidad para
continuar ocupándose en la labor que constituye su actividad habitual o la
profesional a que se ha dedicado ordinariamente.
"2. En
consecuencia, no se considera inválido el empleado oficial que solamente pierde
su capacidad de trabajo en un porcentaje inferior al setenta y cinco por
ciento.
"A su vez, en
cumplimiento de lo dispuesto en la primera norma transcrita, las citadas
funcionarias ordenaron la revisión médica del demandante la cual dió el
resultado contenido en el documento de folio 118 que a la letra dice: 'Paciente
de 59 años de edad quien tuvo lesión en miembro superior derecho, a nivel de
antebrazo, con vidrio hace 30 años. Presenta como secuela mano derecha caída y
atrofia de antebrazo derecho. Lo anterior genera una pérdida laboral del
55%...".
"Como puede
notarse de lo hasta aquí expuesto, la jefe de la división de prestaciones
sociales del Departamento del Valle del Cauca lo único que realizó al dictar la
resolución No. 02221 de 1994 fue aplicar la ley en su más genuino sentido,
labor de la cual no se puede deducir violación o amenaza a los derechos del
demandante. Tampoco encuentra la Corporación enfrentamiento alguno entre la
normatividad referida y los derechos fundamentales del actor que justifique la
inaplicación de aquella al caso concreto.
"De otro lado,
si bien no se discute la consagración constitucional del derecho a la pensión,
su ajuste, su pago oportuno, etc., tampoco se hace respecto del carácter legal
del derecho a la sustitución y para esta clase de derechos no está permitida la
acción de tutela como claramente lo dispone el artículo 2o. del Decreto 306 de 1992.
"Pero es que
allí no quedan los motivos que no impiden acceder a la tutela pretendida.
Claramente surge la existencia de un medio ordinario de carácter judicial apto
en forma plena para la defensa de los derechos del actor y que no es otro que
una de las acciones que consagra el C.C.A. y más específicamente la de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la resolución que declaró extinguido el
derecho pretendido por el accionante. Es que hay, aún más, el derecho
administrativo consagra y regla una figura tan efectiva como la misma acción de
tutela que se conoce con el nombre de "la suspensión provisional" de
los actos administrativos cuando éstos violen de manera manifiesta la ley,
mecanismo éste que le permite restablecer su derecho en forma inmediata en caso
de hallarse la infracción legal de manera evidente, razón ésta que no pone en
duda la eficacia del mecanismo judicial señalado. Esta causal de improcedencia
de la tutela en forma expresa la consagra el numeral primero del artículo 6o.
del Decreto 2591 de 1991."
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
La Competencia
Esta Corporación es
competente para conocer de esta revisión de conformidad con lo establecido en
el inciso 2o. del artículo 86 y el numeral 9o. del artículo 241, ambos de la
Carta Política, desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de
1991.
La Materia
El caso en examen
comprende la extinción unilateral del derecho de sustitución pensional de
invalidez por parte de la División de Prestaciones Sociales del Departamento del
Valle del Cauca, en relación con el quebrantamiento del derecho a la pensión y
a la seguridad social.
1. De la
seguridad social y la pensión de invalidez como derechos constitucionales
fundamentales.
La doctrina
jurisprudencial de esta Corporación, ha considerado que no obstante su
naturaleza prestacional, el derecho a la seguridad social y en especial a la
pensión de invalidez, como derivado de aquel, pueda asumir en determinadas
circunstancias el carácter de fundamental, dada su íntima relación con los
derechos a la vida, al trabajo y a la salud; en efecto, la seguridad social
aparece como un principio fundamental y rector de la política social y
económica, por tanto, como un derecho programático y de desarrollo legal,pero
también goza de carácter de fundamental al ser conexo y paralelo a la vida, al
trabajo y la salud; este derecho tiene su expreso reconocimiento genérico en el
artículo 48 de la Carta, y específicamente para las personas disminuídas
físicas, sensoriales y psíquicas en los mandatos 13 y 17 superiores.
Ahora bien, la
seguridad social constituye un servicio público obligatorio dirigido,
controlado y coordinado por el Estado para salvaguardar la vida, la dignidad
humana, la integridad física o moral, contra toda clase de adversidades que
pongan en peligro el desenvolvimiento de la vida individual y social, por
cuanto su gran misión es combatir las penurias económicas y sociales y las
desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la colectividad,
prestándoles asistencia y protección. La institución de dicho servicio
encuentra además soporte en el artículo 13 de la C.P., que le impone al Estado
la obligación de proteger especialmente a aquellas personas que por sus
condiciones económicas, físicas o mentales, se encuentran en circunstancias
de debilidad manifiesta, con miras a hacer efectivo el principio de igualdad
material dentro del Estado Social de Derecho.
Una de las
manifestaciones contemporáneas de expresión del derecho a la seguridad social
es el derecho a la pensión de invalidez, que busca compensar la situación de
infortunio derivada de la pérdida de la capacidad laboral, mediante el
otorgamiento de unas prestaciones económicas y de salud, cuya característica
fundamental en su condición de esenciales e irrenunciables (art. 48 C.P.).
En este orden de
ideas, la íntima conexión entre el derecho a la seguridad social y su
manifestación a través de la pensión de invalidez y los derechos a la vida
y al trabajo y la salud, han llevado a la Corte a afirmar su linaje de
derecho fundamental. La pensión de invalidez como especie del derecho a la
seguridad social, ostenta igualmente el carácter de fundamental cuando su
titularidad se predica de personas de la tercera edad o disminuídas, física,
sensorial o psíquicamente. (Sentencias T-26/92, T-011/93, T-427/92, y
T-144/95).
La Carta fundamental
se expidió precisamente con el fin de asegurar el derecho a la seguridad
social, dentro de un marco económico y social justo previsto en el preámbulo de
la Constitución y desarrollado legislativamente con la Ley 100 de 1993 y
algunas otras disposiciones complementarias y adicionales.
Para la Corte es
necesario reiterar que la pensión de invalidez y su equivalente, la sustitución
pensional, son medidas de justicia social a favor de personas que se encuentran
en situaciones de involuntaria e insufrible necesidad o, que por
circunstancias de debilidad manifiesta, de carácter económico, físico o mental,
requieren un tratamiento diferencial positivo y protector, con el fin de
recibir un trato digno e igualitario en la comunidad (inciso 2 y 3 del
artículo 13 C.N.).
2. De la
Revocatoria de los Actos Administrativos Particulares
Para esta Sala es necesario pronunciarse
frente a la revocatoria de los actos administrativos. Uno de los caracteres
propios del acto administrativo es su revocabilidad, que se traduce en la
potestad de la administración para revisar y volver a decidir sobre las
cuestiones o asuntos sobre los cuales ha adoptado una decisión, invocando
razones de legalidad o legitimidad, con miras a asegurar el principio de
legalidad, o la oportunidad, el mérito o conveniencia de la medida que
garanticen la satisfacción y prevalencia del interés público o social.
Según la legislación
que nos rige, los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos
funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio
o a petición de parte, cuando se den las causales previstas en el artículo 69
del Código Contencioso Administrativo, esto es, por razones de legitimidad o
legalidad, oposición con la Constitución o la ley, o por razones de mérito o
conveniencia, cuando no estén conformes con el interés público social o cuando
con ellos se cause agravio injustificado a una persona.
Cuando se trate de
actos de contenido general es admisible su revocabilidad por la administración,
sin ninguna limitación, mediante la invocación de las aludidas causales. En
cambio, los actos administrativos que reconocen un derecho subjetivo o una
situación jurídica particular y concreta en favor de una persona, no son
revocables sino con el consentimiento escrito y expreso del titular del
derecho. (art. 73 inciso 1 del C.C.A.)".
Razones de
seguridad jurídica y de respeto a los derechos adquiridos o de las situaciones
jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona,
como también la presunción de legalidad de las decisiones administrativas en
firme, avalan el principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos
subjetivos reconocidos por la administración a través de un acto
administrativo.
Es cierto que según
el inciso 2o. del art. 73 en referencia, es posible la revocación de los actos
administrativos de contenido subjetivo o particular y concreto, 'cuando
resulten del silencio positivo, si se dan las causales previstas en el art. 69,
o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales', pero esta norma
debe ser entendida en el sentido de que hace alusión exclusivamente al llamado
acto presunto, producto del silencio administrativo positivo, que ha reconocido
una situación jurídica particular o un derecho subjetivo a una persona.
Dicho de otra
manera, los actos administrativos expresos expedidos por la administración que
reconocen un derecho subjetivo no son revocables por ésta sino en los términos
ya indicados (art. 73, inciso 1 del C.C.A.). En tal virtud, cuando la
administración observe que un acto de esta naturaleza es contrario a la
Constitución o a la ley, debe proceder a demandar su propio acto ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo (art. 149 inciso 1o. del
C.C.A.), pero no podrá revocarlo directamente, pues con ello lesiona derechos
de los administrados y se atenta contra la seguridad jurídica de los ciudadanos.
3. El Caso en
Examen
Según las pruebas
que obran en el expediente, el actor es una persona inválida, de 59 años de
edad, quien padece lesión en miembro superior derecho, a nivel de antebrazo,
con vidrio, hace treinta años. Presenta secuelas en mano derecha, caída y
atrofia de antebrazo derecho; ha disfrutado de la sustitución pensional, por
espacio de siete (7) años y carece de recursos económicos para poder subsistir
y gozar de una especial calidad de vida.
De lo planteado
puede deducirse que existe una situación jurídica compleja, por un lado, con un
ciudadano con disminución física o invalidez, y por el otro, la procedencia de
la revocatoria por extinción de una pensión de invalidez por parte de la
Administración.
En cuanto a lo
primero, a juicio de la Sala, debe reiterarse la doctrina de la Corporación,
que apunta hacia la especial protección que el Estado debe brindar a los
disminuídos físicos, sensoriales y síquicos, toda vez que la condición de
disminuído físico, plenamente demostrada en el expediente con la calificación
médica, de pérdida de la capacidad laboral, como presupuesto de la sustitución
pensional coloca al actor en una condición de protección especial por parte
del Estado, por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta, que lo
ubica en la órbita del derecho a la igualdad buscando la plena efectividad de
sus derechos en forma que estos no se encuentran simplemente en la enunciación
de premisas que no van a tener fin práctico. La extinción del derecho
fundamental a la pensión de invalidez y su pago oportuno, entraña un
desconocimiento al derecho a ser tratado de modo especial por encontrarse el
ciudadano incapacitado en una situación de desventaja frente a otras personas.
Para esta Sala debe
tomarse en cuenta el hecho de que el minusválido ha venido disfrutando de una
sustitución pensional desde hace más de siete (7) años, con lo cual, su
situación laboral en lo que atañe con la protección propia de la seguridad
social, tiene pleno respaldo en los artículos 13 inc. final, 47 y 48
superiores. Precisamente el primer artículo dice: "El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física y
síquica, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará
los abusos o maltratos que contra ellas se cometan."
En el caso de las
personas que están disfrutando de una sustitución pensional por invalidez, es
claro para esta Sala de Revisión, que se hallan en condiciones de inferioridad
respecto de los demás miembros de la comunidad, ya que ven disminuída su
capacidad laboral, máxime si dependen de los recursos económicos provenientes
de la mesada pensional para atender sus necesidades físicas y económicas más
apremiantes, por lo cual no resulta justo abandonarlos en esta etapa de su
vida, cuando necesitan todo el apoyo, dadas las especiales condiciones en que
se encuentran, porque ello rompería el principio de igualdad material que
también condiciona los derechos derivados de la seguridad social. (Art. 14 y 47
C.N.).
En cuanto al segundo
tema bajo examen, considera la Sala que la División de Prestaciones Sociales de
la Gobernación del Valle del Cauca, extinguió el pago de la mesada pensional
mediante Resolución No. 0222 de 1994, argumentando facultades legales para el
efecto, interpretando que la revocatoria de los actos administrativos sólo
actúa para derechos condicionados a favor de la administración, pero
desconociendo el principio de la irrevocabilidad de los actos administrativos
particulares y concretos, es decir aquellos que crean situaciones jurídicas a
favor de un administrado, los cuales solamente pueden ser revocados con el
consentimiento expreso y escrito del titular del derecho.
En efecto, revocar
un acto consiste en destruirlo por iniciativa y en virtud de otro acto de su
propio autor. El acto administrativo es por naturaleza irrevocable, pues goza
de la presunción iuris tantum de legalidad. El ordenamiento colombiano
ha establecido la irrevocabilidad de los actos administrativos creadores de
derechos cuando son favorables a los administrados por razones de interés
público y seguridad jurídica. (Art. 73 C.C.A.). El régimen legal colombiano
contiene una regla fundamental aplicable a los actos administrativos
favorables al administrado, que es la necesidad de su consentimiento expreso y
escrito del ciudadano titular del derecho, como requisito inexcusable para
revocarlo directamente. En consecuencia, cuando la Administración, como en
este caso, la División de Prestaciones Sociales de la Gobernación del Valle del
Cauca, sí estimó que el pensionado no cumple con los requisitos previstos en la
ley, para gozar de la pensión, por disminución de su incapacidad laboral,
previo examen médico, de acuerdo al artículo 61 del Decreto 1848 de 1969, debe acudir
a la justicia contencioso administrativa, mediante la acción judicial
pertinente, como acuden los demás ciudadanos, para que ésta decida si acto
administrativo es legal o no, y lo anule en el segundo evento.
En otros términos,
los derechos subjetivos nacidos bajo un acto administrativo perfeccionado
(Resolución No. 021 de 1989), no pueden ser revocados; pues al nacer el derecho
particular como producto de un debido proceso administrativo en el cual se
reunieron los requisitos y presupuestos fijados en la ley, en este caso en el
decreto 1848 de 1969, deben mantenerse en firme, por respeto a las situaciones
jurídicas subjetivas, salvo cuando se cumpla el requisito legal a que se ha
hecho mención. En consecuencia de lo anterior, anota la Sala de Revisión que
el Resolución No. 021 de 1989, emanada de la Gobernación del Departamento del
Valle del Cauca, goza de plena firmeza legal y que la División de Prestaciones
Sociales del Departamento sólo podía extinguirlo o revocarlo cuando hubiera
solicitado y obtenido el consentimiento escrito y expreso del titular del
derecho. El principio de estabilidad de los actos administrativos se presume
siempre a favor del administrado, para la seguridad jurídica de sus derechos.
En este sentido, advierte la Sala que la administración ha debido impugnar el
acto administrativo que le entraña un perjuicio por la vía contencioso
administrativa pertinente. Es en este orden de ideas que deben interpretarse
los artículos 73 y 149 del Decreto 01 de 1984 y el artículo 61 y siguientes
del Decreto 1848 de 1969.
Por lo expuesto
anteriormente, considera la Sala de Revisión que la administración está
violando el debido proceso (art. 29 C.N.), puesto que, si desde un comienzo, la
Oficina de Prestaciones Sociales del Departamento del Valle del Cauca, mediante
resolución No. 0121 de 1989 concedió la calidad de pensionado por sustitución
al peticionario, no puede luego despojarlo sin mediar citación solicitando y
obteniendo su consentimiento expreso y por escrito, para luego, como obliga el
artículo 73 CCA, revocarle su derecho con lo cual desconocieron su derecho a
una adecuada defensa, sin permitir al pensionado controvertir el concepto
médico de la entidad mediante los recursos previstos en la ley, actuación que
generó un perjuicio irremediable que deber ser restablecido.
Para esta Sala de
Revisión, es claro que el debido proceso rige tanto para el campo judicial como
administrativo y la administración del Departamento del Valle del Cauca está
obligada a respetar este derecho fundamental. El acto administrativo que
reconoció la calidad de sustituto pensional por invalidez, goza de la
presunción de legalidad frente a una actuación posterior, que vulnera el
derecho fundamental a la pensión y a la seguridad social. En consecuencia,
la acción de tutela se configura como el único mecanismo de protección de los
derechos fundamentales a la seguridad social y debido proceso, en razón a que
cuando un acto administrativo reconoce el derecho a la pensión de invalidez, o
a una prestación social a favor de un particular, dicho derecho no puede ser
revocado o extinguido unilateralmente por la misma entidad, sin el
consentimiento expreso y por escrito de su titular, pues se conculcarían así
derechos adquiridos.
De acuerdo con las
pruebas que obran en el expediente, estima la Sala que la Oficina de
Prestaciones Sociales del Departamento del Valle del Cauca carece de
competencia para revocar el acto administrativo que había decretado la
sustitución pensional, esto es la resolución No. 0221 de 1994, por cuanto con
una interpretación sistemática de los artículos 73 y 149 del CCA y el artículo
67 al Decreto 1848 de 1969, así se deduce, ya que le corresponde a la
administración es acudir a la vía judicial y demandar su propio acto
administrativo, y no trasladar al actor de la tutela esa obligación.
Por las razones que
anteceden, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. Revocar la sentencia proferida por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, de fecha 21 de febrero de 1995 y
en su lugar, se dispone conceder la tutela solicitada por el señor Cosme Lozano
Ramos.
En tal virtud, el
señor Cosme Lozano Ramos podrá continuar disfrutando de la pensión de invalidez
otorgada por la División de Prestaciones Sociales del Departamento del Valle.
Segundo. Librar comunicación a la División de
Prestaciones Sociales del Departamento del Valle del Cauca para que dentro de
las 48 horas siguientes adopte las medidas necesarias con el fin de restablecer
el pago de las mesadas pensionales al accionante.
Tercero. Librar comunicación al Tribunal Superior
de Cali, Sala Laboral, a efecto de que notifique esta sentencia a las partes
respectivas.
Cópiese,
notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase.
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
452 | T-297-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-297/95
ACCION DE TUTELA-Desistimiento de la Procuraduría
Cuando se trate de derechos fundamentales
es posible el desistimiento, siempre y cuando se comprometan sólo los intereses
del demandante, y este desistimiento puede estar condicionado en la forma
prevista en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, norma especial para el
procedimiento de tutela. Por consiguiente no es procedente acudir al C. de
P.C., ya que en este tema existe norma especial.
DERECHOS DEL
MENOR-Protección/CENTRO
DE EMERGENCIA VILLA JAVIER DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
El Código del Menor contempla que una de
las medidas a adoptar para proteger a un menor abandonado o en peligro, es
ubicarlo en un centro de protección especial, para su atención integral. Esta
decisión la adopta el Defensor de Familia por medio de resolución. Estos
centros de emergencia son lugares meramente transitorios, o de paso, para los
menores, mientras se adelantan las diligencias pertinentes para su protección
integral. Es decir, allí no están destinados a que permanezcan por largo tiempo
los niños. Por consiguiente, se confirmará la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, en cuanto tuteló los derechos a la vida,
integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación
equilibrada, al cuidado, educación, cultura y recreación, de los menores que
están ubicados en el Centro de Emergencia Villa Javier, pues, la situación que
se presentó en dicho centro cuando fue iniciada la tutela sí vulneraba tales
derechos.
REF: PROCESO T-62.868
Demandante: PROCURADORA DELEGADA PARA LA DEFENSA DEL
MENOR Y DE LA FAMILIA
Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR, REGIONAL BOGOTÁ.
Procedencia: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Magistrado
ponente: JORGE ARANGO
MEJÍA.
Aprobada en sesión
de la Sala Primera de Revisión, celebrada en la ciudad de Santafé de Bogotá, a
los seis (6) días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango
Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre la
providencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
en el proceso promovido por la Procuradora Delegada para la Defensa del Menor y
de la Familia, doctora Ana Georgina Murillo Murillo.
El expediente llegó a la Corte Constitucional, por
remisión que hizo la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo ordenado por el
artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
I.- ANTECEDENTES.
La Procuraduría
presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá, acción de tutela, el 24 de
noviembre de 1994, contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Regional Bogotá, para que se protegieran los derechos de los menores que se
encontraban en el Centro de Emergencia Villa Javier, bajo la responsabilidad
del Instituto demandado.
a) Hechos.
La Procuraduría a
cargo de la actora recibió algunas quejas relacionadas con el mal
funcionamiento del Centro, por lo que en agosto de 1994 inició la respectiva
investigación.
En opinión de la
Procuraduría, se detectaron graves situaciones, por lo que en comunicación del
24 de agosto de 1994, le solicitó al Director del ICBF, Regional Bogotá, tomar
las medidas pertinentes, para corregir anomalías tales como falta de atención a
los menores en su cuidado personal, educación y recreación; hacinamiento y
falta de aseo en dormitorios, comedores y demás dependencias del Centro; ubicar
a los párvulos de sala cuna en un lugar sano mientras se reparan las
instalaciones del Centro; dotar de camas, cobijas y tendidos los dormitorios;
custodia en forma adecuada de los menores, pues existen altos niveles de
evasión.
El Director de la
Regional del ICBF, en comunicación del 12 de septiembre de 1994, informó a la
Procuradora de las medidas adoptadas. Éstas contemplan la reorganización del
personal, el aumento de personal, la adecuación y la remodelación de la planta
física, el traslado provisional para la atención y cuidado de los menores a
otro centro, mientras se hacen las obras de remodelación y ampliación, etc.
El 22 de noviembre
de 1994, dos meses después del compromiso escrito del ICBF, la Procuraduría
realizó otra visita al Centro y, en su concepto, la situación en lugar de
mejorar había empeorado, y éste es el motivo de la presente tutela.
Según consta en el
acta de visita, fueron atendidos por la persona que está a cargo de la sala
cuna, y, al momento de la inspección, se encontraba sola con 33 menores bajo su
responsabilidad, todos los niños con imposibilidad de valerse por sí mismos,
dada su corta edad, pues son bebés. Esta única persona estaba preparando
teteros, cambiando pañales, bañándolos, arreglando cunas, etc. Por esto, a
pesar de su buena voluntad, le era imposible brindarles atención adecuada. No
se encontraron recipientes para esterilizar chupos y teteros. Por ser
insuficiente el número de cunas, ocho menores estaban ubicados de a dos, y
otros se encontraban en el piso, sobre colchonetas. Se miró el libro donde se
lleva el control diario de los niños del Centro en la sala cuna, donde se lee
en el folio 028: “Dejo constancia de que en la sala cuna lo que nunca había
ocurrido ´dejar los niños desnudos´ por que no hay suficiente ropa y la ropa
que dejan son pedazos de trapos rotos y viejos que a mi como educadora me da
vergüenza ponerle a los niños esa ropa, es un desprestigio para el ICBF y no
hay suficientes pañales ni zapatos a los niños de sala cunas se les tiene como
lo peor.” A folio 042 se lee: “por favor se hace urgentemente necesario
replantear la alimentación de los niños de sala cuna, pues lo que se les está
dando les pasa derecho (arvejas, lentejas, etc.) . . .” A folio 056 se
encuentra la nota de que hay cinco (5) niños hospitalizados, cuatro (4) en el
Hospital San Blas y otro en la Misericordia. Pero el día de la visita de la
Procuraduría se enteraron de que una de las menores, de tres meses, había
fallecido, según informó el Hospital, por paro respiratorio.
Consta en el acta de
visita que en los otros sitios del establecimiento donde se encuentran los
demás niños, que son un poco mayores, y pueden valerse por sí mismos, estaban
27 niños y 37 niñas. Allí la situación es la siguiente: hacinamiento en los
dormitorios, dos y tres personas por cama; se corre el cerrojo del dormitorio,
por lo que algunas menores informaron que no pueden ir al baño por la noche.
Los problemas de falta de seguridad siguen. Apenas se arregalron la cocina y
comedor.
En la diligencia de
la Procuraduría se recibieron declaraciones de algunas menores quienes
manifestaron sus problemas.
Dos días después de
esta visita, la Procuradora presentó acción de tutela, en la cual puso en
conocimiento del Tribunal la situación del Centro en cuanto a aspectos
locativos, de dotación y personal insuficiente.
En cuanto a lo
locativo, señala la demandante que no hay seguridad, las instalaciones carecen
de servicios básicos, como servicios sanitarios, aseo.
Respecto a la
dotación, a los niños no se les suministra ropa adecuada, por lo que a veces
les ponen “los harapos con que fueron recogidos.” No se les brindan los más
elementales elementos de aseo personal. “Los cepillos de dientes se usan en
forma permanente y para varios niños simultáneamente.” Un gran número de
menores permanece descalzo. No existe papel higiénico, toallas, en número
adecuado. Se carece de camas y tendidos suficientes. No existen elementos recreacionales,
educativos, deportivos, ni personal para tales efectos.
Los menores no
realizan ninguna actividad en el día, permanecen ociosos. Algunos evaden el
cerco y se dedican a vagar por las calles. Se adjuntaron fotografías que
comprueban esta situación.
En cuanto a la falta
de personal para la debida atención de los párvulos de la sala cuna, que en
opinión de la Procuradora merece especial atención en la presente tutela, la
situación es la siguiente:
“Estos niños que por
su corta edad están en la más absoluta indefensión son atendidos, especialmente
durante la noche, por una sola persona, quien debe custodiarlos, lavarlos,
cambiarles pañales, prepararles y darles la alimentación, arrullarlos cuando
reclaman afecto. En fin, suplir esa madre natural de la que carecen. En verdad,
debe resaltarse la labor de algunas de esas funcionarias quienes se multiplican
y con buena voluntad pretenden cuidar de todos ellos, sin embargo sus buenas
intenciones no son suficientes y es por ello que esos menores adquieren
enfermedades y muchos de ellos deben ser internados en hospitales. Al momento
de la última visita practicada, cinco niños estaban hospitalizados,
lamentablemente, uno de ellos acababa de fallecer.
“. . . De una forma
general, estos niños expósitos, que normalmente deben ser declarados en
abandono y pasar a programas de adopción, no están recibiendo la atención que
por su corta edad requieren. Por ejemplo en el aspecto locativo del salón donde
se hallan ubicados, éste carece de un sistema en el que los malos olores se
puedan extraer fácilmente y que (proporcione) al mismo tiempo un
ambiente abrigado.”
Dice la demandante
que el mal olor en este sitio es permanente; las cunas que existen son
insuficientes, “normalmente se ubican dos menores por cada una de ellas”, y los
más grandes duermen en colchonetas en el suelo. No cuentan con un salón para
recreación donde puedan permanecer y alimentarse adecuadamente.
La Procuradora
señala que frente a esta situación se buscó un mecanismo de solución directa
con el ICBF. Este Instituto se comprometió, por escrito, a ello, y para hacerlo
en muy corto tiempo.
b) Derechos
fundamentales vulnerados y pretensiones.
La Procuradora
solicita que sean tutelados los derechos constitucionales fundamentales a la
vida, integridad física, salud, seguridad social, alimentación equilibrada,
cuidado, educación, cultura, recreación de que son titulares los menores que se
encuentran ubicados en el Centro de Emergencia Villa Javier. Se anexa la lista
con los nombres e identificación de los menores.
Que se adopten
medidas de protección inmediatas, como ordenar el traslado de los menores
relacionados a otras instituciones públicas o privadas adecuadas.
Que se ordene a ICBF
para que realice las obras, adquiera los elementos, contrate al personal, y, en
general, tome las medidas para que el Centro de Emergencia brinde a los menores
la atención necesaria acorde con las condiciones para la vida digna.
Que se ordene al
demandado dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85 a 87 del
Código del Menor.
c) Pruebas
aportadas por la demandante.
La Procuradora
adjuntó documentos relacionados con la visita practicada por el Procurador
Tercero en lo Judicial, el 11 de agosto de 1994, al Centro de Emergencia.
Copia del compromiso
del Director del ICBF, Regional Bogotá.
Fotografías tomadas
a diferentes sitios de la Institución.
Acta de visita de
fecha 22 de noviembre de 1994, y declaraciones obtenidas en dicha visita.
Lista de los menores
que se encontraban a la fecha de la última visita.
d) Legitimación
para presentar esta demanda.
La Procuradora
Delegada para la Defensa del Menor y de la Familia considera que está
legitimada para presentar esta acción según lo señala el párrafo final del
artículo 277 de la Constitución, en cuanto establece: “Para el cumplimiento de
sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá
interponer las acciones que considere necesarias.” (subraya la demandante)
e) Solicitud de
reserva.
Finalmente, la
demandante solicita que este expediente se maneje en forma reservada, en
especial el material fotográfico, para proteger la identidad de los menores
ubicados en el Centro.
f) Actuación
procesal.
1o.) El 6 de
diciembre de 1994, el Magistrado sustanciador de la Sala de Familia del
Tribunal Superior, realizó diligencia de inspección judicial al Centro de
Emergencia Villa Javier. Constan en el acta los siguientes aspectos:
- Sala cuna: cinco
(5) personas laboran en el día, y en la noche, dos (2); las instalaciones se
encontraban en perfecto estado de aseo; diez (10) cunas bien tendidas, y
pintadas, ocupadas por nueve (9) niños; si llegan más niños en la noche deben
acomodarlos en colchonetas; tiene una cocineta en perfecto estado de aseo, una
eléctrica de tres (3) puestos, donde se estaba preparando una colada para los
niños. Los teteros tienen sitio para hervirlos. El lugar de aseo de los menores
cuenta con todos los elementos.
- Las demás
instalaciones se están remodelando en forma adecuada, destacándose el aseo,
separación de dormitorios para niños y niñas, con todos los elementos
necesarios. Va a haber sitio para aislar a los niños enfermos de los que no lo
están.
- En cuanto a la
seguridad, en el acta consta que la reja de cerramiento permite que los menores
se evadan con relativa facilidad.
- En la instalación
antigua, al momento de la visita, se encontraban 30 niños y 18 niñas. Había 18
camas y 15 colchonetas. Se tenían los elementos necesarios. Existen dos turnos
para el aseo diario: las niñas de 5 a.m. a 6 a.m. y los niños de 6 a.m a 6:30
a.m.
- Se observó que las
paredes medianeras de la parte de atrás del Centro amenazan ruina.
La Coordinadora del
Centro, al finalizar la inspección manifestó que llevaba aproximadamente un mes
en tal cargo. Expresó que la situación anterior se debió a “que se tuvo un
incremento de menores en el centro de emergencia que desbordó la capacidad que
se tenía y la administración tuvo que hacer las proyecciones de ampliación de
la planta en todos sus aspectos utilizando los mismos espacios ya construidos.”
2o.) Obran en el
expediente declaraciones hechas bajo juramento, el día 6 de diciembre de 1994,
ante la Procuraduría actora de esta tutela, suministradas por cuatro empleadas
de sala cuna, dos de ellas enfermeras. En estas declaraciones existen los
siguientes puntos a resaltar:
- Las declarantes
coinciden en señalar que con posterioridad a la visita de la Procuraduría la
situación que vivían en la sala cuna empezó a mejorar. Los bebés cuentan ahora
con ropa, comida apropiada, aunque anotan que al haberse roto el vaso de la
licuadora, ellas, con sus propios, recursos han comprado coladores.
- Coinciden en
señalar que a raíz de los recientes nombramientos de personal y a que el número
de niños de sala cuna ha disminuído, pues han sido ubicados en forma más
rápida, a tales niños se les está brindando mayor atención.
- Señalan, sin
embargo, lo inapropiado del baño ubicado en medio del salón, el cual no está
totalmente aislado, lo que significa que se producen malos olores no sólo en el
sitio donde se encuentran los menores, sino en el lugar donde se les preparan
los alimentos.
- Dicen que
actualmente se encuentran de 10 a 12 niños, los cuales son atendidos por varias
personas. Antes de la visita de la Procuraduría una sola persona
estaba a cargo de 30 a 35 bebés.
- No existe un
sitio aislado para cuando entra un niño con alguna enfermedad contagiosa, sino
que por el contrario debe compartir hasta la cuna con otro menor, lo que hace
que se extiendan las enfermedades contagiosas.
- La demora en
solucionar algunos problemas físicos en las instalaciones, tiene graves
repercusiones en la salud de los menores de sala cuna. Esa fue la situación se
vivió con la rotura del vidrio de una ventana, roto que fue tapado con un
cartón por parte de un celador, ante la imperiosa necesidad de hacer algo y el
peligro de que se presentaran enfermedades respiratorias en los menores.
- Hasta antes de la
visita de la Procuraduría, las niñas de 13 o 14 años recluidas en el Centro,
tenían bajo su responsabilidad ayudar en las labores de cuidado de los niños de
sala cuna. Preparaban alimentos, ayudaban en el aseo, etc.
g) Presentación
de desistimiento.
El 7 de diciembre de
1994, la Procuraduría, actora de esta tutela, coadyuvada por el Director
Regional del ICBF, presentó ante el Tribunal desistimiento de la demanda, con
fundamento en los incisos 2o. y 3o. del artículo 26 del decreto 2591 de 1991,
por cuanto con posterioridad a la presentación de la tutela, el ICBF había
realizado acciones tendientes a dar cumplimiento a lo pretendido en este
proceso.
La Procuradora
advirtió, sin embargo, que el proceso podría reabrirse en cualquier momento, si
se presentaba incumplimiento por parte del demandado.
El mismo día, 7 de
diciembre, la Directora a nivel nacional del ICBF presentó ante el Tribunal
memorial en el cual señala que no coadyuva el desistimiento de la
tutela, en razón de que considera que debe proferirse fallo de fondo, pues no
es procedente que se conceda la tutela.
La Directora señala
que los aspectos en que se funda la acción son de índole asistencial (carencia
de ropa, cepillos de dientes, jabón, estado de las instalaciones, falta de
personal), y su atención depende de los recursos limitados que el Estado
destine para la adecuada prestación del servicio.
Dada la función que
cumplen los centros de emergencia para la recepción de menores, pregunta la
Directora “¿podría un Centro de Emergencia negarse a recibir un menor
maltratado, explotado o abusado sexualmente con el pretexto de falta de cupo o
de insuficiencia de cepillos de dientes? No, no podría. Debe recibir a todo
niño que se encuentre en una de esas circunstancias y brindarle el apoyo
necesario dentro de sus posibilidades.”
h) Sentencia de
primera instancia.
El 13 de diciembre
de 1994, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia,
declaró improcedente el desistimiento de la Procuradora y por consiguiente,
falló de fondo negando la tutela. Las razones del Tribunal son:
En primer lugar, el
desistimiento se apoya en que se han satisfecho los problemas que tenía el
Centro Villa Javier. Pero el Tribunal señala que de la inspección efectuada al
Centro, no se infiere que se hubiera modificado la situación existente al
momento de proponer la tutela, por lo tanto, debe estudiarse la realidad del
establecimiento. Además, no se reúnen los requisitos del desistimiento, por
cuanto según el C. de P.C., artículo 342, el desistimiento debe ser
incondicional, y el presente fue condicionado.
Sobre la
improcedencia de la tutela, dice el Tribunal, refiriéndose también a la
inspección realizada en el Centro que, en dicha diligencia “se pudo constatar
en forma detallada, que las anomalías que alegaba dicha representante del
Ministerio Público, no existían ya que el Centro había sido adecuado en sus
instalaciones, pues se han hecho ampliaciones y refracciones locativas; el aseo
es excelente . . “
Por consiguiente,
concluye el Tribunal, la situación planteada por la Procuraduría es
inexistente, o por lo menos, no se vislumbra que se amenacen seriamente los
derechos fundamentales.
i) Impugnación.
En escrito de 15 de
diciembre de 1994, la actora impugnó la anterior decisión.
En memorial del 30
de enero de 1995, la Procuraduría manifiesta su inconformidad tanto con el
fallo que denegó la tutela, como con las razones que tuvo el Tribunal para
rechazar el desistimiento que presentó en coadyuvancia con el Director regional
del ICBF.
La actora señala que
el decreto 2591 de 1991, en su artículo 26, contempla expresamente la
posibilidad del desistimiento condicionado. Por consiguiente, excluye la
aplicación por analogía de normas del C. de P.C.
Tampoco comparte lo
considerado por el Tribunal en cuanto a las razones de improcedencia de la
tutela, pues, según la impugnante, los hechos violatorios de derechos
fundamentales de los menores sí existieron, y existen pruebas de ello. Pero el
Tribunal sólo tuvo en cuenta la inspección por él realizada e hizo caso omiso a
la situación que se presentaba al momento de incoar la acción de tutela.
j) Decisión de
segunda instancia.
En sentencia de 9 de
febrero de 1995, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, revocó
el fallo del Tribunal. En consecuencia, procedió a tutelar los derechos a la
vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la
alimentación equilibrada, al cuidado, educación, cultura y recreación de los
menores ubicados en el Centro de Emergencia Villa Javier. Se previno al ICBF,
Dirección Regional de Bogotá, para que en ningún caso vuelva a incurrir en las
omisiones que dieron origen a la presente acción. Las consideraciones se
refieren al desistimiento y a la situación que se presentaba al momento de
iniciar la tutela en el Centro Villa Javier.
Sobre la no
procedencia del desistimiento, dijo la Corte que la esencia de éste es ser
voluntario y unilateral, que está caracterizado por su incondicionalidad, e
implica la renuncia de las pretensiones perseguidas en el proceso, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 342 del C. de P.C. Además, la Corte
Constitucional en sentencia T-550 de 1992, señaló que el desistimiento procede
cuando están en juego exclusivamente las pretensiones individuales del actor.
La Corte señala que
éste es precisamente el caso para considerar que la Procuradora no podía
desistir de la acción por ella iniciada. Además, la funcionaria del Ministerio
Público actuó no en búsqueda de pretensiones individuales, sino de derechos de
menores los cuales prevalecen frente a los de los demás.
Sobre el fondo del
asunto, la Corte Suprema consideró que “. . . los hechos narrados en el escrito
de tutela eran de suyo suficientes para otorgar el amparo constitucional a los
derechos fundamentales de los menores . . .” Aunque del acervo probatorio
recaudado se muestra que tales hechos ya están corregidos, es procedente
conceder al tutela, aunque se hace teniendo en cuenta lo señalado en el
artículo 24 del decreto 2591 de 1991.
k) Memoriales
dirigidos a la Corte Constitucional por la Directora General del ICBF y por la
Procuradora Delegada para la Defensa del Menor y de la Familia.
En escrito de 13 de
marzo de 1995, la Directora General del Instituto solicitó a la Corte
seleccionar esta tutela, para que se revise el fallo de la Corte Suprema de
Justicia, pues en su concepto no existen acciones u omisiones por parte del
ICBF, ya que Villa Javier “se ha mantenido en circunstancias similares desde la
visita de la Procuraduría, durante la inspección judicial practicada por el
Tribunal Superior y hasta la fecha. Por lo tanto, NO han tenido lugar omisiones
por parte del Instituto que amenacen o vulneren los Derechos Fundamentales de
los menores.”
Dice la Directora
que los hechos que sirvieron de fundamento a la tutela son puramente
administrativos y su atención depende de los recursos limitados que el Estado
destine para la adecuada prestación del servicio.
Los Centros de
Emergencia prestan un servicio asistencial y el centro no puede negarse a recibir
a un menor porque no disponga de algunos elementos administrativos.
Por lo anterior, la
memorialista considera que no era procedente la tutela concedida por la Corte.
En escrito de 10 de
mayo de 1995, la Procuradora Delegada solicita a la Corte confirmar el fallo de
la Corte Suprema, con base en las mismas consideraciones del ad quem. Presenta
además un informe con pruebas de que algunas de las irregularidades aún
persisten, aunque reconoce la posibilidad proponer el incidente de desacato por
incumplimiento de un fallo de tutela.
II. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera.-
Competencia.
[CC1] La Corte
es competente de conformidad con los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución y el decreto 2591 de 1991.
Segunda.- El
desistimiento.
Antes de dictarse la
sentencia de primera instancia, la demandante presentó desistimiento de la
presente acción, con base en que la demandada había realizado acciones
encaminadas a dar cumplimiento a lo pretendido en este proceso. El escrito
correspondiente fue coadyuvado por el Director Regional de Bogotá del ICBF, y
se fundamentó en los incisos 2o. y 3o. del artículo 26 del decreto 2591 de
1991.
Vale recordar que la
Directora General del ICBF expresamente manifestó que no estaba de acuerdo con
la coadyuvancia del Director Regional, porque debió proferirse fallo de fondo,
en el sentido de que no era procedente la presente acción.
Las instancias, Tribunal
y Corte Suprema de Justicia, por razones diferentes no aceptaron el
desistimiento.
El Tribunal
consideró que de conformidad con el C.P.C., inciso 6., artículo 342, “. . . El
desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo entre las partes, y sólo
perjudica a la persona que lo hace y a sus causahabientes. . .” Como en el
presente caso el desistimiento fue condicionado, no se reunió uno de los
requisitos del mismo.
Por su parte, la
Corte Suprema de Justicia distinguió el asunto así:
De un lado, según el
artículo 342 del C. de P.C, es de la esencia del desistimiento el ser
voluntario y unilateral, está caracterizado por su incondicionalidad, e implica
la renuncia de las pretensiones perseguidas en el proceso, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 342 del C.P.C.
De otro lado, si
bien el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, faculta al recurrente para
desistir de la tutela, la Corte Constitucional, en sentencia T-550 de 1992,
señaló que el desistimiento procede cuando están en juego exclusivamente las
pretensiones individuales del actor.
Por consiguiente,
para el ad quem no procede el desistimiento por estos dos aspectos: por
estar condicionada, lo que contraría el artículo 342 del C. de P.C. y por
cuanto la Procuradora estaba agenciando no sus propias pretensiones sino
derechos ajenos, de menores, derechos que prevalecen sobre los de los demás.
La Corte
Constitucional comparte parcialmente el anterior criterio expresado por la
Corte Suprema, pero se aparta en la referencia al C. de P.C., en el sentido de
negar la posibilidad del desistimiento condicionado.
Al respecto, el
decreto 2591 de 1991, artículo 26, dice en lo pertinente:
“El recurrente podrá
desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente.
“Cuando el
desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción extraprocesal de los
derechos reclamados por el interesado, el expediente podrá reabrirse en
cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha resultado
incumplida o tardía.”
La Corte, en
relación con el desistimiento, ha dicho:
- Sentencia T-550 de
1992:
“Advierte esta
Corporación que, así como se reconoce el derecho a impugnar que asistía a la
persona, también debe insistirse en el carácter público que adquiere el trámite
de la tutela cuando se refiere a puntos que, como en el presente caso, afectan
el interés general. Ese el motivo para que esta Sala halle inadmisible el
desistimiento de la acción o de la impugnación correspondiente si en su
decisión, como aquí ocurre, están comprometidos aspectos relacionados con el
bien colectivo, pues en tales situaciones, por aplicación del principio
consagrado en el artículo 1º de la Carta, debe prevalecer el interés general,
ya que no están en juego exclusivamente las pretensiones individuales del
actor.” (Magistrado ponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo)
- Sentencia T-433 de
1993:
“El carácter público
de la acción de tutela, cuyos contenidos estructurales se centran en la defensa
de los derechos fundamentales, disminuye el grado de voluntariedad de las
partes, pero teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 2591
de 1991 ("El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se
archivará el expediente"), estima la Corte que también es desistible la
impugnación, de conformidad con lo dispuesto en este artículo para la misma
acción de tutela.” (Magistrado ponente, doctor Fabio Morón Díaz)
Como se observa, el
criterio de la Corte Constitucional es preciso al respecto: cuando se trate de
derechos fundamentales es posible el desistimiento, siempre y cuando se
comprometan sólo los intereses del demandante, y este desistimiento puede estar
condicionado en la forma prevista en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991,
norma especial para el procedimiento de tutela. Por consiguiente no es
procedente acudir al C. de P.C., ya que en este tema existe norma especial.
Tercera.- ¿Qué es
el Centro de Emergencia Villa Javier?
En primer lugar, es
necesario determinar qué es el Centro mencionado y cuáles funciones desarrolla,
para comprender en forma más precisa el presente asunto.
El Código del Menor,
decreto 2737 de 1989, en su artículo 57, contempla que una de las medidas a
adoptar para proteger a un menor abandonado o en peligro, es ubicarlo en un
centro de protección especial, para su atención integral. Esta decisión la
adopta el Defensor de Familia por medio de resolución.
Los artículos 82 a
87 del mencionado Código corresponden a los Centros de protección especial. El
artículo 85, específicamente, se refiere a la clase de centro que es Villa
Javier. Dice el artículo:
“Artículo 85. El
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar creará o autorizará la creación de
Centros de Emergencia para la recepción de menores extraviados, explotados,
abandonados o maltratados. A estos centros se asignarán los Defensores de
Familia que sean necesarios para que adelanten las diligencias pertinentes y
adopten las medidas de protección regladas en este Código.
“Estos centros
funcionarán independientemente de los Centros de Observación y de Recepción de
menores infractores de la ley penal.”
En el documento
“Informe retrospectivo sobre los procesos adelantados por la Regional Santafé
de Bogotá en el Centro de Emergencia - Período 1991- 1994, Primer semestre”,
documento suministrado por el Instituto demandado, señala que el Centro objeto
de esta acción se inauguró el 9 de marzo de 1992, con capacidad de atender 40
menores.
Se lee en el
informe:
“Sin embargo, el
incremento de usuarios de protección como consecuencia de la descomposición
política, social, familiar y cultural determinada por factores multicausales,
entre los cuales juega un papel preponderante el fenómeno de guerrilla,
desempleo, drogadicción, madresolterismo, desintegración familiar, generan en
los menores abandono, maltrato físico y psicológico, violencia, conflicto
intrafamiliar, abuso sexual, desnutrición, deserción escolar, explotación de
menores, problemas de conducta y psiquiátricos, siendo este último de difícil
atención por cuanto el Instituto no cuenta con modalidades de atención para
esta problemática.
“Estos factores
hacen que la capacidad instalada en 1991, sea en la actualidad insuficiente,
máxime si se tiene en cuenta el incremento de población, es así como de enero a
diciembre de 1993 se atendieron en el Centro de Emergencia Villa Javier 4.987
casos ( . . . ) y entre enero y julio de 1994 ingresaron 3.541 al Centro y 920
al Centro de Recepción del Menor EN y DE la Calle, lo que indica un elevado
incremento.
“A lo anterior se
suma el hecho de ser un servicio que recepciona menores las 24 horas del día y
sólo realiza los trámites administrativos durante horas hábiles de lunes a
viernes, contribuyendo al represamiento de menores, por la falta de cupo en las
instituciones con las que el ICBF tiene contrato de aporte, especialmente para
la atención de menores en edad escolar, adolescentes y reincidentes, aunado a
la falta de garantías para el seguimiento por parte de los Centros Zonales.
“Por ser un servicio
de administración directa los trámites administrativos para la adquisición y
suministro de todos los elementos necesarios para la prestación del servicio
son dispendiosos y demorados; situación que se agrava por la demora en al
asignación de recursos presupuestales por parte de al Sede Nacional y la
rigidez en la distribución de rubros.”
Estos centros de
emergencia son lugares meramente transitorios, o de paso, para los menores,
mientras se adelantan las diligencias pertinentes para su protección integral.
Es decir, allí no están destinados a que permanezcan por largo tiempo los
niños.
Cuarta.-
Procedencia de la presente acción.
En opinión de la
Directora General del ICBF, la presente acción no es procedente por dos
razones: la primera, que las condiciones en que se encuentran los menores en el
Centro de Emergencia se han mantenido en circunstancias similares desde las
visitas de la Procuraduría, durante la inspección judicial practicada por el
Tribunal y actualmente. Por consiguiente, no ha habido omisiones por parte del
Instituto que amenacen o vulneren derechos de los menores.
La segunda, que,
según la Directora, las carencias que sirven de fundamento a la tutela son de
índole administrativa, su atención depende de los recursos limitados del Estado
y no es la tutela la vía para su protección.
La Corte, para
analizar hasta qué punto puede tener razón o no la Directora, considera que hay
que estudiar el caso en particular, y concretamente la situación de los menores
que se encontraban del Centro de Emergencia Villa Javier, hasta antes de
realizarse la visita de la Procuraduría.
Existían, y
probablemente continúen existiendo, algunos elementos insuficientes para el
aseo, como jabones, cepillos de dientes; cunas o camas en número menor a las
necesidades; problemas de seguridad, o poca comodidad en las instalaciones,
etc. En este sentido, tiene razón la Directora, de que por medio de la tutela
no es posible solucionar tal estado de cosas, pues ello obedece a la situación
de recursos limitados del Estado, y que aunque debe procurarse su mejoría, es
algo que se hará en la medida en que existan los recursos y una política
eficiente al respecto. Además, vistas las cosas así, no existe vulneración de
derechos fundamentales.
Pero, advierte la
Corte, otra cosa muy distinta es cuando algunas de estas insuficiencias sí
amenaza o vulnera derechos fundamentales. Y este es precisamente el caso.
Veamos.
Obran en el
expediente pruebas de que en la época de presentar la tutela, existieron
las siguientes situaciones:
A)- Una sola persona
estaba a cargo de la sala cuna, donde se encontraban aproximadamente treinta y
tres (33) bebés, situación confirmada por las declaraciones de las personas
responsables del Centro y las actas de visita de la Procuraduría.
Es evidente que una
sola persona, por buena voluntad que tenga, no puede atender las necesidades de
33 bebés. Una sola persona no puede cambiar pañales, preparar teteros,
alimentarlos, suministrarles remedios, etc., sin que se ponga en peligro la
integridad física o emocional no sólo de los menores, sino hasta de la misma
persona responsable.
Al respecto, consta
en el libro de control del Centro, de fecha noviembre 7 de 1994:
“Las paredes están
rayadas pues las capacidades físicas y humanas mías no dan para más pues 33
niños bajo la vigilancia de una sola persona es imposible controlarlas.”
B)- Insuficiencia de
ropa adecuada para los niños de sala cuna.
Consta en el libro
de control del Centro, de fecha 7 de noviembre de 1994, que la persona
responsable de la sala cuna tuvo que dejar a los “niños desnudos, porque no hay
suficiente ropa y la que dejan son pedazos de trapos rotos y viejos . . .”
Esto está
corroborado mediante declaraciones de empleadas del Centro.
C)- Alimentación
inadecuada para los niños de sala cuna.
Consta en el mismo
libro, de fecha 16 de noviembre de 1994, lo siguiente:
“Entrego 34 niños (1
hospitalizado) la mayoría de los niños están con diarrea, vómito y bastantes
accesos de tos. Por favor se hace urgentemente necesario replantear la
alimentación de los niños de sala cuna, pues lo que les están dando les pasa
derecho (arvejas, lentejas, etc.) “. . .” “estamos metiendo dos niños por
cuna.”
Estos hechos también
obran en las declaraciones de personal del Centro.
D)- En cuanto al
cuidado de la salud de los niños de sala cuna.
Como se dijo, una
sola persona responsable en un turno de 33 niños, ¿cómo puede atender en debida
forma el suministro oportuno de las diferentes drogas formuladas por el médico
del Centro? Además, el asunto de remedios cobra especial importancia dado que
el estado de salud en que ingresan algunos niños es particularmente delicado,
pues son niños abandonados, maltratados, que presentan enfermedades
contagiosas, y no se dispone de un sitio aislado para evitar el contagio, sino
que por le contrario, han tenido que compartir cunas con otros menores.
E)- Sobre los otros
niños que se encuentran en las demás instalaciones del Centro, también se
presentan hechos que ponen en peligro sus derechos fundamentales, como es el
caso del hacinamiento en los dormitorios, compartir camas, poner cerrojo a la
puerta del dormitorio, lo que impide a los niños ir al baño. De todas estas
situaciones obran en el expediente las declaraciones respectivas y fotos
correspondientes.
Por consiguiente, se
confirmará la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, en cuanto tuteló los derechos a la vida, integridad física, a la salud,
a la seguridad social, a la alimentación equilibrada, al cuidado, educación,
cultura y recreación, de los menores que están ubicados en el Centro de
Emergencia Villa Javier, pues, en opinión de la Sala, la situación que se
presentó en dicho centro cuando fue iniciada la tutela sí vulneraba tales
derechos.
Es de aclarar que la
Directora del ICBF señala que la situación del Centro es la misma desde antes y
después de las visitas de la Procuraduría, y que este es otro motivo para la
improcedencia de la tutela solicitada. Sin embargo, de las declaraciones que
obran en el expediente, la conclusión a que se llega es distinta. Los hechos
descritos sucedieron en la época en que se presentó la tutela, y después se
empezaron a solucionar. Prueba de ello son las declaraciones de las empleadas
del Centro, que son claras al respecto; además, ¿cómo entender que con
posterioridad a la visita de la Procuraduría y a la presentación de la tutela
se hayan realizado contratos para el nombramiento de personal en el Centro, se
haya suministrado ropa adecuada a los niños, etc.?
Por consiguiente, el
argumento de la Directora no lo comparte la Corte. Y en razón a que las cosas
habían cambiado en el trámite del proceso de tutela, era procedente otorgarla
como lo hizo la Corte Suprema de Justicia, con la prevención establecida en el
artículo 24 del decreto 2591 de 1991.
Por lo antes
expuesto, la Corte Constitucional confirmará la sentencia de la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil.
III.- DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
CONFÍRMASE la sentencia de
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de fecha 9 de febrero de
1995, por las razones expuestas en esta providencia, mediante la cual se
tutelaron los derechos de los menores ubicados en el Centro de Emergencia Villa
Javier, Centro bajo la responsabilidad del ICBF, Regional Bogotá, en la tutela
solicitada por la Procuradora Delegada para la Defensa del Menor y la Familia.
Segundo.-
COMUNÍQUESE la presente
decisión al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, para
que sea notificada a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional.
JORGE ARANGO
MEJÍA
Magistrado
ANTONIO
BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA V.
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
Página: 31
[CC1] |
453 | T-298-95
Sentencia No
Sentencia
No. T-298/95
CONCURSO
DE MERITOS
Lo que importa para la
protección de los derechos de los participantes en un concurso, es el respeto a
las reglas del mismo, independientemente de si se trata o no de empleados
públicos, ya que, para los efectos de la acción de tutela no interesa tanto
definir si se trata de un empleado público o de un trabajador oficial sino
examinar si hubo o no violación de un derecho constitucional fundamental. Así
las cosas, en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, se advierte que
conforme a la afirmación del demandante, no controvertida por la entidad
accionada, se procedió a efectuar la designación de personas que ocuparon, en
el concurso, posiciones inferiores a aquella en la que fue ubicado el actor.
DERECHO
A OCUPAR CARGO DE CARRERA-Existencia de vacantes/ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE
ACUEDUCTO-Nombramiento de empleado
El derecho del peticionario lo
faculta para exigir su nombramiento, si, en armonía con lo anotado, están dadas
las condiciones, mas no para demandar de la Empresa la ampliación de la
cantidad de personas vinculadas, puesto que es a la entidad a la que
corresponde ponderar sus circunstancias específicas, sus posibilidades reales y
las necesidades actuales del servicio y, con base en ello, determinar el
personal que requiera; en otras palabras, la Empresa no está obligada a llenar
todas las vacantes o a extender su nómina más allá de lo indispensable con el
sólo propósito de favorecer a un sujeto específico. Una interpretación que así
lo impusiera conduciría a justificar el despilfarro, el desorden presupuestal
y el desgreño en el cumplimiento de la función pública, con notable olvido de
los principios de eficacia y eficiencia que deben orientarla.
DERECHO
A LA IGUALDAD/DERECHO AL TRABAJO CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS
Analizadas las circunstancias
del caso concreto, se concluye que tales acciones no se revelan más eficaces
que la tutela ya que, la decisión tardía del asunto deja, mientras tanto,
intactas violaciones a los derechos a la igualdad y al trabajo, al primero,
porque, tal como lo puso de presente la Corte, el aspirante merece un trato
acorde con los resultados obtenidos en el concurso efectuado y si se ignora esa
condición preferente, ubicándolo en la posición de quienes no participaron o de
quienes habiéndolo hecho obtuvieron calificaciones inferiores, se contradice el
artículo 13 constitucional y, al segundo, porque negar un nombramiento al que
válidamente se tiene derecho impide laborar en condiciones dignas y justas.
Fuera de lo anterior, la urgencia de brindar una protección inmediata se torma
más patente si se tiene en cuenta que el término de validez de la lista de
elegibles precluye en el mes de noviembre de este año.
REF:
Expediente No. 66.655
Peticionario:
José Guillermo Barrera Pérez.
Procedencia:
Juzgado Once Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá.
Magistrado
Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá D. C., once (11) de
julio de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala
Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero quien
la preside,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
en el
proceso de tutela identificado con el número de radicación T- 66.655,
adelantado por el señor José Guillermo Barrera Pérez en contra de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Santa Fe de Bogotá. Con base en los artículos 86
de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991,la Sala de Selección
correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su
revisión, la acción de tutela de la referencia.
I.ANTECEDENTES
1. La
Solicitud.
El 2 de
marzo de 1995, el señor José Guillermo Barrera Pérez presentó ante el Juzgado
Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá (reparto) un escrito contentivo de
una acción de tutela para la protección de los derechos al trabajo y a la
igualdad.
Las
circunstancias fácticas, que sirven de fundamento al amparo pedido, las expone
el accionante de la siguiente manera:
-
"Según comunicación No. 6510-94-2358 fechada el día 12 de agosto de 1994,
fui citado por la Empresa de Acueducto a un curso-concurso para el cargo de
profesional nivel 115".
-
"Después de pasar las pruebas: teórica, práctica, psicométrica y
entrevista, obtuve el quinto lugar entre nueve aspirantes que pasaron las
mismas pruebas, con una calificación definitiva por encima de la mínima
exigida".
-
"Mediante comunicación de enero 16/95, solicité a la Empresa me comunicara
el motivo por el cual no había sido firmado mi contrato de trabajo para la
vinculación, a pesar de haber entregado la documentación requerida, desde el
mes de diciembre/94".
-
"Como respuesta, según comunicación No. 6500-94-546602 de enero 31/95, la
Empresa me manifiesta que no existen vacantes para el cargo al cual
concursé".
-
"Ante tal respuesta, que consideré reñida con la realidad, solicité al
Director de Recursos Humanos de la Empresa, me certificara sobre las vacantes
que existían para los cargos del concurso en la fecha de la citación al mismo,
número de aspirantes que pasaron las pruebas, si a la fecha de mi petición
existían o no vacantes y si la vacante que me correspondía había sido asignada
a otro aspirante".
-
"Como respuesta a mi solicitud la Empresa, según comunicación No.
6500-95-547555 de febrero 16/95, me informa que la vacante que me corresponde
no ha sido asignada a otro aspirante".
El actor
estima violado su derecho al trabajo y su derecho a la igualdad "por
cuanto los compañeros de concurso fueron ubicados oportunamente por la empresa
en sus respectivos cargos y solamente a mi no se me ha querido vincular, lo
cual considero un acto discriminatorio".
A la
solicitud, el accionante anexó las comunicaciones que recibió. La Directora de
Recursos Humanos de la Empresa demandada explicó al despacho judicial que
conoció de la acción que, en ejercicio de la facultad otorgada por la Junta
Directiva, la Empresa puede trasladar y fusionar cargos y respecto a los del
nivel 115, profesional, la entidad no está interesada en proveer vacantes
"en razón a que el objetivo inicial ya se cumplio...". Agregó en su
informe que, de acuerdo con el Manual de Selección y Promoción de Personal, los
resultados del concurso tienen una vigencia de doce meses a partir del momento
de la publicación, término que en el caso del accionante vence el 24 de
noviembre de 1995.
2. El
fallo que se revisa.
El
Juzgado Once Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, mediante sentencia de
marzo 16 de 1995 resolvió "no acceder a tutelar los derechos invocados por
el accionante", con base en los argumentos que se resumen a continuación:
- Los
resultados del concurso tienen una vigencia de doce meses y durante ese lapso
la Empresa puede vincular o no a los participantes.
-La
vinculación laboral no depende únicamente de los resultados obtenidos en el
concurso y no existe norma que "ordene que la vinculación debe hacerse en
un determinado orden. La selección se efectúa a criterio de quien organiza el
concurso o realiza la convocatoria, aplicándose en estos eventos el principio
de la discrecionalidad de que gozan los empleadores.
- Si
bien es cierto que el derecho al trabajo goza de la protección especial del
Estado, ello no significa que "deba estar en detrimento de otros derechos
como el de la discrecionalidad ya mencionado". Además el derecho a la
igualdad no supone un trato idéntico.
- En
consecuencia, "por el hecho de haber obtenido resultados óptimos en el
concurso, no necesariamente debe vincularse al accionante al cargo al que
aspira ...".
II.FUNDAMENTOS JURIDICOS
A. La
Competencia.
Es
competente esta Sala de la Corte Constitucional para proferir sentencia de
revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los
artículos 86, inciso segundo y 241, numeral noveno de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
B. La
materia.
1. El
accionante, quien se presentó a un curso-concurso que la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Santa Fe de Bogotá convocó para la provisión del cargo de
profesional, nivel 115, habiendo ocupado el quinto lugar entre los nueve
aspirantes que aprobaron, cree tener derecho a que se le designe para ocupar el
puesto correspondiente y exige, para tal efecto, que se respete el orden de
ubicación en la lista de elegibles. No entiende el actor por qué compañeros
que obtuvieron calificación inferior a la suya fueron vinculados, en tanto que a
él se le niega ese derecho pese a encontrarse disponible la vacante.
La
entidad demandada no desvirtuó ninguna de las anteriores afirmaciones y aduce
que los resultados del concurso tienen una vigencia de doce meses, término que
todavía no ha expirado; que, en todo caso, el nominador tiene autonomía para
nombrar o dejar de hacerlo y que en la actualidad la Empresa no está
interesada en proveer las vacantes pues con los nombramientos efectivamente
producidos su objetivo inicial "ya se cumplió".
2. La jurisprudencia
de la Corte Constitucional ha sido enfática en precisar que los concursos, cuya
finalidad sea el acceso a la función pública, deben sujetarse estrictamente a
los procedimientos y condiciones fijados de antemano y que las reglas que los
rigen son obligatorias, no sólo para los participantes sino también para la
administración que, al observarlas, se ciñe a los postulados de la buena fe
(C.P.art.83), cumple los principios que según el artículo 209 superior guían el
desempeño de la actividad administrativa y respeta el debido proceso
(C.P.art.29), así como los derechos a la igualdad (C.P.art.13) y al trabajo
(C.P.art.25) de los concursantes. Una actitud contraria defrauda las justas
expectativas de los particulares y menoscaba la confianza que el proceder de la
administración está llamado a generar.
3.
Acerca del principio de la buena fe la Corte Constitucional indicó que sus
dictados "imponen la observancia de un comportamiento leal, tanto en
las etapas previas a la constitución de una determinada relación jurídica como
en todos los desenvolvimientos posteriores de la misma " (Sentencia
C-166 de 1995. M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara). El doctrinante español
Jesús González Pérez apunta que "el principio de buena fe es exigible
en los actos jurídicos, en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
las obligaciones" y puntualiza, además, que en el "ámbito
administrativo adquiere especial relevancia" porque "la
presencia de los valores de lealtad, honestidad y moralidad que su aplicación
comporta es especialmente necesaria en el mundo de las relaciones de la
Administración con los administrados". (GONZALEZ PEREZ, Jesús. El
principio general de la buena fe en el derecho administrativo. Editorial
Civitas. Madrid.1983. Páginas 20 y 37).
Sobre
el particular, esta Corporación señaló:
"...todos
los organismos y funcionarios del Estado se hallan obligados a observar y a
aplicar en sus actuaciones el principio de la buena fe (Artículo 83 C.P.), que
exige, entre otros aspectos, reconocer con lealtad a los administrados aquello
que han alcanzado sobre la base de confiar en las directrices y pautas trazadas
por la propia administración.
Para
la Corte es claro que el Estado traiciona los principios constitucionales y se
burla de los gobernados -haciéndose por ello responsable- cuando por actos o
promesas suyas los induce a creer que la sujeción a un proceso o a unas reglas
de juego definidas habrá de producir determinadas consecuencias y luego, como
los malos perdedores, desconoce los resultados correspondientes.
Sustento
esencial de la democracia y factor insustituible del Estado de Derecho es la
certidumbre fundada del ciudadano en la palabra oficial. Si ésta pierde
credibilidad, se afecta de manera grave la convivencia y se complican en sumo grado
las futuras acciones de las autoridades públicas.
A la
luz de la Constitución, la práctica del principio de la buena fe genera
obligaciones en cabeza del Estado y de los particulares. Por ello, la
administración resulta vinculada, además de la Constitución y la ley, por los
compromisos que ella misma contrae voluntariamente.
En
ese orden de ideas, si (...) un organismo del Estado convoca un concurso para
proveer determinado cargo, no puede dejar de cumplir los términos del mismo y,
en consecuencia, queda obligado por sus resultados para no defraudar la buena
fe de quienes en él tomaron parte. (Sentencia No. T-046 de 1995. M.P. Dr. José
Gregorio Hernández Galindo).
La
seriedad en el concurso implica el señalamiento de bases, de normas claramente
definidas y el respeto al resultado. La Corte Constitucional, en sentencia de 6
de junio de 1995 expresó:
"Al
señalarse por la administración las bases del concurso, estas se convierten en
reglas particulares obligatorias tanto para los participantes como para
aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la administración se
autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su
actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para
acceder al empleo o empleos correspondientes , se encuentra previamente
regulada, de modo que no puede actuar en forma discrecional al realizar dicha
selección. Por consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce las
reglas del concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe actuar, o
manipula los resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83 C.P.),
incurre en violación de los principios que rigen la actividad administrativa
(igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de
quienes participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por
el proceder irregular de aquélla" (M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell,
subrayas fuera de texto).
4. Es de
mérito anotar que la Corte Constitucional, mediante sentencia No. 040 del año
en curso, declaró exequible el artículo 9o. del Decreto 1222 de 1993, excepto
el aparte que decía "..la provisión del empleo deberá hacerse con una de
las personas que se encuentre entre los tres primeros puestos de la lista de
elegibles...", que fue declarado inexequible. Estimó la Sala Plena de la
Corporación que la discrecionalidad del nominador no es absoluta y que de
serlo, se desnaturalizaría el concurso, entronizándose, con notable detrimento
del mérito y de la capacidad del candidato, la arbitrariedad que es, justamente
el factor que la preceptiva constitucional busca proscribir. Según la Corte, el
concurso debe permitir la evaluación de cada uno de los elementos que en el
ámbito profesional, moral o personal reúnan los aspirantes, de modo que la
calificación definitiva refleje la totalidad de los ítems tenidos en cuenta; en
esas condiciones, no existe posibilidad legítima de desconocer las pautas y
procedimientos con arreglo a los cuales se rigen los concursos y, una vez
apreciados, "quien ocupará el cargo, será quien haya obtenido la mayor
puntuación".
Con
posterioridad, por sentencia No. 041 de 1995 la Corte, siguiendo la
argumentación del pronunciamiento al que se alude en el párrafo anterior,
puntualizó que "el ganador del concurso deberá ser el nominado y que
efectuado uno o más nombramientos, los puestos se suplirán de acuerdo con las
personas que sigan en estricto orden descendente".
Lo que
importa para la protección de los derechos de los participantes en un concurso,
es el respeto a las reglas del mismo, independientemente de si se trata o no de
empleados públicos, ya que, para los efectos de la acción de tutela no
interesa tanto definir si se trata de un empleado público o de un trabajador
oficial sino examinar si hubo o no violación de un derecho constitucional
fundamental.
5. Así
las cosas, en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, se advierte que
conforme a la afirmación del demandante, no controvertida por la entidad
accionada, se procedió a efectuar la designación de personas que ocuparon, en
el concurso, posiciones inferiores a aquella en la que fue ubicado el actor.
De los criterios expuestos surge con meridiana claridad que al señor José
Guillermo Barrera Pérez le asiste el derecho a reclamar que se respeten los
resultados del concurso y que, de acuerdo con ellos, la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Santa Fe de Bogotá lo designe en el cargo para el que
concursó, atendiendo al orden de colocación en la lista de elegibles, siempre
que el número de vacantes que hasta el momento la empresa haya provisto sea
suficiente para satisfacer su requerimiento. Esta última aclaración resulta
pertinente porque, encontrándose el peticionario situado en el quinto lugar, su
derecho tendría cabal operancia en el supuesto de que efectivamente se haya
nombrado a cinco o más aspirantes, de lo contrario, es claro que su solicitud
carece de sustento.
La
petición que el señor Barrera Pérez dirigió al Gerente de la Empresa demandada,
pidiéndole le comunicara el motivo por el cual no había sido firmado el
respectivo contrato, fue respondida en el sentido de indicarle que la
vinculación del personal se estaba realizando teniendo en cuenta las
necesidades y la existencia de vacantes. Poco después, la Directora de Recursos
Humanos le informó que cuando se hizo la segunda convocatoria al concurso
"existían doce cargos vacantes de profesional 115" y además le
comunicó que "la vacante que le corresponde no ha sido asignada a otro
aspirante". Durante el trámite de la acción de tutela la Empresa explicó
al despacho judicial que "no estaba interesada en proveer más cargos
vacantes".
La Sala
considera oportuno puntualizar que el derecho del peticionario lo faculta para
exigir su nombramiento, si, en armonía con lo anotado, están dadas las
condiciones, mas no para demandar de la Empresa la ampliación de la cantidad de
personas vinculadas, puesto que es a la entidad a la que corresponde ponderar
sus circunstancias específicas, sus posibilidades reales y las necesidades
actuales del servicio (de acuerdo con la reorganización aprobada mediante
Resolución de gerencia No. 1221 de 1993 y Resolución 025 del mismo año) y, con
base en ello, determinar el personal que requiera; en otras palabras, la
Empresa no está obligada a llenar todas las vacantes o a extender su nómina más
allá de lo indispensable con el sólo propósito de favorecer a un sujeto
específico. Una interpretación que así lo impusiera conduciría a justificar el
despilfarro, el desorden presupuestal y el desgreño en el cumplimiento de la
función pública, con notable olvido de los principios de eficacia y eficiencia
que deben orientarla. La Sala, entonces, reitera que el accionante tiene
derecho a ser vinculado si en la actualidad ya se han provisto cinco o más
cargos, de lo contrario, tendrá derecho a seguir formando parte de la lista de
elegibles por el término que dure la vigencia de los resultados obtenidos, que
en su caso, culmina el próximo 24 de noviembre y a ser llamado, durante ese
lapso, a ocupar el cargo para el que concursó cuando se presente la oportunidad
y en el turno pertinente.
6.
Hechas las anteriores precisiones, es conveniente recordar que la acción
de tutela es un mecanismo protector de los derechos constitucionales
fundamentales, de carácter subsidiario, por lo cual, su procedencia se hace
depender de que no existan otros medios judiciales de defensa a los que pueda
acudir el interesado. Empero, esos otros medios judiciales deben tener, por lo
menos, la misma eficacia de la tutela para la protección del derecho de que se
trate. Analizadas las circunstancias del caso concreto, se concluye que tales
acciones no se revelan más eficaces que la tutela ya que, la decisión tardía
del asunto deja, mientras tanto, intactas violaciones a los derechos a la
igualdad y al trabajo, al primero, porque, tal como lo puso de presente la
Corte, el aspirante merece un trato acorde con los resultados obtenidos en el
concurso efectuado y si se ignora esa condición preferente, ubicándolo en la
posición de quienes no participaron o de quienes habiéndolo hecho obtuvieron
calificaciones inferiores, se contradice el artículo 13 constitucional y, al
segundo, porque negar un nombramiento al que válidamente se tiene derecho
impide laborar en condiciones dignas y justas (Cfr. Sentencia T-046 de 1995).
Fuera de lo anterior, la urgencia de brindar una protección inmediata se torma
más patente si se tiene en cuenta que el término de validez de la lista de
elegibles precluye en el mes de noviembre de este año.
Además,
ya la Sala Segunda de Revisión al referirse al caso del empleado público y a
su posibilidad de demandar ante la jurisdicción de lo contecioso administrativo
dejó en claro que con las acciones respectivas no se obtiene "el resultado
deseado, cual es el de ser nombrado en el cargo correspondiente"
(Sentencia T-256 de 1995); con mayor razón no se obtendrá tal resultado cuando
se trata de trabajadores oficiales ya que la jurisdicción laboral ordinaria no
puede ordenar un nombramiento.
En ese
mismo pronunciamiento la Corte indicó:
"La
provisión de empleos públicos a través de la figura del concurso, obedece a la
satisfacción de los altos intereses públicos y sociales del Estado, en cuanto
garantiza un derecho fundamental como es el acceso a la función pública,
realiza el principio de igualdad de tratamiento y de oportunidades de quienes
aspiran a los cargos públicos en razón del mérito y la calidad y constituye un
factor de moralidad, eficiencia e imparcialidad en el ejercicio de la función
administrativa. Por lo tanto, la oportuna provisión de los empleos, con arreglo
al cumplimiento estricto de las reglas del concurso y el reconocimiento
efectivo de las calidades y el mérito de los concursantes asegura el buen
servicio administrativo y demanda, cuando se presenten controversias entre la
administración y los participantes en el concurso, de decisiones rápidas que
garanticen en forma oportuna la efectividad de sus derechos, más aún cuando se
trata de amparar los que tienen el carácter de fundamentales.(M.P. Dr. Antonio
Barrera Carbonell).
La Sala
Séptima de Revisión reitera el pronunciamiento de la Sala Segunda
de Revisión en el sentido de que no existe contradicción entre lo acá decidido
y el fallo SU-458 de 1993 y, por lo tanto, se remite a lo expuesto en la
Sentencia No. T-256 de 1995, en la que, con ponencia del Magistrado Antonio
Barrera Carbonell se dijo:
Advierte
la Sala que lo decidido en esta sentencia no se opone a la jurisprudencia
recogida en la sentencia SU-458/93, porque en esta oportunidad se consideró la
situación especial generada en virtud de las sentencias C-040/95 y C-041/95 y,
además, que la acción de nulidad y restablecimiento de derecho no es el
mecanismo idóneo para amparar los derechos fundamentales que le fueron violados
a la peticionaria".
Se
revocará, entonces, la sentencia revisada y se concederá el amparo solicitado,
aclarando, en concordancia con lo considerado más arriba, que deberá procederse
al nombramiento siempre que el número de los cargos que hasta el momento se
hayan provisto equivalga o supere el correspondiente al quinto lugar que ocupó
el accionante en el concurso y se ordenará que, si hubieren sido designados
menos de cinco, el solicitante sea mantenido en la lista de elegibles.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
RESUELVE:
PRIMERO.
REVOCAR la
sentencia de marzo 16 de 1995 proferida por el Juzgado Once Laboral del
Circuito de Santa Fe de Bogotá.
SEGUNDO.CONCEDER, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia, la tutela impetrada y, en consecuencia, se
ordena al Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santa Fe de
Bogotá, que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de
la notificación del presente fallo, proceda a disponer el nombramiento de José
Guillermo Barrera Pérez en el cargo para el cual concursó, siempre que el
número de los cargos que hasta entonces se hayan provisto equivalga o supere el
correspondiente al quinto lugar que ocupó el accionante en el referido
concurso, y si hubieren sido designados menos de cinco, mantener al solicitante
en la lista de elegibles para el cargo al cual concursó.
TERCERO. El Juzgado Once Laboral del
Circuito de Santa Fe de Bogotá vigilará el estricto cumplimiento de lo ordenado
en esta providencia.
CUARTO.
LIBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
454 | T-299-95
Sentencia No
Sentencia
No. T-299/95
DERECHO
DE PETICION-Pronta
Resolución
La respuesta que le otorga
verdadera eficacia al derecho de petición es aquella que, además de producirse
oportunamente, aborda el fondo del asunto de que se trate; no es otro el
sentido de la preceptiva constitucional que se refiere a la pronta resolución,
indicando así que no basta un pronunciamiento que tocando de manera apenas
tangencial las inquietudes del peticionario omita el tratamiento del problema,
la duda o la dificultad expuestos en cada caso. Lo anterior no significa que en
toda circunstancia la decisión deba acoger las pretensiones del solicitante; lo
que se busca es que, cualquiera sea su sentido, la respuesta desate la
materia de la petición.
DERECHO
DE PETICION/DERECHO A OBTENER COPIAS
La efectividad del derecho a obtener
copias es manifestación concreta del derecho a obtener pronta resolución a las
peticiones formuladasque también hace parte del núcleo esencial del derecho de
petición.
NEGLIGENCIA
ADMINISTRATIVA-No
expedición de certificación/DERECHO DE ACCESO A DOCUMENTOS PUBLICOS/SERVICIO
MILITAR-Certificación de tiempo
El nexo entre la autoridad y el
particular se remite a la reiteración sucesiva de una misma petición,
generadora de un inexorable pronunciamiento negativo que, desconoce el derecho
de petición y también el derecho de acceso a los documentos públicos. El
primero, como se expuso más arriba, supone la actuación diligente de la
autoridad pública enderezada a obtener una respuesta que entre al fondo de lo
pedido, resolviendo real y marterialmente y el segundo, implica, en la presente
causa, la expedición de la certificación pedida, documento de cuya disposición depende
que el peticionario ejerza otros derechos, particularmente el que le asiste
para reclamar una pensión de jubilación que, como es sabido exige la
demostración de un determinado tiempo de servicio. Nada diferente a un inútil
desgaste espera a ambas partes trabadas en un conflicto que, en su estado
actual, se revela interminable, cuando, en sentir de la Corte, lo evidente es
que de un estudio concienzudo y total de la documentación anexada por el
ciudadano, la autoridad puede extraer la respuesta que el caso amerita y, con
fundamento en ella, expedir la certificación del tiempo de servicio militar,
observando con ello el derecho de petición y, por contera, el derecho de acceso
a los documentos públicos, por cuya virtud la administración debe proceder a entregar
el certificado que el actor pide.
FUNCION
ADMINISTRATIVA-Eficacia/PRINCIPIO
DE LA BUENA FE
Una solución de esta naturaleza
tiene en cuenta los derechos del actor, impide que las fallas de la
administración se trasladen a los asociados, responde a los principios de
igualdad, eficacia, economía y celeridad que en términos del artículo 20
superior guían el desempeño de la función administrativa y actualiza los
postulados de la buena fe que se presume en todas las gestiones que los
particulares adelanten ante las autoridades públicas
REF:
EXPEDIENTE No. 69.632
Peticionario:
Manuel Simón Guevara Agudelo.
Procedencia:
Tribunal
Administrativo del Meta
MAGISTRADO
PONENTE:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLLERO
Santa Fe
de Bogotá D.C., once (11) de julio de mil novecientos noventa y cinco(1995).
La Sala
Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado
Alejandro Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y
Vladimiro Naranjo Mesa,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
en el
proceso de tutela identificado con el número de radicación T-69.632, adelantado
por Manuel Simón Guevara Agudelo en contra del Coronel(r) Ezequiel Rojas
Casadiego; Jefe de la División de Archivo General del Ministerio de Defensa
Nacional. Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del
Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte
Constitucional, escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
I.ANTECEDENTES
1.
Solicitud.
El 4 de
abril de 1995, Manuel Simón Guevara Agudelo presentó, ante el Tribunal
Administrativo del Meta, una acción de tutela, invocando, para tal efecto, el
derecho de petición, cuya vulneración, a su juicio, se deriva de los hechos que
expone de la siguientre manera:
-"Por
medio de escrito de julio 14 de 1994 radicado al día siguiente en la División
de Archivo General del Ministerio de Defensa Nacional, he solicitado se me
expida un certificado de tiempo de servicio militar prestado por el suscrito,
durante los años 1968 y 1969 en el batallón aerotransportado General Serviez
de Villavicencio".
-"El
27 de julio, el Coronel (r ) Ezequiel Rojas Casadiego, Jefe de División del
Archivo General del Mindefensa, me informó que revisadas las nóminas del
batallón nombrado antes no figuraba mi nombre y me pide rectificar los
datos".
-"Mediante
memorial de agosto 8 de 1994 solicité al Comandante del Distrito Militar No. 5,
se me informara por escrito las fechas exactas entre las cuales presté mi
servicio militar en el batallón Serviez y el número de las resoluciones de
vinculación y desvinculación".
-"En
escrito de agosto 9 de 1994, el señor Comandante del Distrito Militar No. 5 me
suministra parte de la información solicitada".
-"En
memorial de agosto 9 de 1994, pedí al Comandante del Batallón Aerotransportado
General Serviez, se me informara por escrito si en ese batallón se encontraban
los archivos correspondientes a los años 1968 y 1969 del personal de
reservistas, o si los mismos se habían remitido al Archivo General del
Ministerio de Defensa".
-"La
respuesta fue que dichos documentos habían sido enviados al Archivo General.
Oficio de agosto 22 de 1994".
-"En
agosto 24 de 1994, solicité al Rector del Colegio La Salle de Villavicencio,
donde cursé grado 5o. y 6o. de bachillerato, época durante la cual presté mi
servicio militar, se certificara si el suscrito fue estudiante de ese colegio
durante los años 1968 y 1969 y si estando cursando los grados 5o. y 6o. presté
mi servicio militar".
-"La
respuesta aparece en el certificado expedido con fecha 2 de septiembre de 1994
y en otros expedidos el 14 del mismo mes y año."
-"Con
la información recaudada, el 30 de septiembre de 1994, radiqué nueva petición
de que se me expidiera el tiempo de servicio militar, dirigida al Jefe de
División de Archivo General del Mindefensa".
-"La
mencionada dependencia, en oficio No. 2949 de octubre 4 de 1994, condiciona la
expedición del certificado del tiempo de servicio solicitado a que previamente
presente certificación del colegio donde cursé 5o. y 6o., en la que se haga
constar las horas de instrucción militar técnica práctica".
-"En
memorial que presenté el 6 de diciembre de 1994, ante la División de Archivo
General del Mindefensa, anexé los certificados del Colegio La Salle del 14 de
septiembre de 1994 e insistí en mi petición".
-"En
la fecha no se me ha expedido el certificado solicitado ni he tenido respuesta
a mi petición de diciembre 6 de 1994".
El actor
solicita la expedición del certificado pedido y anexa los memoriales
presentados y los oficios que contienen las respuestas a que alude en su
escrito.
A
solicitud del Tribunal Administrativo del Meta, el Jefe de la División de
Archivo General del Ministerio de Defensa Nacional informó que la petición de 6
de diciembre de 1994 fue despachada verbalmente, en el sentido de exigirle al
interesado allegar la certificación escrita de las horas de instrucción militar
recibidas, expedida por el colegio respectivo, pues a falta de ella no es
posible elaborar la liquidación de servicios. El demandado aportó, además,
fotocopias de los decretos 966 y 2000 de 1967 y de un concepto jurídico
suscrito por el Jefe de la División de Prestaciones Sociales acerca de los
alcances del decreto 966 de 1967 en relación con la prestación del servicio
militar en la modalidad de premilitar.
2. La
sentencia que se revisa.
El
Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de abril 21 de 1995,
resolvió "Declarar impróspera la petición de tutela impetrada por el
ciudadano MANUEL SIMON GUEVARA AGUDELO ....", con base en los argumentos
que se resumen a continuación:
-El
derecho de petición "ha sido considerado como una via directa de acceso a
las autoridades" y a diferencia de lo que ocurría bajo el imperio de la
Constitución de 1886 que sólo permitía ejercerlo ante las autoridades, la Carta
de 1991 contempla la posibilidad de formular solicitudes a organizaciones
privadas con el propósito de "entronizar la democracia
participativa".
-Las
cuatro peticiones elevadas por el peticionario obtuvieron respuesta oportuna y
así lo reconoce el propio accionante al manifestar que "su solicitud de
julio 14 de 1994 obtuvo respuesta el 27 de julio del mismo año; la petición de
agosto 8 de 1994 se le respondió en agosto 9 del mismo año; que el memorial de
agosto 9 de 1994 fue contestado en agosto 22 de ese año y que la petición de
septiembre 30 se contestó en octubre 4".
-El
memorial de fecha 6 de diciembre de 1994 "fue contestado verbalmente por
el Jefe de Grupo de Certificación de la División de Archivo General, según
informe que se entiende rendido bajo la gravedad del juramento (Art. 19 Decreto
2591 de 1991), por el Sr. Jefe de la División de Archivo General Mindefensa
(fl.32), informe en el cual también señala la entidad militar los motivos por
los cuales no se le ha expedido al ciudadano MANUEL SIMON GUEVARA AGUDELO el
requerido certificado de tiempo de servicio como soldado pre-militar, lo que
encuentra ajustado a derecho la Sala".
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
A. La
Competencia.
Es
competente esta Sala de la Corte Constitucional para proferir sentencia de
revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los
artículos 86, inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
B. La
materia.
1. La
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que el derecho de
petición comprende dos momentos importantes, el primero de los cuales consiste
en la posibilidad de dirigirse respetuosamente a las autoridades, en interés
particular o general, desencadenando de ese modo la actuación correspondiente
que, dentro de un término razonable, conduzca a la adopción de una respuesta
que constituye el segundo elemento integrado a la noción del derecho que el
artículo 23 superior recoge.
La
posibilidad de presentar peticiones atañe a toda persona y es el presupuesto
indispensable para obtener la pronta resolución del asunto sometido al
conocimiento y a la decisión de la autoridad pública. Esta Corporación, en
reiterados pronunciamientos, ha señalado que el derecho de petición no queda
satisfecho con la simple recepción de las solicitudes y que su relevancia, como
mecanismo que permite la comunicación entre los particulares y el poder
público, no deriva primordialmente de esta etapa inicial sino de la solución
que se brinde a la cuestión planteada.
La
respuesta que le otorga verdadera eficacia al derecho de petición es aquella
que, además de producirse oportunamente, aborda el fondo del asunto de que se
trate; no es otro el sentido de la preceptiva constitucional que se refiere a
la pronta resolución, indicando así que no basta un pronunciamiento que
tocando de manera apenas tangencial las inquietudes del peticionario omita el
tratamiento del problema, la duda o la dificultad expuestos en cada caso. Lo
anterior no significa que en toda circunstancia la decisión deba acoger las
pretensiones del solicitante; lo que se busca es que, cualquiera sea su
sentido, la respuesta desate la materia de la petición.
Entre la
presentación de una solicitud y la resolución de la misma media un lapso
suficiente para que las autoridades, dentro del marco de sus competencias,
acometan el estudio de lo pedido, soliciten las informaciones que estimen
pertinentes, alleguen los elementos de juicio necesarios para adoptar,
finalmente, la consecuente decisión. La autoridad puede demandar colaboración
del peticionario en procura de una ayuda que el particular esté en condiciones
de prestarle y que resulte indispensable para resolver. Empero, al solicitante
también le asiste el derecho para exigir que la autoridad, por su parte,
despliegue la actuación que le permita llegar a la decisión que debe adoptar, y
más aún, para pedir que cuando la resolución adoptada comporte el obrar de la
autoridad, con miras a la garantía de los derechos de la persona, se proceda a
efectuar la acción pertinente.
Así
pues, el derecho de petición abarca la actividad que la autoridad está llamada
a desempeñar antes de la respuesta, a efectos de producirla, y con
posterioridad a ella, siempre que el solo pronunciamiento no sea suficiente.
2. La
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha puesto de manifiesto la relación
que existe entre el derecho de petición y el derecho a acceder a los documentos
públicos, sin perjuicio de la autonomía que se reconoce a este último. En la
sentencia T-464 de 1992 se enfatizó que "la efectividad del derecho a
obtener copias es manifestación concreta del derecho a obtener pronta
resolución a las peticiones formuladasque también hace parte del núcleo
esencial del derecho de petición", y en pronunciamiento posterior la
Corte dijo:
"En
ocasiones el artículo 74 de la Constitución Nacional puede verse como una
modalidad del derecho fundamental de petición. En efecto, el ´derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución´ (art. 23 Constitución Nacional)
incluye, por su misma naturaleza el derecho a acceder a los documentos públicos
(art. 74 Constitución Nacional).
Llama
ciertamente la atención que el constituyente hubiera separado en dos artículos
distintos y bajo títulos diferentes estas dos normas (...) No obstante, es de
señalar que en ausencia del artículo 74, el derecho de acceso a los documentos
públicos se entendería implícito necesariamente en el artículo 23, que consagra
el derecho fundamental de petición.
(....)
Como
se ve, a menudo, peticiones elevadas ante las autoridades tienen por objeto
obtener, revisar o acceder a un documento público. En la gran mayoría de las
ocasiones, el derecho de petición sólo se puede ejercer mediante el
conocimiento de los documentos relacionados con el caso concreto que interesa
al particular, o vinculados con asuntos de interés general". (Sentencia
T-473 de 1992. M.P. Dr. Ciro Angarita Barón. Subrayas fuera de texto).
Puntualizó,
además, la Corte en la providencia citada que el Código Contencioso Administrativo
contempla el derecho a acceder a los documentos públicos como una forma del
derecho de petición (art. 17) y que, en otras oportunidades, el acceso a los
documentos muestra un nexo mayor con el derecho a la información. Lo que no
obsta para que, compartiendo el núcleo esencial de los derechos de petición y a
la información, tenga también "un contenido y alcance particulares que
le otorgan especificidad y autonomía dentro del conjunto de los derechos
fundamentales".
3. El 14
de julio de 1994, el ciudadano Manuel Simón Guevara Agudelo elevó una petición
ante el Jefe de Archivo General del Ejército Nacional, solicitándole la
expedición de un certificado de tiempo de servicio militar por haberlo prestado
durante los años 1968 y 1969, pidió, además, que se hiciera constar las
resoluciones de ingreso y retiro y si durante esos años el país se encontraba
en estado de sitio. El 27 de julio siguiente se le informó que "revisadas
las nóminas del Batallón Aerotransportado de Guarnición Apiay e índices de
soldados de los años 1968 y 1969 no figura", y se le recomendó rectificar
los datos.
El 8 de
agosto de 1994, el señor Guevara Agudelo se dirigió al Comandante del Distrito
Militar Número 5 pidiéndole la información. Al día siguiente se le entregó
comunicación en la que, entre otros datos, aparece consignado que se le expidió
libreta militar de primera clase, que su especialidad militar fue la de
infante, su grado soldado y que la fecha de licenciamiento es el 5 de diciembre
de 1969. Así mismo se le hizo saber que para obtener el resto de la información
y la constancia de tiempo de servicio militar debía acercarse a la Oficina de
Archivo General del Comando del Ejército.
El 9 de
agosto de 1994, el peticionario presentó escrito dirigido al Comandante del
Batallón Aerotransportado General Serviez en el que reitera su petición. El día
22 del mismo mes y año se le respondió que en esa unidad no existía ningún
documento pues los archivos de los años 1968 y 1969 habían sido enviados al
Archivo General del Ministerio de Defensa Nacional, instándolo a que buscara en
esa dependencia la información requerida.
El 30 de
septiembre de 1994 elevó nueva petición al Jefe de la División de Archivo
General del Ministerio de Defensa en la que, luego de enterarlo de las
diligencias cumplidas manifiesta que por virtud del Decreto 966 de 1967 se
estableció la prestación del servicio militar por los estudiantes de quinto y
sexto de bachillerato, grados que cursó durante los años 1968 y 1969
respectivamente, según constancia expedida por el Colegio La Salle de
Villavicencio.
En
respuesta a la solicitud anterior, el 4 de octubre de 1994 se le comunicó al
peticionario que "con el fin de expedir el tiempo real del servicio
militar y de acuerdo a lo estipulado en el artículo segundo del Decreto 966 de
1967, el cual contempla un máximo de un mes de acuartelamiento y el requisito
de siete (7) horas semanales de instrucción militar teórica-práctica durante
sus dos años lectivos, debe anexar certificación autenticada del plantel
educativo donde adelantó el quinto (5o.) y el sexto (6o.) de bachillerato,
donde deberá constar las horas de instrucción militar teórico-prácticas
recibidas mensualmente, de acuerdo a concepto jurídico No. 2239 del cinco (5)
de abril de mil novecientos noventa y tres (1993)".
Es de
anotar que el accionante ya se había dirigido al rector del Colegio La Salle
quien, en la primera ocasión, certificó que Manuel Simón Guevara Agudelo cursó
y aprobó en ese plantel los grados 10 y 11 de educación media vocacional en
1968 y 1969, y transcribió el artículo 1o. Del Decreto 966 de 1967 conforme a
cuyo tenor literal "los estudiantes colombianos varones que cursen loa
años V y VI del nivel de enseñanza media...que no hayan definido su situación
militar y que sean aptos prestarán su servicio militar bajo banderas de
conformidad con programas, reglamentos y documentación que para tal efecto
expida el Comando General de las Fuerzas Militares, con aprobación del
Ministerio de Defensa Nacional en coordinación con el Ministerio de Educación
Nacional". Con posterioridad, en nueva constancia se agregó que el actor
recibió el título de bachiller académico por haber cumplido con todos los
requisitos legales exigidos y, en una tercera oportunidad, el rector del
establecimiento educativo, a instancias del accionante, indicó que el servicio
militar que prestaron los estudiantes durante 1968 y 1969 fue convocado
"unilateralmente por el Estado...y se prestó en tiempo extraclase...bajo
el exclusivo control y responsabilidad de las fuerzas armadas de turno",
que en tales circunstancias al colegio "únicamente se le solicitó
colaboración en lo pertinente sin afectar la marcha normal" y que la lista
enviada a las autoridades militares "hace 26 años, no se conserva porque
no se considera documento de estudio".
El 6 de
diciembre de 1994 el señor Guevara Agudelo insistió, una vez más, en la
expedición del certificado de tiempo de servicio militar y según lo afirma en
su escrito de tutela, esta última solicitud no le fue resuelta. El Tribunal
Administrativo del Meta entiende que fue respondida verbalmente, en el sentido
de exigirle al peticionario la constancia que, como se ha visto, el colegio no
puede expedirle.
4. De la
breve exposición que antecede y de otros documentos que obran en autos, surge
con claridad lo siguiente:
-Por
Decreto 966 de 1967 se confirió a los estudiantes de los grados quinto y sexto
de enseñanza media la posibilidad de prestar el servicio militar y
simultáneamente desarrollar la actividad escolar a lo largo de dos años
lectivos, con base en una programación de siete (7) horas semanales de
instrucciones teórico-prácticas y un "acuartelamiento hasta por un mes en
el último año o durante las vacaciones de acuerdo con el calendario
escolar".
-Manuel
Simón Guevara Agudelo dice haber prestado su servicio militar durante 1968 y
1969 años en los que, según constancia del Colegio La Salle de Villavicencio,
cursó quinto y sexto de bachillerato. El Comandante del Distrito Militar Número
5 certificó que al soldado Guevara Agudelo se le licenció el 5 de diciembre de
1969 y que se le expidió tarjeta militar de primera clase.
-En la
División de Archivo General del Ministerio de Defensa Nacional, en donde, según
las autoridades militares reposan los datos referentes a la prestación del
servicio militar por parte de Guevara Agudelo, no existe registro alguno que
sirva de fundamento para expedirle la certificación de tiempo de servicio que
el accionante reclama.
-El Jefe
de la División de Archivo General del Ministerio de Defensa Nacional pretende
subsanar la carencia anotada exigiéndole al peticionario una certificación de
las horas de instrucción militar teórico-prácticas, expedida por el colegio en
el que cursó los dos últimos años de bachillerato.
-El
rector del establecimiento educativo aduce que no le es posible certificar
acerca de los datos pedidos porque la información de ese tipo corresponde a las
autoridades militares y no se encuentra en los archivos del plantel.
-Afirma
el accionante que según el Decreto 966 de 1967 ningún establecimiento de
educación media podía otorgar el título a los estudiantes que no hubiesen
definido su situación militar y que, a él, no sólo se le confirió el título,
sino que adicionalmente se le registró el diploma respectivo. Fuera de lo
anterior, conforme al Decreto citado, al concluir el periodo de instrucción a
los estudiantes de enseñanza media se les debía entregar tarjetas de
reservistas de primera clase que fue, justamente, lo que aconteció en su caso.
-El
concepto número 2239 del 5 de abril de 1993 que el demandado cita para
justificar su negativa a certificar del tiempo de servicio, indica que para
fijarlo se tomarán en cuenta las certificaciones que emanen de las entidades
educativas o "las órdenes del día que den de alta y de baja a dicho
personal y sobre las que se pueda expedir constancia de tiempo de servicio por
la División de Archivo General, de este Ministerio, a fin de ser tenidas en
cuenta para efectos prestacionales".
5. El
análisis de los aspectos anotados deja ver que la administración justifica su
actitud en el hecho de no poseer los registros contentivos de la información
requerida para solucionar la demanda formulada por el ciudadano a quien, en
consecuencia, se le pide suplir esa deficiencia aportando una constancia académica
que, después de varios intentos, le ha sido negada, en forma definitiva, por
carecer el establecimiento educativo de los datos buscados.
Así las
cosas, el nexo entre la autoridad y el particular se remite a la reiteración
sucesiva de una misma petición, generadora de un inexorable pronunciamiento
negativo que, en contra de lo que cree el Tribunal Administrativo de Meta,
desconoce el derecho de petición y también el derecho de acceso a los
documentos públicos. El primero, como se expuso más arriba, supone la actuación
diligente de la autoridad pública enderezada a obtener una respuesta que entre
al fondo de lo pedido, resolviendo real y marterialmente y el segundo, implica,
en la presente causa, la expedición de la certificación pedida, documento de cuya
disposición depende que el peticionario ejerza otros derechos, particularmente
el que le asiste para reclamar una pensión de jubilación que, como es sabido
exige la demostración de un determinado tiempo de servicio.
Nada
diferente a un inútil desgaste espera a ambas partes trabadas en un conflicto
que, en su estado actual, se revela interminable, cuando, en sentir de la
Corte, lo evidente es que de un estudio concienzudo y total de la documentación
anexada por el ciudadano, la autoridad puede extraer la respuesta que el caso
amerita y, con fundamento en ella, expedir la certificación del tiempo de
servicio militar, observando con ello el derecho de petición y, por contera, el
derecho de acceso a los documentos públicos, por cuya virtud la administración
debe proceder a entregar el certificado que el actor pide.
En
efecto, la situación examinada envuelve factores normativos y fácticos que se
muestran concordantes y, con apoyo en ellos, es posible establecer la efectiva
prestación del servicio militar por el peticionario y las condiciones y
modalidades en que se desarrolló el cumplimiento de esa obligación. A partir de
esa constatación inicial, inferida de la información allegada por el actor y de
los decretos que trataban la materia, es enteramente viable fijar el tiempo que
duró la prestación del servicio, máxime si comprobadas las circunstancias de
hecho, las referidas normas suministran elementos de juicio acerca de la manera
como debían prestar el servicio quienes se hallaban cobijados por sus supuestos
y nada hace pensar que, en el caso concreto, se hayan desconocido esos
parámetros, todo lo contrario, el cumplimiento de esa obligación constitucional
debe tenerse por cabalmente ajustado a la preceptiva que lo regulaba; de manera
que basta aplicarla a la situación específica del accionante para determinar el
tiempo de su servicio.
Una
solución de esta naturaleza tiene en cuenta los derechos del actor, impide que
las fallas de la administración se trasladen a los asociados, responde a los
principios de igualdad, eficacia, economía y celeridad que en términos del
artículo 20 superior guían el desempeño de la función administrativa y
actualiza los postulados de la buena fe que se presume en todas las gestiones
que los particulares adelanten ante las autoridades públicas . En relación con
el último aspecto, la Corte ha puntualizado lo siguiente:
"Que
los servidores públicos ejerzan su función sobre la base de la buena fe de los
administrados no es en modo alguno graciosa concesión otorgada por los primeros
a los segundos sino derecho de rango constitucional y, por tanto, regla de
obligatoria observancia en todo tipo de trámites y diligencias.
La
vigencia del artículo 83 de la Carta ha implicado un cambio sustancial en el
desarrollo de las funciones estatales, ya que ha invertido los términos de
relación, con miras a eliminar el tradicional esquema de desconfianza y recelo
que caracterizaba el comportamiento de las autoridades respecto de los
particulares. La carga de probar a cada paso la licitud y lealtad de la propia
conducta, que pesaba irremediablemente sobre quien actuara ante los entes
oficiales y que suponía el presupuesto de la mala fe, ha sido sustituida por la
presunción contraria -la de que toda persona actúa de buena fe-, quedando en
cabeza del Estado y de sus funcionarios la responsabilidad de desvirtuarla
(...).
La
función pública ha sido puesta al servicio de los intereses colectivos y se
ejerce en beneficio de los asociados, no en su contra. De tal modo que quienes
la desempeñan no tienen por cometido - como suele creerse en algunas
dependencias- el de obstaculizar y complicar la vida de las personas y su
normal actividad, sino el de contribuir, dentro del ámbito de las atribuciones
que a cada organismo y funcionario corresponden, al desenvolvimiento armónico y
ordenado de las múltiples relaciones propias de la convivencia social.
Reitera
la Corte lo ya afirmado por ella en Sentencia T-586 del 23 de octubre de 1992
en el sentido de que "el ejercicio de la función estatal no contrapone ni
enfrenta al ciudadano con la autoridad sino que, por el contrario, debe ser la
ocasión para su acercamiento y mutua colaboración en aras de los objetivos que
identifican a todos los miembros de la colectividad". (Sentencia T-578
de1994. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Un
argumento equitativo, impone, entonces, revocar la sentencia revisada y en su
lugar ordenar que, en garantía del derecho de petición y del derecho a acceder
a los documentos públicos que comporta la obtención de la certificación
solicitada, si todavía no lo ha hecho, el Jefe de la División de Archivo
General del Ministerio de Defensa Nacional, proceda a establecer y a
certificar, dentro del término de 10 días contados a partir de la notificación
de esta sentencia, el tiempo de servicio militar prestado por Manuel Simón
Guevara Agudelo, previo análisis de la totalidad de la documentación conforme a
la normatividad aplicable en este evento.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
RESUELVE
PRIMERO.
REVOCAR la
sentencia de 21 de abril de 1995, proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta en el asunto de la referencia.
SEGUNDO.
CONCEDER la
tutela del derecho de petición y del derecho a acceder a los documentos
públicos, en consecuencia ORDENAR al Jefe de la División de Archivo
General del Ministerio de Defensa Nacional que si todavía no lo ha hecho,
proceda a establecer y a certificar, dentro del improrrogable término de 10
días contados a partir de la notificación de esta sentencia, el tiempo de
servicio militar prestado por Manuel Simón Guevara Agudelo, previo análisis de
la totalidad de la documentación disponible conforme a la normatividad
aplicable en este evento.
TERCERO.
LIBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General |
455 | T-300-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-300/95
LEGITIMACION POR
ACTIVA EN TUTELA
Esta providencia se referirá de manera
exclusiva a los derechos fundamentales del actor y de su familia, y no a los de
sus vecinos, pues éstos tienen plena capacidad de promover su propia defensa
directamente o por medio de representante, de conformidad con la disposición
citada.
DERECHO A LA PAZ
Si bien el accionante invoca como derecho
vulnerado el de la paz, y que de conformidad con el artículo 6o. del Decreto
2591 la tutela resulta improcedente como mecanismo judicial para su protección,
pues éste pertenece a los derechos de la tercera generación y por tanto
"requiere el concurso para su logro de los más variados factores sociales,
políticos, económicos e ideológicos", y además su amparo judicial se
obtiene a través del ejercicio de las acciones populares, es igualmente cierto
que en casos similares al sub exámine, la Corte Constitucional ha estudiado el
fondo de las pretensiones y de los hechos, y en los asuntos en los cuales ha
establecido alguna amenaza o vulneración de los derechos fundamentales a la
intimidad personal y familiar de los respectivos accionantes, ha ordenado su
protección.
ACCION DE TUTELA
CONTRA EL RUIDO-Improcedencia
La IGLESIA no ha vulnerado el derecho a la
intimidad del accionante o de su familia, ya que la demandada cumple con las
exigencias que, a juicio de esta Corporación, son necesarias para la debida
convivencia de los derechos de las partes, de conformidad con el criterio
jurisprudencial antes expuesto, tales como horarios adecuados, no utilización
de parlantes externos, uso razonable de los instrumentos técnicos, etc. que
permiten la debida convivencia de la libertad de cultos y religiosa con los
derechos fundamentales del actor.
REF: Expediente No. T-61004
PETICIONARIO: Domingo Bertel Garcés.
TEMA: Derecho a la paz y a la tranquilidad.
MAGISTRADO
PONENTE:
Dr. HERNANDO
HERRERA VERGARA.
Santa Fe de Bogotá,
julio 11 de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA, procede a
revisar los fallos de tutela proferidos en primera instancia por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Sincelejo el 6 de diciembre de 1994, y en segunda
instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala de
Decisión Penal, del 09 de junio de 1995, en el asunto de la referencia.
El negocio llegó al
conocimiento de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional por la vía
ordinaria, en virtud de la remisión que hizo el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Sincelejo, Sala de Decisión Penal, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Después de haber sido seleccionado
y repartido por la Sala de Selección No. 2, entra la Sala Sexta de Revisión a
quien correspondió, a estudiar y fallar el asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES.
1. El señor DOMINGO BERTEL GARCES ha acudido
a la acción de tutela con el objeto de que le sea protegido el derecho a la
paz, presuntamente vulnerado a él y a sus vecinos como consecuencia del ruido
que ocasionan los seguidores de la IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA, la cual funciona
desde hace varios meses en la calle 7 de Agosto de Sincelejo, en un predio
colindante al suyo.
2. Afirma el accionante que los seguidores de
la mencionada Iglesia se reunen dos o tres veces al día "para verificar
sus oraciones, así como sus cánticos reglamentarios", ocasionando
ruido hasta altas horas de la madrugada, por el "uso exagerado de los
instrumentos técnicos, para estas ceremonias y así perturbar la tranquilidad
del hogar." Agrega que "El local donde se verifican esas
ceremonias es de paredes de concreto y como las mismas se hacen con la puerta
principal abierta, la resonancia de sus cantos y oraciones se esparce por toda
la calle" y que por ello la accionada está perturbando con ello a su
madre, quien tiene avanzada edad y se encuentra delicada de salud, e
interfieren, a juicio del demandante, "de manera irresponsable y ante
el fanatismo de sus creencias, la paz y la intimidad de personas y familiares
vecinas (sic)".
El señor DOMINGO
BERTEL GARCES solicita la tutela del derecho a la paz que considera se le está
vulnerando a él y a sus vecinos, y sustenta sus pretensiones en una providencia
de la Corte Constitucional en relación con un caso similar contra la IGLESIA
PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA, de la cual tuvo conocimiento por medio de la
prensa escrita.
II. LAS
DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN.
1. Primera
Instancia.
Previamente a
adoptar la decisión de fondo, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Sincelejo recibió el testimonio del Pastor de la IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA,
JORGE ENRIQUE LOPEZ, practicó inspección judicial en el lugar de los hechos, y
tomó declaración a varios vecinos del sector: DIOCELIS DEL JESUS ALVAREZ
MERCADO, AUBER MENSER GONZALEZ, JULIA MARIA CHAVEZ MENDEZ, JOSE MANUEL HOYOS
PEREZ y MARIA EDILMA GAVIRIA PALACIO, esta última empleada doméstica de la
Iglesia accionada.
El Juzgado Primero
Penal del Circuito, con base en las pruebas practicadas, dictó sentencia el 06
de diciembre de 1995 y resolvió "denegar la tutela invocada por el
señor DOMINGO BERTEL GARCES", con base en las siguientes
consideraciones:
"El señor
DOMINGO BERTEL GARCES ha catalogado los actos que perturban su tranquilidad y
la de su familia y vecinos como irresponsables y fanáticos, que han llegado a
afectar las actividades normales cotidianas y molestan a su señora madre de
avanzada edad, su vida se encuentra alterada por los ruidos que ocasionan los
miembros activos de la Iglesia Pentecostal Unida, manifestación ésta que
resulta en contraposición con la de los demás vecinos de esta comunidad
cristiana, pues todo lo contrario han dicho los señores JORGE ENRIQUE LOPEZ
Pastor de la Iglesia, MARIA EDILMA GAVIRIA PALACIO, Empleada Doméstica, (...)
vecinos inmediatos tanto de la accionante como de la entidad demandada.
Como en este caso
que es objeto de estudio, es notorio que el rechazo a los ruidos y sonidos
producidos por instrumentos técnicos y voces humanas al entonar los actos
litúrgicos realizados por la comunidad demandada, no es unánime, ni
permantemente (sic), han sido rechazados por una sola persona, en este caso el
señor BERTEL GARCES, quien tomó la vocería de sus vecinos sin consultar con
ellos puesto que éstos lo desmienten de los hechos narrados en su petición.
(...)
De lo anterior se
concluye, que el juzgado no entrará a tutelar el derecho a la paz que dice el
accionante ha sido vulnerado por los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida,
por inconducente, pues siendo así las cosas como se han planteado y como se han
demostrado a través del material probatorio arrimado a la actuación, no existen
los actos perturbatorios de esa paz y tranquilidad."
La anterior decisión
fue impugnada por el accionante dentro del término legal, y por tanto el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo concedió la apelación
correspondiente.
2. Segunda
Instancia.
El Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala de Decisión Penal, mediante
providencia del 13 de enero de 1995, resolvió "Declarar desierto, por
falta de sustentación, el recurso de apelación interpuesto por el señor DOMINGO
BERTEL GARCES."
Como consecuencia de
lo anterior, esta Sala de Revisión, mediante auto del 15 de mayo de 1995
resolvió ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala
de Decisión Penal, dar trámite a la impugnación presentada por el accionante
contra la providencia emanada del Juzgado Primero Penal del Circuito de esa
misma ciudad, por cuanto la Corporación, de conformidad con los artículos 31 y
32 del Decreto 2591 de 1991, en reiteradas oportunidades ha expresado que el
apelante de un fallo de tutela no está obligado a sustentar su impugnación.
El Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala de Decisión Penal, dando cumplimiento
a la anterior providencia, dio trámite a la impugnación presentada por el señor
DOMINGO BERTEL GARCES en contra del fallo de primera instancia, y resolvió,
mediante sentencia del 09 de junio de 1995 "confirmar el fallo
impugnado, por medio del cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Sincelejo, negó la tutela instaurada (...)."
Las consideraciones
en las cuales el a quem sustentó su decisión, son las siguientes:
"Es bien
sabido que la libertad de cultos como cualquier otro derecho no es absoluta,
pues encuentra fronteras tanto en el orden jurídico como en el interés público
y en los derechos de los demás, lo cual conduce a que no le sea permitido a
ninguna congregación religiosa interferir abusivamente la intimidad de los
vecinos con el uso exagerado de instrumentos musicales, ya que de suceder esta
situación (...), correspondería entonces al juez de tutela resolver el
conflicto suscitado entre dos derechos esenciales como lo son la libertad de
cultos y el derecho a la intimidad, entendida ésta como una forma de protección
de la vida privada tanto personal como familiar para asegurar la paz y la
tranquilidad.(...)
Las pruebas
reseñadas en precedencia (practicadas
en primera instancia) corroboran el testimonio del señor JORGE ENRIQUE
LOPEZ, Pastor Licenciado de la tantas veces mencionada iglesia, en cuanto al
horario fijado para la realización del culto y en que las programaciones que
realizan no perturban a los vecinos (...)
(...) El Decreto
2591 de 1991 reguló en el Capítulo III lo atinente a la procedencia de la
tutela contra acciones u omisiones de particulares, precisando en el artículo
42 los distintos casos en que ello es posible, ninguno de los cuales se amolda
a la situación planteada aquí por el accionante DOMINGO BERTEL GARCES
(...)"
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
PRIMERA .
COMPETENCIA.
La Corte
Constitucional es competente, a través de esta Sala de Revisión, para proferir
sentencia en relación con las providencias dictadas por el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Sincelejo, y por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial, Sala de Decisión Penal de esa ciudad, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 86, inciso tercero, y 241 numeral 9o. de la Constitución
Política.
SEGUNDA. EL
ASUNTO OBJETO DE ESTUDIO.
El accionante acude
al mecanismo de la acción de tutela a fin de que le sea protegido su derecho
fundamental a la paz, presuntamente vulnerado a él, a su familia y a sus
vecinos, como consecuencia del ruido que, a su juicio, ocasionan las
actividades religiosas que adelanta la IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA, en predio
vecino al suyo.
El señor DOMINGO
BERTEL GARCES en su demanda, citó un pronunciamiento de esta Corporación en el
cual se tutelaron los derechos fundamentales de los entonces accionantes,
quienes se quejaban del permanente ruido a que estaban sometidos como
consecuencia de las actividades religiosas adelantadas por la IGLESIA
PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA. En efecto, la Corte Constitucional, mediante
sentencia No. T- 465 de 1994 ordenó la protección de los derechos invocados por
los demandantes.
Previamente a
abordar el estudio del asunto sub exámine, debe expresar la Corporación que si bien
el señor DOMINGO BERTEL GARCES está legitimado para presentar acción de tutela
a fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales y los de su
familia que considera vulnerados o amenazados por la demandada, no le está
permitido hacerlo a nombre de sus vecinos, ya que el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991 establece que tiene legitimidad e interés para ello "quien
considere vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales, por sí misma o a
través de su representante", o en el evento de que se agencien
derechos ajenos cuando el titular de los mismos "no está en condiciones
de promover su propia defensa", lo cual no ocurre en el presente caso.
Por lo anterior, esta providencia se referirá de manera exclusiva a los
derechos fundamentales del actor y de su familia, y no a los de sus vecinos,
pues éstos tienen plena capacidad de promover su propia defensa directamente o
por medio de representante, de conformidad con la disposición citada.
Además la Sala
considera conveniente expresar que, si bien el accionante invoca como derecho
vulnerado el de la paz, y que de conformidad con el artículo 6o. del Decreto
2591 la tutela resulta improcedente como mecanismo judicial para su protección,
pues éste pertenece a los derechos de la tercera generación y por tanto "requiere
el concurso para su logro de los más variados factores sociales, pollíticos,
económicos e ideológicos", y además su amparo judicial se obtiene a
través del ejercicio de las acciones populares, tal como lo ha expresado
esta Corporación a través de su jurisprudencia (Sentencia No. T- 008 de
1992. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz), es igualmente cierto que en casos similares
al sub exámine, la Corte Constitucional ha estudiado el fondo de las
pretensiones y de los hechos, y en los asuntos en los cuales ha establecido
alguna amenaza o vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad
personal y familiar de los respectivos accionantes, ha ordenado su protección.
De conformidad con
lo anterior, encuentra necesario esta Sala de Revisión analizar la situación
planteada en el presente proceso, a fin de establecer si como consecuencia de
las actividades religiosas que realiza la IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA se está
vulnerando o amenazando el derecho fundamental a la intimidad del accionante y
su familia.
Respecto de la
garantía de libertad de cultos y de religión, consagrada en el artículo 19 la
Carta Fundamental, expresó la Corte en la sentencia No. T-465 de 1994, a la
cual hace referencia el actor en su demanda, que aquélla no es absoluta sino
que tiene unos límites establecidos por el orden jurídico, el interés público y
los derechos de los demás. En efecto, en esa oportunidad dijo la Corte
Constitucional:
"El artículo 18 de la Constitución garantiza
la libertad de conciencia. Ni el Estado ni los particulares pueden impedir que
se profesen determinadas creencias, ni ocasionar molestias al individuo por
causa de sus convicciones.
En concordancia
con esa garantía, la Constitución asegura a las personas su libertad de
practicar, individual o colectivamente, los cultos, devociones y ceremonias
propios de su credo religioso y la difusión de los criterios y principios que
conforman la doctrina espiritual a la que él se acoge (artículo 19 C.N.).
Empero, estas
libertades no son absolutas. Encuentran sus límites en el imperio del orden
jurídico, en el interés público y en los derechos de los demás. Su ejercicio
abusivo, como el de cualquier otro derecho, está expresamente proscrito por el
artículo 95, numeral 1, de la Constitución.
Una correcta
interpretación constitucional no puede llevar a convertir la libertad de cultos
en motivo para cercenar los demás derechos fundamentales. Su uso debe ser
razonable y adecuado a los fines que persigue. Los desbordamientos quedan
sujetos a la acción de las autoridades, que, según el perentorio mandato del
artículo 2º de la Constitución, han sido instituidas, entre otras cosas, para
proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus creencias, pero
también para asegurar los derechos y libertades de los demás y para garantizar
el cumplimiento de los deberes sociales de los particulares."
Ahora bien, el
ejercicio legítimo de la libertad de cultos y de religión y de la intimidad
personal y familiar, implica una "convivencia de los derechos"
a fin de garantizar un justo equilibrio que permita su goce y respeto por parte
de los titulares de unos y otros, dado su carácter relativo, cuando
eventualmente entran en conflicto. En la citada sentencia No. T-465 de 1994 la
Sala Quinta de Revisión reiteró lo dicho en la sentencia No. T-210 del 27 de
abril de 1994 (M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), en la cual la Corte
estableció con claridad el criterio que se debe tener en cuenta para resolver
un eventual conflicto entre los citados derechos. Dijo la Corporación en esta
última providencia:
"'El
conflicto surgido entre el ejercicio de los derechos fundamentales a la
libertad de cultos y de religión (CP art. 19) y el derecho fundamental a la
intimidad personal y familiar (CP arts. 15 y 28), debe resolverse de
conformidad con los principios de mayor efectividad de los derechos
fundamentales y de armonización de las normas constitucionales. El intérprete
debe garantizar el mayor radio de acción posible al ejercicio de los derechos
fundamentales y preferir la solución que, en la sopesación de valores o
derechos constitucionales contrapuestos, no sacrifique su núcleo esencial,
atendidas la importancia y la función que cada derecho cumple en una sociedad
democrática.
(...)
El ámbito de la
vida privada, ajeno a las intervenciones de los demás, garantiza a la persona
su libertad. Quien se ve compelido a soportar injerencias arbitrarias en
su intimidad sufre una restricción injustificada de su espacio vital, de
su autonomía y de sus posibilidades de libre acción. Esto sucede especialmente
cuando el contenido del derecho es significativamente recortado por las
exigencias o cargas impuestas al mismo como resultado de la interrelación con
otros derechos fundamentales.
(...)
La proporción
o justa medida del ejercicio legítimo de un derecho
constitucional está determinada por los efectos que, sobre otros derechos
igualmente tutelados por el ordenamiento, pueden tener los medios escogidos
para ejercer el derecho. La imposición de cargas o exigencias inesperadas e ilegítimas
a terceras personas revela un ejercicio desproporcionado de un derecho o
libertad. El empleo abusivo de las facultades emanadas de un derecho puede
desembocar, en la práctica, en el recorte arbitrario de los derechos ajenos.
(...)
"En el plano
estrictamente constitucional, el impacto negativo a los derechos ajenos por el exceso
de ruido, atendido el lugar y la hora en que se produce al igual que los
instrumentos empleados, constituye un ejercicio abusivo de la libertad de
cultos. El núcleo esencial del derecho a la intimidad personal y familiar,
entendido como el derecho a no ver o escuchar lo que no se desea ver o
escuchar, se vería vulnerado de permitirse el ejercicio de la libertad de
cultos fuera del parámetro ofrecido por un comportamiento razonable de
las personas en determinadas circunstancias espacio-temporales - en un sector
residencial durante las horas de la noche -. El ejercicio de las libertades de
religión y de cultos, en determinadas circunstancias espacio-temporales, que
sea excesivo, por la medida del ruido que produce, impide el libre
desenvolvimiento de la vida privada y constituye, por lo tanto, una injerencia
arbitraria que vulnera el derecho a la intimidad personal y familiar. (subrayado fuera del texto).
La Corte
Constitucional, en la referida sentencia No. T-465 de 1994, citada por el
accionante, concluyó, luego de haber comprobado un ejercicio abusivo de la
libertad de cultos y religión por parte de la accionada en ese proceso, lo
siguiente:
"La Corte
Constitucional ratifica en esta ocasión la doctrina de la convivencia de los
derechos, es decir, la tesis de que pueden hacerse compatibles sobre la base de
que, siendo relativos, su ejercicio es legítimo mientras no lesione ni amenace
otros derechos, ni atente contra el bien general. En la medida en que ello
acontezca, se torna en ilegítimo.
En consecuencia, en
casos como el examinado, no puede aceptarse que, so pretexto de llevar a cabo
prácticas de un culto religioso, se haga uso irrazonable y exagerado de
instrumentos técnicos con los cuales se interfiere abusivamente en la intimidad
y en la libertad de las personas y familias vecinas, que son forzadas, merced a
la potencia del sonido, a escuchar de manera constante los cánticos y prédicas
rituales." (subrayado
fuera del texto)
En el caso sub
exámine, se encuentra establecido mediante las pruebas practicadas por el a
quo, que la IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA se encuentra ubicada en el sector desde
hace tres años aproximadamente, y que en efecto sus seguidores se reunen los
días martes, jueves y sábado de 7:00 a 8:30 PM, y los domingos en horas de la
mañana; así mismo se celebra una vigilia al mes aproximadamente, que va desde
las 6:00 o 7:00 PM hasta las 5:00 AM del día siguiente, tal como lo declaró el
Pastor Jorge E. López (folio 12) y como lo comprobó el Juzgado de primera
instancia en la inspección judicial que practicó (folio 16) de acuerdo con lo
dicho por doña María Edilma Gaviria Palacio, quien se encontraba en el
inmueble donde funciona la referida Iglesia al momento de llevarse a cabo dicha
diligencia.
También se comprobó
que los actos que se llevan a cabo, ocurren en el interior del inmueble donde
está ubicada la IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA se utilizan instrumentos musicales
como organetas, acompañadas "de bafles de baja potencia", y
según la declaración de los testigos -vecinos del sector- tales instrumentos
son usados exclusivamente en el interior del inmueble, a un nivel de volumen
"normal" y no causan perturbaciones a quienes habitan en los
predios aledaños a la calle donde se encuentra ubicada la sede de la accionada
(folios 18, 22, 24 y 27). Además todos los testigos coincidieron en afirmar que
la mencionada Iglesia no utiliza altoparlantes hacia el exterior del recinto.
De lo anterior se
concluye que la IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA no ha vulnerado el derecho a la
intimidad del accionante o de su familia, ya que la demandada cumple con las
exigencias que, a juicio de esta Corporación, son necesarias para la debida
convivencia de los derechos de las partes, de conformidad con el criterio
jurisprudencial antes expuesto, tales como horarios adecuados, no utilización
de parlantes externos, uso razonable de los instrumentos técnicos, etc. que
permiten la debida convivencia de la libertad de cultos y religiosa con los
derechos fundamentales del actor.
De manera que de
conformidad con la Carta Política y con la reiterada jurisprudencia de la Corte
Constitucional, por las circunstancias de hecho propias del asunto sub exámine,
no es viable la tutela de los derechos fundamentales del accionante y de su
familia por no existir vulneración o amenaza en su contra, pues lo que ha hecho
la accionada precisamente es llevar a cabo las actividades religiosas propias
de su culto, adoptando todas las medidas tendientes a evitar que se presente
conflicto con los derechos fundamentales de los habitantes del sector, según se
desprende de las pruebas practicadas por el a quo y conforme a lo expresado por
algunos de ellos, quienes fueron citados a declarar dentro del proceso. Además
no obra prueba en el expediente de que como consecuencia del debido
comportamiento que observa la demandada, se esté causando perjuicio alguno a la
salud de la madre del señor BERTEL GARCES.
Debe finalmente
anotar la Corte que, si bien no encuentra legitimación en la causa para que el
señor DOMINGO BERTEL GARCES actúe en nombre de sus vecinos, los testimonios que
rindieron dentro del proceso algunos de ellos, de conformidad con las normas
procesales, constituyen prueba conducente y eficaz para determinar la no
vulneración de derechos fundamentales, por encontrarse en circunstancias de
hecho similares a las del accionante.
Por las razones
expuestas, esta Sala de Revisión procederá a confirmar los fallos objeto de
revisión, ya que se encuentra plenamente establecido que no existe vulneración
de los derechos fundamentales del accionante por parte de la IGLESIA
PENTECOSTAL UNIDA.
IV. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo el 09 de junio de
1995.
SEGUNDO. LIBRENSE
por Secretaría las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí previstos.
Notifíquese,
cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
456 | T-301-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-301/95
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO-incumplimiento/MEDIO
DE DEFENSA JUDICIAL
Otro medio de defensa de que dispone el
actor para la protección de su derecho, es acudir ante la jurisdicción
ordinaria para hacer cumplir lo pactado en el contrato de arrendamiento
celebrado con la Corporación accionada (contrato que ni se anexó a la demanda
ni se presentó ante los jueces de instancia), presuntamente terminado en forma
injusta y unilateral por dicha institución, antes del término estipulado en el
mismo. En este sentido, frente la existencia del otro medio de defensa
judicial, la acción de tutela debe rechazarse por improcedente.
REF.: Expediente No. T - 62.615
PETICIONARIO: Gabriel Rodrigo Urrea Garro contra la
Corporación El Niño Alegre de San Rafael.
PROCEDENCIA: Juzgado Primero Penal del Circuito de
Marinilla, Antioquia.
MAGISTRADO
PONENTE:
HERNANDO HERRERA
VERGARA
Santa Fé de Bogotá,
Julio once (11) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados HERNANDO
HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO y FABIO MORON DIAZ, procede a
revisar los fallos proferidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Rafael,
el 29 de noviembre de 1994, y por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Marinilla, el 17 de mayo de 1995, en el proceso de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES.
El señor Gabriel
Rodrigo Urrea Garro acude a la acción de tutela contra la Corporación El Niño
Alegre de San Rafael, ya que según afirma, en el mes de febrero de 1990
suscribió contrato de arrendamiento de la ebanistería de propiedad de la Corporación
por un término de seis meses, habiendose terminado en forma unilaterial por
parte de dicha institución antes del término estipulado.
Señala que “no sé
porqué motivo me violaron dicho contrato, ya que el mismo señor encargado PEDRO
GOMEZ fué el que me la ofreció personalmente sin exigirme ningún dinero por
adelantado, simplemente él lo que quería era que yo le acreditara dicha
ebanistería que porque estaban perdiendo plata con ella cerrada”. Y agrega:
“dicho contrato se hizo por escrito, que yo desgraciadamente en este momento no
tengo la copia, en febrero de 1990”.
Manifiesta
finalmente, que no ha acudido a la jurisdicción ordinaria para que dirima el
conflicto suscitado, porque carece de los medios económicos para pagar los
honorarios de un abogado que lo represente en el juicio.
II. LAS DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
A. Sentencia de Primera Instancia.
El Juzgado Promiscuo
Municipal de San Rafael, mediante sentencia proferida el 29 de noviembre de
1994, resolvió rechazar de plano la solicitud de tutela formulada por GABRIEL
RODRIGO URREA GARRO, con fundamento en que según el artículo 6o. numeral 1o.
del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es improcedente cuando existan
otros medios de defensa judiciales, y en el presente caso existe la
jurisdicción ordinaria a la que debe acudir el accionante para solicitar el
cumplimiento del contrato. Y agrega, que si el solicitante carece de medios
económicos, puede acudir a solicitar amparo de pobreza para solucionar sus
conflictos ante la justicia ordinaria.
B. Impugnación.
Contra la decisión
del Juzgado Promiscuo Municipal de San Rafael, el demandante formuló durante la
diligencia de notificación del fallo de instancia, recurso de apelación, que al
ser remitido al superior -Juzgado Primero Penal del Circuito de Marinilla, éste
lo declaró desierto, argumentando “falta de la debida sustentación que señala
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991”.
No obstante, al ser
enviado el expediente a la Corte Constitucional, ésta mediante auto emanado de
la Sala Sexta de Tutelas, se abstuvo de efectuar la revisión de fondo de la
providencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Marinilla,
por el hecho de haber pretermitido una instancia, y en su lugar le ordenó
tramitar y resolver la impugnación formulada.
C.
Sentencia de Segunda Instancia.
El Juzgado Primero
Penal del Circuito de Marinilla, mediante providencia de 17 de mayo de 1995,
resolvió confirmar en todas sus partes la sentencia impugnada, con base en los
siguientes argumentos:
“el demandante
acudió a presentar acción de tutela, teniendo a su mano otros medios
judiciales, donde se le podría solucionar su problema, como sería lógico
concurrir a la jurisdicción ordinaria para exigir el cumplimiento del contrato
y no teniendo los recursos económicos necesarios para contratar a un abogado
convencional, podía entonces pedir el amparo de pobreza para que su problema
tuviera solución oportuna. Tiénese que recordar, que la Acción de Tutela es
residual, es decir, luego de buscar todos los medios posibles, si no se
encuentra solución a lo planteado, sí procede ésta, antes no, según el artículo
6o., numeral 1o. del Decreto 2591 de 1991”.
....
“En fin, que de
acuerdo a lo dicho anteriormente, la Acción de Tutela incoada por el ciudadano
Gabriel Rodrigo Urrea Garro, debe ser rechazada y consecuentemente procede la
confirmación de la decisión primaria, todo porque el accionante debió concurrir
a la jurisdicción civil para hacer valer su derecho, porque éste término era
preciso que lo agotara y no presentar la acción de Tutela, cuando primero
estaba presentar ese proceso ordinario para pedir su derecho”.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. La
competencia.
De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Marinilla.
Segunda. Breve justificación para confirmar el
fallo que se revisa.
En el asunto
sometido a revisión, el accionante presenta demanda de tutela contra la
Corporación El Niño Alegre de San Rafael, alegando la existencia de un contrato
de arrendamiento a seis meses de la ebanistería de propiedad de la accionada,
el cual se dió por finalizado unilateralmente por la Corporación antes del
tiempo pactado por las partes. Señala que no acudió ante la jurisdicción
ordinaria, por carecer de los medios económicos para contratar un abogado.
Se observa por la
Sala, que los fallos proferidos en primera y segunda instancia, rechazaron la
acción de tutela con fundamento en la existencia de otros medios de defensa
judicial en cabeza del peticionario para la defensa de su derecho presuntamente
desconocido por la institución accionada.
Pues bien, esta Sala
de Revisión de Tutelas acoge los planteamientos esgrimidos por el a-quo, en
cuanto a la improcedencia del amparo solicitado, ya que tanto el artículo 86
constitucional como el 6o. del Decreto 2591 de 1991, establecen que:
“Esta acción sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
De esa manera,
cuando el afectado por una acción u omisión de una autoridad pública o de un
particular en uno de sus derechos constitucionales fundamentales, dispone de
otro medio para la defensa y protección de su derecho que se dice presuntamente
vulnerado o amenazado, la acción de tutela será improcedente, con la salvedad
enunciada.
Al respecto, debe
reafirmarse lo expresado por el a-quo, respecto al otro medio de defensa de que
dispone el actor para la protección de su derecho, cual es acudir ante la
jurisdicción ordinaria para hacer cumplir lo pactado en el contrato de
arrendamiento celebrado con la Corporación accionada (contrato que ni se anexó
a la demanda ni se presentó ante los jueces de instancia), presuntamente
terminado en forma injusta y unilateral por dicha institución, antes del
término estipulado en el mismo. En este sentido, frente la existencia del otro
medio de defensa judicial, según el artículo 6o. numeral 1o. del Decreto 2591
de 1991, la acción de tutela debe rechazarse por improcedente.
En relación con el
argumento esgrimido por el peticionario para no acudir ante la jurisdicción
civil a reclamar su derecho, según el cual no dispone de medios económicos para
contratar un abogado, este no es procedente, ya que puede invocar el amparo
de pobreza, instrumento a través del cual puede lograr y tiene derecho
entonces, a que se le nombre un apoderado que lo represente en el proceso.
Así, el artículo 160
del Código de Procedimiento Civil establece que “se concederá el amparo de
pobreza a quien no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin
menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a
quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho
litigioso adquirido a título oneroso”.
En el mismo sentido,
el artículo 161 del citado estatuto, dispone que “el amparo podrá solicitarse
por el presunto demandante antes de la presentación de la demanda, o por
cualquiera de las partes durante el curso del proceso”.
Agréguese a lo
anterior, el hecho de que de conformidad con el estatuto mencionado, la
solicitud será resuelta por el juez en el auto admisorio de la demanda, y en
caso de accederse a ella, en la providencia que conceda el amparo, el juez
designará el apoderado que represente en el proceso al amparado.
Por lo anterior,
existiendo en cabeza del accionante otro medio de defensa judicial, y no
dándose el perjuicio irremediable (que ni lo invoca el actor en su solicitud ni
lo demuestra en la misma), la tutela debe rechazarse por improcedente, razón
por la cual esta Sala confirmará el fallo que se revisa, como así se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
IV.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional obrando en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
PRIMERO.
CONFIRMAR la sentencia
proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Marinilla, el 17 de mayo
de 1995, en relación con la acción de tutela promovida por GABRIEL RODRIGO
URREA GARRO.
SEGUNDO. LIBRENSE
por la Secretaría General
de la Corte Constitucional, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ
Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
457 | T-302-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-302/95
DERECHO DE
PETICION-Pronta resolución
Esta Corporación en repetidas oportunidades
se ha referido al derecho de petición, y ha accedido a la tutela solicitada por
diversos demandantes, cuando ha observado una injustificada demora en la
respuesta que las entidades administrativas deben dar a las peticiones que les
formulen los particulares, pues el artículo 23 de la Carta Política establece
que éstos tienen derecho a "obtener pronta resolución."
CONDENA EN COSTAS-Improcedencia
Respecto de la condena en costas
solicitada, no accederá esta Corporación a tal pretensión, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991. De conformidad con este
precepto, si bien en el caso presente se encuentra probada una demora
injustificada por parte de CAJANAL en la respuesta a la petición formulada por
la accionante, no corresponde ésta a una acción clara e indiscutiblemente
arbitraria contra de la peticionaria, como lo exige la norma transcrita, sino
que se trata de una omisión en cuanto a la obligación de la accionada de dar
una pronta resolución a la solicitud que se le formulara, con lo cual se
vulneró su derecho fundamental de petición, tal como ya quedó expresado en este
proveído.
AUXILIO FUNERARIO-Improcedencia de ordenar pago
El pago de los intereses cuyo
reconocimiento pretende la accionante a través del presente proceso, respecto
de la suma de dinero que a su juicio le adeuda CAJANAL por concepto de auxilio
funerario, no es viable ordenar tal reconocimiento a través del mecanismo de la
acción de tutela, pues la protección del derecho de petición que le fue
vulnerado por la demandada va solamente hasta lograr el cumplimiento efectivo
de la orden de dar una respuesta definitiva a su solicitud, la cual puede ser
favorable o adversa a sus pretensiones.
REF:
EXPEDIENTE No. T-63072[CC1]
Acción de tutela de FANNY DULCEY ERAZO contra CAJA
NACIONAL DE PREVISION SOCIAL -Seccional Popayán-
MAGISTRADO PONENTE:
Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.
Santa Fe de Bogotá,
julio 11 de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA, procede a
revisar el fallo proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Popayán -Sala Civil Laboral- el 31 de mayo de 1995, en el proceso de tutela de
la referencia.
El expediente llegó
al conocimiento de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional por
remisión que le hizo el Juzgado Segundo Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
Con fundamento en
los artículos 86 de la Constitución Política, y 33 del Decreto 2591 de 1991, la
Sala de Selección Número Tres (3) de la Corte Constitucional, escogió, para
efectos de revisión, la presente acción de tutela.
I. ANTECEDENTES.
1. La señora FANNY DULCEY ERAZO presenta
demanda de tutela contra la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL -Seccional
Popayán- con el fin de que le sea protegido su derecho fundamental de petición,
ya que desde el 26 de mayo de 1993 entregó los documentos exigidos por la ley
para lograr el reconocimiento y pago del auxilio funerario al que considera
tiene derecho, pues ella se hizo cargo de los gastos ocasionados por la muerte
de su tío PEDRO ANTONIO SOLARTE, quien gozaba de una pensión de jubilación
reconocida por la accionada, sin que hasta la fecha de la demanda se le hubiera
resuelto tal petición.
Pasados 14 meses de
haber formulado la referida petición, la Caja Nacional de Previsión Social de
Santa Fe de Bogotá, mediante oficio suscrito por el Jefe de Archivo de la
Sección de Prestaciones Económicas, le informó a la accionante que no era
posible el envío del paz y salvo requerido para el reconocimiento del auxilio
funerario causado "por cuanto el expediente no se encuentra en esta
sección."
Como consecuencia de
lo anterior, la accionante solicita que se tutele el derecho de petición que
considera vulnerado por la Caja Nacional de Previsión Social "por no
dar pronta resolución a las legítimas peticiones presentadas el día 26 de mayo
de 1993, ante la sección de prestaciones económicas de la entidad en esta
ciudad."; además pretende que se condene a la Caja Nacional de
Previsión Social a la cancelación de las costas del proceso y "al pago
de los correspondientes intereses corrientes legales, (...) desde el día 15 de
febrero de 1993, fecha en que se causó el derecho al Auxilio Funerario y hasta
el día de pago total. Porque la cantidad de $396.000.oo, sufre el rigor de la
devaluación del peso colombiano, como también la inflación lo mengua en forma
notoria."
2. La Sala Civil Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Popayán, mediante providencia del 6 de febrero del año
en curso, se declaró INHIBIDA para resolver la acción de tutela presentada ante
ese Despacho Judicial por FANNY DULCEY ERAZO contra la CAJA NACIONAL DE
PREVISION SOCIAL -Seccional Popayán- por considerar que carecía de competencia
territorial para tramitar el proceso, ya que la sede de la entidad accionada
está ubicada en la ciudad de Santa Fe de Bogotá y no en Popayán.
3. Esta Corporación, mediante auto del 12 de
mayo de 1995 ordenó al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán que
adoptara la decisión correspondiente a efecto de que remitiera al organismo
judicial que considerara competente, por factor territorial, el expediente de
tutela.
4. Como consecuencia de lo anterior, el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán -Sala Civil Laboral- avocó el
conocimiento del proceso de tutela instaurado por FANNY DULCEY ERAZO, es decir
que admitió la competencia para la definición de la acción instaurada dejando
sin efecto la consideración anterior realizada por el mismo despacho, en el
sentido de que fue teniendo en cuenta que la sede de la entidad accionada está
ubicada en la ciudad de Santa Fe de Bogotá y no en Popayán, no le correspondía
decidir el presente asunto.
II. LA
PROVIDENCIA JUDICIAL QUE SE REVISA.
El Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Popayán -Sala Civil Laboral-, mediante providencia del
31 de mayo de 1995 resolvió "Tutelar el derecho de petición ejercido
por la Señora Fanny Dulcey Erazo" y ordenó a la Caja Nacional de
Previsión que "en el término improrrogable de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la fecha de esta providencia, expida la resolución que
reconozca o niegue el auxilio funerario solicitado". Además dispuso
remitir copia de la sentencia y del expediente a la Procuraduría General de la
Nación "para la investigación disciplinaria a que haya lugar."
Los argumentos sobre
los cuales el citado Tribunal adoptó su decisión, son los siguientes:
"De acuerdo
con el artículo 40 del mismo Código (C..C.A.), modificado por el Decreto 2304
de 1989, el plazo máximo para contestar una petición es de dos (2) meses
contados desde la fecha de la presentación y se entenderá que la respuesta es
negativa cuando no ha habido ninguna decisión en ese lapso. Esto implica
pérdida de la competencia pero debe investigarse la posible falta disciplinaria
del funcionario u órgano que omitió resolver. (...)
De lo anteriormente
expuesto se concluye que la Caja Nacional de Previsión, dado el tiempo
transcurrido hasta la fecha, ha violado el derecho fundamental de petición al
no darle respuesta oportuna a la señora Fanny Dulcey Erazo, ni darle tampoco
ninguna explicación de porqué no se le reconoce o niega el solicitado auxilio
funerario. Es pueril e inaceptable el argumento de la Caja acerca de que el
expediente no se encuentra en la sección pues resulta imposible que durante
lapso tan largo no haya podido solicitarse."
La anterior
providencia no fue impugnada, razón por la cual el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Popayán -Sala Civil Laboral- dispuso su remisión a esta
Corporación para efectos de su revisión.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
PRIMERA.
COMPETENCIA.
La Corte
Constitucional es competente, a través de esta Sala de Revisión, para proferir
sentencia en relación con la providencia dictada por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Popayán -Sala Civil Laboral-, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 86 inciso 3o. y 241 numeral 9o. de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 33, 34 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
SEGUNDA. EL CASO
OBJETO DE ESTUDIO.
Esta Corporación en
repetidas oportunidades se ha referido al derecho de petición, y ha accedido a
la tutela solicitada por diversos demandantes, cuando ha observado una
injustificada demora en la respuesta que las entidades administrativas deben
dar a las peticiones que les formulen los particulares, pues el artículo 23 de
la Carta Política establece que éstos tienen derecho a "obtener pronta
resolución."
En el caso sub
exámine encuentra la Corte Constitucional que efectivamente la Caja Nacional de
Previsión Social incurrió en una demora injustificada en su obligación de dar
pronta resolución a la petición que le formulara la accionante, desatendiendo
los términos que para el efecto le impone el Código Contencioso Administrativo.
La entidad
accionada, mediante oficio del 11 de julio de 1994 (folio 15), en respuesta a
la petición que le formulara FANNY DULCEY ERAZO el 8 de noviembre de 1993, se
limitó a informarle que "no se envía paz y salvo para el reconocimiento
de Auxilio Funerario causado por el fallecimiento del señor SOLARTE PEDRO
ANTONIO, (...), por cuanto el expediente no se encuentra en esta sección, a la
fecha se solicita tan pronto sea recibido se dará contestación a su solicitud
(sic)." En igual sentido se pronunció la Caja Nacional de Previsión
mediante oficio del 25 de agosto de 1994 suscrito por el Jefe de Archo de
Prestaciones Económicas (folio 17) dirigido a la accionante. No obra en el
expediente prueba acerca de respuesta definitiva a la petición de la señora
Dulcey Erazo por parte de la referida entidad.
Esta Corporación
encuentra que la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Popayán -Sala Civil Laboral- está en consonancia con el criterio de
la Corte Constitucional en cuanto a la tutela del derecho de petición de la
accionante, pues a través de la sentencia objeto de revisión ordena a la
entidad accionada que en el término de 48 horas contados a partir de la fecha
de la misma "expida la resolución que reconozca o niegue el auxilio
funerario solicitado" a fin de satisfacer el derecho fundamental que
por la demora injustificada en la respuesta se le ha vulnerado a la accionante,
razón por la cual confirmará la sentencia objeto de revisión.
No obstante, observa
la Corte Constitucional que el Tribunal guardó silencio en relación con las
pretensiones de la demanda relativas a la condena en costas a la accionada, y
al pago de los intereses corrientes legales desde el 15 de febrero de 1993
hasta la fecha en la que se pague el auxilio funerario que reclama la
accionante.
Respecto de la
condena en costas solicitada, no accederá esta Corporación a tal pretensión,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, que
establece que "cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y
la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e
indiscutiblemente arbitraria, (...), en el fallo que conceda la tutela el juez,
de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño
emergente si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho
así como el pago de las costas del proceso." De conformidad con este
precepto, si bien en el caso presente se encuentra probada una demora
injustificada por parte de CAJANAL en la respuesta a la petición formulada por
la accionante, no corresponde ésta a una acción clara e indiscutiblemente
arbitraria contra de la señora FANNY DULCEY ERAZO, como lo exige la norma
transcrita, sino que se trata de una omisión en cuanto a la obligación de la
accionada de dar una pronta resolución a la solicitud que se le formulara, con lo
cual se vulneró su derecho fundamental de petición, tal como ya quedó expresado
en este proveído. Además porque "el goce efectivo del derecho"
fundamental vulnerado se asegura mediante el cumplimiento oportuno de la orden
judicial de resolver la referida solicitud por parte de dicha entidad, tal como
lo dispuso el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán -Sala Civil
Laboral- en el fallo objeto de revisión, decisión que, como ya se anotó, esta
Corporación procederá a confirmar.
En relación con el
pago de los intereses cuyo reconocimiento pretende la accionante a través del
presente proceso, respecto de la suma de dinero que a su juicio le adeuda la
Caja Nacional de Previsión Social por concepto de auxilio funerario desde el
día 15 de febrero de 1993, no es viable ordenar tal reconocimiento a través del
mecanismo de la acción de tutela, pues la protección del derecho de petición
que le fue vulnerado por la demandada va solamente hasta lograr el cumplimiento
efectivo de la orden de dar una respuesta definitiva a su solicitud, la cual
puede ser favorable o adversa a sus pretensiones. Además, porque una vez
resuelta la petición por parte de la Caja Nacional de Previsión Social en los
términos establecidos en la Constitución y en la ley, y de conformidad con lo
ordenado por el juez de tutela, la demandante cuenta con los respectivos
mecanismos de defensa judicial, bien sea en vía gubernativa a través de la
interposición de los recursos legales, o en sede contencioso administrativa por
medio del ejercicio de las acciones consagradas en el Código Contencioso
Administrativo, a fin de lograr el eventual reconocimiento de sus pretensiones.
Por las razones
expuestas, esta Sala de Revisión confirmará el fallo proferido por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Popayán -Sala Civil Laboral-, en cuanto
resolvió tutelar el derecho de petición de la accionante, si para la fecha de
esta providencia no se ha dado respuesta a la solicitud formulada por la señora
FANNY DULCEY ERAZO.
IV. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, obrando en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
1. CONFIRMAR el fallo proferido por el Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Popayán -Sala Civil Laboral- el 31 de mayo de 1995, en
cuanto tuteló el derecho de petición de la señora FANNY DULCEY ERAZO.
2. LIBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda e insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional, envíese al Despacho de origen y cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Página: 31
[CC1] |
458 | T-303-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-303/95
ACCION DE TUTELA
CONTRA ALCALDIA DE BOGOTA/FEDERACION COLOMBIANA DE CICLISMO-Separación de directivos
La vulneración del debido proceso está
representada para la Corte, en el hecho de que a los demandantes de tutela se
les impuso una sanción, consistente en la orden de separarlos de los cargos que
ejercían en la Federación Colombiana de Ciclismo, por una autoridad que carecía
en forma absoluta de competencia para adoptar ese tipo de decisión -la Alcaldía
Mayor de Santa Fé de Bogotá-, según se desprende de lo dispuesto en el Decreto
2471 de noviembre 4 de 1994, razón por la cual la acción de tutela es
procedente.
REF.: EXPEDIENTE
No. T - 67.858
PETICIONARIOS: Antonio Ambrosio Esguerra y Alvaro Rojas
Saravia.
PROCEDENCIA: Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal.
MAGISTRADO
PONENTE:
HERNANDO HERRERA
VERGARA
Santa Fé de Bogotá,
D.C., Julio once (11) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Procede la Sala
Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados HERNANDO
HERRERA VERGARA, ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Y FABIO MORON DIAZ, a revisar
los fallos proferidos por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santafé de
Bogotá el 2 de febrero de 1995, y por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de esta ciudad el 10 de marzo del mismo año, en el proceso de tutela
de la referencia.
I. ANTECEDENTES
Los señores Antonio
Ambrosio Esguerra y Alvaro Rojas Saravia, mediante apoderado, acuden a la
acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable y con el fin de solicitar la protección de sus derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la honra,
vulnerados según ellos, por la Alcaldía Mayor de Santa Fé de Bogotá, al emitir
la Resolución número 810 del 19 de diciembre de 1994, por medio de la cual
fueron separados de los cargos que ocupaban como Presidente - Representante
Legal y Secretario General de la Federación Colombiana de Ciclismo,
respectivamente, y se ordenó a la Asamblea General de dicha entidad nombrar
nuevos dignatarios.
A. HECHOS.
Relata el apoderado
de los accionantes, que la citada resolución se produjo dentro de la
investigación promovida por el señor Oswaldo Cubillos, quien argumentaba
violación de los estatutos de la Federación Colombiana de Ciclismo por parte
del Presidente, doctor Antonio Ambrosio Esguerra, al delegar funciones presidenciales
en favor del Secretario General y miembro del Comité Asesor, Alvaro Rojas
Saravia sin el cumplimiento de los requisitos estatutarios, así como por el
supuesto abandono del cargo por viajes al exterior en cumplimiento de funciones
propias de su cargo, y finalmente, por haber nombrado como Gerente de la
Federación al señor Alvaro Rojas Saravia.
Por lo anterior,
expresa que se le formuló el correspondiente pliego de cargos al doctor Antonio
Ambrosio Esguerra, quien procedió en forma escrita a rendir los
correspondientes descargos, los cuales amplió posteriormente ante la División
de Personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor de Santa Fé de Bogotá.
Indica el apoderado
de los peticionarios, que dentro de los argumentos esgrimidos por el Presidente
de la Federación Colombiana de Ciclismo, se destaca que éste jamás abandonó el
cargo y que sus salidas del país obedecieron única y exclusivamente a misiones
oficiales de su cargo, como fue su presencia en Ecuador, Cuba, Noruega e
Italia, con el respectivo aval del Comité Olímpico Colombiano y de Coldeportes.
Manifestó que él procedió a delegar funciones en cabeza del Secretario y
miembro del Comité Asesor, Alvaro Rojas Saravia, pues así lo contemplan los
estatutos de la Federación Colombiana de Ciclismo -artículos 42 y 43-, al igual
que el Decreto 2845 de 1984, acto que no exige solemnidad o ritualidad para ser
llevado a efecto, contrario a lo expresado por el señor Cubillos, e igualmente,
aclaró que jamás designó como Gerente de la Federación Colombiana de Ciclismo,
al doctor Alvaro Rojas Saravia.
Señala que
posteriormente el quejoso OSWALDO CUBILLOS, presentó escrito manifestando que
desistía de la queja formulada, pues indicó que fue inducido a error y no
existe violación estatutaria por parte del Presidente de la Federación
Colombiana de Ciclismo.
a) En relación
con la situación del accionante ALVARO ROJAS SARAVIA, señala su apoderado, lo siguiente:
“Dentro de la
resolución se le está imponiendo una sanción que afecta su honra y buen nombre,
como fue el apartarlo de su cargo como secretario general de la Federación
Colombiana de Ciclismo, sin haber sido notificado de pliego de cargos alguno,
sin haber tenido la oportunidad de controvertir las acusaciones que se le
hubiesen podido formular, sin ejercer el derecho de defensa previsto dentro del
debido proceso que trata el artículo 29 de la Carta Fundamental.
Lo anterior
resulta bastante elemental y claro que dentro de la investigación adelantada a
éste jamás se le vinculó en debida forma y por ende no puede proferirse sanción
alguna en su contra, situación aberrante jurídicamente hablando.
...
“Es de aclarar
que siempre se habló de encargo de funciones, más no de designar al Sr. ROJAS
SARAVIA como Presidente encargado de la Federación, hecho totalmente falso y
que vicia el contenido de la resolución.
“Mediante decreto
No. 2471 del 4 de Noviembre de 1994, el Gobierno nacional a través del
Ministerio de Educación faculta en el Director de Coldeportes, la inspección,
vigilancia y control de los organismos deportivos a nivel nacional. Esto
significa, que la competencia para inspeccionar, vigilar y controlar a los
organismos deportivos a nivel nacional, está radicada en el Director General de
Coldeportes, razón por la cual la Alcaldía debió declararse incompetente para
conocer de dicha actuación y remitirla al funcionario respectivo en las formas
y condiciones expuestas en el citado decreto, quien en forma expresa derogó las
normas que le fueran contrarias.....
Ratifica lo dicho
el origen de la queja formulada, la cual tiene que ver con una presunta
violación de los estatutos de la Federación Colombiana de Ciclismo, asunto
interno de dicha institución, que es del resorte y conocimiento de COLDEPORTES
a la luz de la Ley 49 de 1993 y reglamentada a través del Decreto 2471 de 1994,
siendo competencia del Director de dicha entidad nacional su inspección,
vigilancia y control, competencia usurpada por los funcionarios de la
Alcaldía”.
b) Respecto de la
situación de Antonio Ambrosio Esguerra, señala el apoderado lo siguiente:
“Se le formula
queja por un supuesto desacato a los estatutos que rigen a la Federación, bajo
el argumento de abandono del cargo, designar como gerente de la Federación
Colombiana de Ciclismo a ALVARO ROJAS SARAVIA encargar como Presidente de la
Federación a la misma persona.
De tales quejas
infundadas, acogió la alcaldía la del encargo de la Presidencia de la
Federación y por ende procede a sancionarlo apartandolo del cargo e instando a
la designación de nuevo dignatario.
...
No obstante, no
se tiene en cuenta la aclaración que se hizo en la respectiva diligencia de
descargos y solo se utiliza en forma parcial su versión, para llegar en forma
acomodaticia a un presupuesto totalmente falso y ajeno a la realidad procesal,
situación que degenera en una vulgar apreciación de los medios de prueba, en
detrimento de los intereses de mi representado.
Pero ahondando
más en el fallo aquí debatido, y tenemos que encontrar que en la parte motiva
de la providencia, con claridad se establece que sí existió alguna
irregularidad, ésta fue de un tercero diferente a ANTONIO AMBROSIO y por ende
no se le puede aplicar una pena al Presidente de la Federación por una
responsabilidad de otro; cómo se puede explicar que con diáfana claridad se
diga que el Sr. AMBROSIO al salir del país cumplia con funciones propias de su
cargo y que por tal razón no existe abandono del cargo, mas sinembargo se le
pretenda responsabilizar de una actitud completamente ajena a él como era la de
firmar algunas cartas por parte del Dr. ROJAS SARAVIA.
Y agrega que, “el
poder discrecional aquí se ha exorbitado y salido de todos los parámetros
jurídicos, ya que se sanciona a una persona con una pena no prevista para
eventos como los que se le han endilgado al Dr. AMBROSIO ESGUERRA, creándose
una situación antijurídica que implica el abuso de la autoridad, pues de
existir norma sancionatoria, no es precisamente el tal mencionado funcionario
quien debe aplicarla en caso de existir irregularidad.
....”
B. PRETENSIONES
Con fundamento en lo
anterior, solicitan se les conceda la tutela como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, y se disponga en forma inmediata la no
aplicación del acto particular aquí atacado, cual es la Resolución No. 810 del
19 de diciembre de 1994, emanada de la Alcaldía Mayor de Santa Fé de Bogotá,
orden que permanecerá vigente durante el término que la autoridad judicial
competente utilice para decidir de fondo sobre las acciones que se instauren
por los afectados, en caso de que la citada Alcaldía no revoque en su totalidad
la resolución causante de la presente acción.
Señala que “acude a
la tutela como mecanismo transitorio, a pesar de existir otros medios de
defensa como el recurso de reposición ante el funcionario que profirió el acto
administrativo, el cual resulta harto precario y se podría decir que
inexistente, pues es muy improbable que quien dictó la resolución entre a
reconsiderarla. Igualmente procederían las correspondientes acciones ante el Contencioso
Administrativo, las cuales por su carácter son dispendiosas y prolongadas y que
exige previamente que se agote la vía gubernativa (art. 135 del C.C.A.)”.
II. LAS
PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE SE REVISAN.
A. Sentencia
de Primera Instancia.
Previa la decisión
de rigor, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santafé de Bogotá recibió
oficio emanado de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de esta ciudad, en
la cual manifiesta ese despacho que son competentes para ejercer el control en
cumplimiento de los estatutos e inspeccionar y vigilar a las entidades sin
ánimo de lucro como la Federación Colombiana de Ciclismo y que por tal virtud,
el 4 de noviembre (sic) se abrió investigación contra el Presidente y
Representante Legal de esa Entidad, ANTONIO AMBROSIO ESGUERRA, y luego se
escuchó en declaración al secretario general de la Federación, siendo
sancionados por Resolución 810 de 1994, en virtud del artículo 41 del Decreto
059 de 1991.
Mediante providencia
del dos (2) de febrero de 1995, el citado despacho judicial resolvió: a)
denegar la solicitud de amparo invocada por el señor ANTONIO AMBROSIO ESGUERRA,
y b) conceder la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
defensa de ALVARO ROJAS SARAVIA, vulnerados por la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor del Distrito Capital de Santa Fé de Bogotá mediante la
Resolución No. 810 del 19 de diciembre de 1994, con fundamento en las
siguientes consideraciones:
1. "Resulta entonces que la
investigación abierta por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor del
Distrito Capital, jamás formuló pliego de cargos en contra del ciudadano ALVARO
ROJAS SARAVIA, pero resultó tal ciudadano sancionado mediante la Resolución 810
del 19 de Diciembre de 1994, sin que se le hubiese oído y vencido en tal
investigación, o por lo menos, habérsele endilgado conducta reprochable
con sus derechos y deberes".
Lanza en ristre
se viene la Secretaría General de la Alcaldía contras Rojas Saravia,
quien no ha tenido oportunidad de defenderse, conocer los cargos que se le
imputaron y las normas en las cuales se apoyan tales hechos, que se ve asaltado
en su buena fe y en un total desconocimiento de lo que en verdad es un debido
proceso....
Es palpable
y concreta la violación tanto al debido proceso como al derecho de defensa en cabeza de la Secretaría General de la
Alcaldía, al desconocer abiertamente precisas normas constitucionales que
atentan contra el orden público y caen en el limbo de la antijusticia y la
arbitrariedad.
Así las cosas, se
ordenará a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá que
en el término de cuarenta y ocho (48) horas máximo, revoque la Resolución 810
del 19 de diciembre de 1994, en cuanto tiene que ver con la sanción impuesta al
ciudadano ALVARO ROJAS SARAVIA, de acuerdo con lo analizado en este
fallo”.
2. "No ocurre lo mismo con la decisión
adoptada en contra del ciudadano ANTONIO AMBROSIO ESGUERRA, por cuanto con
relación a dicho señor sí se formularon pliego de cargos y de acuerdo con la
prueba aportada fue sancionado de conformidad con precisas normas reguladoras
de la actividad de las entidades sin ánimo de lucro, que como bien lo
explica el concepto del Comité de Vigilancia y Control de la Entidades de
Utilidad Común, corresponde a ellos por competencia en virtud de lo dispuesto
por el Decreto 059 de 1991, que difiere de la competencia establecida por el
Decreto 2471 de 1994, que le otorgó competencia a la Dirección General del
Instituto Colombiano para la Juventud y el Deporte, COLDEPORTES, ya que a dicho
Comité le sigue correspondiendo la vigilancia, control e inspección en el
cumplimiento de los Estatutos de aquéllas instituciones de utilidad común (Art.
22 Dto. 059 de 1991) y con base en claras disposiciones y de acuerdo con
la prueba aportada a la investigación emitió la sanción en la Resolución 810
del 19 de Diciembre de 1994.
No puede
entonces este Circuito, so pretexto de verificar si la norma violó los
principios Constitucionales, hacer de Juzgador de Segunda Instancia para
resolver si la sanción aplicada corresponde o no a la falta cometida por el
ciudadano ANTONIO AMBROSIO ESGUERRA, porque el Juez de Tutela no es Juez de la
controversia procesal si no Constitucional. (...) Pero, sobre el entuerto traído a
colación por el accionante de si es justa o injusta la decisión tomada por la
Secretaría General de la Alcaldía, es menester que para ello agote la vía
administrativa y lleve tales hechos al resorte de lo
Contencioso-Administrativo, pues el órgano judicial competente para en
definitiva dirimir el conflicto de intereses que se presenta con motivo de la
separación del cargo del Presidente de la Federación Colombiana de
Ciclismo” (negrillas y subrayas fuera de texto).
B. Impugnación.
El apoderado de los
accionantes impugnó el fallo de primera instancia, con fundamento en que la
decisión a la cual se llegó es lógica si se tiene en cuenta el cúmulo de
arbitrariedades que acaecieron a lo largo de la investigación; mas sin embargo,
señala que “ la buena intención del fallador queda allí, habida cuenta que deja
huérfano y desprotegido de derechos a quien debe acudir a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, toda vez que el acto discutido cobra vigencia, más
aún, si se tiene en cuenta el pronunciamiento de la Alcaldía que rechazó el
recurso interpuesto a nombre de ANTONIO AMBROSIO, donde se violan la
Constitución y las leyes.
Así mismo, indica
que en la providencia que rechazó el recurso, no se dieron los presupuestos
enunciados en los artículos 51, 52 y 53 del C.C.A., ni se hicieron las
consideraciones pertinentes sobre el mismo, lo cual viola el derecho de defensa
y el debido proceso, al observar que contra la citada providencia no procede
recurso alguno.
C. Sentencia de Segunda Instancia.
Previa a la decisión
de rigor, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá pudo
constatar que mediante resoluciones Nos. 49 y 50 de febrero 6 de 1995, el
Secretario General de la Alcaldía Mayor se negó a reponer -en el sentido de
revocar, como lo habían pedido los afectados AMBROSIO ESGUERRA y ROJAS SARAVIA-
la mencionada resolución sancionatoria y declaró agotada la vía gubernativa.
Así mismo, observó
que la Resolución No. 810 de diciembre 19 de 1994, tuvo como fundamento la
investigación adelantada por el Comité de Inspección y Vigilancia de la
Alcaldía Mayor -integrado por el Secretario General, el Jefe de la Oficina
Jurídica y el Jefe de la División de Personas Jurídicas-, el cual conceptuó que
“la investigación había demostrado que la Federación Colombiana de Ciclismo
incurrió en violación de estatutos por cuanto el presidente de la misma,
ANTONIO AMBROSIO ESGUERRA, designó como presidente encargado a ALVARO ROJAS
SARAVIA, Secretario General de la Federación, cargo que no contemplan los
estatutos para las faltas temporales sino en eventos de faltas absolutas
(artículo 44, estatuto vigente), y que dada la incidencia negativa de las
actuaciones del Presidente y Secretario de la Federación Colombiana de Ciclismo
se dan los supuestos para separarlos de sus cargos, de conformidad con lo
establecido en los artículos 22 y 41 del decreto 059 de 1991”.
Con fundamento en lo
anterior, el Tribunal Superior, mediante sentencia del diez (10) de marzo de
1995, resolvió revocar la providencia impugnada en lo relacionado con la
solicitud invocada por el señor ANTONIO AMBROSIO ESGUERRA, y en su lugar tuteló
su derecho al debido proceso, ordenando la revocatoria de la Resolución No. 810
expedida el 19 diciembre de 1994 por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor
de Santafé de Bogotá, en el término de cuarenta y ocho (48) horas.
El Tribunal
fundamentó la decisión, en las siguientes apreciaciones:
"La ley 49
de 1993 estableció el 'régimen disciplinario en el deporte', definió el campo
de su aplicación, las categoría de faltas, las clases de sanciones, etc.... En
su artículo 56 previó que 'el Presidente de la República podrá delegar, de
conformidad con el artículo 211 de la Constitución Nacional, en el Director del
Instituto del Deporte las funciones de inspección, vigilancia y control sobre
los organismos deportivos' y en su artículo 57 dispuso que ella 'se aplicara a
los procesos disciplinarios que se inicien a partir' de la fecha en que la
misma ley entrará a regir -lo cual aconteció en marzo 8 de 1993- y derogó las
normas en contrario.
En ejercicio de
la facultad legalmente conferida el Presidente de la República delegó
efectivamente en el Director de Coldeportes, mediante Decreto 2471 de noviembre
4 de 1994 y con vigencia a partir de la misma fecha, 'la inspección, vigilancia
y control de los organismos deportivos, a nivel nacional".
La actuación
administrativa adelantada por la Alcaldía Mayor de Bogotá es de carácter
disciplinario y por tanto debía contar con el factor de competencia para
adelantarla y fallarla.
"Puede
admitirse que, mientras no se produjo la delegación de facultades contenida en
el Decreto 2471 de 1994, la Alcaldía Mayor de esta ciudad podía ejercer cierto
grado de jurisdicción disciplinaria de conformidad con lo previsto en el
Decreto distrital No. 59 de 1991, dictado para aplicar la ley 22 de 1987 y el
Decreto Nacional 525 de 1990, conforme a los cuales se delegó en el Alcalde
Mayor "el reconocimiento y cancelación de la personería jurídica a las
asociaciones sin ánimo de lucro con fines (...) de creación o deportes cuyo
domicilio sea la ciudad de Bogotá", porque en el artículo 37 de ese
decreto No.59 se señaló que 'el derecho de inspección y vigilancia sobre
instituciones de utilidad común domiciliadas en Bogotá... procederá respecto de
las fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro cuyos objetivos sean la
prestación de los servicios de utilidad común o de interés general'; pero la
Sala deduce que esa facultad pasó a ser competencia del Director del Instituto
Colombiano de Deporte por virtud de la referida delegación que hizo el
Presidente de la República, lo cual significa, de contera, que para el 19 de
diciembre de 1994 carecía absolutamente de competencia el Secretario General de
la Alcaldía Mayor para tomar decisión alguna dentro de la citada actuación
administrativa contra la Federación Colombiana de Ciclismo y/o sus directivos
ANTONIO AMBROSIO ESGRERRA y ALVARO ROJAS SARAVIA.
En consecuencia,
la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cumplimiento de la
función de "inspección y vigilancia", según lo preceptudado en el
artículo 41 del Decreto distrital No. 59 de 1991, profirió la Resolución 810 de
diciembre de 1994.
...
Por ende, en
nuestro entender, es al director de Coldeportes a quien compete, desde el
4 de noviembre de 1994, conocer de actuaciones administrativas - se
interpretan ya como disciplinarias, ora como policivas- relacionadas con
conductas de dirigentes deportivos como la tratada en la acción administrativa
que adelantó la Secretaría General de la Acaldía Mayor de esta ciudad contra
los señores AMBROSIO ESGUERRA y ROJAS SARAVIA".
....
Ahora bien: ese
desconocimiento de una expresa garantía constitucional que ostenta rango de
derecho fundamental, hace inaplicable de hecho, por excepción de inconstitucionalidad,
la determinación adoptada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor a
través de la Resolución 810 de diciembre 19 de 1994 y obliga a la jurisdicción
de tutela a amparar los derechos conculcados a los señores AMBROSIO ESGUERRA y
ROJAS SARAVIA en ese acto administrativo” (negrillas y subrayas fuera de
texto).
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Primera. La
competencia
Es competente esta
Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, para proferir sentencia
en relación con los fallos proferidos por el Juzgado Primero Penal del Circuito
de Santafé de Bogotá y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta
misma ciudad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 inciso
tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. El problema jurídico.
En el asunto
sometido a revisión de esta Corporación, los señores Antonio Ambrosio Esguerra
y Alvaro Rojas Saravia presentaron demanda de tutela contra la Alcaldía Mayor
de Santa Fé de Bogotá, por estimar que la actuación de ésta, al proferir la
Resolución No. 810 del 19 de diciembre de 1994, mediante la cual se ordenó
separarlos de sus cargos como Presidente - representante legal y Secretario
General de la Federación Colombiana de Ciclismo y convocar a la Asamblea
General para la elección de los nuevos dignatarios, lesiona sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la honra.
Consideran que dicha
resolución debe dejarse sin efecto, toda vez que, de conformidad con la Ley 49
de 1993 y el Decreto 2471 de 1994, el Director de COLDEPORTES es el competente
para conocer de las actuaciones administrativas relacionadas con conductas de
dirigentes deportivos, así como de las quejas formuladas ante la Alcaldía Mayor
de Santafé de Bogotá, y no el Secretario General de la misma, quien, al no
tener competencia para ello, incurrió en abuso de autoridad.
Se adiciona a lo
anterior, que el juez de primera instancia concedió la tutela del derecho al
debido proceso del señor Alvaro Rojas Saravia, pero negó que existiera
violación de derecho fundamental alguno en relación con Antonio Ambrosio
Esguerra, puesto que contra éste hubo formulación de pliego de cargos, de
conformidad con la normas reguladoras de la actividad de las entidades sin
ánimo de lucro.
Por su parte, el
Tribunal Superior revocó el fallo impugnado, por considerar que se vulneró el
derecho al debido proceso de los demandantes, habida consideración de que la
Alcaldía Mayor de Bogotá no tenía competencia para conocer de las actuaciones
realizadas por los actores, estimando que esta corresponde a COLDEPORTES desde
el 4 de noviembre de 1994. Igualmente se indicó en el fallo citado, que la
demandada separó del cargo de Secretario General de la Federación de Ciclismo
al señor Rojas Saravia, omitiendo su vinculación a la acción administrativa
disciplinaria.
Tercera. De
la competencia esgrimida por la accionada para proferir el acto administrativo
objeto de la demanda de tutela.
Es necesario
destacar, que el acto administrativo atacado a través de la acción de tutela
-la Resolución No. 810 del 19 de diciembre de 1994, emanada del Secretario
General de la Alcaldía Mayor de Santa Fé de Bogotá, D.C.-, se expidió con
fundamento en los siguientes argumentos:
a) Investigación administrativa adelantada
por esa Alcaldía contra la Federación Colombiana de Ciclismo, a raíz de la
queja presentada por el señor Oswaldo Cubillos en su condición de representante
legal de la Liga de Ciclismo de Bogotá.
Es del caso observar
que el citado quejoso, “bajo la gravedad del juramento radicó escrito de
desistimiento” en el que manifestó que “los manejos de la Federación son
transparentes y correctos, sin que exista irregularidad por parte del
Presidente Antonio Ambrosio Esguerra”.
b) No obstante el desistimiento, dicha
Secretaría “en uso de la facultad de control sobre el cumplimiento de los
estatutos”, continuó de oficio la investigación con el fin de verificar la
posible violación de los mismos.
c) Concepto emitido el 14 de diciembre de
1994 (Acta No. 1) por el Comité de Inspección y Vigilancia de Instituciones de
Utilidad Común sin ánimo de lucro, donde se expresó para sustentar la
competencia de la Alcaldía en cuanto a la imposición de la respectiva sanción a
los funcionarios investigados, lo siguiente:
“El Comité para
emitir concepto tiene en cuenta: -Que es necesario distinguir la inspección,
vigilancia y control sobre organismos deportivos a que se refiere el Decreto
2471 del 4 de noviembre de 1994, delegadas en el Director General del Instituto
Colombiano de la Juventud y el Deporte “Coldeportes”, el cual se basa en el
régimen disciplinario, ético, correccional y competitivo del deporte, y la
inspección y vigilancia patrimonial (numeral 26, artículo 189, CP. y normas
concordantes), el control sobre el cumplimiento de estatutos (artículos 22 y
ss. Decreto 059 de 1991)..., y otros. Por tanto, es diferente el control,
inspección y vigilancia del régimen disciplinario, ético, correccional y
competitivo de la actividad deportiva en cabeza de COLDEPORTES (Ley 49 de 1993
y Decreto Reglamentario 2471 de 1994), al régimen de existencia y representación
legal de una entidad sin ánimo de lucro, cuya competencia aún radica en
la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá respecto a las entidades con domicilio
en esta ciudad y el cual abarca el reconocimiento, negación, suspensión y
cancelación de personería jurídica, la aprobación de reformas estatutarias, la
inscripción de representantes legales y demás dignatarios y miembros del órgano
fiscalizador..., el control sobre el cumplimiento de estatutos, la inspección y
vigilancia sobre instituciones de utilidad común y las demás actividades,
trámites y funciones inherentes a la existencia de las personas sin ánimo de
lucro...”
“- Que dada la
incidencia negativa de las actuaciones del Presidente y Secretario de la
Federación Colombiana de Ciclismo, se dan los supuestos para separarlos de sus
cargos, de conformidad a lo establecido en los artículos 22 y 41 del decreto
059 de 1991...” (negrillas y subrayas fuera de texto).
Cuarta. Cuáles
eran las normas vigentes al momento de la expedición de la Resolución que impuso
la sanción objeto de la demanda de tutela?
Para poder
determinar si a los peticionarios se les vulneró su debido proceso, como así lo
sostienen en la demanda de tutela, es indispensable para la Sala examinar
previamente las situaciones procesales que antecedieron a la expedición de la
Resolución No. 810 de diciembre 19 de 1994, dentro de las cuales se hace
necesario verificar las normas que, tanto al momento de iniciarse la
investigación como al proferir la respectiva resolución, estaban vigentes:
a) El señor Oswaldo Cubillos, Presidente de
la Liga de Ciclismo de Bogotá, formuló ante la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, queja contra el Presidente de la
Federación Colombiana de Ciclismo, doctor Antonio Ambrosio Esguerra, el 2 de
septiembre de 1994.
b) Mediante auto fechado 4 de octubre de
1994, la Alcaldía ordenó abrir investigación administrativa a la Federación
Colombiana de Ciclismo, y concretamente a sus representante legal y secretario
general.
Según la Alcaldía
Mayor, al momento de iniciarse el proceso señalado, se encontraban vigentes la
Ley 22 de 1987 y el Decreto 525 de 1990.
El citado decreto en
una de sus disposiciones, establecía que el Presidente de la República delegaba
en el Alcalde Mayor de Bogotá, la función de regular lo relacionado con el
control, inspección y vigilancia sobre las fundaciones o instituciones de
utilidad común y las asociaciones sin ánimo de lucro cuyo domicilio fuese la
ciudad de Bogotá, por lo que en este sentido, tenía competencia para iniciar la
investigación e imponer las sanciones a que hubiese lugar, en relación con las
actuaciones administrativas por ella adelantadas, como la del asunto
sub-examine contra la Federación Colombiana de Ciclismo.
c) El 10 de noviembre de 1993, fue promulgada
la Ley 49, “por la cual se establece el régimen disciplinario en el deporte”,
que en su artículo 56 preceptúa que el Presidente de la República delega en el
Director de Coldeportes la función de inspección, control y vigilancia de las
instituciones deportivas.
Esta norma tan sólo
tuvo plenos efectos y vigencia cuando se expidió y promulgó el Decreto 2471 del
4 de noviembre de 1994 (publicado en el Diario Oficial del 10 de noviembre del
mismo año), el cual reglamentó el citado artículo 56 de la ley 49 de 1993, por
lo que a partir del 10 de noviembre de 1994, fue atribuída en forma exclusiva
la competencia al Director de Coldeportes en lo referente a la inspección,
vigilancia y control de los organismos deportivos a nivel nacional.
Es así como dicho
Decreto señala:
“Artículo 1o. Delégase
en el Director General del Instituto Colombiano de la Juventud y el
Deporte, COLDEPORTES, la inspección, vigilancia y control de los
organismos deportivos, a nivel nacional.
Artículo 2o. Este
decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias” (negrillas y subrayas fuera de texto).
Así pues, el citado
decreto no sólo confirió la delegación en cabeza del Director General de
COLDEPORTES para inspeccionar, vigilar y controlar los organismos deportivos a
nivel nacional, sino que adicionalmente y en forma concreta dispuso la
derogación de todas las disposiciones que le fuesen contrarias.
d) El 19 de diciembre de 1994, se profirió
por el Secretario General de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, la
Resolución No. 810, por medio de la cual se ordenó “separar de los cargos” a
los peticionarios de la tutela, y convocar a la Asamblea General para designar
un nuevo órgano de la Federación Colombiana de Ciclismo.
f) Finalmente, observa la Sala que la Alcaldía
Mayor de Santa Fe de Bogotá aplicó retroactivamente las normas derogas por el
Decreto 2471 de 1994 -Decreto 525 de 1990-, a expedir la resolución 810 de
1994, desconociendo la entidad competente para ejercer la inspección,
vigilancia y control sobre los organismos deportivos a nivel nacional, que lo
es en este asunto, el Director de Coldeportes.
Quinta.
Violación
del Debido Proceso por falta de competencia y no aplicación de las normas
preexistentes. Procedencia de la Acción de Tutela.
Con fundamento en lo
anteriormente expuesto, puede concluir la Sala de Revisión de la Corte
Constitucional, que:
a) Al momento de proferirse la Resolución No.
810 de diciembre 19 de 1994, que separó de sus cargos a los señores ANTONIO
AMBROSIO ESGUERRA y ALVARO ROJAS, se encontraba vigente el Decreto 2471 de
noviembre 4 de 1994, en virtud del cual, el Presidente de la República delegó
en el Director General de COLDEPORTES la función de inspección, control y
vigilancia de los organismos deportivos, a nivel nacional.
b) Por lo anterior, la Alcaldía Mayor de
Santa Fe de Bogotá no tenía competencia para proferir la mencionada Resolución,
en virtud de la derogatoria del Decreto 525 de 1990, por el Decreto 2471 de
noviembre 4 de 1994. Sobre el particular, conviene recordar lo que en lo
pertinente sostuvo el a-quo:
"Puede
admitirse que, mientras no se produjo la delegación de facultades
contenida en el Decreto 2471 de 1994, la Alcaldía Mayor de esta ciudad podía
ejercer cierto grado de jurisdicción disciplinaria de conformidad con lo
previsto en el Decreto distrital No. 59 de 1991, dictado para aplicar la ley 22
de 1987 y el Decreto Nacional 525 de 1990, conforme a los cuales se
delegó en el Alcalde Mayor "el reconocimiento y cancelación de la
personería jurídica a las asociaciones sin ánimo de lucro con fines (...) de
creación o deportes cuyo domicilio sea la ciudad de Bogotá", porque en el
artículo 37 de ese decreto No. 59 se señaló que 'el derecho de inspección y
vigilancia sobre instituciones de utilidad común domiciliadas en Bogotá...
procederá respecto de las fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro cuyos
objetivos sean la prestación de los servicios de utilidad común o de interés
general'; pero la Sala deduce que esa facultad pasó a ser competencia del
Director del Instituto Colombiano de Deporte por virtud de la referida
delegación que hizo el Presidente de la República, lo cual significa, de
contera, que para el 19 de diciembre de 1994 carecía absolutamente de
competencia el Secretario General de la Alcaldía Mayor para tomar decisión
alguna dentro de la citada actuación administrativa contra la Federación
Colombiana de Ciclismo y/o sus directivos ANTONIO AMBROSIO ESGRERRA y ALVARO
ROJAS SARAVIA”.
c) Lo que debió hacer la Alcaldía al momento
de conocer la existencia del Decreto 2471 de 1994, por el cual perdió la competencia
para controlar, vigilar e inspeccionar organismos deportivos -del orden
nacional-, era entonces remitir la investigación y demás actuaciones
adelantadas contra los peticionarios de tutela, en su calidad de directivos de
la Federación Colombiana de Ciclismo al Director General de COLDEPORTES, para
que éste asumiera el conocimiento de las presuntas conductas contrarias a la
ley en que hubiesen podido incurrir los mencionados funcionarios, a fin de
continuar el respectivo proceso disciplinario y aplicar las sanciones
correspondientes.
De conformidad con
lo anterior, para esta Sala de Revisión es claro que en el presente caso se
vulneró a los accionantes su derecho constitucional fundamental al debido
proceso consagrado en el artículo 29 del estatuto superior, según el cual:
“Nadie podrá ser
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio”.
De otro lado, cabe
advertir el artículo 2o. de la Ley 153 de 1887, dispone, que “La ley posterior
prevalece sobre la anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria a
otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley
posterior”, lo que determina la procedencia de la continuación de las
diligencias adelantadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor del
Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, por parte de quien en virtud del
Decreto 2471 de 1994, es el competente para asumir y continuar la investigación
que contra los accionantes de tutela, inició la citada Alcaldía.
La vulneración del
debido proceso está representada para la Corte, en el hecho de que a los
demandantes de tutela se les impuso una sanción, consistente en la orden de
separarlos de los cargos que ejercían en la Federación Colombiana de Ciclismo,
por una autoridad que carecía en forma absoluta de competencia para adoptar ese
tipo de decisión -la Alcaldía Mayor de Santa Fé de Bogotá-, según se desprende
de lo dispuesto en el Decreto 2471 de noviembre 4 de 1994, razón por la cual la
acción de tutela es procedente, como así habrá de disponerse en la parte
resolutiva de esta providencia, confirmando lo resuelto por el Tribunal
Superior de Bogotá.
Lo anterior no
significa que el juez de tutela, en este caso la Corte Constitucional, pueda ni
deba entrar a juzgar la conducta asumida por los demandantes, pues ello escapa
a su competencia, ya que quien legalmente está habilitado para ejercer la
inspección, vigilancia y control de los organismos deportivos, entre ellos las
conductas y comportamientos asumidos por sus directivos, es el Director General
de COLDEPORTES.
Sobre el particular,
comparte esta Sala de Revisión las apreciaciones del Tribunal Superior de
Bogotá, al resolver en segunda instancia la demanda de tutela que ocupa la
atención de esta Corporación, en virtud de las cuales:
“Ese
desconocimiento de una expresa garantía constitucional que ostenta rango de
derecho fundamental, hace inaplicable de hecho, por excepción de
inconstitucionalidad, la determinación adoptada por la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor a través de la Resolución 810 de diciembre 19 de 1994 y obliga a
la jurisdicción de tutela a amparar los derechos conculcados a los señores AMBROSIO
ESGUERRA y ROJAS SARAVIA en ese acto administrativo”.
Por lo expuesto,
esta Corporación confirmará el fallo proferido por el Tribunal Superior de
Bogotá, el 10 de marzo de 1995, en el sentido de conceder el amparo del derecho
al debido proceso de los accionantes por habérseles impuesto la sanción de
separación de sus cargos por una autoridad que carece de competencia para
decretarla, pero se adicionará la mencionada providencia para los efectos de
ordenar la remisión de las investigaciones adelantadas contra los señores
AMBROSIO ESGUERRA y ROJAS SARAVIA, al Director General de COLDEPORTES, a fin de
que adopte las medidas y decisiones a que haya lugar, si encuentra mérito para
ello, en ejercicio de dicha competencia y con la observancia de la plenitud de las
formas propias del respectivo juicio, con la advertencia expresa de que lo
anterior no equivale a desvirtuar el contenido material de la providencia que
impuso las sanciones mencionadas.
IV.
DECISION.
En razón a lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
PRIMERO: CONFIRMAR
por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Santa Fé de Bogotá, Sala Especial, el 10 de marzo de 1995,
en relación con la acción de tutela presentada por los señores ANTONIO AMBROSIO
ESGUERRA y ALVARO ROJAS SARAVIA.
SEGUNDO. Adicionar la providencia del
Tribunal Superior de Bogotá, para los efectos de que por conducto de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Santa Fé de Bogotá, se remitan al
Director General de COLDEPORTES, las investigaciones disciplinarias adelantadas
contra los señores ANTONIO AMBROSIO ESGUERRA y ALVARO ROJAS SARAVIA a fin de que
adopte dentro del ámbito de su competencia, las medidas y decisiones a que haya
lugar, si encuentra mérito para ello, con la observancia de la plenitud de las
formas propias del respectivo juicio, con la advertencia expresa de que lo
anterior no equivale a desvirtuar el contenido material de la providencia que
impuso las sanciones mencionadas.
TERCERO. Por la Secretaría General de la Corte
Constitucional, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General |
459 | T-304-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-304/95
DERECHOS DEL NIÑO-Existencia de vías policiva y penal no son
obstáculo
La existencia de las vías policiva y penal
no son obstáculo para conceder el amparo de los derechos fundamentales a través
de la tutela. En el caso subjudice, no obstante la existencia de la vía penal,
y al persistir la violación y amenaza de vulneración de los derechos
fundamentales de los aludidos menores, sea procedente la acción de tutela. Se
trata entonces, de hacer una conciliación entre los fines que persigue la
acción penal y los que le han sido asignados a la acción de tutela, los cuales
no resultan opuestos sino complementarios.
AMBIENTE FAMILIAR-Protección
El ambiente familiar se construye o está
dado no sólo por la infraestructura material, en lo que atañe a disponibilidad
de una vivienda en condiciones dignas, sino por la reunión de una serie de
elementos que creen un mundo de afecto y de seguridad física y moral apto para
propiciar el desarrollo integral de sus miembros. En tal virtud, aquél debe ser
objeto de la protección y atención prioritaria del Estado, pues de la
apropiada, garantizada y armoniosa organización y funcionalidad de la familia,
en un ambiente sano, depende fundamentalmente la ausencia de alteraciones
(físicas, morales, mentales, emocionales, etc.) en el desarrollo armónico e
integral de la personalidad de los adultos y niños que de ella forman parte.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PARIENTE POR ABUSO SEXUAL/DERECHOS DEL NIÑO A TENER UNA FAMILIA
Se concederá en favor de los menores la
tutela de sus derechos fundamentales a no ser objeto de tratos inhumanos o
degradantes, de violencia física o moral, de abuso sexual, a que se les asegure
la armonía y unidad familiar en el medio en que viven y a tener una familia y
no ser separados de ella. La consagración constitucional del derecho de todo
niño a tener una familia y a no ser separado de ella, implica la garantía de su
permanencia en el hogar al cual pertenece, siempre que reúna las condiciones
requeridas para su desarrollo integral. Por lo tanto, a juicio de la Sala es
necesario garantizar la permanencia de dichos menores en el lugar donde habitan
actualmente.
CONFLICTO DE
DERECHOS/CONFLICTO DE DEBERES/PREVALENCIA DE DERECHOS DEL NIÑO
Se encuentra la Sala con el problema
consistente en determinar de qué manera se resuelve la colisión de derechos e
intereses que se presenta entre los menores y el demandado, quien igualmente
tiene el derecho de habitar en el mismo inmueble donde han ocurrido los hechos
que motivaron la tutela. Obviamente, de acuerdo con la Constitución prevalecen
los derechos de los menores; pero como la Sala no puede ordenar la internación
del demandado en un establecimiento siquiátrico o clínica adecuado mientras se
logra su recuperación mental, pues ello constituye una medida de seguridad que
le compete imponer al juez penal, ni ordenar que el citado desaloje el
inmueble, porque ello escapa a su competencia, las cuales serían las medidas
alternativas a considerar para aseguar la protección de los derechos de los
menores, se dispondrá oficiar, tanto al ICBF. como al Servicio Seccional de
Salud, con el fin de que estas entidades adopten las medidas apropiadas que
estén a su alcance para impedir que continúen la vulneración y amenaza de
violación de los derechos de los menores. Ello, sin perjuicio de la vigilancia
especial que las fuerzas de policía del lugar deben ejercer sobre el demandado
para evitar que sigan ocurriendo los hechos que originaron la tutela.
REF.:
Expediente T-65062.
TEMA:
El ambiente familiar
favorable, condición para el desarrollo integral del menor y para asegurar la
protección de sus derechos.
La existencia de las
vías policiva y penal no son obstáculo para conceder el amparo de los derechos
fundamentales a través de la tutela.
ACTOR:
María del Carmen
Marín Pulgarín.
MAGISTRADO
PONENTE:
ANTONIO BARRERA
CARBONELL.
Santafé de Bogotá,
D.C. julio doce (12) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio
Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz, revisa el
fallo proferido el día 17 de febrero de 1995 por el Juzgado Penal del Circuito
de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), dentro del proceso de tutela instaurado por
María del Carmen Marín Pulgarín contra su hermano Saulo Antonio Marín Pulgarín.
I. ANTECEDENTES.
1. La petición de
tutela y los hechos.
María del Carmen
Marín Pulgarín instauró acción de tutela contra su hermano Saulo Antonio Marín
Pulgarín con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales -no
dice cuales- que afirma le han sido vulnerados tanto a ella como a sus hijas
y nietos.
La peticionaria es
persona analfabeta, residente en el municipio de Santa Rosa de Cabal. En su
casa de habitación, de propiedad de su hermana Fabiola, convive con sus hijas
Luz Marina Marín, mayor de edad, LL y OO, de 14 años de edad, sus nietos DD, FF
y RR, los dos primeros de 5 y 4 años de edad respectivamente y su hermano Saulo
Antonio Marín Pulgarín. Es de anotar, que a éste se le reconoce por la
peticionaria el derecho a habitar en dicha casa.
El demandado Saulo
Antonio Marín Pulgarín ha asumido constantemente una conducta agresiva y
amenazante contra ella y Luz Marina Marín y ha abusado sexualmente de
diferentes maneras de los niños DD y FF, hasta el punto que ya violó a uno de
ellos. Además, los maltrata tanto de palabra como físicamente.
Igualmente el
demandado ha ofendido verbalmente a sus dos hijas gemelas LL y OO, ya
nombradas, y ha ejecutado actos que atentan contra la intimidad de estas.
Dice la peticionaria
que el demandado anteriormente consumía sustancias alucinógenas, no trabaja y
no aporta nada para los gastos de la casa, pues quien asume las obligaciones
del hogar es su hija Luz Marina.
Los hechos
concernientes a la conducta del demandado frente a los mencionados menores
fueron puestos en conocimiento de la oficina de la Comisaría de Familia y la
Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa
de Cabal.
2. Sentencia del
Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal.
El Juzgado Penal del
Circuito de Santa Rosa de Cabal negó la pretensión de tutela, entre otros
argumentos, con base en los siguientes:
En atención a que el
demandado es un particular, el fallador de la tutela adujo que "la
peticionaria no está en condiciones de subordinación frente a su hermano, pues
ambos están en un mismo plano de igualdad, ambos son mayores de edad y ninguno
tiene posición que resulte superior al otro". Agregó que "Doña María
del Carmen ha manifestado que el accionado no ha realizado para con ella más
que agresiones verbales. No puede olvidarse que si han existido agresiones
físicas, éstas se han presentado para otra persona mayor de edad (su hija Luz
Marina), pero la tutela debe ser solicitada por cada persona, por cada afectado
y no por los demás, salvo casos excepcionales, como los de los menores".
En lo que se
relaciona con el estado de indefensión de los menores frente al accionado, si
bien consideró que aquella se presume con respecto a todo menor que solicite la
tutela, estimó necesario hacer alusión a la situación mental del demandado, a
los problemas que de ésta se derivan y a sus posibles soluciones. Al respecto,
señaló que "obra en el proceso dictamen de perito siquiatra forense, en el
cual concluye, luego de examinar al señor Saulo en octubre 10 de 1994, que éste
presenta alteraciones mentales, lo que significa que sus acciones no pueden
equipararse a las de una persona con plena lucidez de conciencia y con voluntad
(folios 10 y 11). Quiere decir lo anterior que la señora Marín debe acudir a
las autoridades municipales de Santa Rosa de Cabal, en el sector salud, o, en
su defecto, a las autoridades departamentales de Risaralda para que, de acuerdo
con sus competencias, presten al señor Saulo la atención y tratamiento que
requiera, de acuerdo con la ley 60 de 1993 y exigiendo que se respeten los
derechos del mencionado señor y en especial el que tiene a recibir la atención
y el tratamiento apropiado, tal como lo consagra la resolución 2417 de abril 2
de 1992, del Ministerio de Salud Pública, en cumplimiento al artículo 47 de la
Constitución Nacional, que obliga al Estado a adelantar una política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos síquicos,
sensoriales y físicos". En tales circunstancias, estimó que la
peticionaria debe "acudir a las autoridades mencionadas, en cuanto a las
que tienen que ver con el sistema de salud municipal o departamental, para que
allí presten las debidas atenciones del caso".
En lo atinente a los
hechos que pueden afectar, según el Juez Penal del Circuito de Santa Rosa,
"el pudor sexual de los niños", dijo: "ya la autoridad judicial
competente se está encargando de las investigaciones pertinentes. Uno de los
procesos ya terminó con preclusión de instrucción y el otro se está tramitando,
habiéndose impuesto en él medida de aseguramiento contra el sindicado. Esto
quiere decir que existe, en este caso, otro medio de defensa judicial de los
derechos, el cual está actualmente en movimiento. Si la Fiscalía está al tanto
de la situación y el proceso está avanzando (ya tiene cierre de instrucción),
mal puede decirse que no se está actuando en defensa de los menores afectados y
concretamente del niño FF. De continuar el señor Saulo observando mala
conducta, la actora, señora María del Carmen, puede informar al señor Fiscal 30
Delegado ante este Juzgado o a quien esté encargado de la actuación penal, para
que tome las medidas correctivas que el Código de Procedimiento Penal consagra.
Si el menor ya fue sujeto pasivo de abusos sexuales, el perjuicio ya fue
causado y, por tanto, no procede la tutela. Para ello, se insiste, está el
proceso penal que ya se tramita".
3. Material
probatorio.
Obran dentro del
expediente las siguientes pruebas:
Declaración de Luz Marina Pulgarín, quien
señala, entre otras cosas, que Saulo Antonio Marín Pulgarín "me estaba
cogiendo el niño y me lo estaba violando, entonces como yo no hice nada en
contra de él, siguió molestándome al niño, me insulta, se agarra a rendijarnos
(sic) cuando nos estamos bañando, o me le da patadas a los niños e intenta
coger a las gemelas, hermanitas mías y les muestra plata por encima del
baño..."; al respecto, en cuanto al término "coger" anota que a
DD "le cogió el chichi y le estaba haciendo daño". Agrega que "a
la niña mía, que se llama RR también ha intentado cogérmela y le dice que se
deje coger de él que él no le hace nada y me la persigue mucho, hasta el punto
que me tocó llevármela de mi casa y esta donde mis abuelitos" y que
denunciaron estos hechos, de los cuales es testigo Mirían N la que vive por la
casa del teniente Ramírez, ante la Comisaría de Familia y la Fiscalía.
Dictamen de Psiquiatría Forense del
Instituto Seccional de Medicina Legal e Investigaciones Forenses (Risaralda),
solicitado con la finalidad de determinar sí Saulo Antonio Marín Pulgarín al
momento de cometer el ilícito a él atribuido, se encontraba en capacidad de
comprender la ilicitud de su acto o de determinarse de acuerdo con esa
comprensión. Se concluyó en el dictamen que éste "no estaba en capacidad
de comprender su conducta y autodeterminarse de acuerdo con dicha comprensión
por presentar trastorno mental permanente al momento de su ilicitud". Para
arribar a dicha conclusión, se consideró lo siguiente:
"No tiene
claros antecedentes familiares de enfermedad mental, pero uno de sus hermanos
fue asesinado (según se informa). Su comportamiento desde la niñez ha sido
impulsivo y hostil, a tal punto que en varias ocasiones trató de agredir a su
hermana. Este comportamiento se ha vuelto más intenso desde la muerte de su
madre hace 3 años, a tal punto que es descuidado en su arreglo personal, no
trabaja y hace caso omiso de las sugerencias de la familia. Además de dar
maltrato a los sobrinos con quienes convive".
"Al momento del
examen practicado al entrevistado se aprecian alteraciones mentales en
diferentes áreas de las funciones autónomas del yo, pues manifiesta falta de
lucidez mental, desorientación temporo-espacial, fallas de la memoria,
pensamiento ilógico y lento, pobreza intelectual e ideativa, introspección y
prospección alteradas, disociación ideo-afectivo y juicio alterado".
"Por la época
de su ilicitud la alteración de su conciencia y de sus capacidades
cognativo-volitivas le impedían comprender su acción y autodeterminarse, como
también evaluar el sentido de realidad".
Inspección practicada por el Juzgado Penal
del Circuito de Santa Rosa de Cabal en las oficinas de la Unidad de Fiscalías
Delegadas ante dicho Juzgado. En dicha diligencia se constató lo siguiente:
La existencia del
expediente No. 0447. Delito corrupción; imputado Saulo Antonio Marín Pulgarín;
ofendidos: LL, OO y RR (menores de edad); denunciante: María del Carmen Marín
Pulgarín.
La actuación
procesal que reseña dicho expediente es la siguiente:
El 2 de agosto de
1993 se inicia la actuación con la denuncia presentada por la señora mencionada
ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de esta ciudad; el 17 de agosto de 1993
el Juzgado envía las diligencias a la Fiscalía ante el Juzgado del Circuito y
asume el conocimiento de las mismas la Delegada 30, quien ordena adelantar
investigación previa; se recibió ampliación de denuncia, declaraciones varias y
se escucharon a los menores afectados; el 3 de febrero de 1994 se profirió
resolución de apertura de instrucción ordenándose la vinculación del imputado;
el 9 de febrero de 1994 se le recibió indagatoria al implicado, y el 15 de
marzo de 1994 la Fiscalía 30 mencionada decretó la preclusión de la
investigación y el archivo del expediente, pues concluye que la conducta
denunciada es atípica y que por ello no podía continuarse con la instrucción.
La existencia del
expediente No. 548. Delito Corrupción; sindicado: Saulo Antonio Marín Pulgarín;
ofendido DD (menor de edad) e iniciado de oficio.
El trámite
correspondiente se origina en el informe policivo 132 RESAC-DERIS del 9 de
junio de 1994 proveniente del comando de Policía de Menores de Santa Rosa de
Cabal que pone al retenido Saulo Antonio Marín Pulgarín a disposición del
Inspector 4o Municipal de Policía de la ciudad, quien fue aprendido el 8 de
mayo de 1994 en la carrera 16 número 23-69, a petición de Carmen Marín
Pulgarín, quien adujo que aquel "abusó sexualmente" del menor ya
aludido; el Inspector ordena la remisión del retenido a la Fiscalía 30, la cual
asume el conocimiento y ordena adelantar la investigación previa, dispone la
libertad inmediata por no haber sido aprehendido en forma ajustada a las normas
legales; por la Secretaría Común de esa Unidad de Fiscalías, se deja constancia
de la existencia de otro proceso y de la identidad del imputado el 9 de junio
de 1994, en la misma fecha se declara iniciada la instrucción y se ordena
vincular mediante indagatoria al citado; el 10 de junio de 1994 es indagado; se
practicaron varias pruebas (dictamen médico legal, según el cual el niño DD
presenta en sus genitales lesiones compatibles con manipulación sobre dicha
zona); el 15 de junio de 1994 la Fiscalía 30 resuelve la situación jurídica del
indagatoriado imponiéndole medida de aseguramiento consistente en caución
juratoria; se suscribe el correspondiente compromiso; se decretó prueba
pericial para que el Psiquiatra Forense examinara al procesado y se obtuvo
dictamen PS-143-94, fechado en Pereira el 1° de noviembre de 1994, en el cual
el perito concluye que el reo "no estaba en capacidad de comprender su
conducta y autodeterminarse de acuerdo con dicha comprensión por presentar
trastorno mental permanente al momento de su ilicitud", y el 27 (sic) de
1995 se declaró cerrada la instrucción, lo que constituye la última actuación
que obra en el proceso, junto con su notificación.
Oficio de la Fiscalía Treinta Seccional
Delegada de Santa Rosa de Cabal, recibido en la Corte Constitucional el 7 de
julio de 1995, en donde se informa que dentro del proceso Nro. 548 por el
delito de CORRUPCION contra SAULO ANTONIO MARIN PULGARIN, con fecha mayo 8
próximo pasado, dicha Fiscalía dictó en su contra RESOLUCION DE ACUSACION, no
sin antes haberlo declarado INIMPUTABLE.
II COMPETENCIA.
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir Sentencia de revisión
dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos
86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
III
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1. Procedencia
formal de la tutela.
1.1. Existencia
de un estado de indefensión.
El artículo 86 de la
Constitución establece que la ley deberá determinar los casos en los que la
acción de tutela procede contra particulares "encargados de la prestación
de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión".
El artículo 42 del
decreto 2591 de 1991 señaló, entre las causales de procedencia de la acción de
tutela contra particulares, la consignada en el numeral 9o, según el cual ella
es viable cuando el peticionario se encuentre en situación de subordinación o
indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción, con
la anotación de que se presume la indefensión del menor que solicite la tutela.
El estado de
indefensión, ha dicho la Corte, se produce cuando una persona, sin culpa de su
parte, no se encuentra en posibilidad de defenderse o defender sus derechos por
carencia de medios físicos y jurídicos idóneos para tal fin, según la
apreciación concreta que haga el juez de tutela, atendidas las circunstancias del
caso.
Los menores DD, FF,
LL, OO y RR, en cuyo favor se impetra la tutela, se encuentran en estado de
indefensión frente al demandado, pues no sólo ésta se presume, sino que ella se
deduce de las circunstancias fácticas del caso. En efecto, en razón de los
derechos que el demandado tiene para habitar el mismo inmueble donde residen
los menores con los familiares antes identificados, se han visto obligados a
cohabitar dentro de un ambiente de violencia física y moral impuesto por una
persona en comprobado estado de demencia, al cual físicamente no pueden
resistir. Tampoco, las vías jurídicas de naturaleza administrativa
-intervención de la Comisaria de Familia- ni de naturaleza judicial
-investigación penal por la Fiscalía, han constituido remedios adecuados y
eficaces para asegurar sus derechos constitucionales fundamentales.
1. 2. La
existencia de las vías policiva y penal no son obstáculo para conceder el
amparo de los derechos fundamentales a través de la tutela.
La peticionaria que
agencia los derechos de los menores acudió ante las autoridades administrativas
para poner remedio a la violación de sus derechos fundamentales. Sin embargo,
no obstante que la Comisaría de Familia y las autoridades de policía tuvieron
conocimiento de los hechos que dieron origen a la tutela, no adoptaron las
medidas convenientes y suficientes que hubieran contribuido a poner fin a los
desmanes del demandado y asegurar la protección de los derechos de los menores.
Tampoco la vía penal
resultó ser un medio idóneo y eficaz para lograr el cometido concreto, efectivo
y realizador previsto en la Constitución, cuando reconoce el derecho a la
integridad física y moral de los niños, pues el proceso penal no está
encaminado a la protección inmediata de los derechos fundamentales violados o
amenazados, sino a la imposición, a posteriori de la ocurrencia del hecho
punible, de una pena a su autor y la condena a la correspondiente indemnización
de perjuicios.
La circunstancia
anotada, ha conducido a que en el caso subjudice, no obstante la existencia de
la vía penal, y al persistir la violación y amenaza de vulneración de los
derechos fundamentales de los aludidos menores, sea procedente la acción de
tutela. Se trata entonces, de hacer una conciliación entre los fines que
persigue la acción penal y los que le han sido asignados a la acción de tutela,
los cuales no resultan opuestos sino complementarios, como tuvo ocasión de
señalarlo la Corte en la sentencia T-529 del 18 de septiembre de 1992[1].
"...la orden
de amparo por vía de las actuaciones en sede de tutela, no enerva ni obstruye
las competencias de las autoridades penales de la Rama Judicial, pues estas
deben seguir el curso de las actuaciones que les asigna la acción pública de
que son titulares ante la comisión de un delito o de una conducta punible, e
incluso pueden llegar a ordenar las reparaciones que sean procedentes por vía
de la acción civil y dentro del marco de la correspondiente responsabilidad.
Tutelar el Derecho Constitucional Fundamental a la vida que se encuentra
amenazada y el Derecho a la Integridad Personal que ha sido violado por uno de
los cónyuges que coloca al otro en condiciones de indefensión, no comporta en
este caso la exclusión de las competencias de los jueces penales, pues, en juicio
de la Corte Constitucional ambas vías judiciales buscan fines diferentes y no
son incompatibles. En estos casos la vía judicial ordinaria no alcanza a
garantizar los derechos constitucionales, que se pretenden proteger por vía de
la acción de tutela".
"...el
criterio según el cual la peticionaria goza de otro medio de defensa judicial
por cuanto está en posición de iniciar un proceso penal contra su compañero
permanente por las lesiones personales que le cause, resulta ser equivocado
desde el punto de vista de la protección judicial efectiva de las garantías
constitucionales, teniendo en cuenta que la pena siempre será posterior al
ilícito y que con su imposición no se remedia el perjuicio ya causado. En tal
sentido, someter a la persona a la exigencia de nuevos daños a su integridad
personal para alcanzar la protección del juez implica contrariar el sentido de
amparo eficaz de los derechos en que se inspira la Constitución".
(...)
"Pero,
además, la protección de los derechos fundamentales amenazados tiene que ser
inmediata. No puede supeditarse a los engorrosos trámites de un proceso
ordinario, aunque, desde luego, la procedencia de la tutela y su prosperidad,
que aluden directamente a la salvaguarda de los derechos, no son incompatibles
con las sanciones que puedan imponerse dentro del proceso penal por los delitos
cometidos".
2. Procedencia
material de la tutela.
2.1. El ambiente
familiar favorable, condición para el desarrollo integral del menor y para
asegurar la protección de sus derechos.
El ambiente familiar
se construye o está dado no sólo por la infraestructura material, en lo que
atañe a disponibilidad de una vivienda en condiciones dignas, sino por la
reunión de una serie de elementos que creen un mundo de afecto y de seguridad
física y moral apto para propiciar el desarrollo integral de sus miembros. En
tal virtud, aquél debe ser objeto de la protección y atención prioritaria del
Estado, pues de la apropiada, garantizada y armoniosa organización y
funcionalidad de la familia, en un ambiente sano, depende fundamentalmente la
ausencia de alteraciones (físicas, morales, mentales, emocionales, etc.) en el
desarrollo armónico e integral de la personalidad de los adultos y niños que de
ella forman parte.
Así, el
mantenimiento de relaciones pacíficas y armoniosas en el medio familiar, esto
es, ajenas a las disensiones y conflictos graves y a atentados contra la
integridad física y moral de sus miembros, constituye un presupuesto
indispensable para la existencia y estabilidad misma de la familia y
naturalmente, para la garantía de la efectividad de los derechos
constitucionales de los niños reconocidos como prevalentes en el artículo 44 de
la Constitución.
Esta Corte en
reiteradas ocasiones ha puesto de relieve el vigor normativo y el conjunto de
valores que encierran las disposiciones constitucionales que como el artículo
44 establecen la prevalencia de los derechos de los niños, entre ellos el
derecho a no ser objeto de violaciones o amenazas contra su integridad física y
moral. En efecto, se ha manifestado, lo siguiente:
"La nueva
Constitución crea una visión jurídica y cultural en lo que atañe a los derechos
de los niños y su efectividad, con miras lograr su protección y su desarrollo y
formación integral en todos los órdenes. De este modo, se hace un acto de fe en
el futuro de los niños que en el mañana han de irrumpir en todos los estamentos
de la sociedad y el Estado, pues no sólo en el momento de su nacimiento, sino
durante la etapa de su infancia y adolescencia se busca la construcción de
condiciones espirituales y materiales en el seno familiar y social que les
proporcionen una mejor calidad de vida y los habiliten para desarrollar
adecuada y plenamente sus facultades físicas, mentales y espirituales"[2].
"La consideración del niño como sujeto privilegiado de la
sociedad produce efectos en distintos planos. La condición física y mental del
menor convoca la protección especial del Estado y le concede validez a las
acciones y medidas ordenadas a mitigar su situación de debilidad que, de otro
modo, serían violatorias del principio de igualdad (CP art. 13).... La
coordinación de derechos y la regulación de los conflictos que entre éstos se
presenten en el caso de que se vea comprometido el de un menor, debe resolverse
según la regla pro infans (C.P. art. 44). Se observa que el trato especial que
se dispensa al niño, lejos de ser un intento de conferirle protagonismo, no es
otra cosa que un ensayo de igualación que realiza el mismo Constituyente: como
el niño no sabe ni puede pedir, la Constitución autoriza a todos a que pidan
por él; como el niño no puede hacer que sus derechos se impongan cuando entren
en conflicto con los de los demás, la Constitución define directamente su
prevalencia"[3].
2.2. La
constatación de la vulneración y amenaza de violación de los derechos
fundamentales de los menores. Concesión de la tutela impetrada.
Si bien del material
probatorio no se puede deducir la vulneración o amenaza de violación a los
derechos de la peticionaria y de su hija Luz Marina, sí permite acreditar la
existencia de violaciones y amenazas graves contra los derechos de los menores
DD, FF, LL, OO y RR.
Como consta en el
expediente, el continuo ejercicio de la violencia física y moral y la conducta
anormal y depravada del demandado, en razón de su estado de salud mental, ha
destruido la armonía familiar, atentado contra la seguridad de los menores en
lo que atañe con su integridad física y moral y puesto en peligro las
posibilidades de que convivan en un ambiente familiar apropiado para asegurar
su desarrollo integral. Todo ello, hace necesario que el juez de tutela imparta
las órdenes tendientes a proteger de manera inmediata y efectiva los derechos
de los referidos menores que se encuentran vulnerados y amenazados.
En virtud de lo
anterior, se revocará la sentencia que se revisa y se concederá en favor de los
citados menores la tutela de sus derechos fundamentales a no ser objeto de
tratos inhumanos o degradantes, de violencia física o moral, de abuso sexual, a
que se les asegure la armonía y unidad familiar en el medio en que viven y a
tener una familia y no ser separados de ella.
La consagración
constitucional del derecho de todo niño a tener una familia y a no ser separado
de ella, implica la garantía de su permanencia en el hogar al cual pertenece,
siempre que reúna las condiciones requeridas para su desarrollo integral. Por
lo tanto, a juicio de la Sala es necesario garantizar la permanencia de dichos
menores en el lugar donde habitan actualmente.
No obstante, se
encuentra la Sala con el problema consistente en determinar de qué manera se
resuelve la colisión de derechos e intereses que se presenta entre los menores
y el demandado, quien igualmente tiene el derecho de habitar en el mismo
inmueble donde han ocurrido los hechos que motivaron la tutela.
Obviamente, de
acuerdo con la Constitución prevalecen los derechos de los menores; pero como
la Sala no puede ordenar la internación del demandado en un establecimiento
siquiátrico o clínica adecuado mientras se logra su recuperación mental, pues
ello constituye una medida de seguridad que le compete imponer al juez penal,
ni ordenar que el citado desaloje el inmueble, porque ello escapa a su
competencia, las cuales serían las medidas alternativas a considerar para
aseguar la protección de los derechos de los menores, se dispondrá oficiar,
tanto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como al Servicio Seccional
de Salud de Risaralda, con el fin de que estas entidades adopten las medidas
apropiadas que estén a su alcance para impedir que continúen la vulneración y
amenaza de violación de los derechos de los menores. Ello, sin perjuicio de la
vigilancia especial que las fuerzas de policía del lugar deben ejercer sobre el
demandado para evitar que sigan ocurriendo los hechos que originaron la tutela.
IV. DECISION.
Con fundamento en
las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional -Sala Segunda de
Revisión- administrando justicia en
nombre del pueblo y
por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia del Juzgado Penal del
Circuito de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) de febrero diecisiete (17) de mil
novecientos noventa y cinco (1995).
SEGUNDO. CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales de
los menores DD, FF, LL, OO y RR a no ser objeto de tratos inhumanos o
degradantes, de violencia física o moral, de abuso sexual, a que se les asegure
la armonía y unidad familiar en el medio en que viven y a tener una familia y
no ser separados de ella.
TERCERO. ORDENAR tanto al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar como al Servicio Seccional de Salud de Risaralda, que procedan a
adoptar, sin perjuicio de lo que decida la justicia penal, las medidas apropiadas
que estén a su alcance para impedir que continúe la vulneración y amenaza de
violación de los derechos de los menores.
CUARTO. ORDENAR al señor Comandante de Policía de Santa
Rosa de Cabal, que proceda a establecer una vigilancia especial sobre el demandado
para evitar que sigan ocurriendo los hechos que originaron la tutela.
QUINTO.
COMISIONAR al Juez Penal
del Circuito de Santa Rosa de Cabal para que notifique la sentencia a las
partes y adopte las decisiones necesarias señaladas en el art. 36 del Decreto
2591 de 1991.
SEXTO. ORDENAR, para lo de su competencia, copia
auténtica de la presente sentencia a la Directora Nacional de Recursos y
Acciones Judiciales de la Defensora del Pueblo, a la Procuradora Delegada para
la Familia y del Menor, a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, al Director del Servicio Seccional de Salud de Risaralda y al señor
Comandante de Policía de Santa Rosa de Cabal.
Cópiese,
notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte y cúmplase.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] M.P. Fabio Morón
Díaz.
[2] Sentencia
T-110/95. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[3] Sentencia
T-283/94. M.P.Eduardo Ciuentes Muñoz. |
460 | T-308-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-308/95
ACCION DE TUTELA-Improcedencia/MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL/ACTO ADMINISTRATIVO/JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA/POLICIA
NACIONAL-Grados de suboficiales/PATRULLEROS
Las pretensiones de los accionantes no
encajan dentro del sentido y las finalidades de la acción de tutela, pues ésta
se funda en la necesidad de proteger los derechos constitucionales
fundamentales cuando contra ellos se haga patente una vulneración o amenaza por
acción u omisión de las autoridades públicas o de particulares, en los casos
que contempla la ley, sin que el afectado disponga de otro medio de defensa
judicial. La jurisprudencia de la Corte debe ser reiterada en esta ocasión para
afirmar que cuando la ley ha establecido otras posibilidades de acudir ante los
jueces, siempre que sean eficaces para la defensa de los derechos
comprometidos, no cabe en principio la tutela. La situación de los demandantes
en los procesos acumulados materia de examen no cae dentro de los indicados
presupuestos, ya que su alegato se relaciona directamente con la aplicación de
las disposiciones legales que regulan el otorgamiento de los grados de
suboficiales dentro de la Policía Nacional, previos los cursos de preparación
académica allí mismo exigidos. Tales decisiones de la Institución se plasman en
resoluciones, que son actos administrativos contra los cuales es posible
intentar las acciones ante la jurisdicción Contencioso Administrativa,
precisamente con el fin de lograr su nulidad y el restablecimiento de los
derechos que se consideran afectados.
TITULO DE
IDONEIDAD
Los títulos de idoneidad, que puede exigir
la ley de acuerdo con el artículo 26 de la Constitución Política, tienen por
objeto, precisamente, el de garantizar a la sociedad que la formación impartida
ha sido satisfactoria, según las reglas del ente educativo y bajo la
responsabilidad de éste y que es esa aptitud del graduando, certificada por
ministerio de la autorización estatal, la que lleva a la institución a conferir
el grado.
LIBERTAD DE
ESCOGER PROFESION U OFICIO
El derecho a escoger profesión u oficio,
que es de carácter subjetivo y guarda estrecha relación con el del libre
desarrollo de la personalidad, no tiene un carácter absoluto. Está supeditado
al pleno cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos por la ley y
por el reglamento del plantel educativo, cuya razón de ser estriba en la
responsabilidad que éste asume en cuanto, mediante el grado, entrega a la
sociedad a un individuo capaz e idóneo que, en el campo correspondiente, habrá
de comprometer necesariamente, con su ejercicio, los intereses de la
colectividad.
GRADO-No otorgamiento
El centro docente que no otorga un grado,
salvo que se abstenga de hacerlo con base en motivos injustos o
contraevidentes, o que discrimine sin razón válida entre quienes se encuentran
en idénticas situaciones académicas, no viola por eso los derechos
fundamentales del aspirante, ni coarta su libertad individual ni su autonomía
personal, sino que asegura los derechos de la comunidad -que prevalecen sobre
el interés individual (artículo 1º C.P.)-, en cuanto evita que la persona
carente de suficiente preparación asuma un papel respecto del cual no es
todavía idónea.
JUEZ DE TUTELA-Límites en materia educativa
La función de resolver acerca de si se
otorga o no un título académico es propia de la autoridad educativa, no de los
jueces, quienes carecen de los necesarios elementos de juicio y de la
competencia para penetrar en esa esfera. De allí que, aun ante violaciones
patentes de derechos fundamentales -debido proceso, libertad de investigación
o aprendizaje, o igualdad-, que repercuten en la no obtención de un grado, el
fallador en materia de tutela debe, en principio, y salvo casos extremos,
limitar su sentencia al estricto campo del derecho fundamental violado, sin
invadir la órbita del centro educativo, por lo cual no es lo acertado ordenar
necesariamente que se otorgue o que no se conceda el título.
ACCION DE TUTELA
TEMERARIA
La temeridad de la tutela se pone de
manifiesto por su doble o múltiple utilización ante diferentes jueces en
cuanto, de una parte, hace que se despliegue de manera innecesaria la actividad
judicial -desplazando procesos que ameritan igual o mayor atención, frustrando
a otras personas el acceso a la administración de justicia y creando congestión
en los despachos- y, de otra, delata el propósito desleal de obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad
de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable.
Con tan irresponsable actitud se crea, además, el riesgo de decisiones
encontradas sobre el mismo caso.
-Sala Quinta de Revisión-
Ref.: Expediente
T-63450
Acción de tutela
instaurada por WILSON CICERO OYOLA y otros contra la POLICIA NACIONAL.
Magistrado
Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de julio de mil
novecientos noventa y cinco (1995).
La Corte
Constitucional, por intermedio de su Sala Quinta de Revisión, procede a
efectuar el examen de los fallos proferidos para resolver sobre el asunto en
referencia.
I. INFORMACION PRELIMINAR
Por considerar que
la POLICIA NACIONAL había violado los derechos a la igualdad, al trabajo y a
escoger profesión u oficio, la Directora Nacional de Recursos y Acciones
Judiciales de la Defensoría del Pueblo, en ejercicio de las funciones delegadas
por el Defensor del Pueblo, instauró acción de tutela contra dicha institución,
actuando en nombre de WILSON CICERO OYOLA, CONRADO ARIAS MARIN, BISMAR DE JESUS
ARAGON CORDOBA, DEIBER YAMEL HENAO QUINTERO, JULIAN ALBERTO LOAIZA SOTELO, JHON
FREDY GUEVARA DUQUE, JOSE ELEAZAR SAAVEDRA CALVO, ONELSO ALEISER BAEZ MORA,
ALEXIS PATIÑO TRUQUE, ORLANDO GONZALEZ RODRIGUEZ, MEYER LEON BRIÑAS ESPITIA,
JHONY WILSON PEÑUELA MARTINEZ, WILSON ERNESTO BUITRAGO BELTRAN, RICARDO HENAO
ARREDONDO, OVIDIO PINILLA DAZA, JEIMAR TORO RAMIREZ, RAFAEL ARMANDO OROZCO
VALEGA, JHON ENRIQUE GUERRA BARRIOS, FABIO DE JESUS CASTAÑEDA TAPASCO, PEDRO
RAMON SEPULVEDA BLANDON, FABER DUVAN GIRALDO RAMIREZ, HABIT DIAZ ABDO, HUBER
SANCHEZ SANCHEZ, FREDDY ARENALES OLARTE, ALEXANDER MONTES MOLINA, RICHARD
ROBINSON ROJAS ERAZO, ALEJANDRO ANGEL CANO, MIGUEL ENRIQUE MENDOZA GOMEZ,
FREDDY DE JESUS GARCIA JIMENEZ, EDWIN GARZON PASCUAZA, JAIME HUMBERTO LOPEZ
PARRA, RODOLFO NORIEGA FLOREZ, JHON JAIRO LOPEZ, CARLOS ARTURO BONILLA VIVEROS,
JAIRO HERNANDEZ PALACIOS, JOSE GREGORIO AGUILAR LIZCANO, JOSE ALBERTO CARDONA
VALENCIA, JHON WILSON MACHADO GOMEZ, CARLOS LUIS GUTIERREZ RINCON, RAFAEL
SANCHEZ MARTINEZ, RODOLFO GUTIERREZ NAME, ROBINSON HERNANDO AGUDELO ZAPATA,
JHON ALEXANDER OSPINA ISAZA, ALEXIS ROLANDO MALDONADO PARRA, HECTOR ALEJANDRO
FLOREZ HURTADO, HECTOR LIZARAZO LIZARAZO, EVER ASTAIZA ALEGRIA, JOSE FERNANDO
VALENCIA BENITEZ, JHON JAIRO OSORIO BOTERO, JOSE LUIS RODRIGUEZ CLARO, ABRAHAM
JOSE SANCHEZ VIVAS, JOSE NOE BETANCOURT GOMEZ, JHON ANGEL BOHORQUEZ PAEZ, JESUS
OLMEDO URBANO ORDOÑEZ, AUGUSTO CARVAJAL GOMEZ, VICTOR MANUEL CAMPOS GAMBOA,
HUMBERTO CALDERON MONTENEGRO, JAIRO ALCIDES GIRALDO REY, MOISES GARCIA
HIGINIO, NELSON MANUEL URIZA GARCIA, OTONIEL CORRALES GOMEZ y JAIRO PARDO.
La Defensoría del
Pueblo expresó que en 1993 los accionantes ingresaron a la Escuela de Policía
"Simón Bolivar" de Tuluá (Valle), para adelantar curso de
suboficiales por incorporación directa y con el propósito de obtener el grado
de "cabo segundo", cumpliendo al efecto las disposiciones previstas
en el Decreto-ley 1212 del 8 de junio de 1990 y en el Decreto reglamentario 400
de 1992. Habiendo satisfecho todos los requisitos exigidos por la Subdirección
Docente de la Policía Nacional, los demandantes fueron graduados como
"patrulleros", es decir en un nivel inferior al señalado
inicialmente.
Dijeron ejercer la
acción de tutela fundados en que otros de sus compañeros, en igualdad de
circunstancias, habían obtenido fallo favorable.
II. DECISIONES JUDICIALES
Mediante providencia
del seis (6) de enero de 1995, el Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal de
Santa Fe de Bogotá, D.C., concedió la protección solicitada y ordenó a la
Policía Nacional conferir a los accionantes el grado de "cabo
segundo", al que aspiraban desde el comienzo.
En concepto del
mencionado despacho judicial, los peticionarios habían adquirido derechos con
anterioridad a la expedición de las normas que vinieron a regular la carrera en
la Policía Nacional. De esta manera, según la sentencia de primer grado, se les
violó el derecho a la igualdad, en cuanto fueron discriminados; se les dió un
tratamiento distinto y se desconoció el principio "in dubio pro
operario", según el cual, en caso de duda en la interpretación de las
fuentes formales del Derecho, se debe aplicar la norma más favorable al
trabajador.
Consideró el Juez,
por otra parte, que la Policía Nacional violó el derecho de los accionantes al
trabajo, toda vez que les fue impuesta una relación laboral, desconociendo el
postulado de su autodeterminación personal, circunstancia que resultó agravada
por la subordinación existente en los estamentos militares.
Por lo anterior,
según la mencionada providencia, también fue vulnerado el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, pues los petentes no contaron con la facultad
para adoptar libremente una determinación en cuanto al tipo de actividad que
deseaban desempeñar en el futuro.
Además, para el Juez
de Tutela, la institución armada infringió el mandato establecido en el
artículo 25 de la Carta Política al no garantizar a los accionantes condiciones
dignas y justas de trabajo. Se agrega que a los peticionarios les fue
desconocido el derecho a la igualdad, pues otros miembros de la Policía que
iniciaron cursos similares fueron graduados en el rango correspondiente a
"cabo segundo".
En cuanto al otro
medio de defensa judicial, manifestó el fallo que las acciones contencioso
administrativas no eran idóneas para proteger los derechos de los accionantes,
toda vez que con ellas se hubiera conseguido, en el mejor de los casos, una
indemnización, propósito muy diferente al buscado por los peticionarios,
consistente en continuar perteneciendo a la Institución, aunque en el nivel
para el cual fueron preparados.
El Director General
de la Policía Nacional impugnó la decisión, alegando que, en su concepto, los
solicitantes contaron con otro medio judicial de defensa representado por las
acciones ante lo Contencioso Administrativo.
En el escrito
mediante el cual fue solicitada la revocatoria, la Policía Nacional explicó que
el ascenso a patrulleros se ordenó en cumplimiento de lo señalado por el
Decreto 41 del 10 de enero de 1994, estatuto que no permite a los aspirantes
ingresar directamente a la categoría de "subintendentes".
Respecto del derecho
a la igualdad, consideró el recurrente que no fue violado, pues todos los
alumnos, sin discriminación alguna, fueron incorporados al primer grado del
Nivel Ejecutivo.
Al conocer en
segunda instancia, el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá,
D.C. resolvió revocar en su integridad el fallo impugnado, pues, a su juicio,
los peticionarios contaron con la posibilidad de ejercer la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, como medio alternativo de defensa judicial.
El Juzgado entendió,
además, que tampoco era procedente conceder la tutela como mecanismo
transitorio, pues todos los accionantes fueron vinculados laboralmente a la
Institución en un cargo que cuenta con asignación salarial mensual superior a
la de "cabo segundo".
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
Según lo disponen
los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y el Decreto
2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos
proferidos.
Existencia de otro medio de defensa judicial
Los casos resueltos
mediante las providencias examinadas son idénticos -en cuanto al motivo de la
acción, los hechos controvertidos y la parte demandada- a los que tuvo ocasión
de considerar esta Corte en la Sentencia T-260 del 20 de junio de 1995.
En efecto,
pretendieron los accionantes que, por el procedimiento de la tutela, fuera
decidida una cuestión cuya materia, de clara índole contencioso administrativa,
está asignada por la Constitución y por la ley a esa jurisdicción, ante la cual
ha debido plantearse.
No es el juez
constitucional el llamado a decidir sobre la validez del acto administrativo
por el cual una institución armada -como en este caso la Policía Nacional-
resuelve conferir unos grados, dentro de la correspondiente carrera, a quienes
cursaron un determinado programa académico, menos todavía si la razón del
ataque incoado no es de orden constitucional sino que guarda relación con la
forma en que las autoridades respectivas han aplicado la normatividad legal.
Al respecto, la Sala
reitera:
"Como puede
observarse, las pretensiones de los accionantes no encajan dentro del sentido y
las finalidades de la acción de tutela, pues ésta se funda en la necesidad de
proteger los derechos constitucionales fundamentales cuando contra ellos se haga
patente una vulneración o amenaza por acción u omisión de las autoridades
públicas o de particulares, en los casos que contempla la ley, sin que el
afectado disponga de otro medio de defensa judicial (artículo 86 C.P.).
La jurisprudencia de
la Corte debe ser reiterada en esta ocasión para afirmar que cuando la ley ha
establecido otras posibilidades de acudir ante los jueces, siempre que sean
eficaces para la defensa de los derechos comprometidos, no cabe en principio la
tutela.
La Corporación ha
sostenido que, desde luego, para poder desplazar a la tutela, el medio de
defensa debe ser adecuado al fin que se persigue -la protección cierta e
inmediata del derecho fundamental violado o en peligro-, de modo que es
procedente la acción de origen constitucional cuando tal objetivo no se logra,
así resulten protegidos derechos o situaciones de orden legal".
(...)
"La situación
de los demandantes en los procesos acumulados materia de examen no cae dentro
de los indicados presupuestos, ya que su alegato se relaciona directamente con
la aplicación de las disposiciones legales que regulan el otorgamiento de los
grados de suboficiales dentro de la Policía Nacional, previos los cursos de
preparación académica allí mismo exigidos.
Tales decisiones de
la Institución se plasman en resoluciones, que son actos administrativos contra
los cuales es posible intentar las acciones ante la jurisdicción Contencioso
Administrativa, precisamente con el fin de lograr su nulidad y el
restablecimiento de los derechos que se consideran afectados.
Entonces, con
arreglo a tal principio general, la tutela resultaba improcedente en los casos
materia de revisión". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión.
Sentencia T-260 del 20 de junio de 1995).
También ha sido
reiterada y enfática la jurisprudencia de la Corte en afirmar que cuando existe
otro medio de defensa judicial, apto para la protección efectiva del derecho
fundamental afectado o en peligro, la única posibilidad de que se conceda la
tutela consiste en que se afronte un grave e inminente perjuicio irremediable.
En tales circunstancias, que deben probarse en el caso concreto, el amparo
judicial puede darse como esencialmente transitorio, mientras el juez ordinario
resuelve.
No era la
circunstancia de los peticionarios, como lo expresó esta Sala en la ya citada
providencia:
"...aunque,
desde un punto de vista general, en la situación de los accionantes, bien habría
podido prosperar una tutela transitoria cuyos efectos recayeran sobre los actos
administrativos que ordenaron su graduación, para que tal cosa hubiera
acontecido con arreglo a los mandatos constitucionales, era preciso que se
hubiese definido de modo evidente el desconocimiento, la violación o la amenaza
de derechos fundamentales y que, en virtud de ellas, las determinaciones
administrativas se hubiesen fundado en bases contrarias a la Carta Política.
En esa forma, aunque
los actos administrativos habrían incidido en detrimento de los intereses de
los peticionarios en cuanto a derechos de rango puramente legal -ascenso, grado
y prestaciones-, la protección transitoria habría encontrado sustento en la
vulneración de preceptos constitucionales y en la necesidad de evitar el daño
irreparable producido por ella mientras se proferían las respectivas decisiones
judiciales ordinarias en la controversia sobre aplicación de disposiciones
legales.
Estas situaciones
jurídicas transitorias tendrían que corresponder en los eventos específicos al
necesario requerimiento de que en la expedición de los actos administrativos
atacados, de manera probada e incontrovertible, se hubiera dado una clara
vinculación entre el alegado desconocimiento de los derechos de naturaleza legal
(el régimen aplicable a la formación académica en la Policía) y una violación o
amenaza a derechos constitucionales fundamentales, como la igualdad o el debido
proceso.
Del material
probatorio aportado a los procesos en revisión no surge, sinembargo, ninguna
evidencia sobre transgresiones a la normatividad fundamental por parte de la
Policía Nacional. Otra cosa es que se pudiera probar desconocimiento de los
preceptos legales aplicables, en sí mismos y sin vínculo alguno con derechos
tutelables, pero, por ello mismo, establecerlo no correspondía a los jueces de
tutela y, por supuesto, tampoco a la Corte Constitucional, sino al Contencioso
Administrativo".
(...)
"No existió
violación palmaria y ni siquiera aparente de los preceptos constitucionales y,
por ende, según lo dicho, mal podía hablarse siquiera de una tutela transitoria
para evitar un perjuicio irremediable. Téngase en cuenta, además, que éste,
para hacer viable la protección judicial, debe establecerse como grave e
inminente y estar indudablemente vinculado con las acciones u omisiones que se
imputan a la autoridad demandada, supuestos que en el caso de autos no se
configuran".
(...)
"En cuanto al
concepto sobre lo que es un perjuicio irremediable, único fundamento
constitucional de la protección transitoria cuando existen otros medios de
defensa judicial, bien es sabido que existía una definición legal, consagrada
en el inciso 2º, numeral 1º, artículo 6 del mencionado Decreto 2591 de 1991, a
cuyo tenor se entendía por tal perjuicio el que sólo pudiera ser resarcido en
su integridad mediante una indemnización.
La Corte
Constitucional, mediante Fallo C-531 del 11 de noviembre de 1993 (M.P.: Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz), declaró inexequible tal concepto, por considerar que
fue introducido por el legislador en contraposición al artículo 86 de la Carta,
en cuanto equiparó el perjuicio irremediable a un juicio hipotético de
naturaleza jurídica con el que se quiso sustituir la situación fáctica a
la que se remite el precepto constitucional, limitando los alcances de tal
concepto y cercenando las posibilidades judiciales de desarrollar los preceptos
fundamentales.
La Corte estimó en
dicha providencia que correspondía a los jueces de tutela dar contenido al
concepto de perjuicio irremediable, mediante la interpretación de los
hechos puestos a su consideración en cada caso, pues de la adecuada confluencia
entre el derecho y la realidad depende la justicia de cada decisión, dentro de
los términos constitucionales.
Claro está, ese
papel del juez implica el ejercicio de una autoridad necesaria para
la eficacia de la tutela y para la efectividad de los derechos fundamentales,
pero la facultad que implica, no por ser amplia puede devenir en arbitraria, ya
que la evaluación y definición sobre si en el caso particular se configura el
perjuicio irremediable no obedece a su capricho sino que se deriva de la Carta
Política aplicada a la situación fáctica considerada". (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-260 del 20 de junio de 1995)
Los derechos
fundamentales de los accionantes
Ha señalado la Corte
en la sentencia recién citada que, sin excluir las posibilidades de violación
de la normatividad legislativa aplicable a la carrera dentro de la Policía, en
las circunstancias de los solicitantes -que constituyeron objeto de ese
análisis jurídico- no apareció dentro de los expedientes una vulneración
probada de derechos constitucionales fundamentales que hiciera de la tutela el
instrumento adecuado para su protección.
Ello se repite en
los casos de autos, pues, como ya se dijo, hay coincidencia en cuanto a los
hechos alegados y en lo que respecta a la Institución demandada.
Ya manifestó la Sala
con entera claridad que no fue vulnerado el derecho a la igualdad de los
peticionarios por cuanto, según el examen respectivo, todos los aspirantes que
se hallaban en idénticas circunstancias durante la misma época en la Escuela
"Simón Bolívar" de Tuluá fueron objeto de igual trato y se les
aplicaron las mismas disposiciones.
También estimó la
Corte que la graduación de los peticionarios se ordenó dentro de la vigencia
del Decreto 41 de 1994, mediante el cual se reformó el Estatuto del personal de
oficiales y suboficiales de la Policía, que había establecido la categoría de
"Patrullero", dentro del denominado "Nivel Ejecutivo".
Puso de presente la
Corporación -como lo hace ahora, a propósito de la presente revisión- que ella
misma, mediante Sentencia C-417 del 22 de septiembre de 1994 (M.P.: Dr. Carlos
Gaviria Díaz), declaró la inexequibilidad de las referencias normativas al
"Nivel Ejecutivo", por cuanto estableció que el Gobierno Nacional, al
consagrarlas, había excedido el límite material fijado en la Ley de facultades.
Sin embargo, recordó
la Sala -y ello es aplicable a los casos de los aquí accionantes- que cuando se
produjeron los actos administrativos cuya revocatoria o nulidad se pretendía
(primeros meses de 1994), el Decreto 41 de 1994 estaba vigente en su
integridad, pues aún no se había proferido el fallo del 22 de septiembre, cuyos
efectos se proyectaron hacia el futuro y de ninguna manera podían afectar
situaciones consolidadas con anterioridad, como que la Corte no hizo
advertencia alguna sobre posibles efectos retroactivos de su decisión.
Ahora bien, en la
providencia de primera instancia, manifestó el Juez que, al haberse ofrecido a
los peticionarios la posibilidad de cursar estudios que les permitieran
vincularse a la Policía como suboficiales (cabos segundos), graduándolos
finalmente como patrulleros, grado equivalente al del agente, se vulneró el
derecho al trabajo, consagrado en el artículo 25 de la Constitución, el cual
debe darse en condiciones dignas y justas, "máxime que una relación
laboral sólo puede ser admisible y en consecuencia obligatoria cuando ha sido
producto de la libre escogencia del trabajador, ajustada a las exigencias de su
autodeterminación personal".
El Juzgado consideró
que las expresadas condiciones no se dieron en los casos estudiados "por
cuanto es de conocimiento público la subordinación existente dentro de los
estamentos militares, amén de que los afectados no podían entrar a renunciar al
objetivo que se habían propuesto al iniciar el curso, cuando el mismo no sólo
les había costado una alta erogación económica sino también alejarse del seno
familiar y cumplir una serie de requisitos requeridos por la Institución para
su ingreso".
La Corte juzga
necesario destacar, en cuanto a los derechos en referencia y en torno a la
debida interpretación de las pertinentes normas constitucionales, lo siguiente:
1. El derecho
constitucional al trabajo no resulta desconocido por el otorgamiento de un
grado en particular
A juicio de la
Corte, la providencia en mención confundió el derecho al trabajo, que es
fundamental y se deriva de la propia Constitución, con las posibilidades de
mejor calificación, provenientes de un cierto nivel académico.
Bien se sabe que la
Constitución (Artículo 85) no incluyó el del trabajo como un derecho de
aplicación inmediata, lo cual tiene sentido en cuanto las condiciones
socioeconómicas del país a corto y mediano plazo harían ilusorio cualquier
reclamo individual encaminado a obtener forzosamente una colocación o empleo y,
por tanto, inútil e improcedente el uso de instrumentos judiciales para
garantizar plazas laborales.
Así las cosas, el
derecho al trabajo no consiste en obtener un nombramiento, un contrato laboral
o un ascenso en el empleo, ni tampoco en la garantía de que, por el sólo hecho
de poseer cierto título, se habrá de conseguir la automática ubicación del
titulado en el puesto de su predilección.
Por ello, el
empleador no necesariamente viola tal derecho cuando, pese a los progresos
obtenidos por el trabajador en su formación académica, se abstiene de
promoverlo en forma inmediata. Es claro que toda empresa y también las
entidades públicas están condicionadas por los factores económicos,
presupuestales y normativos y, además, en cada caso debe verificarse cuáles son
las reales necesidades de personal.
Si ello acontece con
el patrono, supuesta ya una relación laboral, es imperioso concluir que el
derecho al trabajo no puede invocarse ante las instituciones de formación
académica para forzar la expedición de títulos, alegando que la falta de éstos
habrá de repercutir en posteriores dificultades para conseguir un empleo o para
el ascenso respecto del que ya se tiene.
De lo dicho se
desprende, con indudable claridad, que el derecho al trabajo no resulta
lesionado por el sólo hecho de que quien cursa un programa académico de
cualquier índole reciba un título con denominación diferente a la que para el
respectivo ciclo educativo había sido inicialmente prevista.
Por eso la Corte
Constitucional no entiende que la Escuela de Policía "Simón Bolivar"
de Tuluá haya obstruído el derecho constitucional al trabajo de los
peticionarios cuando interpretó que la nueva normatividad aplicable debía
reflejarse en un nombre específico para el grado que otorgaba, si bien difería
del previsto en las disposiciones vigentes cuando fue iniciado el curso.
2. Divergencia
entre el derecho a conservar un grado y la expectativa de alcanzar uno que no
se tiene
No desconoce la
Corte que en el seno de las instituciones armadas sus miembros van escalando
posiciones, mediante la obtención de grados que, una vez radicados en cabeza
del individuo, se convierten en verdaderos derechos que el ordenamiento
jurídico protege mediante norma especial, a tal punto que la degradación se
halla prohibida de manera terminante por el artículo 220 de la Carta Política,
salvo lo que determine la ley.
Debe observarse que
la garantía en referencia parte del supuesto de que el grado ya se ha obtenido,
según las reglas legales pertinentes, por lo cual carece de sentido su
invocación cuando apenas se aspira a un determinado nivel o se adelanta un
curso de formación.
Por una parte, no se
tiene derecho adquirido al título hasta no haber completado en integridad los
requisitos de tiempo y rendimiento señalados por las normas aplicables. La
legislación, en los casos por ella regidos, o la normatividad que regula los
programas de la respectiva institución, pueden introducir modificaciones,
adiciones, complementos o supresiones en cuanto a requisitos, trámites, formas
de evaluación, formalidades de grado y títulos, sin que por eso resulten desconocidos
los derechos de los aspirantes que tienen la expectativa de graduarse.
Por otra, la
circunstancia de poseer el título, debidamente otorgado por la autoridad
competente o por la entidad legalmente autorizada, no tiene virtualidad
distinta del reconocimiento expreso y válido acerca de que el alumno cumplió a
cabalidad los requerimientos establecidos por las normas vigentes en ese
momento (el del grado), pues se trata de una acreditación que normalmente tiene
un efecto exclusivamente académico.
Otro es el caso de
las instituciones que conforman la fuerza pública, en el interior de las cuales
la obtención del grado implica necesariamente una superior jerarquía, una línea
de mando sobre el personal de grados inferiores y la aptitud de ejercer las
dignidades que al respectivo nivel se reservan.
Pero, claro está,
todo ello sobre la base jurídica de un grado ya obtenido y en firme, no en el
supuesto de una mera expectativa.
Así, pues, no se
entiende que hay degradación por el hecho de que el ascenso no se produzca,
pues aquél concepto implica el despojo o el desconocimiento de un grado ya
adquirido.
3. Formación
académica, títulos de idoneidad y libertad de escoger profesión u oficio
Pretendieron los
accionantes, con la aceptación del Juez de primera instancia, que la protección
constitucional les fuera otorgada sobre la base de que la Escuela de Policía
"Simón Bolivar" de Tuluá, al graduarlos en un nivel diferente al que
aspiraban, cercenaba su libertad de escoger profesión u oficio.
Tal argumento debe
desecharse, a la luz de la jurisprudencia, pues la indicada libertad no reside
en la aquiescencia automática del instituto docente a las pretensiones del
alumno en cuanto al logro del título buscado.
Los títulos de
idoneidad, que puede exigir la ley de acuerdo con el artículo 26 de la
Constitución Política, tienen por objeto, precisamente, el de garantizar a la
sociedad que la formación impartida ha sido satisfactoria, según las reglas del
ente educativo y bajo la responsabilidad de éste y que es esa aptitud del
graduando, certificada por ministerio de la autorización estatal, la que lleva
a la institución a conferir el grado.
En ese orden de
ideas, el derecho a escoger profesión u oficio, que es de carácter subjetivo y
guarda estrecha relación con el del libre desarrollo de la personalidad
(Artículo 16 C.P.), no tiene un carácter absoluto. Está supeditado al pleno
cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos por la ley y por el
reglamento del plantel educativo, cuya razón de ser estriba en la responsabilidad
que éste asume en cuanto, mediante el grado, entrega a la sociedad a un
individuo capaz e idóneo que, en el campo correspondiente, habrá de comprometer
necesariamente, con su ejercicio, los intereses de la colectividad.
Al respecto, esta
Corte ha señalado:
"En Colombia,
tal como lo establece la disposición constitucional citada, toda persona es
libre de escoger profesión u oficio e inclusive, si la ley no ha exigido
formación académica para la ocupación seleccionada en virtud de esa libertad,
la norma hoy vigente las favorece a todas, como regla general, con el libre
ejercicio, a menos que su índole propia implique en sí mismo un riesgo
para la sociedad.
Ese principio de
libertad, que se conjuga con el derecho al trabajo (artículo 25 de la
Constitución), no se concibe como absoluto, al igual que sucede con todas
libertades y derechos reconocidos en la Carta Política. De su naturaleza y de
las repercusiones sociales de su ejercicio se desprenden las limitaciones que
la sujetan a prescripciones de carácter general establecidas por el legislador
y a restricciones de índole concreta por parte de las autoridades
administrativas.
Por lo que concierne
al ámbito de regulación propio de la ley, la importancia y necesidad de ésta se
derivan no solamente del artículo 26 sino de los artículos 1o. y 2o. de la
Constitución y de su mismo Preámbulo, en cuanto resulta ser el instrumento
jurídico adecuado al establecimiento de condiciones mínimas indispensables para
que el derecho de cada individuo a escoger y ejercer una profesión no afecte a
la comunidad, la cual podría verse gravemente lesionada si a todos fuera
factible la práctica de actividades en materia tan delicada como la atención de
la salud humana sin la previa preparación académica y científica.
Consecuencia de esa
elemental precaución es la facultad conferida por el Constituyente al
legislador en el sentido de reconocer las profesiones, exigir títulos de
idoneidad, contemplar para ellas una previa formación académica y calificar
como de riesgo social las ocupaciones y los oficios que, aún sin
requerir esa formación, demanden especiales controles o cuidados habida cuenta
de sus peculiares características o del peligro que su desempeño
representa" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión.
Sentencia T-606 del 8 de junio de 1992).
De esto resulta que
una cosa es vulnerar el derecho a seleccionar la profesión o el oficio que la
persona desea ejercer a lo largo de su vida -violación que podría consistir,
por ejemplo, en la imposición oficial o familiar de seguir cierta carrera o en
la prohibición de iniciarla o de continuarla, pese al querer del interesado- y
otra muy distinta cumplir, dentro del ámbito académico y con arreglo a la
normatividad aplicable, la tarea de preparación indispensable para asegurar la
idoneidad de quien abriga la intención de desempeñar, con base en un título,
las actividades inherentes a esa profesión u oficio.
El centro docente
que no otorga un grado, salvo que se abstenga de hacerlo con base en motivos
injustos o contraevidentes, o que discrimine sin razón válida entre quienes se
encuentran en idénticas situaciones académicas, no viola por eso los derechos
fundamentales del aspirante, ni coarta su libertad individual ni su autonomía
personal, sino que asegura los derechos de la comunidad -que prevalecen sobre
el interés individual (artículo 1º C.P.)-, en cuanto evita que la persona
carente de suficiente preparación asuma un papel respecto del cual no es
todavía idónea. Como ya lo dijo esta Corte en la Sentencia T-492 del 12 de
agosto de 1992, las autoridades del claustro deben centrar sus decisiones
relativas al otorgamiento de títulos en la consideración de si cabe o no
concederlos teniendo en cuenta el rendimiento del alumno y el cumplimiento de
los requisitos legales y estatutarios vigentes para el ciclo o carrera que
aquél ha cursado.
De la misma manera,
cuando una entidad de formación aplica la normatividad vigente sobre la
denominación de los grados que confiere, no por ello lesiona la libertad de
escogencia de la que dispone constitucionalmente el estudiante, pues a éste no
le corresponde la prerrogativa de indicar cuál será su título, en contra de lo
estatuído en el ordenamiento.
Ahora bien, si
controvierte el alcance mismo de las disposiciones aplicadas y si discrepa de
la forma en que la autoridad académica las ha interpretado, el problema del
alumno ya no es de tipo constitucional y, por ende, no debe resolverse en sede
de tutela sino ante los jueces ordinarios, según la clase de institución contra
la cual litiga.
Así, en este caso,
la Corte Constitucional estima que el derecho constitucional de los petentes a
definir de modo autónomo y personal la profesión o el oficio que habrán de
desempeñar no aparece quebrantado por la decisión de marras, adoptada por la
Escuela "Simón Bolivar". Ello es tan cierto que los accionantes
siguen perteneciendo a la institución policial y ejercen la profesión que
libremente escogieron, pues no obra en el expediente prueba que acredite que fueron
obligados a matricularse como policías o que se les pretenda impedir su
continuidad como tales.
A la inversa,
recibieron un grado dentro de la carrera correspondiente. Que disientan de su
denominación, por considerar que la Policía se equivocó al aplicar los
preceptos normativos en relación con aquélla, es asunto que no toca con el tema
constitucional mencionado y que, por tanto, habrá de ser resuelto en la
instancia judicial competente y en el nivel puramente legal.
Finalmente, no sobra
recordar, para aludir a la orden impartida por el juez de primera instancia -la
forzosa promoción de los accionantes a determinado grado- que la función de
resolver acerca de si se otorga o no un título académico es propia de la
autoridad educativa, no de los jueces, quienes carecen de los necesarios
elementos de juicio y de la competencia para penetrar en esa esfera. De allí
que, aun ante violaciones patentes de derechos fundamentales -debido
proceso, libertad de investigación o aprendizaje, o igualdad-, que repercuten
en la no obtención de un grado, el fallador en materia de tutela debe, en
principio, y salvo casos extremos, limitar su sentencia al estricto campo del
derecho fundamental violado, sin invadir la órbita del centro educativo, por lo
cual no es lo acertado ordenar necesariamente que se otorgue o que no se
conceda el título.
De ahí que esta
misma Sala, en Sentencia T-172 del 4 de mayo de 1993, cuando, en el caso de una
profesional que aspiraba a un título de post-grado, halló configurada la
violación de varios derechos fundamentales por la renuencia de un directivo
universitario a permitir el cumplimiento de los requisitos para el grado, no
estimara pertinente disponer que éste fuera concedido, pues con ello habría
sustituído a la autoridad académica, por lo cual prefirió ordenar que el
establecimiento educativo, bajo la responsabilidad de un director ad-hoc,
garantizara, por los medios previstos en la ley y en los reglamentos
universitarios, "la estricta observancia de los trámites y requisitos indispensables
para la obtención del título al que aspira la accionante y la imparcialidad del
personal directivo y docente, así como la integridad de los derechos que le
asisten según la Constitución".
Tutela
temeraria
En el caso de dos de
los accionantes, GARCIA HIGINIO MOISES y GIRALDO REY JAIRO ALCIDES, se ha
encontrado que ya habían ejercido acción de tutela, por los mismos hechos y
también contra la Policía Nacional, ante el Juzgado 65 Penal Municipal de Santa
Fe de Bogotá, Despacho que negó la protección impetrada mediante Sentencia del
19 de septiembre de 1994, confirmada por el Juzgado 48 Penal del Circuito de la
misma ciudad, según Fallo del 26 de octubre de 1994, y por esta Corte, en
Sentencia T-260 del 20 de junio de 1995.
En aplicación de lo
dispuesto por el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, respecto de los
mencionados solicitantes han debido ser negadas las pretensiones, así la acción
de tutela hubiera estado llamada a prosperar desde el punto de vista material.
La temeridad de la
tutela se pone de manifiesto por su doble o múltiple utilización ante
diferentes jueces en cuanto, de una parte, hace que se despliegue de manera
innecesaria la actividad judicial -desplazando procesos que ameritan igual o
mayor atención, frustrando a otras personas el acceso a la administración de
justicia y creando congestión en los despachos- y, de otra, delata el propósito
desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando
con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera
resultar favorable. Con tan irresponsable actitud se crea, además, el riesgo de
decisiones encontradas sobre el mismo caso.
Al respecto, esta
misma Sala ha sostenido:
"El artículo 38
del Decreto 2591 de 1991 sanciona la conducta de quien, sin motivo expresamente
justificado, presente la misma acción de tutela, directamente o por conducto de
su representante, ante varios jueces o tribunales. En tal evento se considera
que la actuación es temeraria y se deberán rechazar o decidir desfavorablemente
todas las solicitudes.
La norma busca
asegurar que el mecanismo judicial de protección de los derechos fundamentales
habrá de ser ejercido con seriedad y lealtad, sin asaltar la buena fe de los
administradores de justicia.
Se reprime una
conducta cuya proliferación sería altamente lesiva del orden jurídico, en
cuanto daría lugar a decisiones posiblemente contradictorias y violaría de
manera indudable el principio non bis in idem, consagrado en el artículo
29 de la Constitución como integrante esencial del debido proceso, pues la
misma conducta activa u omisiva, de una autoridad pública o de un particular
sería necesariamente juzgada más de una vez". (Cfr. Corte Constitucional.
Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-574 del 14 de diciembre de 1994).
De la norma legal y
de la transcrita jurisprudencia se deriva que la acción temeraria únicamente se
configura por la presentación simultánea o sucesiva de acciones de tutela
cuando no esté amparada por un motivo razonable y válido, pero ésta
circunstancia, para ser admitida, debe hallarse claramente probada.
Tal no acontece en
el proceso de autos, pues las acciones fueron ejercidas ante diferentes jueces,
unas directamente y otras por conducto de la Defensoría del Pueblo, sin que
para ello mediara fundamento alguno de índole fáctico o jurídico en cuya virtud
pudiera establecerse que las circunstancias de las dos personas mencionadas
fueran objetivamente distintas de las que se predicaban de los demás actores.
DECISION
Con fundamento en
las consideraciones precedentes, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR la Sentencia proferida en el
asunto de la referencia por el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Santa Fe de
Bogotá, D.C. el 15 de febrero de 1995, mediante la cual se revocó la dictada
por el Juez 35 Penal Municipal de la misma ciudad.
Segundo.- SURTASE el trámite de notificación de
esta sentencia, según lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
HERNANDO HERRERA
VERGARA ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
461 | T-309-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-309/95
NEGLIGENCIA
ADMINISTRATIVA/VIVIENDA-Demolición/OMISION
DE LA ADMINISTRACION
No obstante, la circunstancia de que el
contratista no hubiese firmado el acta de iniciación de los trabajos
-inconveniente relativo a un requisito puramente formal, que habría podido
superarse mediante la diligencia de la administración en exigir su
cumplimiento- provocó de manera inexplicable la paralización de las obras y el
ostensible perjuicio ocasionado a quienes, siendo propietarios de humildes
viviendas demolidas o afectadas por movimientos telúricos en la zona, quedaron
despojados de un lugar digno al cual acogerse con sus familias. Las autoridades
administrativas deben "coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado", de donde se deduce un
comportamiento negligente cuando la tarea administrativa iniciada no culmina,
por falta de la necesaria impulsión de las autoridades correspondientes.
PRINCIPIO DE
DIGNIDAD HUMANA/PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD/PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL
Los valores de la dignidad humana y de la
solidaridad, así como el principio de prevalencia del Derecho sustancial y el
postulado de la eficacia de la gestión pública son infinitamente superiores a
los aspectos de índole puramente adjetiva y al trámite burocrático, de tal modo
que las obligaciones sociales del Estado, contempladas en el artículo 2º de la
Constitución, no pueden supeditarse a la nimiedad del formalismo, ni
postergarse indefinidamente, por esa misma causa, la cristalización de
objetivos que inciden en los derechos fundamentales.
ESTADO SOCIAL DE
DERECHO/PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD-Alcance
La idea y las proyecciones del Estado
Social de Derecho, que es característico de nuestra organización política,
según lo expuesto por el artículo 1º de la Carta, y que proclama una
responsabilidad estatal mucho más ligada a la obtención de resultados
favorables a la satisfacción de las necesidades primegenias de la comunidad y
de los asociados, dentro del orden jurídico, que al encasillamiento formal de
sus actuaciones en los moldes normativos. En el actual sistema jurídico, el
principio de solidaridad, contemplado en los artículos 1 y 95 de la
Constitución Política, al que están obligados los particulares pero que es
primordialmente exigible al Estado, si bien no bajo una concepción paternalista
que establezca una dependencia absoluta. A tal concepto se ha referido esta
misma Sala, indicando que tiene el sentido de un deber, impuesto a toda
persona por el sólo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente
en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros
asociados o en interés colectivo.
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA-Fundamental
El Estado -que tiene a cargo de manera
prioritaria, la responsabilidad de fijar las condiciones necesarias para hacer
efectivo el derecho de todos los colombianos a una vivienda digna y de promover
planes de vivienda de interés social (artículo 51 C.P.)- no puede presenciar
indolente la situación de un grupo humano que carece de recursos para sostener
en pie las modestas construcciones que constituyen las viviendas de sus integrantes
cuando ellas amenazan ruina por sus deficiencias de construcción y por el
transcurso del tiempo. La determinación de iniciar un plan encaminado a
remodelar parte del casco urbano de Anzoátegui, reconstruyendo sesenta (60)
casas en peligro de destrucción por descuido, no correspondía a una actitud de
benevolencia de la administración, sino que era su obligación perentoria,
derivada de los principios constitucionales enunciados. Dadas las condiciones
específicas del accionante, que son de manifiesta debilidad en el aspecto
económico -según lo probado-, ha debido tener cabal aplicación el principio de
solidaridad, para impedir que la inactividad del Municipio y del contratista
encargado de las obras repercutiera en su perjuicio, impidiéndole el uso del único
sitio al cual podía acogerse para su vivienda -una construcción de cuatro por
cinco metros, según la inspección judicial que, por comisión de esta Sala,
llevó a cabo el Presidente del Tribunal Administrativo del Tolima con lo cual
se lo arriesgó a vivir de manera indefinida a la intemperie, con peligro para
su vida y su integridad personal.
-Sala Quinta de Revisión-
Ref.: Expediente
T-64598
Acción de tutela
incoada por JESUS GABRIEL ROMERO MIRANDA contra la Administración Municipal de
ANZOATEGUI
Magistrado
Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de julio de mil
novecientos noventa y cinco (1995).
Se revisa el fallo
proferido en el asunto de la referencia por el Tribunal Administrativo del
Tolima.
I. INFORMACION
PRELIMINAR
Según la narración
del accionante, JESUS GABRIEL ROMERO MIRANDA, habitante del municipio de
Anzoátegui -Departamento del Tolima-, la anterior administración local
suscribió un contrato de obra pública con el objeto de mejorar sesenta
viviendas correspondientes a siete sectores municipales incluídos en el
proyecto de saneamiento básico del casco urbano, según programa aprobado por la
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.
Aseguró el demandante
que en la ejecución del contrato la alcaldía llegó a casos extremos como el
suyo, pues tuvo que demoler su vivienda, ya que amenazaba ruina.
Efectivamente
-dijo-, en cumplimiento del contrato se procedió a dar inicio a los trabajos,
es decir, la casa fue demolida y se hizo la excavación necesaria para la nueva
cimentación.
Afirmó que, desde el
momento de la demolición de su casa, se encuentra en compañía de su familia,
durmiendo en la calle, situación que se ha prolongado, pues la idea inicial
consistía en que los trabajos no tardaran más de un mes y en realidad, según la
demanda, al presentarla se hallaban estancados y las obras suspendidas, con
notorio perjuicio para el peticionario y su familia.
Expuso que, una vez
fueron iniciadas las obras y posesionado el nuevo alcalde de Anzoátegui, la
Caja de Crédito Agrario desembolsó las sumas previstas en el contrato, pero el
referido funcionario se ha negado reiteradamente a cancelar al contratista lo
que a éste corresponde, por razones de tipo político, dando así lugar a la
parálisis de las obras.
Consideró que, con
esta actitud, la administración municipal lo ha dejado en total abandono,
violando directamente los principios básicos de la Constitución Política, en
especial los del artículo 2º, a cuyo tenor son fines esenciales del Estado los
de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los derechos y deberes en ella consagrados.
Recordó igualmente
que, según la Carta, las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades, así como para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Invocó también el derecho
de todo colombiano a una vivienda digna, plasmado en el artículo 51 de la
Constitución, y manifestó que, según la misma norma, el Estado tiene la
obligación de fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho
y de promover planes de vivienda de interés social.
Señaló que, antes de
comenzar la ejecución del contrato, él y sus familiares tenían una vivienda, si
bien es cierto amenazaba ruina y ponía en peligro sus vidas, pero que, en
virtud de la posterior conducta del Alcalde, sus hijos carecen de techo.
"Sólo contamos con el frío de la noche -agregó- y la esperanza de que
no nos ocurra nada y de que el señor Alcalde se apiade y decida autorizar la
terminación del contrato".
A instancias del
Tribunal, el Alcalde Municipal de Anzoátegui explicó que la parálisis de las
obras aludidas por el actor se debía a que el contratista había incumplido el
contrato desde su iniciación, pues, por su cuenta y riesgo, procedió a
desentejar viviendas y a desbaratar las casas beneficiarias del contrato, sin
que se hubiera cancelado el anticipo y sin haber firmado el acta
correspondiente junto con el interventor.
Dijo que, ante sus
reclamos por estas "anomalías", el contratista no volvió a reportarse
en las obras ni en el Municipio, hasta el 31 de enero de 1995, fecha en la
cual, mediante una carta, manifestó que no deseaba continuar con la ejecución
del contrato.
Según el Alcalde, se
encuentra adelantando las gestiones pertinentes para proceder a declarar la
caducidad del contrato de mejoramiento de vivienda.
II. LA DECISION
JUDICIAL REVISADA
El Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante providencia del 17 de febrero de 1995,
resolvió que la acción de tutela instaurada no era procedente.
A su juicio, los
derechos a la vivienda y a la propiedad no son derechos fundamentales, aunque
pueden adquirir tal calidad cuando su desconocimiento comporta la violación de
otros que sí lo son, como el derecho a la vida, la igualdad y la dignidad de la
persona.
Consideró que, en el
caso de autos no se daba tal hipótesis, pues no encontraba que, según los
hechos expuestos por el actor y aceptados en parte por el Alcalde de
Anzoátegui, se estuviesen violando o amenazando la vida u otro derecho
consagrado en la Constitución.
Por el contrario
-señaló-, si se demolió la residencia del accionante porque se consideró que
amenazaba ruina, con el consecuente peligro para su familia, hay que aceptar
que lo que se buscó fue su protección.
Además -concluyó-,
si hay mora del municipio en reconstruir la vivienda del accionante, es
cuestión que no se puede corregir por la acción de tutela, máxime cuando no hay
prueba de que con ello se violen o amenacen los derechos fundamentales.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
En desarrollo de lo
previsto en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, el presente asunto fue
seleccionado por la Corte y repartido a esta Sala, en la cual se radica la
competencia para proferir el correspondiente fallo de revisión, al tenor de lo
dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política.
El principio
de solidaridad y el derecho sustancial prevalecen sobre las cuestiones
formales. No se justifica que el Estado arriesgue los derechos fundamentales de
los asociados por falta de una firma
El caso objeto de
examen muestra de manera patética el divorcio existente entre la realización de
la justicia material, propia del Estado Social de Derecho, y el culto ciego al
formalismo.
En buena hora, el
municipio y la comunidad de Anzoátegui iniciaron desde 1994 un proyecto de
saneamiento básico del casco urbano de la localidad, con el fin de mejorar
sesenta viviendas ubicadas dentro del mismo, cuyas condiciones de seguridad y
estabilidad hacían indispensable y urgente la ejecución de obras que evitaran
su ruina y el consiguiente daño a los moradores.
No obstante, la
circunstancia de que el contratista no hubiese firmado el acta de
iniciación de los trabajos -inconveniente relativo a un requisito puramente
formal, que habría podido superarse mediante la diligencia de la administración
en exigir su cumplimiento- provocó de manera inexplicable la paralización de
las obras y el ostensible perjuicio ocasionado a quienes, siendo propietarios
de humildes viviendas demolidas o afectadas por movimientos telúricos en la
zona, quedaron despojados de un lugar digno al cual acogerse con sus familias.
Quedó así frustrado,
por un motivo intrascendente, el bondadoso objetivo que perseguían las mismas
autoridades locales al iniciar el programa de reconstrucción y reparación de
las viviendas.
El hecho descrito
hace que la Corte Constitucional insista en que los valores de la dignidad
humana y de la solidaridad, así como el principio de prevalencia del Derecho
sustancial y el postulado de la eficacia de la gestión pública son
infinitamente superiores a los aspectos de índole puramente adjetiva y al
trámite burocrático, de tal modo que las obligaciones sociales del Estado,
contempladas en el artículo 2º de la Constitución, no pueden supeditarse a la
nimiedad del formalismo, ni postergarse indefinidamente, por esa misma causa,
la cristalización de objetivos que inciden en los derechos fundamentales.
El ejercicio sensato
de la función administrativa implica el establecimiento de prioridades y la
adopción oportuna de medidas idóneas para evitar que los fines esenciales del
Estado resulten entorpecidos por la omisión o la desidia de servidores públicos
o por el incumplimiento o el descuido de particulares que contratan con las
entidades públicas.
El principio
de solidaridad obliga al Estado. El compromiso del Estado Social de Derecho con
las personas carentes de recursos
Cualquiera diría que
el accionante no estaba en posición de reclamar al Municipio diligencia y
efectividad en cuanto a la reconstrucción de su vivienda por cuanto el ente
público no tenía la obligación de llevar a cabo las obras, pues el propietario
del bien era un particular que debería defenderse por sus propios medios.
Ese mismo enfoque
llevaría a concluir que, en vez de hacer exigencias al Estado por la vía
judicial, el afectado estaría obligado a procurarse los medios de recuperación
de las circunstancias adversas propiciadas por el temblor de tierra y a
vincular sus propios recursos para levantar de nuevo su casa de habitación, y
que, más bien, debería agradecer los esfuerzos de las autoridades por brindarle
apoyo en su legítimo empeño.
La Corte
Constitucional estima que tales aseveraciones, quizá acordes con una concepción
individualista del Estado y de los derechos, no son de recibo -al menos en
términos absolutos- dentro de la idea y las proyecciones del Estado Social de
Derecho, que es característico de nuestra organización política, según lo
expuesto por el artículo 1º de la Carta, y que proclama una responsabilidad
estatal mucho más ligada a la obtención de resultados favorables a la
satisfacción de las necesidades primegenias de la comunidad y de los asociados,
dentro del orden jurídico, que al encasillamiento formal de sus actuaciones en
los moldes normativos.
Ya había avanzado el
Constituyente de 1936 al concebir la asistencia pública en favor de las
personas económicamente débiles e incapacitadas para trabajar (artículo 19),
dentro de un criterio que hoy acoge el artículo 13 C.P., cuando al establecer
el postulado de la igualdad real y efectiva, obliga al Estado a promover las
condiciones de equilibrio y a adoptar medidas en favor de grupos discriminados
o marginados, protegiendo especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta.
A ello se agrega, en
el actual sistema jurídico, el principio de solidaridad, contemplado en los
artículos 1 y 95 de la Constitución Política, al que están obligados los
particulares pero que es primordialmente exigible al Estado, si bien no bajo
una concepción paternalista que establezca una dependencia absoluta.
A tal concepto se ha
referido esta misma Sala, indicando que tiene el sentido de un deber, impuesto
a toda persona por el sólo hecho de su pertenencia al conglomerado social,
consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o
apoyo de otros asociados o en interés colectivo.
Es, ha dicho la
Corte, un principio que inspira la conducta de los individuos para fundar la
convivencia en la cooperación y no en el egoísmo (Cfr. Sentencia T-550 del 2 de
diciembre de 1994).
En virtud del
postulado en mención, el Estado -que tiene a cargo de manera prioritaria, la
responsabilidad de fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo el
derecho de todos los colombianos a una vivienda digna y de promover planes de
vivienda de interés social (artículo 51 C.P.)- no puede presenciar indolente la
situación de un grupo humano que carece de recursos para sostener en pie las
modestas construcciones que constituyen las viviendas de sus integrantes cuando
ellas amenazan ruina por sus deficiencias de construcción y por el transcurso
del tiempo.
A juicio de la
Corte, en casos como el que se considera, la determinación de iniciar un plan
encaminado a remodelar parte del casco urbano de Anzoátegui, reconstruyendo
sesenta (60) casas en peligro de destrucción por descuido, no correspondía a
una actitud de benevolencia de la administración, sino que era su obligación
perentoria, derivada de los principios constitucionales enunciados.
Pero, además, no se
trataba solamente de iniciar un conjunto de obras, sino de terminarlas, con
arreglo a los principios de eficacia, celeridad e igualdad que, entre otros,
inspiran la función administrativa, puesta al servicio de los intereses
generales, según el artículo 209 de la Constitución.
No en vano el mismo
precepto dispone que las autoridades administrativas deben "coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado"
(subraya la Corte), de donde se deduce un comportamiento negligente cuando la
tarea administrativa iniciada no culmina, por falta de la necesaria impulsión
de las autoridades correspondientes.
Si ello repercute
-como en el presente caso- en el daño o la amenaza a derechos fundamentales, es
claro que cabe la acción de tutela para su protección, en cuanto las
violaciones que la hacen aplicable no solamente consisten en conductas
positivas de quien ejerce poder sino en omisiones, es decir, en la inactividad
del ente público, pues al abstenerse injustificadamente de llevar a cabo los
actos que de él se esperan, de conformidad con los aludidos principios, que se
imponen por la Carta a toda gestión administrativa, no solamente incurre en
negligencia sino que afecta o pone en riesgo prerrogativas básicas de personas
en concreto.
En el asunto que
ocupa la atención de la Corte es evidente que, dadas las condiciones
específicas del accionante, que son de manifiesta debilidad en el aspecto
económico -según lo probado-, ha debido tener cabal aplicación el principio de
solidaridad, para impedir que la inactividad del Municipio y del contratista
encargado de las obras repercutiera en su perjuicio, impidiéndole el uso del
único sitio al cual podía acogerse para su vivienda -una construcción de cuatro
por cinco metros, según la inspección judicial que, por comisión de esta Sala,
llevó a cabo el Presidente del Tribunal Administrativo del Tolima (Fl. 58 del
Expediente)-, con lo cual se lo arriesgó a vivir de manera indefinida a la
intemperie, con peligro para su vida y su integridad personal.
Es verdad que, según
las pruebas recaudadas por el Tribunal Administrativo, el actor vive
actualmente en arriendo, en una casa cercana pero también es claro que sus
circunstancias concretas hacen que destine a tal fin la mayor parte de sus
escasos ingresos, provenientes, según lo establecido, de la venta esporádica de
chance y de verduras.
Así las cosas, la
mora en la ejecución de unas obras que en sí mismas no revisten ninguna
complejidad ni representan erogaciones cuantiosas implica, sin dudarlo, una
omisión de la administración municipal en el cumplimiento de sus deberes
constitucionales.
Pese a que han sido
detectadas algunas inexactitudes en el escrito de demanda, luego corregidas por
el actor en su declaración ante el Tribunal Administrativo del Tolima, la Corte
concederá la tutela impetrada, ordenando al Alcalde Municipal que adopte las
medidas necesarias para asegurar los derechos fundamentales del accionante, ya
que las señaladas imprecisiones en nada modifican el hecho cierto de que le ha
causado y se le sigue causando perjuicio.
DECISION
Con fundamento en
las consideraciones precedentes, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCASE la Sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima el 17 de febrero de 1995, mediante la cual
se declaró improcedente la acción de tutela instaurada.
Segundo.- CONCEDESE la protección judicial que
solicita JESUS GABRIEL ROMERO MIRANDA, por la violación de su derecho
constitucional a una vivienda digna, con repercusión en amenaza a su vida e
integridad personal, por la omisión en que ha incurrido la administración
municipal de Anzoátegui.
Tercero.- ORDENASE al Alcalde Municipal de
Anzoátegui que, en un término no superior a las 48 horas siguientes a la
notificación del presente fallo, adopte las medidas administrativas necesarias
para que, antes de 20 días hábiles esté reconstruída, en sus aspectos
esenciales, la vivienda de JESUS GABRIEL ROMERO MIRANDA.
Cuarto.- El Tribunal Administrativo del Tolima verificará el cabal cumplimiento
de esta providencia.
Quinto.- Súrtase el trámite previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
HERNANDO HERRERA
VERGARA ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
462 | T-310-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-310/95
DERECHO DE
PETICION-Contenido/DESALOJO
El ejercicio del derecho de petición no se
circunscribe a una respuesta de carácter meramente formal, sino que, por el
contrario, se enmarca dentro de la obligación de las autoridades de resolver en
forma oportuna solicitudes como la formulada por el actor. Se ordenará al señor
alcalde poner en conocimiento del actor las comuncaciones remitidas por los
diversos funcionarios públicos municipales, relativas al desalojo de las
personas que habitan las mejoras referenciadas en la presente tutela. Con todo,
debe señalarse que la anterior decisión en momento alguno significa que el
señor alcalde deba resolver favorablemente las pretensiones del demandante. Tan
sólo se busca que la Administración adopte una posición oficial y definitiva
respecto del problema que en su oportunidad se sometió a su conocimiento, y
sobre la cual el actor no ha recibido información alguna.
PARTIDA
PRESUPUESTAL-No se puede
incluir por orden judicial
Téngase en consideración que mal podría
ordenarse por medio de una sentencia de tutela incluír uno o más proyectos
dentro de un rubro presupuestal en una determinada vigencia fiscal, pues con
ello se estaría inmiscuyendo la administración de justicia dentro de las
atribuciones propias del órgano ejecutivo, en violación de los artículos 113 y
115 de la Constitución Política.
JUEZ DE TUTELA-Derechos invocados/ FALLO DE TUTELA
EXTRA PETITA/ FALLO DE TUTELA ULTRA PETITA/ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Vigencia
de derechos constitucionales
Dada la naturaleza de la presente acción,
la labor del juez no debe circunscribirse únicamente a las pretensiones que
cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que su labor debe
estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos
constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos
fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no sólo resulta
procedente sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos
sean extra o ultra petita. Argumentar lo contrario significaría que si, por
ejemplo, el juez advierte una evidente violación, o amenaza de violación de un
derecho fundamental como el derecho a la vida, no podría ordenar su protección,
toda vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la debida oportunidad
procesal. Ello equivaldría a que la administración de justicia tendría que
desconocer el mandato contenido en el artículo 2o superior y el espíritu mismo
de la Constitución Política, pues -se reitera- la vigencia de los derechos
constitucionales fundamentales es el cimiento mismo del Estado social de
derecho.
DERECHO A LA
SALUD-Fundamental
Ese derecho debe y puede ser protegido por
vía de tutela en forma autónoma e independiente, no obstante no encontrarse
dentro de la enumeración contenida en el capítulo II, del título I de la Carta
Política. Además, debe reiterarse que la protección del derecho a la salud en
los términos expuestos, resulta siempre necesaria debido a su íntima e
inseparable relación con el derecho a la vida y a la integridad física.
DERECHO A LA
PROPIEDAD-Fundamental
El derecho de propiedad, se ha establecido
que reviste el carácter de fundamental siempre y cuando se encuentre en
relación de conexidad con otros derechos fundamentales que se vean amenazados o
vulnerados por la acción o la omisión de una autoridad pública o de los
particulares, en los términos que defina la ley. En consecuencia, no es
admisible argumentar que el derecho de propiedad no puede ser protegido bajo
ninguna circunstancia a través de la tutela, cuando el deber del juez es
examinar el caso en concreto, evaluar las pruebas correspondientes y, entonces
sí, determinar si está en íntima y directa conexión con otro u otros derechos
fundamentales de aplicación inmediata.
Ref.: Expediente
T-65619
Peticionario:
Guillermo Rodríguez Narváez.
Procedencia: Consejo
de Estado
Magistrado
Ponente:
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Tema: Derecho de
petición
Santafé de Bogotá,
D.C. diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro
Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera
Carbonell,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
tutela radicado bajo el número T- 65619, adelantado por el señor Guillermo
Rodríguez Narváez en contra del Alcalde Mayor de Neiva.
I. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591
de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional
escogió para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con
el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar
la sentencia correspondiente.
1. Solicitud
El señor Guillermo
Rodríguez Narváez interpuso ante el Tribunal Contencioso Administrativo del
Huila, acción de tutela contra el alcalde mayor de Neiva, Sixto Francisco
Cerquera, con el fin de que se le amparara su derecho de petición, consagrado
en el artículo 23 de la Constitución Política.
2. Hechos
El peticionario,
vecino de la carrera 9a. con calle 19 del barrio Chapinero de la ciudad de
Neiva, afirma que en dicho sector existen “unas mejoras en plena vía pública”,
que en época de invierno impiden que las aguas lluvias corran, lo cual causa graves
inundaciones que afectan el inmueble de su propiedad. Ante esta situación
manifiesta que el día cuatro (4) de febrero de 1994, en asocio con varios
vecinos del sector, presentaron un memorial dirigido al alcalde mayor de Neiva
en el que exponían su situación y le solicitaban que les solucionara el
mencionado problema. Frente la falta de respuesta, el peticionario, junto con
sus hermanos, insistió en su solicitud el día ocho (8) de julio de ese mismo
año.
Ante el hecho de que
no se ha dado solución a su problema, el actor manifiesta que acude a la acción
de tutela con el fin de que se de respuesta a su petición, pues considera que
ya agotó todos los recursos y “no obtuve solución alguna, sólo un circulo
vicioso de remisiones que terminaron en nada”.
3. Pruebas
aportadas con el escrito de tutela.
Al escrito de tutela
se acompañaron los siguientes documentos:
3.1. Memorial del
siete (7) de febrero de 1994,
mediante el cual el peticionario y veintiséis personas más, solicitan al
alcalde de Neiva que solucione el problema causado por la existencia de “las
mejoras en vía pública”, ordenando el desalojo de los habitantes de dichas
mejoras y la demolición de las mismas, con el fin de que se logre la apertura
de la vía pública.
3.2. Oficio del
dieciocho (18) de febrero de 1994, suscrito por el alcalde de Neiva, en el que manifiesta que el
funcionario competente para conocer y resolver la petición contenida en el
referido memorial es el director de justicia Municipal de Neiva, razón por la
cual remitió el escrito a dicho funcionario.
3.3. Memorial del
ocho (8) de julio de 1994,
suscrito por Guillermo Rodríguez Narváez, Camilo Rodríguez Narváez y Damary
Rodríguez de Moya, dirigido al alcalde de Neiva, en el cual se expone
nuevamente el problema causado por la obstrucción de la vía pública debido a la
existencia de una casa de bahareque. En este documento afirman que “dicha
propiedad carece de los servicios de alcantarillado, y parte de las aguas
negras se empozan formando criaderos de zancudos y verdaderos focos de
infección.”, y se solicita “que sea abierta por completo la calle 19 en la
intersección con la carrera novena”.
3.4. Oficio del
veintiséis (26) de julio de 1994, suscrito por el alcalde de Neiva, a través del cual manifiesta que el
funcionario competente para conocer y resolver la petición contenida en el
escrito relacionado en el numeral anterior es el director de justicia Municipal
de Neiva, razón por la cual remitió esa comunicación a dicho funcionario.
3.5. Oficio del
treinta (30) de agosto de 1994, suscrito por el director de justicia Municipal, y dirigido al alcalde
de Neiva, en el cual afirma que mediante gestiones adelantadas previamente por
la dependencia a su cargo, se pudo establecer que desde hace más de veinte
años existe una casa de bahareque construida en un terreno sobre el cual se
planea la ampliación de la calle 19, pero que ninguna de las autoridades
municipales ha adelantado gestiones tendientes a la negociación del mencionado
predio.
Sobre el particular,
agregó:
“Como no se trata
de invasores ya que el problema surgió en la ampliación de la Calle 19, lo
indicado sería que el Municipio entrara a negociar a través de alguna de sus
dependencias con el propietario el valor de las mejoras para su demolición y
resolver así las pretensiones de los quejosos (...). Mediante oficio 423 del
Despacho del Señor alcalde se les informó que había determinado remitirlo a
esta Dirección de Justicia Municipal por ser de nuestra competencia, pero como
ya se lo había manifestado no se trata de una restitución de bien de uso
público, porque los ocupantes no son invasores y mal haremos el darles ese
tratamiento.”
Al escrito en
comento se acompañó oficio del trece (13) de abril de 1994, suscrito por el
gerente del Departamento de Planeación Municipal de Neiva y por el Jefe de la
Sección de Control del Espacio Público de dicha dependencia, en el cual se
informa que “el predio localizado en la carrera 9a. 18-41 del barrio Chapinero
se encuentra construido sobre la proyección de la calle 1, y quien reside
actualmente es la señora ARACELY MONTAÑA RODRÍGUEZ, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 36.146.055 de Neiva, quien manifestó que reside en dicho
inmueble hace aproximadamente 22 años.”
4.
Pretensiones
Dando cumplimiento
al auto de fecha nueve (9) de diciembre de 1994, y obrando conforme a lo allí
solicitado, el peticionario manifestó que la acción de tutela se dirige contra
el alcalde mayor de Neiva, por violación del derecho fundamental de petición,
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, y que su pretensión
consiste en que se ordene al demandado dar respuesta a las solicitudes
contenidas en los memoriales anteriormente relacionados.
III. ACTUACION
PROCESAL
1. Primera
instancia
Mediante providencia
del catorce (14) de diciembre de 1994, el Tribunal Contencioso Administrativo
del Huila resolvió negar la acción de tutela en comento. Consideró el Tribunal
que no se vulneró el derecho de petición, ya que el alcalde mayor de Neiva, en
forma oportuna, dio respuesta a las solicitudes elevadas por el actor, poniendo
de manifiesto que él no era el funcionario competente para resolver el asunto
planteado, e informando que por tal motivo había remitido tales peticiones a la
Dirección de Justicia Municipal, despacho competente para conocer y decidir tal
asunto.
Sin embargo,
manifestó el Tribunal:
"Observa si
la Sala que ha faltado por parte del señor ALCALDE de la ciudad mayor interés
en dar una pronta resolución a la petición del actor, como lo ordena la
Constitución Nacional en su artículo 23, al limitarse a pasar la solicitud de
los interesados a una dependencia de su administración, como es la Dirección de
Justicia Municipal , despacho que a su vez se ampara en el proceder del
Departamento Administrativo de Valorización - DAV- y del Instituto Municipal de
Obras Civiles -IMOC- por lo que como anota el tutelante, su solicitud se ha
convertido en un círculo vicioso de remisiones que terminaron en nada."
Pese a lo anterior,
el a-quo consideró que resulta improcedente a través de la acción de
tutela ordenar la demolición de las mejoras que obstruyen la calle 19 con la
carrera 9a., tal como lo solicita el peticionario, y afirma que existen otros
mecanismos de defensa judicial, tales como acudir a la justicia ordinaria o a
las autoridades policivas, “si se dan las circunstancias de las protecciones
policivas especiales a que se contrae el artículo 209 del C. de Policía del
Huila - Decreto 1117 de 1988.”
2.
Impugnación.
En memorial del
dieciséis (16) de diciembre de 1994, peticionario impugnó el fallo de primera
instancia, por considerar que “el primer reparo que le formulo a la providencia
que recurro, es la cacería de brujas que en ella se hace para descubrir cual es
la norma fundamental que invoco, para con base en ello encontrar una excusa al
funcionario moroso o negligente en el cumplimiento de sus obligaciones, en
lugar de concretarse en el aspecto de si mis afirmaciones o cargos son reales,
y si con ellos se vulnera un derecho fundamental de una persona, o de todo un
sector de una sociedad, como en el caso que nos ocupa, y si esos derechos son
dignos de ser respetados y tutelados.”
El peticionario no
comparte el fallo en comento ya que, según dice, “lo que yo demando, como
cuestión real y de fondo, es la demolición de unas mejoras levantadas en la
mitad de una calle pública, cuyos daños y secuelas son de mayor impacto y
gravedad del hecho (sic) de que el señor alcalde mayor de Neiva me escuche o no
(...) porque ese hecho, la existencia de unas mejoras en la mitad de la calle,
no solo interrumpe el libre tránsito, que es un derecho fundamental de todos
los habitantes de una ciudad, sino que además interrumpe el libre curso de las
aguas lluvias, obligándolas a inundar un inmueble de mi propiedad, causando
daños a la salud de sus moradores, que también es un derecho fundamental,
considero.”
3. Segunda
instancia
A través de
providencia del veinticuatro (24) de febrero de 1995, la Sección Primera del
Consejo de Estado resolvió revocar el fallo impugnado, y en su lugar rechazó
por improcedente la presente acción de tutela. Sostiene el ad-quem que,
debido a que en el escrito de tutela el actor no invocó el derecho a la libre
circulación, no puede haber un pronunciamiento respecto a tal derecho, “dado
que los artículos 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991 no autorizan a que se
modifique o amplíe aquella en el escrito de impugnación”.
El Consejo de Estado
comparte los argumentos del a-quo según los cuales se llegó a la
conclusión de que en el presente caso no hubo violación del derecho de petición
del actor, y agregó que el artículo 23 de la Carta Política ordena que se de
pronta resolución a las peticiones que eleven los particulares “pero en ningún
momento la condiciona a que sea favorable.” Además, señala que “si lo que busca
el impugnante es que se ordene la demolición de las mejoras levantadas en la
mitad de la calle, no es la tutela, fundamentada en la violación del derecho de
petición, la cual no se produjo, para ello cuenta con medios de defensa judicial
que puede promover ante la Jurisdicción Ordinaria, además de la acción policiva
a que alude el a-quo.”
Afirma también que
“el derecho a la salud, que también se invoca como amenazado, por sí solo no
puede ser protegido a través de la acción de tutela dado que, como lo ha
sostenido la Sala en diversos pronunciamientos, no es señalado en el artículo
85 de la Carta Política como de aplicación inmediata, además que no tiene la
categoría de derecho fundamental, pues forma parte del TITULO II CAPITULO 2 de
la Carta, que trata de LOS DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y CULTURALES. La Sala
sí ha aceptado la tutela de dicho derecho cuando está en relación directa con
el derecho a la vida, esto es, cuando está se encuentra en peligro inminente,
lo cual no ocurre en el presente caso.”
Finalmente sostiene
que no se tutela el derecho a la propiedad, dado que no tiene el carácter de
fundamental y por ello no se puede lograr su protección a través de la acción
de tutela.
IV.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución
Política y 31 a 36 del decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la
referencia.
2. El
ejercicio del derecho de petición en el caso en concreto.
La cuestión que le
corresponde revisar a la Sala en esta oportunidad, trata esencialmente del
ejercicio del derecho de petición por parte del actor Guillermo Rodríguez
Narváez ante el señor alcalde del municipio de Neiva, con el fin de que la
administración desaloje a los habitantes que se encuentran en unas mejoras
localizadas en la intersección de la calle 19 con carrera 9a de esa ciudad. Al
respecto, de las pruebas que obran en el expediente se colige que ante las
diversas solicitudes elevadas por el demandante, el señor alcalde respondió
cada una de ellas señalando, en los términos del artículo 33 del Código
Contencioso Administrativo, que carecía de competencia para conocer de las materias
que se le sometían a su consideración. Por ello, remitió oportunamente los
requerimientos en comento a las autoridades correspondientes, en particular al
director de Justicia Municipal, quienes le informaron que ese tipo de asuntos
no eran de su resorte, toda vez que no se trataba de una situación relacionada
con invasión del espacio público.
Contrario a los
argumentos planteados tanto en primera como en segunda instancia dentro del
trámite de esta acción de tutela, observa esta Sala que las solicitudes
elevadas por el actor, si bien fueron respondidas jamás fueron resueltas en los
términos que dispone el artículo 23 de la Constitución Política. En efecto,
nótese que el señor alcalde nunca puso en conocimiento del interesado las
contestaciones de los restantes funcionarios de la Administración e, inclusive,
tampoco fijó, como cabía esperar, una posición oficial respecto del problema
que se ponía en su conocimiento. Esta situación, por lo demás, fue reconocida
por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila al señalar que “ha faltado
por parte del señor ALCALDE de la ciudad mayor interés en dar una pronta
resolución a la petición del actor (...)”.
Debe, pues,
advertirse que el ejercicio del derecho de petición no se circunscribe a una
respuesta de carácter meramente formal, sino que, por el contrario, se enmarca
dentro de la obligación de las autoridades de resolver en forma oportuna
solicitudes como la formulada por el actor. En cuanto al alcance de este derecho,
ha señalado la Corte:
“1. El derecho de
petición, pese a su autonomía, tiene como fuente material los derechos
políticos, en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar,
directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente
constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este
derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de
comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito
político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.
“El derecho de
petición comprende no sólo la manifestación de la administración sobre el
objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación
constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a
la efectividad de los derechos (CP. arts. 2 y 86) se une en este punto con el
principio constitucional de la eficacia administrativa ( art. 209)
“Por lo menos
tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación
de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por
ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión.
Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En
segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se
plantea. El funcionario no sólo está llamado a responder, también debe
esclarecer, dentro de lo posible, el camino jurídico que conduzca al
peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe
ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de
los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera
cuando ella es tardía”.[1](Negrillas fuera de texto original)
En otro
pronunciamiento de esta Corporación, se estableció:
“Cabe advertir
que la administración está obligada a ‘resolver’, esto es, a dar contestación
sustantiva a las peticiones formuladas por los particulares y no, simplemente,
a responder sin referirse de manera directa a lo solicitado. Los
pronunciamientos evasivos o meramente formales encubren una actuación omisiva
que compromete la responsabilidad del servidor público y del Estado (CP arts.
6º y 90) y vulneran o amenazan los derechos fundamentales. La jurisprudencia
constitucional ha rechazado determinadas razones esgrimidas por la
administración - deficiencias de personal, volumen de expedientes, orden de las
solicitudes, reestructuración de los sistemas de trabajo - para justificar la
desatención del deber de resolución oportuna”.[2] (Negrillas fuera de texto original)
De conformidad con
lo expuesto y con miras a garantizar el derecho de petición del demandante,
esta Sala ordenará al señor alcalde de Neiva poner en conocimiento del actor las
comunicaciones remitidas por los diversos funcionarios públicos municipales,
relativas al desalojo de las personas que habitan las mejoras referenciadas en
la presente tutela. Con todo, debe señalarse que la anterior decisión en
momento alguno significa que el señor alcalde deba resolver favorablemente las
pretensiones del demandante. Tan sólo se busca que la Administración adopte una
posición oficial y definitiva respecto del problema que en su oportunidad se
sometió a su conocimiento, y sobre la cual el actor no ha recibido información
alguna.
3. La
posibilidad de desalojar a las personas que habitan en las mejoras localizadas
en la intersección de la calle 19 con carrera 9a de la ciudad, a través de la
acción de tutela.
Encuentra esta Sala
que dentro del presente asunto, el demandante adujo en las instancias
procesales correspondientes su pretensión de que el juez de tutela ordene el
desalojo de las personas a las que se ha hecho referencia, toda vez que la
localización de las mejoras, al permitir el estancamiento de aguas servidas y
de aguas lluvias, atenta contra su salud y contra su vivienda.
Sobre el particular,
debe señalarse que del material probatorio se colige que los habitantes de las
mejoras se encuentran en ese lugar hace más de veinte años, razón por la cual
la misma administración municipal ha reconocido la imposibilidad de tratarlos
jurídicamente como invasores del espacio público. En otras palabras, al
parecer, esos moradores no se encuentran en una situación al margen de la ley.
Simplemente, debido al desarrollo social y urbano de la ciudad de Neiva,
eventualmente esas instalaciones deberían removerse, con el fin de construír
las vías requeridas. Lógicamente se trata de un proceso de la competencia de
las autoridades administrativas respectivas, dentro del cual no puede
intervenir el juez de tutela. Al respecto, téngase en consideración que mal
podría ordenarse por medio de una sentencia de tutela incluír uno o más
proyectos dentro de un rubro presupuestal en una determinada vigencia fiscal[3], pues con ello se
estaría inmiscuyendo la administración de justicia dentro de las atribuciones
propias del órgano ejecutivo, en violación de los artículos 113 y 115 de la
Constitución Política.
De igual forma,
considera la Sala que, al tratarse el presente asunto de la protección de
derechos colectivos y al no haberse demostrado la vulneración de un derecho
fundamental específico -diferente al derecho de petición-, el demandante goza
de mecanismos de amparo judicial igualmente eficaces para la realización de sus
propósitos, como son las acciones populares de que trata el artículo 1005 del
Código Civil y la Ley 9a de 1989, para la defensa del espacio público y del
ambiente, o las demandas que se ventilan ante la jurisdicción ordinaria. La
posibilidad de interponer estos recursos se da, además, habida cuenta que en
parte alguna del expediente aparece debidamente probado el perjuicio
irremediable aducido por el demandante, que permitiría la procedencia de la
acción de tutela como mecanismo transitorio.
4. Comentarios
a la sentencia de segunda instancia.
Finalmente, debe la
Sala pronunciarse acerca de algunas de las consideraciones expuestas por la
Sección Primera del Consejo de Estado, a través de las cuales se resolvió
revocar el fallo impugnado, y en su lugar se rechazó por improcedente la
presente acción de tutela.
En primer lugar,
manifiesta la citada Corporación que habida cuenta que en la demanda de tutela
el actor no invocó el derecho a la libre circulación, no puede haber un
pronunciamiento respecto a tal derecho, “dado que los artículos 32 y 33 del
Decreto 2591 de 1991 no autorizan a que se modifique o amplíe aquella en el
escrito de impugnación”.
Se plantea entonces
el interrogante de si es posible que el juez ordene la protección judicial de
uno o más derechos constitucionales fundamentales que aparezcan presuntamente
vulnerados, así el interesado no lo hubiese solicitado expresamente en la
demanda de tutela. Para la Sala es claro que, dada la naturaleza de la presente
acción, la labor del juez no debe circunscribirse únicamente a las pretensiones
que cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que su labor debe
estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos
constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos
fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no sólo resulta
procedente sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos
sean extra o ultra petita. Argumentar lo contrario significaría que si,
por ejemplo, el juez advierte una evidente violación, o amenaza de violación de
un derecho fundamental como el derecho a la vida, no podría ordenar su
protección, toda vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la debida
oportunidad procesal. Ello equivaldría a que la administración de justicia
tendría que desconocer el mandato contenido en el artículo 2o superior y el
espíritu mismo de la Constitución Política, pues -se reitera- la vigencia de
los derechos constitucionales fundamentales es el cimiento mismo del Estado
social de derecho.
Sobre el particular,
ha establecido esta Corporación:
“En verdad, la
petición adolece en este punto de relativas deficiencias en su formulación
conceptual y en su presentación sistemática, destacándose evidentes signos de
confusión argumental y de desorden conceptual; no obstante lo anterior,
deben los jueces de tutela y esta Corte en funciones de revisión de los fallos
correspondientes, adentrarse en el examen y en la interpretación de los hechos
del caso, con el fin de encontrar la esencia y la verdadera naturaleza de la
situación jurídica puesta en conocimiento de la jurisdicción constitucional de
los derechos fundamentales, para efectos de asegurar la más cabal protección
judicial de los mismos y la vigencia de la Carta en todos los eventos en los
que se reclame su amparo por virtud del ejercicio de la Acción de tutela.
“Obsérvese que
dicha acción corresponde a una nueva definición de la competencias de los
jueces en las sociedades contemporáneas, y pertenece, como instrumento judicial
y como elemento estructural de las instituciones políticas nacionales, a la
reformulación constitucionalmente ordenada del valor de los derechos
constitucionales fundamentales de los asociados y de la posición jurídica de
estos para obtener su siempre actual, efectiva y directa protección; por
tanto, en casos como el que revisa, en los que no es claro el sentido externo
con el cual se pretende presentar la formulación del reclamo de tutela y en los
que se presentan confusiones como las advertidas y otras que se destacarán más
adelante, es deber del juez de tutela examinar los planteamientos del
peticionario en procura de su comprensión sistemática y coherente frente a los
postulados ideocráticos de la Carta, a sus valores y principios y ante sus
normas directamente aplicables, lo mismo que ante los predicados de la
jurisprudencia constitucional que corresponden a la naturaleza de aquella
codificación superior, típicamente abierta, programática y pluralista”[4]. (Negrillas fuera de texto
original)
En otro
pronunciamiento esta Corporación señaló:
“Recuérdese que
en materia de tutela, el juez puede al estudiar el caso concreto, conceder
el amparo solicitado, incluso por derechos no alegados, pues la misma
naturaleza de esta acción, así se lo permite. Es decir, el juez de tutela puede
fallar extra y ultra petita”.[5] (Negrillas fuera de texto
original).
Así las cosas, la
Sala no puede compartir el argumento expuesto por el fallador de segunda
instancia, relativo a la imposibilidad de proteger el derecho fundamental a la
circulación por haberse invocado su amparo tan sólo al momento de impugnar la
decisión de primera instancia. Si se hubiese encontrado que los hechos que
motivaron la acción de tutela que se revisa hubiesen vulnerado el citado
derecho, esta Sala procedería de inmediato a ordenar su protección. Sin
embargo, como se explicó en el acápite anterior, tal situación no se ha
presentado dentro de este proceso, razón por la cual no puede prosperar la
pretensión del demandante.
En segundo lugar,
observa la Sala que para el Consejo de Estado ni el derecho a la salud, ni el
derecho de propiedad revisten el carácter de fundamentales. En cuanto al
primero de ellos, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en la que se ha establecido, con fundadas razones, que ese derecho
debe puede ser protegido por vía de tutela en forma autónoma e independiente,
no obstante no encontrarse dentro de la enumeración contenida en el capítulo
II, del título I de la Carta Política[6].
Además, debe reiterarse que la protección del derecho a la salud en los
términos expuestos, resulta siempre necesaria debido a su íntima e inseparable
relación con el derecho a la vida y a la integridad física.
En cuanto al derecho
de propiedad, basta señalar que esta Corporación ha establecido que reviste el
carácter de fundamental siempre y cuando se encuentre en relación de conexidad
con otros derechos fundamentales que se vean amenazados o vulnerados por la
acción o la omisión de una autoridad pública o de los particulares, en los
términos que defina la ley[7].
En consecuencia, no es admisible argumentar que el derecho de propiedad no
puede ser protegido bajo ninguna circunstancia a través de la tutela, cuando el
deber del juez es examinar el caso en concreto, evaluar las pruebas
correspondientes y, entonces sí, determinar si está en íntima y directa
conexión con otro u otros derechos fundamentales de aplicación inmediata (Art.
85 C.P.).
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
PRIMERO: REVOCAR,
por las razones expuestas
en esta providencia, la sentencia del veinticuatro (24) de febrero de
1995, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, así como la
sentencia catorce (14) de diciembre de 1994, dictada por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Huila, a través de las cuales se resolvió
denegar la acción de tutela interpuesta por el señor Guillermo Rodríguez
Narváez contra el alcalde mayor de Neiva.
SEGUNDO: CONCEDER
la acción de tutela
interpuesta por el señor Guillermo Rodríguez Narváez contra el alcalde mayor de
Neiva, pero únicamente por la violación al derecho fundamental de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política. En consecuencia, ORDENAR
al señor alcalde mayor de Neiva poner en conocimiento del actor, en el término
de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de esta
Sentencia, las comunciaciones remitidas por los diversos funcionarios públicos
municipales, relativas al desalojo de las personas que habitan las mejoras
referenciadas en la presente acción de tutela.
TERCERO: ORDENAR que por la Secretaría General
de esta Corporación, se comunique esta providencia al Tribunal Contencioso
Administrativo del Huila, en la forma y para los efectos previstos en el
artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado Ponente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Corte
Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia No. T-220/94 del 4 de mayo
de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[2] Corte
Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia No. T-392/94 del 6 de junio
de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[3] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia No. T-185/93. Magistrado Ponente: José Gregorio
Hernández Galindo.
[4] Corte
Constitucional. Sala de Revisión. Sentencia No. T-028/93 del 4 de febrero de
1993. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz.
[5] Corte
Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia No. T-532/94 del 27 de
junio de 1994. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
[6] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencias Nos. T-028/93, T-130/93, T-200/93, T-366/93,
T-068/94, T-123/94, T-140/94, T-154/94, T-174/94, T-192/94 y T-204/94, entre
otras.
[7] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencias Nos. T-381/93, T-422/93, T-125/94, T-135/94, y
C-428/94, entre otras. |
463 | T-311-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-311/95
ACCION DE TUTELA
CONTRA EMPRESA DE ACUEDUCTO/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Improcedencia
No puede pensarse que en el presente caso
tendría ocurrencia la tutela como mecanismo transitorio porque es el mismo
Velázquez quien con sus hechos demuestra que no hay perjuicio irremediable,
puesto que el perjuicio no es INMINENTE (prueba de ello que la tutela se
instaura pasados dos años del hecho que se invoca como causa); la medida no es
URGENTE porque el mismo actor aceptó el cargo en comisión que hoy detenta, el
perjuicio no es GRAVE porque el salario que devenga (superior al millón de
pesos) permite solucionar los problemas más apremiantes.
ASCENSO LABORAL-Opinión/PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Afección
moral
Se dirá que la situación en que se
encuentra desde 1993 el peticionario lo afecta moralmente porque tenía una
opción de ascenso y ocurrió todo lo contrario: en la práctica se lo ha
desmejorado. Este aspecto merece un estudio que abarque el concepto sobre
dignidad y su adecuación al caso concreto. Pero, la importancia de la dignidad,
como principio, para que sea tutelable también debe ser afectado en su núcleo
esencial y no hay prueba de que ello haya ocurrido en el presente caso.
REF: EXPEDIENTE
T-54690
Peticionario:
José Velázquez Fuentes.
Procedencia: Sala
Laboral Tribunal Santafé de Bogotá.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Tema:
- Subsidiariedad
de la tutela.
Santa Fe de Bogotá
D.C., diez y nueve (19) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro
Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y del
Conjuez Jorge Vélez García.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En proceso de tutela
identificado con el número de radicación T-54690, adelantado por José Velázquez
Fuentes.
I. ANTECEDENTES
Con base en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la
Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para
efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le
correspondió el presente negocio a la Sala Sexta. El Magistrado Ponente Dr.
Hernando Herrera Vergara se declaró impedido, lo cual fue aceptado por auto del
21 de marzo de 1995 y se sorteó y luego posesionó el Conjuez Jorge Vélez
García.
1. Solicitud.
José Eduardo
Velázquez Fuentes instauró acción de tutela contra la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Santafé de Bogotá para que:
"dispongan
mi reintegro al cargo de Jefe de la División de Programación y Presupuesto, de
la Subgerencia técnica de la referida entidad, el cual desempeñé hasta el día
14 de Octubre de 1993 y del que fui removido en mi sentir sin motivo justo,
colocando como titular a un subalterno, a quien en mi calidad de superior,
descalifiqué, por varios motivos.
En verdad, un cargo
desapareció por reestructuración, sin embargo, el peticionario agrego:
Subsidiariamente
y por haberse suprimido el referido cargo, sustituyéndolo, por Unidad de
Programación y Coordinación, elevándolo de categoría, dentro de la última reforma
del organigrama, solicito que se disponga o se declare mi derecho, a permanecer
como jefe, de la Dirección (Director), que sustituyó, a la División, dentro del
nuevo organigrama."
La enunciación
escueta de la petición plantea, a primera vista, la idea de que los propósitos
de Velázquez no corresponden al espíritu de la acción de tutela, pero como se
invoca el derecho al trabajo en condiciones dignas, es importante ver qué
aporta la prueba porque hay que examinar si se violó o no tal derecho fundamental.
2. Acervo
probatorio.
a- Obran en el
expediente la Resolución 025 de 1993 de la Junta Directiva de la E.A.A.B. por
medio de la cual se reestructuró dicha empresa, y, la Resolución 1221 de 1993,
de la gerencia, en el mismo sentido, expedidas con fundamento en el Decreto-ley
1421 de 1993 (estatuto de Bogotá). A consecuencia de dicha reestructuración
desapareció el cargo de Jefe de División de Programación y Presupuesto,
adscrito hasta finales de 1993, a la subgerencia técnica.
b- Entre los
documentos más importantes de la hoja de vida de José Velázquez, aparece el
contrato de trabajo a término indefinido por medio del cual se vinculó el 5 de
septiembre de 1972, habiendo ascendido hasta ubicarse como Jefe de División de
Programación y Presupuesto, cargo que ocupó desde el 21 de agosto de 1990 hasta
el 31 de octubre de 1993 cuando se suprimió tal jefatura.
c- En la nueva
estructura, la sub-gerencia técnica fue reemplazada por la gerencia
técnica; desapareció la División de Programación y Presupuesto y las funciones
de esa jefatura fueron asumidas por la UNIDAD DE PROGRAMACION Y COORDINACION a
la cual se le adscribieron también las funciones de los departamentos de costos
y presupuestos, es decir, esta Unidad adquirió mayor importancia.
d- El doctor José
Velázquez Fuentes no fue nombrado como jefe de la nueva Unidad, sino que el
ascenso correspondió al doctor Luis Francisco Castiblanco, quien era subalterno
de Velázquez, de ahí el principal motivo de inconformidad del solicitante de
tutela.
e- A José Velázquez
Fuentes se le mantuvo el 1º de noviembre de 1993 el mismo salario que venía
devengando desde principio del año ($715.970), hoy, con los incrementos devenga
$1'043.400.oo al mes; pero se lo ubicó en el cargo de profesional especializado
nivel 020, en razón de que no se lo había nombrado como director o jefe de la
nueva Unidad.
f- En la práctica,
tampoco está desempeñando las funciones propias del profesional especializado
grado 020, porque por comisión se lo envió a la Dirección de Supervisión técnica
de las obras que ejecutan los fondos locales correspondientes a las JAL.
Esta comisión existe
desde el 9 de diciembre de 1993, se respalda en una comunicación interna (la
División de Administración de Sueldos y Prestaciones califica a la comisión
como "no oficial", por eso no obra ni en la hoja de vida).
El texto que
contiene la "comisión" dice:
"Según lo
determinado por Usted y de común acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta
la gran carga de trabajo en la Dirección de Interventoría, atentamente le
solicito trabaje en esta Sección de la Gerencia Técnica, a partir del momento
en que entregue el último trabajo que se le haya encomendado.
Deberá
presentarse ante el ING. DIEGO DEL CASTILLO, Director (e.) de la Interventoría.
Este encargo no significa ningún cambio de su nivel como tampoco de
localización, por tratarse de una comisión temporal."
g- A consecuencia
del trato que se le ha dado, el doctor Velázquez Fuentes ya no goza de las
comodidades locativas que ostenta un jefe, no quedó cobijado por el aumento de
salario establecido en la reestructuración y desempeña, según él, funciones que
podrían ser asimilables a un profesional nivel 60 y no nivel 20. Esta es la
situación que afectaría en su sentir las condiciones dignas y justas que
debería tener su trabajo.
3. Fallo de
primera instancia. (10 de
octubre de 1994)
La Sala Laboral del
Tribunal de Santafé de Bogotá negó la tutela, apoyó su decisión en el "jus
variandi" y concluyó que se trata de una controversia de tipo laboral para
la cual existe otro medio judicial de defensa.
4. Sentencia de
Segunda instancia. (16
noviembre de 1994), Sala Laboral de la Corte Suprema.
Confirmó la del
a-quo, precisando que será el Juez competente quien determine "si en las
específicas circunstancias en que se produjo el traslado de Velázquez Fuentes,
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá hizo uso legítimo de su
poder subordinante o si, por el contrario, desconoció los derechos
fundamentales."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
A. Competencia.
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión
dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos
86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se
hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala
correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el
Reglamento de esta Corporación.
B. Temas
jurídicos en relación con el caso concreto.
1. No es materia de
la tutela descalificar el ascenso de un trabajador (en este caso del doctor
Castiblanco) porque la acción de amparo respeta EL DERECHO DEL OTRO. La
comparación se establece entre el derecho fundamental constitucionalmente
consagrado y su real o presunta violación por parte de la Entidad o persona
contra quien se dirige la tutela.
2. Tampoco se puede
proponer la acción de tutela para revivir la antigua estructura orgánica de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santafé de Bogotá y, por tanto, carece
de sentido, ordenar, como lo solicita José Eduardo Velázquez Fuentes que se lo
reintegre a un cargo que fue suprimido desde finales de 1993.
3. La petición que
Velázquez hace en forma subsidiaria: que se lo nombre como Jefe de la Unidad de
Programación y Coordinación, nuevo cargo dentro de la nueva Unidad cuyas
funciones fueron establecidas en el artículo 38 de la Resolución de gerencia
1221/93, y cuyo nivel salarial es "8" según la Resolución 025 de
1993, no puede ser resuelta mediante tutela porque, implica, como lo dijo la
Corte Suprema en el fallo que es motivo de esta revisión, entrar en terrenos
que son materia de otra jurisdicción, la que definirá si el empleador hizo o no
uso legítimo de su poder subordinante. Es decir, la tutela no puede ser una
jurisdicción paralela puesto que tiene el carácter de subsidiaria y el
peticionario debe acudir ante el Juez competente.
4. Según la
solicitud formulada y los argumentos presentados por el actor éste afirma que
"se ha debido contar con mi anuencia" para el traslado,
"anuencia" que también considera indispensable para la promoción que
se le hizo al doctor Castiblanco, siendo estas exigencias propias de los
traslados de los empleados públicos (art. 29 del Decreto 1950 de 1973)
y, talvez por esta misma razón de considerarse empleado público no se refiere
al sistema cursos- concursos que existen en la E.A.A.B. con base en la
convención colectiva. La sentencia T-84/94 de esta Corporación, expresada en el
caso de una empleada pública (funcionaria del Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República) tampoco viene el caso porque en la sentencia en
mención se tuvo como punto de análisis que a la señora se la destinó a un cargo
diferente a aquél para el cual fue nombrada y, en el caso de José Velázquez
Fuentes el peticionario NO reclama porque se lo tiene en comisión en la
Interventoria (para lo cual hubo "común acuerdo" como se lee en comunicación
de 9 de diciembre de 1993, aportada por el mismo actor), sino que su objeción
es porque en la reestructuración quedó dependiendo de alguien que antes
era su subalterno y no se lo ubicó en el NUEVO cargo que se creó. De todas
maneras para los efectos de esta tutela, no es pertinente calificar si
Velázquez es empleado público o trabajador oficial, y, por el contrario, hay
que resaltar que la reconstrucción de la E.A.A.B. tuvo como fundamento el
Estatuto Orgánico de Santafé de Bogotá (decreto 1421/93), luego se trata del
ejercicio de una conducta legítima de la administración, cuyo argumento
principal es el de una pretensión de corrección de la estructura organizativa
en búsqueda de la eficacia y, si hubo, una "falla técnica" en el
sentido de que la restructuración en la práctica no es funcional, como opina el
solicitante Velázquez, ese presunto error no implica la violación al derecho
fundamental de trabajar en condiciones dignas y justas.
5. Sobre este último
aspecto: TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS, la Sala Séptima de Revisión en
reciente caso que no prosperó (Jueces de Medellín vs. Consejo Seccional de la
Judicatura) expresó lo siguiente: "Es normal soportar un cierto grado de
interferencia y esto no viola el nucleo esencial de la autonomía".
6. Se dirá que no se
trata solamente de la desmejora en las condiciones locativas de trabajo, sino
de habérsele afectado la OPCION para ocupar el nuevo cargo de Director o jefe
de la Unidad de Programación y Coordinación. Pues bien, este aspecto debe dilucidarse
ante el Juez competente, previa controversia para definir muchos aspectos, por
ejemplo: si Velázques es empleado público o trabajador oficial, si la opción al
ascenso estaba dentro de los parámetros del curso-concurso, si de veras tenía
un derecho adquirido para ocupar el nuevo cargo, en fin, si el empleador podía
legítimamente hacer uso del poder subordinante.
7. No puede pensarse
que en el presente caso tendría ocurrencia la tutela como mecanismo transitorio
porque es el mismo Velázquez quien con sus hechos demuestra que no hay
perjuicio irremediable, puesto que el perjuicio no es INMINENTE (prueba de ello
que la tutela se instaura pasados dos años del hecho que se invoca como causa);
la medida no es URGENTE porque el mismo actor aceptó el cargo en comisión que
hoy detenta, el perjuicio no es GRAVE porque el salario que devenga (superior
al millón de pesos) permite solucionar los problemas más apremiantes.
8. Se dirá que la
situación en que se encuentra desde 1993 lo afecta moralmente porque tenía una
opción de ascenso y ocurrió todo lo contrario: en la práctica se lo ha
desmejorado. Este aspecto merece un estudio que abarque el concepto sobre
dignidad y su adecuación al caso concreto. Sobre lo primero, esta Sala, en la
sentencia ya citada, la Nº 270/95 dijo:
"En la
dignidad es muy importante lo COTIDIANO, y esto, en vez de demeritar el
instrumento para defenderla: la tutela, lo engrandece, porque es el
acercamiento real de la justicia a lo común y corriente, esto sí trascendental
para el ser humano. El derecho, así se considere como superestructura, no
pierde nada y más bien se fortifica cuando soluciona los problemas humanos,
entre ellos el deseo legítimo de vivir y trabajar lo mejor posible. No es
egoista el Juez que busca la superación en su trabajo y que exige para lograrlo
CONDICIONES subjetivas y objetivas. La dignidad acompaña calladamente a todo
ser humano y no es sinónimo de grandilocuencia porque si lo fuera no sería
elemento de la autopreservación individual....
En numerosas oportunidades ha habido pronunciamientos de la Corporación
sobre este derecho fundamental. Se ha dicho:
"¿qué es la dignidad humana?
Según Kant, "...el hombre, y en general todo ser racional, existe
como un fin en sí mismo, no sólo como medio para usos cualesquiera de esta o
aquella voluntad; debe en todas sus acciones, no sólo las dirigidas a sí mismo,
sino las dirigidas a los demás seres racionales, ser considerado al mismo
tiempo como fin." Y partiendo del supuesto de que el hombre es un fin en
sí mismo, enuncia este imperativo categórico: "Obra de tal modo que
uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro,
siempre como un fin al mismo tiempo, y nunca solamente como un medio."
("Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres", y otros
escritos, Ed. Porrúa S.A., México 1990, pág. 44).
El hombre, en síntesis, tiene dignidad porque es
un fin en sí mismo y no puede ser considerado un medio en relación con fines
ajenos a él."[1]
Considerando la
dignidad como derecho fundamental, esta es la posición de la Corte
Constitucional:
-"La
dignidad, como principio fundante del Estado, tiene valor absoluto no
susceptible de ser limitado ni relativizado bajo ninguna circunstancia, lo que
a menudo sí acaece con los derechos que deben necesariamente coexistir con
otros y admiten variadas restricciones.[2]
-"La
Constitución establece un marco de valores y principios materiales, que se
estructuran como fundamento de un verdadero sistema axiológico. Este sistema se
basa en la dignidad humana, como principio que indica que el hombre es un ser
que tiende hacia su perfeccionamiento, al desarrollar plenamente lo que por
naturaleza se le ha dado como bienes esenciales: la vida, la salud, el
bienestar, la personalidad, entre otros.[3]
-La dignidad
(artículo 1o. Constitución Política) es un atributo de la persona y, en cuanto
tal, todos tienen derecho a que sean tratados conforme a esa dimensión
específicamente humana. Como bien lo ha afirmado la Corte, "Más que
derecho en sí mismo, la dignidad es el presupuesto esencial de la consagración
y efectividad del entero sistema de derechos y garantías contempladas en la
Constitución".[4]
Pero, la importancia
de la dignidad, como principio, para que sea tutelable también debe ser
afectado en su núcleo esencial y no hay prueba de que ello haya ocurrido en el
presente caso.
En mérito de lo
expuesto la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la ley
RESUELVE:
PRIMERO:
CONFIRMAR las sentencias
de 18 de octubre de 1994 de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de
Bogotá y de 16 de noviembre de 1994 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, dentro de la acción de tutela instaurada por José Eduardo Velázquez
Fuentes.
SEGUNDO:
Para efectos del art. 36
del decreto 2591 de 1991, comuníquese al Tribunal de primera instancia para que
haga las notificaciones respectivas.
TERCERO:
Envíese copia de este
fallo al Defensor del Pueblo.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON
DIAZ
Magistrado
JORGE VELEZ GARCIA
Conjuez
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Sentencia C-542/93, Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía.
[2]Sentencia T-124/93. Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.
[3]Cfr. Corte Constitucional. T-011 de 1993. Ponente: Alejandro
Martínez Caballero.
[4]Sentencia T-124/93. Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. |
464 | T-312-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-312/95
VISA-Declaración de no objeción/ACTO
ADMINISTRATIVO/JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
La peticionaria tenía otro mecanismo de
defensa judicial, cual era el de ejercer una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el acto administrativo del Ministerio de
Relaciones Exteriores, que no concedió la cláusula de no objeción. Esta Sala
manifiesta su desacuerdo con la actitud del Ministerio de Relaciones Exteriores
que olvidó los derechos fundamentales de la solicitante y la consagración
Constitucional de un Estado Social de Derecho,al objetar, el deseo manifiesto
de la estudiante en mención para continuar su desarrollo personal, acádemico, y
laboral en el exterior.Estos objetivos hacían conveniente el otorgamiento
solicitado. Pese a lo anterior esta Corporación no puede decidir con base en
criterios de conveniencia. Resulta evidente, que el termino para ejercitar la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de la peticionaria
ya precluyó. Por cuanto tenía cuatro meses a partir de la notificación,
publicación, o ejecución del acto para acudir a la jurisdicción contenciosa
administrativa.
REF: EXPEDIENTE
T-60809
Peticionaria:
Elba Peña de Roa.
Procedencia:
Tribunal Superior del Distrito judicial de Santafé de Bogotá.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Temas:
-La Tutela como
mecanismo Transitorio y la
Caducidad de las
acciones ordinarias.
Santa Fe de Bogotá
D.C., diez y nueve (19 ) de Julio de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
presidida por el Magistrado Alejandro Martínez Caballero e integrada por el
Magistrado Fabio Morón Díaz y el Conjuez Jorge Velez García.
NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
ANTECEDENTES
Con base en los
artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y 33 del Decreto No.2591
de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional
escogió, para efectos de realizar su revisión, la acción de tutela de la
referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a la Sala Sexta de
Revisión. El Magistrado Ponente, inicialmente Hernando Herrera Vergara se
declaró impedido. Aceptado su impedimento se designó como Conjuez a Jorge Vélez
García quién se posesionó.
1. La señora Elba
Peña de Roa , actuando en representación de su hija Lucía Roa Peña, interpone
acción de tutela contra el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
de Colombia, en virtud de la no expedición del documento de declaración de
no objeción , para el cambio de visa J-1 por la correspondiente que le
otorgue el gobierno de los Estados Unidos para continuar sus estudios
postdoctorales en la Universidad de Yale.
2. Los hechos,
motivo de la presente acción implican a Lucia Roa Peña, médica de profesión y
de nacionalidad Colombiana, estudiante de Post-doctorado en proyectos de
Investigación Científica en el Departamento de Ginecología y Obstectricia de la
Universidad de Yale.
3. Mediante petición
de la interesada, con fecha 11 de enero de 1994, se solicitó al Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia la expedición del Certificado de no
objeción por parte del gobierno Colombiano, requisito establecido por el
gobierno de los Estados Unidos y determinado por sus leyes de inmigración, a
fin de continuar sus actividades posdoctorales.
4. El Ministerio de
Relaciones Exteriores , mediante oficio número 21213 del 28 de julio de 1994,
dirigido a la señora Lucia Roa Peña determinó negar el Certificado
solicitado.
Señaló el Ministerio
que las visas J-1 son otorgadas por el Gobierno de los Estados Unidos, a los
estudiantes cubiertos por programas de intercambio educativo, becas, fondos o
cuando el área de estudio esté comprendida en la lista de prioridades para el
país.
A su vez expresó,
que “de acuerdo a la información, a ellos suministrada se pueden solicitar
prórrogas de las visas J-1 sin que las autoridades de inmigración de los
Estados Unidos exijan el certificado de no
objeción”.
Argumentó, que en
materia migratoria el Estado anfitrión tiene discrecionalidad para otorgar o
modificar la visa, por lo que el otorgamiento del certificado de no objeción,
no es documento indispensable para que el Estado otorgue o cambie la Visa.
5. La accionante,
Elba Roa de Peña señaló que su hija Lucia Roa Peña, durante su permanencia en
los Estados Unidos, y en el período de sus estudios postdoctorales, no recibió
ayuda económica de ninguna naturaleza por parte del Gobierno Colombiano, o de
otros organismos Gubernamentales. De igual manera su entrenamiento no forma
parte de programas de asistencia técnica y no ha recibido becas o cargos en el
exterior.
6. Mediante certificación,
suscrita por la jefe de División de Programas Internacionales expedida por el
Instituto Colombiano de Creditos en el Exterior (ICETEX) se pudo comprobar que
Lucía Roa Peña no fue beneficiaria de beca alguna por parte del Gobierno
Colombiano para adelantar sus estudios en los Estados Unidos.
7. Elba Peña de Roa,
quien ha actuado en esta tutela en representación de su hija, estimó que la
negativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, vulneró los
derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de
aprendizaje, investigación y circulación, así como el derecho al trabajo;
consagrados en los artículos 13, 16,24, y 27 de la Constitución Política.
1. Sentencia del
Tribunal Superior del Distrito judicial de Santafé de Bogotá, D.C (Sala
Laboral).
El Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C (Sala Laboral) que conoció en
primera instancia de la acción de tutela de la referencia, mediante sentencia
del veintidos (22) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, resolvió
conceder la tutela y ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores expedir a
la doctora Lucía Roa Peña el documento de “Declaración de no objeción” para
cambio de visa J-1 y disponer la tramitación de dicho documento por conducto de
la Embajada de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos de Norte América
con destino a las autoridades competentes del País.
Tal decisión se
sustentó en la doctrina establecida por esta Corte en sentencia T-532, del 23
de septiembre de 1992, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
2. La Impugnación
El señor Héctor
Adolfo Sintura Varela, actuando en representación del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, impugnó la decisión proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial ( Sala Laboral) el día 22 de noviembre de 1994, con base
en los siguientes argumentos:
1. El otorgamiento
de la visa J-1 por parte del gobierno Estadounidense, genera el compromiso que
adquiere el estudiante de regresar al país por dos años. Entonces el titular de
la visa es quien se obliga voluntaria y autónomamente a regresar a su patria
por razones de simple conveniencia nacional.
2. Del fallo
proferido por el Consejo de Estado, el seis de octubre de 1993, se infiere que
la carta de no objeción, es un acto administrativo, y como tal tiene la
característica de estar sometido al control Contencioso Administrativo.
3. Debe tenerse en
cuenta lo sostenido por la Corte Constitucional en sentencia No. T-562 del 6 de
diciembre de 1993 que señaló:
“En este sentido
debe reiterar la Corte que la misión del juez de Tutela es la de proteger los
derechos fundamentales, Cuando ocurre una amenaza o vulneración, pero siempre y
cuando no exitan otros medios de defensa judicial, ni desconozcan
procedimientos o trámites propios, bien de otras jurisdicciones o de otras
actuaciones propias de la administración.
Sostiene el
impugnante: “Se deduce entonces, que la Doctora Lucia Roa Peña debió acudir
primero a la vía Jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo antes de
entablar la tutela. Hecho éste que hasta donde tiene conocimiento este
Ministerio no se ha iniciado”.
4. Reitera que “La
capacitación de los nacionales Colombianos en el exterior, debe enmarcarse
dentro del interés público en concordancia con el precepto constitucional
(artículo 67), mediante el cual se consagra que la educación es un derecho de
la persona y un servicio público que tiene una función social”.
3. Sentencia de
la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Laboral)
Impugnada la
decisión por el Ministerio de relaciones exteriores, fue revocada por Sala de
casación laboral mediante sentencia del 19 de enero de 1995.
En el caso sometido
a su juicio la Corte Suprema de Justicia señalo:
“En el caso
examinado la peticionaria cuenta con otro ,medio de defensa judicial, cual es
el de acudir en demanda, si lo desea, ante la Jurisdicción Contencioso
administrativa, con el fin de obtener la invalidez del acto administrativo,
mediante el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores le negó el certificado
de no objeción para el cambio de visa J-1 A h-1(folios 15 y 16 ). Así las
cosas, la tutela resulta improcedente, en la medida en que no se está en
presencia de un perjuicio irremediable,dado que de tener éxito con la demanda
enunciada, obviamente obtendría el Certificado requerido de no objeción hasta
ahora negado”.
“De otro lado, se
destaca que la peticionaria, como ella misma lo afirma en el hecho de su
escrito, ingresó como turista a los Estados Unidos el 28 de abril de 1993 y en
un período relativamente obtuvo su visa J-1, según lo advierte desde el 18 de
agosto del mismo año, lo que le da derecho a permanecer en dicho País hasta por
siete años, con la posibilidad de prorrogarlos, demostrándose con ello que la
negativa al cambio de visa, por ahora en manera alguna le afecta su preparación
profesional.
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
1. Competencia
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para conocer de la revisión dentro
de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86,
inciso Segundo y 241 númeral noveno de la Constitución con los artículos 33,
35, y 42 del Decreto No. 2591 de 1991.
Además, su examen se
hace por virtud de la selección que de dichas acciones practicó la Sala
correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el
reglamento de esta Corporación y con los trámites establecidos para el
impedimento relacionado al principio de este fallo.
2. Tema a tratar
La peticionaria
interpone acción de tutela en representación de la señorita Lucia Roa Peña
porque la negación de la claúsula de no objeción por parte del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia vulneró los derechos fundamentales del
trabajo, libre desarrollo a la personalidad, aprendizaje. Se plantea la
procedencia de la tutela como mecanismo adecuado, mientras se tramita la
nulidad del acto administrativo en cuestión expedido por el Ministerio antes
citado. En ese orden de ideas, se reiterará la jurisprudencia de la
Corporación en ese sentido. Pero desde ya se advierte que si oportunamente la
accionante no acudió ante la Jurisdicción Administrativa, no operará el
mecanismo transitorio.
3. La tutela como
mecanismo transitorio y la caducidad de las acciones ordinarias
Al respecto de la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio para
salvaguardar los derechos fundamentales vulnerados, en un caso similar al de
esta acción de tutela, la jurisprudencia actual de la Corte Constitucional es
la siguiente:
“Al consagrar la
acción de tutela, la instituyó como procedimiento subsidiario, es decir, como
medio ordenado específicamente a la defensa de los derechos fundamentales
cuando para ese mismo fin no exista dentro del ordenamiento jurídico , con
efectividad igual o superior, un medio judicial distinto.No quiso el
Constituyente propiciar la dualidad de procedimientos frente a situaciones
idénticas y con objetos iguales, ni buscó sustituir los procesos existentes por
un mecanismo de universal aplicación apto para resolver todo tipo de
controversias. Por el contrario, mantuvo la legislación que venía rigiendo, en
cuanto no fuera incompatible con las nuevas disposiciones constitucionales,
reservando la tutela para la finalidad específica de garantizar la prevalencia
de los derechos constitucionales fundamentales, aunque sobre la base de que
fuera usada cuando, consideradas todas las posibles vías procesales, fuera la
única apropiada para obtener efectiva y oportunidad para obtener efectiva y
oportuna protección judicial.
Así las cosas, es
improcedente la acción de tutela cuando se tiene a mano otro medio judicial
para lograr el propósito buscado, a menos que el afectado se encuentre ante el
peligro inminente de un daño irreparable, pues, en éste último evento la
urgencia de proteger los derechos fundamentales impone la intervención
judicial, si bien transitoria, por cuanto la decisión del Juez ordinario podría
llegar demasiado tarde frente a una situación grave ya creada.
La transitoriedad
de la tutela que puede impetrarse ante la evidencia de un perjuicio
irremediable está intimamente relacionada con la circunstancia de que los
procesos ordinarios no arrojan un resultado inmediato.Por ello , la duración
del amparo depende del tiempo en que el juez competente haya de resolver sobre
el asunto planteado a tráves de otro medio de defensa.
Pero, desde luego
, el mismo carácter transitorio de la tutela exige del peticionario la carga de
instaurar la acción indicada para que dicho medio judicial pueda operar. De lo
contrario, la medida correspondiente- que , según la Constitución, tiene una
naturaleza precaria- se convertiría en definitiva, sustituyendo al medio
ordinario.
En otros
términos, la acción de tutela en tales casos está condicionada a la actividad
del interesado, quien se compromete a instaurar el proceso alternativo so pena
de que la tutela que se le conceda pierda toda eficacia.
De allí que el
artículo 8° del decreto 2591 de 1991 haya dispuesto, con caracter obligatorio
para el juez, que en la sentencia debe señalarse tal condición, manifestando
“que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad
judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción
instaurada por el afectado (subraya la Corte ) lo cual significa que este
requisito- la instauración de la acción ordinaria- es presupuesto indispensable
delamparo constitucional transitorio.
La misma norma
estipula que, en todo caso, el afectado deberá ejercer dicha acción en un termino
de cuatro meses a partir del fallo de tutela.T-095/95, Magistrado Ponente ¨Jose Gregorio
Hernández. En donde prosperó la tutela como mecanismo transitorio porque se
desconocía si la accionante había acudido o no a la jurisdicción Contenciosa
Administrativa.
4. El caso en
concreto
Está claramente
establecido que la peticionaria tenía otro mecanismo de defensa judicial, cual
era el de ejercer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra
el acto administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que no concedió
la cláusula de no objeción.Esta Corporación mediante auto de pruebas , solicitó
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda) un informe para
determinar si existe o se ha presentado algún tipo de demanda ejercida por la
accionante Lucia Roa Peña contra el Ministerio de Relaciones Exteriores.El
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda , que es quien conoce
de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho,informó al despacho
del Magistrado ponente “Que revisados los libros índices que se llevan en esta
sección no se encontró radicada demanda alguna instaurada por la señora Alba
Roa de Peña o Lucia Roa Peña.
No obstante lo
anterior, esta Corporación quiere resaltar los méritos académicos y personales
que llevaron a la doctora Lucia Roa Peña a ingresar a una de las más
prestigiosas Universidades de los Estados Unidos. Así como el esfuerzo , que
ha implicado sufragar con su dinero y el de su familia las exigencias propias
de una educación superior en otro Pais.De igual manera, esta Sala manifiesta su
desacuerdo con la actitud del Ministerio de Relaciones Exteriores que olvidó
los derechos fundamentales de la solicitante y la consagración Constitucional
de un Estado Social de Derecho,al objetar, el deseo manifiesto de la
estudiante en mención para continuar su desarrollo personal, acádemico, y
laboral en el exterior.Estos objetivos hacían conveniente el otorgamiento
solicitado. Pese a lo anterior esta Corporación no puede decidir con base en
criterios de conveniencia.
Resulta evidente,
que el termino para ejercitar la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho por parte de la peticionaria ya precluyó. Por cuanto tenía cuatro meses
a partir de la notificación, publicación, o ejecución del acto para acudir a
la jurisdicción contenciosa administrativa.
Esta Corporación en
el pronunciamiento del dos de marzo de 1995, ya citado /T-095) señaló:
“Si al acudir a
la acción de tutela , tal oportunidad ha precluído, la consecuencia es obvia :
no tiene lugar la protección constitucional transitoria por cuanto carecerá de
objeto y sentido.”
Dado, para el caso
concreto la circunstancia de haber operado el término de caducidad para
ejercitar la acción ordinaria contra el acto administrativo proferido por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, se confirmará la sentencia
revisada y proferida por la Corte Suprema de Justicia el diez y nueve de
enero de 1995, pero por las razones explicadas en el presente fallo.
DECISION
En virtud de las
consideraciones expuestas, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución.
RESUELVE
Primero: Confirmar la Sentencia proferida por la
Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Laboral) el diez y nueve (19) de
enero de 1995, por la razón expuesta en esta Sala de Revisión .
Segundo : Para efecto del artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, comuníquese al Tribunal de primera instancia para que haga las
notificaciones respectivas.
Tercero : Notifíquese al Defensor del Pueblo
Notifíquese,
comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
JORGE VELEZ GARCIA
Conjuez
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
465 | T-313-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-313/95
PENSION DE
INVALIDEZ-Fundamental
Tratándose de la pensión de invalidez
adicionalmente tiene vigencia el principio de la solidaridad. Por eso su
reconocimiento y pago tiene un carácter de derecho subjetivo y humano. Y
entrará a ser fundamental en una situación concreta al darse algunas
condiciones que la jurisprudencia ya ha establecido.
COLPUERTOS/PENSIONES
CONVENCIONALES/PENSION DE INVALIDEZ-Revisiones médicas
La norma convencional en la antigua empresa
Colpuertos, que estableció los parámetros para la pensión de invalidez y con
base en la cual se hizo el reconocimiento del derecho a tal pensión creó una
situación jurídica concreta a los beneficiados, pero esta situación, no excluye
la obligación de los pensionados a someterse a las revisiones médicas ajustadas
a la ley, establecidas en la convención y de la esencia de la invalidez. La
Convención Colectiva invocada por los actores habla de que la pensión de
invalidez se pagará durante el tiempo en que el trabajador está inhabilitado.
La apreciación de tal estado corresponde darla al médico. De manera que no es válido
presentar como derecho fundamental el presunto privilegio de no someterse a
revisión médica. Todo lo contrario, quien tiene derecho a una pensión de
invalidez debe someterse a las periódicas revisiones médicas que señala la ley
a fin de saber si continúa disfrutando o no de tal beneficio.
COLPUERTOS-Solidaridad en obligaciones laborales
El patrimonio de esas empresas y su
justificación jurídica emanan del Estado, y, éste debe acudir solidariamente en
su respaldo cuando se trate del pago de obligaciones laborales. Por esta razón
es explicable que la Ley 1º de 1991 ordene atender por cuenta de la Nación los
pasivos Sociales de Colpuertos.
PENSION DE
INVALIDEZ-Inexistencia de
incapacidad/ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA-Conducta ilícita
Si se obligara a seguir pagando la pensión
de invalidez habiendo desaparecido dicha invalidez, habría UN ENRIQUECIMIENTO
SIN CAUSA y una conducta ilícita. No puede por medio de la tutela impedirse una
evaluación médica. Tampoco puede prosperar la acción como mecanismo transitorio,
porque la hipótesis de un mejoramiento en la salud no es perjuicio irremediable
y, además, el perjuicio irremediable se predica de algo concreto no de una
hipótesis.
REF: EXPEDIENTE
T- 61333
Peticionarios:
Esther Rodríguez y otros.
Procedencia: Juzgado
8º Penal Municipal de Barranquilla.
Temas:
-Pensión de
invalidez (revisiones médicas).
-Solidaridad en
las obligaciones laborales.
-Proyección de
las prestaciones sociales convencionales.
-Pensiones
extra-legales en COLPUERTOS.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá
D.C., julio diez y nueve (19) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro
Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado el
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
tutela identificado con el número de radicación T-61333 adelantado por Esther
Rodríguez y otros contra Foncolpuertos.
ANTECEDENTES.
1. Informe
previo.
La Sala de Selección
escogió para revisión la tutela 61333. A la Corte llegó la sentencia de
primera instancia, proferida el 5 de diciembre de 1994 por el Juzgado 8º Penal
Municipal de Barranquilla, la impugnación a la misma y la sentencia de 2ª
instancia del Juez 15 Penal del Circuito de dicha ciudad de 20 de enero de
1995. Pero el expediente llegó incompleto.
La Sala consideró
que para efectos de averiguar por qué no aparecía la totalidad del expediente
debían suspenderse los términos para averiguar lo ocurrido. El ad-quem informó
que por equivocación no había remitido un cuaderno y a continuación lo envió a
la Corte.
Solicitud.
Al abogado Franklin
Manzano Fernández, le otorgaron poder: Esther Rodríguez Rodríguez, Jesús
Enrique Saenz Sterling, William de Jesús Arrieta Gómez, Fanny D' Nubbila
Pontier, Oscar Eduardo Melendez Cujar, Héctor Eladio Maury Arguello, Rafael
Eugenio Mercado Salgado, Gabriel de Jesús Jímenez Carpió y Nestor Profirió
Triviño Medina, para instaurar tutela contra el Fondo de pasivo social de la
empresa Puertos de Colombia "Foncolpuertos", con base en estos
hechos:
"La EMPRESA
PUERTOS DE COLOMBIA -Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla-, reconoció a
algunos de los Accionantes Pensión por Invalidez, de conformidad con el art.
117 de la Convención suscrita entre la precitada empresa y los sindicatos de la
costa atlántica, como fue el caso de ESTHER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JESUS SAENS
STERLING, WILLIAM DE JESUS ARRIETA GOMEZ, FANNY D' NUBBILA PONTIER, OSCAR
EDUARDO MELENDEZ CUJAR, RAFAEL EUGENIO MERCADO SALGADO, GABRIEL DE JESUS
JIMENEZ CARPIO Y NESTOR PORFIRIO TRIVIÑO MEDINA.
Al señor OSCAR
EDUARDO MELENDEZ CUJAR le fue reconocida la pensión de invalidez por conducto
del Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla; a RAFAEL EUGENIO
MERCADO SALGADO le fue reconocida su pensión de invalidez, mediante proveído
del 05 de Noviembre de 1991 proferido por el Juzgado Primero Laboral de esta
ciudad, y a GABRIEL DE JESUS JIMENEZ CARPIO, le fue reconocida
administrativamente y confirmada por proveído proferido por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Barranquilla.
A las personas
anteriormente citadas se le ha venido cancelando regularmente el valor de sus
mesadas pensionales, inicialmente por la Empresa Puertos de Colombia y
posteriormente, el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en
liquidación.
La Empresa
Puertos de Colombia fue liquidada de conformidad con la ley 1ª de 1991 del 10
de enero, expedida por el Congreso de Colombia y en su art. 37 revistió al
Presidente de la República de facultades para su liquidación, y así crear los
entes cuyo objeto sería atender la misma. Con base en esas facultades fueron
expedidos los decretos 35, 36 y 37.
El Decreto 35 del
03 de enero de 1992 contiene normas sobre el régimen laboral de la Empresa
Puertos de Colombia en liquidación. El Decreto 36 del 03 de enero de 1992, creó
el Fondo de Pasivo social de la empresa Puertos de Colombia, en liquidación,
determinándose en el mismo su denominación, naturaleza, objeto, funciones y
domicilio; y el Decreto 37 del 03 de enero de 1992, fijó el régimen
presupuestal para la liquidación de la Empresa puertos de Colombia en
Liquidación.
A los accionantes
una vez efectuado el pago correspondiente a la mesada de octubre de 1994, les
fue notificada por el Dr. ALVARO SERRANO VIVIUS, una citación para evaluación
médico-laboral y la revisión de la pensión de invalidez; este lo hizo en su
condición de Coordinador de FONCOLPUERTOS Barranquilla, acatando supuestamente
la Resolución 573 de Junio de 1994 emanada de la Dirección General de
Foncolpuertos. Sobre lo anterior, se observa lo siguiente: a) Las pensiones
reconocidas a los accionantes por invalidez tienen como soporte la Convención
Colectiva de Trabajo vigente para la fecha de la prestación de sus servicios
(art. 117), lo que constituye un derecho adquirido por parte de los
trabajadores, de conformidad con el art. 58 de la Carta Política y que tiene su
soporte en una negociación colectiva para regular relaciones laborales, tal
como lo señala el art. 55 de la Carta Política y en referencia a lo anterior
con el último inciso del art. 53 de la Carta Política cuando dice:
La ley, los
contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.
En consecuencia
una resolución de FONCOLPUERTOS Dirección General no puede afectar los derechos
adquiridos constitucionalmente por los trabajadores; b) De una clara lectura
del Decreto 36 del 03 de enero de 1992 por medio del cual se crea el FONDO DE
PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA EN LIQUIDACION, en el cual se
determina el objeto y funciones en el cual no se le confirió facultades para
efectuar revisión de las pensiones de invalidez, y mal podría un ente
liquidador diferente al ente primitivo que reconoció el derecho, proceder
contra un acto administrativo ya ejecutoriado; c) La norma convencional que
consagra el derecho a la pensión de invalidez (art. 117), señala que la
Empresa Puertos de Colombia antes de los 24 meses siguientes al reconocimiento
de la prestación, podrá evaluarlo y reintegrarlo a la planta de personal si
recobrare su capacidad de trabajo, pero ocurre que en estos momentos no es
dable lo anterior por cuanto la Empresa Puertos de Colombia desapareció, de
conformidad con el mandato de la ley 1ª del 10 de enero de 1991 expedida por el
Congreso de Colombia, y los cargos de la planta de personal fueron suprimidos
razón por la cual se hace evidente que es improcedente a todas luces la
revisión pedida puesto que viola claros derechos convencionales y
constitucionales de los accionantes."
Pide que se deje sin
efecto la citación para evaluación médica ya que, según el apoderado, esta
citación viola los artículos 39, 53, 55 y 58 C.P., art. 117 de una convención
colectiva, la Ley 1º de 1991 y el Decreto 36 de 1992.
Respecto del poder
otorgado por Héctor Maury Arguello, que aparece en el expediente no hay
solicitud de tutela, ni en las sentencias hay referencia a él, ni el apoderado
ha expresado algo para deducir que la acción de tutela incluiría a Maury, luego
la revisión estudiará sólo los casos de las personas enunciadas en la petición de
tutela.
Pruebas y
elementos de juicio:
Existen dentro del
expediente los siguientes:
a) Ley 1ª de 1991
que determina la liquidación de la empresa Puertos de Colombia y autoriza al
Presidente de la República para crear un fondo con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio, con el objeto de atender, por
cuenta de la Nación, los pasivos sociales de Colpuertos.
b) Decreto 36 de
1992 que creó el Fondo de pasivo social de la empresa Puertos de Colombia, una
de cuyas funciones es pagar las mesadas pensionales.
c) Convención
colectiva, en cuyo art. 117 se establece:
"ARTICULO
117. PENSION POR INVALIDEZ. Tendrán derecho a pensión por inválidez aquellos
trabajadores que en concepto del Departamento Médico de la Empresa hayan
perdido su capacidad de trabajo en una proporción mayor del sesenta y seis por
ciento (66%) a consecuencia de inhabilidad física o enfermedad.
En este caso, el
concepto del Departamento Médico se emitirá una vez que se haya agotado el
tratamiento requerido por el término legal o antes, si se juzga que la
invalidez, total o parcial, es presumiblemente permanente.
El porcentaje de
pérdida de la capacidad de trabajo requerido para tener derecho a la pensión de
invalidez se determinará en relación directa con la labor u oficio que venía
desempeñando el trabajador inválido. Si el trabajador conserva capacidad de
trabajo para labores distintas a las que venía desempeñando, la empresa agotará
los medios para obtener su rehabilitación y poderlo ubicar en un cargo que pueda
desempeñar de acuerdo a su capacidad actual de trabajo, sin desmejorarlo en su
asignación salarial anterior. Sólo en el caso de que esto no se logre se
procederá al retiro decretándose la pensión.
En este momento
se liquidará y pagará al trabajador las prestaciones a que tenga derecho.
La pensión se
pagará durante todo el tiempo por el que el trabajador esté inhabilitado, pero
si antes de cumplirse veinticuatro (24) meses de estar gozando de la pensión
recobrare capacidad de trabajo que lo habilite para desempeñar un cargo en la
Planta de Personal de la Empresa, ésta procederá a reintegrarlo y el término de
invalidez se considerará como de servicio para la liquidación de las restantes
prestaciones sociales. Si la recuperación ocurriere más tarde habrá lugar al
reenganche, pero el período de invalidez no se tendrá en cuenta para la
liquidación de prestaciones.
La pensión por
invalidez será igual al cien por ciento (100%) del promedio mensual del salario
devengado por el trabajador en el último año de servicios efectivos."
d) Concepto de la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, referente al caso, en
algunos de cuyos apartes dice:
"En cuanto a
la aplicación de dicho beneficio extralegal a los pensionados y sus familiares,
es preciso tener en consideración que las prestaciones asistenciales
convencionales mantienen su vigencia siempre que, a su vez, los beneficiarios
conserven la calidad de pensionados directos de la respectiva empresa; o sea,
quienes habiendo obtenido la pensión especial, no hayan cumplido los requisitos
para obtener la pensión de ley. Cuando esta última eventualidad ocurra, los
derechos asistenciales de los pensionados y sus familiares serán asumidos por
la entidad de previsión social a la cual hayan efectuado los aportes. Este
fenómeno se produce en virtud de que la seguridad social tiene el carácter de
obligatoria, de modo que si existe pensión especial o voluntaria consagrada en
pacto o convención colectivos, aquella será sustituída por la legal una vez el
trabajador beneficiado cumpla el tiempo de servicio y la edad determinados por
la ley. Así que, al asumir el Instituto de Seguros Sociales o la respectiva
entidad de previsión, el reconocimiento y pago de la prestación pensional,
asumirá también las prestaciones de asistencia correspondientes, de conformidad
con las normas que reglamentan su organización y funcionamiento.
Mientras tanto,
las prestaciones sociales extralegales, que están a cargo del patrono que
celebró la convención, subsisten y coexisten con las de carácter legal."
y agrega:
"Ciertamente,
algunos efectos de la convención colectiva pueden prolongarse en el tiempo, por
representar derechos adquiridos de los trabajadores. Tal es el caso de las
prestaciones extralegales de carácter económico que, como la pensión de
jubilación, se reconocen al trabajador que haya cumplido cierto tiempo de
servicio y determinada edad, y que por tanto deberá ser pagada a partir de su
desvinculación de la empresa. Como también los servicios asistenciales que se
vinculan al derecho pensional y que, por tanto, benefician al pensionado, sin
perjuicio de que puedan hacerse extensivos también a sus familiares. De modo
que el trabajador y personas relacionadas con él por vínculos de parentesco, si
es el caso, continuarán siendo titulares de ese derecho, así la convención haya
dejado de regir; salvo que en la misma convención se hubiese estipulado la
cesación de la prestación asistencial al producirse la liquidación de la
empresa.
Por lo anterior, la
Sala de consulta, respondió:
En virtud del
libre acuerdo entre las partes, es legalmente válido que empleador y sindicato
incluyan en la convención colectiva, prerrogativas para los trabajadores de la
empresa que lleguen a pensionarse y para familiares de éstos.
La liquidación de
una empresa, una vez finiquitada, es causal de extinción de la convención
colectiva de trabajo. Sin embargo, las prerrogativas extralegales de los
pensionados y sus familiares, pactadas convencionalmente, mantendrán su
vigencia y efectos jurídicos, hasta cuando se produzcan las causales de
extinción que determine la ley o, sin contrariar ésta, la propia convención. En
el caso de la Empresa Puertos de Colombia, cumplido el proceso de liquidación,
las obligaciones relativas a las prestaciones sociales extralegales deberán ser
asumidas por el establecimiento público denominado Fondo de Pasivo Social,
creado por el decreto-ley 36 de 1992."
e) Obran en el
expediente las pruebas (Resoluciones) por las cuales se reconocieron las
pensiones de invalidez de los solicitantes.
Nombre
Fecha reconocimiento
Cuantía pensión
Esther Rodríguez
R.
22 septiembre de
1992
196.814
J. Enrique Sáenz
junio de 1993
449.741
William Arrieta
12 septiembre de
1986
100.651
Fanny D' Nubbila
24 diciembre de
1993
562.844
Oscar Melendez
13 junio de 1991
258.600
Rafael Mercado
12 febrero de 1992
1'146.227
Gabriel Jímenez
23 agosto de 1990
717.937
Néstor Triviño
29 diciembre de
1993
1'231.754
f) Se adjuntó la
Resolución 573 de 1994 que ordena la revisión médica de los beneficiados con la
pensión de invalidez para que continúen recibiendo sus mesadas, diciéndose que
a quien se oponga a la revisión, sin razones válidas, se le suspenderá el pago
de la pensión.
g) El responsable
del fondo declara que el cumplió con lo determinado en la Resolución 573 /94 y
por eso mandó citaciones para revisión médica.
h) Por lo anterior,
se les entregó a cada uno de los pensionados, una comunicación, que motivó la
interposición de la tutela, la cual dice:
"En la
ciudad de Barranquilla a los (26) días del mes de Octubre de Mil Novecientos
Noventa y Cuatro (1994), y de acuerdo a la Resolución Nº 573 de Junio de 1994
emanada de la Dirección General de CONCOLPUERTOS, le notificamos que deberá
Usted presentarse a la Coordinación Médica de la Clínica del Terminal
Barranquilla, los días 1, 2, 3 y 4 de Noviembre del año en curso, con el fin de
programarlo para evaluación Médico-Laboral.
Su no asistencia,
tanto para la programación como para la evaluación Médica, implicará sanciones
que determine la ley.
La sanción, según se
consigna en la Resolución 573/94, es la suspensión del pago de la pensión de
invalidez.
i) Es importante
hacer mención de lo siguiente: Gabriel de Jesús Jímenez, con fundamento en los
Decretos 776 y 778 de 1987 y 832 de 1953, le solicitó al Juez Laboral que se
ordenara el examen médico para que se evaluara la pérdida de capacidad laboral.
Así se determinó por auto de 22 de abril de 1991 y medicina industrial de la
División Departamental de Trabajo del Atlántico, mediante dictamen médico 0100
de 1991 conceptuó que la incapacidad laboral era permanente y del 70%. Como la
empresa no formuló reparo alguno, el 18 de julio de 1991, el juzgado declaró
que el 70% era la pérdida de capacidad laboral de Jímenez.
4. Decisiones.
4.1. Del Juez de
primera instancia (5 de diciembre de 1994).
El Juzgado 8º Penal
Municipal de Barranquilla negó la tutela porque consideró que existe otra vía
judicial, a saber: demandar, ante la jurisdicción administrativa la Resolución
que ordenó los examenes médicos y la suspensión del pago de la pensión si no se
efectuaba el examen.
4.2. Del Juez de
segunda instancia (20 de enero de 1995).
Interpuesta
oportunamente la impugnación, el proceso le correspondió al Juzgado 15 Penal
del Circuito de Barranquilla, quien analizó:
"Por lo
tanto se procede a modificar el fallo impugnado proferido por el Juzgado Octavo
Penal Municipal en lo referente a que se respeten los derechos adquiridos por
los mencionados accionantes en el sentido de que si se someten a examenes
médicos laborales por parte de la empresa debe respetarse lo adquirido por
convención colectiva, ya que la naturaleza fundamental del derecho a la pensión
de invalidez es derivación directa e inmediata del derecho fundamental al
trabajo por lo tanto no puede ser modificado por una ley posterior porque
estaría violando el principio de la cosa juzgada."
Tal razonamiento
está integrado con la siguiente decisión consignada en la parte resolutiva:
"MODIFICAR
el fallo proferido el 5 de Diciembre de 1994 por el Juzgado Octavo Penal
Municipal de esta ciudad en el sentido de tutelar como mecánismo transitorio
los derechos adquiridos por los pensionados accionantes en el sentido de que se
respeten los derechos constitucionales fundamentales consagrados por los
motivos expuestos en el proveído de este fallo."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
A. COMPETENCIA.
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para conocer de revisión dentro de
la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso
segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 35 y 42 del Decreto No. 2591 de 1991; además, su examen se
hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala
correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el
Reglamento de esta Corporación.
B. TEMAS
JURIDICOS A TRATAR.
Se reiterará que el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, es derecho fundamental cuando
de él dependen otros derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la
igualdad, la integridad de la persona. Se estudiará luego la validez de las
pensiones extra-legales y su proyección más allá de la existencia de la empresa
que las reconoció, y, en caso de empresas públicas que fueren liquidadas (p.
ej. Colpuertos), la Nación debe responder solidariamente por las obligaciones
labores causadas. También se analizará la importancia, obligación y oportunidad
de las revisiones médicas, para los pensionados por invalidez, para concluir
que la orden de revisión médica no vulnera el derecho del pensionado por
invalidez siempre y cuando se ajuste al ordenamiento legal.
1. La pensión es
un derecho subjetivo.
La pensión, cuando
ha adquirido la condición de situación jurídica concreta, merece la especial
protección ya señalada por esta Sala de Revisión al estudiar la transformación
jurisprudencial que a partir de 1946 se dio al tema de las pensiones. Hizo la
Corte Constitucional, en la sentencia aludida (T-456/94, M.P. Alejandro
Martínez Caballero) un recuento histórico desde cuando la pensión se
consideraba como una GRACIA o RECOMPENSA GRATUITA[1]. Dice la Corte
Constitucional:
"Con estas
actitudes, nadie se atrevía a plantear en aquél entonces que se considerara a
las pensiones como derecho adquirido[2]. Se necesitó que el Consejo de Estado
principiara a darle un nuevo enfoque a la liquidación de las pensiones para que
lo que había sido salvamento de voto en 1915 se convirtiera en doctrina
mayoritaria de la Corte Suprema en 1946.
La inicial tesis
de la Corte Suprema fue variada radicalmente el 28 de febrero de 1946, por
sentencia del doctor ANIBAL CARDOSO GAITAN, cuando se declaró inexequible el
artículo 9 del Decreto de 1932. Dijo la Corte Suprema:
"El régimen
jurídico de la pensión de retiro, como el del sueldo, depende de la naturaleza
jurídica de la pensión. en tanto que las condiciones legales no se han llenado
(pensión eventual) el agente público se halla en una situación legal y
reglamentaria; cuando las condiciones legales se han llenado, aquél se
encuentra en una situación jurídica individual"[3]
Para llegar a
estas conclusiones, la sentencia considera al sueldo y a la prestación como
"ventajas personales" y les da como respaldo constitucional el
respeto que se debe tener a los derechos adquiridos "con arreglo a las
leyes civiles" (artículo 10 del Acto Legislativo # 1 de 1936).
Este viraje,
expresado en una decisión que estableció inconstitucional el tope máximo para
pensiones, fijaba además estos criterios:
"Desde que
un agente público ha llenado las condiciones preestablecidas y se ha producido
por los medios legales el reconocimiento de una pensión en su favor, tiene el
status que corresponde a una pensión adquirida. El derecho del agente público
es entonces irrevocable en el sentido de que las condiciones, las bases de la liquidación,
las tarifas que resultan de los textos legislativos en vigor en tal momento, no
podrían ser modificados en detrimento suyo".[4]
En 1961 reitera
la Corte Suprema, en sentencia de constitucionalidad, que las pensiones son
derechos personales de los beneficiarios y créditos contra la entidad que la
concede[5] y, tanto el antiguo Tribunal Supremo del
Trabajo como luego la Sala de Casación Laboral de la Corte, ya no ponen en duda
que cuando el pensionado adquiere una situación jurídica concreta no puede
menoscabársele.
Esto se acerca
mucho a la interpretación de la Carta del 1991 que permite afirmar que las
prestaciones sociales adquiridas son derechos subjetivos, patrimoniales.
La Nueva
Constitución se expidió precisamente con el fin de asegurar el trabajo dentro
de un marco económico y social justo (Preámbulo de la Carta), caracterizándose
al Estado como social de derecho, fundado entre otras cosa en el respeto al
trabajo (artículo 1º), teniendo como uno de sus fines esenciales la efectividad
de los derechos dentro de los cuales está la remuneración, el reajuste y el
pago oportuno de la pensión (artículos 53, 46 y 48).
No hay la menor
duda de que salario y prestaciones son protegidos constitucionalmente. Es más,
el constitucionalismo del 91 no se limita a promulgar los derechos, a dejarlos
escritos, sino a protegerlos realmente.
"Ahora bien,
en derecho público como en derecho privado, la efectividad de las obligaciones
sólo se logra si existen los mecanismos judiciales necesarios para que los
individuos puedan existir tales conductas por parte del Estado. De lo contrario
el derecho se convierte en una mera proclamación de propósitos que nadie asume
como propios. En el caso de los derechos constitucionales fundamentales se ha
establecido la tutela con el fin de hacer efectivos los derechos de manera
pronta y adecuada. La acción de tutela es la respuesta instrumental al
propósito del constitucionalismo contemporáneo, según el cual las personas
deben gozar efectivamente de sus derechos fundamentales"[6]
El criterio para
saber cómo se protege este derecho fundamental, ha sido fijado en varias
sentencias de la Corte Constitucional, por ello, viene al caso hacer esta
referencia:
"Esta
Corporación estima que las conductas omisivas de las entidades encargadas de la
seguridad social (Caja Nacional de Previsión Social, Instituto de los Seguros
Sociales) en atender y cumplir debida y prontamente con sus obligaciones frente
a los pensionados atenta contra el principio fundamental que rige nuestro
Estado social de derecho y que constituye uno de sus fines esenciales,
consistente en la eficacia real y no formal de los derechos fundamentales de
los asociados.
En efecto, el
simple reconocimiento de las pensiones no implica que el derecho haya sido
satisfecho en debida forma. Para ello es indispensable en aras de darle
eficacia material, que efectivamente al pensionado se le cancelen cumplidamente
las mesadas futuras y atrasadas, y que se le reconozca en aquellos casos que
así se solicite, obviamente si se dan los presupuestos legales, la
reliquidación o reajuste de la pensión a que tiene derecho. Obligación que debe
hacerse efectiva dentro de los términos legales previstos para ello, en aras a
no afectar ni desmejorar los derechos ni la calidad de vida de los pensionados."[7]
2. Cuándo la
pensión de invalidez es derecho fundamental.
Tratándose de la
pensión de invalidez adicionalmente tiene vigencia el principio de la
solidaridad. Por eso su reconocimiento y pago tiene un carácter de derecho
subjetivo y humano. Y entrará a ser fundamental en una situación concreta al
darse algunas condiciones que la jurisprudencia ya ha establecido. En sentencia
T-440/94. M.P. Fabio Morón Díaz, se precisó cuándo la pensión de invalidez es
DERECHO FUNDAMENTAL DERIVADO:
"Como lo ha
expresado en diversas oportunidades esta Corporación, el derecho a la seguridad
social no está expresamente consagrado en la Constitución como un derecho
fundamental. Sin embargo, este derecho establecido en forma genérica en el
artículo 48 de la Constitución, adquiere el carácter de fundamental cuando,
según las circunstancias del caso, su reconocimiento tiene la potencialidad
de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como la vida, la
dignidad humana, la integridad psíquica, moral o el derecho a la igualdad
entre las personas.
Desde otro punto
de vista, se dice que el derecho a disfrutar de la pensión, en ocasiones,
comparte la naturaleza de fundamental, dada su derivación directa e inmediata
del derecho al trabajo, considerado también como principio esencial del Estado
social de derecho, y siempre que su titularidad recaiga en personas que gozan
de su pensión por diversas razones.
En repetidas
ocasiones, esta Corporación también se ha pronunciado sobre el derecho a la
seguridad social, en especial los derechos a la pensión de vejez, de
jubilación y la invalidez que giran en rededor de los pensionados, quienes
merecen una especial consideración como parte de la sociedad y el Estado,
buscando la plena efectividad de todos sus derechos, en forma que éstos no se
conviertan simplemente en la enunciación de premisas que no van a tener un fin
práctico.
En el caso
sub-exámine, encontramos que el ISS procedió equivocadamente; en efecto, desde
un comienzo, ese ente administrativo, mediante sendos actos administrativos
(resoluciones 12907 de 1976 y 03511 de 1981), concedió la calidad de pensionado
por incapacidad permanente al peticionario. De las pruebas que obran en el
expediente, se advierte la actuación ilegal del ISS, que en forma insolidaria y
negligente despojó al asegurado de su pensión de invalidez permanente, y demás
prestaciones asistenciales, sin mediar citación y decisión de ninguna especie
-pues en el expediente no aparece prueba sobre citación alguna-; suspendió la
pensión, que luego trata de justificar con las resoluciones posteriores 03430
de 1991 y 5964 de 1991 sin adelantar ningún proceso. Es evidente que la
administración, unilateralmente dejó al peticionario GABRIEL RODRIGUEZ ARANGO,
en situación precaria, le quitó el medio que tenía para su congrua
subsistencia, lo del diario vivir, y consecuentemente los servicios médicos, en
perjuicio de su salud y seguridad social, que es la base de la vida misma y el
derecho a su rehabilitación.
En conclusión, no se
puede, unilateralmente, suprimir o suspender una pensión de invalidez. Si bien
es cierto que el reconocimiento de esta clase de pensiones constituye una
situación consolidada al pasado y es una situación condicionada al futuro, de
todas maneras no se puede despojar al asegurado de su pensión sino cuando
desaparece la incapacidad que motivó la pensión de invalidez, en razón de que
al ser rehabilitado para trabajar no tiene sentido ni es socialmente justo
mantenerlo inactivo.
3. Las pensiones
convencionales.
Son las decretadas
con fundamento en una convención colectiva por lo cual los requisitos para
adquirirla son menos exigentes que los señalados por la ley.
En el caso que
motiva esta tutela, a los trabajadores de Colpuertos que hubieran perdido su
capacidad de trabajo en un 66% se les reconocía la pensión de invalidez, la
cual "se pagará durante todo el tiempo por el que el trabajador esté
inhabilitado" y equivale al 100% del promedio mensual.
No hay la menor
duda, como lo afirma el Consejo de Estado, en providencia de 19 de julio de
1993, que:
"Las
prerrogativas extralegales de los pensionados y de los familiares de éstos,
reconocidas por Puertos de Colombia, se mantendrán aunque las convenciones
vayan expirando".[8]
En el mismo sentido
de proteger los derechos adquiridos por los trabajadores de Colpuertos mediante
Convención Colectiva, hubo este pronunciamiento de la Corte Constitucional:
"El Gobierno
Nacional, al dictar con posterioridad a la fecha de la firma de las
convenciones un decreto que reduce los derechos pensionales de los trabajadores
sindicalizados, ha desconocido los derechos adquiridos con arreglo a la ley,
pieza capital de nuestro ordenamiento jurídico que aparece en la nueva carta
fundamental en el inciso 1o. del art. 58...".
"No es de
recibo afirmar que la vulneración de los derechos de los trabajadores sólo se
produce en aquellos casos en los que determinados trabajadores o empleados
cualifican para ser pensionados o indemnizados bajo los parámetros de las
convenciones colectivas"
"No es así
porque lo ganado en una convención colectiva significa un derecho en sí
mismo para el trabajador, que en algún momento de su vida de trabajo se
verá confrontado con la realización de la hipótesis normativa. Pero, además, es
derecho actual y no mera expectativa pues se trata de una conquista de
ese conjunto específico de trabajadores que laboran en Colpuertos".
"Se
configura así mismo una violación al derecho a la negociación colectiva
consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política, porque el Gobierno,
al expedir el Decreto 035 bajo estudio, en su artículo 6o. desconoció el poder
vinculante de las convenciones colectivas, como mecanismos creadores de normas
jurídicas obligatorias para las partes".
"El
quebrantamiento del canon constitucional que consagra el derecho a la
negociación colectiva lleva ineludiblemente a la infracción de la norma que
protege el derecho a la asociación sindical (art. 39 C.P.) por tratarse de dos
derechos ligados entre sí, ya que la negociación colectiva es consecuencia de
la existencia de sindicatos que adelanten la negociación por parte de los trabajadores..."[9]
La importancia de la
Convención Colectiva también la ha reconocido la Corte Constitucional:
"El derecho
de negociación colectiva es consustancial con el derecho de asociación
sindical; su ejercicio potencializa y vivifica la actividad de la organización
sindical, en cuanto le permite a ésta cumplir la misión que le es propia de
representar y defender los intereses económicos comunes de sus afiliados, y
hacer posible, real y efectivo el principio de igualdad (art. 13 C.P.), si se
tiene en cuenta, que dicha organización, por su peso específico, queda colocada
en un plano de igualdad frente al patrono. Se busca cumplir así la finalidad de
"lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y
trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio
social" (art. 1o. C.S.T.)"[10][CC1]
Tal campo de
aplicación de las normas convencionales venía desde el Decreto 2350 de 1944,
art. 2º; estaba en la Ley 6ª de 1945, art. 46, en los originarios artículos del
C.S.T., 470 y 471 y en los artículos 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965 y tuvo
interpretación jurisprudencial en variada jurisprundencia de la Corte Suprema,
v. gr., la sentencia de 18 de mayo de 1988 y la de 27 de marzo de 1981. En esta
última hay un concepto muy importante: "El contrato no es ley para
terceros. Sin embargo, por excepción la ley permite derivar beneficios y
obligaciones de un convenio a personas que no lo celebraron y que juridicamente
se encuentran hoy definitivamente caracterizados en el Derecho del Trabajo y se
conocen como la extensión terceros de los efectos del contrato".
La proyección en el
tiempo de una Convención está explicada por la Corporación de la siguiente
forma:
"El elemento
normativo de la convención se traduce en una serie de disposiciones, con
vocación de permanencia en el tiempo, instituídas para regular las relaciones
de trabajo individual en la empresa; en virtud de dichas disposiciones se
establecen anticipadamente y en forma abstracta las estipulaciones que regirán
las condiciones individuales para la prestación de los servicios, esto es, los
contratos individuales de trabajo. Las cláusulas convencionales de tipo
normativo constituyen derecho objetivo, se incorporan al contenido mismo de los
contratos de trabajo y, en tal virtud, contienen las obligaciones concretas del
patrono frente a cada uno de los trabajadores, como también, las obligaciones
que de modo general adquiere el patrono frente a la generalidad de los
trabajadores, v. gr., las que fijan la jornada de trabajo, los descansos, los
salarios, prestaciones sociales, el régimen disciplinario, o las que establecen
servicios comunes para todos los trabajadores en el campo de la seguridad
social, cultural o recreacional."[11]
En conclusión, la
norma convencional en la antigua empresa Colpuertos, que estableció los
parámetros para la pensión de invalidez y con base en la cual se hizo el
reconocimiento del derecho a tal pensión creó una situación jurídica concreta a
los beneficiados, pero esta situación, no excluye la obligación de los
pensionados a someterse a las revisiones médicas ajustadas a la ley,
establecidas en la convención y de la esencia de la invalidez.
4. La revisión
médica de los pensionados por invalidez.
Si la pensión de invalidez
es tutelable siempre y cuando afecte un derecho fundamental (v. gr. el derecho
al trabajo, o a la vida), es lógico que en tal caso el presupuesto básico para
que alguien invoque como fundamental el derecho a la seguridad social es el de
que su invalidez le impide trabajar.
Y esto es tan obvio
que la Ley 100 de 1993, artículo 44 establece:
"Art. 44.-Revisión
de las pensiones de invalidez. El estado de invalidez podrá revisarse:
a) Por solicitud
de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente cada tres (3)
años, con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que
sirvió de base para la liquidación de la pensión que disfruta su beneficiario y
proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello
hubiere lugar.
Este nuevo
dictamen se sujeta a las reglas de los artículos anteriores.
El pensionado
tendrá un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de dicha
solicitud, para someterse a la respectiva revisión del estado de invalidez.
Salvo casos de fuerza mayor, si el pensionado no se presenta o impide dicha
revisión dentro de dicho plazo, se suspenderá el pago de la pensión.
Transcurridos doce (12) meses contados desde la misma fecha sin que el
pensionado se presente o permita el examen, la respectiva pensión prescribirá.
Para readquirir
el derecho en forma posterior, el afiliado que alegue permenacer inválido
deberá someterse a un nuevo dictamen. Los gastos de este nuevo dictamen serán
pagados por el afiliado, y
b) Por solicitud
del pensionado en cualquier tiempo y a su costa."
En la presente
tutela hay un ejemplo de dictamen médico a petición del mismo trabajador,
solicitud que se tramitó en un Juzgado Laboral, con respaldo en los Decretos
776 y 778 de 1987 y 832 de 1953.[12]
Pero, adenmás, hay estas otras normas:
El Acuerdo 049 de
1990 del I.S.S. que reza:
"Art. 11.-
Obligatoriedad de las revisiones y prescripciones médicas. El asegurado que
solicite pensión de invalidez y quien esté en goce de la misma, deberán
someterse a las revisiones, reconocimientos y examenes médicos periódicos que
ordene el instituto, con el fin de que los médicos laborales de esta
institución, procedan a calificar la invalidez, disminuir su cuantía,
aumentarla o declarar extinguida la pensión, cuando de dicho control médico
resultare, que la incapacidad se ha modificado favorablemente, agravado o
desaparecido.
El pensionado por
invalidez igualmente estará obligado a someterse a los tratamientos curativos y
de rehabilitación que le sean prescritos por los médicos del instituto.
El no acatamiento
a lo dispuesto en este artículo, producirá según el caso, la suspensión del
trámite de la pensión o de su pago. Uno y otro se reanudarán, si subsiste la
invalidez, en la fecha en que el beneficiario se someta a las prescricpiones
médicas correspondientes."
El artículo 67 del
Decreto 1848 de 1969 que estableció:
"Toda persona
que perciba pensión de invalidez está obligada a semeterse a los examenes
médicos periódicos que ordene la entidad pagadera de la pensión con el fin de
que ésta proceda a disminuir su cuantía, aumentarla... o declararla extinguida
si de dicho control médico resultare que la incapacidad se ha modificado
favorablemente..."
El artículo 281 del
Código Sustantivo del Trabajo:
"Art. 281.-
PAGO DE LA PENSION. 1. La pensión de invalidez se paga provisionalmente durante
el primer año de incapacidad, pudiendo examinarse periódicamente al inválido
con el fin de descubrir las incapacidades en evolución, evitar la simulación y
controlar su permanencia. Vencido ese año se practicará examen médico y cesará
la pensión si el inválido ha recuperado más de la tercera parte de su primitiva
capacidad de ganancia.
2. Sin embargo,
puede cancelarse la pensión en cualquier tiempo en que se demuestre que el
inválido ha recuperado más de la tercera parte de su primitiva capacidad de
ganancia."
La misma Convención
Colectiva invocada por los actores habla de que la pensión de invalidez se
pagará durante el tiempo en que el trabajador está inhabilitado. La apreciación
de tal estado corresponde darla al médico.
De manera que no es
válido presentar como derecho fundamental el presunto privilegio de no
someterse a revisión médica. Todo lo contrario, quien tiene derecho a una
pensión de invalidez debe someterse a las periódicas revisiones médicas que
señala la ley a fin de saber si continúa disfrutando o no de tal beneficio.
5. Qué efectos
tienen las revisiones médicas?
Según el Código
Sustantivo del trabajo, al inválido se lo puede examinar periódicamente durante
el primer año a efectos de cesar o no la provisionalidad de la pensión de
invalidez. De acuerdo con la Ley 100 de 1993 las pensiones de invalidez se
pueden revisar cada tres años a solicitud de la entidad de previsión o
seguridad social correspondiente. Para el caso de esta tutela, el artículo 117
de la Convención Colectiva dice:
"Pero si
antes de cumplirse veinticuatro (24) meses de estar gozando de la pensión
recobrare capacidad de trabajo que lo habilite para desempeñar un cargo en la
planta de personal de la Empresa ésta procederá a reintegrarlo y el término de
invalidez se considerará como de servicio para la liquidación de las restantes
prestaciones sociales. Si la recuperación ocurriere más tarde habrá lugar al
reenganche, pero el período de invalidez no se tendrá en cuenta para la
liquidación de prestaciones."
La manera de saber
si hay o no recuperación es la revisión médica, y, los efectos del dictamen
médico, para el caso de quienes laboraban en Colpuertos, según la Convención,
son: o se mantiene la pensión o se reintegra o reengancha al trabajador si hubo
recuperación de la salud. Hay una relación directa entre la rehabilitación y el
no mantenimiento de la pensión de invalidez.
El problema radica
en que COLPUERTOS fue liquidado y, entonces, quién asume el cumplimiento de las
obligaciones laborales?
Todo dependerá del
resultado médico. Cuatro serían las hipótesis que se presentarían: se aumenta
la incapacidad (sería irrelevante porque en la Convención el porcentaje de la
mesada es del 100%); se disminuye la incapacidad pero continúa por encima del
límite para la pensión (también sería irrelevante por la razón ya dicha); se
mantiene la incapacidad (caso en el cual no hay problema alguno); o se
disminuye por debajo del límite para gozar de pensión de invalidez, en cuyo
caso no se producirá tampoco un perjuicio irremediable porque el Estado asume
la responsabilidad, no sólo porque la Ley 1ª de 1991 y sus decretos
reglamentarios lo indican, sino por lo siguiente:
El art. 1º de la Ley
151 de 1959 establece:
"Las
empresas y establecimientos públicos descentralizados, cualquiera que sea la
forma de administración adoptada, son parte de la administración pública; sus
bienes y rentas, por su origen, son desmenbración del patrimonio público, y
están afectados a la prestación de servicio público, culturales o
sociales....."
El decreto 1050 de
1968 dice en su artículo 6º que las empresas industriales y comerciales del
Estado tienen "capital independiente, constituido totalmente con bienes o
fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de impuestos,
tasas o contribuciones de destinación especial."
Significa lo
anterior que el patrimonio de esas empresas y su justificación jurídica emanan
del Estado, y, éste debe acudir solidariamente en su respaldo cuando se trate
del pago de obligaciones laborales. Por esta razón es explicable que la Ley 1º
de 1991 ordene atender por cuenta de la Nación los pasivos Sociales de
Colpuertos.
Esta actitud no
está desligada de la teoría administrativa moderna. Aunque allí se habla de
responsabilidad subsidiaria y no solidaria. Miguel Marienhoff[13] al hablar de la
responsabilidad de las Estidades autárquicas dice:
"Normalmente,
la entidad misma hará frente a su responsabilidad, utilizando para ello los
fondos o bienes de afectación de que dispone. Pero puede ocurrir que el ente
autárquico no pueda hacer efectiva su responsabilidad, por insuficiencia o
falta de activo. ¿Quién responde en tal supuesto?
La doctrina
-cuyas conclusiones comparto- halláse conteste en que, en tales eventos,
responde el "Estado" creador del ente, ello por aplicación de los
principios sobre responsabilidad "indirecta", que en nuestra
legislación aparece contemplada en el artículo 1113 del Código Civil, cuyo
texto dice así: "La obligación del que ha causado un daño se extiende a
los daños que causaren los que están bajo su dependencia o por las cosas que se
sirve, o que tiene a su cuidado". En la especie, el ente autárquico sería
el "dependiente" y el Estado el "principal". Trátase de una
adaptación del supuesto contemplado en el artículo 1113 del Código Civil, al
caso de responsabilidad del Estado por obligaciones -cualquiera sea su
origen- de una entidad autárquica, adaptación que juzgo plausible, no sólo por
la similitud de situaciones, sino especialmente porque la propiedad de los
bienes que la entidad autárquia tiene "afectados" par a el
cumplimiento de sus fines, le pertenece al Estado. De manera que, en última
instancia, la responsabilidad del ente autárquico debe ser cubierta por el Estado.
Si bien en
derecho privado los autores consideran que el responsable indirecto es
solidario con el responsable directo, y que en ese orden de ideas el principal
es deudor solidario de lo que resulte adeudar su dependiente, estimo que esa
solidaridad no rige ni puede aceptarse en el supuesto de responsabilidad
indirecta del Estado por una obligación de un ente autárquico, pues en este
caso el principio de la responsabilidad indirecta no surge expresamente de ley
alguna -como ocurre, en cambio, en el derecho privado-, sino que se recurre
subsidiariamente a él al solo efecto de llenar un vacío del ordenamiento
jurídicolegal administrativo. En materia de patrón y dependiente la
responsabilidad indirecta de aquél surge de texto "expreso"; de ahí
que, como lo sugiere la doctrina, glosando los textos del derecho privado, la
responsabilidad de patrón y dependiente sea solidaria. Pero eso no ocurre
respecto a la responsabilidad del Estado por obligaciones de una entidad
autárquica: de ahí que no pueda hablarse de responsabilidad
"solidaria", y que sólo deba hablarse de responsabilidad
"subsidiaria" del Estado por la obligación del ente autárquico. El
Estado es responsable, pero no en forma solidaria, sino en forma subsidiaria, o
sea únicamente cuando el ente autárquico efectivamente no pueda hacer frente a
su responsabilidad con los fondos o bienes que le fueron afectados para el
cumplimiento de sus fines. El acreedor del ente autárquico no puede, por el
solo hecho de serlo, requerirle el pago directamente al Estado. La de éste es
una obligación "subsidiaria", no una obligación solidaria."
Sea lo que fuere, no
queda desprotegido el pensionado por invalidez en Colpuertos. Si del dictamen
médico resultare que se ha recuperado, el "reeganche" de que habla la
Convención no puede ser otro que la reubicación del ex-trabajador en otra
dependencia del Estado ya que éste responde por las obligaciones contraidas
convencionalmente por el ente autárquico.
Pero, se repite, que
sólo en el caso de rehabilitación del inválido se puede dar por extinguida una
pensión de invalidez; y esa incorporación a la vida laboral depende del
dictamen médico que no es una simple formalidad, sino un procedimiento serio
que no puede afectar el derecho que tiene el paciente a que haya claridad en su
desarrollo.
En reciente fallo de
tutela se precisó:
"Para la
Corte es necesario reiterar que la pensión de invalidez y su equivalente, la
sustitución pensional, son medidas de justicia social a favor de personas que
se encuentran en situaciones de involuntaria e insufrible necesidad o, que por
circunstancias de debilidad manifiesta, de carácter ecónomico, físico o mental,
requieren un tratamiento diferencial positivo y protector, con el fin de
recibir un trato digno e igualitario en la comunidad (inciso 2 y3 del artículo
13 C.N.)."[14]
Hechas las
anteriores precisiones sobre la pensión de invalidez y la necesaria revisión
médica, se estudiará:
EL CASO CONCRETO.
Persigue la tutela
instaurada que se deje sin efecto la citación, de 26 de octubre de 1994,
dirigida a quienes dieron poder para instaurar la acción y según la cual
deberán "presentarse a la Coordinación médica de la Clínica del Terminal
Barranquilla, los días 1, 2, 3 y 4 de noviembre del año en curso, con el fin de
programarlo para la evaluación médica laboral".
Lo primero que salta
a la vista es que las fechas indicadas son simplemente para programar a los
inválidos para la evaluación médica. Y que esta evaluación vendría después, por
eso agrega la comunicación:
"Su no
asistencia, tanto para la programación como para la evaluación médica implicará
sanciones que determine la ley".
Programarles la
evaluación médica, no viola ningún derecho fundamental. Y, decirles que si no
colaboran se harán acreedores a las sanciones LEGALES es apenas obvio. De esta
advertencia no se deduce que se pueden violar los derechos extralegales.
El temor de que la
evaluación médica señale una incapacidad que hiciere perder la pensión de
invalidez, es hipótesis que no vulnera el derecho a la pensión de invalidez,
entendida como derecho fundamental derivado, ya que el derecho a la vida no se
afectaría en razón de que la persona no constataría deterioro de su salud, sino
todo lo contrario: recuperación; además, el dictamen apenas es elemento de
juicio. Tampoco se vulneraría el derecho al trabajo puesto que la evaluación
médica lo que diría es que la persona ha recobrado total o parcialmente su
capacidad de laborar y tal afirmación no significa un salto al vacío, en el
sentido de que el incapacitado se quedaría sin pensión y sin trabajo, puesto
que, como ya se dijo, NO DESAPARECE EL DESTINATARIO DE LA OBLIGACION DEL
REENGACHE: será el Estado en lugar de Colpuertos.
Por el contrario, si
se obligara a seguir pagando la pensión de invalidez habiendo desaparecido
dicha invalidez, habría UN ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA y una conducta ilícita.
No puede, entonces,
por medio de la tutela impedirse una evaluación médica. Tampoco puede prosperar
la acción como mecanismo transitorio, porque la hipótesis de un mejoramiento en
la salud no es perjuicio irremediable y, además, el perjuicio irremediable se
predica de algo concreto no de una hipótesis.
Si en ningún caso
hay perjuicio irremediable, no se ve la razón para que el Juez de segunda
instancia hubiere concedido la tutela como mecanismo transitorio. Además tal
sentencia contiene una incoherencia porque concede la tutela "por los
motivos expuestos en el proveido de este fallo" y, en los considerandos
expresamente se dice que se respetan los derechos adquiridos por los
accionantes "si se someten a examenes médicos laborales por parte de la
empresa". Entonces, cuál fue la orden que se dió por el Juzgado?
Lo anterior obliga a
revocar la sentencia del ad-quem.
Por último, no le
asiste razón al peticionario de la tutela cuando afirma que se violaron los
artículos 39, 53, 55 y 58 de la Constitución. Ya se explicó que si
presuntamente el inválido ha recuperado su salud eso no viola al derecho al
trabajo y que el derecho a la pensión de invalidez es una situación consolidada
al pasado y condicionada al futuro. Mucho menos se violan los derechos de
asociación y contratación colectiva porque el respeto a una convención
colectiva no incluye la creación de privilegios que ni la misma convención
contempla, como es el caso de exigir que a un pensionado de invalidez no se le
haga evaluación médica. Es a todas luces justo que los pensionados por
invalidez se sometan a las revisiones médicas legales.
En mérito de los
expuesto la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO:
REVOCAR la sentencia del
Juez Quince Penal del Circuito de Barranquilla, proferida el 20 de enero de
1995, en el proceso de la referencia, y, en su lugar NO CONCEDER la tutela
impetrada, teniendo en cuenta las razones expuestas en este fallo de revisión.
SEGUNDO:
Líbrense por Secretaría
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Envíese copia de esta providencia al
Defensor del Pueblo.
Cópiese,
notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA.
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Sentencia de 25 de octubre de 1918, Ponente: Gnecco Laborde, ver
G.J.T. XXVI, #1380, pág. 378 y la de 10 de diciembre de 1915 (g.j. #1225,
p.165) ambas de la Corte Suprema, Sala Plena.
[2]Ver. G.J.T. XLV,
# 1928, pág. 600. Sentencia de 18 de octubre de 1937, Ponente : Pedro Alejo
Rodríguez.
[3]Gaceta Judicial
#2029, pág. 1º.
[4]Ibidem.
[5]Sentencia de 11 de diciembre de 1961, Ponente: Enrique López de
Pava, ver. G.J.T. XCVII, #2246-9, pág. 18.
[6]Ponente: Ciro
angarita Barón, T-526, 18 de séptiembre 1992.
[7]Sentencia T-181,
7 de mayo de 1993, Ponente: Hernando Herrera Vergara.
[8]Sala de Consulta,
Ponente: Javier Henao Hidrón.
[9] cfr. Corte
Constitucional. Sentencia No. C-013 de enero 21 de 1993. Magistrado Ponente:
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[10] C- 09/94,
Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell.
[11]C-09/94,
Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell.
[12]La Ley 100, art.
38, define "inválida la persona que por cualquier causa de origen no
profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su
capacidad laboral". La misma ley establece juntas regionales de
calificación de invalidez y el Decreto 692/95 adopta el Manual Unico para la
calificación de la invalidez mediante el procedimiento del Decreto 1346 de
1994.
[13]Tratado de
Derecho Adminsitrativo, T.I., pág. 440 yss.
[14]T- 292/95,
Ponente: Fabio Morón Díaz.
Página: 31
[CC1] |
466 | T-314-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-314/95
ACCION DE TUTELA-Apoderado judicial/LEGITIMACION POR
ACTIVA EN TUTELA/ABOGADO-Título profesional/ABOGADO-Licencia
temporal vencida/ABOGADO-Actuación irregular
Cuando se ejerce la acción de tutela en
nombre de otra persona a título profesional y en virtud del mandato judicial
dentro del marco legal y las reglas propias del ejercicio de la profesión de
abogado, debe acreditarse la condición con la que se actúa según las normas
correspondientes; ello, no solamente por razón de la responsabilidad que
implica el ejercicio de la profesión, sino por la necesaria defensa de los
intereses del cliente, a quien conviene establecer con certidumbre que quien lo
apodera puede actuar de conformidad con la ley y que responderá por su gestión.
Quien actúe a nombre de otro, con el poder debidamente otorgado, tiene además
que demostrar su condición de abogado inscrito, para así poder representar
legalmente al poderdante, dentro de las facultades establecidas para el efecto.
La actuación surtida en el proceso de la referencia, determina que el
peticionario no se encuentra debidamente legitimado para el ejercicio de acción
de tutela y que por el contrario incurrió en actuaciones que en principio
parecen contrariar el ordenamiento jurídico.
REF.:
Expediente No. T-65618
Indebido ejercicio
de la profesión de abogado y la acción de tutela.
Actor:
MARIA ADELA ALBA
DE GUALDRON
Magistrados:
Dr. FABIO MORON
DIAZ
-Ponente-
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Dr. JORGE
ARANGO MEJIA
Santafé de Bogotá
D.C., julio diecinueve (19) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala de Revisión
en asuntos de tutela, integrada por los Honorables Magistrados JORGE ARANGO
MEJIA, VLADIMIRO NARANJO MESA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente,
resuelve sobre las decisiones judiciales relacionadas con la acción de la
referencia, proferidas en primera instancia por el Juzgado Veintitrés Civil del
Circuito el 16 de enero de 1995, y en segunda, por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá el 28 de febrero de 1995.
I. ANTECEDENTES
A. LA PETICION
El día 16 de
diciembre de 1994, el señor Jesús Antonio Palencia Ruíz, quien dice invocar su
condición de abogado y actuar en nombre y en representación de las señoras
María Adela Alba de Gualdrón y Luz Amelia Santos Basto, presentó ante la
oficina jurídica de esta ciudad, un escrito que por reparto correspondió al
Juzgado 23 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, mediante el cual ejerce
acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Nacional,
para que le sea concedido el amparo judicial correspondiente a los derechos
constitucionales fundamentales de petición, trabajo y debido proceso de las
mencionadas señoras, ante la omisión de la CAR en la respuesta que corresponde
a la petición elevada el 18 de mayo de 1993.
Para la protección
judicial específica y directa de los derechos constitucionales fundamentales
mencionados, el peticionario solicita que se ordene a la Corporación Autónoma
Regional-CAR-, de las cuencas del Río Bogotá que se pronuncie otorgando el
respectivo permiso de concesión de agua, para la utilización de las mismas en
el desarrollo urbanístico San Rafael Sur Oriental.
Además, el
peticionario solicita que se condene en abstracto a la entidad mencionada, por
los perjuicios causados a sus representadas como consecuencia de la omisión en
que ha incurrido y que, también, se sancione como corresponde a los
funcionarios omisivos y negligentes causantes de los perjuicios reclamados.
Los fundamentos de
hecho y de derecho que señala el peticionario como causa de la acción impetrada
se resumen como sigue:
- Sostiene que las
personas interesadas son propietarias de unos terrenos ubicados en el Barrio
San Rafael de esta ciudad que en ejercicio de su derecho de propiedad
autorizaron a Carlos Arturo Gualdrón Arias y Cristóbal Marín García para que
adelantaran la legalización del proyecto de “lotificación” de la urbanización,
el cual fue aprobado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
- Señala que con
base en la autorización anterior, el Departamento Administrativo de Planeación
Distrital, mediante resolución No. 396 de mayo 29 de 1992, expidió la
correspondiente licencia para urbanizar.
- Señala el
peticionario que posteriormente y para cumplir con todos los requisitos
administrativos para la urbanización, en carta de mayo 18 de 1993 dirigida al
Subdirector de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional -CAR-,
las personas interesadas solicitaron el trámite y la aprobación de una
concesión de aguas para abastecer la urbanización, y que esta entidad mediante
auto de agosto 1 de 1993, dispuso la intervención de un ingeniero y ordenó la
práctica de una visita con el propósito de verificar las condiciones para
otorgar la concesión solicitada; además, a pesar de haberse realizado la
visita, el peticionario advierte que la CAR, no ha decidido de manera
definitiva sobre la concesión o el permiso de utilización, en desconocimiento
de las diferentes peticiones elevadas reiteradamente.
- Que como
consecuencia de la omisión en que ha incurrido la entidad contra la que se
dirige la acción de tutela, se les viene causando graves perjuicios económicos,
afectando la programación y el desarrollo del proyecto.
B. PRIMERA
INSTANCIA
El Juzgado 23 Civil
del Circuito mediante auto de 12 de enero del presente año, inadmitió la
demanda de tutela y ordenó al peticionario que allegase poder con el que dice
actuar.
En decisión de 16 de
enero del mismo año, y dado que el accionante aportó poder requerido pero no
demostró el derecho de postulación conforme lo demanda el artículo 63 del
Código Administrativo, en concordancia con el Decreto 196 de 1971 artículos 28
y 29, el Juzgado de instancia rechazó la demanda por la que se pretendía ejercer
la acción de tutela.
C. LA IMPUGNACION
El peticionario
Jesús Antonio Palencia, mediante escrito presentado en término ejerció el
recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la decisión
anterior, cuyos fundamentos se resumen a continuación:
- Señala el
impugnante que actúa en nombre y representación de las señoras María A. de
Gualdrón y Luz A. Santos, porque ellas no están en capacidad de promover la
defensa de sus propios intereses y derechos, “por el desconocimiento que tienen
de las normas y tramitología que se debe surtir ante los diferentes entes
jurídicos”.
- Señala que de
conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional que establece que
toda persona tendrá acción de tutela, y que esta puede adelantarse “por sí
misma o por quien actúe a su nombre”, resulta claro las personas que pretendan
ejercerla no tienen el deber de estar representadas por un abogado titulado;
además, advierte que esta disposición es concordante con el artículo 10 de
Decreto 2591 de 1991, que establece la agencia oficiosa cuando la persona no
está en capacidad de promover su propia defensa.
D. SEGUNDA
INSTANCIA
El Tribunal Superior
de Santafé de Bogotá - Sala Civil-, mediante auto de “Sala Unitaria” de la
magistrada María Teresa Plazas Alvarado, decidió inadmitir el recurso de
apelación, pues consideró que la decisión objeto de impugnación es la que
rechazó el escrito de tutela, y que ésta no es susceptible de impugnación o
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591
de 1991.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
A. La Competencia
Esta sala de la
Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la
referencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y
241 numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los artículo
33,34, 35, 36 del Decreto 2591 de 1991; además, este examen se hace en virtud
de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente y del reparto
que se verificó en la forma señalada por el reglamento de la Corporación.
B. La Materia
La demanda
presentada por Jesús Antonio Palencia Ruíz quien dice actuar como abogado y en
nombre y representación de María Adela Alba de Gualdrón y Luz Amelia Santos
Basto, se dirige a obtener la protección del derecho fundamental de petición,
trabajo y debido proceso, que considera vulnerados por la Corporación Autónoma
Regional de los ríos de Bogotá (CAR), al no obtener la correspondiente
respuesta a la solicitud de concesión de aguas para la urbanización San Rafael
de propiedad de sus representadas; empero, la Corte Constitucional seleccionó
las decisiones relacionadas con la mencionada acción para efectos de determinar
el acatamiento a la jurisprudencia de la Corte, en materia del derecho de
postulación como ocurre en este asunto, dada la trascendencia de las
irregularidades advertidas en el caso relacionadas con el ejercicio indebido de
la profesión de abogado. Por ello, en esta providencia la Corte no se ocupa de
la definición del asunto planteado en el fondo de la demanda relacionado con el
derecho de petición y de su respeto por las autoridades públicas.
En primer lugar se
tiene que el principio de informalidad que rige el proceso de acción de tutela
y que fluye de su regulación constitucioonal y legal contenida específicamente
en el artículo 86 de la Constitución Nacional y los Decretos reglamentarios
2561 de 1991 y 306 de 1992, no esta reconocido para patrocinar el
desconocimiento de los requisitos mínimos que las normas imponen para ejercicio
de la profesión de abogado, ni para patrocinar posibles fraudes a la ley penal
ni al régimen disciplinario de la mencionada profesión.
En efecto, de
conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, el artículo 10° del
Decreto 2591 de 1991, establece las reglas básicas que rigen el tema de la
legitimación para el ejercicio de la acción de tutela, así:
1. Puede ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales.
2. Cuando la persona
no acude directamente el ejercicio de la acción, puede hacerlo por intermedio
de otra, y para ello tiene dos mecanismos:
a. A través de
representante judicial debidamente habilitado que debe cumplir con las condiciones
básicas y fundamentales para el ejercicio de la profesión de abogado.
b. Mediante la
figura de agencia oficiosa, siempre que se manifieste las razones por las
cuales los interesados no pueden actuar directamente.
c. Además, se ha
dejado en claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, cuando la acción de tutela se ejerce a través de
representante, es necesario que éste tenga la calidad de abogado inscrito; así
lo ha manifestado esta Corporación en otras decisiones en la que ha advertido
que quien realiza una solicitud en nombre de otra persona, debe acreditar la
facultad con que lo hace y el juzgador no podrá dar viabilidad al proceso sin
el cumplimiento de dicho requisito.
Además, también se
ha dejado en claro que, el poder para iniciar el proceso cuando se actúe por
medio de apoderado, constituye un anexo de la demanda y su ausencia, según las
normas señaladas, es causal de indagación de la misma. En este sentido no cabe
duda de que quien manifieste actuar en nombre de otra persona, debe probar el
mandato judicial conferido, a través del poder expresamente otorgado para el
efecto.
En efecto no
obstante ser claro que la acción de tutela no requiere para su ejercicio de
apoderado judicial, artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia
con los artículos 1,10,14, del Decreto 2591 de 1991, también es cierto que
cuando una persona actúa por medio de mandatario judicial, las circunstancias
procesales cambian, por cuanto en este evento, se hace necesario acompañar a
la demanda el poder por medio del cual se actúa, so pena de infracción al
régimen de la acción de tutela y al del ejercicio de la profesión de abogado.
Al respecto esta
Corporación señaló en sentencia T-550 de 30 de noviembre de 1993, que cuando
se ejerce la acción de tutela en nombre de otra persona a título profesional y
en virtud del mandato judicial dentro del marco legal y las reglas propias del
ejercicio de la profesión de abogado, debe acreditarse la condición con la que
se actúa según las normas correspondientes; ello, no solamente por razón de la
responsabilidad que implica el ejercicio de la profesión, sino por la necesaria
defensa de los intereses del cliente, a quien conviene establecer con
certidumbre que quien lo apodera puede actuar de conformidad con la ley y que
responderá por su gestión.
Se observa que quien
actúe a nombre de otro, con el poder debidamente otorgado, tiene además que
demostrar su condición de abogado inscrito, para así poder representar
legalmente al poderdante, dentro de las facultades establecidas para el efecto.
Con base en las
anteriores consideraciones, la actuación surtida en el proceso de la
referencia, determina que el peticionario no se encuentra debidamente
legitimado para el ejercicio de acción de tutela y que por el contrario
incurrió en actuaciones que en principio parecen contrariar el ordenamiento
jurídico, pues en la demanda de tutela Jesús Antonio Palencia Ruíz dice actuar
como abogado, en nombre y representación de María Adela Alba de Gualdrón y Luz
Amelia Santos Basto, sin embargo no acredita su condición de profesional del
derecho ni el poder que se exige para actuar en dicha condición en los asuntos
judiciales; en este sentido, el Juzgado 23 Civil del Circuito de esta ciudad,
al conocer de la acción de la referencia en primera instancia, mediante auto de
12 de enero de 1995 inadmite y concede al accionante el término de tres días
para que allegue el poder debidamente otorgado.
Como quedó visto en
la parte que resume los antecedentes del caso, el peticionario Jesús Antonio
Palencia Ruíz, dentro de la oportunidad concedida, allega al Juzgado un
documento en el que aparece el poder conferido en fecha posterior a la demanda
por las representadas en el asunto de la referencia, pero no demuestra la
calidad de abogado inicialmente reclamada en la demanda y mucho menos la de
abogado inscrito y, por si fuera poco, posteriormente, ante la observación del
despacho de instancia que le inadmite la demanda y le brinda el término para
corregirla, confiesa que su licencia temporal está vencida; pero además, el
mismo peticionario allega al expediente poder especialmente conferido por las
interesadas en la acción de tutela para tal efecto en el que igualmente aparece
como profesional.
En consecuencia, y
teniendo en cuenta las consideraciones advertidas inicialmente por la Sala, el
accionante no reúne los requisitos exigidos para actuar como representante de
las señoras María Adela Alba de Gualdrón y Luz Amelia Santos Basto y por ello
la decisión del juez de primera instancia de ajusta plenamente a derecho, lo
que no ocurre con la decisión de segunda instancia proferida en Sala Unitaria
de la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, que no sólo pasa
por alto esta situación, sino que despacha sin mayores consideraciones la
actuación en desconocimiento de las reglas que se aplican para el caso de la
impugnación de las decisiones con las que termina una actuación judicial de
tutela de los derechos constitucionales fundamentales.
En relación con la
breve consideración de la providencia de segunda instancia, esta Corporación
encuentra que no asiste razón al juzgador pues la impugnación que se permite
ante el juez de segunda instancia en la acción de tutela cabe contra las
decisiones por las que se dé por terminada una actuación de tutela y que ponga
fin al conocimiento de la demanda correspondiente y no como lo manifiesta el
despacho mencionado según el cual sólo se podrían impugnar las decisiones que
resuelven en el fondo la petición; no debe olvidarse que toda actuación final
en estos asuntos corresponde a una actuación que resuelve sobre la petición y
como tal es susceptible de recurso.
Por último, no
podría considerarse la actuación del peticionario como si fuese la del agente
oficioso, teniendo en cuenta que tampoco cumple con los presupuestos de la
figura en la acción de tutela, dado que no indicó en la solicitud los motivos
por los cuales los directamente afectados con la supuesta omisión de la
administración no pueden acudir al proceso, ni indicó que actuaba como tal. En
este asunto la Corte encuentra que existen circunstancias que reclaman
investigación penal y disciplinaria.
Por todo esto la
Corte Constitucional no puede dejar pasar por alto que existe una conducta que
debe ser investigada penal y disciplinariamente y ordenará, en consecuencia que
se compulsen copias de las actuaciones al Consejo Seccional de la Judicatura y
a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.
Por las razones que
anteceden, la Corte Constitucional en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero: Confirmar la decisión proferida por el Juzgado
Veintitrés Civil del Circuito el dieciséis (16) de enero de mil novecientos
noventa y cinco (1995), y revocar la de la Sala Unitaria de la Sala Civil del
tribunal de Santafé de Bogotá, del veintiocho (28) de febrero de mil
novecientos noventa y cinco (1995).
Segundo: Enviar copia de toda la actuación surtida
con ocasión de la acción de tutela de la referencia, al Consejo Seccional de la
Judicatura con competencia en el Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, para
que conozca de la conducta del Señor Jesús Antonio Palencia Ruiz contenida en
las correspondientes diligencias, y si es de su competencia adelante la
investigación disciplinaria que proceda de conformidad con las disposiciones
vigentes en materia del ejercicio de la profesión de abogado.
Tercero: Enviar copia de toda la actuación surtida
con ocasión de la acción de tutela de la referencia a la Fiscalía General de la
Nación, Seccional Santafé de Bogotá, para que conozca de la conducta del Señor
Jesús Antonio Palencia Ruíz, que aparece en las actuaciones correspondientes al
expediente de la referencia, y para que, si es de su competencia, adelante la
investigacion penal que proceda de conformidad con las disposiciones vigentes
en materia del ejercicio de la profesión de abogado.
Cuarto: Por Secretaría General de esta
Corporación, envíense la comunicaciones en la forma y para los efectos
previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese
y publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
467 | T-321-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-321/95
DEMOLICION DE
OBRAS/ACTO ADMINISTRATIVO/JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Las medidas
correctivas de demolición de obras no son del tipo de providencias que ponen
fin a un juicio civil o penal de policía y, por consiguiente, equiparables a
decisiones jurisdiccionales. En tal virtud, los actos administrativos
contentivos de dichas medidas son susceptibles de ser demandados ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho.
VIA DE HECHO-inobservancia de normas/PROCESO
ADMINISTRATIVO POLICIVO/DEBIDO PROCESO-Vulneración
En el presente caso, no se identifica a
ninguno de los infractores, ni a las construcciones objeto de la actuación
administrativa policiva, ni se precisan las circunstancias de tiempo, modo y
lugar sobre las cuales se estructura la respectiva contravención. De esta
manera, se incurre en una "vía de hecho" por la inobservancia de las
normas sustanciales y de las formalidades esenciales del proceso administrativo
policivo, lo cual configura la violación del debido proceso.
REFERENCIA:
Expedientes
acumulados números:
T-49597, T-50203,
T-50260, T-50330, T-50342, T-50380, T-50410, T-50492, T-50866, T-50897,
T-50939, T-51071, T-51110, T-51148, T-51165, T-51218, T-51285, T-51328,
T-51414, T-51453, T-51455, T-51645, T-51899, T-51918, T-53967.
PETICIONARIOS: Elvira Preciado Murillo; Bernarda Flórez
Granda; Vicente Chaparro Pacheco; Luis Alfredo Vargas Ruiz; Alfredo Triana
Rojas y María Zoila Quintero; María de Jesús Piza de López; Mauricio García
Bautista; Blanca Celia Gil Molina; Luis Rafael Moreno Rodríguez; Yolanda
Caicedo y Mario Alberto Blanco Triviño; José Rubén Soler; Luis Germán Mora
Bareño y Cecilia García Bautista; Elvira Rosa Fonseca de Virguez; José Vicente
Acero Quiñonez y Rosa María Sierra; María Inés Ramírez vda. de Herrera; Juan
Fuentes Medina; Edgar Telésforo Peña Rodríguez y María Aurora Méndez Amaya; Luz
Magola Bohórquez Sánchez; Margarita Poveda de Méndez; María Helena Ramírez
López y Edilberto Palacios Páez; Juan B. Villamil Rodríguez; Rita Jiménez
Urbina y Alirio Santamaría Olarte; Pedro María Ardila Méndez; Darío Ramírez;
Luis Humberto Ramírez Martínez.
PROCEDENCIA:
Juzgados 6o., 7o.,
11, 17, 18, 21, 22, 23, 34, 39, 40, 48, 54, 58 y 60 Civil Municipal de Santafé
de Bogotá D.C., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 11.,12, 14,16, 20, 22, 23, 24,
27, 30, 31 y 32 0Civil del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., y Tribunal
Superior del Distrito Judicial - Sala Civil, de esta ciudad.
TEMA:
Violación del debido
proceso administrativo policivo por irregularidades en la resolución que
declara en abstracto contraventores a todos los que han construido obras en un
predio y les sanciona con la demolición de las respectivas obras. Dichas
irregularidades además de constituir vicios sustanciales que afectan la
existencia misma del acto administrativo, lo convierten en una verdadera
"vía de hecho".
MAGISTRADO
PONENTE:
ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Aprobada en Santafé
de Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes julio de mil novecientos
noventa y cinco (1995)
La Sala Segunda de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO BARRERA
CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa los fallos
proferidos por los juzgados 6o., 7o., 11, 17, 18, 21, 22, 23, 34, 39, 40, 48,
54, 58 y 60 Civil Municipal de Santafé de Bogotá D.C., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o.,
8o., 11, 12, 14,16, 20, 22, 23, 24, 27, 30, 31 y 32 Civil del Circuito de
Santafé de Bogotá D. C., y Tribunal Superior del Distrito Judicial - Sala
Civil- de esta ciudad, en los procesos de tutela de la referencia.
La Sala de Selección
número once, escogió para la revisión los expedientes en cuestión y decidió su
acumulación por existir unidad de materia.
I. ANTECEDENTES.
1. La
identificación de los expedientes y los nombres de los solicitantes.
Dicha identificación
es la siguiente:
T-49597, Elvira
Preciado Murillo; T-50260, Vicente Chaparro Pacheco; T-50330, Luis Alfredo
Vargas; T-50342, Alfredo Triana Rojas y otros; T-50380, María de Jesús P. de
López; T-50410, Mauricio García Bautista; T-50492, Blanca Cecilia Gil Molina;
T- 50203, Bernardo Flórez Granda; T-50866, Luis Rafael Moreno Rodríguez;
T-50897, Yolanda Caicedo y otros; T-50939, José Rubén Soler; T-51071, Luis
Germán Mora Boreño y otros; T-51110, Elvira Rosa Fonseca Virguez; T-51165, Inés
Ramírez de Herrera; T-51148, José Acero Quiñonez y otros; T-51218, Juan Fuentes
Medina; T-51285, Edgar Telésforo Peña y otros; T-51328, Luz Magola Bohórquez
Sánchez; T-51414, Margarita Poveda de Méndez; T-51453, María Helena Ramírez y
otro; T-51455, Juan B. Villamil Rodríguez; T-51645, Rita Jiménez Urbina y
otros; T-51918, Pedro María Ardila Méndez; T-51899, Darío Ramírez; T-53967,
Luis Humberto Ramírez.
2. Las
pretensiones.
Por estimar violados
sus derechos al debido proceso, a la vivienda digna y a la propiedad las
personas antes relacionadas instauraron acción de tutela contra la actuación
del Alcalde Local Zona Once de Suba, señor Sergio Antonio Escobar Jaimes, ante
los juzgados 6o., 7o., 11, 17, 18, 21, 22, 23, 34, 39, 40, 48, 54, 58 y 60
Civil Municipal de Santafé de Bogotá D.C., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 11,
12, 14,16, 20, 22, 23, 24, 27, 30, 31 y 32 Civil del Circuito de Santafé de
Bogotá D. C., y Tribunal Superior del Bogotá, respectivamente; para que se
suspenda, revoque, o se abstenga de ejecutar la medida de demolición de todas
las construcciones existentes sobre un lote de terreno denominado Santa Ana,
ubicado en jurisdicción del municipio de Suba, exactamente en el barrio el
Rincón, decretada según resolución N°006 del 25 de octubre de 1993.
3. Hechos.
Son comunes a todas
las demandas los siguientes hechos:
1. Los demandantes
adquirieron la posesión sobre un lote de terreno que hacía parte de otro de
mayor extensión denominado Santa Ana, ubicado en el barrio el Rincón del
Municipio anexado de Suba, entre las calles 129 B y 131 con la carrera 91.a sus
expensas
2. Cada demandante
procedió a adelantar, a sus expensas, la construcción de casas con el fin de
suministrar vivienda a sus familias o de destinarlas a otros propósitos.
3. Dicen los
demandantes que con posterioridad a la construcción de las edificaciones, se
enteraron de que el señor Alcalde de Suba había iniciado un procedimiento
policivo (expediente No. 251 de 1992), que culminó con la resolución
administrativa No. 006 de 1993, mediante la cual se dispuso la demolición de
todas las construcciones levantadas por los peticionarios en el predio Santa
Ana, desconociéndose algunas disposiciones que regulan esta clase de
actuaciones y, por ende, vulnerándoles los aludidos derechos fundamentales.
Además, la medida
señalada sólo era posible adoptarse una vez que los funcionarios de Planeación
Distrital, hubieren conceptuado sobre la procedencia de la demolición, en vista
de que el acuerdo 6 de 1990 permite la legalización de los barrios llamados
subnormales, como es el caso del barrio Santa Ana, en donde adquirieron sus
terrenos.
4. A juicio de los
actores, en este caso, debió tenerse en cuenta el hecho de que la ley contempla
otra clase de sanción para este tipo de infracciones, como las contempladas en
el artículo 66 de la ley 9o. de 1989, que menciona las multas para las personas
que desconozcan el régimen de construcción, o el Código de Policía de Bogotá (art.
99), en concordancia con el Código Nacional de Policía que señalan la
suspensión y el sellamiento de obras, teniendo en cuenta que la finalidad de
las autoridades es proteger los derechos de las personas (vida, honra y
bienes), aplicando aquéllas medidas que causen el menor daño posible a los
sujetos de las acciones policivas. Así, entonces, la decisión de la autoridad
acusada se torna desde todo punto de vista arbitraria, en cuanto adoptó una
decisión extrema consistente en demoler sus viviendas.
5. Finalmente
agregan los peticionarios que con base en el plano elaborado por los vendedores
de los lotes adquiridos por ellos, el Instituto de Desarrollo Urbano les hizo
cobro por concepto de valorización general.
II. LOS FALLOS
OBJETOS DE REVISION.
Primera
instancia.
En esta instancia,
algunos juzgados negaron la tutela y otros la concedieron.
1. Negaron la
tutela.
Los juzgados que
negaron la tutela, adujeron como fundamento de su decisión los siguientes
argumentos:
1.1. T- 49597,
Juzgado 54 Civil Municipal, Sentencia del 31 de agosto de 1994.
"(...) En
estas condiciones y como quiera que nos encontramos frente a la aplicación del
artículo 99 del Código de Policía de esta ciudad no es exigencia legal dictamen
alguno que sea proferido por el Departamento Administrativo de Planeación
Distrital, pues el infractor que continúe con la obra se le ordenará de plano
la demolición"
"...Que no
existe violación al debido proceso, que la accionante no puede alegar su propia
negligencia, pues su tradente se encuentra vinculado al proceso de obra
adelantado (se le impuso la suspensión de la construcción y al verificarse
testimonialmente la continuación de ésta la orden de la resolución lo cobija)
de modo que ha recibido la cosa prometida en el estado material y jurídico en
que la poseía su tradente aunque tales vicios le fueren desconocidos..."
1.2 T-50260,
Juzgado 14 Civil del Circuito, Sentencia del 2 de septiembre de 1994.
"... Esta
apreciación se basa en la errada interpretación de la norma por todas las
autoridades que han intervenido en este proceso: que los procesos por estas
infracciones no pueden ser colectivos y tal vez a ese hecho se refirió
Planeación Distrital sino iniciados y dirigidos a cada uno de los infractores porque
así lo expresan las normas aplicadas: el art. 99 dice: "A quien inicie
cualquiera de las obras.." y el art. 100 dice: A quien termine..", de
manera que toda acción por estos aspectos es de carácter individual y no puede
tener el género colectivo que le dio el señor Alcalde menor de Suba a su
decisión."
"Pero estas
posibles desviaciones del procedimiento no son susceptible de reformar por
medio de la acción de tutela porque siendo actos de la administración pública
tienen otros medios de defensa judicial y también... como es la vía de la
demanda ante el Contencioso Administrativo con la acción de nulidad con el
restablecimiento del derecho instituido en el art. 85 ibídem y el derecho a la
suspensión provisional del acto previsto en el art. 152 del mismo
Código..."
1.3. T-50203,
Juzgado 18 Civil Municipal, Sentencia de agosto 30 de 1994.
"... y como
quiera que dentro del presente asunto puede afirmarse que la accionante tiene
o tuvo a su alcance mecanismos idóneos de defensa, así como la clara posibilidad
de solicitar la suspensión del acto administrativo del cual deriva su
fundamento la presente acción, según se desprende del informe rendido de manera
oportuna por el señor Alcalde local de la Zona de Suba...y en el que
literalmente se menciona que: "La señora BERNARDA FLOREZ G., en ningún
momento se presentó al Despacho, habiendo sido fijado avisos en el predio para
que se notificaran de los actos administrativos que se venían profiriendo tal
como aparece en el expediente, a quien se le recibieron descargos fue a las
personas sorprendidas infragantes ya que dichas construcciones se adelantaron
de forma clandestina...". Por ello es que habrá de tenerse por no
vulnerado el derecho fundamental al debido proceso".
"...en lo
que respecta al derecho fundamental a la propiedad privada y a la vivienda
digna, resulta innegable su carácter de fundamental y, por ende susceptible de
amparo a través de la acción de tutela; pero igualmente claro es que dichos
derechos deben ser ejercidos acorde con las disposiciones normativas vigentes
que como para el caso presente se refieren a lo reglamentado sobre obras y
urbanismo para el Distrito Capital. Siendo así como se puede concluir que la
acción de tutela aquí promovida es improcedente".
1.4. T-50330,
Juzgado 11 Civil Municipal, Sentencia de septiembre 5 de 1994.
"... Los
actos administrativos casi siempre son producto de una voluntad del Estado, son
expedidos conforme a la regulación legal y sobre ellos recaen mecanismos de
control interno, por parte de la administración por la vía gubernativa y si no
opera ya esta vía se debe acudir al control jurisdiccional Contencioso
Administrativo, ante la cual incluso el interesado puede alegar la ilegalidad
del acto".
"... De la
decisión tomada por el señor Alcalde menor de la zona de Suba este juzgado solo
esta obligado a tomar decisión frente al predio del accionante, es decir, al
lote No. 10 de la manzana H negando la protección invocada y como en efecto se
hará recomendando al accionante acudir a la revocatoria directa del acto por
parte del funcionario o por el superior según lo estime conveniente y
pertinente ya que por esta vía de tutela no se puede atacar la resolución No.
006 de 1993, por tanto no se accederá a la suspensión del acto indefinidamente
y se ordenará la no vigencia de la medida tomada por este despacho en auto de
fecha agosto 30 del presente año".
1.5. T-50342,
Juzgado 30 Civil del Circuito, Sentencia de septiembre 2 de 1994.
"... En
casos como este, en tratándose de un acto administrativo, y que además puede
proponer conjuntamente como mecanismo transitorio la acción de tutela, háse
(sic) dicho por la Corte Suprema de Justicia... "En estas condiciones no
parece lógico que un juez diferente al contencioso administrativo conozca de la
acción de tutela dirigida contra un acto u omisión administrativos, al tiempo
que éste necesariamente sea el que deba conocer de la acción de nulidad o de
las "demás procedentes" contra ese acto u omisión de la autoridad
pública..."
"... En
resumen, es suficiente lo narrado a renglón precedente para concluir que este
Despacho judicial no es competente para conocer de la presente acción como
mecanismo transitorio, por referirse a un acto administrativo, quien pude
estimar si existen recursos o medios de defensa judicial teniendo en cuenta las
circunstancias en que se encuentran los solicitantes".
1.6. T-50380,
Juzgado 27 Civil del Circuito, Sentencia de septiembre 2 de 1994.
"De todo lo
anterior es consciente la peticionaria, pues a lo largo de la causa petendi
anuncia que conocía el trámite de la acción policiva, de las visitas que
efectuaba el funcionario, y aún de la intervención de varios de los vecinos,
que se encontraban en la misma situación que ella".
"Además,
dentro de la actuación policiva existe constancia de publicidad de las órdenes
impartidas, de la citación de todos los que fueron ocupantes, propietarios, o
poseedores del predio inspeccionado, de lo cual también debía ser consciente la
petente".
"... y
realmente la falta de intervención se debió a su propia voluntad, pues debió
apersonarse de la situación, a sabienda de las consecuencias que podría tener
para su propiedad".
"...no se
avizora ninguna de las violaciones supuestas que plantea la accionante..."
1.7. T-50410,
Juzgado Once Civil del Circuito, Sentencia de agosto 26 de 1994.
"Compete a
las autoridades de policía, velar porque se observen y cumplan las normas
reguladas en su propio estatuto y entre ellas aparejando con el caso sub-judice
sucumben la de urbanismo y construcción de obras, que al ser violadas, faculta
a los encargados para imponer las sanciones y correctivos del caso ..."
"Existen
otros medios de defensa judicial, tan efectivo como el de la tutela" (Jurisdicción Contenciosa Administrativa).
"De autos se
desprenden que en éste caso no se ha violado el derecho al debido proceso ni a
la propiedad privada, ni a la vivienda..."
1.8. T-50492,
Juzgado Cuarenta Civil Municipal, Sentencia de agosto 30 de 1994.
"... Nótese
que se cumplió a cabalidad con los pasos procesales establecidos para el
efecto, además de que gozó en todas las mismas, del principio general del
derecho de la publicidad y contradicción, éste último ejercido incluso, por un
profesional del Derecho..., que a todos los ocupantes del predio Santa Ana se
les envió un aviso ( fl. 351) citándolos a la Alcaldía a fin de surtirse la
notificación de la resolución 006 de 1993, el cual se fijó en dicho predio,
pues existe constancia de la persona que lo hizo en noviembre 10/93...contra
dicha decisión se interpuso recurso de reposición...".
"... es
inaceptable la tesis aducida por la accionante en tutela, de que se le están
violando sus derechos fundamentales, señalados en la respectiva petición, como
principales y subsidiarios..."
"...Es bueno
dejar en claro, que no compete a este despacho judicial entrar a analizar, si
tal acto administrativo gozó o no de toda la legalidad que la ley solicita para
el efecto, ya que esta circunstancia debe ser juzgada por las autoridades de lo
contencioso administrativo..."
19. T-50866,
Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito, Sentencia de septiembre 1o. de 1994.
"...
Conforme al Código Contencioso Administrativo contra tal acto cabe la acción de
nulidad (art. 14 Dto. 2304/89), con petición de suspensión provisional, en ese
orden de ideas acontece que la acción de tutela aquí planteada cae dentro de la
causal primera de improcedencia del art. 6o. del Dto. 2591 por existir otro
medio de defensa judicial y, dentro de esa acción ante lo contencioso
igualmente y a través del mecanismo de la suspensión del acto se posibilita el
detener la orden de demolición..."
"...Específicamente
en punto al derecho a la vivienda se pronunció la H. Corte Constitucional así:
"El derecho a la vivienda sólo puede obtenerse al igual que todos los
derechos, de conformidad con la ley, y no desconociendo derechos de los
coasociados, como se ha pretendido, al convertir a los invasores en titulares
reclamantes del derecho a la vivienda establecido en la Constitución Política.
Se trata de un derecho asistencial, que debe ser promovido por el Estado, de
acuerdo con la ley, para ser prestado directamente por éste o a través de entes
asociativos e igualmente regulado jurídicamente, tal como se ha expresado. De
suerte que no es un" derecho fundamental" sobre el cual pueda caber
la acción de tutela aquí considerada. (Sent. No. 8/92)".
1.10. T-50897,
Juzgado 60 Civil Municipal, Sentencia de septiembre 5 de 1994.
"... Ahora
bien desde este punto de vista, el derecho a la propiedad privada y a la
vivienda digna, son fundamentales y protegidos por la Carta Magna, pero como se
observa que en la actuación policiva el funcionario que dictó la providencia,
objeto de tutela observó la ritualidad al efecto, sin que menguara derecho
alguno de los poseedores, por cuanto la decisión policiva se hizo en
consideración a la violación de los requisitos que tenían que reunir los
tutelantes para poder efectuar las obras o construcciones reglamentarias por
Planeación Distrital y Urbanismo y que no lo hicieron".
"Igualmente
en cuanto al debido proceso téngase en cuenta que no fue vulnerado dicho
proceso por cuanto la solicitante señora Yolanda Caicedo R, atendió la
diligencia de inspección, así mismo les fue notificada la decisión y no aparece
dentro del expediente peticiones por parte de los solicitantes".
1.11. T-50939,
Juzgado 8o. Civil del Circuito, Sentencia de septiembre 5 de 1994.
"...
Pretende el accionante a través de ésta acción, atacar la Resolución No. 006 de
1993 proferida por el Alcalde Local de Suba, situación que no es procedente a través
de la acción de tutela, en virtud de existir otro mecanismo de defensa judicial
como es la acción administrativa respecto de la nulidad del acto, el cual
conlleva a su vez la posibilidad de solicitar la suspensión provisional del
mismo...".
1.12. T-51071,
Juzgado 17 Civil Municipal, Sentencia de septiembre 5 de 1994.
"... Contra
el acto proferido por el señor Alcalde de Suba, como lo fue la mencionada
resolución No. 006/93, existe, como así mismo lo piensan los accionantes, un
medio de defensa judicial ante el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
de conformidad con el art. 18 del Dcto. 2288/89, medio de defensa, cual es la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el art. 85 del C.
C. A..."
1.13. T-51110,
Juzgado 39 Civil Municipal, Sentencia de agosto 29 de 1994.
"... la
accionante tiene a su alcance mecanismos idóneos de defensa de sus derechos e
intereses, para obtener la nulidad del acto administrativo que acusa y el
restablecimiento de su derecho, contando con la facultad de solicitar la
suspensión del mismo en la forma y términos del art. 152 del C. C. A..."
1.14. T-51148,
Juzgado 22 Civil Municipal, Sentencia de agosto 31 de 1994.
"... En el
presente caso, el derecho al debido proceso no ha sido violado, toda vez que no
se trata de una omisión del Alcalde Local de Suba, sino antes por el contrario
se ha hecho en cumplimiento a una queja elevada por uno de los propietarios del
predio Santa Ana, en donde se dieron las garantías procesales".
"...el
derecho a la propiedad privada y a la vivienda digna, son fundamentales y
protegidos por la Constitución Política; pero como se observa que dentro de la
actuación policiva el funcionario que dictó la providencia y que es objeto de
tutela observó la ritualidad al efecto, sin que se menguara derecho alguno de
los poseedores, por cuanto la decisión policiva se hizo en consideración a la
violación de los requisitos que tenían que reunir los poseedores para poder efectuar
las obras o construcciones reglamentadas por Planeación Distrital y Urbanismo y
no lo hicieron".
1.15. T-51165,
Juzgado 48 Civil Municipal, Sentencia de septiembre 5 de 1994.
"... Es de
anotar que la Sra. RAMIREZ VDA. DE HERRERA, cuenta con las acciones
administrativas que consagra el C.C.A., donde se regula claramente en los
artículos 154 y 158 lo referente a la suspensión del acto administrativo que se
ataque".
"Ahora bien,
al no hallarse conculcado el derecho al debido proceso, tenemos que los
derechos fundamentales que de él se hacían propender, indefectiblemente tampoco
lo están...".
1.16. T-51218,
Juzgado 4o. Civil del Circuito, Sentencia de agosto 23 de 1994.
"... En el
presente caso, el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial distinto
a la tutela a quien recurrir para solicitar la protección de los derechos aquí
reclamados, este medio de defensa, es recurrir al campo de lo contencioso administrativo
y demandar la resolución que ordenó la demolición, por lo tanto en este aspecto
es improcedente...".
"...Por otro
lado, no se puede olvidar que, al tenor del art. 152 y S.S., del C. C. A., en
las acciones ordinarias que se adelantan en esa jurisdicción, se pude solicitar
como medida preventiva la suspensión provisional del acto que se
demanda..."
1.17. T-51328,
Juzgado 21. Civil Municipal, Sentencia de 30 de agosto de 1994.
"... En el
asunto que se atiende, mediante un proceso judicial de naturaleza contenciosa
administrativa le es dable a la actora acudir al Estado para que, si tiene de
su parte el derecho, así se declare y se salvaguarde el mismo... sobre la
legalidad del acto administrativo acusado, la resolución # 006 del 25 de
octubre de 1993..."
1.18. T-51414,
Juzgado 11 Civil Municipal, Sentencia de septiembre 2 de 1994.
"... De la
decisión tomada por el señor Alcalde Menor de la zona este juzgado solo está
obligado a fallar sobre el predio del accionante es decir, del lote No. 20 de
la manzana B, negando las pretensiones a la protección de los derechos
invocados y como en efecto se hará se recomendará a la petente acudir a la
revocatoria directa del acto de ser procedente a acudir a la justicia ordinaria
en caso que lo considere necesario frente a la negociación del predio..."
1.19. T-51453,
Juzgado 34 Civil Municipal, Sentencia de agosto 31 de 1994.
"... La
Resolución No. 006 de 1993 es un acto administrativo regulado por el Código
Nacional de Policía que podía ser controvertido judicialmente si existían
inconformidad o reparos contra su legalidad, ante la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, una vez agotada la vía gubernamental con los recursos
correspondientes, como en el caso de marras aconteció, al presentarse y
resolverse recurso de reposición formulado por el Dr. Daniel Barón Castañeda el
día 3 de diciembre de 1993, el cual fue negado mediante resolución No. 001 de
1994."
"... Así las
cosas la petición ha debido presentarse ante la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, haciendo uso de las vías que garantizan la nulidad del acto y
el restablecimiento del derecho, en caso de perjuicio."
"... que los
peticionarios reclaman para obtener la protección de su derecho de
"posesión" y de "propiedad", los cuales no tienen la
calidad de "fundamentales" sino de aquellos descritos en la
Constitución Política, como "derechos sociales, económicos y
culturales", que no pueden ser tutelados por los jueces a través de la
acción de tutela. Tales derechos, como el de propiedad y posesión, sólo pueden
reclamarse ante los jueces competentes y a través de las acciones ordinarias
consagradas en la legislación civil".
1.20. T-51455,
Juzgado 58 Civil Municipal, Sentencia de septiembre 1o. de 1994
"...esta
falladora siempre ha considerado que no le es dable en este trámite preferente
y sumario suspender actos administrativos que gozan de presunción de legalidad
no obstante lo normado en el artículo 7o. del Decreto 2651 de 1991, que al
presunto afectado la ley le otorga un medio de defensa judicial en contra del
acto administrativo cuya ilegalidad sostiene... esto es incoar la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho donde en la misma demanda se puede
solicitar la suspensión de los mismos..."
1.21. T-51645,
Juzgado 23 Civil Municipal, Sentencia de septiembre 5 de 1994.
"... Para
obtener la protección de los derechos cuya violación se alega, se ha contado
con medios judiciales adecuados tendientes a atacar la orden de demolición, no
sólo dentro del trámite del proceso de obras sino después, una vez proferida la
resolución No. 006 de 1993 con la que se culminó el mismo...".
"El
ordenamiento jurídico tiene establecidas acciones judiciales tendientes a hacer
valer los derechos reconocidos, los cuales, no tampoco ser sustituida por la
acción de tutela ni siquiera de manera transitoria, pues bien es sabido que de
conformidad a lo previsto en el Artículo 67 de la ley 9o. de 1989, los actos de
los alcaldes que ordenan la demolición de una construcción son susceptibles de
las acciones contenciosas-administrativas...".
1.22. T-51899,
Juzgado 7o. Civil Municipal, Sentencia de septiembre 2 de 1994.
"... Señalar
que el Alcalde de Suba al no encontrar que los levantamientos o construcciones
del predio Santa Ana, entre ellos el del accionante en tutela, no llegan a
obtener o a clasificar como dotados de los requisitos mínimos para la seguridad
o la comodidad de los habitantes, no puede señalarse que aténte contra la vida
digna, sino por el contrario, como garante de que la dignidad se va
cumplir".
"... Tampoco
podría pensarse que atenta contra derechos de menores o de familia, puesto que
tales derechos en general lo que se pretenden es que la unidad familiar y el
crecimiento de los menores no sea atentatorio contra su salud física y mental y
la dignidad de las habitaciones que se construyan sin el lleno de los
requisitos mínimos..., es facultad que debe imprimir el Alcalde Zonal de Suba,
no permitiendo barrios construidos en forma subnormal...,
"...en
cuanto al DEBIDO PROCESO..., es evidente que el ciudadano accionante si tuvo
conocimiento de que su construcción no llenaba los requisitos de ley para ser
levantadas...así lo manifiesta en sus escritos, mal podría ampararse a un
ciudadno que oculta y subrepticiamente inicia una construcción a sabiendas de
su ilegalidad, so pretexto de que no se le lleva un debido proceso... la
autoridad no es la que viola el debido proceso, sino el ciudadano que no cumple
con las exigencias que se debe cumplir y que conoce, que de no cumplirlas, será
sancionado severamente con la demolición...".
"Debe
entonces el accionante hacer uso de los medios legales para obtener las
correspondientes licencias y hacer normal su construcción, so pena de que se
cumpla la orden de demolición".
1.23. T-51918,
Juzgado 18 Civil Municipal, Sentencia de agosto 30 de 1994.
"... como
quiera que dentro del presente asunto puede afirmarse que el accionante tiene o
tuvo a su alcance mecanismos idóneos de defensa, así como la clara posibilidad
de solicitar la suspensión del acto administrativo del cual deriva su
fundamento la presente acción... habrá de tenerse por no vulnerado el derecho
al debido proceso".
"...en lo
que respecta al derecho fundamental a la propiedad privada y a la vivienda
digna, es innegable que si bien son susceptibles de amparo a través de la
acción de tutela, no es menos cierto, que su ejercicio no puede escindirse de
la normatividad vigente en lo que respecta a obras y urbanismo para el Distrito
Capital".
2. Concedieron la
tutela.
En los procesos que
enseguida se relacionan, se concedieron las tutelas demandadas:
2.1. T-51285,
Juzgado 6o. Civil Municipal, sentencia septiembre 5 de 1994.
"... Los
accionantes Edgar Telésforo Peña Rodríguez y María Aurora Méndez Amaya, no
fueron citados al proceso. Esto es que no se les oyó previamente a la sanción,
no se les dio oportunidad de solicitar o aportar pruebas y por ende tampoco les
fueron analizadas en la resolución No. 006 de 1993".
"No se
establecieron los hechos base de la acusación respecto a Peña Rodríguez y
Méndez Amaya, en el punto de la comprobación sumaria a que hace referencia el
Art. 99 del Acuerdo 18 de 1989. Tampoco se optó por la medida correctiva de
suspensión de la obra y la consiguiente prestación de caución, previa al
ordenamiento de demolición, pues no puede optarse por la sanción del art. 100,
ya que no está probado que ellos de manera exclusiva ejecuten obras de
urbanismo de todas aquellas que conforman hoy el predio Santa Ana".
"... Si bien
la resolución No. 006 de 1993, como es obvio no hace alusión a Peña Rodríguez y
Méndez Amaya, si contempla la decisión de demoler todas las construcciones
realizadas en el predio Santa Ana...área dentro del cual está la de
ellos...".
"La
Resolución No. 006/93, fue notificada a los afectados por Edicto fijado en la
Asesoría Jurídica de la Alcaldía, luego frente a Peña Rodríguez y Méndez Amaya
no surte efectos la misma, pues en ningún momento hicieron parte del exp.
251".
"Conlleva lo
anterior, a que al no observarse el procedimiento mínimo para imponer la medida
correctiva consistente en la demolición de obras, que afecta necesariamente a
los aquí accionantes, se le está violando el derecho fundamental al debido
proceso contemplado en el artículo 29 de la C. P.".
"...que
frente a la situación planteada los accionantes gozan de otros medios de
defensa judiciales, por establecer así el art., 67 de la ley 09/89, esto es la
acción contenciosa administrativa prevista en el C. C. A.... la cual haría
improcedente la acción de tutela... pero como se ha intentado como mecanismo
transitorio... y se está en presencia de la causación de un perjuicio
irremediable cual es ejecutar una resolución que dispone la demolición de su
vivienda... ella se hace pertinente".
2.2. T-53967,
Juzgado 12 Civil del Circuito, sentencia septiembre 6 de 1994.
"...
Examinado el expediente cuya fotocopia fue aportada por el funcionario arriba
mencionado ( Alcalde Local de Suba), se pudo constatar que el ciudadano LUIS
HUMBERTO RAMÍREZ MARTINEZ ni siquiera es mencionado en el informativo, mucho
menos vinculado al proceso, mediante la correspondiente diligencia de
descargos, como tampoco aparece que específicamente el predio de mayor
extensión conocido como Santa Ana, haya sido objeto de inspección ocular o por
lo menos de dictamen pericial en donde se determine claramente las
construcciones realizadas por el tutelante. Es más si se observa con cuidado la
parte motiva de la Resolución 006 de 1993, no aparece el nombre del tutelante
para, luego, declararlo contraventor en la parte resolutiva del acto
administrativo en comento".
"...es
evidente que uno de los requisitos esenciales de los procesos que tienen como
finalidad la aplicación de una sanción, como en este caso, es el de oír a las
personas que va a ser objeto de la misma y obviamente determinarla concreta y
claramente en el acto sancionatorio respectivo, pues no es posible aplicar
sanciones concretas a personas indeterminadas, ni mucho menos por hechos
indefinidos, supuestos o no probados conforme a la normatividad vigente. Una
resolución así proferida, salvo mejor concepto, es a todas luces
arbitraria".
"...el
citado acto no lo afecta, porque en sentido estricto, el ciudadano tutelante es
un Tercero, totalmente ajeno a la controversia".
"Sin
embargo, dado que, en el presente caso, la Resolución puede ser atacada ante la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por tratarse de un proceso
administrativo y no Civil o Penal de Policía, la acción de tutela únicamente
procede como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, como
sería la demolición de la humilde vivienda del tutelante, porque solamente
podría ser reparado mediante una indemnización...".
Segunda
instancia.
1. Las sentencias
correspondientes a los expedientes de tutela radicados bajo los números T-
50330, (Juzgado Civil del Circuito, sentencia octubre 10 de 1994), T-50380
(Tribunal Superior- Sala Civil, sentencia octubre 6/94), T-50492 (Juzgado 5o.
Civil del Circuito, sentencia septiembre 30/94), T-51110 (Juzgado 7o. Civil del
Circuito, sentencia octubre 4/94), T-51148 (Juzgado 23 Civil del Circuito,
sentencia octubre 10/94), T-51165 (Juzgado 23 Civil del Circuito, sentencia
octubre 11/94), T-51414 (Juzgado 20 Civil del Circuito, sentencia octubre
14/94), T-51455 (Juzgado 8o. Civil del Circuito, sentencia octubre 6/94) y
T-51918 (Juzgado 4o. Civil del Circuito, sentencia octubre 3/94), fueron
confirmadas por las mismas razones señaladas en las providencias de primera
instancia.
2. Las sentencias
correspondientes a los expedientes de tutela registrados bajo los números que a
continuación se relacionan, fueron igualmente confirmadas, aunque por
diferentes razones o por razones adicionales:
2.1 T-50260,
Tribunal Superior- Sala Civil, Sentencia Octubre 6 de 1994.
"...
Acorde con lo decidido por los juzgados 60 y 39 Civiles Municipales y Séptimo
del Circuito, en el mes de agosto del año que cursa, por estar solicitada la
medida provisional...según se observa en el auto de fecha 24 de agosto de 1994,
proferido y notificado por la Alcaldía Local de Suba, no es el caso de acceder
a la misma medida de protección de los derechos vulnerados o amenazados del
accionante, pues lo que procede simplemente en el asunto que se estudia es la
abstención de aplicar lo dispuesto en el art. 7o. del Decreto 2591, como medida
provisional, por sustracción de materia".
2.2. T-50342, Tribunal Superior
del Distrito Judicial Santafé de Bogotá- Sala Civil, Sentencia octubre 6 de
1994.
"...
Al estar suspendida la Resolución por la cual se ordenó la demolición de las
obras a que se refieren los accionantes en tutela, por el mismo funcionario que
la expidió, por sustracción de materia la acción de tutela que nos ocupa deja
de tener sentido jurídico y en consecuencia inane sería hacer un
pronunciamiento de mérito...".
2.3. T-50866, Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá- Sala Civil, sentencia octubre
12/94.
"...
de acuerdo con el resultado oficioso de la prueba sometida por el tribunal, se
tiene que la resolución No. 006, con la cual se ordenó la demolición fue
suspendida; carece, por tanto de objeto la acción de tutela, porque el acto
atacado mediante la presente tutela no tiene vigencia y por ende no afecta
ningún derecho fundamental".
2.4. T-50897, Juzgado Tercero
Civil del Circuito, Sentencia octubre 12 de 1994.
"...se
considera que los accionantes cuentan con otro mecanismo de defensa judicial
distinto a la acción de tutela para solicitar la protección de los derechos
reclamados, donde se puede solicitar la protección de los derechos en forma
inmediata mediante la solicitud de suspensión provisional del acto atacado el
impetrar la nulidad y el restablecimiento del derecho, por lo que no se dan los
presupuestos del mecanismo transitorio".
2.5. T-50939, Tribunal Superior
del Distrito Judicial Santafé de Bogotá- Sala Civil, Sentencia octubre 11 de
1994.
"...
Ese acto administrativo no es susceptible de ser atacado ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, al tenor de lo dispuesto en el art. 82 del C.
C. A. (subrogado por el art. 12 del decreto 2304 de 1989), pues se trata de un
juicio de carácter policivo, mediante el cual se investigó una contravención y
se impuso una medida de policía (demolición de obra). Lo anterior implica que
el accionante en el hipotético caso de existir una vulneración a un derecho
fundamental no tiene a su alcance otro medio de defensa judicial".
"...mediante
providencia de agosto 24 de 1994, se dispuso suspender la ejecución de la
Resolución No.006 de 1993, hasta tanto los jueces resuelvan lo pertinente. La
situación antes descrita se adecua al precepto contenido en el art. 26 del
Decreto 2591 de 1991. En consecuencia la presente acción de tutela por razón de
la cesación del acto atacado perdió su objeto..."
2.6. T-51071, Juzgado 27 Civil
del Circuito, Sentencia octubre 11 de 1994
"...es
consciente la peticionaria pues a lo largo de la causa petendi anuncia que
conocía...de las visitas que efectuaba el funcionario y aún de la intervención
de varios vecinos, que se encontraban en la misma situación que ella".
"Además,
dentro de la actuación policiva existe constancia de la publicidad de las
órdenes impartidas, de la citación de todos los que fueron ocupantes, o
poseedores del predio inspeccionado...".
"...y
realmente la falta de intervención se debió a su propia voluntad, pues debió
apersonarse de la situación, a sabienda de las consecuencias que podría tener
para su propiedad".
"Si
no lo hizo, tal cosa no puede enmarcarse en violación del debido proceso, o de
falta de defensa...".
2.7. T-51899, Juzgado 4o. Civil
del Circuito, Sentencia octubre 3 de 1994.
"El
aquí accionante tuvo suficiente tiempo para instaurar ante la jurisdicción
Contenciosa Administrativa la correspondiente acción con miras a obtener la
suspensión provisional y posteriormente definitiva de la resolución mediante la
cual se ordena la demolición de su vivienda por haber sido construida sin
licencia previa...".
"El
aspecto de la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio
tiene cabida si esta se utiliza por el afectado como único mecanismo disponible
para repeler la vulneración del derecho Constitucional Fundamental, pero no
para remediar descuidos ni la negligencia y pasividad del presunto
afectado,...A lo anterior hay que agregarle que para el día de hoy si se
hubiera cumplido la Resolución..., ya se habría consumado, pues esta estaba
programada para el 31 de agosto del corriente año, y el funcionario optó por
suspender la ejecución de tal acto (demolición) hasta que se decida por las
autoridades competentes al respecto".
2.8. T-51453, Juzgado 24 Civil
del Circuito, Sentencia Octubre 5 de 1994.
"...
En la copia del expediente administrativo No. 251-92, adelantado por la
Alcaldía Local de Suba... no aparece prueba alguna de que el señor EDILBERTO
PALACIOS PAEZ , tenga algún derecho de propietario o poseedor material sobre
algún lote de terreno y/o de mejoras que hagan parte del mencionado predio
(Santa Ana), ni en el curso del trámite de la acción de tutela se adujo prueba
relacionada con tal situación".
"Entonces,...no
está legitimado para reclamar protección por medio de la acción de tutela del
derecho fundamental al debido proceso, precisamente por que no se conoce
siquiera sumariamente si aquél está comprendido dentro del mencionado proceso
policivo de demolición...".
"...La
señora Ramírez López sí fue citada y escuchada en descargos dentro del ya
mencionado expediente administrativo, que culminó con la resolución No. 006 de
25 de octubre de 1993, como aparece descrito en las diligencias de inspección
ocular de 18 de septiembre de 1992, y diligencia de descargos de 24 de ese
mismo mes y año...lo mismo que notificada por edicto de tal resolución.
Entonces aquella quedó legal y reglamentariamente vinculada al proceso policivo
civil de demolición de obra, con todas las garantías de controvertir y de
impugnar la decisión correspondiente, sin que se vislumbre violación alguna en
su contra del derecho constitucional fundamental al debido proceso...".
3. Las
sentencias proferidas en los procesos de tutela radicados bajo los números que
seguidamente se concretan, fueron revocadas, con fundamento en los argumentos
siguientes:
3.1. T-49597, Juzgado Sexto Civil
del Circuito, Sentencia octubre 3 de 1994.
"...
Ahora, del artículo 332 del C. P. C., aplicable a la acción de tutela, surge el
concepto de la causahabiencia, que puede entenderse como el efecto, sustancial
y procesal, que afecta a determinadas personas por hechos realizados por su
antecesor en el derecho. En este orden de ideas, si la señora Ramírez de
Caicedo hubiera sido la vendedora de la accionante, los descargos que la
primera rindió y la declaración de que es contraventora, afectarían a ELVIRA
PRECIADO MURILLO porque ésta sería causahabiente de la contraventora".
"Empero,
nótese que los descargos los rindió el 18 de septiembre de 1992, y que la
accionante adquirió la posesión del lote en que edificó la construcción el 29
de enero de 1994. Pero el vendedor del lote y las mejoras que adquirió la
solicitante no fue CARMEN ROSA RAMÍREZ DE CAICEDO sino MARIO BLANCO TRIVIÑO.
Así, la accionante es causahabiente del último, y el mismo no fue vinculado al
proceso policivo en forma legal; de suerte que a la causahabiente se le
desconoció el derecho al debido proceso, debido a que ni a ella ni a su
antecesor en el derecho, el nombrado Mario Blanco Triviño, se les escuchó en
descargos, y por lo tanto, se les privó del derecho de defensa". "No
es válido el argumento de que a los propietarios se les notificó por medio del
aviso visible en copia al folio 351, ya que la citación no de los propietarios
en general sino de cada propietario de las construcciones en particular, debía
realizarse antes del pronunciamiento de la resolución 006 de 1993, y no
después".
"La
tutela que prospera determina la suspensión de la orden de demolición, pero
como el proceso policivo terminó con la resolución antes citada, es
improcedente ordenarle al Alcalde de Suba que ordene la vinculación de la
accionante, y tampoco puede ordenarle el juez de tutela al Alcalde que permita
la legalización del barrio SANTA ANA".
3.2. T-50203, Juzgado 16 Civil
del Circuito, Sentencia Octubre 4 de 1994.
"Si
embargo, teniendo en cuenta que al impugnar el fallo de primera instancia,
BERNARDA FLOREZ GRANDAS, solicita se le conceda la tutela para evitar los
graves perjuicios que sufrirá con la demolición de su vivienda y sólo mientras
adelanta las acciones judiciales contenciosa administrativas, debe el despacho
concederle la oportunidad que solicita para que la autoridad competente se
pronuncie al efecto, en los términos previstos en el artículo 8o. del decreto
2591 de 1991".
3.3. T-50410, Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. Sala Civil-, Sentencia de octubre 4
de 1994.
"Una
vez proferida la sentencia de primera instancia, a folio 33 del expediente obra
el oficio número 720-1372-94 mediante el cual, el Asesor de Mejoramiento Urbano
del Departamento Administrativo de Planeación Distrital emite concepto sobre el
Desarrollo Santa Ana de la Zona 11 de Suba, y en el se manifiesta que el citado
desarrollo se encuentra en la actualidad sometido a proceso administrativo de
legalización bajo los parámetros normativos del Acuerdo 6 de 1990, para cuyo
efecto se requiere la orden de legalización mediante Decreto del Señor Alcalde
Mayor.".
"Obsérvese
con facilidad del tenor descrito que no está el concepto requerido por una de
las dos entidades (Secretaría de Obras Públicas y Departamento Administrativo
de Planeación Distrital) que señala la norma, para que proceda el decreto de
demolición que produjo el Alcalde ... Lo anterior pone de manifiesto la
violación del debido proceso administrativo ordenado por el Código de Policía
de Santafé de Bogotá, toda vez que el indispensable concepto favorable no se
obtuvo, siendo el que actúa en el expediente, es el precisamente contrario,
cual es la legalización de una situación de hecho"
3.4. T-51218, Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sentencia de octubre 14 de 1994.
"En
oficio No. 18765 de 25 de agosto de 1994, emanado del Departamento
Administrativo de Planeación y que en original obra a folio 15 del cuaderno
principal que contiene la tutela, se afirma que dicho establecimiento "no
ha emitido concepto alguno respecto de demoliciones en el citado
desarrollo...(se refiere a las construcciones levantadas en el sector de Santa
Ana)"; tampoco se llevó al expediente policivo dictamen de la Secretaría
de Obras, luego se pretermitió una etapa del proceso, situación que pone de
manifiesto la violación al derecho a un debido proceso en el trámite policivo
que culminó con la resolución No. 006 de 25 de octubre de 1993 por vulneración
de las formas propias de cada juicio...".
3.5. T-51285, Juzgado 22 Civil
del Circuito, Sentencia octubre 10 de 1994.
"...al
estar suspendida la resolución por medio de la cual se ordenó la demolición de
las obras a que se refieren los accionantes en tutela, por sustracción de
materia, ha debido el juez del conocimiento abstenerse de aplicar el artículño
7 del decreto 2591 de 1991, y hacer dicho pronunciamiento"
"...
No obra en el plenario que se haya COMUNICADO la existencia de la investigación
al presunto "CONTRAVENTOR" pues si bien aparece se fijó un aviso, no
es menos cierto que el infractor no es uno solo sobre un solo biene con puerta
de acceso donde se fijó aquél, sino VARIOS INFRACTORES sobre bienes distintos,
donde cada uno tiene derecho a sus propios descargos y a contraprobar; de
consiguiente lo correcto hubiera sido como mínimo intentar la notificación
personal de cada uno de los presuntos infractores en sus respectivos bienes, y
de no lograrse al menos, habérseles fijado aviso en la puerta de acceso de sus
respectivos bienes, y de no lograrse al menos, habérseles fijado aviso en la
puerta de acceso de sus respectivos inmuebles, pues ha de recordarse que sólo
puede presumirse "CONOCIMIENTO" de un acto en los casos que
expresamente regula el legislador...".
"Si
bien no se contraría ningún normativo, pueden recibir los descargos en la
diligencia de "INSPECCIÓN OCULAR" que se decretó y que entre otras
cosas era necesaria para determinar el estado de las obras pues ha de
recordarse que las sanciones varían de acuerdo a ello - esto sobre lo que se
anotará más adelante, no es menos cierto que si aquello no se indicó en la
citación o aviso, que a cada uno de los presuntos infractores se les debió
hacer, (vale decir indicar en el aviso que allí se les recibirá descargos) mal
podrían éstos rendirlos, como tampoco tener la oportunidad de contra probar, o
derivarse efectos de su no concurrencia; esto es, se presenta una clara
violación a su DERECHO DE DEFENSA y, por aplicación del artículo 228 del Código
Nacional de Policía, AL DEBIDO PROCESO".
"También
acaece, en concepto de éste Despacho, violación del DEBIDO PROCESO al no obrar
en el plenario el CONCEPTO o DICTAMEN que por imperativo exige el artículo 100
del Código de policía de Bogotá...siendo prudente anotar que en el oficio 88
Fte de este expediente emanado del Departamento Administrativo de Planeación
Distrital, no se dice que las construcciones no cuentan con la licencia
respectiva, amen de que no obra ningún concepto de la Secretaría de Obras
Públicas, de éste Distrito".
"Desde
otro punto de vista, si bien la decisión para cada uno de los infractores puede
tomarse en una MISMA RESOLUCIÓN- legalmente nada lo impide, no puede perderse
de vista que siendo los sancionados varias personas y no una sola, como tampoco
un bien común sino parte del bien con derechos INDIVIDUALES, debió MOTIVARSE en
forma tal que DETERMINADO "INFRACTOR" pueda saber el por qué de la
sanción y con base en que prueba, pues de otra manera y en
"abstracto" mal puede impugnarla; pruebas acá aludidas que, siendo
las sanciones de carácter INDIVIDUAL, necesariamente debió ser la verificación
de cada una de las obras...,señalando en el acta respectiva el estado de (sic)
cada una de ellas se encontraba, pues ha de recordarse además que si se trata
de iniciación de obra la sanción es SUSPENSIÓN de la misma y caución, y si es
TERMINACIÓN de obra o no acatarse la orden de suspensión, ahí si la
DEMOLICIÓN".
"Todo
lo anterior lleva a concluir que si hubo violación al DERECHO FUNDAMENTAL DE
DEFENSA, por falta de notificación a cada uno de los presuntos infractores, por
no oírseles en descargos ni habérseles brindado, la oportunidad de contraprobar
los que en tales circunstancias se les formularon y a la incongruencia de la
motivación de la resolución que ordenó la demolición".
3.7. T-51645, Juzgado 6o. Civil
del Circuito, Sentencia Octubre 20 de 1994.
"...
No hay duda, por lo tanto de que al contraventor de las normas sobre construcción
debe oírlo la autoridad administrativa; por lo cual, si lo sanciona sin oírlo
le vulnera ostensiblemente el derecho al debido proceso".
"Por
otra parte, debe anotarse que las sanciones administrativas son individuales, o
sea que deben imponerse, cuando sea el caso de hacerlo, a la persona
determinada que haya incurrido en transgresión a las disposiciones que regulan
la construcción de inmuebles. No hay violaciones colectivas sino personales, y
en tales circunstancias, no puede sancionarse como lo hizo en el caso sub-lite
el Alcalde local de Suba en la Resolución 006 de 1993, a un grupo de personas,
sin mencionarles por sus nombres".
"Además
los descargos del contraventor deben escucharse antes de la resolución, y por
ello el aviso posterior al acto administrativo colocado en cada uno de los
inmuebles en que se levantaron las construcciones sin licencia, para que los
contraventores concurrieran a la Alcaldía a notificarse, no subsana la
violación del debido proceso".
"...en
el caso de marras encuentra el juzgado que fueron escuchadas en descargos 22
personas, cuyos nombres no es necesario citar; pero en ellas no se encuentra la
impugnante RITA JIMENEZ URBINA. En consecuencia se les desconoció el derecho al
debido proceso por lo cual debe amparársele...".
II. COMPETENCIA.
La Corte
Constitucional es competente para conocer de la revisión de las citadas
sentencias en virtud de lo dispuesto por los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del
Decreto 2591 de 1991.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA.
1. Diligencia de
inspección judicial practicada durante la etapa de revisión ante la Corte
Constitucional.
Mediante auto de
fecha dieciséis (16) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995) la
Sala, con el fin de clarificar la situación materia de controversia, ordenó la
práctica de una diligencia de inspección judicial en el predio Santa Ana y
sobre los documentos en donde constan las actuaciones de la Alcaldía de Suba
-Oficina de Obras- y de la Inspección 11A Especial de Policía de Urbanismo y
Construcción de Obras. Igualmente se dispuso allegar al proceso la información
necesaria para establecer la realidad de los hechos que sirven de sustento a
las pretensiones de los demandantes.
La referida diligencia
arrojó los siguientes resultados:
- Oficina de
Obras Alcaldía de Suba:
Confrontado el
expediente original 251-92 de la oficina de obras, con el anexo común a las
tutelas en revisión, se encontraron en dicha Alcaldía los folios 434 al 501
que no aparecen en el mencionado anexo, correspondientes a impugnaciones de
fallos de tutelas, actas de visitas administrativas realizadas por las
Personerías Distrital y Local de Suba en la Oficina de Obras, oficios y otros
documentos que no aportan nada nuevo al proceso.
- Versión del señor
Miguel Angel Suárez Monsalve, secretario de la Oficina de Obras de la Alcaldía
de Suba y exfuncionario de la extinguida Inspección 11A Especial de Policía de
Urbanismo y Construcción de Obras, en la cual se inició el proceso 251-92,
relativo a las construcciones en el predio Santa Ana quien, en lo pertinente,
expresa:
"El proceso
se inició en la antigua Inspección 11 A Especial de Policía de Urbanismo y
Construcción de Obras en Agosto 25 de 1992 por unas construcciones que se
adelantaban en dicho predio, practicándose diligencia de Inspección Ocular al
mismo el 18 de septiembre de 1992. Para esa fecha que se practicó la
diligencia existían aproximadamente nueve casetas, practicándose ese día
cinco inspecciones oculares obrantes a folio 48 al 58, en las cuales se
ordenó la suspensión de la obra y se impuso la respectiva caución;
posteriormente se tomaron declaraciones de descargos de las personas que
se encontraban allí y de los detenidos que la policía dejaba al Despacho por
estar allí levantando trabajos de construcción;....Después de cierto
tiempo, fue que se volvió a practicar inspecciones oculares al predio,
aclarando que cuando salió la Doctora PAULINA XIMENA NAVARRO PASCUALI, fue
encargado de la Inspección el Doctor GERMAN RUEDA MENESES, quien, en
virtud de la gravedad de los hechos y las reiteradas peticiones de la
abogada apoderada de los presuntos propietarios del predio procedió a
fijar una fecha para inspección ocular la cual se llevó a cabo a los once
días del mes de mayo de 1993, donde se ordenó el sellamiento de los diferentes
inmuebles y se escucharon en descargos a diferentes personas".
(...)
"Durante las
administraciones del Doctor SERGIO ANTONIO ESCOBAR JAIMES, LUIS CARLOS PEÑA y
JORGE ALBERTO ARAMBULA, que yo tenga conocimiento, no se practicaron
diligencias al predio, pero si ordenó emitir la Resolución número 006 de 1993,
de octubre 25 del mismo año fue el doctor SERGIO ANTONIO ESCOBAR JAIMES,
resolución que fue sustanciada por el doctor MIGUEL MORALES CASTELLANOS y el
suscrito..."
(...)
"Como quiera
que no se tenía conocimiento de que personas residían en ese predio, no se
encontraban allí y al preguntarse por los mismos nadie daba razón, motivo por
el cual era imposible notificar persona por persona, dado que los presuntos
propietarios o poseedores levantaban las construcciones los fines de semana o
de noche; en el predio solo se encontraban, en su mayoría, vendedores y, en
algunas ocasiones, a los presuntos propietarios o poseedores; esto ocurrió en
el año 92; para la época que se trató de notificar fue imposible, primero, no
existía nomenclatura urbana de ninguna clase; los presuntos infractores de las
normas urbanísticas con las construcciones que estaban realizando y que
inicialmente eran 9 caseticas, unas eran en bloques muy provisionales, y otras,
las cuales apenas se estaba iniciando la construcción, lo que hacía imposible
hacer una notificación personalmente, y por lo tanto se procedió a dar
aplicación al artículo 427 de Código de Policía de Bogotá, (Acuerdo
18/89)...".
"No se
escuchó en diligencia de descargos al directo infractor de la norma
urbanística, a varios de los que allí se encontraban construyendo porque en el
momento de la inspección ocular no se encontraban allí y cuando dejaban a
disposición del despacho a personas que estaban adelantando obras en el predio,
en muchas de sus declaraciones manifestaban ser trabajadores y no conocieron al
presunto propietario o el responsable de la infracción urbanística; en las
inspecciones oculares que practicamos, procedimos a dejar boletas de comparendo
con el abogado DANIEL BARON CASTAÑEDA, quien manifestaba que les haría llegar
dicha citación para que comparecieran al despacho a fin de ser oídos en
diligencia de descargos, algunos comparecieron, otros no. Como puede
observarse, existen dentro del expediente los avisos en los folio número 44, el
segundo a folio 118, el tercero obrante a folio 151, el cuarto a folio 202,
fueron colocados dentro del predio por no existir nomenclatura urbana y no
tener conocimiento de los propietarios, lo que imposibilita hacer la
notificación personal..."
(...)
"Que yo
tenga conocimiento, a ninguno de los posibles propietarios que se encuentran en
el predio SANTA ANA no se les hizo efectiva ninguna caución o multa y lo único
que hizo la Oficina de Obras a través de su asesor, Doctor MIGUEL MORALES, que
se encontraba para esa época, fue dictar la medida administrativa de demolición
de obras de todas las construcciones que se encuentran allá dentro de dicho
predio denominado Santa Ana..."
-Predio Santa
Ana Barrio el Rincón de Suba:
En la inspección
judicial realizada al predio Santa Ana, ubicado en el Barrio el Rincón de Suba
se constató lo siguiente:
"Al NORTE
se encuentra la calle 131A o vía que conduce a Aures, y en el se puede apreciar
que existen numerosas construcciones en material de cemento, bloque, arena,
concreto y hierro, muchas de dos o mas pisos, en donde funcionan varios
establecimientos comerciales tales como lavandería, talleres de ornamentación y
muebles, venta de chance, cafetería, depósito de materiales de construcción,
tienda, droguería, torno, supermercado, venta de comidas rápidas, prendería,
venta de tejas y puerta; AL SUR este limita con la calle 130, teniendo una
entrada hacia la calle 129B, en donde se encontraron ocho construcciones en los
mismos materiales de cemento, arena, bloque, concreto y hierro, habitadas, y en
una de ellas funciona un taller de mecánica, habiendo varios lotes sin
construir; en el costado ORIENTAL se encontró que colinda con la transversal 91
o Avenida que de Suba conduce al barrio El Rincón, donde se puede apreciar que
está construida casi en su totalidad, y funcionan diversos negocios, dentro de
los cuales se destaca una industria troquel-mecánica que ocupa un área
construida de aproximadamente 300 metros; igualmente funciona una compraventa
de material de demolición, expendio de comestibles al por mayor, alquiler de
formaleta, club de tejo, taller de electricidad automotriz, taller de
reparación de bicicletas y piqueteadero; por el costado OCCIDENTAL se hallaron
numerosas construcciones que colindan con la culata de casas del barrio Costa
Rica y construidas sobre la carrera 93A, estas construcciones se realizaron en
materiales de cemento, ladrillo, bloque, arena, concreto y hierro, y en una de
ellas funciona una tienda y en otra un taller de mecánica. Por el CENTRO del
predio se pudo constatar que está densamente construido, en los mismos
materiales, y en la actualidad se adelantan obras en aproximadamente
veinticinco inmuebles.."
Dentro de la
inspección se hizo presente la abogada Myriam Rodríguez Montoya, apoderada de
algunos de los presuntos propietarios del predio Santa Ana y manifestó:
"El predio
fue adquirido por el señor JOSÉ MANUEL TORO ECHEVERRY y su esposa la señora
LETICIA ALVAREZ DE TORO. Los señores HERNAN ESCOBAR VELASQUEZ y NESTOR
GUILLERMO RODRIGUEZ, asociándose para delinquir, mediante la escritura pública
N° 379 de 1987, falsificando la firma de la señora LETICIA ALVAREZ DE TORO a
través de un poder vendieron los derechos que a ella correspondían en el citado
predio, esto es una sexta parte. Frente a tal conducta delictuosa la señora LETICIA
ALVAREZ DE TORO inició un proceso en el entonces Juzgado Cuarenta y Uno de
Instrucción Criminal de Bogotá; dicho Juzgado sin ser del ámbito de su acción
hizo entrega del predio al señor HERNANDO VALBUENA, quien alegaba tener la
posesión; posteriormente el Tribunal Superior revocó dicha decisión y ordena la
entrega del predio a sus propietarios quienes venían detentando la posesión
diligencia efectuada por el Juzgado Cuarenta y Dos Penal del Circuito de esta
ciudad, el día veinticinco (25) de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992)
siendo recibido el predio por el señor HERNAN CABRERA MUÑOZ y en la sentencia
condena a los señores HERNAN ESCOBAR VELASQUEZ y NESTOR GUILLERMO RODRIGUEZ,
por el delito de FALSEDAD, igualmente ordena la anulación de la mencionada
escritura 379 de 1987 y 64 escrituras mas, providencia esta que fue confirmada
por el Honorable Tribunal Superior de Justicia, Sala Penal mediante providencia
de fecha diez y siete (17) de mayo de mil novecientos noventa y cinco
(1995)".
"...desde la
fecha en que se hizo entrega del inmueble al señor CABRERA, a pesar del
servicio de vigilancia y letreros de propiedad privada colocados en el, las
personas a las cuales se les efectuó las falsas escrituras penetraron
violentamente en el y empezaron a efectuar sus construcciones en las horas de
la noche, por lo cual se hizo necesario iniciar las acciones policivas
pertinentes ante la Inspección de Obras y un lanzamiento por ocupación de
hecho. En lo que hace referencia a la construcción de obras sin la licencia
respectiva se efectuó una primera diligencia de reconocimiento y sellamiento de
las obras encontrando un número muy reducido de construcciones, creo que eran
siete, posteriormente se realizó una segunda diligencia encontrando doce obras
en construcción, siendo nuevamente selladas y ordenando la vigilancia policiva.
Las obras realmente no fueron suspendidas, así lo demuestran las diferentes
diligencias en las cuales se conminaba y se imponía sanción a quienes se
encontraban construyendo, sanciones que nunca se hicieron efectivas. Sin
explicación lógica alguna, la protección fue levantada por orden de la
Inspectora de Obras, lo que permitió el ingreso masivo de personas al lote y
sus construcciones..."
Igualmente, se hizo
presente en la inspección el abogado Daniel Barón Castañeda, apoderado de
algunos de los peticionarios y expresó lo siguiente:
"Se adecuó
el trámite según la normatividad contenida en el artículo 99 de Acuerdo 18 de
1989 o Código de Policía de Bogotá, es decir, se procedió a fijar fecha para
practicar inspección ocular sobre las construcciones iniciadas, conducente a la
vinculación, mediante descargos del presunto infractor, y si existiere mérito,
decretar la suspensión de la obra. En una primera inspección ocular se vincularon
a algunos de los poseedores que construyeron, tales como MANUEL ANTONIO RAMIREZ
CLAVIJO, CARMEN ROSA RAMIREZ, CARLOS HERNAN FORERO Y MARIA HELENA RAMIREZ
LOPEZ. No obstante estar vinculados, la Inspección de Obras únicamente profirió
y notificó resolución de suspensión de obra con respecto a MARIA HELENA RAMIREZ
LOPEZ".
"En cuanto a
estas personas que fueron vinculadas, lo mandado por la norma es que le
notifique de manera legal la resolución de suspensión de obra y en la cual se
debe imponer una caución para asegurar el cumplimiento. A partir de la
resolución, y si se continúa con la obra suspendida, previa verificación por
parte del funcionario competente, se ordenará la demolición de lo construido
(no la totalidad de la obra, SOLO LO CONSTRUIDO EN CONTRAVENCION A LA
SUSPENSION). en proceso que adelantó la Inspección 11A y posteriormente la
Alcaldía de Suba, en ningún momento se notificaron otras resoluciones de
suspensión, y NUNCA se verificó si las obras supuestamente suspendidas se
continuaron, siendo este requisito sine-qua-non, exigido por la norma. Estas
personas quedaron vinculadas a la Resolución 006/93 en la que se ordenó la
demolición del barrio SANTA ANA. Con relación a estas personas debo acotar la
falta de técnica jurídica con que se procedió, pues sólo basta con observar las
diligencias adelantadas y en ellas se vinculan a unos predios para sancionar a
los responsables, pero no se identificó ni alinderó el predio sobre el cual
estaba la construcción.... Desde este momento en adelante, el trámite del
expediente 251/92 fue muy etéreo; en el mes de mayo de 1993 se realizó una
inspección ocular sobre el predio SANTA ANA, el Inspector 11 A de Obras, sin
oír en descargos a ninguno de los presuntos responsables (las personas a
quienes se oyó eran trabajadores) y sin mediar ninguna resolución o acto
administrativo que ordenara la suspensión, selló doce construcciones, sin
determinarlas, ni alinderarlas dentro de las actas (lo cual hace imposible su
posterior reconocimiento). Este sellamiento de obras es, desde el punto de
vista legal, absolutamente improcedente, sin mediar acto administrativo de
suspensión".
"Aparte de
las personas inicialmente vinculadas (5 personas), ningún otro poseedor o
constructor fue legalmente vinculado al proceso, ni se practicó inspección
ocular sobre las obras, ni se suspendieron las mismas. El trámite se
circunscribió a la retención ocasional, por parte de la policía de algunos
trabajadores, a quienes se les puso a disposición de la Alcaldía y se les tomó
declaración, más nunca se citó a responsable alguno de las obras. A raíz de la
expedición del Estatuto del Distrito Capital, la competencia en materia de
infracciones de obras pasó a las alcaldías locales, y la de Suba, al avocar el
conocimiento de este proceso, la primera actuación que produjo fue la
Resolución 006/93, mediante la cual se declararon contraventores de obras a
todas las personas que tuvieran construcciones en SANTA ANA y se ordenó la
demolición de todas las obras existentes en el predio SANTA ANA".
"Llama
poderosamente la atención varios hechos que rodean esta comentada Resolución
006 : en primer lugar, la resolución se dicta de manera general contra todos
los constructores de obras en el predio SANTA ANA; esto es absurdo, porque la
contravención, de suyo implica la vinculación de un infractor individual frente
al Estado, y no se trata de un proceso colectivo; fácilmente se observa que la
intención es lograr a través de un proceso de obras, los mismos resultados que
comportaría un lanzamiento por ocupación de hecho, en donde si se da la
vinculación de un globo de terreno frente a una actuación policiva. En segundo
lugar, esta resolución es producto de un proceso que adelantó sin comparecencia
de las personas declaradas contraventoras; esto equivale a decir, que todas
ellas fueron condenadas sin haber sido oídas y vencidas en juicio, es decir, no
se rodeó el proceso de todas las ritualidades y formalidades prescritas en la
ley; la regulación de la sanción de demolición de obras está contenida,
básicamente, en el artículo 100 del Acuerdo 18/89 y en los artículos 66 y 67 de
la Ley 9 de 1989, o de reforma urbana. Según lo prescriben estas normas, para
poder proferir orden de demolición en contra de una obra, se debe tratar de
vivienda terminada, lo cual nunca ha sido verificado dentro del proceso, pues
en caso contrario ha debido suspenderse la obra según el artículo 99 del
Acuerdo 18/89".
"...debo
aclarar que la aplicación de las dos normas comentadas (artículos 99 y 100 del
Acuerdo 18/89) es bien diferente. El artículo 99 es de aplicación cuando se ha
INICIADO obras en contravención al régimen de planeación, caso en el cual se
debe proceder a ordenar la suspensión de la obra, con caución y, sólo en el
caso de haberse continuado la obra suspendida, se puede proceder sin concepto
previo de ninguna entidad, a demoler lo construido en infracción a la
suspensión; no es el caso de la Resolución 006 de marras, pues en ella se dicta
una orden directa de demolición sin mediar previa orden de suspensión. La
demolición como sanción principal, se aplica de conformidad con el artículo 100
citada, norma que si exige concepto previo de los funcionarios de planeación
distrital; este sentir es compartido por los funcionarios de la Personería
Distrital, según conceptos que se encuentran anexos al expediente 251/92".
· Censo
de población y vivienda:
El censo de
población y vivienda que se efectuó en el predio Santa Ana permitió establecer
lo siguiente:
-Viviendas
totalmente construidas: 112, cuentan con energía eléctrica, acueducto y
alcantarillado, y sólo 4 viviendas tienen teléfono particular.
-Viviendas en
construcción: 35.
- Lotes sin
construir: 87.
- Habitantes
censados: 552. Quedaron por censar 11 viviendas, porque los poseedores no se
encontraban presentes al momento del censo.
· Fotografías:
Aparecen
incorporadas al expediente fotografías de las calles y construcciones del
predio Santa Ana.
Los demandantes
aportaron a las diligencias una carpeta donde aparecen: escrituras públicas
sobre venta y posesión de lotes, recibos de pagos al Distrito por concepto de
servicios de acueducto y alcantarillado, impuesto predial y valorización.
Con dichos
documentos se estableció:
Que los señores
Edilberto Palacio Paéz y María Helena Ramírez López, a través de la escritura
1493 del 22 de febrero de 1993, le compraron al señor Jorge Enrique Pérez
Caicedo, lotes del 1 al 24 de la manzana J, que cuentan con un área aproximada
de 1440 mts, según el plano del terreno protocolizado por escritura pública No.
12.777 de septiembre 30 de 1992.
Que por Escritura
Pública No. 16132 de noviembre 5 de 1993, dichos compradores, vendieron un lote
a la señora Blanca Celia Gil Molina, con un área de 72. 00 mts. 2 que
corresponde el lote 20 de la manzana J, ubicado en la Carrera 91 No. 130B- 23
del predio Santa Ana.
Los abogados antes
citados, quienes actúan como apoderados de algunos de los interesados,
aportaron, entre otros, los siguientes documentos:
- Plano del Predio Santa Ana del año de 1975.
- Plancha E- 60 del
Distrito Capital donde aparece el inmueble del predio Santa Ana.
- Plancha 11 del
Distrito Capital donde aparece el predio Santa Ana.
- Plano del predio
Santa Ana barrio Rincón de Suba, en trámite de legalización por el Departamento
Administrativo de Planeación Distrital Unidad de Mejoramiento y Coordinación de
Barrios.- Fotocopia de la providencia de abril 17 de 1995 del H. Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Penal-, que confirma el fallo
proferido por el Juzgado 42 Penal del Circuito (condenó a los señores Nestor
Guillermo Rodríguez y Hernán Escobar Velásquez por los delitos de Falsedad
Material en Documento Público y Estafa, referente al predio Santa Ana).
2. Situación establecida dentro
de los procesos de tutela objeto de acumulación.
2.1. Luego de una
revisión minuciosa, tanto de las actuaciones cumplidas por la Inspección 11A
Distrital de Obras y Construciones, la Alcaldía Local de Suba, y de las pruebas
practicadas y allegadas en la etapa de revisión, se establece en cuanto a la
identificación de los peticionarios de la tutela y las personas comprometidas
en el proceso administrativo policivo lo siguiente:
- Por auto de
fecha 8 de 1992 la Inspección 11A de Policía de Urbanismo y Construcción de
Obras de Suba, señaló para la práctica de la primera inspección ocular el 18 de
septiembre de 1992. Dicha decisión se notificó a través de la fijación de
avisos en distintos lugares (sitios de acceso general al predio Santa Ana,
postes y paredes de algunas construcciones).
El día 17 del
mismo mes y año, se escucharon en descargos a las siguientes personas que
dijeron ser propietarios de algunos de los lotes en construcción:
Carlos Hernán
Forero Corredor (lote No. 15), Manuel Antonio Ramírez Clavijo (lotes No. 1 y 2,
manzana N), Carmen Rosa Ramírez de Caicedo (lote No. 10, manzana M), a quienes
se les declaró contraventores, se les suspendió la obra y se les fijó una
caución. A María Elena Ramírez López (lote No. 5, manzana D), no se le declaró
contraventora, pero se le advirtió que si continuaba la construcción se
ordenaría de plano la demolición.
Alfredo Triana
Rojas fue aprehendido y puesto a disposición de la Inspección el 21 de
septiembre de 1992 por encontrarse construyendo. Se le recepcionaron los
respectivos descargos, pero no se dejó constancia de la identificación del lote
sobre el cual estaba erigiendo la construcción.
- Por auto de
octubre 15 de 1992 se señaló la fecha del 30 de octubre de 1992 para la
práctica de una segunda inspección ocular en el referido predio. Dicha auto se
notificó en la misma forma antes indicada.
En esta
oportunidad se escuchó en descargos al señor Jorge Enrique Pérez Caicedo (lotes
No. 2, manzana Y y No. 12, manzana D) por intermedio de su apoderado Daniel
Barón Castañeda.
En la
inspección se identificaron los siguientes lotes: No. 11 de la manzana G cuyo
poseedor es Nestor Romero Nimisca, No. 9 de la misma manzana, poseedor Gustavo
Pérez, No. 15 de la manzana F, poseedor Leonardo Castellano. No se oyeron en
descargos a los citados, pues no se encontraron en el sitio respectivo al
momento de la inspección. Por ello, se les dejó la respectiva boleta de
citación para que comparecieran posteriormente a la inspección a rendir dichos
descargos.
El día 13 de
noviembre de 1992, el señor Gustavo Pérez Agudelo acudió a la Inspección 11A,
rindió los respectivos descargos y se le advirtió que debía abstenerse de
seguir construyendo.
- En el auto
de noviembre 5 de 1992 se señaló el día 27 de noviembre de 1992 para continuar
la inspección ocular mencionada. Se fijaron los avisos noticiando esta
diligencia en la forma ya expresada. En ella se escucharon en descargos a las
siguientes personas:
Yolanda
Caicedo Ramírez, respecto a la cual no se identificó el lote y sólo se le
advirtió que debía de abstenerse de seguir construyendo; Alba Azucena Sáenz
(lote No. 4, manzana J), a quien se le advirtió no seguir construyendo.
-Mediante auto
de febrero 12 de 1993, se fijo el día 15 del mismo mes y año, para la practica
de una tercera inspección ocular, la cual fue aplazada y llevada a cabo el día
13 de abril de 1993. Es de anotar, que no aparece prueba alguna de que se
hubiera realizado la notificación de dicha diligencia a los restantes presuntos
infractores. No obstante, se escucharon en descargos a las siguientes personas:
Manuel Antonio
Ramírez (no se identificó el lote) a quien se le advierte que no debe seguir
construyendo; José Alejo Matamoros Acosta (no se identificó el lote); Luis
Enrique Timbambre (lote 3, carrera 92 No. 130A-17) a quien se le advierte que
no debe seguir construyendo; Claudia Patricia Caicedo (Calle 130 C No. 92-42) a
quien se le advierte que no debe seguir construyendo, y María Inés Ramírez Vda.
de Herrera (Carrera 92 No. 130B-11).
- Según auto
del 3 de mayo 1993 se dispuso la realización de una cuarta diligencia de
inspección ocular, la cual tendría lugar el día 11 del mismo mes y año. En
dicha diligencia se verificó el sellamiento de las construcciones de 13
inmuebles, de conformidad con el literal A del Art. 66 de la ley 9a. de 1989.
Es de anotar que no se encontró a ninguno de sus propietarios; por tal razón se
les dejó boletas de comparendo para que se hicieran presentes a rendir los
respectivos descargos.
En esta misma
diligencia, al señor Benjamín Rojas Medina (bodega identificada con el No.
92A-06 de la Calle 130), se le declaró contraventor y se le ordenó la
suspensión de la obra; igualmente se le fijó caución y se le advirtió que si
continuaba la obra se ordenaría de plano su demolición.
Se procedió a
la identificación del lote No. 6 de la manzana H, demarcado con el No. 92-21 de
la calle 132, cuya poseedora es la señora Bernarda Flórez, quien no se
encontraba al momento de la inspección. Por este motivo, se le dejó una boleta
de citación con la persona encargada de la levantar la construcción
- El día 12 de
mayo de 1993, se realizaron inspecciones a ocho (8) lotes, que no se
identificaron. No se encontraron a los poseedores de los lotes y obras que se
habían sellado, pero si se estableció que se continuó con la construcción.
- El día 14 de mayo
de 1993, comparecieron a la Inspección 11A y se les recibieron descargos, a las
siguientes personas: Luis Alfredo Jiménez Urbina (lote de la manzana H); José
Cándido Romero Sánchez (lote No. 20, Calle 131 A No. 92-23) a quien se le
advierte que debe abstenerse de seguir construyendo.
· Conclusiones
sobre lo establecido en las referidas diligencias de inspección.
Del examen de
las diligencias mencionadas se establece claramente lo siguiente:
a) Se
recibieron descargos como presuntos contraventores de las normas de urbanismo a
los siguientes peticionarios de tutela:
Alfredo Triana
Rojas, Yolanda Caicedo, María Inés Ramírez viuda de Herrera y María Elena
Ramírez López.
No obstante se
observa que a los citados, con excepción de la señora María Elena Ramírez
López, no se les declaró como contraventores, ni se les ordenó la suspensión de
las obras, ni se les ordenó prestar caución para garantizar la no continuación
de las construcciones.
b) Entre los
peticionarios de tutela, que no intervinieron en el proceso administrativo
policivo y, por consiguiente, no se les oyó en descargos ni se les dio
oportunidad de solicitar o aportar pruebas, se encuentran los siguientes:
Elvira
Preciado Murillo, Vicente Chaparro Pacheco, Luis Alfredo Vargas Ruiz, María
Zoila Quintero, María de Jesús Piza de López, Mauricio García Bautista, Blanca
Celia Gil Molina, Luis Rafael Moreno Rodríguez, José Rubén Soler, Luis Germán
Mora Bareño, Cecilia García Bautista, Elvira Rosa Fonseca de Virguez, José
Vicente Acero Quiñonez, Rosa María Sierra, Juan Fuentes Medina, Edgar Telésforo
Peña Rodríguez, María Aurora Méndez Amaya, Luz Magola Bohórquez Sánchez,
Margarita Poveda de Méndez, Edilberto Palacios Páez, Juan B. Villamil
Rodríguez, Rita Jiménez Urbina, Alirio Santamaria Olarte, Pedro María Ardila
Méndez, Darío Ramírez y Luis Humberto Ramírez Martínez y Bernarda Flórez
Granda.
2.2. En cuanto
hace referencia al aviso de notificación para la realización de la inspección
ocular llevada a cabo el 11 de mayo de 1992, se pudo determinar lo siguiente:
- A folio 202
de los anexos, aparece que la Inspección 11A de Urbanismo y Construcción de
Obras de Suba de acuerdo con el art. 427 del Código de Policía de Santafé de
Bogotá fijó en el predio Santa Ana el siguiente aviso:
"A los
señores, Propietarios de los Inmuebles del Predio denominado Santa Ana, Carrera
91 con calle 131, Exp. No. 251-92. Que por auto proferido dentro de las
presentes diligencias se procedió a fijar para diligencia de inspección ocular
la CUAL SE LLEVARA a cabo el día 11 del mes de mayo del año en
curso a la hora de las 9 a.m. en el sitio antes relacionado dentro de la
contravención de la referencia dando aplicación al art. 427 y S.S. del Código
de Policía de Bogotá se expide el presente aviso a los diez días del mes de
mayo de mil novecientos noventa y tres... SE FIJA EL PRESENTE AVISO HOY 10
DE MAYO DE 1993 A LA HORA DE LAS 2: 30 P.M."
Observa la
Sala, que la referida notificación no se ajustó a la preceptiva que rige este
tipo de actuaciones, porque el aviso no se fijó con 24 horas hábiles de
anticipación a la fecha de la práctica de la diligencia; por consiguiente, las
actuaciones cumplidas en desarrollo de la misma carecen de valor y no producen
efectos jurídicos frente a las personas ante quienes se les oponen.
2.3. En la
resolución 006 del octubre 25 de 1993, la Alcaldía Local de Suba decidió, en lo
pertinente:
"PRIMERO:
Declarar contraventor de obras, a todas las personas que han adelantado
construcciones en el predio denominado "SANTA ANA" de la jurisdicción
de Suba, ubicado en la carrera 91 con calle 13 de esta ciudad".
"SEGUNDO:
Imponer las medidas correctivas de DEMOLICION DE OBRA, a todas las personas
declaradas contraventoras en el numeral anterior".
"TERCERO:
Conceder un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir la ejecutoria de
la presente resolución para que los contraventores ejecuten la demolición
ordenada, con la advertencia de que en el lapso de tiempo señalado o la
realizaren la misma, ésta ejecutorá por parte de funcionarios de la Secretaría
de Obras Públicas del Distrito Capital y el costo de la misma, será a cargo de
los contraventores".
"CUARTO:
Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, a efecto que se investigue
la presunta actuación dolosa del doctor Dani Barón Castañeda, como profesional
del derecho, quien autorizare la continuación de las obras en el predio
"SANTA ANA" después de haber sido aquellas suspendidas y selladas por
orden de la INSPECCION ONCE "A" ESPECIAL DE POLICIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCION
DE OBRAS DE SUBA".
En la parte
motiva de la resolución 006 del 25 de octubre de 1993 se hace un relato escueto
y cronológico de las actuaciones cumplidas dentro del informativo levantado por
la antigua Inspección 11A Especial de Policía de Urbanismo y Construcción de
Obras de Suba, y luego de la cita de las disposiciones legales pertinentes, se
considera contraventores de éstas a todas las personas que han levantado
construcciones en el referido predio.
Dicha
resolución se notificó por edicto que fue fijado el 22 de noviembre de 1993, y
fue impugnada mediante recurso de reposición por el apoderado del señor Jorge
Enrique Pérez Caicedo, quien aparece como vendedor de las posesiones de los
lotes.
El referido
recurso fue resuelto negativamente por la Alcaldía, con los siguientes
argumentos:
"..si
bien es cierto no existe localización de cada predio, no es cierto que es
imposible de determinar predio por predio por cuanto el lote de Santa Ana
carece de la nomenclatura urbana definida para cada predio sólo existe una localización
general en la carrera 91 con calle 131, siendo imposible establecer la
ubicación de cada edificación". "Igualmente al carecer la
urbanización Santa Ana de la respectiva licencia de la superintendencia de
sociedades para la venta de lotes, como de su respectivo plano de loteo
expedido por el D. A. P. D., es imposible la identificación de cada inmueble
allí localizado".
"Tampoco
es cierto que no se haya escuchado en descargos a las personas que dicen ser
propietarios, por cuanto que en cada diligencia judicial se oyó a quien atendió
la diligencia y en otros casos se dejó boleta de comparendo, de lo cual es
testigo el propio Doctor BARON CASTAÑEDA, quien en algunos casos recibió las
boletas de comparendo, sin embargo los citados no comparecieron como tampoco
allegaron las respectivas pólizas sobre las sanciones allí impuestas".
"... que
en varias diligencias que obran se amonestó a no seguir construyendo de lo cual
reposa constancia y a pesar de esto se continuaron las obras".
2.4. La Personería
Distrital, a través de un agente especial destacado al efecto, conceptuó que la
orden de sellamiento de las obras dispuesta por el Inspector de obra, conforme
el art. 66 de la ley 9/89, en relación con 13 inmuebles del predio de Santa
Ana, fue aplicada de manera incompleta, como quiera que ésta debe imponerse
junto con multas sucesivas y suspensión de obra.
Además señaló
que la resolución No. 006/93 incluye a todos los constructores, sin hacer
diferencia con respecto a aquéllos que ya ostentaban una sanción de suspensión
de obra y sellamiento, para los cuales la demolición se aplicaría como
subsidiaria o resultado del incumplimiento de dicha sanción, pues si la
demolición se aplica como sanción principal, se debe contar con el concepto de
Planeación Distrital, el cual no se obtuvo.
3. Aspectos sustanciales y
procesales de las actuaciones policivas, relacionadas con la demolición de
obras en Santafé de Bogotá D.C.
En los
términos del art. 63 de la ley 9 de 1989, la ejecución de obras de construcción,
ampliación, modificación, adecuación y reparación, demolición de edificaciones
o de urbanización y parcelación para construcción de inmuebles, de terrenos en
las áreas urbanas, suburbanas, y rurales de los municipios, requiere permiso o
licencia, expedido por la autoridad competente.
La violación o
el incumplimiento de las referidas normas da lugar a la imposición de
sanciones, graduables según la gravedad de la infracción, así:
"a)
multas sucesivas que oscilan entre medio salario mínimo legal mensual y 200
salarios legales mensuales cada una, para quienes parcelen, urbanicen o
construyan sin licencia. b) multas sucesivas que oscilarán entre medio salario
mínimo legal mensual y 200 salarios mínimos legales mensuales cada una para
quienes usen o destinen un inmueble a fin distinto al previsto en la respectiva
licencia o patente. c) la demolición total o parcial del inmueble construido
sin licencia y en contravención a las normas urbanísticas, y la demolición de
la parte del inmueble no autorizada...." (art. 66, Ley 9 de 1989).
Con
anterioridad el Código Nacional de Policía había previsto la medida correctiva
de demolición de obra como una contravención administrativa de policía (arts.
186-14, 198, 215, 216 y 220).
El Código de
Policía de Bogotá, con el fin de controlar el desarrollo urbano y estético de
la ciudad condiciona la ejecución de obras a su adecuación con los planes de
desarrollo urbano y al otorgamiento de la autorización respectiva mediante
licencia de la autoridad competente (arts. 97 y 98).
La infracción
a las normas atinentes a la construcción de obras, constituye una contravención
común sancionable con la suspensión o demolición de la obra (numerales 13 y 14
del art. 16 del Código de Policía de Bogotá). Guarda armonía con estas normas
el art. 100 del mismo código que dice:
"A quien
termine obra de urbanismo, edificación o modificación sin licencia o sin
ajustarse a sus condiciones o a los planos aprobados, se le impondrá demolición
o adecuación de obra, según el caso, si lo construido no se ajusta en todo o en
parte a los requisitos preestablecidos por la Secretaría de Obras Públicas o el
Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Funcionarios de estas
dependencias deberán dictaminar al respecto".
"Parágrafo:
Las medidas correctivas aquí señaladas se garantizarán con caución suficiente,
de acuerdo con el monto de la obra, sin perjuicio que la demolición o
adecuación se realice por la Administración a costa del contraventor. Si éste
no paga en el término que se le señale, el reembolso se perseguirá por la vía
coactiva".
Como puede
apreciarse, diferentes normas de los estatutos antes mencionados regulan tanto
el aspecto sustancial como el procedimiento para el juzgamiento de las
contravenciones comunes relativas a obras que, aun cuando sumario, garantiza
plenamente el derecho de defensa. En efecto:
El
contraventor debe ser previamente oído y para este fin se le debe citar para
que rinda descargos y solicite o aporte las pruebas correspondientes, mediante
notificación personal o en su defecto por aviso. Dichos descargos los puede
rendir en la misma diligencia de inspección ocular que se practique en el
respectivo inmueble o en acto posterior.
Establecida la
infracción y determinada su gravedad, se procede a la inmediata suspensión de
la obra y se le exige al infractor el otorgamiento de una caución suficiente
para garantizar que no continuará con el adelantamiento de la obra, pues si lo
hace el funcionario competente previa comprobación sumaria del hecho hace
efectiva la caución e impone la sanción correspondiente, según la gravedad de
la infracción (multa o demolición de la obra ejecutada), mediante resolución
escrita que debe ser motivada. Pero se anota que si la obra está terminada, ya
se trate de construcción o modificación, lo procedente es la imposición al
contraventor de la sanción de demolición o de adecuación de la obra, según el
caso.
4. Naturaleza jurídica de las
providencias que ordenan la suspensión o demolición de una obra.
El inciso 3
del art. 82 del Código Contencioso Administrativo dice:
"La
jurisdicción en lo contencioso- administrativo no juzgará las providencias
dictadas en juicio de policía de carácter penal o civil".
Considera la
Sala que por tratarse de una norma excepcional, en cuanto excluye del control
jurisdiccional actos dictados por autoridades que pertenecen a la
administración, como son los funcionarios de policía, debe interpretarse en su
sentido estricto. Por lo tanto, solamente las providencias dictadas en juicios
de policía de carácter penal o civil, como resultado de las llamadas
contravenciones civiles, o penales de policía (contravenciones especiales de
policía, reguladas por el Título IV del Código Nacional de Policía, Ley 30 de
1986, Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 23 de 1991) están excluidas
del control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según lo
resolvió el H. Consejo de Estado en las sentencias de la Sección Primera del 12
de septiembre de 1975, actor Santiago Marroquin, expediente 2258, y de agosto
20 de 1976, actor Rafael Latorre y otros, expediente 2248, de las cuales fue
ponente el Magistrado Humberto Mora Osejo.
Se concluye,
en consecuencia, que las medidas correctivas de demolición de obras no son del
tipo de providencias que ponen fin a un juicio civil o penal de policía y, por
consiguiente, equiparables a decisiones jurisdiccionales. En tal virtud, los
actos administrativos contentivos de dichas medidas son susceptibles de ser
demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
5. Los casos concretos que se
analizan.
En razón a que
todos los demandantes alegan como vulnerado el derecho fundamental al debido
proceso, procede la Sala a determinar si se observó el procedimiento
administrativo policivo en el trámite adelantado por la Inspección 11A Especial
de Policía de Urbanismo y Construcción de Obras, el cual culminó con la providencia
proferida por el Alcalde Local de Suba que es objeto de cuestionamiento.
Al respecto observa
la Sala:
- Como quedó
precisado antes, con excepción de los peticionarios Alfredo Triana Rojas,
Yolanda Caicedo, María Inés Ramírez viuda de Herrera y María Elena Ramírez
López, a los demás no se les oyó en descargos ni se les dio la oportunidad de
solicitar y aportar pruebas ni de controvertir la actuación administrativa.
- A las personas que
iniciaron construcciones sin licencia, escuchadas en descargos, y a quienes se
les impuso la medida de suspensión de obra, garantizada con caución, pero no
obstante ello prosiguieron con el desarrollo de la misma o la terminaron, no se
les hizo efectiva la caución respectiva y no se les decretó en el momento
oportuno la demolición de la construcción ejecutada, como lo prescribe el
artículo 99 del Código de Policía de Bogotá.
- La inspección
ocular del día 11 de mayo de 1993 se realizó en forma irregular, con la
consecuencia de que lo actuado carece de eficacia jurídica y por lo tanto
resulta inoponible a sus destinatarios, como quedó advertido anteriormente.
- En algunas
diligencias de inspección que se practicaron, se vincularon al proceso algunos
de los presuntos poseedores, pero no se les identificó ni se alinderó el predio
sobre el cual estaba erigida la construcción considerada como ilegal.
- En cuanto hace
relación con la resolución 006 de 1993, la violación del debido proceso se
aprecia por la presencia de irregularidades protuberantes que, por constituir vicios
sustanciales, afectan no sólo la validez, sino la existencia misma de dicho
acto y lo convierten en una verdadera "vía de hecho", según la
precisión que sobre el particular ha hecho la jurisprudencia constante de la
Corte. En efecto:
La resolución declara
en abstracto contraventores a todos los que han construido obras en el predio
Santa Ana y se les sanciona con la medida correctiva de demolición de las
respectivas obras.
Una decisión
concebida en los términos anteriores, puede ser fuente de arbitrariedades
porque la administración no queda limitada por su propia decisión, sino que
eventualmente le permite discrecionalmente y sin control alguno, incorporar
nuevos infractores, según su conveniencia.
Siendo las
sancionadas un número plural de personas, con bienes individualizados, la
motivación y la parte dispositiva de dicho acto, necesariamente han debido
identificar o concretar específicamente a las personas que presuntamente
transgredieron las disposiciones urbanísticas, e igualmente, a los inmuebles
sobre los cuales se edificaron las construcciones pues, a juicio de la Sala, la
contravención y la persona del contraventor deben estar establecidos e
identificados plenamente.
Un elemento
esencial del acto administrativo, que hace parte de la determinación del
objeto, lo constituye la identificación precisa del sujeto pasivo al cual se
aplica la decisión de la administración, e igualmente la delimitación de los
contornos fácticos y jurídicos que permiten estructurarla. Por consiguiente, si
se omiten tales requisitos, indudablemente se afecta la existencia misma del
acto, porque no se podría saber con certeza con respecto a quien o a quienes,
en concreto, se puede demandar y aplicar la consecuencia jurídica que se deduce
de lo ordenado o mandado en el acto. En otras palabras, en este evento
estaríamos en presencia de un acto carente de un elemento esencial para su
existencia y validez como es el objeto, pues la precisión de éste determina el
contenido de la decisión de la administración.
En el presente
caso, en el acto mencionado, no se identifica a ninguno de los infractores, ni
a las construcciones objeto de la actuación administrativa policiva, ni se
precisan las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre las cuales se
estructura la respectiva contravención. De esta manera, se incurre en una
"vía de hecho" por la inobservancia de las normas sustanciales y de
las formalidades esenciales del proceso administrativo policivo, lo cual
configura la violación del debido proceso (art. 29 de la C.P.).
Así las cosas,
la resolución de la Alcaldía Local de Suba sólo puede ser considerada como un
simple hecho y por lo tanto no puede ser ejecutada.
Habiendo
quedado establecida la violación del debido proceso es procedente la tutela
impetrada por los actores, para que con respecto a cada uno de los presuntos
infractores de obras y urbanismo que se encuentran en el predio Santa Ana se
cumpla, en todo su rigor, el procedimiento señalado en las normas
correspondientes. Ello implica que se revocarán los fallos que negaron las
tutelas y se confirmarán aquellos otros que concedieron el amparo solicitado.
Consecuente con lo
expuesto, la Alcaldía Local de Suba debe dejar sin efecto la resolución No. 006
del 25 de octubre de 1993 y rehacer la actuación viciada, para que de esta
forma pueda emitir, si fuere del caso, el respectivo acto administrativo de
conformidad con la ley.
IV. DECISION.
Por las
razones señaladas, la Corte Constitucional en Sala Segunda de Revisión,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR las sentencias de segunda instancia
respecto de los siguientes expedientes: T-50330, ( Juzgado Civil del Circuito,
sentencia octubre 10 de 1994), T-50380 (Tribunal Superior del Distrito Judicial
Santafé de Bogotá- Sala Civil , sentencia octubre 6/94) Santafé de Bogotá- Sala
Civil, sentencia octubre 6/94), T-50492 (Juzgado 5o. Civil del Circuito,
sentencia septiembre 30/94), T-51110 (Juzgado 7o. Civil del Circuito,
sentencia octubre 4/94), T-51148 (Juzgado 23 Civil del Circuito, sentencia
octubre 10/94), T-51165 (Juzgado 23 Civil del Circuito, sentencia octubre
11/94), T-51453 (Juzgado 24 Civil del Circuito, sentencia octubre 25/94),
T-51455 (Juzgado 8o. Civil del Circuito, sentencia octubre 6/94), T-51918
(Juzgado 4o. Civil del Circuito, sentencia octubre 3/94), T-50260 (Tribunal
Superior- Sala Civil Judicial Santafé, sentencia octubre 6/94), T-50342
(Tribunal Superior del Distrito Judicial Santafé de Bogotá- Sala Civil,
sentencia octubre 6/94), T-50866 (Tribunal Superior del Distrito Judicial
Santafé de Bogotá- Sala Civil, sentencia octubre 12/94), T-50897 (Juzgado
Tercero Civil del Circuito, sentencia octubre 12/94), T-50939 (Tribunal
Superior del Distrito Judicial Santafé de Bogotá- Sala Civil, sentencia octubre
11/94), T-51071 (Juzgado 27 Civil del Circuito, sentencia octubre 11/94),
T-51899 (Juzgado 4o. Civil del Circuito, sentencia octubre 3/94), que
confirmaron los fallos de primera instancia y denegaron las tutelas impetradas y,
en su lugar, CONCEDESE a los peticionarios la tutela del derecho al
debido proceso.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de segunda instancia de
octubre 10 de 1994 proferida por el juzgado 22 Civil del Circuito de esta
ciudad, dictada en el proceso T-51285, y confírmase la sentencia del Juzgado
6o. Civil Municipal de septiembre 5/94, que concedió la tutela, pero por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO:
CONFIRMAR la sentencia de
septiembre 6/94, del juzgado 12 Civil del Circuito, correspondiente a la
T-53967, que concedió la tutela, por las razones y en los términos aquí
expuestos.
CUARTO: CONFIRMAR las sentencias de segunda instancia
respecto de los siguientes expedientes: T-49597 (Juzgado sexto Civil del
Circuito, sentencia octubre 3/94), T- 0203 (Juzgado 16 Civil del Circuito,
sentencia octubre 4/94), T-50410 (Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santafé de Bogotá, sentencia octubre 4/94) T-51218 (Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, sentencia octubre /94), T-51328
(Juzgado 32 Civil del Circuito, sentencia octubre 12/94) y T-51645 (Juzgado 6o.
Civil del Circuito, sentencia octubre 20/94), que revocaron las decisiones de
primera instancia y concedieron la tutela impetrada en cada caso.
QUINTO: ORDENASE la suspensión de la ejecución de la
resolución No. 006 del 25 de octubre de 1993, proferida por la Alcaldía Zonal
de Suba, mediante la cual se dispuso la demolición de las construcciones
erigidas en el predio Santa Ana de dicha jurisdicción.
La Alcaldía Local de
Suba ORDENARA dejar sin efectos la aludida resolución y procederá a rehacer la
actuación viciada, para que de esta forma pueda emitir, si fuere el caso, el
respectivo acto administrativo de conformidad con la ley.
SEXTO: ORDENASE librar las comunicaciones a que se refiere el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí previstos.
Notifíquese,
cópiese, publíquese, e insértese en la Gaceta Constitucional.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
468 | T-322-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-322/95
LEGITIMACION POR
PASIVA EN TUTELA/ACCION DE TUTELA-Improcedencia
La acción de tutela sólo procede en relación
con el demandante y, excepcionalmente, en favor de terceros, cuando se trate de
agente oficioso, por no estar el titular en capacidad de promover su propia
defensa. En el presente caso, el actor carece de legitimidad para proponer la
presente acción de tutela.
INSPECCION DE
POLICIA-Falta de higiene
No existe relación directa entre las
condiciones de higiene que se presentan en la Inspección Central de Policía, y
los derechos fundamentales invocados por el demandante como vulnerados, el
derecho al trabajo y el debido proceso.
COSTAS EN TUTELA-Improcedencia
En el presente caso no se observa que el
demandante haya incurrido en manifiesta temeridad al proponer esta tutela.
REF: PROCESO T-65.600
Demandante: RENÉ CÓRDOBA MANTILLA.
Demandado: ALCALDÍA DE SANTA MARTA.
Procedencia: CONSEJO DE ESTADO.
Magistrado
ponente: JORGE ARANGO
MEJÍA.
Aprobada en sesión
de la Sala Primera de Revisión, celebrada en la ciudad de Santafé de Bogotá, a
los veinticinco (25) días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango
Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre la
providencia proferida por el Consejo de Estado en el proceso promovido por
RENÉ CÓRDOBA MANTILLA contra la Alcaldía Mayor de Santa Marta.
El expediente llegó
a la Corte Constitucional, por remisión que hizo el Consejo de Estado, en
virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
I.- ANTECEDENTES.
El actor presentó
ante el Tribunal Administrativo del Magdalena acción de tutela, el 29 de
noviembre de 1994, por las siguientes razones:
a) Hechos.
En su condición de
abogado litigante, adelanta, en forma habitual, procesos ante la Inspección
Central de Policía de Santa Marta, ubicada en la calle 10C con carrera 4,
número 4-15. Las instalaciones externas e internas de la Inspección se
encuentran en pésimas condiciones. Al interior existe un pozo de varios metros
de profundidad “de donde emanan aguas negras, portadoras de todo tipo de
detritus y gérmenes que ponen en peligro la salud no sólo de las personas que
en su calidad de abogado deben ejercer su profesión al interior de la
Inspección Central, sino también de los retenidos, inspectores, secretarios,
agentes de policía adscritos, notificadores, y de todas las personas que de una
u otra forma tiene (sic) que ventilar una determinada situación jurídica-legal
ante la Inspección. . . .”
b) Derechos
constitucionales presuntamente vulnerados.
En concepto del
actor, las condiciones en que se encuentran las instalaciones donde funciona la
Inspección viola los siguientes derechos fundamentales:
Artículo 12, pues por la pasividad en iniciar las obras
de restauración necesarias, la Alcaldía de Santa Marta infringe tratos
degradantes e inhumanos a los allí detenidos.
En su concepto se
viola el artículo 25, dado que el trabajo “es un derecho y una
obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección
del Estado.” Señala que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.
Sobre la violación
al artículo 29, luego de transcribir el artículo constitucional, el
actor la explica así: “La actual situación de la Inspección Central de Policía
nos deja a merced de las condiciones de insalubridad y nos causa un impacto que
afecta nuestras condiciones físicas y sicológicas, desconociendose (sic) la
obligación que tiene el Distrito de Santa Marta a través de la Alcaldía
Distrital de facilitarnos las (sic) debida protección y garantías para el pleno
desarrollo de nuestra noble y encomiable labor jurídica.”
También señala como
violados los derechos consagrados en la Constitución en los artículos 49 y 79,
sobre la atención a la salud, el saneamiento ambiental y el ambiente sano.
c) Pretensiones.
El actor solicita
que se restablezcan los derechos conculcados señalados por él; que se evite que
a los retenidos que se encuentran en las instalaciones de la Inspección y a los
cuales “les prestamos asistencia jurídica, se sientan degradados en su
condición humana y se siga atentando contra la salud y la vida de los mismos.”;
y, finalmente, que se ordene a la demandada a “rodear de plenas garantías a los
abogados litigantes que adelantamos procesos en la Inspección Central de
Policía, ubicada en la Calle 10C Cra. 4-15, para que no se continúe con la
conducta omisiva.”
d) Pruebas.
El actor adjuntó
fotografías en las que se observa la situación de la Inspección y solicita que
se practique una inspección judicial al inmueble.
Posteriormente, en
sendos memoriales, el actor aportó otras pruebas, así: copia del poder para que
se constituya en parte civil dentro de un proceso que se adelanta en la
Inspección, y copia de las actuaciones relacionadas con dicho proceso. También
anexó una certificación médica en la que consta lo siguiente:
“Certifico: que el
paciente [René Córdoba Manilla] se encuentra en tratamiento médico y
observación clínica, debido a una virosis = catarral. Esto lo incapacita por el
tiempo comprendido desde 22 de septiembre hasta la fecha. Además necesita de
controles periódicos médicos. fecha XII - 5 de 1994”
e) Actuación
procesal.
Una vez avocado el
conocimiento de la presente acción por parte del Tribunal Administrativo del
Magdalena, se ordenó notificar al Alcalde y se solicitó al Secretario de
Gobierno información relacionada con el mantenimiento de las Inspecciones de
Policía. También ordenó practicar una inspección judicial.
El 9 de diciembre de
1994, el Magistrado sustanciador del Tribunal realizó la inspección judicial
respectiva; en ella estuvieron presentes el actor, el Procurador Judicial
adscrito al Tribunal Administrativo y el Coordinador de Inspecciones de la
Personería. Fueron atendidos por el Notificador de la Inspección y el
Comandante de guardia. El contenido del acta, se resume así:
- El acceso a la
oficina de atención al público se encuentra en aceptables condiciones de
higiene.
- Lo mismo sucede
con el acceso al sitio de la Guardia de la Policía.
- En el interior,
donde confluyen los calabozos y sitios de detención, se encuentra un salón
amplio, con poca luz, y, en medio un pozo, que corresponde a la iniciación de
una obra que quedó inconclusa. Contiene agua estancada, lo que propicia la
formación de larvas y mosquitos. Según el personal de la Inspección, en horas
muy calurosas, el sitio se vuelve maloliente.
- Al lado de este
salón hay un calabozo en buenas condiciones de higiene y tiene baño.
- Hacia el fondo del
salón existe una sala amplia de detenidos, en regular estado de aseo. También,
en regular estado de aseo, se encuentran los baños. Hay dos calabozos cerrados,
que no se utilizan como tales y tienen gran cantidad de basura.
Se señala en el
acta: “Como conclusión de la observación general de las dependencias de la
Inspección de policía, con excepción del pozo a que se ha hecho referencia,
ésta presenta condiciones de habitabilidad o utilización normal.” . . . “Como
última observación se anota que a la inspección confluye bastante personal que
es atendido en las dos oficinas de entrada, que es a donde le llega el público
y se hacen presentes los abogados litigantes.”
El actor, en
memorial dirigido al Tribunal, solicitó que se practique nueva inspección en
compañía de funcionarios del departamento de epidemiología, de la Secretaría
Seccional de Salud, para que se verifique el estado de insalubridad del
establecimiento.
También obra en el
expediente la respuesta que envió la Secretaría de Gobierno sobre el requerimiento
hecho por el Tribunal. Allí se señala que el mantenimiento locativo de las
Inspecciones de Policía corresponde al Alcalde, pues la Secretaría no dispone
de independencia presupuestal. Sobre las obras iniciadas en la Inspección
Central, pero no finalizadas, esta situación obedeció a que la Tesorería no dio
el anticipo correspondiente al contratista.
f) Sentencia de
primera instancia.
En sentencia de 9 de
diciembre de 1994, el Tribunal Administrativo del Magdalena negó la
tutela solicitada, y condenó en costas al peticionario.
En primer lugar, el
Tribunal diferencia entre la situación particular del actor como abogado que
concurre a la Inspección de Policía, y la otra, general y colectiva, de los
detenidos, funcionarios y empleados de la Inspección.
A partir de esta
diferenciación, el a quo consideró que de todos los derechos invocados
por el actor como vulnerados, el único que pudiera estar relacionado
directamente con él, sería el derecho al trabajo. Pero, que en el presente
caso, a pesar de la certificación médica, no existe una relación de causalidad
entre la virosis que padece el demandante y su presencia en la Inspección.
Prueba de ello es lo
siguiente: si bien en la certificación médica se señala una incapacidad desde
el 22 de septiembre de 1994 hasta la fecha de la tutela, el actor ha realizado
diligencias ante la Inspección, dentro de este período, además, dicha afección
es posible adquirirla en alguno de los múltiples focos infecciosos que existen
en la ciudad. Y en el proceso al que se refiere el actor, en el cual él es
apoderado, no lo hace en representación de alguien que esté detenido, sino como
parte civil en un asunto de fraude por medio de cheques.
Señala el Tribunal
que las condiciones de la Inspección no pueden impedirle, tal como lo argumenta
el demandante, atender con probidad y celosa diligencia con sus obligaciones
profesionales, pues éstas se relacionan con la honradez, la rectitud moral y
con una conducta ajena al fraude y a la inmoralidad.
Sobre la situación
general y colectiva de las personas que se encuentran en la Inspección, bien
sea en su condición de empleados o de detenidos, o de profesionales del
derecho, el Tribunal señala que el actor no está legitimado para
representarlos.
Además, los derechos
a la salud, medio ambiente sano, etc., pueden hacerse valer por medio de las
acciones populares.
Finalmente, censura
la utilización de la tutela por parte del demandante, pues ve en ello un afán
protagónico, y, por consiguiente, existe temeridad en su acción.
Sin embargo, por
existir un foco infeccioso en la Inspección, el Tribunal ordena enviar copia de
la sentencia al Alcalde para que se adopten las medidas pertinentes.
g) Sentencia de
segunda instancia.
Impugnado el fallo,
el Consejo de Estado, en providencia de 27 de febrero de 1995, confirmó la
sentencia del Tribunal.
El Consejo de Estado
consideró que el demandante no estaba legitimado para agenciar derechos ajenos.
Además, en su condición de litigante, no se le han violado los derechos por él
aducidos.
Observó el Consejo
que no son susceptibles de protección a través de la tutela los derechos
contenidos en los artículos 49 y 79 de la Constitución. Excepcionalmente,
procede la tutela cuando obran pruebas de que se relacionan directamente con el
derecho a la vida. Lo que no ocurre en este proceso.
Señala el Consejo de
Estado que en el expediente no aparece que al actor la Alcaldía lo haya
sometido a tratos inhumanos y degradantes.
Sobre el derecho al trabajo,
manifestó el Consejo:
“4. Tampoco aparece
que la situación del mencionado inmueble viole el derecho al trabajo del
accionante, pues las condiciones dignas y justas a que se refiere el artículo
25 de la Constitución debe garantizarlas el patrono, mientras que el accionante
aduce su condición de profesional independiente, además de que según la
jurisprudencia de esta Corporación, este derecho tampoco es susceptible de
garantía a través de la acción de tutela por no ser un derecho de aplicación
inmediata según el artículo 85 de la Carta.”
El Consejo,
finalmente, señala que la situación del inmueble donde funciona la Inspección,
no afecta el debido proceso.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera.- Competencia.
La Corte
Constitucional es competente en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución.
Segunda.- Breve
justificación de esta sentencia
El artículo 35 del
decreto 2591 de 1991, establece que “Las decisiones de revisión que revoquen o
modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el
alcance general de las normas constitucionales deberán ser motivadas. Las
demás podrán ser brevemente justificadas." (Se resalta). Por
consiguiente, en la presente providencia, se procederá a hacer sólo una breve
referencia a algunos aspectos de este proceso, pues esta sentencia no va a
modificar o a revocar el fallo del Consejo de Estado, ni unificará
jurisprudencia constitucional, ni el expediente bajo examen permite aclarar
normas constitucionales.
La Sala comparte las
consideraciones del Consejo de Estado en cuanto señala que la acción de tutela
sólo procede en relación con el demandante y, excepcionalmente, en favor de
terceros, cuando se trate de agente oficioso, por no estar el titular en
capacidad de promover su propia defensa.
Al respecto, cabe
agregar, que en tal evento, el artículo 10, inciso segundo del decreto 2591 de
1991, exige que cuando se actúe en tal calidad, es decir, como agente oficioso,
así se debe manifestar.
En el presente caso,
tal como se señaló en los fallos de instancia, el actor carece de legitimidad
para proponer la presente acción de tutela.
También la Corte
comparte lo afirmado por ad quem en el sentido de que no existe relación
directa entre las condiciones de higiene que se presentan en la Inspección
Central de Policía, y los derechos fundamentales invocados por el demandante
como vulnerados, el derecho al trabajo y el debido proceso.
El Consejo considera
que al actor no se le viola el derecho al trabajo, pues las condiciones dignas
y justas a que se refiere el artículo 25 de la Constitución, debe
suministrarlas el patrono, y el actor está invocando su calidad de profesional
independiente; además, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado,
el derecho al trabajo no es susceptible de garantía a través de la acción de
tutela, pues según el artículo 85 de la Constitución, no es de aplicación
inmediata.
Sin embargo, sobre
esta última consideración, se observa que ella no es la posición que tiene la
Corte Constitucional al respecto. En numerosas sentencias de esta Corporación, se
ha analizado por qué el derecho al trabajo es un derecho fundamental, tutelable
en determinadas circunstancias. Al respecto, pueden verse, entre otros, los
siguientes fallos: T-167, T-345, T-402, de 1994; T-115 de 1995.
También, vale la
pena transcribir lo señalado en la sentencia T-463 de 1993, de la Corte
Constitucional, sobre el artículo 85 de la Constitución.
"Es cierto,
como lo anota el fallo que denegó la tutela, que los derechos a la seguridad
social y al trabajo, consagrados en los artículos 25, 48 y 53 de la
Constitución, no son de aplicación inmediata, según el artículo 85 de la misma
Carta Política y necesitan de desarrollo y regulación legal. Pero ello no
implica que los trabajadores colombianos hayan quedado desprotegidos en sus
derechos mientras el Congreso legisla. Todo el Régimen Laboral Colombiano,
tanto el aplicable al sector privado como el correspondiente a los servidores
del Estado, que estaba vigente al expedirse la Constitución de 1991, sigue
vigente en cuanto no sea contrario a las nuevas normas superiores y es la ley a
cuyo imperio están sometidos los jueces de la República para fallar las causas
de que conocen." (Magistrado ponente, doctor Carlos Gaviria Díaz)
Con la precisión
anterior, se confirmará la sentencia del Consejo de Estado, sobre la
improcedencia de la presente acción de tutela, salvo lo relativo al pago de
costas a cargo del demandante, que ordenó el Tribunal.
En efecto, el Tribunal
Administrativo del Magdalena, en el numeral 3. de la parte resolutiva, de la
sentencia de fecha 9 de diciembre de 1994, estipuló: “Condénase en costas al
peticionario. Tásense.” El Consejo de Estado al confirmar la sentencia del
Tribunal, no se refirió expresamente al asunto.
Sin embargo, al
tenor del artículo 25, inciso cuarto, del decreto 2591 de 1991, para que
proceda tal condena debe “estimarse fundadamente que incurrió en
temeridad.” (se resalta)
La Corte
Constitucional considera que en el presente caso no se observa que el
demandante haya incurrido en manifiesta temeridad al proponer esta tutela. Por
lo tanto, se revocará el numeral 3. de la sentencia del Tribunal.
III.- DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto,
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
CONFÍRMASE la sentencia
del Consejo de Estado, de fecha 27 de febrero de 1995, por la cual se denegó la
tutela solicitada por el señor René Córdoba Mantilla. REVÓCASE lo
relativo a la condena en costas, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Segundo.-
COMUNÍQUESE la presente
decisión al Tribunal Administrativo del Magdalena, para que sea notificada a
las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del decreto 2591
de 1991.
Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional.
JORGE ARANGO
MEJÍA
Magistrado
ANTONIO
BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA V.
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General |
469 | T-323-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-323/95
ACCION DE TUTELA
CONTRA AUTO DEL CONSEJO DE ESTADO/CONTROVERSIA LABORAL/JURISDICCION
ORDINARIA/VIA DE HECHO-Inexistencia
En caso de controversia entre el ISS y los
patronos o afiliados, deben ser definidos por la justicia ordinaria, por
expresa disposición legal. En consecuencia, el asunto planteado por el
peticionario no corresponde a la competencia de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Por el contrario, se trata de un asunto laboral ordinario, cuyo conocimiento
está sustraído a la justicia contencioso administrativa, como expusiera en su
momento la autoridad judicial demanda en sede de tutela. No se configura, por lo
tanto, una vía de hecho mediante la actuación judicial que confirmó la
providencia inadmisoria de la demanda.
ACCION DE TUTELA
TEMERARIA/COSTAS EN TUTELA
El ejercicio temerario de la acción de
tutela, que justifica la condena en costas al peticionario consiste en la
indebida interposición de la misma cuando manifiestamente - de acuerdo con los
hechos acreditados - las actuaciones contra las cuales se endereza habían sido
repetidamente revisadas en las diferentes instancias judiciales, y de manera
palmaria no se vislumbra en sus decisiones traza alguna de arbitrariedad.
JULIO 26 DE 1995
Ref.: Expediente T-69804
Peticionario: ERNESTO BERNAL MENDEZ
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Temas:
- Tutela contra providencias judiciales por vías de
hecho
- Ejercicio temerario de la acción de tutela
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha
pronunciado
EN NOMBRE DEL
PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
la siguiente
S E N T E N C I A
En el proceso de
tutela T-69804, promovido por ERNESTO BERNAL MENDEZ contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
ANTECEDENTES
1. ERNESTO BERNAL
MENDEZ manifiesta que luego de haber trabajado durante varios años para una
entidad particular, le fue reconocida una pensión de vejez mediante resolución
expedida por el Instituto de Seguros Sociales. Sin embargo, afirma que la
entidad de seguridad social, cuando aún era un establecimiento público, sin su
consentimiento, revocó el acto administrativo en el que se le reconocía la
pensión.
2. Ante tal
determinación, el petente dice haber entablado acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Instituto de Seguros Sociales ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, concomitantemente, acción de tutela
como mecanismo transitorio para obtener la protección inmediata de su derecho,
la cual finalmente le fue denegada por considerarla improcedente.
3. La acción de
nulidad y restablecimiento del derecho fue admitida inicialmente por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
"B", mediante auto del 1º de abril de 1993. No obstante, luego de ser
impugnado por el Ministerio Público, el mencionado auto fue revocado y, por
consiguiente, inadmitida la demanda, mediante auto del 17 de junio de 1993. A
juicio del Tribunal, por tratarse de la acción de nulidad y restablecimiento de
un derecho de carácter laboral proveniente de un contrato de trabajo, el
conocimiento de la controversia le corresponde a la justicia ordinaria.
4. La parte actora
interpuso recurso de apelación contra el auto inadmisorio de la demanda. El
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
mediante auto del 21 de noviembre de 1994, confirmó el auto impugnado. Invocó
como fundamento de su decisión que el competente para conocer de las
controversias de carácter laboral suscitadas entre el ISS y sus afiliados, es
el juez ordinario.
5. El Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, mediante auto
del 15 de diciembre de 1994, negó la solicitud de aclaración y adición del auto
del 21 de noviembre, elevada por la parte actora. Sostuvo que "los
artículos 237-1-2 y 238 de la Constitución de 1991 no atribuyeron a la
jurisdicción especial de lo Contencioso Administrativo el conocimiento
exclusivo de acciones contra actos administrativos", sino que "ambas
normas supeditaron ese conocimiento a lo que establezca la ley". En el
presente caso, estimó que, en virtud de lo estatuido en el artículo 68 de la
Ley 90 de 1946, las controversias que suscite la aplicación de esta ley entre
el Instituto y asegurados o beneficiarios, son de competencia de la
jurisdicción ordinaria.
6. ERNESTO BERNAL
MENDEZ interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
por considerar que éste, mediante las providencias de noviembre 21 y diciembre
15 de 1994, incurrió en una vía de hecho violatoria de su derecho fundamental
al debido proceso (C.P. art. 29). A su juicio, la vía de hecho consistió en la
negativa del Consejo de Estado de conocer una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada contra un acto administrativo del ISS
que le arrebató su pensión de vejez. Considera que la naturaleza del asunto
sometido ante la jurisdicción administrativa y no la ley que distribuye
competencias entre las diversas jurisdicciones, es la que determina el juez
competente. Manifiesta que el desconocimiento de la responsabilidad de juzgar
los actos administrativos por parte del Consejo de Estado, le deja sin juez que
pueda conocer de la nulidad del acto administrativo y del restablecimiento de
su derecho a la pensión, actuación omisiva que viola su derecho fundamental al
debido proceso. Solicita, en consecuencia, se ordene al Tribunal demandado
conocer de la acción contencioso administrativa ejercida contra el Instituto de
Seguros Sociales.
7. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por sentencia de marzo 16 de 1995, denegó la
tutela impetrada. Estima que la tutela busca dejar sin efectos dos autos
dictados por la Sección Segunda del Consejo de Estado, para que, en su lugar,
se tramite una demanda previamente inadmitida. Advierte que la acción de tutela
no es procedente contra providencias judiciales. Los referidos autos, sostiene,
tampoco son constitutivos de una vía de hecho contra la que si procedería la
acción de tutela. "La circunstancia de que la Sección Segunda haya
confirmado el auto inadmisorio de la demanda - dice -, por aquellas razones
clara y expresamente consignadas en su providencia, no puede tornarse en
ninguna vía de hecho ni vulneración alguna a su derecho al debido
proceso".
8. El peticionario
interpuso recurso de apelación en contra de la anterior providencia. Afirma que
"las razones inconstitucionales, por claras que sean, no se convalidan así
mismas, ni sanean su propio vicio". Sostiene que cuando las razones
contenidas en las aparentes providencias judiciales se apartan del mundo
jurídico - en este caso ese mundo dispone que los asuntos administrativos son
del conocimiento exclusivo y excluyente del Consejo de Estado -, se viola el
derecho al debido proceso.
9. El Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, mediante
sentencia de abril 6 de 1995, confirmó la sentencia impugnada. Considera que el
petente pretende dejar sin efecto la providencia por la cual se inadmitió la
demanda presentada contra el Instituto de Seguros Sociales. Niega que el auto
confirmatorio de la providencia que inadmitió la demanda, sea una vía de hecho.
"El auto en referencia - sostiene - se limita a predicar, recogiendo
reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, que la definición del conflicto
de intereses corresponde a la justicia ordinaria. Luego el demandante sí tiene
juez que le resuelva su problema".
10. En respuesta a
la solicitud de esta Sala contenida en auto de julio 11 de 1995, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca remitió, con destino al proceso de la
referencia, copia auténtica de las actuaciones adelantadas ante ese Tribunal y
ante el Consejo de Estado, en el trámite de la demanda de nulidad instaurada
por el petente contra el ISS. Sobre el asunto objeto de controversia, puede
observarse lo siguiente:
10.1 Por Resolución
03173 de diciembre 18 de 1987, el Instituto de Seguros Sociales reconoció a
LUIS ERNESTO BERNAL MENDEZ pensión de vejez. La liquidación de la prestación se
basó en 963 semanas cotizadas, con salario base de $59.125,72 pesos.
10.2 El beneficiario
presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación en contra de la
anterior resolución. Esta fue confirmada por la Comisión de Prestaciones, pero
posteriormente revocada por el Gerente del ISS, mediante resolución 003885 del
22 de octubre de 1992. Para proferir este último acto, la administración
efectuó un nuevo estudio de los documentos del actor. Encontró que éste había
continuado laborando en la Empresa Manufacturas de Cemento S.A. y cotizando al
seguro social con posterioridad al reconocimiento de la pensión en diciembre de
1987, por lo que consideró necesario modificar la fecha de la causación de la prestación
y concederla a partir del día siguiente al de la última cotización. En
consecuencia, el ISS procedió a modificar la resolución impugnada y a reconocer
el derecho a la pensión a partir del 1º de abril de 1992, por un total de 1.084
semanas cotizadas y con un salario base de $72.000 pesos.
10.3 El petente
instauró acción de la nulidad y restablecimiento del derecho contra la
resolución 03885 del 22 de octubre de 1992, proferida por el Gerente del
Instituto de Seguros Sociales. En la respectiva demanda, plantea como
pretensión principal que se anule el acto administrativo demandado y, en su
lugar, se disponga que el demandante "tiene derecho a la pensión de vejez
a partir del 21 de octubre de 1986, conforme a lo que se había reconocido en la
Resolución 01373 de 1987, pero sobre la base del sueldo de $72.000 que entonces
devengaba".
10.4 La demanda
contra la resolución 03885 de octubre 22 de 19992 fue admitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, pero posteriormente inadmitida por el mismo Tribunal
mediante auto de junio 17 de 1993, de cuya apelación conoció el Consejo de
Estado. Este último confirmó las providencias citadas mediante los autos del 21
de noviembre y 15 de diciembre de 1994, que ahora se acusan como constitutivas
de una vía de hecho, por parte del peticionario.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Pretensiones del
demandante
1. El demandante
pretende que por vía de un fallo de tutela se deje sin efecto la decisión del
Consejo de Estado, confirmatoria de la providencia del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que inadmitió la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada contra el Instituto de Seguros Sociales. Solicita, en
consecuencia, se ordene al Consejo de Estado conocer del acto administrativo
demandado.
Estima que la
decisión del Consejo de Estado le deja sin juez ante el cual acudir para
impugnar el acto administrativo lesivo de sus intereses, por lo que esta
actuación omisiva constituye una vía de hecho que viola su derecho fundamental
al debido proceso.
Decisiones de
instancia
2. Los Tribunales de
tutela coinciden en afirmar que la providencia impugnada no constituye una vía
de hecho. El auto que confirmó la inadmisión de la demanda en sede
administrativa no sólo se sustentó en claras razones legales que se relacionan
con la competencia de la jurisdicción ordinaria para conocer de las
controversias surgidas entre el ISS y sus afiliados, sino que es consistente
con la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado.
Inexistencia de
actuación de hecho y ejercicio temerario de la acción de tutela
3. La decisión
judicial de inadmitir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
incoada contra el acto administrativo emanado del Instituto de Seguros
Sociales, se basó en normas legales que atribuyen a los jueces laborales
ordinarios el conocimiento de los litigios entre el ISS y sus afiliados, entre
otros. El actor rechaza esta interpretación de la ley, y argumenta que la
Constitución asigna al Consejo de Estado la competencia exclusiva y excluyente
sobre los asuntos administrativos (C.P. arts. 237, 238).
Se equivoca el
petente al aducir que sólo la naturaleza del acto demandando determina la
competencia de los jueces para conocer de determinados asuntos. Si bien la
presunta afectación de su derecho a la pensión se concreta con la expedición
del acto administrativo demandado, lo cierto es que el fundamento de la
variación en el monto y en la fecha de causación de la pensión dependen de factores
como el tiempo de cotización al sistema de seguridad social y el salario base
con que se liquida la prestación social, asuntos éstos que, en caso de
controversia entre el ISS y los patronos o afiliados, deben ser definidos por
la justicia ordinaria, por expresa disposición legal. En consecuencia, el
asunto planteado por el peticionario no corresponde a la competencia de la
jurisdicción Contencioso-Administrativa. Por el contrario, se trata de un
asunto laboral ordinario, cuyo conocimiento está sustraído a la justicia
contencioso administrativa, como expusiera en su momento la autoridad judicial
demanda en sede de tutela. No se configura, por lo tanto, una vía de hecho
mediante la actuación judicial que confirmó la providencia inadmisoria de la
demanda.
4. La Corte advierte
en la presente ocasión un ejercicio abusivo y temerario de la acción de tutela
por parte del demandante. No es cierto, como lo afirma en su escrito de tutela,
que el Instituto de Seguros Sociales, luego de haberle reconocido una pensión
de vejez, le hubiese "arrebatado" este derecho, mediante un acto
administrativo posterior, dictado sin su consentimiento. El segundo
pronunciamiento de la administración vino a desatar la impugnación presentada
por el mismo demandante contra el acto administrativo que reconocia la pensión
y con cuya liquidación éste no estuvo de acuerdo. La variación del salario y de
las semanas cotizadas llevaron a una nueva liquidación y consiguiente
reconocimiento de la pensión de vejez. A juicio del ISS, la pensión sólo podía
hacerse efectiva a partir de la última cotización del empleado (febrero 28 de
1989). De cualquier forma, la inconformidad con la decisión del organismo de
seguridad social se relaciona con la liquidación de la prestación, asunto cuyo
conocimiento la ley asigna a la jurisdicción ordinaria. Ante esta situación, el
peticionario, a partir de la providencia que inadmitió la demanda, tenía la
posibilidad de instaurar la correspondiente demanda ordinaria y de impugnar la
decisión del Tribunal Administrativo, como en efecto lo hizo. Lo que no resulta
un comportamiento leal y razonable es la interposición de la acción de tutela
con fundamento en hechos expuestos en forma inexacta y parcial, contra la
providencia que confirmó el auto inadmisorio. No le bastaba al demandante para
ejercer la acción de tutela con afirmar que la decisión demandada "le
dejaba sin juez que conociera de su asunto", más aún cuando podía
interponer la respectiva demanda laboral. Sus derechos no quedaban sin
protección judicial, ya que el propio ordenamiento prevé la forma de resolver
la colisión negativa de competencias en el remoto caso que ésta se presentara
debido al rechazo eventual de la demanda por parte de la jurisdicción
ordinaria.
El ejercicio
temerario de la acción de tutela, que justifica la condena en costas al
peticionario (D. 2591 de 1991, art. 25 último inciso), consiste en la indebida
interposición de la misma cuando manifiestamente - de acuerdo con los hechos
acreditados - las actuaciones contra las cuales se endereza habían sido
repetidamente revisadas en las diferentes instancias judiciales, y de manera
palmaria no se vislumbra en sus decisiones traza alguna de arbitrariedad.
D E C I S I O N
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión,
R E S U E L V E:
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de tutela
del 6 de abril de 1995, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
SEGUNDO.-
CONDENAR al demandante,
ERNESTO BERNAL MENDEZ, al pago de costas como consecuencia del ejercicio
temerario de la acción de tutela.
TERCERO.- ORDENAR al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección "B", tribunal de primera
instancia en el presente proceso de tutela, se sirva tasar las costas que debe
cancelar el peticionario, de conformidad con lo dispuesto en el numeral segundo
de esta providencia.
CUARTO.- LIBRESE comunicación al mencionado Tribunal, con
miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido
en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
(Sentencia aprobada
por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a
los veintiséis (26) días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco
(1995) ). |
470 | T-324-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-324/95
DERECHOS DEL
INTERNO A LA NOTIFICACION PERSONAL
La notificación en debida forma constituye
el presupuesto fundamental de defensa de los ciudadanos frente a las decisiones
de los jueces y constituye además, condición de eficacia de las providencias
judiciales, cuya firmeza y ejecutoriedad depende de la fecha exacta en que ella
es conocida por quien debe cumplirla o está en capacidad de impugnarla o
controvertirla. De conformidad con el ordenamiento jurídico y en aras de la
equidad, a las personas detenidas o condenadas, las providencias judiciales
deben serles notificadas personalmente, para que ésta se entienda surtida en
debida forma.
TERMINO PROCESAL-Cumplimiento/DEBIDO PROCESO-Vulneración/PRIVACION
DE LA LIBERTAD/HABEAS CORPUS
En principio la tutela no procede para
amparar la libertad personal, puesto que la acción idónea para tal efecto es el
habeas corpus. Sin embargo, esta Corporación no comparte los criterios de ese
tribunal en relación con el debido proceso, pues considera que el
desconocimiento de los términos legales y la prolongación ilícita de la privación
de la libertad no sólo puede acarrear sanciones disciplinarias al funcionario
que incurra en tales conductas sino que, además, tales hechos pueden generar
violaciones al debido proceso, amparables, en determinadas circunstancias, por
la vía de la tutela. En efecto, admitir que decisiones ulteriores pueden
convalidar automáticamente la situación irregular de privación de la libertad
equivale a hacer nugatorio, en muchos casos, el derecho al debido proceso y la
eficacia misma del habeas corpus. El juez de tutela debía proceder a examinar
en concreto si efectivamente hubo o no indebida dilación de los términos de
privación de la libertad y resolución de las peticiones del procesado con el
fin de determinar si existía violación al debido proceso. Las pruebas incorporadas
a este expediente y el análisis de las normas procesales vigentes en el momento
en que fue negada la libertad al petente permiten concluir que la Fiscalía no
desconoció los términos procesales establecidos por la ley. Por ende no estaba
obligada a conceder la libertad al petente ni hubo vulneración al debido
proceso.
REF: Expediente
Nº 49243
Actor: Nicolas de
Jesús Carvajal
Procedencia:
Tribunal Superior Sala Civil de Medellín
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Tema:
- Notificación
personal de las decisiones de tutela a las personas privadas de la libertad.
-Debido proceso,
privación de la libertad y vencimiento de los términos procesales.
Santa Fe de Bogotá ,
D.C., julio veintiseis (26) de mil novecientos noventa y cinco (1995)
La Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro
Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso
de tutela identificado con el número de radicación 49243
I. ANTECEDENTES
Con base en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la
Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para
efectos de su revisión, la acción de tutela T-49243. Por reparto le
correspondió dicho negocio a esta Sala Séptima de Revisión.
1. Solicitud.
El ciudadano NICOLAS
DE JESÚS CARVAJAL E. instaura el 22 de agosto de 1994 acción de tutela contra
la Fiscalía Regional de Orden Público de Medellín, división Primera, pues
considera que esa autoridad pública desconoció los derechos fundamentales que
consagran los artículos 4º, 23, 28 y 29 de la Constitución Nacional, cuando
profirió resolución de acusación en su contra y le negó una petición de
libertad.
Según el criterio
del petente, quien al momento de presentar la acción se encontraba recluido en
la cárcel de Bellavista de Bello (Antioquia), la resolución de acusación se
hizo con base en los decretos de Conmoción Interior de 1994 (874, 875, 951 y
952) que fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, lo que ha
debido llevar al funcionario a darle prelación a las normas de la Carta
Constitucional. Por consiguiente, al no hacerlo, la autoridad judicial violó
el artículo 4º de la Carta.
De esa manera,
considera el actor, se vulneró el debido proceso consagrado en el artículo 29
de la Constitución, puesto que la decisión se fundamentó en normas
"derogadas". Además, la autoridad judicial violó también este derecho
fundamental al haber dictado la providencia calificatoria sin atender primero
la solicitud presentada desde el día 26 de mayo de 1994, en la cual el
sindicado pedía la libertad por vencimiento de términos. Dice entonces
expresamente el actor:
"El día 26 de mayo del año presente demandé
mi libertad por vencimiento de términos, Ley 81 de 1993, art. 55 modificativo
del art. 415 n. 4º del C. de P. P., causal de libertad establecida por la Ley,
pero primero se me dicta resolución acusatoria bajo fecha junio 14, luego se
deniega mi libertad un día después, cuando aún no se había ejecutoriado el
llamamiento a juicio. Es incuestionable el agravio al debido proceso, la
violación a las garantías fundamentales, establecidas en el derecho de defensa,
y en el principio de favorabilidad. Hubo parcialidad procesal."
2- La decisión de
primera instancia.
La tutela fue
presentada ante el Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, quien ofició a la
Cárcel de Bellavista con el fin de que el petente manifestara, bajo la gravedad
de juramento, que no había presentado otra tutela por los mismos hechos.
Cumplido tal requisito, el Tribunal ofició a la Fiscalía con el fin de que se
enviara copia de la resolución de acusación y del estado actual del proceso
penal contra el petente. Recibida tal prueba, el Tribunal, mediante sentencia
del seis de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, negó, por improcedente,
la tutela.
Según criterio de
esa Corporación, en lo relativo a la libertad, la acción de tutela no es
procedente por cuanto el ordenamiento colombiano ha previsto para tal efecto el
recurso de hábeas corpus. Y, con relación a la presunta violación del debido
proceso, considera el fallador lo siguiente:
"Si se
entiende que lo pretendido es la violación del derecho fundamental del DEBIDO
PROCESO porque, según lo afirma el memorialista, se le resolvió
extemporáneamente la solicitud de libertad, advierte la Sala que una cosa
es el estar retenido ilegalmente y otra el estarlo legalmente.
Frente a esta segunda situación que es la deducible de un procesado a quien se
le profiera auto con resolución de acusación, (lo que supone detención legal)
en nada varía su derecho porque el funcionario competente para resolver sobre
la libertad, lo haya hecho oportunamente o haya dejado vencer el término. Desde
el punto de vista del debido proceso lo que interesa es que haya habido
pronunciamiento otorgando o negando la libertad. Y es el propio accionante
quien reconoce que le fue negada, lo que además se confirma con la
constancia expedida por la Fiscalía Fs. 2 y 49.
Si ese
pronunciamiento del funcionario fue extemporáneo, podrá haber sanciones
disciplinarias o penales, mas no violación del debido proceso, lo que impone el
rechazo de la acción propuesta, por este motivo."
Finalmente,
considera la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín que la tutela no
procede tampoco en este caso por cuanto está referida a "una providencia
judicial como lo es la resolución acusatoria mediante la cual culmina la fase
del sumario, para entrar a lo que es, propiamente, el juicio penal. Esa
improcedencia deriva de que la Acción de Tutela no es un recurso alternativo
de los que aquella providencia admite."
3- La
impugnación.
Según constancia de
la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, el 19 de
septiembre de 1994 fue recibido, de un tercero, un escrito del petente en el
cual señala que procede a sustentar la apelación que había interpuesto contra
la decisión de primera instancia (fls. 64 a 68). En este escrito, el actor
afirma que no está de acuerdo con el criterio del Tribunal, según el cual los
actos omisivos del funcionario acusado únicamente ameritan una posible
investigación administrativa. Dice entonces el impugnante:
"A decir
verdad, quizás por la falta de ilustración del incoante, la cual es
incuestionable porque en estos Tópicos soy lego, me llevaron a pensar en
determinado momento, que una norma tiene contenido sustancial, entre otros,
cuando contienen derechos, o garantías que se refieren o afectan la libertad de
las personas o derechos fundamentales de las mismas.
Bajo ese perfil,
tenemos que cuando existen normas procedimentales de contenido sustancial, la
favorabilidad es obligatoria y por ello debe aplicarse la norma más
"favorable" vigente a la fecha de la comisión del punible o la
posterior a este, de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Esta es la
situación que precisamente se presenta en mi caso.
Sabido es por
todos Honorable señor magistrado, que el Tránsito de legislación ocasiona
Traumatismos en los procesos iniciados bajo el imperio de determinada ley y que
debe acoplarse a las nuevas normas de carácter legislativo, pero observando en
todo momento el principio constitucional de favorabilidad."
Con base en tales
consideraciones, concluye entonces el actor:
"Ante este
panorama, tenemos entonces: primero, el señor Fiscal, ignoró, o al menos olvidó,
hacer una evaluación sobre la norma procedimental más favorable al endilgado;
segundo; reunió un conjunto de decretos derogados por la Honorable Corte
Constitucional, tales como: decretos, 874, 875, 951 y 952 de 1994, para
justificar su denegación a mi libertad provisional por vencimiento de términos,
acorde a los parámetros legales y reglamentarios consignados al tenor de la ley
81 de 1993, en su art. 55, que traza textual, explícita, inequívocamente,
delimitativa y concretamente mi causal de libertad estatuida dentro del
contenido del art. 415 numeral 4º del C. de P.P. Vamos más lejos: el día 26 de
mayo, fecha en que invoque mi libertad, aún no se había calificado el mérito de
la instrucción, lo que demuestra a las claras la flagrante violación al debido
proceso, al derecho a la libertad, arts. 23, 26, 28 y 29 de la Carta Política,
es de observarse respetado señor magistrado, que si una decisión judicial que
constituye un agravio a la ritualidad procesal, al principio universal de la
presunción de inocencia, al principio de favorabilidad y a la equidad de
justicia, no es tutelable, ¿cuáles son los hechos plasmados en nuestra Carta
Magna que pueden ameritar los rublos estipulados por la Constitución para tener
el sagrado derecho de ser escuchado como sujeto procesal?"
El veinte de
septiembre de 1994, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín niega la
anterior impugnación, por considerar que había sido presentada en forma
extemporánea, y ordena enviar el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión (fl. 69).
4- La actividad
probatoria de la Corte Constitucional.
La Corte
Constitucional constata que la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín
envió el nueve de septiembre un fax a la cárcel de Bellavista a fin de
notificar al actor detenido la sentencia de primera instancia (fl. 55),
señalándole que tenía tres días para impugnar la decisión. Sin embargo, en
ninguna parte del expediente se encuentra constancia de que al detenido le hubiese
sido notificada personalmente tal providencia.
La Corte
Constitucional considera entonces que era necesario determinar si en este caso
se había notificado en debida forma al actor detenido la sentencia de primera
instancia y, en caso de que tal notificación hubiese sido efectuada, la fecha
de la misma, para poder determinar si la impugnación del fallo del tribunal fue
presentada en término o en forma extemporánea. Por todo lo anterior, la Sala
Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, mediante auto del dieciocho de
enero del año en curso, oficia a la Cárcel de "Bellavista", oficina
de asesoría jurídica, con el fin de que informe si al señor Nicolas de Jesús
Carvajal le había sido notificada personalmente la sentencia de primera
instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín del seis de
septiembre de 1994. En caso de que tal notificación personal hubiese sido
efectuada, la Cárcel de Bellavista debería informar a la Corte la fecha de la
misma.
En ese mismo momento
procesal, el Magistrado Ponente considera que para poder decidir el fondo del
asunto era igualmente necesario conocer la providencia por medio de la cual se
negó la petición de libertad que el señor Carvajal formuló el 26 de mayo de
1994 por vencimiento de términos. Por ello, y por razones de economía procesal,
en ese mismo auto, la Corte oficia a la Fiscalía General de la Nación,
Dirección Regional Medellín, con el fin de que remita copias auténticas de la
mencionada providencia, con las respectivas constancias de ejecutoria y estado
actual del proceso.
La Fiscalía envía en
término la información pedida, mientras que no se recibió ninguna información
de la Cárcel de Bellavista, por lo cual, por medio de un nuevo auto, esta Sala
de Revisión, el tres de febrero de este año, requiere a esa dependencia con el
fin de que remita la información solicitada. Frente al incumplimiento de este
auto, el catorce de febrero, esta Sala de Revisión decide requerir por última
vez a la Cárcel del Distrito Judicial de Medellín "Bellavista" -oficina
de asesoría jurídica o a quien esté encargado de la misma- y al Director de
esta misma cárcel, bajo los apremios legales -en especial la causal de mala
conducta establecida en el artículo 50 del Decreto No 2067 de 1992- para que en
el término de veinticuatro (24) horas remitan la información solicitada.
El quince de
febrero, la Corte Constitucional recibe un fax de la Cárcel del Distrito
Judicial de Medellín "Bellavista" -oficina de asesoría jurídica en
donde informan que el día anterior hicieron comparecer al petente con el fin de
notificarle "personalmente el contenido del fax de I-18-95 y II-3-95
emanado de la Corte Constitucional Santafé de Bogotá, por medio de cual (sic)
le resuelve: notificarle: se le negó por improcedente Tutela interpuesta por contra
la Fiscalía Regional, de Orden Público División 1a".
5- Anulación del
auto que niega la apelación.
El 22 de febrero de
1995, la Corte decide anular el auto del 27 de septiembre de 1994 de la Sala
Civil del Tribunal Superior de Medellín, que negó la impugnación presentada
NICOLAS DE JESÚS. CARVAJAL contra la sentencia de primera instancia, pues en el
expediente no hay prueba de que se le hubiese notificado personalmente al
petente el contenido de dicho fallo, y la Corte considera, por las razones jurídicas
que se reproducen en los fundamentos jurídicos de esta sentencia, que las
decisiones de tutela deben ser notificadas personalmente a quien se encuentra
privado de la libertad.
La Corte considera
entonces que la presentación del escrito de impugnación por parte del petente
demuestra que el actor tuvo en algún momento conocimiento del contenido del
fallo de primera instancia. En tales circunstancias, por obvias razones de
economía procesal, resultaba irrazonable ordenar que se realizara la notificación,
por cuanto ésta debía entenderse surtida, por la conducta concluyente del
propio petente. Por consiguiente, la Corte ordena que se remita este expediente
de tutela a la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, superior
jerárquico del Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, con el fin de que esa
Corporación resuelva la impugnación presentada por el señor NICOLAS DE JESÚS
CARVAJAL E.
En ese mismo auto de
anulación, la Corte considera que la oficina de asesoría jurídica de la Cárcel
de Bellavista había sido negligente, pues no sólo incumplió en dos ocasiones
las órdenes de esta Corporación sino que, además, no interpretó correctamente
el contenido de las mismas. Por ello la Corte, en la parte resolutiva de ese
auto, procede a prevenir a la mencionada autoridad para que el en futuro cumpla
de manera eficaz e inmediata los requerimientos de esta Corporación, tal y como
lo ordena el artículo 50 del decreto 2067 de 1991.
6- La decisión de
segunda instancia.
El veintiuno (21) de
abril de 1995, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil confirma la
sentencia de primera instancia. Según esa Corporación:
"Teniendo
presente que el delito se consumó el 23 de mayo de 1993, el régimen legal
aplicable al proceso penal seguido en contra del actor en tutela, corresponde,
para la tipicidad del delito y graduación de la pena, a la ley 30 de 1986,
artículo 33, y en cuanto al procedimiento, a lo previsto en el Decreto 2271 de
1991 y modificaciones incluidas en la ley 81 de 1993, que regularon la competencia
asignada a los jueces de orden público, hoy jueces regionales, y al Tribunal
Nacional.
En virtud de ese
régimen especial, en el proceso seguido en contra del peticionario se aplicaron
los términos previstos en tales estatutos que duplicaron los de instrucción del
proceso que en el régimen ordinario contempla el artículo 415 del C. de P.P.,
esto es, para los sumarios seguidos en contra de uno o dos procesados a 240
días, y para aquellos en que se investiga la conducta de tres o más sindicados
a 360 días.
De otro lado, en
virtud del estado de conmoción interior declarado mediante el Decreto 874 del
1º de mayo de 1994, se expidió el Decreto 875 de esa misma fecha que declaró la
emergencia judicial para procesos por delitos de competencia de los jueces
regionales y el Tribunal Nacional, suspendiendo, entonces, los términos
procesales y reglando, en forma especial, la concesión de la libertad
provisional.
Ese Decreto, el
875 del 1º de mayo, fue declarado inexequible el 7 de julio, al igual que los
restantes Decretos proferidos por tal motivo, mediante sentencias 300, 309 y
310 de 1994 de la Corte Constitucional, con efectos "a partir de la
notificación", lo que indica que para cuando se calificó el mérito de la
instrucción en el caso del reclamante en tutela y para cuando se resolvió su
solicitud de libertad, el mencionado estatuto se encontraba vigente, como lo
explicó en su momento, el funcionario instructor, lo que deja sin base jurídica
la acusación que se hace en el sentido de que los subrogados penales aplicados
al peticionario, se encontraban "derogados".
En cuanto a las
restantes quejas que motivaron el presente reclamo constitucional, y que tienen
que ver con la libertad provisional pretendida, cabe agregar que la negativa de
su concesión tiene que ver con interpretaciones o criterios que sólo es
factible debatir en sede de instancia, como acontece precisamente en el proceso
penal controvertido, donde el peticionario apeló de los pronunciamientos
emitidos en primer grado, por lo que, se repite, los temas netamente legales
que se discuten mediante este procedimiento, son materia de estudio por parte
de las autoridades encargadas de esclarecer el acierto de la medida impuesta.
En esas
condiciones, concretada la actividad del juez de tutela a esclarecer, por
último, la presunta mora que se le endilga a la autoridad pública acusada, es
preciso concluir que la censura se desvanece ante la evidente existencia de
términos especiales para el delito investigado y al hecho de que en el citado
proceso eran tres los inculpados, aunque con posterioridad, según se desprende
de la resolución acusatoria, la investigación se hubiese escindido y sólo
frente a dos personas continuase la que involucra al reclamante.
Habrá, pues, de
confirmarse el fallo impugnado, aunque por las razones que en este proveído se
incluyen."
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Competencia
1- Es competente
esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para conocer de la acción de
tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2º y 241
numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33,
34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de
la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del
reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta
Corporación.
Un asunto
procesal previo: La notificación de las sentencias de tutela a los reclusos
debe efectuarse en forma personal.
2- En los
antecedentes de este proceso y de esta sentencia aparece con claridad que la
Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín envió, el nueve de septiembre, un
fax a la cárcel de Bellavista a fin de notificar al actor detenido la sentencia
de primera instancia. Igualmente aparece en el expediente que el escrito de
sustentación de la impugnación fue presentado al tribunal el diecinueve de
septiembre. Sin embargo, no consta en el expediente que al detenido le hubiese
sido notificada personalmente tal providencia, o al menos el contenido del fax
del Tribunal.
En tales
circunstancias, la Corte Constitucional considera que no podía el Tribunal
negar la impugnación únicamente con base en la fecha de envío del fax (9 de
septiembre) y la fecha de recepción del escrito en el tribunal (19 de
septiembre), puesto que no hay constancia de la fecha de notificación al
detenido, ni de que tal notificación se hubiese surtido. En efecto, una cosa es
que las autoridades carcelarias hayan conocido la decisión del tribunal (lo
cual ocurrió el 9 de septiembre de 1994) y otra muy diferente que el recluso
hubiese sido informado de la misma (de lo cual no hay constancia).
3- Esta Corporación
ha establecido que "la notificación en debida forma constituye el
presupuesto fundamental de defensa de los ciudadanos frente a las decisiones de
los jueces y constituye además, condición de eficacia de las providencias
judiciales, cuya firmeza y ejecutoriedad depende de la fecha exacta en que
ella es conocida por quien debe cumplirla o está en capacidad de impugnarla o
controvertirla"(subrayas no originales) [1].
4- Esta Corporación
ha señalado también que, de conformidad con el ordenamiento jurídico y en aras
de la equidad, a las personas detenidas o condenadas, las providencias
judiciales deben serles notificadas personalmente, para que ésta se entienda
surtida en debida forma[2].
Es cierto que el
artículo 30 del decreto 2591 de 1991 establece que el fallo de tutela será
notificado por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento.
Con ello se ha querido asegurar la agilidad y la informalidad del trámite de
las tutelas. Pero en el caso de los internos en establecimientos carcelarios o
penitenciarios, esta norma debe ser interpretada de acuerdo a la finalidad misma
de la notificación, y en consonancia con las disposiciones que regulan las
notificaciones a las personas privadas de la libertad. Así, el artículo 188 del
Código de Procedimiento Penal establece que la notificación de las providencias
al sindicado que se encuentre privado de la libertad se debe hacer en forma
personal. Y tal exigencia tiene una obvia razón de ser, puesto que la
notificación personal es la única manera de que una persona detenida o
condenada pueda conocer el contenido de la providencia, mientras que quienes
gozan de la libertad pueden ser informados por otros medios más expeditos, ya
que tienen la posibilidad de acudir ante el juez para conocer la providencia.
Por todo lo
anterior, la Corte Constitucional considera que la notificación de las
sentencias de tutela a los reclusos debe ser efectuada de manera personal, con
el fin de asegurar que el interno pueda impugnar las decisiones que le sean
desfavorables, ya que -como esta Corte ya lo ha establecido- la impugnación del
fallo de tutela es un derecho constitucional "reconocido directamente por
la Carta a las partes que intervienen dentro del proceso"[3].
Tales son las
razones por las cuales esta Corporación decidió anular el auto de la Sala Civil
del Tribunal Superior de Medellín que negó, por considerarla extemporánea, la
impugnación del petente.
El asunto de
fondo: debido proceso, privación de la libertad y vencimiento de términos legales.
5- Según el actor,
la Fiscalía violó su derecho al debido proceso por cuanto esa entidad estaba
obligada a resolver favorablemente la petición libertad formulada dentro la
investigación penal adelantada en su contra, ya que los términos legales máximos
para la detención preventiva durante la fase instructiva habían vencido. Sin
embargo, según su criterio, la Fiscalía, en vez de acceder a su petición,
profirió resolución de acusación en su contra y sólo posteriormente negó la
petición de libertad. Por su parte, el juez de primera instancia consideró que
la tutela no procedía para la protección de la libertad personal, por cuanto
para tales efectos el ordenamiento prevé el recurso de hábeas corpus. Y, de
otro lado, según el fallador, el vencimiento de términos para resolver sobre
la libertad no vulnera el debido proceso, pues lo que interesa es que exista el
pronunciamiento otorgando o negando la libertad. Según su criterio, si la
decisión es extemporánea, podrá haber sanciones disciplinarias o penales, mas
no violación del debido proceso, por lo cual la tutela debe también ser negada
en este aspecto.
6- La Corte coincide
con el fallador de primera instancia en que en principio la tutela no procede
para amparar la libertad personal, puesto que la acción idónea para tal efecto
es el habeas corpus. Sin embargo, esta Corporación no comparte los criterios de
ese tribunal en relación con el debido proceso, pues considera que el
desconocimiento de los términos legales y la prolongación ilícita de la privación
de la libertad no sólo puede acarrear sanciones disciplinarias al funcionario
que incurra en tales conductas sino que, además, tales hechos pueden generar
violaciones al debido proceso, amparables, en determinadas circunstancias, por
la vía de la tutela. En efecto, admitir que decisiones ulteriores pueden
convalidar automáticamente la situación irregular de privación de la libertad
equivale a hacer nugatorio, en muchos casos, el derecho al debido proceso y la
eficacia misma del habeas corpus. Por ello esta Corporación había señalado al
respecto:
"Desde una
perspectiva constitucional, la tardía "regularización" de una
situación de privación indebida de la libertad por prolongación ilícita contra
lo cual se ha interpuesto el recurso de habeas corpus es inconstitucional.
Los artículos 28
y 29 de la Constitución establecen los requisitos mínimos para que una persona
pueda ser privada de su libertad. Entre ellos se destaca la observancia de las
formalidades propias de cada juicio. En materia de medidas restrictivas de la
libertad es presupuesto legal de su existencia que éstas sean dictadas dentro
del término y según los requisitos legales, con anterioridad a la
presentación de la solicitud de habeas corpus. De lo contrario, sería
totalmente ineficaz la garantía constitucional del habeas corpus ya que la
presentación del recurso daría oportunidad a la autoridad infractora de
enmendar impunemente su actuación u omisión violatoria de los derechos
fundamentales y de las leyes[4]."
7- En tales
circunstancias, la Corte Constitucional considera que, tal y como lo hizo la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, el juez de tutela debía proceder a
examinar en concreto si efectivamente hubo o no indebida dilación de los
términos de privación de la libertad y resolución de las peticiones del
procesado con el fin de determinar si existía violación al debido proceso.
Ahora bien, las
pruebas incorporadas a este expediente y el análisis de las normas procesales
vigentes en el momento en que fue negada la libertad al petente permiten
concluir que la Fiscalía no desconoció los términos procesales establecidos por
la ley. Por ende no estaba obligada a conceder la libertad a Nicolas de Jesús
Carvajal ni hubo vulneración al debido proceso, tal y como se verá a
continuación:
Así, el petente fue
detenido el 23 de mayo de 1993, por violación del artículo 33 de la Ley 30 de
1986, cuyo conocimiento corresponde a los jueces y fiscales regionales. En tal
caso, conforme al parágrafo y al ordinal cuarto del artículo 415 del Código de
Procedimiento Penal, se debe conceder la libertad provisional al sindicado si
han transcurrido más de 240 días de privación de la libertad y no se ha
calificado el mérito del sumario. Tal término se amplía a 360 días si son tres
o más los imputados. Ahora bien, en la investigación adelantada contra el
petente eran tres o más los imputados, aunque con posterioridad, según se
desprende de la resolución acusatoria, la investigación se hubiese escindido y
sólo se hubiese proferido acusación únicamente contra dos personas en el mismo
proceso que el petente. En principio, la Fiscalía tenía entonces hasta el 17 de
mayo de 1994 para dictar resolución de acusación sin que antes de tal fecha
pudiera el sindicado obtener la libertad provisional por vencimiento de
términos.
El 30 de mayo de
1994, el señor Nicolás de Jesús Carvajal Escobar solicitó su libertad por
vencimiento de términos. Sin embargo, con base en las facultades de Conmoción
Interior, el Gobierno había expedido el 1º de mayo de 1994 el decreto 875 que
declaraba la emergencia judicial y suspendía, por "el término de dos
meses, contados a partir de la vigencia del decreto, los términos previstos en
los numerales cuarto y quinto, en el parágrafo y en el parágrafo transitorio
del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, para los procesos por
delitos de competencia de los jueces regionales y el Tribunal Nacional"
(art. 2º). Esto significa que hasta el 1º de julio de 1994 estos términos se
encontraban suspendidos.
Ahora bien, el 14 de
junio de 1994, la Fiscalía Regional Delegada profirió resolución de acusación
contra Nicolás de Jesús Carvajal Escobar y negó, al día siguiente, su solicitud
de libertad. Según la Fiscalía, el decreto 875 se encontraba vigente, y por
ende el término para calificar el proceso vencía el 1º de julio de 1994.
El anterior resumen
muestra que la Fiscalía no desconoció los términos legales, puesto que al momento
de negar la libertad al petente y proferir la resolución de acusación en su
contra, el Decreto Legislativo 875 de 1994 se encontraba vigente. Es cierto que
por medio de la sentencia C-300/94 del 1º de julio de 1994, la Corte
Constitucional declaró inexequible el Decreto 874, por medio del cual el
Gobierno decretó el Estado de Conmoción Interior. Igualmente, y como
consecuencia de lo anterior, el 7 de julio, la sentencia C-309 de esa misma
Corporación declaró inexequible el Decreto 875. Sin embargo, tal y como
expresamente lo señaló la parte resolutiva de la sentencia C-300/94, estos
fallos tenían efectos únicamente hacia el futuro, por lo cual se debe concluir
que el Decreto 875 se encontraba vigente cuando la Fiscalía negó la petición de
libertad del señor Nicolás de Jesús Carvajal Escobar.
Por todo lo
anterior, la Corte Constitucional considera que no hubo violación al debido
proceso, por lo cual procede confirmar los fallos de instancia que negaron la
solicitud de tutela.
III- DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero: CONFIRMAR las sentencias de primera y
segunda instancia proferidas en este caso por la Sala Civil del Tribunal
Superior de Medellín y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia y, en consecuencia, negar la protección solicitada por NICOLAS DE
JESÚS. CARVAJAL E. contra la Fiscalía Regional de Orden Público de Medellín,
División Primera.
Segundo: Comuníquese a la Sala Civil del Tribunal
Superior de Medellín para que notifique la sentencia a las partes, según lo
establecido por el artículo 36 del decreto 2591 de 1991, precisando que si el
petente se encuentra aún privado de la libertad, el fallo le deberá ser
notificado personalmente.
Cópiese, cúmplase
e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ
VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Corte Constitucional.
Sala Sexta de Revisón. Expediente No T-38831. Auto del 12 de agosto de 1994.
[2] Ver Corte
Constitucional. Expediente D-570. Auto del tres de mayo de 1994. MP Alejandro
Martínez Caballero.
[3] Corte Constitucional. Sentencia T-034/94 del 2 de febrero de
1994. MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[4]Sentencia
T-046/93. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. |
471 | T-325-95
Sentencia No
Sentencia
No. T-325/95
CONCURSO
DE MERITOS-Reglas
de control
Al señalarse por la
administración las bases del concurso, estas se convierten en reglas
particulares obligatorias tanto para los participantes como para aquélla; es
decir, que a través de dichas reglas la administración se autovincula y
autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad, en
cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o
empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo que no
puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección.
CARRERA
ADMINISTRATIVA-Nombramiento
de quien obtuvo el primer lugar
Al pronunciarse sobre la
inexequibilidad del aparte del artículo 9 del Decreto 1222 de 1993, que
permitía la provisión del empleo "con una de las personas que se encuentre
entre los tres primeros puestos de la lista de elegibles", la Corte
Constitucional puntualizó que "..sea cual fuere el método o sistema
elegido, éste debe contener criterios específicos y concretos para efectuar una
selección en la que aparezcan como valores dominantes la capacidad profesional
o técnica del aspirante, sus calidades personales y su idoneidad moral, acordes
con las funciones del empleo y las necesidades del servicio público. Por tanto,
no puede quedar al nominador una libertad absoluta para que designe a su
arbitrio, pues, el nombramiento siempre tendrá que recaer en quien haya
obtenido el mayor número de puntos".
CONCURSO
DE MERITOS-Nombramiento
de quien obtuvo el primer puesto
Establecer un concurso público
y señalar un procedimiento que termina por no atribuir al vencedor el cargo o
plaza objeto del mismo, elimina su esencia y lo despoja de su estímulo. Si en
verdad se anuncia por el Estado que un empleo se va a nombrar por concurso y,
en últimas se designa al tercero o al segundo mejores aspirantes, pero no al primero,
se defrauda la confianza de este aspirante inducida en virtud de la
convocatoria y, de este modo, igualmente, se asalta la buena fe de todos los
restantes aspirantes que en teoría han emulado y se han presentado al concurso
con miras a ser los primeros y así obtener en justa lid el premio a su mérito
-socialmente comprobado- representado en este caso, por el consecuente
nombramiento con apego al resultado objetivo del concurso. Si, en estas
condiciones, el nombramiento recae en quien no es el primero en orden de
méritos, ello será así en virtud de la libre voluntad del nominador que habrá
transformado el sistema de vinculación a la función pública establecido en la
Constitución y en la ley, asignándole en la práctica al empleo objeto del
concurso el carácter de empleo de libre nombramiento y remoción".
DERECHO
A LA IGUALDAD-Vulneración
por no nombramiento
En abierta violación del
principio de justicia se le negó a la ganadora el nombramiento que
legítimamente le corresponde otorgándoselo a quienes no tenían mejor título que
ella para obtenerlo, lo que a su vez, comporta violaciones al derecho a la
igualdad, ya que, mereciendo la peticionaria un trato acorde con los resultados
obtenidos en el concurso se ignoró esa condición preferente y se la ubicó "en
igual posición a la de quienes no participaron o, habiéndolo hecho, obtuvieron
calificaciones inferiores.
DERECHO
AL TRABAJO-Nombramiento
de quien obtuvo el primer puesto
Fuera de la vulneración de la
igualdad, por el hecho de omitir el nombramiento del concursante que obtuvo el
primer lugar se configuran violaciones al derecho al trabajo, en la medida en
que, habiéndola adquirido válida y legítimamente, se le niega el ejercicio la
prerrogativa consistente en ser llamado a laborar, y también al derecho a
ejercer cargos públicos por cuanto se le impide el acceso a la plaza para la
cual concursó.
REF:
Expediente No. 66.663
Peticionaria:
Carmen Alicia Botache Capera
Procedencia:
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva
Magistrado
Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe
de Bogotá D.C., julio veintiseis (26) de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
La Sala
Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero quien
la preside,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
en el
proceso de tutela identificado con el número de radicación T-66.663, adelantado
por Carmen Alicia Botache Capera en contra del Departamento del Huila. Con base
en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991,
la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para
efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
A. La
solicitud
El 26 de
enero de 1995, Carmen Alicia Botache Capera, mediante apoderado, presentó ante
el Juzgado Laboral del Circuito de Neiva (Reparto) un escrito contentivo de una
acción de tutela para la protección de los derechos al trabajo y a la igualdad.
Las
circunstancias que sirven de fundamento al amparo pedido, las expone la
accionante de la siguiente manera:
Refiere
que el día 18 de abril de 1994, la Gobernación del Departamento del Huila
convocó a un concurso abierto para proveer un cargo de carrera administrativa,
al que se presentó la accionante habiendo obtenido "la máxima sumatoria de
puntaje".
Indica
que, no obstante lo anterior al efectuar la designación correspondiente, se
llamó a la persona que obtuvo el segundo lugar, desconociéndose de ese modo
"la validez del concurso de méritos como el mejor mecanismo para lograr la
vinculación de las personas más capacitadas a la administración...".
B. Acervo
probatorio
La
peticionaria anexó a su solicitud documentos relacionados con el concurso
llevado a cabo, tales como la convocatoria y las actas pertinentes.
La
Secretaría de Educación hizo constar que "por Resolución 553 de julio 28
de 1994, el Departamento del Huila nombró a la señora Olga Lucía Barrera
Castaño para desempeñar el cargo de Subdirector de la Concentración Rural El
Tejar del municipio de Timaná".
Aparece
fotocopia de la aludida resolución y también memorial suscrito por la apoderada
del señor Gobernador del Departamento, en el que se advierte que estaba
facultado por las normas vigentes para "proveer un cargo como objeto o
consecuencia de un concurso abierto como es el caso sublite a cualquiera de las
tres personas que se encuentren en los tres primeros puestos de la lista de
elegibles, razón por la cual el Gobernador del Departamento del Huila nombró a
la señora Olga Lucía Barrera Castaño quien ocupara el segundo puesto, pero
quien a la vez y de acuerdo a los requisitos de la misma convocatoria estaba
titulada como profesional del nivel superior en educación, título acorde a
funciones que debe desempeñar en el cargo de Subdirector".
C.
Sentencia de primera instancia
El
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, mediante sentencia de febrero 6
de 1995, resolvió negar la acción de tutela, con base en los argumentos que se
resumen a continuación:
Se
refiere el despacho judicial, en primer término, al derecho a la igualdad y
concluye que no fue violado "por cuanto de conformidad con el Decreto 586
de 14 de julio de 1994, la provisión de la citada vacante debía efectuarse con
cualquiera de las personas que figuraran entre los tres primeros puestos de la
lista de elegibles. Como la persona designada ocupó el segundo puesto en la
mencionada lista, el nombramiento se hizo ajustado a la ley y a la
Constitución".
Tampoco
encuentra vulnerado el derecho al trabajo pues éste no implica una prestación u
ofrecimiento necesario de empleo a todo aquel que se halle en condiciones de
realizarlo, por lo que "este derecho fundamental no llega hasta el extremo
de tutelar la aspiración de acceder a un empleo público o privado, pues ello
desbordaría el legítimo alcance de su concepción y el marco de las demás libertades
y garantías consagradas en el Estatuto Fundamental".
C.
Sentencia de segunda instancia
El
apoderado de la accionante impugnó el fallo de primera instancia argumentando,
básicamente, que el decreto de nombramiento no contiene ninguna alusión a los
motivos que llevaron a desconocer los resultados del concurso, "ya que no
da razones valederas para efectuar la designación que hace". El Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva, por sentencia de 14 de marzo del año
en curso, decidió confirmar el fallo impugnado.
Estimó
el Tribunal que la acción impetrada resulta improcedente por existir otros
medios de defensa judicial "de los cuales puede hacer uso ante la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, demandando el acto mediante el
cual la Gobernación del Huila nombró a otra persona para el cargo que aspiraba,
en acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, contempladas
en los artículos 84 y 85 del C. C. A....".
II.FUNDAMENTOS JURIDICOS
A. La
Competencia
Es
competente esta Sala de la Corte Constitucional para proferir sentencia de
revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los
artículos 86, inciso segundo y 241, numeral noveno de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
B. La
materia
1.
Considera la peticionaria que el Departamento del Huila transgredió sus
derechos a la igualdad y al trabajo por haberse apartado de los resultados de
un concurso público que convocó para la provisión de un cargo de carrera
administrativa, al proceder a designar a la persona ubicada en el segundo
lugar, desconociendo el primer puesto que la accionante obtuvo en el referido
concurso.
La parte
demandada sostiene que se procedió al nombramiento porque la normatividad
vigente permitía al nominador escoger a uno cualquiera de los aspirantes que se
hallaran situados en los tres primeros lugares, argumento que es compartido por
el juez de primera instancia, en tanto que el de segunda aduce la existencia de
otros medios judiciales de defensa para negar la tutela impetrada.
En un
caso similar al que se examina, esta misma Sala de Revisión expuso criterios
jurisprudenciales que, por ser aplicables en la solución de la presente causa,
deben reiterarse ahora.
2. Sobre
la Carrera administrativa se expuso:
"La
Constitución de 1991 se ocupa de la carrera administrativa erigiéndola en regla
general al señalar que "los empleos en los órganos y entidades son de
carrera" con excepción de los de elección popular, los de libre
nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley (art. 125 C.P.). Este sistema de administración del personal
al servicio del Estado propende por la eficiencia y la eficacia de la administración
y procura garantizar, fuera de otros supuestos, la igualdad de oportunidades en
el acceso a la función pública, propósitos todos que encuentran cabal
satisfacción siempre que la vinculación se realice atendiendo al criterio de la
capacidad del aspirante con prescindencia de factores extraños al mérito; la
misma Carta preceptúa que "En ningún caso la filiación política de los
ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su
ascenso o remoción" (art. 125 C.P.)."
3. En
relación con los concursos públicos, la Sala apuntó:
"En
perfecta correspondencia con lo anotado, se refiere también el Estatuto
Superior al concurso público como el mecanismo al que debe acudirse cuando ni
la Constitución ni la ley determinen el sistema de nombramiento de algún
funcionario y advierte, así mismo, que el ingreso a los cargos de carrera y el
ascenso en ellos "se harán previo cumplimiento de los requisitos y
condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los
aspirantes".
El
concurso público es, entonces, el mecanismo por excelencia para proveer cargos
de carrera administrativa y, según lo ha establecido esta Corporación, puede
definirse "como el procedimiento complejo previamente reglado por la
administración, mediante el señalamiento de las bases o normas claramente
definidas, en virtud del cual se selecciona entre varios participantes que han
sido convocados y reclutados, a la persona o personas que por razón de sus
méritos y calidades adquieren el derecho a ser nombrados en un cargo
público" (Sentencia No. T-256 de 1995. M.P. Dr. Antonio Barrera
Carbonell)."
4.
Acerca de la necesidad de respetar las bases y el resultado del concurso se
puntualizó:
"Esta
Sala de Revisión tuvo ocasión de recordar que "la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha sido enfática en precisar que los concursos, cuya
finalidad sea el acceso a la función pública, deben sujetarse estrictamente a
los procedimientos y condiciones fijados de antemano y que las reglas que los rigen
son obligatorias, no sólo para los participantes sino también para la
administración que, al observarlas, se ciñe a los postulados de la buena fe
(C.P.art.83), cumple los principios que según el artículo 209 superior guían el
desempeño de la actividad administrativa y respeta el debido proceso
(C.P.art.29), así como los dereechos a la igualdad (C.P.art.13) y al trabajo
(C.P: art. 25) de los concursantes. Una actitud contraria defrauda las justas
expectativas de los particulares y menoscaba la confianza que el proceeder de
la administración está llamado a generar" ( Sentencia No. T-298 de 1995.
M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero). En idéntico sentido, en la
sentencia T-256 de 1995, ya citada, se expuso:
"Al
señalarse por la administración las bases del concurso, estas se convierten en
reglas particulares obligatorias tanto para los participantes como para
aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la administración se
autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad,
en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al
empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo
que no puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección. Por
consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce las reglas del
concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe actuar o manipula los
resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83 C.P.), incurre en
violación de los principios que rigen la actividad administrativa (igualdad,
moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes
participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el
proceder irregular de aquélla".
5. En
alusión a pronunciamientos anteriores de la Corporación, en los que se advierte
que debe designarse al trinfador en un concurso público, la Sala anotó:
"Al
pronunciarse sobre la inexequibilidad del aparte del artículo 9 del Decreto
1222 de 1993, que permitía la provisión del empleo "con una de las
personas que se encuentre entre los tres primeros puestos de la lista de
elegibles", la Corte Constitucional puntualizó que "..sea cual
fuere el método o sistema elegido, éste debe contener criterios específicos y
concretos para efectuar una selección en la que aparezcan como valores
dominantes la capacidad profesional o técnica del aspirante, sus calidades
personales y su idoneidad moral, acordes con las funciones del empleo y las necesidades
del servicio público. Por tanto, no puede quedar al nominador una libertad
absoluta para que designe a su arbitrio, pues, el nombramiento siempre tendrá
que recaer en quien haya obtenido el mayor número de puntos". Precisó
la Corporación que de lo contrario se produciría una arbitraria
desnaturalización del concurso, acompañada del evidente desconocimiento de las
calidades y del mérito del candidato, cuyas condiciones profesionales, morales
y personales deben ser evaluadas durante el concurso mismo, de manera que el
resultado final refleje la totalidad de los aspectos involucrados en la
calificación, a punto tal que no exista posibilidad legítima de dasatender las
respectivas pautas y procedimientos, de donde se sigue que, una vez apreciados,
la designación deberá efectuarse en favor de quien haya obtenido la más alta
puntuación. (Cfr. Sentencia No. C-040 de 1995. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).
En
pronunciamiento posterior la Corte destacó lo siguiente:
"En
relación con los empleos sujetos a concurso público, la Constitución no
atribuye al nominador poder discrecional alguno para su nombramiento. Frente al
concurso, la administración carece de libertad para adoptar una solución
diferente o privilegiar otra alternativa que considere sin embargo más
apropiada para el interés público. Por el contrario, se parte de la premisa de
que el interés público en este caso se sirve mejor acatando el resultado del
concurso. La actuación administrativa en lo que respecta a estos empleos no es
política y se desarrolla, por ende, de conformidad con estrictas reglas
técnicas y objetivas. Si no fuera posible concebir este tipo de normas o
expedidas éstas cumplirlas, la finalidad de conformar una administración
eficiente y profesional a través del indicado mecanismo estaría desprovista de
sentido, y el sistema ordinario de nombramiento que ha debido escoger el
Constituyente no habría podido ser otro que el de libre nombramiento y
remoción. Distinta ha sido la decisión del Constituyente y a ella debe
supeditarse la ley y la actuación de los funcionarios nominadores"
(Sentencia No. C-O41 de 1995. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).".
6. Al
abordar el caso concreto, la Sala expuso planteamientos que en esta ocasión
cabe reiterar:
"En
el evento que ahora se examina, la Sala advierte que efectivamente la
peticionaria obtuvo la mejor calificación en el concurso y que el nominador al
proveer el cargo público llamó en primer término al aspirante que ocupó el
tercer puesto quien declinó el nombramiento, siendo entonces llamado el
segundo en la lista de elegibles. Esta sola circunstancia es suficiente para
comprobar el quebrantamiento unilateral de las bases del concurso porque, como
bien lo precisó la Corte:
"...Establecer
un concurso público y señalar un procedimiento que termina por no atribuir al
vencedor el cargo o plaza objeto del mismo, elimina su esencia y lo despoja de
su estímulo. Si en verdad se anuncia por el Estado que un empleo se va a
nombrar por concurso y, en últimas se designa al tercero o al segundo mejores
aspirantes, pero no al primero, se defrauda la confianza de este aspirante
inducida en virtud de la convocatoria y, de este modo, igualmente, se asalta la
buena fe de todos los restantes aspirantes que en teoría han emulado y se han
presentado al concurso con miras a ser los primeros y así obtener en justa lid
el premio a su mérito -socialmente comprobado- representado en este caso, por
el consecuente nombramiento con apego al resultado objetivo del concurso. Si,
en estas condiciones, el nombramiento recae en quien no es el primero en orden
de méritos, ello será así en virtud de la libre voluntad del nominador que
habrá transformado el sistema de vinculación a la función pública establecido
en la Constitución y en la ley, asignándole en la práctica al empleo objeto del
concurso el carácter de empleo de libre nombramiento y remoción".
(Sentencia No. C-041 de 1995).
7.Más adelante, enfatizó:
"No
escapa al juicio de esta Sala que las pruebas realizadas y el concurso mismo
pueden adolecer de imperfecciones y de fallas, pero eso no autoriza la
sustitución del sistema de carrera por el de libre nombramiento y remoción, ni
la prevalencia de la voluntad del nominador. A este respecto la Corte ha dicho
que "Esta falta de absoluta seguridad en el pronóstico - que ningún
sistema de nombramiento - puede ofrecer, no se soluciona subvirtiendo la
institución del concurso o desfigurando sus resultados mediante la atribución a
la administración de una facultad discrecional de designación, sino mediante la
previsión que adopta el decreto citado (1222 de 1993) - común a los sitemas de
concurso - consistente en el establecimiento de un período de prueba de cuatro
meses dentro del cual la persona escogida será objeto de calificación (ibid,
art. 10), aparte de la puesta en obra de los constantes perfeccionamientos en
las pruebas y en los mecanismos de examen y calificación" (Sentencia No.
C-041 de 1995).
8. En
cuanto al derecho a la igualdad, se dijo:
"Pero,
además de lo anterior, en abierta violación del principio de justicia se le
negó a la ganadora el nombramiento que legítimamente le corresponde
otorgándoselo a quienes no tenían mejor título que ella para obtenerlo, lo que
a su vez, comporta violaciones al derecho a la igualdad, ya que, tal como lo
puso de manifiesto la Corte, mereciendo la peticionaria un trato acorde con los
resultados obtenidos en el concurso se ignoró esa condición preferente y se la
ubicó "en igual posición a la de quienes no participaron o, habiéndolo
hecho, obtuvieron calificaciones inferiores" (Sentencia No. T-046 de 1995
M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Ahora
bien, el nominador pretende ampararse en el ejercicio de la facultad
discrecional permitida por las normas vigentes al momento de proceder al
nombramiento. Es pertinente reiterar, en concordancia con lo expuesto, que
actualmente la discrecionalidad que esas normas autorizaban está proscrita,
debiendo procederse a la designación al concursante que ocupó el primer lugar.
Empero, si en gracia de discusión se admitiera que al nominador le asiste la
aludida discrecionalidad es indispensable recordar que el hecho de descartar a
quien ocupó el primer puesto en un concurso de méritos, envuelve un trato
diferente que exige justificación objetiva y razonable, no siendo suficiente la
simple invocación de las normas que conferían ese margen de discrecionalidad.
Así pues, la entidad estaba llamada a aportar pruebas y argumentos valederos
orientados a justificar el favorecimiento a concursantes diferentes del ubicado
en primer lugar, y, tal como quedó reseñado más arriba, los motivos aducidos
carecen de fundamento serio, de modo que, en la práctica, el nominador invocó y
aplicó sus propios criterios sin que mediara motivación alguna o hubiese
esgrimido razones de peso para desconocer los resultados del concurso. Así las
cosas, bajo el manto de la pretendida discrecionalidad se encubrió un
comportamiento arbitrario.".
9. Fuera
de la vulneración de la igualdad, por el hecho de omitir el nombramiento del
concursante que obtuvo el primer lugar se configuran violaciones al derecho al
trabajo, en la medida en que, habiéndola adquirido válida y legítimamente, se
le niega el ejercicio la prerrogativa consistente en ser llamado a laborar, y
también al derecho a ejercer cargos públicos por cuanto se le impide el acceso
a la plaza para la cual concursó.
10. El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva negó la tutela con fundamento
en la existencia de otros medios de defensa judicial. Sobre el particular, la
Sala argumentó:
"En
un caso similar al que ahora se aborda esta Sala de Revisión enfatizó "que
la acción de tutela es un mecanismo protector de los derechos constitucionales
fundamentales, de carácter subsidiario, por lo cual su procedencia se hace
depender de que no existan otros medios de defensa a los que pueda acudir el
interesado. Empero, esos otros medios judiciales deben tener, por lo menos, la
misma eficacia de la tutela, para la protección del derecho de que se trate.
Analizadas las circunstancias del caso concreto, se concluye que tales acciones
no se revelan más eficaces que la tutela, ya que, la decisión tardía del
asunto, deja mientras tanto, intactas violaciones a los derechos a la igualdad
y al trabajo..." (Sentencia No. T-298 de 1995). Estas apreciaciones
coinciden con las vertidas por la Sala Segunda de Revisión en la sentencia No.
T-256 de 1995, conforme a las cuales mediante el ejercicio de las acciones que
pueden impetrarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no se
obtiene "el resultado deseado, cual es el de ser nombrado en el cargo
correspondiente". Esta Sala reitera ese pronunciamiento y en armonía
con él advierte que no existe contradicción entre lo aquí decidido y el fallo
SU-458 de 1993 "porque en esta oportunidad se consideró la situación
especial generada en virtud de las sentencias C-040/95 y C-041/95 y además, que
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no es el mecanismo idóneo
para amparar los derechos fundamentales que le fueron violados a la
peticionaria" (M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).
11.
Conviene, en el asunto sub examine, recordar los siguientes apartes:
"Finalmente,
estima la Sala que es del caso aclarar que independientemente de que la fecha
de las sentencias que declararon la inexequibilidad de las disposiciones
contentivas de la potestad discrecional que la entidad demandada alega sea
posterior a la fecha del nombramiento que se hizo a persona distinta de la
peticionaria, se concederá la tutela, pues los referidos pronunciamientos no
tienen el efecto de constituir los derechos vulnerados, los que existían, con
anterioridad a ellos, en cabeza de la actora y le fueron violados mediante
comportamientos que, desde un principio, se colocaron en contradicción con la
preceptiva constitucional que reconoce los derechos de los asociados.
Los
argumentos que sirvieron de base a la declaratoria de inexequibilidad precisan
en forma muy clara las causas de la vulneración pero de ningún modo convalidan
situaciones que ya eran anómalas antes de que la Corte los expusiera, máxime si
en la actiualidad subsisten sus efectos nocivos. La acción de tutela procede
para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales y
comprobada la vulneración de algunos de estos, por expreso mandato constitucional,
debe brindarse el amparo pedido; una interpretación contraria conduciría a
patrocinar su desconocimiento y a restarles la eficacia que la Carta pretende
asegurarles.
Es de
anotar que en esta misma providencia se ha dejado en claro que aún partiendo del
supuesto del ejercicio de la potestad discrecional la ausencia de una
justificación objetiva y razonable para preferir a concursantes distintos del
situado en primer lugar torna patente el caráter arbitrario de la medida tomada
en perjuicio de la accionante. Por lo demás, la Corte ha concedido la tutela en
casos similares, sin que ello signifique que le esté otorgando efecto
retroactivo a un fallo suyo. (Cfr. Sentencias T-256 y 298 de 1995).".
Se
revocarán las sentencias revisadas y se concederá la tutela ordenando al
Gobernador del Departamento del Huila que, en el término de un (1) mes, contado
a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a designar a la
peticionaria en el cargo para el cual se presentó a concurso público, ocupando
el primer lugar.
En
mérito de lo expuesto, La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
RESUELVE:
PRIMERO.
REVOCAR la
sentencia de marzo 14 de 1995 proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva, Sala Civil Laboral, en segunda instancia y la sentencia de 6
de febrero del año en curso, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Neiva, en primera instancia.
SEGUNDO.
CONCEDER, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la tutela
impetrada y, en consecuencia, se ordena al Gobernador del Departamento del
Huila, que, en el término de un mes, contado a partir de la notificación de
esta sentencia, proceda a efectuar el nombramiento de CARMEN ALICIA BOTACHE
CAPERA en el cargo para el cual se presentó a concurso público habiendo ocupado
el primer lugar.
TERCERO. El Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Neiva vigilará el estricto cumplimiento de lo ordenado en esta
providencia.
CUARTO.
LIBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
472 | T-326-95
Sentencia No
Sentencia
No. T-326
CONCURSO
DE MERITOS-Nombramiento
de quien obtuvo el primer puesto
Establecer un concurso público
y señalar un procedimiento que termina por no atribuir al vencedor el cargo o
plaza objeto del mismo, elimina su esencia y lo despoja de su estímulo. Si en
verdad se anuncia por el Estado que un empleo se va a nombrar por concurso y,
en últimas se designa al tercero o al segundo mejores aspirantes, pero no al
primero, se defrauda la confianza de este aspirante inducida en virtud de la
convocatoria y, de este modo, igualmente, se asalta la buena fe de todos los
restantes aspirantes que en teoría han emulado y se han presentado al concurso
con miras a ser los primeros y así obtener en justa lid el premio a su mérito
-socialmente comprobado- representado en este caso, por el consecuente
nombramiento con apego al resultado objetivo del concurso. Si, en estas condiciones,
el nombramiento recae en quien no es el primero en orden de méritos, ello será
así en virtud de la libre voluntad del nominador que habrá transformado el
sistema de vinculación a la función pública establecido en la Constitución y en
la ley, asignándole en la práctica al empleo objeto del concurso el carácter de
empleo de libre nombramiento y remoción.
ACCION
DE TUTELA CONTRA INGEOMINAS/CONCURSO DE MERITOS-Cambio de bases
Llama la atención de la Sala
que fuera de desconocer los resultados del concurso, lo que como se indicó,
equivale a cambiar las bases del mismo, el nominador justifique esa actuación
apelando a una presunta insuficiencia de las calificaciones que pretendió
subsanar mediante la evaluación de dos factores adicionales relativos a la experiencia
de los candidatos, sin detenerse a explicar cuáles fueron los criterios o
métodos a los que se ciñó para apreciar esos "nuevos" elementos y
sin tener en cuenta que dentro del del concurso se analizaron los requisitos
mínimos exigidos y la "experiencia adicional" que en el caso de la
peticionaria se fijó en 8.3 años. En estas condiciones, la Sala estima que no
es de recibo la explicación aportada y que lo que se operó, so pretexto de la
discrecionalidad que las normas vigentes garantizaban, fue un escueto y
arbitrario desconocimiento del concurso, careciendo, para ello, de una
justificación objetiva y razonable.
DERECHO
A LA IGUALDAD-Vulneración
por no nombramiento
En abierta violación del
principio de justicia se le negó a la ganadora el nombramiento que
legítimamente le corresponde otorgándoselo a quienes no tenían mejor título que
ella para obtenerlo, lo que a su vez, comporta violaciones al derecho a la
igualdad, ya que, tal como lo puso de manifiesto la Corte, mereciendo la
peticionaria un trato acorde con los resultados obtenidos en el concurso se
ignoró esa condición preferente y se la ubicó "en igual posición a la de
quienes no participaron o, habiéndolo hecho, obtuvieron calificaciones
inferiores".
CONCURSO
DE MERITOS-Nombramiento
del primero/CARGA DE LA PRUEBA/ARBITRARIEDAD ADMINISTRATIVA-No
nombramiento del primero
El hecho de descartar a quien
ocupó el primer puesto en un concurso de méritos, envuelve un trato diferente
que exige justificación objetiva y razonable, no siendo suficiente la simple
invocación de las normas que conferían ese margen de discrecionalidad. Así
pues, la entidad estaba llamada a aportar pruebas y argumentos valederos
orientados a justificar el favorecimiento a concursantes diferentes del ubicado
en primer lugar, y, tal como quedó reseñado más arriba, los motivos aducidos
carecen de fundamento serio, de modo que, en la práctica, el nominador invocó y
aplicó sus propios criterios sin que mediara motivación alguna o hubiese
esgrimido razones de peso para desconocer los resultados del concurso. Así las
cosas, bajo el manto de la pretendida discrecionalidad se encubrió un
comportamiento arbitrario.
DERECHO
A LA IGUALDAD/DISCRIMINACION POR SEXO-Ingeniera mecánica
La Carta Política incluyó al
sexo como uno de los criterios que no pueden ser tomados en cuenta para generar
un trato diverso sin fundamento válido, así pues, con base en la sola
consideración del sexo de una persona no resulta jurídicamente posible
coartarle o excluirla del ejercicio de un derecho o negarle el acceso a un
beneficio determinado y siempre que esto ocurra, sin el debido respaldo
constitucional, se incurre en un acto discriminatorio que, en tanto arbitrario
e injustificado, vulnera el derecho contemplado en el artículo 13 superior.
DERECHO
A LA IGUALDAD-Vulneración
por nombramiento/DERECHO DE ACCESO AL DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y CARGOS
PUBLICOS
El derecho a la igualdad
excluye requisitos o condiciones ajenos a la calidad y al mérito de los
participantes en un concurso cuando se trate de proveer la vacante para la que
se concursó. Así las cosas, el nominador está obligado a designar al primero en
la lista de elegibles y, al proceder de manera diferente, conculca, además, el
derecho de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y el derecho al
trabajo del aspirante mejor calificado, sustituyendo el mérito debidamente
comprobado, por su propia apreciación discrecional que es posterior y extraña
al concurso.
SENTENCIA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Preexistencia de derechos Constitucionales/DERECHOS
FUNDAMENTALES-Aplicación permanente
Es del caso aclarar que
independientemente de que la fecha de las sentencias que declararon la
inexequibilidad de las disposiciones contentivas de la potestad discrecional
que la entidad demandada alega sea posterior a la fecha del nombramiento que se
hizo a persona distinta de la peticionaria, se concederá la tutela, pues los
referidos pronunciamientos no tienen el efecto de constituir los derechos
vulnerados, los que existían, con anterioridad a ellos, en cabeza de la actora
y le fueron violados mediante comportamientos que, desde un principio, se
colocaron en contradicción con la preceptiva constitucional que reconoce los
derechos de los asociados.
REF:
Expediente No. 66.863
Peticionaria:
Yolanda Julieta Sanabria Artunduaga.
Procedencia:
Juzgado Trece Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá.
MAGISTRADO
PONENTE: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO.
Santa Fe
de Bogotá D. C., julio veintiseis (26) de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
La Sala
Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, quien
la preside,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN
ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
en el
proceso de tutela identificado con el número de radicación T-66.863, adelantado
por Yolanda Julieta Sanabria Artunduaga en contra de "Ingeominas y a quien
en la actualidad se desempeña como Director y ente nominador de la misma, el
Doctor Adolfo Alarcón Guzmán..". Con base en los artículos 86 de la
Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección
correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su
revisión, la acción de tutela de la referencia.
I.ANTECEDENTES
A.
Solicitud
El 2 de
marzo de 1995, Yolanda Julieta Sanabria Artunduaga presentó, ante el Juzgado
Penal del Circuito (Reparto) de Santa Fe de Bogotá, escrito contentivo de una
acción de tutela, invocando, para tal efecto, los derechos a la igualdad (art.
13 C.P.) y al trabajo (art. 25 C.P.), así como el artículo 43 de la Carta
conforme a cuyo tenor "la mujer y el hombre tienen iguales derechos y
oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de
discriminación".
Las
circunstancias fácticas que sirven de fundamento al amparo pedido las expone el
accionante de la siguiente manera:
Dice en
su escrito que es Ingeniera Mecánica y que debido a su condición de mujer ha
tenido muchas dificultades para conseguir empleo, pues los empleadores creen
que esa profesión sólo puede ser desempeñada eficientemente por los hombres.
Indica
que se inscribió en un concurso abierto por Ingeominas "para el cargo
Planta Global -Administración de Recursos- Profesional Universitario, código
3020- grado 08", pese a que posee más del año de experiencia exigido en la
convocatoria.
Prosigue
la actora manifestando que apareció en lista de admitidos y que, el 10 de
octubre de 1994, presentó la prueba de conocimientos y, habiéndola aprobado,
fue citada telefónicamente por el señor José Vicente Ramírez a la entrevista
que se llevó a cabo el 13 de 0ctubre de 1994 ante "una funcionaria de la
oficina jurídica, el señor José Vicente Ramírez y otra funcionaria que sería el
jefe inmediato del elegido".
Narra la
peticionaria que el día de la entrevista se enteró de que había ocupado el
primer puesto en la prueba conocimientos, con un puntaje de 87 sobre 100 y que,
en repetidas oportunidades, llamó telefónicamente al señor José Vicente Ramírez
para indagarle acerca de la publicación de la lista de elegibles. Enterada por
este funcionario de que "a su entender" estaba nombrada "otra
persona para el cargo respectivo", se trasladó a las instalaciones de
Ingeominas y verificó que la lista de elegibles no aparecía publicada, motivo
por el cual solicitó al señor Ramírez informacíón sobre el concursante nombrado
"y en ese momento dijo no saber nada al respecto".
Asevera
la accionante que tuvo acceso a los resultados del concurso y que constató
haber obtenido el primer puesto en el concurso, con un puntaje total de 83.2,
seguida por el señor John Josué Guerrero Santafé quien sumó 82.3 puntos y por
Julio Roberto Rincón, ubicado en el tercer lugar con un puntaje de 82.0.
La
peticionaria agrega que un hermano suyo es colega del Director de Ingeominas en
la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional y que le preguntó acerca
del concurso "a lo cual el doctor Alarcón le comentó que a su modo de ver
le parecía inconveniente que una mujer fuera capaz de manejar 60 conductores,
que sería una de las funciones del cargo estipuladas en el concurso".
En el
mes de diciembre del año anterior, según la actora, los resultados no habían
sido publicados; a mediados de enero del presente año fue citada a una nueva
entrevista que, en su criterio "no puede variar el resultado obtenido en
el concurso, ya que el artículo 5 del decreto 1222 de 1993 afirma que no se
pueden modificar las bases del concurso una vez iniciada la inscripción de
aspirantes.
Pasados
diez días volvió a comunicarse con el señor José Vicente Ramírez, quien le
informó que había sido designado el señor John Josué Guerrero Santafé. La
peticionaria estima que el nombramiento se hizo incumpliendo la normatividad
vigente que exige la elaboración de una lista de elegibles que debe ser
publicada en las carteleras de la entidad.
Con
fundamento en lo anterior, solicita que se le ordene al Director de Ingeominas
nombrarla en el cargo especificado por la convocatoria, por haber obtenido el
primer lugar.
B.
Acervo probatorio
La
accionante ratificó lo expuesto en su escrito inicial ante el Juzgado Trece
Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, despacho que también citó al doctor
Adolfo Alarcón Guzmán, Director de Ingeominas, quien se refirió al concurso en
general y confirmó que Yolanda Julieta Sanabria Artunduaga ocupó el primer
lugar con un puntaje de 83.2, seguida de John Josué Guerrero Santafé y de Julio
Roberto Rincón Barrera que obtuvieron la calificación que se indicó en la
demanda de tutela. Explicó, que "se conformó la lista de elegibles en el
mismo orden como aparecen en el acta de concurso" y que en la resolución
pertinente se estableció que la designación se haría con una de las personas
que figuran en los tres primeros puestos, con fundamento en el artículo 1222 de
1993, que así lo permitía". Expuso, además, que cuando le fueron
presentados los resultados estimó que los puntajes por sí solos no permitían
escoger a la persona adecuada y por ello procedió a analizar la experiencia de
los aspirantes en el sector público y en el mantenimiento de equipos de
transporte, decidéndose, finalmente por el aspirante Rincón Barrera quien
declinó el nombramiento, razón por la que se llamó al segundo de la lista. Negó
el doctor Alarcón Guzmán que hubiese habido discriminación contra la mujer,
precisó que todo se hizo conforme a la ley y adjuntó la documentación relativa
al concurso que obra dentro del expediente.
C. La
sentencia objeto de revisión
El
Juzgado Trece Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, mediante sentencia de
15 de marzo de 1995, resolvió "NO TUTELAR los derechos de la señorita
YOLANDA JULIETA SANABRIA ARTUNDUAGA..", con base en las consideraciones
que se resumen a continuación:
A juicio
del despacho judicial, en el momento en que se produjo el nombramiento, estaba
vigente el artículo 9 del decreto 1222 de 1993 que permitía al nominador
designar, discrecionalmente, a uno de los aspirantes que se encontrara dentro
de los tres primeros lugares de la lista de elegibles.
La Corte
Constitucional declaró la inexequibilidad de ese precepto, por sentencia
fechada el 9 de febrero del año en curso que es posterior a la resolución de
nombramiento y a la posesión del designado que se produjo el 2 de febrero.
La
selección se efectuó sin discriminación alguna y "teniendo en cuenta el
texto y el espíritu de la ley, para entonces vigente, que le otorgaba cierta
discrecionalidad al nominador", de la que hizo uso el Director de
Ingeominas. La sentencia de la Corte Constitucional, en criterio del despacho
judicial, tiene, "efectos hacia el futuro, esto quiere decir que no puede
predicarse que tenga efectos retroactivos, circunstancia que generaría gran
inseguridad y traumatismos jurídicos".
Concluye
la sentencia revisada señalando que "... el Instituto de Investigaciones
en Geociencias, Minería y Química no violó el derecho a la igualdad de la
señorita YOLANDA SANABRIA ARTUNDUAGA, pues el nombramiento realizado tuvo lugar
sin discriminaciones por razón de sexo...ya que los factores tenidos en cuenta
para el mismo fueron los dados por las diferentes pruebas del concurso".
II.FUNDAMENTOS JURIDICOS
A. La
Competencia
Es
competente esta Sala de la Corte Constitucional paraproferir sentencia de
revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los
artículos 86, inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política,
en concordancia conlos artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
B. La
materia
1.
Pretende la accionante, mediante el ejercicio de la acción de tutela, que, en
garantía de los derechos al trabajo y a la igualdad, se ordene al Director del
Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química, Ingeominas,
acatar los resultados del concurso abierto que la entidad convocó para la
provisión de un cargo de carrera administrativa, por haber superado las
pruebas y obtenido el primer lugar, pese a lo cual el nombramiento recayó en el
aspirante que aparece ubicado en el segundo puesto dentro de la lista de
elegibles.
La parte
demandada aduce que las normas vigentes al momento de efectuar el
correspondiente nombramiento otorgaban al nominador cierto margen de
discrecionalidad, situación que, a su juicio, demuestra que se procedió
correctamente, máxime si se tiene en cuenta que la sentencia No. 40 de 1995,
por cuya virtud la Corte Constitucional declaró inexequible el aparte del
artículo 9 del Decreto 1222 de 1993 que permitía designar a una de las personas
que se encontrara entre los tres primeros puestos, indicando que debe llamarse
a quien ocupe el primer lugar en el concurso, es posterior y, por ende,
inaplicable a la situación concreta ya consolidada en favor del concursante
efectivamente designado durante la vigencia de la aludida preceptiva.
2. La
Constitución de 1991 se ocupa de la carrera administrativa erigiéndola en regla
general al señalar que "los empleos en los órganos y entidades son de
carrera" con excepción de los de elección popular, los de libre
nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley (art. 125 C.P.). Este sistema de administración del personal
al servicio del Estado propende por la eficiencia y la eficacia de la
administración y procura garantizar, fuera de otros supuestos, la igualdad de
oportunidades en el acceso a la función pública, propósitos todos que
encuentran cabal satisfacción siempre que la vinculación se realice atendiendo
al criterio de la capacidad del aspirante con prescindencia de factores
extraños al mérito; la misma Carta preceptúa que "En ningún caso la
filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un
empleo de carrera, su ascenso o remoción" (art. 125 C.P.).
3. En
perfecta correspondencia con lo anotado, se refiere también el Estatuto
Superior al concurso público como el mecanismo al que debe acudirse cuando ni
la Constitución ni la ley determinen el sistema de nombramiento de algún
funcionario y advierte, así mismo, que el ingreso a los cargos de carrera y el
ascenso en ellos "se harán previo cumplimiento de los requisitos y
condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los
aspirantes".
El
concurso público es, entonces, el mecanismo por excelencia para proveer cargos
de carrera administrativa y, según lo ha establecido esta Corporación, puede
definirse "como el procedimiento complejo previamente reglado por la
administración, mediante el señalamiento de las bases o normas claramente
definidas, en virtud del cual se selecciona entre varios participantes que han
sido convocados y reclutados, a la persona o personas que por razón de sus
méritos y calidades adquieren el derecho a ser nombrados en un cargo
público" (Sentencia No. T-256 de 1995. M.P. Dr. Antonio Barrera
Carbonell).
4. Esta
Sala de Revisión tuvo ocasión de recordar que "la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha sido enfática en precisar que los concursos, cuya
finalidad sea el acceso a la función pública, deben sujetarse estrictamente a
los procedimientos y condiciones fijados de antemano y que las reglas que los
rigen son obligatorias, no sólo para los participantes sino también para la
administración que, al observarlas, se ciñe a los postulados de la buena fe
(C.P.art.83), cumple los principios que según el artículo 209 superior guían el
desempeño de la actividad administrativa y respeta el debido proceso
(C.P.art.29), así como los dereechos a la igualdad (C.P.art.13) y al trabajo
(C.P: art. 25) de los concursantes. Una actitud contraria defrauda las justas
expectativas de los particulares y menoscaba la confianza que el proceeder de
la administración está llamado a generar" ( Sentencia No. T-298 de 1995.
M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero). En idéntico sentido, en la
sentencia T-256 de 1995, ya citada, se expuso:
"Al
señalarse por la administración las bases del concurso, estas se convierten en
reglas particulares obligatorias tanto para los participantes como para
aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la administración se
autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su
actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para
acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente
regulada, de modo que no puede actuar en forma discrecional al realizar dicha
selección. Por consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce las
reglas del concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe actuar o manipula
los resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83 C.P.), incurre en
violación de los principios que rigen la actividad administrativa (igualdad,
moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes
participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el
proceder irregular de aquélla".
5. Al
pronunciarse sobre la inexequibilidad del aparte del artículo 9 del Decreto
1222 de 1993, que permitía la provisión del empleo "con una de las
personas que se encuentre entre los tres primeros puestos de la lista de
elegibles" , la Corte Constitucional puntualizó que "..sea
cual fuere el método o sistema elegido, éste debe contener criterios
específicos y concretos para efectuar una selección en la que aparezcan como
valores dominantes la capacidad profesional o técnica del aspirante, sus
calidades personales y su idoneidad moral, acordes con las funciones del empleo
y las necesidades del servicio público. Por tanto, no puede quedar al nominador
una libertad absoluta para que designe a su arbitrio, pues, el nombramiento
siempre tendrá que recaer en quien haya obtenido el mayor número de
puntos". Precisó la Corporación que de lo contrario se produciría una
arbitraria desnaturalización del concurso, acompañada del evidente
desconocimiento de las calidades y del mérito del candidato, cuyas condiciones
profesionales, morales y personales deben ser evaluadas durante el concurso
mismo, de manera que el resultado final refleje la totalidad de los aspectos
involucrados en la calificación, a punto tal de que no exista posibilidad
legítima de dasatender las respectivas pautas y procedimientos, de donde se
sigue que, una vez apreciados, la designación deberá efectuarse en favor de
quien haya obtenido la más alta puntuación. (Cfr. Sentencia No. C-040 de 1995.
M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).
En
pronunciamiento posterior la Corte destacó lo siguiente:
"En
relación con los empleos sujetos a concurso público, la Constitución no
atribuye al nominador poder discrecional alguno para su nombramiento. Frente al
concurso, la administración carece de libertad para adoptar una solución
diferente o privilegiar otra alternativa que considere sin embargo más
apropiada para el interés público. Por el contrario, se parte de la premisa de
que el interés público en este caso se sirve mejor acatando el resultado del
concurso. La actuación administrativa en lo que respecta a estos empleos no es
política y se desarrolla, por ende, de conformidad con estrictas reglas
técnicas y objetivas. Si no fuera posible concebir este tipo de normas o
expedidas éstas cumplirlas, la finalidad de conformar una administración
eficiente y profesional a través del indicado mecanismo estaría desprovista de
sentido, y el sistema ordinario de nombramiento que ha debido escoger el
Constituyente no habría podido ser otro que el de libre nombramiento y
remoción. Distinta ha sido la decisión del Constituyente y a ella debe
supeditarse la ley y la actuación de los funcionarios nominadores"
(Sentencia No. C-O41 de 1995. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
6. En el
evento que ahora se examina, la Sala advierte que efectivamente la peticionaria
obtuvo la mejor calificación en el concurso y que el nominador al proveer el
cargo público llamó en primer término al aspirante que ocupó el tercer puesto
quien declinó el nombramiento, siendo entonces llamado el segundo en la lista
de elegibles. Esta sola circunstancia es suficiente para comprobar el
quebrantamiento unilateral de las bases del concurso porque, como bien lo
precisó la Corte:
"...Establecer
un concurso público y señalar un procedimiento que termina por no atribuir al
vencedor el cargo o plaza objeto del mismo, elimina su esencia y lo despoja de
su estímulo. Si en verdad se anuncia por el Estado que un empleo se va a
nombrar por concurso y, en últimas se designa al tercero o al segundo mejores
aspirantes, pero no al primero, se defrauda la confianza de este aspirante
inducida en virtud de la convocatoria y, de este modo, igualmente, se asalta la
buena fe de todos los restantes aspirantes que en teoría han emulado y se han
presentado al concurso con miras a ser los primeros y así obtener en justa lid
el premio a su mérito -socialmente comprobado- representado en este caso, por
el consecuente nombramiento con apego al resultado objetivo del concurso. Si,
en estas condiciones, el nombramiento recae en quien no es el primero en orden
de méritos, ello será así en virtud de la libre voluntad del nominador que
habrá transformado el sistema de vinculación a la función pública establecido
en la Constitución y en la ley, asignándole en la práctica al empleo objeto del
concurso el carácter de empleo de libre nombramiento y remoción".
(Sentencia No. C-041 de 1995).
7. En la
declaración que el director de Ingeominas rindió ante el juez de tutela explicó
que cuando le fueron presentados los resultados del concurso observó que los
puntajes de los aspirantes ubicados en los tres primeros lugares "eran muy
similares" y que, "por sí solos no permitían escoger la persona más
adecuada", motivo que le llevó, en ejercicio de su "discreción de
nominador" a analizar "dos aspectos adicionales, la experiencia de
los funcionarios en el sector público y de manera particular la experiencia de
los aspirantes en la administración y mantenimiento de equipo de transporte que
esta era la finalidad del cargo a proveer". Después de considerar las
calificaciones y los dos factores antes indicados "el nominador consideró
que la mejor opción era nombrar al tercero en la lista" y ante la negativa
de éste "teniendo en cuenta las mismas consideraciones anteriores y por
encima de todo, lo más conveniente para la entidad que es mi mayor
responsabilidad se procedió a nombrar en el cargo en consideración al segundo
de la lista..." (folio 48).
Llama la
atención de la Sala que fuera de desconocer los resultados del concurso, lo que
como se indicó, equivale a cambiar las bases del mismo, el nominador
justifique esa actuación apelando a una presunta insuficiencia de las
calificaciones que pretendió subsanar mediante la evaluación de dos factores
adicionales relativos a la experiencia de los candidatos, sin detenerse a
explicar cuáles fueron los criterios o métodos a los que se ciñó para apreciar
esos "nuevos" elementos y sin tener en cuenta que dentro del del concurso
se analizaron los requisitos mínimos exigidos y la "experiencia
adicional" que en el caso de Yolanda Julieta Sanabria Artunduaga se fijó
en 8.3 años, mientras que Julio Roberto Rincón alcanzó 2,5 años y John Josué
Guerrero apenas un (1) año, lo que se tradujo en puntajes totales de 17, 13.5
y 12.6% respectivamente (folio 83). En estas condiciones, la Sala estima que no
es de recibo la explicación aportada y que lo que se operó, so pretexto de la
discrecionalidad que las normas vigentes garantizaban, fue un escueto y
arbitrario desconocimiento del concurso, careciendo, para ello, de una
justificación objetiva y razonable.
No
escapa al juicio de esta Sala que las pruebas realizadas y el concurso mismo
pueden adolecer de imperfecciones y de fallas, pero eso no autoriza la
sustitución del sistema de carrera por el de libre nombramiento y remoción, ni
la prevalencia de la voluntad del nominador. A este respecto la Corte ha dicho
que "Esta falta de absoluta seguridad en el pronóstico - que ningún
sistema de nombramiento - puede ofrecer, no se soluciona subvirtiendo la
institución del concurso o desfigurando sus resultados mediante la atribución a
la administración de una facultad discrecional de designación, sino mediante la
previsión que adopta el decreto citado (1222 de 1993) - común a los sitemas de
concurso - consistente en el establecimiento de un período de prueba de cuatro
meses dentro del cual la persona escogida será objeto de calificación (ibid,
art. 10), aparte de la puesta en obra de los constantes perfeccionamientos en
las pruebas y en los mecanismos de examen y calificación" (Sentencia No.
C-041 de 1995).
8. Pero,
además de lo anterior, en abierta violación del principio de justicia se le
negó a la ganadora el nombramiento que legítimamente le corresponde
otorgándoselo a quienes no tenían mejor título que ella para obtenerlo, lo que
a su vez, comporta violaciones al derecho a la igualdad, ya que, tal como lo
puso de manifiesto la Corte, mereciendo la peticionaria un trato acorde con los
resultados obtenidos en el concurso se ignoró esa condición preferente y se la
ubicó "en igual posición a la de quienes no participaron o, habiéndolo
hecho, obtuvieron calificaciones inferiores" (Sentencia No. T-046 de 1995
M.P. Dr. José gregorio Hernández Galindo).
Ahora
bien, el nominador pretende ampararse en el ejercicio de la facultad
discrecional permitida por las normas vigentes al momento de proceder al
nombramiento. Es pertinente reiterar, en concordancia con lo expuesto, que
actualmente la discrecionalidad que esas normas autorizaban está proscrita,
debiendo procederse a la designación al concursante que ocupó el primer lugar.
Empero, si en gracia de discusión se admitiera que al nominador le asiste la
aludida discrecionalidad es indispensable recordar que el hecho de descartar a
quien ocupó el primer puesto en un concurso de méritos, envuelve un trato
diferente que exige justificación objetiva y razonable, no siendo suficiente la
simple invocación de las normas que conferían ese margen de discrecionalidad.
Así pues, la entidad estaba llamada a aportar pruebas y argumentos valederos
orientados a justificar el favorecimiento a concursantes diferentes del ubicado
en primer lugar, y, tal como quedó reseñado más arriba, los motivos aducidos
carecen de fundamento serio, de modo que, en la práctica, el nominador invocó y
aplicó sus propios criterios sin que mediara motivación alguna o hubiese
esgrimido razones de peso para desconocer los resultados del concurso. Así las
cosas, bajo el manto de la pretendida discrecionalidad se encubrió un
comportamiento arbitrario.
9. El
derecho a la igualdad reviste en la presente causa una singular connotación
referida al sexo que, según lo afirma la peticionaria, constituyó un motivo
decisivo para que no se produjera, a su favor, el nombramiento esperado. La
Carta Política incluyó al sexo como uno de los criterios que no pueden ser
tomados en cuenta para generar un trato diverso sin fundamento válido, así
pues, con base en la sola consideración del sexo de una persona no resulta
jurídicamente posible coartarle o excluirla del ejercicio de un derecho o
negarle el acceso a un beneficio determinado y siempre que esto ocurra, sin el
debido respaldo constitucional, se incurre en un acto discriminatorio que, en
tanto arbitrario e injustificado, vulnera el derecho contemplado en el artículo
13 superior.
El
director de Ingeominas se limitó a manifestar que en esa entidad "de
ninguna manera se hace discriminación contra la mujer y por el contrario...una
gran parte de los funcionarios son mujeres". De acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional "Los actos discriminatorios
suelen ser de difícil prueba. De ahí que sea apropiado que la carga de probar
la inexistencia de discriminación recaiga en cabeza de la autoridad que expide
o aplica una disposición jurídica, no así en quien alega la violación a su
derecho a la igualdad, especialmente cuando la clasificación que se hace de una
persona es sospechosa por tener relación con los elementos expresamente
señalados como discriminatorios a la luz del derecho constitucional"
(Sentencia No. T-098 de 1994. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
No
ignora la Sala que el mundo del trabajo es especialmente propicio a la
discriminación de la mujer y que, dentro de ese ámbito laboral, el primer y más
difícil escollo suele presentarse en el momento de acceder a un puesto, de ahí
que la prohibición de discriminar por razón del sexo de la persona adquiera el
sentido de límite al particular o a la autoridad pública que deba proveer un
empleo. Esa limitación, por ejemplo, les impide, en principio, utilizar como
pauta de selección el sexo, hacer uso de distintos criterios y exigir
diferentes requisitos o condiciones para hombres y mujeres, y, también, echar
mano de procedimientos que, pese a su apariencia neutral, por ser de más
difícil cumplimiento para los miembros de un sexo que para los pertenecientes
al otro, terminan excluyendo a una proporción mayor de hombres o mujeres, según
se trate. Cabe destacar, por último, que estos límites se concretan en la
especial obligación de transparencia de todo el proceso de selección, de donde
surge que el nominador o la entidad respectiva deben informar con toda claridad
acerca de las bases, criterios y procedimientos que preceden al pertinente
nombramiento.
Si bien
en el evento sub examine no es posible afirmar que en atención al sexo de los
participantes se hayan utilizado distintos criterios o recurrido a
procedimientos encaminados a privilegiar la situación de los hombres frente a
las mujeres aspirantes, se logran advertir ciertos aspectos que menguan la
necesaria transparencia del concurso. En su escrito, la accionante informó que
después de presentar las pruebas y entrevistas exigidas, en varias
oportunidades acudió a las instalaciones de Ingeominas "sin obtener
información alguna" y que procedió a efectuar llamadas telefónicas con el
fin de obtener respuesta sobre los resultados del concurso y que en el mes de
diciembre de 1994 todavía no se había publicado la lista de elegibles, a la
cual, tuvo acceso informal enterándose, por un mecanismo diverso de la
publicación, de haber obtenido el primer lugar. La peticionaria afirma que el
nombramiento se produjo con violación de las normas que imponen las publicación
de los resultados del concurso. Interrogado sobre este punto, el director de
Ingeominas explicó que según información que él recibió se sigió el
procedimiento preestablecido pero que "no puede responder si a la
funcionaria (sic) Sanabria Artunduaga se le dió la información por via
telefónica, puesto que esto no es un requisito que invalide el procedimiento
llevado a cabo..." (folio 50).
En todo
caso, el derecho a la igualdad excluye requisitos o condiciones ajenos a la
calidad y al mérito de los participantes en un concurso cuando se trate de
proveer la vacante para la que se concursó. Así las cosas, el nominador está
obligado a designar al primero en la lista de elegibles y, al proceder de
manera diferente, conculca, además, el derecho de acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos y el derecho al trabajo del aspirante mejor
calificado, sustituyendo el mérito debidamente comprobado, por su propia
apreciación discrecional que es posterior y extraña al concurso.
10. En
un caso similar al que ahora se aborda esta Sala de Revisión enfatizó "que
la acción de tutela es un mecanismo protector de los derechos constitucionales
fundamentales, de carácter subsidiario, por lo cual su procedencia se hace
depender de que no existan otros medios de defensa a los que pueda acudir el
interesado. Empero, esos otros medios judiciales deben tener, por lo menos, la
misma eficacia de la tutela, para la protección del derecho de que se trate.
Analizadas las circunstancias del caso concreto, se concluye que tales acciones
no se revelan más eficaces que la tutela, ya que, la decisión tardía del
asunto, deja mientras tanto, intactas violaciones a los derechos a la igualdad
y al trabajo..." (Sentencia No. T-298 de 1995). Estas apreciaciones
coinciden con las vertidas por la Sala Segunda de Revisión en la sentencia No.
T-256 de 1995, conforme a las cuales mediante el ejercicio de las acciones que
pueden impetrarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no se
obtiene "el resultado deseado, cual es el de ser nombrado en el cargo
correspondiente". Esta Sala reitera ese pronunciamiento y en armonía
con él advierte que no existe contradicción entre lo aquí decidido y el fallo
SU-458 de 1993 "porque en esta oportunidad se consideró la situación
especial generada en virtud de las sentencias C-040/95 y C-041/95 y además, que
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no es el mecanismo idóneo
para amparar los derechos fundamentales que le fueron violados a la
peticionaria" (M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).
11.
Finalmente, estima la Sala que es del caso aclarar que independientemente de
que la fecha de las sentencias que declararon la inexequibilidad de las
disposiciones contentivas de la potestad discrecional que la entidad demandada
alega sea posterior a la fecha del nombramiento que se hizo a persona distinta
de la peticionaria, se concederá la tutela, pues los referidos pronunciamientos
no tienen el efecto de constituir los derechos vulnerados, los que existían,
con anterioridad a ellos, en cabeza de la actora y le fueron violados mediante
comportamientos que, desde un principio, se colocaron en contradicción con la
preceptiva constitucional que reconoce los derechos de los asociados.
Los
argumentos que sirvieron de base a la declaratoria de inexequibilidad precisan
en forma muy clara las causas de la vulneración pero de ningún modo convalidan
situaciones que ya eran anómalas antes de que la Corte los expusiera, máxime si
en la actiualidad subsisten sus efectos nocivos. La acción de tutela procede
para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales y
comprobada la vulneración de algunos de estos, por expreso mandato
constitucional, debe brindarse el amparo pedido; una interpretación contraria
conduciría a patrocinar su desconocimiento y a restarles la eficacia que la
Carta pretende asegurarles.
Es de
anotar que en esta misma providencia se ha dejado en claro que aún partiendo
del supuesto del ejercicio de la potestad discrecional la ausencia de una
justificación objetiva y razonable para preferir a concursantes distintos del
situado en primer lugar torna patente el caráter arbitrario de la medida tomada
en perjuicio de la accionante. Por lo demás, la Corte ha concedido la tutela en
casos similares, sin que ello signifique que le esté otorgando efecto retroactivo
a un fallo suyo. (Cfr. Sentencias T-256 y 298 de 1995).
Se
revocará la sentencia revisada y se concederá la tutela ordenando al Director
de la entidad demandada que, en el término de un (1) mes, contado a partir de
la notificación de esta sentencia, proceda a designar a la peticionaria en el
cargo para el cual se presentó a concurso público, ocupando el primer lugar.
En
mérito de lo expuesto, La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
RESUELVE:
PRIMERO.
REVOCAR la
sentencia de marzo 15 de 1995 proferida por el Juzgado Trece Penal del Circuito
de Santa Fe de Bogotá.
SEGUNDO.
CONCEDER, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la tutela
impetrada y, en consecuencia, se ordena al Director del Instituto de
Investigaciones en Geociencias, Minería y Química, INGEOMINAS, que, en el
término de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia,
proceda a efectuar el nombramiento de YOLANDA JULIETA SANABRIA ARTUNDUAGA en el
cargo para el cual se presentó a concurso público habiendo ocupado el primer
lugar.
TERCERO. El Juzgado Trece Penal del
Circuito de Santa Fe de Bogotá vigilará el estricto cumplimiento de lo ordenado
en esta providencia.
CUARTO.
LIBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
473 | T-333-95
Sentencia No
_Sentencia No.
T-333/95
SUBORDINACION/INDEFENSION/ACCION
DE TUTELA CONTRA ADMINISTRACION DE CONJUNTO RESIDENCIAL-Instalación de TV cable
La subordinación tiene que ver con
acatamiento, sometimiento a órdenes proferidas por quienes, por razón de sus
calidades, tienen la competencia para impartirlas, situación en la que también
se halla la petente, debido a que la decisión prohijada por la asamblea general
y llevada a efecto por la junta directiva debe ser acatada, según los estatutos
de la copropiedad y ante la coacción de un proceso ejecutivo". "Se
concluye, que en el presente caso la acción de tutela es procedente, debido a
que la peticionaria se encuentra en situación de indefensión y subordinación
frente al demandado -Junta Administradora del Conjunto Residencial.
PROPIEDAD
HORIZONTAL/ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS-Límites
No se pone en duda que los propietarios de
las unidades de dominio privado, a quienes se le impone una obligación por la
asamblea general o de propietarios, con arreglo a las atribuciones previstas en
las normas que regulan la propiedad horizontal, deben cumplirla, pero sin
perjuicio de que puedan cuestionar su validez ante el juez civil utilizando el
mecanismo del proceso verbal sumario y si es el caso, obtener el
restablecimiento de los derechos que les hayan sido conculcados, pues cuando
las decisiones de dicha asamblea rebasan el ámbito de sus facultades legales o
estatutarias no pueden ser obligatorias, pese a que hayan sido adoptadas por
mayoría.
ACCION DE
TUTELA/DERECHO A LA LIBERTAD/DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR
La tutela, destinada en este caso a amparar
los derechos fundamentales de los demandantes a la libertad e intimidad
personal y familiar, constituye el mecanismo ideal y efectivo de protección de
éstos con el fin de contrarrestar el abuso de poder en que incurrió la asamblea
general al adoptar decisiones que escapan de su competencia y que determinaron
la violación de dichos derechos, porque no se puede supeditar la vigencia y
goce de los derechos fundamentales a la posibilidad de su amparo a través de la
utilización de medios procesales distintos a los previstos en la Constitución
para su protección, que han sido instituidos con finalidades diferentes y que
realmente no son garantía para su protección efectiva.
REFERENCIA:
Expediente T- 38232
DEMANDANTES:
Martha Beatriz
Johnson Ceballos, Fabio Rodríguez Barbosa y Aurelio Rodríguez Barbosa contra
la Asociación de Copropietarios del Conjunto Residencial Montana.
PROCEDENCIA:
Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá.
MAGISTRADO PONENTE:
ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Sentencia aprobada
en Santafé de Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de julio de mil
novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, decide sobre el fallo proferido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso de tutela
promovido por Martha Beatriz Johnson Ceballos, Fabio Rodríguez Barbosa y
Aurelio Rodríguez Barbosa contra la Asociación de Copropietarios del Conjunto
Residencial Montana.
El expediente llegó
a la Corte Constitucional, por remisión que hizo el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, en virtud de lo ordenado por el
artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
La Sala de Selección
de la Corte eligió, para efectos de su revisión, el expediente de la
referencia.
I. ANTECEDENTES.
Los actores,
actuando en nombre propio, presentaron ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, acción de tutela contra la Asociación de Copropietarios del
Conjunto Residencial Montana y, específicamente, contra la asamblea general y
su junta administradora, por las razones que se exponen a continuación:
A. Hechos.
1. Manifiestan los actores que el 2 de
noviembre de 1993, la junta administradora provisional del Conjunto Residencial
Montana convocó a una asamblea extraordinaria que se realizaría el 7 de
noviembre del mismo año. El motivo: aprobar la contratación e instalación del
servicio de T. V. cable comunal.
2. En
la fecha señalada, sin la asistencia de los actores, la asamblea aprobó,
sin el quórum decisorio requerido, la contratación e instalación del servicio
de T.V. cable para la totalidad de los copropietarios del conjunto. Así mismo,
se acordó que el valor del servicio sería acumulado al de la cuota ordinaria
por administración. Por tanto, se decidió que las cuotas que no incluyeran
dicho valor, no serían recibidas.
3. Indican
los actores que no incrementaron la cuota de la administración con el valor del
T.V. cable y, por ello, no les fue entregado el recibo correspondiente,
haciéndolos incurrir en mora, impidiéndoles participar con voz y voto en las
asambleas que posteriormente se convocaron para debatir el tema. Así, por
ejemplo, el 12 de diciembre de 1993, se celebró una asamblea extraordinaria,
con el fin de replantear la adquisición del servicio de T.V. cable, asamblea en
la que no se les permitió participar, por encontrarse en mora en el pago de la
administración.
4. Según
los actores, la asamblea general no tiene competencia para imponer del servicio
de T.V. cable a los copropietarios, porque ella sólo puede fijar gastos que
tienen que ver con la conservación, reparación y mantenimiento de las áreas,
bienes y servicios de uso común, tal como lo dispone el estatuto del conjunto
residencial.
B. Derechos
presuntamente vulnerados.
Los actores
consideran que con la decisión de la asamblea general, de contratar e instalar
el servicio de T.V. cable, se están vulnerando sus derechos al libre desarrollo
de la personalidad y a la intimidad familiar.
C. Pretensión.
Solicitan los
actores, se ordene a la Administradora y a la Junta Administradora del
Conjunto Residencial Montana abstenerse de obligar a los copropietarios del
conjunto residencial a contratar el servicio de T.V. cable.
D. Pruebas.
Los actores
aportaron como pruebas, entre otras, los siguientes documentos:
1. Copia
de los estatutos del Conjunto Residencial Montana.
2. Copia
del aviso de convocación, a la reunión de la asamblea extraordinaria que se
realizaría el 7 de noviembre de 1993.
3. Copia
del acta número 106, donde constan las decisiones adoptadas en la reunión de la
asamblea general extraordinaria celebrada el 7 de noviembre de 1993.
5. Copia
del Acta número 107 de la asamblea extraordinaria celebrada el 12 de diciembre
de 1993.
E. Sentencia de
única instancia.
Mediante sentencia
del seis (6) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Civil, DENEGÓ
la tutela solicitada, al considerar que la misma era improcedente a la luz del
artículo 42 del decreto 2591 de 1991, porque no existe estado de indefensión o
subordinación de los actores, frente a la asociación demandada. Pues, siendo
una entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro, integrada por todos los
propietarios de las unidades residenciales, incluidos los demandantes, es
imposible predicar indefensión y subordinación de éstos frente a ella.
Finalmente, indicó,
que la justicia ordinaria es la encargada de dirimir el conflicto suscitado
entre los actores y la asociación demandada, tal como lo dispone el artículo
8o. de la ley 16 de 1985.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1. Competencia.
La Corte
Constitucional es competente para decidir este asunto, en virtud de lo
dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución, en concordancia
con las normas pertinentes del decreto 2591 de 1991.
2. Trámite previo
a la decisión de fondo.
La Sala Primera de
Revisión a cuya consideración se presentó la ponencia original elaborada por el
Magistrado Jorge Arango Mejía, estimó que dicha ponencia proponía un cambio de
la jurisprudencia sentada por la Sala Cuarta de Revisión en la sentencia T-233
de 1994 de la cual fue ponente el Magistrado Carlos Gaviria Díaz. En tal
virtud, a petición del citado Magistrado y conforme a lo establecido en el art.
53 del acuerdo 05 de 1993 se sometió el estudio del asunto a la Sala Plena de
la Corporación.
La Sala Plena de la
Corte en su sesión del 19 de julio del año en curso analizó la ponencia del
Magistrado Jorge Arango Mejía y, por mayoría de votos, consideró que no era
procedente el cambio de jurisprudencia propuesto y que debía mantenerse la que
aparece consignada en la sentencia T-233 de 1994. Consecuentemente dispuso la
remisión del expediente a la Sala Primera de Revisión para la adopción de la
decisión correspondiente.
Dado que la ponencia
del Magistrado Jorge Arango Mejía, como se dijo antes no fue aprobada, le fue
asignada la elaboración de la nueva ponencia, acorde con el criterio
mayoritario, al Magistrado Antonio Barrera Carbonell, quien le sigue en turno e
integra junto con aquél y el Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz la Sala Primera de
Revisión.
La nueva ponencia
presentada por el Magistrado Antonio Barrera Carbonell, toma como punto de
referencia los antecedentes de la ponencia original.
3. Saneamiento de
nulidad.
La Sala Primera de
Revisión, por auto del diez (10) de junio de mil novecientos noventa y cuatro
(1994), ordenó poner en conocimiento de la parte demandada, la nulidad de todo
lo actuado dentro del proceso de la referencia, por la falta de notificación
del auto admisorio de la demanda de tutela.
Devuelto el
expediente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá puso en
conocimiento de la parte demandada, la nulidad declarada por la Corte
Constitucional, sin que la misma hubiese sido alegada dentro del término de
ley, quedando por ese hecho saneada la nulidad.
En consecuencia, el
Tribunal remitió nuevamente el expediente a esta Corporación, para lo de su
competencia.
4. Procedencia
formal de la tutela contra la Asociación de Copropietarios del Conjunto
Residencial Montana.
En la sentencia
T-233 del 17 de mayo de 1994[1],
la Sala Cuarta de Revisión en un caso similar al que ahora se analiza se
pronunció sobre la procedencia formal de la tutela en los siguientes términos:
"Ahora bien:
la presente acción se dirige contra un particular, la Junta Administradora del
Conjunto Residencial Montana, y como bien es sabido la tutela fue instituida a
través del articulo 86 de la Constitución Nacional como un medio para lograr la
protección de los derechos fundamentales, cuando hayan sido vulnerados o
amenazados por las autoridades públicas o por aquellos particulares, frente a
los cuales el petente se encuentra en estado de indefensión o subordinación.
Tales condiciones se predican de la señora María Aurora Contreras, como se verá
más adelante, si se tiene en cuenta que la indefensión se presenta ante la
ausencia de un medio judicial para lograr el restablecimiento de los derechos
invocados".
"La
subordinación tiene que ver con acatamiento, sometimiento a órdenes proferidas
por quienes, por razón de sus calidades, tienen la competencia para
impartirlas, situación en la que también se halla la petente, debido a que la
decisión prohijada por la asamblea general y llevada a efecto por la junta
directiva debe ser acatada, según los estatutos de la copropiedad y ante la
coacción de un proceso ejecutivo".
"Se
concluye, que en el presente caso la acción de tutela es procedente, debido a
que la peticionaria se encuentra en situación de indefensión y subordinación
frente al demandado -Junta Administradora del Conjunto Residencial
Montana".
En idéntico sentido
la Sala considera que los demandantes se encuentran en una situación de
indefensión y de subordinación con respecto a la Asociación de Copropietarios
del Conjunto Residencial Montana, no sólo por lo expresado antes, sino porque
la asamblea dispone de medios coactivos diversos para imponer su decisión.
5. La existencia
de otro medio de defensa judicial.
El Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá consideró, entre las razones para
denegar la tutela impetrada, que los demandados disponían de un medio
alternativo de defensa judicial, como era el proceso verbal sumario a que alude
el art. 435, parágrafo 1, numeral 1 del Código de Procedimiento Civil, al cual
se someten "las controversias sobre la propiedad horizontal de que tratan
el art. 7 de la ley 182 de 1948 y los arts. 8 y 9 de la ley 16 de 1985".
En la sentencia
T-233 de 1994, a que se hizo alusión antes, igualmente se analizó la falta de
idoneidad y efectividad del proceso verbal sumario como medio alternativo de
defensa judicial para amparar los derechos fundamentales que se estiman
violados por los peticionarios, en la siguiente forma:
"En efecto:
el Decreto 2591 de 1991, al instituir las causales de improcedencia de la
acción de tutela, señaló en el art. 6-1 la existencia de otro medio de defensa
judicial, norma que invocó el juez de única instancia para denegar la petición
incoada en el caso bajo examen. Esta Sala no comparte tal decisión, pues a este
propósito, señaló en ocasión anterior: "La Corte, empero, encuentra
necesario hacer la siguiente precisión: cuando el juez de tutela halle que
existe otro mecanismo de defensa judicial aplicable al caso, debe evaluar si,
conocidos los hechos en los que se basa la demanda y el alcance del derecho
fundamental violado o amenazado, resultan debidamente incluidos TODOS los
aspectos relevantes para la protección inmediata, eficaz y completa del derecho
fundamental vulnerado, en el aspecto probatorio y en el de decisión del
mecanismo alterno de defensa. Si no es así, si cualquier aspecto del derecho
constitucional del actor, no puede ser examinado por el juez ordinario a través
de los procedimientos previstos para la protección de los derechos de rango
meramente legal, entonces, no sólo procede la acción de tutela, sino que ha de
tramitarse como la vía procesal prevalente. Así como la Constitución no
permite que se suplante al juez ordinario con el de tutela, para la protección
de los derechos de rango legal, tampoco permite que la protección inmediata y
eficaz de los derechos fundamentales, sea impedida o recortada por las reglas
de competencia de las jurisdicciones ordinarias". (Mayúsculas del texto,
Sentencia T-100 de 9 de marzo de 1994")
(....)
"En relación
con los procesos verbales que se enuncian en la sentencia que aquí se revisa,
el proceso en el que, por razón de la competencia atribuida legalmente, puede
controvertirse el conflicto planteado, es el sumario de que trata el art. 435
parágrafo 1, numeral 1 del C.P.C. que dispone: "Se tramitarán en única
instancia por el procedimiento que regula este capítulo, los siguientes
asuntos:
PAR. 1o. En consideración a su naturaleza:
1. Controversias
sobre la propiedad horizontal de que tratan el artículo 7o. de la Ley 182 de
1948 y los artículos 8o. y 9o. de la Ley 16 de 1985."
"Según se
desprende de los hechos relatados a través de esta providencia, la peticionaria
persigue corregir el daño que se le ha ocasionado al impedírsele participar en
las decisiones de la asamblea general; evitar un daño futuro que se le puede
producir en el evento de que la junta administradora, legalmente habilitada, le
inicie un proceso ejecutivo para el cobro de las cuotas de administración que,
indebidamente, se niega a recibir; y, finalmente, corregir la violación de sus
derechos a la libertad e intimidad personal y familiar".
"En tal
virtud, es necesario hacer una valoración en cuanto a la efectividad de la
acción de tutela frente al proceso verbal sumario -consagrado en la legislación
vigente como un medio de defensa judicial-, con el fin de determinar si, como
lo señala el juez de instancia, mediante este último se logra el propósito
perseguido por la señora Contreras".
"Así, en
cuanto al proceso verbal sumario, su trámite se inicia una vez aceptada la
demanda, luégo se notifica al demandado quien cuenta con cuatro días para
contestar; si propone excepciones de mérito, éstas se trasladan por el término
de tres días, vencido el cual se celebra la audiencia de conciliación; si se
logra la conciliación, el juez, mediante un auto, declara terminado el proceso;
en caso contrario, decreta la práctica de pruebas, corre traslado a las partes
para que formulen las alegaciones y, por último, profiere la sentencia. Se
trata, entonces, de un proceso que, tal como está consagrado legalmente,
demanda un tiempo muy superior al de la tutela, cuyo trámite es preferente -su
estudio tiene prelación a cualquier otro que esté sometido a consideración del
juez- y sumario -el juez de tutela dispone de 10 días, contados a partir de la
solicitud, para decidir-, en razón de que su consagración constitucional tiene
como propósito, precisamente, el restablecimiento inmediato del derecho
fundamental".
"Por lo que
es necesario concluir, que si bien el juez civil tiene competencia y cuenta con
los medios necesarios para evitar que a la demandante se le vulnere el derecho
a participar en las decisiones de la asamblea de copropietarios, no puede,
antes de dictar sentencia, impedir que la junta administradora ejecute
judicialmente a la accionante, ni ordenar que cese la violación a sus derechos
a la libertad e intimidad personal y familiar, lo que sí es materia de la
sentencia de tutela".
"De tal
manera que, ante la violación de los derechos a la libertad e intimidad
personal y familiar, invocados por la demandante y ante la ausencia de un medio
tan eficaz como la tutela, para su protección judicial, su restablecimiento
será otorgado a través de esta vía".
Adicionalmente a las
consideraciones hechas en la sentencia, cuyos apartes principales se han
transcrito, esta Sala anota lo siguiente:
No se pone en duda
que los propietarios de las unidades de dominio privado, a quienes se le impone
una obligación por la asamblea general o de propietarios, con arreglo a las
atribuciones previstas en las normas que regulan la propiedad horizontal, deben
cumplirla, pero sin perjuicio de que puedan cuestionar su validez ante el juez
civil utilizando el mecanismo del proceso verbal sumario a que alude el art.
435-1 del C.P.C. y si es el caso, obtener el restablecimiento de los derechos
que les hayan sido conculcados, pues cuando las decisiones de dicha asamblea
rebasan el ámbito de sus facultades legales o estatutarias no pueden ser
obligatorias, pese a que hayan sido adoptadas por mayoría.
A juicio de la Sala,
la utilización del aludido mecanismo alternativo de defensa tiene un objeto propio
definido por las leyes preconstitucionales (arts. 7 de la ley 182 de 1948, 8 y
9 de la ley 16 de 1985), como son las controversias entre copropietarios o que
puedan generarse por actos de la junta administradora, o de la asamblea
relativos a modificaciones de los bienes de uso común, alteraciones en su uso y
goce, a la organización general del edificio o conjunto habitacional, a la
aprobación de expensas ordinarias y extraordinarias destinadas a la
administración del inmueble y a la fijación de la cuota periódica, etc.; pero
aquél no resulta idóneo y efectivo para lograr el amparo inmediato de derechos
fundamentales conculcados o amenazados en razón de actos expedidos por dicha
junta o asamblea, como sucede en el presente caso.
La tutela, destinada
en este caso a amparar los derechos fundamentales de los demandantes a la
libertad e intimidad personal y familiar, constituye el mecanismo ideal y
efectivo de protección de éstos con el fin de contrarrestar el abuso de poder
en que incurrió la asamblea general al adoptar decisiones que escapan de su
competencia y que determinaron la violación de dichos derechos, porque no se
puede supeditar la vigencia y goce de los derechos fundamentales a la
posibilidad de su amparo a través de la utilización de medios procesales
distintos a los previstos en la Constitución para su protección, que han sido
instituidos con finalidades diferentes y que realmente no son garantía para su
protección efectiva. Dicho de otra manera, al juez civil dentro del proceso
verbal sumario que se instaura para dirimir una controversia en torno a la
propiedad horizontal concreta su estudio y decisión al aspecto central de ésta,
esto es, a lo que atañe con las materias ya especificadas, antes que al amparo
de los derechos fundamentales, violados o amenazados; por lo tanto,
eventualmente puede abstenerse de adoptar medidas concretas tendientes a poner
fin o a evitar su violación, como las que usualmente decreta el juez de tutela,
con lo cual dichos derechos pueden quedar carentes de protección.
En razón de lo
anterior, se revocará la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santafé de Bogotá y, en su lugar, se concederá la tutela impetrada.
III. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO:
REVOCASE la sentencia del
Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, de fecha seis (6) de mayo de mil
novecientos noventa y cuatro (1994) y, en su lugar, CONCEDESE la tutela
de los derechos fundamentales a la libertad y a la intimidad personal y
familiar, impetrada por los demandantes contra la Asociación de Copropietarios
del Conjunto Residencial Montana de esta ciudad. Por tanto, ORDENASE a
la junta administradora de esta entidad aceptar el pago de las cuotas
ordinarias que adeudan los actores, descontando el valor por el servicio de
T.V. cable e intereses moratorios por dicho concepto. En consecuencia, se PERMITIRA
la participación, con voto, de los actores, en las asambleas generales que se
lleguen a realizar.
SEGUNDO: Por Secretaría General, REMITANSE el
expediente de tutela y este fallo, al Tribunal Superior de Santafé de Bogotá,
para los efectos consagrados en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
cópiese, publíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento de voto a la Sentencia No. T-333/95
ACCION DE TUTELA
CONTRA PARTICULARES/INDEFENSION-Inexistencia/SUBORDINACION-Inexistencia/PROCESO VERBAL
(Salvamento de voto)
Para que proceda
la acción de tutela contra los particulares, éstos deben estar encargados de la
prestación de un servicio público, o su conducta afectar grave y directamente
el interés colectivo, o estar el solicitante en estado de indefensión o
subordinación respecto de quien vulnere o amenace su derecho fundamental. En el
presente caso, refiriéndonos concretamente a la indefensión o subordinación, es
claro que tal requisito no existe. Porque si los dueños de las unidades están
sujetos a las decisiones válidamente adoptadas por la Asamblea General, tienen
la posibilidad de participar en ésta y de atacar sus decisiones acudiendo al
proceso verbal, de conformidad con el art. 8o. de la ley 16 de 1985.
PROPIEDAD
HORIZONTAL-Controversias
(Salvamento de voto)
Todas las
controversias a que da lugar la propiedad horizontal, pueden dirimirse por
medio del proceso verbal. Y si se habla de una supuesta violación de derechos
fundamentales, también ella puede ser objeto del proceso verbal. No es verdad
que solamente el juez de tutela pueda resolver sobre los derechos
fundamentales, pues éstos también pueden defenderse por los procedimientos que
podríamos llamar ordinarios.
ACCION DE TUTELA-Abuso (Salvamento de voto)
Hay que sostener
que la tutela se estableció en la Constitución como un remedio excepcional, del
cual no puede hacerse uso según el capricho del interesado. Esos abusos, hasta
ahora auspiciados por jueces de todas las jerarquías, conspiran contra una
institución que por ellos pierde su valor, su importancia.
Referencia:
Expediente T-38232
Actores: Martha
Beatriz Johnson Ceballos y Otros
Magistrado
Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell
Los motivos que me
llevan a discrepar de la sentencia de la referencia, son los siguientes:
Primero.-
Inexistencia del estado de indefensión o subordinación en el presente caso.
Para que proceda la
acción de tutela contra los particulares, éstos deben estar encargados de la
prestación de un servicio público, o su conducta afectar grave y directamente
el interés colectivo, o estar el solicitante en estado de indefensión o
subordinación respecto de quien vulnere o amenace su derecho fundamental.
En el presente caso,
refiriéndonos concretamente a la indefensión o subordinación, es claro que tal
requisito no existe. Porque si los dueños de las unidades están sujetos a las
decisiones válidamente adoptadas por la Asamblea General, tienen la posibilidad
de participar en ésta y de atacar sus decisiones acudiendo al proceso verbal,
de conformidad con el art. 8o. de la ley 16 de 1985.
Además, ¿cómo hablar
de indefensión frente a las decisiones de una asamblea en la cual ni siquiera
se tomaron los actores el trabajo de participar?
Segundo.-
Existencia de otro medio de defensa judicial.
Todas las
controversias a que da lugar la propiedad horizontal, pueden dirimirse por
medio del proceso verbal consagrado en el Código de Procedimiento Civil, como
lo establece el art. 8o. de la ley 16 de 1985.
Y si se habla de una
supuesta violación de derechos fundamentales, también ella puede ser objeto del
proceso verbal. No es verdad que solamente el juez de tutela pueda resolver
sobre los derechos fundamentales, pues éstos también pueden defenderse por los
procedimientos que podríamos llamar ordinarios.
Tercero.- El
abuso de la acción de tutela.
Decisiones como ésta
fortalecen la tendencia a reemplazar por la acción de tutela todos los procesos
diferentes a ella. En general, en toda controversia puede hablarse de la
violación de un derecho fundamental, así esa violación sea indirecta o apenas
tangencial. En el caso de la propiedad horizontal, por ejemplo, las
controversias implican realmente problemas contractuales. Sin embargo,
alegando la supuesta violación de un derecho fundamental, se acude a la acción
de tutela, solamente para hacer a un lado el proceso señalado en la ley.
Por este camino, el
país va, por sus pasos contados, hacia un estado de anarquía, de inseguridad
jurídica y de desorden.
Siguiendo este
precedente, ¿qué impedirá mañana hacer a un lado el proceso de ejecución para
obtener el pago de una obligación y exigirlo por medio de la acción de tutela,
alegando que el dinero correspondiente se requiere para sustentar la vida del
acreedor o de su familia?
A todo lo cual se
suma el equivocado criterio que lleva a comparar los términos de la acción de
tutela (10 días en la primera instancia y 20 en la segunda), con los de todos
los demás procesos, para concluir que sólo la acción de tutela es eficaz.
No: hay que sostener
que la tutela se estableció en la Constitución como un remedio excepcional, del
cual no puede hacerse uso según el capricho del interesado. Esos abusos, hasta
ahora auspiciados por jueces de todas las jerarquías, conspiran contra una
institución que por ellos pierde su valor, su importancia.
Bogotá, julio 27 de
1995.
JORGE ARANGO MEJIA
[1] M.P.
Carlos Gaviria Díaz. |
474 | T-334-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-334/95
DERECHO DE
PETICION-Pronta resolución
En lo atinente al
derecho fundamental de petición, toda persona puede dirigirse respetuosamente a
las autoridades por motivos de interés general o particular, con la certidumbre
de obtener un efectivo trámite respecto de sus solicitudes y una pronta
resolución.
TERMINO PROCESAL-Dilación injustificada/DEBIDO PROCESO-Vulneración
por mora judicial/MORA JUDICIAL
El eventual
ejercicio de la acción de tutela ante la mora del juez en decidir sobre un
determinado asunto a su consideración dentro del proceso judicial tendría
fundamento en que tal conducta, en cuanto desconozca los términos de ley y
carezca de motivo probado y razonable, implica dilación injustificada, es
decir, vulneración palmaria del debido proceso y obstáculo para el acceso de la
persona a la administración de justicia. Si tenemos en cuenta que el remate se
efectuó el día doce (12) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y
que el auto que lo aprobó es del dos (2) de agosto del mismo año, es decir casi
tres (3) meses después, es claro que se incumplieron los términos procesales, lo
cual representa una evidente violación del debido proceso, en virtud de una
dilación injustificada, y a la vez se postergó sin razón el acceso real del
interesado a la administración de justicia.
-Sala Quinta de Revisión-
Ref.: Expediente
T-49809
Acción de tutela
instaurada por CAYO CESAR VILLALOBOS RINCON contra JUZGADO 24 CIVIL DEL
CIRCUITO DE SANTA FE DE BOGOTA.
Magistrado
Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los treinta y un (31) días del mes de julio de
mil novecientos noventa y cinco (1995).
Se revisan los
fallos de tutela proferidos en el asunto de la referencia por los juzgados
Dieciocho Penal Municipal y Séptimo Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá.
I. INFORMACION PRELIMINAR
El 12 de mayo de
1992 CAYO CESAR VILLALOBOS RINCON intervino como postor en el remate de un bien
inmueble ubicado en la vereda de Chingacio, Municipio de Chocontá
-Departamento de Cundinamarca-, dentro del proceso ejecutivo singular
adelantado por LUISA FERNANDEZ ROJAS contra LUIS FARFAN.
El Juzgado contra el
que propuso tutela le adjudicó el bien en esa diligencia y, por tanto, dentro
de los tres días siguientes el actor depositó el 3% mas el saldo del valor
correspondiente al inmueble rematado y allegó los recibos de pago del impuesto
predial.
Según su relato, el
expediente pasó al Despacho el 20 de mayo de 1994 y, hasta la fecha de
instauración de la acción de tutela -29 de julio de 1994-, no se había
proferido decisión alguna.
Afirmó el accionante
que, en lo relativo a remates posteriores, el Juzgado se ha pronunciado sin
tener en cuenta el orden y fechas de entrada.
Aseguró haberse
dirigido al Juez por escrito y personalmente, sin obtener respuesta.
Estimó violados sus
derechos de petición y debido proceso.
II. DECISIONES
JUDICIALES
El Juzgado Dieciocho
Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá, mediante Sentencia del doce (12) de
agosto de 1994, resolvió tutelar el derecho de petición del actor, que estimó
violado por el Juzgado 24 Civil del Circuito.
A juicio del
fallador, el Despacho judicial acusado quebrantó el aludido derecho de
VILLALOBOS RINCON en cuanto guardó silencio respecto de las peticiones
formuladas el 17 de mayo, el 20 de junio y el 22 de julio de 1994, a lo cual
agregó el hecho de que se desatendió lo mandado en el artículo 124 del Código
de Procedimiento Civil, al dejar que venciera ostensiblemente el término de
diez días allí previsto en materia de interlocutorios.
En el fallo revisado
se reconoció, por una parte, que la mora estaba justificada por el cúmulo de
procesos a cargo del Juez de Circuito y, por otra, que mediante auto
interlocutorio del 2 de agosto de 1994 fue resuelta la petición del actor, con
lo cual cesó la violación del derecho.
Así, pues, la tutela
fue concedida en el sentido de prevenir al titular del Despacho judicial para
que en el futuro se abstenga de incurrir en omisiones respecto a la tramitación
de procesos y peticiones a su cargo.
El dieciocho (18) de
agosto, el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá
presentó un escrito en el que manifestaba su voluntad de impugnar el fallo y
solicitó que el expediente fuera remitido al superior jerárquico para los fines
consiguientes, anunciando que allí sustentaría la impugnación.
Enviado el
expediente a la Oficina de Reparto de los juzgados penales del Circuito, las
diligencias fueron repartidas al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Santa Fe
de Bogotá, el cual consideró que el recurso no se había sustentado en debida
forma por haber transcurrido los términos respectivos sin que el Juez afectado
se hubiese hecho presente para manifestar cuál era su inconformidad. Por tanto,
mediante auto del diecinueve (19) de septiembre de 1994, se abstuvo de conocer
en segunda instancia sobre el fallo de tutela proferido y ordenó remitir el
asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Seleccionado el caso
en la Corte y repartido a esta Sala, fue necesario -con arreglo a reiterada
doctrina- devolver las diligencias al Despacho de segunda instancia para que
resolviera sobre la impugnación presentada.
Mediante Sentencia
del veintiséis (26) de abril de 1995, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito
decidió revocar el ordinal primero de la parte resolutiva del fallo impugnado
y, en su lugar, se abstuvo de tutelar el derecho de petición invocado por el
accionante.
Tuvo en cuenta el
Juez que, no obstante haber sido desconocido en efecto el término para resolver
y haberse dejado de responder las solicitudes del actor, para la fecha en que
se profirió el fallo de tutela -14 de agosto de 1994- ya el Juzgado 24 Civil
del Circuito, por auto del 2 de agosto, había aprobado la diligencia de remate,
con lo cual se resolvió el punto en controversia antes de que se fallara sobre
el amparo pedido.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
Esta Sala de la
Corte es competente para revisar las providencias en mención, ya que el asunto
fue seleccionado y repartido a ella según las previsiones de los artículos 86 y
241-9 de la Constitución y con arreglo al artículo 33 del Decreto 2591 de 1991.
Derecho de
petición, debido proceso y actuaciones judiciales
Motivo primordial
para la instauración de la tutela y para su prosperidad en primera instancia
fue en el presente caso, además de la mora judicial en adoptar una decisión, el
silencio del funcionario respecto de las peticiones que, relacionadas con el
mismo asunto, le fueron presentadas por el demandante.
Ello hace oportuno
que la Corte dilucide si, a la luz de la Constitución, todas las peticiones
presentadas ante los jueces deben ser resueltas dentro de los términos, en la
forma y bajo los apremios propios de las actuaciones administrativas y si a
ellas son aplicables las pertinentes normas que desarrollan el artículo 23 de
la Carta Política.
Ha sido reiterada la
jurisprudencia en lo atinente al derecho fundamental de petición, en cuya
virtud toda persona puede dirigirse respetuosamente a las autoridades por
motivos de interés general o particular, con la certidumbre de obtener un efectivo
trámite respecto de sus solicitudes y una pronta resolución.
Con la expresión
"autoridades" el Constituyente ha cobijado a quienes, dentro de la
estructura del Estado o aun por fuera de ella -mediante habilitación temporal o
especial (artículos 116, 123 y 272 C.P., entre otros)-, ejercen funciones
públicas de jurisdicción o mando, capaces de afectar con sus determinaciones
los intereses de los gobernados.
En cuanto a las
autoridades que actúan dentro del aparato estatal como servidores públicos, la
Corte, en sentencias T-501 del veintiuno de agosto de 1992 y C-543 del 1º de
octubre de 1992, dijo en torno a este concepto:
"La autoridad,
en términos generales y tomada en un sentido objetivo es la potestad de que se
halla investida una persona o corporación, en cuya virtud las decisiones que
adopte son vinculantes para quienes a ella están subordinados. Esa autoridad
es pública cuando el poder del que dispone proviene del Estado, de
conformidad con las instituciones que lo rigen.
Quiere decir esto
que mientras las expresiones "servidores públicos" son adecuadas para
referirse a todas las personas que laboran para el Estado en cualquiera de las
ramas del poder, bien sea en los órganos centrales o en las entidades descentralizadas
o por servicios, los términos "autoridades públicas" se reservan para
designar aquellos servidores públicos llamados a ejercer, dentro del
ordenamiento jurídico que define sus funciones o competencias, poder de mando o
decisión, cuyas determinaciones, por tanto, afectan a los gobernados".
Si esto es así,
resulta indudable que el derecho de petición puede ejercerse ante los jueces;
que, en consecuencia, éstos se hallan obligados a tramitar y responder las
solicitudes que se les presenten, en los términos que la ley señale, y que, si
no lo hacen, vulneran la preceptiva constitucional.
No obstante, el juez
o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también las
partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que
significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones
administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el juez
cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser
resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada
juicio (artículo 29 C.P.).
Debe distinguirse
con claridad entre aquellos actos de carácter estrictamente judicial y los
administrativos que pueda tener a su cargo el juez. Respecto de éstos últimos
son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública,
es decir, en la materia bajo análisis, las establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
En cambio, las
actuaciones del juez dentro del proceso están gobernadas por la normatividad
correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten las partes y los
intervinientes dentro de aquél en asuntos relacionados con la litis
tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso.
En ese orden de
ideas, nadie podría alegar que el juez viola su derecho de petición cuando,
principiando el proceso, presenta una solicitud orientada a obtener la
definición propia de la sentencia y no se le responde dentro de los términos
previstos en el Código Contencioso Administrativo sino que se posterga la
resolución hasta el momento del fallo. En tales circunstancias, ante eventuales
actitudes morosas para resolver, el derecho fundamental que puede invocar el
interesado no es el de petición sino el del debido proceso.
Por ello, el
eventual ejercicio de la acción de tutela ante la mora del juez en decidir
sobre un determinado asunto a su consideración dentro del proceso judicial
tendría fundamento -como ya lo ha expresado esta Corte- en que tal conducta, en
cuanto desconozca los términos de ley y carezca de motivo probado y razonable,
implica dilación injustificada, es decir, vulneración palmaria del
debido proceso (artículo 29 C.P.) y obstáculo para el acceso de la persona a la
administración de justicia (artículo 229 C.P.). El juez se ubica entonces en la
hipótesis contemplada por el artículo 229 Ibídem: "Los términos
procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado".
Análisis del
caso concreto
Cabría preguntarse,
de acuerdo con lo expuesto, si en el caso sub-examine existió o no
violación al derecho constitucional fundamental del debido proceso.
Según consta en la
diligencia de inspección judicial practicada por la Juez Dieciocho Penal
Municipal de esta ciudad el día dos (2) de agosto de mil novecientos noventa y
cuatro (1994) al Juzgado 24 Civil del Circuito -que obra a Folio 8 del
Expediente 49809-, la diligencia de remate se llevó a cabo el día 12 de mayo
del citado año y en virtud de ella se adjudicó a Cesar Cayo Villalobos el pleno
dominio y posesión del inmueble ubicado en la vereda de Chingacio (Chocontá),
denominado "El Costeño".
Existe igualmente
constancia de los requerimientos hechos al Juez por Villalobos los días 17 de
mayo, 20 de junio y 22 de julio de 1994, en los cuales solicitaba la aprobación
del remate. Esta se produjo el 2 de agosto del mismo año, cuando se decidió
aprobar la diligencia de remate del 12 de mayo, advirtiendo que sólo se remató
el lote de terreno más no así la mejora de casa de habitación que sobre el
mismo se encuentra construída.
Sobre el particular
el artículo 530 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 1º del
Decreto 2282 de 1989, establece:
"Artículo 530. "Aprobación
o invalidez del remate. Pagado oportunamente el precio, el juez aprobará el
remate siempre que se hubiere cumplido con las formalidades previstas en los
artículos 523 a 528, y no esté pendiente el incidente de nulidad que contempla
el numeral segundo del artículo 141. En caso contrario, declarará el remate sin
valor y ordenará la devolución del precio al rematante".
(...)
Para efectos de
saber cuál es el término de que dispone el juez para esta aprobación es
necesario remitirse al artículo 124 del mismo Código, el cual dispone:
"Artículo 124. Términos
para dictar las resoluciones judiciales. Los jueces deberán dictar los
autos de sustanciación en el término de tres días, los interlocutorios en el
de diez y las sentencias en el de cuarenta, contados desde que el
expediente pase al despacho para tal fin". (Subrayado fuera de texto).
El auto que aprueba
la diligencia de remate es interlocutorio, es decir, de aquellos para cuya
expedición el juez tiene un plazo de diez días.
Si tenemos en cuenta
que el remate se efectuó el día doce (12) de mayo de mil novecientos noventa y
cuatro (1994) y que el auto que lo aprobó es del dos (2) de agosto del mismo
año, es decir casi tres (3) meses después, es claro que se incumplieron los
términos procesales, lo cual representa una evidente violación del debido proceso,
en virtud de una dilación injustificada, y a la vez se postergó sin razón el
acceso real del interesado a la administración de justicia.
Carencia
actual de objeto
Pese a la falta de
diligencia demostrada por el Juez en el cumplimiento del término aplicable a su
actuación, los antecedentes transcritos indican a las claras que la tutela
concedida no podía tener lugar, pues en el momento de proferirse el fallo de
primera instancia ya se había adoptado la providencia judicial cuya demora
había ocasionado el natural y legítimo descontento del accionante.
A la luz del Decreto
2591 de 1991, lo pertinente era la prevención a la autoridad enjuiciada para
que hacia el futuro evitara incurrir en las omisiones que motivaron el
procedimiento de tutela -como en efecto se hizo en la segunda parte del
proveído de primera instancia-, pero ese llamado de atención se justificaba
precisamente en razón de que una orden para actuar -en lo cual habría
consistido la protección judicial- ya no tenía cabida, por sustracción de
materia. No se podía conceder la protección judicial frente a una situación ya
resuelta, pues ello carecía de objeto.
Se confirmará la
providencia de segundo grado.
DECISION
Con fundamento en
las razones que anteceden, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMASE la Sentencia proferida el 26
de abril de 1995 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Santa Fe de
Bogotá, D.C.
Segundo.- Notifíquese esta providencia en los
términos previstos por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
HERNANDO HERRERA
VERGARA ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
475 | T-335-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-335/95
SUBORDINACION-Trabajadores
Debe entenderse por
"subordinación" el acto por el cual una persona está bajo la potestad
de otra, jerárquicamente superior en cuanto a una función específica que limita
su autonomía. En materia laboral, la relación de "subordinación" se
constituye en uno de los elementos más importantes del contrato de trabajo.
INDEFENSION/RECOMPENSA/PUBLICACION
DE AVISO-Supermercado
El administrador del supermercado, no sólo
ejerció su autoridad para mandar a fijar el aviso mencionado, sino que además
se aprovechó de esa condición de superioridad para colocar a los empledos en
una situación de indefensión, entendida ésta, como la que se produce cuando un
individuo, sin su culpa, no ha podido defender sus derechos de acuerdo con las
leyes que regulan su ejercicio, frente a una agresión inminente y actual.
DERECHO A LA
HONRA/DERECHO AL BUEN NOMBRE-Vulneración
por fijación de aviso que involucra personas determinadas
La honra y buen nombre son derechos que
hacen parte de la esfera personal del sujeto y que se manifiestan en la
consideración que corresponde a cada persona como consecuencia del
reconocimiento de su dignidad. Así entonces puede afirmarse, que los dos
guardan una íntima relación, toda vez que suponen una valoración de la persona
desde el punto de vista de su esfera externa y abarcan el desarrollo del sujeto
frente a un determinado ámbito social. El respeto por el derecho al buen nombre
corresponde a una obligación tanto de las autoridades como de los particulares,
sin ningún tipo de distinción. La respetabilidad de éstos derechos, adquiere
una mayor trascendencia frente aquellas situaciones en las que la información o
el concepto que se tenga de una persona o de un grupo de personas se haga
conocer públicamente, pues ello conduce a que la información sea recibida y
conocida por un número indeterminado de sujetos, los cuales, de acuerdo con lo
manifestado, van a condicionar o modificar el buen concepto que tengan sobre el
sujeto o sujetos involucrados. Por esta razón, todas adquieren el derecho a
exigir que las manifestaciones que se expresen o se divulguen sobre sí mismas,
sean en todos los casos ajustadas a la realidad y a la verdad. En el caso
concreto estamos frente a una imputación específica donde quien fijó el aviso,
determinó claramente las personas contra quien iba dirigida su sospecha, esto
es, -los empleados del supermercado- y sólo a ellos. Se está poniendo en duda
el buen nombre y la honra de todos, pero a la vez de cada uno en el sentido que
quien los identifique individualmente, los va a tener como posibles sospechosos
del delito de hurto.
RECOMPENSAS-Ofrecimiento/RECOMPENSAS-Sospechoso/RECTIFICACION
DE INFORMACION
El accionado, como cualquier otra persona,
puede ofrecer recompensas para quien informe sobre la autoría de un hurto, y
sobre la ubicación del objeto sustraído, pero sin involucrar a personas
determinadas o determinables, cuando no se poseen pruebas concretas que
permitan sindicarlos de la comisión del delito. Tampoco puede olvidarse que el
poder coercitivo radica exclusivamente en cabeza del Estado y no de los
particulares, y es a él a quien compete la responsabilidad de asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo". Lo contrario, sería permitir
actos de justicia privada, a todas luces inconstitucionales y violatorios del
Estado de Derecho. El aviso objeto de la acción sea retirado, que el demandado
publique en el mismo lugar y con el mismo despliegue otro aviso donde se
exprese el hecho de que no tiene pruebas que involucren a ninguno de los
empleados en particular como sospechosos del hurto que motivó el anterior y
que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en actos como el que dio origen a la
presente acción de tutela.
REF: Expediente No. T - 65.833
Peticionario:
Nicolás Ancízar Franco Toro
Procedencia: Juzgado
Civil Municipal de Salgar, Antioquia.
Magistrado Ponente:
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Tema: Derecho al
buen nombre y a la honra.
Santafé de Bogotá,
D.C., treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro
Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera
Carbonell, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
tutela radicado bajo el número T-65.833, adelantado por Nicolás Ancízar Franco
Toro, contra Jorge William Larrea Arango, administrador del supermercado
"El Cafetero", de la Cooperativa Cafetera Central.
I. ANTECEDENTES
Con base en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efecto de
su revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con
el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte
entra a dictar sentencia de revisión.
1. Solicitud
El ciudadano Nicolás
Ancízar Franco Toro interpuso ante el Juzgado Civil Municipal de Salgar,
Antioquia, acción de tutela, con el fin de amparar sus derechos
constitucionales fundamentales al buen nombre y a la honra, consagrados en los
artículos 15 y 21 de la Constitución Política.
2. Hechos
El actor es empleado
del supermercado "El Cafetero", del municipio de Salgar, Antioquia.
Afirma que durante el mes de diciembre del año anterior, se sustrajeron de la
caja fuerte del almacén una suma de dinero, que, de acuerdo con lo dicho por el
administrador del establecimiento, asciende a la suma de tres millones de pesos
(3'000.000); el hecho fue denunciado ante las autoridades competentes.
Sostiene,
igualmente, que una vez se descubrió el hurto se hicieron presentes el jefe de
administración, un auditor y el jefe de seguridad de la empresa, quienes
reunieron a todo el personal que labora en el lugar con el fin de indagar sobre
lo sucedido, e inclusive se interrogó particularmente a varios de los
empleados.
Señala el demandante
que días después viajaron a la ciudad de Medellín (sede de la empresa), el
administrador del supermercado, de nombre Jorge William Larrea Arango, y su
secretaria, Enna Luz, a quienes, de acuerdo con lo afirmado por el propio señor
Larrea la empresa los hizo responsables del hecho y les cobró la plata que fue
hurtada.
En vista de lo
anterior, el señor administrador del almacén, por iniciativa propia, ordenó a
su secretaria que elaborara un aviso y lo fijara a la entrada del supermercado,
en lugar visible al público. Dicho aviso expresaba:
"$1'000.000
de recompensa a la persona que informe sobre el robo de $3'000.000 la única
pista es que se duda de un empleado de este supermercado - Informes
44-22-36 - Y ADMON= Absoluta reserva." (negrillas fuera de texto).
Sostiene el
administrador que las razones que lo llevaron a fijar dicho aviso fueron:
"(...) darle a conocer a la ciudadanía de Salgar lo del robo y la
recompensa de un millón de pesos (...)"; y, además, el hecho de que
"la empresa nos cobraría a nosotros dos, tres millones de pesos y si
apareciera el ladrón no nos cobraría nada, entonces estoy dispuesto a pagar un
millón y no tres (...)"
El demandante
considera, que el mencionado aviso vulnera su derecho al buen nombre y a la
honra, toda vez que "como miembro y empleado del mismo supermercado y al
ponernos en duda, quiere decir que yo soy un posible ladrón, (...) él no está
particularizando, pero está diciendo todos son culpables (...)".
3.
Pretensiones
Solicita el actor
que, como consecuencia del amparo de los derechos conculcados, se ordene el
retiro del mencionado aviso, pues está colocado en una columna del
supermercado, lugar público y visible de la entrada.
II. ACTUACION
PROCESAL
1. Primera
instancia
Mediante auto de
fecha 24 de enero de 1995 el Juzgado Civil Municipal de Salgar, asumió el
conocimiento de la presente acción de tutela y ordenó la práctica de una
inspección judicial al supermercado "El Cafetero", con el fin de
verificar el lugar donde se encuentra fijado el aviso y el contenido del mismo.
1.1 Diligencia
de inspección judicial
El día 26 de enero
de 1995, la Juez de conocimiento se trasladó al mencionado lugar y encontró que
dicho aviso elaborado en cartulina amarilla de aproximadamente sesenta (60)
centímetros de largo por treinta (30) de ancho, se encontraba ubicado frente a
la puerta de entrada principal del supermercado, concretamente en una columna a
mano izquierda por la sección de licores y su contenido es el siguiente:
"$1'000.000
de recompensa a la persona que informe sobre el robo de $3'000.000 la única
pista es que se duda de un empleado de éste supermercado - Informes
44-22-36 - Y ADMON= Absoluta reserva." (negrillas fuera de texto).
Finalmente el
despacho deja constancia que "el citado cartel se encuentra ubicado en un
lugar visible con letra grande y legible, que al entrar cualquier persona al
establecimiento llama su atención."
2. Fallo de
primera instancia
El juzgado Civil
Municipal de Salgar, mediante providencia de fecha primero (1o.) de febrero de
mil novecientos noventa y cinco (1995), resolvió negar la acción de tutela
interpuesta por el señor Nicolás Ancízar Franco, contra el señor Jorge William
Larrea Arango, administrador del supermercado "El Cafetero", del
municipio de Salgar.
Sostuvo el a-quo,
que en el aviso "no se menciona expresa y directamente al señor NICOLAS
ANCIZAR FRANCO TORO, con nombre propio, es por ello que considera este despacho
que no hubo violación de los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra
del peticionario".
Igualmente afirma el
despacho, que sobre el tema que se debate, la Corte Constitucional ha sostenido
"...el derecho a la honra garantizado en el artículo 21 de la constitución
no puede verse afectado por una afirmación genérica del tipo de la que formuló
el Presidente, (de la República). Además, no se afirmó que las personas a
órdenes de los jueces regionales fueran todos asesinos y criminales
(...)".
3.
Impugnación.
Mediante memorial
presentado el día tres (3) de febrero de 1995, el peticionario impugnó el fallo
proferido por el Juzgado Civil Municipal de Salgar, insistiendo en que el aviso
"desconfía y duda de todos y de cada uno", y por tanto sí
particulariza o individualiza.
4. Segunda
instancia
Mediante providencia
de fecha primero (1o.) de marzo de 1995, el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Ciudad Bolívar, resolvió confirmar la decisión proferida por el Juzgado Civil
Municipal de Salgar con base en los mismos argumentos, concluyendo que "tal
aviso, de mal gusto por demás, no se refiere al accionante concretamente, sino
que está generalizando, se está dirigiendo a la totalidad de personas que
conforman el grupo de empleados del supermercado."
IV.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución
Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de revisión de la
Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela de la
referencia.
2. La acción
de tutela frente a particulares
La acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, faculta a todas las
personas naturales o jurídicas para acudir a este mecanismo de defensa
judicial, cuando consideren que se les amenaza o vulneran sus derechos
fundamentales por parte de una autoridad pública o de un particular, este
último, en los casos previstos por la misma Constitución y por el artículo 42
del Decreto 2591 de 1991, dentro de los cuales aparece el que el afectado se encuentre
en estado de subordinación o indefensión frente al sujeto demandado.
Debe entenderse por
"subordinación" el acto por el cual una persona está bajo la potestad
de otra, jerárquicamente superior en cuanto a una función específica que limita
su autonomía. En materia laboral, la relación de "subordinación" se
constituye en uno de los elementos más importantes del contrato de trabajo.
Frente al asunto que
nos ocupa y efectuado el correspondiente análisis, encuentra la Sala, que la
actitud asumida por el administrador del supermercado al ordenar a su
secretaria fijar un aviso donde involucra a los empleados del mismo en la
comisión de un hecho punible sucedido en el establecimiento, es propia de la
relación de subordinación o dependencia que existe entre éstos y dicho
administrador, pues de acuerdo con el artículo 32 del Código Sustantivo del
Trabajo, los administradores son representantes del patrono, y en consecuencia
sus decisiones son consideradas por los trabajadores como manifestaciones del
empleador.
Además de lo
anterior, considera la Sala, que el administrador del supermercado, no sólo
ejerció su autoridad para mandar a fijar el aviso mencionado, sino que además
se aprovechó de esa condición de superioridad para colocar a los empleados en
una situación de indefensión, entendida ésta, como la que se produce cuando un
individuo, sin su culpa, no ha podido defender sus derechos de acuerdo con las
leyes que regulan su ejercicio, frente a una agresión inminente y actual.
3. El derecho
fundamental al buen nombre y a la honra
Esta Corporación, en
reiterados pronunciamientos ha señalado que tanto el buen nombre como la honra
son derechos fundamentales que han sido reconocidos por la Constitución
Política (artículos 15 y 21) en razón de la dignidad humana, con el fin de
preservar el respeto y la consideración que a esos valores, de tanta
importancia para el individuo y para quienes conforman su familia, deben la
sociedad, el Estado y los particulares.
Sobre el tema, ha
señalado la Corte Constitucional:
"El derecho
al buen nombre, o derecho que tiene toda persona a no ser difamada, esto
es, a que por parte de la sociedad se tenga una buena calificación o juicio
favorable de su comportamiento mientras no se le pruebe lo contrario, además de
que se encuentra consagrado en el artículo 15 de la Carta Política como un
derecho fundamental, ha sido considerado como tal, entre otras sentencias, en
la T-480 de agosto 10 de 1992 (M.P.Jaime Sanín Greiffenstein).
"El derecho
a la honra, o derecho que tiene toda persona a no sufrir ataques que
afecten la esfera externa de sus virtudes y valores, la cual socialmente le ha
sido reconocida, además de que se halla dentro del Capítulo I del Titulo II de
la Carta Política, esto es, se encuentra consagrado como un derecho
fundamental, ha sido considerado de igual forma por esta Corporación, entre
otras sentencias, por la T-577, de octubre 28 de 1992 (M.P.Eduardo Cifuentes
Muñoz)." (Sentencia No. T-369 de 1993, Magistrado Ponente, doctor Antonio Barrera
Carbonell)
En otro
pronunciamiento dijo esta Corporación:
"El derecho
al buen nombre que el accionante reclama está instituido como fundamental por
el artículo 15 de la Carta Política, según el cual "el Estado debe
respetarlo(s) y hacerlo(s) respetar", de lo que se deduce que obliga a
todos y en toda clase de relaciones, tanto oficiales como particulares y sean
ellas públicas o privadas; su respeto, por supuesto, es más exigente y estricto
cuando se trata de relaciones o situaciones públicas, dado el carácter del
derecho que se protege, el cual se desenvuelve muy especialmente ante una
opinión circundante más o menos amplia y comprensiva de una gran variedad de
relaciones personales.
"La honra
es, igualmente, un derecho fundamental consagrado en el artículo 21
constitucional.
"Conforme a
estos dos principios, toda persona tiene derecho a que lo que se exprese,
sienta y piense de él por los demás corresponda a una estricta realidad de sus
conductas y condiciones personales, especialmente de sus bondades y virtudes,
de manera que la imagen no sufra detrimento por informaciones falsas,
malintencionadas o inoportunas." (Sentencia No. T-480 de 1992, Magistrado
Ponente, doctor Jaime Sanín Greffestein)
La honra y buen
nombre son derechos que hacen parte de la esfera personal del sujeto y que se
manifiestan en la consideración que corresponde a cada persona como
consecuencia del reconocimiento de su dignidad. Así entonces puede afirmarse,
que los dos guardan una íntima relación, toda vez que suponen una valoración
de la persona desde el punto de vista de su esfera externa y abarcan el
desarrollo del sujeto frente a un determinado ámbito social.
El respeto por el
derecho al buen nombre corresponde a una obligación tanto de las autoridades
como de los particulares, sin ningún tipo de distinción. Por ello, el artículo
15 de la C.P., reitera la obligación del Estado de respetarlo y hacerlo
respetar, y el artículo 95 numeral 1o. de la Carta, señala como obligación de
la persona y el ciudadano "respetar los derechos ajenos y no abusar de los
propios".
Asimismo, la
Constitución Política (artículo 21) reconoce y garantiza la honra de las
personas sin ningún tipo de excepción, de manera que se constituye en su núcleo
esencial el derecho que tiene toda persona a ser respetada ante sí misma y ante
los demás.
La respetabilidad de
éstos derechos, adquiere una mayor trascendencia frente aquellas situaciones en
las que la información o el concepto que se tenga de una persona o de un grupo
de personas se haga conocer públicamente, pues ello conduce a que la
información sea recibida y conocida por un número indeterminado de sujetos, los
cuales, de acuerdo con lo manifestado, van a condicionar o modificar el buen
concepto que tengan sobre el sujeto o sujetos involucrados.
Evidentemente, estos
derechos constituyen, junto con el derecho a la intimidad, los de mayor
vulnerabilidad frente a publicaciones o informaciones erróneas, inexactas o
incompletas que aludan a la comisión de actos delictivos y que ocasionen al
individuo graves perjuicios, no sólo a nivel personal y social, sino también
dentro del campo de los negocios, más aún si resulta que las publicaciones o
informaciones difundidas no coinciden con la verdad de los hechos.
Así, las personas,
por el sólo hecho de serlo, son portadoras de una dignidad humana y uno de los
atributos esenciales que acompañan ésta son la honra y el buen nombre. Por esta
razón, todas adquieren el derecho a exigir que las manifestaciones que se
expresen o se divulguen sobre sí mismas, sean en todos los casos ajustadas a la
realidad y a la verdad. Sin embargo, cuando se trata de delincuentes
reconocidos sobre los cuales existe resolución judicial que los involucre en la
comisión de delitos, es procedente la publicación de recompensas que faciliten
su captura.
Sobre el particular
la Corte ha señalado:
" (...) es
claro que las autoridades de la República obran conforme a derecho, en
cumplimiento de una norma que hace parte de nuestro ordenamiento jurídico, al
ofrecer públicamente recompensas por informaciones que faciliten la captura de
cualquier clase de delincuentes.
"Y si los
delincuentes corren riesgos, tales riesgos no son consecuencia de las
publicaciones, sino de sus propias actividades delictuosas. Quien se coloca al
margen de la ley, está expuesto a sufrir los rigores de ésta." (Sentencia
No. T-561 de 1993, Magistrado Ponente, doctor Jorge Arango Mejía).
3. El caso
concreto
La honra y el buen
nombre de las personas, son los derechos que en este caso han sido invocados
por el actor como desconocidos o ignorados por el accionado quien en su calidad
de administrador del supermercado "El Cafetero" del municipio de
Salgar, Antioquia, fijó un aviso en los siguientes términos:
"$1'000.000
de recompensa a la persona que informe sobre el robo de $3'000.000 la única
pista es que se duda de un empleado de éste supermercado - Informes
44-22-36 - Y ADMON= Absoluta reserva." (negrillas fuera de texto).
Sostiene el
demandado que la razón que lo motivó a fijar el aviso, fue el hecho de que la
empresa le adjudicó a él, como administrador y a su secretaria la
responsabilidad del pago de los tres millones de pesos ($3'000.000) que fueron
hurtados del supermercado "El Cafetero", del municipio Salgar, en el
mes de diciembre del año inmediatamente anterior. Señaló igualmente, que lo
hizo "para darle a conocer a la ciudadanía de Salgar lo del robo"
(negrillas fuera de texto).
Sobre el particular,
coincidieron los juzgadores de instancia en afirmar que no hubo violación de
los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, porque en el aviso no
se mencionó expresa y directamente el nombre del actor, para lo cual el ad-quem,
citó una jurisprudencia de esta Corporación, la sentencia No. T-063 de 1993, en
la que en su oportunidad se afirmó:
"1. En julio
de 1992, el Presidente de la República decretó el estado de conmoción interior.
En el discurso radio televisado en el que el jefe del Estado explicó los
alcances de su decisión, manifestó que con la decisión se evitaba la posible
liberación de centenares de asesinos y criminales que estaban a órdenes de los
jueces regionales.
"Sergio Luis
Restrepo, que para ese entonces estaba a ordenes de dicha jurisdicción,
consideró que el Presidente había vulnerado varios de sus derechos
fundamentales - tales como la intimidad, la honra y el buen nombre -, pues el
hecho de que se encontrara en esa concreta situación jurídica no lo convertía
ni en asesino ni en criminal. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó
la acción de tutela por considerar que el Presidente no se había referido al
peticionario de manera expresa y directa.
"Esta
Sala comparte las razones expuestas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, pues el derecho a la honra garantizado en el artículo 21 de la
constitución no puede verse afectado por una afirmación genérica del tipo de la
que formuló el Presidente. Además, no se afirmó que las personas a órdenes de
los jueces regionales fueran todos asesinos y criminales.
"De la
genérica afirmación del Presidente de la República no puede deducirse una
directa y concreta violación de los derechos a la honra, a la intimidad y al
buen nombre del solicitante." (negrillas fuera de texto).
3.1.
Afirmación Genérica y afirmación específica
Sobre el particular,
considera la Sala importante precisar lo que se entiende por afirmación
genérica y afirmación específica, e igualmente hacer referencia al elemento
"intencionalidad", frente a la posible vulneración de los derechos a
la honra y al buen nombre invocados por el actor.
Evidentemente,
cuando se habla de afirmación genérica se está haciendo referencia a aquella
que es emitida en una forma indeterminada, esto es, que en la misma se describe
un género pero no se distingue ni se concreta, de tal manera que no pueda
conocerse hacia quien va dirigida.
En dicha afirmación
la intención del autor no es involucrar a nadie en particular ni a un grupo
determinado o determinable, pues lo general implica imprecisión, vaguedad, y
mal podría pensarse que a través de ella se vulneren derechos personales. Por
esta razón, se comparte la afirmación contenida en la sentencia antes citada,
en cuanto que por medio de una afirmación genérica no puede vulnerarse el
derecho a la honra y al buen nombre de una persona o de un grupo de ellas.
Sin embargo, no
ocurre lo mismo con la afirmación específica, en la cual se determina un núcleo
especial o concreto a quien afecta la información y permite por tanto al
interprete, establecer fácilmente a quien se refiere. Es claro que en ésta, la
intención de quien busca informar o dar a conocer una situación particular, es
involucrar a un individuo o a un grupo de ellos en lo que se transmite al
público, aun cuando no se mencionen directamente su nombre o sus nombres, pues
basta con que se permita al interprete la posibilidad de deducir de quien o de
quienes se trata; es decir la vulneración del derecho se presenta, cuando se
determina el sujeto o cuando se hace fácilmente determinable, como ocurre en el
caso bajo examen.
Así entonces, hay
que decir que si la intención de quien emite la información es la de involucrar
a un individuo o a un número determinado o determinable de estos, estamos
frente a una afirmación específica, que puede causar perjuicio en la honra y el
buen nombre de las personas que allí aparecen, si no está amparada en la verdad
o carece de respaldo jurídico.
Evidentemente, la
atribución de un hecho delictuoso a persona identificada o identificable,
genera una vulneración de sus derechos al buen nombre y a la honra, en todos
aquellos casos en los que dicha imputación no encuentre respaldo en la ley y la
justicia, pues se trata de afirmaciones falsas o no comprobadas, que afectan no
sólo el ámbito interno del sujeto, sino también la opinión externa que de su
personalidad tengan quienes lo rodean.
La Corte Suprema de
Justicia ha señalado sobre la honra y la posibilidad que se vulnere este
derecho frente a sujetos que aparezcan identificados o sean fácilmente
identificables, lo siguiente:
"La
tradición legislativa en Colombia siempre ha exigido que sean determinados no
solamente la persona sino el hecho, valga decir que a persona conocida o
fácilmente identificable se le impute el hecho deshonroso". (Auto de
fecha 29 de septiembre de 1983, Magistrado Ponente, doctor Fabio Calderón
Botero) (negrillas fuera de texto)
Así entonces, en el
caso concreto estamos frente a una imputación específica donde quien fijó el
aviso, determinó claramente las personas contra quien iba dirigida su sospecha,
esto es, -los empleados del supermercado- y sólo a ellos. Existe pues un núcleo
particular y concreto que lleva a la conclusión que la intención era involucrar
a todos y a cada uno de los empleados en el hurto del dinero, pues al decir
"(...) la única pista es que se duda de un empleado de este supermercado
(..)", se está poniendo en duda el buen nombre y la honra de todos, pero a
la vez de cada uno en el sentido que quien los identifique individualmente, los
va a tener como posibles sospechosos del delito de hurto.
Es claro, el señor
Jorge William Larrea, administrador del supermercado, una vez se le comunicó
por parte de las directivas de la empresa propietaria del almacén su
responsabilidad frente al hurto del dinero, asumió como suya una función que le
corresponde adelantar a la administración de justicia, y en forma irresponsable
y temeraria decidió hacer públicas las sospechas que le asistían con respecto
de los supuestos responsables de la comisión del delito, implicando sin ningún
tipo de sustento jurídico, a los empleados del supermercado dentro de los que
se encuentra el actor.
Es así como la
actitud del administrador vulnera los derechos invocados por el demandante,
pues su intención, como lo manifestó, era la de que la gente de Salgar
conociera del hurto cometido en el almacén, y además supiera que, según él, la
responsabilidad recaía en alguno de los empleados, lo que evidentemente hace
sospechosos, como ya se expresó, a todos y a cada uno de éstos.
Lo anterior se
corrobora con lo afirmado por el señor Humberto Piedrahita Garzón, empleado del
almacén, en declaración rendida ante el Juez de primera instancia en la que
señala:
"PREGUNTA:
Dígale al despacho que conocimiento tiene sobre el aviso a que hace relación la
presente tutela y cuyo contenido se le informó. RESPUESTA: (...) que respeten
la privacidad de las personas porque en verdad se están violando los derechos
de las personas, debido a que nos ponen de boca en boca con el público como lo
han hecho (...) quiero comentar un ejemplo que sucedió este lunes veintitrés de
esta semana con un compañero de nombre Carlos Mario Hernández, a éste le
tocó presenciar cuando ciertos muchachos entraron al almacén, observaron la
cartelera y dijeron vamos a mirar durante o mejor en los empleados quien
tiene más cara de ladrón. (negrillas y subrayas fuera de texto).
Evidentemente, las
personas que hacían su ingreso al supermercado, una vez observaban el aviso,
hacían comentarios como el descrito, y buscaban en cada empleado quien podía
ser el responsable del delito, sin que las autoridades competentes conocedoras
del hecho, hubiesen sindicado directamente a ninguna de estas personas.
Así, la vulneración
de los derechos invocados por el actor se presenta desde el momento en que fue
fijado el aviso, independientemente de que el mismo se encuentre todavía en el
lugar o haya sido retirado con posterioridad, pues basta con que haya
permanecido a la vista del público por un lapso suficiente para que éste lo
hubiese observado y comentado, como efectivamente sucedió.
Considera entonces
la Sala, que no pueden sacrificarse impunemente la honra y el buen nombre de
los asociados, ni tampoco reemplazar a los jueces de la República en el
ejercicio de la función de administrar justicia, al señalar culpables frente a
la comisión de un hecho punible, con el argumento de proteger derechos y
responsabilidades particulares, como lo hizo el demandado. Al fijar el aviso en
un sitio público, éste puso en tela de juicio la honra y el buen nombre del
actor y de los demás trabajadores del supermercado al sindicarlos como
sospechosos del delito de hurto.
Se reitera, que lo
que constituye la vulneración de los derechos invocados en la demanda de
tutela, no es propiamente el ofrecimiento de recompensa para obtener
información, a lo cual debería haberse limitado, en este caso, el
administrador, sino la publicación de las sospechas ya que con dicha actitud,
el demandado invadió una órbita de competencia exclusiva de la administración
de justicia, que de acuerdo con la Constitución Nacional y la ley es una
función pública (artículo 228 C:P.). En otras palabras, el accionado, como cualquier
otra persona, puede ofrecer recompensas para quien informe sobre la autoría de
un hurto, y sobre la ubicación del objeto sustraído, pero sin involucrar a
personas determinadas o determinables, cuando no se poseen pruebas concretas
que permitan sindicarlos de la comisión del delito.
Tampoco puede
olvidarse que el poder coercitivo radica exclusivamente en cabeza del Estado y
no de los particulares, y es a él a quien compete la responsabilidad de
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo"
(artículo 2o., inciso 1o. de la C.P.). Lo contrario, sería permitir actos de
justicia privada, a todas luces inconstitucionales y violatorios del Estado de
Derecho.
Así entonces,
encuentra la Sala que existen razones suficientes para concluir que el señor
Jorge William Larrea Arango, en su calidad de administrador del supermercado
"El Cafetero", del municipio de Salgar, Antioquia, vulneró los
derechos al buen nombre y a la honra del actor, al involucrarlo con la
publicación del aviso, como sospechoso del delito de hurto, razón por la cual,
esta Sala tutelará los derechos mencionados, y ordenará, en
consecuencia, que el aviso objeto de la acción sea retirado, que el demandado
publique en el mismo lugar y con el mismo despliegue otro aviso donde se
exprese el hecho de que no tiene pruebas que involucren a ninguno de los
empleados en particular como sospechosos del hurto que motivó el anterior y
que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en actos como el que dio origen a la
presente acción de tutela.
En virtud de lo
anterior, la Sala habrá de Revocar el fallo de fecha 1o. de marzo de 1995,
proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ciudad Bolívar, Antioquia,
por las razones expuestas en esta providencia.
DECISION
En mérito de lo expuesto,
la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y
por mandato de la Constitución,
RESUELVE :
PRIMERO: REVOCAR el fallo de fecha 1o. de Marzo de 1995,
proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ciudad Bolívar, Antioquia,
mediante el cual se denegó la acción de tutela interpuesta por Nicolás Ancízar
Franco Toro contra Jorge William Larrea Arango, administrador del supermercado
"El Cafetero", localizado en el municipio de salgar, Antioquia. En
consecuencia TUTELAR los derechos fundamentales al buen nombre y a la
honra del señor Nicolás Ancízar Franco Toro, y ORDENAR, en consecuencia,
que el aviso objeto de la acción sea retirado, que el demandado publique en el
mismo lugar y con el mismo despliegue otro aviso donde se exprese el hecho de
que no tiene pruebas que involucren a ningún empleado en particular como
sospechoso del hurto que motivó el anterior y que en lo sucesivo se abstenga
de incurrir en actos como el que dio origen a la presente acción de tutela.
SEGUNDO: ORDENAR que por la Secretaría General de esta
Corporación, se comunique esta providencia al Juzgado Civil Municipal de
Salgar, Antioquia, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR
al Juzgado Civil Municipal
de Salgar verifique el cumplimiento del presente fallo y presentar un informe
escrito a esta Corporación sobre el particular.
Cópiese,
notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
476 | T-336-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-336/95
DERECHOS
FUNDAMENTALES-Núcleo
esencial
El núcleo esencial del derecho fundamental
es el mínimun de la dignidad racional, sin cuyo reconocimiento el hombre no
puede vivir o desarrollarse como ser humano. La acción de tutela se dirige pues
al núcleo esencial de un derecho fundamental, y por ello su protección debe ser
inmediata. Ya ha señalado esta Corporación cómo extremar un derecho es
equivalente a negarlo, por cuanto la extralimitación no puede ser protegida. De
ahí la importancia de saber cuándo se afecta el núcleo esencial de un derecho
fundamental. Lo anterior no quiere decir que si se afecta un derecho
fundamental, pero no en su núcleo esencial, no tenga la protección del Estado.
Desde luego la tiene, y sería absurdo pensar lo contrario, pero no mediante la
acción de tutela.
PRINCIPIO DEL
ORDEN SOCIAL JUSTO
La acción de tutela es procedente para
socorrer a la persona cuando se altera o amenaza alterar el núcleo esencial de
un derecho fundamental, y no para resolver mediante ella los asuntos relativos
a la jurisdicción ordinaria, porque acarrearía, a todas luces, un desorden y
como tal iría en contra del principio del orden social justo, consagrado en el
preámbulo de la Carta.
JUEZ-Interpretación legítima/VIA DE HECHO-Concepto/FILIACION
EXTRAMATRIMONIAL-Pruebas/PRINCIPIO DE AUTONOMIA FUNCIONAL DEL
JUEZ/PROCESO DE FILIACION- Cesionario no es parte
No puede caerse en la ligereza de
manifestar que por el hecho de que el juez no obre conforme con la opinión de
quien se siente afectado por el acto judicial, incurra en una vía de hecho. Es
decir, no puede predicarse como vía de hecho una interpretación legítima que el
juez hace de la ley. La Sala recuerda que vía de hecho es aquella que
contradice evidente, manifiesta y groseramente el núcleo esencial del derecho
al debido proceso, y no el discernir sobre un hecho discutido. En el plano de
lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene autonomía, la cual
va amparada también por la presunción de buena fe. En el caso presente no se
configura una vía de hecho, por cuanto la accionada se fundamentó en la ley
sustancial y procesal, referente al tema proceso de filiación extramatrimonial.
No era viable admitir a la peticionaria de esta acción como parte en el juicio
de filiación, porque la accionada obró de conformidad con las normas del
Código Civil; en efecto, el cesionario no es parte en un juicio de filiación.
Ref: Expediente
T- 67377
Peticionaria:
María Margarita Parra Ruiz
Procedencia: Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja.
Magistrado
Ponente:
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Temas: Debido
proceso, igualdad.
Santafé de Bogotá,
D.C. treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995)
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro
Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera
Carbonell,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
tutela radicado bajo el número T-67377, adelantado por la señorita María
Margarita Parra Ruiz, en contra de la sentencia de fecha 31 de mayo de 1994,
proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja, dentro del proceso de filiación extramatrimonial con petición de
herencia, adelantado por Silvia María Casas contra la sucesión de Luis Antonio
Ballesteros Salazar.
I. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591
de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional
escogió para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con
el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar
la sentencia correspondiente.
1. Solicitud
La señorita María
Margarita Parra Ruiz, mediante apoderado judicial, interpuso ante el Juez Civil
del Circuito (reparto) de Santafé de Bogotá, acción de tutela en contra de la
sentencia de fecha 31 de mayo de 1994, proferida por la Sala de Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso de
filiación extramatrimonial con petición de herencia, adelantado por Silvia
María Casas contra la sucesión de Luis Antonio Ballesteros Salazar, con el fin
de que se le ampararan su derecho al debido proceso, y a la igualdad,
consagrados en los artículos 29 y 13 de la Constitución Política.
2. Hechos
Afirma el apoderado
de la parte actora que, mediante providencia de fecha treinta y uno (31) de
mayo de 1994, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Tunja desató el grado
de consulta respecto de la sentencia de fecha cinco (5) de mayo del mismo año,
mediante la cual el Juzgado Promiscuo de Familia de Chiquinquirá resolvió el
proceso de filiación extramatrimonial con petición de herencia, promovido por
la señora Silvia María Luisa Casas, en representación de sus hijas Nina Rafaela
y Luisa Fernanda, en contra de los herederos del señor Luis Antonio Ballesteros
Salazar. A juicio del apoderado de la peticionaria, la actuación judicial que
se surtió en dicho proceso, vulnera el derecho fundamental al debido proceso de
su representada, debido a una seria de irregularidades en las que incurrieron
los funcionarios judiciales que conocieron del mismo, y que a continuación se
resumen.
Considera el
mandatario judicial que desde un comienzo hubo violación del debido proceso en
la mencionada actuación judicial, toda vez que hubo una indebida acumulación de
pretensiones, ya que, a su juicio, no es posible tramitar en la misma cuerda
procesal una acción de filiación extramatrimonial con una acción de petición de
herencia.
Afirma también que
la demanda de filiación extramatrimonial con petición de herencia ha debido ser
inadmitida "por falta de requisitos para ser apreciada", ya que
dentro de las pruebas que se aportaron aparecen unas cartas de la hermana del
señor Luis Antonio Ballesteros Salazar, documentos que nada tiene que ver con
la pretendida filiación.
Señala también que
luego de haberse admitido la demanda en contra de los herederos de Luis
Antonio Ballesteros, obra en el correspondiente expediente prueba de que el día
9 de noviembre de 1989 falleció la única heredera conocida del causante, su
hermana Inés Teresa de Jesús Ballesteros Salazar. Dice que pese a esta
situación, el juzgado del conocimiento ordenó que la demanda debía continuar en
contra de la señora Ines Teresa de Jesús Ballesteros Salazar, lo cual no era
jurídicamente aceptable, ya que "el proceso no había podido iniciarse ni
continuarse contra la persona anotada pues ella no fue demandada y al momento
de la admisión de la demanda no era sujeto de derechos ni obligaciones; sin
embargo, toda la actuación se sigue contra los herederos indeterminados de una
persona muerta y contra ella misma, configurándose una clara violación al
debido proceso por las razones ya anotadas."
Igualmente afirma que
en el proceso que dio lugar a la presenta acción de tutela se cometieron graves
irregularidades que perjudicaron al señor Jorge Bodensiek, quien actuó como
apoderado de la señorita María Margarita Parra Ruiz, a quien en repetidas
ocasiones se le negó la posibilidad de intervenir, pese a que demostró que su
poderdante se encontraba legitimada para ello, ya que adquirió los derechos
sobre la sucesión de Inés Teresa de Jesús Ballesteros Salazar, "mediante
venta entre vivos de ALVARO RUIZ PARRA.". Señala que el Juzgado Promiscuo
de Familia de Chiquinquirá no admitió como prueba dentro del proceso la
escritura pública contentiva de la venta de los derechos herenciales de la
señora Inés Teresa de Jesús Ballesteros sobre la sucesión de su hermano, que se
hizo en favor de la señorita María Margarita Parra Ruíz. "Por esta razón
ella era parte en este proceso como ya lo hemos dicho por ser cesionaria de los
derechos de la causante."
De otra parte, el
representante de la peticionaria afirma que los testimonios que sirvieron de
base para comprobar la filiación entre las dos menores y el señor Ballesteros
Salazar carecen de validez ya que "simplemente hablan de la relación
familiar existente entre INES TERESA DE JESUS BALLESTEROS SALAZAR y LUIS
ANTONIO BALLESTEROS SALAZAR (...). Se configura así una interpretación indebida
de la prueba que afecta la validez de la sentencia y de su confirmación por el
Tribunal, violándose el debido proceso." Además, agrega que se celebró la
audiencia de conciliación de que trata el artículo 101 del Código de
Procedimiento Civil, "sin que ninguna de las partes interesadas en este
proceso como intervinientes puedan pronunciarse, decretándose pruebas luego de
dos años de haberse presentado la demanda, demora por demás injustificada y
derivada específicamente del trámite reiterado de las solicitudes de la parte
actora."
"Todas estas
irregularidades -señala el apoderado de la actora- se recogieron en la
sentencia materia de esta acción de tutela y configuran una violación clara del
debido proceso que ya no puede en manera alguna subsanarse mediante los
recursos ordinarios porque la sentencia está en firme, y es en consecuencia
competencia del juez de tutela el restablecimiento del derecho violado mediante
la revocación de la sentencia materia de esta acción (sic)."
Finalmente sostiene
que en el presente caso también se ha violado el principio de la igualdad, ya
con las irregularidades mencionadas se negó el derecho de su representada a
participar activamente dentro del proceso de filiación extramatrimonial con
petición de herencia comentado. "La función jurisdiccional- concluye-
tiene por fin asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo
como lo establece el artículo segundo de al Constitución Nacional; este orden
no puede darse si no se sigue un procedimiento debido, si no hay equidad en las
decisiones, si las partes no son oídas, si el derecho se deja a un lado y se
usa el procedimiento para el cumplimiento no de los deberes sociales del Estado
sino para la protección de un interés estrictamente particular como sucede en
este caso."
3.
Pretensiones
Solicita el
apoderado de la señorita María Margarita Parra Ruiz que se declare la nulidad
de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda ordinaria de
filiación extramatrimonial con petición de herencia, promovido por Silvia Luisa
María Casas, en representación de sus dos hijas menores de edad, en contra los
herederos del señor Luis Antonio Ballesteros Salazar, "dejando constancia
que corresponde el derecho como cesionario de los bienes del de cujus a MARIA
MARGARITA PARRA RUIZ, adquiriendo así todos los derechos patrimoniales."
Además solicita que
se ordene la entrega de todos los bienes muebles e inmuebles que hacen parte de
la sucesión del señor Luis Antonio Ballesteros Salazar a su representada, y que
se oficie a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de
que se investigue la conducta de los funcionarios que intervinieron en el
proceso que dio origen a la presenta acción de tutela.
II. ACTUACION
PROCESAL
Esta acción de
tutela fue presentada ante el Juzgado Veinticinco (25) Civil del Circuito de
Santafé de Bogotá D.C., despacho que, mediante auto de fecha treinta (30) de
noviembre de 1994, ordenó remitir la acción de tutela al Juzgado Civil del
Circuito de Tunja (Boyacá), toda vez que los hechos que dieron lugar a la
misma tuvieron ocurrencia en dicha ciudad.
El apoderado
de las parte actora interpuso recurso de reposición en contra del auto
atrás comentado, ante lo cual el Juzgado Veinticinco (25) Civil del
Circuito de Santafé de Bogotá D.C. confirmó su decisión y remitió el expediente
al Juez Civil del Circuito (reparto) de la ciudad de Tunja.
Una vez repartido el
expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, dicho despacho
judicial, sin motivación alguna, manifestó que carecía de competencia para
conocer del presente asunto, razón por la cual decidió enviarlo a la Sala Plena
del Tribunal Superior de Tunja. Sin embargo, la presidente de la Sala Plena del
Tribunal Superior de Tunja, mediante auto de fecha trece (13) de diciembre de
1994, resolvió remitir nuevamente la actuación al Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Tunja.
El día catorce (14)
de diciembre de 1994, la juez Segunda Civil del Circuito de Tunja manifestó que
la presente acción de tutela se dirigía contra la Sala Dual de Familia del
Tribunal Superior, el Juzgado Promiscuo de Familia de Tunja y contra su
despacho, razón por la cual se convertía en sujeto pasivo de la misma, y por
tanto se declaró impedida para asumir su conocimiento, y remitió en expediente
al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad.
Al recibir el
expediente de la tutela de la referencia, el Juzgado Tercero Civil del Circuito
de Tunja, mediante auto de fecha quince (15) de diciembre de 1994, manifestó
que del análisis de los documentos que obran en el expediente, se concluye que
la acción de tutela se dirige contra la Sala Dual de Familia del Tribunal
Superior de Tunja y contra los Juzgados Promiscuo de Familia y Segundo Civil
del Circuito de Chiquinquirá, razón por la cual no existe la causal de
impedimento manifestada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja,
situación ante la cual provocó una colisión de competencia con el citado
juzgado, con el fin de que el Tribunal Superior de Tunja resolviera, de una vez
por todas, cual era el despacho competente para asumir el conocimiento de la
tutela bajo examen.
La Sala Civil del
Tribunal Superior de Tunja, mediante auto de fecha dieciséis (16) de diciembre
de 1994, resolvió inadmitir el impedimento manifestado por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Tunja, y por consiguiente, ordenó la remisión de la
actuación a dicho juzgado.
1. Fallo de
primera instancia
Mediante providencia
de fecha doce (12) de enero de 1995, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Tunja resolvió negar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el
apoderado de la señorita María Margarita Parra Ruiz en contra de la Sala Dual
de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y los Juzgados
Promiscuo de Familia y Primero Civil del Circuito de Chiquinquirá, toda vez que
no es viable la acción de tutela contra sentencias judiciales, y porque además la
actora cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para reclamar la
protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados.
Consideró el a-quo
que la presente acción de tutela se dirige contra una sentencia debidamente
ejecutoriada, lo cual, de acuerdo con la sentencia de primero (1o.) de octubre
de 1992 de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró inexequibles
los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, resulta improcedente.
A juicio del Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Tunja, "las copias del proceso materia de la
controversia que fueron anexadas con la tutela, según parece incompletas,
denotan la tramitación de un proceso que transitó tanto por la primera como por
la segunda instancia, culminando en ambas con sentencia favorable a la
demandante, La tutelante es consciente de que si bien allí no se le tuvo como
parte si tuvo la oportunidad de interponer los recursos a que bien tuviera; es
más, dada la cuantía del proceso ha podido interponer el recurso extraordinario
de casación para que la situación fuera ventilada ante la H. Corte Suprema de
Justicia. Y si la casación no fue aprovechada por la aquí demandante también se
puede agregar que tiene a su favor el recurso extraordinario de revisión.
Aduciendo la accionante falta de citación y notificación bien puede invocar
como causal de revisión la consagrada en el art. 380 numeral séptimo del Código
de Procedimiento Civil, la cual puede invocar aún dentro de término por no
haber precluído la oportunidad que señala en art. 381 ibídem".
Mas adelante,
afirma que "no considera este Juzgado factible que por vía de tutela se
solicite la nulidad de todo lo actuado dentro de un proceso puesto que los
mecanismos judiciales para ese fin están claramente definidos en el Código de
Procedimiento Civil (arts. 140 y ss.), los que desde luego han debido
aprovecharse por la parte que se dice tratada con violación del derecho a la
igualdad y al debido proceso".
Concluye el fallo en
comento afirmando que "aceptar que la tutela proceda en casos como el
presente es desconocer la seguridad jurídica a que aspira nuestra Carta
Fundamental desde su preámbulo cuando busca el establecimiento de 'un orden
político, económico y social justo', lo que diamantinamente acompasa con la
institución de la cosa juzgada, entes que en conjunto dan al asociado la
seguridad de que sus procesos judiciales no podrán ser revividos una vez se
agoten las instancias del caso."
El fallo en comento
fue impugnado por el apoderado de la parte actora, con fundamento en que, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción de tutela
procede contra sentencias judiciales cuando éstas causen un perjuicio
irremediable, como lo sería en el presente caso, y evento en el cual no es
necesario que la persona acuda a los otros mecanismos de defensa judicial.
2. Segunda
instancia
Debido a que los
magistrados integrantes de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja se declararon impedidos para conocer de la presente acción,
ya que tuvieron conocimiento y tomaron decisiones dentro del proceso de
filiación extramatrimonial con petición de herencia a que se ha hecho
referencia, se conformó una Sala de Conjueces para que fallara en segunda
instancia el presente asunto.
3. Fallo de
segunda instancia
Mediante providencia
de fecha trece (13) de marzo de 1995, la Sala de Conjueces del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tunja resolvió revocar la sentencia de fecha
doce (12) de enero de 1995, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Tunja y en su lugar declaró que "a la tutelante MARIA MARGARITA PARRA
RUIZ le fue vulnerado el derecho constitucional fundamental al Debido Proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, en el juicio de
filiación natural con petición de herencia promovido por SILVIA MARIA LUISA
CASAS, como representante legal de NINA RAFAELA BALLESTEROS y LUISA FERNANDA
CASAS, en contra de los herederos de INES TERESA DE JESUS BALLESTEROS
SALAZAR, tramitado en el Juzgado Promiscuo de Familia de Chiquinquirá, al
no habérsele permitido actuar como tercero interviniente, facultad que le
otorga el artículo 52 del C. de P. C."
En virtud de lo
anterior, el ad-quem ordenó que se admitiera en forma inmediata a la
señorita María Margarita Parra Ruiz como tercera interviniente dentro del
proceso ordinario de filiación extramatrimonial con petición de herencia y que
"para la efectividad de la protección decretada (...) declárase la nulidad
de todo lo actuado en el proceso señalado (...) a partir del auto de fecha
veintinueve (29) de enero de 1992, inclusive, por medio del cual se excluyó del
proceso al apoderado judicial de la tutelante y ordénase renovar la actuación
con su intervención a partir de la solicitud de intervención presentada por la
accionante."
Para tomar la
decisión en comento, la Sala de Conjueces del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja hace un recuento de los hechos sucedidos dentro del proceso
de filiación extramatrimonial con petición de herencia promovido por la señora
Silvia María Luisa Casas, como representante legal de Nina Rafaela Ballesteros
y Luisa Fernanda Casas, en contra de los herederos de Luis Antonio Ballesteros
Salazar, y concluye que la señorita María Margarita Parra Ruiz adquirió del
señor Alvaro Luis Parra Franco, quien actuó como apoderado de Teresa
Ballesteros Salazar, los derechos y acciones que le pudieran corresponder a
ésta dentro de la sucesión intestada de su hermano, Luis Antonio Ballesteros
Salazar, según consta en la escritura pública de fecha primero (1o.) de febrero
de 1990 de la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá; con fundamento en dicho
título adelantó el tramite notarial de liquidación de la sucesión del señor
Ballesteros Salazar y obtuvo la adjudicación de casi la totalidad de sus
bienes, según consta en la escritura pública No. 1000 de fecha trece (13) de
septiembre de 1990 de la Notaría Primera del Círculo de Chiquinquirá. Esta
situación, a juicio del ad-quem, la legitimaba como causahabiente de la
demandada y por tanto la facultaba para participar como tercero interviniente
dentro del proceso de filiación extramatrimonial con petición de herencia,
razón por la cual resulta violatorio de sus derechos el haber sido excluida de
dicho proceso.
Así, se consideró que
"no existía razón de derecho para no admitir a la ahora tutelante como
tercera interviniente en el proceso y menos cuando el juzgado del conocimiento
de ese proceso considera que ella es tercero interviniente. Resulta entonces,
sin lugar a duda, que al no haberse admitido a la tutelante como tercera
interviniente en el proceso ordinario que nos viene ocupando, se le vulneró su
derecho al debido proceso, que es el reglado en el art. 52 del C. de P.C. Se
le negó el derecho a defender sus intereses patrimoniales aparentemente
adquiridos con arreglo a la Ley; tácitamente se le condenó a perder tales
derechos sin haber sido oída y vencida en juicio. Es evidente la violación del
derecho constitucional fundamental al al debido proceso, al haberse inobservado
por la jurisdicción la plenitud de las formas del proceso de conocimiento, por
no admitir la intervención de tercero que proponía la tutelante."
Así las cosas,
considera que las decisiones proferidas por el Juzgado Promiscuo de Familia y
la Sala Dual del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja se hallan al
margen del ordenamiento legal, y por tanto constituyen una vía de hecho
susceptible de ser enmendada a través de la acción de tutela, en aras de la
protección de los derechos fundamentales de la peticionaria, desestimando el
argumento expuesto por el a-quo. Tampoco considera admisible el
argumento de que la peticionaria cuenta con otros mecanismos de defensa
judicial, cuales son interponer el recurso extraordinario de casación o el de
revisión, toda vez que, al no ser reconocida dentro del proceso ni como parte
ni como tercero interviniente, carece de legitimidad para tal efecto.
III.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución
Política y 31 a 36 del decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la
referencia.
2. El juez de tutela no tiene potestad para
resolver una litis presentada en la jurisdicción ordinaria
En diversas
oportunidades ha advertido esta Corporación que la acción de tutela no es una
vía alterna, ni mucho menos un mecanismo para rectificar decisiones judiciales
en firme, ni para desautorizar interpretaciones judiciales que se hacen dentro
de la autonomía del juez ordinario, en su necesaria hermenéutica.
Cuando en el curso
de un proceso, por un motivo determinado por la inminencia de la defensa de un
derecho fundamental, se acude al proceso de tutela, no es para que mediante
este procedimiento preferencial y sumario, donde prima la informalidad, se
decida lo concerniente al fondo de un asunto que cae bajo otra competencia. Lo
anterior, en virtud de que la tutela en sí no es un nuevo orden jurídico total,
sino una acción subsidiaria y residual, que opera cuando el orden
preestablecido no es adecuado para la defensa inmediata del núcleo esencial de
un derecho fundamental.
Esto último es
importante, por cuanto no todo lo que atañe a un derecho fundamental es susceptible
de ser ventilado en el proceso de tutela. Si se admitiera tamaño error, todo,
absolutamente todo conflicto, se podría resolver por la vía de la tutela, pues
¿cuál es el aspecto que en el mundo jurídico no toca directa o indirectamente
con un derecho fundamental?
La Sala estima que
núcleo esencial es el epicentro que determina la existencia y forma de un ente.
Se colige entonces que el núcleo esencial de un derecho fundamental es la
esencia de la persona que determina los bienes inherentes a ella. En otras
palabras, el núcleo esencial del derecho fundamental es el mínimun de la
dignidad racional, sin cuyo reconocimiento el hombre no puede vivir o
desarrollarse como ser humano.
La acción de tutela
se dirige pues al núcleo esencial de un derecho fundamental, y por ello su
protección debe ser inmediata. Ya ha señalado esta Corporación cómo extremar un
derecho es equivalente a negarlo, por cuanto la extralimitación no puede ser
protegida. De ahí la importancia de saber cuándo se afecta el núcleo esencial
de un derecho fundamental. Lo anterior no quiere decir que si se afecta un
derecho fundamental, pero no en su núcleo esencial, no tenga la protección del
Estado. Desde luego la tiene, y sería absurdo pensar lo contrario, pero no
mediante la acción de tutela.
Por consiguiente, la
acción de tutela es procedente para socorrer a la persona cuando se altera o
amenaza alterar el núcleo esencial de un derecho fundamental, y no para
resolver mediante ella los asuntos relativos a la jurisdicción ordinaria,
porque acarrearía, a todas luces, un desorden y como tal iría en contra del
principio del orden social justo, consagrado en el preámbulo de la Carta.
3. Las
interpretaciones del juez y las vías de hecho
No puede caerse en
la ligereza de manifestar que por el hecho de que el juez no obre conforme con
la opinión de quien se siente afectado por el acto judicial, incurra en una vía
de hecho. Es decir, no puede predicarse como vía de hecho una interpretación
legítima que el juez hace de la ley. La Sala recuerda que vía de hecho es
aquella que contradice evidente, manifiesta y groseramente el núcleo esencial
del derecho al debido proceso, y no el discernir sobre un hecho discutido. En
el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene
autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena fe.
El fin de la prueba
es producir la certeza judicial. Cuando lo que se aduce como prueba no cumple razonablemente
su fin, no hay lugar a imponerle al juzgador una certeza, entre otras,
porque ésta es fruto de la convicción y no de la imposición. Lo anterior no
implica que la Sala esté tomando posición a favor de la teoría de la
"íntima convicción del juez", certeza moral, porque sería como dejar
al arbitrio absoluto de éste la potestad objetiva del Estado. En Colombia
impera el criterio de la persuasión racional del juez, que constituye
una armonía perfecta entre lo objetivo y lo subjetivo, superando así los
criterios exagerados de objetivismo de la "tarifa legal" y del
subjetivismo extremo de la íntima convicción. Al respecto, el profesor Rocha
Alvira expresó, siguiendo a Lessona:
"El sistema
de la persuasión racional, que como su nombre lo indica, no puede
consistir en otra cosa que en el convencimiento por medio de l a razón, difiere
del sistema de tarifa legal en que da mayor margen al raciocinio para
controvertir en uno u otro sentido, desechar en todo o en parte una conclusión
o adherir a ella. En tanto que la tarifa impone al juez una conclusión, la
persuasión racional la deduce por lógica o dialéctica. Aceptar la realidad del
hecho controvertido, por ejemplo, es una conclusión que se impone al juez civil
si se le acredita por medio de una confesión judicial, cuando el hecho es
susceptible de ser probado por ese medio, en tanto que la confesión
extrajudicial no se le impone necesariamente a la aceptación del juez, sino
conforme a un razonamiento del propio juez en pro en contra que no le deja
duda respecto a la sinceridad y realidad de la confesión. Mejor ejemplo todavía
que el de la confesión, es el de los actos jurídicos solemnes; el sistema de la
tarifa legal no le permite al juez vacilar sobre la existencia de una hipoteca,
cuando ella resulta necesariamente de un determinado medio de prueba y jamás de
otros, medio prefijado por la ley y consistente en una escritura pública
registrada dentro de cierto lapso. El sistema de la persuasión racional apenas
es incompatible en parte con la tarifa legal.
"Para
Lessona el sistema de la persuasión racional consiste en que el juez debe pesar
con justo criterio lógico el valor de las pruebas producidas y solamente puede
tener por verdadero el hecho controvertido sobre la base de pruebas que
excluyan toda duda en contrario. El juez no puede guiarse simplemente por su
criterio individual, sino según las reglas de la verdad histórica, razonadas y
fundadas, y de allí le resulta la verdad jurídica. [1]
A lo anterior hay
que agregar que el juez, de todas maneras, tiene que sujetarse a una norma
implícita de experiencia, que evita la arbitrariedad. Es así como
"los códigos
modernos -escribe Rocha
Alvira- están precedidos de la crítica experimental de los pueblos cultos.
Necesariamente hay allí una acumulación de sabiduría. Gentes de todas las razas
y latitudes se tornas así en guía y orientación para los que les suceden en el
devenir de la historia. El sistema de la persuasión racional aprovechó experimentos
consumados tanto por el antiguo sistema de la tarifa rígida como por el de la
libre convicción".[2]
4. El
caso concreto
Debe, en primer
término, establecerse si en el caso que ocupa la atención de la sala se
presentaron o no vías de hecho. Esta Sala, en la Sentencia T-327 de 15 de junio
de 1994, manifestó que para que proceda la acción de tutela por vías de hecho,
deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que la conducta del agente
carezca de fundamento legal. es decir, que no tenga asidero alguno de
legitimidad, pues nunca la aplicación o interpretación de la ley justa es
contraria a derecho; b) Que la acción obedezca a la voluntad subjetiva de quien
desempeña la autoridad judicial, lo cual quiere decir que el juez obre no según
la objetividad de la ley, sino conforme con un querer que no es el de la
voluntad general de la norma jurídica: que actúe más allá de lo permitido, o
que actúe paralelamente al orden social justo: c) Que tenga como consecuencia
la vulneración de los derechos fundamentales, de manera grave e inminente. Con
esto la Sala expresa que debe afectarse, para la procedencia de la acción de
tutela por vías de hecho, el núcleo esencial de un derecho fundamental,
no simplemente sus derivaciones o extensiones, según se ha esbozado ya en esta
providencia; d) Que no exista otra vía de defensa judicial, o que existiendo,
se interponga la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, o que el examen particular que realice el juez de tutela verifique
que la otra vía, en cuanto a su eficiencia, no es la más adecuada para la
protección inmediata del derecho fundamental violado o amenazado.
Encuentra la Sala
que en el caso presente no se configura una vía de hecho, por cuanto la
accionada se fundamentó en la ley sustancial y procesal, referente al tema
proceso de filiación extramatrimonial. Además, como consta en el expediente,
María Margarita Parra Ruiz pretendió ser reconocida en el proceso como parte o
litis consorte en calidad de cesionaria de Teresa Ballesteros Salazar, con el
fundamento de haber adquirido los derechos el primero de febrero de 1990 de su
padre, Alvaro Parra Franco, quien obraba en nombre y representación de Teresa
Ballesteros Salazar. La Sala hace notar el siguiente hecho: la venta se llevó a
cabo dos meses y veinte días después de la muerte de la mandante, y el mandato
expira con el deceso, ya que el artículo 2194 del C.C., expresa:
"Sabida la
muerte natural del mandante, cesará el mandatario en sus funciones; pero si de
suspenderlas se sigue perjuicio a los herederos del mandante, será obligado a
finalizar la gestión principiada".
Es por su
conformidad con la ley que la Sala dual no incurrió en vías de hecho y, por
tanto, no se violó el derecho al debido proceso de la peticionaria, como
razonablemente se deduce, pues los argumentos que la accionada esbozó son
suficientes: en primer lugar, el cesionario no está legitimado para intervenir
en representación de la persona del difunto en los procesos que suponen la
intransferible calidad de heredero. Al respecto ha sostenido la Corte Suprema
de Justicia:
"La cesión
del derecho real de herencia implica que el cedente conserva su intransmisible
calidad de heredero, pero se despoja de todo o parte de su derecho patrimonial,
que pasa al cesionario con sus facultades y prerrogativas que le son
inherentes, ante un caso concreto de cesión se hace indispensable saber a quién
corresponde la representación del difunto en aquellos asuntos que de estar
vivo, él sería el llamado a responder" (Sentencia del 29 de septiembre de 1984. M.P. Horacio
Montoya Gil. G.J. tomo CLXXIII).
En segundo lugar,
los herederos y no los cesionarios son los que representan a la persona del
testador y por ello no hay justificacaión en la pretensión de la actora. Al
respecto señaló la h. Corte Suprema de Justicia:
"El de
cujus, ha sostenido la jurisprudencia de la Corte, es 'causante'; quienes
dependen directamente de él y lo heredan, son sus 'causahabientes'. El
causahabiente deriva su derecho rectamente del causante. De esta suerte, sólo
los herederos y los legatarios son causahabientes del de cujus (...). Sentado
esto, no se puede aceptar el concepto de que el cesionario de un derecho sea
causahabiente: No, es causahabiente de su cedente, es decir, del
heredero". (G.J.
LXXV. p. 193).
Y es obvio que así
sea, pues para que una persona sea causahabiente de otra se necesita que ésta
le cause directamente un vínculo jurídico, lo que no se da entre cesionario y
el de cujus, porque de por medio hay otro sujeto: el heredero que
cedió sus derechos patrimoniales sobre la herencia, mas no su calidad
intransferible de heredero, según la ley. El cesionario, pues, lo que tiene no
es un nexo causal con el de cujus, sino con el patrimonio del heredero,
quien no transfiere, se repite, su status. Y para concluir el asunto, y
demostrar que la Sala Dual de Familia no obró contrario a derecho, hay que
resaltar que la h. Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado José
María Esguerra Samper, ha sostenido:
"Cuando en
una demanda se formulan súplicas principales las unas y consecuenciales las
otras, como la nulidad de un acto jurídico y de un proceso, y la consiguiente
reivindicación de los bienes que fueron objeto de uno y otro o como una
filiación natural y la consiguiente petición de herencia, cada una de las tales
pretensiones tiene vida propia. Claro que la consideración de la
consecuencia está suspensivamente condicionada al éxito de la principal. La
intervención de los interesados en aquella y en ésta depende la propia
naturaleza de cada una de ellas. De esta suerte, si los presupuestos
procesales, así como los elementos esenciales de la pretensión principal, no
ofrecen reparo alguno, el juzgador no sólo puede, sino que está en el deber de
proveer sobre el fondo de ella. Y si al hacerlo encuentra que está llamada a
prosperar, entonces y sólo entonces puede entrar a estudiar la pretensión
subordinada, tanto desde el punto de vista procesal como del sustancial".
"Si
encuentra que esta última adolece de alguna falla por cualquiera de los dos
aspectos mencionados, tendrá que rechazarla, sin que el éxito que haya tenido
la súplica principal necesariamente lleve consigo el de la consecuencial, ni el
fracaso de ésta afecte la prosperidad de aquella, porque, como atrás quedó
dicho, cada una de ella tiene vida propia, aunque la posibilidad de considerar
la consecuencial dependa del éxito que haya tenido la principal"
(Sentencia del 28 de noviembre de 1977).
La Sala encuentra,
entonces, que no era viable admitir a la peticionaria de esta acción como parte
en el juicio de filiación, porque la accionada obró de conformidad con las
normas del Código Civil; en efecto, el cesionario no es parte en un juicio de
filiación, según se desprende del artículo 403 del Código Civil Colombiano:
"Legítimo contradictor en la cuestión de
paternidades es el padre contra el hijo, o el hijo contra el padre, y en la
cuestión de maternidad, el hijo contra la madre, o la madre contra el
hijo".
Al respecto, es clara
la jurisprudencia de la h. Corte Suprema de Justicia, que confirma la
viabilidad de la actuación de la Sala Dual.:
"Declarado
tiene la jurisprudencia, con fundamento en los artículos 401 al 404 del código
Civil, que en los juicios de filiación son partes legitimadas en la causa el
padre o la madre y el hijo, o los herederos de aquellos o de éste, con las
siguientes precisiones: a) Que trabado el litigio contra el padre, la madre y
el hijo, dichas partes reciben el calificativo legal específico de 'legítimos
contradictores', el que apareja consecuencia jurídica de señalada importancia,
cual es la de que el fallo proferido en el juicio produzca efecto absoluto o erga
omnes, ofreciendo así excepción al postulado de la relatividad de la cosa
juzgada; b) Que los herederos del legítimo contradictor fallecido inter mora
litis ocupa el lugar de éste, con el preindicado efecto concerniente a la
cosa juzgada, siempre y cuando dichos herederos hayan sido citados al juicio,
comparecieran o no a éste, y c) Que iniciada la litis con posterioridad al
fallecimiento de los presuntos padre o madre, los herederos del difunto, sin
merecer el calificativo de 'legítimos contradictores', dado el restringido
alcance que la ley atribuye a éste, sí tienen personería necesaria para
responder la acción de estado y que en esta última hipótesis el respectivo
fallo según la regla general, ya no tiene efectos erga omnes sino
relativo a quienes hayan participado en el juicio o hayan sido citados en el
mismo". (Corte
Suprema de Justicia, sentencia 19 de septiembre de 1969).
Demostrado que la
peticionaria no era parte dentro del proceso de filiación que originó esta
tutela, y que no hay por consiguiente ninguna vía de hecho porque, como se ha
dicho, la Sala dual de Familia obró de acuerdo con la Ley substancial y
procesal, esta Sala procederá a revocar la sentencia de fecha 13 de marzo de
1995, de la Sala de Conjueces del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja, y en su lugar denegará la acción de tutela interpuesta por María
Margarita Parra Ruiz contra la sentencia de fecha 31 de mayo de 1994, proferida
por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Tunja.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha 13 de marzo de 1995,
de la Sala de Conjueces del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, y
en su lugar DENEGAR la acción de tutela interpuesta por María
Margarita Parra Ruiz contra la sentencia de fecha 31 de mayo de 1994,
proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Tunja.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado Ponente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]ROCHA ALVIRA,
Antonio. La prueba en el derecho. Bogotá. Dike, 1992. p.100.
[2] Ibidem. p. 102. |
477 | T-337-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-337/95
EDUCACION-Fines
Las preguntas que los estudiantes formulan
en clase y las respuestas que los profesores dan a las mismas, son actividades
que pertenecen al proceso educativo. En éste intervienen varios sujetos,
dotados de ciertas capacidades y autoridad, que de manera más o menos
sistemática y continua, mediante acciones, contenidos y métodos de diversa
naturaleza, hacen que otros adquieran conocimientos y desarrollen
potencialidades, actitudes y sentimientos, necesarios para acceder a los bienes
y valores de la cultura. Particularmente cuando el indicado proceso es formal y
su objeto consiste en la educación de los niños, el aula no se reduce a ser un
simple lugar físico. Ella ante todo es un espacio social al cual concurren
sujetos portadores de derechos y deberes de naturaleza fundamental y los verbos
que conjugan tienen todos un profundo significado constitucional: enseñar,
aprender, comunicar, participar, ser.
EDUCACION EN LA
CONSTITUCION
La Constitución traza las directrices
generales de la educación y establece deberes y derechos cuyo objeto es
orientar el proceso educativo de acuerdo con un determinado marco axiológico.
Dentro de las coordenadas fijadas en la Constitución, la ley prohija opciones y
políticas que, en cada momento histórico, expresan el consenso político sobre
las características, contenido y alcance de la educación, el cual sirve de base
al ejecutivo para ejercitar sus funciones de inspección y vigilancia. Por su
parte, en cada centro, las autoridades docentes y demás miembros de la
comunidad educativa, participan en la incesante tarea de ordenar y racionalizar
los medios y fines a su disposición con el objeto de realizar el empeño
educativo según las necesidades concretas de la sociedad y de los educandos.
EDUCACION-Fines Constitucionales
La educación, en la Constitución, no se
circunscribe a lo que podría denominarse "sistema educativo formal"
y, por consiguiente, comprende el universo de actividades educativas de
impartición o recepción de enseñanzas, conocimientos o valores. Como quiera que
están en juego los derechos de la menor y de la maestra, lo mismo que los
deberes de ésta última, no puede negarse la pertinencia constitucional de los
hechos. Sin embargo, la Corte se limitará, de acuerdo con lo expuesto, a
resolver el problema planteado sólo desde la perspectiva de la Constitución y
de los fines que en ella se le asignan a la educación.
PLURALISMO
EDUCATIVO/LIBERTAD EDUCATIVA
La Constitución no impone un modelo
específico y acabado de educación. Dentro del sistema mixto - público y privado
- del servicio educativo, le cabe cumplir un destacado papel al pluralismo. El
pluralismo y la libertad educativa, deben sin embargo, como condición esencial
de fondo, respetar y promover al máximo dos valores fundamentales que se erigen
en el objetivo del proceso educativo: la democracia y el libre, pleno y
armónico desarrollo de la personalidad humana.
EDUCACION EN LA
DEMOCRACIA
En todas las instituciones de educación,
oficiales o privadas, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje
de los principios y valores de la participación ciudadana. Una idea de
democracia militante recorre la Constitución y, conforme a ella, en la escuela,
los niños, futuros ciudadanos, han de comenzar a experimentarla como una de sus
vivencias más próximas y formadoras. La democracia, como diálogo social y
búsqueda cooperativa de la verdad, requiere que las personas, desde los bancos
escolares, sean conscientes de sus derechos y deberes y tengan oportunidades de
ejercitarlos activa y responsablemente mediante el trabajo en equipo, el
respeto a los otros y el ejercicio constante de la solidaridad y la tolerancia.
Los conflictos no están ausentes en las escuelas y en sus aulas. Lo grave es
que no puedan ser reconocidos y que se desestime la ocasión para fomentar en el
cuerpo estudiantil, de acuerdo con su nivel de madurez y de conocimientos, la
práctica democrática que sea del caso inculcar y sustentar.
DERECHO AL PLENO
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Estudiantes
Fin último de la educación es lograr o
promover el libre, pleno y armónico desarrollo de la personalidad del educando.
El pleno desarrollo de la personalidad es tan vital a todo ser humano, que el
derecho a la educación, que lo garantiza y sin el cual se difumina como
aspiración, tiene carácter universal. La Corte reiteradamente ha puesto de
presente la relación íntima existente entre el derecho al libre desarrollo de
la personalidad y el derecho a la educación. Materialmente, éste último es
condición de posibilidad de aquél. La mejor formación intelectual, física y
moral del educando, de otra parte, se recoge como fin esencial que debe
primariamente ser tutelado por el Estado y que justifica las funciones de
regulación, inspección y vigilancia que con ese propósito se le otorgan en la
Constitución. La educación impartida y recibida en su función de promover el
pleno desarrollo de la personalidad, exige la transmisión y adquisición de
conocimientos, bienes y valores de la cultura, que ayuden al estudiante a
comprender el mundo en que vive y a su propio ser, en su doble condición de
miembro activo de la comunidad a la que se integra y de individuo único y
diferenciado merecedor de un trato respetuoso y digno.
EDUCACION
RELIGIOSA-Contenido/EDUCACION
SEXUAL/DERECHO A LA EDUCACION-Contenido/DOCENTE-Capacitación
La educación religiosa en los
establecimientos del Estado, cuando media la libre voluntad del educando y de
sus padres o representantes, puede impartirse siempre que no vulnere los fines
constitucionales de la educación y no se traduzca en una mera adoctrinación o
catequesis irreflexiva y sesgada. Las afirmaciones de la profesora corresponden
a las reglas morales de un determinado credo religioso que lógicamente carece
de contenido científico y no pueden ser confrontadas a partir de ninguna
posición o doctrina oficial. Por el contrario, las aseveraciones de la
profesora en lo que respecta a su contenido, son manifestaciones que se deben
respetar en aras del pluralismo educativo y religioso. Los fines
constitucionales de la educación sólo pueden conseguirse en la medida en que se
capacite adecuadamente a los docentes que, en los términos de la Constitución,
deben ser "personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica". El
derecho a la educación no se limita al hecho de ingresar al sistema educativo o
poder permanecer en él. También incluye, en el Estado social de derecho, el
derecho a que la enseñanza se imparta "por personas de reconocida
idoneidad ética y pedagógica", lo que no es ajeno a la profesionalización
y dignificación de la actividad docente que la ley debe garantizar.
DISCRIMINACION
POR AFIRMACIONES INEXACTAS/DISCRIMINACION A MENOR EN LA ESCUELA
En el caso examinado, por lo menos dos
aspectos del proceso educativo, se han mostrado insuficientes: la educación
"en la democracia y para la democracia" y la educación sexual. El
irrespeto y la discriminación de que es objeto la menor por parte de sus
compañeros, aunado al desconocimiento y falta de comprensión - de acuerdo a su
grado de desarrollo cognitivo y emocional - de las materias sexuales que es ostensible
en todos los menores involucrados, acreditan el aserto y hacen imperioso que se
corrija de inmediato la situación a través de los recursos pedagógicos que sean
más conducentes.
JULIO 26 DE 1995
REF: Expediente
T- 66859
Actor: A
Magistrado
Ponente:
Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Temas:
-Educación: fines
constitucionales (“educación en la democracia y para la democracia”; pleno
desarrollo de la personalidad de los educandos)
- Derecho a la
educación: contenido
- Educación y
religión
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha
pronunciado
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN
la siguiente
S E N
T E N C I A
En el proceso de
tutela T-66859 adelantado por A, actuando en nombre y representación de su hija
B, contra la profesora C.
ANTECEDENTES
1. El día 24 de
febrero, B, de nueve años de edad, pidió permiso a su madre, A, para ir a jugar
con sus amigos. Un cuarto de hora después, la niña regresó llorando en compañía
de su hermano D.
La señora A preguntó
a su hija porqué lloraba. Al ver que su hermana no contestaba, D respondió que
los otros niños no habían querido jugar con ella "porque la profesora C
les había dicho que no lo hicieran porque B tenía SIDA y que con el hermano
(tampoco) porque de pronto ya se lo había prendido".
Ante tales afirmaciones, la madre decidió
constatar personalmente lo dicho por los compañeros de juego de su hija, y
preguntarles "de dónde habían sacado éso que B tenía SIDA". El menor
E contestó que había sido la profesora C quien lo afirmó en el salón de quinto
de primaria. Esto fue corroborado por los demás niños quienes añadieron que la
maestra expresó también que, de pronto, B estaba embarazada.
A partir de ese día, B no quiso volver a la
escuela sintiéndose rechazada por sus compañeros de estudio, quienes al
burlarse de ella generan un ambiente hostil en su contra.
2. El 27 de febrero la señora A interpuso
una acción de tutela verbal contra la profesora C, ante el Juzgado Promiscuo
Municipal de Panqueba. La demandante consideró que las afirmaciones de la
maestra vulneraban los derechos de su hija a la igualdad (C.P., artículo 13), a
la honra (C.P., artículo 21) y a la enseñanza (C.P., artículo 27).
3. El Juzgado Promiscuo Municipal de
Panqueba recibió declaraciones juradas a varios de los estudiantes de cuarto y
quinto de primaria de la escuela municipal. Los testimonios de los menores
pueden sintetizarse como sigue.
El menor F, estudiante de quinto de
primaria, afirmó que la profesora C dijo "que a lo mejor (B) estaba
embarazada porque G le contó que H había dicho que hacía cosas con B".
E, del curso quinto de primaria, refirió al
Juzgado que el día 24 de febrero no quisieron jugar con B, porque "la
profesora C nos había dicho que ella tenía SIDA". Adicionalmente, el niño
anotó que durante la clase de religión H contó a la maestra que "había
hecho el amor con B", a lo cual ella respondió que "qué tal que esté
embarazada". Afirmó que la profesora C prohibió a otras niñas que se
juntaran con B.
El menor H, alumno de quinto de primaria,
en declaración rendida ante el Juzgado de tutela, manifestó que el 24 de
febrero sus amigos y él no habían querido jugar con B pues la profesora C les
dijo "que ella cuando grande iba a ser una prostituta". El niño
afirmó que la maestra les prohibió juntarse con B porque "de pronto podía
estar embarazada de nosotros y que no se metieran con ella porque nos prendía
el SIDA, eso fue lo que nos dijo en una clase de religión y también nos dijo
que no nos abrazáramos con ella ni con D el hermano de ella porque de pronto
también tenía SIDA y no nos dijo nada más".
G, de quinto de primaria, aseguró al
Juzgado que durante una clase de religión, en donde estaban hablando de
“lujuria” e “impureza”, él le contó a la maestra que H había hecho el amor con
B "para que los corrigiera", y que la profesora respondió que
"así era que se formaban las prostitutas".
El niño I, matriculado en cuarto de
primaria, relató que B "estaba llorando allá en la escuela porque la
profesora (...) C había dicho que no se metieran con ella". De igual
forma, afirmó "que la señora C dijo que alguna de las niñas de ahí era
prostituta y J dijo que B". Finalmente, el menor anotó que en el salón de
cuarto de primaria la profesora C alertó que no se juntaran con B "porque
de pronto podía estar embarazada".
La niña K, del salón de cuarto de primaria,
recordó que la maestra les había comentado "que las niñas se prestaban por
plata para irsen con los niños a revolcarsen a los potreros y les dijo a los
niños que no fueran sinvergüenzas y que le provocaba sentarse a llorar".
Preguntada por la juez de tutela si había
oído decir que B tuviera SIDA, la menor J, alumna de cuarto de primaria,
contestó que "unos niños empezaron a decir a la mamá de B que ella tenía
SIDA y entonces la mamá les preguntó que dónde habían sacado eso y dijeron que
la señora C les había contado, yo vi cuando B bajaba llorando". De igual
modo, la niña J refirió al Juzgado que en su curso, la maestra había dicho que
eran "unas sinvergüenzas y unas cochinas y yo no sé porqué nos dice
así".
L, quien cursa cuarto de primaria, relató
al Juzgado que el rumor acerca de que B tenía SIDA fue iniciado por H
"porque la profesora C, dijo que unas pocas niñas estaban prestándole el
cuerpo para los muchachos y H me contó y me dijo a mí que de pronto B tenía
SIDA".
4. En escrito de marzo 2 de 1995, la
profesora C rindió el informe solicitado por el Juzgado de tutela. La demandada
puntualiza que durante la clase de religión impartida por ella el 20 de febrero
de 1995 a los estudiantes de quinto de primaria de la Concentración Urbana de
Panqueba, en la que se trataba el tema de los pecados capitales, el alumno G
tomó la palabra para decir que algunos niños le pagaban a B para que hiciera el
amor con ellos.
La profesora asegura en su informe haber
contestado que "esos no son actos de niños, el día les llegará de hacerlo
cuando sean mayores de edad porque para eso está instituido el sacramento del
matrimonio para conservar la especie". La maestra C afirma que, durante la
clase que a continuación dictó a los estudiantes de cuarto de primaria, una de
las niñas afirmó que B había hecho el amor con uno de sus compañeros y éste le
había pagado. La docente afirma haber quedado desconcertada y agrega que
"no sabía como evitar que estas especies se siguieran propagando en contra
del patrimonio moral de mi alumna pero no pude evitar que las diversas reclamaciones
o reproches que le hicieron varios de sus compañeros por su presunta o
hipotética conducta".
La profesora C pone de presente que jamás
ha hecho afirmaciones en contra de la honra o la integridad moral de la niña B,
"atropellando en esta forma la dignidad de una niña de quien no me consta
ninguna conducta amoral (...)". Y agrega que, "como mujer, como madre
de familia, como profesora de muchos años al servicio de la niñez y como
ciudadana, rechazo el cargo que se me hace de haber anunciado para el futuro de
que iba a ser una prostituta cuando grande la niña B".
5. El director del Hospital "Andrés
Girardot" de Güicán (Boyacá), luego de realizar un examen médico a la
menor B el día 3 de Marzo de 1995, conceptuó que la niña no padecía de ningún
quebranto físico o fisiológico, y tampoco se evidenciaba padecimiento
infecto-contagioso alguno que le impidiera vivir en comunidad.
El dictamen médico establece, igualmente,
que desde el punto de vista sicológico la menor presenta "un temor al
rechazo y aislamiento por parte de sus compañeros de estudio; según la paciente
porque la creen enferma de SIDA, aunque ella misma no sabe que significa la
enfermedad".
6. En providencia de marzo 13 de 1995, el
Juzgado Promiscuo Municipal de Panqueba, decidió no amparar a la menor B por
cuanto no se logró comprobar la violación de los derechos fundamentales
invocados. Sin embargo, ordenó a la profesora C llamar la atención a sus
alumnos, con la finalidad de evitar malos entendidos, de manera tal que la niña
B no se sintiera aislada y rechazada por sus compañeros de estudio.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. La menor B, de
nueve años de edad, quien asiste a la escuela municipal de Panqueba (Boyacá),
se ha visto segregada por sus compañeros de clase, que la consideran
“prostituta” y enferma de “sida”. La niña no desea volver al colegio. El
dictamen médico practicado revela que sufre “un temor al rechazo y aislamiento
por parte de sus compañeros de estudio; según la paciente porque la creen
enferma de SIDA, aunque ella misma no sabe que significa la enfermedad”.
Adicionalmente, el dictamen indica que la menor goza de perfecto estado de
salud.
La actitud hostil de
los estudiantes del plantel se originó, de una parte, en la revelación que uno
de ellos hizo públicamente en clase de religión sobre una presunta relación
amorosa sostenida por la niña con otro menor y, de otra parte, en la respuesta
que la profesora dió a las declaraciones y preguntas formuladas por los
primeros. Los testimonios de los estudiantes no son claros sobre el contenido y
alcance de la intervención de la docente, aunque se deduce que la impresión
general recibida fue la de que la conducta denunciada merecía reprobación. La
profesora, a su turno, señala que si bien en una ocasión no acertó a encontrar
la forma más apropiada para defender el patrimonio moral de la menor,
limitándose a permanecer en silencio, en la clase de quinto grado, en cambio,
precisó: “ésos no son actos de niños, el día les llegará de hacerlo cuando sean
mayores de edad porque para eso está instituido el sacramento del matrimonio
para conservar la especie”.
2. El Juez de tutela
no logró establecer que a la menor se le hubieran vulnerado, por parte de la
profesora, sus derechos a la igualdad, la honra y a la libertad de enseñanza. A
su juicio, los alumnos “no captaron el mensaje, en la forma como la profesora
lo expresó”. No obstante, no conceder la tutela, en vista de que “por los malos
entendidos se ha violado involuntariamente la esfera íntima de la menor”, en la
sentencia se ordena a la profesora “llamar la atención a sus alumnos para
evitar malos entendidos y que la alumna B no se sienta aislada y rechazada por
sus compañeros”.
3. Se pregunta la
Corte si se violan los derechos fundamentales de un niño cuando el profesor de
la escuela pública a la que asiste, ante quien se refieren en clase de religión
apreciaciones y comentarios denigrantes sobre un estudiante, no se ocupa de
esclarecerlos de manera directa y en su lugar insiste en la necesidad de seguir
una regla moral - “para eso está instituido el sacramento del matrimonio” -,
cuya comprensión por los discentes no parece haber contribuido a despejar los
equívocos e incluso ha podido incidir en la descalificación y estigmatización
generalizadas de aquél en el medio estudiantil.
4. El primer aspecto
que debe precisarse es el relativo a la relevancia constitucional de la
situación planteada. Las preguntas que los estudiantes formulan en clase y las
respuestas que los profesores dan a las mismas, son actividades que pertenecen
al proceso educativo. En éste intervienen varios sujetos, dotados de ciertas
capacidades y autoridad, que de manera más o menos sistemática y continua,
mediante acciones, contenidos y métodos de diversa naturaleza, hacen que otros
adquieran conocimientos y desarrollen potencialidades, actitudes y
sentimientos, necesarios para acceder a los bienes y valores de la cultura.¡Error!Marcador no definido.
Particularmente
cuando el indicado proceso es formal y su objeto consiste en la educación de
los niños, el aula no se reduce a ser un simple lugar físico. Ella ante todo es
un espacio social al cual concurren sujetos portadores de derechos y deberes de
naturaleza fundamental y los verbos que conjugan tienen todos un profundo
significado constitucional: enseñar, aprender, comunicar, participar, ser.
La relevancia
constitucional de una específica relación social, denota su importancia desde
el punto de vista de los valores y fines de la Constitución, pero no se traduce
en que sea por fuerza la norma constitucional la que deba integralmente
gobernarla. La Constitución traza las directrices generales de la educación y
establece deberes y derechos cuyo objeto es orientar el proceso educativo de
acuerdo con un determinado marco axiológico. Dentro de las coordenadas fijadas
en la Constitución, la ley prohija opciones y políticas que, en cada momento
histórico, expresan el consenso político sobre las características, contenido y
alcance de la educación, el cual sirve de base al ejecutivo para ejercitar sus
funciones de inspección y vigilancia. Por su parte, en cada centro, las
autoridades docentes y demás miembros de la comunidad educativa, participan en
la incesante tarea de ordenar y racionalizar los medios y fines a su
disposición con el objeto de realizar el empeño educativo según las necesidades
concretas de la sociedad y de los educandos.
La situación
descrita pone de presente una experiencia comunicativa que se da en el marco de
una clase de religión entre un maestro estatal y sus alumnos y que afecta de
manera negativa la personalidad de una menor que compone el grupo escolar. La
educación, en la Constitución, no se circunscribe a lo que podría denominarse
"sistema educativo formal" y, por consiguiente, comprende el universo
de actividades educativas de impartición o recepción de enseñanzas,
conocimientos o valores. Como quiera que están en juego los derechos de la
menor y de la maestra, lo mismo que los deberes de ésta última, no puede
negarse la pertinencia constitucional de los hechos. Sin embargo, la Corte se limitará,
de acuerdo con lo expuesto, a resolver el problema planteado sólo desde la
perspectiva de la Constitución y de los fines que en ella se le asignan a la
educación.
5. La Constitución
no impone un modelo específico y acabado de educación. Dentro del sistema mixto
- público y privado - del servicio educativo, le cabe cumplir un destacado
papel al pluralismo. El pluralismo y la libertad educativa, deben sin embargo,
como condición esencial de fondo, respetar y promover al máximo dos valores
fundamentales que se erigen en el objetivo del proceso educativo: la democracia
y el libre, pleno y armónico desarrollo de la personalidad humana.
En efecto, en todas
las instituciones de educación, oficiales o privadas, se fomentarán prácticas
democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la
participación ciudadana (C.P., art. 41). Una idea de democracia militante
recorre la Constitución y, conforme a ella, en la escuela, los niños, futuros
ciudadanos, han de comenzar a experimentarla como una de sus vivencias más
próximas y formadoras. La democracia, como diálogo social y búsqueda
cooperativa de la verdad, requiere que las personas, desde los bancos
escolares, sean conscientes de sus derechos y deberes y tengan oportunidades de
ejercitarlos activa y responsablemente mediante el trabajo en equipo, el
respeto a los otros y el ejercicio constante de la solidaridad y la tolerancia.
Los conflictos no están ausentes en las escuelas y en sus aulas. Lo grave es
que no puedan ser reconocidos y que se desestime la ocasión para fomentar en el
cuerpo estudiantil, de acuerdo con su nivel de madurez y de conocimientos, la
práctica democrática que sea del caso inculcar y sustentar. Si el proyecto
educativo quiere en verdad convertirse en simiente de la sociedad abierta,
deberá inducirse a los estudiantes - como sujetos dotados de racionalidad y de
espíritu constructivo -, a que participen decididamente en la comprensión y
resolución de los problemas y conflictos que a menudo surgen en el ámbito
escolar y que les conciernen.
De otro lado, fin
último de la educación es lograr o promover el libre, pleno y armónico
desarrollo de la personalidad del educando. El pleno desarrollo de la
personalidad es tan vital a todo ser humano, que el derecho a la educación, que
lo garantiza y sin el cual se difumina como aspiración, tiene carácter
universal. La Corte reiteradamente ha puesto de presente la relación íntima
existente entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho
a la educación. Materialmente, éste último es condición de posibilidad de
aquél. La mejor formación intelectual, física y moral del educando, de otra
parte, se recoge como fin esencial que debe primariamente ser tutelado por el
Estado y que justifica las funciones de regulación, inspección y vigilancia que
con ese propósito se le otorgan en la Constitución (C.P., art. 67). En este
mismo sentido, dispone lo siguiente el pacto internacional de los derechos
económicos, sociales y culturales: "Los Estados partes en el presente
pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la
educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad y del
sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y
las libertades fundamentales. Convienen, asimismo, en que la educación debe
capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad
libre y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos radicales,
étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro
del mantenimiento de la paz" (art. 13.1).
La educación
impartida y recibida en su función de promover el pleno desarrollo de la
personalidad, exige la transmisión y adquisición de conocimientos, bienes y
valores de la cultura, que ayuden al estudiante a comprender el mundo en que
vive y a su propio ser, en su doble condición de miembro activo de la comunidad
a la que se integra y de individuo único y diferenciado merecedor de un trato
respetuoso y digno. Se comprende que una educación carente de base científica,
adoctrinadora y simplificadora del saber, cercena la capacidad analítica,
reflexiva y crítica de los estudiantes y termina por reducir sensiblemente las
posibilidades del desarrollo pleno y autónomo de su personalidad, lo cual también
repercute negativamente en el desarrollo social y político de la comunidad, que
sólo puede edificarse y evolucionar con el aporte de personas libres,
creativas, capaces y responsables.
6. En el caso que
analiza la Corte es patente que los fines de la educación no se han cumplido.
La menor estudiante es víctima de una suerte de segregación sicológica por
parte de sus condiscípulos que amenaza con causar su deserción del sistema
educativo. Las explicaciones de la maestra, lejos de resolver el problema, parecen
haber contribuido a profundizarlo. De hecho, la estudiante ha sido etiquetada y
estigmatizada como "prostituta" o enferma de "sida", lo que
sin duda afecta su personalidad y autoestima.
En suma, los dos
fines de la educación han sido desvirtuados. En la escuela municipal de
Panqueba una parte de la comunidad estudiantil está entregada a la práctica más
caracterizadamente antidemocrática, como es la de la discriminación de una
alumna ante la impotencia del cuerpo docente para clarificar en términos
pedagógicos la situación presentada. La menor estudiante, en consecuencia, ve
gravemente comprometido el desarrollo pleno y sano de su personalidad.
7. La Corte, en su
afán de establecer la causa de la lesión de los derechos de la menor, no puede
entrar a cuestionar el derecho legítimo de la maestra de impartir educación
religiosa - seguramente autorizada por los padres de los menores -, de acuerdo
con la metodología y criterios más ajustados al credo que profesa. En últimas
se trata de una opción que, desde el punto de vista del profesor, se sustenta
en la libertad educativa, de religión, conciencia y expresión. La educación
religiosa en los establecimientos del Estado, cuando media la libre voluntad
del educando y de sus padres o representantes, puede impartirse siempre que no
vulnere los fines constitucionales de la educación y no se traduzca en una mera
adoctrinación o catequesis irreflexiva y sesgada.
En este orden de
ideas, las afirmaciones de la profesora corresponden a las reglas morales de un
determinado credo religioso que lógicamente carece de contenido científico y no
pueden ser confrontadas a partir de ninguna posición o doctrina oficial. Por el
contrario, las aseveraciones de la profesora en lo que respecta a su contenido,
son manifestaciones que se deben respetar en aras del pluralismo educativo y
religioso.
Podría pensarse que
en las palabras de la profesora, se esconde un propósito adoctrinador. Sin
embargo, un designio de esta naturaleza, difícilmente puede deducirse de una
intervención casual que poco dice sobre la pauta y el método pedagógicos que en
esta materia ella ha podido adoptar. Dentro del campo de las estrategias
educativas para afrontar problemas y conflictos en el aula, la conducta de la
profesora responde al ámbito de libertad de decisión que, siempre que se obre
de buena fe, difícilmente se le puede desconocer a todo profesor.
8. Las fallas que,
en un campo distinto, se le pueden atribuir a la profesora, no se relacionan
con su preparación religiosa ni con la asignatura de religión y, en estricto
rigor, deben imputarse al servicio educativo público al cual pertenece.
En realidad, la
simple formulación de una regla moral como respuesta a las denuncias de que era
objeto la menor, implícitamente podía dejar la impresión de que se aceptaba la
veracidad de los hechos y se la condenaba, así fuera en abstracto, lo que quizá
explica la repulsa colectiva que se desató en su contra. No sólo se dejó
indefensa a la menor, sino que no se aprovechó la oportunidad que se presentaba
para "fomentar una práctica democrática" de respeto y consideración
hacia uno de los compañeros de clase que, en ese momento y después, fue objeto
de una injusta y despiadada discriminación. Finalmente, no se reparó en los
efectos negativos que sobre la dignidad y la personalidad de la menor se
seguían de la pérdida de autoestima como consecuencia de los calificativos que
recibía y del vacío social creado a su alrededor.
Las anotadas
falencias revelan que los fines constitucionales de la educación sólo pueden
conseguirse en la medida en que se capacite adecuadamente a los docentes que,
en los términos de la Constitución, deben ser "personas de reconocida
idoneidad ética y pedagógica". El derecho a la educación no se limita al
hecho de ingresar al sistema educativo o poder permanecer en él. También
incluye, en el Estado social de derecho, el derecho a que la enseñanza se
imparta "por personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica"
(C.P., art. 68), lo que no es ajeno a la profesionalización y dignificación de
la actividad docente que la ley debe garantizar.
En el caso
examinado, por lo menos dos aspectos del proceso educativo, se han mostrado
insuficientes: la educación "en la democracia y para la democracia" y
la educación sexual. El irrespeto y la discriminación de que es objeto la menor
por parte de sus compañeros, aunado al desconocimiento y falta de comprensión -
de acuerdo a su grado de desarrollo cognitivo y emocional - de las materias
sexuales que es ostensible en todos los menores involucrados, acreditan el
aserto y hacen imperioso que se corrija de inmediato la situación a través de
los recursos pedagógicos que sean más conducentes.
Por lo expuesto, se
concederá la tutela a la menor respecto de sus derechos a la educación y al
libre y pleno desarrollo de su personalidad. En atención a que la causa real de
la afectación de sus derechos se asocia a fallas objetivas en la prestación del
servicio educativo público, la medida de protección se concretará en dos
acciones: (1) ordenar al Ministerio de Educación Nacional examinar la situación
presentada en la escuela municipal de Panqueba y desplazar por el tiempo que se
requiera a un docente experto en las materias que a su juicio deban reforzarse,
en particular, en lo que tiene que ver con la educación sexual; (2) ordenar al
secretario de educación de Boyacá disponer lo necesario para someter a la menor
a una evaluación sicológica con el objeto de establecer si es necesario que
reciba una sicoterapia a fin de que pueda superar la perturbación de que da cuenta
el dictamen médico practicado, en cuyo caso se dispondrá lo pertinente por el
mismo funcionario.
D E C I S I O N
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión,
R E S U E L V E
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de tutela proferida por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Panqueba, el día 13 de marzo de 1995, salvo el
punto segundo de su parte resolutoria que se confirma.
SEGUNDO.-
CONCEDER la tutela
impetrada por la señora A en nombre de su hija B, en relación con sus derechos
a la educación y al pleno desarrollo de su personalidad. En consecuencia, se
ordena al Ministerio de Educación Nacional que, dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de esta sentencia, proceda a examinar la situación
presentada en la escuela municipal de Panqueba y desplazar por el tiempo que se
requiera a un docente experto en las materias que a su juicio deban reforzarse,
en particular, en lo que tiene que ver con la educación sexual. Igualmente, se
ordena al secretario de educación de Boyacá que, dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de esta sentencia, disponga lo necesario para someter a
la menor a una evaluación sicológica con el objeto de establecer si es
necesario que reciba una sicoterapia a fin de que pueda superar la perturbación
de que da cuenta el dictamen médico practicado, en cuyo caso se dispondrá lo
pertinente por el mismo funcionario.
TERCERO.- LÍBRESE comunicación al Juzgado Promiscuo
Municipal de Panqueba con miras a que se surta la notificación de esta
providencia, según lo establecido en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
CUARTO.- A efectos de la publicación de la presente
sentencia y en aras de proteger el derecho a la intimidad y a la honra de los
menores involucrados en los hechos examinados, se ordena sustituir los nombres
de los menores intervinientes por siglas diferenciales.
QUINTO.- Notifíquese esta providencia a la Señora
Ministra de Educación Nacional y al Secretario de Educación de Boyacá.
COPIESE,
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE E INSERTESE EN LA GACETA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
(Sentencia aprobada
por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a
los veintiséis (26) días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco
(1995) ). |
478 | T-338-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-338/95
DERECHO DE
PETICION-Pronta Resolución
La Constitución
alude a una "pronta resolución" significando la diligencia y brevedad
con que deben proceder las autoridades públicas en la atención de los asuntos
que, mediante el ejercicio del derecho de petición, los asociados someten a su
consideración. Así pues, las actitudes dilatorias contradicen el sentido que la
Carta Fundamental otorga al derecho y demuestran el olvido de los principios de
eficacia, economía y celeridad que guían el desarrollo de la función
administrativa.
REF: Expediente
No. 63203
Procedencia:
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Peticionario:
Héctor Gonzalo Montes Herrera
MAGISTRADO
PONENTE:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá D. C., agosto primero (1) de mil
novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Fabio Morón
Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero quien la preside,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
tutela identificado con el número de radicación T-63.203, adelantado por el
señor Héctor Gonzalo Montes Herrera en contra del Jefe de la División de
Personas Naturales de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de
Santa Fe de Bogotá. Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y
33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte
Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
I.ANTECEDENTES
A. Solicitud
El 7 de febrero de
1995, el señor Héctor Gonzalo Montes Herrera presentó, ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, escrito contentivo de una acción de tutela para
la protección del derecho fundamental de petición.
Expuso el accionante
que el 23 de diciembre de 1994 radicó un memorial dirigido al Jefe de la
División de Personas Naturales de la Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Santa Fe de Bogotá, en el que le solicitó "revocar o anular,
la liquidación de corrección aritmética No. 503731 de mayo 25 de 1992,
practicada a mi cargo por el año gravable de 1989, por ser violatoria del
debido proceso que informa el artículo 29 de la Constitución Política y en su
lugar declarar en firme la declaración de renta y patrimonio que el suscrito
presentó por el año gravable de 1989".
Según el
peticionario "han transcurrido más de 30 días" sin que se haya
producido una respuesta.
B. La sentencia
que se revisa
El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, mediante sentencia de febrero 9
del año en curso resolvió negar la acción de tutela.
Estimó el Tribunal
que "el memorial presentado en diciembre pasado debe tenerse como un
recurso de revocatoria directa", para cuya interposición, conforme el
artículo 737 del Estatuto Tributario, el interesado dispone de un término de 2
años contados a partir de la ejecutoria del correspondiente acto
administrativo, término que en el caso examinado transcurrió sin que se hubiera
hecho uso del recurso ya que, "la liquidación de revisión es de fecha mayo
25 de 1992, mas dos meses para interponer el recurso de reconsideración, es
decir que desde el 25 de julio de 1992 quedó ejecutoriada la citada
liquidación. En consecuencia para el 23 de diciembre de 1994 habían transcurrido
más de dos años y el recurso estaba caducado".
Adicionalmente,
indicó el Tribunal que "la ley no fija término para resolver el recurso de
revocatoria directa" y que "de acuerdo con las leyes vigentes contra
las liquidaciones proferidas por la Administración de Impuestos procede
normalmente el recurso de reconsideración, amén de las acciones contencioso
administrativas".
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
A. La Competencia
Es competente esta
Sala de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de
la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86,
inciso segundo y 241, numeral noveno de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
B. La materia
1. Sobre el derecho
de petición, para cuya protección el accionante impetró la acción de tutela,
esta Sala de Revisión, en reciente pronunciamiento expuso:
"La
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que el derecho de
petición comprende dos momentos importantes, el primero de los cuales consiste
en la posibilidad de dirigirse respetuosamente a las autoridades, en interés
particular o general, desencadenando de ese modo la actuación correspondiente
que, dentro de un término razonable, conduzca a la adopción de una respuesta
que constituye el segundo elemento integrado a la noción del derecho que el
artículo 23 superior recoge.
La posibilidad de
presentar peticiones atañe a toda persona y es presupuesto indispensable para
obtener la pronta resolución del asunto sometido al conocimiento y a la
decisión de la autoridad pública. Esta Corporación, en reiterados
pronunciamientos, ha señalado que el derecho de petición no queda satisfecho
con la simple recepción de las solicitudes y que su relevancia, como mecanismo
que permite la comunicación entre los particulares y el poder público, no
deriva primordialmente de esta etapa inicial sino de la solución que se brinde
a la cuestión planteada.
La respuesta que
le otorga verdadera eficacia al derecho de petición es aquella que, además de
producirse oportunamente, aborda el fondo del asunto de que se trate; no es
otro el sentido de la preceptiva constitucional que se refiere a la pronta resolución,
indicando así que no basta un pronunciamiento que tocando de manera apenas
tangencial las inquietudes del peticionario omita el tratamiento del problema,
la duda o la dificultad expuestos en cada caso. Lo anterior no significa que en
toda circunstancia la decisión deba acoger las pretensiones del solicitante; lo
que se busca es que, cualquiera sea su sentido, la respuesta desate la materia
de la petición.
Entre la
presentación de una solicitud y la resolución de la misma media un lapso
suficiente para que las autoridades, dentro del marco de sus competencias,
acometan el estudio de lo pedido, soliciten las informaciones que estimen
pertinentes, alleguen los elementos de juicio necesarios para adoptar,
finalmente, la consecuente decisión. La autoridad puede demandar colaboración
del peticionario en procura de una ayuda que el particular esté en condiciones
de prestarle y que resulte indispensable para resolver. Empero, al solicitante
también le asiste el derecho para exigir que la autoridad, por su parte,
despliegue la actuación que le permita llegar a la decisión que debe adoptar, y
más aún, para pedir que cuando la resolución adoptada comporte el obrar de la
autoridad, con miras a la garantía de los derechos de la persona, se proceda a
efectuar la acción pertiente". (Sentencia No. T-299 de 1995. M. P.
Alejandro Martínez Caballero).
2. En el evento que
ahora ocupa la atención de la Sala, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
denegó el amparo pedido aduciendo que "el recurso estaba caducado",
que le ley no fija término para resolver la revocatoria directa y que existen
otros medio de defensa judicial.
Es cierto que
tratándose de la revocatoria directa el artículo 737 del Estatuto Tributario
concede un término de dos años, "a partir de la ejecutoria del
correspondiente acto administrativo", para ejercer el recurso. Sin
embargo, no puede perderse de vista que la acción de tutela ha sido instituida
para la protección de los derechos fundamentales, cuando quiera que sean
violados o amenazados por el actuar positivo o por la omisión de las
autoridades públicas o de los particulares en los casos legalmente previstos;
en consecuencia, en situaciones como la presente, lo que el juez constitucional
debe examinar es la actuación de la autoridad pública frente al derecho que se
invoca, para establecer si resulta o no vulnerado.
Surge de los autos,
con claridad, que el accionate presentó una solicitud y que, pasado un tiempo
razonable, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Santa Fe de
Bogotá no le había dado respuesta. Esta simple constatación revela que la autoridad
omitió, en perjuicio del particular, el acatamiento debido al derecho "a
obtener pronta resolución". En estas condiciones, de nada sirve establecer
si la persona se encontraba dentro del término legal para elevar la petición o
interponer el recurso, porque, independientemente de que estuviera o no en
oportunidad, toda petición merece ser considerada y respondida por la autoridad
competente.
Al juez de tutela,
entonces, no le correspondía referirse a la presunta caducidad, anticipándose a
establecerla ya que, en primer lugar, la operancia de este fenómeno no tiene la
virtualidad de eximir a la autoridad de la obligación de dar respuesta, y en
segundo lugar, porque la apreciación de su posible configuración atañe a la
autoridad que justamente puede responder al peticionario informándole que en
relación con su solicitud ha operado la caducidad u optar por otro tipo de
respuesta como sucede, cuando por ejemplo, se le comunica que se corrió
traslado de su recurso a otro funcionario por carecer de competencia para
resolverlo aquel ante quien fue presentado. Así pues, se reitera una vez más,
el juez se limita a ordenar la respuesta sin entrar a determinar el posible
contenido de la misma.
Ahora bien, la
circunstancia de que la ley no haya fijado término para resolver un recurso
tampoco es excusa para desconocer el derecho de petición. El artículo 23 de la
Constitución alude a una "pronta resolución" significando la
diligencia y brevedad con que deben proceder las autoridades públicas en la
atención de los asuntos que, mediante el ejercicio del derecho de petición, los
asociados someten a su consideración. Así pues, las actitudes dilatorias
contradicen el sentido que la Carta Fundamental otorga al derecho y demuestran
el olvido de los principios de eficacia, economía y celeridad que, conforme al
artículo 209 superior, guían el desarrollo de la función administrativa. Una
interpretación acorde con la Carta impone la decisión del asunto dentro de un
término razonable, de esa manera, además, se acoge un criterio que le confiere
al derecho la mayor eficacia posible, desechando interpretaciones que en la
práctica lo despojan de su contenido.
En lo relativo a los
otros medios a los cuales, según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
puede el actor acudir, cabe puntualizar que el recurso de reconsideración no es
un medio de defensa judicial y su mención no resulta congruente con la
argumentación que expone el Tribunal porque la ley no autoriza pedir la
revocatoria directa cuando se han ejercitado los recursos de la vía gubernativa
(art. 70 C:C.A.); luego si el accionante recurrió a esta figura lo hizo bajo el
entendido de que ya no disponía del recurso de reconsideración por no haberlo
interpuesto oportunamente.
También es
impertinente la alusión a las acciones contencioso administrativas ya que de
conformidad con el artículo 72 del C.C.A "ni la petición de revocación de
un acto ni la decisión que sobre ella recaiga reviven los términos legales para
el ejercicio de las mencionadas acciones, de donde se desprende que el
peticionario no las tiene expeditas para hacer valer sus derechos; en tales
condiciones, no son medios capaces de enervar la procedencia de la tutela.
Fuera de lo
anterior, es necesario tener en cuenta que una cosa es el derecho de petición
en sí mismo considerado y otra el contenido de lo que se pide. Por virtud de
las acciones contencioso administrativas lo que se discute ante la jurisdicción
respectiva no es la observancia del derecho de petición sino el contenido de la
solicitud, de ahí que esas acciones no sean eficaces para la protección del
derecho contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política.
Al proferir esta
sentencia han transcurrido siete (7) meses desde el momento en que se elevó la
petición. La Sala estima que este lapso traspasa el límite de lo razonable y,
en consecuencia, ordenará a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales
de Santa Fe de Bogotá que proceda a resolver la petición presentada por el
accionante, en el improrrogable término de cuarenta y ocho (48) horas.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 9 de febrero de 1995,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección cuarta, en el
asunto de la referencia.
SEGUNDO. CONCEDER la tutela por violación del derecho de
petición, en consecuencia, se ordena a la Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Santa Fe de Bogotá, resolver, en el improrrogable término de
cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia,
la petición presentada por el señor Héctor Gonzalo Montes Herrera el dia 23 de
diciembre de 1994 y radicada bajo el número 072183.
TERCERO. LIBRENSE las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
479 | T-339-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-339/95
PERSONA
DISMINUIDA-Atención
especializada/DERECHO DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD A TUTELA
TRANSITORIA/ENFERMOS TERMINALES
Dada la condición
humana, la disminución de la capacidad física, sensorial y psíquica es una
consecuencia natural de la edad avanzada. El Constituyente previó en la norma
que, al menos, las personas que se encuentran en esa condición de debilidad
manifiesta, cuenten con la atención adecuada a su situación. En este caso se
trata de una anciana reducida a su lecho de enferma como consecuencia de los
padecimientos que le fueron diagnosticados, requiere de tratamiento médico,
así no sea especializado, para enfrentar en condiciones dignas el resto de su
vida. La Carta Política expresamente establece que tal atención debe
garantizarla el Estado, y esta Corte ha sido reiterativa en precisar que aún a
los enfermos terminales debe prestárseles la asistencia médica requerida, entendiendo
por ella la que le permita al paciente gozar de la mejor calidad de vida
posible hasta el momento de su deceso.
ACCION DE
TUTELA/DERECHOS FUNDAMENTALES-Protección/
DERECHOS DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD
Es
suficientemente eficaz el medio de defensa judicial alterno para hacer
efectivos los derechos fundamentales violados. Conocidas esas circunstancias
vitales, la respuesta es obvia: no; el medio alterno no es tan eficaz como la
acción de tutela, si se pretende garantizarle a la petente en vida -única
perspectiva válidamente considerable por el juez de tutela-, el pleno goce de
sus derechos fundamentales.
Ref.: Expediente
No. T-66.371
Acción de Tutela
contra la Caja Nacional de Previsión Social, por presunta violación de los
derechos a la igualdad, de petición, a la seguridad social integral, y a la
atención especializada requerida.
Tema:
Protección especial
de las personas de la tercera edad que, además, tienen la calidad de
disminuídos físicos y psíquicos.
Actor: Margarita de Jesús Cañas Cano, en
calidad de curadora de María Margarita Cano Rojas.
Magistrado
Ponente: Dr.
Carlos Gaviria Díaz.
Santafé de Bogotá,
D.C., primero (1°) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Cuarta de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados
José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria
Díaz, este último en calidad de ponente,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION,
procede a revisar la
decisión de instancia proferida en el trámite del proceso de la referencia por
el Juzgado Noveno Laboral de Medellín.
ANTECEDENTES
1. Hechos
La señora Margarita
de Jesús Cañas Cano, en su condición de curadora de la señorita María Margarita
Cano Rojas -interdicta por demencia y quien actualmente cuenta con 98 años de
edad-, presentó a la Caja Nacional de Previsión Social, el día 22 de diciembre
de 1993, una solicitud tendiente al reconocimiento de la sustitución pensional
en favor de su representada.
Tal petición se
elevó una vez producida la muerte de Celsa Aura Cano Rojas, quien se encontraba
pensionada por cuenta de esa entidad, de quien dependía su hermana interdicta,
y sin que existiera alguien con mejor derecho para sustituírla.
El silencio de
Cajanal, en términos de la peticionaria, ha causado graves perjuicios a la
señora en cuyo nombre actúa, pues se trata de una anciana con graves quebrantos
de salud, y con necesidades básicas insatisfechas por la negligencia de Cajanal
en hacer efectivos los pagos de la sustitución pensional a la que tiene
derecho.
2.- Petición
Ante los hechos
narrados, la señora Margarita Cañas Cano solicitó al juez de tutela que: “...se
ordene el pago efectivo y retroactivo desde la fecha en que Cajanal reconoció
dicha sustitución pensional, hasta la presentación de la actual tutela, sin
perjuicio de las siguientes mesadas a las que tiene derecho mi representada”.
3.- Fallo que se
revisa.
El Juez Noveno
Laboral del Circuito de Medellín, a quien correspondió el conocimiento de la
presente acción, notificó a la entidad mencionada, la acción que se le iniciaba
y le solicitó información referente al trámite dado a la petición presentada
por la señora Margarita de Jesús Cañas Cano. Esta prueba no fue remitida dentro
del término indicado por el juez quien, no obstante lo cual, mediante sentencia
del 22 de febrero de 1995, decidió no acceder al amparo de los derechos
invocados.
Fundamentó su
determinación el Despacho del conocimiento en la existencia de otro medio de
defensa judicial, consagrado en los artículos 11 y 100 del C.P.L., el que hace
improcedente la tutela, máxime si se tiene en cuenta que lo pretendido es el
pago de una sustitución pensional.
Por último,
consideró que en este caso se podría argüír un perjuicio irremediable; empero,
”...tales perjuicios encuéntranse improbados y el despacho no los puede
presuponer por falta de sustento”.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.- Competencia.
La Corte
Constitucional es competente para conocer del presente proceso en el grado
jurisdiccional de revisión, según los artículos 86 y 241 de la Constitución
Política de Colombia. De acuerdo con el reglamento interno de la Corporación,
y el auto del 21 de abril de 1995, proferido por la Sala de Selección de
Tutelas Número Cuatro, corresponde pronunciar la decisión a la Sala Cuarta de
Revisión de Tutelas.
2.- Violación de
derechos fundamentales.
2.1. Derecho de
petición.
Está plenamente
establecido en el expediente que la actora, a nombre y en representación de
María Margarita Cano Rojas, solicitó la sustitución pensional que originó la
presente acción de tutela el 22 de diciembre de 1993, y que la Caja Nacional de
Previsión Social -CAJANAL-, sólo resolvió esa petición el 4 de abril de 1995
-más de quince (15) meses después de presentada, y casi dos (2) meses después
de resuelto el amparo-.
No cabe entonces
duda alguna: la Caja Nacional de Previsión Social violó el derecho de petición
de la actora, así el juez de instancia ni siguiera haya hecho referencia a este
punto en su fallo, después de solicitar un informe a la entidad demandada y
tampoco recibir respuesta oportuna.
2.2. Derecho a la
igualdad.
Esta Sala encuentra
que de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda de tutela -los que el
juez de instancia debió tener como ciertos ante la omisión de informar
oportunamente en que incurrió CAJANAL-, y las pruebas que obran en la copia de
la actuación administrativa adelantada por la entidad demandada, la señorita
María Margarita Cano Rojas se encuentra en circunstancias de debilidad
manifiesta, desde antes de presentarse la solicitud de sustitución pensional,
pues: 1) las declaraciones que obran a folios 138 y 139 del expediente, dan
cuenta de su precaria condición económica -no cuenta con patrimonio o renta algunos,
pues dependía en todo y para todo de su hermana mayor-; 2) a folios 141, el
Jefe de la División de Salud Ocupacional de CAJANAL conceptuó que ella es
inválida en forma permanente, debido a su edad y a sufrir de arterioesclerosis
cerebral, enfermedad ácido péptica y artritis reumatoidea; y 3) en la sentencia
por medio de la cual se la declaró interdicta por demencia, folios 155 a 163,
se lee que los peritos médico legales conceptuaron “...que María Margarita Cano
Rojas es una persona de edad avanzada, postrada en la cama, sin ninguna
capacidad intelectual para definir un concepto, dar una idea, manejar un
negocio, administrar bienes o disponer de ellos...”.
Estando la señorita
Cano Rojas en circunstancias de debilidad manifiesta, debió recibir protección
especial de las autoridades estatales, tanto al reclamar la sustitución
pensional, como al solicitar el amparo constitucional contra la violación de
sus derechos fundamentales, acorde con lo estipulado en el último inciso del
artículo 13 de la Carta Política. Pero, como ya quedó expuesto en esta
providencia, tal protección especial nunca le fue otorgada. Primero la Caja
Nacional de Previsión Social, y después el juez a-quo, ignoraron
totalmente sus menguadas condiciones económica, física y mental, al tramitar y
decidir su asunto.
En conclusión,
también el derecho a la igualdad y a la especial protección que merece la
señorita Cano Rojas fue violado por la entidad demandada, y así se debió
declarar en el fallo que se revisa.
2.3. Derecho a la
seguridad social.
Considerados los
hechos expuestos y valorados en esta providencia, y los artículos 46 y 48 de la
Constitución Nacional, es claro que el Estado no le ha garantizado a la
señorita Cano Rojas “...los servicios de la seguridad social integral” a los que
tenía derecho desde la muerte de su hermana, y que, desde el 22 de diciembre de
1993, la responsabilidad de tal omisión recae directamente sobre la entidad
demandada en este proceso.
Es claro para la
Corte que si la señorita Cano Rojas aún sobrevive, luégo de más de un año de
carecer de los precarios medios de subsistencia que le debe facilitar la Caja
Nacional de Previsión social, ello se debe única y exclusivamente a su familia,
que la ha cuidado y asistido solidariamente desde la muerte de su hermana
mayor. Pero el hecho de que la sobrina de la señorita Cano Rojas y demás
parientes abnegadamente vengan cumpliendo con esta obligación, sólo es
relevante jurídicamente para liberar al Estado del pago del subsidio
alimentario que le debería entregar en caso de que esos familiares no
estuvieran o no pudieran cumplir como lo han hecho. En cuanto a la garantía de
la seguridad social integral, el Estado sigue siendo el titular de una
obligación injustificadamente insoluta.
2.4. Derecho a la
atención especializada que se requiera.
De acuerdo con el
artículo 47 de la Constitución Política, los disminuídos físicos, sensoriales y
psíquicos tienen derecho a que el Estado adelante una política de previsión,
rehabilitación e integración social en su favor, y a que se les preste la
atención especializada que requieran.
Dada la condición
humana, la disminución de la capacidad física, sensorial y psíquica es una
consecuencia natural de la edad avanzada. Y frente a ello, poco puede lograr el
Estado con una política de previsión y rehabilitación en el caso de las
personas de la tercera edad; pero el Constituyente previó en la norma en
comento que, al menos, las personas que se encuentran en esa condición de
debilidad manifiesta, cuenten con la atención adecuada a su situación.
En el caso de la
señorita Cano Rojas, una anciana reducida a su lecho de enferma como
consecuencia de los padecimientos que le fueron diagnosticados, requiere de
tratamiento médico, así no sea especializado, para enfrentar en condiciones
dignas el resto de su vida. La Carta Política expresamente establece que tal
atención debe garantizarla el Estado, y esta Corte ha sido reiterativa (véanse
por ejemplo, las Sentencias T-192/94 Magistrado Ponente José Gregorio Hernández
Galindo, T-430/94 Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara, y T-432/94
Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía), en precisar que aún a los enfermos
terminales debe prestárseles la asistencia médica requerida, entendiendo por
ella la que le permita al paciente gozar de la mejor calidad de vida posible
hasta el momento de su deceso.
Este derecho, del
que es titular la señorita Cano Rojas, como finalmente lo reconoció la Caja
Nacional de Previsión Social el 4 de abril del presente año, no le ha sido
hecho efectivo, de acuerdo con la información proporcionada a la Corte por la
actora. Así, también el derecho consagrado en el artículo 47 de la Constitución
viene siendo violado por la entidad demandada en el presente proceso, y será tutelado
por esta Sala en la parte resolutiva de la presente providencia.
3. El otro
mecanismo de defensa judicial de los derechos conculcados y el perjuicio
irremediable.
El Juez Noveno
Laboral del Circuito de Medellín, actuando en calidad de juez de tutela, denegó
el amparo de los derechos fundamentales de la señorita Cano Rojas, basado en la
consideración de que “tal derecho, en la forma planteada, no es tutelable,
porque para ello la reclamante dispone de una acción judicial paralela,
conforme lo consagran los artículos 11 y 100 del C. de P. Laboral, cuando se
trata, como en el presente caso, de una entidad de derecho social, a cuyo cargo
se encuentre, según se demostrare, la obligación cuya reivindicación hoy se
pretende” Añadió a su razonamiento el citado funcionario, que “...se podría
readgüír (sic) unos perjuicios irremediables. Empero, éstos no se vislumbran
por parte alguna, por cuanto la respectiva resolución o acto administrativo,
proveniente de tal ente y que de cuenta de ellos, brilla por su ausencia, es
decir, que tales perjuicios encuéntranse improbados y el despacho no los puede
presuponer, por falta de sustento”(folio 26). Ambos aspectos de la cuestión
merecen la consideración de esta Sala.
3.1. Otro
mecanismo de defensa.
Es cierto que el Código
de Procedimiento Laboral vigente consagra una vía procesal ordinaria que podría
ser usada en el caso de la señorita Cano Rojas. Pero no lo es menos que la
parte final del numeral 1 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, también
hace parte de la ley a cuyo imperio está sometido el juez de tutela en sus
actuaciones. Según él, “la existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante”.
La representante de
la actora, una mujer adulta y que goza de cabal salud hasta donde se sabe, bien
puede, en su calidad de curadora de quien viene siendo atropellada en sus
derechos, acudir ante la jurisdicción laboral para reclamar la sustitición
pensional e, incluso, puede adelantar el eventual proceso ejecutivo laboral
subsiguiente en contra de la Caja Nacional de Previsión Social. Empero, ha de
objetarse a esta argumentación, que ignora el problema constitucional que debió
plantearse el juez a-quo: ¿es suficientemente eficaz el medio de defensa
judicial alterno para hacer efectivos los derechos fundamentales violados,
atendidas las circunstancias en que se encuentra la señorita Cano Rojas?
Conocidas esas
circunstancias vitales -las mismas que están claramente establecidas en el
expediente-, la respuesta es obvia: no; el medio alterno no es, ni de lejos,
tan eficaz como la acción de tutela, si se pretende garantizarle en vida
-única perspectiva válidamente considerable por el juez de tutela-, el pleno
goce de sus derechos fundamentales. Pretender lo contrario, como lo hizo el
Juez Noveno Laboral de Medellín en su fallo, es contrario a la regulación
constitucional de la protección y aplicación de los derechos inherentes a la
persona, y un acto de lesa solidaridad.
3.2. Perjuicio
irremediable.
Aunque lo dicho
hasta ahora es suficiente para conceder la tutela en este caso de manera
definitiva, como lo hará la Corte en la parte resolutiva de esta providencia,
ante la consideración incongruente e ininteligible del juez a-quo, esta Sala
tiene que señalar que si hay algún perjuicio que sea irremediable, es
precisamente el anotado: que los derechos de la persona no alcancen a serle
hechos efectivos mientras ella aún subsiste.
4. De la falta de
objeto sobreviniente.
Como parte del
expediente de la actuación administrativa cumplida por la entidad demandada, a
folios 165-168 del expediente de tutela, obra una copia de la Resolución No.
002946, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social el 4 de abril de
1995, “por la cual se reconoce una sustitución pensional” a María Margarita
Cano Rojas que, a primera vista, haría pensar que la presente acción carece de
objeto.
Sin embargo, basta
leer la demanda presentada para verificar que la parte actora erradamente creyó
que la sustitución había sido aceptada por CAJANAL al momento de radicar la
solicitud de la misma, y que, dándola por descontada, lo reclamado por la
curadora es que los derechos conculcados a su representada le sean hechos
efectivos antes de que los mismos se queden sin titular.
Al respecto, esta
Sala juzga que el derecho de petición, violado de la manera considerada en el
aparte 2.1., aunque tardíamente, fué finalmente satisfecho con la expedición de
la Resolución No. 002946 del 4 de abril de los corrientes. Pero la violación al
derecho a la igualdad, la del derecho a la seguridad social integral, y sobre
todo, la del derecho a la atención especializada requerida, subsisten, y
ameritan que se otorgue el amparo.
Además, la Sala
considera del caso remitir copia de esta providencia a la Procuraduría General
de la Nación, solicitándole que investigue la conducta negligente de la Caja
Nacional de Previsión en el trámite de la solicitud de sustitución pensional de
María Margarita Cano Rojas.
DECISIÓN
En mérito de las
consideraciones que anteceden, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la
Corte constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. Revocar la sentencia expedida por
el Juzgado Noveno Laboral del circuito de Medellín el veintidós (22) de febrero
de 1995; en su lugar, tutelar los derechos a la igualdad, a la seguridad social
integral, y a la atención especializada requerida, de los que es titular María
Margarita Cano Rojas, y los que vienen siendo violados por la Caja Nacional de
Previsión Social.
SEGUNDO. Ordenar a la Caja Nacional de
Previsión Social que dé a la inclusión de María Margarita Cano Rojas en la
nómina de pensionados de esa institución, el tratamiento de especial protección
que la Constitución ordena para las personas de la tercera edad que, además,
son disminuídos físicos y psíquicos.
TERCERO. Ordenar a la Caja Nacional de Previsión
Social que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente providencia, empiece a prestar -si aún no lo ha
hecho-, a María Margarita Cano Rojas, la atención especializada que requiera.
CUARTO. Advertir al representante legal de la
Caja Nacional de Previsión Social que debe introducir, en el trámite de las
solicitudes que esa entidad tramita, los correctivos necesarios para que no se
sigan presentado esta clase de violaciones a los derechos fundamentales de las
personas menos capaces, so pena de las sanciones previstas en el Decreto 2591
de 1991 para el desacato.
QUINTO. Remitir copia de la presente providencia a
la Procuraduría General de la Nación, y solicitarle que investigue la conducta
negligente de la Caja Nacional de Previsión en el trámite de la sustitución
pensional de María Margarita Cano Rojas.
SEXTO. Comunicar la presente providencia
al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, para los efectos del
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese,
notifíquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado Ponente
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
480 | T-340-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-340/95
DERECHO A LA
EDUCACION-Improcedencia de
exclusión del sistema educativo/DERECHO A PERMANECER EN EL COLEGIO
El Estado, a
través de la ley, estableció unas condiciones para la concurrencia de los
particulares en la prestación del servicio, que aseguran a los menores “...las
condiciones necesarias para su permanencia en el sistema educativo”, y que la
institución demandada excluyó al actor en abierta transgresión de esos límites,
recortando indebidamente el alcance de su derecho a la educación. Dado el texto
de los artículos 44, 45 y 67 de la Constitución, la limitación que impuso la
Ley General de la Educación a la competencia de los Consejos Directivos de los
colegios, interesa tanto a la sociedad y al Estado como al establecimiento, a
la familia y al estudiante, y por eso no puede aceptarse que el alcance del
derecho a permanecer en una institución educativa, definido por la Carta
Política y la ley, sea recortado por un convenio entre particulares en el que
el interés de la sociedad y el Estado -definidos previa y expresamente-, son
contrariados.
COSTUMBRE
CONTRARIA A LA LEY
La costumbre sólo
es fuente de derecho en Colombia, a falta de norma legal expresa sobre el
asunto; nunca, como en el caso que se revisa, puede aceptarse que una costumbre
contraria a expresa norma legal, prime sobre esta última. La repetida violación
de la ley no la deroga, ni la excepciona, y el alegato de la propia ilegalidad
no se hace de recibo cuando se le añade la confesión de su práctica inveterada.
DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO-Vulneración/DERECHO
A LA EDUCACION-Exclusión por bajo rendimiento
El Consejo
Directivo de la Fundación demandada no tenía competencia para establecer como
causal de exclusión de un estudiante, el bajo rendimiento académico en la
hipótesis normativa contemplada en el inciso segundo del artículo 96 de la Ley
115 de 1994. Menos aún la tenía entonces para, actuando como ente
disciplinario, aplicarla en el caso que se revisa. Y la falta de competencia de
la autoridad disciplinaria, así como la ilegalidad de la causal aplicada por
ella, constituyen sendas violaciones del debido proceso administrativo. Cuando
en una entidad deben cumplirse muchas actividades en muy corto tiempo, han de
respetarse los derechos fundamentales de las personas.
DERECHO A LA
EDUCACION-Efectividad/COLEGIO
SAN BARTOLOME-Reintegro de alumno
La Corte
ordenará, para hacer efectivo el derecho a la educación y atender a la
pretensión del actor, que la Fundación Colegio Mayor de San Bartolomé admita al
peticionario como su alumno regular, para repetir el undécimo grado en 1996.
Teniendo en cuenta que la interrupción en su proceso de formación, sólo
parcialmente obedece a su responsabilidad, tanto los profesores como las
personas encargadas de la orientación psicológica de los estudiantes velarán de
manera especial porque el actor pueda cumplir con los objetivos de su formación
académica y supere la experiencia a la que se vió sometido desde su exclusión
hasta su reincorporación al colegio.
Ref.: Expediente
No. T-67332
Acción de tutela en
contra del Rector del Colegio Mayor de San Bartolomé por presunta violación al
derecho a la educación, a los derechos de los niños, a la igualdad y al debido
proceso.
Temas:
- Derecho a la
educación.
- Debido proceso
Actor: Juan Manuel
Pardo Torres
Magistrado
Ponente: Dr. Carlos
Gaviria Díaz
Santafé de Bogotá
D.C., primero (1°) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Cuarta de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados
José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria
Díaz, este último en calidad de ponente,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN,
procede a la
revisión de los fallos de instancia proferidos por el Juzgado Diecisiete de
Familia y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D.C.
ANTECEDENTES
1. HECHOS.
Juan Manuel Pardo
Torres ingresó a la Fundación Colegio Mayor de San Bartolomé, de esta ciudad,
para cursar el sexto grado en el año 1989, y permaneció como alumno regular de
este establecimiento hasta el año 1994, en el que cursó y reprobó el undécimo
grado.
Aunque durante esos
años no incurrió en faltas disciplinarias graves, su rendimiento académico
nunca fue óptimo, y a partir de 1991 decayó hasta el punto de que, al finalizar
el período académico de 1994, por primera vez reprobó las habilitaciones de dos
áreas (ciencias naturales y salud, y matemáticas).
En concepto de los
profesores, el menor debía repetir el undécimo grado; sin embargo, el
reglamento del colegio contempla el rendimiento académico insuficiente como
causal de pérdida del cupo, y el Consejo Directivo decidió aplicarle tal
sanción.
Sólo cuando el actor
solicitó la renovación de su matrícula para repetir el año perdido, fué
informado por el Rector (2 de diciembre de 1994), sobre la decisión del Consejo
Directivo.
2. DEMANDA.
El menor acudió
entonces ante la Jurisdicción de Familia en vía de tutela, para reclamar
protección a sus derechos a la educación, al debido proceso, a la igualdad, y a
los derechos de los niños. Solicitó que se ordenara al colegio otorgarle cupo
para repetir el año perdido y que se le practicara nuevamente una habilitación
en la que se presentaron irregularidades.
3. FALLO DE
PRIMERA INSTANCIA.
Correspondió por
reparto conocer del proceso al Juzgado Diecisiete de Familia de este Distrito
Capital. La jueza escuchó el testimonio de ambas partes, valoró la
documentación aportada por ellas, y el 1° de febrero del presente año resolvió
tutelar el derecho a la educación del actor, considerando:
“...Si la solución
de continuidad del proceso formativo del menor se imputa a comportamientos
suyos que riñen con el medio social o cultural o de ser contrarios a la moral,
o por constituír atentados a los derechos de otras personas o ser contrarios al
orden jurídico, los actos de los mayores, a cuyo cargo está indagar y constatar
los hechos, definir e impartir los correctivos que la situación aconseje, deben
entenderse dentro de la alta misión de los forjadores, precaverse de no
lesionar la dignidad personal, ni de someterse al escarnio, darle protección al
menor aún como infractor, observando que es principio de la labor pública y
privada respecto de los menores tener en cuenta sobre toda consideración el
interés superior del menor...”
“Partiendo de la
base de lo transcrito antes, es preciso entonces colegir que, en tratándose
como en el caso que nos ocupa, de que lo que se le imputa al menor es bajo
rendimiento académico, y que por tal circunstancia se le ha sancionado a la
interrupción de la continuidad de su proceso formativo, se llega a la
conclusión, de que no es suficiente la razón o el motivo o sea la consideración
del interés particular de las directivas del plantel educativo para el
aislamiento a que fue sometido a manera de sanción”.
“En condiciones como
las que dieron motivo a la mencionada sanción lo que se hace imperativo, es
velar por el interés superior del menor adelantando una indagación prudente
sobre las situaciones que dieron lugar a los hechos de su bajo rendimiento
académico, ya que el desobedecimiento (sic) y desorientación de su
comportamiento pueden responder a conductas acordes con la conducta que
despierta la edad por la que pasa, pues con la actuación del colegio se llega a
la conclusión de que no se tuvo en cuenta el interés superior del menor y
atendió sólo su exclusivo interés, interrumpió la continuidad formativa
olvidando que el alumno viene cursando años lectivos anteriores, sin que se
hubiera visto en circunstancias como la que ahora se le endilga, y menos que
siempre ha mantenido un comportamiento ejemplar en su conducta y disciplina,
habiendo incluso obtenido el reconocimiento de izar el pabellón, honor que sólo
se hace a los destacados en el establecimiento tutelado”.
“No puede dejarse de
anotar en esta oportunidad, que si bien es cierto que el menor firmó un
compromiso al ingresar al colegio, mediante el cual asumía una responsabilidad:
que aceptaba ser suspendido en el derecho a la continuidad de sus estudios y
educación en caso de no alcanzar la meta o calificación necesaria en el año
lectivo, ese compromiso no puede estar por encima del interés superior que
cobija al menor en sus derechos constitucionales, precisamente por ser menor y
además porque no puede dejarse de advertir que tal situación implica una
subordinación e indefensión ante la necesidad de lograr permanecer en el
establecimiento educativo a donde ha venido perteneciendo”.
“Teniendo en cuenta
todo lo que hasta aquí se ha analizado, se llega a la plena convicción de que
se impone acceder a la protección tutelar que se ha invocado, pero sólo en lo
que concierne con la determinación que imponga al Colegio Mayor de San
Bartolomé de esta ciudad, la obligación de reintegrar al tutelante como
estudiante de undécimo grado de enseñanza básica secundaria y por lo mismo que
se incluya como estudiante regular para el año lectivo de 1955”.
4. IMPUGNACIÓN.
El Rector del
Colegio Mayor de San Bartolomé impugnó el fallo anteriormente expuesto,
esgrimiendo en su contra las siguientes razones:
El establecimiento
cumple a cabalidad con la función que se define en el artículo 30 de la Ley 115
de 1994.
“...Cuando alguno de
los estudiantes no logra los objetivos a los cuales se ha comprometido con su
educación, o tiene problemas de cualquier índole en su estudio, acude al
servicio de Psicología o a su Asesor Espiritual, etc., teniendo a su disposición
muchos canales para hacerse ayudar, de acuerdo a la dificultad que presente el
sujeto...desafortunadamente el joven Pardo Torres, no quiso cumplir ni estudiar
lo suficiente para lograr su objetivo...simplemente no quiso y eso el Colegio,
de acuerdo a su filosofía, no lo puede apoyar en bien de los demás alumnos que
persiguen esta formación...”.
“Tanto el joven
Pardo Torres como su familia habían aceptado un Convenio...en el cual se
atienen en todo al Manual de Convivencia del Colegio, que contempla el mal
rendimiento académico como una posible causa de la pérdida del cupo...”.
El debido proceso
fue cumplido dentro del tiempo limitado en el que se cumple la terminación del
período académico.
Si no se aplica el
Manual de Convivencia, se genera una forma de indisciplina a nivel general del
Colegio y se pierde la credibilidad del estudiantado, resultando perjudicado el
bien común.
5. FALLO DE
SEGUNDA INSTANCIA.
La impugnación fue
resuelta por el Tribunal Superior del distrito Judicial de Santafé de Bogotá,
Sala de Familia, sólo el 21 de marzo de 1995, debido a una incapacidad del
Magistrado Ponente en esa corporación. En la decisión proferida ese día, se
revocó el fallo de primera instancia y se denegó la tutela, con base en
consideraciones como la que se transcriben a continuación:
“No nos cabe la
menor duda de que la educación es un derecho fundamental de la persona humana.
Tampoco se duda que la misma tiene que ser garantizada por el Estado. Como el
punto materia de discusión en esta acción de tutela no gira en torno a la
calidad de derecho fundamental de la educación en sí misma, sino más bien
acerca de las posibilidades de cupo de que pueda disponer el Colegio Mayor de
San Bartolomé, a efectos de que el estudiante accionante Juan Manuel Pardo
Torres, pueda repetir el mismo grado once que hizo en el año inmediatamente
anterior, la atención de esta Sala de decisión tendrá que detenerse
concretamente sobre este último punto”.
“Desde luego que no
puede pensarse en la habilitación de las materias de ciencias naturales y
matemáticas porque las mismas ya fueron objeto de habilitación, incluyendo el
área de química, según lo afirma el mismo accionante, en su declaración rendida
el 25 de enero del corriente año, en donde agregó que, la pérdida del cupo tuvo
por causa la ´falta de estudio´ de su parte”.
“De consiguiente: si
bien es cierto que el derecho a la educación es de carácter fundamental y el
mismo Estado la debe proteger, no lo es menos que incumbe al estudiante dar el
rendimiento académico que exige el plantel educativo so pena de que, cuando el
estudiante no rinda ese mínimo, queda expuesto y corre el riesgo de perder el
cupo o de no poder acceder al grado académico inmediatamente siguiente,
independientemente de la excelente conducta y disciplina que el estudiante
hubiere observado durante todo el año lectivo”.
“Sobre el particular
esta misma Corporación, en idénticas circunstancias se ha negado a tutelar las
peticiones de estudiantes que tienen el mismo propósito de reintegro al plantel
educativo en el cual justamente perdieron el año académico”.
“Y es que,
evidentemente, si el estudiante que pertenece al plantel no rinde o no se
esfuerza por lograr el nivel mínimo de estudio, pierde su cupo para dar acceso
a otros estudiantes que también tienen derecho a la educación, en igualdad de
condiciones y circunstancias”.
....
“Por lo expuesto se
colige fácilmente que, al no existir violación alguna del derecho a la
educación, en la forma y términos como lo pregona el estudiante Juan Manuel
Pardo Torres, forzoso es concluir que el fallo impugnado habrá de revocarse
para que en consecuencia se deniegue el amparo solicitado”.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. COMPETENCIA.
En virtud de los
artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, corresponde a la Corte
Constitución la revisión de los fallos de instancia proferidos en el trámite
del proceso de la referencia. De acuerdo con el reglamento interno, y con el
reparto realizado por la Sala de Selección Número Cuatro, la decisión debe ser
adoptada por la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas.
2. PROCEDENCIA DE
LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES.
La Fundación Colegio
Mayor de San Bartolomé fue demandada y concurrió al proceso porque presta el
servicio público de educación (ver en los folios 16 a 21 del cuaderno de
pruebas del demandado, el contrato No. 58 de prestación de servicios
educativos), y fue en desarrollo de esa actividad que se presentaron los hechos
con los que presuntamente resultaron violados los derechos fundamentales del
actor.
Como éste es uno de
los casos en los que, según el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 -numeral
1-, procede la acción de tutela en contra de particulares, la Sala procede a
estudiar si se violaron los derechos reclamados por el demandante.
3. DERECHO A LA
EDUCACIÓN.
¿Se violó este
derecho al actor, cuando la Fundación demandada decidió no otorgarle un cupo
para repetir el undécimo grado en 1995? El actor aduce que sí, porque a más de
su deficiente rendimiento académico, durante 1994 él no incurrió en ninguna
otra de las causales de pérdida del cupo contempladas en el reglamento. A su
vez, el representante legal de la entidad demandada alega: 1) que según el
Manual de Convivencia, el bajo rendimiento académico puede constituír, por sí
solo, causal suficiente para excluír a un alumno del plantel; 2) antes de que
los exámenes de habilitación fueran practicados y calificados, la Fundación
había aceptado la matrícula de 1.000 estudiantes, y ese cupo es todo lo que se
le puede exigir, según el contrato celebrado con el Estado y dada la capacidad
locativa de que dispone; 3) que es “...tradición... de público conocimiento y
aceptación...”, que el colegio no acepta repitentes en undécimo grado; 4) Que
el actor y sus padres firmaron un compromiso donde se contempla la norma que
luego le fue aplicada.
Es indudable que en
el reglamento del colegio, entre las “causas que pueden motivar el retiro de un
alumno” (folio 9 del cuaderno de pruebas del demandado), figura: “la
desaplicación continua (pérdida de cuatro o más materias a partir del segundo
período escolar)”; y también es claro, como se alega en la impugnación y lo ha
reiterado esta Corte, que el ejercicio del derecho a la educación se concreta
en el ingreso y permanencia de la persona en un establecimiento educativo,
entendiéndose que a su ingreso en la comunidad educativa correspondiente, el
estudiante adquiere por igual los derechos, y también los deberes que
corresponden a su calidad de discente.
Pero, para el caso
que se revisa, no es suficiente considerar lo anterior, pues el mismo artículo
96 de la Ley 115 de 1994 -Ley General de la Educación-, que otorga competencia
al Consejo Directivo de los establecimientos educativos para establecer, con participación
de la comunidad educativa, “...las condiciones de permanencia del alumno en el
plantel y el procedimiento en caso de exclusión”, limita expresamente tal
facultad en su inciso segundo, al establecer: "la reprobación por primera
vez de un determinado grado por parte del alumno, no será causal de
exclusión del respectivo establecimiento, cuando no esté asociada a otra causal
expresamente contemplada en el reglamento institucional o manual de convivencia”
(subraya fuera del texto).
Ya que el actor
reprobó por primera vez un grado en 1994, y esta causal no estuvo asociada a
otra, según manifestó el representante legal de la Fundación demandada, es
forzoso concluir que el Colegio Mayor de San Bartolomé sí violó el derecho a la
educación del demandante, al excluírlo de la comunidad educativa por una causal
que no podía serle aplicada, sin recortar indebidamente el alcance del derecho
a permanecer en ella.
Jurídicamente, la
educación tiene un doble carácter: “...es un derecho de la persona...”, y también
es “...un servicio público que tiene una función social...” (Art. 67 C.N.).
Como derecho, ha de
garantizarse su ejercicio durante la niñez (Art. 44 C.N.), y la adolescencia
(Art. 45 C.N.), comprendiendo estas edades el período en que ella es obligatoria
y gratuita (Art. 67 C.N.). Además, el adulto apto goza de la garantía de
mecanismos financieros que le permitan el acceso a la educación superior (Art.
69 C.N.), “es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y
habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran...” (Art. 54 C.N.), y
en todas las edades, “la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son
libres” (Art. 71 C.N.).
Como servicio
público que tiene una función social, “corresponde al Estado regular y ejercer
la suprema inspección y vigilancia de la educación... y asegurar a los
menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema
educativo” (Art. 67 C.N., subrayas fuera del texto). Dentro de este marco
normativo, los particulares pueden concurrir a la prestación del servicio
fundando establecimientos educativos, sólo bajo las condiciones que para la
creación de esas instituciones y su gestión, establezca la ley (Art. 68 C.N.).
Es entonces
meridianamente claro, en el caso que se revisa, que el Estado, a través de la
ley, estableció unas condiciones para la concurrencia de los particulares en la
prestación del servicio, que aseguran a los menores “...las condiciones
necesarias para su permanencia en el sistema educativo” (entre otras, el artículo
96 de la Ley 115 de 1994), y que la institución demandada excluyó al actor en
abierta transgresión de esos límites, recortando indebidamente el alcance de su
derecho a la educación.
El hecho de que el
colegio, antes de que se realizaran los exámenes de habilitación a quienes
terminaron undécimo grado en 1994, ya había matriculado al total de los
estudiantes que locativamente puede atender en dicho grado durante 1995, no
justifica el proceder ilegítimo del Consejo Directivo, y sólo ratifica que la institución
debe proceder a ajustar su reglamento y sus procedimientos administrativos, a
fin de respetar el derecho fundamental de sus estudiantes a la educación, en
todo el alcance que la Constitución y su desarrollo legal han definido.
Además, así en la
Fundación demandada haya “...sido tradición que en undécimo grado no se aceptan
alumnos repitentes, como es de público conocimiento y aceptación...”, tal y
como se desprende de los artículos 8 del Código Civil y 13 de la Ley 153 de
1.887 (véase la Sentencia C-224 de 1994, Magistrado Ponente Jorge Arango
Mejía), la costumbre sólo es fuente de derecho en Colombia, a falta de norma
legal expresa sobre el asunto; nunca, como en el caso que se revisa, puede
aceptarse que una costumbre contraria a expresa norma legal, prime sobre esta
última. La repetida violación de la ley no la deroga, ni la excepciona, y el
alegato de la propia ilegalidad no se hace de recibo cuando se le añade la
confesión de su práctica inveterada.
Debe agregar esta
Sala que, dado el texto de los artículos 44, 45 y 67 de la Constitución, la
limitación que impuso la Ley General de la Educación a la competencia de los
Consejos Directivos de los colegios, interesa tanto a la sociedad y al Estado
como al establecimiento, a la familia y al estudiante, y por eso no puede
aceptarse que el alcance del derecho a permanecer en una institución educativa,
definido por la Carta Política y la ley, sea recortado por un convenio entre
particulares en el que el interés de la sociedad y el Estado -definidos previa
y expresamente-, son contrariados.
Por tanto, en la
parte resolutiva de esta providencia se revocará el fallo de segunda instancia,
y en su lugar se tutelará el derecho a la educación del actor.
4. DERECHO AL
DEBIDO PROCESO.
Como quedó
establecido en la consideración sobre el derecho a la educación, el Consejo
Directivo de la Fundación demandada no tenía competencia para establecer como
causal de exclusión de un estudiante, el bajo rendimiento académico en la
hipótesis normativa contemplada en el inciso segundo del artículo 96 de la Ley
115 de 1994. Menos aún la tenía entonces para, actuando como ente
disciplinario, aplicarla en el caso que se revisa. Y la falta de competencia de
la autoridad disciplinaria, así como la ilegalidad de la causal aplicada por
ella, constituyen sendas violaciones del debido proceso administrativo
consagrado en el artículo 29 de la Constitución.
Sobre este punto, el
representante legal de la Fundación demandada manifestó a la Jueza de primera
instancia: “el debido proceso, el cual dice el joven Pardo Torres que no se
observó con él, en este caso de pérdida de una o dos habilitaciones en undécimo
grado, se tiene que reducir, por la premura del tiempo, simplemente a
notificarle al interesado que las perdió, y esto efectivamente se hizo para los
alumnos de undécimo grado de 1994, hablando personalmente con cada uno de
ellos, porque no hay mucho espacio temporal disponible entre la terminación de
las habilitaciones y la ceremonia correspondiente del grado y proclamación solemne
de los que aprobaron...”(folio 41 del primer cuaderno del expediente de
tutela).
Pero ninguna de esas
razones justifica, o tiene entidad suficiente para sanear las violaciones al
ordenamiento constitucional anotadas; también cuando en una entidad deben
cumplirse muchas actividades en muy corto tiempo, han de respetarse los
derechos fundamentales de las personas. Así, la Sala tutelará también el
derecho del actor consagrado en el artículo 29 de la Carta Política.
5. DERECHO A LA
IGUALDAD.
Aduce el actor que
en una de las habilitaciones que determinó su reprobación del grado undécimo,
específicamente en la correspondiente al área de matemáticas, se produjo una
violación a su derecho a la igualdad, pues varios de sus compañeros conocían,
con anterioridad a la práctica del examen, el temario del mismo, ya que uno de
los profesores que lo confeccionó les vendió el cuestionario de la evaluación.
Sin embargo, no
existen pruebas suficientes sobre este aspecto en el expediente, y el actor no
cuestionó en su demanda la actuación del colegio por medio de la cual decidió
no impugnar los resultados de esa habilitación. Por tanto, esta Sala no
tutelará el derecho a la igualdad, pero sí ordenará remitir copias del
expediente al Ministerio de Educación Nacional, entidad que contrató los
servicios educativos de la Fundación Colegio Mayor de San Bartolomé, para que
investigue si es aceptable la forma en que se ejecutó el convenio vigente
durante el año 1994 y, en caso de no serlo, adopte los correctivos debidos.
6. EFECTIVIDAD
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN.
Al momento de
decidir la Sala sobre la revisión del presente proceso, el resultado de la
habilitación cuestionada por el actor aún depende del pronunciamiento de un
segundo calificador, y el joven Pardo Torres no se encuentra cursando el grado
escolar que le resta para optar al título de bachiller y poder ingresar a la
educación superior, como es su deseo y propósito.
Así, la Corte
ordenará, para hacer efectivo el derecho a la educación y atender a la
pretensión del actor, que la Fundación Colegio Mayor de San Bartolomé admita a
Juan Manuel Pardo Torres como su alumno regular, para repetir el undécimo grado
en 1996. Teniendo en cuenta que la interrupción en su proceso de formación,
sólo parcialmente obedece a su responsabilidad, tanto los profesores como las
personas encargadas de la orientación psicológica de los estudiantes velarán de
manera especial porque el actor pueda cumplir con los objetivos de su formación
académica y supere la experiencia a la que se vió sometido desde su exclusión
hasta su reincorporación al colegio. El juez de primera instancia, una vez le
sea comunicada esta providencia, adecuará su fallo para velar porque así sea,
entendiéndose que en ninguna forma desaparecen o disminuyen en su alcance los
deberes que competen al actor en su calidad de estudiante.
DECISIÓN
En mérito de las
consideraciones que anteceden, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. Revocar la sentencia adoptada por el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala de Familia,
el 21 de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). En su lugar, tutelar
los derechos a la educación y al debido proceso del actor, cuyo nombre debe
mantenerse reservado en toda publicación que se haga de esta providencia, a fin
de garantizar sus derechos fundamentales.
SEGUNDO. Ordenar a la Fundación Colegio
Mayor de San Bartolomé que admita al actor como su estudiante regular, para
repetir el undécimo grado durante 1996, y que durante ese período académico se
le preste especial atención, ya que el menor debe cumplir con sus objetivos
académicos y superar los efectos de una interrupción de su proceso formativo
debida a la violación de sus derechos fundamentales.
TERCERO. Ordenar a la Fundación Colegio
Mayor de San Bartolomé que proceda a revisar su reglamento institucional y sus
procedimientos administrativos, de tal manera que ellos no recorten el alcance
del derecho a la educación regulado por la Constitución y sus desarrollos
legales.
CUARTO. Ordenar que por la Secretaría
General se remitan copias del expediente al Ministerio de Educación Nacional,
para lo de su competencia.
QUINTO. Comunicar la presente providencia
al Juzgado Diecisiete de Familia de Santafé de Bogotá, para los efectos
previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese,
notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado Ponente
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
481 | T-341-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-341/95
ACCION DE TUTELA
CONTRA JUEZ DE FAMILIA/DERECHOS DEL NIÑO-Protección/EMBARGO DE BIENES POR ALIMENTOS/BIEN DE
LA SOCIEDAD CONYUGAL-Protección
Encontrándose la
Sala de Familia del Tribunal Superior, en calidad de juez de tutela, frente a
ese hecho, frente al incumplimiento del demandado en el pago de las cuotas
alimentarias ya causadas, y frente a su ocultamiento, debía -como en efecto lo
hizo-, tutelar de manera transitoria los derechos fundamentales de los menores,
ordenándole a la Jueza decretar nuevamente el embargo del derecho que al padre
irresponsable corresponde sobre el único bien inmueble propiedad de la sociedad
conyugal, a fin de evitar que éste evada totalmente el cumplimiento de la
obligación alimentaria que le corresponde, en tanto la madre ejercita alguno de
los mecanismos judiciales de defensa previstos en la ley para hacer efectivo el
pleno ejercicio de los derechos de los infantes.
Ref.: Expediente
No. 68802
Acción de tutela en
contra del Juez Quince de Familia de Santafé de Bogotá por presunta violación a
los derechos fundamentales de los niños.
Tema:
Los derechos
prevalentes de los niños y la función de las autoridades.
Actor: Zoraida Turriago Posada.
Magistrado
Ponente: Carlos
Gaviria Díaz.
En Santafé de Bogotá
D.C., primero (1°) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995), la Sala
Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los
Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos
Gaviria Díaz, este último en calidad de ponente,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN,
procede a revisar el
fallo de instancia proferido en el trámite del proceso de la referencia por la
Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de
Bogotá.
ANTECEDENTES:
1. HECHOS.
La actora, madre de
dos menores en cuyo nombre actúa, promovió acción alimentaria en contra de su
esposo, Efigenio Cubillos Moreno, por el incumplimiento reiterado de éste en la
atención de las obligaciones que le corresponden respecto de los hijos de
ambos.
Correspondió conocer
del proceso al Juzgado Quince de Familia de este Distrito Capital; una vez
admitida la demanda, el Despacho decretó las medidas cautelares que le habían
sido solicitadas: 1) embargo del porcentaje que al demandado le corresponde en
el inmueble que habita la familia, y 2) embargo y retención del 40% del sueldo
y prestaciones a que tenga derecho el demandado como empleado de la Gobernación
del Meta.
El 23 de enero de
1995 se realizó la diligencia de juzgamiento, y el Juzgado resolvió: 1)
declarar que el señor Cubillos Moreno está obligado a proveer alimentos a sus
hijos menores; 2) señalar como alimentos a su cargo y en favor de los menores,
el valor correspondiente al 40% del sueldo; 3) tener como garantía de los
alimentos futuros, el mismo porcentaje de las prestaciones que le correspondan
a Cubillos Moreno como empleado de la Gobernación del Meta; 4) desembargar el
inmueble objeto de esta medida cautelar.
El 26 de enero del
presente año, la apoderada judicial de la actora solicitó a la Jueza Quince de
Familia que ordenara nuevamente el embargo del inmueble antes aludido, pues el
señor Cubillos Moreno había renunciado de manera irrevocable a su cargo, y tal
renuncia le fue aceptada a partir del 12 de enero. La solicitud fue denegada.
2. DEMANDA DE
TUTELA.
El pasado 22 de
marzo, Zoraida Turriago Posada demandó a nombre de sus hijos la decisión de no
modificar la sentencia de alimentos, pues, “con ésta determinación la Señora
Juez Quince de Familia ha contribuido para que el demandado se insolvente y se
sustraiga al cumplimiento de la obligación que le corresponde o que tiene
frente a sus dos hijos, pues tengo conocimiento de que a pesar de que no se ha
hecho la liquidación de la sociedad conyugal como se acordó en el Juzgado
Quinto de Familia, está vendiendo la parte que le corresponde en el inmueble
ubicado en la calle 45 A No. 20-40 y 20-42, que entre otras cosas fue
conseguido con el poco dinero que devengué como empleada que fuí por más de
quince años en el Congreso de la República, pues hoy ya no cuento con ingresos
de esa índole y ese pequeño patrimonio representa el sostén de mis dos hijos”
(folio 3).
Solicitó que se
tutelaran los derechos de los menores, que se ordenara a la Jueza Quince de
Familia decretar nuevamente el embargo del inmueble, y que se conminara a
Efigenio Cubillos Moreno a contribuír al mantenimiento de sus hijos, pues desde
que renunció al trabajo que cumplía en la Gobernación, se desconoce su
paradero.
3. FALLO DE
INSTANCIA.
Correspondió conocer
del proceso de tutela a la Sala de Familia del Tribunal Superior de este
Distrito Judicial, profiriéndose sentencia el 31 de marzo del año en curso, con
ponencia de la Magistrada Martha Lucía Nuñez de Salamanca. Para resolver,
consideró esa Corporación:
“En el caso objeto
de estudio, si bien el examen de lo acontecido en el proceso de alimentos
instaurado por la accionante contra el padre de sus menores hijos y que culminó
con sentencia en la cual se condenó al demandado al pago de alimentos en favor
de los infantes, no se observa que se haya incurrido en vulneración alguna del
derecho constitucionalmente garantizado al debido proceso, es necesario
advertir que con posterioridad al aludido fallo y dado que el demandado
renunció a su empleo desde fecha anterior a la sentencia proferida, dando lugar
a que no pueda darse efectividad a lo en ella dispuesto, el juzgado en atención
a esa especial circunstancia y a fin de proteger los derechos de los menores,
quienes gozan de una especial protección por parte del Estado, como así lo
consagra la norma superior, debió acceder a la solicitud elevada por la accionante
por conducto de su apoderada judicial, en el sentido de decretar nuevamente el
embargo del 50% del bien inmueble ubicado en esta ciudad, en la calle 45A Nos.
20-40 y 20-42, con el fin justamente de garantizar el pago de los alimentos
futuros de los infantes, máxime cuando al juez de familia, por su propia
naturaleza, le corresponde procurar por todos los medios a su alcance que se
cumplan sus decisiones, en aras de evitar la vulneración de los derechos a que
ellas se contraen” (folio 24).
...
“Así las cosas, es
procedente conceder de manera transitoria el amparo demandado por la ciudadana
Zoraida Turriago Posada en su condición de representante legal de sus menores
hijos Leonardo y Nathalia Cubillos Turriago y, en consecuencia, ordenar al
Juzgado Quince de Familia de Santafé de bogotá que con el fin de garantizar el
pago de los alimentos futuros de los citados menores Leonardo y Nathalia
Cubillos Turriago, decrete nuevamente el embargo del 50% del bien inmueble
ubicado en esta ciudad en la calle 45A Nos. 20-40 y 20-42, matrícula
inmobiliaria No. 050-0868939, hasta tanto se inicie por la madre de los menores
o inclusive por la Defensora de familia, en uso de sus facultades legales, ya
sea el proceso ejecutivo de alimentos o un nuevo proceso de alimentos, debiéndose
iniciar una u otra acción dentro del término de 60 días contados a partir de la
notificación de este proveído, so pena de que lo aquí dispuesto solo tenga
vigencia durante el precitado término de 60 días” (folios 24-25).
Este fallo no fue
impugnado.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. COMPETENCIA.
De acuerdo con los
artículos 86 y 241 de la Constitución Política, corresponde a la Corte
Constitucional pronunciarse en el grado jurisdiccional de revisión sobre el
fallo de instancia proferido en el trámite del presente proceso. Según el
reglamento interno, y el auto de la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco,
proferido el 15 de mayo de 1995, es la Sala de Revisión Número Cuatro la que,
por reparto, debe adoptar la decisión.
2. BREVE
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN DEL FALLO DE INSTANCIA.
Como la Sala
encuentra que es del caso confirmar lo decidido por el juez a-quo,
usando de la facultad consagrada en el art. 35 del Decreto 2591 de 1991,
limitará sus consideraciones a una breve justificación de la confirmación del
fallo de instancia.
En un Estado social
de derecho cuya organización republicana se funda en “...el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran
y en la prevalencia del interés general” (art. 1 C.N.), las autoridades
“...están instituídas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades,
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”
(art. 2 C.N.).
Entre los deberes
sociales de los particulares -y subsidiariamente de la sociedad, y del Estado-,
cuyo cumplimiento deben garantizar las autoridades, se encuentra la eficacia
prevalente de los derechos de los niños (art. 44 y concordantes de la Carta
Política).
Los particulares,
mientras ostenten la calidad de residentes o de transeúntes, en el territorio
nacional, son libres para establecer o no una relación de pareja, y para
conformar ésta con la persona que cada quien prefiera. Ni la Constitución, ni
la Ley imponen a la pareja obligación alguna de procrear; según el artículo 42
de la Carta, “la pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el
número de sus hijos...”, sean éstos “...adoptados o procreados naturalmente o
con asistencia científica...”, pero, siempre bajo la condición de que los
cónyuges deberán “...sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos”.
La obligación de pagar alimentos, en la que se concreta parcialmente el deber
aludido, también recae sobre quienes conciben un hijo por fuera de la relación
de pareja, pues, según la jurisprudencia de esta Corporación (Sentencias
T-179/93, SU 491/93, y C-133/94, por ejemplo), deben respetarse los derechos
del nasciturus, y tanto los hijos del matrimonio, como los habidos fuera de él,
“tienen iguales derechos y deberes”.
“La familia, la
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus
derechos...” (Art. 44 C.N.). Así, los conflictos que se pueden presentar en la
vida de pareja, incluso aquellos que resultan en el divorcio o la separación,
han de ser manejados y resueltos por los cónyuges de manera tal que se proteja
a los niños contra toda forma de abandono y de violencia física o moral.
En casos como el que
se revisa, en los que uno de los cónyuges intenta sustraerse al cumplimiento de
las obligaciones que le impone la progenitura responsable, el otro miembro de la
pareja, el defensor de menores o, en última instancia, cualquier persona, puede
acudir ante la autoridad competente para que se hagan efectivos los derechos de
los niños y se sancione a quien los infringió.
Unas de las
autoridades encargadas por el ordenamiento de proteger a los niños y
garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos, son los jueces de familia; a
ellos compete, acatando y haciendo respetar todas las garantías del debido
proceso, definir quién está obligado, y a qué lo está, frente a las
pretensiones que se aduzcan en nombre y favor de determinado menor.
Pero, como lo anotó
el Tribunal Superior en el fallo que se revisa, y lo había previsto el
Constituyente, a veces no es suficiente observar la plenitud de las formas
propias de cada juicio, y ha de recordarse que la finalidad de todo proceso es
la eficacia del derecho legítimamente reclamado, pues en las actuaciones
judiciales “...prevalecerá el derecho sustancial...” (art. 228 C.N.).
En el caso que ocupa
a la Sala, y dadas las pruebas que se aportaron al expediente del proceso
alimentario hasta antes de proferirse sentencia, los derechos de los menores
hijos de Efigenio Cubillos Moreno fueron debidamente reconocidos y
garantizados. Sin embargo, durante el período de ejecutoria de la sentencia, la
parte demandante aportó certificación oficial de que el señor Cubillos Moreno
había renunciado a su cargo en la Gobernación del Meta y se había retirado del
ejercicio del mismo; así, la garantía del pago de los alimentos futuros de los
infantes, decretada por la Jueza Quince de Familia (embargo del 40% de las
prestaciones sociales que le correspondieran), simplemente desapareció antes de
que la sentencia que la ordenaba pudiera ejecutarse.
Encontrándose la
Sala de Familia del Tribunal Superior, en calidad de juez de tutela, frente a
ese hecho, frente al incumplimiento de Cubillos Moreno en el pago de las cuotas
alimentarias ya causadas, y frente a su ocultamiento, debía -como en efecto lo
hizo-, tutelar de manera transitoria los derechos fundamentales de los menores
Cubillos Turriago, ordenándole a la Jueza Quince de Familia decretar nuevamente
el embargo del derecho que al padre irresponsable corresponde sobre el único
bien inmueble propiedad de la sociedad conyugal, a fin de evitar que éste evada
totalmente el cumplimiento de la obligación alimentaria que le corresponde, en
tanto la madre ejercita alguno de los mecanismos judiciales de defensa
previstos en la ley para hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos de
los infantes.
DECISIÓN
En mérito de las
breves consideraciones que anteceden, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala de Familia,
el 31 de marzo de 1995, en la cual tuteló los derechos fundamentales de los
menores Cubillos Turriago.
SEGUNDO. Ordenar que se omita la identidad
de los menores involucrados en este proceso, en toda publicación que se haga de
esta providencia, a fin de salvaguardar sus derechos fundamentales.
TERCERO. Comunicar este fallo de revisión
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala de
Familia, a través de la Secretaría General, para los fines del artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese,
notifíquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado Ponente
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
482 | T-347-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-347/95
TERMINO JUDICIAL-Cumplimiento/DEBIDO PROCESO-Vulneración/MORA
JUDICIAL
El cumplimiento
de los términos judiciales no es una dádiva en favor de las partes que
comparecen ante las autoridades judiciales y administrativas, sino una
obligación en cabeza de los servidores públicos y una garantía para los
ciudadanos que en ejercicio del derecho fundamental a acceder a la administración
de justicia acuden ante el Estado. La garantía del debido proceso implica el
cumplimiento de los términos judiciales; es así como el derecho al debido
proceso puede resultar vulnerado cuando los servidores públicos encargados de
la función jurisdiccional, desconocen los plazos dentro de los cuales deben
adelantar determinados actos.
MEDIDAS
CAUTELARES-Práctica/INSPECTOR
DE POLICIA-Funciones/DEBIDO PROCESO-Violación
Para evitar la
desnaturalización de las medidas preventivas de embargo y secuestro, las cuales
por su esencia no ameritan una larga demora, esta Sala de revisión ordenará
a la Inspectora Distrital de Policía de Santafé de Bogotá que practique las
medidas cautelares para las que fue comisionada, a fin de restablecer la
perturbación del derecho fundamental del debido proceso. Es menester entender
que los términos procesales son de obligatorio cumplimiento, pues de no ser
así, se corre el riesgo de que el deudor se insolvente, o que los bienes se
sustraigan del patrimonio del deudor y se convierta en ilusoria la obligación
reclamada en el proceso.
REF.:
Expediente No. T-66013
Peticionario:
JORGE AQUILES
VERGARA A.
Magistrados:
Dr. FABIO MORON
DIAZ
-Ponente-
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Dr. JORGE
ARANGO MEJIA
Santafé de Bogotá
D.C., agosto dos (2) de mil novecientos noventa y cinco (1995)
La Corte
Constitucional, Sala de Revisión No. Ocho integrada por los Magistrados JORGE
ARANGO MEJIA, VLADIMIRO NARANJO MESA y FABIO MORON DIAZ, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, procede a revisar las sentencias
relacionadas con la acción de tutela de la referencia, proferidas por el
Juzgado 25 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá el 26 de enero de 1995 y por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Civil, del 7
de marzo de 1995.
I. ANTECEDENTES
a. La Petición
El ciudadano JORGE
AQUILES VERGARA AGUDELO, presentó acción de tutela contra el Secretario de
Gobierno del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, así como frente a la
Inspectora Décima "A" Distrital de Policía de esa ciudad, con el fin
de que se ordenara a la última de las citadas, practicar unas diligencias de
embargo y secuestro de unos bienes, y a que "se ordene a todas las
inspecciones de policía que corresponden a cada Alcaldía, practicar las
comisiones civiles, tal como venía ocurriendo."
b. Los Hechos
de la Demanda
El peticionario
manifiesta que inició unos procesos ejecutivos en los Juzgados 2o. y 35 Civiles
Municipales de Santafé de Bogotá, los días 4 y 15 de noviembre de 1994,
respectivamente, dentro de los cuales se libraron sendos despachos comisorios
para practicar unas medidas cautelares, los que correspondieron a la Inspección
10 "A" Distrital de Policía, zona décima, de fecha 25 de noviembre
de 1994, el mencionado funcionario señaló para la práctica de esas diligencias
los días 23 y 25 de agosto del año siguiente, lo que significa que su
realización apenas ocurrirá casi diez meses después, situación que constituye
una burla para los intereses de sus clientes, toda vez que entendida la
naturaleza de las medidas cautelares han de realizarse rápidamente, sin
dilaciones; que pese a funcionar en cada Alcaldía Menor cinco (5) Inspecciones
de Policía, últimamente la Secretaría de Gobierno dispuso que una sola de ellas
cumpliera estas comisiones, decisión que perjudica a los ciudadanos
esperanzados en la ley y a la misma administración de justicia.
Por último,
argumenta que los comportamientos de los funcionarios de policía quebrantan la
convivencia pacífica de los ciudadanos, prescrita en el artículo 2o. de la
C.N., así como que se infringen las normas de orden público previstas en el C.
de P.C, y en la Constitución relativa a los términos judiciales y al debido
proceso como derecho fundamental.
II. LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado 25 Civil
del Circuito de Santafé de Bogotá, en sentencia de veintiséis (26) de enero de
1995, luego de solicitar unos informes a las autoridades frente a las cuales
se propuso la acción, dictó fallo en el que, tras declarar vulnerado el
derecho fundamental del debido proceso por parte de la Administración
Distrital en cabeza del señor Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, le ordenó a
éste que en el término de 48 horas adoptara "los correctivos y medidas
pertinentes a efectos de que se efectúe una redistribución para el cumplimiento
de las comisiones que los diferentes juzgados del distrito capital le confiere
a las Inspecciones de Policía del mismo, a efecto que se cumplan oportunamente
y de esta manera se dé una pronta y cumplida justicia", previas las
siguientes consideraciones:
"En este orden
de ideas y sin más consideraciones, por resultar innecesarias, se concluye que
al accionante y a muchas otras personas se les está vulnerando el derecho
fundamental al debido proceso, pero no directamente por la Inspectora Décima
"A" Distrital de Policía, sino por el Gobierno Distrital, en razón a
que es éste quien ha dispuesto mediante el Decreto 397 de julio 1o. de 1994 que
sean únicamente las inspecciones distinguidas con la letra "A" en
cada zona, las que cumplan los despachos comisorios de las autoridades
judiciales, esto es, únicamente una inspección por zona, que es la primera, que
como se sabe, el número de comisiones que se confieren por parte de sesenta
Juzgados Civiles municipales, treinta y dos del Circuito, más los laborales es
bastante y que es imposible que una sola Inspección en cada zona cumpla con
ellas, pues como se puede constatar ene l caso de autos, mediante las pruebas
aportadas al informativo, concretamente a la Inspección Décima "A"
Distrital de Policía le corresponde en promedio, semanalmente entre 80 y 120
comisiones y que estando practicando un promedio de 8 comisiones diarias, no le
es posible evacuar todas las comisiones oportunamente, máxime cuando tiene que
atender otros asuntos, como son querellas policivas.
Como se puede
apreciar si en un evento dado la Inspección indirectamente está vulnerando el
derecho fundamental del debido proceso, lo está haciendo es por fuerza mayor,
porque está en imposibilidad de cumplir las comisiones conferidas, en forma
oportuna y que no es por su propia voluntad sino porque sus superiores, como lo
es la Administración Distrital la ha puesto en tal situación.
En este orden de
ideas podemos darnos cuenta que se debe tutelar el derecho al debido proceso,
pero únicamente contra el titular de la Administración Distrital, como lo es el
señor Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, D.C., más no con relación a la Inspección,
con base en lo anotado y porque el Juzgado tampoco puede llegar a ordenarle que
evacue en determinado tiempo las comisiones del accionante, ya que se rompería
el turno riguroso en que se deben cumplir y por ende violaría el derecho
fundamental a la igualdad de otras personas que están en iguales o peores
circunstancias que él y tampoco, procede contra el Secretario de Gobierno del
Distrito, en razón a que el directo responsable de la administración y de la
distribución de labores es el jefe de la administración, como lo es el señor
Alcalde, quien fue la persona que dictó el decreto en comento y es él el único
que puede suspenderlo, derogarlo, modificarlo, etc., ya que el Secretario de
Gobierno lo único que hace es avalar el decreto.
Tampoco puede el Juzgado
mediante la presente acción ordenar al Alcalde que proceda a disponer que todas
las inspecciones cumplan las comisiones, porque estaría quebrantando la
independencia de los poderes del Estado, estaría entrometiéndose en el poder
ejecutivo y aún en el legislativo, razón por la cual, para restablecer el
derecho fundamental del debido proceso acá vulnerado, se dispondrá que el
señor Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, D.C., proceda en el improrrogable
término de 48 horas a tomar los correctivos pertinentes, adoptando las medidas
más adecuadas de las comisiones que confieren a las Inspecciones de Policía los
diferentes Juzgados de la capital a efecto que las mismas se cumplan
oportunamente, para que no se vulnere el derecho al debido proceso y para que efectivamente
exista una pronta y cumplida justicia, siendo de esta forma que se pronunciará
el Juzgado."
III. LA IMPUGNACION
Impugnada la
decisión del juez de primera instancia, expresó el representante judicial, en
su calidad de Jefe de la Ofiicna Jurídica de la Alcaldía Menor de Santafé de
Bogotá, que como primera medida el fallo judicial de tutela involucra al
Alcalde Mayor, pese a no ser la parte demandada, imponiéndole obligaciones; en
segundo lugar argumenta que el Decreto 397 de 1994, proferido por la
Administración Distrital para corregir los problemas de congestión provocada
por las comisiones ciivles emanados de los despachos judiciales de Santafé de
Bogotá, no viola el debido proceso, pues la autoridad pública ha respetado las
normas que lo rigen; añade que en este asunto el fallo involucra un aspecto
legal, de carácter general, utilizándo la acción de tutela para hacer cumplir
derechos que sólo tienen categoría legal, o para hacer cumplir leyes,
decretos, reglamentos o cualquier otra norma de rango inferior a normas
constitucionales.
IV. LA DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA
El Tribunal Superior
de Bogotá, Sala Civil, mediante sentencia de siete (7) de marzo de mil
novecientos noventa y cinco (1995), al resolver la impugnación advertida, se pronunció
sobre la petición y sobre la sentencia de tutela y resolvió revocar el fallo de
veintiseís (26) de enero de 1995, con base en los siguientes razonamientos:
Considera que:
"Resulta
palmario que no obstante citarse dos asuntos específicos en los cuales
tardíamente se han señalado unas fechas para practicar unas medidas cautelares,
la acción involucra la protección frente a un acto de carácter general.
"....
"Ese acto de
orden administrativo está constituído por el Decreto 397 del 1o. de julio de
1994, por medio del cual el señor Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá D.C., en
su artículo 1o. dispuso que los despachos comisorios de las autoridades
judiciales serían diligenciados en cada alcaldía local por una sola Inspección
de Policía; ese decreto, por lo demás reglamenta el acuerdo No. 29 de 1993, el
que en sus artículos 7o. y siguientes señala entre otros aspectos la
especialización de los asuntos a cargo de las Inspecciones de Policía,
facultando al señor Alcalde para indicar la competencia funcional y territorial
de éstas.
"Tratándose por
tanto de un acto administrativo amparado por la presunción de legalidad, de
suerte que únicamente podía atacarse por la correspondiente jurisdicción a
través de los pertinentes recursos, no le era dable entonces al juzgador en
sede de tutela la modificación ordenada como quiera que valga precisarlo, con
fundamento en el artículo 6o. numeral 5o. del Decreto 2591 de 1991, resulta
inapropiada intentarla o proponerla 'cuando se trate de actor de carácter
general, impersonal y abstracto', toda vez que adicionalmente para debatir la
inconstitucionalidad o ilegalidad de un decreto están instituídas las acciones
y pretensiones pertinentes ante los órganos judiciales competentes, y no esta
acción, por supuesto que sólo ha sido concebida para amparar situaciones
individuales. "
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
A. La
Competencia
Según lo disponen
los artículos 86 y 241 numeral 9o., de la Constitución Política y el Decreto
2591 de 1991, la Corte Constitucional por intermedio de su Sala Octava es
competente para revisar el fallo mencionado.
B. El Derecho
Fundamental del Debido Proceso y los Términos Judiciales. La garantía del
debido proceso implica el cumplimiento de los mismos.
Esta Corporación,
reiteradamente, a través de distintos pronunciamientos judiciales, ha
establecido que la realización de la justicia ha de materializarse no solo en
los actos y decisiones judiciales sino en todas las fases del proceso. Las
reglas y solemnidades del procedimiento, constituyen algo más que simples
fórmulas y rituales, son garantías esenciales en la obtención de la justicia,
por ello es necesario que ésta sea rápida y segura a la vez que plena, lo que
implica las rotaciones de los conflictos en plazos razonables sin dilaciones
indebidas, puesto que ello constituye uno de los valores superiores del
ordenamiento constitucional y un elemento fundamental en la aplicación de la
totalidad del ordenamiento jurídico.
En la realidad de
nuestros días, aparece el fenómeno de las cargas y congestión judicial como un
problema multicausal, que perjudica profundamente el cabal funcionamiento de
los órganos encargados de administrar justicia.
La Carta Política de
1991 no es ajena a esta situación al prescribir en su artículo 228,
perentoriamente que "los términos procesales se observarán con diligencia
y su incumplimiento será sancionado..", aplicable a toda clase de
actuaciones procesales sin distingo alguno.
En efecto, el debido
proceso como conjunto de garantías establecidas como medios obligatorios,
necesarios y esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional y aún
administrativa, se materializa, a través de los procedimientos judiciales y
legales para el cabal cumplimento de administrar justicia. Todo asunto
llevado ante las autoridades judiciales y administrativas para su decisión,
requiere de un mínimo conjunto de reglas dentro de las cuales se actúe de
conformidad con la Constitución y la ley, y es tan solo dentro de ese orden
establecido, que se llevan a cabo los actos procesales, se atienden y resuelven
los intereses en conflicto. Dentro de estos elementos señalados por el
legislador para el desarrollo de los procesos judiciales y administrativos, se
encuentran los "términos judiciales", se trata de períodos
expresamente previstos, dentro de los cuales han de ejercutarse las actuaciones
de las partes y de los funcionarios judiciales, siguiendo un orden, las
pruebas, o para transcurrir una actuación, hacer uso de un derecho o dar
certeza a una decisión judicial o administrativa; su objetivo es permitir que
el proceso avance garantizando a las partes e intervinientes que en cada
momento procesal puedan hacer valer sus derechos, siempre y cuando actúen oportunamente.
Para esta Sala de
Revisión, es pertinente reiterar el principio según el cual, las decisiones
judiciales tardías comportan en sí mismas una injusticia, en cuanto, que los
conflictos planteados crean una gran incertidumbre y una deslegitimación de la
función jurisdiccional. El artículo 228 de la Carta implica un principio de
eficiencia cuando impone el cumplimiento de los términos judiciales por parte
de los servidores judiciales, los cuales no pueden, por vía general, eludir su
responsabilidad de impartir justicia escudándose en la disculpa de la
congestión judicial, excepto en los eventos en los cuales las dilaciones
poseen un estricto elemento de justificación, atendiendo la complejidad del
litigio, los márgenes de duración, el interés enfrentado por el demandante, la
conducta procesal de las autoridades, la consideración de los medios
disponibles, etc., es decir, cuando no quepa duda del carácter fundamental de
la mora, la cual al poseer un alcance restrictivo, de acuerdo a la situación probada
y objetivamente insuperable, impide al servidor público adoptar oportunamente
las decisiones o la práctica de ciertas audiencias o diligencias judiciales,
para lo cual deben tomarse con prontitud las medidas necesarias para el
restablecimiento de un debido proceso, removiendo los obstáculos dilatorios
causantes de la demora indebida. Desde luego vencido el término que no pueda
cumplirse por la autoridad, resulta perentorio el trámite preferente otorgando
prioridad a la diligencia para garantizar la pronta y cumplida justicia dentro
de sus competencias.
Esta Corporación ha
reiterado en varios fallos, que el cumplimiento de los términos judiciales no
es una dádiva en favor de las partes que comparecen ante las autoridades
judiciales y administrativas, sino una obligación en cabeza de los servidores
públicos y una garantía para los ciudadanos que en ejercicio del derecho
fundamental a acceder a la administración de justicia acuden ante el Estado.
Por ello, la Sala de
Revisión de esta Corporación reitera que la garantía del debido proceso implica
el cumplimiento de los términos judiciales; es así como la jurisprudencia de
esta Corporación ha establecido que el derecho al debido proceso puede resultar
vulnerado cuando los servidores públicos encargados de la función
jurisdiccional, desconocen los plazos dentro de los cuales deben adelantar
determinados actos. En reciente pronunciamiento esta Corte ha señalado lo
siguiente:
"De allí que el
artículo 228 de la Constitución haya dispuesto, como mandato perentorio, que
los términos procesales se observarán con diligencia y que su incumplimiento
será sancionado.
La Corte
Constitucional ha señalado y ratifica ahora lo siguiente:
"El mencionado
artículo 228 alude de manera directa al tema que nos ocupa y estatuye de modo
perentorio: "Los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado". Esta norma debe interpretarse en
relación con el artículo 6º de la Constitución, relativo a la responsabilidad
de los servidores públicos por omisión en el ejercicio de sus funciones y con
el 256 Ibidem, que al enunciar las atribuciones del Consejo Superior de la
Judicatura, confía a este organismo la de 'llevar el control de rendimiento de
las corporaciones y despachos judiciales'.
"En cuanto al
derecho de la persona afectada por la omisión, de manera específica se
configura una obstrucción indebida para el acceso a la eficaz administración de
justicia (artículo 229), derecho éste cuyo carácter fundamental es para la
Corte innegable, habida cuenta de su necesaria vinculación con otros derechos
tales como la vida, la integridad personal, la libertad, el debido proceso, la
igualdad ante la ley, la propiedad, el trabajo, el derecho a la personalidad
jurídica y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros, pues la
realización concreta de estas depende en grado sumo de la celeridad con que
actúen los jueces en el cumplimiento de la misión que les ha encomendado el
Constituyente.
"Considera la
Corte que no se trata únicamente de velar por el cumplimiento de los términos
por sí mismo ya que él no se concibe como fin sino como medio para
alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jurídica, sino de asegurar
que, a través de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos
de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto
a la obtención de pronta y cumplida justicia." (Corte Constitucional.
Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-431 del 24 de junio de 1992).
No cabe duda, pues,
de la necesidad forzosa del cumplimiento de los términos judiciales para
obtener una pronta y cumplida justicia.
C. El Caso
Concreto
De acuerdo con los
documentos que aparecen en el expediente, el actor JORGE AQUILES VERGARA
AGUDELO, inició sendos procesos ejecutivos en los Juzgados 2 y 35 Civiles
Municipales de Santafé de Bogotá, los días 4 y 15 de noviembre de 1994, dentro
de los cuales se libraron despachos comisorios para practicar medidas
cautelares, los que correspondieron a la inspección 10A Distrital de Policía de
la Zona Décima; según presentación que de ellos se hiciera el 25 de noviembre
de 1994, el mencionado funcionario señaló para la práctica de las diligencias,
los días 23 y 25 de agosto del año siguiente, lo cual significa que su
realización apenas ocurría casi diez meses después. Situación que no sólo
desnaturaliza la figura de las medidas cautelares entendida en su función de
institución jurídica procesal preventiva, sino que perjudica a los ciudadanos
demandantes ante la administración de justicia.
Para la Sala, no es
extraño, ni desconocido que la acumulación de los negocios ejecutivos,
singulares, mixtos, etc., y especialmente las comisiones civiles para la
práctica de las medidas cautelares de embargo y secuestro en los distintos
despachos e inspecciones de policía de la capital del país, obedece a distintas
causas de orden jurídico, técnico, laboral y social; las cuales se pretende
remediar con la expedición del Decreto 397 de 1994, emanado de la administración
distrital, en desarrollo del acuerdo Distrital No. 29 de 1994, el cual se
expidió en el Concejo de Bogotá, precisamente, con la intención de
especializar y descongestionar las agencias distritales de policía, removiendo
las causas que generan la práctica de las medidas cautelares, provenientes de
los jueces de la República para hacer frente a una situación de emergencia,
evacuando en el menor tiempo posible todas las comisiones civiles que se
encuentren en los despachos de los Inspectores de Policía en mora de resolver.
El artículo 228 de
la ley suprema estatuye la obligación que tiene todo funcionario administrativo
y empleado judicial a partir de la vigencia del nuevo ordenamiento
constitucional, de observar en forma diligente los términos procesales, so pena
de incurrir en responsabilidad disciplinaria, término que en el caso de las
comisiones civiles debe cumplirse con la mayor agilidad, más entratándose de
medidas cautelares de embargo y secuestro dentro de los procesos ejecutivos,
pues ello es el deseo del mismo Consejo Distrital al haber expedido el
Acuerdo 29 de 1994 y de la administración distrital, con el decreto 397 de
1994, reglamentario del mismo.
Para esta Sala de
Revisión es claro que todos los servidores judiciales y empleados públicos están
obligados constitucional y legalmente a cumplir de manera fiel los términos
procesales y así tiene que ser, enfrentándose a una investigación disciplinaria
en caso de no hacerlo, pero no es ajena a la difícil situación a que se ven
avocados algunos despachos públicos para lograr evacuar los negocios que
estén pendientes, sin embargo, es menester hacer esfuerzos para obtener
resultados justificatorios y así dar cumplimiento a la aspiración de todos los
ciudadanos de obtener una justicia pronta, eficaz y oportuna.
Esta Sala de
Revisión comparte la consideración del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, así como la del aquo, en el sentido de examinar y tomar en cuenta la
relación de asuntos de que conoce la Inspección accionada, esto es un promedio
de ocho (8) diligencias diarias, para concluir que a la funcionaria no se le
puede endilgar una demora injustificada en sus actuaciones encaminada a
evacuar sus asuntos, pues la tardanza ciertamente obedece, antes que a un
comportamiento negligente, al exceso y recargo de trabajo, el cual incluso
excede el horario normal de sus labores.
No obstante lo
anterior, para evitar la desnaturalización de las medidas preventivas de
embargo y secuestro, las cuales por su esencia no ameritan una larga demora,
pues con ello se genera un acto de denegación y dilación a la pronta y rápida
acción de la justicia, que de contera genera una violación al debido proceso
(art. 29 C.N.), esta Sala de revisión ordenará a la Inspectora Décima
"A" Distrital de Policía de Santafé de Bogotá que practique las
medidas cautelares para las que fue comisionada, a fin de restablecer la
perturbación del derecho fundamental del debido proceso, de acuerdo con las respectivas
normas procesales previstas en el Código de Procedimiento Civil. Y se
advertirá a los Juzgados 2° y 35 Civiles Municipales de Santafé de Bogotá, que
el término para practicar las medidas cautelares es inmediato, o sea, luego que
se decreten y sin necesidad de notificar el auto a la parte contra quien ella
se dirige (art. 327 C.P.C.). Para arribar a esta decisión, es menester
entender que los términos procesales son de obligatorio cumplimiento, pues de
no ser así, se corre el riesgo de que el deudor se insolvente, o que los bienes
se sustraigan del patrimonio del deudor y se convierta en ilusoria la
obligación reclamada en el proceso, cumpliendo de esa manera el principio de
que ellos constituyen la prenda general de los acreedores. Para esta Sala de
Revisión es claro que de acuerdo con el Título III del Código de Procedimiento
Civil (art. 31 a 33), el juez de la República competente debe siempre
practicar las medidas cautelares de embargo y secuestro, dentro de los procesos
ejecutivos y, excepcionalmente, comisionar, cuando no se trate de practicar
pruebas, a los inspectores de policía o a los alcaldes. En efecto, prevé la
norma que "El juez podrá comisionar para la práctica de secuestro y
entrega de bienes en dicha sede, cuando sea menester, en jueces o autoridades
judiciales de inferior categoría, cuando no se trate de recepción o práctica de
pruebas, podrá comisionarse a los alcaldes y demás funcionarios de
policía", de lo cual se deduce que en algunas eventualidades se puede
comisionar a los inspectores de policía, para la práctica de las medidas
ejecutivas, pero no implica que los jueces de la República se despojen de sus
obligaciones y deberes judiciales en el ejercicio de sus competencias.
De otra parte, la
Sala considera que el accionante excedió las facultades que en su favor
consagra el artículo 86 de la Carta, toda vez que al ejercer la acción de
tutela solicita que en "adelante todas las inspecciones de policía que
correspondan a cada alcaldía practiquen las comisiones civiles, tal como venía
ocurriendo"; en efecto, el peticionario confunde dos fenómenos jurídicos
diversos, pero conexos, por un lado la tardanza en el señalamiento de unas
fechas para la práctica de unas medidas cautelares, lo cual vulnera el debido
proceso como se ha expuesto, y por el otro, la normación mediante un acto de
carácter general que regula el funcionamiento y organización de los
despachos comisorios provenientes de las autoridades judiciales hacia las
Inspecciones de Policía; esta Sala de Revisión comparte plenamente el argumento
expuesto por el Tribunal de segunda instancia, en razón a ajustarse a la
doctrina jurisprudencial de esta Corporación. En efecto, el adquem expresó:
"....
"Ese acto de
orden administrativo está constituído por el Decreto 397 del 1o. de julio de
1994, por medio del cual el señor Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá D.C., en
su artículo 1o. dispuso que los despachos comisorios de las autoridades
judiciales serían diligenciados en cada alcaldía local por una sola Inspección
de Policía; ese decreto, por lo demás reglamenta el acuerdo No. 29 de 1993, el
que en sus artículos 7o. y siguientes señala entre otros aspectos la
especialización de los asuntos a cargo de las Inspecciones de Policía,
facultando al señor Alcalde para indicar la competencia funcional y territorial
de éstas.
"Tratándose por
tanto de un acto administrativo amparado por la presunción de legalidad, de
suerte que únicamente podía atacarse por la correspondiente jurisdicción a
través de los pertinentes recursos, no le era dable entonces al juzgador en
sede de tutela la modificación ordenada como quiera que valga precisarlo, con
fundamento en el artículo 6o. numeral 5o. del Decreto 2591 de 1991, resulta
inapropiada intentarla o proponerla 'cuando se trate de actor de carácter
general, impersonal y abstracto', toda vez que adicionalmente para debatir la
inconstitucionalidad o ilegalidad de un decreto están instituídas las acciones
y pretensiones pertinentes ante los órganos judiciales competentes, y no esta
acción, por supuesto que sólo ha sido concebida para amparar situaciones
individuales.
"Sobre el
particular, entre otras decisiones, ha expuesto la H. Corte Suprema de
Justicia:
"Como quiera
que en Colombia la actividad de la Administración pública es reglada y no
discrecional, como norma general, los actos administrativos como
manifestaciones de la voluntad del Estado han de expedirse conforme a la
regulación legal y, en virtud de ello, se encuentran sujetos a control interno
por parte de la propia Administración por la vía gubernativa, dentro de la cual
pueden ser objeto de impugnación mediante los recursos de reposición y de
apelación cuando a ello hubiere lugar, de un lado; y, y de otra parte, también
se encuentran sujetos tales actos administrativos a control por la jurisdicción
Contencioso Administrativa, ante la cual, si así se estima pertinente por el
interesado puede controvertirse su legalidad y obtenerse, en caso de ser
demostrados los perjuicios por una decisión afectada de ilegalidad, la
indemnización que fuere del caso.
".....Agrégase
a lo anterior que además de los mecanismos de control ya aludidos, el Código
Contencioso Administrativo establece también la posibilidad de acudir a la
revocatoria directa del acto en cuestión por la propia administración, así como
la de solicitar y obtener, cuando hubiere lugar la suspensión provisional en el
proceso administrativo". (Sentencias de 17 de febrero y 10 de marzo de
1992).
En este orden de
ideas, la Sala de Revisión confirmará la sentencia de segunda instancia,
adicionándola únicamente en el sentido de que para evitar una violación
directa al debido proceso del peticionario, se ordenará a la Inspectora Décima
"A" Distrital de Policía de Santafé de Bogotá, practicar en el
término de diez (10) días las medidas cautelares, decretadas los días 4 y 15 de
noviembre de 1994, respectivamente, de acuerdo a como lo determina el artículo
35, 37 y 327 del Código de Procedimiento Civil. Y por otra parte, se advertirá
a los Juzgados 2° y 35 Civiles Municipales de Santafé de Bogotá, que su deber
es practicar las medidas cautelares, conforme lo ordena la ley, y que sólo en
algunas eventualidades, en forma excepcional, podrán comisionar a los Alcaldes
e Inspectores de Policía para la práctica de dichas medidas ejecutivas, pero
ello no implica que lo excepcional adquiera el carácter de regla en la práctica
judicial.
Por lo anteriormente
expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional de la República
de Colombia, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero. Confirmar la sentencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, de fecha siete (7) de
marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Segundo.- Para garantizar el debido proceso
ordénase a la Inspectora Décima "A" Distrital de Policía de Santafé
de Bogotá, que practique las medidas cautelares, conforme lo ordena la ley, en
el término de diez (10) días, dentro de los procesos ejecutivos iniciados por
el peticionario.
Tercero.- Adviértase a los Juzgados 2° y 35
Civiles Municipales de Santafé de Bogotá, que deben practicar las medidas
cautelares, conforme lo ordena la ley, para el estricto y fiel cumplimiento de
sus deberes judiciales, según se señala en la parte motiva de esta providencia.
Cuarto.- Comunicar la presente decisión conforme se
ordena en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase.
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
483 | T-348-95
Sentencia No
Sentencia
T-348/95
NOTA DE
RELATORIA: Por auto No. 049 de 23 de noviembre de 1995, se declaró la nulidad
de esta sentencia y fue reemplazada con la sentencia T-074/96
FISCAL GENERAL DE
LA NACION-Facultad de
comisionar/FISCAL DELEGADO ANTE LA CORTE SUPREMA-Calificación de la
investigación/PRECLUSION DE LA INVESTIGACION/DEBIDO PROCESO/PRESUNCION DE
LEGALIDAD
El Fiscal General
de la Nación únicamente tiene que asumir personalmente tres actuaciones dentro
del proceso: la calificación de la investigación, la resolución acusatoria y la
que se abstiene de acusar. Estos son los únicos tres actos para los
cuales no es admisible la comisión a los fiscales delegados. Todo lo demás
puede ser objeto de comisión. No es acertado sostener que al comisionar a los
fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General se
despojó de la función que le asigna la Constitución y la trasladó a tales
funcionarios. En el caso que se estudia, el Fiscal Delegado no calificó la
investigación, sino que declaró la preclusión de la misma por atipicidad de la
conducta, actuación que sí podía cumplir. En este proceso no se observa
violación alguna del debido proceso. El Fiscal Delegado ante la Corte Suprema
de Justicia ha actuado en cumplimiento de la resolución dictada por el Fiscal
General de la Nación, amparada, por la presunción de legalidad. En
consecuencia, su actuación en nada contradice el principio del debido proceso.
NOTA DE RELATORIA:
Por auto No. 049 de 23 de noviembre de 1995, con ponencia del Dr. Carlos
Gaviria Díaz, se declaró la nulidad de esta sentencia.
REF: PROCESO T- 71962
DEMANDANTE: José Miguel Díaz Gutiérrez contra el
Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, doctor Guillermo Mendoza
Diago.
PROCEDENCIA: Consejo de Estado, Sección Cuarta.
MAGISTRADO
PONENTE: Jorge Arango
Mejía.
Sentencia aprobada
en sesión de la Sala Primera de Revisión, celebrada en la ciudad de Bogotá, a
los nueve (9) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge
Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide
sobre el fallo proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en el
proceso de tutela promovido por el doctor José Miguel Díaz Gutiérrez.
El expediente llegó
a la Corte Constitucional, por remisión que hizo el Consejo de Estado, en virtud
de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
La Sala de Selección
de la Corte eligió, para su revisión, el expediente de la referencia.
I. ANTECEDENTES
El doctor José
Miguel Díaz Gutiérrez, presentó, el 23 de marzo de 1995, ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, acción de tutela contra el doctor Guillermo
Mendoza Diago, Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por las
siguientes razones:
A. Hechos
1. El
actor es el apoderado de la parte civil, dentro de la investigación que por el
delito de prevaricato inició la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte
Suprema de Justicia, en contra de algunos magistrados del Tribunal Superior de
Bogotá.
2. El
Fiscal delegado que venía conociendo de la investigación, decidió, por auto del
quince (15) noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), abstenerse de
proferir medida de seguridad en contra de los acusados, así como la preclusión
de la instrucción por la atipicidad de la conducta denunciada. Decisión que fue
impugnada ante el mismo funcionario, y confirmada por éste.
3. El
demandante considera que las actuaciones desplegadas por el fiscal delegado
desconocieron el derecho al debido proceso de sus representados, porque la
Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia carecía de competencia para
calificar el mérito del sumario, tal como lo señaló la Corte Constitucional, en
el fallo de octubre 20 de 1994, al declarar inconstitucional el aparte del
artículo 17 de la ley 81 de 1993 que facultaba a los fiscales delegados ante la
Corte Suprema de Justicia para calificar las investigaciones contra los
funcionarios que gozan de fuero constitucional.
4. El
Ministerio Público y la parte civil solicitaron al Fiscal Delegado, doctor
Guillermo Mendoza Diago, declarar la nulidad de la providencia, por medio de la
cual declaró precluída la investigación por atipicidad de la conducta, así como
la remisión del expediente al Despacho del Fiscal General de la Nación, para
que dicho funcionario realizara la calificación correspondiente, peticiones
éstas que fueron resueltas negativamente por el funcionario acusado.
B. Derechos
fundamentales presuntamente vulnerados
La actuación del
Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en concepto del actor,
desconoce el derecho al debido proceso de la parte civil constituída dentro
del proceso que por el delito de prevaricato inició la Unidad de Fiscalía
Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. En especial, porque dicho
funcionario, según la Constitución y la sentencia de la Corte Constitucional,
no es el competente para investigar y calificar la conducta de funcionarios
que gozan de fuero constitucional, en este caso, los magistrados de un
Tribunal Superior de Distrito.
C. Pretensiones
El demandante
solicita ordenar al doctor Guillermo Mendoza Diago, Fiscal Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia, remitir al Fiscal General de la Nación, doctor
Alfonso Valdivieso Sarmiento, el expediente No. 1098, correspondiente a la
investigación que por el delito de prevaricato realiza esa Unidad, por ser
éste, el único funcionario competente para investigar y calificar la conducta
de los sindicados en dicho proceso.
D. Sentencia
de primera instancia
El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, una vez notificado el demandado, mediante
sentencia del seis (6) de abril de 1995, DENEGÓ la tutela solicitada.
La razón esgrimida
por el Tribunal, para DENEGAR el amparo solicitado, hace referencia a la
falta de interés jurídico del demandante para instaurar la acción de tutela de
la referencia, pues, si bien ostentaba la calidad de apoderado de la parte
civil dentro del proceso penal que inició la Fiscalía Delegada ante la Corte
Suprema de Justicia, carecía de legitimación para iniciar acción de tutela en
su nombre. Para el efecto, ha debido demostrar el poder conferido para tal
fin, o prueba de la imposibilidad de sus representados en el proceso penal,
para ejercer su propia defensa, tal como lo exige el artículo 10 del decreto
2591 de 1991.
Sin embargo, afirma
que en las decisiones adoptadas por el Fiscal Delegado no se evidencia vía de
hecho alguna que haga procedente la acción de tutela, pues sus actuaciones han
tenido como marco de referencia las normas constitucionales y las del Código de
Procedimiento Penal, que le permiten investigar, calificar y acusar a los
magistrados de tribunales.
E. Impugnación
En esencia, el
impugnante afirma que la acción de tutela en contra el Fiscal Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia, no busca desconocer sus providencias sino
"...obtener que se respete y haga efectivo el derecho al DEBIDO PROCESO de
mis patrocinados, derecho que se ha vulnerado flagrante y ostensiblemente por
el señor FISCAL DELEGADO, al retener en forma indebida el expediente No. 1098
(...) pese a que disposiciones constitucionales, legales y administrativas le
imponen la obligación de remitirlo por COMPETENCIA al señor FISCAL GENERAL DE
LA NACIÓN, por haber llegado el momento de la calificación de la investigación
y corresponder esa calificación en forma exclusiva e indelegable al señor
FISCAL..."
Al escrito de
impugnación, el demandante acompañó el poder otorgado por los señores José J.
Jiménez Cancino y Amanda Moore de Jiménez, quienes son la parte civil dentro
del proceso penal mencionado. Así como la ratificación de la actuación surtida
por su apoderado, dentro de la acción de tutela instaurada en su nombre, ante
el Tribunal Contencioso Administrativo.
F. Sentencia de
segunda instancia
La Sección Cuarta
del Consejo de Estado, mediante fallo del doce (12) de mayo de 1995, CONFIRMÓ
el proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En relación con el
primer motivo de rechazo esgrimido por el Tribunal, se consideró que, el poder
aportado por el demandante al momento de presentar la impugnación, así como la
ratificación de su actuación ante el Tribunal Contencioso Administrativo,
presentada por sus poderdantes, subsanó cualquier vicio que, por falta de
legitimidad se hubiese producido.
En relación con el
cargo de fondo, se consideró que, a pesar de lo que sostiene el demandante, la
acción de tutela sí estaba dirigida contra una providencia judicial, frente a
la cual era improcedente esta clase de acción, de conformidad con la sentencia
C-543 de 1992 de la Corte Constitucional.
II. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Primera: Competencia
La Corte
Constitucional es competente para decidir este asunto, en virtud de lo
dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución, en
concordancia con las normas pertinentes del decreto 2591 de 1991.
Por tanto, procede
la Corte Constitucional a resolver este asunto, previas las siguientes
consideraciones.
Segunda.- Lo que
se controvierte
Pretende el
demandante que se ordene al Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia
que conoce del proceso que se adelanta contra unos magistrados de un tribunal
superior, remitir tal proceso al señor Fiscal General de la Nación, quien es el
único FUNCIONARIO COMPETENTE para investigar y calificar la conducta de tales
magistrados. Funda su demanda en la Sentencia de la Corte Constitucional del 20
de octubre de 1994, que declaró INEXEQUIBLES algunas disposiciones del Código
de Procedimiento Penal, con base en las cuales venía actuando dicho FISCAL
DELEGADO.
La sentencia de esta
Corte a la cual se refiere el actor, declaró parcialmente inexequible el
artículo 17 de la ley 81 de 1993, que en su numeral 1 establecía:
"Fiscal
General de la Nación. Corresponde al Fiscal General de la Nación:
"1)
Investigar, calificar y acusar, directamente o por conducto de sus delegados de
la unidad de fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, a los altos
funcionarios que gocen de fuero constitucional con las excepciones previstas en
la Constitución".
"La declaración
de inexequibilidad se hizo en los siguientes términos:
"SEGUNDO.-
Declarar INEXEQUIBLE la expresión "o por conducto de sus delegados de la
unidad de fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia" contenida en el
numeral primero del artículo 17 de la Ley 81 de 1993. No obstante, se advierte
que el fiscal general de la Nación podrá comisionar a los fiscales delegados
ante la Corte Suprema de Justicia para la práctica de todas las actuaciones
procesales distintas a la calificación y a las subsecuentes de formular
acusación o abstenerse de hacerlo".
Es menester, en
consecuencia, examinar si tal declaración tiene los alcances que le señala el
actor, o unos diferentes. Además, si la acción de tutela es procedente en este
caso concreto.
Tercera.- El fallo
de inexequibilidad
Como se dijo, la
declaración de inexequibilidad no se hizo en forma absoluta. Por el contrario,
al hacerla se hizo una salvedad expresa, así:
"No obstante,
se advierte que el fiscal general de la Nación podrá comisionar a los fiscales
delegados ante la Corte Suprema de Justicia para la práctica de todas las
actuaciones procesales distintas a la calificación y a las subsecuentes de
formular acusación o abstenerse de hacerlo".
Lo anterior es de
una claridad innegable: el Fiscal General de la Nación únicamente tiene que
asumir personalmente tres actuaciones dentro del proceso: la calificación de
la investigación, la resolución acusatoria y la que se abstiene de
acusar. Estos son los únicos tres actos para los cuales no es admisible la
comisión a los fiscales delegados. Todo lo demás puede ser objeto de comisión.
Como se ve, la regla
general es la posibilidad de comisionar; y las excepciones son los tres actos
descritos.
Sostener que
solamente puede el Fiscal General comisionar a los fiscales delegados para la
práctica de pruebas, es desconocer el texto de la sentencia que se analiza.
Pues tal facultad de todas maneras la tenía, y la salvedad, así entendida,
habría carecido de objeto.
Tampoco es acertado
sostener que al comisionar a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de
Justicia, el Fiscal General se despojó de la función que le asigna la
Constitución y la trasladó a tales funcionarios. Por el contrario: en la
Resolución 0-2482 de noviembre 8 de 1994, se dice que la actuación de los
comisionados se cumplirá "bajo la dirección y vigilancia" del Fiscal
General.
Y si se sostiene que
tal comisión, por su carácter general en lo relativo a los procesos que se
adelanten contra una determinada clase de funcionarios, es un acto
administrativo, la competencia para decidir si se ajusta o no a la ley y a la
Constitución, corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En consecuencia, mientras ésta no determine lo contrario, la resolución del
Fiscal General está amparada por la presunción de legalidad.
En el caso que se
estudia, el Fiscal Delegado no calificó la investigación, sino que declaró la
preclusión de la misma por atipicidad de la conducta, actuación que sí podía
cumplir.
Dicho sea de paso,
la Corte Constitucional, al referirse a su sentencia pasada, no la está
aclarando, ni agregándole nada. Únicamente la está aplicando en el presente
proceso, para desechar una interpretación errónea que se le pretende dar. No es
improcedente ni extraño que la Corte Constitucional tenga que volver sobre sus
fallos de constitucionalidad. Así lo hace, por mandato expreso del artículo 243
de la Constitución, cuando decide que una norma reproduce el contenido material
de otra que ha sido declarada inexequible por razones de fondo. Y en la misma
forma actúa siempre que en el examen de constitucionalidad tiene que relacionar
el caso que se controvierte con lo decidido en uno anterior.
Cuarta.- Por qué
la acción de tutela no es procedente en este caso
Al declarar
inexequibles las normas del decreto 2591 de 1991 que permitían la tutela contra
sentencias y contra providencias judiciales, la Corte Constitucional decidió
que ella, excepcionalmente, sería procedente en los casos de violación del
debido proceso y en aquellos que impliquen vías de hecho.
En este proceso no
se observa violación alguna del debido proceso. El Fiscal Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia ha actuado en cumplimiento de la resolución 0-2482
dictada por el Fiscal General de la Nación, amparada, como ya se dijo, por la
presunción de legalidad. En consecuencia, su actuación en nada contradice el
principio del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución.
III.- Decisión
Con base en lo
expuesto, se confirmará la sentencia del Consejo de Estado, de fecha mayo 12 de
1995, pero por las razones expuestas.
En consecuencia, la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia dictada por
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
con fecha mayo doce (12) de mil novecientos noventa y cinco (1995), pero por
las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO:
COMUNÍQUESE la presente
sentencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que sea notificada a
las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del decreto 2591
de 1991.
Cópiese,
notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Auto No. 049/95
MEDIDAS
PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO
Dicha medida la
puede adoptar el juez respectivo desde la presentación de la solicitud de
tutela hasta antes de expedirse el fallo definitivo, pues al resolver de fondo
deberá decidir si tal medida provisional se convierte en permanente, esto es,
definitiva o si por el contrario, habrá de revocarse. Cabe agregar que el juez,
a petición de parte o en forma oficiosa, puede hacer cesar tal medida en
cualquier momento. A la Corte no le cabe duda de que para efectos de la
aplicación de esta medida provisional, el juez debe evaluar las situaciones de
hecho y de derecho en que se fundamenta la solicitud de tutela, para así
determinar la "necesidad y urgencia" de decretarla, pues ésta sólo se
justificaría ante hechos abiertamente lesivos o claramente amenazadores de un
derecho fundamental en detrimento de una persona, y cuya permanencia en el
tiempo haría más gravosa la situación al afectado; de lo contrario no tendría
sentido la medida cautelar por cuanto los términos para fallar las acciones de
tutela son muy breves: 10 días.
FISCAL GENERAL DE
LA NACION-Preclusión de la
investigación/FUNCIONARIOS CON FUERO
La declaración de
preclusión de la investigación, cualquiera sea el momento procesal en que se
produzca, bien el contemplado en el artículo 439 C.P.P. (agotada la
investigación) o bien en cualquiera otra etapa de la instrucción, corresponde
hacerla al funcionario competente para calificar el mérito del proceso, y que
en uno y otro caso tal decisión hace tránsito a cosa juzgada. La resolución de
preclusión en los dos casos enunciados es de vital importancia, pues en ella se
definen aspectos sustanciales relativos a la existencia del delito y la
responsabilidad del procesado, poniendo fin al proceso. En consecuencia, por
tratarse de una providencia que decide el fondo de la acción no puede ser
dictada por funcionario distinto a aquél que la ley ha establecido para tal
fin. En el caso que se examina, el funcionario competente para declarar la
preclusión de la investigación por atipicidad de la conducta endilgada a los
Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, quienes de
acuerdo con lo prescrito en el artículo 235-4 de la Constitución gozan de
fuero, es el Fiscal General de la Nación.
SENTENCIA DE
TUTELA-Nulidad
Se procederá a
declarar la nulidad de la sentencia T-348/95, pues en ella se incurrió en error
al admitir que un funcionario incompetente, como era el Fiscal Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia, profiriera la resolución de preclusión de la
investigación contra los Magistrados antes citados, decisión que, como ya se ha
expresado, corresponde dictarla al Fiscal General de la Nación.
Ref.: Petición de
nulidad de la sentencia T-348/95 de la Sala Primera de Revisión de Tutelas.
Peticionario: José
Miguel Díaz Gutiérrez, en su condición de apoderado de José J. Jiménez C. y
Amanda Moore de Jiménez.
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA
DIAZ
Acta No. 61
Santafé de Bogotá, D.C., veintitrés (23) de
noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995).
I. ANTECEDENTES
El doctor JOSE MIGUEL DIAZ GUTIERREZ,
obrando en su condición de apoderado de la parte civil en el proceso penal
radicado bajo el No. 1098, que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra
los doctores Ricardo Zopó Méndez, Bernardo Morales Casas y Luis Miguel Carrión
Jiménez, magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, por el
presunto delito de prevaricato, interpuso acción de tutela ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se ordenara al Fiscal Delegado
ante la Corte Suprema de Justicia, doctor Guillermo Ignacio Mendoza Diago,
remitir el citado expediente al Fiscal General de la Nación, por ser éste el
único funcionario competente para investigar y calificar la conducta de los
funcionarios prenombrados.
Dicho Tribunal decidió en providencia del 6
de abril de 1995, rechazar por improcedente la solicitud de tutela formulada,
proveído que fue impugnado por el accionante. El Consejo de Estado, por
intermedio de la sección cuarta, resolvió el recurso de apelación interpuesto,
mediante sentencia de fecha mayo 12 de 1995, confirmando el fallo de primera
instancia y ordenando el envio del expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
La Sala de Selección No. 6 de esta
Corporación seleccionó para revisión dicho proceso, el que fue repartido a la
Sala Primera.
Dicha Sala efectuó la revisión pertinente
como consta en la sentencia T-348 del 9 de agosto de 1995, confirmando la
providencia dictada por el Consejo de Estado, "pero por las razones
expuestas en esta providencia".
Mediante escrito presentado el 26 de
septiembre de 1995, el accionante en el proceso de tutela solicita a la Corte
que declare la nulidad de la sentencia últimamente citada, proferida por la
Sala Primera de Revisión de Tutelas, y como medida provisional se suspenda la
aplicabilidad de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7o.
del decreto 2591/91, con base en los siguientes hechos:
- Los planteamientos jurídicos que se hacen
en la sentencia impugnada "constituyen una modificación o cambio de la
doctrina sentada por la Honorable Corte Constitucional en su sentencia del 20
de octubre de 1994, al decidir la demanda de inconstitucionalidad contra el
art. 17 de la ley 81 de 1993, modificatorio del art. 121 del Código de
Procedimiento Penal", en virtud de la cual se declaró exequible la
expresión "calificar" contenida en el numeral 1o. del artículo 17 de
la ley 81 de 1993 e inexequible el aparte de la misma disposición que dice
"o por conducto de sus delegados de la Unidad de Fiscalía ante la Corte
Suprema de Justicia", con la advertencia de que "el Fiscal General de
la Nación podrá comisionar a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de
Justicia para la práctica de todas las actuaciones procesales distintas a la
calificación y a las subsecuentes de formular acusación o abstenerse de
hacerlo".
- En la citada sentencia, la Corte
Constitucional determinó que el Fiscal General de la Nación es "competente
para calificar el mérito de la investigación sumarial contra los sindicados que
gozan de fuero constitucional, ya sea para formular acusación contra los
mismos, o para abstenerse de hacerlo"; sin embargo, en la sentencia cuya
nulidad se solicita, se sostiene en abierta contradicción con el fallo aludido
"que el señor Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, al
declarar la preclusión de la investigación por atipicidad de la conducta y
ordenar el archivo del expediente, no hizo ninguna calificación del mérito
sumarial, olvidando o desconociendo que la declaración sobre preclusión de una
investigación, implica una ostensible calificación de los hechos, y examen de
la norma penal, con base en la cual se abrió la investigación, para llegar a
una conclusión tan impotante como la que sirvió de fundamento a ese Fiscal
Delegado para declarar la preclusión del proceso". Además, de que dicha
función al tenor de lo dispuesto en los artículos 250-2 y 251-1 de la
Constitución le corresponde "en forma indelegable, privativa y especial al
señor Fiscal General de la Nación", como bien lo expresó la Corte en la
sentencia enunciada.
- Así las cosas, considera el accionante
que la sentencia cuya nulidad solicita "resulta abiertamente equivocada y
contraria a la doctrina constitucional de esa Honorable Corte", en la que
se expresó que "la investigación y acusación de funcionarios con fuero
constitucional, exige que dada la naturaleza de los hechos objeto del proceso
penal, y de inmensa responsabilidad política que se encuentra en juego, debido
a la alta investidura del agente estatal sindicado, las decisiones que se
adopten provengan de la inmediata dirección, conocimiento y juicio del Fiscal
General".
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
a.- Suspensión del fallo cuya nulidad se
solicita.
En primer término se referirá la Corte a la
solicitud de suspensión de la sentencia T-348/95, expedida por la Sala Primera
de Revisión de Tutelas, que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7o.
del decreto 2591 de 1991 pide el impugnante, para lo cual es conveniente
transcribir el texto de dicho precepto legal.
"Artículo 7. Medidas
provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la
solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para
proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace
o vulnere.
Sin embargo, a
petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad
de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés
público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para
proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a
favor del solicitante.
La suspensión de la
aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho
la solicitud por el medio más expedito posible.
El juez también
podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación
o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros
daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las
circunstancias del caso.
El juez podrá, de
oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar
en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas
cautelares que hubiere dictado".
En esta disposición se consagra, entre
otras cosas, la suspensión del acto violatorio o amenazador de un
derecho fundamental, como medida cautelar o precautelativa que puede decretar
el juez que conoce de la acción de tutela, cuando considere "necesario
y urgente" que cese en forma inmediata el acto generador de la
agresión. Determinación que tiene como único objetivo la protección del derecho
fundamental conculcado o gravemente amenazado y, obviamente, evitar que se
causen mayores perjuicios o daños a la persona contra quien se dirige el acto.
Dicha medida la puede adoptar el juez
respectivo desde la presentación de la solicitud de tutela hasta antes de
expedirse el fallo definitivo, pues al resolver de fondo deberá decidir si
tal medida provisional se convierte en permanente, esto es, definitiva o si por
el contrario, habrá de revocarse. Cabe agregar que el juez, a petición de parte
o en forma oficiosa, puede hacer cesar tal medida en cualquier momento.
A la Corte no le cabe duda de que para
efectos de la aplicación de esta medida provisional, el juez debe evaluar las
situaciones de hecho y de derecho en que se fundamenta la solicitud de tutela,
para así determinar la "necesidad y urgencia" de decretarla, pues
ésta sólo se justificaría ante hechos abiertamente lesivos o claramente
amenazadores de un derecho fundamental en detrimento de una persona, y cuya
permanencia en el tiempo haría más gravosa la situación al afectado; de lo contrario
no tendría sentido la medida cautelar por cuanto los términos para fallar las
acciones de tutela son muy breves: 10 días.
Recuérdese también que el juez de tutela
puede ordenar todo lo que considere procedente para proteger los derechos
fundamentales, y "no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor
del solicitante", de donde se concluye que la adopción de la medida
cautelar no puede ser arbitraria sino razonada, sopesada y proporcionada a la
situación planteada, lo que deberá hacer el juez del conocimiento, en forma
expresa.
En el caso bajo examen, el proceso de
tutela materia de debate, fue fallado en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 6 de abril de 1995,
denegando la tutela, decisión que fue confirmada por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado como consta en la sentencia del 12 de mayo de 1995, y
revisado por esta Corporación por medio de la sentencia cuya nulidad se pide;
en consecuencia, es improcedente la solicitud de suspensión impetrada y así se
declarará.
b. La petición de nulidad.
El artículo 49 del decreto 2067 de 1991,
establece que "Contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede
recurso alguno". Igualmente señala que la nulidad de los procesos
"sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo" y que "sólo
las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de
base para que el Pleno de la Corte anule el proceso", preceptos que, como
reiteradamente lo ha sostenido esta Corporación, rigen tanto los procesos de
tutela como los juicios de constitucionalidad, y se aplican también a las
sentencias, pues si la Sala Plena "tiene el deber de declarar las
nulidades que se presenten en cualquier etapa del proceso, la sentencia es una
de ellas"; además, "nadie podrá sostener lógicamente que la nulidad
de las sentencias por hechos ocurridos en ésta, pudiera alegarse antes de
declararla". [1]
Por otra parte, la Corte se ha pronunciado sobre
las irregularidades que pueden dar lugar a la declaración de nulidad, en estos
términos: "Se trata de nulidades circunscritas de manera expresa a las
violaciones ostensibles y probadas del artículo 29 de la Constitución Política.
Se trata de situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo
pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por
quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas
procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las
previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con
notoria y flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser
significativa y trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe
tener unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda
prosperar."[2]
En el caso que hoy se somete a la
consideración de la Corte, se observa que en la sentencia dictada por la sala
primera de revisión de tutelas, el argumento que sirvió de fundamento para
confirmar la denegación de la tutela, contraría la Constitución, normas legales
de orden penal y lo resuelto por esta Corporación en la sentencia C-472 de
1994, que hizo tránsito a cosa juzgada. Veamos:
De conformidad con las disposiciones que
rigen el proceso penal, existen dos momentos procesales en los que puede
decretarse la preclusión de la investigación: 1) El previsto en el artículo 36
del Código de Procedimiento Penal, cuando se presenta en cualquier etapa de la
instrucción una de las hipótesis allí enunciadas; y 2) Cuando, agotada la
investigación, ocurre el mismo fenómeno.
Dice así el artículo 36 del Código de
Procedimiento Penal: "Preclusión de la investigación y cesación de
procedimiento. En cualquier momento de la investigación en que aparezca
plenamente comprobado que el hecho no ha existido, o que el sindicado no lo ha
cometido, o que la conducta es atípica, o que está plenamente demostrada una
causal excluyente de antijuridicidad o de culpabilidad, o que la actuación no
podía iniciarse o que no puede proseguirse, el fiscal declarará extinguida la
acción penal mediante providencia interlocutoria. El juez, considerando las
mismas causales, declarará la cesación de procedimiento cuando se verifiquen
durante la etapa del juicio".
La resolución de preclusión de la
investigacón que con fundamento en esta disposición se dicte, admite los
recursos de reposición y de apelación y hace tránsito a cosa juzgada, excepto
en el evento de que se haya fundado en que la acción no se podía iniciar por
falta de querella.
Por otra parte, el artículo 439 del Código
de Procedimiento Penal, tal como quedó modificado por el artículo 58 de la ley
81 de 1993, prescribe: "Formas de calificación. El sumario se
calificará profiriendo resolución de acusación o resolución de preclusión de la
instrucción."
La calificación del sumario es una de las
providencias más importantes que se profieren dentro del proceso penal, pues en
ella se evalúan todos los elementos de prueba que se aportaron al mismo durante
la etapa de instrucción, y se analizan las demás circunstancias de hecho y de
derecho para determinar la tipicidad del delito y la responsabilidad del procesado
o procesados.
Al efectuar la calificación el funcionario
competente puede asumir una de estas dos posiciones: una, proferir
"resolución acusatoria" si se reúnen los requisitos contemplados en
el artículo 441 del C.P.P., o dictar "resolución de preclusión de la
instrucción", cuando se presente una de las hipótesis enunciadas en el
artículo 36 del C.P.P.
El funcionario competente, sea cual fuere
la determinación que deba adoptar al efectuar la calificación respectiva,
deberá hacerlo por medio de un auto interlocutorio, contra el cual proceden, en
general, los recursos de reposición y apelación.
Por su parte la Corte Constitucional, al
resolver la demanda presentada contra el artículo 121 del Código de
Procedimiento Penal, modificado por el artículo 17 de la ley 81 de 1993, cuyo
numeral primero, prescribe: "Corresponde al Fiscal General de la Nación:
1. Investigar, calificar y acusar, si a ello hubiere lugar, directamente o por
conducto de sus delegados de la unidad de fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia,
a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional con las excepciones
previstas en la Constitución", resolvió en sentencia C-472 de 1994, lo
siguiente:
"Primero.
Declarar exequible la expresión "calificar" contenida en el numeral
primero del artículo 17 de la ley 81 de 1993".
"Segundo.
Declarar inexequible la expresión "o por conducto de sus
delegados de la unidad de fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia"
contenida en el numeral primero del artículo 17 de la ley 81 de 1993. No obstante,
se advierte que el Fiscal General de la Nación podrá comisionar a los fiscales
delegados ante la Corte Suprema de Justicia para la práctica de todas las
actuaciones procesales distintas a la calificación y a las subsecuentes de
formular acusación o abstenerse de hacerlo".
En razón de lo anotado, advierte la Corte
que la declaración de preclusión de la investigación, cualquiera sea el momento
procesal en que se produzca, bien el contemplado en el artículo 439 C.P.P.
(agotada la investigación) o bien en cualquiera otra etapa de la instrucción
(art. 36 C.P.P.), corresponde hacerla al funcionario competente para calificar
el mérito del proceso, y que en uno y otro caso tal decisión hace tránsito a
cosa juzgada.
La resolución de preclusión en los dos casos
enunciados es de vital importancia, pues en ella se definen aspectos
sustanciales relativos a la existencia del delito y la responsabilidad del
procesado, poniendo fin al proceso. En consecuencia, por tratarse de una
providencia que decide el fondo de la acción no puede ser dictada por
funcionario distinto a aquél que la ley ha establecido para tal fin.
En el caso que se examina, el funcionario
competente para declarar la preclusión de la investigación por atipicidad de la
conducta endilgada a los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de
Bogotá, quienes de acuerdo con lo prescrito en el artículo 235-4 de la
Constitución gozan de fuero, es el Fiscal General de la Nación, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 251 de la Carta y 121-1 del Código de
Procedimiento Penal, y en armonía con ellos, la sentencia C-472/94 proferida
por esta Corporación.
En este orden de ideas, se procederá a
declarar la nulidad de la sentencia T-348/95, pues en ella se incurrió en error
al admitir que un funcionario incompetente, como era el Fiscal Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia, profiriera la resolución de preclusión de la
investigación contra los Magistrados antes citados, decisión que, como ya se ha
expresado, corresponde dictarla al Fiscal General de la Nación.
Por estas razones, la Corte en Pleno
declarará la nulidad solicitada al encontrar que se ha violado el debido
proceso y ordenará que la Sala de Revisión correspondiente, profiera el fallo
que reemplace el anulado.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
R
E S U E L V E :
PRIMERO: Declarar la NULIDAD de la sentencia T-348 de 1995,
proferida por la Sala Primera de Revisión de Tutelas, el 9 de agosto de 1995,
en el proceso T- 71962
SEGUNDO: Comunicar la presente decisión al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y al Consejo de Estado, sección cuarta.
TERCERO: Enviar el expediente a la Sala Cuarta de Revisión de
Tutelas, para que dicte la sentencia que reemplace la anulada.
CUARTO: Notificar personalmente la presente decisión al
peticionario y al Fiscal Delegado contra quien se dirigió la acción de tutela,
haciéndoles saber que contra ella no procede recurso alguno.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ
GALINDO
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Auto Sala Plena julio 26/93 M.P. Jorge Arango Mejía.
[2] Auto Sala Plena junio 22/95. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo. |
484 | T-355-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-355/95
DERECHO A LA
SUSTITUCION PENSIONAL-Fundamental/PENSION
DE SOBREVIVIENTES
Ese derecho, para
los beneficiarios es derecho fundamental por estar contenido dentro de valores
tutelables: el derecho a la vida, a la seguridad social, a la salud, al
trabajo. Es inalienable, inherente y esencial. Y, hay una situación de
indefensión del beneficiario respecto a quien debe pagarle la mesada.
RETROSPECTIVIDAD
EN PENSIONES
Además de
variada, la legislación anterior y posterior a 1988 ha centrado el beneficio en
el cónyuge sobreviviente. Cualquier duda que hubiere debe ser resuelta en favor
del trabajador o del beneficiario, y, de todas maneras, la norma más favorable
debe aplicarse RETROSPECTIVAMENTE.
ACTO
ADMINISTRATIVO-Ejecutoriedad/ACTO
ADMINISTRATIVO-Ejecutividad
La ejecutoriedad
hace referencia a que determinado acto administrativo, cuya finalidad es
producir determinados efectos jurídicos, se presume expedido con base en los
elementos legales para su producción y en consecuencia es obligatorio para el
administrado y la administración, razón por la cual puede ser ejecutado
directamente por la administración, sin necesidad de la intervención de otra
autoridad del Estado. En la doctrina moderna, la ejecutoriedad de manera alguna
puede confundirse con la ejecutividad. La ejecutoriedad es propia de cualquier
acto administrativo, en cuanto significa la condición del acto para que pueda
ser efectuado. La ejecutividad equivale, a la eficacia que tal acto comporta,
principio que no se constituye en una excepción, sino por el contrario es la
regla general de todo acto administrativo.
ACTO ADMINISTRATIVO-Obligatoriedad
Por
obligatoriedad se entiende la necesidad de acatamiento de los efectos jurídicos
que se generan a consecuencia del mismo. Abarca tanto a los terceros como al
propio ente público y a los demás. Esta obligatoriedad, de manera alguna se
restringe en cuanto a su aplicación a los administrados, por el contrario, tal
exigencia se extiende a la administración.
ACTO
ADMINISTRATIVO-Estabilidad/REVOCACION
DE ACTO ADMINISTRATIVO
La estabilidad de
los actos administrativos como carácter básico en su estructura es siempre
elemento a favor del administrado y en consecuencia elemento primordial en
todo proceso de seguridad jurídica, por ello para no tener en cuenta las
reglas señaladas en el artículo 73 del C.C.A, debe la administración distinguir
que la revocación del acto no perjudique al administrado, ni a terceros que
pudieron estar afectos al acto dictado por la administración. La figura de la
revocación, como facultad propia de la administración para dejar sin efectos un
acto administrativo de contenido particular pero que de manera alguna puede
vulnerar derechos subjetivos adquiridos. Debe establecerse desde ya que esta
posibilidad dada a la administración establece determinados limites, por cuanto
debe la administración respetarlos y seguir unas reglas señaladas por el
legislador.
REVOCATORIA DE
ACTO ADMINISTRATIVO/DECRETO REGLAMENTARIO-Inconstitucionalidad e ilegalidad
Si un decreto
reglamentario posterior permite suspender las situaciones jurídicas resultado
de actos administrativos que no fueron debidamente impugnados, tal decreto se
constituye en abiertamente violatorio de los derechos subjetivos, adquiridos
por el administrador. Vemos entonces que la revocación de actos administrativos
por parte de la administración, se constituye, en una verdadera excepción.
EXCEPCION DE
INCONSTITUCIONALIDAD/PRINCIPIO DE EJECUTIVIDAD
La norma
cuestionada permite al I.S.S. suspender una prestación social decretada
legalmente. Pues bién, tal autorización deja SIN EFICACIA un acto
administrativo, en otras palabras, atenta contra el principio de la
ejecutividad. Adicionalmente el mencionado literal queda cuestionado por dos
normas de la actual Constitución: el art. 238 que adscribe en la jurisdicción
de lo Contencioso-administrativo la facultad de suspender provisionalmente los
efectos del acto administrativo (para el caso de esta tutela: el pago de la
pensión) y el art. 83 que consagra el postulado de la buena fé (en el presente
caso, como no cabe la revocatoria directa del acto administrativo porque no hay
expreso y escrito consentimiento del titular, entonces, el literal b- del art.
42 del Decreto 2665/88, eludió tal situación y le quitó los efectos, siendo
esto un ejemplo de ausencia de buena fé). Por estas razones hay que concluir
que dicho literal es inconstitucional.
COSA JUZGADA
ADMINISTRATIVA/PENSION DE SOBREVIVIENTE-Suspensión ilegal por el ISS
Existe la
protección a la cosa juzgada administrativa, en cuanto favorece al
administrado. Para el caso concreto, la cosa juzgada administrativa se predica
del acto adminstrativo que concedió la pensión. Y el acto posterior (suspensión
de la pensión), hecho extemporáneamente, no tiene la fuerza suficiente para
sostener la opinión de que adquirió la presunción de legalidad, porque la
suspensión se ampara en una norma ilegal e inconstitucional. Por consiguiente,
no es justo que en 1995, veinte años después de decretada una sustitución
pensional, venga a tomarse la decisión unilateral de suspenderla con la
disculpa, muy discutible, de que en 1973, el cónyuge supérstite no tenía
derecho a ella y con invocación de un decreto reglamentario al cual se le
aplican las excepciones de inconstitucionalidad y de legalidad; y con el
desconocimiento de los principios, caracteres y consecuencias de todo acto
administrativo. La determinación del I.S.S. al suspender la pensión de
sobrevivientes, no sólo es susceptible de demanda ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, sino de tutela y ocasiona un perjuicio
irremediable.
PERJUICIO
IRREMEDIABLE POR SUSPENSION DE PENSION
Suspender una
pensión disfrutada desde hace muchísimos año por un anciano ocasiona un
perjuicio grave e irremediable que implica medida urgente y que torna a la
medida en impostergable si se trata de una persona que ha superado el promedio
de vida probable de los colombianos.
ACCION DE TUTELA
TRANSITORIA A FAVOR DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD
El Juez de tutela
debe ponderar que en el caso concreto no había discrecionalidad para suspender
la pensión (que en el fondo es una revocatoria de la pensión decretada) y al
tomarse tal medida se violaron derechos fundamentales. Como esto ocurrió, el
perjudicado puede instaurar acción contencioso-administrativa, pero, dada su
avanzada edad que un momento dado convertiría en ineficaz una lejana sentencia,
entonces la tutela sería viable como mecanismo transitorio puesto que se ha
ocasionado un perjuicio irremediable a una persona de la tercera edad. Pero, el
presente fallo puede ir más allá y conceder la tutela de manera definitiva,
como ocurrió en la citada sentencia 189/95, esto es porque se ha invocado en el
presente fallo la excepción de inconstitucionalidad del literal b- del art. 42
del Decreto 2665 de 1988, lo cual implica también la excepción de
inconstitucionalidad para la Resolución que suspendió la pensión, invocando tal
decreto reglamentario.
REF: EXPEDIENTE
T-65198
Peticionario:
Carlos Alfonso Adams Ordoñez
Procedencia:
Juzgado 50 Civil Municipal de Santafé de Bogotá.
Temas:
-Cuándo la pensión
de sobrevivientes es derecho fundamental.
-Límites a la
acción de lesividad y a la revocatoria directa de actos administrativos
(Derechos subjetivos consolidados).
-Ejecutoriedad,
Ejecutividad, Eficacia y Estabilidad del acto administrativo.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá
D.C., (9) nueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro
Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro
Naranjo Mesa.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
tutela identificado con el número de radicación T-65198 adelantado por Carlos
Alfonso Adams Ordoñez, mediante apoderado, contra el Instituto de Seguros
Sociales.
I. ANTECEDENTES
Con base en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la
Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para
efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
1. Solicitud.
El I.S.S., por
resolución 09756 de 14 de diciembre de 1973 concedió pensión de sobreviviente,
con mesada de $660,oo mensuales, a Carlos Alfonso Adams Ordoñez, en calidad de
cónyuge supérstite de la asegurada fallecida Ana Dueñas de Adams.
Al señor Adams se le
venía pagando cumplidamente su pensión hasta cuando, por Resolución 01049 de 23
de febrero de 1994, se le suspendió argumentándose que en 1973 el cónyuge
varón no podía ser beneficiario de la pensión de su esposa y ello
implicaría, según el artículo 42 del Decreto 2665 de 1988 la suspensión de la
prestación.
Interpuso reposición
y apelación contra la Resolución 01049 de 1994 que le suspendió la pensión; no
prosperó la reposición el 11 de octubre de 1994 (Resolución 07027) y no aparece
en el expediente elemento de juicio que permita pensarse que la apelación ya
hubiere sido resuelta.
El solicitante
afirma encontrarse en limitado estado de salud, no contar con otro medio de
subsistencia y tener en la actualidad 74 años.
2. Decisión de primera instancia.
La Juez 50 Civil
Municipal de Santafé de Bogotá, en sentencia de 25 de noviembre de 1994, luego
de un prolijo análisis, declara improcedente la acción. Finaliza con esta
apreciación:
"....
debemos concretar que el fundamento que trae a colación el accionante basado en
el art.73 del Código Contencioso Administrativo, no puede ser de recibo en este
caso específico por cuanto aquí la decisión tomada por el Instituto de Seguros
Sociales Nivel Nacional y en la que ordenó suspender la prestación conferida a
CARLOS ALFONSO ADAMS es un acto administrativo que goza de la presunción de
legalidad, y de otra parte no es una simple comunicación, la que sí no tendría
ningún otro mecanismo de defensa judicial."
3. Decisión de
segunda instancia.
Impugnado como fue
el fallo del Juzgado 50 Civil Municipal de esta ciudad, el ad-quem (Juzgado 19
Civil del Circuito de Santafé de Bogotá), en sentencia de 9 de febrero de 1995
confirmó con la tesis de que "la parte interesada cuenta con la acción
contenciosa y adicionalmente puede hacer uso de la suspensión provisional del
acto agraviante" y que, según el Decreto 306 de 1992 no hay perjuicio irremediable
"cuando la solución al asunto planteado se concreta al restablecimiento
del derecho".
II. FUNDAMENTOS
JURIDICOS.
A. Competencia.
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para conocer de esta revisión
dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos
86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se
hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala
correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el
Reglamento de esta Corporación.
B. Temas
jurídicos a tratar.
Se ratificarán estas
jurisprudencias de la Corte Constitucional: la pensión como derecho subjetivo,
la caracterización del perjuicio irremediable, la avanzada edad como factor
para tener en cuenta en la tutela como mecanismo transitorio; y se profundizará
respecto a este tema: se estudiará la vigencia del literal b-, artículo 42 del
decreto 2665 de 1988, frente a la Constitución y la ley, teniendo en cuenta la
evolución del derecho administrativo desde la regla de la revocabilidad a la
institución de la cosa juzgada administrativa, y la oportunidad que tienen las
entidades públicas para demandar la nulidad y el restablecimiento del derecho
(acción de lesividad).
1. La pensión es
un derecho subjetivo.
Primero hay que
señalar la naturaleza de las pensiones, en general.
En reciente
sentencia de esta Sala[1]
se dijo:
La pensión,
cuando ha adquirido la condición de situación jurídica concreta, merece la
especial protección ya señalada por esta Sala de Revisión al estudiar la
transformación jurisprudencial que a partir de 1946 se dió al tema de las
pensiones. Hizo la Corte Constitucional, en la sentencia aludida (T-456/94,
M.P. Alejandro Martínez Caballero) un recuento histórico desde cuando la
pensión se consideraba como una GRACIA o RECOMPENSA GRATUITA[2]. Dice la Corte Constitucional:
"Con estas
actitudes, nadie se atrevía a plantear en aquél entonces que se considerara a
las pensiones como derecho adquirido[3]. Se necesitó que el Consejo de Estado
principiara a darle un nuevo enfoque a la liquidación de las pensiones para que
lo que había sido salvamento de voto en 1915 se convirtiera en doctrina
mayoritaria de la Corte Suprema en 1946.
La inicial tesis
de la Corte Suprema fue variada radicalmente el 28 de febrero de 1946, por
sentencia del doctor ANIBAL CARDOSO GAITAN, cuando se declaró inexequible el
artículo 9 del Decreto de 1932. Dijo la Corte Suprema:
"El régimen
jurídico de la pensión de retiro, como el del sueldo, depende de la naturaleza
jurídica de la pensión. en tanto que las condiciones legales no se han llenado
(pensión eventual) el agente público se halla en una situación legal y
reglamentaria; cuando las condiciones legales se han llenado, aquél se
encuentra en una situación jurídica individual"[4]
Para llegar a
estas conclusiones, la sentencia considera al sueldo y a la prestación como
"ventajas personales" y les da como respaldo constitucional el
respeto que se debe tener a los derechos adquiridos "con arreglo a las
leyes civiles" (artículo 10 del Acto Legislativo # 1 de 1936).
Este viraje,
expresado en una decisión que estableció inconstitucional el tope máximo para
pensiones, fijaba además estos criterios:
"Desde que
un agente público ha llenado las condiciones preestablecidas y se ha producido
por los medios legales el reconocimiento de una pensión en su favor, tiene el
status que corresponde a una pensión adquirida. El derecho del agente público
es entonces irrevocable en el sentido de que las condiciones, las bases de la
liquidación, las tarifas que resultan de los textos legislativos en vigor en
tal momento, no podrían ser modificados en detrimento suyo".[5]
En 1961 reitera
la Corte Suprema, en sentencia de constitucionalidad, que las pensiones son
derechos personales de los beneficiarios y créditos contra la entidad que la
concede[6] y, tanto el antiguo Tribunal Supremo del
Trabajo como luego la Sala de Casación Laboral de la Corte, ya no ponen en duda
que cuando el pensionado adquiere una situación jurídica concreta no puede
menoscabársele.
Esto se acerca
mucho a la interpretación de la Carta del 1991 que permite afirmar que las
prestaciones sociales adquiridas son derechos subjetivos, patrimoniales.
La Nueva
Constitución se expidió precisamente con el fin de asegurar el trabajo dentro
de un marco económico y social justo (Preámbulo de la Carta), caracterizándose
al Estado como social de derecho, fundado entre otras cosa en el respeto al
trabajo (artículo 1º), teniendo como uno de sus fines esenciales la efectividad
de los derechos dentro de los cuales está la remuneración, el reajuste y el
pago oportuno de la pensión (artículos 53, 46 y 48).
No hay la menor
duda de que salario y prestaciones son protegidos constitucionalmente. Es más,
el constitucionalismo del 91 no se limita a promulgar los derechos, a dejarlos
escritos, sino a protegerlos realmente.
"Ahora bien,
en derecho público como en derecho privado, la efectividad de las obligaciones
sólo se logra si existen los mecanismos judiciales necesarios para que los
individuos puedan existir tales conductas por parte del Estado. De lo contrario
el derecho se convierte en una mera proclamación de propósitos que nadie asume
como propios. En el caso de los derechos constitucionales fundamentales se ha
establecido la tutela con el fin de hacer efectivos los derechos de manera
pronta y adecuada. La acción de tutela es la respuesta instrumental al
propósito del constitucionalismo contemporáneo, según el cual las personas
deben gozar efectivamente de sus derechos fundamentales"[7]
El criterio para
saber cómo se protege este derecho fundamental, ha sido fijado en varias
sentencias de la Corte Constitucional, por ello, viene al caso hacer esta
referencia:
"Esta
Corporación estima que las conductas omisivas de las entidades encargadas de la
seguridad social (Caja Nacional de Previsión Social, Instituto de los Seguros
Sociales) en atender y cumplir debida y prontamente con sus obligaciones frente
a los pensionados atenta contra el principio fundamental que rige nuestro
Estado social de derecho y que constituye uno de sus fines esenciales,
consistente en la eficacia real y no formal de los derechos fundamentales de
los asociados.
En efecto, el
simple reconocimiento de las pensiones no implica que el derecho haya sido
satisfecho en debida forma. Para ello es indispensable en aras de darle
eficacia material, que efectivamente al pensionado se le cancelen cumplidamente
las mesadas futuras y atrasadas, y que se le reconozca en aquellos casos que
así se solicite, obviamente si se dan los presupuestos legales, la
reliquidación o reajuste de la pensión a que tiene derecho. Obligación que debe
hacerse efectiva dentro de los términos legales previstos para ello, en aras a
no afectar ni desmejorar los derechos ni la calidad de vida de los
pensionados."[8]
2. Cuándo la
sustitución pensional es derecho fundamental.
Vista la importancia
del mantenimiento y pago de las mesadas pensionales a fin de garantizar la
calidad de vida de los pensionados, se entrará a estudiar el caso concreto de
la sustitución pensional (pensión de sobrevivientes).
En sentencia T-292
de 5 de julio de 1995[9]
se precisó:
"Para la
Corte es necesario reiterar que la pensión de invalidez y su equivalente, la
sustitución pensional, son medidas de justicia social a favor de personas que
se encuentran en situaciones de involuntaria e insufrible necesidad o, que por
circunstacias de debilidad manifiesta, de carácter económico, físico o mental,
requieren un tratamiento diferencial positivo o protector, con el fin de
recibir un trato digno e igualitario en la comunidad (inciso 2 y 3 del artículo
13 C.N.)."
Y, en la misma
providencia, se trata el tema del respeto a los derechos subjetivos reconocidos
a través de un acto administrativo. Dijo la Corte dentro de un caso en el cual
la tutela prosperó:
"Razones de
seguridad jurídica y de respeto a los derechos adquiridos o de las situaciones
jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona,
como también la presunción de legalidad de las decisiones administrativas en
firme, avalan el principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos
subjetivos reconocidos por la administración a través de un acto administrativo.
Es cierto que
según el inciso 2º del art. 73 en referencia, es posible la revocación de los
actos administrativos de contenido subjetivo o particular y concreto, cuando
resulten del silencio positivo, si se dan las causales previstas en el art. 69,
o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales, pero esta norma
debe ser entendida en el sentido de que hace alusión exclusivamente al llamado
acto presunto, producto del silencio administrativo positivo, que ha reconocido
una situación jurídica particular o un derecho subjetivo a una persona.
Dicho de otra
manera, los actos administrativos expresos expedidos por la administración que
reconocen un derecho subjetivo no son revocables por ésta sino en los términos
ya indicados (art. 73, inciso 1 del C.C.A.). en tal virtud, cuando la
administración observe que un acto de esta naturaleza es contrario a la
Constitución o a la ley, debe proceder a demandar su propio acto ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo (art. 149 inciso 1º del C.C.A.),
pero no podrá revocarlo directamente, pues con ello lesiona derechos de los
administrados y se atenta contra la seguridad jurídica de los ciudadanos."[10]
Y, concretamente
sobre el caso de pensión de sobrevivientes, esta Sala Séptima, ya había
indicado:
“Este derecho es
cierto e indiscutible, irrenunciable; la transmisión en el sector privado fue
reglada por la Ley 33 de 1973 artículo 1º. Teniendo como antecedentes el Código
Sustantivo del Trabajo art. 275, Ley 171 de 1961 art. 12, Ley 5º de 1969 art.
1º, Decreto 435 de 1971 art. 15 y la Ley 10 de 1972 art. 10. En la Ley 100 de
1993 a esta situación se le da el calificativo de PENSION DE SOBREVIVIENTES
(artículo 46 a 49). Se ratifica que a ella tiene derecho en forma vitalicia el
cónyuge supérstite y se aclara que además son beneficiarios los hijos menores
de 18 años y hasta los 25 siempre que estén incapacitados para trabajar por
razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de
su muerte, y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante y
mientras subsistan las condiciones de invalidez (art. 47-b)
Ese derecho, para
los beneficiarios es derecho fundamental por estar contenido dentro de valores
tutelables: el derecho a la vida, a la seguridad social, a la salud, al
trabajo. Es inalienable, inherente y esencial. Y, hay una situación de
indefensión del beneficiario respecto a quien debe pagarle la mesada.
La suspensión de
hecho, por parte del patrono, del pago de las mesadas, no significa la pérdida del
derecho, ni la caducidad de la acción, esa suspensión solamente influye en la
prescripción trienal de la mesada.
Mientras no
exista una decisión judicial, no puede el patrono eludir ni retener la Pensión
de Sobreviviente. Y si lo hace, su ilicitud no puede ser causal de la
extinción del derecho."[11]
3.
Retrospectividad laboral.
En el caso presente
se suspendió la pensión del actor con base en el Decreto 2665 de 1988. Es
necesario, entonces, ver los antecedentes de la norma, analizar la validez de
ella y cotejarla también con la legislación posterior.
Ha sido extensa y
variada la legislación sobre este tema de la sustitución de pensión al cónyuge.
Antes de 1988 existía esta legislación:
- Ley 90 de 1946,
artículo 59: establece la pensión vitalicia mensual a la viuda, sea o no
inválida y al viudo inválido.
-Ley 171 de 1961,
artículo 12: la establece para el CONYUGE durante los dos años subsiguientes al
fallecimiento del empleado jubilado o con derecho a jubilación.
-Decreto 3041 de
1966: aprueba el Reglamento del Seguro Social Obligatorio y en su art. 21 habla
de la pensión a favor del CONYUGE SOBREVIVIENTE.
-Ley 5ª de 1969
artículo 1º: habla del CONYUGE y ratifica los 2 años de pensión, pero continúa
hablando de “empleado”.
-Decreto 433 de
1971: expresamente deroga (art. 67) la Ley 90 de 1946.
-Decreto 435 de
1971, artículo 15: ya habla de TRABAJADOR PARTICULAR y de SU CONYUGE y amplía a
CINCO AÑOS.
-Ley 10 de 1972,
artículo 10: modifica el anterior en el sentido de que para quienes llevaban
dos años de sustitución la prórroga sería hasta completar los cinco.
-Ley 3 de 1973: Esta
norma es para trabajadores particulares y para trabajadores oficiales y
transforma en vitalicias las pensiones de LAS VIUDAS.
-Ley 12 de 1975:
habla de EL CONYUGE SUPERSTITE si el trabajador fallece antes de cumplir la
edad cronológica, pero con tiempo de servicio.
-Ley 4ª de 1976:
extiende al beneficiario los servicios médicos, odontológicos, etc.
-Ley 44 de 1980:
facilita el procedimiento de traspaso y pago aportuno de las sustituciones
pensionales.
-Ley 113 de 1985:
define quién es cónyuge supérstite: “esposo o esposa de la persona fallecida”.
-Ley 71 de 1988:
extiende las previsiones de la sustitución pensional y precisa que las normas
legales apenas contienen los derechos mínimos.
En 1988 se expidió:
- Decreto 2665 de
1988, artículo 42, literal b:
permite suspender las prestaciones económicas y de salud, por parte del I.S.S.,
“cuando se compruebe que conforme a los Reglamentos del seguro, no se tenía
derecho a ellas”[12].
Se trata de una norma que suspende los efectos de un acto administrativo
proferido con anterioridad y curiosamente incluida dentro de un decreto que
expresamente dice en su artículo 103 que se aplicará analógicamente el Código
Contecioso Adminsitrativo.
Con posterioridad al
Decreto 2665 de 1988 fue expedida la Ley 100 de 1993 (arts. 46 a 49): reafirma
que se concede en forma vitalicia al "cónyuge supérstite,” la pensión de
sobrevivientes.
Además de variada, la
legislación anterior y posterior a 1988 ha centrado el beneficio en el cónyuge
sobreviviente. Cualquier duda que hubiere debe ser resuelta en favor del
trabajador o del beneficiario, y, de todas maneras, la norma más favorable debe
aplicarse RETROSPECTIVAMENTE.
4.1.
EJECUTIVIDAD, OBLIGATORIEDAD Y EFICACIA DEL ACTO ADMNISTRATIVO
Conviene establecer
con meridiana claridad el significado que comporta el valor de Eficacia,
Obligatoriedad, Ejecutoriedad, Ejecutividad y Estabilidad del acto
administrativo. La ESTABILIDAD constituye un CARACTER del acto administrativo,[13] o un PRINCIPIO del
mismo.[14]
Si la Administración expide una Resolución concediendo una sustitución de
pensión, tal Acto administrativo adquiere estabilidad y por lo tanto ingresa al
mundo jurídico. Otro carácter con categoría de principio, según CASSAGNE es la
EJECUTORIEDAD; explica este tratadista:
"Como un
principio consubstancial al ejercicio de la función administrativa se halla la
ejecutoriedad del acto administrativo, que consiste en la facultad de los
órganos estatales que ejercen dicha función administrativa para disponer la
realización o cumplimiento del acto sin intervención judicial, dentro de los
límites impuestos por el ordenamiento jurídico".[15]
Marienhoff dice:
"La ejecutoriedad del acto administrativo significa que, por principio, la
Administración misma y con sus propios medios lo hace efectivo, poniéndole en
práctica."[16]
O sea: si se profiere una Resolución decretando una pensión la misma entidad
que profirió el acto administrativo debe ponerlo en práctica y unilateralmente
no puede quitar o suspender los efectos.
4.2. Esta
diferencia trae consecuencias de suma importancia en el campo de la certeza
jurídica propia de todo Estado de Derecho. Pero antes es necesario indicar que
en la teoría administrativa se diferencian la ejecutoriedad de la ejecutividad:
"En nuestra
opinión la ejecutoriedad y la ejecutividad actúan en dos planos distintos: la
primera hace a las facultades que tiene la Administración para el cumplimiento
del acto administrativo, sin intervención judicial, utilizando excepcionalmente
la coacción; la ejecutividad en cambio se refiere al título del acto en el
plano procesal, siendo ejecutivo -conforme a todo nuestro ordenamiento
jurídico procesal- aquel acto que, dictado con todos los recaudos que
prescriben las normas legales, otorguen el derecho procesal de utilizar el
proceso de ejecución. El título ejecutivo del acto administrativo, no es
pues en nuestro país la regla o el principio, sino la excepción y debe hallarse
fundado en norma legal. Por otra parte, a diferencia del derecho
privado, donde la creación del título ejecutivo proviene dl obligado, la
Administración Pública (cuando la norma legal la autoriza) es quien crea
unilateralmente el título ejecutivo, siendo éste el rasgo fundamental que
caracteriza la ejecutividad del acto administrativo."[17]
La ejecutoriedad
hace referencia a que determinado acto administrativo, cuya finalidad es
producir determinados efectos jurídicos, se presume expedido con base en los
elementos legales para su producción y en consecuencia es obligatorio para el
administrado y la administración, razón por la cual puede ser ejecutado
directamente por la administración, sin necesidad de la intervención de otra
autoridad del Estado.
En la doctrina
moderna, la ejecutoriedad de manera alguna puede confundirse con la
ejecutividad. La ejecutoriedad es propia de cualquier acto administrativo, en
cuanto significa la condición del acto para que pueda ser efectuado. La ejecutividad
equivale, a la eficacia que tal acto comporta, principio que no se constituye
en una excepción, sino por el contrario es la regla general de todo acto
administrativo, según García Trevijano. Constituyendose entonces en real y
efectiva aplicación del contenido del mismo sin que se difiera su
cumplimiento.
“Este carácter de
exigibilidad proviene del cumplimiento de todos los requisitos que hacen a la
existencia del acto. Es distinto a la ejecutoriedad del acto, la cual determina
que la administración, aplique el orden jurídico y ejecute por si misma el
acto, con la posibilidad de acudir a diversas medidas de coerción para asegurar
su cumplimiento.”[18]
4.3. En algunas
ocasiones se ha confundido el significado de tales expresiones, pero es claro
que la doctrina distingue la obligatoriedad de la efectividad que el
acto administrativo produce. Diferenciación tambien establecida en el Código
Contencioso Administrativo señalado en los artículos 48, 64, 65, y 66.
La obligatoriedad se
constituye en elemento intermedio entre la ejecutoriedad y la ejecutividad
del acto administrativo.
La obligatoriedad
como carácter presente en la formación de todo acto administrativo, se presenta
como elemento fundamental (retomada por el tratadista García Trevijano) en
relación a lo que Laband denominó “la obligatoriedad del acto en sentido
verdadero, es decir , en el negocio jurídico de Derecho público”.[19]
Por obligatoriedad
se entiende la necesidad de acatamiento de los efectos jurídicos que se generan
a consecuencia del mismo. Abarca tanto a los terceros como al propio ente
público y a los demás. Esta obligatoriedad, de manera alguna se restringe en
cuanto a su aplicación a los administrados, por el contrario, tal exigencia se
extiende a la administración. En tal sentido debe comprenderse el principio
antes citado.
4.4. Visto lo
anterior, se pasa a analizar los elementos que afectan el acto administrativo.
La estabilidad de
los actos administrativos como carácter básico en su estructura es siempre
elemento a favor del administrado y en consecuencia elemento primordial en
todo proceso de seguridad jurídica, por ello para no tener en cuenta las
reglas señaladas en el artículo 73 del C.C.A, debe la administración distinguir
que la revocación del acto no perjudique al administrado, ni a terceros que
pudieron estar afectos al acto dictado por la administración.
Revisemos para los
efectos del presente análisis la figura de la revocación, como facultad propia
de la administración para dejar sin efectos un acto administrativo de contenido
particular pero que de manera alguna puede vulnerar derechos subjetivos
adquiridos. Debe establecerse desde ya que esta posibilidad dada a la
administración establece determinados limites, por cuanto debe la
administración respetarlos y seguir unas reglas señaladas por el legislador.
Cabe recordar que
expresamente el artículo 73 de C.C.A establece que “Cuando un acto
administrativo haya creado o modificado una situación jurídica particular y
concreta o reconocido un derecho de igual categoría, no podra ser revocado sin
el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular”. Como vemos se
trata de una renuncia por parte del administrado, que se constituye en
una clara declinación por parte del interesado de los derechos que el acto le
confiere. Es clara esta disposición y en consecuencia resulta violatorio de
toda la normatividad pretender desconocer lo que allí la norma prescribe.
En el estudio del
artículo 73 del C.C.A., el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 6
de mayo de 1992 expresó:
"De manera
pues, que si para lograr la expedición de un acto administrativo que reconoce
un derecho individual se ha hecho uso de medios ilegales, el derecho no es
digno de protección y en ese caso opera el mandato contenido en el artículo 69
del C.C.A., según el cual "Los actos administrativos deberán ser revocados
por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos
superiores..." porque indudablemente se da la primera de las causales que
dan lugar a la revocatoria directa. A juicio de la Sala, esta interpretación
consulta los principios constitucionales y además constituye una especie de
sanción para quienes recurren a medios ilegales para obtener derechos.
Obviamente sólo
en el caso de los actos provenientes del silencio adminsitrativo positivo,
cuando se dan las causales contempladas en el artículo 69 del C.C.A. y cuando
el titular del derecho se ha valido de medios ilegales para obtener el acto,
puede revocarse directamente sin su consentimiento expreso y escrito; no cabe
este proceder, cuando la administración simplemente ha incurrido en error de
hecho o de derecho, sin que tenga en ello participación el titular del derecho.
En ese caso, estará obligada a demandar su propio acto ante la imposibilidad de
obtener el consentimiento del particular para revocarlo."
4.5. Resulta
procedente entonces señalar que si un decreto reglamentario posterior permite
suspender las situaciones jurídicas resultado de actos administrativos que no
fueron debidamente impugnados, tal decreto se constituye en abiertamente
violatorio de los derechos subjetivos, adquiridos por el administrador. Vemos
entonces que la revocación de actos administrativos por parte de la
administración, se constituye en términos de Marienhoff, en una verdadera
excepción.
"La
revocabilidad del acto administrativo no puede ser inherente a su esencia, ni
puede constituir el "principio en esta materia. La revocación del acto
administrativo es una medida excepcional, verdaderamente anormal. En suma, la
estabilidad de los derechos es una de las principales garantías del orden
jurídico, a tal punto que puede incluso sentarse un principio general en tal
sentido, que sólo podría ser objeto de excepción en casos concretos y ante
norma expresa[20]".
Ha dicho nuestro
más alto Tribunal en este sentido:
"Que no
existe ningún precepto de la ley que declare inestables, revisables, revocables
o anulables los actos administrativos de cualquier naturaleza y en cualquier
tiempo, dejando los derechos nacidos o, consolidados a su amparo a merced del
arbitrio o del diferente criterio de las autoridades"[21]
Conviene aclarar
que la estabilidad del acto creador de derechos alcanza a toda la
administración en el doble sentido de que el acto administrativo de cualquier
órgano o ente administrativo pueda ser "cosa juzgada administrada",
sea un ente autárquico, empresa del Estado, y de que en la medida en que se ha
producido la estabilidad, el acto no puede ser revocado por el mismo órgano que
lo dictó por un órgano administrativo superior; en otras palabras, que la
limitación a la facultad de revocar, modicar o sustituir un acto no sólo al
órgano o ente emisor del mismo, sino a toda la administración.[22]
Esta apreciación
tiene importancia para el caso que motiva esta tutela. En efecto, la norma
cuestionada (literal b- del art. 42 del Decreto 2665/88) permite al I.S.S. suspender
una prestación social decretada legalmente. Pues bién, tal autorización deja
SIN EFICACIA un acto administrativo, en otras palabras, atenta contra el
principio de la ejecutividad. Adicionalmente el mencionado literal queda
cuestionado por dos normas de la actual Constitución: el art. 238 que adscribe
en la jurisdicción de lo Contencioso-administrativo la facultad de suspender
provisionalmente los efectos del acto administrativo (para el caso de esta
tutela: el pago de la pensión) y el art. 83 que consagra el postulado de la
buena fé (en el presente caso, como no cabe la revocatoria directa del acto administrativo
porque no hay expreso y escrito consentimiento del titular, entonces, el
literal b- del art. 42 del Decreto 2665/88, eludió tal situación y le quitó los
efectos, siendo esto un ejemplo de ausencia de buena fé). Por estas razones hay
que concluir que dicho literal es inconstitucional.
4.6. Se dirá que hay
la posibilidad de que el Estado y las entidades públicas demanden sus propios
actos, esto se denomina "acción de lesividad[23]".
Esta acción es una
figura que, al igual que la revocación, limita la estabilidad propia de todo
acto administrativo, por lo tanto debe sujetarse a precisos parámetros
señalados por el legislador.
Por ello, esta
acción tiene una caducidad de dos años. Se afirma lo anterior porque desde 1984
el Decreto 01 que modificó el Código Contencioso Administrativo (expedido con
fundamento en facultades extraordinarias) estableció que tratándose de la
acción de restablecimiento del derecho, (la única que se predica de "situaciones
individuales y concretas"), si el demandante es una entidad pública, la
caducidad "será de dos años" (disposición repetida en el Decreto 2304
de 1989, art. 23). Y, el artículo 73 (también vigente hoy) es riguroso.
Disposición que venía desde el Decreto 2733 de 1959.[24]
Quiere decir lo
anterior que si transcurrió el año de 1986 (2 años después del Decreto 01 de
1984) y no se demandó por la Entidad pública, la acción caducó y NO podía
después efectuarse la revocatoria directa sin el consentimiento expreso del
titular. Y si un decreto reglamentario posterior permite desconocer las
situaciones jurídicas concretas que resultaron de actos administrativos que no
fueron oportunamente impugnados, tal decreto es violatorio de derechos
adquiridos y por lo tanto sería inconstitucional e ilegal.
Es decir, es
restringida y sujeta a caducidad la posibilidad de dejar sin efectos un acto de
la administración que establece situaciones jurídicas de carácter particular y
concreto, y esta facultad excepcional le corresponde a la jurisdicción
contencioso administrativa.
4.7. Además, existe
la protección a la cosa juzgada administrativa, en cuanto favorece al
administrado. Este aspecto lo desarrolla CASSAGNE, así:
"Hace mucho
-aproximadamente hasta la segunda mitad de este siglo- se sostenía la
existencia de un principio que caracterízaba al acto administrativo y lo
tornaba diferente del acto del derecho privado: la regla de la
revocabilidad. Tal principio es contemporáneo a la construcción de la
teoría del acto administrativo como acto exclusivamente unilateral, donde al
caracterizarlo como producto de un solo sujeto estatal dotado de prerrogativas
de poder público, el mismo podía revocar el acto sin necesidad de obtener la conformidad
del administrado. De esta manera, a diferencia de los actos de derecho
privado -que eran en principio irrevocables como regla general puesto que la
existencia de los contratos hacía imposible la aceptación del dogma de la
revocabilidad- un sector de la doctrina ha sostenido que éste era de la esencia
del acto administrativo.
Sin embargo, como
reacción contra el absolutismo que entrañaba la tesis del acto unilateral
esencialmente revocable, surgió una suerte de protección contra la posibilidad
de extinguir ciertos actos en la Administración Pública, dando origen a la
institución de la denominada "cosa juzgada administrativa", a
pesar, a pesar de que su régimen no fuera enteramente similar al de la cosa
juzgada judicial.
En efecto, la
cosa juzgada administrativa se distingue de la cosa juzgada judicial por dos
aspectos esenciales: a) se trata de una inmutabilidad estrictamente formal -no
material- en el sentido de que nada impide que el acto que tiene estabilidad
en sede administrativa sea después extinguido por el órgano judicial; y b)
porque siempre se admite la revocación favorable al administrado.
Pero lo cierto es
que por influencia especialmente de los teóricos alemanes la tesis de la
"cosa juzgada administrativa" fue ganando adeptos sin que se
advirtieran mayormente las transformaciones que se operaban en forma
contemporánea en el campo del derecho administrativo".[25]
En la doctrina
moderna, ha sido superado el concepto de Bielsa quien sostenía que "el
acto administrativo es, por principio general, revocable" y hoy se admite
la inmutabilidad formal que implica que la revocabilidad sólo procede en circunstancias
de excepción y no procede cuando viola leyes superiores, como ya ha quedado
explicado.
Para el caso
concreto, la cosa juzgada administrativa se predica del acto adminstrativo que
concedió la pensión. Y el acto posterior (suspensión de la pensión), hecho
extemporáneamente, no tiene la fuerza suficiente para sostener la opinión de
que adquirió la presunción de legalidad, porque la suspensión se ampara en una
norma ilegal e inconstitucional, según se dijo antes y se corrobora a
continuación.
4.8. El Decreto 2665
de 1988, es un DECRETO REGLAMENTARIO, expedido con invocación del numeral 3º
del artículo 120 de la antigua Constitución. Este Decreto reglamentario,
permitió la suspensión de las prestaciones sociales y de salud concretas cuando
violaran el reglamento del I.S.S.
Si el Decreto 2665
de 1988 se expidió con fundamento en el artículo 120 numeral 3º de la
anterior Constitución, ha debido respetarse lo dicho allí: que el decreto busca
"la cumplida ejecución de la leyes". Pues bién, no se ajustó a la ley
porque pasó por alto las normas del Código Contencioso Administrativo antes
señaladas. Con mayor razón es inconstitucional hoy porque viola los artículos
1º, 2º, 58, 123 de la Constitución Política. Los artículos 2º y 58 porque las
autoridades de la República deben proteger los "bienes" (dentro de
ellos están las pensiones) y garantizar "los derechos adquiridos"
(una resolución que otorga una pensión crea un derecho). El 123 por cuanto los
servidores públicos "ejercerán sus funciones en la forma prevista por la
Constitución, ley y el reglamento" y ocurre que el literal b- del artículo
42 del Decreto en mención consagró una suspensión que violaba normas del Código
Contencioso. Y, por último, se desconoce el artículo 1º de la Carta que consagra
el Estado Social de Derecho.
Por consiguiente, no
es justo que en 1995, veinte años después de decretada una sustitución
pensional[26],
venga a tomarse la decisión unilateral de suspenderla con la disculpa, muy
discutible, de que en 1973, el cónyuge supérstite no tenía derecho a ella y con
invocación de un decreto reglamentario al cual se le aplican las excepciones de
inconstitucionalidad (art. 4º C.P.) y de legalidad; y con el desconocimiento de
los principios, caracteres y consecuencias de todo acto administrativo.
La determinación del
I.S.S. al suspender la pensión de sobrevivientes, no sólo es susceptible de
demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sino de tutela y
ocasiona un perjuicio irremediable. Como esto último no fue bién comprendido
por el ad-quem, se requiere repetir lo ya dicho por la Corporación en numerosos
casos.
5. Perjuicio
irremediable.
“El Juez de
tutela evaluará la situación, en cada caso concreto, para prevenir un
perjuicio irremediable, convergiendo así el derecho y la realidad.
"Ha señalado
en reiteradas oportunidades esta Corporación, que para la procedencia de la
tutela como mecanismo transitorio, es indispensable que exista con certeza la
posibilidad de que se produzca el perjuicio, para lo cual el fallo de tutela se
presenta en este caso, como el medio idóneo de protección inmediata y
transitoria de los derechos fundamentales del afectado, mientras el juez
competente se pronuncia de manera definitiva"[27]
El criterio del
juzgador tendra en cuenta que:
"... será
necesario evaluar si los hechos que se ponen en como en conocimiento de la
autoridad judicial son inminentes y graves, frente a lo cual resultaría
necesario adoptar una solución en forma urgente e impostergamble. Debe en este
punto establecer esta Sala de Revisión, que no todo perjuicio que de por sí
acarrea un menoscabo físico, psíquico o patrimonial puede calificarse como
irremediable. Diariamente los asociados se enfrentan a situaciones que pueden
resultar perturbadoras, inquietantes, e incluso alarmantes, pero que no
ameritan, a través de la acción de tutela, todo el dezplazamiento inmediato del
aparato judicial para remedair el problema; es decir, se trata de
circunstancias que no reúnen los elementos del "perjuicio
irremediable" definidos anteriormente, y, que, por tanto, pueden ser
solucionadas mediante el uso de las acciones ordinarias ante las jurisdicciones
competentes".[28]
La sentencia que
precisa los elementos del perjuicio irremediable es la siguiente:
"A- El
perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder
prontamente". Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un
posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real
en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar
algo probable y no una mera conjetura hipotética. Se puede afirmar que, bajo
cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica,
aunque no necesariamente consumada. Lo inminente, pues, desarrolla la
operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser
que oportunamente se contenga el proceso iniciado. Hay inminencias que son
incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras
que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el
desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la
causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una
causa perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la
causa que está produciendo la inminencia.
B). Las medidas
que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes,
es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar
una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de
la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva
actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por
realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud.
Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida,
de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con lo
expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad de
la urgencia.
C). No basta
cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico
concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno
de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las
autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad,
sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la
persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe
ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a
todas luces inconveniente.
D). La urgencia y
la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene
que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando
ya haya desenlace con efectos antijurídicos. Se trata del sentido de precisión
y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de
las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos
y garantías básicos para el equilibrio social.
De acuerdo con lo
que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay
ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra
una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien
jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e
impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo
transitorio.
El fundamento de
la figura jurídica que ocupa la atención de esta Sala es la inminencia de un
daño o menoscabo graves de un bien que reporta gran interés para la persona y
para el ordenamiento jurídico, y que se haría inevitable la lesión de continuar
una determinada circunstancia de hecho. El fin que persigue esta figura es la
protección del bien debido en justicia, el cual exige lógicamente unos
mecanismos transitorios, urgentes e impostergables, que conllevan, en algunos
casos, no una situación definitiva, sino unas medidas precautelativas."[29]
Y, en sentencia que
declaró inexequible el inciso 2º del numeral 1º del artículo 6º del Decreto
2591 de 1991 la Corte dijo:
"Tratándose
de la segunda modalidad de la acción de tutela - cuando se utiliza como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable -, el dato legal,
esto es, la existencia de un medio judicial ordinario no es óbice para que la
persona pueda instaurarla. Por el contrario, el presupuesto de procedibilidad
de esta acción es precisamente la existencia de un medio legal de defensa que,
sin embargo, no impide que la persona puede apelar transitoriamente a la acción
de tutela justamente para evitar un perjuicio irremediable.[30]
Por supuesto que
establecer CUANDO existe el perjuicio irremediable no es tarea fácil. en primer
lugar hay que examinar si las acciones u omisiones son manifiestamente
ilegítimos y contrarios a derecho, "pues de otra manera no se violan ni
amenazan los intereses del presunto afectado".[31] En segundo lugar, el daño debe ser grave,
"sólo la irreparabilidad que recae sobre un bien de gran significación
objetiva para la persona puede ser considerado como grave."[32] Además, el perjuicio tiene que ser
inminente, es decir, que "se haría inevitable la lesión de continuar una
determinada circunstancia de hecho"[33]. Y ante esa inminencia, "las medidas
que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes"[34], impostergables, y, en relación concreta
con las pensiones de jubilación, un reconocimiento tardío equivale a un pago
atrasado, ha dicho la Corte:
"En el
Estado social dederecho los pensionados no pueden representar un sector
residual en el pago de las deudas del erario. Las normas constitucionales que
protegen a la tercera edad (art. 46), que consagran el derecho a la igualdad y
a la protección de los débiles (art. 1º y 13) y que, específicamente, imponen
en el pago oportuno de las pensiones (art. 53), no pueden quedar relegadas por
prácticadas que convierten la vida de los pensionados en un drama para el cual
la constitución y las leyes no son sino meros postulados retóricos"[35]
Suspender una
pensión disfrutada desde hace muchísimos año por un anciano ocasiona un
perjuicio grave e irremediable que implica medida urgente y que torna a la
medida en impostergable si se trata de una persona que ha superado el promedio
de vida probable de los colombianos.
Esto último plantea
este otro tema:
6. La incidencia
de la edad en la tutela.
En la sentencia
T-456/94, de esta Sala de Revisión, se dijo:
"La equidad
permite que para igualar las cargas de los ancianos frente a otros jubilados
que no han superado la edad de vida probable de los colombianos,se puede
aplicar la tutela, como mecanismo transitorio, ordenándose que el derecho
prestacional del reclamante, si se ajusta a la ley, sea visualizado por el
anciano, sin que la existencia de otros medios de defensa judiciales se
constituya en disculpa para que el longevo no conozca en vida la solución para
sus derechos reclamados. Esta es una forma de valorar la eficacia y decidir
jurídicamente con base en los elementos fácticos.
Con mayor razón
opera este mecanismo transitorio si el anciano reclama porque se le ha violado
el derecho a la igualdad, en otras palabras, porque su dignidiad se ve ofendida
ante la triste realidad de que el Estado, al cual le prestó sus servicios por
muchos años, le da un trato discriminatorio. Esa persona tiene todo el derecho
a conocer en vida el resarcimiento de su dignidad ultrajada.
La Corte ha dicho
en sentencia T-011/93:
Para que la vida
del hombre sea digna de principio a fin, es obligatorio asegurarle a las
personas de la tercera edad el derecho a la seguridad social.
En el derecho
comparado, se consagra también la protección de la tercera edad. Por ejemplo,
en los artículos 50 de la Constitución Española y 72 de la Portuguesa.
Para la tercera
edad es necesario proteger, en particular, el pago oportuno de las prestaciones
a su favor, ya que su no pago, habida cuenta de su imposibilidad para devengar
otros ingresos ante la pérdida de su capacidad laboral, termina atentando
directamente con el derecho a la vida".
Y en SENTENCIA
T-135 del mismo año:
"En virtud
de lo anterior, se puede afirmar que la efectividad real y material de los
derechos consagrados en la Carta Política del 91 constituye el primer y más
importante factor de legitimidad de nuestro Estado Social de Derecho en el
camino de diseñar una sociedad lo más justa posible para así lograr la paz y la
justicia social.
Pero si lo dicho
es valido, es aún más cuando se trata de derechos fundamentales de las personas
de la tercera edad. En efecto, la misma Constitución en su artículo 13 le
impone al Estado la obligación de velar por aquellas personas que por sus
condiciones económicas, físicas o mentales, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta.
Así, se busca que
el Estado promueva y gerantice, en la medida de sus posibilidades, las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y nada mejor para ello
que se proteja efectivamente a los ciudadanos de la tercera edad quienes por
sus especiales condiciones constituyen un sector de la población que merece y
necesita una especial protección por parte del Estado- como obligación
constitucional-, de la sociedad y de sus familias, dentro del principio de
solidaridad social en que se cimienta el Estado (Art. 48).
En efecto, el
simple reconocimiento de las pensiones, que si es bien un requisito
indispensable, no implica que el derecho haya sido satisfecho en su debida
forma. Para ello, y en aras de darle eficacia material, es necesario que a los
peticionarios se les incluya en la nómina de pensionados y, lo que es aún más
importante, que efectivamente se les empiece a cancelar cumplidamente las
mesadas futuras y las atrasadas."
En SENTENCIA T-
406/93, se agregó:
"Como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, los derechos a la salud y a la seguridad
social de todas las personas y en particular de los pensionados son ciertamente
derechos fundamentales, que en principio deben ser prestados por la entidad,
empresa o patrono por vía directa o indirectamente a través de un contrato
específico, sin perder el contratante la responsabilidad sobre la prestación
del servicio".
Y, en SENTENCIA
T-446/93 y T-447/93.
"Cuando se
trata de derechos fundamentales de las personas de la tercera edad, se le
impone al Estado la obligación de velar por aquellas personas que por sus
condiciones económicas, físicas y mentales, se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta."
En realidad, en
estos casos la tutela, como mecanismo transitorio, surge por la amenaza de daño
que implicaría para un anciano el tener que esperar la alejada decisión
judicial sobre el reajuste pensional impetrado. Y no se puede decir que podría
pedir la suspensión provisional y así solucionar rápidamente el
problema, ya que la suspensión provisional neutraliza momentáneamente los
efectos del acto administrativo, pero no puede ordenar la expedición de uno que
lo reemplace.[36] (Subrayado fuera del texto lo referente a la SUSPENSION
PROVISIONAL).
Queda claro que en
el caso que se estudia cabe la tutela, la pregunta es: si opera como mecanismo
transitorio, o en forma definitiva.
RECAPITULACION
PARA EL CASO CONCRETO.
El señor Adams,
desde hace más de 20 años disfrutaba de una sustitución de pensión, mediante
Resolución que gozaba de presunción de legalidad y estaba amparada por los
principios de estabilidad y ejecutoriedad; y, de un momento a otro, se le
suspende la pensión, sin tenerse en cuenta el art. 73 inciso 1º del C.C.A., el
artículo 136 ibidem, poniéndose por encima de estas normas a una de inferior
categoría (art. 42 decreto 2665/88) con el argumento muy discutible de que la
sustitución pensional para el viudo no era viable en 1973 y con olvido de la
retrospectividad de la normatividad laboral y violación de principios y
consecuencias del acto administrativo.
En un caso similar[37] dijo la Corte
Constitucional:
"Al
respecto, ha sostenido el H. Consejo de Estado[38] que tanto el artículo 24 del Decreto 2733
de 1959, como el inciso 1o. del 73 del C.C.A., tienen por finalidad, garantizar
la protección de los derechos individuales y la firmeza de las situaciones
jurídicas de carácter particular y concreto, para que no puedan ser revocados
ni los unos ni las otras, en forma unilateral por la administración.
Lo que se busca
con la prohibición o restricción legal al ejercicio de la revocatoria por parte
de la administración, se funda en la inmutabilidad de los actos administrativos
que hayan consagrado un derecho subjetivo a favor de un particular
-inmutabilidad que se sustenta en la necesaria seguridad jurídica que debe
asistir a los administrados en sus relaciones con la administración-, los
cuales gozan del principio de la irrevocabilidad por parte de la
administración, a fin de evitar que ésta sea el juez de sus propios actos.
En consecuencia,
creada una situación jurídica individual, como la que se configuró para la
accionante en virtud de la Resolución No. 011844 de 1992 emanada del Instituto
de los Seguros Sociales, Seccional Cundinamarca, ésta es irrevocable
unilateralmente por la administración, salvo que concurra el consentimiento
expreso y escrito del titular del derecho.
Contrario a lo
dispuesto en el artículo 73 del C.C.A., el Instituto de los Seguros Sociales
expidió la Resolución No. 08217 de junio 10 de 1994, por medio de la cual
revocó la Resolución No. 011844 de 1992 -acto de carácter particular y concreto
en virtud de la cual se reconoció la pensión para sobrevivientes en cabeza de
la accionante y de sus hijos-, razón ésta que conduce a estimar el
desconocimiento y la violación del ordenamiento legal citado, ya que el acto
administrativo señalado que era irrevocable, fue revocado en forma unilaterial
por la entidad accionada, sin consentimiento de la titular del derecho.
Adicionalmente,
no se cumplió el requisito previo que permitía legalmente la revocatoria del
acto administrativo que le reconoció el derecho a la señora Mateus Cantor, cual
era el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. Por el
contrario, ésta controvierte la decisión injustificada de la administración que
desconoce su derecho.
En estos casos,
lo procedente no es la revocatoria directa del acto administrativo creador de
una situación jurídica individual y colectiva, sino la acción correspondiente
ante la jurisdicción competente a fin de que se obtenga la nulidad de dicho
acto por quebrantar preceptos superiores de derecho."
El Juez de tutela
debe ponderar que en el caso concreto no había discrecionalidad para suspender
la pensión (que en el fondo es una revocatoria de la pensión decretada) y al
tomarse tal medida se violaron derechos fundamentales.
Como esto ocurrió,
el perjudicado puede instaurar acción contencioso-administrativa, pero, dada su
avanzada edad que un momento dado convertiría en ineficaz una lejana sentencia,
entonces la tutela sería viable como mecanismo transitorio puesto que se ha
ocasionado un perjuicio irremediable a una persona de la tercera edad. Pero, el
presente fallo puede ir más allá y conceder la tutela de manera definitiva,
como ocurrió en la citada sentencia 189/95, esto es porque se ha invocado en el
presente fallo la excepción de inconstitucionalidad del literal b- del art. 42
del Decreto 2665 de 1988, lo cual implica también la excepción de
inconstitucionalidad para la Resolución que suspendió la pensión, invocando tal
decreto reglamentario.
En mérito de lo
expuesto, la Sala 7ª de Revisión de la Corte Constitucional en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO:
REVOCAR las sentencias del
Juzgado Cincuenta Civil Municipal de Santafé de Bogotá (de 25 de noviembre de
1994) y del Juzgado 19 Civil del Circuito de esta ciudad (de 9 de febrero de
1995).
SEGUNDO: CONCEDER la tutela y,
consecuencialmente, ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales que en el término
de 48 horas continúe pagando a Carlos Alfonso Adams Ordóñez la sustitución
pensional que motivó la presente tutela y se le cancelen las mesadas debidas.
TERCERO:
Líbrense por Secretaría
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO:
Envíese copia de esta
sentencia al Defensor del Pueblo.
QUINTO: El Juzgado de primera instancia vigilará
el cumplimineto de este fallo.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON
DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Sentencia T-313 de 19 de julio de 1995, Magistrado Ponente:
Alejandro Martínez Caballero.
[2]Sentencia de 25 de octubre de 1918, Ponente: Gnecco Laborde, ver
G.J.T. XXVI, #1380, pág. 378 y la de 10 de diciembre de 1915 (g.j. #1225,
p.165) ambas de la Corte Suprema, Sala Plena.
[3]Ver. G.J.T. XLV, # 1928, pág. 600. Sentencia de 18 de octubre de
1937, Ponente : Pedro Alejo Rodríguez.
[4]Gaceta Judicial #2029, pág. 1º.
[5]Ibidem.
[6]Sentencia de 11 de diciembre de 1961, Ponente: Enrique López de
Pava, ver. G.J.T. XCVII, #2246-9, pág. 18.
[7]Ponente: Ciro angarita Barón, T-526, 18 de séptiembre 1992.
[8]Sentencia T-181, 7 de mayo de 1993, Ponente: Hernando Herrera
Vergara.
[9]Sentencia 292/95, Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz.
[10]Ibidem.
[11]Sentencia T-173/94, Magistrado Ponente:
Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[12]Nótese que este caso es muy diferente a
la suspensión de una pensión de invalidez cuando el pensionado no se somete a
las revisiones médicas.
[13]Ver Agustín Gordillo, Procedimiento y recursos administrativos.
[14]Ver Juan Carlos Cassagne, El Acto administrativo.
[15]Ibidem, pág. 331.
[16]Marienhoff Miguel, Tratado de derecho administrativo, T. II, Pág.
374
[17]Ibidem, pág. 357.
[18] Rodrigez Moro. La Ejecutividad del Acto Adminstrativo, Madrid,
1949 pág 32
[19] García Trevijano, Jose Antonio, los Actos Administrativos,
Editorial Civitas S.A,Madrid 1986, Pág 108.
[20]Gordillo Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Ediciones
Macchi , Buenos Aires, 1979.
[21]Idem.
[22]Ibidem, Pág. 68.
[23]"LESIVIDAD. En la definición de Vivancos, la cualidad que
hace anulable, por los tribunales de la jurisdicción
contencioso-administrativa, un acto de la administración que lesiona los
intereses públicos, de orden económico o de otra naturaleza, dictado con
antigüedad no superior a 4 años y aquejado de ilegalidad simple o no
manifiesta.
La
declaración de lesividad corresponde: 1º cuando se trate de la administración
estatal, al ministro del ramo por orden ministerial, o al Consejo de ministros,
por orden acordada; 2º cuando se trate de una corporación local, por acuerdo del
ayuntamiento en pleno o de la diputación provincial; 3º cuando se trate de un
ente público institucional, por resolución del mismo conforme a sus normas
vigentes." Diccionario enciclopédico de derecho usual, V. Pág. 130,
Guillermo Cabanellas.
[24]En el Decreto 2733 de 1959 la revocación directa podía ser en
cualquier tiempo (art. 22), PERO "cuando el acto administrativo haya
creado una situación jurídica individual, o reconocido un derecho de igual
categoría, no podra ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del
respectivo titular".
[25]CASSAGNE, Juan Carlos, "El Acto Administrativo". Pág.
383
[26]La prescripción máxima es de 20 años.
[27]Sentencia T- 52/94,
Ponente doctor HERNANDO HERRERA
[28]Sentencia T- 253/94,
Ponente doctor VLADIMIRO NARANJO.
[29]Corte Constitucional. Sentencia Nº T-
225/93 Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
[30]Corte Constitucional Sentencia Nº
T-531/93. Magistrado Ponente: Dr Eduardo Cifuentes Muñoz.
[31]T-52/94, Ponente doctor HERNANDO HERRERA.
[32] T- 56/94, Ponente doctor EDUARDO
CIFUENTES.
[33]T-234/94, Ponente doctor FABIO MORON
DIAZ.
[34] T-56/94, Ponente doctor EDUARDO
CIFUENTES.
[35]T-56/94, Ponente doctor EDUARDO
CIFUENTES.
[36]Sentencia T- 456/94, Magistrado Ponente:
Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[37]Sentencia T-189/95, Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara.
Tema: Revocatoria del reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.
[38] Cfr. Consejo de Estado, Sentencia de mayo 6 de 1992. Sección
Segunda. |
485 | T-356-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-356/95
PENSION DE
INVALIDEZ-Extinción
Si el inválido
recupera en todo o en parte su capacidad y ello es constatado en la revisión médica,
legalmente practicada, y, por consiguiente, hay un cambio en la calificación de
la incapacidad del trabajador, entonces, se reabre para éste la perspectiva de
ser readmitido en el puesto de trabajo del cual fue alejado por fuerza mayor
(la invalidez sobreviviente). No hacerlo significaría que una calamidad (la
enfermedad) se convertiría en razón suficiente para dislocar el derecho al
trabajo, esto no es justo ni compatible con el Estado Social de Derecho. Por
supuesto que este derecho a la reinstalación no es absoluto, como se explicará
posteriormente al analizar el caso de los funcionarios del Estado.
DERECHO AL
TRABAJO-Reinstalación/ACCION
DE TUTELA TRANSITORIA
Si se dice que el
trabajador ha recuperado su capacidad laboral debe facilitársele la reinstalación
y esto si es susceptible de la acción de tutela porque se afecta un derecho
fundamental: el derecho al trabajo; y lo será como mecanismo transitorio porque
todo dependerá de la acción ordinaria (laboral o administrativa) ya que si se
decreta la nulidad de la Resolución que declaró extinguida la pensión de
invalidez y se llegare a considerar que dicha pensión debe mantenerse, entonces
hay que evitar la conjunción de sentencias encontradas: una que ordenaría que
se le dé trabajo a la persona y otra que ordenaría que se le de la pensión de
invalidez.
PERJUICIO
IRREMEDIABLE-Elementos
Establecer CUANDO
existe el perjuicio irremediable no es tarea fácil. En primer lugar hay que
examinar si las acciones u omisiones son manifiestamente ilegítimos y contrarios
a derecho, "pues de otra manera no se violan ni amenazan los intereses del
presunto afectado". En segundo lugar, el daño debe ser grave, "sólo
la irreparabilidad que recae sobre un bien de gran significación objetiva para
la persona puede ser considerado como grave." Además, el perjuicio tiene
que ser inminente, es decir, que "se haría inevitable la lesión de
continuar una determinada circunstancia de hecho". Y ante esa inminencia,
"las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes",
impostergables.
REF: Expediente
Nº67761
Procedencia:
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.
Peticionario:
Libia Cuesta.
Tema: Pensión de
invalidez (consecuencias ante la modificación de la incapacidad).
Prestaciones
Sociales de los empleados y trabajadores de las Entidades Territoriales.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá ,
D.C., agosto nueve (9) de mil novecientos noventa y cinco (1995)
La Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro
Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro
Naranjo Mesa.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
tutela identificado con el número de radicación T-67761, adelantado por Libia
Cuesta, acumulado por decisión de la Sala de Selección Nº 5,, de 8 de mayo de
1995, al expediente 68030; y luego, por decisión de esta Sala de Revisión se
determinó que se estudiarán por separado los dos casos (auto de 25 de julio de
1995).
ANTECEDENTES
1. Elementos de
juicio.
1.1. Libia Cuesta
representada por abogado, instauró acción de tutela, como mecanismo
transitorio, contra la División de prestaciones sociales del Departamento del
Valle-gobernación del Valle del Cauca.
1.2.1. Libia Cuesta
solicita que no se le suspenda el pago de la pensión de invalidez,
reconocida por Resolución 12561 de 2 de diciembre de 1992, mesada de
$148.30196, concedida después de trabajar por 19 años 13 días al servicio del
Departamento del Valle, habiéndose retirado "por enfermedad no profesional
con pérdida de la capacidad laboral del 100%".
1.2.2. En la
mencionada Resolución se dijo: "La pensión durará por todo el tiempo que
permanezca la beneficiaria incapacitada, lo debe demostrar cada 6 meses con el
respectivo certificado médico oficial y que presentará ante la División de
prestaciones sociales del departamento".
1.2.3.1. El 19 de
abril de 1994, mediante Resolución Nº 2454 de la División de prestaciones
sociales del departamento del Valle se declaró extinguida la pensión de
invalidez, en razón de que la Jefe de Unidad Médica y Salud ocupacional
conceptuó que la incapacidad médica es del 20%, y, se aplicó el artículo 67 del
Decreto 1848 de 1969.
1.2.3.2. La afectada
interpuso los recursos contra la Resolución que le extinguió la pensión,
poniendo en tela de juicio la incapacidad señalada del 20% por cuanto fue,
según ella, rendida sobre la historia clínica, sin oír a los neurocirujanos que
atienden a la paciente. Además, se alega en el escrito para agotar la vía
gubernativa que no fue reintegrada a cargo similar. En los actos
administrativos que revolvieron los recursos NO se hizo mención alguna al
reintegro.
1.2.3.3. Fueron
traidas al expediente las Resoluciones que negaron la reposición (Nº03617 de 28
de julio de 1994) y la apelación (Nº 023 de 28 de octubre de 1994). En esta
última se hace referencia a que se aportaron por Libia Cuesta los exámenes de
los médicos Miguel Velázquez, William Escobar y Javier Burbano y se hace
expresa mención, en la Resolución, de que se hizo "la evaluación de la
historia clínica por la Unidad médica y de salud ocupacional".
Obra en el proceso
el concepto reciente del neurocirujano Miguel Velázquez quien indica que la
incapacidad tiene el carácter de permanente e irreversible.
1.2.4. La Jefe de
división de prestaciones sociales de la Secretaría de Servicios administrativos
del Valle del Cauca le dice al fallador de primera instancia que la paciente
fue evaluada por especialistas, pero, no obraba en el proceso la evaluación
aludida (hecha, por los doctores Jorge Rubiano y Gilberto Morales), sólo había
una referencia a ellos en una certificación de la Jefe de unidad médica y salud
ocupacional. No aparecía en el proceso la prueba cierta de que la peticionaria
hubiera sido evaluada por los especialistas Jorge Rubiano y Gilberto Morales,
por cuanto, como ya se dijo, no aparecían los exámenes médicos de ellos, ni
constancia de cuándo y cómo se citó a dicha señora para evaluación, lo cual
obligó a averiguar si era cierta o no la aseveración de la Secretaría de
Servicios Administrativos. Por tal razón, en auto de esta Sala de 21 de julio/93
se ordenó:
"PRIMERO: Solicítese al Jefe de División de
Prestaciones Sociales de la Secretaría de Servicios Administrativos del
Departamento del Valle del Cauca, (Palacio de San Francisco, CALI) que, en el
término improrrogable de 24 horas, remita a la Corte Constitucional, Sala
Séptima de Revisión (calle 72 Nº7-96) los conceptos rendidos por Jorge Rubiano
y Gilberto Morales respecto a la revisión médica de Libia Cuesta, la copia del
último examen médico practicado a dicha señora, copia de las citaciones que se
le hubieren hecho a Libia Cuesta para revisión médica y CONSTANCIA de si Alba
Liliana Silva de Roa (Jefe de la Unidad médica y salud ocupacional) ha
examinado o no personalmente a Libia Cuesta o, si por el contrario, ha revisado
es la historia clínica de Libia Cuesta; e igualmente se indique cuándo y dónde
fue examinada Libia Cuesta por Jorge Rubiano y Gilberto Morales y por orden de
quién. La respuesta a lo interior será remitido por FAX o por el medio más
rápido posible a esta Sala de Revisión.
SEGUNDO: Solicítasele a la interesada Libia Cuesta
que informe por escrito a esta Sala de Revisión, en el término de 24 horas, si
los doctores Jorge Rubiano y Gilberto Morales le han hecho revisión médica, en
caso afirmativo dónde, cuándo y por orden de quién."
1.25. Transcurrió el
término fijado, Libia Cuesta reconoció que sí la examinaron los doctores
Rubiano y Morales. Efectivamente, ello ocurrió en septiembre de 1993.
2. Decisiones en
las instancias.
2.1. Fallo de
Primera Instancia:
El 2 de febrero de
1995, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca concedió la
tutela como mecanismo transitorio. En uno de sus razonamientos dice que la
declaratoria de extinción no conllevó "el reingreso del exbeneficiario al
empleo que en virtud de la invalidez dejó vacante". Sin embargo, en la
parte resolutiva se dijo que la orden de tutela se mantiene hasta cuando
"se produzca fallo definitivo sobre la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que la accionante haya incoado oportunamente o incoe
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a este fallo", dando a entender
que se mantiene la pensión de invalidez.
2.2. Fallo de
Segunda Instancia:
El 17 de marzo de
1995 la Sección 5ª del Consejo de Estado revocó y denegó la tutela con base en
la presunción de legalidad del acto que extinguió la pensión, en la posibilidad
que tiene el particular para recurrir ante la autoridad competente, en la no
existencia de un perjuicio irremediable puesto que no "aparece acreditado
que la vida de la accionante esté en peligro, menos que hubiere sido sometida a
tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o que al faltarle la pensión
de invalidez no disponga de otros medios de subsistencia."
FUNDAMENTOS JURIDICOS
A. Competencia.
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión
dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos
86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se
hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala
correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el
Reglamento de esta Corporación.
B. Temas
Jurídicos a tratar.
En numerosas
sentencias de esta Corporación se ha sostenido que la pensión es un derecho
subjetivo[1].
Partiendo de esa premisa se analizará cuándo la pensión de invalidez es derecho
fundamental, pero ligado esto a la importancia de la revisión médica; luego se
fijarán los derechos prestacionales de los trabajadores de las Entidades
Territoriales para concluir en la protección al trabajo como consecuencia de la
disminución en la incapacidad laboral.
1. Cuándo la
pensión de invalidez es derecho fundamental.
Ya esta Sala, en
sentencia de 19 de julio de 1995, había expresado:
Tratándose de la
pensión de invalidez adicionalmente tiene vigencia el principio de la
solidaridad. Por eso su reconocimiento y pago tiene un carácter de derecho
subjetivo y humano. Y entrará a ser fundamental en una situación concreta al
darse algunas condiciones que la jurisprudencia ya ha establecido. En sentencia
T-440/94. M.P. Fabio Morón Díaz, se precisó cuándo la pensión de invalidez es
DERECHO FUNDAMENTAL DERIVADO:
"Como lo ha
expresado en diversas oportunidades esta Corporación, el derecho a la seguridad
social no está expresamente consagrado en la Constitución como un derecho
fundamental. Sin embargo, este derecho establecido en forma genérica en el
artículo 48 de la Constitución, adquiere el carácter de fundamental cuando,
según las circunstancias del caso, su reconocimiento tiene la potencialidad
de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como la vida, la
dignidad humana, la integridad psíquica, moral o el derecho a la igualdad
entre las personas.
Desde otro punto
de vista, se dice que el derecho a disfrutar de la pensión, en ocasiones,
comparte la naturaleza de fundamental, dada su derivación directa e inmediata
del derecho al trabajo, considerado también como principio esencial del Estado
social de derecho, y siempre que su titularidad recaiga en personas que gozan
de su pensión por diversas razones.
En repetidas
ocasiones, esta Corporación también se ha pronunciado sobre el derecho a la
seguridad social, en especial los derechos a la pensión de vejez, de
jubilación y la invalidez que giran en rededor de los pensionados, quienes
merecen una especial consideración como parte de la sociedad y el Estado,
buscando la plena efectividad de todos sus derechos, en forma que éstos no se
conviertan simplemente en la enunciación de premisas que no van a tener un fin
práctico.
En el caso
sub-exámine, encontramos que el ISS procedió equivocadamente; en efecto, desde
un comienzo, ese ente administrativo, mediante sendos actos administrativos
(resoluciones 12907 de 1976 y 03511 de 1981), concedió la calidad de pensionado
por incapacidad permanente al peticionario. De las pruebas que obran en el
expediente, se advierte la actuación ilegal del ISS, que en forma insolidaria y
negligente despojó al asegurado de su pensión de invalidez permanente, y demás
prestaciones asistenciales, sin mediar citación y decisión de ninguna especie
-pues en el expediente no aparece prueba sobre citación alguna-; suspendió la
pensión, que luego trata de justificar con las resoluciones posteriores 03430
de 1991 y 5964 de 1991 sin adelantar ningún proceso. Es evidente que la
administración, unilateralmente dejó al peticionario GABRIEL RODRIGUEZ ARANGO,
en situación precaria, le quitó el medio que tenía para su congrua
subsistencia, lo del diario vivir, y consecuentemente los servicios médicos, en
perjuicio de su salud y seguridad social, que es la base de la vida misma y el
derecho a su rehabilitación.
En conclusión, no
se puede, unilateralmente, suprimir o suspender una pensión de invalidez. Si
bien es cierto que el reconocimiento de esta clase de pensiones constituye una
situación consolidada al pasado y es una situación condicionada al futuro,
de todas maneras no se puede despojar al asegurado de su pensión sino cuando
desaparece la incapacidad que motivó la pensión de invalidez, en razón de que
al ser rehabilitado para trabajar no tiene sentido ni es socialmente justo
mantenerlo inactivo.
2. La
"condición al futuro" en la pensión de invalidez.
Este aspecto depende
básicamente de la revisión médica. En la misma sentencia del 18 de julio de
1995 se examinó el tema:
"Si la
pensión de invalidez es tutelable siempre y cuando afecte un derecho
fundamental (v. gr. el derecho al trabajo, o a la vida), es lógico que en tal
caso el presupuesto básico para que alguien invoque como fundamental el derecho
a la seguridad social es el de que su invalidez le impida trabajar.
Y esto es tan
obvio que la Ley 100 de 1993, artículo 44 establece:
"Art. 44.-Revisión
de las pensiones de invalidez. El estado de invalidez podrá revisarse:
a) Por solicitud
de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente cada tres (3)
años, con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que
sirvió de base para la liquidación de la pensión que disfruta su beneficiario y
proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello
hubiere lugar.
Este nuevo
dictamen se sujeta a las reglas de los artículos anteriores.
El pensionado
tendrá un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de dicha
solicitud, para someterse a la respectiva revisión del estado de invalidez.
Salvo casos de fuerza mayor, si el pensionado no se presenta o impide dicha
revisión dentro de dicho plazo, se suspenderá el pago de la pensión.
Transcurridos doce (12) meses contados desde la misma fecha sin que el
pensionado se presente o permita el examen, la respectiva pensión prescribirá.
Para readquirir
el derecho en forma posterior, el afiliado que alegue permanecer inválido
deberá someterse a un nuevo dictamen. Los gastos de este nuevo dictamen serán
pagados por el afiliado, y
b) Por solicitud
del pensionado en cualquier tiempo y a su costa."
El Acuerdo 049 de
1990 del I.S.S. que reza:
"Art. 11.-
Obligatoriedad de las revisiones y prescripciones médicas. El asegurado que
solicite pensión de invalidez y quien esté en goce de la misma, deberá
someterse a las revisiones, reconocimientos y exámenes médicos periódicos que
ordene el instituto, con el fin de que los médicos laborales de esta
institución, procedan a calificar la invalidez, disminuir su cuantía,
aumentarla o declarar extinguida la pensión, cuando de dicho control médico
resultare, que la incapacidad se ha modificado favorablemente, agravado o
desaparecido.
El pensionado por
invalidez igualmente estará obligado a someterse a los tratamientos curativos y
de rehabilitación que le sean prescritos por los médicos del instituto.
El no acatamiento
a lo dispuesto en este artículo, producirá según el caso, la suspensión del
trámite de la pensión o de su pago. Uno y otro se reanudarán, si subsiste la
invalidez, en la fecha en que el beneficiario se someta a las prescricpiones
médicas correspondientes."
El artículo 67 del
Decreto 1848 de 1969 que estableció:
"Toda
persona que perciba pensión de invalidez está obligada a semeterse a los
exámenes médicos periódicos que ordene la entidad pagadera de la pensión con el
fin de que ésta proceda a disminuir su cuantía, aumentarla... o declararla
extinguida si de dicho control médico resultare que la incapacidad se ha
modificado favorablemente..."
El artículo 281 del
Código Sustantivo del Trabajo:
"Art. 281.-
PAGO DE LA PENSION. 1. La pensión de invalidez se paga provisionalmente durante
el primer año de incapacidad, pudiendo examinarse periódicamente al inválido
con el fin de descubrir las incapacidades en evolución, evitar la simulación y
controlar su permanencia. Vencido ese año se practicará examen médico y cesará
la pensión si el inválido ha recuperado más de la tercera parte de su primitiva
capacidad de ganancia.
2. Sin embargo,
puede cancelarse la pensión en cualquier tiempo en que se demuestre que el
inválido ha recuperado más de la tercera parte de su primitiva capacidad de
ganancia."
Lo anterior
significa que si del dictamen médico resultare que el inválido se ha
recuperado, se puede dar por extinguida la pensión de invalidez y se
incorporaría nuevamente a la vida laboral el trabajador. También dijo la Sala
en la sentencia tantas veces citada:
"El temor de
que la evaluación médica señale una incapacidad que hiciere perder la pensión
de invalidez, es hipótesis que no vulnera el derecho a la pensión de invalidez,
entendida como derecho fundamental derivado, ya que el derecho a la vida no se
afectaría en razón de que la persona no constataría deterioro de su salud, sino
todo lo contrario: recuperación; además, el dictamen apenas es elemento de
juicio. Tampoco se vulneraría el derecho al trabajo puesto que la evaluación
médica lo que diría es que la persona ha recobrado total o parcialmente su capacidad
de laborar y tal afirmación no significa un salto al vacío, en el sentido de
que el incapacitado se quedaría sin pensión y sin trabajo, puesto que, como ya
se dijo, NO DESAPARECE EL DESTINATARIO DE LA OBLIGACION DEL REENGACHE."[2]
3. Qué ocurre
cuando se extingue la pensión de invalidez?
Una respuesta
racional, basada en la obvia circunstancia de que el retiro del trabajo no ha
sido voluntario, sería la siguiente: cuando el inválido se recupera para su
trabajo habitual, tiene derecho a su reincorporación porque entran en juego
tres principios constitucionales: el orden justo (Preámbulo de la Carta), el
Estado social de derecho (art. 1º C.P.) y la protección al trabajo (art. 53
C.P.). Es que, si el inválido recupera en todo o en parte su capacidad y ello
es constatado en la revisión médica, legalmente practicada, y, por
consiguiente, hay un cambio en la calificación de la incapacidad del
trabajador, entonces, se reabre para éste la perspectiva de ser readmitido en
el puesto de trabajo del cual fue alejado por fuerza mayor (la invalidez
sobreviviente). No hacerlo significaría que una calamidad (la enfermedad) se
convertiría en razón suficiente para dislocar el derecho al trabajo, esto no es
justo ni compatible con el Estado Social de Derecho. Por supuesto que este
derecho a la reinstalación no es absoluto, como se explicará posteriormente al
analizar el caso de los funcionarios del Estado.
En el derecho
comparado se puede hacer referencia al Decreto 1451 de 1983, en ESPAÑA. En su
artículo 2.1 se dispone que los trabajadores cuyo contrato se hubiera extinguido
por habérseles reconocido una incapacidad permanente total o absoluta y que,
después de haber recibido prestaciones, hubieran recobrado su anterior
capacidad laboral, tendrán "preferencia absoluta para la primera vacante
que se produzca en su categoría o grupo profesional". Y, en España,
también tienen derecho a readmisión (art. 2.2. decreto 1451/83) los inválidos
permanentes totales que quedan en situación de invalidez permanente parcial, en
cuyo caso la readmisión también se hará "en la primera vacante que se
produzca" siempre y cuando "resulte adecuada a su capacidad
laboral", es decir, que en este evento se le puede asignar una categoría
profesional distinta a la primitiva.
En Colombia, si se
trata de trabajadores particulares, existe, este respaldo legal:
Artículo 283
del Código Sustantivo del Trabajo: "RECUPERACION O REEDUCACION. 1. La Empresa puede procurar la
recuperación o reeducción de sus trabajadores inválidos, a su costo, a fin de
habilitarlos para desempeñar oficios compatibles con su categoría anterior en
la misma empresa, con su estado de salud y con sus fuerzas y aptitudes y para
obtener una remuneración igual a la de ocupacuciones semejantes en la misma
empresa o en la región".
Esta norma estaba
íntimamente relacionada con el artículo 281 del C. S. del T. que establecía una
pensión de invalidez provisional durante el primer año de incapacidad, al final
del cual se examinaba al inválido y si continuaba con la misma incapacidad la
pensión se mantenía y si recuperaba más de la tercera parte de su primitiva
capacidad) y si había recuperación en el grado señalado cesaba la pensión y se
reincorporaba al trabajo. Por eso es que se exige desde aquél entonces (art.
282 C.S. del T.) el tratamiento médico como obligatorio. NO tendría sentido que
esa obligatoriedad apuntara a dejar a la persona sin pensión y sin trabajo.
Tratándose de
trabajadores del Estado, el artículo 2º del Decreto 947 de 1970 estableció:
"Los
empleados públicos y los trabajadores oficiales inválidos tendrán los mismos
derechos que consagra el artículo 16 del Decreto-ley 2351 de 1965 y los
Decretos que lo reglamentan."
Y dicho artículo 16
establece:
"Reintalación
en el empleo.- 1.
Al terminar el período de incapacidad temporal, los patronos están obligados:
a) A reinstalar a
los trabajadores en los cargos que desempeñaban si recuperan su capacidad de
trabajo. La existencia de una incapacidad parcial no será obstáculo para la
reinstalación, si los dictámentes médicos determinan que el trabajador puede
continuar desempeñando el trabajo.
b) A proporcionar
a los trabajadores incapacitados parcialmente un trabajo compatible con sus
aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean
necesarios.
2. El
incumplimiento de estas disposiciones se considerará como despido
injustificado.
Surge ahora este
tema:
4. La situación
del pensionado por invalidez en las Entidades Territoriales.
Todos los servidores
públicos de las actuales Entidades Territoriales (antes Departamentos,
Intendencias, Comisarías, Municipios), sin distingo alguno, tienen derecho a la
pensión de invalidez porque el artículo 17 de la Ley 6º de 1945, en su numeral
c-, estableció tal prestación, y porque el Decreto 2767 del mismo año, al
desarrollar los artículos 17 y 22 de la Ley 6º, determinó en su artículo 1º:
" Con las
solas excepciones previas en el presente Decreto, los empleados y obreros al
servicio de un Departamento, Intendencia, Comisaría o Municipio tienen derecho
a la totalidad de las prestaciones señaladas en el artículo 17 de la Ley 6º de
1945 y el artículo 11 del Decreto Nº 1600 del mismo año para los empleados y
obreros de la nación".
Esta norma,
concordante con los principios de igualdad y favorabilidad, hace REENVIO a la
prestación en su contenido integral, ya que ante los mismos presupuestos de
hecho debe existir igual trato jurídico y por consiguiente la remisión incluye
la evolución del concepto de pensión de invalidez en el contexto histórico.
Partiendo del
anterior criterio se encuentra que en los artículo 23, 24, 25 y 26 del Decreto
3135 de 1968 se fijan los parámetros para obtener y mantener la pensión de
invalidez. El artículo 24 está reglamentado por el Decreto 947 de 1970 y este
último decreto se remite al artículo 16 del Decreto 2351 de 1995, como ya se
dijo anteriormente.
El artículo 24
expresamente ordena:
"El afiliado
que se invalide tiene derecho a que se le procure rehabilitación"
(subraya fuera de texto).
Y el Decreto 947 de
1970 tiene el siguiente encabezamiento:
"Por el cual
se reglamenta el artículo 24 del Decreto-Ley 3135 de 1968"
El inconveniente
surgiría porque el artículo 16 del Decreto 2351 de 1965 se refiere a la
reintalación en el empleo para quienes estaban con incapacidad temporal. La
inquietud es superable si se tiene en cuenta que el artículo 24 del Decreto
3135 de 1968 se refiere a la invalidez, el Decreto 947 reglamenta tal artículo
y la remisión que hace es a los DERECHOS del artículo 16 del Decreto 2351 de
1965, siendo tales derechos: REINSTALAR, TRABAJO COMPATIBLE CON APTITUDES Y
CONSIDERAR COMO INJUSTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS DISPOSICIONES. Y, si
surgiere alguna duda, la interpretación a dar será la más favorable al
trabajador como lo estatuye el artículo 53 de la Constitución Política, y, en
el siguiente artículo (54 C.P.) el Constituyente se preocupó por GARANTIZAR a
los minusválidos "un trabajo acorde con sus condiciones de salud".
Por supuesto que,
tratándose de servidores públicos, el derecho a la reinstalación no es
absoluto, como ya se había expresado.
En efecto, hay que
tener en cuenta que debe existir en la Entidad oficial la vacante, ya que la
planta de personal es regulada por norma jurídica; para el caso de los Departamentos,
el artículo 300.7 de la Constitución Política que atribuye a las Asambleas la
estructura de la administración departamental, y el artículo 305.7 de la misma
Carta que le permite al Gobernador, dentro de determinados márgenes, crear,
suprimir y funsionar los empleos de sus dependencias , siendo esto coherente
con la norma que prohibe los gastos públicos que previamente no hayan sido
autorizados (art. 345 C.P.).
Pero, lo anterior no
significa que las Corporaciones Públicas Territoriales se puedan arrogar el
derecho de dictar normas sobre prestaciones sociales, esto, CONSTITUCIONALMENTE
NO LES ESTA PERMITIDO (art. 150, num. 19, lit f, in fine). De ahí la
importancia de los artículos 17 y 22 de la Ley 6a. de 1945 y del Decreto 2767
del mismo año.
5. Mecanismo
Transitorio.
Se ha venido
desarrollando el tema del reintegro, pero no se ha hablado del derecho que
tiene el incapacitado para objetar la revisión médica que la conlleva la
extinción de la pensión de jubilación. Este aspecto, eminentemente contencioso,
debe dilucidarse ante el Juez natural y no puede un Juez de tutela suspender
una Resolución que tuvo como fundamento conceptos científicos de los médicos.
La subsidiariedad de la tutela se afectaría si paralelamente al juicio
ordinario correspondiente se fallara mediante tutela decretándose la
continuación de una pensión de invalidez.
Lo anterior es
lógico, y también lo es que si se dice que el trabajador ha recuperado su
capacidad laboral debe facilitársele la reinstalación y esto si es susceptible
de la acción de tutela porque se afecta un derecho fundamental: el derecho al
trabajo; y lo será como mecanismo transitorio porque todo dependerá de la
acción ordinaria (laboral o administrativa) ya que si se decreta la nulidad de
la Resolución que declaró extinguida la pensión de invalidez y se llegare a
considerar que dicha pensión debe mantenerse, entonces hay que evitar la
conjunción de sentencias encontradas: una que ordenaría que se le dé trabajo a
la persona y otra que ordenaría que se le de la pensión de invalidez.
Si la tutela se
otorga como mecanismo transitorio, debe existir un perjuicio irremediable, para
lo cual es importante recordar los elementos del mismo:
"A- El
perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder
prontamente". Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un
posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real
en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar
algo probable y no una mera conjetura hipotética. Se puede afirmar que, bajo
cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica,
aunque no necesariamente consumada. Lo inminente, pues, desarrolla la
operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser
que oportunamente se contenga el proceso iniciado. Hay inminencias que son
incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras
que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el
desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la
causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una
causa perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la
causa que está produciendo la inminencia.
B). Las medidas
que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes,
es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar
una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de
la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva
actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por
realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud.
Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida,
de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con lo
expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad de
la urgencia.
C). No basta
cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico
concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a
uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las
autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad,
sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la
persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe
ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a
todas luces inconveniente.
D). La urgencia y
la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene
que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando
ya haya desenlace con efectos antijurídicos. Se trata del sentido de precisión
y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de
las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos
y garantías básicos para el equilibrio social.
De acuerdo con lo
que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay
ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra
una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien
jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e
impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo
transitorio.
El fundamento de
la figura jurídica que ocupa la atención de esta Sala es la inminencia de un
daño o menoscabo graves de un bien que reporta gran interés para la persona y
para el ordenamiento jurídico, y que se haría inevitable la lesión de continuar
una determinada circunstancia de hecho. El fin que persigue esta figura es la
protección del bien debido en justicia, el cual exige lógicamente unos
mecanismos transitorios, urgentes e impostergables, que conllevan, en algunos
casos, no una situación definitiva, sino unas medidas precautelativas"[3] .
Y, en sentencia que
declaró inexequible el inciso 2º del numeral 1º del artículo 6º del Decreto
2591 de 1991 la Corte ratificó:
"la persona
puede apelar transitoriamente a la acción de tutela justamente para evitar un
perjuicio irremediable".[4].
Por supuesto que
establecer CUANDO existe el perjuicio irremediable no es tarea fácil. En primer
lugar hay que examinar si las acciones u omisiones son manifiestamente
ilegítimos y contrarios a derecho, "pues de otra manera no se violan ni
amenazan los intereses del presunto afectado".[5] En segundo lugar, el
daño debe ser grave, "sólo la irreparabilidad que recae sobre un bien de
gran significación objetiva para la persona puede ser considerado como
grave."[6]
Además, el perjuicio tiene que ser inminente, es decir, que "se haría
inevitable la lesión de continuar una determinada circunstancia de hecho".[7] Y ante esa inminencia,
"las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser
urgentes"[8],
impostergables.
Todo esto nos lleva
a analizar: que tales medidas impostergables, tienen que ser ponderadas a la
luz de las disposiciones constitucionales como ya se explicó en esta sentencia
(respecto a las normas sobre gasto público, planta de personal).
CASO CONCRETO.
Libia Cuesta era
empleada en la gobernación del Valle del Cauca, con más de 19 años al servicio
de la entidad y cuenta en la actualidad con más de 48 años. Es decir, estaba
muy cerca al tiempo de servicio para obtener su pensión de jubilación y no muy
alejada del límite de edad necesario para adquirir el derecho.
Una grave
incapacidad motivó su retiro del servicio. Se le decretó la pensión de
invalidez y ahora se le extingue esta prestación con base en la valoración que
se le da a unos conceptos médicos que Libia Cuesta cuestiona.
Esta controversia no
puede dilucidarse mediante la acción de tutela. Pero, se pude amparar el
derecho al trabajo que es consecuencia lógica de la determinación
administrativa de extinguirle su pensión de invalidez porque ha readquirido su
capacidad de laborar.
Lo que debe
ponderarse ahora es la orden que se dará para efectos del reintegro. Desconoce
esta Sala de Revisión si existe o no la vacante que dejó Libia Cuesta al
retirarse del servicio. Como todo esto afecta la planta de personal, hay que
dar un tiempo prudencial para que el nominador y si fuere del caso también la
Asamblea Departamental den una solución justa al caso de la solicitante de la
presente tutela. Por supuesto que si antes del plazo máximo que se señalará en
este fallo hay la vacante, la Gobernación del Valle del Cauca debe reinstalar a
la trabajadora. Y, una vez en firme la decisión que se tome por la autoridad
judicial competente, respecto a la validez o nulidad de la Resolución 2454 de
19 de abril de 1994, de la División de prestaciones sociales del departamento
del Valle del Cauca, por medio de la cual se declaró extinguida la pensión de
invalidez de Libia Cuesta, la orden dada en esta sentencia de tutela se
mantendrá si la Resolución no es anulada o finalizará si la decisión es de
anular y por lo mismo de restablecer el derecho a la pensión de invalidez. Es
por ello que la tutela se otorga como mecanismo transitorio.
En mérito de lo
expuesto la Sala Séptima de Revisión administrando justicia en nombre del
Pueblo y por autoridad de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO:
REVOCAR los fallos
proferidos en las dos instancias, por el Tribunal Contencioso Administrativo
del Valle del Cauca el 2 de febrero de 1995 y por el Consejo de Estado, Sección
5ª, el 17 de marzo de 1995, por los motivos expuestos en la presente sentencia.
SEGUNDO:
CONCEDER, como mecanismo
transitorio, la tutela en favor de LIBIA CUESTA, protegiéndosele su derecho
fundamental al trabajo, y consecuencialmente se ORDENA: Que en el plazo máximo
de un año, contado a partir de la presente fecha, se reincorpore a LIBIA CUESTA
al puesto que tenía cuando se le decretó la pensión de invalidez, o sea:
Supervisora Dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos o a otro
de igual o semejante categoría, con el salario que hoy devengaría si hubiere
continuado en sus labores y teniéndose en cuenta que se mantiene un grado de
incapacidad valorado en un 20%, dándole la Gobernación del Valle del Cauca
preferencia absoluta para su readmisión en la primera vacante que se produzca
dentro de las condiciones de categoría y salario antes señalados.
TERCERA:
El Juzgador de primera
instancia vigilará el cumplimiento de la presente sentencia.
CUARTA:
Líbrense por Secretaría
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO:
Envíese copia de esta
providencia al Defensor del Pueblo.
Cópiese,
notifíquese, cúmplase, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON
DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA.
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Ver sentencias T-456/94, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez
Caballero, T-526/92, Magistrado Ponente: Ciro Angarita, T-181/93, Magistrado
Ponente: Hernando Herrera.
[2]En cuanto al procedimiento para la evaluación, el Decreto 1346 de
1994, reglamenta la integración, la financiación y el funcionamiento de las
Juntas de Calificación de Invalidez. Este Decreto principió a regir el 27 de
junio de 1994, pero, en el artículo de transición 43 del mismo Decreto, se
estableció que para los procedimiento de evaluaciones efectuados antes del 31
de agosto de 1994 continuarían aplicándose los procedimientos anteriores al
Decreto 1346/94.
[3]Corte Constitucional. Sentencia Nº T-
225/93 Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa
[4]Corte Constitucional Sentencia Nº
T-531/93. Magistrado Ponente: Dr Eduardo Cifuentes Muñoz.
[5]T-52/94, Ponente doctor HERNANDO HERRERA.
[6]T- 56/94, Ponente doctor EDUARDO CIFUENTES.
[7]T-234/94, Ponente doctor FABIO MORON DIAZ.
[8]T-56/94, Ponente doctor EDUARDO CIFUENTES. |
486 | T-357-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-357/95
ACCION DE TUTELA
CONTRA PARTICULARES-Establecimiento
comercial
Uno de los
supuestos dentro de los cuales se puede dar la tutela contra un particular es
cuando la conducta de éste afecte grave y directamente el interés colectivo,
esto es, "un interés que abarca un número plural de personas que se ven
afectadas por la conducta nociva desplegada por un particular". En
efecto, un particular puede superar el ámbito de ejercicio de sus derechos
transgrediendo ilegítimamente un derecho colectivo, el cual es un interés de
ese mismo tenor. El goce del derecho esta relativizado por las variantes
señaladas, con lo cual su ejercicio se torna abusivo cuando excede su móvil y
su fin, como en los casos señalados. Es por ello que se presenta la violación
al derecho de los demás, el cual puede ser individual, colectivo, difuso o colectivo
invidualizable.
CONTAMINACION
AUDITIVA-Potenciabilidad/ACCION
DE TUTELA CONTRA EL RUIDO/DERECHO A LA INTIMIDAD-Vulneración
El ruido es
reconocido como agente contaminante del medio ambiente, tanto por la
legislación nacional como por la jurisprudencia de esta Corporación. El ruido
excesivo puede vulnerar un derecho fundamental, la intimidad personal y
familiar, cuando se presenta una injerencia arbitraria, o sea, niveles de ruido
que no se tiene la carga de soportar, en ese reducto exclusivo y propio de la
persona.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PARTICULARES-Indefensión/DERECHO
AL AMBIENTE SANO-Vulneración/DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD-Vulneración
La tutela de la
referencia se encuadra también dentro de dos de los supuestos de tutela contra
particulares, a saber: a) la indefensión de la víctima debido a la inactividad
de la autoridad pública encargada de su protección, dado que la peticionaria
había realizado múltiples requerimientos a las autoridades de policía,
dirigidas a eliminar los excesos de los acusados, sin embargo, los mencionados
funcionarios públicos se mostraron reacios a una efectiva respuesta material,
dejando a la actora en una situación de desprotección jurídica; b) la
afectación grave y directa de un interés público, en este caso el medio
ambiente, por parte de los particulares acusados, porque el sonido emitido por
el establecimiento de comercio en mención es enviado al medio ambiente por
encima de los niveles permitidos y tiene la potencialidad de hacer perder la
capacidad auditiva. Por otro lado, con la injerencia arbitraria en la intimidad
personal y familiar también se viola el derecho al libre desarrollo de la
personalidad pues se obliga al afectado a escuchar un sonido contra su
voluntad.
REF: EXPEDIENTE
T-68023
Peticionaria: Tulia Rosa García García.
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Manizales -Sala Penal-.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Temas:
- Determinación
del destinatario de la acción de tutela.
- Tutela contra
particulares.
- La
potencialidad de la contaminación auditiva como trangresora de derechos
fundamentales.
Santa Fe de Bogotá
D.C., nueve (9) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Séptima de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados
Alejandro Martínez Caballero -Presidente de la Sala-, Fabio Morón Díaz y
Vladimiro Naranjo Mesa.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
tutela identificado con el número de radicación T-68023.
I. ANTECEDENTES
Con base en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la
Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para
efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le
correspondió el presente negocio a la Sala Séptima de Revisión.
1. Solicitud.
La señora Tulia Rosa
García García, impetra acción de tutela contra los propietarios y administradores
de un lugar de diversión llamado "El Cerro Musical", ubicado en la
vereda La Aurora de la zona rural del municipio de Manizales, frente a la
vivienda de la peticionaria. Motiva lo anterior, el alto volumen de la música
fuera de las horas permitidas al establecimiento en mención, el escándalo
continuo por la conducta de las personas borrachas y las escenas indecorosas
protagonizadas por los mismos.
Así mismo, la
accionante advierte que sus derechos fundamentales se han visto violados por
los acusados como efecto de la omisión de las autoridades de policía de
Manizales, quienes no han tomado las medidas suficientes y eficaces para
impedir la conducta enjuiciada, a pesar de los constantes requerimientos de la
peticionaria y de la comunidad en general, por tanto, también interpone la
tutela contra las mencionadas autoridades.
La peticionaria
sostiene que el comportamiento acusado vulnera sus derechos fundamentales al
libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad, a la paz y a la armonía
social. En ese orden de ideas, solicita la clausura definitiva del
establecimiento en mención y de cualquier negocio similar o peor que allí se
establezca.
2. Fallos.
2.1. Juzgado 5º
Penal del Circuito de Manizales. Sentencia del 22 de febrero de 1995.
El Juzgado de
primera instancia indica que la tutela es improcedente, sosteniendo que el caso
planteado no se encuadra dentro de los supuestos legales fijados por el
artículo 42 del Decreto No. 2591 de 1991 para la pertinencia de la tutela
contra los particulares, pues "el administrador del establecimiento
público generador de la queja es apenas un modesto campesino que combina su
labor de agricultor con la de cantinero, que no presta servicio público alguno
... y que, ni la quejosa ni ninguno otro de los habitantes de la vereda La
Aurora están subordinados a él o indefensos ante lo que hace". Así mismo,
expresa que no existió violación o amenaza de derecho fundamental alguno,
porque existen otros medios de defensa judiciales como "son las Inspecciones
de policía del Municipio o la misma Secretaría de Gobierno Municipal por medio
de los funcionarios de policía encargados de la vigilancia y guarda del orden
ciudadano".
En lo que atañe a la
presunta violación del derecho de petición por parte de la Secretaría de Gobierno
del municipio de Manizales, el Juzgado asevera:
Tiene prueba esta
oficina que si bien ante el titular de aquella agencia pública se han elevado
varias quejas, desde años atrás, por los hechos a que se contrae el presente
investigativo, estas han sido escuchadas debidamente. Y no solo esto sino que
se ha obrado hasta el punto que se ha dispuesto el cierre temporal del
establecimiento de cantina e incluso, como la refiere la demandante delegada
(Fl. 44 Vt.), el propio Secretario de Gobierno Municipal, Dr. FERNANDO HELI
MEJIA ALVAREZ, ha procedido positivamente enviando al lugar de los
acontecimientos, agentes de la Policía Nacional para que colaboren en la
prestación de vigilancia y cuidado en la observancia del reglamento de parte
del administrador del "Salón Familiar Cerro Musical".
En ese orden de
ideas, el Juzgado 5º Penal del Circuito de Manizales denegó la tutela
solicitada por Rosa Tulia García García.
2.2. Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales -Sala Penal-. Sentencia del 30 de
marzo de 1995.
El Tribunal revocó
la sentencia del A-quo, y en su lugar, concedió la acción explicando, como
primera medida, que el caso sub-examine se encuadra dentro de los supuestos de
la tutela contra particulares pues el acusado está afectando grave y
directamente el interés colectivo, representado en el medio ambiente. Así
mismo, la solicitante se encuentra en una situación de indefensión frente al
particular acusado porque en el asunto en comento se han presentado omisiones
administrativas en el control de la conducta enjuiciada que han dejado a la
accionante sin protección jurídica.
Seguidamente, el
Tribunal expresó que se presenta una violación al derecho a la intimidad de la
peticionaria por la injerencia arbitraria del sonido proveniente del
establecimiento de comercio acusado. En efecto, el fallador manifestó que el
funcionamiento del "Cerro Musical" está autorizado hasta la
medianoche con música a bajo volumen, sin embargo, ésta es emitida a un alto
volumen, según dictamen pericial, teniendo en cuenta la zona rural en la cual
está ubicado el establecimiento público y la corta distancia en que se
encuentra el lugar de habitación de la accionante.
En aras de la
efectiva protección del derecho vulnerado, el Tribunal ordenó al Alcalde de
Manizales, en su calidad de primera autoridad de Policía de la localidad, la
disposición de lo pertinente en orden a la estricta y cumplida ejecución de las
normas jurídicas sobre control y sobre sanciones a emisiones de ruido.
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
Competencia.
1- Es competente
esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de
revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los
artículos 86 inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto No. 2591 de 1991;
además, su examen se hace por virtud de la selección que de dichas acciones
practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma
señalada por el Reglamento de esta Corporación.
Asunto procesal
preliminar. Determinación del destinatario de la acción de tutela.
2- La peticionaria
denuncia como protagonistas de la violación de sus derechos fundamentales a los
propietarios y administradores de un lugar de diversión llamado "El Cerro
Musical", sin determinar con precisión los nombres actuales de éstos. Así
mismo, entiende que la omisión de las autoridades municipales consistente en la
falta de control a los excesos de los anteriores acusados, también los hace
particípes de la conducta que se enjuicia. Lo anterior motiva a esta
Corporación para abordar el tema de la determinación del destinatario de la
acción de tutela en el caso en concreto.
3- La acción de
tutela es un mecanismo constitucional de protección, en el cual una persona,
generalmente una autoridad pública y por excepción un particular, vulnera o
amenaza vulnerar derechos fundamentales de otra persona. Así la tutela recae
sobre una situación en la cual existen dos partes opuestas, que debn estar
exactamente determinadas.
Ahora bien, en el
caso de la definición concreta del destinatario de la tutela, ésta no sólo se
realiza a partir de la denominación que se le dé a la persona encartada sino
también a través de la cualidad que precisamente origina la acusación, con la
cual se hace determinable el mencionado destinatario. En efecto, la entidad de
un ser no puede ser sólo determinada por la designación que ostenta, pues
también se debe oscultar las características fundamentales que lo definen,
siendo labor del Juez de tutela determinar, cuando el accionante lo hace
determinable, el destinatario de la acción antecitada.
Es así como en el
caso que nos ocupa, cuando la peticionaria denuncia como protagonistas de la
violación de sus derechos fundamentales a los propietarios y administradores de
un lugar de diversión llamado "El Cerro Musical", sin decir con
precisión los nombres actuales de éstos, la Corte entiende que lo anterior es
suficiente para determinar los destinatarios de la presente acción.
Temas a tratar.
4- Por otro lado, la
accionante fundamenta la presente acción tanto en la conducta activa de unos
particulares como en la pasividad de una autoridad pública ante la mencionada
conducta de los particulares. La segunda instancia considera que en el presente
negocio nos encontramos dentro de los supuestos de tutela contra particulares
tanto por la indefensión de la afectada debido a la inactividad de la autoridad
pública encargada de su protección, como por la afectación grave y directa de
un interés público por parte de los particulares acusados. La Corte estudiará
los temas anteriores.
5- Ahora bien, el
principal elemento sobre el cual la actora radica la violación de sus derechos
fundamentales es la "alteración de la paz y la armonía social y
familiar" por los escándalos diurnos y nocturnos que protagonizan los
visitantes del establecimiento comercial llamado el "Cerro Musical".
Así, la Corte estudiará la potencialidad de la contaminación auditiva como
trangresora de derechos fundamentales.
Tutela contra
particulares. Indefensión y afectación del interes colectivo.
6- Como ya se
afirmó, la actora acusa a determinados particulares como autores de cierta conducta
que vulnera sus derechos fundamentales. El Tribunal Superior de Manizales -Sala
Penal- manifiesta que la acción en referencia se encuadra dentro de los
supuestos de tutela contra particulares por dos factores: a) la indefensión de
la víctima debido a la inactividad de la autoridad pública encargada de su
protección; y b) la afectación grave y directa de un interés público, en este
caso el medio ambiente, por parte de los particulares acusados.
Es de mérito,
entonces, precisar la porcedencia de los anteriores casos de tutelas contra
particulares.
7- Uno de los
supuestos dentro de los cuales cabría una tutela contra particulares es la
indefensión del afectado en relación con la persona que comete la conducta
acusada (inciso 5º art. 86 C.P.). Ciertamente, en la sociedad existen ciertos
centros de poder diferentes al Estado con capacidad de constreñir al particular
en el ejercicio de sus derechos fundamentales. La creación de tales centros de
poder a veces es inducida ilegítimamente por la negligencia en el actuar del
Estado. Es así como es posible configurar la indefensión como resultado de la
pasividad de una autoridad pública. Al respecto la Corporación manifiesta que:
La situación de
indefensión es una circunstancia empírica, no normativa, que coloca a la
persona en la imposibilidad real de ejercer sus derechos fundamentales por
motivos ajenos a su voluntad. Pese a que, in abstracto el ordenamiento
jurídico dispone de medios de defensa judicial para la protección de los
derechos e intereses, en la práctica, diversos factores de hecho, entre ellos la
inacción de las autoridades públicas, pueden dar lugar a la desprotección y
consecuente indefensión de una persona frente al poder o a la supremacía de
otro particular. En estos casos, al juez de tutela corresponde verificar si
efectivamente se configura una situación o relación de indefensión en la que
esté en juego algún derecho fundamental que deba ser tutelado. (negrillas fuera
de texto)[1]
Así, la existencia o
no de medios jurídicos de defensa del afectado frente a la persona acusada debe
ser analizada bajo el prisma de la efectividad de los mencionados mecanismos,
en el caso en concreto.
8- Por otro lado,
uno de los supuestos dentro de los cuales se puede dar la tutela contra un
particular es cuando la conducta de éste afecte grave y directamente el interés
colectivo, esto es, "un interés que abarca un número plural de personas
que se ven afectadas por la conducta nociva desplegada por un particular"[2]. En efecto, un
particular puede superar el ámbito de ejercicio de sus derechos transgrediendo
ilegítimamente un derecho colectivo, el cual es un interés de ese mismo tenor.
Sin embargo, no siempre que hay un interés colectivo éste es difuso, sino que
también es posible que pueda ser individualizable.
Al respecto, la
Corte sostiene que:
... se presentan
situaciones en que los denominados "derechos colectivos", como la
paz, la salubridad pública, la moral administrativa o el medio ambiente, entre
otros, únicamente afectan a una o varias personas identificadas o
identificables, y no a un número de personas indeterminadas. Lo anterior
puede darse, por ejemplo, cuando el ruido o disturbios frecuentes en un lugar
de diversión (tabernas, bares, balnearios, etc.), molestan únicamente a los
vecinos del lugar. En estos eventos proceden los mecanismos de protección
jurídica individuales, como es el caso de la acción de tutela, siempre y cuando
dichas situaciones se encuentren dentro de los presupuestos que la Constitución
y la ley establecen para la protección de los derechos. (negrillas fuera de texto)[3]
En los casos
citados, se aprecia que el particular tiene el derecho de realizar determinada
conducta, sin embargo, el ejercicio del derecho respectivo no es absoluto sino
que está condicionado por el medio social, los derecho de los demás y su
finalidad[4].
Como expresaba el profesor Josserand, "cada derecho tiene su espíritu, su
objeto, su finalidad; quienquiera que intente apartarlo de su misión social,
comete una falta, delictuosa o cuasi delictuosa, un abuso del derecho
susceptible de comprometer, dado el caso, su responsabilidad"[5]. El goce del derecho
esta relativizado por las variantes señaladas, con lo cual su ejercicio se
torna abusivo cuando excede su móvil y su fin, como en los casos señalados. Es
por ello que se presenta la violación al derecho de los demás, el cual puede
ser individual, colectivo, difuso o colectivo invidualizable.
La potencialidad
de la contaminación auditiva como trangresora de derechos fundamentales.
9- La acusación de
la peticionaria gira alrededor de la presunta transgresión de su derecho a la
intimidad por parte de los particulares enjuiciados, por el uso desmedido del
sonido en el establecimiento comercial conocido como el "Cerro
Musical", por consiguiente, esta Sala abordará el tema de la potencialidad
de la contaminación auditiva como trangresora de derechos fundamentales.
10- La vida en
sociedad genera para el ser humano ciertas cargas propias de la interacción
social. Este es el caso del ruido. Ciertamente, la vida social supone la
tolerancia de la existencia de la alteridad, es decir, del otro. Esa otra
persona tiene derecho a ser y, en consecuencia, a ejecutar todas sus
manifestaciones de existencia como la producción de su propio ruido, obviamente
limitado por los derechos de los demás y el orden jurídico (art. 16 C.P.).
Ahora bien, surge
una pregunta: ¿el ejercicio abusivo de la producción de ruido podría llegar a
vulnerar o amenazar un derecho fundamental?. La respuesta es afirmativa. Como
primera medida, el ruido es reconocido como agente contaminante del medio
ambiente, tanto por la legislación nacional (Decreto No. 2811 de 1974) como por
la jurisprudencia de esta Corporación[6].
Así mismo, la Corte Constitucional ha reiterado en múltiples sentencias que el
medio ambiente no es derecho fundamental por naturaleza, sin embargo, cuando
existe una violación de un derecho fundamental, como la salud o la vida, es
posible que proceda la tutela probándose la relación causal entre la actividad
que vulnera el medio ambiente y el daño al derecho fundamental respectivo. En
ese orden de ideas, es posible que un ejercicio de la posibilidad de producir
ruido llegue a niveles en los cuales viole o amenace violar un derecho
fundamental como el de la salud, pueda ser tutelado, en tanto y en cuanto, se
logre comprobar el nexo entre la conducta acusada violatoria del medio ambiente
y el daño o amenaza al derecho fundamental.
Otra vía por la cual
la contaminación auditiva puede violar un derecho fundamental es la injerencia
arbitraria en la intimidad de una persona. En relación con lo anterior, la
Corte expresa que:
El derecho
fundamental a la intimidad asegura a la persona y a su familia un reducto o
espacio físico inexpugnable, ajeno a los otros, en el que puede resguardarse,
aislándose del tumulto de la vida moderna, gozar del recogimiento necesario y
proyectar tranquilamente su personalidad, alejado y libre de las intromisiones
o contactos que el sistema social normalmente acarrea.
En su versión
tradicional, el derecho a la intimidad ha sido identificado con la protección
al domicilio y a la correspondencia frente a intervenciones indeseadas y
arbitrarias de personas ajenas. A nivel penal, el allanamiento del domicilio o
la interceptación de las comunicaciones, sin orden judicial que las autorice,
son conductas punibles que atentan contra la inviolabilidad de la habitación y
del sitio de trabajo (Título X, Capítulo IV del Código Penal) y contra la
reserva de las comunicaciones y documentos privados (Título X, Capítulo V del
Código Penal).
Sin embargo, una
interpretación del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, a la
luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia (CP art. 93),
exige entender comprendido en su núcleo esencial la interdicción de ruidos
molestos e ilegítimos. En efecto, la Declaración Universal de Derechos
Humanos (1948) establece:
"Nadie
será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y a su reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o
ataques".
La prohibición
que recae sobre las injerencias arbitrarias en la vida privada de la
persona, su familia, su domicilio o su correspondencia, no sólo garantiza a la
persona frente al ingreso injustificado de personas o agentes públicos al
espacio físico de su exclusivo control, sino también la ampara contra las
invasiones que penetran la esfera de intangibilidad de su vida personal o
familiar, mediante aparatos electrónicos o mecánicos, en este caso ya no tan
sólo en forma directa e intencional. La amplitud del concepto de
"injerencia", contenido en el derecho a no ser molestado que,
a su vez, hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad
personal o familiar, incluye los ruidos ilegítimos, no soportables ni
tolerables normalmente por la persona en una sociedad democrática.[7]
En conclusión, el
ruido excesivo también puede vulnerar un derecho fundamental, la intimidad
personal y familiar (art. 15 C.P.), cuando se presenta una injerencia
arbitraria, o sea, niveles de ruido que no se tiene la carga de soportar, en
ese reducto exclusivo y propio de la persona.
11- El nivel de
tolerancia social del ruido está condicionado, principalmente, por la situación
espacial y temporal en la cual se produce. En efecto, el Ministerio de Salud
Pública expidió la Resolución No. 8321 de 1983, por la que "se dictan
normas sobre protección y conservación de la audición de la salud y el
bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de
ruidos". En su artículo 17, la Resolución citada determina los niveles de
ruido máximos permisibles según el lugar y la hora en que se produzca su emisión:
Artículo 17.-
Para prevenir y controlar las molestias, las alteraciones y las pérdidas
auditivas ocasionadas en la población por la emisión de ruido, se establecen
los niveles sonoros máximos permisibles incluidos en la siguiente tabla:
TABLA NUMERO I
Zonas receptoras
Nivel de presión
sonora de dB (A)
Período
diurno Período nocturno
7:01a.m.-9p.m.
9:01p.m.-7a.m.
Zona I
residencial 65 45
Zona II comercial 70
60
Zona III industrial 75 75
Zona IV de
tranquilidad 45 45
Parágrafo 1º -
Para efectos del presente artículo la zonificación contemplada en la Tabla
número I, corresponde a aquella definida o determinada por la autoridad
competente en cada localidad y para cada caso.
(...)
Así mismo, el
artículo 21 del precitado acto normativo reitera, en general, la obligatoriedad
del artículo 17 ibídem, al establecer lo siguiente:
Artículo 21.- Los
propietarios o personas responsables de fuentes emisoras de ruido, están en la
obligación de evitar la producción de ruido que pueda afectar y alterar la
salud y el bienestar de las personas, lo mismo que de emplear los sistemas
necesarios para su control con el fin de asegurar niveles sonoros que no
contaminen las áreas aledañas habitables. Deberán proporcionar a la autoridad
sanitaria correspondiente la información que se les requiera respecto a la
emisión de ruidos contaminantes.
Luego, la Resolución
mencionada, en su artículo 22, determina el respeto a la intimidad en su
componente de tranquilidad auditiva específicamente en las relaciones entre
vecinos, sin atender a la actividad que desempeñen, estableciendo que
"ninguna persona permitirá u ocasionará la emisión de cualquier ruido, que
al cruzar el límite de propiedad del predio originador pueda exceder los niveles
establecidos en el Capítulo II de la presente resolución". Claramente, la
norma en comento, prohibe la intromisión arbitraria de un vecino al predio de
otro, a través del ruido que sobrepase los niveles permitidos. Más tarde, en el
artículo 23 ibídem, se les exige a los establecimientos, locales y áreas de
trabajo el estricto cumplimiento de los niveles sonoros permisibles. En el
artículo 25 ibídem, así mismo, a las actividades de diversión, como
discotecas, se les prohibe la emisión de sonidos capaces de perturbar a los
habitantes de las zonas próximas. En ese orden de ideas, se vincula al
cumplimiento de una determinada contención en el sonido tanto a los
comerciantes como a las personas comunes.
Así, las personas
que tengan fuentes productoras de sonido que rebasen las escalas sonoras antes
citadas están ejerciendo en forma abusiva su derecho a producir ruido.
12- Es de mérito
advertir que ante la eventualidad de una falta de reglamentación del uso del
suelo, para efectos de la aplicación de la tabla establecida en el artículo 17
de la Resolución No. 8321 de 1983 expedida por el Ministerio de Salud Pública,
por regla general, se debe considerar que la zona respectiva es de uso mixto,
esto quiere decir de tipo residencial, principalmente, y comercial con
restricciones, dado que esa es su destinación primaria. Es necesaria tal
suposición en aras de la eficacia en la protección contra la emisión abusiva de
ruido.
El caso en
cuestión.
13- En el caso
sub-examine, la peticionaria sostiene que el excesivo sonido (música, gritos,
carcajadas, peleas) que emite el establecimiento comercial "Cerro
Musical" viola sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la
personalidad, a la intimidad, a la paz y a la armonía social.
14- Inicialmente, es
menester definir si se presenta violación o amenaza de un derecho fundamental
por la ocurrencia de la conducta acusada. En lo que atañe a la presunta
violación de los derechos a la paz y a la armonía social, "sería un
desconocimiento del verdadero significado de la paz, suponer que siempre que a
una persona le perturbe el efecto del quehacer de otra, se lesione por ello el
derecho fundamental a la paz; no hay que confundir la paz constitucional con la
tranquilidad subjetiva de uno de los asociados"[8]. No se trata, pues, de
una violación a la paz, sino de la posible violación de la tranquilidad. Esta a
su vez, se deriva del derecho a la vida digna y es un componente del derecho a
la intimidad, en la medida en que éste supone un ambiente reposado, sosegado,
cuya serenidad sólo puede modificar, precisamente, el propio titular del
derecho.
Ahora bien, en
cuanto a la transgresión del derecho fundamental a la intimidad personal y
familiar, el establecimiento "Cerro Musical" se ha estado excediendo
en el horario dentro del cual estaban autorizados por la licencia de
funcionamiento para emitir ruido, pues el administrador señala que en ciertos
días el negocio funciona hasta la una de la mañana (folio 47), estando
autorizado solamente hasta las doce de la noche (folio 112).
Así mismo, según el
concepto técnico de la medición de ruido, el sonido emitido por el
establecimiento en mención tiene una intensidad de 63 decibeles (folio 98), lo
cual supera los niveles fijados para el período nocturno, tanto para la zona
residencial - 45 decibeles- como para la zona comercial -60 decibeles-, tomando
en consideración que el uso del suelo en esa vereda no ha sido específicado
(folio 154), con lo cual la zona antes citada debe ser considerada de uso
mixto. Agrega, en el mismo dictamen se indica que "la música y las
conversaciones de los presentes en el establecimiento, se hacen demasiado
notorios, ya que el sector es silencioso y tranquilo, por ser rural".
En ese orden de
ideas, se está presentando un abuso por parte de un particular en el ejercicio
de los derechos a la libre actividad económica y a la libre iniciativa privada,
pues se están transgrediendo los límites dentro de los cuales se pueden
desplegar los derechos citados.
Con lo anterior,
esta plenamente probado que existe una injerencia arbitraria por parte del
administrador y los propietarios del "Cerro Musical" en la intimidad
personal y familiar de la accionante. Además, no solamente el particular con su
acción conculcó el derecho fundamental de la accionante, sino también lo hizo
la autoridad pública llamada a proteger a la peticionaria de los abusos del
particular acusado, el Alcalde de Manizales en su calidad de primera autoridad
de policía del municipio, por su conducta omisiva en el cumplimiento de su
deber.
Por otro lado, con
la injerencia arbitraria en la intimidad personal y familiar también se viola
el derecho al libre desarrollo de la personalidad pues se obliga al afectado a
escuchar un sonido contra su voluntad.
15- En el presente
caso, la actora no tiene otro medio de defensa judicial, pues los medios
jurídicos con los cuales se puede defender de la conducta de los particulares
acusados es de carácter administrativo y el otro es policivo.
16- La tutela de la
referencia se encuadra también dentro de dos de los supuestos de tutela contra
particulares, a saber:
a) la indefensión de
la víctima debido a la inactividad de la autoridad pública encargada de su
protección, dado que la peticionaria había realizado múltiples requerimientos a
las autoridades de policía, dirigidas a eliminar los excesos de los acusados,
sin embargo, los mencionados funcionarios públicos se mostraron reacios a una
efectiva respuesta material, dejando a la actora en una situación de
desprotección jurídica.
b) la afectación
grave y directa de un interés público, en este caso el medio ambiente, por
parte de los particulares acusados, porque el sonido emitido por el
establecimiento de comercio en mención es enviado al medio ambiente por encima
de los niveles permitidos y tiene la potencialidad de hacer perder la capacidad
auditiva (art. 17 Res. No. 8321/83 Min-Salud).
17- Así las cosas,
se concederá la acción de tutela presentada por Tulia Rosa García García en
contra del administrador y los propietarios del establecimiento llamado
"Cerro Musical", dada la violación de los derechos a la intimidad y
al libre desarrollo de la personalidad de la actora.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales -Sala Penal-, el 8 de
marzo de 1995.
SEGUNDO: ADICIONAR la Sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales -Sala Penal-, el 8 de
marzo de 1995. En consecuencia, ORDENAR al administrador y los propietarios del
establecimiento llamado "Cerro Musical" que en el ejercicio de la
actividad propia del mencionado establecimiento se abstengan de ocasionar
injerencias arbitrarias por ruido que vulneren los derechos fundamentales de la
accionante y de su familia.
TERCERO: COMISIONAR al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales -Sala Penal- para que vigile el debido y
estricto cumplimiento de la orden confirmada y de la dada en esta sentencia.
CUARTO: COMUNICAR a través de la Secretaría
General de la Corte Constitucional el contenido de la sentencia, al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales -Sala Penal-, al Alcalde de
Manizales, al administrador y al propietario del establecimiento comercial
"Cerro Musical", al Defensor del Pueblo y a la peticionaria de la
presente tutela.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON
DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA.
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Corte Constitucional. Sentencia No. T-210 del 27 de abril de 1994.
M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[2]Corte Constitucional. Sentencia No. T-226 del 25 de mayo de 1995.
M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz.
[3]Corte Constitucional. Sentencia No. T-028 del 31 de enero de 1994.
M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
[4]Corte Constitucional. Sentencia No. T-025 del 28 de enero de 1994.
M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía.
[5]JOSSERAND, Louis. Del Abuso del Derecho y otros Ensayos. Edit.
Temis. Bogotá. 1982. Pág. 5.
[6]Corte Constitucional. Sentencias Nos. T-411/92, T-308/93, T-025/94
y T-226/95, entre otras.
[7]Corte Constitucional. Sentencia No. T-210 del 27 de abril de 1994.
M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[8]Corte Constitucional. Sentencia No. T-028 del 31 de enero de 1994.
M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. |
487 | T-358-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-358/95
SERVICIO MILITAR-Desacuartelamiento/SERVICIO MILITAR-Unión
de hecho/DERECHOS DEL NIÑO
La orden de
desacuartelamiento no se orienta a la protección de los derechos del soldado
sino a amparar los derechos constitucionales fundamentales de los menores.
Privar de esta ayuda a una joven de diecisiete años de edad, desempleada y en
estado de gravidez entraña un enorme grado de desprotección que afecta a la
madre y al hijo que espera, ante lo cual cobra notable importancia la presencia
del esposo y padre que, en las circunstancias anotadas, es el único llamado a
proveer lo necesario, toda vez que, en la práctica, tampoco se han implementado
los programas orientados a brindar apoyo a la mujer que hallándose embarazada
soporta el desempleo o el desamparo.
MATERNIDAD-Protección
La asistencia y
protección de la maternidad, establecida como obligación estatal en el artículo
43 de la Carta, busca velar no sólo por el bienestar de la madre sino también
por la salvaguarda respecto de los derechos fundamentales del nasciturus, los
cuales la Constitución reconoce al hacer remisión a lo que disponen los
tratados internacionales sobre derechos humanos y protección de los niños.
REF: Expediente
No. 72.444
Peticionaria:
Flor Alba Mendoza Beltrán
Procedencia:
Juzgado 46 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá.
MAGISTRADO
PONENTE: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá
D.C., agosto nueve (9) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Fabio Morón
Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero quien la preside,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
tutela identificado con el número de radicación T-72.444, adelantado por
Flor Alba Mendoza Beltrán en contra del Distrito Militar No. 51 de Puente
Aranda. Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del
Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte
Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
I.ANTECEDENTES
A. La solicitud
El 15 de mayo de
1995, Flor Alba Mendoza Beltrán compareció ante el Juzgado Sesenta y Seis Penal
del Circuito de Santa Fe de Bogotá y manifestó su intención de impetrar una
acción de tutela, con base en los hechos que expuso ante ese despacho judicial
y que se resumen a continuación:
Manifestó la
accionante que tiene 17 años de edad, que vive en esta ciudad y que formula la
acción en contra del Distrito Militar No. 51 de Puente Aranda porque el día 1
de marzo del año su esposo, Jair Osorio Mendoza, fue reclutado para prestar el
servicio militar en el Batallón Joaquín París de San José del Guaviare, sin
tener en cuenta las obligaciones que él cumplía en favor de ella y de un niño
de algo más de un año a quien sostenía y que, pese a no ser hijo de la
peticionaria, se encontraba al cuidado de la pareja luego de haber sido
abandonado por la madre.
Relató la accionante
que vive en unión libre con el señor Osorio Mendoza y que en la actualidad se
encuentra en estado de embarazo. Narró, así mismo que él trabajaba en
construcción y respondía por el arrendamiento de una pieza que le están
solicitando y por los gastos del hogar; dijo, además, hallarse privada de toda
ayuda.
B. La sentencia
que se revisa
El Juzgado Cuarenta
y seis Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, mediante sentencia de 24 de
mayo de 1995, resolvió negar la tutela impetrada, con base en las siguientes
consideraciones:
Se refirió el juez,
en primer término, al artículo 86 de la Constitución Política y transcribió el
artículo 21 de la ley 1 de 1945, relativo a las causales que eximen de la
prestación del servicio militar, dentro de las cuales no encontró ninguna
aplicable al caso en estudio, por lo tanto, estimó el Juzgado que "Jair
Osorio Mendoza está en igualdad de condiciones frente a los demás compatriotas
llamados a prestar el servicio militar", de modo que "declarar la
excepción específica y personal en su favor significaría un grave
desconocimiento del principio fundamental constitucional de igualdad ante la
ley y la invasión de otras instancias jurisdiccionales".
Indicó,
adicionalmente, que es la misma Constitución, en su artículo 216 la que permite
legislar "en torno a las condiciones y excepciones de prestación del
servicio militar, y la ley vigente no va en contravía del texto
constitucional...".
Señaló que "si
la inconformidad de la señora Mendoza Beltrán está radicada en esa ley, la que
regula lo relacionado con la obligatoriedad de prestar el servicio militar y
sus excepciones, lo que debe hacer es demandarla ante la Corte
Constitucional".
Finalmente, el
fallador expuso: "En lo referente a tener doña Flor Alba bajo su custodia
un menor que no es hijo suyo, no es dable atribuir obligación alguna a Osorio
Mendoza, primero porque no es él el padre y segundo, porque no media sentencia
judicial que así lo ordene. Si la madre natural del menor no se quiere hacer
cargo de él, la accionante debe acudir a una Comisaría de Familia del sector
donde está su domicilio, poner en conocimiento la situación y sea allí donde se
impongan los correctivos del caso".
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
A. La Competencia
Es competente esta
Sala de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de
la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86,
inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política y 33, 34, 35 y
36 del Decreto 2591 de 1991.
B. La materia
1. Busca la
accionante que se ordene al Ejército Nacional desacuartelar al soldado Jair
Osorio Mendoza, reclutado para la prestación del servicio militar y aduce, como
fundamento de su pretensión, que el cumplimiento de esa obligación impide al
conscripto atender las necesidades de ella, que es su compañera permanente y de
dos niños, uno de los cuales es hijo de Osorio Mendoza y se encuentra a su
cargo, mientras que el segundo, según información que reposa en autos, está por
nacer y es fruto de la relación estable que mantiene el mencionado señor con la
peticionaria quien, además, manifiesta carecer de toda ayuda y no estar en
condiciones de sufragar los gastos del hogar.
2. La Carta Política
en su artículo 216 se refiere al servicio militar y establece que "todos
los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades
públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones
públicas". La misma norma defiere a la ley el señalamiento de las
"condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas
por la prestación del mismo".
La ley 48 de 1993
precisamente se ocupa de las exenciones al servicio militar y distingue, para
tal efecto, las que operan en todo tiempo (art. 27) y las que sólo tienen lugar
en tiempo de paz; dentro de estas últimas aparece contemplada, en el literal g
del artículo 28, la causal referente a "los casados que hagan vida
conyugal".
3. La obligación de
prestar el servicio militar es de carácter personal y, de acuerdo con reiterada
jurisprudencia de la Corte, su cumplimiento afecta, en primer término los
intereses del incorporado a filas y en ocasiones los predicables de los
miembros de su familia, en particular de los niños que se ven privados de la
protección paterna.
En este último
evento se aprecia la existencia de un conflicto entre las obligaciones que el
llamado a filas tiene respecto del Estado y las que le corresponde cumplir en
relación con su familia. Conviene recordar que la Constitución Política impone
a la pareja el deber de sostener y educar a los hijos "mientras sean
menores o impedidos" y también que el artículo 44 superior reconoce los
derechos de los niños a "tener una familia y no ser separados de
ella", así como al "cuidado y amor", y a la vez impone a la
familia, a la sociedad y al Estado "la obligación de asistir y proteger al
niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de
sus derechos"
4. En torno a la
solución de este conflicto, la Corte Constitucional fijó su doctrina en la
sentencia de unificación No. 491 de 1993 en la que se indicó:
"La
incompatibilidad entre la obligación de prestar el servicio militar y la
obligación de sostener, alimentar y proteger a los hijos menores debe
resolverse en favor de los derechos cuya protección es prioritaria. La doctrina
constitucional reconoce la primacía de los derechos de los niños sobre los
derechos de los demás, entre estos los derechos del Estado a exigir de sus
miembros la contribución efectiva al sostenimiento de la independencia y
soberanía nacionales (C.P. arts. 216 y 217). La desprotección de los derechos
de los niños -a la luz del pensamiento constituyente- se traduce en la
negación del futuro de la sociedad, atendida la importancia que las
generaciones venideras revisten para la prosperidad de la colectividad. Por otra
parte, exigir el cumplimiento de la obligación de prestar el servicio militar
en ciertas circunstancias, haciendo abstracción de cualquier interés particular
o situación humana concreta, implicaría para el Estado el desconocimiento
-entre otros- del deber constitucional de amparar a la familia como núcleo
esencial e institución básica de la sociedad.
Si bien la
prestación del servicio militar tiene pleno sustento constitucional en la
necesidad de disponer de un Ejército debidamente instruido para enfrentar
eventualidades que pueden poner en peligro la estabilidad institucional, la
pérdida del recurso humano que representa prescindir de un soldado no es
proporcional frente a la potencialidad del daño que se irrogaría a la familia y
a los derechos del niño como consecuencia de la desprotección afectiva y
económica que trae aparejada la separación -así sea temporal- del padre por
efecto de la obligatoriedad de prestar el servicio militar."(M.P. Dr
Eduardo Cifuentes Muñoz).
5. La Sala estima
pertinente anotar que en un asunto similar al que ahora se examina la
Corporación se refirió a la igualdad de derechos y de deberes de los hijos
"habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados
naturalmente o con asistencia científica" (art. 42 C.P.) y, en alusión a
la ley 1 de 1945, expuso criterios que en esta oportunidad resulta oportuno
reiterar y de conformidad con los cuales "cuando la ley exencionó del
servicio militar al ´varón casado que haga vida conyugal´ (...) estaba
defendiendo la familia que de acuerdo con los criterios éticos-jurídicos que
primaban antes de la nueva Constitución, merecía protección únicamente cuando
se formaba por vínculo matrimonial; pero a la luz de los principios profesados
por los Constituyentes de 1991, la familia que se origina entre compañeros
permanentes, en las condiciones previstas por la ley, merece también
reconocimiento y protección; de manera que el varón en estas condiciones debe
ser igualmente objeto de la exención que se otorga al casado", de lo
contrario, se daría paso a una reprochable discriminación (Sentencia No. T-
326 de 1993. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).
Fuera de lo
anterior, es oportuno puntualizar que en la actualidad el Estado colombiano no
cuenta con un sistema prestacional y de seguridad social que se encargue de
brindar protección a los niños mientras su padre cumple sus obligaciones para
con la patria, en esas condiciones "al Estado no le es dable exigir de
la principal persona llamada por la ley a asistir y proteger a la familia, el
cumplimiento de una obligación que trae como efecto práctico su separación del
núcleo familiar." (Sentencia No. 491 de 1993).
6. Ahora bien, la
Corte ha sido enfática en precisar que no es posible convertir la acción de
tutela en un mecanismo propicio para evadir el acatamiento debido a la
obligación de prestar el servicio militar. La orden de desacuartelamiento no se
orienta a la protección de los derechos del soldado sino a amparar los derechos
constitucionales fundamentales de los menores y procede siempre que se
acrediten los siguientes presupuestos: "(1)el reconocimiento de la
paternidad por el soldado respecto de quien se solicita el dasacuartelamiento;
(2)la demostración de la situación de desempleo o desamparo de la madre que le
impide asumir la carga del mantenimiento y cuidado de sus hijos menores y (3)la
ausencia del apoyo económico de las personas llamadas por ley a prestar
alimentos a sus familiares cercanos" (Sentencia No. 491 de 1993).
Sostuvo la
peticionaria ante el juez que recibió su solicitud verbal de tutela que Jair
Osorio Mendoza laboraba en construcción para obtener los recursos que dedicaba
a la manutención del hogar. La Sala no duda en afirmar que privar de esta ayuda
a una joven de diecisiete años de edad, desempleada y en estado de gravidez
entraña un enorme grado de desprotección que afecta a la madre y al hijo que
espera, ante lo cual cobra notable importancia la presencia del esposo y padre
que, en las circunstancias anotadas, es el único llamado a proveer lo
necesario, toda vez que, en la práctica, tampoco se han implementado los
programas orientados a brindar apoyo a la mujer que hallándose embarazada
soporta el desempleo o el desamparo.
La Corte, en las
tantas veces citada sentencia No. SU-491 de 1993 puntualizó que "La
asistencia y protección de la maternidad, establecida como obligación estatal
en el artículo 43 de la Carta, busca velar no sólo por el bienestar de la madre
sino también por la salvaguarda respecto de los derechos fundamentales del
nasciturus, los cuales la Constitución reconoce al hacer remisión a lo que
disponen los tratados internacionales sobre derechos humanos y protección de
los niños". Así las cosas, en el evento sub examine, la asistencia que
se revela más segura es la de Jair Osorio Mendoza, cuyo desacuartelamiento se
ordenará en la parte resolutiva, bajo condición de que dentro del término de
cinco días, contados a partir de la notificación de esta sentencia reconozca,
personalmente, su paternidad sobre el hijo que Flor Alba Mendoza Beltrán espera.
7. Por último la
Sala llama la atención acerca del importantísimo papel que, por expresa
previsión constitucional, están llamados a cumplir los jueces de la República
tratándose de la protección y de la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales. La Corte ha expresado que "Si tales
funcionarios no asumen con seriedad y realismo la delicada tarea que se les
encomienda y frustran los fines primordiales del Estado, dejando inaplicada su
preceptiva fundamental atentan gravemente contra las instituciones y son
responsables de ello" , así pues, en sentir de la Corporación "resulta
inadmisible que el juez niegue o conceda de antemano, sin verificar ni sopesar
a conciencia lo afirmado y lo acreditado por las partes. No puede resolver el
fallador sin llegar a una persuación racional y fundada sobre el trato que
merece el asunto sometido a su juicio, pues la decisión carece de sustento si
no se la pone en relación con los hechos probados, tanto como si se la adopta a
espaldas de la normativa aplicable" (Sentencia No. T- 264 de 1993. M.P.
Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
El juez, en este
evento, se limitó a proferir una sentencia sin preocuparse por verificar y
comprender a cabalidad los hechos. Es patente la total ausencia de actividad
probatoria, aspecto inexcusable si se tiene en cuenta que el Decreto 2591 de
1991, facilita su realización (arts 20, 21y 22) y además dispone la observancia
de los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad
y eficacia (art.3) en el trámite de la acción de tutela.
Además, se advierte
el desconocimiento de la jurisprudencia constitucional. La Corte ha entendido
que "Si bien la jurisprudencia no es obligatoria (artículo 230 de la
Constitución Política), las pautas doctrinales trazadas por esta Corte, que
tiene a su cargo la integridad y supremacía de la Carta Política, indican a
todos los jueces el sentido y los alcances de la normatividad fundamental y a
ellas deben atenerse. Cuando la ignoran o contrarían no se apartan simplemente
de una jurisprudencia -como podría ser la penal, la civil o la contencioso
administrativa- sino que violan la Constitución, en cuanto la aplican de manera
contraria a aquélla en que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad
a través de la doctrina constitucional que le corresponde fijar."
(Sentencia No. T-260 de 1995. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Además, es necesario
que el fallador sepa cuál es el derecho vigente. La ley 48 de 1993 sustituyó,
en el punto bajo examen, a la ley 1 de 1945 que el juez cita en la sentencia
revisada.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 24 de mayo de 1995,
proferida por el Juzgado Cuarenta y seis Penal del Circuito de Santa Fe de
Bogotá, en el asunto de la referencia.
SEGUNDO. CONCEDER la tutela impetrada por Flor Alba Mendoza
Beltrán y en consecuencia, se ordena al Ejército Nacional disponer el
desacuartelamiento del soldado Jair Osorio Mendoza, a quien el Ejército deberá
otorgar libreta militar en la forma establecida por la ley y el reglamento,
siempre que en un término de diez (10) días, contados a partir de la
notificación de esta providencia Jair Osorio Mendoza reconozca su paternidad
sobre el hijo de Flor Alba Mendoza Beltrán. Se advierte que e reconocimiento
deberá hacerse personalmente por Osorio Mendoza, ante la autoridad competente
para lo cual las autoridades militares facilitarán el desplazamiento de Jair
Osorio Mendoza. Satisfecha esta condición, el Ejército Nacional procederá al
desacuartelamiento y a la expedición de la respectiva libreta militar.
TERCERO. LIBRENSE, por Secretaría, las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí
contemplados.
Cópiese,
comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
488 | T-359-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-359/95
PRESTACIONES
SOCIALES-Mora en el pago/PROCESO
EJECUTIVO LABORAL
Si bien cuando se
advierte que existe por parte de la Administración una demora no razonable e
injustificada para el cumplimiento de una obligación laboral, o cuando se ha
vulnerado el derecho de petición del solicitante, el juez de tutela en procura
de la efectividad de los derechos laborales, está facultado para ordenar la
liquidación y pago de los mismos y en tal caso tutelar los derechos del
trabajador, no puede hacerlo cuando para lograr la efectividad de esos derechos
existan otros mecanismos de protección judicial, como sucede en este caso, en
el que la demandante para obtener el cumplimiento coercitivo de la resolución,
cuenta con la acción ejecutiva que le permite inclusive solicitarle al Juez que
ordene las medidas cautelares que garanticen el pago de la suma que se le
adeuda.
SENTENCIA-Cumplimiento/DESACATO DE TUTELA
Ni las
autoridades públicas ni los particulares pueden eludir, con disculpas o juicios
de valor, o por simple marginamiento voluntario del proceso judicial, el
cumplimiento de un fallo de tutela. Y si esto ocurre, de conformidad con la
normatividad vigente, el Juez debe adoptar las medidas que aseguren su
observancia sin demora, así el expediente esté en trámite para su eventual
revisión ante la Corte Constitucional, y si es del caso, deberá iniciar el
correspondiente incidente de desacato y, si encuentra que se ha podido cometer
algún delito o falta disciplinaria por quien se ha sustraído del cumplimiento
de la respectiva decisión judicial, habrá de comunicarlo a la Fiscalía General
de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para que estas entidades
inicien las investigaciones a que haya lugar.
REFERENCIA: Exp. No. T- 71294
DEMANDANTE: TERESA DE JESUS BALLESTA contra INDUSTRIA
LICORERA DEL MAGDALENA.
PROCEDENCIA: Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa
Marta.
TEMA: Pago de cesantías definitivas, vacaciones
y primas de vacaciones.
MAGISTRADO
PONENTE:
Dr. HERNANDO
HERRERA VERGARA.
Santa Fe de Bogotá,
agosto 9 de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Procede la Sala
Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, FABIO MORON DIAZ y HERNANDO HERRERA VERGARA, a
revisar el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta
el once (11) de mayo de 1995 en el proceso de tutela de la referencia.
El expediente llegó
al conocimiento de esta Sala por remisión que le hizo el Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Santa Marta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991.
Con fundamento en
los artículos 86 de la Constitución Política, y 33 del Decreto 2591 de 1991, la
Sala de Selección Número Seis (6) de la Corte Constitucional, escogió, para
efectos de revisión, la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES.
1. La señora TERESA DE JESUS BALLESTA, por
intermedio de apoderado, acude al mecanismo de la acción de tutela "con
el único interés de que dicha factoría se obligue a respetarle el derecho a la
igualdad constitucional prestablecida en el artículo 13 y demás normas rectoras
concordantes", debido a que se le reconoció el pago de las
prestaciones sociales y salarios caídos del señor LEOPOLDO GUERRERO I.
(q.e.p.d.) por valor de $1'500.524.22, en su condición de cónyuge supérstite de
éste último, mediante resolución No. 204 del 19 de mayo de 1994 proferida por
la Gerente de la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA, y a la fecha de presentación
de la demanda de tutela no se le había cancelado tal suma.
2. Manifiesta que considera vulnerado su
derecho a la igualdad en cuanto a la señora EVA MARQUEZ, quien actuó en "condición
de representante legal de beneficiario del mismo causante, le cancelaron los
derechos que menciona la resolución."
3. El Juzgado de conocimiento ofició a la
INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA con el fin de que certificara si la entidad
había cancelado a terceras personas emparentadas con el señor LEOPOLDO GUERRERO
IGUARAN, suma alguna de dinero por concepto de prestaciones sociales y
salarios; y si debía a la accionante el valor correspondiente a los derechos
que como cónyuge supérstite del mencionado señor le habían sido reconocidos
mediante resolución No. 204 del 19 de mayo de 1994. Para que remitiera dicho
certificado, se le concedió un término improrrogable de tres días, plazo que
transcurrió sin que la accionada enviara su respuesta.
II. LA DECISION
JUDICIAL QUE SE REVISA.
El Juzgado Cuarto
Civil Municipal de Santa Marta profirió sentencia el once (11) de mayo de 1995
y resolvió "acceder a la acción de tutela promovida por la accionante y
por consiguiente ordenar al Gerente de la Industria Licorera del Magdalena, que
respeten (sic) el derecho de igualdad de la señora TERESA DE JESUS
BALLESTA". Además concedió a la demandada el término de un mes para
que efectuara el pago de lo adeudado a la accionante.
El citado Juzgado
adoptó tal decisión como consecuencia de haber transcurrido el término que le
fijó al representante legal de la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA para que
certificara a ese Despacho acerca de hechos expuestos en la demanda, sin que
hubiere recibido respuesta alguna. Dijo el Juzgado:
"Vencido el
término que el juzgado le dio a la Gerencia de la Industria Licorera del
Magdalena para aportar la documentación referida, sin que se hubiese atendido
el indicado requerimiento, estima el despacho que se impone aplicar el art. 20
del Decreto 2591 de 1991, que establece la presunción de veracidad (...)
En el asunto
sub-júdice el juzgado considera que no es menester adelantar "otra
averiguación previa", como anota el artículo preinserto, infiere, y juzga
que en la aplicación de la presunción de veracidad incorporada en el precepto
en comento debe entrar a fallar de plano, a lo cual procede teniendo por
ciertos los hechos afirmados por el accionante, de donde fluye como corolario,
que debe prosperar la acción incoada (...)"
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1. La
Competencia.
De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por el
Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta el día once (11) de mayo de 1995.
2. La Materia.
Pretende la
accionante que se le respete el derecho a la igualdad que considera le fue
vulnerado por parte de la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA ya que dicha entidad
mediante la resolución No. 204 de 1994 le liquidó y reconoció el derecho al
pago de las prestaciones sociales y salarios caídos como beneficiaria de su
cónyuge fallecido por valor de $1'500.524.22, y hasta la presentación de la
demanda de tutela no había recibido suma alguna por dichos conceptos, a pesar
de que a otros beneficiarios reconocidos a través del mismo acto sí se les
efectuó el respectivo pago.
Esta Corporación
ordenó oficiar a la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA, para que su representante
legal, bajo apremio de ley y de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2591
de 1991, certificara si dicha entidad ha cancelado a personas con algún grado
de parentesco con el señor LEOPOLDO GUERRERO IGUARAN, entre ellas a la señora
EVA MARQUEZ, valores por concepto de salarios y prestaciones sociales; si la
accionada debe o no a la demandante suma alguna de dinero como consecuencia del
reconocimiento de prestaciones sociales y salarios caídos del fallecido señor
GUERRERO IGUARAN efectuado por medio de la resolución No. 204 de 1994 emanada
de esa entidad; si la accionada dió respuesta al oficio del 02 de mayo de 1995
remitido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta, por medio del
cual se le solicitó certificación acerca de los puntos anteriormente
relacionados; y finalmente, si dio cumplimiento al fallo proferido por el
Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta el 11 de mayo de 1995 por medio
del cual se tuteló el derecho a la igualdad de la señora TERESA DE JESUS
BALLESTA y se le ordenó efectuar el respectivo pago en el término de un mes. De
todo lo anterior se le solicitó a la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA enviar
los correspondientes documentos. Para responder, se le concedió a la accionada
un término de tres días hábiles a partir de la recepción de la comunicación.
Obra a folio 29 del
expediente el informe rendido por la Secretaría de la Corporación en relación
con la respuesta a los anteriores puntos por parte de la entidad accionada, el
día 21 de julio de 1995, en el que se expresa lo siguiente:
"Según el
informe del Señor CARLOS ALBERTO ROCHA M., (...), el día 5 de julio del
presente año recibió el oficio número 943 con destino a la LICORERA DEL
MAGDALENA, el cual fue remitido por correo certificado de Adpostal, por el
mismo empleado, el día 6 de julio de 1995.
A la fecha no se
ha recibido en esta Secretaría respuesta al mencionado oficio."
Sin embargo,
mediante oficio de fecha 27 de julio de 1995, el señor ARMANDO CASTILLO
GERRERO, Gerente de la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA, dio respuesta al
oficio referido, recibido el 31 de julio del mismo año por el Despacho del
Magistrado Ponente. En su escrito, el representante legal de la accionada
expresa lo siguiente:
"1. Esta
Factoría no le ha cancelado suma de dinero liquidada por concepto de salarios
Prestaciones Sociales (sic) a ninguna persona con grado de parentesco con el
finado LEOPOLDO GUERRERO IGUARAN como consecuencia de sustitución pensional ní
a la señora EVA MARQUEZ GARCIA.
2. A la señora
TERESA DE JESUS BALLESTAS (sic), sí se le debe determinada suma de dinero por
concepto de Prestaciones Sociales y Salarios Caídos reconocidas en la
Resolución No. 204 de Mayo 19 de 1994 (...)
3. Con respecto
al cumplimiento del Oficio del 02 de Mayo de 1995 suscrito por el Juzgado
Cuarto Civil Municipal fue imposible dar respuesta en vista que ésta Factoría
se trasladó a las nuevas oficinas como consecuencia del fenómeno de concesión
donde se le adjudicó la producción y la distribución de licores a la Sociedad
Comercializadora de Licores del Magdalena "COLIMAG S.A." para tal
efecto quedando algunos documentos y expedientes en la antigua oficina
encontrándose su Hoja de Vida o Expediente del señor (sic) LEOPOLDO GUERRERO
IGUARAN en ésta. Los cuales fueron remitidos más tarde a estas Dependencias que
se encuentra en liquidación cumpliendo (sic) con las obligaciones
insatisfechas.
4. En relación al
cumplimiento del fallo proferido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa
Marta de fecha 11 de Mayo de 1995 que concedió la Tutela promovida por la
señora TERESA DE JESUS BALLESTAS (sic). No se le ha dado cumplimiento y los
motivos los conoce la accionante los cuales son la falta de recursos económicos
(...), además en ningún momento a la señora en mención se le están negando sus
derechos ya reconocidos que el interés (sic) de la Empresa a mi cargo es de
solucionarle los problemas a los extrabajadores (...) para tal efecto nos hemos
dado a la tarea de llevar un orden cronológico de las tutelas instauradas para
hacer efectivo su pago.
Anexo a la
presente Ocho (8) Ordenes de Pago a favor de los Beneficiarios de la
sustitución Pensional del finado LEOPOLDO GUERRERO IGUARAN las cuales no han
sido canceladas (...) (subrayado fuera del texto)"
En razón de los
antecedentes referidos, la Corporación estima conveniente, para resolver de
fondo, analizar dos aspectos: en primer término, la protección al salario y a
las prestaciones sociales, estableciendo si en el caso presente existe una
eventual vulneración o amenaza de derechos fundamentales, y si para su amparo
existen o no otros mecanismos de defensa judiciales; y en segundo lugar, debe
la Corte analizar las circunstancias particulares de inobservancia de la
decisión judicial objeto de revisión, a la luz del ordenamiento jurídico
vigente, a fin de que se dé estricto cumplimiento a la Constitución y a la ley.
a. Protección al
salario y a las prestaciones sociales.
En relación con la
protección que la Carta Política y los tratados internacionales brindan al
salario y a las prestaciones sociales, la Corporación ha tenido la oportunidad
de referirse en el pasado, entre otras, mediante la sentencia No. T-344 de 1994
en la cual se afirmó lo siguiente:
"La
protección constitucional al salario debe ser efectiva. Este es un
derecho que se fundamenta en los artículos 1º, 2º, 25, 53, 58 de la
Constitución Política, derechos que se interpretan y complementan, en lo
pertinente, por Tratados y Convenios Internacionales (art. 53 y 93 C.P.). Para
el caso de la protección al salario debe tenerse particularmente en cuenta el
Convenio 95 de 8 de junio de 1949 de la Organización Internacional del Trabajo.
En dicho Convenio
la O.I.T. define el salario en la siguiente forma:
"Artículo
1.- A los efectos del presente Convenio, el término ´salario´, significa la
remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo,
siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la
legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un
contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya
efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar".[1]
Esta
caracterización del salario queda protegida constitucionalmente, según se dijo,
por los artículos 53 y 93 de la C.P. y, además, por el artículo 25 de la Carta
que dice:
ARTICULO 25. El
trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. (Subraya fuera del
texto)"
De conformidad con
la jurisprudencia referida, en materia de salarios se aplican los criterios
plasmados por la O.I.T. en su trigésima Segunda Reunión, efectuada en Ginebra
en 1949 y aprobada mediante la Ley 54 de 1962, y que incluyó dentro de la
definición de salario, "toda forma de remuneración". Así
entonces es claro que, a pesar de que en nuestra legislación distingue entre
salario y prestaciones sociales, ambos están cobijados por los mismos
principios constitucionales de protección a la remuneración consagrados en la
Carta Política.
La Constitución de 1991
ha consagrado que el trabajo es un derecho fundamental y una obligación social
que goza de la protección del Estado y cuya retribución es la contraprestación
que se recibe por el servicio prestado. Así, el derecho a recibir la
remuneración, constituye para el trabajador un derecho inalienable y para el
patrono una obligación que deberá cumplir de manera completa y oportuna.
En el presente caso
la accionante TERESA DE JESUS BALLESTA goza del reconocimiento, a través de la
resolución No. 204 de 1994 proferida por la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA,
de su condición de beneficiaria "en un 50% de las prestaciones sociales
y salarios caídos del señor LEOPOLDO GUERRERO I. (q.e.p.d.) en su calidad de
cónyuge sobreviviente del mismo"; razón por la cual se ordenó el pago
a su nombre de la suma de dinero mencionada en dicha resolución. De manera que
la efectiva protección de los derechos mencionados también debe extenderse a la
accionante, en los términos ya expuestos, por su condición de cónyuge
supérstite del señor Guerrero.
Para la Corporación
es claro que la resolución proferida por la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA,
goza de presunción de legalidad, y por lo tanto, debe ser ejecutada mientras no
sean anulada o suspendida por la jurisdicción contencioso administrativa, de
conformidad con la Constitución y la ley (C.C.A.). Dicha ejecución ha de
entenderse enmarcada por un margen temporal de cumplimiento, el cual no puede
ser arbitrariamente fijado por la propia Administración, sino que esta se
encuentra sometida a los plazos y a los requisitos establecidos por el
ordenamiento jurídico, de conformidad con los principios de celeridad, economía
y eficacia consagrados en el artículo 209 de la Carta Política. Sobre este
aspecto la Corte precisó, en la sentencia No. T-260 de 1994 (M.P. Dr. Alejandro
Martínez Caballero), acerca del pago oportuno de salarios y prestaciones a los
servidores públicos, lo siguiente:
"Este
formidable privilegio de la administración, en la decisión y ejecución de sus
actos, sigue siendo un privilegio pero no puede ser arbitrario porque la
administración no es un fin en si mismo (sic) sino que está al servicio de la
comunidad y porque es de la esencia del Estado Social de derecho que se
ejecute, sin dilaciones, la protección legal al trabajador. Es decir, la
autotutela administrativa tiene un limite: la razonabilidad. La razonabilidad
se aprecia en cada caso concreto, según la simpleza o complejidad del mismo,
respetando por un lado la teoría de la AUTOTUTELA, y teniendo en cuenta por el
otro aspecto que un retardo injustificado atenta contra la caracterización del
Estado Colombiano, viola el principio de que las autoridades de la República
están instituidas para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado, y uno de tales deberes es pagar las obligaciones laborales para lo
cual las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones porque
los servidores públicos están al servicio del Estado y la comunidad, de lo cual
se infiere que la administración no es un fin en si misma sino un medio para
garantizar la efectividad de los derechos." (subrayado fuera del texto)
La razonabilidad de
los términos a que se ha hecho referencia, debe abarcar todas las etapas que
conlleven al pago de la remuneración al trabajador. No basta pues, que la
INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA haya expedido el respectivo acto
administrativo, reconociendo y liquidando los salarios y prestaciones que se le
adeudaban al señor Guerrero, en favor de la accionante TERESA DE JESUS BALLESTA,
sino que además dicha entidad en un término razonable y justo ha debido
cancelar las sumas reconocidas a una de las beneficiarias de los emolumentos
causados por el vínculo laboral del difunto con la accionada. Para la fecha de
presentación de la acción de tutela había transcurrido casi un año desde la
expedición de la resolución No. 204 del 19 de mayo de 1994, sin que se hubiese
efectuado por la demandada el respectivo pago en favor de la accionante.
De manera que para
esta Sala de Revisión resulta claro que la omisión injustificada en que ha
incurrido la entidad accionada lesiona derechos fundamentales en cabeza de la
demandante. No obstante, debe analizarse en el caso sub exámine la procedencia
o no de la acción de tutela como mecanismo de protección, por contar la
accionante con otros medios de defensa judicial para obtener el pago coercitivo
de los dineros que le adeuda la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA.
En efecto, la
Corporación en el citado fallo T-260 de 1994 manifestó acerca de este punto lo
siguiente:
"(...) c- La
administración pública debe reconocer y/o liquidar las prestaciones sociales en
un plazo razonable. Si se retarda el reconocimiento o la liquidación, máxime si
hay solicitud del interesado, prospera la acción de tutela por violación al
derecho de petición, artículo 23 C.P.
d- Si hay mora
en el pago, no obstante existir acto administrativo que reconozca y cuantifique
las prestaciones, habrá lugar a juicio ejecutivo laboral y al embargo si han
transcurrido más de 18 meses.
e- Si por
irrazonable demora se elude la expedición del título ejecutivo o no se paga,
esta omisión puede justificar adicionalmente, que el juez de tutela permita la
indexación. Se considera que cuando el artículo 53 de la Constitución dice que
'El Estado garantiza el derecho al pago oportuno' se está protegiendo no solo a
las pensiones sino a toda remuneración laboral. (...)" (subrayas fuera de
texto.)
En el presente caso
este criterio de la Corte y específicamente el plasmado en el literal d)
transcrito, es en principio aplicable y debe reiterarse lo allí expresado, si
se tiene en cuenta que la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA reconoció y liquidó
la suma correspondiente a $1'500.524.22, a la señora TERESA DE JESUS BALLESTA,
por concepto de prestaciones sociales y salarios caídos en condición de cónyuge
supérstite del señor LEOPOLDO GUERRERO, por medio de la resolución No. 204 del
19 de mayo de 1994.
Si bien cuando se
advierte que existe por parte de la Administración una demora no razonable e
injustificada para el cumplimiento de una obligación laboral, o cuando se ha
vulnerado el derecho de petición del solicitante, el juez de tutela en procura
de la efectividad de los derechos laborales, está facultado para ordenar la
liquidación y pago de los mismos y en tal caso tutelar los derechos del
trabajador, no puede hacerlo cuando para lograr la efectividad de esos derechos
existan otros mecanismos de protección judicial, como sucede en este caso, en
el que la señora BALLESTA para obtener el cumplimiento coercitivo de la
resolución No. 204 de 1994, cuenta con la acción ejecutiva que le permite
inclusive solicitarle al Juez que ordene las medidas cautelares que garanticen
el pago de la suma que se le adeuda por parte de la INDUSTRIA LICORERA DEL
MAGDALENA.
Como ya lo señaló la
Corporación, el acto administrativo que reconoce y liquida la suma adeudada,
constituye un verdadero título ejecutivo. Así lo expresó la Corte[2] indicando:
"(...) En
consecuencia esta Corporación estima que los actos administrativos que
contengan obligaciones laborales en favor de los servidores públicos, deben
poseer la misma garantía que las sentencias judiciales, esto es, que puedan
prestar mérito ejecutivo -y embargo- a los dieciocho (18) meses después de
haber sido ejecutoriados. (...)"
Dicho criterio se
reiteró en el pronunciamiento al que se ha hecho alusión[3]:
"(...) si la
administración pública ya ha proferido el acto administrativo reconociendo y/o
liquidando la correspondiente prestación social, y se le ha entregado al
interesado la copia auténtica del mismo (es obligación de la Administración
hacerlo), habrá título ejecutivo, luego, la acción de tutela no será el camino
adecuado para librar un mandamiento de pago; hay que acudir a la jurisdicción
laboral instaurándose un juicio ejecutivo, que tiene un procedimiento
relativamente rápido."
Con fundamento en
estas consideraciones, resulta claro que en el caso sub-exámine no procede la
tutela como vía adecuada en procura del derecho que se reclama, ya que el medio
judicial al que puede acudir la accionante, no es simplemente un medio teórico
o formal, sino que por el contrario, el proceso ejecutivo laboral es el medio
idóneo para obtener el fin específico perseguido por la señora BALLESTA.
No obstante lo
anterior, el apoderado de la accionante invoca la igualdad como derecho
fundamental vulnerado en razón de la omisión de la INDUSTRIA LICORERA DEL
MAGDALENA de efectuarle el pago a la señora TERESA DE JESUS BALLESTA, el cual
afirma sí hizo a otros beneficiarios del fallecido señor GUERRERO IGUARAN,
reconocidos como tales mediante la misma resolución No. 204 de 1994.
En el caso sub
exámine, encuentra la Corporación que la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA
reconoció y ordenó el pago de los salarios y demás prestaciones sociales del
difunto LEOPOLDO GUERRERO I. mediante la resolución No. 204 de 1994, como beneficiarios
suyos: a la accionante TERESA DE JESUS BALLESTA, a la señora EVA MARQUEZ GARCIA
en representación de YAMILE Y ROSMERI GUERRERO MARQUEZ, en su condición de
herederos; y a MERCEDES GUERRERO CABARCAS, CATALINA TERESA, ROSSANA ROCIO Y
SANDRA PATRICIA GUERRERO BALLESTA en calidad de hijos del fallecido, situación
que por sí sola no riñe con lo preceptuado en el artículo 13 de la Carta cuando
expresa que "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación (...)".
Ahora bien, de conformidad con las fotocopias autenticadas de las órdenes de
pago remitidas a este Despacho por el Gerente de la entidad accionada, a
ninguno de los beneficiarios del referido señor se le ha cancelado el monto de
lo reconocido.
En razón de lo
anterior, no encuentra la Corporación que haya ocurrido la vulneración del
derecho a la igualdad de TERESA DE JESUS BALLESTA invocado en la demanda, pues
la demora en el pago ha sido respecto de todos los beneficiarios, y no solo en
relación con la accionante. Sobre el criterio que se debe tener en cuenta para
valorar una eventual vulneración al principio de igualdad consagrado en la
Carta Política, basta recordar lo dicho en la sentencia No. T-422 de 1992 (M.P.
Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), en la que se expresó lo siguiente:
"La igualdad
designa un concepto relacional y no una cualidad. Es una relación que se da al
menos entre dos personas, objetos o situaciones. Es siempre resultado de un
juicio que recae sobre una pluralidad de elementos, los "términos de
comparación". Cuales sean éstos o las características que los distinguen,
no es cosa dada por la realidad empírica sino determinada por el sujeto, según
el punto de vista desde el cual lleva acabo el juicio de igualdad. La
determinación del punto de referencia, comúnmente llamado tertium coparationis,
para establecer cuándo una diferencia es relevante, es una determinación libre
mas no arbitraria, y sólo a partir de ella tiene sentido cualquier juicio de
igualdad."
De manera que, no
existiendo vulneración del derecho a la igualdad, y contando la accionante con
otros medios de defensa judicial idóneos para obtener el pago que reclama, esta
Sala de Revisión procederá a revocar la decisión adoptada por el Juzgado de
instancia.
b. Cumplimiento
de las providencias judiciales- Desacato.
Encuentra la
Corporación que en el asunto sub exámine la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA no
intervino dentro del proceso para oponerse a las pretensiones, solicitar la
práctica de pruebas, y ejercer todos los derechos que le corresponden como
sujeto procesal; tampoco dio respuesta alguna a los oficios emanados del
Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa Marta, razón por la cual dicho despacho
en aplicación a lo dispuesto por el artículo 2o. del Decreto 2591 de 1991, que
establece la presunción de veracidad dando por ciertos los hechos afirmados por
el accionante, accediendo por consiguiente a la tutela promovida. Así mismo,
respondió tardíamente el oficio enviado por parte de la Corte Constitucional. Y
de conformidad con lo declarado por el Gerente de la entidad accionada, no se
dió cumplimiento al fallo de primera instancia por falta de recursos.
Sobre el particular,
la Corte Constitucional en sentencia del 18 de febrero de 1994 dijo acerca del
cumplimiento de los fallos de tutela:
"Las normas
antes transcritas, siguiendo la orientación de otros estatutos procesales,
establecen claramente la competencia del Juez que ha conocido de la acción de
tutela en primera instancia, para hacer cumplir la sentencia estimatoria de las
prestaciones de tutela y lo dotan de una serie de poderes, incluso la
conservación de su competencia, para adoptar el repertorio de medidas que
dichas normas contienen para el cabal cumplimiento del fallo"4.
Así entonces, ni las
autoridades públicas ni los particulares pueden eludir, con disculpas o juicios
de valor, o por simple marginamiento voluntario del proceso judicial, el
cumplimiento de un fallo de tutela. Y si esto ocurre, de conformidad con la
normatividad vigente, el Juez debe adoptar las medidas que aseguren su
observancia sin demora, así el expediente esté en trámite para su eventual
revisión ante la Corte Constitucional, y si es del caso, deberá iniciar el
correspondiente incidente de desacato y, si encuentra que se ha podido cometer
algún delito o falta disciplinaria por quien se ha sustraído del cumplimiento
de la respectiva decisión judicial, habrá de comunicarlo a la Fiscalía General
de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, para que estas entidades
inicien las investigaciones a que haya lugar.
En el caso sub
exámine encuentra la Corporación que la INDUSTRIA LICORERA DEL MAGDALENA no
obró dentro de los términos y condiciones establecidas por el Decreto 2591 de
1991 como sujeto procesal, lo cual resulta reprochable para la eficaz y
oportuna administración de justicia. No es excusa aceptable la del traslado a
nuevas oficinas como consecuencia de su liquidación, tal como lo manifiesta el
Gerente de dicha entidad, para apartarse del cumplimiento de las órdenes de los
jueces o de la observancia de la Constitución y de la ley.
De manera que, pese
a que la Corporación revocará el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Santa Marta, ordenará a ese Despacho compulsar copias del
expediente a la Procuraduría General de la Nación, a fin de que, si lo
considera pertinente, inicie las investigación a que haya lugar como
consecuencia del no cumplimiento del efecto inmediato de la sentencia emanada
del citado Juzgado el 11 de mayo de 1995, así como de las diligencias
judiciales correspondientes, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
IV. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional obrando en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia, la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Santa Marta el 11 de mayo de 1995, y en su lugar DENEGAR la
tutela limpetrada.
SEGUNDO. ORDENAR al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Santa
Marta que compulse copias del expediente a la Procuraduría General de la
Nación, a fin de que, si lo considera pertinente, inicie la investigación a que
haya lugar, en relación con el incumplimiento del efecto inmediato de la
sentencia de dicho Juzgado, de fecha 11 de mayo de 1995, así como de las
diligencias judiciales correspondientes de que trata la parte motiva de la
presente sentencia.
TERCERO. LIBRENSE
por Secretaría las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Ver Ley 54 de 1962, Diario Oficial 30947.
[2]Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-546 de 1992
M.P. Dres. Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero.
[3]Sentencia T-260 de 1994.
4 Sentencia Nº T-081/94, 28 de febrero de 1994, Ponente Dr. Antonio
Barrera Carbonell. |
489 | T-360-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-360/95
DERECHO AL BUEN
NOMBRE
El derecho fundamental al buen nombre hace relación al
comportamiento que tiene y debe observar el individuo frente a los demás
miembros de la sociedad, por lo que representa uno de los más valiosos
elementos del patrimonio moral y social de la persona. Por ello, pretender
reclamar respeto y consideración al buen nombre por quien ha incurrido en actos
u omisiones generados por el incumplimiento en sus obligaciones no es posible,
pues por su propia voluntad ha ocasionado la pérdida de la aceptación de que
gozaba en sociedad; menos aún puede aspirar a que la sociedad lo reconozca
públicamente como persona digna de crédito.
LISTA DE DEUDORES
MOROSOS/MORA EN LAS CUOTAS DE ADMINISTRACION/CONJUNTO RESIDENCIAL-Deudor moroso
La publicación de
la lista de deudores morosos en las carteleras del conjunto residencial en
obedecimiento de directrices trazadas por la asamblea de copropietarios, no
constituye por sí misma, vulneración del derecho constitucional fundamental a
la intimidad ni al buen nombre. Es necesario, entonces, ponderar la información
destinada al conocimiento de los habitantes del conjunto, para que de acuerdo
con ese contenido resulte posible establecer si se viola o no el derecho, lo
que no sucede en el presente caso, ya que lo único que se da a conocer es un
hecho cierto, cual es la mora en el pago de las cuotas de administración por
parte del demandante. No se trata de informaciones estrictamente personales,
familiares no destinadas al conocimiento público; por el contrario, la
administración no hizo nada diferente a cumplir lo establecido por el
reglamento de copropiedad del conjunto residencial, en el sentido de informar
la situación de mora en que se encuentra el demandante, en relación con el
atraso que presenta en el pago de las cuotas de administración, después de
habérsele requerido para el pago de las cuotas adeudadas.
ACCION DE TUTELA CONTRA ADMINISTRACION DE CONJUNTO RESIDENCIAL
En el presente caso, la acción de tutela se dirige contra un
particular que es la Junta Directiva del Conjunto Residencial, respecto de la
cual el peticionario se encuentra en situación de indefensión y subordinación.
A la Junta corresponde decidir como organismo de administración que es, todos
los asuntos relativos a las zonas comunes de la propiedad, en orden a
garantizar la seguridad, existencia y conservación de la edificación, para lo
cual deben contar con los ingresos indispensables en orden a atender dichas
necesidades, los cuales provienen del recaudo de las cuotas de administración
que por ese concepto deben cancelar sus propietarios o arrendatarios, cuyo no
pago genera las consecuencias establecidas legal y reglamentariamente, una de
las cuales es la inclusión en lista de deudores morosos.
REF.: Expediente No. T - 74.363
PETICIONARIO: Guillermo Gonzalez Luna contra la Junta Directiva del
Barrio Sumatambo de San Juan de Pasto.
PROCEDENCIA: Juzgado Tercero Penal del Circuito de San Juan de
Pasto.
“De acuerdo con
los hechos planteados en la demanda de tutela y las pruebas que obran dentro
del expediente, queda plenamente establecido que el peticionario, hallándose
obligado al pago oportuno y periódico de las cuotas de administración de la
unidad residencial en la que habita, ha incurrido en una mora por el no pago de
más de cuatro cuotas de administración -hasta el momento de la interposición de
la tutela-, colocándose por esa situación al margen de los reglamentos que
rigen el conjunto residencial “Sumatambo”.
MAGISTRADO
PONENTE:
HERNANDO HERRERA
VERGARA
Santa Fe de Bogotá,
Agosto nueve (9) de 1995.
La Sala Sexta de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
HERNANDO HERRERA VERGARA ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO y FABIO MORON DIAZ,
procede a revisar el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito
de San Juan de Pasto el 13 de junio de 1995, en el proceso de la referencia.
I. ANTECEDENTES
El señor GUILLERMO
GONZALEZ LUNA formuló acción de tutela contra la Junta Directiva del Barrio
Sumatambo de los Bloques Rojos de la ciudad de San Juan de Pasto, lugar donde
reside, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la intimidad
personal, familiar y al buen nombre, debido a que por razones de atraso en el
pago de algunas cuotas de la administración, fue publicado su nombre en una
cartelera de deudores morosos por orden de la accionada.
Manifiesta el
peticionario que, "Resulta que vivo en los apartamentos rojos por el
espacio (sic) de más o menos tres años, pagando cumplidamente mis cuotas de
administración, y ahora resulta que por el atraso de algunas cuotas, las cuales
no he podido cancelarlas, ya que estoy atravesando por el momento en una
situación económica difícil, han publicado una cartelera de deudores morosos,
la cual encabezo yo. Siendo este motivo (...) para que la gente comience a
hacer comentarios de mi honradez y honestidad. Señor Juez, por esta razón
siento vulnerado el derecho a la intimidad personal y familiar y a mi buen
nombre, que prevé el artículo 15 de la Constitución Nacional".
II. LA
DECISION JUDICIAL QUE SE REVISA.
Correspondió conocer
la acción de tutela al Juzgado Tercero Penal del Circuito de San Juan de Pasto,
el cual previa la decisión de rigor, ordenó la práctica de las siguientes
pruebas:
1o. Se envió un oficio a la Junta Directiva
del Conjunto Residencial Sumatambo, Bloques Rojos, a fin de que se pronunciara
sobre el caso concreto de la publicación de los nombres en cartelera de los
deudores morosos de dicha unidad. Sobre el particular, el representante legal
de ese conjunto respondió que antes de colocar la cartelera, se pidió concepto
a la Personería Municipal de San Juan de Pasto (fl. 36), acerca de la
viabilidad de la fijación en lista de los deudores morosos del Conjunto
Residencial, a lo cual se les manifestó que: ".... se puede concluir
que ninguna persona se puede considerar vulnerada en sus derechos fundamentales
cuando su nombre se encuentre relacionado en lista visible al público como
verdaderos deudores morosos en favor de la unidad residencial y por lo tanto la
administración se ve obligada a utilizar los medios extrajudiciales de cobro,
NO SE CONSTITUYE EN VIOLADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS SINO AL CONTRARIO como lo
afirma la misma Corte Constitucional, EN DEFENSORA (sic) DE LOS INTERESES DE LA
COMUNIDAD QUE REPRESENTA".
2o. Se recibió en declaración a los señores Alfredo Terán
(Vicepresidente de la Junta Directiva del Conjunto Residencial), Heraldo Jesús
Tengana (Vocal Suplente de la Junta Directiva) y Alvaro Viveros Ortega (Fiscal
de la Junta Directiva), quienes manifestaron lo siguiente: "...según
reunión de la Junta Directiva, se acordó por unanimidad que se exhibieran las
listas correspondientes con los nombres de los deudores morosos con (sic) el
pago de la administración...; al accionante en varias oportunidades se le ha
requerido para el pago y así evitar publicaciones en lista... Según informe de
la administradora del Conjunto Residencial, no es la primera vez que se
atrasa..."
Con fundamento en
las pruebas recaudadas por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San
Juan de Pasto y por aquellas que obran dentro del proceso, éste dictó sentencia
el trece (13) de junio de 1995, en el sentido de negar la acción de tutela
formulada por el ciudadano Guillermo Armando Gonzalez Luna, por las siguientes
razones:
"Desde ya el
Juzgado manifiesta que la acción de tutela instaurada por el señor Guillermo
Armando González Luna, resulta improcedente, porque este especial mecanismo de
defensa de los derechos constitucionales fundamentales no puede ser utilizado
para efecto de soslayar las obligaciones adquiridas por los ciudadanos y menos
cuando en este caso no se ha demostrado la amenaza o vulneración a las
garantías esenciales de la intimidad y al buen nombre.
(...)
En el caso motivo
de examen, toda vez que el accionante, como él mismo lo admite en su
testimonio, encontrándose adeudando cuatro cuotas de administración, se colocó
al margen de los reglamentos que rigen el condominio Sumatambo de esta ciudad y
en consecuencia, fue puesto su nombre en cartelera de deudores morosos no
pudiendo aducir que están vulnerando sus derechos a la intimidad y al buen
nombre, toda vez que la junta Directiva de la unidad residencial no ha
publicado hechos falaces, sino que cumpliendo la decisión tomada en Asamblea
General, procedió a publicar la lista de deudores. Entonces el accionante ha
incurrido en repochable conducta atentatoria del bienestar colectivo que
conlleva deterioro de su buen nombre y la pérdida de la aceptación de que
disfrutaba en la unidad residencial".
III. REMISION DEL EXPEDIENTE A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU
EVENTUAL REVISION.
No habiendo sido
impugnada la providencia del Juzgado Penal del Circuito de Pasto, el expediente
fue remitido por ese despacho a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, y habiendo sido
seleccionado por auto proferido por la Sala Séptima de Selección, se procede a
efectuar su revisión.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Primera.
La
competencia.
De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el fallo proferido por el
Juzgado Tercero Penal del Circuito de San Juan de Pasto.
Segunda. Problema
Jurídico.
Encuentra la Sala
que en el presente asunto de lo que se trata, es de determinar la procedencia
del mecanismo excepcional de la acción de tutela, para la protección de los
derechos fundamentales al buen nombre y a la intimidad personal y familiar,
presuntamente desconocidos por un acto proferido por un particular -la junta
directiva del conjunto residencial “Sumatambo”-, cual es la determinación de
publicar sus nombres en una cartelera de deudores morosos por el no pago de las
cuotas de administración.
No sobra advertir
que el juzgado de instancia negó la protección solicitada, con el argumento de
que la acción de tutela resulta improcedente, porque este especial mecanismo de
defensa de los derechos constitucionales fundamentales no puede ser utilizado
para efectos de soslayar las obligaciones adquiridas por los ciudadanos y menos
cuando en este caso no se ha demostrado la amenaza o vulneración a las
garantías esenciales de la intimidad y al buen nombre.
Tercera. Reiteración
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional para confirmar la providencia
que se revisa.
Observa la Corte que
el tema que ocupa el examen de esta Corporación, ha sido ya objeto de
tratamiento por parte de las diversas Salas de Revisión de esta Corporación,
cuyas consideraciones servirán de soporte para resolver el asunto que en esta
oportunidad se revisa.
En efecto, la
sentencia No. T-228 de mayo 10 de 1994, emanada de la Sala Quinta de Revisión
de la Corte Constitucional, se refirió al carácter de fundamental del derecho
del buen nombre, en los siguientes términos:
"...Toda persona tiene derecho, según el artículo 15 de la
Constitución, a su buen nombre, y a cargo del Estado ha sido establecida la
obligación de respetarlo y hacerlo respetar.
El buen nombre alude al concepto que del individuo tienen los demás
miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro,
calidades, condiciones humanas y profesionales, antecedentes y ejecutorias.
Representa uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social de
la persona y constituye factor indispensable de la dignidad que a cada uno debe
ser reconocida.
Se atenta contra este derecho cuando, sin justificación ni causa
cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público -bien en
forma directa y personal, ya a través de los medios de comunicación de masas-
informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto público
que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio
y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o
cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su
imágen.
Pero el derecho al buen nombre no es gratuito. Por su misma
naturaleza, exige como presupuesto indispensable el mérito, esto es, la
conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular y el reconocimiento
social del mismo. En otros términos, el buen nombre se adquiere gracias al
adecuado comportamiento del individuo, debidamente apreciado en sus
manifestaciones externas por la colectividad" (negrillas y
subrayas fuera de texto).
Debe
recalcar esta Sala de Revisión, con fundamento en la jurisprudencia
constitucional, que el fundamento esencial de la acción de tutela es el de
garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales de las personas,
razón por la cual no se puede acudir a ella para eludir el cumplimiento de los
deberes o de las obligaciones, ni menos aún para sustraerse a las cargas y
responsabilidades que le impone la convivencia social. Como se expresó en la
citada providencia, “no está en posición de reclamar respeto y consideración a
su buen nombre quien ha incurrido en actos u omisiones que de suyo generan el
deterioro del concepto general en que se tiene al interesado. Así, el que
incumpla sus obligaciones y persiste en el incumplimiento, se encarga él mismo
de ocasionar la pérdida de la aceptación de que gozaba en sociedad, y no puede
por tanto, aspirar a que se lo reconozca púlbicamente como persona digna de
crédito”.
Así
pues, el derecho fundamental al buen nombre hace relación al comportamiento que
tiene y debe observar el individuo frente a los demás miembros de la sociedad,
por lo que representa uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y
social de la persona. Los conceptos de honestidad, decoro, calidades humanas y
profesionales, constituyen factores indispensables para la dignidad humana, y
se adquieren de acuerdo al comportamiento y la buena conducta del individuo
frente a la sociedad.
Por
ello, pretender reclamar respeto y consideración al buen nombre por quien ha
incurrido en actos u omisiones generados por el incumplimiento en sus
obligaciones no es posible, pues por su propia voluntad ha ocasionado la
pérdida de la aceptación de que gozaba en sociedad; menos aún puede aspirar a
que la sociedad lo reconozca públicamente como persona digna de crédito.
Observa la Corte que
la publicación del nombre del actor como deudor moroso en la cartelera del
conjunto residencial fue una medida adoptada por la Asamblea General de
Copropietarios y la Junta Directiva de la misma (fl. 41).
Ahora bien, la
publicación de la lista de deudores morosos en las carteleras del conjunto
residencial en obedecimiento de directrices trazadas por la asamblea de
copropietarios, no constituye por sí misma, vulneración del derecho
constitucional fundamental a la intimidad ni al buen nombre. Es necesario,
entonces, ponderar la información destinada al conocimiento de los habitantes
del conjunto, para que de acuerdo con ese contenido resulte posible establecer
si se viola o no el derecho, lo que no sucede en el presente caso, ya que lo
único que se da a conocer es un hecho cierto, cual es la mora en el pago de las
cuotas de administración por parte del señor González Luna.
No encuentra la Sala
en el presente asunto violación o amenaza de los derechos constitucionales
fundamentales y en particular del derecho a la intimidad del actor. Las
circunstancias descritas en este caso no comportan una situación que pueda
interesar tan solo al propietario, sino que involucran aspectos que comprometen
a los demás miembros del conjunto residencial, y que, de algún modo, se
relacionan con las previsiones del reglamento de la copropiedad. No se trata de
informaciones estrictamente personales, familiares no destinadas al
conocimiento público; por el contrario, la administración no hizo nada
diferente a cumplir lo establecido por el reglamento de copropiedad del
conjunto residencial, en el sentido de informar la situación de mora en que se
encuentra el mencionado señor Gonzalez Luna, en relación con el atraso que
presenta en el pago de las cuotas de administración, después de habérsele
requerido para el pago de las cuotas adeudadas.
No sobra reiterar lo
expresado por esta misma Sala de Revisión en sentencia No. T-074 de 1994,
frente a una situación similar, en la que se manifestó lo siguiente:
“No encuentra la
Sala la violación del derecho fundamental a la intimidad porque pese a su
afirmación de que "la administradora viene pegando avisos en la
caseta", los elementos probatorios que allega no conducen a definir esta
situación, sino la contraría, es decir, que la administración en reiteradas
oportunidades le ha enviado comunicaciones personales en las que le recuerda,
por ejemplo, que "según el reglamento interno del conjunto es un deber
mantener las cuotas de la administración", que "su cuenta la debe
pagar en la casa de cobranzas" o que "después de tres cuotas se
enviará a cobro jurídico", comunicaciones que el accionante quiere
hacer ver como conculcadora de sus derechos y en las que la Sala no advierte
vulneración alguna, porque, le han sido dirigidas específicamente al interesado
y corresponden a un procedimiento apropiado para que la administración pueda
cumplir cabalmente con las funciones que le son propias” (MP. Dr.
Hernando Herrera Vergara) (negrillas y subrayas fuera de texto).
* El caso concreto.
En
el asunto que se revisa, la Junta Administradora de la Unidad Residencial
Bloques Rojos Sumatambo, citó a asamblea extraordinaria el 11 de octubre de
1994, en donde se aprobó por mayoría, publicar en cartelera la lista de
deudores morosos, dentro de los cuales estaba el accionante, a quien se le
invitó a participar en las reuniones de la Junta a fin de que informara sobre
la situación de retraso en el pago de sus cuotas, sin que hubiese asistido a
ninguna de ellas.
a) Procedencia de la Tutela frente a particulares.
En
el presente caso, la acción de tutela se dirige contra un particular que es la
Junta Directiva del Conjunto Residencial Bloques Rojos Sumatambo, respecto de
la cual el peticionario se encuentra en situación de indefensión y
subordinación[1].
A
la Junta corresponde decidir como organismo de administración que es, todos los
asuntos relativos a las zonas comunes de la propiedad, en orden a garantizar la
seguridad, existencia y conservación de la edificación, para lo cual deben contar
con los ingresos indispensables en orden a atender dichas necesidades, los
cuales provienen del recaudo de las cuotas de administración que por ese
concepto deben cancelar sus propietarios o arrendatarios, cuyo no pago genera
las consecuencias establecidas legal y reglamentariamente, una de las cuales es
la inclusión en lista de deudores morosos.
b) Improcedencia de la Tutela en este caso.
De
acuerdo con los hechos planteados en la demanda de tutela y las pruebas que
obran dentro del expediente, queda plenamente establecido que el peticionario,
hallándose obligado al pago oportuno y periódico de las cuotas de
administración de la unidad residencial en la que habita, ha incurrido en una
mora por el no pago de más de cuatro cuotas de administración -hasta el momento
de la interposición de la tutela-, colocándose por esa situación al margen de
los reglamentos que rigen el conjunto residencial “Sumatambo”.
Este
comportamiento omisivo del actor, dio lugar a que la Junta Administradora,
mediante la aplicación de una decisión tomada por la Asamblea General de
Copropietarios, adoptara las medidas coercitivas establecidas para estos casos,
a saber, la inclusión del nombre del peticionario en la cartelera de deudores
morosos del Conjunto Residencial.
Esta
situación se encuentra acreditada, cuando el mismo petente reconoce
expresamente en el líbelo de tutela, estar pasando por una situación económica
difícil y afirma pagar las cuotas adeudadas en un plazo de cuatro a seis meses
cuando le paguen la prima semestral.
Por
lo anterior, en lo que se refiere a la pretensión del peticionario en la
presente demanda, de que su nombre sea desfijado de la cartelera como deudor
moroso, no es viable ya que no se observa violación alguna en cuanto al derecho
a la intimidad y al buen nombre, puesto que por su incumplimiento con respecto
al pago de cuotas atrasadas, dio lugar a la publicación de su nombre en la
cartelera de deudores morosos del conjunto residencial Sumatambo Bloques Rojos
de la ciudad de San Juan de Pasto.
En
razón a lo expuesto, se confirmará el fallo proferido por el Juzgado Tercero
Penal del Circuito de San Juan de Pasto, como así se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
V. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional
obrando en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
PRIMERO.
Confirmar la
sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San Juan de
Pasto, el 13 de junio de 1995, en relación con la acción de tutela formulada
por el ciudadano Guillermo Armando Gonzalez Luna.
SEGUNDO.
Líbrense por Secretaría
General, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ
Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. T-233 del 17 de mayo de
1994. Sala Cuarta de Revisión de Tutelas. |
490 | T-361-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-361/95
LEGITIMACION POR
ACTIVA EN TUTELA
El actor se
encuentra legitimado para demandar el amparo solicitado en nombre propio; pero
no está habilitado para intentar la acción de tutela en nombre de sus demás
compañeros de trabajo que fueron separados del cargo, pues no ha acreditado la
representación de dichas personas ni ha manifestado actuar como agente oficioso
en razón de no estar éstas en condiciones de promover su propia defensa.
ACCION DE NULIDAD
Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ACCION DE TUTELA-Improcedencia/PERJUICIO IRREMEDIABLE-Inexistencia
La pretensión del
peticionario puede ser actuada por medio del ejercicio de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho. A través de ésta, puede obtener no sólo la
nulidad del acto administrativo que lo separó del empleo sino el
restablecimiento del derecho lesionado, consistente en el reintegro al cargo y
en el reconocimiento y pago de los derechos laborales que deje de devengar
mientras permanezca por fuera del servicio. No es del caso conceder la tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, porque en el
caso concreto no se dan las circunstancias y condiciones para que pueda
estructurarse un perjuicio de esta naturaleza.
ACCION DE TUTELA-Rechazo/ACCION DE TUTELA-Improcedencia
El rechazo de la
petición de tutela es diferente a la decisión desfavorable frente a la
pretensión. El rechazo supone un defecto de orden procesal que impide el
trámite de la demanda de tutela y se produce de plano en los casos
taxativamente señalados en las normas en referencia; en cambio, la resolución
desfavorable de la petición se relaciona directamente con la cuestión de fondo
que debe ser decidida en la sentencia que pone fin al proceso. En el evento de
que existan otros recursos o medios de defensa judiciales, la pretensión de
tutela, no se rechaza sino que se niega por improcedente. Ello es así si se
tiene en cuenta que el juzgador debe hacer un análisis fáctico y jurídico tanto
de los hechos como de la pretensión para de él deducir si se debe acceder o
negar lo pedido.
Ref. T-67792.
Peticionario:
Manuel Ramón
Fernández Díaz.
Demandado:
Contralor General
del Departamento del Cesar.
Procedencia:
Sección Cuarta de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado.
Tema:
Diferencia entre el
rechazo y la negación de la pretensión de tutela.
Magistrado
Ponente:
ANTONIO BARRERA
CARBONELL.
Santafé de Bogotá,
agosto diez (10) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO
BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el
proceso de acción de tutela presentada por el señor MANUEL RAMON FERNANDEZ
DIAZ, contra el CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
I. ANTECEDENTES.
1. Hechos.
El Contralor General
del Departamento del Cesar expidió la resolución 504 del 19 de diciembre de
1994, en virtud de la cual se nombraron en propiedad varios funcionarios, entre
ellos, el señor Manuel Ramón Fernández Díaz, en el cargo de auxiliar contable
de la Sección Lotería La Vallenata.
Posteriormente el
mismo funcionario expidió la resolución 514 del 29 de diciembre de 1994, que
retira del servicio a varios funcionarios de la mencionada Contraloría, entre
los cuales se encuentra el peticionario.
Dice el
peticionario, que la resolución 514 viola claramente lo dispuesto en el
artículo 12 de la ordenanza 061 en cuanto desconoce los derechos adquiridos por
los empleados de carrera administrativa de la Contraloría, originados en los
actos administrativos expedidos en desarrollo de la ley 27 de 1992 y sus
decretos reglamentarios. Deduce también la transgresión de dichos derechos de
las siguientes circunstancias:
"El decreto
1223 viola el art. 1 de la ley 27/92"
"El artículo
7o. de la ley 27/92 viola los artículos 1,25, 53 y 125 de la
Constitución".
Igualmente señala,
que la ordenanza 061 de diciembre 10 de 1994 (por la cual se establece el
presupuesto de la Contraloría) no contempla el rubro correspondiente para
indemnizar a los empleados de carrera que sean despedidos, motivo por el cual
se contraría lo dispuesto en el artículo 16 del decreto 1223 de 1993.
Finalmente afirma
que se ha violado su derecho de petición porque "La Honorable Asamblea
Departamental del Cesar y el señor Contralor, teniendo pleno conocimiento de la
situación, han ignorado nuestros comunicados, haciendo caso omiso a los mismos,
y violando los artículos 23 y 85 de la Constitución".
2. Pretensión.
La pretensión del
peticionario se dirige a que se "exija de las autoridades competentes el
reconocimiento de los derechos adquiridos por los 21 empleados de carrera
administrativa, en los artículos 1, 13, 23, 25 y 125 de la Constitución
Política y se ordene de oficio la creación inmediata de los cargos suprimidos
para que opere la reubicación, sin perjuicio del lucro cesante y el daño
emergente causado...".
3. Fallos que se
revisan.
3.1. Primera
instancia.
El Tribunal
Administrativo del Cesar mediante sentencia del 21 de febrero de 1995 resolvió
denegar la tutela impetrada, y en apoyo de esta decisión estimó lo siguiente:
"Salta a la
vista que el actor dispone de otro mecanismo de defensa judicial, cual es la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 85
del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 15 del
decreto 2304 de 1989".
"En efecto frente
al silencio administrativo negativo, emerge nítidamente un acto administrativo
ficto o presunto con el cual quedó agotada la vía gubernativa y aparece
expedito el camino para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, modificado por el 22 del decreto 2304 de 1989".
"Así las cosas,
el actor debió acudir a este remedio judicial".
"Obsérvese como
el actor se refiere a una cadena de violaciones de normas causantes de los
perjuicios que se le irrogaron y reclama para si y para otros, el reintegro a
los cargos mediante el procedimiento de la reubicación, con la consiguiente
indemnización de perjuicios".
"Como el señor
Contralor Departamental del Cesar no ha respondido la petición que le
formularon, de fecha 7 de febrero de 1995, porque no ha transcurrido el tiempo
señalado para ello, es obvio, que bien, frente al silencio administrativo
negativo o frente a la decisión que éste adopte, puede acudir ante la
jurisdicción competente para hacer valer los derechos que considere vulnerados".
"De otra parte,
también puede acudirse a la acción de nulidad tratándose de la ordenanza 061 y
del decreto 1223 de 1993 reglamentario de la ley 27 de 1992".
"Respecto de la
violación de la Constitución puede acudir a la acción de
inconstitucionalidad".
"Síguese de lo
dicho, que el actor dispone de otros medios de defensa judicial y que no es la
acción de tutela el procedimiento indicado para este tipo de
controversias".
3.2. Segunda
Instancia.
La Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante fallo
del 17 de marzo de 1995, revocó la sentencia del Tribunal Administrativo del
Cesar y, en su lugar dispuso: "recházase por improcedente la acción de
tutela impetrada".
Para adoptar dicha
decisión el Consejo consideró:
"En relación
con el derecho a la igualdad, la Sala no encuentra que haya sido vulnerado toda
vez que la Ordenanza número 061 de diciembre 10 de 1994, por medio de la cual
se expide el Presupuesto de Rentas y Gastos de esta Entidad para la vigencia de
1995, suprimió no sólo el cargo que el accionante venía desempeñando, sino como
él mismo lo afirma 21 cargos de carrera en la Contraloría General del
Departamento del Cesar, de manera que no existe discriminación".
Respecto de la
violación al derecho de petición, considera la Sala que el hecho de no haber
respondido el señor Contralor Departamental del Cesar, la petición formulada
por el señor Manuel Fernández Díaz el día 7 de febrero de 1995, como lo afirmó
el a-quo, no constituye violación del derecho en mención, por cuanto instaurada
la acción de tutela el día 15 de febrero de 1995, no había transcurrido el
término de 15 días señalado por el artículo 6 del C.C.A. para
resolverla".
"Sobre la
vulneración del derecho al trabajo, la Sala ha reiterado en múltiples
providencias que no se trata de un derecho de protección inmediata, de
conformidad con lo previsto en el artículo 85 de la Constitución
Nacional".
"Por otra
parte, tal como lo expresó el a-quo, la Sala observa que el accionante cuenta
con otros medios de defensa judicial que hacen improcedente la acción
impetrada..."
Finalmente el
Consejo estimó que no podía acceder al amparo solicitado, porque de conformidad
con el artículo 1o del Decreto 306 de 1992 no era procedente conceder la tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y concluyó:
"Teniendo en
cuenta los anteriores razonamientos, la Sala concluye que la acción de tutela
interpuesta es improcedente y por ello revocará la decisión de negatoria del
Tribunal para rechazarla por improcedente".
II. COMPETENCIA.
La Sala es
competente para conocer en grado de revisión del proceso de tutela, en virtud
de lo dispuesto por los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 33 y
34 del Decreto 2591 de 1991.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1. Legitimación
para actuar.
La Sala reconoce que
el actor se encuentra legitimado para demandar el amparo solicitado en nombre
propio; pero no está habilitado para intentar la acción de tutela en nombre de
sus demás compañeros de trabajo que fueron separados del cargo, porque no se ha
dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 del decreto 2591 de 1991,
pues no ha acreditado la representación de dichas personas ni ha manifestado
actuar como agente oficioso en razón de no estar éstas en condiciones de
promover su propia defensa.
2. La cuestión de
fondo.
2.1. Existencia
de otro medio de defensa judicial. Improcedencia de la tutela como mecanismo
transitorio.
En los términos de
los artículos 86 y 6o de la Constitución Política y del decreto 2591 de 1991,
la acción de tutela no procederá cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, que apreciados en concreto y atendiendo las circunstancias
en que se encuentra el solicitante, resulten eficaces para salvaguardar el
derecho constitucional fundamental; no obstante, la tutela procederá cuando se
trata de evitar un perjuicio irremediable.
A juicio de la Sala,
la pretensión del peticionario puede ser actuada por medio del ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85
del Código Contencioso Administrativo. A través de ésta, puede obtener no sólo
la nulidad del acto administrativo que lo separó del empleo sino el
restablecimiento del derecho lesionado, consistente en el reintegro al cargo y
en el reconocimiento y pago de los derechos laborales que deje de devengar
mientras permanezca por fuera del servicio.
También considera,
que no es del caso conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, porque en el caso concreto no se dan las circunstancias
y condiciones definidas por esta Corte en la sentencia T-225/93 para que pueda
estructurarse un perjuicio de esta naturaleza.
2.2. La no
vulneración del derecho de petición.
La Sala comparte las
apreciaciones de los juzgadores de instancia en el sentido de que no se violó
por el señor Contralor del Departamento del Cesar el derecho de petición,
porque cuando se instauró la acción de tutela aún no había transcurrido el
término (15 días) que tiene la administración para pronunciarse en relación con
la petición que elevó el actor.
2.3. La decisión
del Consejo de rechazar la acción de tutela.
Como se vio antes,
la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de
Estado revocó la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar que había
resuelto "denegar la acción de tutela reclamada" y, en su lugar,
dispuso: "recházase por improcedente la acción de tutela impetrada".
Esta Sala estima que
en los casos en que exista otro medio de defensa judicial, lo pertinente no es
el rechazo de la tutela solicitada sino la negación de la pretensión de tutela
por improcedente. En efecto, el decreto 2591 de 1991 establece lo siguiente:
Art. 6o. Numeral 1°:
"Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante."
Art. 17. Inciso 1°:
"Corrección de la solicitud. Si no pudiere determinarse el hecho o la
razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que la
corrija en el término de tres días los cuales deberán señalarse concretamente
en la correspondiente providencia. Si no la corrigiere, la solicitud podrá ser
rechazada de plano".
Art. 38. Inciso 1°:
"Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela
sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes".
De las normas
transcritas se deduce que el rechazo de la petición de tutela es diferente a la
decisión desfavorable frente a la pretensión. El rechazo supone un defecto de
orden procesal que impide el trámite de la demanda de tutela y se produce de
plano en los casos taxativamente señalados en las normas en referencia; en
cambio, la resolución desfavorable de la petición se relaciona directamente con
la cuestión de fondo que debe ser decidida en la sentencia que pone fin al
proceso.
En el evento de que
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, la pretensión de tutela,
salvo los casos ya señalados, no se rechaza sino que se niega por improcedente
(art. 6). Ello es así si se tiene en cuenta que el juzgador debe hacer un
análisis fáctico y jurídico tanto de los hechos como de la pretensión para de él
deducir si se debe acceder o negar lo pedido.
En virtud de lo
anterior, se revocará por las razones anotadas la sentencia del Consejo de
Estado y en su lugar se confirmará el fallo de primera instancia.
IV. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Segunda de Tutela, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de fecha 17 de marzo
de 1995 proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del H. Consejo de Estado y en su lugar CONFIRMAR el fallo de 21
de febrero de 1995 del Tribunal Administrativo del Cesar que resolvió
"denegar la acción de tutela reclamada".
SEGUNDO. Para los fines del artículo 36 del decreto
2591 de 1991, por Secretaría General háganse las comunicaciones a que haya
lugar.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
491 | T-362-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-362/95
DERECHOS
FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR/IUS VARIANDI/JORNADA LABORAL-Modificación
El cambio repentino de la jornada laboral
del trabajador por parte del empleador resultará legítimo siempre que este se
produzca de buena fe y no tenga como finalidad directa lesionar los derechos
fundamentales del trabajador. El ius variandi, desde una perspectiva
constitucional no autoriza al empleador para ejercitar su poder de mando de
manera arbitraria. Los patronos hicieron uso adecuado de una facultad
contractual - reflejo de la subordinación del trabajador frente al empleador -
que les permitía modificar los horarios de trabajo de acuerdo con las
necesidades del gimnasio. En el presente caso, podrá existir incompatibilidad
entre los estudios y el cumplimiento de sus obligaciones laborales, pero no una
actitud contraria al respeto que hacia los derechos fundamentales del
trabajador debe observar todo empleador.
Agosto 10 de 1995
REF:
Expediente T-67994
Actor: MAURICIO
TOVAR PRIETO
Magistrado
Ponente:
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ
Tema:
-Conflictos
laborales y jurisdicción constitucional
- Derechos
fundamentales del trabajador y su relación con el ejercicio de los poderes de
dirección del empresario o empleador
- ius variandi
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha
pronunciado
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN
la siguiente
S E N T E N C I A
En el proceso de
tutela N° T-67994 promovido por el señor MAURICIO TOVAR PRIETO contra los señores
ABSALON y SERGIO HURTADO ÁNGEL.
ANTECEDENTES
1. El 22 de julio de
1994, Mauricio Tovar Prieto ingresó a trabajar, como instructor de pesas, al
Gimnasio Americano de Medellín, de propiedad de los señores Sergio y Absalón
Hurtado Ángel.
2. El 31 de enero de
1995, Tovar Prieto instauró acción de tutela ante el Juzgado Séptimo Civil del
Circuito de Medellín, contra los señores Absalón y Sergio Hurtado Ángel, por
considerar amenazados sus derechos al libre desarrollo de la personalidad
(C.P., artículo 16), al trabajo (C.P., artículo 25), a la escogencia de
profesión u oficio (C.P., artículo 26), al aprendizaje (C.P., artículo 27), al
mínimo de garantías laborales (C.P., artículo 53), a la formación y
habilitación profesional y técnica (C.P., artículo 54) y a la educación (C.P.,
artículo 67).
El actor manifiesta
haber condicionado la aceptación del empleo, a que el horario asignado no
interfiriera con sus horas de estudio nocturno en el Instituto Colombo
Iberoamericano. Afirma, que durante seis meses laboró y estudió en forma
paralela, sin ninguna queja por parte de sus empleadores. Precisa que sólo en
época de vacaciones y de común acuerdo, trabajaba en horarios nocturnos.
Desde finales de
1994, dice haber sido objeto de persecución laboral por parte de los hermanos
Hurtado Ángel. Esta persecución - señala - se inició a raíz de una queja que
interpuso en el mes de diciembre de 1994 ante la Oficina del Trabajo contra sus
empleadores, para lograr el pago de unos salarios adeudados. Añade que la
persecución laboral se manifestó en un cambio intempestivo de los horarios de
labores, de manera tal que la nueva jornada le impedía continuar con sus
estudios de programación de computadores en el Instituto Colombo Americano.
Sostiene que ha intentado conciliar el cambio de horario con sus empleadores,
lo que ha resultado imposible. Por el contrario, uno de los propietarios le ha
manifestado que si no se retira de los estudios, el gimnasio deberá prescindir
de sus servicios, mientras el otro socio le "amenaza con abogados"
para que renuncie, y lo acosa con el trabajo increpándole constantemente
"lo mal que lo hace".
En su demanda, el
actor manifiesta que el cambio abrupto de los horarios de trabajo le obliga a
tomar una decisión inmediata que implicaría, bien el retiro del lugar de
trabajo debiendo pagar a los patronos el respectivo preaviso, o el abandono de
sus estudios, perdiendo el dinero correspondiente a la matrícula así como la
oportunidad de superación a la que tiene derecho. Al respecto señala: "lo
único que a mi me queda es el estudio y laborar incondicionalmente donde me
acepten con mi estudio y buscar horarios adecuados que yo pueda cumplir, y aquí
en este gimnasio fue donde me aceptaron todo (...). Lo único que yo quiero es
estudiar y trabajar a la vez".
Solicita que se
ordene a los demandados cesar en su persecución y respetar su horario de
estudio o, de no ser esto posible, que se le reconozca el despido indirecto con
la consecuente indemnización.
3. El Juzgado
Séptimo Civil del Circuito de Medellín, decretó y practicó los testimonios de
los hermanos Hurtado Ángel, quienes negaron la existencia de algún pacto
mediante el cual se hubieran supeditado los horarios de trabajo del señor Tovar
Prieto a sus estudios. Precisaron que en el contrato de trabajo se encuentra
consagrada expresamente una cláusula que permite la variación del horario del
trabajador según las necesidades del gimnasio.
4. Mediante
providencia de febrero 16 de 1995, el Juez de tutela negó la protección
solicitada, al considerar que se trataba de un conflicto surgido de un contrato
de trabajo, que debía ser resuelto por la jurisdicción laboral, según lo
dispuesto por el artículo 2° del Código de Procedimiento Laboral (Decreto 4133
de 1948). Concluyó que la acción de tutela resultaba improcedente por existir
otros medios judiciales de defensa. De igual modo, agregó que del expediente no
se deducía la interposición del recurso como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable, por lo que la acción tampoco era procedente bajo esta
modalidad.
5. Impugnada la
anterior providencia, el Tribunal Superior de Medellín la confirmó en todas sus
partes, mediante decisión del 10 de marzo de 1995. El fallador de segunda
instancia reiteró lo dicho por el a-quo en cuanto a la subsidiariedad de
la acción de tutela, e indicó además, que este caso no encajaba en ninguna de
las hipótesis de procedencia de la acción contra particulares contempladas en
el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
Adicionalmente,
consideró que "el ente empleador al determinar condiciones para el
correcto desenvolvimiento o desarrollo de su objeto, puede modificar horarios a
sus dependientes, establecer reglamentos internos de trabajo, incluso cambiar
el domicilio, etc., y su conducta sigue siendo legítima".
La anterior decisión
fue enviada a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
6. Mediante auto de
junio 5 de 1995, la Sala Tercera de Revisión resolvió: (a) ordenar al Instituto
Colombo Iberoamericano de Medellín el envío de un informe en el que consten las
fechas de iniciación y terminación de los períodos de estudio cursados por
Mauricio Tovar Prieto, y el horario de los mismos; (b) ordenar a los señores
Sergio y Absalón Hurtado Ángel la remisión de una relación detallada de los
horarios de trabajo asignados a Mauricio Tovar Prieto desde el mes de junio de
1994.
7. El Instituto
Colombo Americano emitió constancia en la que certifica que Mauricio Tovar
Prieto cursó y aprobó dos semestres de programación de computadores y se
matriculó para cursar el tercer nivel durante el semestre enero-junio de 1995,
en el horario de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. de lunes a jueves.
8. A su turno, los
señores Hurtado Ángel enviaron a la Corte la relación de los horarios de
trabajo asignados al señor Mauricio Tovar Prieto desde el mes de octubre de
1994 hasta el 9 de marzo de 1995, fecha en la que se presentó la terminación
de la relación laboral. En el documento aparece que el señor Tovar laboró de
octubre 3 a diciembre 12 de 1994, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. y los sábados
de 9 a.m. a 2 p.m. A partir del 12 de diciembre y hasta el 19 de enero de 1995,
su jornada de lunes a viernes era de 8 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 9 a.m. a
2 p.m. Desde enero 19 y hasta marzo 9 de 1995, laboró de lunes a viernes, de 8
a.m. a 1 p.m. y de 5 p.m. a 8 p.m., y los sábados de 9 a.m. a 2 p.m. El cambio
de horario en el mes de enero, fue notificado el día 19 del mismo mes (fol.
18).
FUNDAMENTOS
1. El actor entabla
la acción de tutela para reclamar protección a sus derechos fundamentales al
libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la escogencia de profesión u
oficio, al aprendizaje, al mínimo de garantías laborales, a la formación y
habilitación profesional y técnica, y a la educación. Señala que la causa de la
vulneración radica en la modificación unilateral y sorpresiva por parte de sus
empleadores, del contrato de trabajo, en lo que concierne a la jornada laboral,
lo que afecta su posibilidad de continuar sus estudios.
2. Para los jueces
de tutela de primera y segunda instancia, el amparo constitucional es
improcedente, en razón del carácter estrictamente laboral del conflicto. En su
concepto, debe darse aplicación al artículo 2° del Código de Procedimiento
Laboral, según el cual la jurisdicción ordinaria es la competente para el
conocimiento de las controversias surgidas entre empleadores y trabajadores,
con ocasión de los contratos de trabajo.
3. La Sala considera
igualmente que la tutela no puede convertirse en un mecanismo al que se apele
para pretermitir la jurisdicción y los procedimientos judiciales ordinarios.
No obstante, resulta necesario realizar algunas precisiones sobre la
procedencia de la acción de tutela respecto de los conflictos que puedan
generarse en torno a una relación laboral.
3.1 La Constitución Política, como norma de
normas, irradia el ordenamiento jurídico de manera tal que las disposiciones
que la integran proyectan su eficacia a todos los ámbitos jurídicamente
relevantes. Dentro de su radio de acción, la Carta penetra las relaciones de
trabajo y, en este sentido, vincula tanto a los órganos públicos que
intervienen en este campo, como a los sujetos privados - empleadores y
trabajadores -, con el cumplimiento de un conjunto de principios y reglas
constitucionales que tienden a su protección.
Si las normas constitucionales se proyectan
a las relaciones de trabajo, no puede afirmarse que el estudio de un asunto de
esta naturaleza se realiza exclusivamente desde la órbita del derecho laboral.
Un conflicto surgido en el ámbito del contrato de trabajo, elevado al
conocimiento del juez constitucional debe ser analizado, antes de adoptar
cualquier decisión, desde la perspectiva constitucional a fin de determinar si
el caso concreto reviste relevancia constitucional, requisito necesario, aunque
no suficiente para la procedencia de la acción de tutela.
3.2 La modificación unilateral de la
jornada laboral de un trabajador, en principio, carece de relevancia
constitucional y debe ser ventilado ante la jurisdicción ordinaria. Sin embargo,
el inesperado cambio de la jornada diurna a nocturna podría ser el efecto de la
utilización abusiva de la libertad de empresa que otorga la Constitución al
empleador y comprometer, en consecuencia, el derecho fundamental a la educación
del trabajador que se ha matriculado en un curso técnico en el horario
nocturno. En estas circunstancias, el trabajador se verá súbitamente forzado a
la disyuntiva de escoger entre su trabajo o la oportunidad de estudio. En este
último evento, además, deberá sujetarse al obligado preaviso. La posible
utilización excesiva de una libertad constitucional y la virtual afectación de
un derecho fundamental, otorga relevancia constitucional al caso que se estudia
y, por ende, la sala se ocupará de establecer si en verdad la misma se
verificó.
El juez constitucional debe distinguir
entre los aspectos puramente laborales y los constitucionales que hacen
relación al estudio de la conducta de una de las partes y a sus efectos sobre
los derechos fundamentales de la otra. En la presente cuestión la presunta
persecución laboral y los virtuales intentos de despido indirecto, revisten
visos de mera legalidad. Desde el punto de vista constitucional, en cambio,
resulta pertinente determinar si es legítima la conducta del empleador o si por
el contrario su decisión lesiona el derecho fundamental a la educación del
trabajador, cuando intempestiva y unilateralmente modifica su horario de
trabajo, obligándole a renunciar a su empleo o a su estudio, esto es,
colocándole en el dilema de sacrificar uno de estos dos derechos (trabajo y
educación).
3.3 Empero, no todo
asunto que por su contenido material tenga relevancia constitucional, puede ser
tramitado a través de la acción de tutela. Para ello se requiere, en primer
término, que no exista otro mecanismo de defensa judicial o que, de existir, la
acción se interponga para evitar un perjuicio irremediable.
En el presente caso,
existen medios judiciales ordinarios para definir el conflicto que surge en
torno al cambio de la jornada de trabajo - para determinar, por ejemplo, si se
trató de un despido indirecto o si se asiste simplemente a la utilización
legítima de una facultad del empleador -, pero ninguno de ellos posee la
eficacia de la acción de tutela para brindar protección a los derechos fundamentales
virtualmente comprometidos. Como lo ha reiterado la Corte Constitucional, la
mera existencia de otra vía judicial no es razón suficiente para excluir al
juez de tutela del conocimiento del caso, pues se requiere que el otro
mecanismo sea efectivo para brindar la protección a los derechos conculcados.
Por lo tanto, se
tornaba necesario establecer, antes de negar la acción de tutela, si los medios
ordinarios de defensa podían efectivamente evitar la amenaza que según el actor
se cernía sobre su derecho.
Finalmente, el juez
de tutela debe determinar si la protección solicitada puede otorgarse como
mecanismo transitorio. La Corte ha aceptado la procedencia de la acción de
tutela, como mecanismo transitorio, a fin de conjurar el perjuicio irremediable
que se deriva para el trabajador cuando su empleador lo coloca en la disyuntiva
de abandonar el estudio o renunciar al contrato de trabajo[1].
3.4 Aún si se acepta
que el caso tiene relevancia constitucional, y que la acción de tutela resulta
procedente para evitar un perjuicio irremediable, es necesario definir si se
trata de un asunto en el cual procede la acción de tutela contra un particular.
Al respecto el
Tribunal Superior de Medellín, señala: "La Tutela contra particulares
consagrada en los nueve numerales del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 que
como se dijo tienen interpretación restrictiva, de la simple lectura de ellos
se concluye que la pretensión del quejoso en ninguno de ellos se encuadra".
La Sala no comparte el razonamiento del
juez de tutela de segunda instancia. Reiteradamente la Corte Constitucional ha
sostenido que las relaciones laborales constituyen un caso típico de
subordinación entre particulares.
Por las razones
anteriores, la Sala se aparta de las decisiones de primera y segunda instancia
que niegan la acción de tutela impetrada por razones formales y, en
consecuencia, procede a estudiar el problema material o de fondo que plantea la
demanda.
4. Se pregunta la
Corte si viola el derecho a la educación de un trabajador, el empleador que,
haciendo uso de una cláusula expresa del contrato del trabajo que lo autoriza
para variar el horario de labores con miras a cubrir las necesidades del
servicio, modifica unilateralmente y de manera repentina la jornada de un
trabajador obligándole a optar entre el puesto de trabajo y el estudio.
5. La sentencia de
segunda instancia, pese a confirmar la decisión del a-quo en el sentido de
negar la procedencia de la acción por razones formales, realiza sumarias
consideraciones de fondo que le sirven para concluir que la actitud del
empleador no puede ser objeto de reproche alguno dado que simplemente hizo uso
de una facultad discrecional otorgada por la ley. La sentencia de instancia,
señala: "(E)l ente empleador al determinar condiciones para el correcto
desenvolvimiento o desarrollo de su objeto, puede modificar horarios a sus
dependientes, establecer reglamentos internos de trabajo, incluso cambiar el
domicilio, etc., y su conducta sigue siendo legítima".
Las consideraciones
del Tribunal de instancia se apoyan, en el fondo, en el ius variandi
que, consiste, en la facultad que tiene el patrono para alterar unilateralmente
aspectos no sustanciales de la relación laboral.
En efecto, en la
relación laboral, el trabajador se encuentra en una situación de dependencia
jurídica frente al empleador. Una de las manifestaciones más importantes de
dicha subordinación es el poder directivo que el ordenamiento laboral le
atribuye al empleador, el cual incluye el ius variandi. El
empleador está facultado por el derecho laboral para ordenar las condiciones de
trabajo, dirigir y vigilar su ejecución. En principio, las órdenes o
directrices que imparta el empleador y que se encuentren dentro de los términos
del contrato laboral, deben ser entendidas como manifestaciones legítimas del
poder de dirección propias del empresario o empleador y en esa medida vinculan
al trabajador.
Sin embargo, el
poder de dirección del empleador se encuentra limitado tanto por el ordenamiento
laboral como por la Constitución. Desde una perspectiva constitucional, el
ejercicio del poder de dirección del empleador sólo es legítimo si éste no se
dirige a violar de manera directa los derechos fundamentales del trabajador, en
cuyo caso obraría de mala fe. Las ordenes o directrices impartidas por el
empleador enderezadas a lesionar los derechos fundamentales de los
trabajadores, se convierten en un abuso de su facultad de dirección.
6. El hecho de que
el empleador deba respetar los derechos fundamentales del trabajador no le
obliga a someterse a las variaciones de aquellas cláusulas contractuales
válidamente pactadas y cuyo contenido se ajuste al texto constitucional, cada
vez que su ejecución legítima interfiera indirectamente con alguno de los derechos
que la constitución garantiza como ciudadano al trabajador. Si el trabajador y
el empleador convienen determinadas condiciones lícitas para la ejecución del
trabajo y éstas se ajustan al contenido de la Carta, así en un momento dado
materialmente limiten de alguna manera el ejercicio de ciertos derechos que
pertenecen al trabajador en su condición de ciudadano, como el derecho a la
recreación o a la educación, no por ello el empleador debe, en aras de un
imperativo constitucional inexistente, atenerse a las modificaciones
unilaterales que le imponga el trabajador y someterse a la variación de las
cláusulas contractuales pactadas o verse en la necesidad de no ejecutarlas.
De lo contrario, se
trasladaría sin justificación alguna al empleador el deber prestacional, que
sólo compete a los poderes públicos, de realizar efectivamente los derechos
fundamentales que la Constitución le otorga al trabajador como individuo,
debiendo adecuar el funcionamiento y actividad de su empresa a las necesidades
que fuera de ella tenga el trabajador, en orden a realizar plenamente y a su
conveniencia el ejercicio de sus derechos.
7. Está probado que el señor Mauricio Tovar
Prieto suscribió un contrato de trabajo a término fijo con los señores Sergio y
Absalón Hurtado Ángel, en cuya cláusula cuarta se lee (fol. 12): "El
trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de
las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios
de horario cuando lo estime conveniente". Esta disposición fue
reiterada, al final del contrato, en manuscrito que reza (fol. 13): "los
horarios de trabajo están de acuerdo a las necesidades del gimnasio".
En el contenido de las cláusulas
contractuales que se reproducen no riñe con norma constitucional alguna, pues
simplemente se trata del acuerdo explícito sobre una de las manifestaciones del
poder de mando o dirección que el ordenamiento reconoce al empresario. En esta
condiciones no pasa desapercibido a la Sala que el trabajador prestó su
consentimiento, libre de todo vicio, y se sometió a que su horario de trabajo
pudiera ser modificado discrecionalmente por los empleadores, de acuerdo con
las necesidades de la empresa, razón por la cual era previsible que una
variación de su horario de trabajo pudiera afectar los estudios que adelantaba.
El cambio repentino de la jornada laboral
del trabajador por parte del empleador resultará legítimo siempre que este se
produzca de buena fe y no tenga como finalidad directa lesionar los derechos
fundamentales del trabajador. El ius variandi, desde una perspectiva
constitucional no autoriza al empleador para ejercitar su poder de mando de
manera arbitraria.
Ahora bien, en el caso que se estudia no se
ha demostrado que el empleador hubiese utilizado de manera excesiva su facultad
de mando o dirección, o que hubiese actuado de mala fe, con la intención de
lesionar los derechos fundamentales del trabajador. Por el contrario, las
pruebas que reposan en el expediente demuestran que el gimnasio amplió su
horario a jornada continua de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8:30 de la
noche, especialmente en la unidad encargada del entrenamiento de pesas en la
cual se desempeñaba como instructor el señor Tovar. La ampliación del horario
para la prestación del servicio pudo razonablemente hacer surgir la necesidad
de variar la jornada de trabajo del personal.
De otra parte, no existe ningún elemento
fáctico para asociar el cambio de jornada a un designio arbitrario. No aparece
probado que los propietarios del gimnasio contaran con personal suficiente para
enfrentar sus necesidades sin modificar el horario de trabajo del actor.
La pretensión del demandante, de prosperar,
llevaría a extremos inaceptables el principio de vinculación de todos a la
Constitución (C.P., artículos 4° y 6°). Los derechos y libertades garantizados
por la Carta son un componente esencial del orden público, contra el que no
puede atentar ninguna estipulación contractual, so pena de nulidad (C.C.,
artículos 1519 y 1741; C.S.T., artículo 14). No obstante, de este aserto no
puede seguirse que la apelación a estos derechos y libertades por una de las
partes contratantes, pueda servir para imponer a la otra las modificaciones de
la relación contractual que considere oportunas y convenientes.
La Sala considera pertinente señalar que de
las pruebas que reposan en el expediente se puede afirmar que los hermanos
Hurtado Ángel no vulneraron el ejercicio del derecho a la educación del señor
Mauricio Tovar Prieto. Únicamente hicieron uso adecuado de una facultad
contractual - reflejo de la subordinación del trabajador frente al empleador -
que les permitía modificar los horarios de trabajo de acuerdo con las
necesidades del gimnasio. En el presente caso, podrá existir incompatibilidad
entre los estudios de Mauricio Tovar Prieto y el cumplimiento de sus
obligaciones laborales, pero no una actitud contraria al respeto que hacia los
derechos fundamentales del trabajador debe observar todo empleador.
Sólo por las razones antes expuestas, la
Sala Tercera de Revisión confirmará las sentencias de primera y segunda
instancia.
D E C I S I O N
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión,
R E S U E L V E:
PRIMERO.-
CONFIRMAR, por las razones
expuestas, la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, del 10 de marzo de
1995.
SEGUNDO.- LIBRESE comunicación al Juzgado Séptimo Civil del
Circuito de Medellín con miras a que se surta la notificación de esta
providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
(Sentencia aprobada por la Sala Tercera de
Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del
mes de Agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995)).
[1] ST-108 de
1993. M.P. Fabio Morón Díaz. |
492 | T-363-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-363/95
SERVICIO MILITAR-Obligatoriedad
La de prestar el
servicio militar es una obligación de naturaleza constitucional que corresponde
a exigencias mínimas derivadas del deber genérico impuesto a los nacionales
respecto del sostenimiento y defensa de la soberanía, la guarda del orden
institucional y el mantenimiento del orden público.
SERVICIO MILITAR-Taxatividad de las causales de exención
El carácter
taxativo de las causales de exención del servicio militar se deriva de la misma
Constitución Política, que no las hace extensivas más allá de los límites de la
ley, por lo cual no es lícito al intérprete y menos todavía a las propias
autoridades militares ampliar la cobertura de las excepcionales previsiones
legales al respecto. De allí que no sea posible ejercer acción de tutela contra
los responsables del reclutamiento por acatar las prescripciones
constitucionales y las de la ley sobre el particular, invocando excepciones no
consagradas explícitamente. Contra nadie se puede interponer el amparo judicial
por atenerse a la normatividad vigente.
OBJECION DE
CONCIENCIA/LIBERTAD DE CONCIENCIA-Límites
Si bien una
persona no puede ser obligada a actuar contra su conciencia, en garantía de la
libertad correspondiente, ésta no es absoluta y, por el contrario, tiene claros
límites relacionados con el interés general, lo cual significa que las propias convicciones
no pueden invocarse como excusas para el cumplimiento de deberes que el Estado
impone a todos por igual y que objetivamente considerados no implican prácticas
o actuaciones susceptibles de ser enfrentadas a la conciencia individual.
SERVICIO MILITAR/OBJECION
DE CONCIENCIA
El servicio
militar no es per se algo que implique violencia, daño a los demás,
ejercicio ciego de la fuerza o vulneración de derechos fundamentales. Se trata
de un deber en abstracto, cuyos contenidos concretos están sometidos a la
Constitución y a la ley. En ese orden de ideas, la vinculación a filas no tiene
por sí misma una calificación que pueda enfrentarse a la conciencia del
conscripto, pues sólo tiene el alcance de una disponibilidad del sujeto a la
disciplina y a las órdenes que se le impartan. Al mandar el Constituyente que
los colombianos presten el servicio militar no los constriñe por ello a obrar
en contra de sus creencias.
SERVICIO
MILITAR/OBEDIENCIA DEBIDA
La obediencia
debida es el principio general al que deben acogerse las relaciones entre
superiores y subalternos militares y que solamente en casos de palmaria,
evidente e indudable transgresión de los límites constitucionales, mediante
órdenes que afecten de modo directo los derechos humanos, es permisible al
inferior acogerse a los dictados de su conciencia para hacer que en el caso
concreto prevalezcan la Constitución y el respeto a la dignidad humana. Es
decir, el inferior no está obligado a la obediencia ciega pero tampoco le es
posible cobijar, bajo el amparo de razones puramente subjetivas, la oposición a
mandatos que no pugnen con el orden constitucional. Así, en casos como el
examinado, ningún sentido tiene el alegato de motivos religiosos o la apelación
a las propias convicciones para evadir el cumplimiento de órdenes superiores
que no solamente no se oponen a la Constitución Política sino que la
desarrollan.
SERVICIO MILITAR-Testigo de jehová
Las libertades
religiosa y de cultos no han sido transgredidas en esta ocasión, pues ni el
ingreso al servicio militar ni tampoco la exigibilidad de las prácticas
inherentes al mismo impiden al hijo del accionante adoptar las creencias de su
predilección ni atender en su tiempo libre los ritos y ceremonias propios de su
credo, a la vez que tampoco se le ha compelido o forzado a efectuar acto alguno
que implique su afiliación a otra congregación religiosa o que contradiga sus
convicciones íntimas.
SERVICIO MILITAR-Exenciones/SERVICIO MILITAR-Ministro
de culto/DIGNIDAD SACERDOTAL-Prueba/SERVICIO MILITAR-Obligación
La Ley 48 de 1993
dispuso, como se ha visto, que la exención legal en cuanto a la prestación del
servicio militar incluye a "los similares jerárquicos de otras religiones
o iglesias, dedicados permanentemente a su culto". Pero tal exención no se
alcanza por el sólo hecho de alegar que se posee la dignidad sacerdotal. Se
requiere probarla ante la autoridad que tiene a su cargo el reclutamiento y, si
se ejerce acción ante los jueces, como en el presente caso, debe acreditarse
tal calidad en el proceso, como lo señalara esta Corte con entera claridad.
Además, la norma legal exige la dedicación permanente al culto, que también
debe probarse. El caso analizado no encaja en ninguna de las dos necesarias
hipótesis en referencia. Nada en el expediente demuestra que, cuando fue
vinculado al servicio militar, el hijo del peticionario se encontrase dedicado
de manera permanente a oficiar como sacerdote en actividades propias del culto.
-Sala Quinta de Revisión-
Ref.: Expediente
T-65213
Acción de tutela
instaurada por ANTONIO DE J. ESTRADA, a nombre de su hijo menor, WILMER ANTONIO
ESTRADA ZAPATA contra FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA -EJERCITO NACIONAL-.
Magistrado
Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de agosto de mil
novecientos noventa y cinco (1995).
Se revisan los
fallos proferidos por los juzgados 31 Penal Municipal de Medellín y 40 Penal
del Circuito de la misma ciudad, mediante los cuales se resolvió sobre la
acción de tutela incoada en este caso.
I. INFORMACION PRELIMINAR
ANTONIO DE J.
ESTRADA ejerció la acción de tutela a nombre y en representación de su hijo
menor, WILMER ANTONIO ESTRADA ZAPATA, quien fue reclutado por las Fuerzas
Militares de Colombia -Ejército Nacional- para que prestara el servicio militar
obligatorio en la ciudad de Medellín.
Atendiendo a que
ESTRADA había culminado sus estudios de secundaria, el Ejército Nacional
dispuso, mediante Acta No. 008 de 5 de diciembre de 1994, la entrega del conscripto
a la Policía Nacional para ser vinculado a esta Institución en calidad de
Auxiliar Bachiller.
Desde su ingreso a
filas, el joven se negó a ejecutar algunos de los actos propios de la
disciplina militar, por considerarlos "trabajos forzados prohibidos"
en cuanto, según pensaba, iban contra su conciencia. Tal ocurría, por ejemplo,
con las exigidas conductas de cantar el Himno Nacional, saludar a la Bandera,
celebrar los días de fiestas nacionales, portar armas y recibir adiestramiento
para el combate.
Consideró el
accionante, al respaldar la actitud de su hijo, que a éste le fue violentada la
libertad garantizada por el artículo 18 de la Carta, en cuanto se lo obligaba a
actuar contra su conciencia. Los aludidos actos -señaló- "siguen
infringiendo los cánones religiosos y creencias que profesamos".
También estimó
vulnerado el artículo 16 de la Constitución, que plasma el derecho de todos al
libre desarrollo de la personalidad.
Dijo el demandante
que su hijo había antepuesto las propias convicciones sobre las obligaciones
del servicio en virtud de una legítima objeción de conciencia, debido a que
pertenecía, no sólo como miembro sino como ministro (sacerdote), a la
congregación religiosa denominada "Testigos de Jehová", representada
legalmente en Colombia por la Sociedad de Biblias y Tratados "la Torre del
Vigía" de Pensilvania.
El actor citó en su
apoyo varios textos biblicos y solicitó al Juez analizar los estatutos y
creencias de la congregación.
Pidió que, al
conceder la tutela, el despacho judicial ordenara no solamente que la Policía
se abstuviera de obligar a su hijo a llevar a cabo las enunciadas prácticas
sino, más todavía, su desacuartelamiento.
II. DECISIONES
JUDICIALES
Resolvió en primera
instancia el Juzgado Trigésimo Primero Penal Municipal de Medellín, el cual
concedió la tutela mediante providencia del 30 de diciembre de 1994.
Por la sentencia
revisada se concedió la tutela y se ordenó a la Dirección de Reclutamiento,
Cuarta Zona, de la Cuarta Brigada y al Comandante de la Policía Metropolitana
que, dentro del término de 48 horas, expidieran el recibo correspondiente a la
Libreta Militar de WILMER ANTONIO ESTRADA ZAPATA, previas las respectivas
consignaciones.
Según las pruebas
recaudadas que evaluó el juzgado, el 14 de septiembre de 1991 el Comité de
Ancianos de la Organización "Testigos de Jehová" ordenó al joven
Estrada Zapata como Ministro religioso, facultándolo para predicar, conducir
estudios bíblicos y presentar discursos estudiantiles.
Al cotejar este
hecho con el artículo 28 de la Ley 48 de 1993, según el cual están exentos del
servicio militar en tiempo de paz los clérigos y religiosos, de acuerdo a los
convenios concordatarios vigentes, el despacho judicial concluyó que el
accionante se encontraba cobijado por esta norma y, por ende, debía ser eximido
de la obligación correspondiente.
Impugnada la
providencia por parte del Comandante de la Cuarta Zona de reclutamiento, fue
revocada mediante el fallo de segunda instancia, proferido por el Juzgado 40
Penal del Circuito de Medellín.
Advirtió el fallador
que Estrada Zapata fue ordenado cuando todavía no contaba catorce años de edad
y que desde 1987 se lo facultó para la predicación del Evangelio, cuando tenía
escasos diez años.
Entonces -dijo- si
el aludido joven y su apoderado invocan la protección del derecho a la igualdad
por considerar que el primero se asimila a un sacerdote de la religión
Católica, dada su preparación debidamente aprobada y certificada, no se
entiende el motivo para no exigirle la trayectoria que debe seguir un
seminarista que aspira a convertirse en sacerdote.
Estimó, por tanto,
que la comunidad religiosa no podía expedir alegremente certificaciones con el
único propósito de salvaguardar a sus miembros ante eventos que los pudieran
perjudicar.
Por otro lado
-sostuvo-, según el literal a) del artículo 28 de la Ley 48 de 1993, la
exención para los ministros religiosos se otorga a los "dedicados
permanentemente a su culto", situación que no se configura en el caso de
Estrada Zapata.
Para el Juzgado, el
servicio militar obligatorio no constituye violación al derecho de igualdad del
accionante, pues, por el contrario, en su condición de bachiller, tiene
privilegios en relación con los demás conscriptos, toda vez que se le permite
prestar el servicio en el lugar donde se encuentre domiciliada su familia y
concurrir a la guarnición militar durante el día, regresando en la noche a su
hogar.
En lo atinente a la
libertad de cultos, consideró el juez que no fue violado en el caso del joven
Estrada, pues no se le prohibió ni se le impidió pertenecer a la organización
religiosa "Testigos de Jehová", ni tampoco se le hizo imposible
practicar su culto. La sola prestación del servicio militar obligatorio en la Policía
Nacional no constituye violación a derecho fundamental alguno.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
Seleccionado y
repartido como fue el proceso a esta Sala de Revisión, según las
prescripciones de los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 33 del Decreto
2591 de 1991, ella es competente para efectuar el examen constitucional de los
fallos cuyo contenido se acaba de resumir.
La obligación
de prestar el servicio militar. Carácter taxativo de las excepciones
La de prestar el
servicio militar es una obligación de naturaleza constitucional que corresponde
a exigencias mínimas derivadas del deber genérico impuesto a los nacionales
respecto del sostenimiento y defensa de la soberanía, la guarda del orden
institucional y el mantenimiento del orden público.
La calidad de
nacional no solamente implica el ejercicio de derechos políticos sino que
comporta la existencia de obligaciones y deberes sociales a favor de la
colectividad, en cabeza de quienes están ligados por ese vínculo.
En toda sociedad los
individuos tienen que aportar algo, en los términos que señala el sistema
jurídico, para contribuir a la subsistencia de la organización política y a las
necesarias garantías de la convivencia social.
La Constitución,
como estatuto básico al que se acogen gobernantes y gobernados, es la llamada a
fijar los elementos fundamentales de la estructura estatal y el marco general
de las funciones y responsabilidades de los servidores públicos, así como los
compromisos que contraen los particulares con miras a la realización de las
finalidades comunes.
En ese orden de
ideas, es la Carta Política la que debe definir si el Estado mantiene para su
defensa un conjunto de cuerpos armados (la Fuerza Pública) y, claro está, en el
caso de optar por esa posibilidad, el Estado no tiene otro remedio que apelar
al concurso de los nacionales para la conformación de los mismos.
Desde su Sentencia
T-409 del 8 de junio de 1992, la Corte Constitucional ha puesto de presente
que, como fundamento del Estado de Derecho y para garantizar la integridad de
la soberanía, la organización política dispone del monopolio de la fuerza y
goza de plena aptitud para ejercerla legítimamente cuando ello sea
indispensable, obviamente dentro de los límites que el ordenamiento jurídico
establece.
Esta facultad -ha
señalado la Corporación- impone la existencia de cuerpos especializados,
dotados de material técnico y de un grupo humano capaz e idóneo para el
cumplimiento de la alta misión que le compete.
En concordancia con
lo anterior, el Estatuto Fundamental dedica el Capítulo 7 de su Título VII a la
Fuerza Pública y establece que la misma estará integrada por las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional.
La providencia, en
su parte pertinente, señaló:
"El Estado,
como organización política de la sociedad, garantiza, mediante su Constitución,
a los individuos que lo integran una amplia gama de derechos y libertades, al
lado de los cuales existen obligaciones correlativas.
Los beneficios
conferidos por la Carta Política a los colombianos se hallan establecidos, de
manera genérica, en el Título II, capítulos 1o. al 4o., pero como ella misma
lo dice en su artículo 95, inciso primero, "el ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades".
"De igual
manera el artículo 2 de la Constitución, en su inciso segundo, declara que las
autoridades han sido instituídas para "proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos
y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares" (subraya la Corte). Es apenas lógico
que, si el Estado proporciona beneficios, reclame de quienes gozan de ellos,
una mínima contribución al interés colectivo y les imponga límites razonables
al ejercicio de sus libertades".
La vinculación a las
filas militares debe provenir, en principio, de la espontánea tendencia de toda
persona al servicio de la patria, pero, habida cuenta de las exigencias de
estabilidad y permanencia institucionales, que son inherentes a las finalidades
que tales cuerpos persiguen, es indispensable asegurar que el reclutamiento no
dependerá exclusivamente de la voluntad o el deseo individual de las personas.
Tratándose de un servicio que representa incomodidades y privaciones así como
la forzosa sujeción al régimen disciplinario, existe el riesgo de que, por
regla general, se tienda a eludirlo, para buscar opciones personales,
familiares y profesionales que resulten más favorables. Por lo cual, si el
Estado no hace uso de su Imperium para imponer un tiempo mínimo de
cooperación personal a los fines del interés general, las organizaciones
militares llamadas a su defensa tienden a debilitarse, con el consiguiente daño
a la soberanía y al sostenimiento del orden.
Tales son los
motivos para que el artículo 216 de la Constitución establezca de modo
perentorio que "todos los colombianos están obligados a tomar las armas
cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia
nacional y las instituciones públicas".
Esta obligación debe
entenderse en armonía con la previsión genérica del artículo 95 C.P., que, al
establecer los deberes de la persona y del ciudadano, incluye en su numeral 3º
el de respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente
constituídas para mantener la independencia y la integridad nacionales.
Como lo subrayó la
Corte en el fallo citado, "no se trata de tiránica imposición sino de la
natural y equitativa consecuencia del principio general de prevalencia del
interés social sobre el privado, así como de las justas prestaciones que la
vida en comunidad exige de cada uno de sus miembros para hacerla posible".
Siendo claro, sin
embargo, que las obligaciones de prestar el servicio militar y de tomar las
armas no podrían hacerse exigibles a personas que por diversas circunstancias
se hallan imposibilitadas para hacerlo, la Constitución ha previsto que la ley
determine las condiciones que en todo tiempo eximen de aquéllas.
Como puede
observarse, la regla del artículo 216 de la Carta Política está
constituída por la obligación de todo nacional de enrolarse en las filas de la
Fuerza Pública y de tomar las armas, al paso que las excepciones son de
carácter taxativo y han sido confiadas por la Constitución al legislador.
Debe relievarse que
la Carta Política no señala ella misma excepción alguna que se pueda invocar
directamente en cuanto a la prestación del servicio militar.
La aludida Sentencia
dejó en claro que si el colombiano llamado al servicio no se encuentra en una
de las circunstancias que la ley contempla, debe acudir a las filas.
El carácter taxativo
de las causales de exención del servicio militar se deriva de la misma
Constitución Política, que no las hace extensivas más allá de los límites de la
ley, por lo cual no es lícito al intérprete y menos todavía a las propias
autoridades militares ampliar la cobertura de las excepcionales previsiones
legales al respecto. De allí que no sea posible ejercer acción de tutela contra
los responsables del reclutamiento por acatar las prescripciones
constitucionales y las de la ley sobre el particular, invocando excepciones no
consagradas explícitamente. Contra nadie se puede interponer el amparo judicial
por atenerse a la normatividad vigente.
Con lo dicho no riñe
lo que ha observado esta misma Corte en el sentido de que el legislador, al
plasmar las causales de exención del servicio militar, está obligado a hacerlo
en términos acordes con la propia Carta. Es lo que acontece, por ejemplo, con
la referencia legal al conscripto casado que debe atender a la crianza y
educación de un menor, la cual no puede extenderse de manera exclusiva a la
unión entre parejas por el vínculo solemne del matrimonio sino que, en
desarrollo del artículo 42 de la Constitución, cobija necesariamente a las
personas ligadas por vínculos naturales en unión de hecho permanente, siempre
que en tales casos medie el reconocimiento del hijo. (Cfr. Sentencia SU-491 del
28 de octubre de 1993. M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
La norma actual
sobre exenciones para prestar el servicio militar en tiempo de paz es el
artículo 28 de la Ley 48 de 1993, que dice:
"ARTICULO 28.
Exención en tiempo de paz. Están exentos del servicio militar en tiempos
de paz, con la obligación de inscribirse y pagar cuota de compensación militar:
a. Los clérigos y
religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. Así mismo los
similares jerárquicos de otras religiones o iglesias, dedicados permanentemente
a su culto.
b. Los que hubieren
sido condenados a penas que tengan como accesoria la pérdida de los derechos
políticos mientras no obtengan su rehabilitación.
c. El hijo único,
hombre o mujer, de matrimonio o de unión permanente, de mujer viuda, divorciada,
separada o madre soltera.
d. El huérfano de
padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos
incapaces de ganarse el sustento.
e. El hijo de padres
incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando éstos carezcan de
renta, pensión o medios de subsistencia, siempre que dicho hijo vele por ellos.
f. El hermano o hijo
de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en
combate, en actos del servicio o como consecuencia del mismo, durante la prestación
del servicio militar obligatorio, a menos que siendo apto, voluntariamente
quiera prestarlo.
g. Los casados que
hagan vida conyugal.
h. Los inhábiles
relativos y permanentes.
i. Los hijos de
oficiales, suboficiales, agentes y civiles de la Fuerza Pública que hayan
fallecido o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate o en
actos del servicio y por causas inherentes al mismo, que siendo aptos,
voluntariamente quieran prestarlo".
La
normatividad vigente no consagra la objeción de conciencia para prestar el
servicio militar
La Constitución
Política de Colombia no previó, como causa para ser excluído del servicio
militar, la objeción de conciencia, según lo tiene dicho esta Corte en
providencias como las que a continuación se relacionan.
-En la Sentencia
T-409 del 8 de junio de 1992 dijo la Corte:
"La garantía de
la libertad de conciencia no necesariamente incluye la consagración
positiva de la objeción de conciencia para prestar el
servicio militar. Esta figura, que en otros sistemas permite al individuo
negarse a cumplir una obligación como la mencionada cuando la actividad
correspondiente signifique la realización de conductas que pugnan con sus
convicciones íntimas, no ha sido aceptada por la Constitución colombiana como
recurso exonerativo de la indicada obligación".
(...)
"Si, como ya se
ha dicho, la obligación de prestar el servicio militar es desarrollo del
postulado según el cual los intereses colectivos prevalecen sobre los
individuales y si, además, el Estado al exigirlo no puede desconocer la
igualdad de las personas ante la ley, cuyos dictados deben ser objetivos e
imparciales, es evidente que la objeción de conciencia para que pueda
invocarse, requiere de su expresa institucionalización dentro del respectivo
ordenamiento jurídico. Es decir, las autoridades no pueden admitirla sin estar
contemplada su posibilidad ni fijadas en norma vigente las condiciones dentro
de las cuales ha de reconocerse; hacerlo sin ese fundamento en casos
específicos representaría desbordamiento de sus atribuciones y franca violación
del principio de igualdad, aparte de la incertidumbre que se generaría en el
interior de la comunidad.
De allí que deba
afirmarse la impracticabilidad de tal figura en cualquiera de sus modalidades
en aquellos sistemas constitucionales que no la han consagrado, como acontece
en el caso colombiano. Una propuesta en el sentido de introducirla expresamente
en el texto de la Carta de 1991, presentada por el constituyente Fernando
Carrillo fue negada por la Asamblea Nacional Constituyente, sin que pueda
afirmarse que de los textos aprobados se deduzca siquiera un principio de
objeción. De allí que no sea procedente, a la luz del ordenamiento en vigor,
acceder a las pretensiones del demandante relacionadas con la sustitución o exclusión
de los deberes propios del servicio militar, a favor de sus
representados".
- En Sentencia C-511
del 16 de noviembre de 1994 (M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz), se reiteró:
"...no existe
en nuestro régimen relacionado con el servicio militar la figura de la
'objeción de conciencia', por cuanto no resulta del fuero propio de las
exigencias del servicio militar el autorizar a los ciudadanos para no atender
este deber esencial, cuyos basamentos se encuentran no sólo en lo dispuesto en
la ley sino justamente en la conciencia del propio compromiso social".
Las aludidas
conclusiones de la jurisprudencia tienen sólido fundamento constitucional, en
cuanto, si bien una persona no puede ser obligada a actuar contra su conciencia
(artículo 22 C.P.), en garantía de la libertad correspondiente, ésta no es
absoluta y, por el contrario, tiene claros límites relacionados con el interés
general, lo cual significa que las propias convicciones no pueden invocarse
como excusas para el cumplimiento de deberes que el Estado impone a todos por
igual y que objetivamente considerados no implican prácticas o actuaciones
susceptibles de ser enfrentadas a la conciencia individual.
En efecto, el
servicio militar no es per se algo que implique violencia, daño a los
demás, ejercicio ciego de la fuerza o vulneración de derechos fundamentales. Se
trata de un deber en abstracto, cuyos contenidos concretos están sometidos a la
Constitución y a la ley.
En ese orden de
ideas, la vinculación a filas no tiene por sí misma una calificación que pueda
enfrentarse a la conciencia del conscripto, pues sólo tiene el alcance de una
disponibilidad del sujeto a la disciplina y a las órdenes que se le impartan.
Es necesario, entonces, verificar si el contenido de éstas, examinadas
individualmente, podría llegar al lesionar la libertad de conciencia del
subalterno, o conducirlo a violentar sus convicciones.
Así las cosas, una
disponibilidad en abstracto, no puede ser contraria a la conciencia de nadie,
menos todavía si se presume -como es natural en un Estado de Derecho y bajo el
principio de la buena fe- que los superiores no abusarán del poder que se les
confiere ni quebrantarán con sus instrucciones el ámbito inalienable de la
conciencia de sus subordinados ni las prescripciones de la Constitución Política.
Mal podría pensarse que de la propia obligación constitucional se derivara el
quebranto de uno de los derechos constitucionales fundamentales, como es la
libertad de conciencia, pues al mandar el Constituyente que los colombianos
presten el servicio militar no los constriñe por ello a obrar en contra de sus
creencias.
Sobre el tema la
Corte ha señalado:
"Juzga la
Corte, por otra parte, que el servicio militar en sí mismo, es decir como
actividad genéricamente considerada, carece de connotaciones que puedan afectar
el ámbito de la conciencia individual, por cuanto aquel puede prestarse en
diversas funciones de las requeridas para la permanencia y continuidad de las
Fuerzas Militares. Así, un colombiano llamado a las filas del ejército
nacional, puede desempeñarse en cualquiera de los distintos frentes que
implican la existencia de los cuerpos armados, por ejemplo en calidad de
conductor de vehículo, o como operador de radio, mediante una razonable
distribución de tareas y responsabilidades, en el marco de las facultades
legales de quienes tienen a cargo su funcionamiento.
Ahora bien, por
regla general el empleo de las armas por parte de los miembros de las Fuerzas
Militares, está íntimamente ligado a la naturaleza de sus actividades, pues no
es fácil concebir un ejército en el cual sus integrantes dejaran de valerse de
ellas absolutamente".
(...)
"No obstante,
el perentorio mandato consagrado en el artículo 16 de la Constitución vigente
permite al subalterno reclamar el derecho inalienable de no ser obligado a
actuar en contra de su conciencia, lo cual conduce necesariamente a distinguir,
en el campo de la obediencia militar, entre aquella que se debe observar por el
inferior para que no se quiebre la disciplina y la que, desbordando las barreras
del orden razonable, implica un seguimiento ciego de las instrucciones
impartidas por el superior.
Se insiste en esta
diferencia, por cuanto, independientemente de la pura consecuencia jurídica
derivada del artículo 91 de la Carta en torno a establecer sobre quién recae la
responsabilidad en caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional
en detrimento de alguna persona -asunto claramente definido por la norma
cuando, respecto de los militares en servicio, libera de ella al inferior y la proyecta
hacia el superior que dá la orden- la disposición del artículo 18, que no
admite excepciones, favorece la libertad de conciencia del subordinado y se
constituye en límite a la discrecionalidad de quien manda, la cual no es
absoluta, conciliando así el sano criterio de la disciplina inherente a los
cuerpos armados con la real aplicación de los derechos.
Así, en virtud del
criterio que se deja expuesto, bien podría negarse un subalterno a obedecer la
orden impartida por su superior si ella consiste en infligir torturas a un
prisionero o en ocasionar la muerte fuera de combate, pues semejantes
conductas, por su sóla enunciación y sin requerirse especiales niveles de
conocimientos jurídicos, lesionan de manera abierta los derechos humanos y
chocan de bulto con la Constitución.
No podría
interpretarse de otra manera el concepto de orden justo, perseguido por
la Carta Política, según su preámbulo, ni entenderse de modo diverso el artículo
93 constitucional, a cuyo tenor "los tratados y convenios internacionales
ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben
su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno".
Según el Convenio de
Ginebra I, del 12 de agosto de 1949, aprobado por la Ley 5a. de 1960 (Diario
Oficial No. 30318), que las Altas Partes Contratantes se comprometieron a
respetar y a hacer respetar "en todas las circunstancias", existen
infracciones graves, contra las cuales los estados han de tomar
oportunas medidas. Entre ellas se enuncian, a título de ejemplo, "el
homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los
experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes
sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud,
la destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades
militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente" (artículo
50).
Obligado en esos
términos el Estado colombiano, mediante un convenio internacional que, por otra
parte, es hoy fuente interpretativa sobre el alcance de los derechos y deberes
de rango constitucional (artículo 93 Constitución Política), mal podría
prohijarse actualmente una concepción absoluta y ciega de la obediencia
castrense.
Los anteriores
conceptos no deben entenderse como la posibilidad constitucional de que toda
orden militar pueda ser discutida por quienes la reciben, ya que eso
representaría una ruptura del concepto de autoridad, cuyo fundamento reside en
la normatividad en que se apoya este fallo para sostener la obligatoriedad del
servicio y la indispensable disciplina que exigen los altos fines señalados por
la Constitución a las Fuerzas Armadas". (Cfr. Corte Constitucional. Sala
Tercera de Revisión. Sentencia T-409 swl 8 de junio de 1992).
La obediencia que el
subalterno debe a su superior en el ámbito propio de la disciplina castrense,
cuyo sentido radica en asegurar la eficacia de la actividad confiada a los
cuerpos armados -la cual resultaría erosionada si cada mandato fuera
controvertible y controvertido por los inferiores con argumentos de orden
jurídico-, no equivale al seguimiento absoluto y ciego de las instrucciones
recibidas, pues por una parte el superior está obligado a impartirlas con
arreglo a criterios de juridicidad, razonabilidad y proporcionalidad y dentro
del estricto respeto a los derechos humanos, y, por otra, no obstante que la
responsabilidad por violación de la Constitución habrá de recaer sobre quien dá
la orden, el subordinado goza del derecho inalienable, garantizado por el
artículo 22 de la Carta, de no ser obligado a actuar contra su conciencia.
La distinción que
precede no sacrifica la disciplina militar sino que la somete al ordenamiento
jurídico, encuadrando las relaciones de mando y obediencia en presupuestos que
rechazan por igual el abuso del poder y el desorden en las filas.
Desde esta
perspectiva, la posibilidad que tiene el subalterno de negarse a ejecutar una
orden abiertamente contraria a su conciencia corresponde a un derecho de rango
constitucional, pero tampoco puede extenderse de manera ilimitada, por cuanto
ello conduciría a la ruptura de la línea de mando y a la desaparición de toda
disciplina.
Es, pues,
indispensable que la Corte advierta, como en efecto lo hace en este fallo, que
la obediencia debida es el principio general al que deben acogerse las
relaciones entre superiores y subalternos militares y que solamente en casos de
palmaria, evidente e indudable transgresión de los límites constitucionales,
mediante órdenes que afecten de modo directo los derechos humanos, es
permisible al inferior acogerse a los dictados de su conciencia para hacer que
en el caso concreto prevalezcan la Constitución y el respeto a la dignidad
humana. Es decir, el inferior no está obligado a la obediencia ciega pero
tampoco le es posible cobijar, bajo el amparo de razones puramente subjetivas,
la oposición a mandatos que no pugnen con el orden constitucional.
Así, en casos como
el examinado, ningún sentido tiene el alegato de motivos religiosos o la
apelación a las propias convicciones para evadir el cumplimiento de órdenes
superiores que no solamente no se oponen a la Constitución Política sino que la
desarrollan.
En efecto, exigir
del soldado que rinda honores a la Bandera, que entone el Himno Nacional, que
preste juramento, que porte el uniforme o que lleve en él los símbolos patrios,
o que asista a eventos o actos cívicos, no implica en modo alguno imposiciones
que puedan entenderse contrarias a su conciencia ni lesivas del fuero interno,
pues se trata de actos que en sí mismos no desconocen valores ni principios,
sino que por el contrario los encarnan y resaltan.
En el caso concreto
se invocó sin fundamento real ni jurídico la libertad de conciencia del actor,
para esquivar la práctica de deberes inherentes a la disciplina militar y al
normal sentimiento patriótico no sólo de los militares sino de todos los
colombianos, y en búsqueda de la exención, por tal motivo, de la obligación
genérica de prestar el servicio militar.
La Corte rechaza de
manera enfática las pretensiones del accionante, por cuanto, de admitirse su
viabilidad a la luz de la Constitución, se estaría entronizando la voluntad de
cada uno como regla y medida del cumplimiento del deber, que por su misma
naturaleza se impone independientemente del querer y los deseos de aquél a
quien corresponde acatarlo.
Y es que los
deberes, que se establecen como contrapartida de los derechos, mientras sean
razonables y no desatiendan el orden jurídico, son exigibles sin lugar a
preferencias ni discriminaciones y no por serlo violentan la libertad de
conciencia, ni ninguna otra libertad.
El deber, en
principio, corresponde siempre a las ideas de límite, de sacrificio, de conducta
o abstención obligada, de restricción a las naturales tendencias, por lo cual
su cumplimiento no depende de la voluntad del agente ni puede quedar supeditado
a ella, pues de su naturaleza es la imposición.
Desde luego, lo
ideal es que la persona acoja el cumplimiento de su deber de buen grado e
inclusive con gusto, pero eso no equivale a que la autoridad que exige tal
cumplimiento tenga que consultar en cada caso con el obligado si el deber le
parece atractivo y deseable.
Una concepción
contraria resquebrajaría el imperio del orden dentro de la sociedad y
debilitaría en extremo el concepto de autoridad, imprescindible en ella. No se
puede fundar la libertad en la anarquía.
En el caso de autos
el accionante pretende que su hijo eluda el cumplimiento de sus deberes a
partir de la idea según la cual los honores a los símbolos patrios equivalen al
culto, que, de conformidad con los principios de su religión, únicamente se
debe a Dios.
Protuberante
equivocación la del actor, ya que su argumento proviene de una inadmisible
confusión entre el ámbito de lo religioso y el campo de lo cívico. Cuando se
exige el desarrollo de actividades referentes a lo segundo no por ello se
invade el campo de la conciencia reservado a lo primero.
Es evidente que los
símbolos patrios no son deidades y que los honores que se les rinden no
representan actos litúrgicos ni de adoración, por lo cual es del todo
equivocado atribuirles un carácter religioso o estimar que el respeto debido a
ellos los asimila a la divinidad.
Sobre el particular,
en caso similar al presente, la Corte Constitucional hizo algunas advertencias
que ahora se reiteran:
"Para que pueda
entenderse que respecto de un determinado acto u omisión hay lugar a conceder
la tutela, es indispensable que el juez establezca, sin duda alguna, la
violación o la amenaza de un derecho fundamental.
Tal certeza resulta
esencial para ofrecer a la persona la protección del Estado, de tal manera que,
si falta, no tiene cabida la aplicación del artículo 86 de la Carta Política en
cuanto al derecho cuya vulneración o peligro se controvierte.
En este caso, se
invoca el desconocimiento del derecho constitucional a la libertad de
conciencia por cuanto el establecimiento educativo exigió a la peticionaria que
cumpliera con un deber que se le imponía, consistente en asistir a un desfile
cívico.
La solicitante alegó
que su religión le prohibía adorar algo distinto a la divinidad y que,
en ese orden de ideas, acudir al acto en mención representaba infringir ese
principio religioso.
La Corte
Constitucional estima que la exigencia del cumplimiento de un deber hacia la
patria -que se deriva claramente del concepto de unidad de la Nación plasmado
en el preámbulo, del artículo 2º sobre participación de todos en la vida de
aquélla, y del 95, numeral 5, que obliga a la persona y al ciudadano a
"participar en la vida política, cívica y comunitaria del
país" (subraya la Corte)- no significa vulneración o ataque a la libertad
de conciencia.
En esta oportunidad,
resulta evidente que el acto patriótico no es sinónimo de "adoración"
a los símbolos patrios. Adorar, según el Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua, quiere decir "reverencia con sumo honor o respeto a
un ser, considerándolo como cosa divina" (se subraya).
No es eso lo que
acontece cuando se llevan a cabo actos en honor de la patria, y menos aun
cuando se concurre a eventos cívicos, pues, a todas luces, en las aludidas
ocasiones no se está celebrando un culto ni concurriendo a una ceremonia
religiosa, sino desarrollando un papel que corresponde a la persona en virtud
de su sentimiento de pertenencia a la Nación. Se trata de asuntos cuya
naturaleza difiere claramente.
No por el hecho de
exigir de un estudiante -como elemento inherente a su condición de tal- su
concurrencia a un acto de carácter cívico, se puede sindicar al centro
educativo de quebrantar la libertad de conciencia del alumno renuente por
cuanto, a juicio de la Sala, apenas se cumple con una función indispensable
para la formación del educando, la cual hace parte insustituíble de la
tarea educativa.
En el sentir de la
Corte, si se permitiera que cada estudiante, según su personal interpretación
de los deberes religiosos que le corresponden o so pretexto de la libertad de
conciencia, se negara a cumplir con las órdenes razonables y en sí mismas no
contrarias a la Constitución que le fueran impartidas por sus superiores, con
el objeto de participar en la vida cívica del país, se estaría socavando la
necesaria disciplina y el respeto al orden que debe reinar en toda institución.
Estos deberes no se
oponen en modo alguno a la libertad de pensamiento y de creencias ni a la
práctica de los cultos". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Cuarta de
Revisión. Sentencia T-75 del 24 de febrero de 1995. M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz).
Adicionalmente
considera la Sala que las libertades religiosa y de cultos no han sido
transgredidas en esta ocasión, pues ni el ingreso al servicio militar ni
tampoco la exigibilidad de las prácticas inherentes al mismo impiden al hijo
del accionante adoptar las creencias de su predilección ni atender en su tiempo
libre los ritos y ceremonias propios de su credo, a la vez que tampoco se le ha
compelido o forzado a efectuar acto alguno que implique su afiliación a otra
congregación religiosa o que contradiga sus convicciones íntimas.
Tampoco ha sido
violado el derecho al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16 C.P.),
pues éste no tiene un carácter absoluto, que excluya el deber o la disciplina.
Los ministros
del culto ante la obligación de prestar el servicio militar
Otra de las
alegaciones del accionante consistió en sostener que su hijo estaba exento de
prestar el servicio militar en razón de haber sido ordenado como ministro del
culto dentro de los cánones prescritos por la religión a la que pertenece.
Desde el punto de
vista constitucional, el problema planteado se resuelve, en principio, con
fundamento en la obligación exigible a todos los colombianos, en los términos
del artículo 216 de la Constitución.
El precepto superior
-como queda dicho- faculta al legislador para señalar las excepciones, hoy
consagradas en el citado artículo 28 de la Ley 48 de 1993. Una de ellas, la
prevista en el literal a), es del siguiente tenor:
"Los clérigos y
religiosos, de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. Así mismo los
similares jerárquicos de otras religiones o iglesias, dedicados permanentemente
a su culto".
La referencia a los
convenios concordatarios vigentes implica, obviamente, alusión de la norma a
los sacerdotes y dignatarios eclesiásticos del catolicismo, como quiera que la
Iglesia Católica es la única que, a la luz del Derecho Internacional, goza de
personería jurídica para la celebración de tratados y convenios
internacionales, tal como lo reconoce el artículo 11 de la Ley Estatutaria
sobre Libertad Religiosa y de Cultos, hallado exequible por esta Corte según
Sentencia C-088 del 3 de marzo de 1994.
Ahora bien, el
artículo XVIII del Concordato celebrado entre Colombia y la Santa Sede en 1973,
aprobado por la Ley 20 de 1974 y en vigencia desde el 2 de julio de 1975, norma
que fue declarada exequible por esta Corte mediante Sentencia C-027 del 5 de
febrero de 1993 (M.P.: Dr. Simón Rodríguez), estableció al respecto:
"Los clérigos y
religiosos no podrán ser obligados a desempeñar cargos públicos incompatibles
con su ministerio y profesión religiosa y estarán además exentos del servicio
militar".
La Corte
Constitucional, en la sentencia que se acaba de mencionar, dejó en claro lo
siguiente:
"Es cierto que
la ley puede establecer exenciones, siempre y cuando no sean de las que
constitucionalmente estén prohibidas. Aquí el legislador consagra una
excepción, cuando expresa que los clérigos y religiosos estarán exentos del
servicio militar. En Colombia el servicio militar tiene el carácter de
obligatorio y las únicas personas exentas de este servicio a la patria son
aquellas que, al tenor de este artículo, ostentan los títulos mencionados. En
consecuencia la norma, antes que violar el artículo 216 de la Constitución
Nacional, encuentra en él su asidero, ya que su inciso 3º dispone que la ley
determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar. En
este caso, es la Ley 20 de 1974 la que determina la exención y las condiciones
de la misma".
Clara como está la
situación de los sacerdotes católicos, cabe establecer la de los ministros y
jerarcas equivalentes en otras religiones.
Al respecto, la
Corte Constitucional, en el mismo fallo del que se habla, expresó:
"Este tratamiento
especial y para preservar el principio de igualdad de las religiones, ha de
extenderse a las demás confesiones religiosas organizadas respecto de sus
ministros y clérigos, los cuales deberán acreditar debidamente su calidad de
tales" (subrayado fuera del texto).
Acogiendo este
criterio, la Ley 48 de 1993 dispuso, como se ha visto, que la exención legal en
cuanto a la prestación del servicio militar incluye a "los similares
jerárquicos de otras religiones o iglesias, dedicados permanentemente a su culto"
(subraya la Corte).
Pero tal exención no
se alcanza por el sólo hecho de alegar que se posee la dignidad sacerdotal. Se
requiere probarla ante la autoridad que tiene a su cargo el reclutamiento y, si
se ejerce acción ante los jueces, como en el presente caso, debe acreditarse
tal calidad en el proceso, como lo señalara esta Corte con entera claridad.
Además, la norma
legal exige la dedicación permanente al culto, que también debe probarse. Ella
consiste en que, al momento de ser llamado a filas, el conscripto se encuentre
ya graduado como ministro o sacerdote y ejerciendo de modo constante las
actividades correspondientes.
El caso analizado no
encaja en ninguna de las dos necesarias hipótesis en referencia.
En efecto, no
aparece probada la jerarquía equivalente a la de sacerdote católico, que
consagra la norma legal en comento. En este sentido es válido el análisis
efectuado por el juez de segunda instancia sobre la trayectoria académica
exigible a los seminaristas que se preparan para el sacerdocio comparada con el
caso de ESTRADA ZAPATA, quien fue autorizado para predicar el Evangelio a los
diez años de edad, así como para conducir estudios bíblicos y presentar
discursos estudiantiles a los catorce.
Por otra parte, nada
en el expediente demuestra que, cuando fue vinculado al servicio militar, el
hijo del peticionario se encontrase dedicado de manera permanente a oficiar
como sacerdote en actividades propias del culto.
A todo lo anterior
debe añadirse que, según lo previsto en el artículo 27 el Decreto 2048 de 1993,
reglamentario de la Ley 48 de 1993, "los feligreses o miembros de las
diferentes religiones o iglesias que se profesen en el territorio nacional, sin
autoridad jerárquica, no podrán alegar exención para la prestación del servicio
militar por el sólo hecho de profesar o pertenecer a dichas religiones o
iglesias".
La misma disposición
señala que, para las iglesias y religiones distintas a la católica (que se rige
por las normas concordatarias), la autoridad jerárquica exigible para obtener
la exención "se determinará por la capacitación académico-religiosa, con
una formación equiparable, adquirida en los centros de educación superior
aprobados por el Ministerio de Educación Nacional".
En el caso objeto de
revisión lo único que aparece consignado es el grado de Bachiller otorgado a
ESTRADA ZAPATA.
Se confirmará el
fallo de segunda instancia y, como consecuencia de ello, el Ejército Nacional
quedará expresamente facultado para exigir que el conscripto vuelva a filas -si
es que ha salido de ellas a partir del fallo de primera instancia-, para
cumplir en toda su extensión el tiempo del servicio militar, dentro del cual
observará la debida obediencia a sus superiores.
DECISION
Con fundamento en las
razones que anteceden, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMASE la Sentencia proferida el 7
de febrero de 1995 por el Juzgado 40 Penal del Circuito de Medellín, mediante
la cual fue revocado el fallo que en primera instancia había concedido la
tutela a WILMER ANTONIO ESTRADA ZAPATA.
Segundo.- Dése cumplimiento a lo previsto en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
HERNANDO HERRERA
VERGARA ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
493 | T-364-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-364/95
ACCION DE TUTELA
CONTRA UNIVERSIDAD NARIÑO/DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración por discriminación entre docentes
Se configura una
violación a la prohibición de generar una discriminación entre profesores
pensionados del mismo nivel o equivalentes pertenecientes al mismo organismo o
entidad, otorgando tratamiento privilegiado para unos en detrimento de otro,
sin justificación razonable, creando condiciones desiguales para circunstancias
iguales, puesto que el peticionario posee el mismo estatus jurídico de
pensionado que los demás profesores pensionados del ente universitario
educativo y mayor puntaje en su calificación de hoja de vida para efectos
pensionales, que los restantes docentes de la Universidad de Nariño.
PENSION DE
JUBILACION-Pago
retroactivo/PENSION DE JUBILACION-Reajuste/PERJUICIO IRREMEDIABLE-Inexistencia/ACTO
ADMINISTRATIVO/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL
Con relación a la
pretensión del "reconocimiento y pago de los reajustes con retroactividad
a la vigencia de la nueva Constitución. No cae dentro del presupuesto del
perjuicio irremediable, en virtud a que la Universidad de Nariño siempre le ha
pagado su pensión de jubilación. Igualmente su alegato no se relaciona
directamente con la aplicación de disposiciones constitucionales que regulan el
otorgamiento de reajustes pensionales, no declarados por la Universidad de
Nariño. Tales decisiones de la institución se plasman en resoluciones, que son
actos administrativos contra los cuales es posible intentar las acciones
judiciales pertinentes de carácter laboral, con el fin de obtener el pago
retroactivo a que pueda tener derecho, previas las evaluaciones legales del
caso.
DERECHOS LEGALES
La normatividad
constitucional sobre la acción de tutela permite concluír que, si el
peticionario tiene o alega tener a su favor, no un derecho constitucional
fundamental, sino un derecho de otra índole, de estirpe legal, la vía de la
tutela no es la indicada para alcanzar los fines que se propone. Debe, en
consecuencia, acudir a la jurisdicción mediante las acciones y procedimientos
que, según la materia, correspondan.
REF.:
Expediente No. T-66335
Peticionario:
CARLOS LOPEZ
PABON
Magistrados:
Dr. FABIO MORON
DIAZ
-Ponente-
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Dr. JORGE
ARANGO MEJIA
Santafé de Bogotá
D.C., agosto catorce (14) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Corte
Constitucional, Sala de revisión de Tutelas No. Ocho, integrada por los
Magistrados Jorge Arango Mejía, Vladimiro Naranjo Mesa y Fabio Morón Díaz, se
pronuncia sobre la acción de la referencia en el grado jurisdiccional de
revisión, teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
El señor Carlos
López Pabón, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Constitución Política y desarrollada legalmente en los Decretos 2591 de 1991
y 306 de 1992, formuló demanda contra la Universidad de Nariño, con el fin de
obtener protección de su derecho a la igualdad, mediante orden para que sea
reajustada su pensión de jubilación y el reconocimiento y pago de los reajustes
con retroactividad a la vigencia de la nueva Constitución (4 de julio de 1991),
con fundamento en los siguientes hechos y razones.
La Universidad de
Nariño, mediante resolución No. 328 de 6 de octubre de 1976, reconoció en favor
del Ingeniero Carlos López Pabón, una pensión mensual vitalicia de jubilación,
para lo cual el docente de tiempo completo de la mencionada institución educativa
obtuvo un puntaje de 806 puntos, cuyo valor actual es $721.150.
La Universidad de
Nariño, ha decretado pensiones por encima de $1'000.000, como ocurre en cinco
casos específicos de docentes del mismo nivel jerárquico y categoría del
peticionario.
Finalmente, se
argumenta que si de la lista que se presenta se toma la mayor pensión y se la
divide entre el mayor puntaje, se obtiene un resultado de 1.543,86 por punto,
índice que multiplicado por el puntaje obtenido por el actor (806 puntos), le
daría una pensión de 1.244.358 que comparada con la pensión actual de 721.150.
se demuestra plenamente la discriminación de que es objeto, lo cual da derecho
al reajuste pertinente.
LA PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Primero
Civil Municipal de Pasto, mediante sentencia de siete (7) de marzo de mil
novecientos noventa y cinco (1995), decide la acción de la referencia y
resuelve: "No acceder a la acción de tutela, impetrada a través de
representante judicial, contra la Universidad de Nariño, encaminada a obtener
un reajuste pensional", previas las siguientes consideraciones:
"4a. El señor
Rector de la Universidad de Nariño, a través de su representante judicial, se
refirió a la petición antes relacionada y manifiesta que el accionante sí fué
jubilado por esa Institución, mediante resolución No. 328 de 6 de octubre de
1976. A renglón seguido agrega que para esa época el régimen legal aplicable
debía ser la Ley 4a. de 1966, la misma que en su artículo 4o. consagra que a
partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación e invalidez que
tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de derecho público, se
liquidarán y pagarán tomando como base el 75% del promedio mensual obtenido en
el último año de servicio. Sin embargo - dice - la Universidad de Nariño,
mantenía vigente a ésa época una convención con el Sindicato de Profesores de
la Institución, la misma que en su artículo 9o. señalaba como requisitos para
jubilación, 20 años de servicio, 50 años de edad, y la liquidación de la
pensión era del 100% del salario promedio devengado en el último año de
servicio."
"Posteriormente,
se argumenta e informa: 'Dicha convención era abiertamente ilegal, y sin
embargo, al Ingeniero Carlos López Pabón, se le liquidó su pensión a partir del
6 de octubre de 1976 con el 100% del salario promedio devengado en el último
año de servicios. Es decir, hasta la presente fecha se le continúa cancelando
su pensión de jubilación en un exceso del 25% que legalmente se reconoce a los
empleados públicos de cualquier orden'.
"5a. El
Congreso de Colombia, el 18 de mayo de 1992 expidió la Ley 04 'mediante la cual
se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación de régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para
la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales'.
....
"7a. El
Estatuto del Pensionado, consagrado en la Ley 4a. de 1976, estableció un
reajuste de oficio, cada año, para las pensiones de jubilaciones, invalidez,
vejez y sobrevinientes.
"El reajuste,
oficioso y anual, es el aumento que consagra el art. 17 de la Ley 4a. de 1992
cuando reglamenta que 'se aumentaran en el mismo porcentaje en que se reajuste
el salario mínimo legal', pero lógica y legalmente, la liquidación de las
pensiones, reajustes y sustituciones tiene que hacerse teniendo en cuenta el
salario promedio devengado en el último año de servicios. En verdad, con la Ley
4a. de 1972 se hace una diferencia entre el reajuste automático u oficioso y el
reajuste especial, pero este último se entiende aplicable única y
exclusivamente a las pensiones de los miembros del Congreso, pues la misma
Corte Constitucional, en sentencia cuya copia aporta el accionante, dice lo
siguiente. Este reajuste especial se repite en 1992, pero ya no es para todos
los jubilados en entidades de Derecho Público, sino exclusivamente para los
Representantes y Senadores...'
Frente a lo expuesto,
el Juzgado no puede acceder a las peticiones del señor Ingeniero Carlos López
Pabón, por las razones de orden legal antes consignadas y admitirlas
equivaldría a permitir que todas las personas que se pensionaron al servicio
del Estado, hace muchos años, puedan ahora a través de la acción de tutela
reclamar una nueva liquidación de la pensión de jubilación, no ya con base en
el salario promedio devengado en el último año de servicios sino tomando como
referencia el salario que actualmente devengan quienes los sucedieron en el
ejercicio de sus funciones."
PETICION DE REVISION
Mediante escrito
dirigido a esta Corporación, el día 20 de abril de 1995, el actor presentó una
petición de revisión del fallo de tutela de la referencia, dentro del término
de insistencia, el cual fue seleccionado para su revisión, dentro de las
facultades legales y constitucionales de esta Corporación.
Con base en los
siguientes fundamentos, expuso el peticionario:
Que se encuentra en
igualdad de condiciones con los profesores pensionados del mismo nivel en la
Universidad de Nariño, no obstante devengar una mesada pensional inferior pese
a obtener un mayor puntaje, de acuerdo a la evaluación que de su hoja de vida
se hizo mediante acuerdo 214 de 26 de Noviembre de 1970 del Consejo Directivo
de la Universidad de Nariño, otorgándole 806 puntos, con lo cual la
Universidad mencionada, reconoció el derecho a la pensión de jubilación como
docente de tiempo completo, según resolución 328 de 6 de octubre de 1976
devengado para el año de 1994, mesadas de $721.150, mientras profesores
evaluados con 737 puntos, devengaron como jubilados para el año de 1994,
mesadas de 1'221. 200.
Igualmente afirma el
peticionario que el juez de tutela omitió pedirle a la Universidad de Nariño
como medio de prueba las resoluciones que reconocen los puntajes a los
profesores de igual nivel, donde se registran los valores de sus mesadas.
Que el derecho
fundamental consagrado en el artículo 13 es una norma que establece un
tratamiento tanto formal como material, con lo cual se prohibe todas las formas
de discriminación. Cita en su apoyo, varias jurisprudencias producidas por la
Corte Constitucional, al efecto.
Por último, afirma
que la Universidad de Nariño le da un tratamiento desigual, con lo cual genera
un grave perjuicio al verse disminuído económicamente frente a los profesores
jubilados que ostentan un mayor ingreso en condiciones de puntajes inferiores a
los del peticionario.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
A. La Competencia
Es competente la
Sala para conocer de la acción de tutela de la referencia, de acuerdo a lo
preceptuado en los artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución
Política, desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.
B. La Materia
El actor solicita el
amparo de su derecho a la igualdad. Plantea que la Universidad de Nariño, lo
somete a un trato discriminatorio, al no reconocerle un reajuste pensional en
las mismas condiciones de otros profesores pensionados de la institución que
se encuentran en el mismo nivel o equivalencia al suyo, e incluso con puntajes
de calificación de hoja de vida inferiores.
El derecho a la igualdad y el caso concreto.
Esta Corporación, en
relación con el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución
Política se ha pronunciado en múltiples ocasiones, mediante las cuales ha
desarrollado una doctrina que es preciso tener en cuenta para los efectos de
la decisión a adoptar en el caso sub examine. Para la Sala es necesario
afirmar el carácter fundamental del derecho a la igualdad, como valor esencial
del Estado Social de Derecho y de la concepción dignificante del ser humano
que caracteriza a la Carta Política de 1991. En efecto, el artículo 13 de la
Carta establece:
"Artículo
13. Todas las personas
nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de
las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
"El Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
"El Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan."
La Corte ha
establecido jurisprudencialmente seis elementos que se desprenden del artículo,
a saber:
"a) Un
principio general, según el cual, todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades.
b) La prohibición de
establecer o consagrar discriminaciones: este elemento pretende que no se
otorguen privilegios, se niegue el acceso a un beneficio o se restrinja el
ejercicio de un derecho a un determinado individuo o grupo de personas de
manera arbitraria e injustificada, por razón de su sexo, raza, origen nacional
o familiar, o posición económica (se subraya).
c) El deber del
Estado de promover condiciones para lograr que la igualdad sea real y efectiva
para todas las personas.
d) La posibilidad de
conceder ventajas o prerrogativas en favor de grupos disminuidos o marginados.
e) Una especial
protección en favor de aquellas personas que por su condición económica, física
o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y
f) La sanción de
abusos y maltratos que se cometan contra personas que se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta." (Corte Constitucional. Sentencia
T-591 de diciembre 4 de 1992. M.P. Dr. Jaime Sanín Greiffensteín).
De los elementos
establecidos se concluye que el principio de igualdad se traduce en el derecho
a que no se instauren excepciones o privilegios que excluyan a unos individuos
de lo que se concede a otros, en similares e idénticas circunstancias, de donde
se colige necesariamente que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar
la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias constitutivas de
ellos. El principio de igualdad exige precisamente el reconocimiento a la
variada serie de desigualdades entre los hombres, es decir, el principio de la
igualdad es objetivo y no formal: él se predica de la igualdad de los iguales y
de la diferencia entre desiguales, con lo cual se delinea el concepto de
generalidad concreta, que significa que no se puede permitir regulaciones
diferentes de supuestos iguales o análogos.
En este orden de
ideas, el principio de igualdad sólo se viola si el tratamiento diferenciado de
casos no está provisto de una justificación objetiva y razonable. La
existencia de tal justificación debe ser apreciada según la finalidad y los
efectos del tratamiento diferenciado.
Según la reiterada
doctrina de esta Corte, toda desigualdad no constituye necesariamente una
discriminación; la igualdad sólo se viola si la desigualdad está desprovista de
una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación
debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada,
debiendo darse una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la
finalidad perseguida, es decir, debe existir un vínculo de racionalidad y
proporcionalidad entre el tratamiento desigual, el supuesto de hecho y el fin
que se persigue; es por ello que en sentencia No. T-597 de 1993 esta
Corporación señaló:
"De otra parte,
los medios escogidos por el legislador no sólo deben guardar proporcionalidad
con los fines buscados por la norma, sino compartir su carácter de legitimidad.
El principio de proporcionalidad busca que la medida no solo tenga un
fundamento legal, sino que sea aplicada de tal manera que los intereses jurídicos
de otras personas o grupos no se vean afectados, o que ello suceda en grado
mínimo. De esta forma, la comunidad queda resguardada de los excesos o abusos
de poder que podrían provenir del empleo indiscriminado de la facultad
legislativa o de la discrecionalidad atribuida a la administración.
"Según la
doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, toda desigualdad no
constituye necesariamente una discriminación; la igualdad sólo se viola si la
desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la
existencia de dicha justificación debe apreciarse según la finalidad y los
efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de
proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.
"La equiparación
del principio de igualdad con una exigencia de razonabilidad de la
diferenciación no resuelve el problema de cuál debe ser el criterio a escoger
por el juez para valorar la obra del legislador. Al juez constitucional no le
basta oponer su 'razón' a la del legislador, menos cuando se trata de juzgar la
constitucionalidad de una norma legal. La jurisdicción es un modo de producción
cultural del derecho; el poder del juez deriva exclusivamente de la comunidad y
sólo la conciencia jurídica de ésta permite al juez pronunciarse sobre la
irrazonabilidad o no de la voluntad del legislador.
"...
"La exigencia
de una justificación objetiva y razonable para establecer una diferenciación
comporta la necesidad de que los medios empleados sean adecuados, proporcionales
y oportunos. Un medio como la facultad discrecional de la administración puede
ser adecuado y proporcional con relación al fin del buen servicio buscado, pero
por su ejercicio inoportuno ser inconstitucional, al contrariar intereses
legítimos de una persona mientras se encuentra en determinadas circunstancias.
La oportunidad en el uso de un medio está condicionada a las circunstancias del
caso concreto." (Cfr. Sentencia T-422 de junio 19 de 1992. M.P. Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
Entrando al caso sub
examine, para la Sala resulta evidente que al tenor de la doctrina
jurisprudencial de esta Corporación, se configura una violación a la
prohibición de generar una discriminación entre profesores pensionados del
mismo nivel o equivalentes pertenecientes al mismo organismo o entidad,
otorgando tratamiento privilegiado para unos en detrimento de otro, sin
justificación razonable, creando condiciones desiguales para circunstancias
iguales, puesto que el peticionario posee el mismo estatus jurídico de pensionado
que los demás profesores pensionados del ente universitario educativo y mayor
puntaje en su calificación de hoja de vida para efectos pensionales, que los
restantes docentes de la Universidad de Nariño.
En efecto, el
Consejo Directivo de la Universidad de Nariño mediante acuerdo 214 de 26 de
Noviembre de 1970 evaluó la hoja de vida del peticionario con 806 puntos,
reconociendo el derecho a la pensión de jubilación como docente de tiempo
completo según Resolución 328 de 6 de octubre de 1976, devengando para el año
de 1994 mesadas de $721.150, mientras los demás pensionados del mismo nivel,
fueron evaluados así: para un total promedio de 737, devengando cada uno como
jubilado para el mismo año, un promedio pensional de $1'221.200, tal como se
desprende del informe solicitado por medio de auto de 29 de junio de 1995,
dictado por esta Sala de Revisión y enviado a esta Corporación por el Jefe de
Recursos Humanos de la Universidad de Nariño, mediante oficio No. OPT-092 de 30
de junio de 1995. En este oficio se evidencia un tratamiento discriminatorio y
excluyente, contrario del principio de igualdad, frente a quien se encuentra en
idénticas circunstancias jurídicas con relación a otros pensionados; en
consecuencia, es pertinente reiterar que el artículo 13 de la Carta, prohibe a
los órganos del poder público y las entidades de carácter administrativo,
establecer condiciones desiguales o tratamiento discriminatorio y excluyente
para circunstancias iguales y viceversa, salvo que medien razonables justificaciones
a la luz de los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución.
Con relación a la
pretensión del "reconocimiento y pago de los reajustes con retroactividad
a la vigencia de la nueva Constitución, 4 de julio de 1991", esta Sala de
Revisión de la Corporación, considera que si bien es cierto el artículo 86 de
la Carta, permite la acción de tutela pese a la existencia de otro medio de
defensa judicial, cuando al no brindarse la protección podría ocasionarse para
el accionante un perjuicio irremediable, es decir, un daño que la decisión del
juez ordinario no podría reparar en cuanto llegaría tarde, también lo es que la
pretensión del actor excede el alcance de la acción de tutela al solicitar que
se ordene mediante sentencia el pago de la diferencia pensional entre el
reajuste de las mesadas, así como su reconocimiento retroactivo. La situación
del peticionario en el caso materia de examen, no cae dentro del presupuesto
indicado anteriormente, es decir un perjuicio irremediable, en virtud a que la
Universidad de Nariño siempre le ha pagado su pensión de jubilación.
Igualmente su alegato no se relaciona directamente con la aplicación de
disposiciones constitucionales que regulan el otorgamiento de reajustes
pensionales, no declarados por la Universidad de Nariño. Tales decisiones de la
institución se plasman en resoluciones, que son actos administrativos contra
los cuales es posible intentar las acciones judiciales pertinentes de carácter
laboral, con el fin de obtener el pago retroactivo a que pueda tener derecho,
previas las evaluaciones legales del caso.
En consecuencia, con
arreglo a los principios generales, por este último aspecto la tutela resulta
improcedente frente a esta pretensión. En este orden de ideas, para esta Sala
es claro que la normatividad constitucional sobre la acción de tutela permite
concluír que, si el peticionario tiene o alega tener a su favor, no un derecho
constitucional fundamental, sino un derecho de otra índole, de estirpe legal,
la vía de la tutela no es la indicada para alcanzar los fines que se propone.
Debe, en consecuencia, acudir a la jurisdicción mediante las acciones y
procedimientos que, según la materia, correspondan.
En efecto,
reiteradamente esta Corporación ha considerado en su doctrina jurisprudencial
que es posible que un derecho no fundamental pueda resultar indirectamente
afectado en el trámite de una acción de tutela; pero tan sólo en razón de la
protección que se brinde a un derecho constitucional fundamental pueden
protegerse esos derechos no fundamentales ligados a los que sí lo son, que se
estiman violados, pero ellos no constituyen en sí mismos el objeto del amparo.
Son apenas, a falta de otras formas de protección judicial, objetivos
secundarios en la actividad del juez de tutela, el cual, como lo tiene dicho
esta Corte, debe adoptar únicamente aquellas providencias que sean
indispensables para lograr el objetivo propio de la acción, esto es, la defensa
de los derechos fundamentales afectados o amenazados, dejando al juez ordinario
lo que le compete, es decir, la cuestión litigiosa no fundamental. (Sentencia
C-543 de 1992).
Por lo anteriormente
expuesto, esta Sala de Revisión, no ordenará ningún reajuste pensional
retroactivo, como pretende el actor, pues tal decisión, por no ser el objeto de
amparo constitucional, es competencia privativa del juez competente, de acuerdo
con el ordenamiento jurídico y las acciones judiciales de rigor.
De acuerdo con las
anteriores consideraciones, la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Revocar la sentencia del Juzgado Primero
Civil Municipal de Pasto, de fecha siete (7) de marzo de mil novecientos
noventa y cinco (1995); en su lugar ordenar al Consejo Directivo de la
Universidad de Nariño, que sea reajustada la pensión de jubilación del señor
CARLOS LOPEZ PABON, en guarda del derecho a la igualdad, según lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia, de acuerdo con lo que determina la ley.
Segundo.- No se accede a la petición sobre pago del
reajuste pensional retroactivo, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
Tercero.- Comunicar la presente decisión en los
términos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
494 | T-365-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-365/95
FISCAL-No puede interponer acción de tutela/LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA
Los Fiscales no
pueden, en principio, y en razón del interés que derivan del hecho de ser parte
procesal en el proceso penal instaurar acciones de tutela, pues éstas tienen
como sujeto procesal activo a la persona a la cual se le han vulnerado o
amenazado sus derechos fundamentales y ni la Constitución ni la ley le han
conferido la atribución de representar el interés de terceros a quienes se les
afectan los referidos derechos. La circunstancia de que la Fiscalía acuda al
proceso de tutela para remediar situaciones respecto a las cuales se han
previsto soluciones procesales en la ley, implica arrogarse funciones que no le
corresponden y naturalmente desconocimiento de los mandatos contenidos en los
artículos 6o y 121 de la Constitución Política. No obstante todo lo dicho
podría admitirse la tutela frente a una actuación judicial que configure una
vía de hecho, en los términos de la jurisprudencia de la Corte, cuando se
violen sus derechos como parte procesal, la cual en el caso que nos ocupa no
presentó.
REFERENCIA:
Expediente T-64176.
PETICIONARIO:
Saray Londoño Ossa y
Otro.
PROCEDENCIA:
Tribunal Superior de
Medellín -Sala de Decisión Penal.
TEMA:
Falta de
legitimación de la Fiscalía para intentar la acción de tutela.
MAGISTRADO
PONENTE:
ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Aprobada en Santafé
de Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de agosto de mil novecientos
noventa y cinco (1995).
La Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO
BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el
proceso de la acción de tutela presentada por los doctores Saray Londoño
Ossa y Jhon Jairo Gómez Jiménez Fiscal Dieciséis Seccional Antioquia y
Coordinador de la Unidad Seccional de la Fiscalía de Itagüí respectivamente, en
contra de los Jueces Primero Penal Municipal de Itagüí y Segundo Penal del
Circuito del mismo municipio.
l. ANTECEDENTES.
1. Hechos.
Narran los
demandantes que el día 4 de enero de 1994 la señora Rosa Lía Correa Restrepo
presentó denuncia penal ante la inspección de permanencia tercer turno de
Itagüí contra los señores Libardo y Gustavo Villa Posso, quienes le propinaron
a su cónyuge José Edgar Ortiz Restrepo seis heridas con cuchillo en la región
abdominal.
En relación con
dicho hecho el día 2 de febrero de 1994 el Juzgado Primero Penal Municipal de
Itagüí decretó la apertura de la Instrucción, la cual se radicó bajo el número
29-03-94; posteriormente, y previa recepción de las correspondientes
indagatorias y la práctica de una serie de pruebas, remitió el proceso a la Unidad
Seccional de Fiscalía del mismo municipio, por considerar que se trataba de una
tentativa de homicidio.
El proceso fue
asignado al conocimiento de la Fiscalía 16 Seccional de Antioquia con sede en
Itagüí, y allí se radicó con el No. 9783; con fecha del 22 de abril de 1994 se
dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio
de libertad provisional en contra de los señores Gustavo Adolfo y Libardo de
Jesús Villa Posso.
Cumplido el proceso
de instrucción la mencionada Fiscalía cerró la investigación y profirió, el día
8 de agosto de 1994, resolución de acusación contra los sindicados por el
delito de tentativa de homicidio.
Mediante auto del 22
de agosto de 1994 la Juez Segunda Penal del Circuito de Itagüí avocó el
conocimiento del juicio. En éste se decretaron y practicaron pruebas y el día 5
de diciembre de 1994 tuvo lugar la celebración de la correspondiente audiencia
pública, con la intervención de todos lo sujetos procesales. En dicha audiencia
el Fiscal Delegado hizo la petición de sentencia de condena para los procesados
y la defensa solicitó su absolución.
La mencionada Juez
en lugar de proferir la sentencia que correspondía, se pronunció mediante auto
de sustanciación de fecha 6 de diciembre de 1994, en el cual señaló que en el
juicio no se comprobó el ánimo homicida que se le imputó a los sindicados en la
calificación del sumario, y que lo realmente probado era la comisión de un
delito de lesiones personales de competencia del Juez Municipal. En tal virtud,
ordenó la remisión del proceso al Juzgado Primero Penal Municipal para que
adoptara la determinación correspondiente.
Recibido el proceso,
el Juez Primero Penal Municipal de Itagüí mediante providencia del 7 de
diciembre de 1994, decidió que existiendo resolución de acusación por el hecho
punible de tentativa de homicidio, la cual adquirió ejecutoria material, mal
podría el Juzgado entrar a dictar sentencia, bien condenatoria o absolutoria,
en un delito que no es de su competencia. Por tal motivo, devolvió el proceso
al Juez Segundo Penal del Circuito de Itagüí.
La Juez Segundo
Penal del Circuito de Itagüí, según auto del 7 de diciembre de 1994 ordenó que
el asunto volviera al Juzgado Primero Penal Municipal de Itagüí para su
conocimiento, en razón de que tanto el Juez Penal del Circuito de Itagüí como
el Fiscal Seccional, habían perdido competencia para conocer del proceso.
La Juez Primero
Penal Municipal de Itagüí, en auto de diciembre 12 de 1994, avocó nuevamente el
conocimiento del proceso, y a través de resolución interlocutoria del 14 del
mismo mes y año decretó la nulidad de todo lo actuado, a partir de la
providencia del 11 de julio de 1994 que ordenó el cierre de la instrucción y
concedió el beneficio de la libertad provisional a los sindicados.
La Fiscalía 16
Seccional de Antioquía, a la cual se notificó dicha providencia, presentó
recurso de apelación, porque consideró que la Juez Primero Penal Municipal de
Itagüí carecía de competencia para decretar la nulidad de lo actuado en razón
de que conforme a la resolución de acusación se trataba de un delito de
tentativa de homicidio y, por lo tanto, lo procedente era que el proceso
siguiera su curso ante la Juez Segundo Penal del Circuito de Itagüí, a la cual
le correspondía dictar la respectiva sentencia.
El Juzgado Primero
Penal Municipal de Itagüí concedió equivocadamente el recurso de apelación, no
ante su superior -el Circuito- sino ante el Tribunal Superior de Medellín -Sala
Penal, el cual en auto de enero 12 del año en curso, consideró que de conformidad
con la ley no le correspondía desatar la apelación. Por tal razón, ordenó
devolver el expediente al Juzgado de origen para que éste a su vez lo remitiera
al Juzgado competente para resolver la apelación.
Finalmente, los
peticionarios señalan que en forma inexplicable el proceso no llegó a su lugar
de origen, sino que fue recibido directamente por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Itagüí, el cual mediante auto de enero 16 de 1995 se negó a
tramitar el recurso de apelación interpuesto, considerando que la Fiscal
impugnante tiene competencia para conocer de los asuntos adscritos a los Jueces
Penales del Circuito y no de los asuntos sometidos a la competencia de los
Jueces Penales Municipales. Por ello, ordenó devolver el asunto al Juzgado
Primero Penal Municipal de Itagüí, quien en definitiva acató lo dispuesto por
la Juez Segundo Penal del Circuito de Itagüí.
2. Pretensión.
Considerando que se
había incurrido tanto por la Juez Segunda Penal del Circuito de Itagüí como por
el Juez Primero Penal Municipal de Itagüí en violación del debido proceso y en
una vía de hecho, los peticionarios precisan el objetivo de la pretensión de
tutela de la siguiente manera:
"La pretensión
de la Fiscalía es que se profiera sentencia por parte de la Juez Segunda del Circuito
por el delito objeto de la acusación".
"Para el
cumplimiento de tal fin, se busca que se ordene a la JUEZ PRIMERO PENAL
MUNICIPAL DE ITAGUI para que remita en el término legal el expediente a la JUEZ
SEGUNDA PENAL DEL CIRCUITO del mismo Municipio y esta última deberá recibirlo,
y previo el saneamiento de los vicios procesales (por ejemplo, anulando lo
indebidamente anulado) debe dictar sentencia".
3. El fallo que
se revisa.
El Tribunal Superior
de Medellín -Sala de Decisión Penal, mediante sentencia del 17 de febrero de
1995 concedió la tutela del debido proceso a los peticionarios y ordenó a la
Juez Segunda Penal del Circuito de Itagüí que procediera a dictar sentencia en
el aludido proceso. La argumentación central en la cual el Tribunal apoya su
decisón se encuentra en los siguientes apartes de dicha sentencia:
"Para ilustrar
mejor lo que tiene que ver con la violación del referido derecho fundamental,
la Sala se permite hacer mención de todo aquéllo que le está vedado al juez de
conocimiento, cuando como en el caso sub-judice, ha invadido el ámbito de la
Fiscalía: en efecto, conforme al diseño que al Estatuto Procesal Penal le
introdujo la Carta Magna, las dos fases o etapas que conforman el proceso les
fueron atribuidas a órganos diferentes; así la instrucción o investigación y la
acusación le fueron asignadas a la Fiscalía y la etapa de juzgamiento a los
Juzgados y Tribunales. Precisamente, por mandato constitucional consagrado en
el artículo 250 de la Carta, es a la Fiscalía General de la Nación a la que le
corresponde investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante
los jueces y Tribunales competentes; sus decisiones solamente pueden ser
revisadas por el mismo funcionario que las proveyó o por su superior jerárquico
en ejercicio del principio de las dos instancias, por interposición de los
recursos ordinarios".
"La etapa de
juzgamiento tal como ya se dijo en precedencia, le fue asignada a los Juzgados
y Tribunales, la que se inicia con la ejecutoria de la resolución de acusación".
"En desarrollo
de lo anterior, se tiene que la Fiscalía goza de plena autonomía e
independencia (por la separación de las dos etapas mencionadas) en el manejo de
la investigación y de su acto culminante cual es el calificatorio; dentro de
este orden lógico se sabe que una vez ejecutoriada la resolución acusatoria el
Juez o Tribunal competente podrá darle curso a la causa o juzgamiento, pero no
podrá modificar dicha resolución. La acusación tal y como fue decidida por la
Fiscalía, sólo podría variarse al ser posible la revisión en casos expresamente
previstos por la ley, como sería con el control de legalidad de las medidas de
aseguramiento, consagrado por el artículo 54 de la Ley 81 de 1983, o cuando se
pretenda la terminación anticipada del proceso (artículos 37 y 37A del C. de P.
Penal)".
"Resulta que el
asunto que provocó la acción de tutela incoada por los señores Fiscales, se
perfila evidentemente como una violación al debido proceso, así se vislumbra de
la actuación de la Juez Segunda Penal del Circuito de Itagüí, cuando después de
celebrada la audiencia pública, antes que proceder a dictar el fallo, como era
su deber legal, contraviniendo la Constitución (art. 250), desconoció la
calificación jurídica que le diera la Fiscalía al mudar la tentativa de
homicidio por el delito de lesiones personales".
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1. Competencia.
En atención a lo
dispuesto por los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía
con los artículos 33, 34 y 35 del decreto - ley 2591 de 1991, la Sala es
competente para conocer en grado de revisión sobre el asunto materia de la
referencia.
2. Prueba
decretada por la Sala.
Mediante providencia
del 4 de julio de 1995 la Sala dispuso solicitar al Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Itagüí información en el sentido de si en cumplimiento del fallo de
tutela proferido por el Tribunal Superior de Medellín -Sala Penal, había
dictado sentencia dentro del proceso penal adelantado contra los señores Libardo
y Gustavo Villa Posso.
El aludido juzgado
envió a la Corte copia auténtica de la sentencia pronunciada en el referido
proceso 21 de febrero de 1995. En dicha sentencia se absuelve a los
procesados.
3. Titulares de
la acción de tutela.
De acuerdo con los
artículos 86 de la Constitución y 10 y 46 a 49 del decreto 2591 de 1991, los
titulares de la acción de tutela son:
- Toda persona,
natural o jurídica, vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien podrá actuar directamente o a través de representante. También se
autoriza la agencia oficiosa en favor de la persona que no está en condiciones
de promover su propia defensa.
- El Defensor del
Pueblo y los personeros municipales por delegación de éste. Pero se ha
entendido que dichos funcionarios aún cuando actúan a nombre o en
representación de la persona a quien se vulneran o amenazan sus derechos
fundamentales, al mismo tiempo cumplen con la misión que le es propia de
asegurar la vigencia y defensa de dichos derechos. De esta manera, no sólo se
agencian derechos de terceros sino que al mismo tiempo se actúa en defensa de
los intereses comunitarios que propugnan la garantía efectiva de los referidos
derechos.
4. Están
legitimados los Fiscales para ejercer la acción de tutela?.
La legitimación para
instaurar la acción de tutela aparece regulada de manera exhaustiva en las
disposiciones antes examinadas, las cuales en parte alguna mencionan a los
Fiscales como titulares de la acción de tutela en defensa de los derechos
constitucionales fundamentales que se le hayan violado o amenazado a alguna
persona. Ello permitiría concluir sin mayor dificultad que dichos funcionarios
no pueden, en principio, y en razón del interés que derivan del hecho de ser
parte procesal en el proceso penal instaurar acciones de tutela, pues éstas
tienen como sujeto procesal activo a la persona a la cual se le han vulnerado o
amenazado sus derechos fundamentales y ni la Constitución ni la ley le han
conferido la atribución de representar el interés de terceros a quienes se les
afectan los referidos derechos.
Para confirmar los
anteriores asertos, basta con hacer precisión sobre las funciones que
Constitucional y legalmente le corresponden a la Fiscalía, así:
La Fiscalía
administra justicia y hace parte de la rama jurisdiccional (arts. 116 y 249
C.P.)
Corresponde a la
Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella,
investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y
tribunales competentes. Estas funciones generales se desdoblan, entre otras,
en las siguientes:
- Asegurar la
comparecencia de los presuntos infractores de la Ley Penal, adoptando las
medidas de aseguramiento.
- Si fuere del caso,
tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del
derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito.
- Calificar y
declarar precluidas las investigaciones realizadas.
Si bien la Fiscalía
General de la Nación dentro de las funciones de investigación y acusación, está
en la obligación de velar por el respeto de los derechos fundamentales y en
especial del debido proceso, la Constitución no le asigna la función de
reclamar o demandar judicialmente la protección de dichos derechos a través del
proceso de tutela, como si lo hace con respecto al Defensor del Pueblo en el
art. 282.
5. Dispone la
Fiscalía de medios de defensa e impugnación dentro de la etapa del juicio?.
Del contexto de las
normas constitucionales y legales surge claramente la diferencia entre la etapa
de investigación y la del juicio penal; en la primera, la actividad de la
Fiscalía se encamina a producir los elementos probatorios requeridos para
instruir y calificar el sumario y decidir si acusa o no, y en la segunda, la
Fiscalía se convierte en sujeto procesal con todos los atributos de una
verdadera parte (art. 444 C.P.P.).
Cuando la Fiscalía
decide acusar, es por que tiene la convicción de que el sindicado es el autor
de la infracción a la ley penal y su misión como parte procesal dentro de la
etapa del juicio será la de lograr la confirmación de su acusación y obviamente
la de obtener una sentencia condenatoria acorde con la ley.
Como parte procesal
la Fiscalía está habilitada para intervenir en todas las actuaciones procesales
previstas por la ley en la etapa del juicio y, por consiguiente, puede hacer
las peticiones e interponer los incidentes o recursos ordinarios o
extraordinarios que sean necesarios para asegurar el cabal cumplimiento de la
misión que le es propia.
Ante una decisión
del juez que afecte sus intereses la Fiscalía dispone, como se dijo antes, de
medios de defensa o de impugnación expeditos y eficaces que puede utilizar como
parte procesal. Así por ejemplo, puede interponer recursos o alegar la nulidad
de la actuación, entre otras razones, por la comprobada existencia de
irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso o por errores
determinantes en la resolución acusatoria que califique el hecho dentro de un
título o capítulo distinto al que corresponde.
6. Conclusión.
Revocación de la sentencia que se revisa.
6.1. La Fiscalía tiene un rol propio que
cumplir dentro del proceso penal, que aparece delimitado tanto por la
Constitución como por la ley. Cuando observe violaciones al debido proceso debe
acudir, para conjurarlas, a los mecanismos procesales instituidos en el Código
de Procedimiento Penal, más no está facultada para instaurar la acción de
tutela para suplir la negligencia en su gestión o la erronea utilización de
dichos medios, o la presunta falta de eficacía de éstos, según su propio
parecer.
La circunstancia de
que la Fiscalía acuda al proceso de tutela para remediar situaciones respecto a
las cuales se han previsto soluciones procesales en la ley, implica arrogarse
funciones que no le corresponden y naturalmente desconocimiento de los mandatos
contenidos en los artículos 6o y 121 de la Constitución Política.
No obstante todo lo
dicho podría admitirse la tutela frente a una actuación judicial que configure
una vía de hecho, en los términos de la jurisprudencia de la Corte, cuando se
violen sus derechos como parte procesal, la cual en el caso que nos ocupa no
presentó.
6.2. Con fundamento en las anteriores
consideraciones la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal
Superior de Medellín -Sala de Decisión Penal y dejará sin ningún efecto la
actuación del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itagüí surtida en cumplimiento
del fallo de tutela proferido por dicho Tribunal.
IV. DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Segunda de Tutela, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 17 de febrero de
1995 proferida por el Tribunal Superior de Medellín -Sala de Decisión Penal,
en virtud de la cual resolvió tutelar el derecho al debido proceso y ordenó a
la Juez Segunda Penal del Circuito de Itagüí dictar sentencia dentro del
proceso penal adelantado contra los señores Libardo y Gustavo Villa Posso.
SEGUNDO: DEJAR sin ningún efecto la actuación del
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itagüí surtida en cumplimiento del fallo
de tutela proferido por el Tribunal Superior de Medellín -Sala de Decisión
Penal.
TERCERO: Para los fines del artículo 36 del decreto
2591 de 1991, por Secretaría General háganse las comunicaciones a que haya
lugar.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
495 | T-368-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-368/95
CESACION DE LA
ACTUACION IMPUGNADA-Naturaleza
de la providencia
Aquellas
providencias que se dictan con base en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991,
esto es por cesación de la acción impugnada, también constituyen fallos. En
efecto, el tenor literal de la norma no ordena, en manera alguna, que el juez
de tutela deba terminar su actuación por medio de una providencia particular
diferente a un fallo. En síntesis, lo que cesa es la actuación impugnada y no
la actuación del juez de tutela.
IMPUGNACION FALLO
DE TUTELA
La impugnación de
los fallos de tutela busca permitir que las partes intervinientes que no han
sido favorecidas por la decisión adoptada, o no se encuentran satisfechas con
ella, puedan acudir ante el superior jerárquico para que éste estudie
nuevamente el caso. El actor puede considerar que sus derechos fundamentales
siguen siendo vulnerados o amenazados, por lo cual es necesario que el juez
tutele sus derechos. Y la vía procesal con que cuenta para lograr tal resultado
es la impugnación de la decisión de primera instancia, puesto que no puede
presentar otra tutela respecto de los mismos hechos y derechos, ya que ello
podría configurar una acción temeraria.
ACCION DE TUTELA
CONTRA FISCAL-Incumplimiento
de términos/MORA JUDICIAL/DILACION INJUSTIFICADA/DEBIDO PROCESO-Vulneración
por incumplimiento de términos
Es deber de las
autoridades judiciales cumplir de manera diligente los plazos procesales, no
sólo porque su inobservancia puede ser sancionada sino, además, por cuanto la
dilación injustificada de tales términos configura una violación del debido
proceso susceptible de ser atacada por medio de la acción de tutela. En este
caso específico, el Fiscal que inicialmente adelantó el proceso contra el
petente dilató sin razón aparente la resolución de una petición del actor de la
presente tutela que solicitaba la revocatoria de la constitución de parte civil
y la preclusión de la investigación.
JUEZ DE TUTELA-Límites en procesos penales
La Corte coincide
con los fallos de instancia en que no corresponde al juez de tutela
pronunciarse sobre la petición del actor para que se suspenda la actuación
procesal o se nombre un agente especial del Ministerio Público, que garantice
la vigilancia y el desarrollo del debido proceso. De un lado, la tutela no es
un mecanismo para paralizar la actividad judicial con base en una apreciación
del actor sobre la presunta parcialidad del funcionario judicial. Para
enfrentar tales eventos, el estatuto procesal prevé los mecanismos judiciales
correspondientes, como las recusaciones. De otro lado, el Ministerio Público es
un sujeto procesal autónomo y es a él a quien corresponde determinar si en este
caso se justifica el nombramiento de un agente especial.
REF: Expediente
Nº 51811
Actor: CESAR
AUGUSTO GÓMEZ TORRES
Procedencia:
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal
Temas:
- La acción de
tutela debe concluir por un fallo de fondo, incluso si cesa la acción impugnada
- Función
judicial y cumplimiento diligente de los términos procesales.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá ,
D.C., veinticuatro (24) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995)
La Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro
Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa:
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso
de tutela identificado con el número de radicación 51811
I. ANTECEDENTES
Con base en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la
Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para
efectos de su revisión, la acción de tutela T-51811. Por reparto le
correspondió dicho negocio a esta Sala Séptima de Revisión.
1. Solicitud.
El señor CESAR
AUGUSTO GÓMEZ TORRES presenta el 23 de agosto de 1994, ante la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, acción de tutela
contra el Doctor RODRIGO ORJUELA GARCÍA, Fiscal 173 de la unidad Sexta de Patrimonio,
de esta misma ciudad, pues considera que este funcionario, por las dilaciones
injustificadas en que ha incurrido, ha violado sus derechos de petición y al
debido proceso. Fundamenta su solicitud en los siguientes hechos:
1- Según el petente,
la señora MARTHA INÉS MUÑOZ formuló en su contra denuncia por estafa, la cual
fue avocada por el Doctor JAIME PARRA DUEÑAS, Fiscal 172 de la Unidad 5a. de
Patrimonio Económico, quedando allí radicada bajo el Nº127653.
2- La denunciante
MARTHA INÉS MUÑOZ presentó demanda para constituirse en parte civil en el
mencionado proceso penal, la cual fue admitida el 16 de noviembre de 1993.
3.- El 23 de Mayo de
1994, el apoderado del señor GÓMEZ TORRES presenta escrito mediante el cual
solicita al Fiscal 172 la revocatoria de la providencia que admitió la
constitución de parte civil, así como la preclusión de la investigación por
atipicidad de la conducta.
4- Posteriormente,
el señor GÓMEZ TORRES, petente en esta acción de tutela, presenta una queja
escrita al Fiscal General de la Nación, en la cual señala una serie de
irregularidades que, según su criterio, se venían cometiendo dentro de la
actuación adelantada en su contra por el Fiscal 172. Según el señor GÓMEZ
TORRES, la constitución de parte civil había sido dolosa pues se había fundado
en falso juramento, y el Fiscal 172 había dilatado la resolución de sus
peticiones, pues no había dado respuesta a la solicitud mencionada en el
numeral anterior.
5- Las diligencias
fueron entonces asignadas el Doctor RODRIGO ORJUELA GARCÍA, Fiscal 173 de la
unidad Sexta de Patrimonio, quien las recibió el día 9 de agosto del año en
curso. Sin embargo, según el petente, este funcionario también dilató los
términos, razón por la cual presentó, el 11 de agosto de 1994, un nuevo memorial
reiterando las solicitudes formuladas el 23 de mayo de 1994.
Por todo lo
anterior, considera el petente que han sido violados sus derechos de petición
(art.23 C.P.) y del debido proceso (art.29 id.), puesto que "han pasado
NOVENTA Y DOS (92) DÍAS, sin que se resuelvan las dos peticiones de mi
defensor". Por ello presenta esta acción de tutela, a fin de que se ordene
al Fiscal 173 de esta ciudad resolver, en un sentido u otro, las peticiones
hechas dentro del proceso penal en relación con la revocatoria de la admisión
de parte civil y la preclusión de la investigación por inexistencia del delito.
Dice el petente que no dispone de otro medio de defensa judicial para hacer
valer sus derechos, porque precisamente es dentro del proceso penal que se le
han vulnerado, "luego mal haría en pensar que la protección pueda provenir
de los mismos funcionarios que han incurrido en los actos que censuro,
particularmente cuando lo que critico es la omisión para actuar."
Para justificar sus
aseveraciones, el petente allega las siguientes pruebas:
1º.- Fotocopia del
memorial dirigido al Fiscal 172 de la Unidad Quinta de Patrimonio Económico,
mediante el cual su apoderado solicita la preclusión de la investigación y la
revocatoria de la providencia que aceptó la demanda de parte civil.
2º.- Fotocopia del
escrito dirigido al Fiscal General de la Nación.
3º.- Fotocopia del
escrito dirigido el 11 de agosto de 1994 al Fiscal 173 de la unidad 6a. de
Patrimonio.
2- La actuación
procesal y la decisión del Tribunal.
El 24 de agosto de
1994, la Sala Penal del Tribunal de Santafé de Bogotá admite la demanda de
tutela y oficia al Fiscal 173 de la Unidad Sexta de Patrimonio para obtener
información sobre los hechos aducidos por el actor.
En respuesta a tal
solicitud, el 26 de agosto de 1994, el Fiscal 173 señala al Tribunal que el
proceso Nº127653 seguido contra CESAR AUGUSTO GÓMEZ TORRES fue asignado el 28
de Octubre de 1993 al Fiscal 172; fue reasignado luego a su Fiscalía, la Nº
173, el 3 de agosto de 1994, y entró a su despacho el nueve del mismo mes.
El Fiscal 173 agrega
que efectivamente la solicitud de revocatoria de la aceptación de parte civil y
preclusión de la investigación fue presentada el 23 de mayo de 1994 pero no ha
sido resuelta, porque ella requiere un conocimiento adecuado de un proceso que
no fue instruido por ese despacho y es bastante voluminoso, pues "consta
en su cuaderno original de más de 220 folios y en sus anexos de más de
800". Además, según el Dr. RODRIGO ORJUELA GARCÍA, también es necesario
resolver la situación jurídica del sindicado y practicar las pruebas
solicitadas por la parte civil. Lo anterior, junto con el hecho de que esa
Fiscalía debe conocer de otros 240 procesos aproximadamente, explica que no
haya sido resuelta la precitada solicitud.
El 30 de agosto de
1994, el actor CESAR AUGUSTO GÓMEZ TORRES, presenta al Tribunal un escrito por
medio del cual solicita que el juez de tutela ordene la suspensión inmediata de
la actuación del Fiscal 173, dentro del proceso seguido en su contra, hasta
tanto se designe un nuevo Fiscal imparcial o un "agente Especial que
garantice la vigilancia en el desarrollo del debido proceso". El actor
fundamenta esta petición en la posición parcializada que, según su criterio, ha
asumido el titular de la citada Fiscalía. Según el petente, a pesar de que él
cuenta con otro medio judicial de defensa (la apelación dentro del proceso
penal), la intervención del juez de tutela es procedente a fin de evitar un
perjuicio irremediable, pues considera que es necesario impedir "que el
Dr. RODRIGO ORJUELA GARCÍA, quien está abiertamente parcializado e indispuesto
contra mí por haberme atrevido a ejercer mi legítimo derecho de tutela, decida
emocionalmente las peticiones de mi defensor prestadas hoy hace CIEN (100)
días."
Posteriormente, el
primero de septiembre de 1994, el Doctor RODRIGO ORJUELA GARCÍA, Fiscal 173,
remite oficio al Tribunal en el cual informa que el 31 de agosto del año en
curso, dictó providencia mediante la cual "se resolvieron las peticiones
obrantes en el mencionado proceso y que dieron lugar a la referida
acción."
Con fundamento en el
anterior material probatorio, el Tribunal concluye lo siguiente:
"Los efectos
nugatorios bajo los cuales se venían afectando los derechos fundamentales de
petición y debido proceso al peticionario, por no resolverse oportunamente las
solicitudes de su apoderado, han cesado y por lo mismo se ha dado vía libre
dentro de la actuación para que, el aquí peticionario, prosiga en ejercicio de
sus plenos derechos como sujeto procesal dentro de la actuación adelantada en
su contra.-
Lo anterior hace
que, en cuanto a la solicitud de inmediata suspensión de la actuación del
Fiscal 173 dentro del proceso penal, ningún pronunciamiento deba hacerse, no
sólo por sustracción de materia ante el hecho de haberse resuelto ya las
peticiones que motivaron esta acción, sino porque además de que existen otros
mecanismos jurídicos de protección como son los recursos legalmente
establecidos en el Código de Procedimiento Penal, no procede por la vía de la
acción de tutela paralizar la actuación penal dentro de la cual el accionante
es procesado, bajo la subjetiva apreciación de una posible decisión penalmente
desfavorable."
El Tribunal ,
mediante providencia del 6 de septiembre de 1994 ,decreta la cesación de la
actuación de tutela, y previene a los Fiscales 172 y 173 de las unidades 5º y
6º de Patrimonio Económico de Bogotá para que no vuelvan a incurrir en
dilaciones.
3- La impugnación
El doce de
septiembre de 1994, el actor impugna la anterior providencia del tribunal pues
considera que ella no hizo la más mínima referencia a su petición de que se
tomaran las medidas para nombrar un Agente Especial del Ministerio Público que
garantice la vigilancia y el desarrollo del debido proceso. Según su criterio,
el Fiscal 173 obedeció pero no cumplió, pues el "funcionario buscó la
forma para continuar con la sistemática dilación injusta que constituye agravio
al debido proceso" pues "tomó desquite manteniéndome vinculado al
proceso en forma arbitraria".
4- La decisión
inhibitoria de segunda instancia.
El 19 de octubre de
1994, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decide
abstenerse de conocer de fondo de la anterior impugnación, pues considera que
la providencia del tribunal no es, en sentido estricto, un fallo de tutela y,
por ende, no es susceptible de impugnación. Dijo esa alta Corporación al
respecto:
"El artículo
29 del Decreto 2591 de 1991, establece claramente los requisitos o contenido de
un fallo de tutela, es decir, la decisión de fondo cuyas características
especiales apuntan a la protección de los derechos fundamentales cuando han
sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los eventos del artículo 42 ibídem. También
tendrá el carácter de sentencia, la decisión que deniegue el amparo solicitado,
bien por su improcedencia ante la existencia de otros medios o recursos
judiciales, ora por su inconducencia ante la inexistencia de la conducta atentatoria
de los derechos reclamados.
Solo esta clase
de fallos, pueden ser objeto del recurso de apelación al tenor del artículo 31
ibídem, pues si su contenido no se ajusta al precepto antes indicado, no tendrá
la categoría de sentencia.
La providencia
del Tribunal de esta ciudad, no puede constituir decisión de fondo respecto de
los derechos reclamados, ya que el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991,
establece que "si estando en curso la tutela, se dictare resolución,
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de
indemnización y costas, si fueren procedentes" (negrillas fuera de texto).
Es claro que el
accionante no reclamó indemnización alguna y tampoco el Tribunal encontró
mérito para declarar fundada la tutela por tan especiales circunstancias.
Entonces, siendo así que por expresa previsión legal, solamente las sentencias
que se profieran en los asuntos de tutela pueden ser impugnadas, la Sala se
abstendrá de conocer sobre la apelación de la providencia que ocupa ahora su
atención en cuanto ella constituye solamente, se repite, la declaración de
cesación de procedimiento por haber desaparecido la causa que motivó la acción,
y no la negación del amparo solicitado.
No obstante la
decisión que aquí se adopta, debe cumplirse la providencia del Tribunal, es
decir, el numeral 3º de la parte resolutiva que dispuso remitir el proceso a
la Corte Constitucional para su eventual revisión."
5- Auto de
anulación de la Corte Constitucional.
El 21 de marzo de
1995, la Corte Constitucional anula la decisión inhibitoria anteriormente
citada, por cuanto considera, por las razones que se reproducen en los
fundamentos jurídicos de la presente sentencia, que la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia no podía inhibirse sino que debía pronunciarse
de fondo sobre la impugnación presentada por el actor contra la decisión de
primera instancia.
El expediente vuelve
a la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal y el actor deposita
entonces un memorial ante esa Corporación, pues considera que durante el
trámite de la tutela se ha agravado la vulneración de sus derechos
fundamentales, pues habría continuado la dilación del proceso de parte de las
autoridades judiciales. Para probar lo anterior, el actor adjunta un memorial
de adición a la sustentación de la apelación contra la decisión del 31 de
agosto del Fiscal 173, así como la copia de la decisión de ese recurso por
parte de la Fiscal Delegada ante los Tribunales de Santa Fe de Bogotá. Según
su criterio, al resolver la apelación esa Fiscal Delegada no tuvo en cuenta su
escrito de sustentación. El actor adjunta igualmente copias de procesos civiles
que, según su criterio, están relacionados con el asunto debatido en esta
acción de tutela.
6- sentencia de
fondo de segunda instancia.
El 16 de mayo de
1995, la Corte Suprema decide de fondo esta tutela y confirma el fallo del
Tribunal Superior de Santa fe de Bogotá. Según esa Corporación, la tutela no
era procedente por cuanto la conducta impugnada por el actor ya había cesado,
pues el 31 de agosto de 1994 la fiscalía precluyó la investigación "con
relación al punible de estafa -que fue lo pedido- y revocó la resolución
mediante la cual se admitió la parte civil", con lo cual -considera la
Corte Suprema- "se puso fin a la conducta omisiva que se predica de los
Fiscales 172 y 173 de las Unidades 5ª y 6ª de Patrimonio Económico, pues este
último, se repite, no solo se pronunció sobre las peticiones concretas del
apoderado de GOMEZ TORRES, sino que accedió a ellas".
De otro lado, la
Corte Suprema considera que no hubo ninguna violación al debido proceso durante
la apelación de la anterior decisión, la cual fue interpuesta tanto por el
procesado como por el apoderado de la parte civil, pues el superior jerárquico
podía considerar que la revocatoria de la resolución que admitiera a ésta
última como sujeto procesal no se ajustaba a derecho. Según esa Corporación,
esa "determinación corresponde al ejercicio de las facultades que otorga
la ley el juzgador de segundo grado para confirmar, reformar o revocar las
decisiones del inferior que considere improcedente".
Igualmente, la Corte
Suprema considera que no hubo violación al derecho de petición, pues en
"el proceso penal los intervinientes tienen las posibilidades de ejercer
sus facultades y defensas, reguladas obviamente por el principio del debido
proceso (artículo 29 de la Carta), y, ese desarrollo comporta el que los
pedimentos que invoquen ante los funcionarios judiciales estén sujetos a los
momentos y formalidades que la Ley instrumental señala. Es por ello, por lo que
el juez o el fiscal, en el curso del proceso, está obligado a tramitar y
resolver lo que ante se invoque pero no bajo los supuestos del derecho de
petición, sino con arraigo al ordenamiento procesal respectivo".
Finalmente, la Corte
Suprema considera que no es función del juez de tutela pronunciarse sobre la
petición del actor para que se nombrara un agente especial del Ministerio
Público, que garantizara la vigilancia y el desarrollo del debido proceso.
Según esa Corporación:
"Menos podrá
el Juez de tutela entrar a tomar determinaciones preventivas, como la suspensión
de la actuación procesal, mientras se designa un agente especial del Ministerio
Público, como lo pretende el accionante, pues tal actuación entra en
contradicción con la pretensión principal cual es la de que el funcionario
judicial cese en su inactividad mediante el pronunciamiento inmediato sobre
peticiones expresas de los sujetos procesales.
Es de advertir
que en todo proceso penal el Ministerio Público es sujeto procesal,
representado por el Procurador General de la Nación, por sí, o por medio de sus
delegados y agentes (artículo 131 del Código de Procedimiento Penal), luego la
medida provisional demandada por Gómez Torres, resultaba totalmente
inconducente y ajena al proceso de tutela."
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Competencia
1- Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para conocer de la acción de tutela
de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 3º y 241 numeral 9º
de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36
del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección
que de dicha acción practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se
verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación.
Un asunto
procesal previo: la cesación de la acción impugnada y la decisión de fondo del
juez de tutela.
2- El juez de
segunda instancia, a saber la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia,
se abstuvo inicialmente de conocer de fondo la impugnación presentada por el
petente, por cuanto consideró que la providencia del Tribunal de Bogotá que
decretó la cesación del trámite de la tutela, con base en el artículo 26 del
decreto 2591 de 1991 no es, en sentido estricto, un fallo de tutela y, por
ende, no es susceptible de impugnación. Por ello entra la Corte Constitucional
a analizar la naturaleza jurídica de tales providencias.
Según la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia únicamente son sentencias las decisiones que
conceden la tutela cuando han sido vulnerados o amenazados derechos
fundamentales, o aquellas que niegan el amparo solicitado, por encontrarlo
improcedente o inconducente. Pero, según la Corte Suprema de Justicia, ello no
ocurre cuando se da aplicación al artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 -como en
este caso- ya que esa norma establece que "si estando en curso la tutela,
se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o
suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente
para efectos de indemnización y costas, si fueren procedentes". Por
consiguiente, concluye esa alta Corporación, cuando no hay lugar a declarar
fundada la tutela para conceder la indemnización, entonces la providencia que
se dicte no es un fallo, pues ella solamente es una "declaración de
cesación de procedimiento por haber desaparecido la causa que motivó la acción,
y no la negación del amparo solicitado".
3- La Corte
Constitucional no comparte el criterio de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, puesto que esta Corporación ya ha establecido, en decisiones
anteriores, que el resultado natural de toda demanda de tutela es el fallo que
pone fin a la acción, luego de que el juez ha examinado, con criterios de
justicia material, el fondo del asunto. Esto se desprende no sólo de la
naturaleza misma de la tutela, como procedimiento preferente y sumario para
proteger los derechos fundamentales de las personas (CP art. 86) sino, además,
de los principios constitucionales del acceso a la justicia (CP art. 229) y la
prevalencia del derecho sustancial sobre las ritualidades procesales (CP art.
228). Al respecto ha dicho la Corte Constitucional que
"De acuerdo
con la naturaleza de la acción establecida por el artículo 86 de la Carta, toda
demanda de tutela instaurada ante los jueces de la República debe ser admitida,
tramitada y fallada dentro del término constitucional. Es decir, al culminar el
procedimiento preferente y sumario previsto en la Constitución, el peticionario
debe recibir respuesta acerca de si su derecho fue amparado y, en caso de no
haberlo sido, sobre los motivos que asistieron al juez para negarlo[1]."
A partir de lo
anterior, y de acuerdo a la normatividad que rige esta acción, la Corte
Constitucional considera que la única excepción al principio según el cual toda
demanda de tutela debe conducir a un fallo de fondo es la consagrada por el
artículo 17 del decreto 2591/91. Y es una excepción totalmente razonable, pues
es natural que el juez pueda rechazar de plano la solicitud, en caso de que no
pueda determinarse la razón que la motiva y el demandante no la corrija
oportunamente. En todos los otros eventos, la demanda de tutela debe conducir a
una decisión de fondo, esto es, a un fallo que conceda o niegue la petición
puesto que, como lo señala parágrafo del artículo 29 del decreto 2591/91, la
decisión que ponga fin al trámite no puede ser inhibitoria.
3- En ese orden de
ideas, aquellas providencias que se dictan con base en el artículo 26 del
mencionado decreto, esto es por cesación de la acción impugnada, también
constituyen fallos. En efecto, el tenor literal de la norma no ordena, en
manera alguna, que el juez de tutela deba terminar su actuación por medio de
una providencia particular diferente a un fallo.
Para ello basta con
analizar lógicamente la estructura del mencionado artículo. Este establece la
siguiente hipótesis normativa: que esté en curso una tutela y que se dicte una
resolución administrativa o judicial que haga cesar la actuación impugnada. A
esa hipótesis, el artículo atribuye la siguiente consecuencia jurídica: que en
tal caso, el juez debe declarar fundada la solicitud, esto es conceder la
tutela, "únicamente para efectos de indemnización y costas, si fueren
procedentes". Contrario senso, la norma está diciendo que se
declarará infundada la solicitud, esto es, el juez negará el amparo, si cesa la
actuación impugnada y no procede la indemnización y el pago de costas.
En síntesis,
conforme al tenor literal del artículo 26 del decreto 2591/91, lo que cesa es
la actuación impugnada y no la actuación del juez de tutela. Es cierto que
debido a tal interrupción, el juez debe negar la tutela, por carencia de
objeto, ya que si la situación ha sido corregida de manera favorable al petente
"obviamente no tendría sentido conceder la tutela para impartir la orden
de que se produzca un hecho que ya sucedió"[2].
Pero como es natural, el juez toma esa determinación por medio de una decisión
que pone fin al proceso de tutela, esto es, por medio de un fallo.
4- Pero no son sólo
las anteriores consideraciones lógicas y literales las que llevan a la Corte
Constitucional a concluir que estas decisiones son verdaderos fallos, y por
ende impugnables. Un análisis sistemático y valorativo conduce a idéntico
resultado.
Desde el punto de
vista sistemático, la interpretación de la Corte Suprema de Justicia conduce al
siguiente resultado paradójico. Cuando no existe ningún fundamento para
conceder una tutela, porque no ha habido ninguna acción u omisión que haya
puesto en peligro o vulnerado un derecho fundamental, el actor tiene de todos
modos derecho a impugnar la decisión de primera instancia que niega la tutela.
En cambio, cuando la solicitud inicialmente tenía fundamento, porque
efectivamente se estaba vulnerando un derecho fundamental, pero durante el
trámite de la tutela cesa la actuación impugnada, entonces el actor no tiene el
derecho a impugnar la decisión.
Esta diferencia de
trato no sólo no parece razonable sino que plantea inmediatamente el problema
valorativo de fondo, el cual está relacionado con el sentido mismo de la
impugnación de los fallos de tutela. En efecto, este recurso busca permitir que
las partes intervinientes que no han sido favorecidas por la decisión adoptada,
o no se encuentran satisfechas con ella, puedan acudir ante el superior
jerárquico para que éste estudie nuevamente el caso. Ahora bien, es muy
posible que las partes intervinientes en una tutela no se encuentren conformes
con una decisión tomada con base en el artículo 26 del decreto 2591/91. Así,
como en este caso, el petente puede considerar que la actuación irregular no ha
finalizado, o sólo ha terminado parcialmente, o que el pretendido cese de la
actuación en realidad ha agravado la vulneración de sus derechos. En todos
estos eventos, el actor puede considerar que sus derechos fundamentales siguen
siendo vulnerados o amenazados, por lo cual es necesario que el juez tutele sus
derechos. Y la vía procesal con que cuenta para lograr tal resultado es la
impugnación de la decisión de primera instancia, puesto que no puede presentar
otra tutela respecto de los mismos hechos y derechos, ya que ello podría
configurar una acción temeraria, conforme al artículo 38 del decreto 2591 de
1991.
De otro lado,
también la persona o la autoridad contra quien se hubiere dirigido la solicitud
puede encontrar insatisfactoria la decisión, puesto que puede considerar que
nunca hubo, de parte suya, una actuación que hubiera vulnerado o puesto en
peligro un derecho fundamental del petente. Por consiguiente, para este sujeto
procesal es injusta una decisión en la cual, si bien no se le imparte ninguna
orden, muy probablemente se le previene, bajo los apremios de ley, para que no
efectúe ciertos actos u omisiones que él considera perfectamente regulares. Es
pues legítimo que este sujeto procesal pueda impugnar también la decisión de
primera instancia.
5- En síntesis, la
Corte Constitucional considera que la interpretación de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia, con discutibles distinciones procesales, deja
entonces a esas personas intervinientes indefensas, y de esa manera les vulnera
su derecho a impugnar el fallo de tutela, que es un derecho constitucional, tal
y como esta Corte ya lo ha establecido[3].
Es pues necesario recordar que los jueces, en sus actuaciones deben evitar
procesalizar la Constitución, puesto que de lo que se trata en un Estado social
de derecho como el colombiano (CP art. 1º) es de constitucionalizar el
procedimiento, ya que ello es la consecuencia lógica de los fines y valores que
consagra la Carta, y en particular de los principios relativos a la efectividad
de los derechos y deberes constitucionales (CP art. 2º), al acceso a la
justicia (CP art. 229) y a la prevalencia del derecho sustancial (CP art.
228).
Para la Corte
Constitucional no hay pues ninguna duda de que las providencias por medio de
las cuales un juez de tutela da por terminado el trámite de la misma, con base
en el artículo 26 del decreto 2591/91, son materialmente fallos, sin importar
la forma y denominación que el juez les dé. Por consiguiente esas providencias
no sólo son impugnables sino que, además, deben ser remitidas a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. Es más, en tales casos, esta
Corporación considera que la decisión procesalmente correcta es negar la tutela
por improcedente, en vez de declarar la "cesación de procedimiento",
por cuanto esa expresión puede generar equívocos, ya que se puede considerar
que se trata de una providencia diferente al fallo que pone fin al trámite de
la tutela.
Por todo lo
anterior, esta Corporación procedió a anular la decisión por la cual la Corte
Suprema se inhibió de conocer la impugnación presentada por el petente. Entra
entonces la Corte Constitucional a analizar el fondo de la petición del actor.
Dilación judicial
y servicio público de administración de justicia.
7- Según el actor,
la Fiscalía vulneró su derecho al debido proceso, por cuanto dilató de manera
injustificada la resolución de las peticiones de su defensor, en el proceso
penal que, por el delito de estafa, cursaba en su contra.
La Corte
Constitucional reitera que es deber de las autoridades judiciales cumplir de
manera diligente los plazos procesales, no sólo porque su inobservancia puede
ser sancionada (CP art. 228) sino, además, por cuanto la dilación injustificada
de tales términos configura una violación del debido proceso susceptible de ser
atacada por medio de la acción de tutela. Así, esta Corporación ha señalado
que la tutela es procedente para que "se ordene al juez que ha incurrido
en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a
resolver, o que observe con diligencia los términos judiciales"[4]. Y, específicamente,
sobre el incumplimiento de los términos durante los procesos penales, la Corte
Constitucional ha precisado:
"La
inobservancia de los términos judiciales -como lo ha sostenido la Corte
Constitucional en varias oportunidades-, constituye una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución.
El principio de celeridad que es base fundamental de la administración de
justicia debe caracterizar los procesos penales. Ni el procesado tiene el deber
constitucional de esperar indefinidamente que el Estado profiera una sentencia
condenatoria o absolutoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el
señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra
en la comunidad.(...) Luego es esencial la aplicación del principio de
celeridad en la administración de justicia. Ello se desprende directamente del
artículo 228 de la Constitución, e indirectamente del artículo 209, cuando
sostiene que el principio de celeridad debe caracterizar la actuación
administrativa. Fue pues voluntad manifiesta del constituyente consagrar la
celeridad como principio general de los procesos judiciales. Ahora una
dilación por una causa imputable al Estado no podría justificar una demora en
un proceso penal. Todo lo anterior nos lleva a concluir que frente al
desarrollo del proceso penal, se deben aplicar las disposiciones sobre fijación
de términos en desarrollo del principio de respeto a la dignidad de la persona,
como límite a la actividad sancionadora del Estado.[5]"
8- En este caso
específico, la Corte Constitucional constata que efectivamente el Fiscal que
inicialmente adelantó el proceso contra el petente -esto es, Fiscal 172- dilató
sin razón aparente la resolución de una petición del actor de la presente
tutela que solicitaba la revocatoria de la constitución de parte civil y la
preclusión de la investigación. En efecto, esa petición fue presentada el 23 de
mayo de 1994 y el 3 de agosto de ese año, cuando el proceso fue reasignado al
Fiscal 173, el Fiscal 172 no había resuelto aún sobre la precitada solicitud,
sin que la Corte encuentre una justificación razonable para tal retraso, por lo
cual esta Corporación considera que efectivamente esa autoridad judicial estaba
vulnerando el derecho al debido proceso del petente por injustificada dilación
de términos.
Cesación de la
actuación impugnada y la decisión a tomar en el caso concreto.
9- El 31 de agosto
de 1994, el Fiscal 173 -a quien le fue asignado el proceso el 3 de ese mes-
resolvió sobre la petición del petente e incluso accedió a sus pretensiones,
pues revocó la constitución de parte civil y precluyó el proceso por estafa,
aun cuando continuó la actividad procesal por presunto delito de falsedad. Esto
muestra que la actuación impugnada por el actor ha cesado, por lo cual, en
relación con la vulneración al debido proceso, no procede conceder la tutela al
petente por carencia actual de objeto.
10- La Corte
coincide con los fallos de instancia en que no corresponde al juez de tutela
pronunciarse sobre la petición del actor para que se suspenda la actuación
procesal o se nombre un agente especial del Ministerio Público, que garantice
la vigilancia y el desarrollo del debido proceso. De un lado, la tutela no es
un mecanismo para paralizar la actividad judicial con base en una apreciación
del actor sobre la presunta parcialidad del funcionario judicial. Para
enfrentar tales eventos, el estatuto procesal prevé los mecanismos judiciales
correspondientes, como las recusaciones. De otro lado, el Ministerio Público es
un sujeto procesal autónomo y es a él a quien corresponde determinar si en este
caso se justifica el nombramiento de un agente especial.
11- Por todo lo
anterior, la Corte Constitucional coincide parcialmente con los tribunales de
instancia en el fondo del asunto, puesto que considera como ellos que no
procede conceder la tutela ya que ha cesado la actuación que vulneraba el
derecho al debido proceso del petente. Sin embargo, esta Corporación observa
que -por las razones señaladas en los fundamentos 2 a 5 de esta sentencia- la decisión
a tomar en este caso no era cesar el procedimiento de la acción de tutela sino
negar la tutela por improcedente, por lo cual esta Corporación procederá a
revocar esos fallos con el fin de precisar el sentido de la sentencia.
De otro lado, esta
Corporación considera que no es equitativo prevenir al Fiscal 173, por cuanto
éste no fue responsable por la vulneración del derecho al debido proceso del
petente. En efecto, el funcionario que efectivamente dilató indebidamente los
términos fue quien conoció incialmente del proceso, a saber el Fiscal 172. Por
ello la Corte limitará su llamado en prevención a esta autoridad judicial.
III-
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero: REVOCAR, de conformidad con lo señalado en
la parte motiva, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal del 16 de mayo de 1995 que confirmó la sentencia del Tribunal del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Penal del seis de septiembre de
mil novecientos noventa y cuatro, por medio de la cual decidió decretar la
cesación de la actuación de tutela, y prevenir al Fiscal 172 de las unidades 5º
y 6º de Patrimonio Económico de Bogotá para que no vuelva a incurrir en
dilaciones, y en su lugar NEGAR, por carencia actual de objeto, la tutela
impetrada por el actor CESAR AUGUSTO GOMEZ TORRES.
Segundo: PREVENIR al Fiscal 172 de las unidades 5º
y 6º de Patrimonio Económico de Santafé de Bogotá para que no vuelva a incurrir
en dilaciones injustificadas de términos.
Tercero: COMUNÍQUESE a la Sala Penal del Tribunal
del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá para que notifique la sentencia a
las partes, según lo establecido por el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Sentencia T-034 del 2 de febrero de 1994. M.P José Gregorio
Hernández Galindo.
[2] Corte Constitucional. Sentencia No T-081/95. MP Antonio Barrera
Carbonell.
[3]Corte Constitucional. Sentencia T-034/94 del 2 de febrero de 1994.
MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[4]Sentencia C-543/92. MP José Gregorio Hernández Galindo,
reiterado, entre otras, por las sentencias T-336/93, T-348/93.
[5]Sentencia T-450/93. MP Alejandro Martínez Caballero. |
496 | T-369-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-369/95
DERECHOS DEL
NIÑO/DERECHOS DEL NIÑO A TENER UNA FAMILIA /COLOCACION FAMILIAR
La Corte,
obligada a hacer prevalecer el derecho sustancial, no pueden ignorar que la
COLOCACION FAMILIAR queda incluida dentro de la protección que se le da a la
FAMILIA. Protección temporal, mientras el menor es acogido por su familia de
origen o por la familia adoptante.
ACCION DE TUTELA
TRANSITORIA A FAVOR DE MENOR/ABUSO SEXUAL
En la presente
tutela es obvio que el lugar menos adecuado para que viviera la niña era la
habitación del padre; y serán las autoridades correspondientes quienes en
definitiva resolver sobre la custodia y cuidado de la menor. Entre tanto, es
impostergable ratificar la medida tomada en la sentencia de 19 de mayo de 1995
en el sentido de tutelar provisionalmente porque hay amenaza fundada y grave de
que la niña sea víctima de abusos, además de que el contorno que la rodearía en
la habitación de su padre le ocasina un perjuicio irremediable a su integridad
física y moral.
REF: EXPEDIENTE
T-63698
Peticionaria:
Gladys Albanis Lenis Herrera
Procedencia:
Juzgado 8º Penal Municipal de Cali.
Tema:
-Protección al
menor.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO.
Santa Fe de Bogotá
D.C., veinticuatro (24) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro
Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro
Naranjo Mesa.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En proceso de tutela
identificado con el número de radicación T-63698, adelantado por Gladys Albanis
Lenis Herrera contra el señor Luis Mosquera Quesada.
I.
ANTECEDENTES.
Con base en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la
Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para
efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto
correspondió el proceso a esta Sala de Revisión.
1. Solicitud.
Gladys Albanis Lenis
Herrera impetró acción de tutela contra el padre de su hija, Luis Mosquera
Quesada, en defensa de los derechos fundamentales de su descendiente.
Afirma la
peticionaria que, como fruto de las relaciones sentimentales que sostuvo con el
señor LUIS MOSQUERA QUESADA, hace 5 años nació la niña N.N., menor que
encontraba bajo la custodia de su padre, por cuanto, narra la petente, debido a
problemas relacionados con agresiones físicas y verbales se vió en la
“obligación” de entregar la niña al demandado, hace aproximadamente un año.
En la actualidad se
encuentra cursando proceso de regulación de visitas en el juzgado Octavo de
Familia de Cali, actuación que promovió la peticionaria de esta tutela, pero no
hay constancia de que existe proceso judicial sobre la custodia de la niña.
Como medida previa al proceso se decretó “visitas provisionales” a la menor en
favor de la señora Lenis Herrera, las cuales fueron obstaculizadas por amenazas
del padre a la señora Gladys Lenis.
Narra la petente que
se vió en la necesidad de interponer la presente acción de tutela, porque tuvo
conocimiento de los posibles abusos sexuales que el padre de la menor ejerce
sobre ella, aspecto que evidencia el peligro a que está sometida su hija.
Con posterioridad,
la menor fué puesta bajo custodia de la madre, debido, según se dice, a
actuaciones en el ICBF.
2. Sentencia del
Juzgado 8º Penal Municipal de Cali.
El Juzgado 8º Penal
Municipal de Cali al resolver en primera y única instancia la acción de tutela
de la referencia, mediante sentencia de febrero 7 del año en curso, resolvió
abstenerse de tutelar los derechos fundamentales invocados por la peticionaria,
pero en la parte motiva de la providencia, ordenó de manera inmediata poner en
hecho en conocimiento del defensor del familia, para que se tomaran las medidas
necesarias para proteger la vida e integridad física de la menor.
Consideró el juzgado
que, a pesar de que es “evidente” el estado de abandono y el peligro físico y
moral de la menor, existe otros medios de defensa judicial, como la extinción
de patria potestad o el trámite ante el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, que permiten brindar amparo a la menor.
3. Declaración de
nulidad
Esta Sala de
Revisión, en providencia de 6 de abril de 1995 declaró la nulidad de todo lo
actuado por cuanto el particular contra quien se dirigía la tutela no fue
informado de la existencia de la acción. Estas fueron las consideraciones para
tomar tal decisión:
El procedimiento
de tutela tiene como característica fundamental y esencial la de ser un
procedimiento especial y breve que garantiza la protección ágil y cierta de
derechos y libertades que la Constitución Política le reconoce a todas las
personas. Procedimiento éste que debe regirse bajo principios expresamente
consagrados en el artículo 3 del Decreto 2591 de 1991, como el de prevalencia
del derecho sustancial, economía, celeridad, eficacia y publicidad. Esto
no quiere decir que el juez de tutela so pretexto de decidir una solicitud de
protección de derechos fundamentales a través de un procedimiento que tiene un
carácter sumario e informal pueda atentar contra derechos que también son
amparados por la Constitución.
Como lo ha venido
sosteniendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuando una tutela se
dirija contra particulares, el juez debe informarles a éstos que se ha iniciado
un proceso en su contra y que pueden hacer uso de las garantías que la
Constitución Política les otorga. El no hacerlo genera una nulidad de lo
actuado por violación al debido proceso, dado el carácter relevante de la
omisión. Ha dicho la Corte Constitucional al respecto:
"Cuando la
tutela es contra particulares hay que hacerles saber a los acusados que el
proceso contra ellos se ha iniciado. No se puede argumentar que como en la
acción de tutela no es indispensable que haya auto avocando el conocimiento,
entonces no hay nada para notificar. Hay que acudir a cualquier medio
expedito, esto hace parte del principio de la publicidad. Y, si no se hacen
las diligencias para la notificación, se viola el principio de derecho de
defensa."[1]
Pero debe hacerse
claridad en que la acción del juez no está encaminada a exigírsele un resultado
a través de la notificación, debido a que su obligación es de medio,
esto quiere decir que cuando no pueda notificarse personalmente o habiendo
acudido a un medio expedito y eficaz, se continuará la tramitación para hacer
publicidad del proceso que asumió conocimiento. Así lo explicó la Sala Primera
de Revisión:
"La Sala
considera pertinente descartar que si tratándose de acciones de tutela
dirigidas contra una autoridad pública, las notificaciones deben realizarse por
el medio que el juez considere más expedito y eficaz, este principio opera con
mayor razón cuando la acción está dirigida contra un particular. El ideal,
lógicamente, consiste en la notificación personal de la providencia que admite
la demanda de tutela y ordena tramitarla. Pero si esta notificación personal
no es posible, en razón de la distancia y el angustioso término de diez (10)
días fijados en la Constitución impide el emplazamiento de la persona
demandada, tal notificación deberá hacerse por el medio que, siendo expedito y
eficaz, asegure o garantice que el demandado tenga un conocimiento real del
comienzo del proceso. El juez debe ser especialmente cuidadoso para garantizar
el derecho de defensa del particular. Pues una acción de tutela tramitada sin
que éste tenga conocimiento real de su existencia, jamás se ajustará al debido
proceso."[2]
En el caso
concreto, se evidencia en el expediente, la ausencia de notificación del auto
admisorio de la solicitud de tutela al señor Luis Mosquera Quesada, contra
quien se dirige la presente acción. Aspecto que genera un vicio de nulidad,
por lo que esta Sala decretará la nulidad del proceso a partir del auto que
admitió la petición de tutela.
4. Nueva
sentencia.
Subsanada la
nulidad, el Juez 8º Penal Municipal de Cali resolvió:
"PRIMERO:
TUTELAR DE MANERA PROVISIONAL el Derecho invocado por la señora GLADYS
ALBANIS LENIS HERRERA y en representación de su menor hija, ordenándose, que la
niña N.N., permanezca a su lado, hasta tanto la autoridad respectiva, decida en
cabeza de cual de sus padres quedará la patria potestad de la misma."
Estas
apreciaciaciones hizo el Juzgado:
"Como se
puede apreciar, en este momento no tendría un interés legal la acción
impetrada, pues como lo dice la misma accionante, la menor se encuentra en su
poder, pero sin embargo, la señora GLADYS ALBANIS LENIS HERRERA deberá en bién
de su hija, adelantar los tramites legales para obtener la custodia de la niña,
pues la declaración de la señora YOLANDA MOSQUERA, hermana del padre de la
menor, son alarmantes, al manifestar que este consume "Perica" y al
parecer éste ha tratado de abusar sexualmente, nos están avisando que debe
acudir ante Bienestar Familiar para que le presten la ayuda profesional al
respecto y como lo ha planteado Nuestra Honorable Corte Constitucional, debido
a la urgencia del caso planteado y ante la necesidad de proteger posibles daños
a la integridad física y psicológica de la menor, solicita al juzgado de instancia,
tomar las medidas provisionales a que hubiere lugar.
Pues bien, y
teniendo en cuenta lo anterior, éste Despacho, ordenará que provisionalmente,
la menor N.N., permanezca al lado de su madre GLADYS ALBANIS LENIS HERRERA,
hasta tanto la Patria Potestad de la misma sea dirimidad por la autoridad
competente.-
Igualmente y como
quiera que se ha tenido en conocimiento de una posible conducta ilícita de
parte del señor LUIS MOSQUERA QUESADA, se compulsarán las copias ante la
autoridad competente para que se inicie la investigación a que hubiere
lugar."
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
1. Competencia.
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para conocer de revisión dentro de
la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso
segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 35 y 42 del Decreto No. 2591 de 1991; además, su exámen se
hace por virtud de la selección que de dichas acciones practicó la Sala
correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el
Reglamento de esta Corporación.
B. EL CASO
CONCRETO FRENTE A LA TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO.
1. No hay certeza
sobre el abuso sexual del padre sobre su hija, la afirmación de una declarante
en el sentido de haber escuchado que la niña se quejara y que el padre le
dijera: "ya, ya mamita", lanza una suspicacia neutralizada por el
afecto paternal reconocido por quienes han rendido testimonio en este
expediente.
Pero, las
aseveraciones de la tía respecto a una conversación que escuchó entre el padre
y una "mujer rebuscadora " (ramera), en la cual decía el padre que
él "había estado molestando" a su propia hija, obliga a pasar de la
suspicacia a la sospecha.
De todas maneras, el
contorno que rodeaba a la niña, en la habitación de su padre y de su tía, no
era el más adecuado.
La tía insinúa
conducta incestuosa del padre, el padre acusa a su propia hermana de actitud
depravada con su pequeña hija y todo ello se desarrollaba en una habitación
donde, según se afirma, se consume bazuco, se planean delitos y se vive entre
continuos disgustos, amenazas y peleas. Será tan grave la situación que el ICBF
prefirió permitir que se trasladara a la menor a la casa de la madre pese a que
se le endilga ser prostituta.
Este ambiente
mórbido no es el propicio para el desarrollo normal de la menor. En verdad, no
se trata solamente de definir bajo la custodia de cuál de los padres quedará
la menor sino de tomar las medidas adecuadas para proteger la integridad física
del menor. Es necesario desarrollar el tema, recordadando que esta Sala, en
sentencia T-217/94, había dicho:
El Código del
Menor trata en el título II "Del menor abandonado o en peligro físico o
moral"...
El primer
capitulo de tal título se refiere a estas situaciones irregulares o típicas
para cuya definición está el procedimiento señalado en el Capítulo II y las
medidas de protección fijadas en el Capítulo III.
Esas medidas de
protección son:
"Artículo
57.- En la resolución por medio de la cual se declare a un menor abandonado
o en peligro, se podrá ordenar una o varias de las siguientes medidas de
protección:
1. La prevención
o amonestación a los padres o a las personas de quienes dependa.
2. La atribución
de su custodia o cuidado personal al periente más cercano que se encuentre en
condiciones de ejercerlos.
3.La colocación
familiar.
4. La atención
integral en un Centro de Protección Especial.
5. La iniciación
de los trámites de adopción del menor declarado en situación de abandono.
6. Cualesquiera
otra cuya finalidad sea la de asegurar su cuidado personal, proveer a la
atención de sus necesidades básicas o poner fin a los peligros que amenacen su
salud o su formación moral.
PAR. 1º- El Defensor de Familia podrá, al aplicar
alguna de las medidas anteriores y sin perjuicio de las acciones judiciales
pertinentes, fijar una cuota mensual con la cual los padres o las personas de
quienes el menor dependa contribuirán al sostenimiento de éste mientras se
encuentre bajo una medida de protección.
PAR. 2º- El Defensor de Familia podrá imponer al
menor con cualquiera de las medidas de protección, el cumplimiento de algunas
de las reglas de conducta de que trata el artículo 206 del presente
Código."
Como se ve una de
tales medidas es la colocación familiar, también se llama "Hogar
Sustitutivo", hay quienes lo denominan "Hogar Amigo".6
La colocación
familiar es provisional mientras se adelanta el proceso administrativo (art. 37
del Código del Menor) y luego, temporal (por seis meses prorrogables, art.74
del citado Código). No es, pues, una situación definitiva.
El artículo 73
del Código del Menor dice:
"La
colocación familiar consiste en la entrega de un menor que se encuentren
situación de abandono o de peligro, a una familia que se compromete a brindarle
la protección necesaria, en sustitución de la de origen.
La medida de
colocación familiar será decretada por el Defensor de Familia mediante
resolución motivada o de acuerdo con las normas técnicas del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar."
Es decir que, los
hogares amigos sustituyen momentáneamente a la que ha sido o debiera ser la
familia de origen.
La Corte,
obligada a hacer prevalecer el derecho sustancial, no pueden ignorar que la
COLOCACION FAMILIAR queda incluida dentro de la protección que se le da a la
FAMILIA. Protección temporal, mientras el menor es acogido por su familia de
origen o por la familia adoptante. y esto se debe a que el niño es el
destinatario del derecho consagrado en el artículo 44 de la Constitución
Política. El mismo Código del Menor, artículo 22, enseña que "la
interpretación de las normas contenidas en el presente Código deberá hacerse
teniendo en cuenta que su finalidad es la protección del menor".
Si la Defensoría
de Menores no ha ejecutado la medida administrativa de protección colocándolo
en el Hogar Amigo donde viva en buenas condiciones, lo cual constituye, en
verdad, un hogar de hecho, esta omisión no borra el derecho fundamental del
niño a formarse la imagen de una familia que le otorga cuidado y hogar.
Y si no hay una
razón válida, justa, sustentada en la ley, que permita sustraer al menor del
Hogar que le brinda protección, la amenaza de la separación constituye una
violación a los derechos fundamentales del niño.
El derecho del
menor a tener una familia, no significa necesariamente que deba ser
consanguínea y legítima. Es también el derecho a que provisionalmente el niño
tenga su hogar amigo, su familia sustituta, por eso el Código del Menor emplea
el término COLOCACION FAMILIAR.
Significa lo
anterior que la Defensoria del Menor también debe preocuparse por la situación
de la menor, buscando, como lo dice el artículo 3º del Código del Menor,
cuidado y asistencia necesaria para el adecuado desarrollo físico, social,
moral y mental de la niña.
2. En la presente
tutela es obvio que el lugar menos adecuado para que viviera la niña era la
habitación del padre; y serán las autoridades correspondientes quienes en
definitiva resolver sobre la custodia y cuidado de la menor. Entre tanto, es
impostergable ratificar la medida tomada en la sentencia de 19 de mayo de 1995
en el sentido de tutelar provisionalmente porque hay amenaza fundada y grave de
que la niña sea víctima de abusos, además de que el contorno que la rodearía en
la habitación de su padre le ocasina un perjuicio irremediable a su integridad
física y moral. El artículo 44 de la C.P. es terminante sobre los derechos
fundamentales de los niños.
"Serán
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro,
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajo riesgosos".
También tiene razón
el Juez de tutela al decir que se compulsarán copias para investigar la posible
conducta ilícita del padre de la menor. En estos dos aspectos la sentencia
motivo de revisión deberá ser confirmada. Y, será adicionada en cuanto se le
pedirá a la Defensoría de Menores que aplique, si es del caso, el Título II del
Código del Menor:
"Del menor
abandonado o en peligro físico o moral".
En mérito de lo expuesto,
la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
RESUELVE:
PRIMERO.
CONFIRMASE en todas sus
partes la sentencia del Juzgado Octavo Penal Municipal de Cali, proferirá en la
tutela de la referencia, el 19 de mayo de 1995, con la ADICION de oficiar a la
correspondiente Defensoría de Menores para que, si lo estima pertinente, de
aplicación a las normas sobre el menor abandonado o en peligro físico o moral,
contempladas en el Código del Menor.
SEGUNDO.
Comuníquese inmediatamente
al Juez de primera instancia para que efectúe las notificaciones y adopte las
decisiones señaladas en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
TERCERO.
Envíese copia de este
fallo al Defensor del Pueblo.
Cópiese,
notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA.
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Auto de abril 15 de 1994. Ponente Dr. Alejandro Martínez
Caballero. Expediente T-27441.
[2]Auto Septiembre 14 de 1993. Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango
Mejía. Expediente T-16617.
6 La Resolución 2493 de 3 de
noviembre de 1992, de la Directora General del ICBF, en su artículo 3º,
numerales b- y c- emplea el término "Hogar Amigo" |
497 | T-370-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-370/95
DERECHO DE
PETICION-Contenido
Es cierto que la
accionante obtuvo, inicialmente, una respuesta que se acomoda a la preceptiva
del artículo 6 del C.C.A., de acuerdo con cuyas voces, cuando no sea posible
contestar en el plazo de 15 días "se deberá informar así al interesado,
expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se
resolverá o dará respuesta"; pero el sólo hecho de producir la
comunicación en la que se informe de esa circunstancia no es suficiente para
predicar que el derecho de petición fue cabalmente observado. Si se repara en
el tenor literal de la norma citada se tiene que a la expresión de los motivos
de la tardanza se suma la indicación del momento en que se producirá la
respuesta. El término señalado deberá guardar perfecta correspondencia con las
causas aducidas para justificar la demora, de manera que no puede ser
arbitrario y la administración está llamada, en primer lugar, a respetarlo si
no quiere defraudar la confianza del administrado.
DERECHO DE
PETICION-Vulneración
/CESANTIAS PARCIALES-Solicitud/ FIDUCIARIA LA PREVISORA
Se torna patente,
entonces, la vulneración del derecho de petición ante la ausencia de la
respuesta que su verdadera efectividad reclama. Los jueces de tutela, tanto en
primera como en segunda instancia, justificaron la ausencia de resolución
aduciendo problemas presupuestales. Considera la Sala que ese planteamiento parte
de la errónea confusión entre el derecho de petición y el contenido o materia
de la petición que es, en concreto, lo que se demanda de la administración. El
derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta Política amerita la protección
que la acción de tutela brinda siempre que falte la respuesta oportuna que hace
parte de su núcleo esencial; el pago de las cesantías alude a la materia de la
solicitud y es un derecho diverso e independiente del derecho de petición.
DERECHO DE
PETICION-Vulneración por
falta de disponibilidad presupuestal/ACCION DE TUTELA-Carencia actual de
objeto
Los problemas de
índole presupuestal que afectan a la entidad demandada no justifican la
violación del derecho de petición cuya operancia no queda supeditada a la
disponibilidad de recursos que, por lo menos en este evento, resulta ajena al
ámbito del derecho y de la acción de tutela que lo protege. Ahora bien, está
plenamente comprobado que mediante resolución se reconoció a la peticionaria su
cesantía parcial y que el 15 de julio fue incluida en la nómina de pagos del
mes de agosto. En estas condiciones, carecería de sentido impartir una orden
enderezada a obtener la decisión administrativa pertinente, toda vez que ésta
ya se produjo, habiendo cesado, por tanto, el motivo de la violación del
derecho sin necesidad de intervención judicial. Procede, entonces, denegar la
tutela impetrada por carencia actual de objeto y prevenir a las entidades
demandadas para que no vuelvan a incurrir en situaciones como las que dieron
origen a la presente acción.
CESANTIAS
PARCIALES-Plan colectivo
de vivienda/DERECHO A LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL/DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración
por escogencia de planes de vivienda
No halla la Corte
la misma razonabilidad y objetividad en la decisión que, dentro de los
aspirantes a obtener vivienda, separa a los afiliados a planes colectivos de
los que pretenden ese mismo objetivo de manera individual, dispensando mayor
atención a los primeros. Estima la Corte que no asiste razón valedera al
Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
para introducir una distinción frente a personas que manifiestan idéntico
interés. Si bien es cierto la Carta hace mención expresa de la vivienda de
interés social y de las formas asociativas de ejecución de programas, ello no
significa que patrocine la desprotección de aquéllos que individualmente
procuren satisfacer esa necesidad urgente y prioritaria.
REF: Expediente
No. 69029
Peticionaria:
Ruth Zoraida Sarmiento de Tarquino
Procedencia:
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá
MAGISTRADO
PONENTE: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá
D.C., agosto veintitres (23) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Fabio Morón
Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero quien la preside,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
tutela identificado con el número de radicación T-69029, adelantado por
Ruth Zoraida Sarmiento de Tarquino en contra del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y de la Fiduciaria La Previsora. Con base en los artículos
86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de
Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de
su revisión, la acción de tutela de la referencia.
I.ANTECEDENTES
A. La solicitud
El 31 de enero de
1995, Ruth Zoraida Sarmiento de Tarquino presentó, ante el Juzgado Penal del
Circuito (Reparto) de Santa Fe de Bogotá, un escrito contentivo de una acción
de tutela, en el que solicita la protección de los derechos de petición,
igualdad y trabajo.
Las circunstancias
que sirven de fundamento al amparo pedido, las expone la accionante de la
siguiente manera:
Dice haber
solicitado del Fondo de prestaciones del Magisterio el pago de cesantía parcial
para compra de vivienda. La documentación pertinente fue radicada el 11 de mayo
de 1994.
Afirma la
peticionaria que después de 256 días no había obtenido respuesta a su solicitud
y que sólo recibió una nota en la que le informaban que por falta de personal y
de equipos de trabajo los funcionarios estaban laborando hasta las 8 p.m., y
que esperaban tener lista la liquidación correspondiente en el término de tres
meses, a más tardar.
Estima la accionante
que, además de lo anterior, se viola el derecho a la igualdad al establecer el
pago prioritario de cesantía parcial en favor de los beneficiarios de planes
colectivos de vivienda, "que para el caso de Bogotá se da con la
Cooperativa Popular de Vivienda intermediaria para el trámite de cesantía
parcial, integrada por maestros, para su beneficio personal, en desmedro de
quienes acudimos a una vivienda económica usada", en cuyo caso se debe
esperar el turno respectivo.
B. Acervo
probatorio
1. La peticionaria
anexó copia de su solicitud y de la respuesta a la que alude en su escrito de
tutela.
2. El Juzgado
Veintidos Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá practicó una inspección
judicial en las instalaciones de la Fiduciaria La Previsora en donde fue puesto
a disposición del juez el expediente relativo a la solicitud elevada por la
accionante. El despacho judicial dejó constancia de que entre otros documentos
aparece "un proyecto de resolución en nueve páginas, mediante el cual el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoce y paga a RUTH
ZORAIDA SARMIENTO DE TARQUINO" una suma por concepto de cesantía
parcial.
La Jefe de División
de Prestaciones Económicas de la Vicepresidencia de Fondos de la Fiduciaria La
Previsora explicó al Juzgado las diferentes etapas del trámite impartido a la
petición e indicó que "La prestación será remitida a la Oficina de
Prestaciones del Fer del Distrito, en el momento que se cuente con presupuesto
nuevamente para cesantías parciales, el que será aprobado en próximos días por
el Consejo Directivo del Fondo del Magisterio"
En lo referente a la
vulneración del derecho a la igualdad señaló que las solicitudes se estudian en
estricto orden y que el Consejo Directivo del Fondo del Magisterio
"decidió darle prioridad en el reconocimiento de cesantías parciales a las
solicitudes de compra de vivienda, es así como en el presupuesto de cada año se
destina un 70% para atender los anticipos que se radiquen para compra de
vivienda, dejando sólo un 30% para solicitudes de reparaciones locativas, así
mismo definió darle prioridad a las solicitudes de compra de vivienda en planes
colectivos de vivienda, buscando con esto darle mayor estímulo a la solución
del problema de vivienda de sus afiliados". La solicitud de la
peticionaria "se encuentra dentro de las que tienen mayor prioridad por
tratarse de compra de vivienda, sólo que al ser individual y no en plan
colectivo está sujeta al turno de radicación correspondiente".
3. El Magistrado
Sustanciador del presente proceso, por auto de primero de agosto de mil
novecientos noventa y cinco, resolvió oficiar al Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio para que, por el medio más rápido, respondiera a la Secretaría
General de la Corte Constitucional si ya estaba firmado el proyecto de
resolución por la cual se reconoce a la peticionaria una cesantía parcial, si
ésta última ya ha sido cancelada y solicitó, además, información acerca de los
criterios que tuvo el Consejo Directivo del Fondo para dar turno y atender las
solicitudes de cesantías parciales, y también sobre el respaldo normativo de
tales criterios.
La Fiduciaria La
Previsora respondió que, de conformidad con el artículo 7o., numeral 4o. de la
ley 91 de 1989, le corresponde al Consejo Directivo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio "Determinar la destinación de los
recursos y el orden de prioridad conforme al cual serán atendidas las
prestaciones sociales frente a la disponibilidad financiera del Fondo, de tal
manera que se garantice una distribución equitativa de los recursos".
Asimismo informó que
el reconocimiento de cesantía parcial en favor de la accionante ya se produjo,
y que fue incluida en la nómina de pagos del presente mes.
C. La sentencia
de primera instancia
El Juzgado Veintidos
Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, mediante sentencia de 13 de febrero
de 1995, resolvió denegar la tutela solicitada.
Consideró el
despacho judicial que el derecho a la igualdad no resulta violado porque el
Consejo Directivo del Fondo del Magisterio está en pleno ejercicio de la
facultad de regular el trámite interno de las peticiones y además "..al
ofrecer una prioridad a los planes colectivos de vivienda en el trámite de las
solicitudes de cesantías parciales, el Fondo Prestacional pretende dar mayor
cobertura a la solución del derecho de vivienda digna consagrado en el artículo
51 de la Carta, que se enmarca dentro de los fines sociales del Estado y la
prevalencia del interés general que la misma Constitución establece, sin que
ello signifique discriminación o desconocimiento del derecho individual. Uno de
los principales fines de la liquidación y pago de las cesantías parciales es el
de posibilitar a los trabajadores o empleados la consecución de vivienda, el
cual tiene eficacia en planes colectivos por el número de soluciones a
resolver, como bien lo consideró el propio constituyente al disponer que el
Estado debe promover formas asociativas de ejecución de estos programas de
vivienda. Buscar que a este derecho tengan acceso el mayor número de personas
posible, es una actitud razonable de la administración que no puede
considerarse discriminatoria con quienes circunstancias fácticas ajenas a ella
los privan de esa misma condición". Tampoco encontró el fallador de
primera instancia motivos para predicar la violación del derecho a la igualdad
en el trámite de las solicitudes sujetas al turno de radicación.
En cuanto al derecho
de petición estimó el despacho judicial que la respuesta fechada el 4 de junio,
en la que se le informan a la peticionaria las razones por las cuales aún se
encontraban sin liquidar sus cesantías, cumple con lo previsto en el artículo 6
del C.C.A. en el sentido de poner en conocimiento del interesado los motivos
por los que no es posible resolver, señalando la fecha en que se adoptará la
decisión.
Según el fallador
existe un proyecto de resolución y "la administración ha adelantado el
trámite hasta donde le es posible, dada la limitación de disponibilidad
presupuestal a que está sujeta", debiendo diferenciarse entre lo que
"es materialmente posible a la administración, y la conducta omisiva de
las autoridades para resolver las peticiones, por cuanto no puede exigírseles
actuaciones oportunas cuando las circunstancias fácticas las hacen
irrealizables".
Por último, en
sentir del Juzgado, el derecho al trabajo no fue vulnerado porque la actuación
del Fondo Prestacional no ha interferido en la libre actividad que la
accionante cumple y, el reconocimiento de cesantías y su pago, aunque
consecuencia del trabajo, "son objeto de reglamentación especial que las
diferencian de la estricta relación servicio-contraprestación y, en
consecuencia, solamente cuando la entidad desconoce arbitraria e injustamente
su reconocimiento, se vulnera el derecho fundamental al trabajo, lo cual no se
presenta en este caso...".
D. La sentencia
de segunda instancia
En contra de la
sentencia de primera instancia, la peticionaria formuló impugnación en la que
insiste en la violación del derecho a la igualdad y del derecho de petición,
manifestando, que en el último caso no constituye respuesta sostener que el
presupuesto será aprobado en los próximos días, porque esa es una afirmación
indefinida y también considera que un proyecto de resolución no satisface el
derecho de petición.
El Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, Sala Penal, por sentencia del 27
de marzo del año en curso, decidió confirmar la providencia de primera
instancia.
Señaló el Tribunal
que " el juez de tutela no puede perder de vista las regulaciones de orden
legal acerca de la asignación presupuestal y la destinación preestablecida para
las partidas preexistentes, así como tampoco cabe ignorar la potencial responsabilidad
de los funcionarios, en caso de no sujetarse a tales derroteros de carácter
legal".
Agregó el fallador
de segunda instancia que la regulación, conforme a la cual se atiende con
preferencia a los planes colectivos de vivienda no desconoce el derecho a la
igualdad, ya que "motivos especiales de interés colectivo hacen posible
generar excepciones por encima de las reglas de carácter general", sin que
ello implique, en el caso bajo estudio que se desconozcan los derechos de los
empleados que procuran de manera particular la obtención de vivienda "pues
bien se ha visto que en relación con la señora Sarmiento de Tarquino, está
liquidado ya el monto de su cesantía parcial, elaborada la resolución de
reconocimiento con la aprobación fiscal, y a la espera de una nueva asignación
para ser incluida en la próxima disponibilidad".
Le concede el
Tribunal razón a la accionante en el sentido de que una resolución no
"significa solución positiva a su reclamación, puesto que mientras no le
sea notificada la decisión, no pasa de ser eso, un simple proyecto".
Empero, acota que "también por motivos atendibles las entidades oficiales
se cuidan de exponerse a una acción judicial, que podría representar trastorno
en su estructura presupuestal, y por lo mismo pronunciamientos como el aquí
comentado solamente se notifican al intersado cuando están aseguradas las
condiciones de pago...". Fuera de lo anterior, se le informó a la
interesada acerca de las razones por las cuales no se había producido la
liquidación.
Finalmente, el Tribunal
expuso que "el derecho al trabajo tampoco ha sido vulnerado, porque la
prestación resultante de aquella actividad no ha sido desconocida, y como ya se
ha visto, se cubrirá en su momento, con sujeción a la normatividad de carácter
fiscal que es necesario acatar".
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
A. La competencia
Es competente esta
Sala de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de
la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86,
inciso segundo y 241, numeral noveno de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
B. La materia
1. Invoca la
accionante en su escrito el derecho de petición que, en su sentir, le está
siendo vulnerado por el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y por la
Fiduciaria la Previsora. Los despachos judiciales que conocieron de la acción
de tutela coincidieron en estimar que la alegada vulneración no se presenta
porque la peticionaria obtuvo una respuesta que consistió en informarle las
dificultades por las que atraviesa la administración para decidir oportunamente
y además porque el trámite se ha adelantado, como lo demuestra el hecho de que
se haya elaborado un proyecto de resolución.
2. Es abundante la
jurisprudencia que la Corte Constitucional ha producido acerca del derecho
contemplado en el artículo 23 de la Carta Política. Para la solución del caso
que ocupa la atención de la Sala, basta, en esta oportunidad, reiterar los criterios
vertidos en la sentencia No. T-187 de 1995:
"....diversas
Salas de Revisión de la Corte Constitucional han señalado, con toda claridad,
que el derecho de petición no agota su contenido en la simple posibilidad de
dirigirse a las autoridades públicas, en interés particular o general, sino
que, adicionalmente, implica la obtención de una resolución que, según los
términos de la Carta, debe ser pronta.
De ahí que la
autoridad pública incumple con sus obligaciones cuando se limita a expedir constancias
de que la solicitud fue recibida o radicada, y más aún, cuando demora más allá
del término previsto o razonable la decisión del asunto sometido a su
consideración o guarda absoluto silencio sobre el trámite y la respuesta
producida.
De acuerdo con la
doctrina constitucional expuesta por la Corte, el derecho de petición "se
concreta en dos momentos sucesivos, ambos dependientes del servidor público a
quien se dirige la solicitud: el de la recepción y trámite de la misma, el cual
implica el debido acceso de la persona a la administración para que ésta
considere el asunto que se le plantea, y el de la respuesta, cuyo sentido
trasciende el campo de la simple adopción de decisiones y se proyecta a la
necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante.". (Sentencia
No. T-553 de 1994. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
A la prontitud en
atender las peticiones, que la norma constitucional contempla, se suma la
ineludible ´resolución´ que entraña arribar a una respuesta que, de
manera efectiva, aborde el fondo de lo demandado a la autoridad pública, en
forma tal que corresponda a una verdadera solución, positiva o negativa, del
respectivo asunto. Esta Corte ha puntualizado que el derecho contemplado en el
artículo 23 superior"no tendría sentido si se entendiera que la
autoridad ante quien se presenta una solicitud respetuosa cumple su obligación
notificando o comunicando una respuesta apenas formal en la que no se resuelva
sobre el asunto planteado. El derecho de petición lleva implícito un concepto
de decisión material, real y verdadero, no apenas aparente. Por tanto, se viola
cuando, a pesar de la oportunidad de la respuesta, en esta se alude a temas
diferentes de los planteados o se evade la determinación que el funcionario
deba adoptar.". (Sentencia No. T-575 de 1994. M.P. Dr. José Gregorio
Hernández Galindo).
Ahora bien, cuando
quiera que resulte imposible contar con una decisión dentro de un término
razonable no es el silencio actitud que contribuya a la observancia del
derecho; para que éste resulte respetado la autoridad debe informar,
oportunamente, de esa circunstancia al peticionario haciéndole saber de las
dificultades presentadas y, en todo caso, indicándole el momento en que tomará
la decisión pertinente o requiriéndolo para que aclare o complete la solicitud
o cumpla las exigencias legales del caso.
Como se anotó, de
las respuestas debe enterarse al solicitante. Al respecto, la jurisprudencia de
la Corporación ha indicado que "(...)la respuesta tan sólo goza de ese
caráter si está garantizada la comunicación entre la entidad estatal y la
persona interesada, en tal forma que ésta se entere a plenitud sobre lo
resuelto. Lo contrario significa que la administración, al reservarse el
sentido de su determinación -así en efecto la haya adoptado- se ha abstenido de
responder, violando por consiguiente el derecho, si se tiene en cuenta el
fundamento constitucional del mismo, que radica en asegurar que el Estado
atiende a los gobernados dentro de un criterio de efectividad.".
(Sentencia No. T-553 de 1994. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo)."
(M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara).
3. A Ruth Zoraida
Sarmiento de Tarquino, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio le informó, el 4 de junio de 1994, que su solicitud de cesantía
parcial no había sido liquidada "por falta de personal y equipos de
trabajo" y que se esperaba "tener liquidada su prestación a más
tardar en tres meses".
Estima la Sala
oportuno recordar que la Corte Constitucional, "ha rechazado
determinadas razones esgrimidas por la administración -deficiencias de
personal, volumen de expedientes, orden de las solicitudes, reestructuración de
los sitemas de trabajo- para justificar la desatención del deber de resolución
oportuna" de las peticiones presentadas. Es cierto que la accionante
obtuvo, inicialmente, una respuesta que se acomoda a la preceptiva del artículo
6 del Código Contencioso Administrativo, de acuerdo con cuyas voces, cuando no
sea posible contestar en el plazo de 15 días "se deberá informar así al
interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha
en que se resolverá o dará respuesta"; pero el sólo hecho de producir la
comunicación en la que se informe de esa circunstancia no es suficiente para
predicar que el derecho de petición fue cabalmente observado. Si se repara en
el tenor literal de la norma citada se tiene que a la expresión de los motivos
de la tardanza se suma la indicación del momento en que se producirá la
respuesta. El término señalado deberá guardar perfecta correspondencia con las
causas aducidas para justificar la demora, de manera que no puede ser
arbitrario y la administración está llamada, en primer lugar, a respetarlo si
no quiere defraudar la confianza del administrado.
En el evento
sub-lite, esa información inicial, aunque es oportuna, no suple la resolución
del asunto que, se repite, debe ir al fondo de lo pedido y no constituye la
respuesta que la administración se comprometió a generar a más tardar, en tres
meses, vencidos los cuales ninguna noticia tenía la accionante acerca del
destino de su petición.
Aún cuando a la
solicitud elevada por la señora Sarmiento de Tarquino se le impartió trámite a
punto tal de existir un proyecto de resolución, no resulta acertado que, con
base en ello, se dieran por satisfechas las exigencias del derecho que el
Constituyente plasmó en el artículo 23 superior. La respuesta, para que sea
tal, debe ponerse en conocimiento del solicitante, de lo contrario, la
administración patrocina la incertidumbre del administrado, con notable
menoscabo de los principios de eficacia, economía, celeridad y publicidad, que,
de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política, guían el desarrollo
de la función administrativa. En un caso similar al revisado, la Corte dijo:
"El examen de
los expedientes demuestra fehacientemente que el Fondo de Ahorro y Vivienda
Distrital, Favidi, impartió trámite a las peticiones presentadas y en cada uno
de los casos elaboró la liquidación correspondiente, así como la orden de pago
de las sumas reconocidas por concepto de auxilio de cesantía, en favor de los
peticionarios. Sin embargo, no basta que la administración se ocupe de atender
las solicitudes que ante ella se presentan para que por esa sola circunstancia
se entiendan satisfechos los requerimientos propios del derecho de petición. Es
evidente que la administración se encuentra en el deber de resolver, esto es,
de tomar una posición de fondo, acerca del tema planteado, pero debe hacerlo
dentro de los términos que la ley señala y además, tiene que enterar al
administrado de esa decisión final, positiva o negativa, favorable o
desfavorable a los intereses del particular. No puede entonces la
administración convertirse en una instancia inexpugnable, infranqueable o
inescrutable porque la regla general que debe guiar su actuación en los estados
de derecho como el nuestro es la publicidad de las actuaciones y no el secreto
o la reserva acerca de las mismas; el silencio ante los requerimientos del
interesado no se acomoda a las exigencias mínimas del respeto a la dignidad
humana, ni a la observancia del derecho de petición y contradice los principios
de igualdad, eficacia, economía, celeridad y sobre todo, publicidad, con base
en los cuales se desarrolla la función administrativa. Ese sometimiento del
administrado a la incertidumbre sobre su derecho vulnera las garantías mínimas
de quien acude a la administración en procura de una pronta resolución de las
peticiones presentadas...". (Sentencia No. T-402 de 1993. M.P. Dr.
Hernando Herrera Vergara).
Se torna patente,
entonces, la vulneración del derecho de petición ante la ausencia de la
respuesta que su verdadera efectividad reclama. Los jueces de tutela, tanto en
primera como en segunda instancia, justificaron la ausencia de resolución aduciendo
problemas presupuestales. Considera la Sala que ese planteamiento parte de la
errónea confusión entre el derecho de petición y el contenido o materia de la
petición que es, en concreto, lo que se demanda de la administración. El
derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta Política amerita la protección
que la acción de tutela brinda siempre que falte la respuesta oportuna que hace
parte de su núcleo esencial; el pago de las cesantías alude a la materia de la
solicitud y es un derecho diverso e independiente del derecho de petición. Así
lo comprendió la peticionaria cuando en su escrito de impugnación expuso: ¿Por
qué no ordenar al Fondo Prestacional del Magisterio la expedición de la
Resolución y que en uno de sus artículos se diga sujeta a disponibilidad
presupuestal, así sentiría que me fue resuelta la petición, para que eliminada
la carencia presupuestal se me cancelen las cesantías y pueda yo acceder a una
vivienda digna, que con el tiempo se va haciendo más costosa".
En atención a lo
anotado, es claro que los problemas de índole presupuestal que afectan a la
entidad demandada no justifican la violación del derecho de petición cuya
operancia no queda supeditada a la disponibilidad de recursos que, por lo menos
en este evento, resulta ajena al ámbito del derecho y de la acción de tutela
que lo protege.
Ahora bien, de
acuerdo con la prueba decretada por la Corte Constitucional, está plenamente
comprobado que mediante resolución No. 2317 del 14 de junio de 1995 se
reconoció a la peticionaria su cesantía parcial y que el 15 de julio fue
incluida en la nómina de pagos del mes de agosto. En estas condiciones,
carecería de sentido impartir una orden enderezada a obtener la decisión
administrativa pertinente, toda vez que ésta ya se produjo, habiendo cesado,
por tanto, el motivo de la violación del derecho sin necesidad de intervención
judicial. Procede, entonces, denegar la tutela impetrada por carencia actual de
objeto y prevenir a las entidades demandadas para que no vuelvan a incurrir en
situaciones como las que dieron origen a la presente acción.
4. En cuanto al
derecho a la igualdad, la Corte tiene suficientemente establecido que no toda
diferencia de trato comporta una violación del mismo y que, por ende, a
situaciones distintas es posible anudar consecuencias diferentes. Partiendo de
la distinción entre discriminación y diferenciación, la Corporación ha
puntualizado que es viable establecer diferencias siempre que se encuentren
razonable y objetivamente justificadas, excluyendo los tratamientos
discriminatorios que, por carecer de la justificación aludida, se revelan
arbitrarios.
La accionante estima
que el hecho de conferir una prioridad en el reconocimiento y pago de cesantías
parciales, destinadas a la adquisición de vivienda, en favor de los planes
colectivos y en detrimento de las solicitudes individuales, entraña un
rompimiento del principio de igualdad y a la vez "coarta la libertad de
las personas".
La Corte encuentra
que la medida favorable a los planes colectivos fue adoptada por el Consejo
Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio que, dentro de las
funciones que le otorga la ley 81 de 1989 tiene la consistente en
"Determinar la destinación de los recursos y el orden de prioridad
conforme al cual serán atendidas las prestaciones sociales frente a la
disponibilidad financiera del Fondo, de tal manera que se garantice una
distribución equitativa de los recursos" (artículo 7o., numeral 4o.).
La Jefe de la
División de Prestaciones Económicas de la Vicepresidencia de Fondos de la
Fiduciaria La Previsora informó al juez de primera instancia que el Consejo
Directivo "decidió darle prioridad en el reconocimiento de cesantías
parciales a las solicitudes de compra de vivienda, dejando sólo un 30% para las
solicitudes de reparaciones locativas, así mismo definió darle prioridad a las
solicitudes de compra de vivienda en planes colectivos". Igualmente indicó
que la solicitud de la señora Sarmiento de Tarquino "se encuentra dentro
de las que tienen mayor prioridad por tratarse de compra de vivienda, sólo que
al ser individual y no en plan colectivo está sujeta al turno de radicación
correspondiente".
Estima la Corte que
el criterio en virtud del cual se distingue entre las solicitudes dirigidas a
la obtención de vivienda y las encaminadas a realizar reparaciones locativas,
para favorecer a las primeras otorgándoles prioridad, es razonable en cuanto
persigue la finalidad de contribuir a la solución de un problema que aqueja a
numerosos hogares colombianos. Una es la situación de quien carece de vivienda
propia y procura obtenerla y otra, por entero diferente, la de quien dispone de
techo y sólo aspira a repararlo o reformarlo. La medida tendiente a facilitar
el acceso a una vivienda digna responde, además a los postulados y principios
que, según la Constitución Política, deben guiar la actuación de los poderes
públicos.
Empero, no halla la
Corte la misma razonabilidad y objetividad en la decisión que, dentro de los
aspirantes a obtener vivienda, separa a los afiliados a planes colectivos de
los que pretenden ese mismo objetivo de manera individual, dispensando mayor
atención a los primeros. Estima la Corte que no asiste razón valedera al
Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
para introducir una distinción frente a personas que manifiestan idéntico
interés. Si bien es cierto la Carta hace mención expresa de la vivienda de
interés social y de las formas asociativas de ejecución de programas, ello no
significa que patrocine la desprotección de aquéllos que individualmente
procuren satisfacer esa necesidad urgente y prioritaria; justamente ese
esfuerzo individual merece apoyo en la medida en que vuelve realidad un derecho
que según el tenor literal del artículo 51 superior corresponde a "Todos
los colombianos".
La atención que al
Constituyente merecieron las formas asociativas de ejecución de programas de
vivienda y los planes de interés social no puede entenderse como un pretexto
para desmejorar las condiciones de los aspirantes individuales, sometiéndolos
al riguroso orden de turno, menos aún si se tiene en cuenta que una medida de
este tipo es capaz de incidir desfavorablemente sobre la libre disposición y
autonomía de los particulares. En efecto, la persona es libre para optar entre
el plan colectivo y la solución individual de modo que una decisión de esta
naturaleza debe estar exenta de cualquier forma de coacción.
Así las cosas,
cuando la autoridad establece más facilidades en favor de los afiliados a
planes colectivos de vivienda, sin extender esos beneficios a los sujetos
interesados en soluciones individuales, necesariamente influye en la autonomía
de la voluntad de estos últimos, ya encaminándolos hacia el escogimiento del
plan colectivo, ora disuadiéndolos de persistir en su empeño individual,
cuando lo cierto es que no existe razón válida para negar a unos lo que a los
otros se concede porque todos persiguen la concreción de un derecho que la
Carta reconoce sin formular excepciones o privilegios.
No es correcto,
entonces, hacer depender de la afiliación a un plan colectivo el derecho a
disfrutar, con prontitud, de una vivienda digna; esa condición entraba el
acceso a un derecho y, en esa medida, lejos de realizar los postulados
constitucionales los contraría flagrantemente. El querer espontáneo que, en
ejercicio de su libertad, lleva a una persona a preferir una solución
individual no puede resultar gravado mediante una imposición que dilata en el
tiempo la efectividad práctica del derecho a la vivienda digna. Siendo una
misma la finalidad buscada, una misma debe ser la protección que ese objetivo
merezca. Como lo apuntó, en otra ocasión la Corte los derechos "deben
poderse reclamar sin sujeción a condiciones distintas de las que impone la
propia Constitución y sin que para su ejercicio pueda erigirse en obstáculo la
voluntad de otro". Una interpretación contraria implica el
desconocimiento del derecho a la igualdad, por eso, se prevendrá también a las
entidades demandadas para que observen el derecho contemplado en el artículo 13
de la Carta, ya que si bien es verdad que la ley faculta para establecer la
destinación de recursos y el orden de prioridad, no es posible, al hacerlo,
quebrantar la Constitución.
Finalmente, no
advierte la Sala la violación del derecho al trabajo que la accionante alega
pues la falta de reconocimiento de una determinada suma por concepto de
cesantía parcial no tiene la incidencia, que la peticionaria le atribuye, en el
ámbito de las labores propias del cargo que desempeña.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
RESUELVE:
PRIMERO. DENEGAR la tutela impetrada por Ruth Zoraida
Sarmiento de Tarquino, por carencia actual de objeto, toda vez que la petición
por ella formulada fue resuelta mediante resolución No. 2317 de junio 14 de
1995, con lo cual también cesó la vulneración del derecho a la igualdad.
SEGUNDO. PREVENIR
al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Fiduciaria La Previsora para que
tomen medidas orientadas a resolver con prontitud las peticiones que deban
atender, sin que la existencia del borrador sea la respuesta adecuada al
derecho de petición, y a comunicarles lo resuelto a los interesados de manera
que, en lo sucesivo se abstengan de incurrir en situaciones como las que
motivaron la presente acción de tutela. Asimismo se previene a estas entidades
y, en particular al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio, para que confieran a las solicitudes de cesantías parciales
destinadas a la obtención de vivienda el mismo tratamiento, sin distinguir
entre las solicitudes formuladas por los afiliados a planes colectivos y las
elevadas por quienes prefieren una solución individual, ya que el único
criterio prevalente es la antigüedad en la presentación de la solicitud en
forma completa.
TERCERO. LIBRENSE, por Secretaría, las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General |
498 | T-371-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-371/95
ACCION DE TUTELA
CONTRA LOS PADRES/MAYORIA DE EDAD/INDEFENSION-Inexistencia
Se presume la
indefensión del menor que solicite la tutela. Pero, si se trata de un mayor de
18 años, como en el caso de la presente tutela, NO se presume la indefensión.
Si con el propósito de superar esas desaveniencias, hay ofrecimientos de parte
de los padres para ayudar a su hijo mayor de edad, aquellos propuestas, en
cuanto a la valoración jurídica, pueden ser más que un deber moral y adquirir
la categoría de obligaciones meramente naturales o aún de obligaciones civiles,
art. 1527 del C.C.. De todas maneras son de rango legal y escapan a la orden
que debe dar un Juez de tutela.
OBLIGACIONES DE
LOS PADRES/DERECHO A LA SALUD-Hijo
enfermo/OBLIGACION LEGAL/OBLIGACION CONSTITUCIONAL
Respecto de los
padres la obligación es legal, siempre que no se trata de hijo menor, o dentro de
los parámetros del artículo 67 C.P. (5 a 15 años de edad, preescolar y 9 años
de educación) en cuyo caso la protección es constitucional. En cuanto a la
atención a la salud, también le corresponde al afectado (art. 49 C.P., inc.
final). Subsidiaríamente a la familia, pero solo cuando hay una palpable
indefensión para el enfermo, y, con fundamento en el artículo 5º de la C. P.,
y a falta de ésta será el Estado y la sociedad quienes acudiran en defensa del
impedido, se dice el Estado, porque la salud es en un servicio público a cargo
del Estado. "La ley señalará los términos en los cuales la atención básica
para todos los habitantes será gratuita y obligatoria". Por la vía de la
tutela no prosperan las pretensiones del actor.
REF: Expediente
Nº69719
Peticionario:
Santiago Sabogal Bernal
Procedencia:
Juzgado 16 de Familia de Santafé de Bogotá.
Tema: Tutela
contra los padres.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá,
D.C., veinticuatro (24) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995)
La Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro
Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro
Naranjo Mesa.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
tutela identificado con el número de radicación T-69719, adelantado por
Santiago Sabogal Bernal contra sus padres.
ANTECEDENTES.
1. Solicitud.
El ciudadano
Santiago Sabogal Bernal, con cédula 79.743.788 de Bogotá, afirma que no ha
podido terminar sus estudios, ni definido su situación militar, ni ha recibido
el tratamiento médico adecuado para una fractura en un codo.
Por estos motivos
instaura tutela contra sus padres, separados desde hace años y de condiciones
económicas difíciles. Considera el solicitante que se han violado los artículos
67 y 45 de la C.P.
2. Pruebas.
No existe prueba que
demuestre que Sabogal Bernal se encuentre impedido para trabajar. Se sabe que
es mayor de edad por cuanto ya tiene cédula. Y hay información de que el
ingreso de cada uno de sus padres oscila alrededor de los dos salarios mínimos
mensuales.
La madre narra que
Santiago no hacia nada en el colegio, no trabaja porque dice que no tiene
libreta militar y es vulgar con ella pese a que Santiago vivía en su casa;
aunque 15 días antes de instaurar la tutela se fue a donde la abuela, por una
discusión con su progenitora.
La madre dice que no
es justo que "yo tenga que aguantarme cuando llego de trabajar esa música
salvaje (que pone Santiago), a todo volumen, esa música son sólo vómitos, eso
es Satánico, entonces cuando yo le llamo la atención Santiago dice que va a
rezar para que me muera rápido".
El joven reconoce:
"Soy
altanero porque lo es conmigo, ella me trata mal y yo la trato mal."
El padre, a su vez,
explica y propone:
"Cada vez
que vamos a hablar es un problema, porque es únicamente lo que el diga, yo me
comprometo a adelantar las obligaciones del caso para operar a Santiago de su
brazo, pero dentro de la medida de mis posibilidades y siempre y cuando
Santiago lo acepte; en cuanto al estudio y todas las demás necesidades de Santiago,
me comprometo a pasarle $50.000,oo mensuales."
3. Sentencia del
Juzgado 16 de Familia de Santafé de Bogotá, 29 de marzo de 1995.
No solo concedió la
tutela sino que, además, dispuso:
"Segundo:
TENER en cuenta, para los efectos legales pertinentes, que el señor HECTOR
RODRIGO SABOGAL, ha manifestado que entregará mensualmente al actor una suma de
$50.000,oo para que éste sufrague sus necesidades ordinarias.-
TERCERO: ORDENAR la realización de una terapia
familiar entre las partes y por intermedio del ICBF centro zonal de Barrio
Unidos, ubicado en la calle 67 Nº 31-35, acorde con lo considerado en ésta
providencia. Ofíciese de conformidad, remitiendo copia formal de ésta
sentencia.
CUARTA: ADVERTIR a las partes para que en el futuro
mantengan continuo trato y permanente comunicación a efectos de que desarrollen
en mejor forma sus relaciones filiales."
Consideró el Juzgado
que, aunque ya es mayor de edad, Santiago Sabogal aún se encuentra en estado de
subordinación e indefensión con respecto a sus padres biológicos porque
"él aún depende económica, afectiva y moralmente de sus
progenitores".
FUNDAMENTOS JURIDICOS
A. COMPETENCIA.
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión
dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos
86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se
hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala
correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el
Reglamento de esta Corporación.
B. INCIDENCIA DE
LA MAYOR EDAD EN LA TUTELA CONTRA LOS PADRES.
Es evidente que en
nuestra sociedad son frecuentes las fricciones entre padres e hijos. Pero, de
ahí no se deduce que el Estado, por intermedio de un Juez de tutela, trate de
solucionar esos conflictos.
La acción de tutela
está instituida para proteger los derechos fundamentales. El artículo 44 C.P.
habla de los derechos fundamentales de los niños, el artículo 45 C.P. consagra
la protección al adolecente, y, el artículo 42 del decreto 2591 de 1991
establece que se presume la indefensión del menor que solicite la tutela. Pero,
si se trata de un mayor de 18 años, como en el caso de la presente tutela[1], NO se presume la
indefensión, ni es válido invocar los artículos 44 y 45 de la C.P.
Si con el propósito
de superar esas desaveniencias, hay ofrecimientos de parte de los padres para
ayudar a su hijo mayor de edad, aquellos propuestas, en cuanto a la valoración
jurídica, pueden ser más que un deber moral y adquirir la categoría de
obligaciones meramente naturales o aún de obligaciones civiles, art. 1527 del
C.C.. De todas maneras son de rango legal y escapan a la orden que debe dar un
Juez de tutela. Y, si se trata de regular la obligación de educación el
artículo 67 de la Constitución habla de que:
"El Estado,
la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria
entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año
de preescolar y nueve de educación básica".
Más allá de ese
límite la obligación para la formación y habilitación profesional y técnica es,
en primer lugar, del mayor de edad y luego del Estado o del empleador, es del
Estado (art. 54 de la Constitución). Lo anterior se corrobora con lo indicado
en el artículo 67.4:
"La
educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragado".
Y, respecto de los
padres (art. 253 C.C.) la obligación es legal, siempre que no se trata de hijo
menor, o dentro de los parámetros del artículo 67 C.P. (5 a 15 años de edad,
preescolar y 9 años de educación) en cuyo caso la protección es constitucional.
En cuanto a la
atención a la salud, también le corresponde al afectado (art. 49 C.P., inc.
final). Subsidiaríamente a la familia, pero solo cuando hay una palpable indefensión
para el enfermo, y, con fundamento en el artículo 5º de la C. P., y a falta de
ésta será el Estado y la sociedad quienes acudiran en defensa del impedido, se
dice el Estado, porque la salud es en un servicio público a cargo del Estado.
"La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos
los habitantes será gratuita y obligatoria".
Todas estas
consideraciones llevan a la conclusión de que por la vía de la tutela no
prosperan las pretensiones del actor, dirigidas contra sus progenitores.
Además, hay
información en el expediente de que el joven llevaba el año perdido, y la
educación es un derecho-deber, de tal manera que el incumplimiento del joven no
le da una ventaja comparativa, menos siendo mayor de edad. Además, está en edad
para laborar o para prestar el servicio militar, para el cual no se necesita
terminar bachillerato, iba en el grado décimo. Si a esto se agrega que no hay
prueba que demuestre que se halla en circunstancias especiales de subordinación
e indefensión, hay que admitir, aún más, que por medio de la tutela no se
pueden decretar las peticiones del actor.
En mérito de lo
expuesto la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
RESUELVE:
PRIMERO.
REVOCAR la sentencia
proferida por el Juez 16 de Familia de Santafé de Bogotá, el 29 de mayo de 1995
y en su lugar declarar que se deniega la tutela impetrada por Santiago Sabogal
Bernal.
SEGUNDO.
Por el Juez de primera
instancia se harán las notificaciones señaladas en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON
DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA.
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Ver Art. 289 del Decreto 2737/89. |
499 | T-372-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-372/95
CONCURSO DE
MERITOS-Bases
Al señalarse por
la administración las bases del concurso, estas se convierten en reglas
particulares obligatorias tanto para los participantes como para aquélla; es
decir, que a través de dichas reglas la administración se autovincula y
autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad, en
cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o
empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo que no
puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección.
CARRERA ADMINISTRATIVA-Nombramiento de quien obtuvo el primer
lugar
Sea cual fuere el
método o sistema elegido, éste debe contener criterios específicos y concretos
para efectuar una selección en la que aparezcan como valores dominantes la
capacidad profesional o técnica del aspirante, sus calidades personales y su
idoneidad moral, acordes con las funciones del empleo y las necesidades del
servicio público. Por tanto, no puede quedar al nominador una libertad absoluta
para que designe a su arbitrio, pues, el nombramiento siempre tendrá que recaer
en quien haya obtenido el mayor número de puntos".
REF: EXPEDIENTE
T-69815
Peticionario:
ROGER DAVILA
Procedencia:
JUZGADO PRIMERO LABORAL DE CARTAGENA.
Tema:
- Primer puesto
en concurso.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá
D.C., veinticuatro (24) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, presidida por el Magistrado Alejandro
Martínez Caballero e integrada por los Magistrados Fabio Morón Díaz y Vladimiro
Naranjo Mesa.
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En proceso de tutela
identificado con el número de radicación T-69815, adelantado por Roger Dávila.
I. ANTECEDENTES
Con base en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la
Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para
efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
A. Solicitud.
Roger Dávila Moreno
interpuso tutela contra el Fondo de Previsión Social de Bolívar para que
antendiéndose a los resultados del Concurso de méritos escoja el primer puesto
de elegibilidad para el cargo de almacenista Código 5030, grado 11; el primer
puesto lo obtuvo, precisamente, Roger Dávila, pero se designó a quién ocupó el
segundo lugar.
B. Hechos.
Los sintetiza muy
bién la sentencia de primera instancia en la siguiente forma:
"Se
encuentra totalmente acreditado en este trámite que el peticionario participó
en el concurso abierto que el Fondo de Previsión de Bolivar implementó para
proveer el cargo de ALMACAENISTA 5030 grado 11 perteneciente a la división
administrativa de tal entidad. El aviso de convocatoria a folio 16 muestra que
se trató de la convocatoria número 003 de 24 de junio de 1994 y que las
inscripciones se programaron para el lapso del 1º al 7 de julio de tal año.
A folio 18 obra
la lista de aspirantes a tal cargo que fueron admitidos a concurso siendo 4
personas las seleccionadas, entre ellas el actor y el señor Lucas Rodero. La
lista de quienes fueron rechazados se vé a folio 19 , (cinco personas). Las
solicitudes de inscripción del actor y del señor Rodero son visibles del folio
20 del 22 y del 36 al 37.
El 12 de
septiembre de 1994 la "Directora de Apoyo Comisión Nacional del Servicio
Civil", Fabiola Obando Ramírez, remitió al director del Fondo los informes
de puntaje obtenidos en las pruebas aplicadas por esa comisión a los
participantes en las diferentes convocatorias realizadas por el Fondo; se
remitieron allí los puntajes obtenidos por los concursantes a Almacenista
5030-11. Se expresó por la funcionaria al director que los puntajes estaban
dados en escala "T" y tenían un mínimo aprobatorio de 50,
remitiéndose además la tabla para interpretar tales puntajes, (fls. 38, 39,
40).
El 26 de octubre
de 1994 la empresa ASESORIA PSICOLOGICA EMPRESARIAL, remitió, a través de la
sicóloga Carmenza Bray de Pereira, los resultados de las entrevistas realizadas
en los difetentes concursos, (fl. 41). El resultado para el cargo de
almacenista es visible a folio 42.
Los puntajes
totales de los concursantes al cargo de Almacenista fueron dados a conocer el
16 de diciembre de 1994 tal como se vé en el "acta de concurso" a
folio 43. Allí se aprecia que el puntaje total del señor Roger Davila Moreno
fue de 79.5 puntos, el de Lucas Rodero Arango fue de 76.4, y los de Hemel
Herrera y Manuel Penña de 52 puntos.
Según costa a
folios 3 y 4, este 16 de diciembre el director del Fondo para la época, Fredis
Contreras Ardila, expidió la resolución 4058 de tal fecha estableciendo en
orden de mérito la lista de elegibles dentro del concurso para Almacenista y la
lista de aspirantes reprobados. El actor ocupó el primer lugar como elegible, y
el señor Rodero el segundo.
En tal acto, en
su artículo segundo se dispuso que "La provisión de vacante para los
empleos a que se refiere la anterior lista, se hará con el personal, que figura
entre los (3) primeros puestos, entendiéndose por puesto, la persona o personas
que obtengan una misma calificación.
El 20 de
diciembre se procedió a nombrar como almacenista, código 5030, Grado 11 de la
División Administrativa del Fondo al señor Lucas Rodero Arango, por figurar
dentro de los tres primeros puestos de la lista de legibles. El 22 de diciembre
el señor Rodero se posesionó. (F.7).
C- Fallo de
primera instancia, del juzgado 1º Laboral de Cartagena, 2 de marzo de 1995.
El A-quo resolvió:
"1. Conceder
la tutela solicitada por el ciudadano ROGER DAVILA MORENO.
2. Ordénase la
inaplicación, en su caso, del aparte del artículo 9º del decreto 1222 de 1993
al que se hace alusión en la parte motiva y que se encontraba vigente para el
mes de diciembre de 1994, y del artículo 2º de la Resolución 4058 de 16 de
diciembre de 1994 proferida por el Director del Fondo de Previsión Social de
Bolívar.
3. Ordenar al
señor Director actual del Fondo de Previsión Social de Bolívar, y a quien lo
reemplace eventualmente, que proceda a nombrar al señor Roger Dávila Moreno en
el cargo para el cual se presentó a concurso público y ocupó el primer lugar.
(Almacenista, código 5030 grado 11). Lo anterior dentro del término de 1 mes a
partir de la notificación de esta sentencia.
4. Adviértase al
funcionario que el desacato al fallo se sancionara con arresto y multa, sin
perjuicio de la sanción penal respectiva."
D- Fallo de
segunda instancia, Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena.
El 5 abril de 1995
el Tribunal revocó la decisión del a-quo y denegó la tutela impetrada.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
A. Competencia.
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión
dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos
86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se
hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala
correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el
Reglamento de esta Corporación.
B- TEMA JURIDICO.
Se reiterará la
jurisprudencia dictada en casos similares. Es así como en la T-326 de 1995, de
esta Sala de Revisión se consideró:
"La
Constitución de 1991 se ocupa de la carrera administrativa erigiéndola en regla
general al señalar que "los empleos en los órganos y entidades son de
carrera" con excepción de los de elección popular, los de libre
nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley (art. 125 C. P.). Este sistema de administración del personal
al servicio del Estado propende por la eficiencia y la eficacia de la administración
y procura garantizar, fuera de otros supuestos, la igualdad de oportunidades en
el acceso a la función pública, propósitos todos que encuentran cabal
satisfacción siempre que la vinculación se realice atendiendo al criterio de la
capacidad del aspirante con prescindencia de factores extraños al mérito; la
misma Carta preceptúa que "En ningún caso la filiación política de los
ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su
ascenso o remoción" (art. 125 C.P.)
En perfecta correspondencia
con lo anotado, se refiere también el Estatuto Superior al concurso público
como el mecanismo al que debe acudirse cuando ni la Constitución ni la ley
determinen el sistema de nombramiento de algún funcionario y advierte, así
mismo, que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en ellos "se
harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para
determinar los méritos y calidades de los aspirantes".
El concurso
público es, entonces, el mecanismo por excelencia para proveer cargos de
carrera administrativa y, según lo ha establecido esta Corporación, puede
definirse "como el procedimiento de las bases o normas claramente
definidas, en virtud del cual se selecciona entre varios participantes que han
sido convocados y reclutados, a la persona o personas que por razón de sus
méritos y calidades adquieren el derecho a ser nombrados en un cargo
público". (sentencia Nº T-256 de 1995, M.P. Dr. Antonio Barrera
Carbonell).
Esta Sala de
Revisión tuvo ocasión de recordar que "la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha sido enfática en precisar que los concursos, cuya finalidad
sea el acceso a la función pública, deben sujetarse estrictamente a los
procedimientos y condiciones fijados de antemano y que las reglas que los rigen
son obligatorias, no sólo para los participantes sino también para la
administración que, al observarlas, se ciñe a los postulados de la buena fe
(C.P. art. 83), cumple los principios que según el artículo 209 superior guían
el desempeño de la actividad administrativa y respeta el debido proceso (C.P.
art. 29), así como los derechos a la igualdad (C.P. art. 13) y al trabajo (C.P.
art. 25) de los concursantes. Una actitud contraria defrauda las jsutas
expectativas de los particulares y menoscaba la confianza que el proceder de la
administración está llamado a generar" (Sentencia Nº T-298 de 1995, M.P.
Dr. Alejandro Martínez Caballero). En idéntico sentido, en la sentencia T-256
de 1995, ya citada, se expuso:
"Al
señalarse por la administración las bases del concurso, estas se convierten en
reglas particulares obligatorias tanto para los participantes como para
aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la administración se
autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad,
en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al
empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo
que no puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección. Por
consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce las reglas del
concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe actuar o manipula los
resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83 C.P.), incurre en
violación de los principios que rigen la actividad administrativa (igualdad,
moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes
participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el
proceder irregular de aquélla".
5. Al
pronunciarse sobre la inexequibilidad del aparte del artículo 9 del Decreto
1222 de 1993, que permitía la provisión del empleo "con una de las
personas que se encuentre entre los tres primeros puestos de la lista de
elegibles" , la Corte Constitucional puntualizó que "..sea cual fuere
el método o sistema elegido, éste debe contener criterios específicos y
concretos para efectuar una selección en la que aparezcan como valores
dominantes la capacidad profesional o técnica del aspirante, sus calidades
personales y su idoneidad moral, acordes con las funciones del empleo y las
necesidades del servicio público. Por tanto, no puede quedar al nominador una
libertad absoluta para que designe a su arbitrio, pues, el nombramiento siempre
tendrá que recaer en quien haya obtenido el mayor número de puntos".
Precisó la Corporación que de lo contrario se produciría una arbitraria
desnaturalización del concurso, acompañada del evidente desconocimiento de las
calidades y del mérito del candidato, cuyas condiciones profesionales, morales
y personales deben ser evaluadas durante el concurso mismo, de manera que el
resultado final refleje la totalidad de los aspectos involucrados en la
calificación, a punto tal de que no exista posibilidad legítima de dasatender
las respectivas pautas y procedimientos, de donde se sigue que, una vez
apreciados, la designación deberá efectuarse en favor de quien haya obtenido la
más alta puntuación. (Cfr. Sentencia No. C-040 de 1995. M.P. Dr. Carlos Gaviria
Díaz).
En pronunciamiento
posterior la Corte destacó lo siguiente:
"En relación
con los empleos sujetos a concurso público, la Constitución no atribuye al
nominador poder discrecional alguno para su nombramiento. Frente al concurso,
la administración carece de libertad para adoptar una solución diferente o
privilegiar otra alternativa que considere sin embargo más apropiada para el
interés público. Por el contrario, se parte de la premisa de que el interés
público en este caso se sirve mejor acatando el resultado del concurso. La
actuación administrativa en lo que respecta a estos empleos no es política y se
desarrolla, por ende, de conformidad con estrictas reglas técnicas y objetivas.
Si no fuera posible concebir este tipo de normas o expedidas éstas cumplirlas, la
finalidad de conformar una administración eficiente y profesional a través del
indicado mecanismo estaría desprovista de sentido, y el sistema ordinario de
nombramiento que ha debido escoger el Constituyente no habría podido ser otro
que el de libre nombramiento y remoción. Distinta ha sido la decisión del
Constituyente y a ella debe supeditarse la ley y la actuación de los
funcionarios nominadores" (Sentencia No. C-O41 de 1995. M.P. Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
6. En el evento
que ahora se examina, la Sala advierte que efectivamente la peticionaria obtuvo
la mejor calificación en el concurso y que el nominador al proveer el cargo
público llamó en primer término al aspirante que ocupó el tercer puesto quien
declinó el nombramiento, siendo entonces llamado el segundo en la lista de
elegibles. Esta sola circunstancia es suficiente para comprobar el
quebrantamiento unilateral de las bases del concurso porque, como bien lo
precisó la Corte:
"...Establecer
un concurso público y señalar un procedimiento que termina por no atribuir al
vencedor el cargo o plaza objeto del mismo, elimina su esencia y lo despoja de
su estímulo. Si en verdad se anuncia por el Estado que un empleo se va a
nombrar por concurso y, en últimas se designa al tercero o al segundo mejores
aspirantes, pero no al primero, se defrauda la confianza de este aspirante
inducida en virtud de la convocatoria y, de este modo, igualmente, se asalta la
buena fe de todos los restantes aspirantes que en teoría han emulado y se han
presentado al concurso con miras a ser los primeros y así obtener en justa lid
el premio a su mérito -socialmente comprobado- representado en este caso, por
el consecuente nombramiento con apego al resultado objetivo del concurso. Si,
en estas condiciones, el nombramiento recae en quien no es el primero en orden
de méritos, ello será así en virtud de la libre voluntad del nominador que
habrá transformado el sistema de vinculación a la función pública establecido
en la Constitución y en la ley, asignándole en la práctica al empleo objeto del
concurso el carácter de empleo de libre nombramiento y remoción".
(Sentencia No. C-041 de 1995).
C- EL CASO
CONCRETO.
Está plenamente
demostrado que el accionante ocupó el primer lugar en el concurso y que no fue
designado para el cargo. Esta situación da margen para la acción de tutela.
Esta Sala en la citada T-326/95 había expresado:
"En un caso
similar al que ahora se aborda esta Sala de Revisión enfatizó "que la acción
de tutela es un mecanismo protector de los derechos constitucionales
fundamentales, de carácter subsidiario, por lo cual su procedencia se hace
depender de que no existan otros medios de defensa a los que pueda acudir el
interesado. Empero, esos otros medios judiciales deben tener, por lo menos, la
misma eficacia de la tutela, para la protección del derecho de que se trate.
Analizadas las circunstancias del caso concreto, se concluye que tales acciones
no se revelan más eficaces que la tutela, ya que, la decisión tardía del
asunto, deja mientras tanto, intactas violaciones a los derechos a la igualdad
y al trabajo..." (Sentencia No. T-298 de 1995). Estas apreciaciones
coinciden con las vertidas por la Sala Segunda de Revisión en la sentencia No. T-256
de 1995, conforme a las cuales mediante el ejercicio de las acciones que pueden
impetrarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no se obtiene
"el resultado deseado, cual es el de ser nombrado en el cargo
correspondiente". Esta Sala reitera ese pronunciamiento y en armonía con
él advierte que no existe contradicción entre lo aquí decidido y el fallo
SU-458 de 1993 "porque en esta oportunidad se consideró la situación
especial generada en virtud de las sentencias C-040/95 y C-041/95 y además, que
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no es el mecanismo idóneo
para amparar los derechos fundamentales que le fueron violados a la
peticionaria" (M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).....
Es de anotar que
en esta misma providencia se ha dejado en claro que aún partiendo del supuesto
del ejercicio de la potestad discrecional la ausencia de una justificación
objetiva y razonable para preferir a concursantes distintos del situado en
primer lugar torna patente el caráter arbitrario de la medida tomada en
perjuicio de la accionante. Por lo demás, la Corte ha concedido la tutela en
casos similares, sin que ello signifique que le esté otorgando efecto
retroactivo a un fallo suyo. (Cfr. Sentencias T-256 y 298 de 1995)."
Es pertinente
reiterar lo definido en las Sentencias transcritas, o sea, se considera la
acción de tutela como mecanismo idóneo de protección en el presente caso.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
RESUELVE:
PRIMERO.-
REVOCAR la sentencia de 5
de abril de 1995 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala
Laboral, de Cartagena.
SEGUNDO.-
CONCEDER, por las razones
expuestas en la part motiva de esta providencia, la tutela impetrada y, en
consecuencia, se ordena al Director del Fondo de Previsión Social de Bolívar,
que, en el término de un mes, contado a partir de la notificación de esta
sentencia, proceda a efectuar el nombramiento de ROGER DAVILA MORENO como
Almacenista, código 5030, grado 11, cargo para el cual se presentó a concurso
público habiendo ocupado el primer lugar.
TERCERO.-
El Juzgado 1º Laboral de
Cartagena vigilará el estricto cumplimiento de lo ordenado en este fallo.
CUARTO.-
Líbrense las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
comuníquese, notifíquese, cúmplase.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORON
DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA.
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General |
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